Cientos de personas protestaron para exigir a las autoridades que no sean omisas ni guarden silencio ante estos crímenes, pero sobre todo, que adopten un plan para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Mérida, Yucatán, 30 de agosto de 2020.- No se quedaron calladas, cientos de personas salieron a protestar en contra de la violencia feminicida en Yucatán, alzaron la voz por Fernanda y todas las mujeres víctimas de estos crímenes y recriminaron a las autoridades por ser omisas y no haber fijado un pronunciamiento ante esta alarmante situación.
La familia Gual Martín caminó por toda la avenida Paseo de Montejo cargando una manta que decía “Hoy nos falta una, nos falta Fernanda”, mientras que el resto de manifestantes la acompañaron en caravana de automóviles, tocando el claxon, gritando consignas y cargando fotografías de la joven y globos morados.
“Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, exclamaban a todo pulmón las mujeres, los hombres, las niñas, los niños, todas y todos los que salieron a protestar para exigir que se detenga esta violencia que ha cobrado la vida de ocho mujeres este año en Yucatán, el estado más seguro del país.
La indignación las motivó a salir a protestar, luego que Fernanda, de apenas 21 años de edad, fue asesinada a balazos por su exnovio hace unos días en una vivienda de Mérida, agresor que posteriormente se suicidó.
“Hoy estamos reunidas para exigir justicia y verdad por Fernanda, si las autoridades avalaron con su silencio y sus omisiones la violencia feminicida, nosotras no. Exigimos justicia para Fernanda, pero también para Henrietta, Gladys, Ana, Suemi, Yazmín, Irlanda, Norma Yolanda, Yamili, y muchas otras mujeres que han sido y son víctimas de la violencia de género en Yucatán”, sostuvo la señora Lizbeth Ethel Martín Esquiliano, madre de la víctima, quien también recordó a las otras mujeres asesinadas este año.
Al tomar el micrófono, aseguró que su hija fue una mujer empática y sensible al dolor ajeno, que luchaba y marchaba por esas mujeres a las que les apagaron la voz; por aquellas que su último aliento de vida fue tomado por un feminicida. Por eso mismo, ahora, ella sale a marchar y es la voz de Fernanda.
Declaró que las autoridades no cumplieron con su deber de prevención, tanto en el caso de Fernanda como el de las otras víctimas, además, no demuestran interés ni por lo ocurrido, ni por identificar los cambios o implementaciones necesarios para que no se repitan estos crímenes.
“Ante el silencio por parte de las autoridades, exigimos que el Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales se pronuncien de manera pública en contra de la violencia de género, y condenen públicamente estos feminicidios”, insistió.
También exigió que emitan un informe público y detallado de los casos de feminicidios cometidos durante el 2020,identificando las omisiones, errores y obstáculos en la actuación policiaca, administrativa en Yucatán, del personal de salud yo educativo, que permitieron o facilitaron la comisión de estos delitos.
Asimismo, que se adopte un plan para la erradicación de la violencia contra las mujeres y que las autoridades investiguen con enfoque de género, sin revictimizarlas como familiares, y permitiéndoles participar en el proceso.
Lizbeth Ethel de igual manera criticó la difusión de titulares estigmatizantes por parte de diversos medios locales ante estos crímenes, por lo que rechazó que reproduzcan estereotipos de género o que banalicen la violencia en contra de las mujeres.
“A los medios de comunicación, les exigimos adoptar protocolos editoriales con perspectiva de género para abordar noticias sobre violencia de género, con el objetivo de no ser, así sea sin darse cuenta, fuente de validación para los agresores”, sostuvo.
Finalmente, hizo un llamado a todas las mujeres, colectivas, colectivos y organizaciones de la sociedad civila exigir que las autoridades cumplan con sus obligaciones, a exigir que se haga justicia y que se tomen todas las medidas necesarias para que no nos haga falta ni una mujer más.
“Lo que hoy como familia nos mueve, es continuar con el legado de Fernanda, y luchar para que no haya otra Fernanda, que ninguna otra mujer sea violentada, y que todas puedan vivir libres de violencia”, sostuvo.
En el acto también habló Sthepanya Gual, hermana de Fernanda, quien recalcó que la persona que la asesinó no podrá enfrentar las consecuencias de sus actos, pero ahora todas van a exigir justicia por las otras víctimas de feminicidio, para que las autoridades prevengan y garanticen una vida libre de violencia para las mujeres.
“¡Ya basta de vivir con miedo de ser el siguiente feminicidio! Y si tenemos que quemar y destruir para que nos puedan escuchar, lo vamos a hacer, porque ya basta de tanta impunidad, de que las mujeres no estemos en las agendas. Yucatán tiene que abrir los ojos, pero no lo va a hacer mientras las cabezas de nuestro Estado y de nuestro Municipio se mantengan callados cobardemente”, declaró.
Dijo que luego de estas tragedias, se han dado cuenta de que tenemos autoridades tibias e insensibles, por lo que necesitan que reconozcan con acciones concretas, que la violencia de género es real y que los feminicidios son un cáncer que está consumiendo a todas.
Por cierto, la familia Gual Martín lamentó que el Gobierno del Estado las bloqueó en esta protesta, pues no permitió que coloquen una pantalla en el Monumento a la Patria para exponer videos y recuerdos de Fernanda, por el contrario, pusieron unas vallas para que nadie se pueda subir.
