GUADALAJARA, Jal. (apro).- Ocho organizaciones y familias de desaparecidos rechazaron el plazo que estableció el Congreso local para discutir tres iniciativas de ley: de Personas Desaparecidas, de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición y de Víctimas del Estado de Jalisco.
Calificaron como una imposición arbitraria que el Poder Legislativo decidiera que las mesas técnicas sólo se realizarán del 17 al 20 de agosto, de 9 a 14 horas.
“No son días suficientes y no consideraron nuestros tiempos. Una y otra vez, los y las diputadas han mostrado insensibilidad ante lo que significa esta Ley para nosotras y la importancia de su proceso”, reclamaron.
El Congreso fijó dos días para discutir la Ley de Desaparición, y uno para la Ley de Víctimas y la de Declaración Especial de Ausencia.
Las familias de desaparecidos recordaron que hace dos años invitaron a los legisladores a participar en mesas de trabajo junto con especialistas en derecho, organizaciones de la sociedad civil e internacionales, para tener una ley apropiada, pero no acudieron y se les enviaron las observaciones.
“Tuvieron dos años y ahora quieren aprobar a las carreras, lo que indica que priorizan los intereses políticos y partidistas ante un grave problema de seguridad y certeza jurídica”, apuntaron.
Bajo esa tesitura, subrayaron, no pueden participar, ni discutir y escuchar a los especialistas. “No tendremos las leyes que necesitamos”, cuando Jalisco registra más de 10 mil desapariciones, lamentaron.
Entre las organizaciones inconformes se encuentran Por Amor a Ellxs, Tómala, Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer-Jalisco (Cladem) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad).
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, desde el comienzo de la pandemia se han registrado en total 4 mil 417 casos de Covid-19 en sus instalaciones, cifra que incluye 4 muertos
EL UNIVERSAL
Al menos mil 65 migrantes que están actualmente recluidos en centros de detención bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos tienen coronavirus, según la contabilidad que lleva esta agencia federal hasta este martes.
Según ICE, desde el comienzo de la pandemia se han registrado en total 4 mil 417 casos de Covid-19 en estas instalaciones, cifra que incluye cuatro muertos: uno en el centro de detención de Stewart (Georgia), otro en el centro de detención del Condado Glades (Florida); otro en el de Otay Mesa (California) y uno más en Farmville (Virginia).
ICE tiene en la actualidad a 21 mil 494 inmigrantes bajo su custodia en los centros de detención del país, a la espera del trámite de deportación. La cifra de detenidos ha ido bajando gradualmente desde que al comienzo de la pandemia había más de 32 mil indocumentados bajo su custodia.
La oficina del gobernador de Virginia, Ralph Northam, indicó que un equipo de 10 científicos de los Centros para Prevención y Control de Enfermedades (CDC) llegó este lunes a Farmville para atender el peor brote de coronavirus en los centros de detención de ICE, después que la agencia indicara que casi todos los 259 migrantes allí recluidos están bajo observación por una posible infección.
Este centro registra un total de 339 casos de coronavirus.
El equipo de CDC, que incluye médicos clínicos, epidemiólogos y laboratoristas, inició hoy la evaluación de las tareas para conducir pruebas en la comunidad, y para procesar la secuencia genética que identifique las personas que puedan haber estado expuestas al virus.
Una demanda legal iniciada el mes pasado ante el Tribuna del Distrito Federal de Alexandria alegó que los detenidos dormían hacinados aun después que varios de ellos tuvieron resultados positivos en la prueba de detección del virus.
egún el informe más reciente de ICE, los sitios donde se han confirmado más casos de Covid-19 entre inmigrantes detenidos son Farmville 339, Bluebonnet (Texas) con 293; Eloy (Arizona) con 247; Montgomery (Texas) con 206, y El Paso (Texas) con 168.
ICE indicó, asimismo, que 45 de sus empleados que trabajaban en los centros de detención han tenido casos confirmados de Covid-19, además de 153 de sus empleados no asignados a esos centros.
Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 5 millones 085 mil 821 casos confirmados de Covid-19 y la de 163 mil 370 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.
EU estudia bloquear la entrada desde México
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estudia la posibilidad de bloquear la entrada al país desde México de ciudadanos y residentes permanentes sospechosos de haber contraído Covid-19, informó este martes el diario The Washington Post.
El rotativo indica que en la Casa Blanca circula una propuesta que daría a las autoridades fronterizas la capacidad de bloquear la entrada a estadounidenses y residentes permanentes si se sospecha que están contagiados con el coronavirus, una autoridad legal que no está claro que tenga el Gobierno.
Un funcionario del Gobierno, que el diario no identifica, indicó al Post que se sopesa la posibilidad de emitir una declaración de emergencia de salud pública para proceder con esta inusual prohibición que impediría a un ciudadano entrar a su propio país.
Aunque ya los cruces están ya restringidos a los viajes esenciales, una medida así afectaría a cientos de miles de estadounidenses y residentes que cruzan diariamente la frontera para trabajar, hacer negocios, ir a la escuela o a citas médicas.
Sin embargo, según el Post, existe un fuerte desacuerdo dentro de la propia Administración sobre este plan.
Estados Unidos, el país más afectado del mundo por el Covid-19, con más de 5 millones de contagios y 163 mil muertes, sufre una transmisión comunitaria generalizada del coronavirus, especialmente en los estados del sur y del suroeste.
Tres mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos siguen acusadas de agredir a policías durante una protesta el pasado 10 de julio, pese a que el gobierno de Guanajuato les dijo que retirarían los cargos en su contra.
Foto: Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
10 de agosto, 2020
Víctimas de la violencia exigieron al gobierno de Guanajuato cerrar las investigaciones iniciadas contra 3 familiares de personas desaparecidas el pasado 10 de julio, por participar en una protesta.
A través de un comunicado, el movimiento Sembrando Comunidad señaló que Verónica Durán, quien busca a su hijo Iván Arturo Silva; Olimpia Montoya, buscadora de su hermano Marco Antonio Montoya, Karla Martínez, hermana de Juan Valentín, joven desaparecido, son acusadas de “causar lesiones a policías estatales”, a quienes aseguran que nunca agredieron.
Las tres forman parte del colectivo “A tu encuentro”, conformado por 200 familias que buscan a sus seres queridos, y quienes marcharon el pasado 10 de julio en Guanajuato para pedir una audiencia con el gobernador.
“El derecho a la protesta pacífica, a la petición de audiencia como víctimas, a la libre reunión, expresión y manifestación han sido vulnerados por un estado indolente cuya obligación original era brindar seguridad y prevenir la desaparición de sus familiares en Guanajuato”, reclamaron.
De acuerdo con Sembrando Comunidad, el 10 de julio Karla, Olimpia y Verónica estuvieron en los separos por cinco horas y después de su liberación, el secretario de Seguridad de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca, las amenazó diciendo que su libertad no era absoluta.
Una semana después, el subsecretario de Gobierno se comprometió con las víctimas a archivar de inmediato la carpeta de investigación, promesa que no ha cumplido.
¡Exigimos alto a la criminalización por parte del gobierno de @diegosinhue!
A un mes de la represión que sufrimos las víctimas por parte de la @FSPE_Gto, familiares de personas desaparecidas aún tienen una investigación injustamente iniciada en su contra. ¡Retiren los cargos ya! pic.twitter.com/P0rTAfVmyG
— Sembrando Comunidad (@SembrandoComun1)
Entre las consecuencias de estos hechos, Karla Martínez perdió su trabajo, “por la criminalización en su contra”, señaló Sembrando Comunidad.
Por ello, exigieron al gobernador Diego Sinhue que retire de inmediato los cargos contra las víctimas, y que la Fiscalía de Guanajuato cierre definitivamente las investigaciones, así como la reparación integral del daño y garantizar la no repetición.
También pidieron que se realice una debida investigación del abuso policial del que fueron víctimas el 10 de julio, y se sancione a quien resulte responsable.
De igual forma, reiteraron que se mantienen a la espera de la disculpa pública de las autoridades estatales por estos hechos.
CUERNAVACA, Mor. (apro).- Francisco A. N. sabía que iba a morir. El hombre de 63 años tomó un bolígrafo, una hoja en blanco y comenzó a redactar un escrito, su último recurso: un amparo de vida o muerte.
“Se reclama el posible traslado involuntario y contra mi voluntad a un centro hospitalario externo del sector salud, colocando en riesgo mi vida por contagio al no contar con síntomas, el suscrito, de Coronavirus…” escribió de puño y letra.
En la comunidad penitenciaria de Atlacholoaya, Francisco se había ganado el reconocimiento de muchas personas privadas de libertad, por ayudar especialmente a aquellos que no tenían dinero para pagar un abogado.
–Era licenciado en Derecho y daba asesoría gratuita a personas humildes, las encaminaba a la Defensoría, les explicaba, incluso les conseguía medicinas– recordó un compañero que pidió la reserva de su nombre.
Durante los últimos años, Francisco padeció de Parkinson y Diabetes Mellitus tipo II, por eso sus visitas frecuentes al área de atención médica del Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos.
Un día, a mediados de junio, él escuchó una plática entre agentes custodios y el subdirector del penal: supo que en próximos días sería trasladado a un hospital público, porque su nombre estaba en “una lista” de la autoridad penitenciaria.
Se sintió vulnerable, sabía que su vida estaba en riesgo, pues por sus enfermedades y su edad era potencialmente presa de la pandemia que rondaba los dormitorios del penal desde abril.
“… lo que eventualmente impedirá el derecho al habeas corpus de mi familia ante un deceso premeditado y la incineración de mi cuerpo como es la usanza en estos tiempos de la pandemia”, argumentó.
Finalmente su profecía se cumplió. El 30 de junio murió en un hospital público tras contagiarse de covid-19.
La historia de Francisco exhibe la grave y constante violación del derecho a la salud de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios de Morelos, agravado por la pandemia.
Un caso similar es el de Donato P. H., quien el pasado 3 de agosto también promovió un amparo ante la falta de medicamentos y tratamiento para un mal que enfrenta en “hematología” y “neumología”.
“… la falta de oxigenación me genera sufrimientos que son ignorados por el área médica del Cereso Morelos, quienes indolentemente se niegan a dar cuenta de ellos denegándome el derecho a la salud”, dice en su escrito de amparo.
Donato Popoca tiene dificultad para respirar y, aunque fue trasladado al hospital general de Cuautla y recibió una atención médica por 10 días, fue dado de alta el 26 de julio, en las mismas condiciones.
Personas privadas de libertad han denunciado que no hay medicamentos y, si hay, las propias autoridades penitenciarias comercializan su venta de manera ilegal.
La Constitución y los tratados internaciones establecen que las personas cuyos derechos fundamentales son violentados dentro de un reclusorio tienen, legalmente, la misma protección de los ciudadanos libres.
Es decir, el Estado tiene la facultad para adjudicarse el derecho de privar a una persona de su libertad por cualquier razón, pero también debe asumir la obligación de asegurarse de que dicha persona sea tratada de manera decente y humana.
Sin embargo, las autoridades penitenciarias no respetan el derecho a la salud en las prisiones del estado, según denuncias de las propias personas privadas de la libertad.
Con información de David Rico / PorEsto!
Trabajadores del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY) realizan una protesta a las afueras del Palacio de Gobierno, en exigencia de mejores salarios.
Los manifestantes explicaron que ya no les pagan los viáticos y se les aumentó de forma considerable la carga de trabajo.
Alrededor de 50 trabajadores participan en la protesta y aunque una comisión fue atendida en la sede del Ejecutivo sólo les dijeron que se revisará su caso.
Luis Fernando Solano, uno de los afectados explicó que hace como tres semanas les dejaron de pagar los viáticos que les servía para su comida e incluso ni agua les dan.
En este sentido, dijo que los trabajadores ganan alrededor de mil pesos semanal y con los viáticos que eran de unos 600 se ayudaban, pero ese apoyo se les retiró y hay quienes están cobrando hasta 200 pesos a la semana con los descuentos por préstamos que les hacen.
Dijo que los trabajadores que son como 100 afectados, están dedicados a limpiar, chapear y desbrozar el Anillo Periférico, pero además los hacen colaborar en otras tareas por las que no les pagan.
Sergio Manzanero Carrillo expuso que las condiciones de trabajo son precarias, que no reciben insumos para su labor por lo que tienen que arrancar la hierba con sus manos o comprar su coa, además de que los vehículos están en muy mal estado.
Dijo que antes les proporcionaban agua y hoy ni eso les dan. Su jornada laboral también aumentó y ahora trabajan de 7 de la mañana a 5 de la tarde.
Los manifestantes aseguraron que ya han planteado sus inquietudes e inconformidades al director del INCAY, José Alberto Canul Moguel, pero que éste les ha dicho que si nos les gusta si trabajo que renuncien.
Condiciones de trabajo en las maquiladoras del sur del Estado de Yucatán. El gobierno de López Obrador pretende que la “cortina de desarrollo” del mal llamado “tren maya” consista entre otras cosas en la ampliación de la industria maquiladora. Foto: Tomada de Haz ruido.
Colectivo Grieta, 10 de agosto de 2020
El 10 de enero de este año, López Obrador tuvo un encuentro con el Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora (INDEX) donde se lanzaron elogios al mal llamado Tren Maya y al Corredor Transístmico que, según los presentes en la reunión, serán proyectos esenciales para traer inversión extranjera al país y crear lo que el presidente ha denominado “cortinas de desarrollo” que funcionarán para generar empleo. Luis Aguirre Lang, presidente de INDEX, agradeció y felicitó al presidente, diciéndole que “coincidimos con usted en saldar la deuda histórica con el sur de México”, como si estos megaproyectos de despojo y las grandes transnacionales que ansiosamente vienen detrás de ellos para operar en forma de maquilas, tuvieran algo que ofrecerle a los pueblos de la región, más allá de precarias condiciones de trabajo, salarios miserables e inseguridad laboral.
Por su parte Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (Fonatur), al hablar del mal llamado Tren Maya señala que éste no solo presenta proyectos agropecuarios, sino que también funge como una especie de promotor industrial. Efectivamente, en enero de 2020 el funcionario federal se extendía hablando no solamente del papel del proyecto de tren del gobierno de la 4T en la agroindustria, sino que señalaba que los “polos de desarrollo” esperan crear “ciudades pequeñas y subcentros urbanos con hoteles, viviendas, centros comerciales, naves industriales y de manufacturas”, mientras prometía que esta vez los beneficios, ahora sí, llegarían a las comunidades indígenas, comunidades que han escuchado exactamente la misma promesa de los patrones en turno durante los últimos 500 años.
La industria maquiladora de exportación ha operado con protagonismo en el sureste mexicano desde la década de los 80, especialmente en el estado de Yucatán, donde no ha dejado ningún beneficio para la población trabajadora, más que empleos precarios, migración, bajísimos salarios y una masiva incorporación de mujeres jóvenes al mercado laboral. Para finales de 2019, había 40 mil personas en este estado, trabajando en plantas maquiladoras de grandes firmas trasnacionales vinculadas a la industria de ropa, como las Fruit of the Loom o VF Corporation, que tiene una importante presencia en la región, o plantas de industria automotriz con grandes empresas como Leoni. Estas corporaciones han establecido sus operaciones en esta región del país porque ahí se localiza la fuerza de trabajo más barata de México donde también predomina un modelo sindical corporativo coercitivo.
Como lo demuestra el cuadro siguiente, de todos los estados con fuerte presencia de la industria maquiladora, Yucatán es el que registra el promedio de salarios y sueldos más bajos del país, con sólo la mitad del salario que se gana en los estados maquiladores de la frontera norte y del Bajío.
Sueldos y salarios mensuales de personal de la industria maquiladora por estado , pesos (2019)*
*Las cifras oficiales que aquí se presentan son más altas que el salario de un obrero u obrera porque los promedios incluyen sueldos de administrativos. Si se contabilizaran sólo salarios de las y los trabajadores manuales, los montos serían menores.
Hablar de una “cortina de desarrollo” edificada por los empleos que generarán el mal llamado Tren Maya y las inversiones extranjeras que con él vendrán, sólo puede considerarse un mensaje de atracción a las grandes corporaciones transnacionales, porque las inversiones extranjeras en industria de exportación (y especialmente en turismo) ya han existido desde hace muchos años y sólo han generado destrucción y precariedad laboral en la región. El mal llamado Tren Maya no sólo busca generar las condiciones necesarias para el despojo e inmensa apropiación privada de recursos naturales, como ya fue descrito anteriormente, sino también para que el capital pueda incorporar una fuerza de trabajo barata, la más barata del país, y explotarla al máximo. Así lo ha demostrado la importante presencia de la maquila en Yucatán, que no ha generado ningún desarrollo para la población de la región, sino que ha profundizado los problemas de empleo, de bajos salarios y la migración, por lo cual resulta una mentira hablar de la “cortina del desarrollo”, cuando lo único que predominará, por la experiencia que ha dejado la inversión extranjera en la región, es la ambición del capital que quiere instalarse ahí, extraer toda la riqueza y engrosar la ganancia.
El infierno de la explotación en el paraíso del turismo
Además de servir como medio de transporte de carga y traslado de mercancías vinculadas a la agroindustria, el mal llamado Tren Maya se ha presentado oficialmente como un proyecto que dinamizará la tan vanagloriada industria del turismo en la región, ocultando la dramática destrucción ambiental que este sector económico ha generado en el territorio y escondiendo la pauperización extendida de la población trabajadora que ha migrado desde el campo para ser empleada en condiciones de profunda inseguridad laboral.
Al gobierno le resulta conveniente anunciar una y otra vez los miles de empleos que van a surgir con esta “cortina de desarrollo” vinculada al turismo, pero nunca habla de las condiciones de dichos empleos, porque de hacerlo tendría que reconocer la barbarie laboral que se extiende con esta industria. Caso ejemplar de ello han sido las décadas de crecimiento de la región turística de la Riviera Maya, marcados por polos de inversión (en su mayoría extranjera) para la conversión del paisaje en una mercancía de clase mundial, al mismo tiempo que polos de miseria marcados por el crecimiento urbano generado a partir de la migración del campo de miles de personas para trabajar en la industria de construcción hotelera o en la industria de servicios para el turismo, habitando pequeños cuartos que se conocen como “cuarterías” y viviendo en condiciones urbanas de alta marginación, sin servicios básicos de educación, escuelas ni alimentación. Es decir, un mundo de explotación y despojo de la vida que se esconde en las sombras de grandes y lujosos hoteles, restaurantes, centros de entretenimiento, casinos, etc.
El turismo es quizá la industria donde más claramente se manifiestan las condiciones de inseguridad, precarización y flexibilización del trabajo. Es por esto que Rubí-González y Palafox-Muñoz, en un estudio realizado sobre el caso Cozumel, caracterizan al turismo como “catalizador de pobreza” y no como una actividad que sirva para brindar empleos dignos. El mercado de trabajo para choferes, recamareras, guardias, jardineros, meseros, personal de limpieza, trabajadoras domésticas, dependientes de tiendas y boutiques, entre otros, se caracteriza por el empleo temporal e inestable, sin prestaciones, jornadas extendidas, simulación de contratación por prestaciones de servicios y bajos salarios.
El caso ejemplar es el de Cancún que la investigadora Cristina Oehmichen ha definido como “un verdadero infierno en el paraíso”. En su estudio sobre las dinámicas de reproducción urbana en esta ciudad, nos advierte que la promoción de Cancún para el turismo “de clase mundial” sólo esconde un escenario de miseria laboral y urbana para la población trabajadora, de manera que el crecimiento urbano
“ha redundado en la emergencia de la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el narcomenudeo, el pandillerismo y la desintegración familiar, así como en un elevado número de suicidios, sobre todo de jóvenes de las colonias populares. El estado de Quintana Roo, junto con el de Tabasco, se encuentra en el primer lugar de suicidios en el país, con una tasa de 9.8 muertes por cada 100 000 habitantes”
Esta ciudad, donde reina el poder del dinero, el capital y la propiedad privada y donde sólo destacan condiciones degradadas en las que se envuelve la vida de los trabajadores y trabajadoras, es precisamente el espejo de la “cortina de desarrollo” de la que habla el presidente, la clase política y los consejos empresariales que diariamente exponen su triunfalismo en torno al mal llamado Tren Maya. Grandes capitales acumulando inmensidad de ganancias a costa del despojo, la degradación ambiental y la explotación del trabajo.
Cartel exigiendo cumplimiento del pago de salario en una maquiladora de Conkal, Yuc., durante 2019. El incumplimiento en el pago de los ya miserables salarios y prestaciones de la industria maquiladora es una constante en la región. Foto: MayaPolitikon
Recientemente la Coparmex de Yucatán, en voz de su presidente, celebraba la “oportunidad” del mal llamado Tren Maya. Para los empresarios, la “oportunidad” (les viene como anillo al dedo dirían desde la Presidencia de la República) radica en los llamados “polos de desarrollo”, donde esperan poder incrementar su negocio: la explotación de esta mano de obra barata que llega, como es la macabra tendencia histórica del capitalismo desde hace unos siglos, en la forma de campesinos que han perdido sus tierras. La transformación de los campesinos en trabajadores urbanos, sea en la industria o en el turismo, suele traer la ruptura del tejido social, pone en riesgo la reproducción cultural de los pueblos y los vuelve dependientes del salario para poder resolver sus necesidades materiales. Así, las celebraciones de los grandes empresarios suelen significar las peores desgracias para los de abajo.
El historial de explotación en la industria del turismo y en las maquiladoras en Yucatán es amplio, desde la falta de pagos en Conkal hasta la reciente exposición de trabajadores pertenecientes a grupos de riesgo al contagio por COVID-19 en maquiladoras que fabrican cubrebocas, las maquiladoras no han tenido que esperar a su gran “oportunidad” para traer precariedad laboral. También por eso las comunidades y grupos organizados de la zona maya se oponen al tren de la 4T y la llamada “cortina de desarrollo”, por lo que en las semanas recientes, a pesar del confinamiento por la enfermedad COVID-19, han seguido tejiendo palabras en defensa de la tierra y del territorio.
CHANKOM, Yuc.– Integrantes de la asamblea de defensores del territorio maya Múuch’ Xíinbal denunció y condenó las presuntas amenazas y actos de intimidación del que fueron objeto un grupo de personas al defender el ejido de Xcalakdzonot.
Mediante un comunicado señalaron que al menos mil 500 hectáreas del ejido de Xkalakdzonot, ubicado en el municipio de Chankom, pretenden ser vendidas de manera ilegal a un grupo de empresarios.
“Este proceso no contiene información suficiente, de la que se dispone no es confiable, accesible y completa sobre el destino y uso de tierras, lo que ha conllevado a la defensa de las tierras del ejido por un grupo de pobladores que se oponen a tal venta y esto ha traído como consecuencia amenazas e intimidación hacia las personas defensoras de su territorio”.
Según refieren, el pasado 4 de agosto el comisariado ejidal de dicha comunidad maya convocó a una reunión informal de ejidatarios y ejidatarios; en ella se dio a conocer información información difundida en redes sociales con el objetivo de desprestigiar la labor de defensa del territorio, además de provocar algunas agresiones.
“Ante ello, se les amenazó de agredirles físicamente, de privarles de su libertad (“llevarlas al bote”), así como intimidaciones verbales y obstrucción al acceso a sus centros de trabajo. Estas amenazas se han materializado mediante la clausura de las instalaciones del centro de trabajo de uno de los afectados, además de intimidarlos mediante la vigilancia de sus hogares, así como promover el desprestigio de la defensa del territorio maya”.
Ante esta situación, la Asamblea Múuch’ Xíinbal refrenda su apoyo a quienes se encuentran defendido el territorio maya de Xcalakdzonot y recuerdan que en la Península de Yucatán existe un grabé contexto de especulación de tierras, situaciones que conlleva riesgos a la vida de quienes pretenden frenar estas prácticas.
Recibe financiamientos millonarios nacionales e internacionales, pero incumple en pagos de hasta seis semanas a trabajadores indígenas
Alonso Merino Lubetsky /POPLAB, 09 de ahosto de 2020
*Con información de Francisco Arellano
Un grupo de más de 50 jornaleras y jornaleros otomíes (hñähñu) de la congregación de Cieneguillas en Tierra Blanca hicieron una denuncia por abusos laborales contra la empresa agroexportadora Empacadora Xipehua ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. La empresa denunciada, dicen las y los jornaleros agrícolas, no es la primera vez que los deja sin pagos de hasta seis semanas de retraso, además de que normalmente trabajan en condiciones deplorables y bajo tratos denigrantes.
Juan de Jesús García Correa y María Patricia Gutiérrez Ortiz, los dueños de la empresa, se han enfrentado legalmente contra la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y el Banco Ve por Más S.A. de C. V. a quienes han solicitado financiamiento para solventar sus actividades de agroexportación. Y pese a que han recibido estímulos millonarios para sostenter sus actividades empresariales de parte de entidades públicas y privadas, dejan constantemente a sus trabajadores sin pagos.
La congregación de Cieneguilla es una comunidad indígena reconocida en el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guanajuato. Tiene 715 habitantes, de los cuales 354 son hombres y 361 mujeres, hablantes de otomí y español. Reconocidos como indígenas por su lengua, sus tradiciones y por autoadscripción.
Foto: Especial
Los jornaleros otomíes trabajan en invernaderos de hortalizas, los cuales proliferan en el noreste de Guanajuato desde hace algunos años, de acuerdo con pobladores de la región. Empresas como Empacadora Xipehua S.A. de C.V. funcionan gracias al trabajo de mujeres, hombres, niñas y niños a quienes prometen pagos a cambio de su fuerza de trabajo; pagos que con frecuencia se atrasan o no llegan.
El grupo de jornaleras y jornaleros denunciantes dice que Xipehua les prometió un jornal de 200 pesos a los adultos y 150 pesos a ?niñas, niños y adolescentes por día, siempre y cuando completaran la tarea a destajo que se les solicita: de 400 a 600 metros de cosecha de pepino por persona en siete horas bajo el sol dentro de invernaderos gigantes, lo que implica recolectar el producto listo en cada una de las plantas sembradas sobre los surcos.
—”Luego los invernaderos bien calientes, uno no se soporta ahí porque ni puede uno respirar bien. No’más que por necesidad uno trabaja ahí”, explica una de las mujeres jornaleras.
Foto: Especial.
“Nos explotaban muy mal, nos trataban mal. De hecho ellos querían una ventaja muy recia, que querían que sacáramos una meta de un 100 por ciento y se nos hacía mucho. Según el trato lo hizo [el contador] con el capitán, que la jornada iba a ser de 200 pesos. Pero no llegaban los 200 pesos, porque te ponían, ahí según en los invernaderos, se les llama nave. Cada nave, cada invernadero es como de 100 metros [de largo], como de 2 hectáreas cada invernadero [100x200m]. Y luego nos ponían a hacer muchos surcos y dicen que de ahí todavía nos descontaban”, explican en comunicación directa con POPLab.
La empresa es denunciada por no pagar el dinero pactado. Hay a quienes les deben hasta seis semanas de trabajo completas. Responsabilizan directamente al contador de Empacadora Xipehua, el ingeniero Rafael Montoya, de no pagar según sus acuerdos. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Jurisdicción de Celaya) da servicio al municipio de Tierra Blanca y hoy lunes 03 de agosto tienen cita en la Junta de Conciliación y Arbitraje en Celaya junto con el contador de la empresa.
Foto: Especial
Aproximadamente hace dos semanas las y los jornaleros acudieron a las oficinas de Xipehua a reclamar falta de pagos del día 11 de junio al 22 de julio. El 25 de julio uno de los “contratistas” (personas de la comunidad que trasladan jornaleros) se dirigía a cobrar para entregar el dinero a su cuadrilla cuando el contador Montoya le llamó para decirle que este no llegaría sino hasta el lunes 27. El contador alega que ha sido porque debido a la pandemia no se permite el libre tránsito por carretera los fines de semana.
Sin embargo, el lunes 27 de julio fueron dos camionetas con 40 personas a cobrar sus dinero y la empresa sólo pagó dos días, pero ninguno de los pagos en retraso. El contador se comprometió a pagarles el resto en días posteriores y tampoco sucedió. POPLab cuenta con documentos que confirman los numerosos tratos denigrantes hacia los trabajadores.
—”Tienes que comer de lo que trabajes, eso es lo correcto, no de mí. Búsquele mientras chamba, yo no sé qué haces aquí”, les dijo el contador al frente de la empresa en aquella reunión.
La esclavitud de los jornaleros indígenas
El caso permite visibilizar las condiciones de precariedad en las que trabajan miles de jornaleros en el estado, muchos de ellos indígenas, migrantes locales, regionales y nacionales, que trabajan para la agroindustria con empresas que incurren en incontables violaciones a sus derechos humanos. Para estas empresas trabajan miles de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes que buscan desesperadamente un ingreso en los campos.
Empacadora Xipehua reclutaba jornaleros antes como Grupo Nixte, que son señalados por pobladores de Cieneguilla como malos empleadores que tratan mal a sus trabajadores. Según lo que se dice en la comunidad otomí, no es un lugar en el que conviene trabajar. Los invernaderos de Empacadora Xipehua (Nixte) se encuentran cerca de la carretera federal no. 57 San Luis Potosí-Santiago de Querétaro, o entre Doctor Mora y San Miguel de Allende rumbo a Los Rodríguez.
Foto: Captura de pantalla de GoogleMaps
“Unos trabajadores nos dijeron que antes el invernadero Xipehua se llamaba Nixte. Porque dice que también, no entendemos ahí por qué le cambiaron después el nombre, pero se me hace que de tiempos ya tienen conflictos estos invernaderos. Porque yo tengo un tío que yo le dije: ‘ay, no me quieren pagar en tal invernadero’. Y dijo: ‘¿por dónde será, mija?’ —ya le dije más o menos por qué líneas están—. Y me dice el señor: ‘No, mija, fuiste a dar en la gente más ratera que son. Ahí explotan bien al trabajador’. ‘La mera verdad sí, lo estoy viendo’ —le dije”.
En entrevista con Mayo Meza Trejo, directora del Centro de Desarrollo Indígena Loyola (CDIL), organización que forma parte de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA), menciona que son frecuentes los abusos materiales y psicológicos en los campos y, como el pago es casi siempre a destajo, no son claros respecto a cuándo les emplearán o no, dejando a los jornaleros sin seguridad sobre sus ingresos.
Además, “está normalizado que les retrasen su pago seis, siete, ocho o nueve semanas. Son condiciones alejadas al marco jurídico de la Ley Federal del Trabajo”. En ocasiones les mienten y los empleadores optan por las cuadrillas más eficientes. “En general, la agroindustria mata” —dice Meza Trejo— y pocas personas se cuestionan de dónde vienen los alimentos “orgánicos” que consumimos.
Foto: Especial
De acuerdo con la REJJA, existen tres aspectos que son fundamentales en el auge de la agricultura intensiva de exportación como para la que trabajan las y los jornaleros de Tierra Blanca: primero, que los avances de la tecnología hacen las tierras más productivas; segundo, que los alimentos siempre se demandan en los mercados, aunque haya crisis; y, tercero, porque la explotación de la mano de obra la hace un negocio muy rentable.
“Las y los jornaleros agrícolas internos, particularmente los/as jornaleros/as migrantes son los/as más explotados/as entre los/as trabajadores/as”, dice el Primer Informe de la REJJA del 2019.
Según los testimonios recibidos en POPLab no es la primera vez que incumplen con los acuerdos pactados y no son las únicas empresas que incurren en estas violaciones laborales en la región noreste de nuestro estado. En los invernaderos las condiciones de estancia durante las jornadas son insalubres y bajo presiones, amenazas y condicionamientos de parte de los supervisiores; les solicitan el trabajo en horas extra y tampoco reciben su pago. Cuando han habido personas accidentadas, los dueños de las agroempresas no se responsabilizan y les dejan a su suerte.
El grupo de jornaleras y jornaleros de Tierra Blanca ya está siendo acompañado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) tras haber tenido diferentes enfrentamientos con Empacadora Xipehua. Gracias al INPI reciben asesoría para que se hagan respetar sus derechos laborales.
Empresas irregulares son las que incumplen con jornaleros/as
Las empresas Empacadora Xipehua S.A. de C.V. y Nixte S. de P.R. de R.L. de C.V son propiedad de Juan de Jesús García Correa y María Patricia Gutiérrez Ortiz, ambas con domicilio en San José Iturbide, Guanajuato. Son las agroexportadoras señaladas de abuso por las y los jornaleros de los invernaderos.
García Correa es socio además de las empresas El Fruto de Nuestra Tierra, S. de P.R. de R.L. de C.V. (San José Iturbide) junto Luis Alfonso Rodríguez Medellín; de Proyectos Integrales Agrícolas de México, S. de P.R. de R.L. de C.V. (Celaya) con Luis Alfonso Reyes Gaona.
Foto: Especial
En 2016 Nixte recibió un financiamiento de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de 3 millones 500 mil dólares (alrededor de 78 millones de pesos). Luego el CII-BID inició procesos legales contra Nixte ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al menos uno en 2018 (Exp. 999/2018) y otro en 2019 (Exp. 689/2019). El Banco Ve por Más SA. de CV. (BX+) también tiene un expediente abierto desde 2018 (Exp. 1338/2018) contra Nixte.
En 2015 la empresa recibió otro financiamiento de SAGARPA por el valor de 3 millones 600 mil pesos utilizando la razón social de Nixte y los nombre propios de García Correa y Gutiérrez Ortiz como personas físicas. Además, Nixte aparece dentro de las empresas canceladas del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios Exportación (IMMEX) de la Secretaría de Economía por falta de presentación de reporte anual en 2015, resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación.
En el proyecto entregado al BID, la empresa de García Correa y Gutiérrez Ortiz asegura que “la transportación de trabajadores se brinda a través de una compañía transportista contratada por Nixte para este fin”, cuando son los cuadrilleros quienes los trasladan hacinados en camionetas con hasta 20 trabajadores en cada una.
Según el proyecto “los procedimientos de buenas prácticas agrícolas incluyen aspectos de manipulación y aplicación de agroquímicos, seguridad y salud ocupacional y el suministro de equipo de protección personal a los trabajadores”, mientras que a los trabajadores solo se les entrega un bata para las labores de cosecha.
La empresa denunciada por los jornaleros ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo le dijo al BID que “las prácticas laborales en la empresa siguen la legislación laboral mexicana y los principios de la Organización Internacional del Trabajo”. Así las cosas, cabe preguntarse cuántas agroempresas estarán operando en estas condiciones en Guanajuato.
De acuerdo con Mayo Meza Trejo, “los mínimos que se deben de proveer para esta población con base en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 283, es que los patrones deben suministrar gratuitamente a los trabajadores y sus familias habitaciones adecuadas e higiénicas, con agua potable, dotadas de piso firme; proporcionar gratuitamente al trabajador, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen medicamentos y material de curación; seguro de vida para sus traslados desde sus lugares de origen a los centros de trabajo y posteriormente a su retorno, además de todas las otras cuestiones más generales como un contrato laboral y cumplimiento de éste, seguridad social, entre otras”.
Las autoridades se comprometieron a resolver la falta de agua en la colonia Villa Florida
Torreón, Coah.- Un numeroso grupo de vecinos se plantó ayer por la tarde sobre uno de los carriles de la carretera Torreón-San Pedro, lo que desquició el tráfico vehicular, luego de que los vecinos exigieran una respuesta ante la falta de agua potable.
Vecinos de la colonia Villa Florida de esta ciudad bloquearon para exigir solución al problema de desabasto que viven en medio de la pandemia de la Covid-19.
En respuesta, la autoridad se comprometió a dar solución a la brevedad, proyecto que se les dará a conocer la próxima semana.
Fue el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara, quien en representación del Alcalde, les informó que en breve se dará solución al problema con una obra que tiene proyectado Simas, por lo que pidió paciencia a los colonos.
Dijo que será este lunes cuando una comisión de vecinos se reúna con las autoridades municipales.
Colima, México, Avanzada (09/08/2020).- Colima tiene el primer lugar en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes desde que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez inició su mandato. Como política de Estado, no se informa a diario de los atentados que se perpetran, homicidios o desapariciones de personas. Por tal motivo, el reporte que aquí compartimos corresponde a la información que se publica en medios de comunicación electrónicos.
Durante la primera semana de agosto asesinaron a 7 personas en el estado de Colima y 2 más resultaron heridas por disparos de arma de fuego.
En las primeras 32 semanas de 2020, asesinaron a 426 personas en el estado de Colima. Es importante hacer notar que nuestra cifra difiere de la que presenta el Secretariado Ejecutivo de Seguridad, porque ellos no contabilizan cadáveres encontrados en fosas clandestinas como homicidios.
Aunque sus bases están en Reynosa y Ciudad Victoria tienen la capacidad para desplazarse a cualquier municipio en el estado.
GOPES, Tamaulipas, vehículos blindados
El comandante del nuevo Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, dijo que aunque sus bases están en Reynosa y Ciudad Victoria tienen la capacidad para desplazarse a cualquier municipio en el estado.
Grupo de Operaciones Especiales combatirá delincuencia en Tamaulipas
“Somos un grupo de reacción y atención, no de patrullaje. Estas unidades son cuatro de 25 elementos más una, más el personal que está de banco, la unidad de operaciones aéreas y las de inteligencia, en total son 150 elementos”.
Explicó que la capacitación original se realizó por personal de la Marina y se han realizado entrenamientos con autoridades de Estados Unidos y están en una capacitación constante para dar una respuesta inmediata.
Explicó que la capacitación original se realizó por personal de la Marina y se han realizado entrenamientos con autoridades de Estados Unidos y están en una capacitación constante para dar una respuesta inmediata.
“Nosotros somos parte de la Secretaría de Seguridad Pública, pero nos manejamos independientes, siempre y cuando apoyemos este tipo de acciones. Atendemos cualquier delito de alto impacto, es estratégicamente distribuido para movernos en todo el estado, delitos tales como el secuestro, el crimen organizado que es muy importante combatirlo y el tema de droga y todo esos delitos que nos afectan”.
ICGC
Al menos 300 familias se están instalando en un terreno ubicado en la periferia de Cancún, a unos pasos de Villas Otoch tercera etapa, aseguran que no tienen otra opción porque se quedaron sin trabajo por la pandemia.
La falta de ingresos por no tener trabajo ha obligado a Ernesto, Flor y Alberto, a vivir en casas construidas con materiales de desecho, ya que los echaron de la casa donde vivían por no pagar la renta; desde hace tres meses viven en su nueva “casa”, en medio de la selva en la periferia de Cancún, donde carecen de agua potable y luz. En situaciones similares están más de 300 familias que cohabitan en una zona que no está municipalizada y entre todos ven cómo apoyarse. Incluso, aseguran que juntan sus recursos económicos para que nadie se quede sin comer.
Todos están conscientes de que ocupan un terreno que no es de ellos, sólo una calle los separa del fraccionamiento Villas Otoch tercera etapa, a 40 minutos del centro de Cancún. Saben que en cualquier momento pueden sacarlos de ahí.
Entre piedras y la hierba que crece en la tierra humedecida por la lluvia, Ernesto Cantú Gómez y su familia construyeron un cuarto, usaron desechos de madera y algunas lonas.
Para él y su familia ese es su hogar desde hace dos meses, ya que al inicio de la pandemia lo despidieron de su trabajo y creyó que en un mes todo se iba terminar y encontraría un nuevo empleo, sin embargo el tiempo sin tener un ingreso económico fue ampliándose y el pago de la renta y los servicios comenzaron a acumularse, hasta que un día la casera le dio un ultimátum, el cual no pudo cumplir.
“No nos dejan otra opción, sin trabajo no hay nada y la verdad la hemos pasado mal, porque no hay agua ni luz, en la noche sólo ponemos una vela que apenas ilumina. Pero ¿qué hacemos? Para rentar otra casa te piden un deposito más un mes de renta y ¿de dónde, si apenas nos alcanza para comer con lo que gano limpiando patios?”.
Carrera contrarreloj
Flor Domínguez apenas está construyendo su casa. Aprovecha el tiempo que le queda en su domicilio actual, pues ya está por vencer el contrato de arrendamiento y debe acabar su nuevo hogar antes de que eso ocurra. Para ello se apura a juntar palos de los árboles de lugar y algunas lonas para colocar, con el fin de que no se filtre el agua.
“Para todos es muy difícil; ¿a poco creen que nos gusta estar así? Claro que no, pero no tenemos de otra, lo único que nos queda es tratar de echarle ganas para salir de esta situación, sobre todo por mi familia”, dijo.
Sin trabajo por estar en grupo vulnerable
Alberto Sosa compartió que hace tres meses se mudó al terreno que poco a poco se ha ido llenando de familias, en su mayoría sin ingresos económicos fijos o con percepciones salariales mínimas.
Él al igual que sus vecinos perdió su empleo y no ha logrado colocarse en otro, lo cual atribuye a que está dentro del grupo de riesgo y no lo quieren contratar.
“Soy un hombre de paz, me da mucho miedo que llegue alguien y nos quiera sacar, pero si eso ocurre, igual tendré que buscar otro lugar donde poner mi casita, porque no tengo dinero para pagar una renta. Incluso uso leña para cocinar lo poco que tengo para comer”, dijo.
Mencionó que la orden puede venir directamente del director general del IMSS, Zoé Robledo. (Zacatecasonline)
Zacatecasonline, 07 de Agosto de 2020
Zacatecas, Zac.- Luego de dar una conferencia de prensa en la que el neurocirujano Armando Rosales Torres anunció que presentará una demanda por despido injustificado, se realizó una manifestación pacífica en la avenida González Ortega con apoyo de miembros de sindicatos que lo apoyan.
El doctor que laboraba en el Hospital General 1 en Zacatecas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguró que la queja de un derechohabiente que motivó la recisión de su contrato es un caso fabricado por la delegada Saandra Durán Vázquez.
Mencionó que la orden puede venir directamente del director general del IMSS, Zoé Robledo, pues desde que comenzó con las denuncias de falta de equipo adecuado para enfrentar la pandemia inició un acoso laboral.
El neurocirujano mostró el equipo que le dan al personal para protegerse, el cual expone su salud y la de sus familiares de contagiarse de Covid-19 como ocurre sin que las autoridades presten atención.
Armando Rosales informó que continuará al frente del Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Seguro Social para defender los derechos del personal que labora en el instituto, principalmente ante la contingencia que se enfrenta por el coronavirus.
Estuvo acompañado por integrantes del Sindicato Independiente de Trabadores del Estado, de maestros de Guadalupe, mineros y activistas sociales.
Hace 16 días se reunieron con la Secretaria de Gobernación, y desde entonces no se ha definido nada sobre sus exigencias
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Los productores del norte de Tamaulipas, están desesperados debido a que se cumplieron 16 días de que se reunieron con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y aún no les han dado respuesta del apoyo que requieren para el precio de garantía para el sorgo de 3 mil 735 pesos por tonelada que se necesita.
Ante esto en la próxima visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Reynosa, buscarán entrevistarse con él y presentarle esta petición personalmente.
Agustín Hernández Cardona, Presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT), señaló que los agricultores requieren la respuesta positiva de este apoyo, cuanto antes, porque los suelos agrícolas, después de las lluvias están dando punto de labranzas de preparación para las siguientes siembras y no tienen dinero para hacerlo.
“Lamentamos la tardanza en la respuesta, cuando durante la entrevista con la titular de la SEGOB, la Secretaria fue muy atenta, comprensiva, demostró conocer el tema y se comprometió a dialogar con el Secretario de Hacienda y con el de Agricultura, para medir la posibilidad del tamaño del subsidio que el sorgo reclama”.
Recordó el presidente de la UARNT que el precio total que demandan para el sorgo es de 3 mil 735 pesos por tonelada, valor que no alcanzó el mercado y del gobierno federal se espera el complemento.
Claudia Rodríguez Loera/La Jornada Aguascalientes
7 agosto 2020
Familiares de desaparecidos exigirán a autoridades jaliscienses reactiven investigaciones
Son casos de 6 desaparecidos de Aguascalientes en Jalisco, y 3 más en comunidades límite
Con caravana, Colectivo Verdad y Justicia de Aguascalientes exigirán se reactiven investigaciones en Jalisco relacionadas con personas desaparecidas de esta entidad, informó Violeta Sabás, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA).
La activista compartió que el objetivo general de la Caravana es visibilizar las desapariciones de aguascalentenses en territorio jalisciense, al ser una problemática regional que incluye a los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes. En esta ocasión se tratan de casos de personas de Aguascalientes que desaparecen en las comunidades límite entre Aguascalientes y Jalisco.
Explicó que tanto el Observatorio como el Colectivo generaron este primer ejercicio porque las investigaciones de las personas que desaparecen en el estado de Jalisco están prácticamente sin moverse, “no hay incluso durante meses comunicación con las familias por lo mismo de que no son personas vecinas, pero sus familiares desaparecen en Jalisco”.
La Caravana, integrada de un contingente muy reducido con motivo de la pandemia, se realiza con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes en la vinculación con las autoridades jaliscienses; el Observatorio está acompañando y apoyando al Colectivo con el objetivo de recorrer el estado de Jalisco con las instituciones impartidoras de Justicia y exigir se ponga atención en esas investigaciones pendientes relacionadas con desaparecidos de esta entidad.
“El objetivo general de la caravana, primero, es visibilizar las desapariciones que existen en Aguascalientes, en este caso tenemos carpetas de investigación de personas de aguascalentenses que desaparecen en el estado de Jalisco, entonces en estos procesos para las familias es doblemente difícil porque él levantan la carpeta de investigación en Aguascalientes, pero se tienen que trasladar también a Jalisco para levantar otra carpeta entonces a ellos les genera muchísimo desgaste emocional e incluso mucha falta de información sobre cómo se están llevando los procesos, entonces con este tipo de caravanas lo que se busca es facilitar la vinculación”, externó Violeta Sabás.
Detalló que con este viaje habrán de revisar el estado en el que se encuentran todas las carpetas de investigación de 6 personas de Aguascalientes que desaparecieron en Jalisco y tres más de desaparecidos en comunidades límite entre esta entidad y Jalisco.
ÁLAMOS, SONORA.- Sin respetar sitios arqueológicos ni consultar a indígenas afectados, y sin permitir el acceso a los gobernadores Guarijíos opositores, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este miércoles la presa Los Pilares en Álamos, Sonora.
Una obra a modo tuvo una inauguración a modo, sin opositores.
Con el argumento de las restricciones sanitarias por la pandemia de covid-19, una reducida comitiva de gobernadores Guarijíos afines al proyecto estatal acompañó al presidente, a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y a la titular de Conagua, Blanca Jiménez, a cortar el listón inaugural de la presa que se construyó sobre tierras sagradas de Guarijíos y con 44 sitios arqueológicos, por los que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) colocó el martes sellos de suspensión de la obra.
Previo a la inauguración, sin embargo, el INAH anunció un nuevo acuerdo con el gobierno de Sonora y la Conagua para conservar los 44 sitios arquelógicos que se encuentran en la zona de embalse de la presa.
La tarde de este miércoles, el evento se adelantó una hora y fue breve. Ahí el presidente destacó el apoyo de los gobernadores Guarijíos presentes.
«Es una presa para proteger de inundaciones, es la presa que se construye en este río Mayo para controlar las aguas y que no haya inundaciones en el valle del Mayo (Navojoa, Etchojoa, Huatabampo).
«Sin la autorización de ustedes no hubiésemos podido concluir esta obra, ya se había invertido una cantidad importante de dinero, no podía quedar sin terminar… Faltaban 800 millones de pesos y eso fue lo que aportó la federación para que se terminara», expuso el presidente.
En la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que se hizo hasta 2019, con la nueva administración federal, en menos de dos meses y con datos viciados, en un proceso “fast track» y con la obra al 80 por ciento de construcción, la empresa constructora Canoras metió un escrito en el que indica que los gobernadores afines a la presa señalaron que no era necesaria la consulta. Mientras otro grupo inconforme, no invitado ahora, interpuso un nuevo amparo, justo porque se volvió a omitir la consulta al pueblo Guarijío.
Dividir para imponer
Mientras los funcionarios cortaban el listón inaugural. Afuera, a unos cuantos kilómetros, los gobernadores de la colonia Macurawe, José Romero, y de Mesa Colorada, Agustín Cautivo, intentaron ingresar al evento; pero les negaron el acceso. Previamente, esperaron a José María Martínez, empleado de Conagua, en la plaza de San Bernardo. Ahí los citó pero nunca llegó, los dejó esperando con el engaño de que de ahí serían trasladados al evento.
El engaño causó molestia y, al concluir el evento, los Guarijios divididos tuvieron un conato de discusión. Se gritaron, acusaron unos de lentos, otros de ser gobernadores «espurios» y otros de venderse al gobierno de Sonora.
Las acusaciones se dieron frente al titular del Instituto Nacional de Atención a los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes. El funcionario se disculpó con los gobernadores relegados y argumentó que el evento lo organizaron el gobierno de Sonora y la titular de Conagua. A ratos trataba de mediar cuando la discusión subía de tono.
«¡No hicieron consulta, no hicieron consulta!», repetía Julia Romero, hija de José Romero, el gobernador de la colonia Macurawe destituido por no aceptar el proyecto de la presa, quien trataba de explicar y solicitar la reparación del daño.
Agustín Cautivo, de Mesa Colorada, reclamó la discriminación y el engaño de los organizadores, que los citaron en un lugar para evitar llevarlos al evento.
Nombraron también a los funcionarios de Conagua y de la Secretaría de Bienestar, a quienes acusaron de relegarlos en los programas sociales, por ser opositores a la presa. Como José Romero, de 75 años, a quien a pesar de las reiteradas denuncias y promesas no ha podido recibir el apoyo de adultos mayores.
«Es un papeleo, cada copia me cuesta dos pesos y Martín Preciado (subdelegado de Bienestar en Sonora) me dice que ya mero me llega, así me traen», reclamó.
Y mientras ellos reclamaban, sus opositores escuchaban, les cuestionaban, o negaban las acusaciones. Aunque declinaron hablar porque sus gobernadores no estaban presentes y por jerarquía eran los que debían hablar.
Los dos gobernadores que quedaron fuera pretendían entregar un documento con sus demandas, que les fue recibido por el titular del INPI, Adelfo Regino.
Los gobernadores invitados, al finalizar la inauguración, tuvieron oportunidad de hablar con el presidente en presencia de la gobernadora. Entre otros temas se quejaron ante el mandarario de ser llamados «espurios», y dieron su punto de vista sobre el porqué de la división.
Presa inaugurada
La obra tuvo un costo de poco más de 2 mil millones de peso. Se inició en 2013 con el ex gobernador Guillermo Padrés Elías, quien optó por dividir a la tribu de Guarijíos para obtener un aval de la etnia. Un amparo iniciado en 2015 y ganado en 2019 debió haberlo obligado a parar la obra, porque no se hizo consulta. Sin embargo ni Padrés Elías ni su sucesora Pavlovich Arellano tomaron en cuenta el amparo y continuaron la obra hasta este día de su inauguración.
La gobernadora Pavlovich Arellano dijo que con esta presa se evitará que mucha gente del valle del Mayo se quede sin vivienda en tiempo de lluvias. Y que se inunden las hectáreas de cultivo y sobre todo «beneficia a quien más lo necesita».
«Aquí nunca llueve, pero cuando llueve, llueve a montones, había mucha gente que se quedaba sin su casita, sin su lugar para vivir, entramos todos a reconstruirles su casita, y obviamente alejados del cauce del río, esta presa protege también las hectáreas de cultivo», dijo en su discurso.
Destacó que ella insistió mucho al actual gobierno federal para que se terminara esta obra «que estuvo parada mucho tiempo… Y como usted dice, presidente: ‘No hay peor dinero invertido que cuando se abandona una obra’».
La titular de Conagua, Blanca Jiménez, también destacó la insistencia de la gobernadora para terminar la obra que -justificó- ellos encontraron ya al 80 por ciento. Una obra ejecutada por el gobierno de Sonora y otorgada a Inmobiliaria Canoras. Que tardó siete años por falta de recursos y conflictos sociales. La funcionaria aseguró que este gobierno federal retomó el conflicto y lo atendió de una manera «más social». Dijo que los 284 habitantes desplazados fueron reubicados Mochibampo y Nuevo Chorijoa.
«Esta presa en particular sirve para el control de inundaciones. Es una presa que no se va a llenar totalmente, eso nos va ayudar a proteger los sitios arqueológicos, pero le dejamos agua para que los Guarijíos realicen una actividad de acuacultura», dijo.
En 2007, 2008, dijo, las inundaciones en el valle del Mayo costaron 3 mil millones de pesos, mil más que el costo de la presa.
Jiménez se refirió también al convenio que firmará el gobierno estatal con el INAH para conservar los 44 sitios arqueológicos que quedaron en el embalse de la presa y que se dio ante el sello de clausura que colocó el INAH en la cortina de la presa la mañana del martes. Para la tarde, el INAH anunció el acuerdo en otro comunicado, pero sin informar que retiraría los sellos antes de suspensión.
Hoy la obra está terminada e inaugurada por el presidente López Obrador, a quien ahí mismo se le cuestionó por qué de nuevo relegó a los gobernadores Guarijíos que se oponen a la presa y sólo permitió el paso a los afines a la gobernadora.
Aunque escuchó la pregunta, el presidente se negó a responder.
«Aaaah, no, no, no», expresó.
La presa está inaugurada y un amparo en revisión está ante los tribunales. El primero tardó cuatro años en resolverse. El actual empezó en 2019.
La presidenta de Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), Angélica Ayala Ortiz. Foto: @GES_Mujer.
OAXACA, Oax. (apro).- Indigna el trato discriminatorio y violento que vivió una mujer al tratar de ingresar con su bebé en el centro comercial Walmart de Oaxaca, porque ejemplifica otro rostro de la pandemia por el covid-19, afirmó la presidenta de Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), Angélica Ayala Ortiz.
Lo anterior, luego de una denuncia pública firmada por madres ciudadanas, que colocó en el centro de la atención el caso de una mujer que el pasado 19 de julio fue agredida por personal de seguridad de la tienda.
“Fui violentada por personal de seguridad de la tienda Walmart al intentar sacarme con el ejercicio de la fuerza física mientras sostenía a mi bebé con un rebozo frente a mí”, sostuvo la víctima, quien por razones de seguridad reservó su nombre.
Añadió: “Necesitaba abastecerme de productos de higiene personal y no tenía con quién dejar a mi hijo en ese momento. Lo expliqué, pero no fui escuchada. Personal de seguridad y gerentes me sacaron del establecimiento con gritos, empujones y jaloneos, simplemente por llevarlo conmigo a la tienda.
“Esta experiencia violenta sobre mi persona y mi hijo me hizo mirar que, así como yo, miles de mujeres nos encontramos en esta situación y no todos los productos de consumo pueden conseguirse en un mercado tradicional, por lo que debo acudir a determinados
establecimientos para cubrir las necesidades de mi familia”, abundó.
Denunció que la necesidad de abastecimiento de alimentos, ropa, medicinas, zapatos y material educativo “para las madres que no tenemos una red de apoyo en esta pandemia se ha vuelto inaccesible”.
Las mujeres que firman la denuncia pública se quejaron de que los establecimientos “han optado por una política que nos violenta, indicándonos que debemos dejar a nuestros hijos e hijas en la entrada de sus espacios o en la zona de paquetería y sin ninguna supervisión, exponiéndolos de múltiples maneras.
“No todas tenemos la capacidad económica de hacer compras en línea por no contar con cuenta bancaria, internet o sencillamente porque no todas las tiendas en línea llegan a entregar a nuestras colonias, en resumen, no todas vivimos la pandemia en línea”.
Y más: “Comprendemos que debemos asumir acciones colectivas encaminadas a la contención del virus que aqueja a nivel mundial y estamos dispuestas a asumirlas, sin embargo, es imprescindible que las autoridades gubernamentales y el sector empresarial comiencen a implementar acciones que contrarresten esta circunstancia, porque las medidas sanitarias adoptadas por los establecimientos son excluyentes, segregatorias y discriminatorias”.
Para GESMujer, este lamentable hecho ejemplifica la falta de sensibilidad por parte del personal de seguridad y de la gerencia, quienes atentaron contra la integridad física y psicológica de la mujer y pusieron en riesgo a un bebé, como consecuencia de medidas que lejos de favorecer la seguridad de la población consumidora, invisibilizan las necesidades de las mujeres.
De acuerdo con Ayala Ortiz, la pandemia de covid-19 ha mostrado, una vez más, que el impacto afecta de manera más grave a las mujeres, las niñas y los niños, como resultado de las medidas de confinamiento que no contemplan sus condiciones y necesidades.
Ante un hecho que violenta la dignidad humana de mujeres, niñas y niños –abundó–, corresponden medidas de acción inmediata. “Por principio, la reparación del daño que por ley corresponda para la mujer que enfrentó la violencia en dicho centro comercial; una declaración pública de Walmart, un compromiso de no repetición, así como la implementación de acciones que permitan que las mujeres que por necesidad acuden con sus hijas e hijos accedan a realizar sus compras, con las medidas de sanidad necesarias”.
Las políticas públicas de transversalización de la equidad de género, agregó, deben contemplar su inclusión en todos los ámbitos de la vida social, así como vigilar su correcta aplicación, a fin de salvaguardar los derechos de las mujeres.
Finalmente, la presidenta de GESMujer manifestó que la llamada “nueva normalidad” obliga a visibilizar el impacto diferenciado que tiene el covid-19 en los diversos sectores de la población, por lo que es urgente la definición de estrategias que permitan a las mujeres su inclusión en condiciones de igualdad.
La ciudad de León, Guanajuato, deja sin tratamiento 259 millones de litros diarios de aguas residuales; cobra a usuarios por un servicio que no sirve y contamina cuando debería asegurar agua de calidad
Foto: Alonso Merino Lubetzky
Pie de Página, 06 de agosto de 2020
Texto y fotos: Alonso Merino Lubetzky / @amerinolubetzky / PopLab
GUANAJUATO.- El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) que se ha vanagloriado por años de ser «el mejor organismo de agua de México» cobra a los leoneses por un saneamiento inexistente y peligrosamente contaminante. Veinte años después de que prometió tratar las aguas tóxicas de la industria curtidora, millones de litros anuales del líquido son arrojados sin tratamiento al Río Turbio, el cual afluye al Río Lerma y, finalmente, desemboca en el Lago de Chapala en Jalisco. De resultas, SAPAL lleva dos décadas financiando un sistema municipal de tratamiento de agua que no sirve, haciendo uso de las contribuciones ciudadanas.
En un contexto de insuficiencia en el acceso a agua potable para una buena parte de la población, así como de un estrés hídrico en el Valle de León, el SAPAL mantiene las aguas de la ciudad en grados de insalubridad muy preocupantes: vierte a ríos y arroyos aguas residuales de la industria curtidora que no son tratadas en lo absoluto.
De acuerdo con la información presentada en la rueda de prensa “El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y la Industria Curtidora. Principales contaminadores de la Cuenca del Río Turbio”, ofrecida por la organización Acción Colectiva Socioambiental, A.C. el pasado 4 de agosto, el sistema municipal de aguas en León «no trata todas las aguas residuales que recibe la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), pero sí nos cobra el saneamiento».
La Planta fue inaugurada en septiembre del año 2000 con el objetivo de gestionar, tratar y sanear las aguas domésticas de León. Luego en 2009 se finalizaron las obras del llamado Módulo de Desbaste (MD) para gestionar, además, las aguas residuales de la industria curtidora. Sería un proceso de tratamiento distinto y con base en estándares específicos de saneamiento, ya que el agua que resulta de la curtiduría contiene componentes químicos de tipo industrial.
El MD fue inaugurado cuando la industria curtidora era reubicada hacia el suroeste de la ciudad, rumbo a la carretera a San Francisco Rincón, donde se ubica la planta de tratamiento. Ahí mismo, solo divididas por el Arroyo Hondo, la PTAR y el Módulo de Desbaste se conectan respectivamente al colector municipal e industrial de aguas residuales. La reubicación de una gran parte de las curtidurías en parques industriales fue pensada para estar apenas a unos metros de la planta y así facilitar la gestión de sus aguas residuales.
De acuerdo con Acción Colectiva, el lunes 10 de julio recibieron una denuncia ciudadana respecto al vertido ilegal de aguas industriales que empresas de la curtiduría estaban arrojando sin ser tratadas al arroyo las Mulas, justo frente a la PTAR y al Módulo de Desbaste.
Dice la organización: «les sorprendió lo que encontraron», motivo por el cual convocaron a medios de comunicación y dirigen la presente información a la opinión pública.
Foto: Alonso Merino Lubetzky
Industrias arrojan tóxicos al agua de Guanajuato y Jalisco
A lo largo del arroyo Las Mulas, justo entre la planta de tratamiento y los parques industriales, la organización identificó cinco descargas ilegales de aguas tóxicas. A simple vista era posible apreciar cómo había sido reventado ilegalmente el colector industrial para dar libre paso a las aguas químicas de la industria hacia el arroyo y así evitar que llegaran al Módulo de Desbaste.
Estas aguas arrojadas al arroyo Las Mulas, sin filtros o tratamiento alguno, se mezclaban, por un lado, con el agua limpia de lluvia que lleva el afluente y se juntaban finalmente con el flujo del Arroyo Hondo. Parques industriales
Dentro de los parques industriales de la zona se incluyen: Industrial San Crispín, Colonia Piscina con sus industrias curtidoras, Industrial Santa Crocce, Industrial San Jorge, Colonia Morelos con sus industrias curtidoras, Industrial Pamplona, Granja las Amalias colonia con industria y el Polígono Arroyo Hondo. Presuntamente, las industrias de la zona habrían roto el colector industrial, con complacencia del SAPAL.
Otro hallazgo de la organización civil es que el SAPAL no trata todas las aguas residuales que llegan a la Planta y desvía una parte importante del flujo del colector municipal directamente hacia el Arroyo Hondo. En principio la PTAR solo debería recibir aguas domésticas, sin embargo recibe también agua con componentes químicos de la industria que nunca fue reubicada, ampliamente distribuida por toda la ciudad.
«En épocas de lluvia, SAPAL llega a desviar a través de un canal de demasías hasta 3 mil litros por segundo (259 millones 200 mil litros de agua al día); agua sucia que SAPAL no trata y que vierte a los ríos y arroyos, pero que además nos cobra el tratamiento. En época de estiaje, cuando no hay lluvia y cuando hay sequía, SAPAL llega a desviar hasta 166.66 litros por segundo aproximadamente, lo que hace un total de 14 millones 400 mil litros de agua al día. Por lo tanto, podemos afirmar que los usuarios de SAPAL pagamos el saneamiento de esas aguas que finalmente no se tratan».
SAPAL no sólo solapa el vertido de agua industrial altamente tóxica, sin tratamiento, directamente a ríos y arroyos, sino que no sanea la totalidad del agua que llega a su planta municipal más importante, pero sí la cobra a las y los usuarios.
En el arroyo El Guaje, que desemboca también en el Arroyo Hondo, SAPAL dispone sus aguas finalmente tratadas.
Tenemos tres flujos de agua que se juntan en Arroyo Hondo: Las Mulas (contaminada por el colector industrial ilegalmente reventado), el canal de demasías (con el agua municipal no tratada desviada antes de ingresar a la PTAR) y el agua tratada arrojada a El Guaje. Después de ese recorrido, estas aguas tóxicas finalmente se conectan con el icónico Río de los Gómez, que afluye aguas abajo al Río Turbio y cuyo destino final es el Lago de Chapala a través del Río Lerma en Jalisco.
La multimillonaria planta de tratamientos de SAPAL, que cuesta tanto dinero a las y los leoneses, ha servido todos estos años para muy poco. Su objetivo es sanear y tratar aguas residuales que nunca pasan por las plantas y que, por el contrario, se vierten a ríos y arroyos considerados bienes nacionales. Son millones de litros tóxicos que dañan el medio ambiente y la salud de las personas.
Presa El Zapotillo
El proyecto de la Presa El Zapotillo señala que León enviaría el agua saneada de regreso a Jalisco; cosa para la que la ciudad del calzado no está lista.
«Después de tantos años de estar pujando por El Zapotillo, el SAPAL no se encuentra ni cercanamente listo para poder cumplir las expectativas que su trabajo de saneamiento han generado para devolver agua limpia a Jalisco. Es decir, hay un engaño de parte del SAPAL al afirmar que están listos desde hace bastante tiempo para cumplir con sus compromisos y poder devolver el agua de El Zapotillo a Jalisco», dijo Gustavo Lozano en la rueda de prensa.
SAPAL lleva por lo menos 20 años vertiendo agua altamente contaminante en ríos y arroyos propiedad de la nación, pese a que ha prometido no hacerlo invirtiendo millones de pesos en contribuciones ciudadanas. ¿A dónde habrá ido, entonces, todo ese dinero?
¿A dónde va el dinero que se le paga al Sistema de Agua Potable?
De acuerdo con documentos públicos, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el Módulo de Desbaste en conjunto tienen dos entradas por el norte, cada sección con una entrada de aguas que vienen respectivamente del colector municipal y del colector industrial. Los colectores son las alcantarillas que están en teoría divididas para que las aguas químicas de la industria no se mezclen con las aguas orgánicas domésticas.
Pese a que existen dos entradas de aguas con orígenes distintos (domésticos e industriales), sin embargo, sólo hay una salida de agua de la planta, que es la que arroja el agua al arroyo El Guaje.
Al interior de la PTAR hay dos tratamientos para el agua de origen doméstico: el primario y el secundario. La hipótesis que sostiene la organización es que las aguas tratadas con estos dos procesos se mezclan con el agua tratada del Módulo de Desbaste, puesto que no hay manera de que salgan separadas al haber una única salida.
Es decir, hay procesos de saneamiento diferenciados, pero finalmente esas aguas se juntan antes de liberarse. Acción Colectiva se pregunta para qué entonces tener procesos diferenciados si estos van a terminar juntándose.
Por otro lado, en 2018 SAPAL le informó a la SEMARNAT mediante la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), por la que solicitó la autorización del Proyecto No. 11GU2018UD133, que el Módulo de Desbaste era insuficiente para tratar las aguas industriales que recibía, por lo que cabe preguntar qué se hace entonces con el agua contaminante que no puede sanear:
«el Módulo de Desbaste tiene una capacidad actual de tratamiento de 150 litros por segundo. Sin embargo, debido al incremento e instalación de industrias nuevas, así como la conexión del polígono denominado Parque P.I.E.L [al sur de la planta], se hace necesaria la ampliación del Módulo de Desbaste en la PTAR de la Ciudad de León, con la finalidad de tener un sistema que dé saneamiento al total de las descargas de agua residual industrial generadas», dice el proyecto de SAPAL entregado a SEMARNAT.
Falta más. Acción Colectiva agrega información importante respecto al llamado Sitio Disposición Final de Lodos, donde la PTAR arroja los residuos sólidos que resultan del proceso de saneamiento. El agua llega a la planta acompañada de residuos de la curtiduría (grasa, pelaje, recortes de piel, entre muchos otros), así que estos son llevados al sitio de disposición final.
Según sus propios hallazgos vistos a vuelo de pájaro con un dron, el Sitio no está operando como lo estipula el Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de León, cuyo Artículo 136 se establece que el Departamento de Planta Municipal y Desbaste tendrá la obligación de: «operar, mantener y conservar el sitio final de disposición de lodos del proceso de tratamiento».
A decir de Acción Colectiva, su no operación constituye una afectación ambiental en sí misma, puesto que los lodos sin removerse contaminan el aire y pueden infiltrarse como lixiviados al subsuelo llegando también a aguas subterráneas.
Foto: Alonso Merino Lubetzky
Una inversión millonaria sin justificación
La PTAR y el Módulo de Desbaste son operados por la concesionaria ECOSYS III desde que se abrieron las plantas de tratamiento en el año 2000 y 2009. Es decir, que la empresa concesionaria tiene casi 20 años operando, cuyo contrato vence el 22 de septiembre de este año. Frente a ello el director de SAPAL ha dicho que esperan hacerse cargo de su operación y modernización una vez finalizadas las operaciones de ECOSYS III.
Para lograr una entrada triunfal, el organismo de gestión del agua tiene pensado invertir 1,500 millones de pesos, cosa que también se afirmó en sesión ordinaria del Consejo Directivo de SAPAL el 29 de abril del 2020. En dicha sesión, celebrada públicamente vía transmisión en el Ayuntamiento se afirmó que la inversión es de gran importancia para la reactivación económica de León en el marco de la crisis sanitaria de la COVID-19. Según los consejeros, hay una inversión de 900 millones en licitaciones, obras públicas y asignaciones directas del SAPAL.
“Y a esto hay que agregarle -se dijo en la sesión- que vamos a invertir a partir de septiembre que tomemos la planta de tratamiento, más de 1,500 millones de pesos para reconstruir la planta de tratamiento, modernizarla, renovarla y comenzar a poner toda la estructura y la infraestructura de tubería morada que necesitamos para poder reusar el agua.”
SAPAL va a invertir 1,500 millones de pesos en reconstruir la PTAR. Como lo afirmó también su director, Enrique de Haro Maldonado en entrevista con Meganoticias el 16 de julio, diciendo que iban a hacer modificaciones a la planta después de que ejidatarios de Santa Rosa Plan de Ayala denunciaron públicamente la contaminación de sus tierras desde hace más de dos décadas. ¿Coincidencia?
Después de la denuncia de los ejidatarios, Enrique de Haro se deslindó diciendo que esperan a que acabe la concesión de ECOSYS III para tomar las riendas de la planta, puesto que – según dijo- su funcionamiento no era el adecuado. Con justicia Acción Colectiva se pregunta por qué, si sabían del mal funcionamiento de las plantas, SAPAL no rescindió a tiempo la concesión.
No obstante, hace menos de dos años, el 04 de septiembre de 2018, SAPAL le dijo a SEMARNAT en la MIA que la infraestructura del Módulo de Desbaste se encontraba «en buenas condiciones de operación». De acuerdo con las opiniones técnicas que ha recibido Acción Colectiva, una planta como la PTAR o el MD tienen una vida útil de hasta 35 años.
La organización se pregunta, entonces, por qué el cambio de postura: ¿por qué habría que reconstruir una planta que se supone todavía tiene una prolongada vida útil en menos de dos años? ¿Qué tipo de «reconstrucción» amerita un gasto de 1,500 millones de pesos del bolsillo de los leoneses cuando no hace mucho aseguraron que el Módulo de Desbaste funcionaba en óptimas condiciones?
SAPAL, un consejo que no representa los intereses ciudadanos
Apenas unas horas después de la rueda de prensa, SAPAL fijó postura en un comunicado oficial diciendo que «destinará una inversión sin precedentes para optimizar el tratamiento de aguas residuales». El boletín dice que «en el transcurso de los próximos 18 meses, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León destinará alrededor de mil 500 millones de pesos en la reconfiguración de sus plantas de tratamiento y la ampliación de su red de distribución de agua tratada».
En su propaganda SAPAL lleva el pecado: las y los ciudadanos de León han pagado un servicio que paradójicamente no está sirviendo. Puesto que pese a que el organismo de aguas sostiene que «el agua que sale de las plantas de tratamiento que opera SAPAL cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT» sabemos por la evidencia y declaraciones del organismo que millones de litros al año no son tratados porque la planta es insuficiente y otros más son arrojados ilegalmente al sistema hidrológico con plena anuencia de la paramunicipal.
Las decisiones de SAPAL se toman mediante un consejo en el que solo está representado el sector industrial y comercial de la sociedad desde hace por lo menos diez años, con consejeros que renuevan su presencia sólo cambiando la institución a la que representan. No existe, por otro lado, representación alguna de usuarios domésticos y agrícolas, así como tampoco hay presencia de una organización en defensa del derecho humano al agua, como refiere el reglamento del organismo desde 2017.
Tal parece que los consejeros de SAPAL sí se mandan solos y han ocultado información sobre el funcionamiento de las plantas de tratamiento que se supone dan un servicio de clase mundial. La sociedad leonesa tiene 20 años bebiendo, cultivando y utilizando agua altamente tóxica que nunca llega a sanearse, a pesar de que se confía en que este líquido vital es cien por ciento potable pagando mes con mes tarifas engañosas. El agua de SAPAL mata lentamente a familias enteras, ejidos y distritos agrícolas, ríos y arroyos propiedad de la nación.
El pasado 5 de agosto, se llevó a cabo una reunión entre agentes del Estado y familiares de Diana Velázquez Florencio, víctima de feminicidio en 2017 en Chimalhuacán, Estado de México. La finalidad de la sesión era mostrar a la familia los adelantos de la investigación; sin embargo, de acuerdo con Lidia Florencio, madre de Diana, la familia continuó sin tener acceso a la información que hay en la carpeta de investigación.
“Los tres años que llevamos han sido así, sin que nosotros podamos conocer realmente lo que hay en la carpeta […] nos prometen que se la van a dar a la abogada para que ella nos pueda comunicar si hay algo realmente relevante o si son puras promesas, pero no vemos absolutamente nada” afirmó Lidia Florencio.
En apoyo a la familia, mujeres de distintas colectivas feministas del Estado de México y de la Ciudad de México se manifestaron: entre consignas exigieron justicias para Diana y para las mujeres asesinadas en México.
Pese a que la cita originalmente era con el fiscal General ; Alejandro Gómez no se presentó y en su lugar asistieron la fiscal de feminicidios Irma Millán, la subprocuradora de género Dylcia García y el secretario del fiscal.
“Mintieron como siempre porque gobernación nos dijo que nos iba a atender el fiscal y no estuvo. Como siempre tratan de minimizar lo que le pasó a Diana porque para el fiscal hubo algo más importante que el feminicidio de Diana o que los feminicidios que ocurren día a día en México”; aclaró Lidia Florencio.
Otro de los objetivos de la reunión era obtener información sobre el presunto responsable del feminicidio de Diana. El pasado 28 de julio en reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se informó que ya existía una orden de aprehensión, la cual, hasta el momento, es desconocida por la familia de la víctima.
“Hay un detenido, pero no por el feminicidio de Diana, no sabemos quién sea, ni siquiera nos quisieron decir por qué delito lo detuvieron y mucho menos si tienen pruebas para vincularlo con el feminicidio […]. Que nosotros sepamos no existe una orden de aprehensión por el feminicidio de Diana, mientras nosotros no tengamos conocimiento de lo que hay en la carpeta no vamos a creer” dijo Lidia Florencio en entrevista.
Asimismo, Lidia Florencio afirmó que, hasta no obtener la copia de la carpeta de investigación, seguirán en el plantón de familiares de víctimas de feminicidio, frente a Palacio Nacional, el cual lleva un mes.
“Vamos a esperar a que nos digan qué hay en esa carpeta, cuáles son los avances que dicen y pues mientras seguiremos aquí exigiendo justicia”
Después de haber denunciado públicamente el caso paradigmático de Liliana Carrillo González, mujer wixárika de 20 años asesinada por su esposo el pasado 3 de marzo de 2020, así como, las omisiones y violaciones a derechos humanos en las que incurrió la Fiscalía Regional y la Delegación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en la Sierra Norte del estado, al clasificar su feminicidio como un suicidio, organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres evidenciaron nuevamente el contexto de impunidad y riesgo al que ha sido ahora expuesta la familia de la víctima.
Este 6 de agosto, en rueda de prensa, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) México y CLADEM Jalisco, junto con Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas en Zacatecas (este último acompañante legal del caso) denunciaron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la Recomendación 25/2020 por los hechos, sin embargo, ésta contiene información errónea que pone en riesgo la vida e integridad de las víctimas indirectas.
Según advirtieron, además de esperar cuatro meses para que este organismo de derechos humanos se pronunciara al respecto, lo hizo de manera equivocada, al establecer que “la parte quejosa es un familiar de Liliana Carrillo González víctima de feminicidio, cuando en la presentación de la queja la parte quejosa es el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas, A.C”.
Y es que, previamente las organizaciones ya habían señalado que la familia de Liliana comenzó a ser acosada en su comunidad debido al actuar insensible de la Fiscalía Anticorrupción, quienes se encuentran indagando sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos que resulten responsables del actuar negligente en los procesos de justicia para la joven víctima.
Han exigido que la CEDHJ corrija la información y señale correctamente a la parte quejosa, así como, que cuando el organismo emita recomendaciones públicamente, notifique previamente a las víctimas para que éstas conozcan el contenido, ya que, expresaron que si bien fueron “avisadas con una llamada” el material ya había sido difundido y distribuido en medios de comunicación.
Dalia Souza / Zona Docs
El 1 de abril, el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas, A.C. en Zacatecas, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) sobre todas las irregularidades y violaciones a derechos humanos cometidas por la Fiscalía Regional y la Delegación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en la Sierra Norte, en el feminicidio de Liliana Carrillo González, mujer wixárika de 20 años asesinada por su esposo el 3 de marzo de 2020 en Rancho El Bajío, anexo a Pueblo Nuevo 2 Mayehekwa, comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, Jalisco
Según habrían denunciado diversas organizaciones para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, el 9 de julio pasado, luego de una serie de omisiones y negligencias, el asesinato de Liliana habría sido clasificado como un suicidio.
Incluso, tres semanas después de la presentación de la queja, ésta fue ampliada con la información generada en los hallazgos que surgieron durante las diligencias de campo realizadas entre el 16 y el 20 de abril alrededor de su muerte y sobre el actuar de las autoridades ministeriales y forenses.
Pasaron cuatro meses para que por fin este organismo de derechos humanos se pronunciara al respecto, sin embargo, cuando por fin decidió tomar cartas en el asunto, lo hizo de manera errónea y poniendo en riesgo a la familia de la víctima, quien ya habían sido acosa en su comunidad debido al actuar insensible de la Fiscalía Anticorrupción, mismos que se encuentran investigando sobre el actuar de los funcionarios públicos involucrados.
“La familia de la víctima fue llamada por miembros de la comunidad, quienes les amenazaron incluso, con retractarse de los testimonios que de manera libre ofrecieron en las investigaciones de la fiscalía”, advirtió en su momento Mara Muñoz, Directora Ejecutiva del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas A.C.
Lamentablemente, precisaron en conjunto el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM), el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas, A.C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio la Recomendación 25/2020 emitida por la CEDHJ el pasado 4 de agosto, correspondiente al feminicidio de Liliana Carrillo González, mujer wixárica de Jalisco, comete graves faltas en el proceso.
La primera de éstas, consideraron, fue que la CEDHJ “dio a conocer públicamente la Recomendación, difundiéndola en medios de comunicación el 4 de agosto, sin antes establecer contacto con la familia de la víctima y la asesora jurídica”, hecho que lacera directamente los derechos de las víctimas, así como de la parte quejosa.
“… no fuimos notificadas de dicha medida y nos enteramos por medios de comunicación, siendo hasta el día siguiente a las 10:53 a.m. que la asesora legal fue notificada vía correo electrónico, violando con esto el debido proceso y el derecho a decidir sobre la publicidad o no de la misma”.
En segundo lugar, refirieron que la Recomendación 25/2020 contiene información errónea, puesto que, establece que la parte quejosa es un familiar de Liliana Carrillo, cuando en realidad la queja fue presentada por el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas, A.C
Y, en tercer lugar, advirtieron que la CEDHJ “puso en riesgo la vida y la integridad de la familia de la víctima” al hacer pública esta información bajo las condiciones ya expuestas; es decir, al no consultar a las víctimas indirectas y al suscribir datos erróneos.
Habrá que señalar que la Recomendación fue dirigida al Fiscal del Estado, Genaro Octavio Solís Gómez; al Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quezada Esparza; al Presidente Municipal de Mezquitic, César Rolando de la Torre Martínez; y al Presidente Municipal de Huejuquilla el Alto, José Acuña Ruiz, por “violación a la legalidad, al debido ejercicio de la función publica, a la igualdad y no discriminación, al acceso a la justicia, a una vida libre de violencia”.
Por lo anterior señalado, el 5 de agosto las organizaciones presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para garantizar que el actuar de la CEDHJ respete los derechos de las víctimas, así como, para que realice una serie de acciones encaminadas a proveer justicia en el caso de Liliana, pero también, para que las dependencias atiendan las violencias sistemáticas y sistémicas que laceran la vida de las mujeres, expresó Mara Muñoz.
Con ello, señaló que este caso no debe pasar de largo sólo porque ya existe una sentencia condenatoria para el feminicida Gelacio “N”, quien fue vinculado a proceso el pasado 30 de abril; por lo que, exigió a las autoridades que actúen con la debida diligencia en los procesos de justicia y en estricto apego a los derechos humanos y a la perspectiva de género, para que ninguna otra mujer indígena o mestiza sea víctima de violencia o violaciones a sus derechos.
Asimismo, afirmó que este caso no ha sido prioridad para la CEDHJ, puesto que, durante estos cuatro meses y por múltiples razones el tema ha sido descartado, aún y pese a su naturaleza:
“Desde el principio, el caso de Liliana no fue un caso primordial para la CEDHJ a través de estos cuatro meses ha sido omisa, incluso cuando se establecieron medidas cautelares”, sentenció.
Por ello, han exigido:
Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco corrija públicamente la información que emitió en la Recomendación 25/20 correspondiente al feminicidio de Liliana Carrillo González mujer wixárica de Jalisco, aclarando la correcta identificación de la parte quejosa, el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas, A.C.
Que las recomendaciones se hagan públicas, siempre y cuando las victimas hayan sido notificadas y conozcan el contenido de las mismas antes que cualquier medio de comunicación.
Aunado a ello, lamentaron que, pese al perfil del actual Presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, quien fungió en su momento como Defensor de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la respuesta no haya sido proporcional ni congruente en el caso de feminicidio de Liliana, mujer wixárika.
Finalmente, sobre el actuar de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, a quienes se les había requerido realizar una investigación y un estudio sobre la situación de las mujeres en las comunidades indígenas del estado, Guadalupe Ramos, Directora de CLADEM Jalisco, advirtió que las acciones hasta ahora llevadas a cabo por la dependencia no corresponden a la realidad adversa y tampoco atiende la problemática de violencia que enfrentan las mujeres indígenas en Jalisco.
En su opinión y desde la experiencia, expuso que no se trata de políticas públicas reales sino de meros materiales de difusión que, si bien, pueden llegar a ser útiles, parten de un principio de desconocimiento, pues no se tienen insumos documentales o diagnósticos que establezcan los contextos de violencia que enfrentan.
En ese sentido, advirtieron que, al menos se tienen identificados tres casos de feminicidio semejantes al de Liliana, es decir, clasificados presuntamente como “suicidios”.
La organización Comités Cuenca Río Sonora exigió al gobierno seis acciones urgentes para la remediación y justicia en la contaminación de 40 millones de litros de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora en 2014. Ello, ante las promesas incumplidas de las autoridades municipales, estatales y federales respecto del daño ambiental ocasionado por Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea.
En un pronunciamiento urgieron a las secretarías de Salud, Economía y del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua garantizar la limpieza del agua así como que ésta sea suficiente. Los pobladores exigieron monitorear cada uno de los pozos; reubicar los pozos contaminados por los deshechos y la puesta en marcha de las 36 potabilizadoras distribuidas a lo largo del Rio.
El segundo punto es el de la garantía de su salud. En éste pidieron realizar estudios independientes y especializados a lo largo del río Sonora para la avaluación de los efectos de la contaminación en sus cuerpos de agua; asimismo demandaron conocer tales resultados. Además de exigir terminar de construir la clínica de espacialidades en Ures y que la atención se amplíe a Bacanuchi y las las comunidades más alejadas de Hermosillo.
La organización –que aglutina a las víctimas– reiteró que se le tome en cuenta para lograr las peticiones. En el caso de la reactivación económica, pidió su reincorporación para el diseño de un plan que ayude a “recuperar el valor de todo lo producido en la región”; además, que las tierras sean rehabilitadas y sean libres de metales pesados para así tener estabilidad laboral en actividades agrícolas.
Otro punto que resaltaron los Comités fue el de demandar a las autoridades “dejar de privilegiar” la actividad minera respecto de las comunidades, con el fin de dejar de sobreexplotar los recursos naturales como el agua. Porque el gobierno tiene el deber de gobernar para la gente y de “no dejar en manos de las mineras la solución de los problemas públicos”.
También pidieron tener voz y voto en la resolución del rumbo del Fideicomiso Río Sonora hasta que se reparen los daños ocasionados y asegurar un plan de remediación ambiental. Asimismo se pidió la transparencia en el manejo de los recursos del Fideicomiso.
Como último punto, los Comités demandaron el cierre de la presa de jales de la mina, pues su construcción no respetó el derecho de las comunidades a ser consultadas. Todo lo anterior para conseguir “justicia, remediación y no repetición” de los hechos.
Una jueza ordenó al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, comprobar las medidas realizadas para salvaguardar la salud e integridad de personas detenidas en estaciones y estancias migratorias, ante la pandemia de covid-19. Si el funcionario no acata la resolución, puede ser privado de la libertad
Redacción PIE DE PÁGINA
Foto: Instituto Nacional de Migración
Ante las omisiones de las autoridades migratoias sobre los protocolos para prevenir la transmisión de covid-19 dentro de las estaciones y estancias migratorias, la jueza Vicenta Margarita González Vega determinó que el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio López Díaz, deben presentar pruebas contundentes del cumplimiento de esas medidas.
El titular del INM tiene 24 horas para acatar resolución de jueza, de lo contrario podría incurrir en una responsabilidad penal y podría ser privado de la libertad. Los funcionarios serían denunciados ante el Ministerio Público federal por incumplimiento de una resolución judicial.
El 3 de agosto, la jueza de Distrito Vicenta Margarita González Vega y el juez Jair Sandoval Jiménez del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa emitieron la resolución.
Con ello, los funcionarios del INM tienen la obligación de coordinar y vigilar el cumplimiento de 11 medidas establecidas para preservar la vida y la salud de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que se encontraban y se encuentran detenidas en las estaciones migratorias de México.
La resolución de la jueza se dio a conocer este martes, fecha a partir de la cual Francisco Garduño y Antonio López tienen 24 horas para requerir el cumplimiento a las dependencias correspondientes.
Los funcionarios tienen además tres días posteriores para demostrar con pruebas ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa el cumplimiento de la suspensión.
La jueza también ordenó a la Secretaría de Gobernación informar en 24 horas las acciones realizadas para cumplir con la estrategia en apego a los programas sociales existentes, para que las personas migrantes o solicitantes de asilo accedann a beneficios económicos para su sustento durante la crisis sanitaria por covid-19 establecidas en la resolución del 17 de abril de 2020 del amparo 426/2020.
La orden de la jueza obedece a que las autoridades del INM incumplieron con las medidas de suspensión dictadas el pasado 17 de abril dentro del juicio de amparo 426/20201.
El amparo de organizaciones
El 16 de abril de 2020, más de 40 organizaciones de la sociedad civil redactaron un amparo que fue presentado en el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
Las organizaciones se ampararon ante las omisiones del ejecutivo federal, la Secretaría de Gobernación, el INM y la Secretaría de Salud para salvaguardar la salud e integridad de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, detenidas en las estaciones y estancias migratorias del INM ante la contingencia sanitaria por covid.
El 17 de abril, un día después, el juez Arturo Israel Domínguez Adame resolvió un acuerdo a través de 11 medidas a favor de la salud y la vida de la personas migrantes en México. Con ello, el juez identificó la situación de riesgo que enfrentan en la actual pandemia y ordenó al INM implementar protocolos de prevención sanitaria por coronavirus dentro de las más de 58 estaciones y estancias provisionales migratorias.
También ordenó la realización de inspecciones periódicas en esos espacios para verificar que se cumpla con los estándares de respeto a los derechos humanos. Así como el acceso a la información de las personas detenidas sobre las medidas sanitarias nacionales por la pandemia.
Familiares de desaparecidos en el zócalo de la Ciudad de México. Foto: Brigada Humanitaria de Paz Marabunta
Gloria Leticia Díaz / Proceso
Familiares de personas desaparecidas ocuparon este miércoles la plancha del zócalo de la Ciudad de México para mantener viva la exigencia de verdad y justicia para las más de 73 mil víctimas de las que se desconoce su paradero, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Con la consigna de buscar una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los familiares, principalmente mujeres, caminaron sobre la Plaza de la Constitución y advirtieron que así lo harán cada primer miércoles de mes en la capital del país y algunas ciudades de los estados, para “visibilizar” la problemática que arrastra México desde hace décadas.
Solicitaron a López Obrador un encuentro para explicarle las razones de la movilización mensual “frente a su casa y la de quienes gobiernan en el país”, y para que se comprometa a que, al término de cada manifestación, los familiares sostengan un encuentro con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, luego de que éste fue invitado por el mandatario.
En dichas reuniones mensuales, los familiares de personas desaparecidas esperarían que los funcionarios presenten “los planes de búsqueda regional o estatal basados en análisis de contexto para encontrar a nuestros seres queridos desaparecidos”.
Portando fotografías de los ausentes, los manifestantes destacaron en un comunicado que la caminata pacífica que realizarán cada primer miércoles de mes tiene entre sus objetivos evitar que López Obrador “se olvide de que demandamos, reclamamos el cumplimiento de su compromiso con nosotras y nosotros de que nuestros familiares desaparecidos van a ser buscados y localizados”.
Y, tras resaltar que desde 1994 a junio de 2020 suman en México 73 mil 201 personas desaparecidas, reprocharon al presidente que hasta ahora los responsables de “buscar y localizar a nuestros seres queridos están aprendiendo a contarlos, pero aún no tienen idea de cómo buscarlos y encontrarlos”.
De igual manera, detallaron que, si bien hay algunos esfuerzos de búsqueda con resultados, en alusión al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, alertaron que “miles de seres queridos desaparecidos no están siendo buscados ni existe voluntad de hacer las acciones necesarias para encontrarlos”.
Explicaron que prevalece la desesperación porque “las familias hemos trabajado desde hace años en construir herramientas de búsqueda que hemos puesto en manos del gobierno, pero la negligencia, ineficacia y la omisión de los funcionarios no han dejado que funcionen”, recalcaron.
Los manifestantes exigieron “trato digno e incluyente”, por lo que insistieron en su petición de audiencia con López Obrador, y que “comprometa a sus funcionarios y nosotros al fiscal general para buscar y encontrar a los miles de personas desaparecidas cuya ausencia causa dolores profundos en nuestros hogares”.
Ángela padecía diabetes, pero los encargados del centro de rehabilitación le negaron la insulina como castigo. Foto: Especial
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Usuarios de redes sociales se movilizaron a través del hashtag #JusticiaParaAngela para denunciar la muerte de la joven de 15 años, quien se encontraba internada en un centro de rehabilitación cristiano en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León.
De acuerdo con un hilo compartido en Twitter por la usuaria @izajajaj, Ángela, había sido internada en el centro de rehabilitación Casa de Rescate Jesús Salva A.C., luego de que la familia conociera a una pareja de pastores.
En el hilo, la usuaria relata que la familia proporcionaba a los encargados la insulina que Ángela debía tomar todos los días, ya que padecía diabetes tipo 1, y que un día antes del deceso, la encargada había dicho a los familiares que su esposo y pastor se encontraba desaparecido, por lo que era necesario trasladar a las internas a otros centros de rehabilitación.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Usuarios de redes sociales se movilizaron a través del hashtag #JusticiaParaAngela para denunciar la muerte de la joven de 15 años, quien se encontraba internada en un centro de rehabilitación cristiano en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León.
De acuerdo con un hilo compartido en Twitter por la usuaria @izajajaj, Ángela, había sido internada en el centro de rehabilitación Casa de Rescate Jesús Salva A.C., luego de que la familia conociera a una pareja de pastores.
En el hilo, la usuaria relata que la familia proporcionaba a los encargados la insulina que Ángela debía tomar todos los días, ya que padecía diabetes tipo 1, y que un día antes del deceso, la encargada había dicho a los familiares que su esposo y pastor se encontraba desaparecido, por lo que era necesario trasladar a las internas a otros centros de rehabilitación.
De acuerdo con @izajajaj, al día siguiente, los familiares recibieron una llamada de la encargada pidiéndoles que se dirigieran al centro rápidamente, y al llegar encontraron a Ángela tirada en un colchón sin signos vitales.
La usuaria denunció que los encargados del centro no llamaron a una ambulancia ni trataron de revivirla, y que, de acuerdo con la declaración de una de las trabajadoras del centro, la noche del 26 de febrero, el pastor se habría aprovechado de la ausencia del velador para introducir drogas y alcohol al lugar y abusar de las mujeres.
@izajajaj también denunció que, de acuerdo con los testimonios de las otras internas, Ángela no estaba recibiendo su insulina como una medida de castigo.
A cinco meses del fallecimiento de la joven, los usuarios denuncian que aún no están claras las condiciones en las que falleció y que no se han tomado acciones legales en contra de los encargados del centro, los cuales mantienen en funcionamiento dos centros de rehabilitación.
Cd. Victoria. – A las afueras de la planta maquiladora ya no hay las risas, ni los saludos alegres de otros días, ahora entre los trabajadores hay tristeza, desánimo y hasta lágrimas ante la incertidumbre de dónde podrán encontrar un nuevo empleo.
Rosa María Crespo se lamentaba expresando su preocupación: “Lo que me dieron va a durar un par de meses. Tengo una niña que ira a la escuela entonces tengo muchos gastos que hacer por delante”.
“Estoy triste, preocupada, pero de nada sirve estar lamentándome, prefiero ponerme a pensar cómo sacar dinero para vivir mi hija y yo, que vaya a la escuela, pagar renta, luz, agua, comida y demás. A lo mejor me dedico hacer pasteles. Me salen buenos y ya antes he vendido. A ver cómo le hago. Dios que me habrá de socorrer”, dijo.
(Cuartoscuro)
Para José Manuel Maldonado, quien laboró en la planta tres años, también piensa en las alternativas de trabajo y admite que no será fácil encontrar algo.
“En Kemt, la otra maquiladora, también está habiendo recorte de personal. Tendré que volver a agarrar la cuchara y la pala, darle a la albañilería, pero tampoco en eso hay mucho trabajo”, cuenta a La Silla Rota.
“También pienso en jalarme para Reynosa o Nuevo Laredo; allá si es más fácil encontrar trabajo, pero con eso del coronavirus la verdad es que está cabrón. No vaya hacer que me contagie y contagie a mi esposa e hijos solo por unos cuantos pesos más”, apuntó Maldonado.
(Cuartoscuro)
Víctor Arcos, otro desempleado también dice: “A lo mejor es la oportunidad para regresar a estudiar si consiguiera una beca. La verdad es que a mi si me gustaría seguir estudiando para tener una carrera, un mejor trabajo. Pero también necesito trabajar para contribuir al sostenimiento de la casa. Mi papá ya no trabaja por la edad y enfermedad, entonces tengo que ayudar yo pues la pensión que recibe mi padre no alcanza ni para comer un mes”.
Ellos son parte de los mil 100 obreros despedidos de la planta maquiladora APTIV 1, debido a la caída de pedidos de arneses por parte de la empresa Ford.
Los vehículos Ford Fusión y Lincoln MKZ serán retirados del mercado y es por ello que se han dejado de producir arnés para estos con el consiguiente despido de obreros.
La empresa informó hace unos días sobre el recorte de personal en la planta.
“Hemos llevado a cabo un recorte de personal en la planta APTI Victoria 1 de aproximadamente mil empleados, debido a la terminación de la producción de uno de los modelos de nuestros clientes”.
Y agregó a través de un comunicado:
“Estas decisiones no son fáciles, pero son necesarias para preservar las operaciones a largo plazo de APTIV y las decenas de miles de empleos que brindamos en México”.
En México, APTIV tiene 22 plantas distribuidas en siete entidades, en las cuales se generan 40 mil empleos y ante la reducción de los pedidos por parte de las empresas automotrices se contempla un despido de 12 mil trabajadores durante los próximos meses.
La empresa fabricante de autopartes electrónicas para autos tiene cinco plantas en Tamaulipas distribuidas en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria.
Son verdaderas historias de terror, las que contaron los familiares de las más de nueve mil víctimas de desaparición forzada que se cuentan en Jalisco durante la primera caminata de familiares que buscan a sus desaparecidos, las cuales se realizarán el primer miércoles de cada mes en todos los estados del país.
Cientos de personas llegaron a la Glorieta de las y los Desaparecidos, en Guadalajara. Ahí conocimos la historia de Lorena Mercado, madre de Alejandra Montserrat Osorio, una joven madre de 21 años que en 2018 fue a recoger a su hijo del jardín de niños pero nunca llegó por él, aún no regresa a su casa y no hay ningún avance en su carpeta de investigación.
“Hasta que no te toca a ti es cuando te duele y volteas a ver todo este tipo de situaciones, y mientras crees que nunca te va a pasar pero desafortunadamente en mi caso llegó y es un dolor tan grande que no te deja vivir porque se llevaron una gran parte de mi, y la indiferencia de las autoridades y ver que no hacen nada para encontrarlos es lo más doloroso”.
El testimonio que comparte Azucena Gaeta es equiparable a un capítulo de extremo terror y violencia. A su cuñado se lo llevaron de su domicilio en plena madrugada, mientras su esposa e hijos eran testigos del atroz suceso. Esto ocurrió el pasado mes de mayo y a la fecha, tampoco hay novedades de las investigaciones.
“Se lo llevaron de su casa como a las 6:30 de la mañana. Él estaba en su casa y llegaron, quemaron la casa y sacaron a mi hermana, los sacaron a todos, a mi hermana a mis sobrinos y a él, y se lo llevaron a él. -¿Han tenido noticias de él o nula respuesta? Nada, mi hermana fue, la trajeron todo el día hasta en pijama poniendo denuncia y le dijeron que luego le hablaban y nunca le volvieron a hablar”.
Sandra Rivera también fue a la marcha e irá a las todas las manifestaciones que sean necesarias hasta encontrar a su hermano, quien fue desaparecido por unos sujetos que lo subieron a una camioneta en la colonia Guayabitos, en Tlaquepaque.
“Vivimos muertas en vida. Muertas en vida. Que nos escuchen por favor, que nos hagan caso, que se pongan un poquito en nuestro lugar porque este dolor que estamos sintiendo no se lo deseo a nadie, que nos ayuden, que nos ayuden”.
El común denominador entre estos tres testimonios y muchos más que se cuentan por centenares, es que las autoridades no reportan avance alguno en las indagatorias para dar con el paradero de las víctimas de desaparición forzada, no atienden las peticiones de los familiares, como buscar en las cámaras de videovigilancia pública o de establecimientos particulares que puedan dar alguna pista de los responsables de dejar a las familias sin uno de sus miembros, de dejarlos con la zozobra de no saber qué es de los jaliscienses que hacen falta.
Colima, México, Avanzada (05/08/2020).- La secretaría de Educación en Colima adeuda un total de 8 quincenas correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2019, alrededor de 40 docentes federalizados de secundaria.
Los profesores obtuvieron, en septiembre pasado, horas adicionales para impartir sus clases en diferentes secundarias federalizadas, tras un proceso de evaluación donde alcanzaron calificaciones destacadas.
Sin embargo, la secretaría de Educación estatal no les ha pagado las quincenas correspondientes a septiembre, octubre, noviembre, y diciembre de 2019, y hasta el momento, ni el secretario de Educación, Jaime Flores Merlo o el dirigente del SNTE 6, Jaime Núñez, se han interesado por aclarar la situación con los docentes y comprometerse a gestionar sus pagos.
De acuerdo a la información, los afectados han solicitado a la secretaría de Educación el pago correspondiente, pero hasta la fecha no han tenido una respuesta clara, y en cambio, han recibido evasivas por parte de los funcionarios encargados de resolver este problema dentro de la dependencia estatal.
El pasado mes de marzo, la secretaría de Educación anunció que a partir de ese mes se regularizaría el pago de los docentes que obtuvieron horas adicionales en septiembre y octubre y a quienes se les debía la nómina desde esa fecha.
La institución educativa indicó que en un primer momento se pagaría una quincena, y en las próximas semanas saldría una nómina extraordinaria con el dinero correspondiente al adeudo.
No obstante, a los profesores afectados sólo se les cubrió el pago respectivo de las quincenas de enero, febrero y marzo, pero todavía están pendientes las de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Los docentes federalizados expusieron que la situación de la emergencia sanitaria ha complicado que se esclarezca su situación, porque en la secretaria de Educación solo se permite el ingreso del personal que fue citado a realizar algún trámite.
“En marzo anunciaron que se nos pagaría todo lo que nos deben y fue en ese mes cuando se decretó la emergencia sanitaria, y se decretó que se suspendían las actividades escolares. No hemos podido aclarar el tema, porque en la secretaría de Educación no hay respuestas claras, y es desesperante que la institución actúe con poca transparencia hacia nosotros”, declaró una de las afectadas.
CIUDAD DE MÉXICO, 21JULIO2020.- Médicos atienden a pacientes infectados de Covid-19 en pabellones de terapia intermedia y terapia intensiva en el Hospital de Expansión Autódromo Hermanos Rodríguez que cuenta con 8 pabellones de 24 camas y 2 pabellones de terapia intermedia con 26 camas, las cuales suman un total de 218 camas para atender a pacientes que llegan al Área de Urgencias para ser internados en el Hospital. Alrededor de 700 personas son las que laboran entre médicos, personal de limpieza y personal administrativo. La jornada laboral de los médicos se divide en 5 turnos, quiénes entran al Pabellón Respiratorio para utilizar los protocolos de equipo y medidas sanitarias antes de ingresar al Area Covid-19. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
Andrea Vega / Animal Político
Médicos que están cursando su especialidad denuncian que ingresó al hospital psiquiátrico un paciente con Covid, hubo varios contagios y quedó expuesta la falta de preparación para enfrentar el virus.
Hace más o menos dos semanas ingresó al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez un paciente que no presentaba síntomas de infección respiratoria, pero los presentó estando ya hospitalizado en el quinto piso. Tenía Covid. El contacto con él bastó para que otros cinco pacientes se contagiaran, además de tres residentes.
Así lo denuncian médicos de segundo y cuarto año que cursan la especialidad de psiquiatría en este hospital, donde dicen, se ha respondido a la contingencia de Covid de forma improvisada, sobre la marcha, y con lo que se ha podido.
En la institución ya se había dispuesto una zona para enviar ahí a los pacientes afectados con el coronavirus, en el primer piso de la torre de hospitalización, en el ala izquierda.
Hasta hace dos semanas, cuenta uno de los residentes, a quien llamaremos Juan para proteger su identidad, no había ningún paciente ahí. El triage respiratorio a la entrada del hospital, una carpa acondicionada en la intemperie, había sido efectivo. Nadie con síntomas había ingresado.
Pero hace dos semanas, eso cambió. “Llegó un paciente que al parecer no tenía la enfermedad, pero ya estando internado, presentó síntomas, se le hizo la prueba y dio positivo”.
Ese paciente inauguró el área de aislados del Fray Bernardino. “Después tuvimos que ingresar ahí a ocho más, cinco también del quinto piso que estuvieron con él. Y después otros tres, de otros pisos, que también ingresaron sin síntomas y después los presentaron”.
De acuerdo a los residentes, solo el primer paciente contagió a personal del hospital, “a tres compañeros, aunque no tenemos el dato de si también se contagió personal de enfermería, solo sabemos de los residentes porque ellos nos lo comentaron. Las autoridades del hospital no nos dijeron nada y tampoco se nos hizo la prueba a todos los que estuvimos en contacto con ellos”, sostiene Juan.
Jimena, también nombre ficticio, otra de las residentes de segundo año, dice que hay otros compañeros contagiados, al menos cinco, pero no se puede asegurar que hayan adquirido el virus en el Fray Bernardino. De ellos, dos estuvieron hospitalizados en la extensión que se montó en el CitiBanamex.
La residente resume así lo que ha pasado en el hospital frente a la epidemia: “se ha hecho lo mejor que se puede con lo que se tenía, porque no hay protocolos de atención a Covid en centros de atención psiquiátrica, que estén basados en evidencia, ha sido un poco empírico como todo en lo de Covid”.
De ahí se desencadena toda una serie de denuncias que este lunes hicieron públicas los residentes de cuarto año en una carta dirigida a la doctora Rosa María Osiris Pazarán, directora del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, y al doctor Rafael Salín Pascual, jefe de la Unidad de Investigación, Enseñanza y Capacitación.
En esta enumeran una serie de irregularidades, desde que el triage respiratorio es una simple carpa a la intemperie, hasta la falta de material de protección, infraestructura y protocolos en el área de aislados y sobrecarga de trabajo para los médicos que cursan aquí la especialidad de psiquiatría.
Uno de los más grandes problemas, señala “Rosa”, residente de cuarto año, es que como la delimitación de las áreas se hizo de forma improvisada, en la zona de aislados no hay un lugar por donde el personal entre y otro por donde salga. Se entra y se sale por la misma puerta, todavía portando el equipo de seguridad, con el riesgo de contaminación que eso implica. Por ahí también ingresan carritos de comida, de basura y todo lo que haga falta.
Además, el área donde se cambian los residentes, al entrar y salir de donde están los aislados, está delimitada solo por una cortina de plástico. “Está el plástico, lo pasas, ahí está la zona gris donde nos cambiamos, y después ya está la puerta para entrar con los pacientes Covid. Lo ideal sería que en lugar de esa cortina plástica hubiera otra puerta para mayor contención de los agentes patógenos”, explica Juan.
La carta de los residentes también denuncia que esa zona de aislados no se desinfecta de forma adecuada, en especial los fines de semana, cuando hay menos personal de limpieza. “Entre semana sí sanitizan una vez cada 12 horas, más o menos, pero este domingo, por ejemplo, que me tocó guardia tuvimos que pedirles que fueran porque estaba todo sucio y no pasaban”, asegura el residente.
De material de protección dicen que sí hay, pero de donaciones, no porque la institución lo provea. “En este hospital siempre hay carencias, siempre falta material, pero todo se vuelve más visible ahora en pandemia. Lo que tenemos nos lo han donado, y, por ejemplo, lo que falta mucho son los cubre botas, tenemos que usar los gorros para cubrir nuestro calzado, pero eso pasa siempre aquí”, cuenta Jimena.
Otra cosa que pasa siempre y en la mayoría de los hospitales, pero que es peor ahora es la carga de trabajo y de responsabilidad para los residentes, que en sentido estricto son todavía médicos en formación, cursando su especialidad.
En el Fray Bernardino, como en casi todos los hospitales del país, ellos son los que están en la primera línea. “Hay poco personal ahora porque se fueron muchos médicos adscritos de permiso por estar en los grupos de riesgos, así que nos toca a nosotros atender a los pacientes con Covid”, señala Juan.
Una atención que para estos jóvenes médicos implica un doble desafío. “Con los pacientes psiquiátricos es difícil seguir protocolos –subraya Jimena– si es difícil lograr que se quieran bañar, imagínate conseguir que usen el cubre bocas o que respeten la sana distancia. Es muy complejo y eso sube el riesgo de contagios tanto entre ellos como entre nosotros”.
Lo otro es que ellos son residentes de psiquiatría, no tienen todos los conocimientos para tratar a pacientes con insuficiencia respiratoria ni los fármacos ni la infraestructura adecuada.
Por eso en el Fray Bernardino no se puede tener a pacientes intubados, si uno se agrava, es necesario trasladarlo. “Ya fue necesario llevar a uno a otro hospital, y no querían aceptarlo, en ningún lado quieren aceptar a pacientes psiquiátricos por el difícil manejo –cuenta Juan– los compañeros que lo acompañaron anduvieron dando vueltas con él en la ambulancia hasta que lo aceptaron en uno, así que también eso es un problema”.
En el Fray Bernardino se quedan solo los pacientes con Covid que no están graves. “Aquí ni siquiera podemos tenerlos a todos con puntas nasales, porque solo hay una toma de oxígeno. Si se requiere, usamos tanques de los pequeños, que es todo lo que hay”, dice Jimena.
Frente a todo esto es que los residentes solicitan a las autoridades del hospital, a través de la carta difundida hoy: tener un protocolo de seguimiento para los residentes del hospital infectados por COVID-19 y sus contactos, no minimizar signos y síntomas de probable infección, solicitar asesoría por parte de dirección a otros hospitales con mayor experiencia, como el Instituto de Nutrición o el INER.
También sugieren a las autoridades realizar una visita guiada por las instalaciones del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez para conocer el funcionamiento y emitir recomendaciones específicas. Los residentes piden una respuesta a sus peticiones en un plazo de 48 horas.
Animal Político solicitó a la Secretaría de Salud, de la que depende el Hospital Fray Bernardino, una entrevista o una postura ante las denuncias de los residentes, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
El presunto agresor de la activista con la diputada Azucena Cisneros. Foto: Especial
Veneranda Mendoza / Proceso
TOLUCA, Edomex. (apro).- Más de un centenar de organizaciones civiles solicitaron a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acoger al mecanismo de protección a Adelina Paz, activista mixteca líder del ‘Proyecto Urban@s: Por nuestro Derecho a la Ciudad’, en virtud de que fue amenazada por Joel Martínez y Juana Jaramillo, presuntos colaboradores de la diputada local Azucena Cisneros.
No obstante, la legisladora morenista rechazó que Paz o Martínez trabajen para ella, y aseguró que más bien se trata de una campaña de difamación porque no conoce a los señalados.
A través de una carta dirigida a Sánchez Cordero, así como a los presidentes de las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, Rosario Piedra y Jorge Olvera, respectivamente, y al alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, los colectivos –entre ellos Mujeres, Democracia y Ciudadanía, y la Comisión Huairou– indicaron que Joel Martínez Ramírez amenazó a la activista en la Comunidad Potrero del Rey, en Ecatepec.
Detallaron que el proyecto que Adelina lidera instaló el comedor comunitario “Marcelina Bautista” para atender a aquellas personas que perdieron sus medios de sobrevivencia debido a la pandemia de covid-19, y el 28 de julio pasado, durante una asamblea para discutir el fresado de calles, Joel Martínez habría solicitado a Paz “incondicionalidad política”, además de que la acusó de “ignorante con facha de pobre y analfabeta”, y le dijo que mejor debía regresarse a casa a cuidar a sus hijos.
También le habría advertido: “Si no cierras el comedor comunitario, atente a las consecuencias… estoy bien parado con la diputada Azucena Cisneros, quien será la próxima presidenta municipal”.
Al día siguiente, relataron, “personas a bordo de un automóvil Chevrolet Ónix rojo, donde se pudo identificar plenamente a Juana Jaramillo, también operadora política de la diputada en cuestión, invitaron a nuestra compañera a subir al coche, ya que querían hablar con ella a solas; al negarse, bajaron del coche y le ofrecieron que se integre a su equipo de trabajo, que Joel era una excelente persona y que si seguía negándose entonces no le bajarían el programa de vivienda a su comunidad”.