Profesores y alumnos de la Universidad Iberoamericana Torreón/ SOMOS EL MEDIO
Documental que recorre los primeros 10 años de uno de los primeros colectivos de familias de desaparecidos en México. Testimonio de más de 20 miembros, quienes trazan su búsqueda incansable en solitario, la creación del colectivo, los obstáculos y los retos que persisten para encontrar a quien no ha vuelto a casa.
Realizado por profesores y alumnos de la Universidad Iberoamericana Torreón
El acusado fue detenido en flagrancia violando a una menor de edad. Pero la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas fabricó pruebas, destruyó indicios, no investigó material genético ni huellas dactilares. Colectivas de mujeres de todo el país acusan tráfico de influencias y corrupción.
Marcha feminista #8M Guadalajara, Jalisco. Fotografía de Christian Cantero
29 de agosto de 2020
Texto: Dalia Souza/ ZonaDocs
@Dalia Souzal
Fotos: Christian Cantero y María Fernanda Lattuada
Jalisco.- Colectivas y mujeres organizadas en Zacatecas, Yucatán, Ciudad de México y demás estados del país, se unieron para denunciar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJZ) ha encubierto al probable violador de una joven menor de edad que fue detenido en flagrancia.
Tanto el Tribunal Supremo de Justicia del estado como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, han tolerado estos delitos y violaciones a derechos humanos, sin que hasta ahora se hayan pronunciado al respecto, pese a que sus representantes se encuentran notificados de la situación.
De acuerdo con la representante legal de la adolescente, la (FGJEZ) ha montado una farsa en la investigación del delito de violación para favorecer al violador y, con ello, ha incurrido en una serie de delitos que afectan directamente el acceso a la justicia de la víctima y podría dejar libre al agresor sin sanción.
Entre ellas, la defensora advirtió que el abogado del acusado entregó un expediente clínico del IMSS falso. Por otro lado, no se realizó la confronta entre el material genético encontrado en el cuerpo de la adolescente y el ADN del agresor. La ministerio público adscrita al área de adolescentes en Conflicto con la Ley alegó que no fue posible, debido a la cantidad mínima de espermatozoides en la muestra. Pero tampoco compararon las huellas dactilares encontradas en el vehículo donde el sujeto fue detenido en flagrancia; y se falsificó el número telefónico que permitiría obtener la sábana de llamadas y la geolocalización del victimario.
La agresión ocurrió el 2 de abril pasado. Y luego de esta serie de omisiones, violaciones a derechos humanos y delitos cometidos, entre ellos, la revictimización, la violencia institucional, la presentación de pruebas falsas y el tráfico de influencias, el jueves 27 de agosto se llevará a cabo el Juicio oral que podría dejar en libertad a este violador y, en opinión de las defensoras, a un feminicida en potencia.
En rueda de prensa el pasado 25 de agosto, diversas colectivas feministas en el estado de Zacatecas, así como, mujeres organizadas en Yucatán, Ciudad de México y demás entidades del país, se unieron todas para denunciar que, en Zacatecas, las dependencias encargadas de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, jóvenes y niñas protegen violadores y encubren a feminicidas en potencia.
Bajo la consigna ¡No estás sola! y ¡Nosotras sí te creemos!, las defensoras narraron que los hechos acontecieron el día 2 de abril de 2020, cuando un joven de 16 años de edad con premeditación y engaños sacó de su casa a la adolescente que después sería su víctima.
“La alcoholizó y la violó de todas las formas posibles, oral, anal y vaginalmente, mientras ella estaba inconsciente”, describieron las colectivas en un comunicado.
Elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, Zacatecas lo detuvieron en flagrancia esa misma noche; y lo trasladaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Pero podría salir libre este 27 de agosto gracias a la investigación; la defensa de la víctima acusa corrupción, tráfico de influencias, pruebas falsas, desprotección a la víctima, la protección al presunto agresor. Todo ello con la omisión del Tribunal Superior de Justicia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas.
“El escenario de impunidad creado por la Fiscalía hace que el violador de esa niña pueda salir libre el jueves 27 de agosto ya que la Fiscalía montó una farsa en la investigación de este delito de violación, favoreciéndolo con todas las pruebas, para exculpar a este delincuente” señalaron en su comunicado.
Un abogado corrupto y exfuncionario
Las violencias de las que fue víctima ese 2 de abril no pararon después de que llegó la Policía Municipal de Guadalupe, Zacatecas a aprehender a su agresor, aquello sería apenas el principio de lo que impunemente ha permitido el sistema de justicia patriarcal, encabezado en el estado por el Gobernador, Alejandro Tello.
La adolescente debió esperar por más de tres horas (desde las 3:00 hasta las 6:00 am) en la misma sala donde se encontraba la familia de su victimario; luego iniciar con todos los exámenes médicos, psicológicos y periciales. Ahí, no dejó recibir humillaciones y agresiones hasta que por fin fue recibida para ser sometida a otro proceso revictimizante que duró casi diez horas.
Según refiere la representación legal de la adolescente víctima, pese a las dificultades que se tuvieron para que las agentes del ministerio público, adscritas al área de Adolescentes en Conflicto con la Ley, hicieran su trabajo, las investigaciones “no iban tendientes a favorecer al violador”; sin embargo, advierte que, esto cambió el 3 de junio, cuando el imputado contrató a un abogado particular al que se le describe como: “un hombre corrupto y sin escrúpulos que se está valiendo del tráfico de influencias y corrupción para comprar a las autoridades”.
Y es que el ahora abogado fungió como Director de Investigaciones en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, durante el mandato de Amalia García Mediana. Para las colectivas, este hombre ha sido “el principal criminal detrás de toda esta farsa procesal”.
Imagen tomada de piedepagina.mx
Entre las irregularidades y delitos cometidos en el proceso de investigación por la Fiscalía del Estado de Zacatecas, se encuentran las siguientes:
Alteración de expediente médico
La defensa del agresor entregó como prueba un expediente clínico falso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual señalaba que éste había acudido a “una cita médica el día 7 de julio”, cuando se encontraba en un centro de internamiento. Todo con el objetivo de pedir un cambio en la medida cautelar concedida, que ofrece beneficios a los adolescentes en conflicto con la ley cuando tienen problemas de salud.
Según indicaba este expediente, el joven agresor padecía de “espalda bífida”, además de otros padecimientos que “le impedían cargar el cuerpo de una mujer inconsciente” señaló la abogada.
La defensora de la víctima solicitó al Juez Especializado en Justicia para Adolescentes que requiriera al centro de internamiento un informe sobre las entradas y salidas realizadas por el acusado. Con ello solicitó al IMSS un informe para conocer la licitud del expediente clínico presentado. Así pudo conocerse que: 1) El centro de internamiento nunca ha concedido un permiso al imputado para acudir a una cita médica; y 2) que la nota médica fue alterada, al igual que todo el expediente clínico que presentó la defensa, sobre esto el IMSS ya tiene una investigación en curso.
Ante estas pruebas a todas luces falsificadas, la abogada de la víctima solicitó al juez la suspensión de la audiencia programada para ese día. Sin embargo, éste sólo otorgó un plazo de 24 horas para demostrar la ilicitud del expediente y, posterior a ello, lo amplió tres días, porque el abogado del imputado alegó que no podía asistir. Justificó la petición de aplazamiento advirtiendo que “tenía otra audiencia que atender”.
En ese sentido, la audiencia intermedia que se tenía programada para el 21 de agosto fue pospuesta hasta el 24 de agosto. A decir de la abogada de la víctima, esto es “absolutamente absurdo e ilegal”. En casos como éste la ley marca que debe ser nombrado un abogado de oficio que se presente a la audiencia “pues no se pueden privilegiar los derechos de un abogado particular sobre los de la niña violada”, advirtió en el comunicado.
Esta decisión impactó directamente el tiempo que tanto la abogada como la víctima tienen para preparar la audiencia de juicio oral donde se dictará sentencia del imputado, ya que, ésta se tiene programada para el 27 de agosto, -dos días después de haber llevado a cabo la audiencia intermedia del 24 de agosto-. Asimismo, denuncian las colectivas “dio tiempo a la defensa del imputado para preparar un escenario de impunidad”.
Cambio de números telefónicos
La adolescente agredida entregó el número de teléfono del agresor para que fuera investigado por la fiscalía desde el mismo 3 de abril. Entregó una captura de pantalla, para que ls autoridades pidieran sábanas de llamada y geolocalización. Sin embargo, en sus trámites, la agente del ministerio público no usó el celular del acusado, sino pidió que se investigara el de la madre del agresor.
“El número de teléfono que la ministerio público puso en esa solicitud que firmó el fiscal general era el de la madre del violador. Esto a pesar de que desde el 3 de abril, la niña entregó a través de su madre, capturas de pantalla con una conversación en whatssapp donde se aportaba el número real del agresor. Y se había solicitado que se investigara desde el primer día».
Al respecto, la abogada de la víctima refiere que, tales acciones –que pasaron tanto por la Fiscalía General, como por un juez federal, quienes aprobaron la solicitud– impactan directamente la teoría del caso, ya que, dados los resultados de la sábana de llamadas y la geolocalización erróneas se desprende que el agresor no habló y tampoco estuvo en el lugar de los hechos con la víctima.
El juez del caso tiene conocimiento de lo anterior y no hizo nada al respecto.
Violencia inaudita
Dada la violencia con la que el agresor violó a la joven víctima, fue posible encontrar rastros de semen en todo su cuerpo, advirtió la abogada; sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, no solicitó el perfil genético del acusado para realizar una confronta con el material genético encontrado en el cuerpo de la víctima, de haber sucedido así, se tendría también certeza científica de lo señalado por la adolescente.
Con ello, hay que advertir que este procedimiento se trata de una acción obligada en todos los protocolos de atención e investigación a delitos sexuales; asimismo, la madre de la joven habría solicitado a la Ministerio Público realizar todas las pruebas genéticas necesarias desde el día 3 de abril.
Para justificar esta omisión, la Ministerio Público señaló que sólo se encontraron «dos espermatozoides» y que, con esta cantidad era imposible obtener un perfil genético. A decir de la representante legal de la víctima, tras consultar a diversos peritos forenses independientes en el país, esto es falso; y si bien, se presentaron ante el juez todos los fundamentos científicos para solicitar la reapertura de la investigación “tampoco esta fue razón suficiente para el juez”, advirtieron las colectivas en el comunicado.
No hay un informe pericial de lofoscopia. Bajo la misma lógica, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas no comparó y ni confrontó las huellas dactilares encontradas en el automóvil donde se consumaron los hechos con las del imputado (donde fue encontrado en flagrancia).
A decir de la agente del Ministerio Público adscrita al área de Adolescentes en Conflicto con la Ley, en audiencia intermedia frente al juez “no había hecho esta confronta porque no era relevante para la teoría del caso”; una vez más el juez hizo caso omiso al señalamiento.
La defensa del imputado en complicidad con las ministerios público de la Fiscalía de Zacatecas, han solicitado dos dictámenes ginecológicos, más para desvirtuar las lesiones recientes encontradas en el cuerpo de la menor desde el día 3 de abril y que señalan el delito de violación.