A través de amenazas y coerción política, subrayaron, Joel Martínez y Juana Jaramillo tratan de impedir el ejercicio del derecho a la organización y participación política libre e independiente, “mientras sus manifestaciones violentas, machistas, con la intención de humillar, envilecer, degradar o cosificar van en contra de la dignidad de las personas y contravienen a la Constitución y las leyes en materia de derechos humanos”.
Por ello, exigieron a las autoridades correspondientes su intervención “para que se investiguen los hechos y se garantice el derecho de las mujeres a trabajar en nuestros territorios, libres de coerción política y con respeto a la autonomía de nuestras organizaciones comunitarias, y que además se garantice una vida libre de violencia para las mujeres y niñas”.
Además, responsabilizaron a Martínez Ramírez y a Jaramillo Tapia “de cualquier cosa que pueda sucederle a nuestra compañera Adelina Paz”.
En tanto, la morenista Azucena Cisneros alertó que el señalamiento “es una campaña de difamación tremenda… Las elecciones intermedias están a la vuelta de la esquina, no soy ajena para Ecatepec, pero doblemente lamentable que pudiera utilizarse con esos fines, desde el intento de azuzar a una activista”.
La diputada aseguró que los señalados no trabajan con ella, y precisó que las fotografías en las que aparece al lado de Joel Martínez fueron tomadas durante su informe legislativo, evento al que acudieron mil 500 personas de diversas comunidades de Ecatepec, y no por ello son sus colaboradoras.
“Respondo por mis actos, pero no puedo responder por los actos de vecinos. No soy adversaria de nadie, necesitamos caminar todos juntos porque nadie puede solo en Ecatepec… Es un exceso que intenten involucrarme”, abundó.
“Son diez años de mucha frustración. Pasa y pasa el tiempo y nada. Es frustrante, no es tan fácil, vivir día a día con una frustración tan fuerte. Pensar todos los días: ‘ya a llegar, ya mero llega, ¿podrá ser? Es su cumpleaños, ya va a llegar”, externó Lourdes Hernández Alarcón en el décimo aniversario de privación de la libertad forzada de su hija Pamela Leticia Portillo Hernández.
A sus 22 años, Pamela fue privada de su libertad por militares el 25 de julio de 2010. Tenía dos hijas de 4 y 6 años cuando la desaparecieron. Su caso está inmóvil por la justicia estatal y por la federal, a pesar de que hay personas citadas como testigos.
“Javier se está haciendo como loco (…) quisiera que hiciera su trabajo, espero que de alguna forma entienda que pues, ese es su trabajo, que para está para eso, para hacer justica”, externó en entrevista, Vania Portillo Hernández, la hija mayor de Pamela.
En el décimo aniversario de la desaparición, llegaron a la cruz de clavos Vania de 16 años y Dana de 14. Con ellas iban Lourdes Hernández Alarcón, su abuela y Lucía Hernández Alarcón, su tía que las adoptó legalmente desde que eran pequeñas.
Las dos hermanas, Lucy y Luly, han enfrentado años duros por la ausencia de Pamela Portillo en la vida de sus hijas. Tardaron tres años en decirles que su mamá no estaba en Sonora trabajando, eso les habían contado para evitarles más sufrimiento.
Sin embargo, para las niñas, era importante conocer lo que había ocurrido, sólo a partir del momento en el que les revelaron la verdad en terapia, lograron liberarse y comenzar su propio proceso de fortalecimiento. Hoy su participación es activa en la exigencia de justicia.
En la cruz de clavos y junto a sus nietas, Lourdes Hernández llamó al gobernador Javier Corral a que cumpla su promesa con las familias de víctimas de desaparición en Chihuahua y las busque, a todas.
“Señor gobernador: tú pusiste una comisión de búsqueda estatal, pero no le das recurso suficiente para las búsquedas. Siempre está el mínimo de recursos, así no se pueden hacer búsquedas exhaustivas. ¿Cómo podrían buscar si a veces no tienen completo para la gasolina, para todos los implementos que necesitan?”, denunció con otras madres de personas desaparecidas, al lado.
Reclamó a Corral que lo apoyaron porque confiaron en él, pero ahora, hace el trabajo incompleto: “Yo te pido ahora por mi hija, por todos los desaparecidos, porque haya búsquedas que se tienen que hacer y no se han hecho por falta de recursos.
La directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Ruth Fierro, quien estuvo presente en el acto conmemorativo, dijo que las autoridades federales y estatales pueden y deben resolver el caso porque no han agotado los datos y la información que obra en la carpeta de investigación de la desaparición Pamela Portillo.
“Este es un caso en el que ha habido claramente la intención de las autoridades que participaron en la desaparición forzada, para mantener en la impunidad. Se necesita también la participación de gobierno federal, porque quienes participaron como perpetradores estaban en el gobierno federal y también para ellos es el reclamo, para que asuma su responsabilidad e investigue con la debida diligencia la desaparición de Pamela y de otras personas que han desaparecido”, demando Ruth Fierro.
Lucía Hernández también le envió un mensaje a Corral y le recordó que Pamela dejó dos hijas que la esperan desde hace diez años, diez años en los que no se ha hecho nada por esclarecer el caso ni para buscarla.
“Fue una desaparición forzada por parte de las autoridades, donde hay nombres y no se ha hecho nada porque tal vez los quieren cubrir”, advirtió.
Vania Portillo participó con otras y otros adolescentes en un encuentro regional de desaparición forzada en el norte del país, en 2015, y ahí escribieron textos e hicieron un mural para externar sus emociones y sus demandas.
Vania, quien ahora tiene 16 años, escribió en el encuentro una carta dirigida a César Duarte a un año de que dejara de ser gobernador:
“Lo que yo no puedo entender es porqué usted no tiene los pantalones para venir y dar la cara de lo que usted es responsable, pero nosotros sí tenemos la cara y los pantalones, porque nosotros no tenemos miedo para venir a hacer huelga, para venir a decirle que nos devuelva a nuestros seres queridos, pero ni siquiera hace el mínimo esfuerzo porque a usted lo único que le importa es el dinero y el poder, así que no podemos esperar nada de usted porque lo que en realidad es, es un poco hombre”.
Ahora, recuerda aquella carta que para ellos fue liberadora, pero reclama también que en el actual gobierno no han encontrado justicia. Desde su percepción, el gobernador Javier Corral se ha dedicado a perseguir a Duarte y no ha hecho lo necesario por darles justica a las familias de personas desaparecidas.
“Nosotras no podemos salir a la calle solas o pues sí, no podemos salir sin tener miedo”, expresa Vania.
Lucía Hernández expresó, también en entrevista aparte, su frustración e impotencia porque no se ha hecho nada, pero dijo que las niñas para ella son una bendición.
“Una bendición de que aparte de haber perdido a mi hija (quien murió hace casi dos años). Ellas son mis bendiciones. Yo no renunciaría nunca a ellas, yo las adopté y son mis hijas, no son hijas biológicas, pero son de mis sentimientos, que yo creo que es más fuerte”, lo dice con orgullo.
Ni Dana ni Vania recuerdan bien a su mamá, tienen imágenes vagas que son suficientes para mantenerla viva en ellas. La más pequeña, Dana, dice que lo único que recuerda es un viaje que hicieron con Pamela. Estaban en un hotel y su mamá guardaba el dinero para llevarlas a comer y a pasear.
“Son cosas súper pequeñitas. Para mí son bien importantes, no recuerdo mucho de ella”.
Comparte que los diez años, principalmente cuando ingresaron a la escuela, fueron difíciles. “Mis compañeros de alguna manera se enteraron y me hacían a veces sentir menos por no tener mamá, o que mi mamá nos había abandonado o que éramos huérfanas”.
Las dos han tenido un acompañamiento psicológico que las ha fortalecido, sobre todo cuando entendieron lo que sucedía y la injusticia que como familia han vivido, en medio de un contexto violento que hay en el estado y en el país.
Las dos hermanas han convivido y compartido con otras niñas y niños que viven situaciones parecidas, y aunque para Vania es difícil hablar del tema, ha identificado que cuando necesita hablarlo, “lo suelto”.
Ella tiene ahora 16 años, recuerda que su mamá siempre estaba pendiente de ellas. “A mi me tuvo muy jovencita, tenía 16 años cuando se embarazó de mí. Éramos como hermanas”.
Pamela Portillo
Los sábados eran especiales para las tres. Eran días de hacer pan francés. “Me acuerdo que era: ‘Vania, la miel’. Y yo salía a gorro a la tienda por la miel, porque yo sabía que era día de toste de pan francés y me encantaban los sábados”.
La ausencia de su mamá duele siempre, dice, pero ese mismo dolor le ha mostrado su fortaleza emocional. “Ahora puedo hablar de mi mamá sin llorar al instante, pero sé que donde quera que ella esté, pues está orgullosa de nosotras y pues, la vamos a encontrar. También aprendí que la esperanza es lo último que muere (…) un día va a llegar ella, va a llegar así de la nada y va a ser un reencuentro así súper tierno”.
Campo de soya transgénica en las cercanías del tramo carretero ente Dzibalchén y Hopelchén. El modelo “labranza cero” que impulsan las grandes granjas implica una dependencia total de insumos externos y es posible solo porque la soya es resistente a herbicidas, los cuales se aplican masivamente. Foto: Colectivo Grieta
Colectivo Grieta, 04 de agosto de 2020
Ciudad de México.- La publicidad y el discurso oficial tienden a presentar al mal llamado tren maya solo como un proyecto de desarrollo turístico. A partir de eso el mismo discurso oficial ha tendido a circunscribir los posibles impactos ecológicos y sociales al mero trazo de la vía férrea y, si acaso, a mencionar los terrenos necesarios para la construcción de las estaciones. Sin embargo, el proyecto del mal llamado tren maya se inserta en la lógica de destrucción/despoblamiento- reconstrucción/reordenamiento que impulsa el gran capital, es decir, la destrucción de la vida social, de la cultura de la gente y de su relación con la naturaleza, el despojo de los medios de vida -incluyendo la tierra- y la reconstrucción de acuerdo a los intereses de los grandes empresarios, reorganizando la vida de las personas para que solo produzcan y consuman aquello que da ganancias al capitalismo; quienes no asuman ese modo de vida impuesto no caben en el mundo capitalista. A lo largo de los últimos meses se ha acumulado información sobre cómo el mal llamado “tren maya” busca transformar la producción agrícola de la región suroriental y oriental de México como parte de este proceso continuado de despojo y destrucción. Esta transformación busca destruir la vida campesina para convertir a sus mujeres y hombres en población asalariada, sea en la agroindustria o en las maquiladoras que ya explotan a los trabajadores. Por ejemplo, el Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible ha explicado que existe un fuerte riesgo de desplazamiento de poblaciones locales justamente debido al acaparamiento de tierra y a la destrucción de las agricultura comunitaria de la zona.
El autodenominado “programa agroalimentario” del mal llamado “tren maya” contempla usar la vía férrea para transportar hasta 5,500 millones de toneladas de “carga agroalimentaria”. Si bien este impacto en la región ha sido ocultado en los documentos legales clave como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), al presentar el programa frente al Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados, el titular de turismo del gobierno de la 4T se sinceró: “Andrés Manuel (López Obrador) siempre habló de un tren que si bien en su primera etapa es muy elocuente y es la parte, digamos, muy llamativa, atractiva, inicial del proyecto como un tren turístico, en el fondo es un proyecto integral de desarrollo que incide en todos los sectores y fundamentalmente en la región en el área agroalimentaria”. En esa misma reunión, el funcionario federal detalló que existe incluso un calendario estimado de cómo se intensificaría el tráfico de mercancías entre el 2021 y el 2023.
Pero ¿cuál es el tipo de producción agrícola que se impulsa como parte del proyecto? ¿qué implica para la vida de las comunidades campesinas que allí se encuentran? Por otra parte, resulta revelador que sea hasta ahora (después de la farsa que llamaron consulta, realizada por el gobierno en la que se “aprobó” el megaproyecto) que el gobierno de la 4T reconozca, a cuenta gotas, la intención real de este “tren”: mover más rápido las mercancías. Así lo han reportado los medios cercanos al gran capital donde se han recogido y celebrado los planes del gobierno para construir infraestructura agroindustrial alrededor de las estaciones del tren. Estas instalaciones incluirían plantas frigoríficas y de secado de vegetales y carne, más aún, como detalla el propio gobierno cuando habla frente a diputados o representantes del gran capital se piensa en que el mal llamado tren maya traslade entre otros productos: caña de azúcar, palma aceitera y carne de cerdo.
Protesta contra la granja porcícola de Homún. La manifestación fue realizada el pasado 23 de septiembre de 2019. Foto: Diario de Yucatán.
El que se piense precisamente en el traslado de palma aceitera y carne de cerdo revela que el impacto ecológico y social del proyecto de tren de la 4T es mucho mayor al reconocido en la Manifestación de Impacto Ambiental, pues tanto las plantaciones de palma aceitera como las granjas porcícolas son conocidas por los efectos devastadores en los agroecosistemas de la región. Las granjas porcícolas han sido ampliamente denunciadas por la contaminación que generan, la palma aceitera desgasta brutalmente los suelos, reduce la agrobiodiversidad y ambos sistemas de producción se caracterizan por una explotación salvaje de los trabajadores asalariados; la caña de azúcar altamente demandante de nitrógeno degradaría los suelos de la región en aras del mercado. Un cuarto elemento que entra en juego es el crecimiento de las granjas menonitas que, acaparando tierras al amparo de la reforma salinista al artículo 27 constitucional, han extendido el monocultivo de soya transgénica y ahora también de arroz, incluso desmontando bosque tropical, el monte de los ejidos y comunidades en la península de Yucatán y que es un elemento muy importante en su subsistencia al proveerles entre otras cosas agua, leña, frutos y ocasionalmente animales para la caza en épocas de dificultad. En la cadena de producción de la soya transgénica producida para fines industriales participa de manera importante la empresa Enerall, propiedad de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la presidencia, en patente conflicto de interés. Así la apuesta del gobierno y los empresarios es destruir los sistemas de milpa y de huertos de la región donde se cultivan variedades de calabaza, maíz, frijol, chile, jitomate y frutales -algunas de las cuales son endémicas de la zona maya- que dan alimento a sus comunidades y reemplazarlos por monocultivos comerciales. Tal es el desarrollo prometido por la 4T: acumulación de riqueza para unos cuantos, dilapidación de la tierra y de la vida de los seres humanos para los de abajo.
Maquinaria pesada empleada en la agricultura industrial en Campeche. Los vehículos son de tales dimensiones que ocupan dos carriles en las estrechas carreteras de la región. Los campesinos son transformados en jornaleros o, si acaso, en rentistas que reciben una cantidad minúscula comparada con las ganancias que deja al agronegocio el agotamiento de sus suelos. Foto: Colectivo Grieta.
Por ello, las comunidades indígenas de la región, por ejemplo a través de la Asamblea Muuch’ Xíinbal’, del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, de Guardianes de los Cenotes Kanan Ts’ono’ot y del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil han luchado contra las granjas porcícolas, contra la soya transgénica y el avance de la palma aceitera, incluso desde antes de que el gobierno de López Obrador relanzara el proyecto calderonista del tren. Esta lucha se ha articulado y fortalecido aún más en los últimos meses. Así, en las tierras donde la 4T impulsa el mal llamado tren maya existe un historial de lucha de los apicultores contra el cultivo de soya transgénica y una lucha de los pueblos y comunidades contra las granjas porcícolas altamente contaminantes como en el caso de Homún. Todo ello ha llevado al fortalecimiento de los vínculos entre las comunidades en lucha que se han expresado una y otra vez de forma clara en defensa de su territorio y contra el megaproyecto como lo hicieron en junio de 2019 y más recientemente el pasado 21 de mayo, sumando el apoyo de intelectuales y académicos.
No en balde el proyecto del mal llamado tren maya ha sido caracterizado por GRAIN como un proyecto de “mega zona económica especial” que busca acaparar territorios. Por eso la lucha de los pueblos y comunidades mayas contra el mal llamado tren maya es una lucha por la vida. Los términos del pensamiento mercantil en cuyo horizonte se mueve el actual gobierno y aquéllos a quienes sirve, no pueden conciliarse con la vida de los pueblos. La lucha contra el tren maya fue uno de los ejes de las Jornadas en Defensa de la Tierra y el Territorio “Samir somos Todas y todos”, realizadas del 20 al 22 de Febrero de 2020 y convocadas por la Asamblea en Resistencia de Amilcingo, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, y sigue siendo uno de los ejes de los pueblos en defensa de la vida, como lo plantea la Asamblea Muuch’ Xíinbal’ en su texto del 21 de mayo de 2020:
“NO permitiremos que sigan pisando nuestra dignidad como pueblos originarios: ¡ESTA LUCHA ES POR LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO Y POR NUESTRAS VIDAS!”
Gabriel Soriano/La Jornada Aguascalientes
4 agosto 2020
Hasta el momento, han despedido injustificadamente a dos trabajadores, siete más están en la mira y han ingresado a trabajar otros seis por nepotismo
El manejo por parte del Subdelegación ha sido de manera discrecional y a modo, sin respaldo de superiores
Se manifiestan trabajadores afiliados al Sitissste debido a dos despidos injustificados y siete más en la mira. Denuncian que la delegada administrativa de la institución ha hecho un manejo discrecional de la institución y que sus decisiones no han tenido sustento alguno.
Ayer a las nueve de la mañana parte del gremio de afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (Sitissste) bloquearon la avenida universidad frente al hospital de la dependencia para solicitar la renuncia de Araceli Sánchez Ramírez, delegada administrativa de la institución.
Según Rosa María Bonilla Barrón, secretaria general de la sección 28 del Sitissste, la delegada despidió injustificadamente a dos personas y tiene en la mira a siete más para poder otorgar estos espacios a conocidos y familiares. Detalló también que, desde que está en funciones, han sido a seis conocidos a los que ha contratado y basificado.
Estas dos personas a las que acusan que fueron despedidos injustificadamente ya procedieron jurídicamente y presentaron las demandas y con ello esperarán ser reinstalados a la brevedad.
Pide Sitissste que se atienda esta situación y sean instalados inmediatamente, así como el despido de Araceli Sánchez del Issste ya que señalan que gran parte de la plantilla de trabajadores no está conforme y las decisiones han sido solamente a su voluntad.
“Araceli Sánchez tiene su séquito de trabajadores, queremos que entienda la señora que no es su hospital, que es un hospital público y que, por lo tanto, tiene que atender las sugerencias de los derechohabientes y sindicatos. La señora no sabe administrar bien el hospital y realizar sus funciones”, señaló Bonilla Barón.
Cuitláhuac Sánchez Heredia, suplente general del Sitissste, señaló que ha habido irregularidades en la administración de Araceli Sánchez pues, a pesar de que esta afirma que sus funciones están respaldadas, se han hecho de manera discrecional.
Gabriel Soriano/La Jornada Aguascalientes
4 agosto 2020
Cerca de 80 pacientes están en lista de espera para tener medicamentos
Pacientes que siguen pagando la cuota del Issste siguen sin recibir medicamentos
Denuncian pacientes con cáncer que en el Issste no hay medicamentos para tratar su cáncer, hay insensibilidad por parte de algunos de los funcionarios que laboran en el hospital.
Desde el año pasado, ha sido constante la queja de familiares de pacientes con cáncer ya que denuncian que, en todos los hospitales, IMSS e Issste, hay una falta de medicamentos e incluso obligan a que pacientes los compren ellos mismos.
Durante las manifestaciones de ayer, pacientes con cáncer de mama se unieron a la protesta ya que señalaron que no hay medicamentos ni los insumos necesarios para su tratamiento.
Laura Elena Sánchez López, una paciente con cáncer, acusó también a Araceli Sánchez Ramírez, delegada administrativa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado, de ser negligente de realizar la compra del medicamento a pesar de que se tiene la solvencia suficiente para hacerlo.
En cambio, según declaró María Dolores Torres, otra paciente con cáncer de mama, afirmó que tuvo un acercamiento con la directora del hospital, Yareli Alejandra Barba Ruiz Esparza, quien amablemente les ofreció una solución para la compra de medicamentos, e incluso funcionarios de la delegación también ayudaron en la compra de medicamentos.
Sin embargo, Dolores Torres señaló que la subdelegada administrativa levantó actas administrativas para sancionar a quienes apoyaron a estos pacientes para que consiguieran sus medicamentos: “Los medicamentos son nuestros derechos, estamos pagando nuestra cuota médica, tenemos años pagándola, yo tengo 35 años de servicio con este derecho a servicio médico, no es justo, falta humanidad”.
Elena Sánchez señaló que son más de ochenta los pacientes con cáncer los que están en lista de espera, a pesar de que este medicamento no tiene que suspenderse pues podría avanzar la enfermedad. Además, también denuncian que no hay falta de insumos pues son ellas las que compran lo necesario para que puedan suministrar el medicamento por medio de catéter.
El motivo que se les ha dado es que no ha habido las licitaciones necesarias para la compra de medicamentos en el ámbito nacional, esto debido al cambio de esquema en su compra como parte de la lucha en contra de la corrupción.
Un niño tomando refresco y con comida chatarra. Foto: Yahir Ceballos.
OAXACA, Oax. (apro).- A horas de que el Congreso local someta al pleno el dictamen para limitar la publicidad de bebidas azucaradas y alimentos chatarra, con el objetivo de contrarrestar la obesidad infantil, 73 organizaciones estatales y nacionales respaldaron la iniciativa para proteger la salud de la niñez y adolescencia.
Dichas organizaciones consideraron oportuno legislar para prohibir a menores de edad la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, porque con la pandemia de covid-19 se ha evidenciado que la tasa de letalidad en México está por encima del promedio mundial.
Para reforzar su dicho, mencionaron que “el gobierno de México ha expuesto que las enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, la diabetes y la hipertensión son la causa principal de que la tasa de letalidad por covid-19 en el país sea tan elevada, y esas enfermedades devienen de la mala alimentación por el alto consumo de bebidas azucaradas y alimentos chatarra”.
La tasa de letalidad por covid-19 entre la población mexicana, subrayaron, es de 10.7 por cada 100 mil habitantes, “lo que coloca a México por encima del promedio mundial –que asciende a 6.2– y como el país con más muertes por cada 100 mil habitantes en América Latina”.
Este miércoles 5 se prevé que el Congreso local vote una iniciativa histórica que busca prohibir las bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico.
Se trata de la adición del artículo 20 bis a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, un asunto que se discute en el Congreso desde hace más de un año, pues se considera que es necesario proteger la salud y la vida de niñas y niños por encima de los poderosos intereses económicos de las grandes empresas transnacionales productoras y distribuidoras de refrescos y alimentos chatarra.
Los promoventes de la reforma recordaron que desde 2016 el gobierno mexicano emitió declaratorias de emergencia sanitaria a todas las entidades federativas del país, ante la magnitud y trascendencia de los casos de sobrepeso y obesidad, así como los casos de diabetes mellitus, que siguen vigentes.
Un estudio del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública, advierte que niños con consumo habitual de bebidas azucaradas tuvieron 2.4 veces más probabilidad de tener sobrepeso; que el consumo elevado de bebidas azucaradas en niños y adolescentes predice ganancia de peso en la edad adulta, y que el consumo de bebidas azucaradas y refrescos se ha identificado como un factor de riesgo importante para diabetes mellitus 2 y síndrome metabólico.
Otro estudio de mortalidad por consumo de bebidas azucaradas encontró que en el mundo 655 mil de las muertes fueron atribuibles a ese consumo, incluidos 369 mil por diabetes, 258 mil por enfermedades cardiovasculares y 28 mil por diferentes tipos de cáncer. En México, seis de cada 10 muertes se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas en adultos de menos de 45 años.
Por tal razón, 73 organizaciones firmaron un pronunciamiento donde piden a los legisladores ponderar la salud y la vida de la infancia oaxaqueña por encima de los intereses económicos de la industria alimentaria, y votar a favor del dictamen.
Colima, México, Avanzada (03/08/2020).- La Policía Estatal desalojó la madrugada del sábado a un grupo de inconformes que desde el pasado primero de julio instalaron un plantón en contra del gobernador, Ignacio Peralta Sánchez a quien responsabilizan de los altos índices de violencia y de diversos actos de corrupción.
De acuerdo a información que a través de las redes sociales han compartido los propios manifestantes, alrededor de las 4 de la mañana del sábado 2 de agosto, elementos policiacos llegaron a Casa de Gobierno y comenzaron a retirar las casas de campaña de los manifestantes, así como las diversas lonas donde denuncian algunos de los asesinatos que han ocurrido en la entidad.
Personal dentro de la propia corporación policiaca confirmó el operativo y señaló que éste se debió porque los manifestantes que se encontraban en plantón permanente estaban obstruyendo las vías de comunicación.
Los denunciantes iniciaron el plantón permanente afuera de Casa de Gobierno desde el pasado primero de julio y entre otras cosas, demandaban la renuncia del gobernador, Ignacio Peralta Sánchez, por permitir y ejercer el abuso de autoridad.
También lo señalaban de diversos actos de corrupción, y de hostigamiento policial en contra de varios de los integrantes del plantón, entre ellos, María Silvia Guardado, y Nazario Garibay.
Los manifestantes expusieron que los elementos policiacos iban fuertemente armados, con capuchas y camiones donde subieron sus pertenencias, mismas que hasta el momento no han podido recuperar.
Los trabajadores en Immokalee, Florida, acostumbrados a luchar por sus derechos laborales durante décadas, enfrentan organizados la invisibilidad ante la pandemia de covid en los campos agrícolas y la indiferencia de gubernamental. “Las autoridades de este país quieren que seamos invisibles”
Texto y foto: Kau Sirenio/ PIE DE PÁGINA
El movimiento laboral en los campos agrícolas lo construyeron los jornaleros mexicanos y guatemaltecos en Immokalee, Florida. Durante años los caminaron en la costa Atlántico para demandar salario justo y cese al acoso sexual en los surcos. Juntos tuvieron éxito en su demanda, pero están perdiendo la batalla contra la covid 19, porque cada vez son más invisibles en las esferas de los gobiernos estadounidense, mexicano y guatemalteco.
“De los fallecidos ninguno es de Immokalee, según el departamento de Salud del condado de Collier. No es raro que esto suceda, porque el gobierno de Florida nos ha hecho invisibles. En su data institucional vemos que no hay información confiable. No sabemos cuántas personas de Immokalee han fallecido. Un reporte externo del gobierno que salió el mes pasado indica que el 33 por ciento de los enfermos hospitalizados en Naples son de Immokalee. ¿Cuántos muertos hay en Immokalee?, no lo sabemos”, cuestiona uno de los coordinadores de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, Gerardo Reyes Chávez.
En entrevista, el también locutor de radio Conciencia habla de los trabajos que la Coalición impulsa para hacer frente a la covid 19, además de visibilizar a los enfermos y fallecidos en el condado de Collier. El activista dice que gracias al apoyo de Médicos Sin Fronteras y otra organización de salud los trabajadores pudieron hacerse pruebas de covid.
“Para hacer frente a diferentes situaciones de emergencia, nos organizarnos, porque del gobierno nunca va a llegar el apoyo. Así lo hicimos cuando pasaron dos huracanes en Immokalee. Ahora lo hacemos con la covid. Antes del primer caso en Immokalee, pedimos que se construyera espacio para tratamiento a personas con síntomas grave, y espacio de aislamiento donde la gente permaneciera durante la cuarentena”.
Nacido en la capital de Zacatecas, Gerardo Reyes Chávez llegó a Immokalee hace 20 años como jornalero en el corte de naranja y tomate. Se involucró en el activismo de la Coalición de Trabajadores de Immokalee cuando los obreros de la industria agrícola se movilizaron en una jornada de protesta en contra de las trasnacionales de comida rápida.
El jornalero mexicano relata que entre marzo y abril la Coalición de Trabajadores de Immokalee organizó una campaña con organizaciones afines para que enviaran cartas a los comisionados de la mesa directiva del condado de Collier y al gobernador de Florida. Demandaron atención a los trabajadores ante la contingencia por la covid 19.
“La enfermedad se riega muy rápido y se riega más en comunidades vulnerables”, advierte.
“La comunidad es parte de la pobreza, pero tienen que trabajar porque su actividad es esencial, aunque el salario no les permite ahorrar para lo básico como es la salud. La gente vive al día, para llegar al trabajo viajan en autobuses de 30 a 40 personas. Viven hacinados porque no le alcanza para la renta. Estos factores hacen que nuestra comunidad sea bastante vulnerable en comparación a otras comunidades en el país”.
Immokalee se ubica al suroeste de Florida, su economía se basa en la industria agrícola, aquí se están la mayoría de las compañías productoras de tomate y naranja. En 1995 los trabajadores se organizaron para demandar salario justo. En ese entonces una compañía pagaba por la cubeta de tomate entre 40 y 45 centavos y el salario mínimo apenas llegaba a 4.75 la hora.
Los jornaleros de Immokalee al igual que los trabajadores considerados esenciales en Estados Unidos viven en condiciones paupérrimas. Forman parte de la cadena alimenticia pero sus ingresos son para pasar el día. Además, los brotes de covid se han registrado en las maquilas de costuras de Los Ángeles, California; en las empacadoras de carne Tyson, en Springdale, Arkansas; y en la compañía de Bon Homme, al Sur de Dakota… sólo por citar algunos casos.
Gerardo Reyes dice que Magali Licolli de la organización Venceremos ha denunciado cómo la pollera Tyson, en Arkansas manipula la información para negar el brote de la covid:
“Además de negar el brote de la covid, ni siquiera tienen registro de trabajadores infectados porque no quieren tomar responsabilidad de los hechos. A ellos no les importa a los trabajadores sino la ganancia”.
Reyes Chávez retoma la plática del trabajo que hace la Coalición: “En la comunidad coordinamos con las compañías afines para implementar programa de comida justa; además le hacemos llegar cubrebocas, esto es muy importante porque se distribuye en lugares donde los trabajadores se reúnen para ir a trabajar. La Coalición recibió donaciones de personas y fundaciones que se dedican a gestionar recursos”.
La Coalición empezó en 1993 por un grupo de trabajadores. Se reunían cada semana en un cuarto que le prestó una iglesia local, ahí discutían la ruta que debían seguir para mejorar su comunidad, y la organización.
El activista nacido en Zacatecas agrega: “Las mujeres se organizaron en la reunión de los domingos, para diseñar plan de acción para contener la covid: propusieron confeccionar cubrebocas con las donaciones que recibieron compraron material y empezaron a trabajar en la elaboración de cubrebocas que ahora se distribuye a los jornaleros. Además, impulsaron la campaña anti covid para disminuir el radio de infección y no se saturen los hospitales. Sin embargo, navegamos contra la oposición de los departamentos de Salud del Condado de Collier y del estado de Florida, porque hacemos lo que ellos no quieren hacer”.
Una de las herramientas con que cuenta la Coalición es la radio Conciencia 107.7 de frecuencia modulada donde transmiten música y noticias bilingües. Durante la pandemia la radio fue el instrumento de difusión de medidas sanitarias.
“La radio nos ayuda informar a la gente, desde ahí coordinamos con grupos sociales y conseguido que se hagan más pruebas covid. Pero también nos sirve para que no nos dejen en el olvido. Porque las autoridades de este país quieren que seamos invisibles, sólo una vez han mencionado a los trabajadores de Immokalee y eso porque hicimos ruido con organizaciones y agente que enviaron cartas a buzones del gobierno del estado. Les mandamos cartas para pedirles que ya era tiempo de tener atención médica en Immokalee”, reclama Gerardo.
Agrega: “La información que tiene el departamento de Salud es muy limitada, el número de personas que salió positivo de covid en Immokalee, asciende más de 2 mil 60. En cuestión de fallecidos desconocemos el número. Tenemos que batallar para conseguir información sobre personas fallecidas. La lista que tenemos es muy limitada, porque no hay datos confiables. Porque no se cuenta a las personas fallecidas como de Immokalee, se cuentan como del condado. Otro factor es mueren en los hospitales de Naples u Orlando, porque acá no tenemos hospitales”.
Chihuahua.- De los 500 estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) que habían confirmado su presencia para manifestarse este viernes en las oficinas de la Rectoría contra los altos costos de inscripción, sólo llegaron 23.
Al joven que convocó a la protesta para exigir que se reduzca la colegiatura 50 por ciento, le llamaron de la universidad para pedirle que eliminara la convocatoria difundida en Facebook. también observó que “tumbaron” los enlaces en donde fue compartida.
Así lo narraron los y las estudiantes que, pese al hostigamiento, acudieron al lugar para exigirle a las autoridades universitarias apoyos que respondan a la contingencia sanitaria por Covid-19 y ante la crisis económica que traerá la pérdida de empleos.
Actualmente, un semestre de la UACh cuesta cuatro mil pesos; las becas, denunciaron, son prórrogas disfrazadas y, pese a la cantidad de recursos que obtiene la escuela, se encuentra en los niveles académicos más bajos del país.
Si se toma en cuenta de que la universidad tiene una matrícula superior a los 30 mil alumnos, en puras colegiaturas se recaban 240 millones anuales, más el recurso que obtienen por el impuesto universitario, subsidios y del presupuesto estatal.
Los estudiantes se dijeron molestos con el apoyo que anunció la universidad por la contingencia, el cual es de apenas 80 pesos menos en el pago de su colegiatura.
“Anualmente, tienen una caja de 200 millones de pesos que es dinero que no es auditado. Que no tienen que declarar y pueden hacer lo que quieran con ese dinero. No es un problema de presupuesto, sino de ideología, porque los académicos de universidades como la UNAM, invierten en infraestructura, motivan y gestionan para mejorar, acá no pasa eso, acá no tenemos ni laboratorios. Es un saqueo, un robo porque esos 200 millones de pesos, no se declaran ni se rinden cuentas.
Al lugar se acercó personal de la UACh para invitar a los manifestantes a una mesa de diálogo a fin de llegar a una solución. Para ello, se nombró una comisión de cinco jóvenes, quienes acudieron a la Rectoría a exponer sus quejas.
Los despidos pueden empezar esta semana o la próxima.
Foto: Milenio (Archivo)
Aproximadamente 750 trabajadores de la maquiladora APTIV de Ciudad Victoria están a la espera de “nuevo código” para continuar con línea de producción de Ford y evitar el despido.
Así lo destacó, María Dolores Zúñiga Vázquez, secretaria general del Sindicato Industrial de Trabajadores de Maquiladoras, al señalar que los despidos laborales en la APTIV Victoria no son a causa del coronavirus ni por crisis económica, se dan cada vez que se cierra una línea de producción de la empresa y los trabajadores lo sabían desde diciembre del año pasado.
“Los despidos pueden empezar esta semana o la próxima. Aún no nos informan”.
Es un código que se termina y hay alrededor de 750 trabajadores entre sindicalizados y de confianza que dejarán de laborar.
“Desde diciembre del año pasado nosotros como sindicato ya estábamos enterados que esto iba a pasar y sino llega otro código, el código es la línea de producción que trabajan para Ford, si no llega otro termina eso”, explicó.
“Si no hay negocio la plaza decide liquidarlos. No tiene que ver con la pandemia ni con el sindicato ni con la empresa, nada de eso”, añadió.
Son 2 mil 800 trabajadores en cada plaza tengo entendido de la mía solamente son 800 o 700, entre sindicalizados y de confianza.
Gael escucha música en la sala de su casa. Al principio de la cuarentena se desesperaba por tener que estar encerrado y no poder salir al parque a jugar, poco a poco se ha adaptado mejor a la situación. Foto Duilio Rodríguez.
Texto: Daliri Oropeza*
Fotos: Duilio Rodríguez
Pie de Página
La educación especial, enfocada a personas con discapacidad, es la más oculta de las imposibilidades de un regreso a clases en una nueva normalidad. Después de una difícil adaptación al encierro, hay una serie de brechas que impiden asistir a la escuela. Esta es la historia de la maestra Claudia y su alumno Gael, en Iztapalapa
Gael le dice a Claudia “la maestra chiquita”. Gael tiene el síndrome de Asperger, estudia el cuarto grado en el turno vespertino de la escuela Juan de Mata Rivera, en Iztapalapa. Cuando comenzó a estudiar con Claudia hubo un cambio en su vida, se logró un vínculo y, contra todo pronóstico, ya aprendió a leer.
Practica durante la pandemia con dictados y conjuntos para afianzar el conocimiento. El aprendizaje le toma más tiempo que a los niños promedio. Al vivir con este trastorno, que forma parte de los trastornos del espectro autista, Gael no puede comprender tan fácil porqué no puede ir al parque como antes. Solo piensa en jugar. Le costó adaptarse al encierro y presentó algunas crisis. De esta condición es consiente la maestra Claudia Ivette Segura de la Fuente.
El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que provoca que el cerebro funcione de manera diferente, especialmente en la comunicación e interacción social, así como en la flexibilidad del pensamiento u comportamiento. Características mentales y de conducta que forman parte de los trastornos del espectro autista.
Gael y Claudia se conocieron en esta primaria que se encuentra abajo de la vía del metro de la línea dorada, sobre avenida Tláhuac. Está a un costado de la estación Tezonco. Y al principio, en primer grado, Gael no hacía caso, se salía del salón en plena clase. Conforme avanzó el trabajo de la maestra Claudia permanece adentro e incluso le tomó cariño.
“Tengo la fortuna de trabajar con poblaciones vulnerables, con discapacidad, indígenas y niños con vulnerabilidad”, dice Claudia en entrevista.
La maestra Claudia cumple dos turnos como maestra de educación especial y atiende a 60 alumnos con algún tipo de trastorno o discapacidad. A lo largo de la pandemia les sigue el paso. Elaboró un plan adecuado a cada uno de sus estudiantes, tanto de la Juan de Mata, como de la Primaria Centauro del Norte, también en Iztapalapa, donde da clases por las mañanas.
Gael, juega con Sonic, uno de sus muñecos preferidos. Foto Duilio Rodríguez
El de Gael incluyó juegos, aunque también ejercicios que le ayudan a mantener al concentración y a retener la información para seguir aprendiendo. Su madre, la señora Guadalupe Medina, considera que para las familias que tienen hijos con algún trastorno o alguna discapacidad, ella tiene dos. Además de Gael, cuida a Camila, que tiene un nivel distinto del mismo trastorno: síndrome de Asperger.
El reto a tres niveles de la educación especial… y a distancia
Claudia Segura es maestra especialista en educación especial en discapacidad intelectual. Aunque en su día a día le toca atender de todo. En la mañana enseña a 25 niños con autismo, discapacidad intelectual, discapacidad motriz, algunos en situación de vulnerabilidad, trastorno por déficit de atención, problemas de conducta o de lenguaje.
En la tarde, en la escuela Juan Mata, atiende a 35 niños. Tres de ellos con discapacidad intelectual, uno con parálisis cerebral, varios con trastorno por déficit de atención y conducta; 23 niños p’urhépechas migrantes de Michoacán que considera población vulnerable porque no hablaban español y tres más con autismo. Entre ellos Gael, con el trastorno de Asperger.
La maestra Claudia recalca que su labor como parte de la Unidad De Apoyo A La Educacion Especial E Inclusiva (UDEII) de la SEP no solo es con los estudiantes, sino que su objetivo principal es trabajar en tres niveles: el estudiante, el maestro y la familia. Desde que ella llegó a las escuelas de Iztapalapa, diseñó un plan para cada alumno de la escuela que tuviese una discapacidad o problema de aprendizaje.
“Buscamos que los ambientes escolares sean incluyentes. Al conocer a niños con otras circunstancias, aprenden las diferencias y para ellos es normal que vayan niños con discapacidad. En el horario vespertino los niños tienen una tendencia a ser más incluyentes o normalizar la diferencia”
afirma la maestra
Durante la pandemia se cancelaron muchas de las terapias especiales. Los planes que diseñó desde el inicio del ciclo escolar, los continuó con sus alumnos durante la pandemia por covid 19. Se intentó comunicar con todas las familias, lo logró con muy pocas, incluídas las de los 23 niños p’urhépechas, quienes cree regresaron a su pueblo.
Con Gael no ha perdido la comunicación. Con él y con los demás adaptó los planes de estudio para que pudiesen continuar desde el encierro, considerando que los padres no siempre están presentes o tienen las mejores circunstancias económicas. Trabajó las evaluaciones junto con los maestros titulares.
Claudia, profesora de educación especial, platica con Miguel, uno de sus alumnos que recibe educación a distancia para evitar contagios por covid-19. Foto: Duilio Rodríguez
Esa es su misión como parte de la UDEEI, maestros que de manera rotativa cada tres años, asisten a una escuela para concientizar e impulsar la educación adecuada para las personas que tienen discapacidades, trastornos y problemas de aprendizaje. En tres años lo deben lograr, pues su misión será hacerlo en otra escuela.
“Nuestro trabajo es sensibilizar, cambiar la mente de los agentes educativos para que la escuela sea inclusiva, para que participen más las personas con discapacidad, que aprendan a su ritmo sin discriminación”, recalca la maestra Claudia.
Asegura que en su carrera como Educación Especial, uno de los retos más grandes ha sido el ego de los maestros por sensibilizar sus métodos de enseñanza hacia las personas con discapacidades.
“Una debe tener tacto sensible para llegarle al docente, a los papás. Para hacer esos cambios de forma de crianza, de responsabilidades, es más con los adultos. Los niños son un amor, ¡ellos te enseñan!”, asegura Claudia.
Durante la pandemia, “la maestra chiquita” volcó su vocación a remediar las ausencias de acompañamiento con alumnos, maestros y familiares, ante las carencias de internet, computadoras y de comunicación que impidieron llevarlo a cabo de manera virtual. Entregó directamente las guías a quienes no tienen internet. A los demás les envió lo que flexibilizó de las guías, junto con los maestros, para darle seguimiento al plan de estudios.
“Me ponía a pensar, ¿qué hará Gael si le dan sus crisis de ansiedad en esta pandemia? ¿Qué será si le da por correr de allá para acá?. Al hablar con los papás y sugerirles cosas, una ya se siente más tranquila, saber que una les está logrando apoyar”, dice la profesora.
“Siempre ha estado en comunicación con nosotros y con Gael. Ella se ha ido especializándose en el trastorno (de asperger), en cómo tratarlo. Eso nos gustó mucho porque ahí ve uno su profesionalismo, que le guste lo que hace”, afirma la señora Guadalupe, madre de Gael.
El regreso a clases y los procesos lentos
La maestra está preocupada. En el análisis que ha hecho con sus compañeros de la CNTE no hay condiciones para el regreso a clases.
De por sí, ya cargaba con la preocupación que la pandemia le había dejado, de no poder trabajar de manera directa con los estudiantes y apoyar a los maestros, sin que esto les restara responsabilidades de comunicarse con los papás y los estudiantes.
Los alumnos con discapacidades o trastornos tienen otras necesidades, además de las que tienen los estudiantes promedio. En un contexto cotidiano, hay que entender su ritmo de aprendizaje y con base en ello dejarle actividades de acuerdo a sus comportamientos e incentivar sus relaciones sociales. Además, tienen necesidades distintas de espacio y de atención.
Claudia considera que el tiempo en el que aprenden y la distancia que deben tener no es el mismo que los de otros alumnos. De por sí siempre hay saturación de estudiantes en los salones. Además, un ambiente de distanciamiento social no favorece el que los niños se relacionen.
Las condiciones de higiene no son las mismas para todos los alumnos y eso también es complejo de entender para las niñas y los niños. Claudia describe la situación de calle en la que viven los 23 niños p’urepechas, que a veces se bañan una vez a la semana. Esta marginación debe atenderse con mayor esfuerzo por la pandemia.
La maestra prevé que lo más posible es que tengan que poner de su bolsillo para llevar gel, cubrebocas. Se pregunta si es uno para cada día, para cada niño. Se cuestiona qué van a hacer los que con dificultad llevan cuadernos o lápiz, porque no les alcanza. No cree que piensen en cubrebocas. Se pregunta: ¿como le van a hacer los papás?
“Hay de 30 a 35 estudiantes por salón. Parece que van a entrar de poquitos, las primeras dos semanas. Pero luego, los patios son muy pequeños. ¿Cómo los niños van a formarse para comprar en la cooperativa?, ¿o solo jugar?. ¿Y la clase de educación física? Las relaciones sociales son algo indispensable para los niños. ¿Cómo les vamos a explicar que no se pueden acercar? ¿Cómo lo van a atender?”, se pregunta Claudia.
Gael, muestra uno de muchos dibujos de su personaje preferido. Las paredes de su casa están llenas de hojas con sus dibujos. Foto: Duilio Rodríguez.
Piensa en la sensibilidad que tienen los niños con autismo a la ropa. Piensa en Gael y sus crisis de ansiedad. Tal vez no pueda permanecer mucho tiempo con el cubrebocas.
“No todos los maestros son flexibles. Esa es otra preocupación. Si pueden respetar el ritmo del estudiante a que se adapte. Entender que aprende diferente. Falta flexibilidad de los maestros para atender las discapacidades”, asegura la maestra.
Habla de que los niños y niñas con discapacidades ya se adaptaron a otra normalidad, y ahora tienen que volver a adaptarse a una nueva realidad. Ese proceso pondrá a prueba sus capacidades como estudiantes, pero no solo de ellos: también del resto de los agentes escolares.
No ve condiciones para regresar a clases en la “nueva normalidad”.
Breve dimensión de la educación especial
El maestro Miguel Rodríguez Pinto tiene 25 años dedicado a la educación especial en contextos rurales y semiurbanos en el sur de Jalisco. Ha sido maestro, director, supervisor de los procesos de esta pedagogía. Desde 1994 está la Licenciatura en Educación Especial, cuyo nombre cambió a Educación Inclusiva, en la Normal Rural de Zapotlán.
En ese año también fue el primer Congreso Nacional de Educación Especial. Allí, los maestros democráticos de la CNTE acordaron que “el proceso de transformación de la educación requiere de la estrecha comunicación de todos los actores, activando las fuerzas sociales de todo tipo, y discutirse las decisiones con corresponsabilidad y, sobre todo ,detectar las barreras en lo escolar y familiar”, direccionándola a las personas con discapacidad, al reconocerlas como actores fundamentales de la sociedad.
Miguel recuerda que cuando estudió la primaria no tuvo la oportunidad de conocer a personas con discapacidad. Para él, dedicarse a este tipo de educación es una actividad muy humanizante.
Al ser consciente de la situación de marginación que viven las personas en los 8 municipios de los cuales es supervisor de zona, asegura que la pandemia “vino a a refrescarnos la idea de que, lamentablemente, vivimos en una sociedad tremendamente desigual, en el plano económico y en el terreno de las oportunidades”.
El maestro describe: “Muchos de esos chicos con discapacidad tienen problemas de aprendizaje pronunciados, porque sus padres no le dan importancia a la escuela, porque trabajan en los invernaderos, porque tienen que trabajar para comer. Los dejan con el hermano mayor, con la abuela en el mejor de los casos, porque muchos quedan solos. ¡Imagínate en una pandemia! Son los que quedan más alejados. Esto repercute en el aprendizaje”.
El profesor pide que con la pandemia se haga “una revisión sobre cómo hacerle para que todos los chicos (con discapacidad) tengan un piso parejo, para que puedan beneficiarse de los aprendizajes”.
Miguel hace una reflexión: “Antes era muy difícil aceptar a alguien con discapacidad. Pero a partir de la capacitación de maestras y maestros, de los cambios legales, observo que ahora los maestros de educación básica genuinamente aceptan el derecho de cualquiera de sus alumnos al aprendizaje. Han habido avances en la normalización de las discapacidades”.
La Educación Especial ha estado en disputa en los últimos años. Con la reforma educativa del 2019, y con presión del ámbito empresarial, querían quitar el término y sustutuirlo por Educación Inclusiva. No lo lograron. La responsabilidad de atender la educación de personas con discapacidades sigue en la SEP y, con la pandemia, vuelve a ser primordial la labor de maestras como Claudia.
Epílogo de una pedagogía desde la lentitud
Guadalupe Medina se siente orgullosa de los murales, dibujos, pasos, todos son logros de Gael día a día, porque, aunque sean diminutos, son enormes para él. No solo es luchar contra la pandemia, las desigualdades de oportunidades, económicas, de discriminación, sino demostrar que se puede revertir. Él es consciente de que algún día tiene que trabajar. Algo que se ve posible con el avance escolar con la maestra Claudia.
Gael, Victor (papá), Guadalupe (mamá) y Camila en la sala de su casa. Foto Duilio Rodríguez
Su mamá siempre le dice lo orgullosa que está de sus logros. Asegura que no ha sido fácil tener a sus dos hijos, Gael y Camila, con el mismo trastorno. Ella, junto con su esposo, se han especializado en el síndrome y formaron una Asociación Civil llamada Asperger Caminemos Juntos.
Lanza un llamado a los maestros ante la pandemia y ante el regreso a clases: “Que los profesores aprendan a involucrarse un poco más no solo con chicos con trastorno con autismo sino que se involucren en todos los casos de niños especiales. En su clase no solo van a tener niños comunes, sino muchos casos, que les sorprendería”.
Para Claudia, mientras más gente conozca esta diversidad de capacidades y entienda que hay otros contextos y problemáticas más fuertes que las propias, más se podrá abrir otro panorama mucho más tolerante.
*En memoria de Eva María, con todo el amor por todo lo que aprendí
Autoridades de Unión Hidalgo, Salina Cruz y Juchitán confirman un subregistro de casi 100% en las muertes, respecto a datos de SSO
Juchitán de Zaragoza, Oax.- La pandemia de Covid-19 avanzó de manera silenciosa en el Istmo de Tehuantepec. Mientras las cifras de fallecidos y contagios confirmados apenas se movían en los primeros meses de la emergencia, abonando a la incredulidad de la población, las muertes de gente con los síntomas del virus, pero que no se realizó la prueba, se fueron acumulando.
Al menos así lo señalan autoridades de Unión Hidalgo, Salina Cruz y Juchitán, quienes confirman la existencia de un subregistro de casi 100% en los decesos, respecto a datos oficiales de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).
Según datos de la dependencia, en el Istmo se acumulan 150 fallecidos por Covid-19 en los 48 municipios de la región, desde abril, cuando se presentó el primer caso y la primera muerte en Juchitán; en contraste, en un recuento realizado por EL UNIVERSAL se encontró que sólo en Unión Hidalgo, Salina Cruz y Juchitán se contabilizan 297 fallecidos con sospecha del virus en los últimos tres meses.
Dicho recuento se construyó a partir de las cifras de los gobiernos municipales, desde sus regidurías de panteones. Y fue el incremento de sepulturas, desde la última semana de junio hasta la primera quincena de julio, lo que obligó a las autoridades a implementar estrategias drásticas, y al gobierno estatal, a declarar la región en foco rojo para contener los contagios.
Unión Hidalgo
El 9 de junio, Antonio envió sus condolencias vía WhatsApp a Mariano, su amigo de toda la vida, pues su hermano Alejandro había muerto por Covid-19 en el pueblo de Unión Hidalgo, según le confirmó.
A pesar del diagnóstico, la familia de Alejandro invitó al velorio y al sepelio por los altavoces del pueblo; se resistían a acatar las recomendaciones sanitarias.
Fue precisamente en junio cuando el gobierno municipal observó un aumento atípico de muertes.
César Carrasco Vicente, presidente municipal de Unión Hidalgo, reconoce que esta población zapoteca no queda fuera de los subregistros de muertes. Sobre todo porque hay un sector que se niega a aceptar la existencia del mismo [coronavirus] y se resiste a acudir a los hospitales.
Es por ello que cuando un paciente no vencía la enfermedad, su muerte no se contabilizaba de manera oficial en ningún lado, así que tener los datos de las ocupaciones en los panteones les dio un acercamiento más real.
De manera oficial, los SSO registran en Unión Hidalgo sólo tres fallecimientos y 15 casos de Covid-19, pero la autoridad calcula que podrían ser 50 positivos.
Sobre las defunciones, en mayo, junio y julio han fallecido 35 personas; la mayoría por complicaciones respiratorias y algunas por paros cardiacos, de acuerdo con sus certificados de defunción.
Salina Cruz
Parar la vida de una ciudad portuaria es una labor casi imposible. Así lo ha dicho Juan Carlos Atecas Altamirano, alcalde de Salina Cruz, el municipio que, según los SSO, concentra el mayor número de muertes y contagios de coronavirus en el Istmo, con 317 casos y 55 defunciones.
A esas cifras hay que sumar 30 fallecimientos con sospechas o síntomas de Covid-19 sepultados en el panteón municipal.
Se trata de pacientes que murieron en sus casas y que fueron enterrados sin realizarse la prueba, sin diagnóstico y sin certificado de defunción. Con esta “cifra negra” suman 85 los fallecimientos desde que comenzó la contingencia.
La situación del puerto llegó a tal grado que se saturó el panteón municipal, lo que obligó a las autoridades a acondicionar uno nuevo, donde desde la semana pasada comenzaron a ser ocupadas las tumbas.
Juchitán
Cuando esta ciudad se convirtió en el epicentro de la pandemia en el Istmo, no lo hizo por los datos oficiales de los SSO, que apenas reportan 162 casos positivos y 29 fallecidos.
La emergencia en el reino zapoteca comenzó cuando el subregistro de las muertes, y la necesidad diaria de cavar cada vez más tumbas fue tan escandalosa que no había cómo ocultarlo.
Según las autoridades municipales, al día se llegó a sepultar hasta a nueve personas, cuando no pasaban de cuatro al mes antes de la emergencia. A toda esa muerte se sumaron los brotes en mercados y en el Hospital General Macedonio Benítez Fuentes.
De acuerdo con los datos de la Regiduría de Panteones, del 26 de junio al 30 de julio suman 177 personas sepultadas, de las cuales 130 están relacionadas con el virus; según los SSO, son 31.
En un informe virtual, el edil Emilio Montero dio a conocer que 50 fueron por Covid-19; 12, por sospechas de la enfermedad; 23, por infarto; 14, por deficiencia respiratoria, y siete, por diabetes. Además, 24 personas fueron sepultadas sin datos sobre la causa de muerte, por lo que se consideran inhumaciones clandestinas.
Aun cuando el número bajó la última semana, el 29 y 30 de julio la muerte regresó con furia, pues en dos días fallecieron 16 personas.
Jesús Hernández/Centro Noticias Tamaulipas
2 agosto 2020
Ciudad Victoria.-La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga a elementos de Protección Civil y Bomberos en Reynosa, acusados de haber cometido la violación de una menor de edad dentro de sus instalaciones oficiales.
Trascendió que por ese motivo se abrió la carpeta 774/2020, por el presunto abuso sexual de una menor de edad que viajó con un grupo de rescatistas de la Ciudad de México, para colaborar en el auxilio para damnificados del huracán Hanna.
El caso se ha ventilado a través de varias cuentas de periodistas de la ciudad fronteriza de Reynosa, quienes señalan de prácticas nocivas que se realizan en la dependencia.
“Introducen y consumen bebidas alcohólicas a la dependencia municipal, el Coordinador de este departamento Federico Kiko Pérez, debe renunciar o ser separado de su cargo mientras se realiza la investigación”, dijeron.
Además pidieron “la Alcaldesa Maki Ortiz no puede ni debe permitir este tipo de conductas en esta corporación y en ninguna otra”.
Los periodistas relatan el coordinador de Protección Civil municipal, Federico Pérez Lozano, hospedó en las instalaciones de la dependencia a los rescatistas capitalinos, entre los que estaba la menor de edad.