Marcha feminista #8M Guadalajara, Jalisco. Foto: Christian Cantero
Con esta acción buscaron aumentar la temporalidad de las lesiones y “orientar a que la violación de una niña no pasó, que la niña miente, que el violador es inocente porque las lesiones iniciales son de mayor antigüedad que los hechos de violación” recriminaron las colectivas en el comunicado. Tampoco hubo algún señalamiento por parte del juez.
Sobre todos estos hechos cometidos por las agentes del ministerio público del área de Adolescentes en Conflicto con la Ley, señalan las colectivas, tiene conocimiento la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.
¡El violador eres tú! Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas
Estas son sólo algunas de las irregularidades, delitos y violaciones a derechos humanos que rodean la investigación del caso.
Si bien el Tribunal Superior de Justicia se encuentra enterado de todo lo anterior, desde que se llevó a cabo la audiencia intermedia e, incluso, se le solicitó que las corrigiera aplicando control de convencionalidad y reaperturando la investigación, el juez a cargo se negó.
Tanto el juez como el abogado del imputado llegaron tarde a dicha audiencia –señalaron las colectivas– y sumada a las omisiones cometidas por las agentes del mp del área de adolescentes en conflicto, ésta “dio un giro de 180 grados” privilegiando al agresor por su edad (16 años).
Al término de la audiencia intermedia que se llevó a cabo el pasado lunes 24 de agosto, la madre de la víctima, así como su abogada, solicitaron al juez una vez más que corrigiera estas violaciones graves a derechos humanos cometidas por la fiscalía dentro de la investigación. Y es que, éste, es el deber constitucional que el juez tiene. Según explicó la defensora, el artículo 20 apartado C fracción V de la Constitución Mexicana, sobre los derechos de las víctimas, establece que:
“El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación”.
Por lo tanto, advirtió la abogada, el juez tiene la facultad y la obligación de ejercer actos de control y corregir todas aquellas malas actuaciones del ministerio público, a la par de ser el garante de que todos los actos procesales que se lleven a cabo frente al Tribunal Superior de Justicia se realicen sin atentar contra los derechos humanos.
“EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ZACATECAS es un violador más de esta niña porque en esa audiencia intermedia del día 24 de agosto se incluyeron para pasar a juicio pruebas tergiversadas mediante las cuales se favorece al IMPUTADO … ADEMÁS POR CONTROL DE CONVENCIONALIDAD NO SE PUEDEN PONER CUESTIONES PROCESALES POR ENCIMA DE LOS DERECHOS HUMANOS, MENOS DE UNA NIÑA VÍCITMA DE VIOLACIÓN. Todo esto se argumentó frente al JUEZ Y LO IGNORÓ” sentenciaron.
Desde el 15 de mayo, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas tiene conocimiento de estas situaciones, lamentablemente, denuncian las colectivas junto con la abogada y la familia de la víctima, “estos hechos de corrupción y violación a derechos humanos han ido en aumento, enfrentando hoy un escenario de impunidad total”.
Fiscalía, Tribunal y Comisión, omisos
Como se señaló antes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas conoce de las violaciones y delitos cometidos en este caso. Incluso, existe una queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas desde el 19 de julio de 2020; pero el titular la ha ignorado y no ha emitido ninguna recomendación en contra de las autoridades responsables:
“Desde el 19 de julio de 2020 hay una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Zacatecas, la cual a través de María de la Luz Domínguez, Presidenta de este organismo garante y protector de derechos humanos, tuvo una actuación intermitente y deficiente para garantizar el derecho a la debida diligencia y al debido proceso de la menor durante las investigaciones hechas por la fiscalía, dejando crecer los actos de corrupción hasta el punto en que el violador puede quedar libre este jueves 27 de agosto, día que se llevará a cabo la audiencia de juicio oral en la que se dictará sentencia”.
¡Nosotras sí te creemos!
Este jueves 27 de agosto se llevará a cabo el juicio oral para dictaminar sentencia en contra de este adolescente violador, ello pese a que apenas el pasado lunes 24 de agosto se llevó a cabo la audiencia intermedia. A decir de la defensora de derechos humanos y representante legal del caso, esta decisión es absurda y violatoria al derecho a una adecuada defensa para la víctima; mientras que, otorgó tiempo al abogado del presunto “para preparar un escenario de impunidad”:
“Tenemos temor fundado que la defensa del violador ya haya llegado a arreglos con la presidencia del Tribunal y el Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, pues actos de corrupción como éstos no pueden ser permitidos sino se cuenta con protección al más alto nivel”.
El delito que se persigue es el de violación equiparada y agravada, ya que ésta fue perpetrada por el agresor mientras la adolescente estaba alcoholizada y en incapacidad de defenderse; asimismo hubo violencia física y psicológica para consumar el acto.
Al tener 16 años, en conformidad con la ley, el agresor sólo puede recibir una pena máxima de cinco años. Aun así, la agente del mp buscó que la pena se calculara en tres años, al omitir todos los hechos de violencia física y psicológica antes narrados.
Respecto a la reparación del daño, también la Ministerio Público pretendió que ésta se valuara en 30 mil pesos. No obstante, la abogada de la víctima logró que esto se modificara para garantizar que la misma consiguiera ser acorde al daño ejercido en contra del proyecto de vida de la adolescente, así como que fuese integral y que se definiera en la etapa de ejecución.
Frente a todo lo anterior, la abogada de la adolescente víctima buscará ampararse ante la justicia federal, para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tome una decisión en este caso y sancione a los responsables.