“En el transcurso de la noche del viernes, varios integrantes del grupo consumieron bebidas embriagantes y posteriormente, según diversas versiones ocurrió el abuso sexual”, citan los periodistas en Facebook.
Sin embargo Pérez Lozano distribuyó un video donde aparece con el responsable del grupo de voluntarios, “Comandante de Operaciones Especiales” de la agrupación a la que pertenecen, quien asegura que el incidente fue un mal entendido.
Incluso firmó un documento donde refiere que los voluntarios ingirieron bebidas embriagantes con un elemento de Protección Civil.
Señala que hubo una queja de “una compañera de nuestra agrupación ” pero que al realizar las investigaciones “resultó que no fue así ” y que se trató de un malentendido. Luego deslinda de cualquier responsabilidad a los elementos de la corporación municipal.
Texto: Ricardo Hernández Ruiz / Foto: CONANP / Pie de Página
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo invitó a competir para el diseño de los pasos de fauna de un tramo del Tren Maya sólo a un grupo de asociaciones relacionadas entre sí. Las organizaciones fungieron como asesoras de la dependencia desde 2019
Servicios Ecológicos y Científicos S.A. de C.V. ganó un contrato de 9.8 millones de pesos para realizar un estudio que diseñe los pasos de fauna necesarios para un tramo del Tren Maya, en una licitación en la compitió sólo contra asociaciones civiles relacionadas al dueño de esta empresa.
El pasado 5 de mayo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) hizo pública la convocatoria a la licitación para adquirir un estudio técnico que defina el número y diseño de pasos de vida silvestre necesarios en los 539 kilómetros del tramo de vías férreas que irán de Tenabó, Campeche, a Tulum, Quintana Roo.
En la convocatoria se estableció que sería una licitación con invitación restringida, por lo que Fonatur decidió convidar a una empresa y cuatro asociaciones civiles: Servicios Ecológicos y Científicos –la beneficiada–, Reserva Ecológica del Edén, Biocenosis, Onca Maya y Naturalia, todas ellas relacionadas entre sí.
Los directores de cada una de estas organizaciones que participaron en la licitación forman parte de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ). Algunos de estos personajes se reunieron sistemáticamente y en privado con Fonatur, desde enero de 2019 y hasta la víspera de la puja, según reconoció Gerardo Ceballos González, quien, al tiempo en que preside aquella asociación civil, se desempeña como socio de la empresa ganadora del contrato.
Las reuniones se llevaron a cabo para “asesorar” al Fonatur en lo relativo a los pasos de fauna y demás temas de impacto ambiental, según Cevallos.
“Tuvimos muchas reuniones, es decir, yo creo que nos reunimos, en promedio, una vez cada tres semanas. En enero de 2019 fue cuando nos empezamos a juntar. Al principio fue muy intenso, para tratar el tema, fueron muchas reuniones y luego menos, cuando ya estaba bien entendido que se necesitaban estudios específicos”, reconoció en entrevista con Pie de Página Ceballos González.
“De inicio empezamos a colaborar con ellos de una manera respetuosa, sin ningún contrato de por medio, y trabajamos no solamente en ayudarles en justificar los pasos de fauna, sino que también hicimos diversos análisis”, ahondó.
Además de Ceballos, se reunieron con representantes del Fonatur otros personajes como Marco Lazcano, director de Reserva Ecológica del Edén, y Óscar Moctezuma, propietario de Naturalia; ambos recibieron la carta personalizada de invitación a participar en la licitación.
Por otro lado, Ceballos asegura que la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar no compitió de manera directa en la licitación pues estaba impedida por no estar dada de alta ante el fisco.
Fonatur, omisa
Luis Miguel del Villar, encargado del área ambiental del Fonatur, admitió que sabían de los nexos entre los invitados a la licitación y que aun así decidieron proseguir con la compra pública.
“Sí, desafortunadamente, sabemos que (Marco) Lazcano –de Reserva Ecológica del Edén– trabaja con Gerardo Ceballos, que fue la empresa que finalmente ganó esa licitación. Ahora, se puede interpretar como una simulación, pero yo creo que aquí lo que tenemos que observar es la experiencia del grupo consultor y, sobre todo, el resultado al que están comprometidos. Con su basta experiencia que tienen, el resultado va a ser favorable para lograr este esquema de lograr la conectividad y, sobre todo, a que el tren no se vuelva una trinchera de la fauna”.
Luis Miguel Del Villar, encargado del área medioambiental de Fonatur
“Lo que te puedo decir es que, por el perfil que requerimos por parte de Hacienda para contratar este tipo de licitaciones, no había muchas empresas disponibles en el mercado. Sí tenemos organizaciones no gubernamentales que se dedican a esto, pero la limitante que teníamos era que fueran empresas, porque el trato que tenemos hacia una empresa es totalmente diferente”, añadió.
Los pasos de fauna
Los pasos de fauna que diseñará la empresa beneficiada servirán para que distintas especies de animales crucen de un lado a otro de donde circulará el Tren Maya.
Ceballos adelantó a este medio los planes que tiene al respecto: habilitar las alcantarillas existentes en el tramo que le corresponde para que por ellas también pueda transitar fauna silvestre. «Si lo hacen, habría miles de pasos de fauna», asegura.
La idea, prosigue el especialista, no sólo es tender puentes elevados o habilitar túneles para el paso de grandes felinos, reptiles, aves como pavo ocelado, hocofaisán y hasta para ganado, sino reconectar los 12 corredores biológicos prioritarios para la conservación del jaguar que hay en la península de Yucatán y han sido zanjados por carreteras y demás vialidades.
Método cuestionable
Por minar la competencia y concurrencia, favorecer la discreción, abrir la puerta a la corrupción y por no garantizar las mejores condiciones de contratación, tanto la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como diversas organizaciones abocadas a la transparencia y las buenas prácticas recomiendan privilegiar la licitación pública sobre los otros dos métodos de contratación: invitación restringida y adjudicación directa.
La propia Secretaría de la Función Pública (SFP), en el documento Correcta planeación de la estrategia de contratación, “exhorta enfáticamente” a no utilizar los procedimientos de invitación restringida por el riesgo a que los convidados no oferten su mejor precio o incluso se concierten entre ellos para fijar el precio.
“Si bien en la invitación a cuando menos tres personas también existe competencia, ésta se distancia de lo que en economía se conoce como el modelo ideal de la ‘competencia perfecta’, al establecer barreras a la entrada de posibles interesados a participar en el procedimiento de contratación”, se lee en el texto.
Fonatur no presentó la justificación de la excepción a la licitación pública.
‘Da a entender que hubo mano negra’
De acuerdo con el acta constitutiva, Servicios Ecológicos y Científicos está conformada por cinco socios, dos de los cuales son expertos en conservación ambiental: el propio Gerardo Ceballos González y Rurik Hermann List Sánchez.
Gerardo Ceballos es experto en ecología animal, biogeografía y conservación de la naturaleza; es Investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias y de las asociaciones Americana de Ecología, Mexicana de Mastozoología y del Sistema Nacional de Investigadores.
En tanto, Rurik Hermann List Sánchez es investigador y del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Lerma, y presidente de la Sección de América Latina y el Caribe de la Society for Conservation Biology.
Por otro lado, la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, presidida por Ceballos y conformada por otros 60 miembros, es una asociación que tiene por misión generar, implementar y promover acciones estratégicas entre los organismos e instituciones involucradas, que contribuyan a la conservación del jaguar y su hábitat en México. Desde hace más de 10 años se ha dedicado a procurar a los cerca de 2 mil 400 de estos animales en peligro de extinción que hay en el país.
Ahora bien, una consultora ambiental que ha trabajado con varios miembros de la Alianza y quien pidió el anonimato calificó a ciertos integrantes por funcionar como un “club de toby”.
“Como experto en fauna silvestre, Gerardo Ceballos sí es un científico reconocido, aunque me preocupa a veces sus posturas ambiguas. Él ha trabajado en el mundo con muchas especies, sabe y conoce bastante de fauna, pero también se manejan como ‘club de toby’. El presidente lo ha criticado a él y a sus colegas, tachándolos de ambientalistas neoliberales, incluso el secretario de Medio Ambiente, (Víctor) Toledo, los ha acusado de corruptos por trabajar para grandes corporativos como Cemex y Telcel. Así que se subieron al ring y quizás una manera de callarlos fue asignándoles la tarea de los pasos de fauna. Pero vuelve a ser pan con los mismo: no es correcto asignar sin hacer la licitación porque da a entender que hubo mano negra; es que no hubo licitación alguna; fue asignación directa como todo lo demás en ese proyecto. Eso es lo que está muy mal”, dijo la fuente.
La entrevistada se refiere a una columna de opinión de Víctor Toledo, publicada el 10 de mayo de 2016 en La Jornada, titulada «Ciencia, ética y ecología» cuando trabajaba como investigador. En el texto critica duramente a ciertos científicos mexicanos por colaborar en “el lavado de imagen de grandes corporaciones”.
“Todo lo anterior ha estado sucediendo puntualmente en México con una particularidad: en el país un desusado número de sus más notables investigadores en ecología se han prestado a apoyar a los principales corporativos de manera acrítica”, lanza Toledo, para luego citar el ejemplo de Ceballos, que entonces era parte del comité científico de Volkswagen.
Esta empresa, evoca Toledo, instaló ilegalmente un software para alterar las mediciones de gases de efecto invernadero en 11 millones de vehículos diésel, escándalo que salió a la luz a finales de 2015.
Aquel texto terminaba con una reflexión: “Frente a esta gran complicidad entre instituciones públicas medioambientales, empresas, corporaciones y renombrados ecólogos mexicanos brotan las preguntas como hongos. ¿Por qué la falta de escrúpulos derrota el rigor académico y la ética ambiental de investigadores famosos? ¿El poder siempre devora el conocimiento? ¿No deberían las instituciones y colegios académicos establecer códigos de ética? Y, en fin, ¿es válida una ciencia sin moral? ¿Una ciencia sin conciencia?”.
Nancy LizetHernández/El Universal SLP
1 agosto 2020
ManpowerGroup informó que, con base en los resultados del Censo Económico 2019, San Luis Potosí se ubicó dentro de las cinco entidades donde más ha crecido la contratación de personal mediante outsourcing, alcanzando un 54% en los sectores de manufactura, servicios y comercio.
En 2019, en la entidad potosina, del total de 786 mil 205 personas ocupadas, 84 mil 589 empleados estaban bajo este esquema.
Los estados que reportan mayor crecimiento en este tipo de contratación son Nayarit, con un 63%; Querétaro, con 66%; Baja California, con 62%; Baja California Sur y San Luis Potosí tienen 54%.
Con base en los resultados publicados por el Inegi, la entidad potosina está también en el top ten de los estados en los que más se contrata a través de una tercerización o alguna empresa externa a la que se le prestará el servicio. La entidad se ubica en la décima posición a nivel nacional.
El primer lugar nacional lo tiene Quintana Roo, con el 35.4%, le sigue Baja California Sur, con 27.8%; Ciudad de México, con 25%; Nuevo León, con 22%; Querétaro, con 21.4%; Coahuila, con 20.9%; Sonora, con 17.9%; Jalisco, con 17.4%; Sinaloa, con 17.2%, y San Luis Potosí, con 17.1%.
En el mapeo nacional, el 17.3% de los trabajadores están dentro de la figura del outsourcing, lo cual asciende a 4 millones 685 mil 356 personas.
Tecuala, Nayarit. Sábado 01 de agosto del 2020.- La falta de agua potable es un problema constante en el municipio de Tecuala, y en la comunidad de San Felipe no es la excepción; pobladores de dicha comunidad aseguran que el encargado de las bombas que abastecen su comunidad no pagó la luz y por lo tanto, se quedó sin el servicio de agua.
Se denuncia que Antonio Medina es un irresponsable y no paga el recibo de la luz por lo tanto la C.F.E. realizó el corte de energía eléctrica dejando sin agua de decenas de familias las cuales no saben qué hacer pues necesitan el servicio y más en estos momentos que las altas temperaturas están haciendo estragos en la zona norte del estado.
Este viernes pasados el juez auxiliar de San Felipe Arnoldo Estrada visitó a las familias afectadas y les pidió una cooperación de ciento cincuenta pesos por toma domiciliaria para poder pagar el servicio de energía eléctrica y así de esa forma se tenga agua en las casas, los usuarios le reclamaron al juez por qué no da la cara el encargado de dar el servicio, y le dijeron que ellos pagan los 30 pesos por mes para tener el servicio, la cooperación que se les pide se les hace injusta, el encargado del agua debe explicar en qué se gasta el dinero Antonio Medina y no era justo que por su irresponsabilidad el pueblo está sufriendo la falta de agua en sus hogares.
Los denunciantes no están dispuesto a pagar ciento cincuenta pesos extras para tener el servicio, ya es tiempo de que las autoridades llamen a cuentas al encargado pues seguido le corta la energía eléctrica a las bombas que abastece de agua a los hogares de San Felipe, pero ven con tristeza que nadie les hace caso, ya acudieron con el secretario de gobierno David Medina Ayala y no les hizo caso, este servidor público jamás escucha las quejas de los ciudadanos.
Se dice que han buscado al edil priista Heriberto López Rojas alias “El Titiyo” pero no lo pueden encontrar, pues les dicen que anda en Estado Unidos arreglando negocios personales, los afectados no tienen apoyo de las autoridades municipales para que ya le pongan un alto a Antonio Medina pues está dando muchos problemas a los usuarios y además se esconde para no dar cuentas claras del dinero que la gente paga mes con mes para poder tener el servicio de agua en sus hogares, ya hasta el juez auxiliar Arnoldo Estrada está sirviendo de cómplice, denuncian afectados, y es quien, aseguran, anda pidieron cooperación para que en San Felipe se tenga el servicio de agua potable.
En todo el municipio sufre por la falta de agua potable, el edil y el director de OROMAPA, Eleuterio Montaño alias, “El Charro” Ponciano no han sabido y no han tenido la capacidad para solucionar un problema tan añejo, la ciudadanía pone de ejemplo playas de novillero lugar en donde solo se tiene agua un día a la semana, así es como trabajan las autoridades municipales en Tecuala la orgullosa.
Residentes calificaron de inútil la línea de atención de la CAPDAM, y señalaron que sólo les contestan cuando preguntan sobre los pagos.
Julio César González Rincón / Diario de Colima
Familias de Las perlas 2 denunciaron que tienen una semana sin el servicio de agua, exponiendo con ello su salud.
Denunciaron a su vez omisión por parte de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (CAPDAM) ya que no está suministrando el servicio, atentando contra la salud y la vida de las personas.
“Una semana sin agua, donde no podemos lavar ropa, usar el baño, ni siquiera bañarnos, y con este calor, sumado a la amenaza del coronavirus, pues están exponiendo nuestra salud y poniendo en riesgo nuestras vidas”, expresó Angélica Zamora.
“Alfaro nos dijiste que el viernes tendrías noticias sobre nuestros hijos, pero es sábado y aún no tenemos nada. Sal y da la cara”, reclamó al gobernador de Jalisco, la madre de Daniel Rodríguez Sandoval, quien desapareció junto con Brayan Eduardo Medina Carrillo, el pasado 18 de julio cuando fueron a trabajar a Teocaltiche, Jalisco.
Su exigencia se dio, una vez más, frente a Casa Jalisco donde ahora el gobernador, Enrique Alfaro, no salió como sí lo hizo el 30 de julio, día en que prometió que tendría respuestas sólidas sobre la localización de ambos jóvenes, pero no pasó nada.
Sin embargo, este 1 de agosto, las madres de Daniel y Brayan, no llegaron solas al que se supone es la casa de las y los jaliscienses, pues en una “Caravana por los desaparecidos de Teocaltiche” se hicieron acompañar por los familiares de Vanesa Liseth Martínez Zepeda y Omar Leonel González Ornelas, quienes también desaparecieron en ese municipio, el 22 de junio.
Los teléfonos celulares de todos estos jóvenes tuvieron como último registro una misma ubicación en la colonia El Tanque en Teocaltiche, pero de la Fiscalía del Estado de Jalisco, les han pedido que les tengan fe porque ya están investigando ese lugar.
Dalia Souza y Darwin Franco/ Zona Docs
“¿De qué nos sirvió que saliera Alfaro el otro día? De nada porque seguimos igual sin saber de nuestros hijos… de qué nos sirven sus reuniones o sus promesas sino investigan nada… quieren que todo lo hagamos nosotros… pero ya les dimos pistas y no vemos nada de resultados”
exclamó con rabia Araceli, madre de Daniel Rodríguez Sandoval, frente a las puertas de Casa Jalisco. A ella fue a quien directamente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le prometió resultados en la búsqueda de su hijo; sin embargo, ella cree que fueron falsas promesas para calmar las manifestaciones que han realizado desde que desaparecieron Daniel y Brayan.
El día que debieron tener noticias sólo tuvieron una reunión el Fiscal General, Gerardo Octavio Solís, y la Fiscal de Desaparecidos, Blanca Trujillo, de la cual no se obtuvo nada:
“ayer estuvimos con ellos, pero haga de cuenta que sólo se sientan ahí a escuchar, pero no nos dicen nada de avances ni qué ha pasado con todo lo que les hemos aportado… en mi caso han ignorado que a mi hijo, Omar Leonel, y a Vanesa, su pareja, los detuvieron los policías municipales… pero ni siquiera han ido a revisar qué pasó con ellos. Dicen que avanzaron porque intervinieron la policía de Jalostotitlán, pero nuestras desapariciones no ocurrieron ahí, sino en Teocaltiche y ahí ni han tocado a la policía”
Dijo con coraje Leonor, madre de Omar Leonel González Ornelas, quien desapareció junto con Vanesa Liseth Martínez Zepeda, el 22 de junio mientras viajaban juntos en un vehículo rumbo a Teocaltiche; según han informado sus familiares, ambos fueron detenidos arbitrariamente por policías y llevados a la comisaría de Teocaltiche donde existen registros de que permanecieron 15 horas en sus instalaciones. Sin embargo, durante las primeras 72 horas, la corporación negó cualquier información sobre su paradero.
“Yo insistí en la reunión con el Fiscal sobre el tema de los policías, pero hacen como si no supieran nada o se hacen que no saben; la Fiscal Blanca tampoco dice nada sobre ese tema, ni tampoco sobre la conexión de nuestros casos con los de los muchachos (Daniel y Brayan), pues sus celulares marcaron como última ubicación una misma colonia, pero no han ido a investigar en la zona… ahí pueden estar los cuatro”, explicó Leonor.
Dicha colonia está a cinco minutos de la Comisaría de Seguridad Pública de Teocaltiche. De acuerdo a los testimonios de las familias de los cuatro jóvenes desaparecidos en Teocaltiche no es casualidad que en esa misma colonia se tengan los últimos registros de los teléfonos celulares, así lo señala Leonor:
“Ya anduvieran ahí investigando, no se vale que no nos hagan caso… no sé por qué no van ahí e investigan, no más se nos quedaban mirando y nos pedían que les tuviéramos paciencia y fe, pero les hemos tenido demasiada paciencia porque cada día que pasa mi hijo, mi nuera y los hijos de las señoras están en riesgo… ahí tienen un punto, así que sólo pido que vayan a investiguen o que me den el papel y yo mismo voy y me meto”.
La presencia de estas familias frente a Casa Jalisco se dio en el marco de la convocatoria: “Caravana para exigir la aparición con vida de Vanesa, Omar, Bryan, Daniel”, a la que se sumaron también integrantes del colectivo Entre el Cielo y Tierra y diversos ciudadanos preocupados por el aumento de las desapariciones en la entidad, las cuales en lo que van del año -conforme al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas- suman 637 desapariciones (555 hombres y 82 mujeres).
“VIVOS SE FUERON, VIVOS LOS QUEREMOS”
La Caravana inició en la Glorieta de las y los desaparecidos de Jalisco y tuvo como punto final Casa Jalisco, sitio que durante esta pandemia ha concentrado múltiples manifestaciones en el estado.
Alrededor de 200 personas se congregaron para marchar juntos a pie, en carro o en bicicleta bajo una misma consigna: “Vivos se fueron, vivos los queremos”, fraseque las familias de Brayan y Daniel han impulsado en las cerca de ocho manifestaciones que han realizado desde que los dos jóvenes dedicados a la compra-venta de chatarra desaparecieron.
A esta convocatoria acudieron las integrantes de la familia Camarena Ávalos quienes buscan a: José de Jesús Martínez Camarena, Oswaldo Javier Ávalos Camarena, Tonatiuh Ávalos Camarena y Ernesto Padilla Camarena, quienes fueron desaparecidos por policías municipales de Ocotlán alrededor de las 10:30 de la mañana del 19 de diciembre de 2019, pero también estaban ahí por Lucero Ávalos Camarena, de 26 años, a quien un par de hombres la subieron contra su voluntad a una camioneta gris tipo Mitsubishi en los cruces de la carretera a Chapala y avenida Periférico Sur en el municipio de Tonalá, el 6 de junio de 2016.
Su madre Guadalupe y la hermana de estos cinco amores desaparecidos, Mayra, marcharon a pie durante todo el recorrido mostrando la foto de cada uno de los hermanos: “¿Cómo quiere que esté?, pero aquí ando buscando a mis muchachos”, contó Guadalupe.
Ella en los cuatro años de buscar a Lucero y en los ocho meses de búsqueda de José de Jesús, Oswaldo Javier, Tonatiuh y Ernesto ha obtenido muy poco de la Fiscalía, sus ministerios públicos y policías investigadores, a quienes cada vez que les pide que vayan Ocotlán a investigar la zona donde pudieron haberse llevado a sus hijos le dicen: “¡Qué allá por seguridad, ni se meten!”, o cuando les ha solicitado realizar un operativo en Puerto Vallarta para seguir una pista sobre un posible paradero de Lucero le señalan: “Tenga paciencia, pronto lo haremos”.
Hasta ahora ninguna de sus peticiones se han llevado a cabo.
En el recorrido de la Caravana por las calles de Guadalajara destacaba la energía y compromiso de niñas y niños que sostenían con fuerza las fotos de sus familiares; entre ellos, estaba Camila que con megáfono en mano encabezó muchas de las consignas.
A sus 10 años de edad, ya sabe lo que es tener un primo desaparecido.
La Caravana concluyó en Casa Jalisco que se encontrada cercada con vallas metálicas; afortunadamente, ahora no mandaron a los granaderos a intentar detener la manifestación por las y los desaparecidos, como sí ocurrió hace una semana; sin embargo, en la primera hora nadie atendió a las familias… después salió un funcionario que de manera despótica señaló que no había razón para estar ahí porque el gobernador Alfaro no se encontraba en Casa Jalisco.
Así que detrás de las vallas de seguridad, las familias desbordaron sus emociones gritando:
“¡Sal Alfaro, por qué no das la cara!”, “¡Qué salga el gobernador a responder qué pasa con nuestros desaparecidos!”, “¡Queremos justicia, justicia, justicia!”
Las familias con plena dignidad insistieron en que no abandonarían la protesta hasta que alguien con rango pudiera escucharles y atenderles; así fue como después de dos horas llegó al lugar la mismísima titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, a la que recibieron con enojo:
“Queremos acciones Fiscal, a nosotros de qué nos sirve su palabrería”, le reclamó Araceli, madre de Daniel.
“Así es, estamos aquí porque no nos han dado información de nada, queremos que nos digan qué están investigando”, le replicó Leonor, madre de Omar Leonel.
A la que la Fiscal contestó:
“Créanme cuando les digo que sí estamos investigando para encontrar a sus hijos, les juro que no es palabrería, no tengo porque mentirles, pero sabemos que nada es suficiente si no encontramos a sus hijos, pero créame que sí estamos trabajando. Incluso, ahora hay un fuerte operativo de 85 personas en Teocaltiche investigando”
Sin dar detalles de dicho operativo aludiendo al sigilo de los casos, la Fiscal Trujillo y su asistente hablaron con cada una de las familias presentes, tomaron notas y agendaron citas para “trabajar personalmente cada caso”, pero Araceli, madre de Daniel, ya no se fia de sus promesas porque eso mismo le dijo el gobernador Alfaro:
“Esperemos sea verdad lo que nos dijo la Fiscal, pero yo ya no me la creo porque hasta ahora de nada me han servido las promesas que el gobernador nos hizo el otro día que sí quiso salir a platicar con nosotros. Ya no queremos promesas, sino acciones”.
Aseguran que es ejercida por parte de grupos de choque ligados al alcalde, Rosendo Anaya
Indígenas de la comunidad de Santiago Mexquititlán, Amealco, denunciaron la violencia ejercida por parte de grupos de choque ligados al alcalde, Rosendo Anaya y a las autoridades municipales por oponerse a las obras que realizan las autoridades municipales a base de engaños.
Señalaron que autoridades municipales están realizando trabajos de remodelación de la plaza pública de la comunidad indígena, donde consiguieron firmas a base engaños a través de un supuesto pase de lista donde hicieron firmar a los habitantes.
Además debido a los trabajos no pueden ocupar el espacio comunitario donde ofrecen diversos productos y es el principal eje económico de la comunidad, incluso en durante la pandemia los habitantes hacen trueques ante la falta de recursos económicos.
Adelina Rodríguez Ramírez, originaria de Santiago Mexquititlán explicó que la problemática fue la agresión que sufrieron los habitantes de parte de las autoridades municipales como delegada, Verónica Sánchez, el acalde Rosendo Anaya y la diputada Verónica Hernández.
“Fuimos agredidas por la delegada y personas enviadas por el Alcalde y no hicieron nada, no estamos conformes con la obra que está realizando en nuestro patrimonio en templo, estamos defendiendo esto porque imponen las cosas y no estamos de acuerdo”.
Sara Hernández, recordó que han denunciado diversas problemáticas como la tala del cerro, el saqueo de agua, las multas excesivas en contra de comerciantes y habitantes.
“El 30 de julio llegaron nuevamente los grupos de choque del ayuntamiento, de Rosendo Anaya, a él lo responsabilizamos de todo lo que está pasando en el pueblo, de la división y de las agresiones que nos han estado dando, golpearon a dos compañeras con un martillo”.
Pidió al gobierno municipal a mostrar los permisos, tanto del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), como de la Diócesis de Querétaro para realizar esta obra.
“Les duele (a las autoridades) que generemos empleo, que generemos trueque, que generemos el bien vivir que no han podido, por eso nos golpean, por eso arremeten contra nosotros… le decimos al ayuntamiento a Rosendo Anaya que no le tenemos miedo, le decimos que sus golpes no dan más coraje y rabia para seguir adelante”, finalizó.
La mayoría de las manifestantes portaban una pañoleta verde a favor de la despenalización del aborto; la SSC-CDMX reportó a una oficial herida.
Un grupo de mujeres marchó este viernes hacia el Zócalo de la Ciudad de México, para protestar por la decisión de la Primera Sala de la Corte de devolver el proyecto que buscaba despenalizar el aborto en el estado de Veracruz.
El contingente salió pasadas las 11 de la mañana del Monumento a la Revolución, avanzó por Avenida 5 de Mayo para llegar al Centro Histórico.
A su paso por Avenida Juárez, las mujeres fueron encapsuladas por policías de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana.
Al llegar a la calle 20 de noviembre, las oficiales impidieron el paso de las manifestantes, las encapsularon y fue cuando se registraron algunos enfrentamientos y jaloneos.
En redes sociales, algunas colectivas feministas han denunciado actos de agresión por parte de la policía capitalina.
La mayoría de las manifestantes iban vestidas de negro y portaban una pañoleta verde a favor de la despenalización del aborto.
“Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”.“Porque no, que te dije que no, pendejo no, mi cuerpo es mío, yo soy mía tengo autonomía”, corearon a su paso.
Edificios y monumentos fueron resguardados con vallas de metal ante el paso del contingente.
En su cuenta de Twitter, la colectiva feminista Las Brujas del Mar reportó que alrededor de 15 elementos policíacos encapsularon a compañeras manifestantes en las inmediaciones de Palacio Nacional y acusaron a los medios de criminalizar la protesta.
En tanto, el Frente Feminista Radical Puebla denunció que las mujeres policías de la Ciudad de México imposibilitaron el legítimo derecho a la manifestación.
“Nuestras compañeras fueron imposibilitadas en su desplazamiento, encapsuladas en varias ocasiones, agredidas y criminalizadas”, expresaron en un comunicado.
Otros colectivos compartieron imágenes y videos donde se observa cómo la policía capitalina bloqueó algunas de las calles que sirven de entrada al primer cuadro de la ciudad.
Reportan una policía con posible fractura
Tras el paso de la manifestantes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX reportó a una oficial con posible fractura de mano.
En un breve mensaje, la dependencia capitalina informó que la policía “resultó lesionada en una mano tras recibir golpes con un martillo por parte de las manifestantes”.
La SSC detalló que la oficial fue atendida por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), y que el diagnóstico es “posible fractura de mano”.
Por su parte, en entrevista para Foro TV, el subsecretario de gobierno de la CDMX, Arturo Medina, informó que hubo saldo blanco tras finalizar la marcha.
El funcionario señaló que tuvieron algunos reportes de atenciones médicas “por caídas o unos raspones” sufridos por las oficiales de la corporación Atenea.
“Hubo dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lesionadas, pero nada grave afortunadamente, cosas que fueron atendidas en el lugar y el detalle de estas lesiones lo podremos dar más adelante, pero no fue nada grave”, señaló.
Medina no aclaró si una de esas dos oficiales es la misma que presenta la posible fractura de mano.
Esta marcha se da luego de que el pasado 29 de julio, los ministros centraron la discusión en si había o no omisión legislativa del Congreso de Veracruz y no se discutió el fondo del proyecto, por lo que el asunto se returnó a otro ministro quien deberá presentar un nuevo proyecto.
Solo el ministro ponente del proyecto, Juan Luis González Alcántara Carrancá votó a favor.
Los cuatro ministros que votaron en contra coincidieron en que la Corte no puede ordenarle al Congreso veracruzano la modificación de una ley, y al existir ésta el congreso no está siendo omiso sobre cumplir su tarea.
A cinco años del multihomicidio de la colonia Narvartepero hasta ahora se ha avanzado en el buen trato, no en la investigación. Foto: Benajmín Flores
Sara Pantoja / Proceso
Ya pasaron cinco años desde el abominable asesinato de cinco personas en el departamento 401 del 1909 de la calle Luz Saviñón, en la Ciudad de México. Conocido como el multihomicidio de la colonia Narvarte, el caso se prolongó entre omisiones de la procuraduría local durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera y fue retomado “desde cero” por la administración de Claudia Sheinbaum, pero hasta ahora se ha avanzado básicamente en el buen trato y la disposición de la autoridad, no en la investigación.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Hasta hace unos meses Gabriela Mejía Negrete sólo sabía que a su madre “le habían dado el tiro de gracia dentro de un departamento” donde cumplía su segundo día como trabajadora del hogar.
Durante años, por estabilidad emocional, no quiso saber nada del llamado multihomicidio de la colonia Narvarte ocurrido en 2015, cuando además de su madre, Alejandra Negrete, fueron asesinadas la maquillista Yesenia Quiroz, la colombiana Mile Virginia Martín, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa.
“Me enteré de que yo estaba embarazada en abril de ese año. Mi mamá y yo teníamos muchos planes para cuando naciera mi bebé. No sabíamos si sería niña o niño, pero me dijo: ‘¿Por qué no le pones mi nombre? Será mi nieto consentido, le voy a comprar sus cosas y lo vamos a bautizar’. Estaba muy emocionada por mi bebé, pero ya no lo conoció. La mataron tres meses después, cuando yo más la necesitaba”, relata en entrevista con Proceso.
El próximo viernes 31, cuando se cumpla el quinto aniversario del crimen, será la primera vez que un familiar de Alejandra participe en las actividades que organizan cada año los deudos de Yesenia, Mile, Nadia y Rubén, junto con su defensa jurídica, para reiterar la exigencia de que la ahora Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México garantice su derecho a la verdad y a la justicia, pues no ha cumplido.
“Voy a participar porque ya no quiero que sólo se hable de mi mamá como la trabajadora doméstica. Quiero que sepan que era una persona que le encontraba la solución a todo. Siempre estaba ahí para ayudar. Era muy alegre y un poco grosera. Nos decía: ‘Ustedes pueden, son chingonas, échenle huevos, esto va a pasar, no sean tontas’. Era muy valiente y honesta. Siempre daba la cara por la familia, aunque ella estuviera mal. Creó un lazo de convivencia entre todos, pero cuando la mataron, se acabó”, recuerda Gabriela.
Días antes de ser asesinada en el departamento 401 del 1909 de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Alejandra dedicó por Facebook a sus tres hijas la canción “Yo te bendigo, mi amor”, de Juan Gabriel. Gabriela la recuerda en los ojos de su hijo, Alejandro, “que son iguales a los de su abuelita”. Hace poco éste le pidió una foto de su madre para ponerla en su casa, lo que ella no había podido hacer por el dolor que sentía. “A pesar de que no la conoció, dice que la amaba mucho y me pregunta ‘¿Por qué se fue? ¿Por qué no baja un ratito del cielo para visitarme?’”.
Y aunque Gabriela no vivió el maltrato que los anteriores procuradores, fiscales y ministerios públicos ejercieron contra los familiares y la coadyuvancia, tiene clara la exigencia para la fiscal Ernestina Godoy: “Que ponga más atención a la investigación. Van cinco años y aún no sabemos qué pasó ni cómo pasó. Sólo buscaron culpables, pero queremos que nos den la verdad, que ya no le den más vueltas y se haga justicia, que no quede como un homicidio más”.
Avances “poco sustantivos”
En su edición 2230 (28 de julio de 2019), Proceso publicó una entrevista con José Luis Quiroz, fiscal de Homicidios de la entonces procuraduría capitalina, quien se comprometió a que la investigación empezaría “prácticamente de cero”. Ofreció “subsanar las omisiones” cometidas por el gobierno del hoy senador Miguel Ángel Mancera y de sus procuradores, Rodolfo Ríos y Edmundo Garrido, e informó que entregó a familiares y abogados una propuesta de Plan de Investigación y de “ruta crítica” para indagar el crimen.
En la misma publicación, los deudos y su defensa reconocieron el cambio de actitud y dieron un voto de confianza al gobierno de Claudia Sheinbaum y a la gestión de Godoy. Sin embargo, un año después, lamentan los pocos avances en lo prometido.
Leopoldo Maldonado, subdirector regional de la organización civil Artículo 19 México y representante legal de la familia de Rubén Espinosa –quien era colaborador de AVC Noticias y Proceso–, asegura que en un año “no ha habido un avance significativo en el acceso a la justicia”. Peor aún, las diligencias se han reducido al envío de “oficios de papel”. No duda: “Ya bajó mucho el interés. Le dieron carpetazo públicamente, aunque jurídicamente el caso está abierto a regañadientes para ellos y sigue generando zozobra a las familias”.
En entrevista, reconoce sin embargo que el trato, el diálogo y la disposición de las autoridades ha mejorado respecto de la etapa mancerista. También ha habido avance, aunque lento, en el peritaje de análisis de contexto de la situación sociopolítica, de agresiones a periodistas y violencia de género, tanto en la Ciudad de México como en Veracruz.
El abogado destaca que el Plan de Investigación y la “ruta crítica” que planteó la autoridad fueron aprobados por todas las partes en septiembre de 2019 y con ello se cumplió un punto de la Recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (hoy de la Ciudad de México).
Añade que de las ocho hipótesis planteadas las “más fortalecidas” son la de la presunta trata de personas, relacionada con Mile y Yesenia, y la persecución política contra Nadia y Rubén desde Veracruz. Ambas, dice, “son atravesadas por la participación de la delincuencia organizada”, pero en ninguna se han hecho las diligencias necesarias para lograr avances concretos.
Agrega que aunque hay disposición del Ministerio Público para ir a Veracruz a realizar diligencias, “sólo manda oficios de ida y vuelta, pero no hay disposición de funcionarios de más alto nivel para que se hagan. Se topan con las propias incapacidades de la institución y las prácticas tan arraigadas de investigar mediante oficios de papel”. Hasta ahora la carpeta de investigación tiene al menos 21 tomos y sigue creciendo.
Maldonado recuerda que la FGJ capitalina no ha aclarado múltiples elementos del caso, como el origen y la operación de las empresas de seguridad privada del entonces secretario de Seguridad en Veracruz, Arturo Bermúdez, y la cercanía de una de ellas con el departamento de la Narvarte; así como el presunto manejo de grupos parapoliciales en aquella entidad. Otro: ¿de quién es el ADN masculino hallado en los instrumentos usados para torturar a las víctimas y las huellas ensangrentadas en el piso de departamento, que no corresponden a Rubén ni a alguno de los tres detenidos?
En cuanto a éstos, hasta ahora sólo Abraham Torres Tranquilino fue sentenciado a 315 años de cárcel, mientras que Daniel Pacheco Gutiérrez y César Omar Martínez Zendejas continúan bajo proceso judicial. No ha habido otra detención ni se han deslindado responsabilidades de servidores públicos de distintos niveles que participaron en la filtración de datos e imágenes del expediente, la violación de evidencias y las omisiones.
Tampoco se ha aclarado el origen de las llamadas telefónicas que los presuntos homicidas recibieron antes, durante y después del crimen, ni se ha indagado a la empresa que contrató a Mile, lo que podría derivar en un caso de corrupción en el Instituto Nacional de Migración.
En resumen, afirma Maldonado: “La violación a los derechos de las víctimas sigue. Y, conforme pasa el tiempo, es claro que la evidencia se ha ido perdiendo y que cada vez será más difícil recabar elementos de prueba que permitan llegar a conclusiones satisfactorias”.
Por si no fuera suficiente, por la pandemia de covid-19 la FGJ redujo un porcentaje de su personal en oficinas, y tanto el Ministerio Público encargado del caso como su secretario fueron afectados por el virus.
Sin resultados, no hay disculpa pública
Patricia Espinosa, hermana de Rubén, explica que los familiares de las víctimas y sus abogados no han aceptado que la FGJ se disculpe públicamente –como lo recomendó la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local–, pues está condicionada al avance en la investigación, y hasta ahora no hay tal. “Aceptar la disculpa sería porque como familias diríamos que estamos en la recta final o que la investigación está cerca de la verdad y la justicia, pero no es así”, sostiene.
Y agrega: “La fiscalía se ha quedado corta, no pasa de la buena voluntad. Desde febrero bajó el ritmo y ahora el caso está parado con el pretexto perfecto de la pandemia”. Por eso la familia de Rubén no ha aceptado la indemnización económica ofrecida por la autoridad. Tampoco ha tenido respuesta satisfactoria sobre el derecho al acompañamiento psicosocial, ni de los “actos de memoria” ofrecidos por la fiscalía, como poner el nombre de las víctimas a una calle de la ciudad o hacer un memorial.
Patricia recuerda que en 2019 tuvieron un acercamiento con Godoy: “Nos prometió que se investigaría todo a fondo, pero en el cambio de procuraduría a fiscalía, a pesar de que es la misma persona, ya no ha tenido ningún pronunciamiento para nosotros. Se supone que estamos en un gobierno de transformación, pero no hay avances… La confianza se pierde porque estamos llegando al mismo punto en que no hacen nada”.
“Complejo”, pero con avances: FGJ
Durante los cinco años que han pasado, la Fiscalía de Homicidios ha tenido cuatro titulares: Marco Reyes –quien recibió el caso y permitió el desaseo de la investigación–, Roberto Aguas, José Luis Quiroz y, el pasado 16 de junio, ya con la fiscalía autónoma, Ernesto López Saure.
Cuestionada sobre los avances de la investigación, la FGJ dice a Proceso en una tarjeta informativa que “el desarrollo del Plan de Investigación ha permitido el abordaje del caso desde un enfoque estratégico”, frente al hecho de que “por el conjunto de hipótesis de investigación reviste el carácter de caso complejo”.
La autoridad agrega que se han revisado “las constancias documentales existentes en la indagatoria”, para no hacer “actuaciones reiterativas o innecesarias”; además de protocolos, estándares, instrumentos y guías para explorar el caso “bajo perspectivas que no habían sido implementadas”.
Según el mencionado documento, también se ha aproximado a “literatura vinculada al enfoque de análisis de contexto” para conocer el entorno específico de cada víctima y se ha acercado a “instrumentos de investigación relativos a hechos de muerte violenta de mujeres, así como al enfoque de género y, con ello, de los protocolos en la materia”.
La FGJ destaca que la elaboración del plan fue producto de un diálogo “franco y abierto” entre la propia dependencia, las víctimas y sus representantes, con la intervención de la CDH local, con lo que se cumplió el primer punto de su recomendación. Asegura que las ocho hipótesis siguen vigentes y que hay un “cambio de enfoque y perspectiva” sobre las actividades profesionales de Rubén Espinosa y Nadia Vera, igual que de los “entornos relacionales” de Mile Martín, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete.
Sobre las diligencias enfocadas hacia Veracruz, la fiscalía cuenta que el Ministerio Público aún “examina” los elementos recabados en la investigación para “reconducir” las diligencias bajo una lógica que deje ver “aspectos que deben ser mejor documentados o precisados” y, con ello, “establecer, desde un punto de vista técnico jurídico, la consistencia de estas hipótesis”. En relación con las diligencias sobre el delito de trata y delincuencia organizada, dice que no es “prudente” informar, “por razones de reserva y confidencialidad”.
La FGJ coincide con los familiares de las víctimas en el sentido de que “conforme se avance, particularmente en la investigación, se darán las condiciones de posibilidad para la realización del acto de disculpa pública”. En tanto, a la fecha ha indemnizado a ocho de 10 víctimas indirectas. Y agrega que, con los deudos, procesa propuestas para la “dignificación de la historia de vida de las víctimas de los lamentables hechos”.
Por lo pronto, familiares de las víctimas, su defensa y diferentes colectivos sociales y culturales preparan una jornada –del lunes 27 al viernes 31– con varias actividades por el quinto aniversario del crimen y para reiterar su exigencia de verdad y justicia.
A causa de la pandemia, las acciones serán sólo virtuales y en redes sociales, entre ellas una galería de fotos y un video, una mesa de diálogo, un pronunciamiento de personajes del arte, un festival artístico y un breve y reducido acto de homenaje frente al edificio de la colonia Narvarte.
OAXACA, Oax. (apro).- Por incumplimiento a la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso de la desaparición del universitario Jesús Israel Moreno Pérez, el Congreso de Oaxaca citó a comparecer al fiscal Rubén Vasconcelos Méndez porque consideró que, con su actitud, compromete la responsabilidad internacional del Estado mexicano.
Mientras, el cuerpo jurídico de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS) y la familia de Jesús Israel Moreno solicitaron que “ante la ausencia de voluntad de la fiscalía de Oaxaca, ésta decline su competencia ante la Fiscalía General de la Republica, de acuerdo con lo establecido en la Ley general de desaparición forzada de personas”.
Y es que, a nueve años de la desaparición de Jesús Israel Moreno Pérez, ocurrida el 8 de julio de 2011, en Chacahua, Oaxaca, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó al Estado mexicano por la impunidad en la que se encuentran los hechos.
Nota relacionada: Nueve años después… no hay avances en el caso de la desaparición de Jesús Israel Moreno Pérez
El Comité determinó la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y destacó en su resolución las omisiones en la investigación, la destrucción de evidencias realizadas por la Fiscalía del Estado de Oaxaca y la ausencia del Estado mexicano de acciones de búsqueda del joven desaparecido.
Igualmente, la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca recomendó en 2016 al Estado de Oaxaca una investigación adecuada de los hechos, la búsqueda de Jesús Israel, la sanción de los responsables y la reparación integral del daño.
Sin embargo, el fiscal Vasconcelos Méndez ignoró la resolución de la ONU y la recomendación de la defensoría.
Ante el incumplimiento de las dos resoluciones por parte del fiscal, el Congreso Oaxaca aprobó, el 28 de julio de 2020, un punto de acuerdo donde pide su comparecencia para que informe sobre las actuaciones que ha desplegado para cumplir con la recomendación 13/2016 emitida por la Defensoría y la sentencia del Juicio 09/2018 emitido por el Tribunal Superior de Justicia.
En ambos casos, cuestionan la negativa de la fiscalía de investigar de manera diligente la desaparición del joven y sancionar a los servidores públicos involucrados.
Igualmente, en el punto se acuerda que el fiscal informe sobre la solicitud realizada por los abogados de IDHEAS.
El director de IDHEAS, Juan Carlos Gutiérrez, y el padre del joven universitario desaparecido, Carlos Moreno, reconocieron el compromiso del congreso de Oaxaca con las víctimas de desaparición de personas al tiempo que solicitaron que al definir el formato de la comparecencia se garantice la mayor difusión del acto por los canales oficiales del Congreso del Estado, que se permita hacer uso de la voz a la familia de Jesús Israel y que se dé seguimiento puntual a los compromisos que el fiscal asuma ante dicha legislatura.
Carlos Moreno manifestó: “Saludo la decisión del congreso de Oaxaca al respaldar a las víctimas de la desaparición de personas, confío en que el congreso exija al fiscal Vasconcelos y a las autoridades locales que se avoquen a la búsqueda en vida de mi hijo; también solicito revisar la actuación de los funcionarios que hicieron posible la ‘verdad histórica’ sobre la presunta muerte de mi hijo y pido al congreso del estado que si el fiscal continúa incumpliendo sus obligaciones se solicite su renuncia”.
Por su parte, el director de IDHEAS, organización que representa a la familia, señaló: “La decisión del congreso de Oaxaca al citar al fiscal del estado sienta un importante precedente de control político frente a la negligencia de las autoridades encargadas de cumplir de buena fe sus obligaciones nacionales e internacionales en materia derechos humanos, y en particular destaca que la actitud negligente de los funcionarios públicos comprometen la responsabilidad internacional del Estado mexicano”.
Un festival cultural fue realizado en la colonia Narvarte para conmemorar el asesinato de Rubén Espinosa, Mile Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quiróz y Nadia Vera. Foto. Sara Pantoja
Sara Pantoja / Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al cumplirse cinco años del multihomicidio en la colonia Narvarte, familiares de las cinco víctimas pidieron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, cumplir los compromisos que asumieron al llegar al gobierno de la Ciudad de México, y sumar recursos humanos y técnicos para resolver el crimen “sin más dilaciones ni excusas”.
En una carta dirigida a ambas autoridades, difundida por la organización Artículo 19 México, familiares de Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Mile Martín, Nadia Vera y Rubén Espinosa solicitan una reunión con ambas funcionarias para que les den a conocer los avances de la investigación.
“La investigación del caso es una tarea compleja que requiere un esfuerzo mucho mayor de parte de ustedes. La amabilidad de su entidad hacia nosotras es bienvenida, pero debe acompañarse de recursos humanos y técnicos que resuelvan el crimen. Por favor no más dilaciones. No más excusas”, resaltan.
En el escrito recuerdan que el 6 de marzo de 2019, casi cuatro años después de ocurrido el crimen, la entonces procuradora general de Justicia y ahora fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, “se sentó con nosotras y se comprometió, entre otras cosas a: 1) conducir la investigación incluyendo la labor periodística de Rubén y el activismo de Nadia, por un lado, y por el otro el posible vínculo con redes de trata de personas como móviles del crimen; 2) a seguir la recomendación 4/2017 de la CDHCM que incluye, entre otros, investigar y sancionar a los responsables de las filtraciones de información”.
No obstante, apuntan, “ya pasó más de un año y se tienen diligencias mínimas y avances nulos en la investigación que no han clarificado ni el móvil, autores intelectuales y otros interrogantes que tenemos sobre el crimen”.
Las firmantes agregan que el pasado 10 de junio la Fiscalía General de Justicia capitalina les propuso crear un micrositio sobre el caso “para reivindicar la memoria de las víctimas”. Pero, “si bien saludamos dicha iniciativa, lo que las familias verdaderamente necesitamos es que la Fiscalía avance en la investigación, pues sólo así se podrá brindar la justicia, verdad y reparación. Y no vemos que la Fiscalía actual esté avanzando eficazmente para lograrlo”.
Subrayan: “Dra. Claudia Sheinbaum y Lic. Ernestina Godoy, las familias de las víctimas del caso Narvarte tenemos el derecho a saber quién ordenó asesinar a nuestros seres queridos. Necesitamos saber quiénes y por qué ordenaron acabar con la vida de Mile, Yesenia, Alejandra, Nadia y Rubén”. Por eso, dicen, “continuamos exigiendo justicia”.
De acuerdo con los familiares de las víctimas, las líneas de investigación sobre el crimen perpetrado el 31 de julio de 2015 en el edificio número 1909 de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte, “están lejos de ser agotadas y el móvil del crimen sigue sin conocerse. Por el contrario, en el transcurso de estos años las víctimas y sus familias hemos sufrido revictimización, estigmatización, filtración y mal manejo de información”.
María Magdalena Martínez tiene casi un año buscando a su hermano y señala que hasta el momento es poca la información que las autoridades les brindan de su caso
Pablo Toledo / UDGTV
Familiares de personas desaparecidas se quejan de la lentitud con la que trabajaba el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ubicado en Lázaro Cárdenas, y es que tanto trámites, información y entrega de cuerpos pueden demorar hasta seis meses.
María Magdalena Martínez tiene casi un año buscando a su hermano y señala que hasta el momento es poca la información que las autoridades les brindan de su caso. Pese a que en el mes de febrero encontraron el brazo de su hermano en la fosa del Mirador, la información sigue siendo confusa, y es que hoy les avisaron que se encontró un torso que podría ser de su familiar pero éste carece de la prueba de ADN por lo que mantienen dudas.
El desgaste mental, físico y económico de buscar a un familiar se suma también con la indiferencia de las personas que se supone los deben de ayudar. La familia Martínez se dice desesperada por dar sagrada sepultura a su hermano pero también en apoyar a su viuda ya que los trámites legales no se pueden realizar al carecer de un acta de defunción, la cual no se puede entregar hasta que se encuentre la cabeza o el torso de una persona encontrada en una fosa.
Familiares de personas desaparecidas reconocen que la pandemia ha retrasado las investigaciones y trámites por la baja de personal pero solicitan apoyo ya que varios de sus desaparecidos tienen meses y aún no hay avances en las investigaciones.
Tepic, Nayarit. Viernes 31 de julio del 2020.- Inaudito, directivos centaveros cobran cuotas escolares voluntariamente a fuerzas en las escuelas públicas de Nayarit en plena pandemia del Covid-19 sin que haya clases presenciales.
Aún no hay fecha para el arranque del ciclo escolar 2020-2021 pero a través de los grupos de WhatsApp se les envía a los padres de familia una cuenta bancaria para depositar la tan sonada cuota de inscripción.
Las clases no serán presenciales por lo menos en uno o dos mes y pese a ello, los directores condicionan el pago de las aportaciones voluntarias como requisito para inscribir a los estudiantes de educación básica, denunció el Presidente de la Asociación de Padres de Familia, Leopoldo García López.
Además éstas no son reguladas ni fiscalizadas por nadie, se aplican a ley de los calzones de los directores en contubernio con la mesa de Padres de Familia imponen el costo de estas cuotas “voluntarias que van de los 300 a los 800 pesos por niño.
Puso de ejemplo el cobro de 500 pesos por alumno que exige la escuela secundaria técnica “Alfonso García Robles” ubicada en la colonia Las Brisas.
Mientras que en la escuela primaria “Pedro Casas” cobran 300 pesos por alumnos y además mandan mensajes atemorizantes argumentando que hay padres de familia que no pagaron el año pasado y les recuerdan que estos pagos, no se condonan ni se perdonan, se acumulan.
Cada año, es la misma situación en todos los planteles públicos desde la colonia más pobre hasta la más fifí, se exige el cobro de estas cuotas porque si no lo hacen, los alumnos serán rechazados.
García López recalcó que el pago de cuotas son acuerdos entre un pequeño grupo de padres de familia que no tienen validez legal.
Estos mercenarios de la educación argumentan que las mentadas cuotas voluntariamente a fuerzas se utilizan para comprar garrafones de agua y papel de baño que utilizan sus hijos además de insumos para el aseo del plantel, lo cual en estos tiempos de emergencia sanitaria es irrisorio porque las escuelas están cerradas y ni siquiera van los intendentes.
“Ahorita no hay gastos de mantenimiento de la escuela, no hay gastos para material de aseo, no hay nadie, ni los intendentes están yendo a trabajar”.
Lamentablemente, las autoridades educativas están ausentes, oficinas cerradas y los padres de familia no saben dónde poner sus denuncias sobre este penoso asuntos porque tanto SEP como SEPEN son unos inútiles.
Claudia Ocaranza y Ricardo Balderas | PODER* / Lado B
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), es el encargado de llevar a cabo la planificación, construcción y puesta en marcha del Tren Maya, una de las obras que pretenden ser insignias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El proyecto no ha estado exento de polémicas, en especial por el impacto ambiental y social que podría tener el tren que atraviesa la Península Yucateca.
FONATUR creó la filial Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. y entre ambas entidades, entre 2019 y 2020, han asignado 392 contratos en los que se menciona “Tren Maya”, por un monto de 40,614,115,601.74 pesos a 257 proveedores. Cerca del 80% de esas contrataciones se hicieron bajo adjudicación directa, según información enviada a Méxicoleaks y comprobada por PODER vía QuiénEsQuién.Wiki.
Si bien las empresas ganadoras de los contratos para la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del Tren Maya en sus tres tramos, fueron las que más importe ganaron, los objetos de los contratos varían considerablemente. Están aquellos para la exención y la posterior realización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), el otorgado para la ingeniería básica del proyecto, y los relacionados con toda la operación de FONATUR y Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. y la promoción del Tren Maya.
Para el proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del tramo 1 del Tren Maya se contrató a Consorcio LAMAT Tramo 1, S.A.P.I. de C.V. -integrado por Mota-Engil México, China Communications Construction Compay LTD, Gavil Ingeniería, Eyasa y Grupo Cosh- por 13,394,942,290.34 pesos. Para el tramo 2 se contrató a Operadora Cicsa, S.A. de C.V., de Carlos Slim, por 15,994,602,016.24 pesos. Para el tramo 3 se le dio el contrato a Construcciones Urales, Gami Ingeniería e Instalaciones y Azvi por 8,787,016,116.02 pesos.
Empresas encargadas de la ingeniería básica presentes en la MIA
Por el lado de la MIA, se contrató al Corporativo en Soluciones Integrales VR, S.C., en adjudicación directa y por 8,895,066 pesos. Esa misma organización fue la encargada de buscar en mayo la exención de la MIA para los lugares con derecho de vía existente por encargo de FONATUR y por 1,462,860 pesos. Hasta antes de esos contratos, no contaba con contratos con el gobierno, de acuerdo a una búsqueda en QuiénEsQuién.Wiki que contiene los contratos con dinero federal entre 2001 y junio de 2020 publicados en Compranet y el Portal de Obligaciones de Transparencia.
Algunos estudios que retoma la MIA fueron los realizados por el consorcio ganador de la Ingeniería Básica, representados por Key Capital por 298,987,654.32 pesos y siendo el quinto contrato más grande por importe que se ha otorgado para el Tren Maya. Las otras empresas del consorcio fueron SENERMEX Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V.; Daniferrotools, S.A. de C.V. y Geotecnia y Supervisión Técnica, S.A. de C.V. (Geotest).
Fue ese consorcio, por ejemplo, el encargado de determinar el peligro de derrumbe al paso del tren en Yucatán, territorio caracterizado por los cenotes. Ninguna de las empresas que hicieron la ingeniería básica eran nuevas contratistas del gobierno, según búsquedas realizadas en QuiénEsQuién.Wiki.
Sin contar el contrato para el Tren Maya, Key Capital, dirigida por Enrique Prieto tuvo cuatro contratos públicos -tres en adjudicación directa y uno en invitación a cuando menos 3- por 50,470,000 pesos entre 2016 y 2018. Por su parte Geotest, constituida por María Elena Guevara Escobar, Alicia Vergel Velásquez y Rafael Olivares Mendoza tuvo 80 contratos con el gobierno por 89,115,735.92 pesos entre 2004 y 2020.
Daniferrotools, constituida el 15 de diciembre de 2010 por Diana Faustina Tzek Rivera, Itzel Méndez Velázquez y Francisco Javier Vázquez Tzek, fue contratada en 11 procesos del gobierno por 64,796,446.03 pesos entre 2011 y 2019.
Mientras que SENERMEX, filial de Grupo SENER, constituida en 1956 en Bilbao, España, ha ganado 8,488,095,554,58 pesos a través de 60 contratos con el gobierno entre 2009 y 2020. Sobre esta empresa, destaca que en los registros comerciales de España, aparece como presidente la firma FSC Ingeniería y Tecnología, S.L. desde julio de 2012, en la que a su vez SENER aparece como presidente.
La empresa pertenece a la familia Sendagorta, por lo que algunos de sus consejeros son Patricia Sendagorta McDonell, Luis Barallat Sendagorta, Andrés Sendagorta McDonell. Además, la auditora de esta empresa es PwC, la misma consultora contratada en adjudicación directa por FONATUR para la asesoría económico-financiera para la estructuración del Tren Maya, a cambio de 32,000,000 pesos.
Los anexos no públicos
Una de las críticas más grandes a la MIA, además de que no contempla los efectos del tren a largo plazo, como nuevos desarrollos turísticos y energéticos atraídos por la nueva infraestructura, es que la información no fue pública completamente, dejando en desventaja a las comunidades afectadas y organizaciones que deseaban enviar observaciones a la MIA. Tal es el caso de los anexos de la MIA, a algunos de los cuales PODER tuvo acceso vía Méxicoleaks.
El anexo titulado “Programa de Educación Ambiental” plantea que se darán talleres, cursos y/o pláticas sobre conservación ambiental a las comunidades afectadas y a los empleados de la obra, mismos que no han sucedido en todos los trayectos.
El Programa de Restauración y Conservación de Suelos plantea tres escenarios para la pérdida de suelo. En el primero, se toman los niveles de erosión existentes y se proyecta con la obra; en el segundo se dice que las áreas sujetas al cambio de uso de suelo con altos niveles de erosión no estarían en peligro si se hace la obra arriba de los mismos, limitando el tiempo de exposición de los suelos a la erosión. En el tercero después de la obra, el nivel de erosión supuestamente se reduce y quedan partes de filtración, por lo que las zonas contiguas a la vía serán revegetadas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que “no se talaría un árbol” en el proceso de la construcción del Tren Maya; sin embargo, en el anexo del Programa de Reforestación, sólo se promete la supervivencia del 80% de las especies de plantas.
El Programa de Supervisión Ambiental establece que para efectos de dar cumplimiento a la normatividad ambiental, se contará con un equipo de supervisión ambiental integrado por “profesionales con amplio conocimiento de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, los municipios involucrados en el trazo y federales de acuerdo a su tipo y clasificación normativa”.
En el Resumen Ejecutivo se enlistan más de 73 escenarios junto a sus posibles riesgos; ninguno de ellos es considerado alto, lo cual contradice a los efectos planteados en la zona de cenotes.
La publicación de la MIA incompleta, es decir, testada en parte y sin anexos, ha impedido que comunidades y organizaciones puedan estar informadas sobre la totalidad del proyecto, generando más desconfianza en el mismo. Mientras que las inconsistencias y carencias encontradas en la información que sí es pública, así como los recursos hasta ahora destinados por FONATUR, hace evidente que los estragos a las poblaciones por las que pasa el proyecto, podrían ser mayores que los beneficios que la administración de AMLO tanto ha prometido.
*Con información de Julieta Lamberti, Isabel Clavijo y Daniel Castrejón; editada por Eduard Martín-Borregón.
El costo por día ronda los 80 mil pesos, sin contar los honorarios de los médicos que lo atienden.
Juan, cuyo nombre real prefiere mantener en el anonimato, tuvo que ser internado en el hospital ABC de Observatorio, debido a que se contagió de COVID-19. Su atención médica, por 14 días en observación a distancia, 18 en terapia intensiva y 17 en piso superó los 4 millones 300 mil pesos.
El hombre de 50 años, quien trabaja para una empresa familiar, de quienes también pidió conservar el anonimato, en promedio gana 18 mil pesos al mes, con los que debe pagar renta y los gastos de su familia.
Comenzó a presentar síntomas de coronavirus a inicios de abril. Fue canalizado por sus patrones a un laboratorio privado para realizarse las pruebas. Días después conoció el resultado positivo de la prueba al tiempo que los síntomas comenzaban a empeorar. En ese momento se sometió a observación a distancia, desde su casa. Pasaron dos semanas así, hasta que se puso muy grave. Con el apoyo económico de sus patrones pudo ser ingresado al hospital ABC.
Llamaron a una ambulancia para trasladarlo. Se requería un depósito de 300 mil pesos para internarlo. Pasaron algunas horas para que la familia pudiera contar con el dinero solicitado para el ingreso. La salud de Juan se “deterioró mucho”. Presentaba fiebre (39 grados de temperatura), tos y oxigenación de 54 por ciento (el porcentaje promedio es entre 95 y 100 por ciento).
Después de acreditar el pago, fue ingresado e inmediatamente intubado. Ya en terapia intensiva pasó 18 días. El costo aproximado por día fue de 150 mil pesos, sin contar honorarios de los médicos, que, de acuerdo con el estado de salud del paciente, puede variar en personal, en este caso fueron dos, que rondan entre 4 mil y 6 mil pesos por día.
Tras recuperarse, sin estar completamente fuera de peligro, Juan pasó a piso, donde estuvo 17 días. El costo por día ronda los 80 mil pesos, sin contar los honorarios de los médicos que lo atienden.
Treinta y cinco días después regresó a su casa. El traslado costó 15 mil pesos. De todos los gastos se hicieron cargo sus empleadores. Los costos para atención médica hubieran obligado a Juan a destinar su salario íntegro de 19 años y 10 meses para hospitalizarse.
Ya en su domicilio, donde cumplió un mes, sigue con tratamiento. “Va mejor, pero sigue delicado”. Todo el tiempo trae oxígeno. Sólo de medicamentos se han erogado más de 29 mil pesos. De estudios médicos, 5 mil, y de un tanque de oxígeno, 6 mil, sin tomar en cuenta el costo de la atención médica a distancia.
En Puebla, hospital de IP cobra $100 mil diarios
PUEBLA.- Hasta 100 mil pesos diarios cobran hospitales privados en Puebla por atender a pacientes con COVID-19.
Miguel Ángel Dessavre, abogado de profesión, se contagió y tuvo secuelas físicas y un gasto de más de medio millón de pesos. “Sólo de la hospitalización pagué 350 mil por 12 días con todo y medicinas, es de los relativamente baratos, en la clínica San Pedro de Puebla, me cobraban 25 mil pesos por día de hospitalización”, dijo.
Sin embargo, en el Hospital Ángeles el costo diario para atender casos COVID es de 70 mil por día y en el Hospital Puebla es de 100 mil.
Dessavre sumó el gasto por una medicina especial para pacientes graves, llamada Tocilizumab, que hasta hace unas semanas costaba 25 mil pesos, pero que actualmente se vende hasta en 50 mil pesos.
También requirió oxígeno por varios días y al concluir la fase crítica tuvo que realizarse pruebas para el alta médica. Además se debe realizar una nueva prueba, con un costo de entre 6 a 8 mil pesos en un hospital privado.
Relató que por todo el proceso gastó más de 500 mil pesos. Su hijo también enfermó, aunque en ese caso sí logró un seguro de gastos médicos que cubrió el monto de 300 mil pesos que tuvo la hospitalización y tratamiento.
Mexicali.- Las denuncias por trata de personas se incrementaron en Baja California, durante los primeros seis meses de 2020 al registrarse 29 casos, la mayoría de las víctimas son mujeres.
En promedio se presentó una denuncia cada semana en una entidad que es considerada un espacio natural de trata de personas por su condición de frontera, de acuerdo a la asociación civil Arte Laboratorio de Activismo Sociocultural (ALAS).
Su directora Vivaldina Jaubert explicó que la trata de personas se utiliza en explotación sexual, trabajo, mendicidad y matrimonio forzados para vender niñas, niños y adolescentes, además de extraer órganos.
Precisó que datos de la Organización de las Naciones Unidas advierten también su uso en niños-soldados, además que se estima que las mujeres representan prácticamente la mitad de todas las víctimas de la trata y son niñas el 23 por ciento.
La Fiscalía General de Baja California señaló que en abril de este año las denuncias ascendieron a 12, mientras que en mayo se presentaron siete casos, seis en junio y dos en febrero.
La incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana señala que en la entidad se registraron 26 denuncias en 2015, dos en 2016, una en 2017, 20 un año después y tres en 2019.
En entrevista, Jaubert señaló que la explotación sexual es la forma más común de explotación (59%), seguida del trabajo forzado (34%).
Al recordar que el 30 de julio se considera el Día Internacional contra la Trata de Personas, se pronunció por una estrategia para inhibir este delito que adquiere dimensiones internacionales del crimen organizado toda vez que la mayoría de las víctimas se ubican dentro de las fronteras de sus países pero también hay trata en el extranjero cuyas víctimas las trasladan a los países más ricos.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) comenzó ésta semana una nueva extracción de agua de la presa Las Vírgenes con la insistencia de pagar el Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos, interpretada por los productores de esa zona Centro-Sur de Chihuahua como una burla y un saqueo, ya que había acuerdos verbales de no sacar más recurso hídrico.
Ello provocó el enojo de los campesinos que se manifestaron con la quema de las casetas de Camargo y Saucillo, incendiaron oficinas de Conagua, Recaudación de Rentas y del Servicio de Administración Tributaria en Delicias, además de prenderle fuego a camionetas de Policía Estatal, municipal y de Conagua, con las cuales tienen bloqueadas las vías del tren en Delicias.
También durante la jornada tensa de este miércoles descubrieron a un elemento de la Sedena infiltrado en una reunión informativa y estuvieron a punto de lincharlo.
El joven, quien dijo ser oriundo de Zacatecas, se hizo pasar por reportero pero le fueron encontradas credenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de inmediato rodeado por los productores.
Justo en esa reunión informativa, integrantes de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech) condenaron que desde el Gobierno del Estado no los apoyen y desde la Federación se lleven el agua “de forma ilegal”.
Apenas el martes estuvieron en el Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua para intentar hablar con el gobernador Javier Corral pero no obtuvieron éxito. Fueron atendidos por el Secretario General, Luis Mesta, y éste prometió acudir hoy a una reunión en la región de Delicias, pero su inasistencia caldeó los ánimos.
“Estamos solos compañeros”, exclamaron varios de los productores y enviaron un mensaje público al presidente Andrés Manuel López Obrador para tener un diálogo directo, sin intermediarios como el Gobierno del Estado.
Hasta el momento la tensión en la zona se mantiene y el Gobierno del Estado no ha emitido ninguna postura.
Tratado es benéfico para México: Conagua
En un comunicado de prensa, la Conagua informó que la extracción de agua comenzó el 25 de junio y se incrementó el martes de esta semana “en cumplimiento al Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos”.
El desfogue aumentó el caudal del río San Pedro, para realizar el trasvase hacia la presa Luis L. León (también conocida como El Granero).
La dependencia aseguró que la infiltración durante el trasvase será mínima “porque el suelo ya se encuentra mojado por las lluvias que se han presentado en la región y por las extracciones de los últimos días”.
Asímismo aseguró que es un tratado benéfico para México, “ya que permite que el país reciba cuatro veces más agua por el río Colorado que la que entrega por el río Bravo”.
A través del río Colorado, Estados Unidos envía cada año un volumen de mil 850 millones de metros cúbicos. A su vez, México aporta a esa nación un promedio anual de 432 millones de metros cúbicos a través del Río Bravo, indicó.
Para cumplir el Tratado, especificó, México debe entregar a Estados Unidos en cada ciclo de 5 años un total de 2 mil 158.5 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua, lo que equivale a un promedio de 431.7 millones de metros cúbicos por año.
Según la cifra oficial, al 18 de julio se han entregado mil 652.5 millones de metros cúbicos correspondientes al ciclo que concluye el próximo 24 de octubre.
La Conagua estableció que eso implica que, en menos de cien días, se deben entregar 499.10 Mm3. “Dicha cantidad es superior al compromiso total de un año y la única forma de pagarla es tanto con agua de las presas así como de lluvia”.
Según se establece en el Tratado, precisó la dependencia federal, de cada 100 litros de la cuenca del río Conchos, México debería utilizar sólo 62 y dejar correr el resto hasta el río Bravo. Sin embargo, se almacenan y utilizan 71 de ellos, por lo que existe un déficit de 9 por ciento, lo que dificulta el cumplimiento de los compromisos derivados del acuerdo.
La extracción es ilegal, insiste diputado federal
Mario Mata Carrasco, diputado del PAN por el distrito 5 federal, con cabecera en Delicias, señaló que es ilegal la extracción de agua hecha por el Gobierno Federal, y condenó que la presa Las Vírgenes esté tomada por el Ejército Mexicano para poder realizar esa acción en contra de los productores.
En éste sentido manifestó que el ciclo 35, se termina el 24 de octubre del 2020, por lo cual no puede exigirse que se pague agua antes de ese día. Por eso el Tratado habla de “promedios” de 431.7 millones de metros cúbicos al año.
El “compromiso” al día 18 de julio era de 515 millones de metros cúbicos si tomamos en cuenta el compromiso del año 2019-2020 completo más el atraso que existía en el 2019. Pero en octubre del 2019 el atraso era de 216 de los primeros 4 años del quinquenio más el compromiso de 431.7, da un total de 647.7 millones de metros cúbicos. Quiere decir que en un año, solo pudimos aportar 132.7 millones de metros cúbicos, subrayó.
Recordó que en noviembre del 2019, cuando Conagua comunicó del adeudo, se propuso modificar los porcentajes de asignación para liquidar primero el compromiso de EUA y luego mandar agua a Tamaulipas y Nuevo León, si así lo hubiéramos hecho ya no tendríamos ningún atraso con EUA, ni necesidad de abrir las presas agrícolas, añadió el legislador.
Mata informó que a la presa el Granero le extrajeron entonces 205 millones de metros cúbicos, a la Venustiano Carranza de Coahuila 100 millones de metros cúbicos y a la Marte R Gómez 150 millones de metros cúbicos, más las aportaciones de los afluentes y la Cuenca directa. Solo la suma da 455 millones de metros cúbicos. ¿Porque no se abonaron al 100 por ciento al compromiso para no estar con apuros en estos momentos?, cuestionó.
Por otro lado dijo que en los ciclos 25,26 y 27 México quedó debiendo, (1997,2002 y 2007) y desde Relaciones Exteriores permitieron que no hubiera ninguna repercusión política ni económica para el país.
“Con 1,438 millones de metros cúbicos en el sistema de Presas del Conchos (Boquilla 1,136, Virgenes 202 y Granero 100.7) menos 350 que faltan de ejercer del ciclo 2020, nos quedarían solo 1,088 millones de metros cúbicos. Para satisfacer 2,430 millones de metros cúbicos que se requieren para el 2021 (Incluye concesiones, perdidas por evaporación y per colación, así como los fondos muertos y volumen ecológico)”, explicó.
Por : Claudia Ocaranza y Ricardo Balderas, con información de Julieta Lamberti, Isabel Clavijo y Daniel Castrejón; editada por Eduard Martín-Borregón / PODER / Pie de Página
Fotos: Presidencia
Organizaciones y comunidades tuvieron sólo unas semans para enviar comentarios a las 1900 cuartillas de MIA del Tren Maya, presentada en junio sin muchos anexos públicos. Especialistas advierten los altos riesgos ambientales y entre los pobladores por la falta de información en el proyecto gubernamental
El desplazamiento llegó primero que la información. Con el Tren Maya, el repunte de empresas inmobiliarias y la marginalidad urbana podrían llegar al gran parte del sur de México. . Los habitantes de la Península de Yucatán, región en la que radica uno de los grupos más numerosos de comunidades indígenas -Mayas, Tseltales, Ch’ols, Tsotsiles, entre otros- fueron sometidos a dos consultas plagadas de tropiezos. Ambas sucedieron en noviembre y diciembre de 2019 sin la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada. Hoy, jueves 30 de julio, se cierra el plazo para que organizaciones y comunidades envíen sus comentarios a la MIA, presentada apenas en el mes de junio. Es decir, las autoridades dieron sólo algunas semanas para leer y analizar las más de 1900 cuartillas que se hicieron públicas. Muchos de los anexos no son públicos.
Así fue que desde el día cero, el proyecto bandera de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, ya violentaba los procedimientos administrativos a los que por Ley está sujeto para garantizar una consulta libre, previa e informada. Aunque ningún protocolo obliga a que las consultas a comunidades indígenas se hagan con la MIA presentada, el hecho de que ese documento no existiera al momento de las consultas deja a las personas afectadas sin información completa. Por otro lado, para las consultas ambientales sobre la MIA, la información tampoco ha sido pública completamente. Hasta el momento, muchos de los anexos, a algunos de los cuales PODER tuvo acceso vía Méxicoleaks, son confidenciales.
Entre mayo y julio de 2020 PODER presentó cuatro solicitudes de acceso a la información para conocer los anexos, estudios realizados por empresas y la petición de exención de la MIA. Hasta la fecha los sujetos obligados no han respondido y continúan ampliando los plazos de entrega.
Especialistas consultados para este reportaje coinciden en que, entre distintas fallas e inconsistencias, la principal deficiencia de la MIA es que no tiene una visión a largo plazo. Se ha promocionado el tren como un proyecto turístico, pero expresamente se omite señalar que responde al plan de imponer la integración industrial de la Península de Yucatán y el Caribe mexicano con la red ferroviaria nacional y la salida expedita de mercancías al Pacífico y al Golfo.
No es fortuito que al mismo momento que se proyectó el tren aparezcan a su alrededor 13 proyectos eólicos en la Península de Yucatán, dos Zonas Económicas Especiales (ZEE), un corredor industrial entre Mérida y Hunucmá, un “parque científico”, múltiples desarrollos inmobiliarios como “Eknakán”, o Country Lake, de supuesto lujo (aledaño a los desarrollos industriales y tecnológicos) y diversos proyectos turísticos en Quintana Roo.
La MIA fue desarrollada por Corporativo en Soluciones Integrales VR, S.C., en adjudicación directa y por 8 millones 895 mil 66 pesos. Esa misma organización fue la encargada de buscar en mayo la exención de la MIA para los lugares con derecho de vía existente por encargo de Fonatur y por 1 millón 462 mil 860 pesos. Antes no contaba con contratos con el gobierno, de acuerdo con una búsqueda en QuiénEsQuién.Wiki.
Comunidades indígenas en medio del reordenamiento territorial
Patricia López, del consejo indígena de Bacalar, vivió el montaje. Los días previos a la consulta, el gobierno federal realizó una especie de caravana en la que ofrecían toda la gama de programas sociales a los que los pueblos podían adherirse. Pero aAl poco tiempo, con la promoción de las “ventajas del tren” o trueque de programas sociales condicionados, la primera consulta fue aprobada.
Las comunidades Mayas, Tseltales, Ch’ols, Tsotsiles y el resto que habitan las reservas naturales, que albergan el 7% de la diversidad biológica del mundo, fueron adheridas a un discurso que abre las puertas a otros negocios.
“La gente de las comunidades (que visitaron durante la caravana) se quedaron sólo con esa información, la de los beneficios, y no fueron quienes participan en la reunión final, a quienes convocaron fueron a las autoridades ejidales y las autoridades municipales. No asistió ninguna autoridad tradicional”, comentó Patricia López.
A la par de las declaraciones de la líder indígena, se encuentran las del académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) del Departamento de Física, Samuel Rosado Zaidi. “La forma de hacer consulta a los pueblos originarios es una simulación”, asegura. El especialista explica que se carece de investigación del impacto de los proyectos a largo plazo.
En la MIA y los anexos a los que PODER tuvo acceso, se menciona en diferentes ocasiones a las comunidades indígenas, pero en el capítulo cinco se reconoce que “el proyecto podría traer un proceso de privatización de los terrenos ejidales”. Esa frase preocupa a los habitantes especialmente porque podría significar la progresiva expulsión de la población local y engrosar los cinturones de pobreza.
Algunas de las comunidades indígenas y originarias no son mencionadas a profundidad y con seriedad en la documentación de Fase 1 del Tren Maya que califica la MIA, es decir, la preparación del terreno y construcción de la obra. El Programa de Educación Ambiental, recibido vía Méxicoleaks, contempla que se impartirán pláticas, talleres y/o cursos a los habitantes afectados por el tren y a los empleados encargados de la Fase 1. Sin embargo, Patricia López afirma que ni a ella ni a su comunidad ha llegado ningún curso. Solamente la caravana de ofertas del gobierno federal.
Mientras que en donde sí se han dado talleres, los responsables no han sido expertos en educación ambiental, sino que “se están utilizando los recursos de Sembrando Vida y (Jóvenes) Construyendo el Futuro para dar estos talleres. La promoción no es solamente a partir del Tren Maya, se está usando el capital humano de otros programas para fomentar la aceptación del tren. Son los mismos jóvenes quienes dan estas charlas introductorias, no especialistas en temas ambientales”, comentó para PODER Alonso Gutiérrez Navarro, investigador de la UNAM.El investigador agrega que las consultas de noviembre y diciembre de 2019 apenas reunieron a 10 mil asistentes, de 1.5 millones de personas afectadas por el proyecto, de los cuales, 150 mil son indígenas. El gobierno, por su parte, lo presentó como un logro.
La mentira de la investigación hídrica
La llegada del tren se suma a una crisis multidimensional por el derecho al agua. La trayectoria proyectada actualmenterecorre un total de cuatro acuíferos, el acuífero de Palenque, en el estado de Chiapas, el acuífero Boca del Cerro y el acuífero Los Ríos, ambos en Tabasco, y el acuífero Península de Yucatán, cuya superficie abarca los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, de acuerdo con la MIA.
El problema con esa proyección es que no existe documentación científica sobre la extensión hídrica de los cenotes en la Península de Yucatán, por lo que el anexo titulado “Programa de prevención y mitigación de riesgos y daños ecológicos potenciales ocasionados al paisaje kárstico (de mesetas calisas), cenotes, cuevas y cavernas del Proyecto TM-F1” podría presentar fallas. Esta afirmación es sostenida por dos académicos de la UNAM.
El motivo principal para asegurar esto es que la Península de Yucatán tiene características únicas en el mundo. Y éstas vuelven problemático el desarrollo no sólo del Tren Maya, si no de cualquier proyecto si no se tiene claridad respecto a los riesgos y vulnerabilidad del terreno.
“En primer lugar se desconoce o no existe documentación profunda de cómo está estructurada la red de ríos subterráneos y de todo el sistema hídrico debajo de la superficie de la península”, aclara Octavio Rosas Landa de la Facultad de Economía de la UNAM y miembro de la organización ETCgroup en Chicago. Según cifras del investigador se conoce solamente entre el 10 y el 15%.
“Se debe asumir que a mayor urbanización y construcción de vías de comunicación en zonas kársticas, mayor será el riesgo de colapso”, dice el anexo sobre cenotes. Una zona kárstica es básicamente donde se encuentran las condiciones de suelo y ambiente para la generación de cenotes. Sin embargo, dado que las actuales condiciones de conservación de todo el acuífero de la península son muy pobres debido a lo poco que se conoce, y por ese motivo faltan estudios para saber las condiciones de cada tramo por donde pase el tren, es difícil predecir si un vehículo de esas dimensiones que va a alta velocidad y con carga de materiales o pasajeros va o no a colapsar los techos de los cenotes.
Uno de los problemas de que la MIA se haya presentado después de la elaboración del plan maestro y los diseños constructivos es que “queda poco margen de maniobra para realizar cambios al diseño… Todo esto dará como resultado que las medidas de mitigación, protección y compensación que se deriven de la MIA no influyan y se integren de manera sustancial en el diseño final del proyecto, limitando su injerencia sobre la planeación del desarrollo”, según se acepta en la misma MIA, en el anexo sobre cenotes.
La zona de mayor peligro es la que en la MIA llaman “tramo Golfo 2”, en Yucatán, precisamente porque “está sobre el margen del Cráter de Chcxulub, el ‘anillo de cenote’”, y es ahí donde se establece que se necesitan mayores estudios y medidas de mitigación.
Por otro lado el sistema subterráneo de aguas, al ser su única fuente, está sufriendo sobre explotación. Las comunidades, la producción agrícola y las actividades industriales dependen de la calidad del agua subterránea. Eso significa que actualmente ya está sometida a la presión de los desarrollos presentes y seguirá siendo sometida en el sentido de la extracción, específicamente en lugares donde se pretende construir estaciones, establecer asentamientos humanos nuevos, centros de población o Nodos de Desarrollo, como los está llamando Fonatur, y eso es un riesgo para el recurso hídrico.
“También sabemos que debido al sobreuso de agroquímicos, al sobreuso de medicamentos, están entrando residuos al agua subterránea y ahora ya tenemos cepas de poliformes fecales resistentes a los antibióticos. Eso ya está pasando en Yucatán”, aseguró el especialista.
En el mismo sentido, Rosado Zaidi, del Departamento de Física, asegura: “No se está considerando adecuadamente la red compleja de aguas subterráneas de la Península de Yucatán”. Comunidades mayas alejadas de los puntos de descarga de aguas residuales en la zona ya presentan contaminación de agua por agroquímicos y bacterias, explicó.
El muy barato y mal aplicado proyecto de reforestación
El documento pretendía, según la propaganda oficial, la redefinición territorial de la Península de Yucatán, sin considerar la diversidad cultural y sin un registro claro de las especies que serán protegidas. El proyecto de restauración y reforestación de suelo sólo contempla que se van a separar los árboles sanos y jóvenes y todos los demás serán derribados.
“Tumbar un árbol viejo es mucho más dañino que derribar uno joven”, comenta el investigador Rosado Zaidi: “eso no es un proyecto de restauración. Esta idea de que se puede medir con números el impacto ambiental, donde argumentan que van a talar 10 árboles y van a sembrar el triple, ya no puede ser usado en esta época”.
El académico pone el ejemplo amazónico. Según la información publicada, los bosques que llevan 70 años recuperándose en la zona se encuentran limpiando el 40% menos del ozono que antes de ser talados. El proyecto de recuperación de flora, por el paso del Tren Maya, durará 36 años y al programa le dedicaran solamente 1.24 millones de pesos.
En uno de los anexos (Muestreo de Fauna) en manos de PODER, se puede verificar las palabras del investigador. La autoridades validaron la MIA que reconoce que “los inventarios no buscan producir un listado completo de los organismos presentes, sino la información necesaria sobre su calidad y condición actual que ayude a identificar cuáles son más vulnerables derivado de las actividades del proyecto”. Es decir, que si alguna especie se encuentra fuera del catálogo, simplemente no será protegida.
En total, para toda la exploración de la península se requirieron únicamente 22 brigadas, las cuales recorrieron los 46 sitios distribuidos en los tres tramos que delimitan la ruta del tren, según la MIA. En la página 26 del capítulo 5, se reconoce incluso la afectación a la semilla del maíz, semilla protegida por las leyes federales.
La MIA jamás ha cancelado un proyecto
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue diseñada como un mecanismo por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), es decir, se trata solamente como un trámite administrativo que pretende capturar los problemas ambientales de un proyecto. Sin embargo existen varias deficiencias en esta regulación como lo manifestado en el artículo 15 de la citada Ley en donde se habla de “Autorregulación ambiental”.
En el reglamento no se contemplan mecanismos para rechazar definitivamente una MIA; sólo se la puede suspender hasta que el promovente subsane lo que indique la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales (Semarnat).
De hecho, 88% de todas las MIAs presentadas entre enero de 2001 y mayo de 2020 fueron consideradas bajo la modalidad “sin riesgo” y más del 95% fueron eventualmente aprobadas. Precisamente, la entidad con más MIAs aprobadas es Quintana Roo, con 2 mil 576.
“La MIA es únicamente un trámite. No se debe de ver como un documento serio de evaluación de impacto ambiental. En la Ley, no existe motivo alguno por el cual deba rechazarse una MIA, de hecho no existen MIAs rechazadas. Sólo existe un modelo de suspensión temporal que permite ganar tiempo en los plazos de los contratos”, explica Samuel Rosado Zaidi.
En Quintana Roo, zona de ruta para el Tren Maya, se aprueba una MIA cada tres días. En contraste, en todo el país se aprueban casi seis diarias. Sólo en la Península de Yucatán y el estado de Tabasco hay más de 6 mil 874 MIAs registradas, es decir, 16.8% de todas las MIAs de México.
Las que se ubican en la modalidad de “sin riesgo” son de sectores como el inmobiliario, construcción de carreteras y otro tipo de infraestructura que ha promovido la urbanización salvaje y la deforestación de la península, finalizó el especialista.
Bajo este escenario, investigadores y líderes comunitarios coinciden en las deficiencias del proyecto federal , en donde las comunidades que habitan la península son abordadas como parte del problema a remover para desarrollar infraestructura. Hasta ahora, parece imposible que, aun con las herramientas del Estado, se pueda generar un frente para diálogo en donde ambas partes sean tratadas con dignidad y sin descalificaciones políticas.
Luego de reuniones con autoridades municipales, estatales y federales, los habitantes de las comunidades que rodean al Río Santiago convocaron a una rueda de prensa y posteriormente a una manifestación frente a Casa Jalisco para protestar por la omisión del Gobierno de Jalisco en el saneamiento de la cuenca hidrológica Lerma-Chapala-Santiago
Erick Sandoval / Zona Docs
Activistas y habitantes de los pueblos aledaños a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, convocaron a una manifestación frente a Casa Jalisco este jueves 30 de julio, para exigir que se detengan las descargas de aguas contaminadas en el Río Santiago; la detección de todas las y los enfermos por la contaminación; y atención a todas las enfermedades.
El 7 de febrero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para que el Gobierno de Jalisco atienda la emergencia climática y de salud que provoca la contaminación del Río Santiago.
“Nos estamos enfermando en 90 municipios de Jalisco. Cero descargas, agua potable saludable en los municipios de Jalisco, detección y atención a todos los enfermos a causa de la contaminación del Río”, exigió Enrique Lira, activista y vocero de los pobladores de la cuenca.
Durante la manifestación, se instalaron féretros frente al recinto donde se aloja el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, como símbolo de las personas que han fallecido debido a enfermedades renales o cáncer por la contaminación del río.
“Rosa Ariadna, que era enferma renal de San Pedro Itzicán, de Lázaro Cárdenas número 15 A, la llevaron primero a Ocotlán a su hemodiálisis, no le funcionó, se la trajeron a Tlajomulco, no la pudieron atender y se la llevaron a la 110 y se contagió en ese hospital de coronavirus, murió de enfermedad renal y de coronavirus. El Gobierno del Estado no está haciendo nada para proteger a los enfermos renales”, contó Enrique Lira.
Así mismo, la regidora del municipio de Chapala, Verónica Lomelí, señaló que en la última sesión de Cabildo entre regidores de la Ribera, se autorizó la construcción de un fraccionamiento “ilegal” en donde convergen el Río Lerma, el Río Santiago y comienza el Río Zula; según dijo la regidora “es inviable porque no tienen donde tratar las aguas y desechan en el río”.
Presente en la protesta, e director del Área de Desarrollo Político y Atención a la Problemática del Estado, Javier Lechuga, mencionó que es una problemática donde intervienen los servicios de salud, medioambiente, agua y políticas públicas:
“En esos cuatro ejes tenemos que formalizar las mesas de trabajo donde vamos a invitar a la federación, a los 34 municipios y sus direcciones competentes, y al poder legislativo por ser un tema de presupuestos”, dijo el licenciado Lechuga.
Sin embargo, una habitante de El Salto, recordó el compromiso que hizo el Gobernador Enrique Alfaro en campaña, respecto al saneamiento del Río Santiago:
“Hasta la fecha el río no tiene fecha, no tiene solución, seguimos respirando lo mismo, seguimos muriendo y seguimos enfermándonos”, señaló.
Familiares y personas solidarias han convocado a participar en la Caravana para exigir la aparición con vida de Vanesa, Omar, Bryan y Daniel, desaparecidos en dos eventos diferentes entre el 22 de junio y el 18 de julio en Teocaltiche, Jalisco.
Redacción / Zona Docs
El próximo sábado 1 de agosto, familiares y personas solidarias llevarán a cabo una acción pública en la capital del estado para exigir el regreso de: Vanesa Liseth Martínez Zepeda; Omar Leonel González Ornelas; Brayan Eduardo Medina Carrillo; y Daniel Rodríguez Sandoval, quienes fueron desaparecidos en Teocaltiche, Jalisco entre el 22 de junio y el 18 de julio, en dos eventos diferentes.
Vanesa y Omar fueron desaparecidos el 22 de junio mientras viajaban juntos en un vehículo rumbo al municipio mencionado; según han informado sus familiares, fueron detenidos arbitrariamente por policías y llevados a la comisaría de Teocaltiche donde existen registros de que permanecieron 15 horas en las instalaciones. Sin embargo, durante las primeras 72 horas la corporación negó cualquier información sobre su paradero.
Mientras tanto, Bryan de 18 años y Daniel de 16 años fueron desaparecidos el 18 de julio; de acuerdo con información de testigos, la última vez que se les vio estaban siendo detenidos y golpeados por policías municipales de Teocaltiche. Ambos jóvenes se trasladaron a este municipio en los Altos de Jalisco para comprar chatarra o fierro viejo, trabajo que ya habían hecho en otras ocasiones, pero esta vez no regresaron a casa.
En ambos casos sus familias han manifestado dilación en los procesos de búsqueda inmediata, así como negligencias y omisiones en lo que respecta a la atención e información brindada.
La manifestación lleva por nombre “Caravana para exigir la aparición con vida de Vanesa, Omar, Bryan, Daniel” y se llevará a cabo el próximo sábado 1 de agosto a las 11:00 a.m. de la Glorieta de las y los Desaparecidos (punto de arranque) hasta Casa Jalisco.
“En fechas recientes se han cometido estos crímenes en el municipio antes mencionado, por lo que te invitamos a unirte a nuestra exigencia de búsqueda de ellos y de todxs nuestrxs desaparecidxs del estado”, expresaron en la convocatoria.
Las y los convocantes han advertido que la manifestación se llevará a cabo con las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del COVID-19; por ello, piden que las y los asistentes acudan con cubrebocas, gel antibacteria y en el lugar mantengan la sana distancia requerida:
“Cuidamos nuestras vidas y buscamos a las que nos hacen falta” finalizaron.
Colima, México, Avanzada (29/07/2020).- Al menos cuatro casos de hostigamiento y acoso sexual han sido denunciados formalmente en diferentes dependencias del Gobierno de Colima, de acuerdo con un informe del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM) al que tuvo acceso este diario digital.
Uno de los casos habría ocurrido en la Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSyBS), otro en la Secretaría de Cultura y los dos restantes en la Secretaría de Educación, todos correspondientes al segundo semestre de 2019, según el documento del ICM.
El 7 de junio de 2019 fue presentada la primera queja, remitida a la Comisión Permanente por la Secretaría de Cultura mediante oficio SC-DS-195/2019.
Otra queja fue notificada el 18 de junio de 2019, por un hecho presuntamente ocurrido en la SSyBS, donde las víctimas fueron dos jóvenes mujeres que realizaban su práctica en el área de enfermería, se dio a conocer queja por acoso sexual en agravio de dos pasantes de enfermería, no se supo cuál fue el desenlace de este caso.
Dos quejas más, al interior de la Secretaría de Educación por acoso sexual investigado por la Comisión Permanente especializada en la investigación de la conducta de hostigamiento sexual, acoso sexual y/o violencia de género.
A pesar de la recomendación de las autoridades de desalojar el campamento que se ubica en el litoral del Rio Bravo por el riesgo latente que corren ante un desbordamiento, la gran mayoría de los migrantes que ocupan un espacio en este campamento aseguran que no lo quieren dejar debido a que aquí ya tienen segura la ayuda y el alimento que les proporcionan diariamente las organizaciones internacionales
Héctor, migrante de origen hondureño, reconoció que ya se acercaron con ellos para pedirles que se muevan porque existe la amenaza de una creciente del rio y les ofrecieron un albergue mas seguro, sin embargo dijo que sería difícil un espacio para mas de mil persona, además de que si se mueven de aquí las personas que a diario les traen ayuda les han manifestado que no lo podrían hacer si están lejos del cruce internacional.
Lo cierto es que, familias completas siguen desde hace mas de un año haciendo de un espacio del litoral del Rio Bravo su hogar, las autoridades siguen con la misma tónica de invitar y sugerirles otro espacio pero, de seguir incrementando las lluvias y con ellos el caudal del rio, muy probablemente si se sea por la fuerza que tengan que ser removidos de esta zona.
Cd. Victoria, Tamaulipas.- El sindicato de la maquiladora Aptiv contabiliza cuando menos 50 obreros contagiados por Covid-19 y decenas de casos sospechosos de la enfermedad.
Dolores Zúñiga Vázquez, dirigente sindical en la Aptiv 2, dijo que la Secretaría de Salud no voltea a ver a las maquiladoras e ignora que esos centros de trabajo son una verdadera fuente de contagios.
Actualmente, añadió, una obrera se encuentra intubada pues su situación es delicada al ser atacada por el coronavirus.
“Hay alrededor de 50 casos confirmados y muchos sospechosos; ahorita ya perdí el control, y son los que yo he averiguado o los compañeros que se han comunicado conmigo. Yo te hablo de los que sé y de los que me han hablado y me dicen que salieron positivos y están incapacitados por Covid-19”.
Comentó que si Tamaulipas va de reversa respecto a la reapertura económica se debe a que las autoridades sanitarias solamente se concentran en algunos giros a los que se les restringe su actividad y horario, pero descuida otras empresas como las maquiladoras donde, reiteró, hay decenas de casos sospechosos que seguramente darían positivos si se les aplicara la prueba.
Por ejemplo, en una línea de producción, que está conformada por alrededor de 150 trabajadores, hay por lo menos cinco casos confirmados y otro tanto de sospechosos, por lo que Zúñiga Vázquez enfatizó que la Aptiv es una fuente de contagio “pero no nos quieren voltear a ver, no sé qué están esperando; yo creo que para ellos está primero la economía que la salud”.
El pasado 10 de julio, mujeres y hombres de la comunidad de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, ubicada al sur de México, se alertaron por una nueva contaminación en las aguas que bebe su ganado y de dónde se nutren sus cultivos.
La comunidad tomó acciones intuyendo que está contaminación recae en la responsabilidad de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, la cual se encuentra a menos de 300 metros explotando diariamente, a través de túneles, más de 8 millones de onzas de plata y 50 mil onzas de oro.
En 2018 se registró una de las contaminaciones más severas de esta mina, al derramarse la presa de jales (estructura que contiene residuos de la explotación de los minerales). En 2019, cuándo Andrés Manuel López Obrador (Amlo), presidente de México, se dirigía de visita a otra comunidad los campesinos de Magdalena Ocotlán le cerraron el paso para exponerle está contaminación.
¿Qué fue lo que dijo?
En este video-documental recogemos las voces de la comunidad de Magdalena Ocotlán y la voz de Amlo a su paso por esta comunidad.? https://bit.ly/306zhYW
Se han cancelado todas las consultas médicas para nosotros, nuestra salud está en riesgo’ expuso González Muro dirigente del CAVA
Foto: Claudio Bolaños
Pacientes con VIH se manifestaron, enmascarados, a las puertas del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA) para exigir que se les brinden tratamientos y análisis que, aseguraron, no han recibido desde hace un año en los diferentes nosocomios estatales.
En voz de Efraín González Muro, dirigente del Centro de Atención Vive Aguascalientes (CAVA), ante la falta de seguimiento médico —análisis, cargas virales y consultas, tanto en el ISSEA como el IMSS e ISSSTE—, desconocen el estado de sus defensas y la evolución del virus en su cuerpo.
“Estamos aquí personas que vivimos con VIH y que no hemos tenido atención médica, muchos por más de un año. Se han cancelado todas las consultas médicas para nosotros, nuestra salud está en riesgo y nos tomamos a la exigencia de los sectores de la población que no tenemos atención médica”, expuso.
Por ello, exigieron que así como se han abierto bares, restaurantes, cines, antros y otros espacios, se reactiven las consultas en los hospitales para las más de dos mil personas con ese virus, cifra que se estima vive en el territorio estatal.
González Muro agregó que con ello, los médicos y autoridades de los hospitales, han mostrado insensibilidad y discriminación, por lo que ya se pusieron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.”Pacientes del ISSSTE tienen más de un año sin una revisión médica; la doctora Leticia de León (epidemióloga del turno matutino de la clínica del ISSSTE) es una persona insensible, a la cual tenemos demandada ante la Conapred y la Comisión Nacional de Derechos Humanos por malos tratos (…): personas del IMSS también”, dijo el activista.
Tras manchar con pintura roja la entrada del ISSEA y pedir la atención del sector salud estatal, Miguel Ángel Piza Jiménez director del ISSEA y la Jefa del Departamento de Epidemiología, María Eugenia Velasco recibieron en privado a los manifestantes.
Al término del encuentro, González Muro dijo que el ISSEA se había comprometido a analizar la situación de todos los afectados. Además, se les hizo entrega de cien paquetes de pruebas rápidas de VIH, Sífilis, Hepatitis, lubricantes y condones.
“Nos vamos confiados de su palabra (…) luego visitaremos a nuestros amigos del IMSS y al ISSSTE” finalizó González Muro.Por su parte, Piza Jiménez externó que”si las otras instituciones no los están atendiendo como debe de ser, Nosotros tenemos que ser portavoz, conducto con el delegado de las instituciones y decirles qué está pasando”.
Por considerar un daño ambiental “de dimensiones planetarias”, 85 científicos de disciplinas naturales y sociales de 15 países llaman a las autoridades mexicanas a no construir el Tren Maya.
Concluyen que el Proyecto está “mal definido”, implicará el desplazamiento de personas y generará destrucción ambiental irreversible y pérdida de la calidad del aire.
Titulado Observaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional, el documento fue ingresado el día de ayer a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que encabeza el doctor en ciencias Víctor Toledo Manzur.
La investigación multidisciplinaria documenta 15 observaciones realizadas por investigadores de instituciones mexicanas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Centro de Investigaciones en Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS), el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y, entre otras, la Universidad Iberoamericana.
El documento también cuenta con la participación de investigadores de instituciones extranjeras como la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de Oregon –Estados Unidos–; la Universidad McGill (Canadá); la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Córdova (Argentina); la Universidad de Granada (España); la Universidad Javeriana (Colombia); la Universidad de Chile; la Universidad de Toulouse y la Universidad de Lyon (Francia), entre otras instituciones y países de origen.
La investigación concluye que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que justifica el proyecto del Tren Maya “minimiza los daños y los requerimientos de medidas de mitigación” de la megaobra. Además, explica que el proyecto fragmentará el hábitat de la mayor parte de las especies, pues los 40 pasos de fauna contemplados “son evidentemente insuficientes”.
También señala que este proyecto prioritario del gobierno federal acentuará la “dinámica predatoria” ya presente en la región con la tala de árboles y los daños causados por el turismo. Además se incrementa el riesgo de destrucción del suelo kárstico con la consecuente destrucción del ecosistema de cenotes y acuífero subterráneo.
Documenta que el tren, movido a diésel, emitirá por lo menos 431 mil toneladas de dióxido de carbono al año. Tal cantidad es equivalente a las emisiones de 139 mil 461.5 automóviles sedán. El volumen de este tipo de contaminación ira en aumento conforme al plan de incremento anual de viajes.
Desde el punto de vista arqueológico, no se prevé un salvamento a lo largo de todo el recorrido, lo que se traducirá en “pérdida cultural e histórica”.
En las consecuencias de carácter social, advierten un despojo a los campesinos, quienes pasarán a ser “socios minoritarios”, dependientes de las ganancias del mercado de valores y sin tierra. También prevén los científicos un proceso de aculturación y pérdida de patrimonio inmaterial.
Advierte que, de seguir con los planes oficiales del Tren Maya, “estamos a dos meses del desalojo de cientos de familias que actualmente viven o tienen un emprendimiento sobre el derecho de vía” sin que hasta la fecha estas familias tengan información sobre su destino.
Entre las conclusiones del documento, se señala que la Manifestación de Impacto Ambiental que justifica el proyecto de la mega obra “no reúne condiciones suficientes para establecer los modos, procedimientos y metodologías para garantizar que el proyecto Tren Maya, que incluye el tren, los polos de desarrollo y los proyectos complementarios, logre generar los beneficios que se propone y evitar los daños graves e irreversibles que científicos, estudiosos, sabios comunitarios y un sentido común ampliamente compartido están señalando insistentemente”.
Por ello, los científicos determinan: “después de revisar la MIA con toda seriedad y cuidado, la conclusión es que el proyecto no tiene condiciones para llegar a buen término y que el daño que causará no compensa ninguno de sus buenos propósitos”.
Exhortan la Semarnat que se apegue al Convenio de Diversidad Biológica, del cual México es parte, y al Principio Precautorio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo a no autorizar la construcción del Tren Maya.
Las familias que aspiran a un hogar en este predio vigilan desde una caseta que no vengan invasores. Fotos: Alejandra Crail.
Alejandra Crail / EmeEquis
Son 55 familias que luchan por una vivienda digna en la Bondojito. Como Irma, que dio 500 mil pesos de enganche y ahora se enfrenta a un exdiputado influyente que reclama el predio y amenaza con invadirlo. Así es la lucha por unos metros cuadrados de hogar en México.
EMEEQUIS.– Irma Noyola siempre había querido una casa propia. Un espacio en algún lugar de la Ciudad de México donde establecer un hogar, reducir sus traslados al trabajo y, sobre todo, tener la posibilidad de heredar un patrimonio a sus hijos.
Años y años de trabajo como comerciante le permitieron, al fin, aspirar a un patrimonio. En 2018 pensó que esos años de renta terminarían pronto. Invirtió sus ahorros en el proyecto que la hizo tocar sus sueños con los dedos: Calle Oriente 107 número 3370, colonia Tablas de San Agustín, en la Gustavo A. Madero. “Un hogar en la Bondojito”.
Irma, de 63 años, se enteró en un día laboral del proyecto que se desarrollaría en ese terreno. Trabajaba como comerciante en el Mercado de Granaditas, cerca de La Lagunilla, cuando recibió un folleto que anunciaba el desarrollo de vivienda a costo accesible en la colonia conocida como la Bondojito, relativamente cerca de su espacio de trabajo.
No fue la única que recibió la promoción. Otros comerciantes de la zona también se interesaron. Su perfil era similar al de doña Irma: personas que llevaban décadas de trabajo, con algunos ahorros, que vivían en la periferia de la ciudad y les tomaba horas trasladarse de un punto a otro. Pero, sobre todo, que no tenían forma de comprobar ingresos, por la informalidad laboral en la que habían vivido toda su vida.
Por eso, cuando este proyecto les ofreció la posibilidad de adquirir un departamento sin este último requisito, dando un enganche y estableciendo mensualidades de pago accesibles y personalizadas para cada uno, no lo dudaron.
Y así, como doña Irma, otras 54 personas decidieron dar el paso. Hubo quienes dieron de enganche 500 mil pesos –como en su caso–, hasta lo mínimo, 80 mil.
Era una pesadilla disfrazada de sueño.
“Fue la oportunidad de hacerme de algo mío. Aquí están los ahorros de toda mi vida”, dice Irma, mientras señala el suelo del predio, un piso de tierra en el que trabajadores de la construcción escarban para, por fin, asentar los cimientos de las viviendas.
EL SUEÑO TRUNCO
A dos años de haber apostado sus ahorros, el proyecto no se ha consolidado. Los permisos están en orden, la compra estuvo en regla, pero los vecinos no duermen en esa casa con la que sueñan: un exfuncionario reclama el predio como propio.
“Desde el 2018 que esto empezó, Édgar Torres Baltazar –exdiputado perredista y dirigente de la asociación Movimiento Alternativa Social (MAS)– se ha dedicado a amedrentarnos y amenazarnos. Nos envía golpeadores y amenaza con invadir el predio”, cuenta doña Irma en entrevista.
Este es sólo uno de los obstáculos que este grupo de 55 familias ha tenido que sortear en búsqueda de una vivienda digna. Como dice Jesús Reyes, otro de los afectados: “Todo ser humano anhela un techo donde vivir, pero hay mucha desigualdad, no todos tenemos oportunidad, no todos podemos vivir igual”.
Por eso él y sus compañeros luchan y, aún en tiempos de Covid, no abandonan ese pedazo de tierra que ven como la única posibilidad de tener un hogar.
Y es que en México hay apenas 32 millones de viviendas, de las cuales 67.9% son habitadas por sus propietarios y el resto son rentadas o prestadas a familias enteras, según los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.
La tenencia de una propiedad es, sin embargo, producto de una cultura de apoyo familiar, es decir, son las mismas familias las que mayoritariamente facilitan la tenencia de vivienda a sus congéneres a partir de una herencia o de apoyo financiero, mas no porque esto sea producto de un mercado inmobiliario accesible para la mayoría de la población, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Esto se ve evidenciado también en la Encuesta Intercensal del INEGI: sólo el 30% de quienes adquirieron una vivienda la compraron ya hecha.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha estudiado las causas que obstaculizan el acceso a la vivienda en México y ha concluido que hay una relación directa con la línea de la pobreza.
“En México, más de la mitad de las personas (50.6%), se encuentra por debajo de la línea de pobreza por ingresos, lo cual sitúa a la mayoría de los mexicanos en una situación de inasequibilidad económica para satisfacer su necesidad de vivienda”, detalló el Consejo en su Diagnóstico de Vivienda 2018.
El cálculo del Coneval es que México tiene un rezago de más de 14 millones de viviendas y que, en la mayoría de los casos, el ingreso es uno de los principales factores asociados.
La compra de vivienda nueva en el país, declaró la organización Habitat International Coalition, sólo es accesible para quienes perciben más de cinco salarios mínimos, ya que a partir de ese nivel de ingreso se puede acceder a créditos hipotecarios públicos y privados.
A partir de ese dato, el Coneval determinó que son 73.6 millones de mexicanos los que están “prácticamente excluidos del mercado formal de vivienda, al no percibir ingresos por hogar equivalentes a más de cinco salarios mínimos”.
“ESTE ES EL SUEÑO DE MI VIDA”
Maricruz Calderón es comerciante y madre de dos adolescentes. Hace 15 años tuvo que hacerse cargo de sus hijos por cuenta propia, comenzó vendiendo cosméticos, luego amplió el mercado a la lencería. Juntos, los tres, apostaron por ahorrar para construir un patrimonio para todos.
“Cuando llegó la oportunidad, pensamos: “es lo mejor que podemos hacer por nosotros, no hay nada como un patrimonio”. Y lo tomamos. Este es el sueño de mi vida, también el de mis hijos”.
Actualmente paga 2 mil 400 pesos de renta, sin servicios, cerca del Metro Ciudad Azteca, en el Estado de México. Apostó por vivir allá porque los precios de renta son más accesibles que en la Ciudad de México donde –dependiendo de la Alcaldía– la renta mensual de un departamento para una familia como la de Maricruz puede ir de los 5 mil 500 en la alcaldía Tláhuac, hasta los 43 mil en Miguel Hidalgo.
“Este es el sueño de mi vida”, señala Maricruz Calderón.
“Las rentas te comen. Ahorita estamos ahorcados con lo del Covid porque no podemos trabajar, pero aún así seguimos trabajando por nuestro sueño”, dice la mujer: sabe que comprar una vivienda de otra forma se antoja imposible.
Como ella, Amado Nicolás Galicia, de 39 años, comerciante de frituras y dulces, renta una pequeña casa en Tecamac, Estado de México, por mil 500 pesos mensuales más servicios. También ha empeñado sus ahorros –“el esfuerzo de toda mi vida”, dice– en este proyecto.
Este par de vecinos, junto con otros, se turnan las guardias del predio de la Bondojito que espera convertirse en viviendas. Una noche de ausencia puede significar la invasión del predio a manos del MAS, denuncian.
VIGILAR LA INVERSIÓN
De la barda que protege al predio 3370 de la calle Oriente 107 sobresale una estructura de madera: una casa improvisada, con apenas un techo y dos paredes.
Desde ahí los futuros habitantes vigilan día y noche el movimiento de la calle. Se turnan semana tras semana, sin importar que llueva, granice, tiemble o los intimide un virus llamado Sars-CoV2. Vigilan.
Observan así al vehículo que lleva 40 minutos estacionado del otro lado de la banqueta y desde el cual una pareja toma fotos. A la señora que pasa 10 veces sin quitarle la vista al predio, al hombre que hace pintas, al grupo que avienta piedras intentando pasar la barda.
Amado y Mari Cruz suben por una precaria escalera de madera colocada sobre una pared a la caseta de vigilancia. Desde ahí supervisan lo que ya sienten suyo. Cualquier anomalía significará pedir apoyo al resto de las familias que están en espera de su vivienda, a alguna autoridad y a la empresa a la que compraron la futura propiedad.
Implementaron esta medida unos meses después de que depositaran todos sus ahorros en la cuenta de la empresa Banco Ve Por Más, S.A. De pronto, cuando los trabajadores comenzaban con los primeros movimientos en el predio, un grupo de más de 50 personas llegó a agredir a los trabajadores y a algunos de los que invirtieron en la propiedad; reclamaban el predio como suyo.
Junto a ellos llegó Édgar Torres Baltazar, exdiputado de la Ciudad de México y miembro de la Comisión de Vivienda, también fue diputado federal. Los futuros habitantes, narran que Torres Baltazar trató de convencerlos de que les habían estafado y se presentó como el verdadero dueño del predio, acompañado de personas agremiadas a su asociación, quienes le habían pagado cuotas también con el sueño de poder hacerse así de una vivienda.
Entonces armaron equipos: aquellos que como Amado prefieren prestar ojos y cuerpo para defender físicamente el predio y aquellos que pueden apoyar con las gestiones en las instituciones gubernamentales.
Así investigaron por todas las vías y descubrieron que habían invertido bien. Que la empresa Banco Ve Por Más, S.A., con la que habían hecho el trato, había adquirido el predio en 2018 y que esto había quedado estipulado de forma legal ante el Registro Público del Comercio.
En el Registro Público de Comercio se estipula la compra legal del predio por parte del Banco con el que se hizo el trato.
También descubrieron que los permisos para realizar la obra estaban dados, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi) había dado luz verde a la obra y que en ningún documento se hacía referencia a algún conflicto o a la supuesta propiedad del predio que presumía el ex diputado.