Sin embargo, hasta ahora, han advertido que existe temor fundado de que las siguientes situaciones se lleven a cabo durante la audiencia de este 27 de agosto:
1.- Que la Fiscalía siga manipulado el caso a través de sus testigos: policías de investigación y peritos. Y a través de las actuaciones del ministerio público.
2.- Que el Tribunal Superior de Justicia continúe protegiendo al violador de una niña, continuando con este ejercicio jurisdiccional sin control de convencionalidad por decir lo menos.
3.-Que esos poderes públicos que protegen al violador ejerzan presión sobre los Tribunales Federales ante el inminente amparo de la justicia federal que buscará la niña.
Por otro lado, han realizado una serie de exigencias que van desde la demanda al Congreso del Estado de Zacatecas para que “mande un punto de acuerdo urgente exigiendo al fiscal, al presidente del tribunal, a la presidenta de la comisión de derechos humanos para que garanticen los derechos humanos a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia, al debido proceso, a la debida diligencia de esta niña víctima de violación”; hasta el llamado a la Fiscalía del Estado de Zacatecas y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia para que “ dejen de proteger al violador y hagan su trabajo que es garantiza el acceso a la justicia de la menor”.
También requirieron al Gobernador del Estado, Alejandro Tello, que “controle las acciones sobradas de corrupción de la Secretaría de Seguridad Pública y funcionarios que se puedan prestar al tráfico de influencias y corrupción en este caso”.
Al IMSS, a través de su delegada estatal, que “siga cumpliendo con sus obligaciones de investigar este acto de corrupción donde se cometió un delito federal al falsificar documentos oficiales”.
Al Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas que “ejerza las acciones de control para posibles actos de corrupción de sus policías que aprehendieron al violador en flagrancia y que se presentarán a la audiencia a juicio como testigos”.
Y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que “no ceda ante ningún acto de presión por parte de las autoridades del estado de Zacatecas”.
Finalmente, en el acto más grande de sororidad y tras escuchar las palabras de la familia de esta adolescente víctima de violación, quien refirió que el daño ocasionado “es irreparable” y “lo único” que buscan es “justicia para ella, para que pueda tener un poco de paz” al saber que su agresor no se encuentra libre, las colectivas que se sumaron a la reunión virtual, no dudaron en abrir sus micrófonos y repetir una y otra vez las frases “!No están solas!, ¡Nosotras te creemos!, Si tocan a una nos tocan a todas!”.
Danna Miriam, la joven de 16 años asesinada el pasado 22 de agosto en Mexicali. Foto: Especial
MEXICALI, BC.- “Los tatuajes no definen a una persona… justicia”, se leía en una de las pancartas que familiares y amigos de Danna Miriam, portaban afuera del juzgado donde este sábado se realizaría la primera audiencia de vinculación a proceso de los presuntos asesinos de la joven de 16 años.
La audiencia se suspendió por la falta de testigos.
Danna Miriam, de 16 años, fue apuñalada presuntamente por tres hombres, quienes luego prendieron fuego al cuerpo y lo aventaron a un lote baldío; el momento fue captado por las cámaras de seguridad, lo que sirvió para detener a los presuntos responsables.
María Luisa Reyes, madre de la joven, recriminó las declaraciones del fiscal del Estado, Guillermo Ruiz, quien al referirse al caso destacó que la joven “tenía tatuajes”.
“El tatuaje no hace a la persona… quiero la pena máxima (para) todos y que se limpie el nombre de mi niña”, comentó la madre de Danna.
“Que era menor y estaba tatuada, sí, claro que sí. Es como cualquier adolescente que estaba viviendo muy rápido la vida, pero pues no tenía por qué haber acabado así”, declaró la madre de Danna al periodista local, Erick Reynaga.
Tanto la madre de Danna como su hermana, Marisela, coincidieron en que el fiscal la discriminó al hacer hincapié en su apariencia: “la discriminó definitivamente, en toda la familia existe una persona tatuada y no ocupa ser de la calle para esto, todas las hermanas de ella estamos tatuadas y no por eso nos van a discriminar. El tatuaje no hace a la persona”, inisistió.
Cuauhtémoc Castilla Gracia, abogado del caso, pidió que a la madre y su hermana se les reconozca en su carácter de víctimas indirectas, como lo establece la Ley General de Víctimas.
“Justicia para Danna”, “Queremos pena máxima”, fueron las pancartas que se repitieron en más de tres ocasiones.
Se espera que el asesinato sea reclasificado como feminicidio y que a los responsables se les aplique una pena de 50 años.
La audiencia fue reprogramada para este domingo por la jueza de Control, Rocío Margarita Arce López.
Pie de Página / Texto: Daliry Oropeza; Fotos: Daliry Oropeza y Archivo.
En lugar de que sean un motor para el bienestar, la inversión, la industria y el petróleo han incrementado las desigualdades en el Istmo de Tehuantepec, asegura en entrevista Carlos Beas, dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo.
Carlos Beas es coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Itsmo (UCIZONI), una organización fundada hace 37 años que agrupa a una centena de comunidades, ejidos y colonias del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y Veracruz.
Por experiencia sabe que, en nombre del desarrollo, empresas transnacionales han hecho grandes negocios que no benefician a las comunidades. Se trata de una de las zonas del país que ha recibido inversión extranjera directa, canalizada, sobre todo, al sector eléctrico. Desde la década de los 70 fue convertida en un polo de asignación de energía y extracción de combustibles fósiles.