“Él no mostró ningún documento y nuestra indagatoria nos hizo ver que habíamos hecho una buena inversión. Por los conflictos, la empresa nos ofreció regresarnos el dinero o darnos otro proyecto, aunque más caro y más lejos. Dijimos que no. ¿Por qué si hicimos una buena inversión tenemos que irnos porque un señor abusa de su poder?”, reclama Jesús Reyes, 40 años, administrador del negocio familiar de jugos, tortas y licuados.
“¿Por qué si hicimos una buena inversión tenemos que irnos?”, reclama Jesús Reyes.
LOS BILLETES DE DEPÓSITO
Gina Montes, una de las afectadas que está llevando la parte legal, explica que el rastreo del predio muestra que Edgar Torres, exdiputado por el PRD, sí intentó comprar el predio en 2005, pero nunca lo pagó.
Como funcionario había conseguido apoyo económico del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) para desarrollar la vivienda para familias de la zona que durante años le habían dado cuotas mensuales para lograr este fin.
Sin embargo, pese a haber estado etiquetado el dinero, este nunca llegó y Édgar Torres, por medio de su asociación MAS, perdió la oportunidad de obtener el predio, incluso en instancias legales.
Sin embargo, en 2015 el INVI ingresó un par de billetes de depósito ante el Banco Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para garantizar el pago correspondiente del predio.
“Fue injustificado e inexplicable el movimiento del INVI, porque ya un juez había determinado que la compra no podía llevarse a cabo. En 2019, ya con la venta consolidada para nuestro proyecto de vivienda, se les solicitó retirarlos, porque ya no hay lugar, no lo han hecho. Nos preguntamos por qué, si es en realidad la corrupción interna lo que nos ha obstaculizado”, detalla Gina.
Según lo que explican, Torres Baltazar presume de sus vínculos con el Instituto y en la misma institución se les ha indicado que no retiran los billetes por los nexos entre el exdiputado y Rodrigo Chávez Contreras –suplente de Martí Batres en la LXII Legislatura– quien es el actual director ejecutivo de Operación del Instituto.
“Nos prometieron no más corrupción y seguimos viendo lo mismo. Hasta que esos billetes de depósito no sean retirados, las amenazas de invasión van a seguir”, reclama Gina.
Mientras esperan, estas 55 familias aún sueñan con el sueño de más de 73 millones de mexicanos: tener un hogar.
“Yo ya no doy para más. Todo lo que construí en mi vida está invertido aquí. Ojalá pueda llegar a verlo y poder tener así mi hogar en la Bondojito”, recalca doña Irma.
Cuando el 28 de julio en la presentación en redes sociales del gobernador Jaime Bonilla Valdez, el secretario de Salud Alonso Pérez Rico dijo que el Hospital General de Tijuana estaba al 53 por ciento de ocupación, no dijo toda la verdad, ni reflejó la realidad de lo que sucede al interior de ese nosocomio.
Un médico consultado por ZETA, explicó que en el Hospital General de Tijuana están habilitados 90 espacios para atender a pacientes Covid 19: 14 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos, 28 en el primer piso, 24 camas en el segundo piso, y 24 en el cuarto nivel. No más. Los pisos 3, 5, 6, 7, y 8, están vacíos de acuerdo a médicos que laboran en ese hospital público, que en abril fue reconvertido para tratamiento exclusivo de enfermos por el nuevo Coronavirus.
Informaron que más del 90 % de las camas estaban ocupadas al 28 de julio, pero “Pérez Rico solo busca engañar, él dice que hay un 50 por ciento de ocupación porque están contando todas las camas de los demás pisos que no se están usando, el 3, 5 6, 7, y 8 están vacíos no hay nada ni habrá nada”, sentenció el médico.
Los doctores que atienden los casos Covid 19 en el Hospital General de Tijuana, entregaron un posicionamiento que desean hacer público, sobre las difíciles condiciones en las que laboran para salvar la vida a los pacientes, particularmente durante las últimas tres semanas, tiempo en el que han padecido la falta de insumos y medicamentos específicos y necesarios, para sacar adelante a los enfermos.
En los últimas tres semanas, refirieron que han fallecido más de 80 pacientes por Covid 19 en el General de Tijuana, teniendo un promedio de muertos -nada más en ese nosocomio- de cuatro por día. Algunos de los cuales han fallecido por la falta de insumos y medicamentos.
En el posicionamiento que entregaron a ZETA explican:
“La falta de insumos es un tema añejo.
“Con frecuencia es necesario hacer ajustes en la atención de pacientes debido a la falta de medicamentos, falta de reactivos de laboratorio o bien por falta de insumos para algún procedimiento que el paciente necesita”.
“Con frecuencia debemos recurrir a los familiares de nuestros enfermos para pedirles que de alguna forma nos hagan llegar algún recurso faltante. Estamos consientes de que esto implica un esfuerzo económico muy grande para ellos, y por ello tratamos de agotar otras opciones antes de acudir a esta …”.
“’… Lo que hemos estado viendo en las últimas tres semanas en el Hospital ha rebasado la línea de lo habitual y nos ha puesto en una situación francamente desesperada.
“La falta de insumos involucra en la actualidad medicamentos cuya aplicación continua al enfermo grave es absolutamente necesaria. Entre ellos los medicamentos que deben administrarse en un goteo continuo al enfermo, para mantenerlo dormido y sin dolor durante la respiración mecánica, son imprescindibles y no hay forma de sustituirlos. Al no contar con ellos implica que el enfermo esté despierto durante la respiración mecánica, tiene sufrimiento y dolor, pero además compite con el ventilador e impide que el paciente tenga niveles de oxigenación adecuados”.
También refieren que hacen falta dispositivos para hacer la aspiración de los sistemas de ventilación, medicamentos como norepinefrina, el cual permite mantener la presión arterial y evitar el colapso circulatorio que muchos de nuestros pacientes presentan. Señalan que estos y otros insumos han faltado en el Hospital General de Tijuana en las últimas tres semanas, y proporcionan una lista de los faltantes para que personas de la sociedad que estén en posibilidad de hacer donaciones, las realicen.
A continuación, la lista de insumos de los cuáles carecen en el General de Tijuana:
1.- Medicamentos para sedación y relajación de pacientes, como Profopol, Fentanilo, Morfina, Vecuronio, Cisatracurio, Rocuronio.
2.- Medicamentos para la prevención de formación de coagulos, como Enoxaparina, Flaxiparina, y Dalteparina.
3.- Antibióticos, tal es el caso de Linezolid, Vancomicina, Imipenem-Cilastatina.
4.- Sistemas para aspiración cerrada de paciente con ventilación mecánica
5.- Circuitos para sistema de administración de oxígeno por alto flujo
6.- Parches coloides
7.- Tomografía computada
8.- Videolaringoscopio funcional
Los médicos esperan que “la autoridad sanitaria responda a este llamado y se comprometa a proveer continuamente los materiales necesarios para la atención de los enfermos”, y a la sociedad tijuanenses también enviaron un mensaje, no bajar la guardia:
“El Hospital no ha dejado de recibir pacientes y prácticamente todas las camas con las que se cuenta para la atención de pacientes Covid 19 están ocupadas. Consideramos que no es momento de bajar la guardia y que las medidas de aislamiento domiciliario deberían sostenerse…”.
A continuación, el posicionamiento de los médicos del Hospital General sobre las carencias y lo que ahí sucede.
“Tijuana a 27 de julio de 2020
“A la opinión publica
“Los que suscribimos esta comunicación somos médicos y enfermeras que trabajamos en el Hospital Genera de Tijuana y que desde el 13 de abril hemos dedicado nuestro trabajo a la atención del pacientes con COVID 19. Deseamos hacer llegar información muy importante a los habitantes de Tijuana y las ciudades colindantes con respecto a la situación que se vive en el UNICO hospital público, fuera del IMSS, que atiende paciente con COVID en la región Tijuana-Tecate-Rosario y no ha dejado de recibirles desde el inicio de la epidemia.
“La falta de insumos es un tema añejo en este nosocomio. Con frecuencia es necesario hacer ajustes en la atención de pacientes debido a la falta de medicamentos, falta de reactivos de laboratorio o bien por la falta de insumos para algún procedimiento que el paciente necesita. Los médicos, enfermeras, químicos de laboratorio, terapistas respiratorios, personal de limpieza incluso personal administrativo todos estamos muy acostumbrados a hacer ajustes o cambios que se hacen necesarios por la falta de algún recurso que aunque debería de existir, no existe. Con frecuencia, debemos recurrir a los familiares de nuestros enfermos para pedirles que de alguna forma nos hagan llegar algún recurso faltante. Estamos muy consientes de que esto implica un esfuerzo económico muy grande para ellos y por ello, tratamos de agotar otras opciones antes de acudir a esta opción.
“Sin embargo, lo que hemos estado viviendo en las ultimas 3 semanas en el hospital ha rebasado la linea de lo habitual y nos ha puesto en una situación francamente desesperada. Las falta de insumos involucra en la actualidad medicamentos cuya aplicación continua al enfermo grave, es absolutamente necesaria. Entre ellos, los medicamentos que deben administrarse en un goteo continuo al enfermo, para mantenerlo dormido y sin dolor durante la respiración mecánica, son imprescindibles y no hay forma de sustituirlos. El no contar con ellos, implica que el enfermo esta despierto durante la ventilación mecánica, tiene sufrimiento y dolor, pero más aún compite con el ventilador e impide que el paciente tenga niveles de oxigenación adecuados. Otro faltante indispensable, son los dispositivos para hacer aspiración de los sistemas de ventilación. Estos sistemas especiales nos permiten aspirar secreciones bronquiales en los pacientes que estan en ventilación mecánica. Es la única forma de retirar estas secreciones por que el paciente y el ventilador estan conectados en un circuito cerrado. Sin estos dispositivos, las secreciones se acumulan en los tubos de ventilación y en los pulmones de los enfermos con consecuencias muy graves. Otro medicamento que falta con frecuencia es la norepinefrina, que permite mantener la presión arterial y evitar el colapso circulatorio que muchos de nuestros paciente presentan; tambien se administra en infusión continua y su efecto se pierde inmediatamente al ser retirado.
“Estos y otros muchos recursos han faltado en el hospital desde hace mas de 3 semanas y a pesar de los esfuerzos que el personal del hospital hace por sustituirlos y del esfuerzo de familiares y amigos hace por hacernos llegar los insumos a expensas de grandes sacrificios económicos, la situación ha afectado los desenlaces de los enfermos irremediablemente.
A continuación exponemos una lista materiales y medicamentos que no se tienen en la actualidad y son, fundamentales para la atención adecuada de nuestros enfermos.
1.- Medicamentos para sedación y relajación de pacientes
a. Propofol, Fentanilo, Morfina, Vecuronio, Cisatracurio, Rocuronio.
2. Medicamentos para la prevención de formación de coagulos.
a. Enoxaparina, fraxiparina, dalteparina
3. Antibióticos
a. Linezolid, Vancomicina, Imipenem-Cilastatina,
4. Sistemas para aspiración cerrada de paciente con ventilación mecánica
5. Circuitos para sistema de administración de oxígeno por alto flujo
6. Parches coloides
7. Tomografía computada
8. Videolaringoscopio funcional
“Todo el equipo de trabajo de este hospital quiere manifestarle a la sociedad que nuestra voluntad y esfuerzo se mantienen firmes en la atención de enfermos con esta terrible enfermedad. Nos hiere no poder entregar mejores resultados por no contar con las herramientas necesarias para hacerlo. Anhelamos que la autoridad sanitaria responsa a este llamado y se comprometa a proveer continuamente los materiales necesarios para la atención de los enfermos.
“Finalmente, queremos hacer llegar a la sociedad que la percepción que tenemos en el HGT es que el problema de la epidemia por COVID19 sigue estando muy activo. El hospital no ha dejado de recibir pacientes y prácticamente todas las camas con las que se cuenta para la atención de pacientes con COVID19 estan ocupadas. Consideramos que no es momento de bajar la guardia y que las medidas de aislamiento domiciliario deberían sostenerse, particularmente para aquellas personas que son susceptibles de tener una evolución desfavorable (mayores de 60 años con padecimiento preexistente como obesidad, diabetes, enfermedad pulmonar y cardiaca).
Integrantes de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron una protesta en la puerta de las oficinas del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (Ipecol), para exigir su derecho al acceso los servicios médicos y recibir préstamos personales.
El grupo de docentes aseguró que los servicios a los que tienen derecho se han visto afectados porque la administración estatal no ha enterado al Ipecol las aportaciones correspondientes como corresponde y afirmaron que actualmente existe un adeudo de 300 millones de pesos, lo que genera que les estén vedados los servicios médicos y préstamos personales.
En representación de los manifestantes, el docente Cristian Vega Cruz, indicó que ya solicitaron la intervención de su dirigente sindical (Heriberto Valladares) para tratar de solucionar esta problemática, pero desde su punto de vista, su representante ha mantenido una actitud pasiva y ha omitido defender sus conquistas laborales.
Lamentó que por esta situación muchos maestros y sus familias no pueden acceder al servicio médico que les corresponde, ya que algunos especialistas se niegan a atenderlos ante la falta de pago de sus servicios.
Afirmó también que en la farmacia de Pensiones no existe la totalidad de los medicamentos del cuadro básico lo que orilla a los agremiados a tener que comprarlos en otros establecimientos, lo que termina por afectar su economía.
Al respecto de la situación de los préstamos, confirmó que desde hace más de un año ningún agremiado a la Sección 39 ha podido acceder a esta prestación a la que por ley tienen derecho.
Puntualizó que las aportaciones a las que hacen referencia no provienen del Gobierno Estatal, sino que forman parte de los recursos de los propios maestros, ya que quincenalmente les son descontadas de sus salarios.
Federaciones de médicos reclamaron que han denunciado la carencia de insumos para atender a sus pacientes, y ahora tienen que enfrentar ser acusados por la muerte de sus pacientes derivado de la falta de esos mismos insumos
Las secretarías de salud deslindan su responsabilidad sobre sus sistemas deficientes en los médicos, y los pacientes los culpan de las carencias que hay para atender Covid-19, denunciaron organizaciones y federaciones de médicos cirujanos de todo el país.
El reclamo lo hicieron en un desplegado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego del arresto del médico urgenciólogo chiapaneco, Gerardo Vicente Grajales Yuca, tras la muerte de uno de sus pacientes, quien había sido hospitalizado por Coronavirus 2019 y para quien el hospital donde se le estaba atendiendo no tenía medicamentos.
Las federaciones de médicos reclamaron que han denunciado la carencia de insumos para atender a sus pacientes, y ahora tienen que enfrentar ser acusados por la muerte de sus pacientes derivado de la falta de esos mismos insumos.
“Es paradójico que mientras nos debatimos para cuidar de la mejor manera posible la salud y la vida de las personas, asumiendo nuestro propio riesgo y sin escatimar esfuerzos, al mismo tiempo seamos culpados por nuestra población por la carencia en el sector salud”, señalan las federaciones de médicos.
El documento lo firmaron los presidentes de asociaciones y federaciones de Cirugía General, Medicina Crítica, Medicina Interna, Anestesiólogos, Infectología, Medicina de Emergencias, de Urgencias y Desastres, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Terapia Intensiva, Especialistas y Residentes de Medicina Familiar, de Cirugía Plástica y de Ortopedia y Traumatología.
Demandaron que se detenga la persecución y hostigamiento en contra del personal médico que se encuentran en la primera línea de atención de la Covid-19.
“A todo debemos sumar la preocupación de ser imputados por la justicia por atender a la gente en estas condiciones, habiendo reclamado deficiencias hasta el hartazgo sin haber sido escuchados”.
Ayer, la Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer el boletín de prensa 10551, en el que informó que aprehendió al médico acusado de abuso de autoridad.
El urgenciólogo trabajaba en el área Covid-19 del Hospital de Especialidades Vida Mejor, dependiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech). La Fiscalía dio a conocer el caso, publicó una fotografía del médico con la leyenda “Cero Impunidad”, y señaló que su detención se dio “en el marco del combate frontal a los actos de corrupción”.
El médico había solicitado a los familiares del paciente que compraran medicamentos e insumos para atenderlo porque en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguro Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) no había. Cuando el hombre murió, su hija denunció al tratante.
Desde el inicio de la pandemia por coronavirus ha habido protestas en todo el país, quienes
demandan que no hay insumos suficientes para atender a los pacientes Covid y que tanto médicos como personal de salud son quienes tienen que sufragar a veces con sus propios recursos, sus equipos de protección personal.
El documento firmado por las federaciones y colegios de médicos cirujanos calificaron la aprehensión del doctor Grajales Yuca como “violenta, abusiva e ilegal” y señalaron que ha habido hostigamiento, estigmatización y amedrentamiento en contra de los médicos, a quienes se criminaliza sin investigación previa.
“No nos oponemos a que se indague y se sancione como a cualquier ciudadano un incorrecto actuar profesional, pero no estamos de acuerdo de que se nos utilice para deslindar responsabilidades ajenas propias de un sistema de salud crónicamente deficiente”, señalaron.
“En este caso particular, el que el médico solicitó al familiar de un paciente determinado medicamento que no se tenía a disposición de forma rápida, no lo hace incluir en ningún delito puesto que salvar una vida es parte de la esencia del médico”.
El caso ha suscitado condenas en redes sociales y que, por ejemplo, este viernes integrantes del Frente Nacional de Trabajadores de la Salud, sindicato disidente al Nacional de Trabajadores de la Salud, llevará a cabo un mitin frente al Palacio Nacional para demandar la liberación del médico chiapaneco.
Un hombre entra con un tanque de oxígeno al Hospital de Expansión para pacientes de Covid-19 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro.com
Abigail Gómez / Eme Equis
“Agotado”, fue la palabra que Mónica escuchó una y otra vez en su intento por conseguir el tanque de oxígeno que su papá necesitaba para su tratamiento de Covid-19. Los precios de venta van desde los 4 mil hasta los 18 mil pesos.
EMEEQUIS.– En su búsqueda publicaron en redes sociales si alguien sabía dónde podían comprar oxígeno y preguntaron a sus amigos cercanos, la respuesta era siempre la misma: llamen a INFRA. Pero la familia ya había llamado a dicha compañía tres días atrás, habían rentado un tanque de 9 mil litros y la empresa había quedado de llevarlo al día siguiente de la renta.
Algo que nunca ocurrió.
Con 390 mil 516 contagios y 43 mil 680 defunciones (cifras del 26 de julio), México se encuentra ya en el sexto lugar de países con más casos confirmados a nivel mundial. La situación ha puesto en jaque al sistema de salud mexicano y a las familias que han tenido que enfrentarse a la enfermedad.
Para ellas, uno de los principales retos es adquirir el oxígeno que sus enfermos necesitan para el tratamiento. El incremento de los precios, que ronda entre un 40% y hasta un 200% en algunos casos, así como la escasez del insumo, han sido un duro obstáculo a vencer en la lucha contra este padecimiento.
Debido a que la Covid-19 afecta al sistema respiratorio, una de las principales complicaciones de esta enfermedad es la falta de oxígeno. Por ello, para quienes son atendidos en casa, el oxígeno artificial suele ser parte fundamental del tratamiento y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Sin embargo, conseguirlo puede convertirse en una tarea complicada y costosa. Ese fue el caso para Mónica y su familia, quienes tardaron varios días en poder conseguir el suministro para su papá.
“Cada vez que llamábamos nos decían que ya estaba programada la entrega, pero debido a la alta demanda por la contingencia, las entregas se estaban retrasando un poco. Para ese punto mi papá llevaba ya tres días sin el oxígeno desde el día del diagnóstico y cada día que pasaba se sentía peor; temíamos que, de no encontrar el oxígeno, sus pulmones lo resintieran y tuviéramos que llevarlo al hospital: evitarlo era nuestra prioridad”, comenta.
Al igual que Mónica, hoy en día muchas personas tienen problemas para encontrar un tanque de oxígeno artificial para el tratamiento por Covid-19 y también para sostener dichos tratamientos debido al incremento en los precios.
En la actualidad, los tanques más demandados son los de 415, 680 y 9 mil litros. Antes de la pandemia los costos de renta de dichos tanques oscilaban entre los mil 500 pesos el más pequeño hasta 6 mil pesos el de mayor capacidad (9 mil litros). Por su parte, los precios de venta iban desde los 2 mil hasta los 10 mil pesos para el de mayor capacidad.
Ahora, los precios de renta oscilan entre los 3 mil y los 13 mil pesos para los de mayor capacidad mientras que los precios de venta van desde los 4 mil hasta los 18 mil pesos el de 9 mil litros, de acuerdo con la consulta de diferentes distribuidores y ventas privadas.
Mónica se topó con este problema al comenzar a consultar precios. La primera vez que pidió cotización, en la plataforma de Marketplace de Facebook, preguntó por un tanque de 680 litros con un precio de 4 mil 500 pesos. Lo que recibió como respuesta fue que el tanque ya no estaba disponible y una advertencia. “Te aviso que ya el precio de 4 mil 500 ya no lo vas a encontrar. Subieron todos los precios los importadores y ya no hay casi tanques”, escribió la vendedora.
Ahora, casi dos semanas después de esa primera cotización, un tanque de la misma capacidad se oferta hasta en 10 mil pesos en dicha plataforma. Antes de la pandemia el precio de un tanque de esta capacidad era de 4 mil pesos en promedio, lo que representa un incremento de más del 150%.
En todos los casos, además del precio de la renta o la venta se suman los costos de recarga de los tanques, los cuales pueden ir desde los 200 pesos para los más pequeños hasta los mil pesos para el de mayor capacidad, por recargas que duran desde una hora y hasta máximo un día.
LA RENTA TAMBIÉN SUBIÓ DE PRECIO
Al respecto, Mariana Garrido, directora de AsistMedic, un servicio de apoyo a la salud que durante la contingencia ha dedicado sus esfuerzos a conseguir insumos médicos para quienes lo requieran, señala que los tanques más demandados durante la pandemia han sido los de 9 mil litros pero que dicha situación también los ha convertido en los más difíciles de conseguir. “Debido a la contingencia sanitaria, el stock de tanques ha disminuido”, comenta.
En casi todos los casos, debido a que los pacientes suelen requerir varios días el uso del oxígeno, la alternativa a los tanques han sido los llamados concentradores de oxígeno (aparatos que generan oxígeno con solo conectarse a la luz); sin embargo, su costo también ha aumentado y su disponibilidad es escasa, tal como lo comprobó Mónica en su búsqueda.
Tras enterarse que un concentrador de oxígeno era aún mejor opción que un tanque, Mónica cotizó en varias tiendas donde vendían productos médicos cerca de Centro Médico, ubicado al sur de la capital.
En todos los casos la respuesta fue que no tenían por el momento y sólo en una le ofrecían colocarla en una lista de espera para adquirir un concentrador de 5 mil litros en 30 mil pesos o uno de 10 litros en 70 mil, tiempo después supo que los precios regulares de venta antes de la pandemia eran de 10 mil pesos para el de 5 litros, por lo que la elevación del costo fue un 200%.
Los precios de renta tampoco eran alentadores. En todos los lugares a los que llamó los precios rondaban los 4 mil y 5 mil pesos la renta mensual: el costo más económico que encontró era de 3 mil pesos, pero con un depósito de 10 mil, como parte de un seguro de protección del equipo. Después supo que el precio de renta regular antes de la pandemia era de apenas 900 pesos.
SUMINISTRO AGOTADO
A pesar de los precios elevados, Mónica y sus hermanos estaban dispuestos a pagar lo que fuera por conseguir lo que su papá necesitaba; sin embargo, se toparon con un nuevo problema: la poca disponibilidad.
Al realizar las llamadas para cotizar siempre recibían la misma respuesta “por el momento se encuentra agotados”.
Tras esperar tres días por un tanque de oxígeno que nunca llegó, decidieron buscar “hasta debajo de las piedras”, si era necesario, con tal de tenerlo ese mismo día. Mientras su madre conducía el auto y paraba en cada farmacia que encontraba para preguntar por los tanques, Mónica llamaba a los teléfonos de diferentes distribuidoras y su hermana enviaba mensajes en Marketplace para preguntar si los tanques que se ofertaban aún estaban disponibles.
En las distribuidoras no tuvieron suerte, algunos teléfonos no contestaron y en otros la respuesta era que en ese momento no tenían disponible, que llamaran el día siguiente.
Un pequeño rayo de esperanza surgió cuando vieron que tanto en Marketplace como en Mercado Libre parecía haber una gran oferta de tanques y concentradores; sin embargo, al preguntar en varias de dichas ofertas la respuesta era similar: “se nos agotaron hasta mañana”, “se acaba de vender”, “por ahora no tenemos disponible”.
“También nos pasó que llamábamos a un lugar y nos parecía caro, pero al seguir buscando y no encontrar, decidíamos pagar el precio elevado, pero cuando volvíamos a llamar, nos avisaban que ya lo había adquirido otra persona, todo en cuestión de minutos”, comenta Mónica.
“NO ESTÁBAMOS PREPARADOS”
Incluso en la página de Grupo Infra, el principal distribuidor de oxígeno artificial en el país, se lee un llamado a la población para donar tanques de oxígeno que ya no se estén usando.
“Debido a la contingencia por Covid-19 necesitamos tu ayuda. Si tienes cilindros o concentradores que no están en uso contáctanos para programar su recolección”, se puede leer en la página web de la empresa, debido a que los que se encuentran en existencia ya no son suficientes para cubrir la demanda de la población.
Ante la pregunta sobre cuál considera que es la causa de dicha escasez de oxígeno artificial, Mariana Garrido, directora de AsistMedic, asegura que se debe a una combinación de varios factores:
“Como país no estábamos preparados para que tanta gente necesitara al mismo tiempo el uso de concentradores y tanques de oxígeno. Además, el desabasto que existe también se ve incrementado porque, al igual que con los víveres, hay gente que ha comprado o rentado tanques o concentradores por pura previsión, sin necesitarlos realmente”, explica.
El mismo punto señala Juvenal Francisco Granillo, jefe de Medicina Crítica del Centro Médico ABC, quien comenta que, al inicio de la epidemia, muchas personas adquirieron concentradores y tanques de oxígeno aunque no lo requerían, dejando a compañías y distribuidores sin estos equipos.
“Mucha gente, al enterarse de todo esto, compró concentradores y tanques y los tiene en su casa, es por ello que los pocos que quedaron se venden ahora con un sobreprecio. Nosotros en el hospital tenemos un distribuidor que se llama Medicasa pero incluso hay momentos en que nos quedamos sin nada debido a la demanda tan importante que hay de estos equipos”, comenta el especialista.
TRATAMIENTO VITAL
Existen diferentes tipos de pacientes de Covid-19: por un lado, están los asintomáticos y los que presentan síntomas leves, y por otro, los pacientes graves que requieren hospitalización.
En medio de ambos casos se encuentran los pacientes que presentan síntomas no tan severos como para ser hospitalizados, pero que sí requieren tratamiento especial con oxígeno para evitar complicarse. Son los médicos quienes evalúan cuando un paciente lo necesita.
“El oxígeno es para el paciente que lo requiere, eso tiene uno que medirlo. El paciente que tiene una baja saturación periférica de oxígeno, menor de 92 por ciento, es un paciente que ya es candidato para recibir oxígeno”, señala el médico Granillo.
Con la intención de que los pacientes que no están en estado crítico se compliquen al punto de necesitar un hospital los médicos están recetando oxigenación artificial como su principal alternativa para que estas personas mejoren. Para quienes no logran conseguirlo las consecuencias pueden ser fatales.
Al final de una gran odisea, decenas de llamadas y cientos de mensajes enviados, Mónica y su familia consiguieron el último tanque de 415 litros de una tienda de equipo médico, en 4 mil pesos, y un concentrador cuyo precio no era tan elevado como los que habían consultado. La empresa llevó la máquina hasta la puerta de su casa, ubicada hasta Toluca, y hoy su padre requiere cada vez menos tiempo con el aparato.
“Nosotros movimos cielo, mar y tierra para conseguir el oxígeno y el concentrador de mi papá. En la búsqueda nos fuimos enterando de casos de personas que se confiaron pensando que ya lo tenían apartado aunque no llegaba por los retrasos en las entregas y habían fallecido en la noche, al presentar de la nada una crisis respiratoria y no tenerlo a la mano. Nos sentimos agradecidas de que no haya sido nuestra historia”, expresa Mónica, mientras una exhalación de alivio se le escapa por el teléfono.
Foto: Cortesía.- Un hombre de 70 años de edad fue víctima del abuso
Don Arturo, un hombre de 70 años, se encontraba comiendo en una banca ubicada sobre la avenida Revolución y Zona Norte, cuando un oficial de la Policía Municipal le ordenó que se fuera. Al no hacerlo, fue detenido sin más razón que por contestarle al oficial que “hiciera lo que tuviera que hacer”.
Los hechos ocurrieron el 24 de junio, alrededor de las dos de la tarde, cuando Arturo Fierro, un hombre de la tercera edad, comía sus alimentos tranquilamente, solo, sin molestar a nadie. “Llegó una patrulla, se puso aquí enfrente de mí y desde la patrulla el oficial me dijo ‘¡Quítese de ahí, muévase!’, pero de una forma prepotente y agresiva; entonces yo le contesté tranquilo, que era la hora de mi comida, y que era una persona de la tercera edad”, relató a ZETA el afectado.
El agente, quien únicamente se identificó como Oficial Ramírez, de la patrulla 3924-1, le ordenó nuevamente que se retirara, a lo que Arturo le reiteró que estaba incurriendo en hostigamiento policiaco a una persona de la tercera edad.
Como si lo hubiera retado, el agente le ordenó que pusiera sus pertenencias sobre la patrulla y le dijo “le voy a dar otra oportunidad, se retira y no lo llevo detenido”, a lo que Arturo respondió “yo sólo quiero seguir comiendo en la banca”; por lo que el policía procedió a arrestarlo, sin especificarle el motivo.
Durante la detención, llegó otro oficial, quien dijo llamarse Pedro Pérez, supervisor del primer agente, quien también le advirtió de manera hostil “y cada vez que usted esté ahí, lo vamos a detener”.
Acto seguido, lo llevaron a la delegación de la Zona Norte; no le dieron oportunidad de hacer una llamada, y tanto el juez calificador como el carcelero lo regañaron durante un par de horas, hasta que, en el cambio de turno, un nuevo juez le preguntó la edad, y le dijo que lo liberarían por ser una persona de la tercera edad.
Desde entonces, Don Arturo no ha vuelto a sentarse en esa banca, por temor a ser hostigado nuevamente; ya que no es la primera vez que policías municipales lo abordan para que se quite de ahí, pero sí la primera donde es arrestado por sólo comer.
“No tengo miedo, tengo mucho coraje”, explicó. “Aquí, diario hay muertos, robos, asaltos, y ellos nunca aparecen; pero sí se envalentonan para venir a molestar a un viejo, que sólo está comiendo, como si fuera un juego para ellos”, aseveró.
Don Arturo ya puso su queja en sindicatura y espera que los agentes tengan algún tipo de represalia; hasta entonces él considerará volver a esa banca, pues se le habrá hecho justicia.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal informó a ZETA que no cuentan con ningún reporte por investigación en Asuntos Internos, y que el número de patrulla denunciado 3924-1 tampoco existe; sin embargo, a pesar de las múltiples peticiones de este Semanario, no pudieron confirmar o negar la existencia de los agentes “Pedro Pérez” u “Oficial Ramírez”.
OAXACA, Oax.- Por segunda ocasión, la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines (FSM) fue denunciada por contaminar el agua en Valles Centrales y esperan que esta vez el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su palabra de atender esta problemática y evitar que estos daños al medio ambiente no queden impunes.
Así lo denunció el Frente No a la Minería y el Colectivo en Defensa del Territorio, al tiempo que evidenció que los impactos ambientales producidos por la explotación minera de FSM-Cuzcatlán se han profundizado en los Valles Centrales, poniendo en riesgo el agua y la vida de comunidades de Valles Centrales.
El presidente municipal de Magdalena Ocotlán, Pedro máximo Aquino, fue mas contundente al pedir al gobierno federal y estatal que no autoricen mas permisos ambientales para continuar que la empresa minea siga operaciones en Valles Centrales porque “nos están sentenciado a una muerte segura con tantos metales pesados en la sangre, un cáncer”.
Razón por la que el Frente No a la Minería integrado por 12 comunidades entre ellas Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, El Vergel, Los Ocotes, Santa Catarina Minas, San Dionisio Ocotepec y San Nicolás Yaxe, insistieron en rechazar la explotación de minerales en sus territorios.
Las autoridades de Magdalena Ocotlán denunciaron que el pasado 14 de julio, atestiguaron la contaminación de sus cuerpos de agua al constatar que un pozo de captación de agua pluvial, construido para recargar los mantos acuíferos presentó una coloración rojiza.
Detallaron que este pozo se encuentra aproximadamente a 300 metros de la planta de beneficio del proyecto minero.
Recordaron lo mismo sucedió en octubre de 2018, cuando se derramó la presa de jales contaminando el arroyo El Coyote, hecho que continua en la impunidad en la región.
Por lo pronto, las autoridades municipales de Magdalena Ocotlán han hecho una denuncia popular ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROFEPA) y exigen a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), intervengan para que realicen una investigación apegada a derecho y transparenten los resultados de los estudios que se han realizado con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Así como la reparación del daño de comunidades afectadas por la explotación minera.
Mientras, la compañía minera Cuzcatlán, empresa filial de Fortuna Silver Mines presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un nuevo permiso ambiental para la continuidad de la extracción de minerales en los Valles Centrales de Oaxaca.
El documento denominado Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Modalidad Regional “San José II” fue presentado el pasado 07 de julio de 2020.
En este documento Cuzcatlán-FSM expresa que “…su operación no supone un riesgo para ninguno de los objetos de conservación de estas áreas”, no obstante, la realidad que viven las comunidades es diferente porque “hemos constatado que en los últimos años existen daños irreparables a nuestro medio ambiente, donde el agua, principal líquido para nuestra supervivencia ha sido contaminado en dos ocasiones”.
Por tal motivo, las comunidades organizadas en el Frente No a la Minería rechazaron tajantemente cualquier actividad que tenga por objeto la explotación de sus bienes comunes.
Consideran que la presentación de esta nueva MIA desacata las determinaciones comunitarias expresadas en sus asambleas y actas de Territorio Prohibido para la Minería, mismas que respetan y retoman la legislación vigente en los ámbitos municipal, estatal y federal.
El Frente No a la Minería demanda a la SEMARNAT respetar y proteger nuestro derecho a la libre determinación, autonomía, territorio, salud y medio ambiente sano, por lo que exigieron nuevamente no autorizar dicho permiso.
Y es que FSM-Cuzcatlán, pretenden asegurar la explotación irracional de plata y oro por diez años más en los Valles Centrales, además de justificar obras ilegales dentro de San José del Progreso.
Es importante mencionar que en mayo de 2019 presentó un permiso similar a este, el cual fue negado por la SEMARNAT en enero de 2020. En esta segunda ocasión, en su “extracto” del proyecto, la empresa argumenta dolosamente que “San José II no se trata de un nuevo proyecto o ampliación del mismo, sino a obras previamente desarrolladas”. Advirtieron que autorizar dicho permiso representa una violación sistemática a nuestros derechos territoriales.
La secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado (SITTGE) Francisca Reséndiz Lara confirmó que la administración estatal busca que este año los burócratas estatales no accedan a aumento salarial, a pesar de que ya estaba contemplado dentro del presupuesto para este 2020.
El SITTGE denunció no estar de acuerdo con esta decisión, ya que las autoridades pretenden justificar este dinero en la compra de insumos para combatir el Covid-19, sin embargo no cuentan con la certeza para que puedan transparentar dicho gasto.
Denunció además que se han interpuesto 80 quejas de sus agremiados por escrito alegando un descuento o reducción desde hace tres quincenas, argumentando disposiciones que tienen que ver con la pandemia.
“No es posible que por un lado salgan a los medios a decir que los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas tienen que quedarse en casa o incluso hacer home office, pero resulta que a la hora del pago no les llega nada, porque no se presentaron a la oficina”, detalló.
También señaló que en el SITTGE se han reportado cuatro trabajadores como positivos a Covid-19, afortunadamente todos ellos han sido asintomáticos o con síntomas leves, por lo que no han requerido hospitalización, solamente se han mantenido en aislamiento dentro de sus hogares y recuperándose favorablemente.
En rueda de prensa, familiares de personas desaparecidas en Jalisco junto con organizaciones de la sociedad civil, denunciaron que las y los Diputados del Congreso del Estado de Jalisco, particularmente quienes integran y presiden la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, han fallado en cumplir con el compromiso adquirido durante las mesas de trabajo del mes de enero, sobre garantizar un proceso abierto, transparente, incluyente y que tuviera las condiciones para hacer una revisión adecuada del paquete de leyes en materia de desaparición de personas y atención a víctimas en Jalisco.
El pasado 17 de julio enviaron una carta a las y los legisladores de dicho órgano, donde solicitaron una reunión que les permitirá trazar una hoja de ruta sobre el proceso, sin embargo, advirtieron, además no haber recibido una respuesta, la Junta de Coordinación Legislativa del Congreso emitió una orden para dictaminar las tres leyes y pasarlas al pleno en los próximos días: “sin informar de manera oficial” a familiares de personas desaparecidos y demás víctimas de la violencia.
Fue sólo después de que se diera a conocer algunos casos de COVID-19 hacia adentro del Congreso del Estado que el plan se detuvo hasta que se reanuden actividades en dos semanas.
Asimismo, reclamaron no conocer el contenido real de los dictámenes de ley a los cuales sólo han tenido acceso de manera extraoficial. Por ello, además de enviar una comunicación ante diversas instancias internacionales de derechos humanos, entre ellas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, las familias realizarán la clausura simbólica del Congreso del Estado de Jalisco el próximo martes 28 de julio.
Dalia Souza / Zona Docs
Con más de dos años de retraso y el paso de dos legislaturas (la pasada LXII y la actual LXIII), el Congreso del Estado de Jalisco ha buscado una vez más dictaminar y votar laLey de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, sin cumplir debidamente con el principio de participación conjunta previsto en la Ley General de Desaparición de Personas.
La cual, junto con la Ley Especial de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas y la Ley Estatal de Atención a Víctimas forman parte del paquete legislativo que, durante el mes de octubre de 2019, envió al Congreso del Estado el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
Si bien, en aquel momento Alfaro Ramírez afirmó que los documentos presentados contaban con la anuencia de los colectivos de familiares y personas expertas en el tema, las familias rechazaron que estos fueran dictaminados y votados sin antes pasar por una revisión profunda; que respondiera a un proceso real sin simulaciones, transparente, abierto y participativo, donde se contara, además, con la intervención de familiares de personas desaparecidas, víctimas de la violencia de todo el estado y organizaciones de la sociedad civilexpertas nacionales e internacionales.
Algunos meses después, en enero de 2020, gracias a la exigencia de las familias de personas desaparecidas en el estado y sus organizaciones acompañantes, consiguieron que la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios ofreciera las condiciones para llevar a cabo una jornada de tres días de mesas de trabajo para poner en común el contenido de las tres leyes vitales para el segundo estado en el país con más víctimas de desaparición y de la violencia.
En el desarrollo de éstas, se denunció que el proceso había formado parte de una simulación, donde, además de carecer de una estructura funcional para la discusión del material legislativo, no se había contado con la presencia de las y los diputados del Congreso del Estado, pese a que dichas mesas se realizaron en el recinto legislativo.
Luego de que las familias y sus acompañantes presentaran un ultimátum a las y los legisladores, se pactó -sin una fecha clara- la realización de mesas técnicas de trabajo que incorporaran a las familias en las discusiones técnicas de las leyes donde, según advirtieron defensoras y defensores “artículo por artículo vayan (las y los diputados) incorporando las peticiones de las familias”.
Sin embargo, a cinco meses de este acuerdo y luego de la llegada de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, las y los diputados, particularmente quienes integran la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y su presidente, diputado Jorge Gonzáles Arana, han sido nuevamente negligentes y omisos en hacer valer las peticiones y acuerdos a los que se llegó con las familias y sus organizaciones acompañantes.
Según advirtieron en rueda de prensa este lunes 27 de julio el Colectivo Por Amor a Ellxs; el Colectivo Entre Cielo y Tierra; el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C (CEPAD); el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J.; el Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM); así como el Observatorio Legislativo ITESO; y la organización TÓMALA, no existe voluntad de parte de las y los legisladores para generar leyes que respondan a la realidad que enfrenta el estado en materia de personas desaparecidas y víctimas de la violencia, puesto que:
“Una ley que ignora a las familias no es una ley que responde a las víctimas”, exclamaron.
Así mismo, refirieron que hasta el momento “no se cuenta con un marco legal adecuado” que permita atender la crisis de derechos humanos, violencia, desapariciones y fosas que lacera la vida de miles de personas en Jalisco.
SIN RESPUESTAS A LA CARTA ENVIADA
El pasado 17 de julio, como parte de los esfuerzos que organizaciones y familiares han venido realizando posterior a las mesas de trabajo de enero y como respuesta a los nuevos contextos de trabajo producto del inicio de la pandemia, enviaron una carta ante el Congreso del Estado, dirigida a la Comisión Legislativa para requerir una reunión donde pudiera presentarse “la hoja de ruta que ha previsto el Congreso del Estado para la revisión, discusión, dictaminación y posterior votación” de las tres leyes.
Sin respuestas reales y, por el contrario, declaraciones públicas de parte del diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Jorge González Arana, que buscaron inculpar a las familias sobre la demora en los procesos, asegurando que: éstas se negaron a aceptar el trabajo legislativo desde la virtualidad; poco después las y los diputados informaron que, en los siguientes días, se dictaminarían y votaría en el pleno las leyes.
RECHAZO A LA VOTACIÓN EXPRÉS DE LAS LEYES
En su intervención, Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, (CEPAD),afirmó que “no hubo respuesta oficial a la carta”, sino, sólo la orden de la Junta de Coordinación de la Comisión de Derechos Humanos para “dictaminar las tres leyes y pasar esta semana al pleno sin informar de manera oficial a familiares de personas desaparecidas”.
Si bien, el plan se detuvo, no fue porque así se buscase; según precisó Anna Karolina Chimiak, esto responde a los recientes casos de contagio de COVID-19 dentro del recinto legislativo. La información que se tiene es que las actividades permanecerán detenidas hasta nuevo aviso.
Frente a lo señalado, Esperanza Chávez, líder del colectivo Por Amor a Ellxs dijo “rechazar la aprobación exprés del paquete de leyes” y exigió en nombre de las organizaciones y demás colectivos de familiares que, las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y demás legisladores “no pasen al pleno ni voten las leyes, hasta que se genere un proceso abierto, transparente y participativo”, como se requirió y están obligados a través del principio de participación conjunta.
Por su parte, la señora Lety Vázquez como integrante del Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), señaló que “las y los diputados les han dado la espalda” al no notificarles sobre la reunión en el pleno y el proceso de dictaminación de las leyes; y, por lo tanto, “violan los acuerdos e impide los estándares más amplios” en materia de protección y derechos humanos de las víctimas de la violencia:
“En el congreso se priorizan los intereses y negociaciones políticas en lugar de las necesidades de las víctimas. Hacemos un llamado y exigimos que no pasen al pleno y no se voten los dictámenes hasta que se genere un proceso abierto, participativo, transparente e incluyente, con la metodología ampliamente trabajada, que cumpla con las necesidades de las familiares de desaparecidos y demás víctimas de la violencia”, afirmó.
FRENTE A LA VOTACIÓN EXPRÉS: SIN INFORMACIÓN REAL SOBRE DOCUMENTOS Y DICTAMENES DE LEY
Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. y Anna Karolina Chimiak del CEPAD, afirmaron que no han recibido de manera formal los documentos de los dictámenes que pretendían votarse; ya que, a los que han tenido acceso, han sido recibidos de “manera extraoficial”. En éstos, precisaron, “no se tiene claridad” y “no se sabe cuáles pasarían al pleno”:
“Nos han filtrado documentos que pareciera incorporan las observaciones, documentos que ni siquiera parecen ser oficiales” expresaron.
Con ello, advirtió la codirectora del CEPAD, la mayoría de las observaciones realizadas de manera concreta por organizaciones y familiares, en el marco de las mesas de trabajo de enero y posterior a éstas, no resultan incorporadas:
“La mayoría de las observaciones no se resulta incorporada, hay una postura de muy poca apertura para incorporarlas. Se presentaron múltiples observaciones y no existe aún una postura unánime que necesita mayor discusión. Además, se desconoce cuáles fueron los criterios que se utilizaron para incorporar ciertas observaciones”.
Tampoco queda claro cuál fue el criterio para incorporar las observaciones realizadas durante las mesas de enero. Entre las observaciones que, señala la organización, no fueron incorporadas a estos documentos recibidos de manera extraoficial se encuentran: limitaciones en el concepto de búsqueda inmediata; se excluye la responsabilidad de los superiores jerárquicos; el Consejo Ciudadano Local se reduce a un órgano de consulta en la Comisión Local de Búsqueda; y con ello, expresó Chimiak, se dejaron fuera señalamientos importantes relacionados con la búsqueda de menores de edad y mujeres con perspectiva de género, además del enfoque diferenciado.
Respecto a la Ley Estatal de Atención a Víctimas, consideraron que ésta debe ser trabajada de manera independiente, ya que requiere incorporar más opiniones, visiones y contextos múltiples de todas las víctimas de violaciones a derechos humanos en el estado, no sólo de quienes han sido víctimas de desaparición y sus familiares.
CLAUSURARÁN EL CONGRESO DE JALISCO
Esperanza Chávez del Colectivo Por Amor a Ellxs informó que, frente a las decisiones arbitrarias que ha decidido tomar el Congreso del Estado, este martes 28 de julio han decidido clausurar de manera simbólica sus instalaciones “para que se den cuenta (las y los diputados) de la magnitud del problema y puedan atendernos”; mientras que, en 15 días (fecha en la que se tiene previsto reanudarán las labores en el recinto legislativo) lo harán nuevamente:
“Hoy va a ser simbólico y en 15 días cuando abran lo haremos otra vez. Es algo que tenemos que hacer por todas las familias, no se vale que quieran hacer unas leyes que no tomen en cuenta a las familias” afirmó.
La cita es el martes 28 de julio a las 10:00 a.m. en las instalaciones del Congreso del Estado de Jalisco en el Centro Histórico de Guadalajara.
PEDIRÁN COLABORACIÓN DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
Por su parte, Alejandra Nuño del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J., anunció que el pasado domingo 26 de julio presentaron ante varias instancias internacionales de derechos humanos una comunicación donde se informó sobre el actuar de las y los legisladores del Congreso de Jalisco, para que éstas requieran respuestas de la autoridad Federal y local en el tema.
Entre las instancias informadas se encuentra: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional, quienes en su momento participaron en las mesas de trabajo organizadas por las y los diputados en el mes de enero y se encuentran trabajando en conjunto con las familias y sus organizaciones acompañantes.
Según refirió Alejandra Nuño, no es la primera vez que organismos internacionales ponen en discusión en actuar de los Congresos de los estados en México, ya que de las diez sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos a emitido al país, en siete de ellas se hacen señalamientos sobre leyes violatorias o contrarias a tratados internacionales.
“TIENEN 15 DÍAS”
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco y su Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios tiene 15 días para generar la hoja de ruta solicitada por las familias y sus organizaciones que, contemple, lo ya previsto y establecido en la carta enviada el pasado 17 de julio, de lo contrario, han advertido, podrían comenzar a iniciar algunos amparos al respecto.
Finalmente, sobre las declaraciones realizadas por el diputado Jorge González Arana en una entrevista con en el medio local Notisistema (donde culpabilizó a los familiares de no querer llevar a cabo en la virtualidad los trabajos de análisis y discusión respecto a la ley), las familias dijeron sentirse decepcionadas; ya que, días antes, éste se habría mostrado con disposición para trabajar las peticiones.
Carlos Carabaña / El Universal
Siete millones y medio de pesos, ese es el monto total para pagar a los 14 trabajadores —más equipamiento— que se encargarán de vigilar el manejo de residuos, ahuyentar animales, trasplantar miles de árboles y vigilar que se cumplan las medidas de mitigación ambiental a lo largo de tres años y de 626 kilómetros de las obras de los tres primeros tramos del Tren Maya.
Si se le suman los 10 millones que se han dedicado al estudio de los pasos de fauna y se comparan con los 44 mil millones por los que se han adjudicado las obras de estos da 0.04% del presupuesto en programas ambientales.
Esos datos están en la manifestación de impacto ambiental (MIA) de los primeros tres tramos del Tren Maya presentada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para su evaluación el pasado 16 de junio.
EL UNIVERSAL documentó que los promotores retorcieron la legislación ambiental en contra del análisis de sus asesores para poder comenzar las obras sin este requisito.
En sus casi 2 mil páginas se puede leer sobre un posible ecocidio si no se cumplen las leyes ambientales, que los estudios de demanda por los que se pagaron 23 millones de pesos no contaban con información suficiente, y que los mayores impactos ambientales se darán durante la preparación del sitio y las obras, así como otras contradicciones en el discurso oficial.
El Tren Maya contempla unos mil 500 kilómetros de vía que circularán por la península de Yucatán. Dividido en siete tramos, cuatro han sido adjudicados y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya inauguró las obras.
Este 30 de julio acaba la fase de consulta pública de la MIA, en la que actores de la sociedad civil han podido presentar sus observaciones.
Académicos contactados por este diario han comentado sobre ella. Una parte importante del grupo constituido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para analizar el Tren Maya, el mismo que se encargó de un informe crítico que fue ocultado por la institución, también presentará una serie de comentarios esta semana.
“Presupuesto ambiental ridículo”
En la MIA, en su apartado Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales del Tren Maya, se encuentra una serie de medidas y se establece un presupuesto para las mismas. En total, para supervisar las obras, restaurar los suelos, replantar miles de árboles, alejar a los animales del recorrido de las vías y el manejo de residuos a lo largo de tres años y en 626 kilómetros, hay proyectados 7 millones y medio de pesos y 14 personas.
“Es una propuesta ridícula: con 14 personas y 7 millones de pesos quisieran curarse en salud.
“El proyecto costará decenas de miles de millones de pesos y los daños ambientales los piensan satisfacer con cantidades ridículas. Así no se hacen las cosas”, argumenta Luis Fueyo, experto ambiental de la UNAM y con experiencia en el sector público.
Una opinión similar tiene Daniel Basurto, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental: “Parece el presupuesto para un proyecto menor, sin relevancia ambiental. Imposibilita dar cumplimiento a un programa de supervisión”, asegura.
Se contempla que se afecten 315 especies diferentes de animales, de las cuales siete son endémicas y 51 están protegidas. Además, se calcula que hay al menos 7 mil 700 mamíferos, aves, peces y reptiles. Se considera que, en el peor escenario, “la fauna será capturada para autoconsumo o comercialización”. De acuerdo con datos de otra sección de la MIA, el Tren Maya tendrá, en su fase de preparación y construcción de las obras, 112 impactos adversos: “Durante estas etapas se producirán las actividades más agresivas de todo el proyecto”, se lee.
En marzo, la Semarnat autorizó una exención de la MIA bajo el título Rehabilitación y mantenimiento de vía ferroviaria (…) de 726.22 km de vía en 4 mil 205.80 hectáreas. Se puede suponer que todos esos impactos negativos contemplados se estarían produciendo en las obras ya en marcha, las cuales el Ejecutivo inauguró el pasado 1 de junio.
“La rehabilitación no exime de una evaluación de los impactos. Las vías serán nuevas, habrá que mover los viejos rieles, construir terraplenes, acarrear material, ampliar los derechos de vía, abrir caminos de acceso y remover vegetación que cumple una importante función ecológica en sitios perturbados y no hay que menospreciar los acahuales”, explica Fueyo.
“Empleo temporal para la pobreza”
Por 5 millones y medio de dólares y un piso en la Secretaría de Desarrollo Agrario, ONU Hábitat, dedicada a los asentamientos humanos, sirve de consultora a la Fonatur en la ejecución del Tren Maya. En la MIA se citan algunos de sus comentarios, como que “ONU Hábitat estima que en los 16 municipios con estaciones del tren (…) en lo que resta de 2020 se deberán generar casi medio millón de empleos”.
Otro análisis que se cita es el estudio de demanda realizado por la empresa STEER, en octubre de 2019, que costó 23 millones de pesos. De acuerdo con la MIA, éste cuenta “con información insuficiente para desarrollar el plan de operación” de la construcción.
Desde la actual administración, ya cuando la pandemia del coronavirus había estallado, se estimó que este 2020 las obras del Tren Maya generarán 80 mil puestos laborales. Fonatur, se lee en la MIA, “se suma a combatir en la medida de lo posible los índices de marginalidad y rezago económico, y en la creación de empleos temporales en las distintas etapas del proyecto”.
“En el corto plazo la industria de la construcción puede generar el empleo previsto, pero el trabajo temporal no acaba con la pobreza y, como se vio en Cancún y Playa del Carmen, puede generar asentamientos humanos irregulares”, detalla Fueyo.
Una parte del informe que presentará el grupo fue elaborado por Sergio Prieto, investigador del Conacyt. Sus comentarios a la MIA aseguran que “no cumple con uno de los principios rectores para este tipo de evaluaciones: el preventivo de considerar y atender posibles daños futuros”.
En su análisis, Prieto cuestiona el papel de ONU Hábitat en las negociaciones con las personas que tienen “propiedades formal y legalmente reconocidas dentro del derecho de vía existente” y a las que habrá que desalojar: “Existe un vacío preocupante en la información acerca de la labor de este organismo. ¿El pago realizado es por concepto de consultoría o para conseguir su aval?”, comenta.
“La carretera no es igual que un tren“
Cuando a mediados de junio se acusó a Fonatur de comenzar las obras del Tren Maya sin la MIA, la institución contestó que tenía la exención para los tres tramos que conectan Palenque con Izamal, mientras que para el cuarto, que va hasta Cancún, son “acciones de mantenimiento carretero” permitidas “dentro del título de concesión” que tiene la empresa ICA para la Autopista del Mayab, que va de Mérida a Cancún en una vía de cuatro carriles.
Pero en la MIA, en su análisis sobre los pasos de fauna para que crucen los animales, se hace hincapié en las diferencias entre ambos tipos de vías.
“Aun cuando es obvia la diferencia entre las vías del tren con las carreteras, frecuentemente se ignoran y se equiparan a las carreteras, al evaluar el impacto de los ferrocarriles. Sin embargo, difieren en muchos de los aspectos que influyen en sus impactos y es probable que todas estas diferencias afecten las respuestas de la vida silvestre a las carreteras y ferrocarriles.
“Podría decirse que los trenes son en general menos impactantes, pero para algunas especies grandes de vertebrados, tal vez jaguares en México, los trenes pueden ser más mortíferos”, explica Rafael Barrientos, de la Universidad Complutense de Madrid y experto en ecología vial, un campo que estudia los efectos de infraestructuras de comunicación en ecosistemas.
“Juntar en un mismo corredor una línea de tren y una autopista puede hacer que sus efectos sean aditivos. Por ejemplo, imaginemos que los atropellos en la autopista causan la muerte de 20% de los jaguares de la zona y la población es capaz de producir nuevas crías y generar 25% de jaguares cada año, pero si a las muertes causadas por la autopista le sumamos 10% causadas por los trenes, hace que se supere el umbral de individuos nuevos cada año, implicando su futura extinción”, externa.
Quizá un gran resumen de los riesgos mayores del Tren Maya pueda encontrarse dentro de la propia MIA: “Es importante cumplir con las leyes y restaurar el impacto que ocasionará el Tren Maya, ya que la zona está fuertemente amenazada y deteriorada. Ser un factor anexo de fragmentación conllevará a un ecocidio sin precedentes”.