Actualmente describe que en el Istmo hay miedo y confusión ante los trabajos de rehabilitación del ferrocarril, en un momento en que la pandemia se extiende y deja muertes sin nombre, sin crifras oficiales, adentro de las casas.
Ahora, prevé que esto mismo sucederá con el Corredor Interoceánico, uno de los proyectos estelares del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Desde su perspectiva, este proyecto es el seguimiento de las intenciones de Estados Unidos por controlar la región, visto antes en proyectos fracasados como el Plan Puebla Panamá o el Tratado McLane-Ocampo.
Duante años, dice, Pemex ha provocado ecocidio en varias zonas del Istmosin reparar los daños. Por eso, se niega a aceptar ahora un proyecto con 10 polos urbanos de desarrollo, 34 ramas industriales además del ferrocarril, un gasoducto, y una mega autopista.
«Hay muchos factores en contra de la resistencia»
La UCIZONI es una organización independiente de partidos políticos y de cualquier grupo religioso. Encabeza la lucha por los derechos humanos y de los pueblos indígenas en el Istmo, mediante el impulso de procesos organizativos propios y de movilización social.
Autoridades comunitarias de 38 pueblos de los municipios de San Juan Guichicovi, Santo Domingo Petapa, Matías Romero, San Juan Mazatlán y Santa María Chimalapa realizaron, en la comunidad mixe de Rio Pachiñe, la primera Asamblea Regional de Autoridades, donde nació UCIZONI. Desde entonces, luchan constantemente en defensa de la tierra, el agua y el territorio de los pueblos originarios.
Carlos Beas lamenta la muerte de su compañero Rodrigo Cruz Francisco, también miembro de UCIZONI quien falleció de covid 19.
—¿Hay aceptación del Proyecto de Corredor Interoceánico entre las comunidades y organizaciones del Istmo?
Uno de los principales apoyos del Corredor Interoceánico es un conjunto de presidentes municipales del partido Morena. Utilizan los recursos públicos para condicionarlos en apoyo al megaproyecto. Es un factor muy fuerte porque debilita cualquier forma de resistencia ahí mismo. A nivel federal también condicionan el acceso a los programas de gobierno. Condicionan su aplicación a la aprobación del proyecto. Eso ha sido muy claro desde marzo del año pasado (2020).
“Hay muchos factores en contra de la resistencia en estos momentos”, expresa Carlos Beas.
Luego enlista: «Hay una sociedad muy dividida. Muchos de los actores que en el pasado hacían defensa del territorio ahora son parte del nuevo gobierno. Súmale la pandemia, con la pobreza que ha generado. Súmale la presencia de grupos delincuenciales. Súmale la alianza entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense de Trump».
Pandemia y empobrecimiento
—¿Qué contexto se vive ahorita en el Istmo?
— De Salina Cruz a Coatzacoalcos, hablamos de una sociedad con múltiples carencias. En servicios públicos, por ejemplo, en agua potable. Ese es uno de los problemas más graves de la región. Otro problema muy grave es el manejo de aguas residuales, de desechos sólidos e industriales, el cual ha generado conflictos muy fuertes, principalmente en la zona del Istmo veracruzano.
En la parte oaxaqueña tenemos la pauperización de los servicios de salud pública: clínicas sin médicos, sin enfermeras, sin medicamentos. Unidades médicas rurales en ruinas. Como San Juan Guichicovi, mixe, que tiene unos 10 mil habitantes. Eso, a pesar de la ubicación estratégica y de las gigantescas inversiones extranjeras. En los últimos 12 años hay una inversión de más de 5 mil millones de dólares. Es una de las zonas del país que ha recibido mayor inversión extranjera directa canalizada al sector eléctrico. Es parte de la gran contradicción. Desde los años setenta, fue convertida en un polo de asignación de energía. Pero, aún con la gran inversión, se han agudizado las desigualdades. No se ha dotado de servicios a la población. La economía del comercio tradicional como la pesca, la agricultura y la pequeña ganadería están, en buena medida, abandonados.
Entonces, de un lado hay la gran inversión extranjera, y, del otro, el 70 por de la población carece de servicios y vive en niveles de pobreza.
La pandemia está agudizando esta situación. En nuestra región, la población es parte de los muertos sin rostro. Se les complica la enfermedad, se mueren en su casa y son enterrados de manera casi clandestina. No son parte de la estadística nacional.
El Istmo de Tehuantepec es la zona más violenta de Oaxaca. En ese contexto de violencia y pobreza, se presenta un proyecto cuyo diseño se ha hecho desde afuera.
—¿Y en ese contexto da el banderazo el presidente?
—Nosotros esperábamos que con la visita del presidente López Obrador al Istmo hicieran anuncios de algún programa de atención a la emergencia sanitaria y económica en la región. Pero a lo único que vino fue a volver a espantar a sus fantasmas del pasado: a decir que hubo inversiones en la región que se perdieron por la corrupción en materia hospitalaria.
Lo que le planteamos no fue que castigue a los corruptos del pasado, sino la urgencia de instalar un hospital de covid en la región, principalmente en la zona Norte. Pero se fue por la tangente. Porque es muy evidente que él tiene sus prioridades. Y la prioridad no es la población de la región del Istmo.
Venden que el Proyecto Interoceánico va a rescatar al Istmo y al Sursureste. Lo publicita el Gobierno federal. Pero es, a final de cuentas, la continuación de proyectos que en diferentes etapas han tratado de imponer los gobiernos del PRI y del PAN, desde López Portillo con el Proyecto Alfa-Omega, el Proyecto de desarrollo Integral del Itsmo de Tehuantepec, el Plan Puebla Panamá de Fox, el Megaproyecto Eólico de Calderón, las Zonas Económicas Especializadas de Peña Nieto, dice Beas.
Estos proyectos moldearon la región con muchos desequilibrios internos y con muchas carencias. Pero, eso sí, generando mucha riqueza para las grandes empresas transnacionales. Ahí tienes a las eólicas. Se estima que sus utilidades giran en alrededor de unos mil 500 millones de dólares al año. Eso no se ve en la región.
La industria y los hidrocarburos
—En entrevista el gobierno nos informó del interés industrial en la región. Incluyendo las ramas energética, petrolera, petroquímica, maquila, en total 31. ¿Cuál es la posición de UCIZONI como conjunto de organizaciones de pueblos indígenas desde el Istmo?
—Nuestra región ha sido, desde 1907, cuando se inauguró la primera refinería del país, una zona donde se procesan y se exportan hidrocarburos. En la parte central del Istmo circula una gran cantidad de energía eléctrica. La experiencia que tenemos es de que Pemex no se ha hecho responsable de los daños y las afectaciones que ha provocado a las tierras, a los arroyos, a los ríos, por las constantes fugas de hidrocarburos. Eso ha provocado tragedias como la ocurrida en la población de Chivanizá. Ahí hubo una fuga de amoniaco y más de siete, ocho muertos. Pemex, por corrupción, por falta de inversión en mantenimiento de ductos, provoca un verdadero ecocidio.
También en el Istmo, en la parte tabasqueña y veracruzana, han provocado una gran cantidad de daños de carácter social y ambiental que están ligados a la operación de ese tipo de industrias sucias.
Sabemos que la modernización de las refinerías y de las plantas de petroquímicos, tanto al sur de Veracruz como de la zona del Istmo oaxaqueño, es una de las prioridades que tienen con el megaproyecto del Corredor Interoceánico. Nuestro temor es que, al final de cuentas, este proyecto va a generar grandes daños ambientales que ya conocemos. Nunca han sido reparados.
Sabemos también, que se está pactando entre el gobierno estadounidense y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la creación de un gasoducto, continuación del que viene desde Texas, con gas lutita o de fracking. Es un proyecto de continuación. Estuvieron inversionistas chinos en nuestra región viendo la posible instalación de una regasificadora en Salinas del Marqués, con la idea de embarcar el gas hacia el Oriente.
Son proyectos muy grandes, con intereses muy poderosos detrás, que solamente van a dejar daños ambientales y que, a final de cuentas, benefician a intereses muy poderosos. Están involucradas empresas como Gas Canadá, IENOVA. Son proyectos que nunca nos ha consultado el Gobierno Federal a la población indígena, campesina, trabajadora.
Consultas simuladas
—Pero dicen que hubo una consulta y que realizarán tres nuevas por las zonas industriales…
—En marzo del año pasado, la Secretaría de Hacienda, que no sé qué tiene que ver en consultas indígenas, y el Instituto Nacional Indigenista, que ahora se llama INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas), armaron un simulacro de consulta. Solamente para darle una imagen de legitimidad y de legalidad al Corredor Interoceánico.
Y ¿por qué digo que fue una simulación? Porque la “consulta” se hizo en comunidades ubicadas en la periferia de la zona de impacto del megaproyecto. El formato era para informar, no del Proyecto Corredor Interoceánico sino formular una serie de propuestas para un “gran desarrollo integral del Itsmo de Tehuantepec”, en el que colaban de manera subrepticia el tema del corredor. Informaron que iban a modernizar las carreteras, el ferrocarril, los puertos y eso, pero de manera muy general. Pero eso sí, les ofrecieron a todos apoyos, becas, programas sociales.
Los ikoots de San Mateo del Mar se opusieron al simulacro y el INPI hizo una reunión a modo con muy poca gente en Salina Cruz. Todo un formato cerrado. No se puede hacer una consulta sin información suficiente. Además, la consulta se tendría que haber hecho a nivel de comunidad, previo a cualquier banderazo.
La consulta fue un simulacro, insiste Beas, quien asegura que se violaron todos los protocolos, incluso la jurisprudencia, que ya emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego, relata:
«El Gobierno federal reconociendo lo que había pasado, reprogramó para agosto, septiembre del año pasado un nuevo proceso de consulta. Este lo convoca la Procuraduría Agraria y estuvo dirigido a 31 núcleos agrarios de Oaxaca. Y otra vez vuelven a cometer el error de dejar fuera a uno de los ejidos más importantes. Las autoridades convocantes no tienen la capacidad de atender los procesos de consulta bajo los protocolos que se requieren, de estándar internacional, de hacer una consulta previa, libre, informada. Entonces las que vienen, son de nuevo un simulacro».
Sin embargo, explica que a raíz de que la empresa Ferrocarril Istmo de Tehuantepec sometió una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), se inició, a petición de la UCIZNI, un proceso de diálogo.
Hubo dos reuniones públicas, una en Veracruz y otra en Oaxaca. La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) convocó a un tercer proceso de consulta, que inició con algunas reuniones informativas pero fue suspendida el 19 de marzo por la pandemia.
«Lo que hace Víctor Toledo es dar una resolutoria a esta MIA con algunas condicionantes. Las condicionantes son de carácter ambiental y reconoce que la consulta está suspendida. Entonces ¿qué es lo que ocurre? A final de cuentas aprueba la Semarnat y arrancan los trabajos en plena emergencia sanitaria».