Adrian Javier Flores Nieves/La Jornada Aguascalientes
27 julio 2020
Tanto nacional como localmente, la violencia familiar tuvo un claro repunte durante junio
A lo largo del año en Aguascalientes se han reportado mil 72 carpetas de investigación sobre presuntos delitos de violencia familiar, en México, 104 mil 331
Uno de los tantos delitos que no cesaron durante la pandemia, y en sí, durante el primer semestre del 2020, fue el de violencia familiar que, en junio, volvió a tener un alza con respecto a su mes anterior, no sólo de manera nacional, sino también local.
Según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio se abrieron 18 mil 884 carpetas de presuntos delitos de violencia familiar cometidos en México, de ellos, mil 72 se adjudican a Aguascalientes. Ambas cifras superan lo que se había registrado en sus dos meses anteriores (abril y mayo).
El crecimiento en la tasa nacional de violencia familiar, de mayo a junio, es de 17.6%, y representa más de dos mil carpetas extras. La violencia familiar fue un tema primordial en asociaciones y organizaciones civiles, dado que, durante el confinamiento, preocupaba que esta clase de delitos pudieran darse con más facilidad de modo que las familias estaban más tiempo expuestas a su agresor. También la incidencia de este delito, en el intervalo de tiempo de enero a junio del 2019 contra el 2020, tuvo un crecimiento del 1.6%; el año pasado se registraron 102 mil 709 casos, este año, 104 mil 331 (mil 622 más).
El delito de violencia familiar en México se desglosa de la siguiente manera: en enero, 15 mil 850; en febrero, 17 mil 796 (12.3% más); en marzo, 20 mil 504 (15.2% más); en abril, 15 mil 237 (25.7% menos); en mayo, 16 mil 60 (5.4% más); y en junio, los 18 mil 884 ya mencionados (17.6% más).
Los mil 72 delitos de violencia familiar perpetrados en Aguascalientes se dividen de la siguiente manera: enero, 165; febrero, 172; marzo, 223; abril, 144; mayo, 150; y junio, 218, siendo este último el segundo con más incidencia a lo que va de este 2020.
Llamadas de emergencia sobre violencia de pareja
En este primer semestre del 2020, México ha reportado un total de 118 mil 136 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja, de ese número, 6 mil 546 se realizaron dentro de Aguascalientes.
La incidencia de llamadas de esta índole en la entidad la posiciona en el tercer lugar nacional con mayor tasa por cada 100 mil habitantes. En Aguascalientes se realizaron, en promedio, 456.3 llamadas relacionadas con incidentes de violencia de pareja por cada 100 mil habitantes; en Baja California, 597.8 y en Quintana Roo 637.8. La tasa promedio nacional de este indicador compartido por el SESNSP es apenas de 92.4 llamadas por la cantidad de habitantes ya mencionada.
Colima, México, Avanzada (27/7/2020).- Los datos sobre homicidios dolosos en Colima que aparecen en el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y los que reportan los medios de comunicación en la entidad, no coinciden, por lo menos en el primer semestre de este 2020.
Entre los meses de enero y junio de este año, la Fiscalía de la entidad reportó al SESNSP los asesinatos de 310 personas, sin embargo, en el Mapa de Homicidios del periódico AVANZADA, la cifra es de 385.
La diferencia con la cifra oficial es de 75 muertos. El Mapa de Homicidios del periódico AVANZADA se realiza a partir de los asesinatos que se documentan en los diferentes medios de comunicación de la entidad.
Mientras que la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se desprende de los reportes mensuales de la Fiscalía General del Estado, a partir de las denuncias que se interponen ante esa instancia.
Aún con dicha diferencia, a nivel nacional, el estado tiene la tasa más alta de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes desde el 2016. Incluso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro que le preocupa el nivel de violencia que se registra en la entidad.
La discrepancia de cifras entre el reporte que la Fiscalía realiza al SESNSP y el Mapa de Homicidios puede ser porque la autoridad no reporta como asesinatos los cadáveres encontrados en las fosas clandestinas
No obstante es de destacar que en enero de este año, la organización Causa en Común acusó un “grave problema” de subregistro estadístico en la incidencia delictiva en México.
Colima, México, Avanzada (27/07/2020).- El lunes 20 de julio, una mujer de entre 30 y 35 años de edad fue asesinada a cuchilladas al interior de su domicilio en la calle Gazania, en la colonia, Terraplena, en el municipio de Manzanillo.
El 26 de mayo, una madre y su hija de aproximadamente 12 años de edad fueron asesinadas al interior de su domicilio en la colonia Ignacio Zaragoza en la capital del estado. Las dos mujeres tenían golpes en diversas partes de su cuerpo.
No fueron los únicos casos, el 13 de abril se cometió un doble homicidio: una madre y su hija fueron asesinadas al interior de su domicilio en la avenida, Lázaro Cárdenas. Las dos eran vendedoras de fruta.
En el primer semestre del año, el feminicidio en Colima aumentó un 166.7 por ciento, comparado con el mismo periodo en el 2019, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el primer semestre de 2019, la Fiscalía sólo contabilizó tres feminicidios, en tanto, en el mismo del periodo de 2020, dicha dependencia clasificó únicamente 8 de 54 asesinatos de mujeres.
Con esa información, el feminicidio aumentó en un 166.7 por ciento. Además de Colima, hubo aumentos significativos en Campeche con un 200 por ciento, y Michoacán con un 166.7 por ciento y Nayarit, con 133.3 por ciento.
Mientras que a nivel nacional en el primer semestre de este año se registraron 489 feminicidios en el país, lo que equivale a un aumento de 9.2 por ciento, comparado con los primeros seis meses del 2019, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
Estudiantes y familiares, de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero, protestan hoy domingo en el antimonumento, en la CdMx (México). Foto: José Pazos, EFE
EFE / Sin Embargo
Estudiantes y familiares, de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero, protestan hoy domingo en el antimonumento, en la CdMx
México, 26 de julio (EFE).- Los padres de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa demandaron este domingo a las autoridades mexicanas acelerar la investigación y ejecutar las detenciones de los presuntos responsables de la desaparición de sus hijos en junio del 2014.
“Queremos mandar un mensaje al Poder Judicial y la Fiscalía General de la República para acelerar la detención de Tomás Zerón de Lucio y otros funcionarios que tienen que ver con el tema de Ayotzinapa”, dijo Melitón Ortega, portavoz de los padres.
Una comisión de padres, acompañada de estudiantes de Ayotzinapa, escuela del sureño estado de Guerrero, llevó sus reclamos actuales al antimonumento a los 43 en la céntrica avenida Paseo de la Reforma en un mitin este domingo, a escasos dos meses de que cumplan seis años de la desaparición de sus hijos.
Zerón, quien se presume que se encuentra en Canadá, se desempeñaba como jefe de la policía de investigación durante el caso de los 43 y actualmente está acusado de tortura durante la investigación, por lo que actualmente tiene una orden de captura y se busca su extradición a México.
Durante el mitin, Ortega aseguró que los padres de Ayotzinapa ya no quieren “más simulaciones” de parte de las autoridades sino que ya es tiempo de que lleven a cabo “acciones concretas” y se den avances reales en la investigación.
“Queremos acciones concretas, compromisos, resultados concretos de la investigación y la detención de las personas que dañaron y desaparecieron a los estudiantes”, declaró Ortega.
LA INVESTIGACIÓN ACTUAL
Ortega dijo que ciertamente los padres han sido informados de las nuevas acusaciones en el caso y de la emisión de nuevas órdenes de detención, pero que consideran que todo ello es insuficiente porque al momento no hay nuevas capturas.
“No tenemos avances, tenemos conocimiento de las órdenes, de las nuevas acusaciones, pero eso no es suficiente, queremos las detenciones”, apuntó el portavoz de las familias de los estudiantes desaparecidos.
Ortega insistió que ver personas detenidas “es dar resultados” y que para exigirlos es que los padres y los estudiantes no se detendrán en sus exigencias de que el Poder Judicial “debe actuar lo más pronto posible”.
El caso de Ayotzinapa dio un vuelco con el cambio de Gobierno en diciembre del 2018, a partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador estableciera una comisión especial para el caso.
Esta comisión abrió la vía con la Fiscalía General de la República para crear una fiscalía especial, la cual reabrió el caso y finalmente modificó la narrativa marcada por el Gobierno anterior.
Durante el mitin, Ortega aseguró que los padres de Ayotzinapa ya no quieren “más simulaciones” de parte de las autoridades sino que ya es tiempo de que lleven a cabo “acciones concretas” y se den avances reales en la investigación. Foto: José Pazos, EFE.
Esta narrativa apuntaba a que los 43 estudiantes fueron detenidos la noche del 26 de septiembre del 2014 por policías del municipio de Iguala (Guerrero), que los entregaron a un grupo de narcotraficantes que los asesinó e incineró sus cuerpos en un basurero cercano.
LA VERDAD HISTÓRICA
Ortega aseguró que la versión del caso que heredó el Gobierno de Peña Nieto “fue derribada” por los informes de los expertos que ya habían establecido la hipótesis de que no era probable que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero.
Para los padres, las nuevas investigaciones “implican enterrar más esa verdad histórica”.
No obstante, Ortega sostuvo la exigencia de que se les entreguen “avances significativos, concretos, y las detenciones para poder investigar y para poder saber el paradero de los estudiantes. Es un llamado urgente, porque los padres no nos vamos a quedar callados, vamos a seguir en la lucha”, apostilló.
El pasado 10 de julio, López Obrador de reunió con los padres en el Palacio Nacional y se comprometió con ellos a trabajar para resolver el caso Ayotzinapa.
A principios de julio, la Fiscalía ordenó la detención de 46 funcionarios del estado de Guerrero en relación con la desaparición de los estudiantes, y previamente capturó a José Ángel Casarrubias Salgado, alías “El Mochomo”, uno de los presuntos líderes del cartel Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición.
Además, las autoridades mexicanas confirmaron la identificación de los restos de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, con ayuda de expertos forenses en Suiza, los cuales fueron hallados a unos 800 metros del basurero donde presuntamente habían sido incinerados.
Ciudad Victoria.- La titular de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, afirmó que se agudiza la población hospitalaria por Covid-19 en la entidad, con siete hospitales al 100 por ciento, cuatro del ISSSTE y tres del IMSS.
“Al día de hoy tenemos al 100 por ciento tres unidades hospitalarias del IMSS (en Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y en Matamoros) y cuatro unidades hospitalarias del ISSSTE (Tampico, Reynosa, Matamoros y Ciudad Mante)”, detalló Molina.
Pidió a la población no evadir la realidad y mantener las medidas de prevención, al dar a conocer que en el reporte de este domingo, la SST confirma 356 nuevos casos de Covid y 16 nuevas defunciones, por lo que urgió a quedarse en casa el mayor tiempo posible para disminuir contagios.
El conteo oficial asciende a 14 mil 930 confirmados, de los cuales 8 mil 318 se han recuperado y 915 han fallecido a nivel estatal.
“Tamaulipas continúa sufriendo el impacto de la pandemia por Covid-19. Los casos no disminuyen, la curva no se ha aplanado y los fallecimientos lamentablemente se siguen presentando”, dijo.
Mencionó que quienes integran el sector salud se reunieron para implementar estrategias inmediatas que permitan reconvertir más camas para la atención de la población, “a la fecha se encuentran hospitalizados en la entidad 408 pacientes positivos y 293 sospechosos a Covid-19”.
Afirmó que desde el inicio de la emergencia sanitaria la inversión ha sido estatal para hacer frente a la pandemia, “hoy exhorto al gobierno federal para que a través de sus instituciones de salud den a la brevedad posible respuesta para el apoyo necesario”.
Añadió que, en el estado han trabajo de manera coordinada, apoyando con equipo médico, hospitalario, medicamentos y recursos humanos a los hospitales del Seguro Social, del ISSSTE, así como al Hospital Regional de Alta Especialidad, para proteger la salud de las y los tamaulipecos que hoy padecen los graves efectos de esta enfermedad.
“Hago el llamado a la población una vez más, en vista de que estamos cerca de saturar al sistema hospitalario, a que intensifiquen las medidas de prevención y eviten exponerse a un contagio. Lo más importante es disminuir la transmisión del virus. Cuídate tú, cuida a los tuyos”.
Colima, México, Avanzada (26/07/2020).- La violencia en Colima, atribuida a una disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, muestra que en el Estado que hasta 2011 fue el más seguro del País ahora embolsan, descuartizan y hasta entierran a personas sin que el Gobierno que encabeza el priista Ignacio Peralta Sánchez, muestre eficiencia en combatir el problema.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y junio del 2020 en la entidad se han registrado 310 homicidios dolosos, 271 de ellos fueron perpetrados con arma de fuego; en 2015, hubo 167; en 2016, 524; en 2017, 700; en 2018, 616; y en 2019, 660 homicidios dolosos.
Aunque no aparecen contabilizados aún en las cifras del Secretariado Ejecutivo, un ejemplo de que en Colima embolsan ocurrió este 25 de julio, pues en la Colonia Prados de La Estancia, en la Capital colimense, fue ubicada una bolsa con restos humanos; mientras que, el día 15 del mismo mes, se encontraron otras dos bolsas con los cuerpos desmembrados de dos personas, los cuales estaban además envueltos en sábanas, en el Centro de Manzanillo.
Los multihomicidios también se registran en la entidad, por ejemplo, el 31 de enero, cuatro cadáveres fueron encontrados en un predio rústico del Ejido La Central, en el puerto manzanillense; y el 11 de marzo, se localizaron cinco personas asesinadas en el interior de un rancho ubicado por la carretera que conduce a Cuyutlán, en Armería.
Pero también es una constante el hallazgo de fosas clandestinas, como la encontrada el 17 de enero con un cuerpo en su interior, cerca de la comunidad Veladero de Los Otates, en Manzanillo; o las del 2 de febrero, encontradas con restos de seis personas en un predio cercano a El Chupadero, en Tecomán.
Asimismo, en otra de las llamadas “narcofosas” el 22 de febrero se encontraron restos de 12 personas en un predio rústico ubicado en la comunidad de Caleras, en Tecomán; y el 1 de junio, en tres fosas clandestinas fueron localizados cuatro cadáveres en Cofradía de Hidalgo, en la localidad tecomense, cerca de la Laguna de Alcuzahue, y entre las víctimas estaba la diputada local de Morena reportada desaparecida desde el 29 de abril, Anel Bueno Sánchez, quien habría sido asesinada por miembros del CJNG.
Mediante un comunicado, fechado el 30 junio de 2020, la Alcaldía Única Constitucional de San Mateo del Mar (autoridad tradicional) advierte que el clima de violencia que criminaliza al pueblo Ikoots (huave) en el Istmo de Tehuantepec es parte de la estrategia para romper su organización y despojar sus territorios. Las víctimas siguen exigiendo justicia y medidas cautelares.
“Han pasado 57 días de que el grupo criminal comandado por Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez y el presidente Municipal Bernardino Ponce Hinojosa arremetieron contra el pueblo de San Mateo del Mar, cuando el pasado 3 de mayo irrumpieron quemando casas, hirieron personas y asesinaron al suplente del Agente Municipal de Huazantlán de Río”.
Las autoridades señalan que hasta la fecha la comunidad continua sin seguridad, las acciones de violencia siguen y han fallecido más ciudadanas y ciudadanos Ikoots. El gobierno sigue ausente, afirman.
“Este grupo armado bajo el comando del ex titular de la Unidad de Atención a Estudiantes Indígenas de la UABJO, Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, como el mismo presidente Municipal Bernardino Ponce Hinojosa lo ha dicho: tienen intereses de controlar el territorio por su ubicación estratégica, además de quedarse con 60 millones de pesos del recurso municipal, por esa razón han financiado campañas electorales para los Presidentes Municipales en el 2017 y el reciente 2019, mismas que fueron respaldadas tanto por el gobierno estatal, como por sus instituciones electorales, desplazando así la forma tradicional indígena de elección de gobierno en este municipio y en su lugar impusieron la forma de planillas, abriendo el camino para que se vulnere la asamblea y se permita la compra de votos a cambio de dinero o despensas, aprovechándose de la pobreza y la necesidad de nuestra gente más vulnerable”.
En dicho comunicado las Autoridades Tradicionales Ikoots puntualizan:
1.“El caso de San Mateo del Mar, no es un conflicto interno entre comunidades ni entre agencias, es un ataque de un grupo armado, de un agente externo, empresario con intereses económicos y políticos que coopta a ciudadanos de la comunidad.
2.“De estos actos, desde el año pasado y desde el 20 de enero de 2020 fue informado y solicitada la intervención del gobierno del Estado por parte de las autoridades de la cabecera municipal y de las agencias y comunidades que conformamos el municipio Ikoots de San Mateo del Mar”.
3.“Dado a que las últimas autoridades municipales no han cumplido con los rituales ni han respetado el Bastón de Mando, al haber sido desplazado y desconocido el sistema de elección de gobierno por Usos y Costumbres (Sistema Normativo Interno), el pueblo Ikoots alzó la voz y desde el 20 de enero, 19 de febrero, 10, 11 y 12 de marzo del presente año, las autoridades con Actas de Asamblea en mano, se presentaron ante la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca para solicitar la urgente intervención para atender el tema político, estas peticiones nunca fueron atendidas por parte de ninguna institución gubernamental”.
Y continúan explicando el contexto de los hechos más recientes: “en asamblea se establecieron acuerdos para suspender eventos sociales y ceremoniales, se acordó la instalación de un filtro sanitario para evitar contagios por COVID-19 a la altura de la Agencia de Huazantlán del Río, con la finalidad fortalecer el cuidado de las familias dentro de las comunidades del municipio; el 2 de mayo, algunos ciudadanos entre ellos, el Agente de Santa Cruz, no respetaron los acuerdos de la asamblea, y con el respaldo del presidente Bernardino Ponce Hinojosa, generaron un ataque a la comunidad, quemaron casas de las autoridades y la oficina de la Agencia Municipal, atacaron con armas de fuego la oficina de la Agencia de la Colonia Juárez, golpearon a los policías y autoridades tradicionales del lugar, en la Colonia Costa Rica quemaron dos casas más, una fue la casa del agente suplente.
“Desde el día 3 de mayo, de forma reiterada, se solicitó la intervención de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaria de Seguridad Pública, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se gestionó para que se formara una mesa de atención, se solicitó la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Defensoría de Derechos Humanos, misma que finalmente se llevó a cabo el 26 de mayo del presente año en Ciudad Administrativa, en donde, sin mayores acuerdos, los órganos de seguridad nos manifestaron que no tenían la capacidad técnica de cubrir la seguridad en la comunidad de manera permanente, como lo solicitaba el pueblo, pero que si se levantaba el filtro sanitario (“bloqueo” como ellos lo llamaron) podrían entrar a dar un recorrido cada tercer o cuarto día. Esto fue dado a conocer a la Asamblea del pueblo.
“Después del ataque armado del 2 y 3 de mayo en Huazantlán del Río, el cuerpo de seguridad ingresó dos veces al pueblo, primero el día 8 de mayo, el segundo fue el 28 de mayo, este último, a petición del personal del programa Bienestar que se había constituido en el lugar y vio que personas armadas tenían tomada la oficina de la agencia municipal, ese mismo día a las 13:00 horas vía telefónica se solicitó nuevamente a la fiscalía retomar las diligencias pendientes y constituirse en el lugar para tomar la declaración de las víctimas”.
Las autoridades Ikoots afirman que “después de esa fecha, no volvieron a ingresar los cuerpos de seguridad, a pesar de que todos los días se pedía seguridad para toda la ciudadanía de todas las comunidades que conforman el municipio, se les informaba de la presencia de hombres encapuchados y armados que recorrían las calles principales de todo el territorio municipal, personas con el rostro cubierto y portando armas largas tenían el control de la carretera a la altura de la Colonia Reforma”.
Finalmente, concluyen “el día 21 de junio, para establecer la seguridad y llevar a cabo una ceremonia póstuma a la autoridad asesinada el pasado 2 de mayo, se programó la asamblea de Análisis e Información en la comunidad de Huazantlán del Río, en un espacio alterno a la agencia ya que ésta seguía tomada por el grupo armado, misma que no pudo realizarse”.
“Los hechos son de conocimiento público y las víctimas han aumentado, explican, “esta violencia institucional no cesa. Con información falsa el grupo armado del presidente utiliza a nuestros paisanos y paisanas quienes se prestan para hacer señalamientos falsos e insostenibles que dañan a nuestro pueblo y a nuestra asamblea, abanderan causas de que pretenden incriminar al pueblo Ikoots bajo el argumento de violación de derechos”.
Como bien lo señalan las autoridades tradicionales “el caso de San mateo del Mar es un caso de violencia política y de omisión por parte del Estado, como pueblo nos queda claro la ausencia del gobierno, es necesario revisar los niveles de responsabilidad, la función de los órganos de seguridad, sus omisiones, si es para prevenir o solo para intervenir cuando los delitos ya se hayan cometido”
La autoridades Ikoots dejan en su comunicado estas preguntas:
“¿Por qué la noche del 21 de junio la Guardia Nacional abandonó al pueblo ¿por qué se retiraron del lugar?
“¿Por qué el Gobierno del Estado no atendió cuando solicitamos atención?
“¿Quiénes no hicieron o no actuaron como corresponde para evitar esta tragedia?
“¿A qué intereses políticos y económicos responden las instituciones gubernamentales que vulneran nuestra autonomía?
Y concluyen: “como representantes de 13 de las comunidades que conforman el municipio, hemos solicitado medidas cautelares para toda la población, nos preguntamos: ¿En qué consiste este mecanismo y en qué momento se otorga? nos quedamos con muchas interrogantes que desconocemos de las instituciones estatales. Queremos manifestar que la situación de inseguridad y ataque armado se actualiza día a día, hasta el día de hoy no se han normalizado las actividades, no se puede transitar con seguridad, por lo que solicitamos URGENTEMENTE se hagan efectivas las Medidas Cautelares que desde el 3 de mayo se solicitaron y que, a la fecha, aún con los hechos de violencia, seguimos en la misma situación.
“Las familias, hombres, mujeres, niñas, niños, ancianas y ancianos vivimos en un estado constante de temor, no hay gobernabilidad en nuestro municipio como lo han señalado las mismas autoridades, solicitamos al Congreso tome cartas en este asunto y se garantice la seguridad de la comunidad, porque como pueblo debemos de estar en las condiciones necesarias para seguir viendo la manera de solucionar este problema”.
Finalmente, “a nuestros paisanos Ikoots, manifestamos nuestra preocupación, estamos cansados, pero sabemos que este es el momento para estar más unidos como pueblo, somos nosotros mismos quienes al final de cuentas debemos de sentarnos y buscar la unidad, aquí el enemigo no somos los Ikoots, sino el mol, el foráneo que ha venido a dañar tanto nuestro pueblo y a nuestros jóvenes”.
Hoy, a un mes del segundo ataque armado, los sobrevivientes siguen exigiendo justicia y medidas cautelares. Lo que está pasando en San Mateo del Mar es una muestra de la estrategia de contrainsurgencia que enfrentan los pueblos originarios del Istmo: desde la destrucción de sus sistemas normativos hasta el uso de grupos armados para buscar romper su organización. Detrás de estos ataques esta el rechazo de las asambleas comunitarias a la implementación de megaproyectos que forman parte del tal Corredor Interoceánico y la determinación de los pueblos de defender sus territorios ancestrales.
Tepic, Nayarit.- Sábado 25 de Julio del 2020.- La Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, emitió la Recomendación 04/2020, dirigida al Fiscal General del Estado de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano y al Director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), José Francisco Contreras Robles, por violaciones a los derechos humanos en agravio de una trabajadora administrativa de SEPEN.
El visitador general de dicho órgano, René Cervantes Olivares, explicó que la empleada presentó la denuncia por los delitos de hostigamiento sexual, injurias y difamación, sin embargo se identificó que diversos agentes del Ministerio Público, adscritos a la Unidad de Investigación del Centro Regional Número V con sede en Bucerías, incurrieron en violación al derecho de acceso a la justicia y violencia institucional, esto al incumplir al deber de investigar de manera efectiva el caso.
En lo que respecta a SEPEN, señaló que se encontró responsabilidad del encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Laborales de esta instancia, y demás servidores públicos adscritos a dicha Unidad que han tenido a su cargo el trámite del expediente administrativo iniciado en atención a la denuncia que la ofendida presentó en contra de su superior jerárquico, misma que no fue atendida ni investigada de manera efectiva.
Igualmente se acreditó en este caso la responsabilidad del encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Laborales de los SEPEN, y del Jefe de Departamento de Educación Secundaria General de los SEPEN, por no adoptar medidas de protección oportunas, suficientes, adecuadas y eficaces, para prevenir la revictimización de la agraviada, quien denunció violencia contra la mujer.
Alexis Ortiz y Manuel Espino/El Universal
25 julio 2020
Desde que Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente, en diciembre de 2018, las Fuerzas Armadas asumieron 13 tareas adicionales a la seguridad pública en al menos cuatro áreas, entre ellas la construcción de obras, capacitación policiaca, apoyo a programas sociales, así como a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Aunque en su campaña electoral López Obrador prometió que regresarían a sus cuarteles, el Mandatario izquierdista decidió apoyarse en el Ejército y la Marina para concretar varios de sus proyectos insignia, algunos de los cuales son considerados como estratégicos.
El trabajo más reciente que se les ordenó a las Fuerzas Armadas es el control de los puertos y las aduanas, pero antes ya eran responsables de construir en Santa Lucía el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar; dos tramos del Tren Maya; la remodelación de 32 hospitales abandonados en sexenios pasados, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, y también la atención de esta enfermedad.
De igual forma, se les instruyó para apoyar el combate al robo de combustible de Pemex; custodia de pipas; implementación del plan de vigilancia en las fronteras norte y sur para frenar la migración hacia Estados Unidos; la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional; apoyo a los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro; la distribución de fertilizantes, así como la vigilancia en la entrega de los recursos de programas sociales.
Según información oficial, las Fuerzas Armadas han desplegado 61 mil 795 elementos para cumplir estas tareas específicas ordenadas por el Ejecutivo federal, sin contar los efectivos destinados para las operaciones de la construcción de la paz.
Dicha cifra es superior a los 54 mil 980 efectivos desplegados para tareas de seguridad distribuidos en el último año del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y los 52 mil 807 utilizados en la administración federal de Felipe Calderón Hinojosa.
En las obras del aeropuerto internacional en Santa Lucía, 925 ingenieros militares y especialistas coordinan a más de 30 mil trabajadores civiles que laboran en varios frentes del proyecto, el cual se prevé concluir en marzo de 2022.
Actualmente 47 mil 864 efectivos apoyan en las tareas relacionadas con la emergencia sanitaria; hay quienes resguardan los hospitales.
Por otro lado, para la atención del Covid-19 están trabajando 47 mil 864 elementos del Ejército y la Marina; en el plan migrante frontera norte y sur, 8 mil 850; en la protección de red de ductos de Pemex, 2 mil 966; en protección marítima y portuaria, 879 marinos; en Sembrando Vida, 205; en el Banco del Bienestar 69, y en las instalaciones de la Guardia Nacional, 37.
El aumento en las actividades que tienen el Ejército y la Marina en la vida pública del país también se ha visto reflejado en un aumento de sus recursos.
Según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, la Secretaría de la Defena Nacional (Sedena) tiene 94 mil millones de pesos para operar este año, mientras que en 2018, el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto, tuvo 81 mil 21 millones de pesos.
Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) en este 2020 cuenta con 33 mil millones de pesos, mientras que en el último año de gobierno de Peña Nieto tuvo 31 mil millones de pesos.
Carga de trabajo
Al presentar el Programa Sectorial (2020-2024), en junio pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) describió sus seis objetivos prioritarios y también las estrategias particulares que llevará a cabo para cumplir sus metas.
En el programa se explica, por ejemplo, cuáles son las actividades que el Ejército realizará en proyectos como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, ambos son de los más relevantes de la actual administración y con los cuales se busca promover el desarrollo social y económico de todos los mexicanos.
En Sembrando Vida, la Defensa Nacional ayudará en la producción de árboles frutales y maderables en viveros forestales militares y adecuará instalaciones para la siembra de plantas, mientras que en Jóvenes Construyendo el Futuro, la dependencia participará en la capacitación de quienes se sumen al proyecto, implementará sus propios centros de instrucción e incorporará a este programa a soldados que están haciendo su servicio militar en compañías regionales.
La Secretaría de la Defensa Nacional ayudará en la producción de árboles frutales y maderables en viveros forestales.
Asimismo, en el programa sectorial, la institución alertó que su desempeño “multifacético”, con la realización de distintas tareas, ha provocado un desgaste del recurso humano y también una afectación en la vida familiar de la tropa.
“Esta situación implica que las y los militares se encuentren disponibles para ser desplegados por periodos prolongados en las principales áreas que requieren un enfoque de mayor atención”, señala la dependencia.
Y agrega: “El incremento de estas exigencias inherentes a la vida militar ocasionan que los soldados vivan alejados de sus derechohabientes por meses, sustrayéndolos de fechas importantes en el ámbito familiar”.
Alertan consecuencias
Especialistas han advertido sobre las implicaciones de utilizar al Ejército y a la Marina en tareas que van más allá de la seguridad nacional.
Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero, criticó que el gobierno federal delegue más responsabilidades a las Fuerzas Armadas, pues éstas no fueron capacitadas para emplearse en el ámbito de la seguridad pública, la vigilancia de los puertos o el desarrollo social. “Es muy engañoso este argumento de que las autoridades que antes se encargaban de esas actividades son muy corruptas y no confían en ellas.
“Desgraciadamente hay que reconocer que también en el Ejército se han dado prácticas de corrupción y se pueden dar prácticas de falta disciplina”, señaló.
La especialista hizo énfasis en que alargar la permanencia de los militares en las calles impide avanzar en la consolidación de instituciones civiles, además de que se pone en juego la imagen y la aceptación de la Marina y el Ejército.
En tareas de seguridad pública, la GN ha recibido guía de parte de marinos y militares, aunque los mandos, dice el gobierno, son civiles.
Al respecto, César Gutiérrez Priego, abogado en derecho militar, consideró que al darle más tareas a estas instituciones en materia de seguridad, no se terminan por fortalecer las policías civiles.
“El problema es que al seguir utilizando a los militares de forma indiscriminada para todas las necesidades que se puedan tener, seguimos sin fuerza ni preparación y sin hacer una policía profesional civil, que es lo que nosotros necesitamos”, manifestó.
En tanto, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Oliva Posada consideró que las tareas asignadas a las Fuerzas Armadas son una muestra de la reiterada confianza que el Ejecutivo federal tiene en estas instituciones.
En el caso de la encomienda en los puertos y aduanas, el especialista señaló que las secretarías de la Defensa Nacional y Marina deberán capacitar al personal necesario y reclutar los perfiles adecuados para cumplir con las labores asignadas. “Se trata de una nueva responsabilidad”, indicó.
Enfermeras y enfermeros instalaron un plantón en Casa Jalisco que será levantado hasta que el gobernador, Enrique Alfaro, las atienda. Sus superiores les advirtieron que de seguir con las protestas: no habría más contratos.
Mario Marlo / Zona Docs
Por segundo día consecutivo, trabajadoras y trabajadores de la salud se manifestaron en Casa Jalisco donde instalaron un plantón que será levantado hasta que el gobernador, Enrique Alfaro, solucione su solicitud de justicia laboral.
Alrededor de las cinco de la tarde un grupo de enfermeras y enfermeros iniciaron una segunda manifestación, ya que explicaron que después de haberse manifestado, el 23 de julio, sus jefes les solicitaron no manifestarse más porque si lo hacían no les volverían dar contrato.
Las trabajadoras de la salud detallaron que muchas de sus compañeras no asistieron a esta manifestación después de que fueran amenazadas; sin embargo, ellas se encuentran decididas a mantener el plantón hasta que el gobernador las reciba.
Respecto a los supuestos acuerdos que la Secretaría de Salud Jalisco mantuvo con algunas enfermeras, detallaron que efectivamente hubo diálogo, pero no se realizó ninguna negociación y mucho menos un acuerdo.
Por lo que desconocieron el boletín difundido por la Secretaría donde se asegura que se acordó la instalación de una mesa de análisis en cuanto pase la pandemia.
“Las y los trabajadores de la salud ya esperamos hasta 16 años para que las autoridades nos den nuestra basificiación que por ley nos corresponde, no vamos a seguir esperando más tiempo, ya que lo que quiere el gobierno es darnos largas como lo ha venido haciendo”, explicó una de las enfermeras.
Las trabajadoras de la salud volvieron a ratificar su compromiso con su trabajo por lo que aseguraron que todos y todas las que participan en las manifestaciones lo hacen después de cubrir sus turnos.
“Durante las manifestaciones que realizamos cada una de nosotras vamos a acudir como siempre a cubrir nuestras guardias para no afectar a la ciudadanía”.
A pesar de la lluvia que azotó la tarde de este viernes, 24 de julio, el plantón de las enfermeras y enfermeros seguía aún instalado frente a Casa Jalisco.
Hay lugares sagrados, de siembra, de rituales, de sanación del pueblo Guarijío que quedarán inundados por la Presa Los Pilares. Sin consulta y sin respetar amparos, las autoridades comenzaron su operación y ya está bajo el agua la comunidad de Chorijoa
Los Pilares
En el centro de un paisaje vertebrado, tupido de cactáceas que te obligan a mirar el cielo, de árboles frutales frondosos, húmedo, de persistente tierra enmarronada, hay piedras enormes que forman pilas colosales. Me hacen pensar: ¿cómo se sostienen? Las veo a lo lejos, detrás del horizonte enflorecido. Son por lo menos 12 pilares, piedra sobre piedra. Huele al río que corre. El lugar de los ancestros guarijíos, de acuerdo con su historia oral.
Ya está inundada la comunidad de Chorijoa, del Ejido Guarijíos-Burapaco. Aquí se encuentra La Toma de Agua, un espacio así conocido por los habitantes de esta sierra selvática. Ahí están sus tierras para la siembra, hay árboles frutales y medicinales. Además de la pesca como base de su alimentación. También en este lugar, ahora cerrado e inundado por la presa, están las aguas termales, calientes, nacientes de la tierra, donde iban a curarse todo tipo de dolencias. Parece que lo han perdido.
Van siete días desde que comenzó a subir el nivel del agua. Las personas guarijías aseguran que desconocen hasta dónde puede subir. Se siente la angustia y la desesperación al hablar con ellas. Insisten en que inicia la temporada de lluvias. Insisten en que, como defensores de la tierra, no han recibido nada del gobierno ni vendieron sus tierras.
En el ejido Guarijíos-Burapaco está el corazón de la organización del pueblo: La Mesa Colorada. Es el epicentro de su cosmoexistencia, punto de reunión asamblearia de los tres ejidos Guarijíos, punto ritual de las danzas de pascola y de tuguri. Ahora está aislado pues el agua escondió los caminos. La Conasupo dejó de llegar. De por sí con la pandemia de covid 19 ya nada subía.
La pandemia puso el contexto para que la Comisión Estatal del Agua de Sonora, con total impunidad, iniciara la inundación del embalse de la presa ahora llamada Los Pilares. “Transgresión al Sistema de Justicia mexicano y sentencia de muerte para la tribu guarijía”, denunció la Red de académicos y activistas Kawueruma.
Pienso que tal vez nunca vuelva a ver esos árboles blancos en la selvática sierra cactácea. Árboles blancos, solitarios, de flores blancas, diminutas, llamativas. Palo Santo. Wilfrido me cuenta, mientras viajamos en la parte de atrás de una camioneta de carga, que la florecita es comida para el venado y se alegra cuando la come, porque le gusta sentirse liviano. Recorremos los caminos de terracería desde San Bernardo rumbo al epicentro: Mesa Colorada.
La visita
El ribereño pueblo Guarijío realizó una cálida asamblea para recibir a María de Jesús Patricio Martínez en La Mesa Colorada. Ella recorrió entre 2017 y 2018 los pueblos indígenas afectados por megaproyectos que participan en el Congreso Nacional Indígena (CNI). Tuve la oportunidad de documentar cómo ella y nueve integrantes del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) atravesaron el río Mayo en una combi sin titubear. Para llegar, me tocó viajar con Wilfrido, guarijío de San Bernardo que me explica las bellezas de su lengua, de su historia y de la naturaleza que vemos mientras atravesamos las verdosas vértebras.
El Guarijío fue el último pueblo indígena registrado como existente, esto en 1976. Hasta 1982 logró el reconocimiento legal de su existencia en 3 ejidos, Guarijíos-Burapaco, Guajaray y Guarijíos-Los Conejos. Todos asentados a lo largo del río Mayo. Hay otro territorio Guarijío en un ejido que no es de ellos, pero son avecindados: San Bernardo. Ahí conformaron las colonias Macurahui y Los Jacales en esos años, donde les compraron terrenos a muchas familias.
Los directamente afectados por el impuesto megaproyecto de presa son los habitantes del ejido Guarijíos-Burapaco, donde está La Mesa Colorada y quienes habitan el ejido más urbanizado, la entrada a las comunidades de la sierra: San Bernardo (y las colonias Macurahui y Los Jacales).
En aquella asamblea con Marichuy, la vocera del CIG, habitantes guarijíos denunciaron, primero, que no les consultaron sobre el proyecto (amparo que está a su favor). Que es una amenaza contra sus lugares sagrados, de rituales, de siembra, de sanación.
Evidenciaron cómo el gobiernos estatal y la constructora del sur de Sonora indujeron la división de su pueblo para imponer la presa, iniciando por los gobernadores tradicionales de los ejidos que no son afectados directamente por la presa. Los compraron, los emborracharon para que firmaran papeles, pagaron millones para que dieran su aceptación al megaproyecto. Les llaman los preseros.
Y después, las amenazas de muerte a quienes no aceptaban sobornos. Lo peor: por defender la tierra les han negado apoyos federales y acceso al agua potable en sus colonias.
Hay poderosos intereses sobre esta abundante agua del río Mayo. La agroindustria del Distrito de Riego 38 es el primero. Ellos se benefician de este río en la cuenca baja que tiene desembocadura al mar. Buscaron presionar para tener acceso privilegiado al agua de la presa.
Álamos tiene una abundante industria minera de explotación de cobre. Varias investigaciones dan cuenta de cómo el desplazamiento de una población mayo por la presa acabó con el tejido cultural y social de una comunidad. La lengua se dejó de enseñar. Lo perdieron todo, la tierra, la cosmoexistencia.
En la asamblea con Marichuy en La Mesa Colorada, el delegado de la Tribu Yaqui alertó al pueblo guarijío sobre la presa que impusieron en el Río Yaqui:
“Vemos que es una injusticia. Agua sí hay. El agua termina donde están las industrias. No quieren el agua para la gente, para los pobres. La llevan a Hermosillo para venderla a las empresas. Lázaro Cárdenas nos dio un decreto en 1940. Dice que el 50% del agua de la presa la Angostura, ahora presa Lázaro Cárdenas, iba a ser para los yaquis y nunca nos han entregado esa agua. Y ahora menos, porque se la llevan antes de que llegue al Yaqui. Cuando vemos esta injusticia no podemos quedarnos callados por lo que viven. (…) Se lo llevaron todo. Así nos tienen (a los pueblos indígenas). Peléandonos por un centavo que no vale nada. Y mientras, ellos se están llevando nuestra agua, están invadiendo nuestras tierras, están saqueando nuestros conocimientos, porque ya hasta la medicina tradicional se están llevando.”.
Nunca sube nadie a Mesa Colorada, pero en aquella ocasión con Marichuy, vigilaron la reunión elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.
Para esa asamblea, las mujeres vistieron de gala con vestidos florales multicolores que las hacían resaltar. Recibieron a Marichuy con su propia lengua, muy parecida al rarámuri. Las risas y juegos de las niñas y niños presentes fueron el acompañamiento de los dolores. Me permitieron retratarlas.
Julia Romero es hija del gobernador tradicional de la colonia Macurahui, el respetado don José Romero. Es reconocida por su voz firme cuestionando a las autoridades estatales. También por trabajar junto con las mujeres guarijías. A su papá lo han intentado sobornar y lo han amenazado en estos 10 años de organizar la defensa de la tierra contra la presa. Hablamos por teléfono. Escucho su nerviosismo.
Don José tuvo que lidiar con la imposición por parte de los preseros de un gobernador espurio, alejado de lo que significa el modo tradicional, llamado Pedro Meza. Él es de los principales promotores de la presa, trabaja con el gobierno y con las empresas, como han documentado desde la red Kawueruma.
Julia denuncia la opacidad de los funcionarios de la comisión del agua en Sonora, pues ni si quiera les avisaron que comenzaría la inundación.
“Le da coraje a uno, mientras no cumpla el gobierno no la hubieran cerrado (la presa). No ha cumplido ni la consulta, ni la indemnización y ellos ya cerraron las compuertas, ya inundaron los terrenos a lado del río. En la toma de agua ya no se va a poder ir, ni pescar. Decían que iba a venir López Obrador a inaugurarla. Primero hubiera cumplido la consulta, al menos comprar otras tierras que ya perdimos. Es un atropello lo que hacen. Primero debieron cumplir si querían la presa”.
En la llamada, Julia me expresa: “Siempre tenemos derecho a nuestra tierra, de estar. Ser guarijío es muy bonito para no olvidar nuestra tradición, que va con el río”.
Con total negligencia, la Comisión del agua estatal, junto con la Conagua, los gobiernos local, estatal y federal, están avalando una sentencia de muerte para el pueblo Guarijío, al modificar por completo sus epicentros culturales, espirituales y de subsistencia con el inicio de la operación de esta presa.
Hospital Presidente Juárez del ISSSTE en Oaxaca. Foto: Google Maps
OAXACA, Oax., (apro).- A mil 690 casos asciende el número de contagios por covid-19 entre el personal médico, de los cuales 20 han muerto por coronavirus, confirmaron los Servicios de Salud.
Los casos más recientes son los fallecimientos de la médica del Hospital Rural IMSS-Bienestar de Tlaxiaco, Miriam Erica Lázaro Sernas; el doctor de la clínica hospital del ISSSTE de Pinotepa Nacional, José Esteban Domínguez Mendoza.
Así como del médico internista del Hospital de Tehuantepec y secretario de préstamos de la Subsección 02 del Istmo, Guillermo Santiago Espinoza Figueroa, y del doctor Sergio Sánchez Fentanez, del Colegio de Médicos de Oaxaca, acaecidos el 16, 18, 19 y 20 de julio, respectivamente.
Al corte del jueves 23 de julio, el personal de salud que ha salido positivo a la prueba del covid-19, suman mil 690 casos, de los cuales 524 corresponden a médicas y médicos; 693 a enfermeras y enfermeros, así como 473 a trabajadores de otros perfiles, aunado a 20 defunciones.
Todos estos casos trascendieron por las esquelas que fueron publicadas, donde los catalogaron como “los mártires de la salud” y les agradecieron por “ofrendar su vida”.
Cabe mencionar que debido a los contagios entre el personal médico se tuvieron que cerrar temporalmente los Hospitales de Tamazulapan Mixe; el general “Macedonio Benítez Fuentes”, de Juchitán; el comunitario de Nochixtlán; el Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde hubo un brote de 10 contagiados o en la Jurisdicción sanitaria seis, donde trascendió que hubo 64 casos.
Una fuente confidencial de los Servicios de Salud reveló que en Oaxaca “huachicolean” los casos de covid-19, mientras que los servicios funerarios “zopilotean” los muertos de la pandemia, por lo que existe un subregistro muy alto que no están en las cifras oficiales.
Consideró que, en el Istmo de Tehuantepec, la región del Papaloapan y los Valles Centrales, la situación es más delicada de lo que reflejan las cifras de covid-19 porque han sido falseadas, por lo que hay, dijo, “huachicoleo” de casos.
A su vez, trabajadores del Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social de Salina Cruz denunciaron el “alarmante foco de infección de covid-19, ya que el personal que han dado positivo al coronavirus sólo les dan incapacidad de 3 días si presentan síntomas y a los asintomáticos ni un día de incapacidad”.
Por esta situación “temen que se dé un contagio masivo entre trabajadores y pacientes debido a la actitud prepotente y negligente del epidemiólogo de dicho hospital, Alejandro García Sánchez.
En este hospital “ya van varios compañeros que han dado positivo a la prueba del covid-19 y a los que manifiestan síntomas, como fiebre y dolor de cuerpo, solo les dan 3 días de incapacidad y de ahí los obligan a regresar a su área de trabajo, exponiendo a los demás trabajadores y pacientes de dicho hospital regional”.
Estas acciones se realizan con el consentimiento del director del Hospital, Jesús Morales Piñón, razón por la “tenemos miedo de que se dé un contagio masivo, como sucedió en el Hospital General Macedonio Benítez de Juchitán”.
Por otra parte, el personal eventual de servicios de salud de Oaxaca denunció que a pesar de que se ha mantenido activo durante toda la contingencia, se les retrasa su pago quincenal hasta más de dos meses. De igual forma cuestionaron el pago del bono covid-19, que le prometió el gobierno.
Cabe mencionar que el personal de las brigadas covid-19 estatales, integradas por médico, enfermera y auxiliar, encargadas de las tomas de muestras para genética a sospechosos sintomáticos y asintomáticos y seguimiento epidemiológico de casos, entre otras actividades, continúan trabajando sin contrato ni derecho laboral y totalmente desprotegidos en caso de infectarse.
A su vez, personal del área Covid-19 del hospital IMSS-Oaxaca exige condiciones humanas para laborar porque son más de 50 personas que, por contacto directo que tienen con enfermos de coronavirus, se encuentran propenso a ser contagiado
Pidieron al titular del Órgano de Operación Administrativa de la Delegación Oaxaca su intervención inmediata para atender la falta de condiciones en su espacio de trabajo que, aparte de ser insalubre, es proclive a un alto porcentaje de contagio.
En el Laboratorio Estatal de Salud Pública se han procesado unas 8 mil 200 pruebas levantadas a personas con síntomas de COVID-19, en el Cicese han analizado 2 mil 600 muestras, en la UNAM Ensenada mil 100 y otras tantas en laboratorios privados, pero se desconoce el número total. El secretario de Salud omite desde el 14 de julio el número de contagios por institución hospitalaria, particularmente los positivos del IMSS, que eran los más en la estadística diaria. Además, de la institución federal informaron que el Estado no les ha entregado el resultado de 900 pruebas que desde el Seguro les fueron enviadas.
Por lo menos tres instituciones procesan las pruebas que en Baja California son practicadas a personas con síntomas de la enfermedad COVID-19 por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese). Además, por lo menos dos laboratorios privados en Mexicali el LSG y en Tijuana, Certus.
Al inicio de la pandemia, en marzo, la totalidad de pruebas las realizaba el Laboratorio del Estado, pero conforme fueron incrementando los casos, el trabajo debió ser compartido con otras instituciones. A la fecha, entre los tres laboratorios principales, Estatal, UABC y Cicese procesan pruebas que se originan en los distintos hospitales del Estado. No hay una norma, en cualquiera de las tres trabajan pruebas que vienen de cualquier Hospital General, ISSSTE, Issstecali o IMSS.
Los resultados son entregados al Departamento de Epidemiología del Estado, donde se elabora la gráfica que día a día es presentada por el doctor Alonso Pérez Rico, secretario de Salud de Baja California, en vivo vía Facebook junto al gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Hasta el 14 de julio, Pérez Rico presentó una gráfica que llevaba por título “Casos COVID-19 estudiados por laboratorio por institución”, donde desglosaba el total de contagios por hospital origen de la prueba, consignando ocho variables: Sistema de Salud del Estado, IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, Issstecali, Sedena, Semar y Privados.
En aquella fecha, los casos positivos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendían a 5 mil 737. Fue la última ocasión que se supo de esa información. Pérez Rico comenzó a informar solamente el global de los casos detectados por el sistema estatal de salud, obviando los originados en el Seguro Social.
Aquel 14 de julio, con los contagios del IMSS considerados en la cifra estatal, BC contabilizó 11 mil 239 enfermos de COVID-19 acumulados desde marzo. Para el 21 de julio, ocho días después, la cifra ascendió a 12 mil 132 contagiados, un incremento de 893 casos, que dividido en los ocho días, resulta en un promedio de 111 contagios por día.
Esa cifra es consistente con la que venía informando Pérez Rico de contagios en el sistema estatal de Salud, pero no con la suma de los detectados en el IMSS.
El 21 de julio, un funcionario del Seguro Social informó a ZETA que tenían un acumulado de 6 mil 582 casos, y que el Laboratorio del Estado tenía pendiente entregarles el resultado de 900 pruebas practicadas en las unidades del IMSS exclusivamente en Baja California.
La revelación fue que por lo menos 845 casos positivos de IMSS no han sido considerados en la cifra que presenta el doctor Pérez Rico, además de confirmar la ausencia de resultado en 900 pruebas.
Cuántas pruebas procesan diariamente y cuántos de estos resultados son positivos, es información que se desconoce. El secretario de Salud de Baja California no provee esos datos en su presentación diaria.
Una investigación de ZETA en las tres instituciones involucradas en el procesamiento de pruebas COVID-19 arrojó los siguientes datos.
En el Laboratorio del Estado al inicio procesaban todas las pruebas provenientes de todas las instituciones de Salud. Durante los cinco meses de pandemia, han trabajo el siguiente número de pruebas:
* Marzo, 300 pruebas
* Abril, mil 100 pruebas
* Mayo, 2 mil 300 pruebas
* Junio, 3 mil pruebas
* Julio, mil 500 pruebas hasta el día 20.
Las pruebas, dijo el funcionario del Laboratorio del Estado, han ido disminuyendo, aunado a que a partir del martes 14 de julio, les fueron enviadas las que consideran están siendo filtradas, pues aparte de ser menor el número de las mismas, de manera repentina, los positivos también disminuyeron.
“Hasta antes del martes, el porcentaje de positivos era de 96%, contra el 4% de negativos, pero después de ese día, de manera sorprendente, todos los días los resultados prácticamente son 80% negativos, 20% positivos. Creemos que ya están practicando pruebas a personas sanas, para disminuir el índice de positividad”, expuso la fuente.
En la UABC comenzaron a procesar pruebas de COVID-19 el 4 de mayo. El contacto en la Facultad de Medicina informó a este Semanario que reciben un promedio de 70 pruebas por día, pero han tenido picos de 150 muestras en 24 horas. En porcentajes de positivos, en promedio el 65% de las muestran resultan en positivo a COVID-19.
Los médicos de la UABC se llevan entre 24 y 48 horas en procesar las pruebas, en jornadas que en ocasiones llegan hasta la media noche, “pero tenemos que sacar los resultados para justificar la necesidad de reactivos para el tratamiento de las muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado”.
También en los laboratorios de la Máxima Casa de Estudios ha habido una disminución en el número de pruebas que les llegan. “Al inicio eran 40, 50, después llegamos a tener días en que procesábamos hasta 200 solo de Tijuana, luego disminuyeron y hoy promediamos unas 70”. De rezago, dijo que es menor, acaso unas 100 pruebas que en un lapso de 40 horas están procesadas.
En Ensenada, al Cicese se ha sumado la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el procesamiento de pruebas que les hace llegar el Sistema Estatal de Salud.
El Centro comenzó a trabajar muestras el 12 de abril, entre 40 y 50 por día. A la fecha han entregado resultados de 2 mil 600 pruebas.
En la UNAM, explicó uno de los colaboradores, con Ensenada iniciaron el procesamiento de pruebas el 14 de mayo en promedio trabajan sobre 20 exámenes diarios, todos provenientes de hospitales del IMSS en Baja California, que a la fecha han realizado mil 100 análisis con un promedio de 80% positivos.
Desde este Semanario se buscó al doctor Alonso Pérez Rico, vía llamada a su celular y mensajes de WhatsApp, sin tener respuesta hasta el cierre de esta edición, por lo que los datos oficiales sobre el número de pruebas que se practican en BC es desconocido.
De la misma manera, el destino de las 900 pruebas que aseguran en el IMSS, están pendientes de resultados, y los 845 casos positivos que no han sido sumados a la cifra oficial estatal desde el 14 de julio.
Tal y como sucedió con los domicilios particulares, el albergue para migrantes, Senda de Vida, resultó afectado por las altas tarifas en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con una deuda superior a los 13 mil pesos y un límite de pago para el próximo jueves 30 de julio.
Esto de acuerdo a su director Héctor Silva de Luna, y explicó, la modalidad de pago es mensual, por lo que durante el periodo mayo-junio, el total a pagar fue de 12 mil 430 pesos, mientras que, en el lapso de junio a julio, la deuda ascendió a los 13 mil 276 pesos.
Esta tarifa, aclaró, es similar a la recibida el año pasado en el mismo periodo, sin embargo, debido a la contingencia y al estricto confinamiento que guarda el albergue, desde el pasado mes de marzo, la cantidad de consumo aumentó, y los donativos disminuyeron, por lo que, mencionó, a lo largo de esta tarde entablará un diálogo con la CFE en busca de una reducción.
‘’Ahora que está este calor muy inmenso y los recibos muy arriba a nosotros se nos hace muy difícil’’, declaró, y pese a cubrir las necesidades de los cerca de 140 migrantes que aún permanecen en el albergue, reconoció los problemas para cubrir este servicio que anteriormente se liquidaba gracias a un bono otorgado por el Gobierno Estatal.
Querétaro, Querétaro 24 de julio del 2020
En esta época de total incertidumbre, donde la barbarie se ha instaurado como discurso oficial; repensar el arte es una tarea que nos debe de ocupar urgentemente, pues la relación entre pensamiento-lenguaje, así como entre lenguaje-cultura se ve atravesada por los conflictos que acontecen dentro del territorio.
Para Miguel – un joven muralista de San Francisquito – esta tarea le ha ocupado gran parte de su vida, pues el barrio donde ha crecido está atravesando un proceso de gentrificación que, paulatinamente, ha ido desplazando a sus habitantes y amenazado a sus tradiciones.
“Lo que yo expreso a través del arte es ese conflicto: la disputa por el territorio que en el barrio estamos librando en contra de las empresas que quieren gentrificar, y que refleja la contradicción que existe entre el colonialismo y la comunidad indígena que aquí existe y resiste”.
La historia de San Francisquito es una historia de resistencia, pues desde la colonización, el barrio se ha visto en una lucha constante por preservar las tradiciones de las sagradas formas de la danza, así como la identidad indígena de sus habitantes.
“En este barrio somos indígenas, pues aún prevalece la comunidad que se contrapone al individualismo capitalista y occidental, esa es mi visión y lo que transmito en los murales, pues la imagen es historia viva que debe de estar al servicio de nuestra lucha”.
Pese al gran talento que existe en las y los jóvenes del barrio, la apuesta de los gobiernos estatales y municipales ha sido la de promover un tipo de arte que no se vincula a las comunidades y sus procesos, sino que construye burbujas intelectuales que impulsan la mercantilización del arte, así como la patrimonialización de los saberes ancestrales y populares.
“Mis murales son de protesta, en favor de la lucha de mi barrio, no como los que han hecho Nueve Arte Urbano financiados por el gobierno, donde más bien han impulsando procesos de gentrificación en varios barrios de la ciudad, de lo que se trata es de recuperar el arte como una herramienta desde donde disputamos el territorio, y que se vincula con una militancia dentro de las organizaciones populares, como la Asamblea del Barrio, así como lo hicieron grandes muralistas como Siqueiros, Rivera, Tamayo, quienes estuvieron vinculados al partido comunista, a organizaciones antifascistas e inclusive a el zapatismo revolucionario”.
“Rescatar el sentido político de la imagen es una tarea que se ha olvidado dentro de los sectores artísticos que le apuestan a la crítica, pues tan solo recuperamos espacios que anteriormente nos habían arrebatado, pero seguimos reproduciendo la ideología capitalista, eurocéntrica y patriarcal dentro de la creación artística, por eso para mi lo importante no es exponer en grandes galerías, sino contribuir al proceso de consciencia social que hay en el barrio, es volver al indígena no como un elemento del pasado que satisface las necesidades del mercado, sino la de ser sujetos políticos, de reconocernos y empoderarnos.”
La disputa del territorio es también la construcción de nuevos imaginarios que pongan al centro a la comunidad y sus conflictos, es la denuncia explícita de quienes amenazan al territorio y sus tradiciones, por eso el mensaje que Miguel lanza desde los muros del barrio es muy claro: San Francisquito no se vende.
Hace casi 44 años se fundó la Unión de Ejidos y Comunidades Forestales General Emiliano Zapata, y fue una odisea para que los ejidatarios rescataran y gestionaran sus bosques. Actualmente la Unión conserva un millón de hectáreas de bosque en el noreste de Durango y da empleo a 10 mil 500 familias. Pero, ante la crisis económica por covid-19 esta unión se encuentra en encrucijada.
Texto: Marco A. Hernández T. / Mongabay/ PIE DE PÁGINA
Durango.– Comienza julio y las lluvias se integran al paisaje de Santiago Papasquiaro, en el estado de Durango, al norte de México. Para los habitantes de la región, eso indica que la reforestación anual de sus bosques está por comenzar. Este año no será la excepción, pero el trabajo no transcurrirá como antes. El vivero de la Unión de Ejidos y Comunidades Forestales General Emiliano Zapata (Unecofaez) no produjo árboles para la temporada. Y las 76 organizaciones que integran esta agrupación tendrán que comprar a viveros particulares las plantas que solían recibir casi sin costo.
El vivero de Unecofaez, que en sus mejores momentos ha llegado a producir un millón y medio de árboles al año, no recibió los fondos que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) le otorgaba de manera; y tuvo que suspender operaciones.
Manejo forestal comunitario en Durango. Foto: Cortesía UCDFI Topia, S.C.
Chea Soto es ingeniera forestal que trabaja en la Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal Integral Topia, una de las empresas comunitarias que surgió a partir de la Unecofaez. Ella describe la situación, difícil, mas no es insuperable. Durante tres décadas en la región se han implementado acciones para conservar sus recursos forestales, por lo que confía en que se tendrá una buena regeneración natural de los bosques y solo tendrán que adquirir una cantidad mínima de plantas.
Mas, para José Raquel Ramírez Nevárez, presidente de Unecofaez, esta situación es una señal de alerta. Si los recortes de fondos federales se convierten en una práctica recurrente se afectará el manejo sostenible de casi un millón de hectáreas de bosques, propiedad de los 76 ejidos y comunidades que integran la Unión.
La alerta que existe entre los integrantes de la Unecofaez se intensificó aún más en los últimos meses, cuando la pandemia de covid-19 provocó que se cayera 80 % la venta de madera. En este difícil contexto, el próximo 20 de agosto, la Unecofaez celebrará 44 años de su nacimiento.
Cumpleaños agridulce
En sus casi 44 años de existencia, la Unecofaez ha consolidado un modelo de gestión forestal del que hoy dependen económicamente 10 mil 500 familias. Estas fabrican triplay, atienden proyectos de ecoturismo, conservan caminos u operan los criaderos de truchas instalados en los cauces de los ríos. Así se ha garantizado la conservación de 970 mil hectáreas de bosques de Durango.
¿Cómo logró la Unecofaez conformar una compleja red de proyectos productivos al tiempo que garantizaba un manejo sustentable de sus bosques?
Había de dos: bracero o minero
A sus 71 años, Andrés Carrera recuerda con precisión los orígenes y la consolidación de la Unión; su historia personal se entrelaza con la de ese movimiento, del que fue protagonista central durante 33 años.
Edificio sede de la Unecofaez en Santiago Papasquiaro, inaugurado en 1987. Foto: Cortesía Andrés Carrera.
El primer punto de entrecruzamiento lo marca el año de su nacimiento, 1949; el mismo en el que el gobierno federal decretó una veda sobre dos millones de hectáreas de bosques en el noroeste de Durango, que incluían los correspondientes al ejido en el que transcurrió la infancia de don Andrés: Salto de Camellones.
Crecer en una región cubierta en 87 % por bosques de pinos y sometida a una veda le dejaba solo dos opciones de futuro laboral: trabajar en las minas de la zona o irse “de alambre” (cruzar a Estados Unidos desde Tijuana). A los 19 años, después de probar suerte en la minería, Andrés emprendió el viaje al norte en compañía de su amigo, Alejo Vizcarra Parra.
Era 1968; apenas unos meses antes, el 11 de noviembre de 1967, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que ponía fin a la veda en esos bosques; también creaba un organismo público descentralizado, Productos Forestales Mexicanos (Proformex), al que le asignaba la exclusividad del aprovechamiento de los recursos forestales.
Después de varios contratiempos Andrés y Alejo se establecieron en Los Ángeles, California; ahí los despertó un gran sismo el 9 de febrero de 1971. Alejo decidió regresar a México; Andrés se quedaría hasta 1972, trabajando como lavaplatos.
David contra Goliat:
luchar contra un organismo corrupto
A su regreso a Salto de Camellones, Andrés encontró a Alejo convertido en presidente del comisariado ejidal y activo opositor a la actividad de Proformex. Ésta, en cinco años de operación, consolidó lo que el doctor Gonzalo Chapela, activista e investigador forestal, califica como un régimen feudal. “Era una república dentro de la república, el director vivía en Ciudad de México y viajaba a la zona en avión privado. De él dependía toda la vida de la región: la empresa controlaba el aprovechamiento forestal, los caminos, la educación, los servicios de salud; incluso el abasto cotidiano, no podía ingresar un refresco sin su autorización”.
La única opción que tenían ejidatarios y comuneros era vender su madera al precio que fijara Proformex; si se negaba a hacerlo, dejaría de recibir ingresos y vería cómo el abandono del bosque multiplicaba las plagas y los árboles morían. “Nosotros nomás veíamos sacar nuestros pinos y no podíamos trabajar, no podíamos tumbar el árbol, venderlo en rollo y ponerle precio”, recuerda don Andrés.
Para 1972, sin embargo, un hueco legal, el trabajo de capacitación del Fondo Nacional de Fomento Ejidal en la zona y las gestiones de Alejo Vizcarra lograron que el gobernador del estado accediera a la instalación de un aserradero comunitario en Salto de Camellones. Esto a condición de que procesara solo trocería de mala calidad y bajo la supervisión permanente de un representante de Proformex.
Administrar ese aserradero fue el primer trabajo forestal que tuvo Andrés Carrera. “Yo solo tenía mi certificado de sexto año de primaria pero ahí aprendí a cubicar la trocería, para que el encargado de Proformex pudiera hacer la documentación forestal que nos autorizaba a venderla”.
Manejo forestal comunitario en Durango en la actualidad. Foto: Cortesía UCDFI Topia, S.C.
Salto de Camellones consiguió así una mínima autonomía en el aprovechamiento de sus recursos, un logro suficiente para despertar el interés de las comunidades vecinas en un proceso de organización que culminó el 20 de agosto de 1976, con el registro oficial de Unecofaez, que entonces sólo agrupaba a 20 ejidos y comunidades.
No se trataba de un proceso aislado. Proformex era una de las paraestatales y empresas privadas a las que se les habían entregado concesiones para explotar los recursos forestales del país. En varios estados, sobre todo Oaxaca, se habían generado movilizaciones sociales para exigir que el aprovechamiento y el mantenimiento de los bosques estuviera en manos de los ejidos y comunidades que eran sus legítimos propietarios.
El impulso a la silvicultura comunitaria
La formación de Unecofaez coincide con la llegada del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la Subsecretaría Forestal de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; así como la del ingeniero León Jorge Castaños (actual titular de la Conafor) a la Dirección General de Desarrollo Forestal, justo en 1976.
Como reconoce el doctor Chapela, eso implicó el primer ensayo de una política de la silvicultura comunitaria que buscaba promover el desarrollo de las capacidades organizativas y técnicas que requerían la formación de empresas forestales comunitarias competitivas.
La idea de que solo cuando los bosques fueran administrados por sus habitantes se podría aspirar a su conservación empezó a cobrar fuerza, incluso al interior del Estado mexicano.
En 1980, el desempeño de Andrés Carrera en el aserradero lo llevó a convertirse en comisario ejidal de Salto de Camellones, y desde ahí a participar de manera activa al lado de su amigo Alejo en la Unecofaez, de la que se convertiría en presidente en 1983.
Desde los años 80, Unecofaez tiene reuniones de delegados cada dos meses; en ellas se abordan la problemáticas forestales de la región y se toman acuerdos sobre obras a realizar y la manera de financiarlas. Foto: Cortesía Andrés Carrera.
Desde esa posición, Andrés Carrera impulsó que los ejidos que conformaban la Unión aportaran un porcentaje de los ingresos que recibían por la venta de material a Proformex.
Unecofaez inició así una práctica que, de acuerdo con don Andrés, explica la continuidad de la organización: financiar sus iniciativas con recursos que van generando los proyectos impulsados por la propia Unión.
Informada de manera oficial de ese acuerdo, Proformex se comprometió a depositar en la cuenta de la Unión las cantidades correspondientes y, por tanto, a entregar información sobre la comercialización de la madera. La Unecofaez había conseguido su primer gran triunfo histórico.
Más adelante, el 21 de abril de 1986, se promulgó una nueva Ley Forestal que daba por terminado el régimen de concesiones y abría la posibilidad para que las comunidades se hicieran cargo de los servicios técnicos y el aprovechamiento de los bosques.
En 1990 Unecofaez había reactivado por completo las instalaciones de la antigua fábrica de triplay de Proformex, ya bajo la razón social Grupo Sezaric. Foto: Cortesía Sezaric
Bloqueos
Con Proformex ya en proceso de desmantelamiento, la Unión detectó que la empresa adeudaba a ejidos y comunidades casi 158 millones de pesos y procedió a exigir su pago. El miércoles 12 agosto de 1986, después de varias negociaciones fallidas, la Unión bloqueó los accesos a la planta industrial; cinco días después la empresa reconoció el adeudo y accedió a pagar 50 millones de pesos y establecer un calendario para cubrir el resto. Unecofaez se anotaba un éxito más.
Durante la segunda mitad de la década de los ochenta, la Unecofaez se consolidó, en buena medida, gracias a su participación en la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca). Fue a partir de esos años, cuando los ejidos y comunidades socias compraron la planta de transformación de madera que antes manejaba Proformex y formaron Silvindustria General Emiliano Zapata, Asociación Rural de Interés Colectivo, Grupo Sezaric.
“Desde entonces nos quedamos trabajando libremente”, recuerda don Andrés Carrera, quien en 1993 finalizó su segundo periodo como presidente de Unecofaez. Por reglamento, la asamblea no podía reelegirlo, pero lo nombró presidente del consejo de administración del Grupo Sezaric.
Más crecimiento
En 1990 la Unecofaez logró que el gobierno federal rentara a 40 de sus agremiados la planta industrial que había operado la paraestaral Proformex; dos años después la adquirieron.
Don Andrés explica la clave que les ha permitido seguir operando:
“Lo que nos valió fue la decisión de formar un consejo de administración autónomo, casi desde que tuvimos la oportunidad de adquirir la empresa; definir una división clara de responsabilidades y una organización independiente”.
La administración de Sezaric desarrolló una estrategia que fue generando tanto utilidades para sus 5 mil ejidatarios y comuneros asociados, así como recursos para seguir creciendo.
El primer paso fue ser fiel a su lucha inicial y darle a sus asociados la libertad de vender su madera a quien quisieran, pero ofrecer comprársela al precio del mercado (no más barato) y con una cantidad adicional por metro cúbico para beneficio de los ejidatarios. Los recursos generados por la industria comenzaban transferirse de manera evidente a las comunidades.
Crecimiento voluntario en infraestructura
Gracias a las asesorías técnicas con que contaron desde un principio, Unecofaez y Grupo Sezaric entendieron que si no desarrollaban infraestructura en la región, cualquier avance en la planta industrial tendría alcances limitados.
Por eso, impulsaron un proyecto carretero, formaron siete comités de caminos para dar mantenimiento a las vías de comunicación entre las comunidades, promovieron la instalación y operación de 15 líneas de electrificación en seis municipios y reforzaron el sistema de comunicación por radio entre las comunidades.
Otro frente estratégico que atendieron de inmediato fue el de los servicios técnicos forestales. Conscientes de que, como lo expresa el doctor Chapela, “la llave del monte es el permiso de aprovechamiento”, y que ese tiene que ser gestionado por un ingeniero forestal, impulsaron la creación de cinco unidades técnicas para el manejo de recursos forestales.
foto: Unecofaez impulsó la creación de cinco Unidades de Conservación y Desarrollo Forestal Integral, que proveen a los integrantes de la Unión los servicios técnicos forestales que garantizan el aprovechamiento sustentable de los bosques. Foto: Cortesía UDDFI Topia.
Estas unidades pronto se transformaron en empresas independientes a las que ejidos y comunidades contratan la elaboración de los planes de aprovechamiento forestal para los bosques de sus asociados, pero que han sido clave, además, para un proceso de capacitación de las comunidades en el manejo sustentable del bosque.
Con todo este soporte, Grupo Sezaric fue sumando proyectos que añadían valor a la madera: crearon Atym (Aserraderos Tableros y Molduras), para procesar la madera secundaria que no puede aprovechar la fábrica de triplay; fundaron otra empresa dedicada al abastecimiento de trocería y crearon Mudi (fábrica de muebles y dimensionado).
Hoy, el complejo industrial de Grupo Sezarik tiene capacidad para procesar 85 mil metros cúbicos de madera en rollo, y de hacerlo con el mínimo impacto ambiental gracias a una inversión constante en tecnología.
La crisis económica provocada por el covid-19 hizo evidente, sin embargo, lo que el doctor Chapela considera el gran pendiente de todo ese impulso empresarial: el desarrollo de una estrategia para integrarse al mercado de manera más competitiva y más diversa, con menos dependencia de los grandes intermediarios del mercado de la madera.
Proyectos comunitarios para quitar presión al bosque
Si a partir de 1993 el trabajo de Andrés Carrera consolidó la dimensión empresarial de la organización; la llegada de Roberto Vidaña a la presidencia de Unecofaez ese mismo año le inyectó a la organización un impulso diversificador en su generación de valor económico y social.
Una vez más, el acompañamiento de los asesores fue clave para que don Roberto desarrollara, durante seis años, proyectos como el establecimiento del vivero, la creación de un colegio de Bachilleres, la formación de la unión de crédito, el impulso de talleres de costura y de mantenimiento de maquinaria a la construcción, así como la integración de empresas ecoturístcas, de procesadoras de frutas y de 16 granjas para la producción de trucha en los cauces de sus ríos. Todo esto con la doble intención de generar empleo y reducir la presión sobre el bosque.
Don Roberto realizó dos viajes de estudio a Estados Unidos, a su regreso a Durango llegó con una de las iniciativa que, para entonces, era novedosa: impulsar la certificación de la sustentabilidad del manejo de sus bosques: “Es algo que descubrí en Washington, en las oficinas de la Rainforest Alliance, cuando acá en México no se hablaba todavía de eso, y yo regresé muy entusiasmado con esa idea”, recuerda.
En la actualidad, la mayoría de los ejidos y comunidades miembros de la Unecofaez cuentan con el certificado internacional por el buen manejo de sus bosques, otorgado por el Forest Stewardship Council (FSC).
El doctor Chapela es escéptico sobre los beneficios de la certificación, un proceso que él mismo llegó a impulsar en algún momento. “La certificación ha tenido una parte muy positiva: la elaboración de los planes de manejo, ordenamientos o inventarios que son necesarios para obtener y mantener una certificación internacional, ha hecho que el personal de las comunidades desarrolle una capacidad técnica muy valiosa para lograr un manejo sustentable de los bosques y, sin embargo, esa inversión no ha podido traducirse en mayores ingresos para las comunidades”.
La planta de generación de energía con biomasa, inaugurada en las instalaciones de Sezaric noviembre de 2018, es la primera en su tipo instalada en una empresa forestal comunitaria en México. Foto: Cortesía Grupo Sezaric.
Nuevos retos para el manejo forestal
El 12 de enero de 2020, ejidos y comunidades socias de Unecofaez eligieron a José Raquel Ramírez Nevárez como presidente de la Unión. Durante tres años tendrá ese cargo.
Por la contingencia sanitaria provocada por covid-19, Ramírez Nevárez debió posponer visitas a los ejidos y comunidades, así como las reuniones con funcionarios.
Además, también se tuvieron que cancelar los torneos deportivos, la carrera de cinco y diez kilómetros por Santiago Papasquiaro, así como la asamblea y la comida para celebrar los 44 años de la creación de la Unecofaez.
Lo que los ejidos y comunidades no pueden suspender son los trabajos para conservar sus recursos forestales, como las acciones de prevención de plagas y de incendios. Los años les han enseñado que mantener la salud de sus bosques es la garantía de continuidad de su modelo forestal.
Esa continuidad también depende de que en un futuro próximo, la Unecofaez —así como otras organizaciones forestales en el país— logren sortear algunos de los desafíos que la pandemia de covid-19 acentuó. Entre ellos, el que la madera producida por las comunidades forestales se comercialice a un precio justo.
Gustavo García López, investigador portorriqueño que dedicó a la zona forestal de Durango su tesis doctoral, resalta que las imágenes de satélite ofrecen una evidencia incuestionable: cuatro décadas después de que los ejidos y comunidades tomaron en sus manos el manejo de esos territorios, sus bosques gozan de salud.
“Los mexicanos —resalta García— deberían estar bien orgullosos de que la gente de los ejidos hagan un esfuerzo monumental por manejar sus bosques bien y por tener una vida digna asociada al bosque. Eso es algo que no se ve con mucha frecuencia en otras partes.”
Fernando Camacho Servín/La Jornada
Debido a su lucha en contra del proyecto de “revivir” el Acueducto Independencia, así como a su exigencia de que se les otorgue algún tipo de compensación por el uso de sus tierras para la instalación de autopistas, vías férreas y cables de fibra óptica, la tribu yaqui está siendo blanco de una campaña “de odio” en redes sociales y algunos medios informativos, señaló el vocero del pueblo de Vícam, Sonora, Mario Luna.
En entrevista con La Jornada, el líder yaqui explicó que la mencionada campaña inició hace más de 15 días y tiene como trasfondo la negativa de esta etnia de aceptar el llamado “acuaférico” que la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, pretendía impulsar para aprovechar el agua que se encuentra en territorio de los pueblos indígenas, y el cual finalmente no fue aprobado por el Congreso local.
“Esta campaña de odio, fomentada en redes sociales y algunos medios, ya la vivimos en diferentes etapas, entre ellas cuando estaba el gobernador Guillermo Padrés y defendimos el agua contra el Acueducto Independencia. En esas fechas, cuando me toman prisionero, el procurador de justicia (Rodolfo Montes de Oca) anunció una ‘cacería de yaquis’, como si fuera el viejo oeste”, recordó.
En ese entonces “nos tacharon de drogadictos, borrachos y flojos, y lo mismo sucede ahorita, vemos ccómo el libreto se está repitiendo. Esto empezó en redes sociales, con perfiles falsos que hablaban mal de mí, y a la semana sale la alcaldesa anunciando que va a construir el ‘acuaférico’, que nosotros conocemos como el ramal norte del Acueducto Independencia, derrotado en tribunales, pero que sigue existiendo”.
La inconformidad por dicho tema, indicó Luna, se juntó con otras reivindicaciones de la tribu yaqui, en particular con el reclamo de que el Estado mexicano le otorgue alguna compensación por el uso de partes de su territorio donde se construyó la carretera federal México 15 y algunos tramos de vías de ferrocarril, además de tenderse cables de fibra óptica, sin que las autoridades les compensaran por ello.
“Las vías del ferrocarril son privadas y no se le consultó al pueblo yaqui para vender esa infraestructura, aunque está en nuestras tierras. También la línea de fibra óptica de Telmex pasa por nuestro territorio y no nos dan ningún servicio adicional ni compensación por su uso. La tribu está retomando sus demandas y prioridades, quizá de la mejor forma, pero muchos grupos al interior se están moviendo y el gobierno federal no halla cómo entrarle”, dijo.
A decir del vocero yaqui, el carácter racista de la campaña en contra de la etnia tiene que ver con “un sentimiento reprimido de no podernos despojar de nuestra dignidad. No pueden concebir que nuestro pueblo tenga su propio territorio, a pesar de que nos tachan de incultos, de no tener educación, de ser flojos. Somos un pueblo que tiene una historia y un territorio propio desde hace más de 4 mil años, y tal vez esa legitimidad e identidad tan fuerte con nuestra tierra es lo que le molesta a quienes se sienten superiores por sus grados académicos y su color de piel”.
Los ataques y las campañas de odio contra los indígenas ocurren además en un contexto muy complejo, en el que la pandemia de Covid-19 “llegó tarde” a territorios yaquis, sin que haya información suficiente al respecto y sin una infraestructura sanitaria que pueda contener el avance de la enfermedad, lamentó el portavoz de Vícam.
“Ya van más de 50 personas fallecidas con síntomas de Covid-19, y creemos que en realidad podrían ser más de 300, lo cual es todo un mundo para una población de entre 30 mil y 40 mil personas. Dos meses después de que se contagió toda Sonora, el virus empezó a llegar a territorio yaqui. Llegó tarde, cuando nadie lo esperaba y nos agarró desprevenidos”, admitió Luna.
El dirigente subrayó que en las tierras de la etnia no ha habido campañas de información y prevención, ni equipamiento en los hospitales. “Somos una región aislada y no había casos. Hasta el tercer mes empezó a haber contagios y ahorita la política de salud es que cada quien le haga como pueda”.
Las Cortes de inmigración seguirán cerradas y no hay fecha para su reapertura debido al COVID-19, anunció la administración Trump; miles de extranjeros se encuentran en el limbo bajo el programa MPP en Ciudad Juárez, así como en otras comunidades de la frontera norte de México
Rocío Gallegos / LA VERDAD
Los migrantes devueltos por Estados Unidos para que sigan su trámite de asilo desde la frontera de México deberán seguir a la espera de su resolución, debido a que el gobierno de Donald Trump anunció que las Cortes de inmigración seguirán cerradas y no hay fecha de para su reapertura.
Las autoridades estadounidenses anunciaron el 17 de julio que debido a la pandemia por el COVID-19, las audiencias para personas bajo el programa ‘Protocolo de Protección a Migrantes’ (MPP por sus siglas en inglés) se mantendrán suspendidas; éstas quedaron canceladas desde principios de mayo y se esperaba su reanudación a partir del 20 de julio, de acuerdo con abogados y agrupaciones defensoras de migrantes.
El nuevo anuncio indica que la reapertura de las Cortes dependerá de los niveles de contagios por coronavirus reportados tanto en México como en Estados Unidos, informó HIAS en México, una organización de protección a refugiados al difundir entre migrantes el anuncio que hizo el gobierno estadounidense.
De acuerdo con resultados de una encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 20 mil 600 personas proveniente de 10 países fueron retornadas en el último año para permanecer en esta frontera, mientras se lleva a cabo su trámite de asilo en cortes estadounidenses. Otros miles permanecen en Tijuana y Mexicali, Baja California; Matamoros y Nuevo Laredo en Tamaulipas; Piedras Negras, en Coahuila y en Nogales, Sonora.
El 84 por ciento de quienes respondieron ese ejercicio de la OIM expresó la intención de presentarse a su próxima audiencia en los Estados Unidos, mientas eso ocurre, la mayoría dice que prefiere permanecer a la espera en esta frontera, se informó.
Sin embargo, Enrique Valenzuela, del Consejo Estatal de Población, indicó que por ahora no es posible tener la certeza del número de migrantes que aun permanecen en esta frontera a la espera de su asilo en territorio estadounidense.
Por la larga espera y la contingencia de la pandemia unos han ido a otros lados, a sus lugares de origen, pero también muchos han decidido quedarse en México, dice el funcionario.
Migrates caminan junto a la valla metálica instalada por Estados Unidos en su frontera con Ciudad Juárez, al fondo el centro de El Paso, Texas. Fotografía: Alejandro Sánchez
De acuerdo con las nuevas consideraciones del gobierno de Trump, para activar las audiencias de inmigración deberán cumplirse tres criterios:
Que en el estado donde se programó la audiencia para los migrantes, California, Arizona o Texas, se evoluciones a la etapa 3 de reapertura. Hasta ahora es un criterio no cumplido.
Que el gobierno federal de Estados Unidos clasifique el nivel de riesgo de contagio en nivel dos. Tampoco se cumple aún.
Que en los estados fronterizos de México por donde se devolvió a los migrantes para que esperen su trámite de asilo registren semáforo en amarillo. En la actualidad, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, permanecen en rojo, en tanto que Chihuahua, Sonora y Baja California, en naranja.
Para la abogada Taylor Levi, especialista en asuntos de inmigración en El Paso, Texas y activista con migrantes bajo el MMP en Ciudad Juárez, esta nueva disposición del gobierno de Estados Unidos es una noticia mala y triste para miles de extranjeros que permanecen en México esperando que se resuelva su petición de asilo.
A través de un video público que compartió en su página de Facebook la abogada comenta que la espera puede llevarse meses y exhortó a los migrantes a no intentar su cruce por la frontera por los peligros que implica brincar el muro o el río Bravo.
Lamentó la situación, pero aseguró que hay grupos y personas trabajando por ellos desde Estados Unidos.
La organización HIAS alertó a los migrantes que no es necesario que acudan al punto de cruce fronterizo a reprogramar sus citas y sugirió que para conocer su nueva cita de Corte pueden llamar al 01-800-898-7180 o contactar a su organización para recibir apoyo en el correo legal.hiasmexico@hias.org o al teléfono 656 685 1946.
Una manifestante pega un volante de una víctima de violencia en el escudo antidisturbios de un policía en la Ciudad de México, en junio. FERNANDO LLANO / AP
Carmen Morán Breña / El País
Las mujeres recurren cada vez más a terceros para que pidan auxilio puesto que el maltratador les revisa o les sustrae el celular, según la Red Nacional de Refugios
La vivienda no siempre protege. Para las mujeres víctimas de violencia machista puede ser una cárcel de difícil escapatoria. Así ha sido para, llamémosle, Celia, quien a mediados de junio dejó a su pareja durmiendo por el alcohol y mandó un mensaje a la Red Nacional de Refugios (RNR): necesitaba huir de su casa. Desde que llegó de Chiapas al Estado de México, hace 12 meses, con el agresor y su niño de dos años y medio apenas había salido a la calle. El confinamiento que impuso la pandemia jugaba en su contra, quién iba a pensar en el vecindario que estaba forzosamente recluida. “¿Dónde vives?”, le devolvieron el mensaje. “No sé la dirección”, dijo Celia. Con esta dificultad añadida comenzaba uno de los últimos 23 rescates efectuados por esta red de apoyo. Entre mayo y junio se ha incrementado un 52% el número de víctimas que han recibido ayuda gracias a la intermediación de sus familiares. “A ellas les revisan o les quitan el celular o la computadora y las dejan aisladas, por eso buscan la mediación de terceros para salir del infierno”, dice Wendy Figueroa, directora de la RNR. El número de llamadas a esta organización se ha incrementado en un 55% en estos dos meses respecto al mismo periodo del año pasado, según el último informe hecho público este jueves.
Celia solo sabía que cerca de su casa había una tienda de abarrotes. “Sal a la calle, pero no preguntes a los vecinos por tu dirección, ve hacia la tienda”, le dijeron en la Red. Nunca se sabe dónde está el enemigo. La muchacha, de 25 años, cargó al crío y caminó. Eran las cinco de la tarde. La conversación nunca se interrumpe con los que la auxilian. “Fueron 10 minutos interminables hasta que llegó al establecimiento”, relata Figueroa. Siempre con el teléfono abierto, desde la Red pidieron hablar con la dependienta. “Le dijimos, ‘soy su prima, necesitamos ir a recogerla, ¿nos puede dar la dirección exacta de la tienda?’. Y hasta allí mandamos un vehículo que lleva una palabra clave”. El conductor no tardó en llegar. Celia dijo: manzana. El conductor reconoció la contraseña y emprendió la marcha con la madre y el niño hasta el refugio acordado. “Cuando llegó se produjo la crisis nerviosa, los llantos, y tuvimos que oír algo que ya hemos oído antes en boca de los niños: ‘Mami, aquí estamos bien”, sigue Figueroa.
La violencia de género no ha dejado de crecer en estos últimos meses de pandemia, como las organizaciones feministas han recordado al Gobierno una y otra vez. Y se extiende a los más pequeños. El 46% de las hijas e hijos de víctimas que han solicitado apoyo en la Red han sufrido violencia en las casas durante el confinamiento. Un 8% de esos críos, lo que supone más de 500 niños, niñas y adolescentes, han reportado violencia sexual en sus domicilios en este tiempo. “Eso indica que las casas no son un espacio de fraternidad como tantas veces se dice desde le Gobierno, ni un sitio de paz donde las mujeres cuidan a los suyos. No, lo que hay en estos casos es un desprecio hacia ellas, son de su propiedad. Muchas veces nos cuentan el enojo de sus parejas porque no hacían maravillas con 50 pesos para comer, porque no eran capaces de callar los llantos del niño. Son situaciones antesala de la violencia”, dice Figueroa.
El hecho de que en los últimos dos meses se haya reducido el número de llamadas de socorro por parte de las víctimas indica la cárcel en la que están viviendo, donde son otros, los familiares, lo que tienen que intervenir para que reciban ayuda. Si hace unos meses las llamadas de terceros eran de un 19% ahora son de un 31%. No se trata solo de la covid, el aislamiento es de otras características.
A Celia y a su hijo se les hizo el preceptivo reconocimiento médico cuando llegaron al refugio. No habían comido en todo el día. El niño presentaba desnutrición y ella tenía anemia y revelaban secuelas emocionales pero no físicas. Ya han recuperado peso y talla. La Red no obliga a estas mujeres a iniciar un proceso jurídico, pero les acompañan en ello si así lo deciden. Celia se está recuperando, participa en los talleres y quiere acabar la universidad que dejó inconclusa. “Su cara es otra”, dice Figueroa.
Dos de cada 10 llamadas que recibe la Red son de mujeres que ya han pedido auxilio en otras instituciones y no lo han recibido. “Las Administraciones dijeron que estos centros de apoyo eran esenciales y estarían disponibles, pero muchos servicios están cerrados. No se está haciendo nada. Solo campañas horribles que no sirven”, se queja la directora de la RNR.
De marzo a junio de este año, la Red ha atendido de diversas maneras a 21.074 personas, un 71% más que el año anterior en esas mismas fechas. De las 6.475 llamadas recibidas, un 73% son de mujeres, más de un 16% son de instituciones gubernamentales que derivan casos para su protección y un 10,25% son de hombres que quieren saber si esa red en verdad existe y que aún esperan que les digan dónde paran las víctimas para ir por ellas.
A pesar de la vuelta paulatina a la normalidad, las cifras de violencia siguen incrementándose. “Y aún esperamos por el Proyecto de Igualdad, que no se ha presentado, ni se han orquestado medidas intersectoriales. Esta crisis del coronavirus se está tratando de forma lineal, cuando es patente que tienen un sesgo de género, las mujeres se están viendo afectadas física, emocional, económica y sexualmente: en el mes de junio ha habido un incremento del 2% entre las mujeres que dicen haber sufrido un intento de feminicidio y un aumento del 9% entre las que dicen ser víctimas de todas las formas de violencia”, señala Figueroa.
El examen médico que pasó Celia en el refugio dio negativo para la covid-19, no así su historial de maltrato.
COLIMA, Col. (apro).- La Red Jalisciense de Derechos Humanos denunció que el ejido Ayotitlán pretende desalojar a la última familia que habita la ranchería indígena El Mameycito, ubicada en los límites territoriales de Colima y Jalisco, para entregar en renta los terrenos a la minera Peña Colorada.
El presidente de la organización, Óscar González Garí, informó que desde el pasado lunes 20 la familia de Aurelio Deniz Gerardo ha padecido acoso y hostigamiento por parte de directivos del ejido, así como de personal de seguridad privada de la minera y agentes policíacos municipales de Cuautitlán, Jalisco, con la advertencia de que debe abandonar los terrenos, en los que Peña Colorada depositará sus desechos industriales.
Por lo anterior, este jueves llegaron a esa zona integrantes del Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas “Tenamaxtla” de Ayotitlán (CAANTA), Autoridad Indígena Tradicional, quienes convocaron a los poblados vecinos a instalar en el predio La Aguacatera, de El Mameycito, un plantón permanente para evitar el despojo de las tierras por parte del ejido a favor de la empresa minera.
González Garí indicó que en lo que va de este siglo ya fueron desalojados los habitantes de tres localidades nahuas: Los Potros, Puertecito de Las Parotas y Rincón de Manantlán, para dar paso a empresas mineras que extraen hierro de esta región y lo exportan a través del puerto de Manzanillo.
De acuerdo con la red, El Mameycito forma parte de las 14 localidades que se ubican dentro del territorio ancestral en litigio que enfrentó a Jalisco y Colima en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante la controversia constitucional número 03/98, desde entonces olvidada, “por ser de indios”, en los sótanos del Senado por las administraciones estatales de Jalisco.
Las localidades indígenas jaliscienses ubicadas en la franja en disputa son Las Pesadas, La Astilla, Cerro Prieto, Chanquiahuitl, Changavilán, San Antonio, El Platanar, Plan de Méndez, La Piedra, El Mameycito, El Naranjal, El Pedregal y La Coconal, nahuas en su mayoría.
González Garí manifestó que mientras el gobierno de Jalisco concentra su atención en la pandemia del covid-19 y en la temática urbana, el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, S.A. de C.V., “instigador del diferendo territorial con el estado de Colima por 406.8 kilómetros cuadrados, no duerme, y para quitarle a nuestra entidad más territorio que necesita para ampliar sus instalaciones y tiraderos de basura industrial se lanzó con todos sus recursos y la complicidad de policías jaliscienses a desalojar a los últimos habitantes de El Mameycito, anexo de la comunidad indígena de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco”.
Señaló que el lunes 20 empezó el asedio contra la familia “con el sorpresivo arribo de un dron que sobrevoló el predio La Aguacatera y estuvo girando en torno a las labores agrícolas de Aurelio Deniz Gerardo y sus hermanos Federico y Abraham”, mientras que por la tarde “se presentó, sin pedir permiso para ingresar al predio de la familia, un supuesto ‘ecologista’ que traía un perro, no se quiso identificar y sólo miraba las labores agrícolas”.
En los días posteriores el asedio “se incrementó drásticamente, pues llegaron al sitio directivos del comisariado ejidal de Ayotitlán, encabezados por su presidente, Juan Díaz Aguilar, acompañados de agentes de la policía municipal de Cuautitlán y cuatro elementos de seguridad privada de la minera, cada uno con un perro.”
Óscar González refirió que le advirtieron a Aurelio Deniz que debía retirarse de esos terrenos, pues “no ganas nada sembrando maíz, ya retírate con tu familia. El Ejido le rentó a Peña Colorada estas tierras, evítanos tener que desalojarte de aquí”.
Ante ello, Aurelio Deniz se comunicó con el presidente de la RJDH, a quien puso al tanto de lo que estaba pasando en esos momentos, por lo que el representante de la organización se comunicó con el presidente municipal de Cuautitlán, Gerardo Palacios Campos, quien accedió a retirar a los policías de la zona.
La Red Jalisciense de Derechos Humanos recordó que el próximo 9 de agosto se conmemorará en esa región el centenario de la matanza de Los Llanos de Timbillos, en la que fueron asesinados 13 indígenas nahuas de Telcruz y Ayotitlán por parte de caciques de Colima que iniciaron de esa manera la invasión de ese territorio.
La organización ratificó su apoyo a la ranchería El Mameycito y advirtió que se mantendrá al pendiente para evitar el desalojo de sus habitantes.
Brayan Eduardo Medina Carrillo, 18 años, y Daniel Rodríguez Sandoval, 16 años, desaparecieron desde el 18 de julio en Teocaltiche, Jalisco. Sus familias tienen información de que la última vez que se les vio estaban siendo detenidos y golpeados por policías municipales; sin embargo, esto ha sido negado por las autoridades.
Ambos jóvenes se trasladaron a este municipio en los Altos de Jalisco para comprar chatarra o fierro viejo, trabajo que ya habían hecho en otras ocasiones, pero esta vez no regresaron a casa.
Familiares y amigos de Brayan y Daniel se manifestaron frente a la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas de Jalisco para exigir se les busque porque consideran que las autoridades han hecho poco para encontrarlos.
Dalia Souza y Darwin Franco / Zona Docs
“Estamos aquí para pedir informes, pero aquí no investigan nada. Nos piden que demos información sobre nuestros hijos, pero ellos no nos dan respuestas… Estamos desesperadas y queremos saber dónde están nuestros hijos” fueron las palabras que expresaron Araceli, madre de Daniel, y María de los Ángeles, madre de Brayan, a las afueras de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Jalisco, sitio al que llegaron con más de 200 personas para exigir que se busque a sus hijos, quienes desaparecieron luego de ir a trabajar a Teocaltiche, Jalisco, el pasado 18 de julio.
Ambos jóvenes originarios de Guadalajara se dedicaban a la compra de chatarra y fierro viejo, así que no era la primera vez que viajaban a este municipio ubicado en la región de los Altos de Jalisco para realizar su trabajo. Ese día salieron junto con otros compañeros en dos camionetas para realizar su labor en los municipios de Teocaltiche y San Juan de los Lagos. El acuerdo cuando se separaron para comenzar a trabajar era verse alrededor de las siete de la noche en el entronque que divide la carretera para llegar a ambos municipios, pero esto no sucedió.
Pedro, uno de los jóvenes que viajaba en la otra camioneta, llamó en varias ocasiones a Brayan para saber cómo iba la venta, éste le dijo que tenía problemas con su camioneta, pues estaba tirando aceite, así que la llevaría a revisar. Era la una de la tarde del 18 de julio.
El tiempo siguió y al no tener noticias de Brayan y Daniel, volvió a marcarles al celular alrededor de las cinco de la tarde; a esa hora Brayan aviso que su camioneta estaba arreglada y que ya se encontraban trabajando:
“Yo escuché la bocina de la camioneta que ya andaba trabajando, así que acordamos que nos volveríamos a llamar a eso de las seis o siete, pero jamás recibí esa llamada… yo le hablé a mi compañero y sólo me mandaba al buzón, buzón… yo le dije a mi compa que nos fuéramos a encontrarlos, así que llegamos al punto donde nos quedamos de ver y esperamos como 40 y 50 minutos, pero jamás llegaron… yo con el pensamiento de que ya se habían venido, pues decidimos regresarnos a Guadalajara”.
Cuando Pedro llegó a Oblatos, colonia donde también viven Brayan y Daniel, comenzó a preguntar si ya habían llegado, pero nada. Pensó que, quizá, ya venían en camino o que se quedaron allá para trabajar el domingo (19 de julio): “así que les dije a su familia que a la mera llegarían el lunes, por lo de la camioneta, pero después recordé lo que nos habían dicho de cómo estaba por allá, así que si no llegaban el lunes deberíamos ya de preocuparnos”.
Lamentablemente, llegó aquel lunes y de ambos jóvenes no se supo nada. Su familia se trasladó a Teocaltiche para preguntar si estaban detenidos o si habían tenido algún accidente, pero no obtuvieron buenas noticias. Lo que sí hallaron fueron amenazas de personas desconocidas que les recomendaron que era mejor que se regresaran a su casa.
La denuncia por la desaparición de Brayan Eduardo Medina Carrillo, 18 años, y Daniel Rodríguez Sandoval, 16 años, se interpuso en la Delegación de la Fiscalía General de Jalisco en el municipio de Lagos de Moreno; sin embargo, de ahí sólo han obtenido las clásicas y evasivas respuestas: “estamos trabajando, déjenos investigar y ya les avisaremos”.
Lo que sí les dejaron muy claro a Araceli, madre de Daniel, y María de los Ángeles, madre de Brayan, es que no hicieran ruido y que bajaran toda la información que habían subido en las redes sociales:
“Eso fue lo que nos dijeron, pero nada de eso se va a bajar; al contrario, lo vamos a seguir moviendo hasta que aparezcan”, señaló Araceli.
Ante las nulas respuestas de la Delegación de la Fiscalía en Lagos de Moreno, ambas familias también realizaron su denuncia en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, ubicada en Guadalajara.
Aquí las respuestas también han sido nulas y escasas, incluso, cuando tuvieron pistas sobre dónde podrían estar sus hijos, rápidamente acudieron a sus instalaciones, la madrugada del 22 de julio:
“Pero al llegar aquí nos dijeron que no eran horas para estar viniendo y que regresáramos después, pero aquí no hacen nada, no han hecho nada con lo que les hemos dicho”, reclamó María de los Ángeles.
A la fecha, la información que tienen sobre lo que pudo haberles pasado a Brayan y Daniel es que fueron detenidos y golpeados por policías municipales de Teocaltiche, pues así se los hicieron saber diversas personas que observaron cuando esto ocurrió; sin embargo, no hay registro de ellos en la comisaría municipal.
El 5 de julio en ZonaDocs informamos sobre la desaparición de Vanesa Liseth Martínez Zepeda y Omar Leonel González Ornelas, a quienes también detuvieron policías municipales de Teocaltiche, el 22 de junio; lamentablemente, es fecha que no se sabe qué pasó con ellos luego de estar detenidos por más de 15 horas.
ACCIÓN DE PROTESTA Y SOLIDARIDAD
El gremio de los chatarreros de la colonia Oblatos en Guadalajara se unió para apoyar a las familias de Brayan y Daniel, y con una caravana de más de 15 vehículos cerró la calle frente a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y aseguró: “Estamos aquí para exigir se busquen a los muchachos, hoy estamos con 15 camionetas, pero mañana podemos ser 100 y les vamos a cerrar las calles si no hacen algo por encontrarlos”, señaló uno de los manifestantes.
El cierre de la vialidad duró más de una hora hasta que personal de la Fiscalía solicitó que se pudiera despejar la calle, pues los familiares ya iban a ser atendidos por el personal del Área de Investigación de la Fiscalía; la reunión con las autoridades duró alrededor de 35 minutos, pero los resultados fueron los mismos: “Nos dijeron que iban a investigar, que se iban a traer el expediente de Lagos de Moreno y que les tuviéramos paciencia porque ya estaban trabajando en nuestro caso”, señaló Araceli, madre de Daniel.
Así como les pidieron bajar todo lo que habían subido a redes sociales, también les solicitaron que ya no hicieran más movimiento por la ciudad; sin embargo, las familias de Daniel y Brayan no aceptaron porque sabían que tenían todo el derecho de manifestarse, así que decidieron continuar con sus planes de manifestarse en La Minerva para después ir hasta la Glorieta de las y los desaparecidos de Jalisco, lugar donde ahora están las lonas de búsqueda de ambos jóvenes desaparecidos el 18 de julio en Teocaltiche, Jalisco.
En este espacio icónico para quienes buscan a su ser querido desaparecido, el grito de: “Vivos se fueron, vivos los queremos” se hizo presente con la esperanza de verles regresar.
Conforme al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Teocaltiche, oficialmente, han desaparecido 26 personas (17 hombres y nueve mujeres); en este año, sólo hay registro de dos desapariciones (las de Vanesa Liseth Martínez Zepeda y Omar Leonel González Ornelas); la desaparición de Brayan y Daniel aún no aparece en los registros oficiales. Incluso, la ficha de búsqueda de Daniel tampoco aparece en Alerta Amber, lo cual es violatorio al criterio de búsqueda inmediata de este mecanismo, pues éste es menor de edad.
Este lunes inició una auditoría a la empresa Electrolux Refrigeradores, en Ciudad Juárez, que despidió a los trabajadores que protestaron por falta de medidas de protección durante la pandemia. La maquiladora sólo paró operaciones cuando dos empleadas se contagiaron de covid y murieron
Texto: Kau Sirenio
Foto: Luis Sarabia
El único pecado de Emiliano es haberse unido a la protesta que sus compañeros iniciaron un día en la maquila Electrolux Refrigeradores. La inconformidad de los trabajadores se debió a que la empresa no estaba en condiciones de salubridad para que los trabajadores no se contagiaran en la contingencia de la pandemia covid-19. Sin embargo, al tercer día de la protesta, más de una decena de ellos se quedaron sin trabajo.
No bastó con despedir a los trabajadores que se unieron a la lucha, sino que la empresa también los boletinó en las maquilas de Ciudad Juárez como escarmiento por haberse atrevido a denunciar a Electrolux.
«La empresa nos tiene como no recomendables para otras empresas y cuando nos acercamos a pedir trabajo pues no nos contratan y algunos hemos estado batallando para conseguir trabajo. Así mismo hemos pedido un papel que nos acredite con las certificaciones que tenemos en la empresa y no lo han querido proporcionar».
El presidente del sindicato Unionen de Electrolux en Suecia, Peter Ferm, dijo al periódico Kollega el 13 de mayo: «Esperamos saber qué ha sucedido realmente a nivel local. Luego, también queremos ver que han seguido el código de conducta de la compañía y que han seguido el acuerdo sindical global que tenemos.»
Pese a las protestas de los trabajadores por falta de medidas de protección frente a la pandemia, la maquiladora despidió a los inconformes y continuó trabajando. Posterioremente dos trabajadoras murieron pero se desconoce cuántos empleados podrían haberse contagiados.
Foto: Especial.
Hasta este martes 21 de julio, la empresa independiente VeLaR inició las primeras entrevistas con los exempleados despedidos. La reunión de los investigadores independientes que realizan auditoría a la maquila, con el fin de conocer qué sucedió aquel 7 de abril cuando los trabajadores protestaron y los días posteriores en que Electrolux Refrigeradores prescindió de sus servicios.
A pesar de que la empresa investigadora VeLaR les aseguró a los trabajadores despedidos que sus investigaciones serán transparentes e imparciales, Emiliano no confía en los resultados: “VeLaR es la empresa que ha realizado encuestas en Electrolux Refrigeradores, por eso no creo que haya mucha esperanza que cambie algo”.
Agrega: “Nosotros pedimos seguridad sanitaria, porque no había condiciones, nadie traía cubrebocas, no había gel antibacterial. Es más, no había la sana distancia, todos los compañeros salían en grupo y viajaban en los camiones sin ni una medida de seguridad. Cuando protestaron los compañeros el 7 de abril ya había propagación de la pandemia en México, incluso había compañeros con síntomas en esos días, pero no decían nada porque tenían miedo de que los despidieran”.
Emiliano dice que en la mesa de diálogo los directivos de Electrolux Refrigeradores les dijeron que no podían cerrar porque su giro era de primera necesidad y que el gobierno de Chihuahua había dado el visto bueno para que siguieran operando, sin embargo, no había condiciones de salubridad.
A parte de denunciar su despido por haber unido a la protesta, el ahora obrero desempleado explica que no es la primera vez que la maquiladora viola los derechos de sus trabajadores, sino que esto ha sido un constante.
“Trabajé 14 años en la maquila, en Ciudad Juárez tiene 15 años que está operando, pero del tiempo que yo trabajé vi muchas anomalías; una vez falté un día porque me enfermé y no presenté comprobante médico, así que me llamaron en la oficina para entregarme la sanción, resulta que me aplicaron cinco días, entonces reclamé y lo que me dijeron que son las sanciones de todo el año”, relata.
La demanda de los obreros a Electrolux Refrigeradores era: que se implementara medidas como el uso de cubrebocas, que dividieran los espacios entre una y otra persona con ponerles plásticos, pero para esas alturas ya era demasiado tarde porque ya había varios contagiados.
“Era muchísima la gente que estaba circulando, nos sabíamos en realidad si esa persona se cuidaba o no, entonces ya era un problema fuerte, nosotros le argumentamos que necesitábamos tener tiempo en nuestras casas para no estar tan expuestos al contagio, ellos se negaron en ese momento. Nos dijeron que nos iban a dar un convenio por los días siguientes, que fue el día 9, 10 y el 11, porque uno de esos días era Semana Santa, así nos presentamos el lunes 13 de abril solo para saber que nos habían despedidos”.
Ese lunes, los directivos les pidieron que pasaran a firmar su despido: “Si firmábamos, se nos iba a dar una cantidad de dinero; y si no firmábamos, no se daba absolutamente nada y que la empresa no tenía ninguna relación con nosotros. Así que pasé a firmar pensando que la liquidación sería de una forma legal, pero nos dimos cuenta que era una cantidad ridícula, que no correspondía. Por ejemplo, en mi caso que llevo 14 años laborando ahí me daban una cantidad muy por debajo de lo que me correspondía por derecho”.
–¿Cómo fue su paga? –le pregunto.
–Qué te puedo decir… Nunca fue de lo más bueno, porque trabajamos durante tres años tiempo extra como quien dice porque nunca salíamos a la hora que marca el reloj checador. Siempre nos sacaban una hora después, pero nunca nos pagaron.
Emiliano dice que Electrolux Refrigeradores estuvo en el ojo del huracán hasta que fallecieron dos trabajadoras una semana después de la protesta: Gregoria González y Sandra Perea. “La señora Gregoria, Goyita como se conocía, trabajó el 8 de abril, fue el último día de trabajo, tenía días enferma, aun así, trabajó en ese espacio. Días antes la maquila no tenía control con los trabajadores, todos se saludaban de besos y abrazos. Yo estuve enfermo y así fui a trabajar porque íbamos a enfermería y nos daban unas pastillitas, de ahí no pasaba. Estuve con síntoma covid durante 16 días: temperatura, con problemas respiratorios, no sé en realidad si fue covid, hasta ahora no sé, porque nunca le di seguimiento”.
En una invitación que la empresa independiente de investigación VeLaR envió a los trabajadores explica qué: “La compañía Electrolux nos ha solicitado colaborar en una investigación independiente para comprender mejor los hechos ocurridos durante el pasado mes de abril del presente en las instalaciones de la planta Electrolux Refrigeradores. Su colaboración sí estuvo presente durante los hechos, es muy importante, es por ellos que le pedimos respetuosamente unos minutos de su valioso tiempo para una tener entrevista individual. Cabe anotar que nuestro encuentro será realizado con todos los protocolos de seguridad y salud de la siguiente forma”.
En otra línea del texto que le hizo llegar a los ex empleados señala: “Por lo mismo que somos empresa independiente no estaremos facultados de emitir comentario alguno ni establecer compromiso; sino sólo para documentar la información recibida. Si está usted en condiciones de colaborar con el proceso, por favor confírmenos para concretar la hora de nuestra reunión. Dado que será un número limitado de entrevistas, es muy importante si agendamos la cita, de lo contrario será complicado poder atenderle”.
Desde abril, colonos de Lomas de Atizapán rechazan el proyecto argumentando que el puente vehicular no resuelve el problema de congestionamiento vial en la zona
Vecinos de Lomas de Atizapán se enfrentaron con policías tras oponerse a la construcción de un puente vehicular sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, Estado de México.
Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves cuando trabajadores con máquinas de trascabo y granaderos llegaron al lugar para iniciar la construcción de la obra.
A la avenida Adolfo Ruiz Cortines también arribaron por lo menos 50 jóvenes vestidos de civil que se dispersaron en la zona, el lugar fue acordonado.
Con estos videos quiero evidenciar la prepotencia de Ruth Olvera Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza, ha mandado talar árboles y destruir literalmente el asfalto, ha mandado también grupos de choque para intimidar, esa manta NO la pusimos los residentes de Lomas!!! pic.twitter.com/Zvyu1xiCOf
— Jesús Alfredo Trejo Vera (@JessAlfredoTre1) July 23, 2020
Posteriormente, varias personas salieron de sus casas para encarar a las autoridades, argumentando que no les avisaron sobre el inicio de la obra.
Colonos acusaron que la obra los afectaría al fracturar la vialidad y talar los árboles de la zona.
Incluso, señalaron que la obra cuenta con una suspensión provisional emitida por un juez federal en materia de amparos de fecha 28 de abril de este año, por lo que la construcción no debió comenzar.
Tras las protestas, alrededor de 300 policías antimotines llegaron a la zona para dispersar a los manifestantes.
Además, dos civiles, de 27 y 29 años de edad, fueron detenidos por la policía municipal tras oponerse a la construcción de la obra pública.
Desde abril de este año, colonos de Lomas de Atizapán rechazan el proyecto al argumentar que no resuelve el problema de congestionamiento vial en la región.
Desde las 08:00 horas, un grupo de 100 personas ajenas y un centenar de policías arribaron a Lomas de #Atizapán para iniciar con las labores de construcción de un nuevo puente. Nuevamente, detuvieron a al menos dos vecinos que se oponen a dicho distribuidor. pic.twitter.com/SMTf3G3e8B
— Isaac Ramírez (@Caasi201) July 23, 2020
Vecinos del fraccionamiento “Cielo Alto” en Kanasín se organizaron para manifestarse la mañana de ayer sobre un serio problema que, aseguran, está afectando a las familias que ahí habitan.
La planta de aguas residuales de la zona está causándoles muchas molestias, pues desde las lluvias que trajo consigo la tormenta tropical “Cristóbal” el lugar quedó rebosado de agua y el hedor del lugar se ha vuelto insoportable.
También han proliferado insectos, por ello los vecinos se dicen preocupados por su salud, en especial la de los pequeños que habitan en el fraccionamiento.
Los residentes se encuentran desesperados, pues la falta de atención en esa planta ya ha hecho que las aguas negras se viertan en los barrancos, lo que es un foco de infección y causa de mucha contaminación. Incluso comienza a afectarles el agua potable, que sale amarilla y espumosa.
Según explican, ya acudieron al Ayuntamiento de Kanasín, la Seduma, Japay e incluso le comentaron al gobernador Mauricio Vila en una visita que hizo para inaugurar una escuela cercana. Él se comprometió a atenderles, pero nadie les ha hecho caso.
El problema no es exclusivo de “Cielo Alto”: habitantes de otros fraccionamientos ya están recibiendo agua contaminada, dado que las aguas negras están llegando cada vez más lejos.
Han pedido que la constructora del fraccionamiento dé la cara y les resuelva el hecho de que esta planta exista en un lugar tan cercano a sus viviendas, y que además no se le esté dando el cuidado y mantenimiento necesario. Antes en el lugar se acercaban conejos, venados, tlacuaches, y ahora solo es un lugar de muerte y mal olor.— Darinka Ruiz
De un vistazo
Más del lío en “Cielo Alto”
Ningún responsable de la constructora se ha hecho presente hasta ahora.
Animales muertos
Vecinos comentan que la fauna silvestre del lugar se ha visto afectada, los animales mueren por la contaminación y es un círculo vicioso de la proliferación de olores e insectos. Quieren que alguien les escuche, les atienda y les provea un lugar digno para sus familias.