«Nos sorprende porque el Dr. Víctor Toledo durante muchos años fue defensor de los derechos ambientales de la población frente a los megaproyectos. Pero ahora que tiene un cargo público, olvidó todo.
Un proceso de consulta tiene tres etapas: informativa, una etapa deliberativa y una etapa de conclusiones, dice el luchador social. Pero en este caso, ni siquiera se terminó la primera etapa.
«Es muy similar al que hacían los gobiernos del PRI o del PAN para imponer sus proyectos. Por eso es que decimos, en varios aspectos: es la continuidad del pasado y tal vez de una forma más cínica, ahora, porque ahora se hace, antes, en nombre del desarrollo del país, ahora, a nombre del desarrollo de los pueblos».
—¿Cuales son las prioridades para los pueblos indígenas?
—Al hacer una inversión pública en este año de 3 mil millones de pesos, lo que está anunciando el gobierno federal para modernizar un ferrocarril, 400 mil empleos dicen, prioriza un proyecto que no tiene un impacto ni beneficios directos a la población. Menos en una época de crisis.
Yo creo que el gobierno no considera la crisis sanitaria y económica tan grave como la que estamos viviendo. Sigue de manera autista con su megaproyecto sin considerar ese entorno. No solo es omiso ante la tragedia, sino que la está promoviendo; porque tenemos información de que personal directivo del Ferrocarril Istmo de Tehuantepec se ha contagiado de covid.
Nosotros queremos un hospital, porque en la región no tenemos servicios médicos, solamente hay un ventilador; la gente está muriéndose, no hay medicamentos: es nuestra prioridad en este momento. Nos urge un programa de empleo temporal que nos permita tener ingresos: arreglo de caminos cosecheros, limpieza de barrancas, causes de ríos, una serie de trabajos que beneficien a las comunidades de la región y que pueden generar un ingreso.
«No es primero el ferrocarril y después el hospital. Así de sencillo».
Lo que estamos planteando es la cancelación del megaproyecto y canalizar los recursos para apoyar obras de agua potable, infraestructura, hospitales, servicios públicos, establecer universidades que no existen en la región Norte del Istmo. Manejo de aguas residuales, desechos sólidos, bueno toda una serie de servicios de que carece la población, que son prioritarios. Y también el apoyo a sectores productivos tradicionales, como son los artesanos, artesanas en este caso, los pequeños comerciantes, los pescadores, los ganaderos, los productores de maíz, de ajonjolí, en fin.
Un efectivo programa de buen vivir tendría que considerar esto. Consideramos importante el apoyo a los refugios de mujeres para prevenir o atacar la violencia de género que desaparecieron de la región.También a toda una serie de temas que el Gobierno federal ha hecho de lado y que para nosotros son prioritarios.
PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).– Activistas y organizaciones feministas exigen investigar a las autoridades que omitieron actuar ante los antecedentes de violencia doméstica que existían contra la niña Yatziri, de sólo 7 años de edad, quien actualmente se encuentra en el Hospital del IMSS “La Margarita” de esta ciudad, intubada, con un pulmón colapsado y con evidencias de abuso sexual.
Antes de este ingreso hospitalario, la pequeña había sido atendida con señales de tortura y maltratos en tres ocasiones; además, su hermanita de sólo 3 años de edad murió en junio por una supuesta broncoaspiración, sin que se abrieran investigaciones al respecto.
El caso ha levantado indignación en Puebla, más cuando el personal médico dio testimonio de que la niña al llegar al nosocomio les manifestó su deseo de que esta vez mejor ya no la curen y la dejen morir, para no tener que regresar a sus padres.
El 21 de agosto, la niña de 7 años fue ingresada en “La Margarita” por una hemorragia interna por presunta perforación de intestinos, un pulmón dañado a golpes, además tenía huellas de quemaduras hechas con cigarro en manos, brazos y estómago, así como lesiones en el rostro y en la cabeza.
Hasta este sábado, el IMSS reporta que la pequeña se encuentra intubada en terapia intensiva y en condiciones de gravedad.
El IMSS y el gobernador Miguel Barbosa Huerta se han acusado mutuamente de la omisión que se cometió en el caso de violencia recurrente a la que era sometida esta niña, cuya vida está ahora en riesgo.
La activista Verónica Villalvazo, conocida como Frida Guerrera, y agrupaciones como el Frente Feminista Radical Puebla, han reclamado que se investigue a las autoridades responsables que no actuaron en las anteriores ocasiones que Yaz fue a parar al hospital por las evidentes golpizas y abusos a los que era sometida.
La activista, acompañada de la titular del DIF de la capital poblana, Mayté Rivera, acudió el jueves a una reunión con autoridades de la Fiscalía General del Estado para reclamar atención a este caso y para pedir que se brinden garantías de seguridad y atención integral a la niña.
En un video publicado en sus redes, Frida Guerrera dijo que, si bien la Fiscalía del Estado ya están trabajando y dando atención al caso, los antecedentes de violencia que había desde 2019 contra la pequeña, demuestran que la autoridad fue omisa.
“Pero sí tenemos que hacer algo… (sobre) la falta de respuesta que tuvo la Fiscalía del Estado desde el primer momento en que les notificaron que había una pequeña que estaba siendo violentada y esto no fue el mes pasado, esto fue desde el año pasado, y es un tema que claro que vamos a señalar, ubicar y exigir respuesta de quien la tiene que dar, que es el gobernador”, expresó.
En tanto que el Frente Feminista Radical Puebla pidió que se finquen responsabilidades contra todos los involucrados que no hicieron algo ante las evidencias de tortura que sufría Yaz.
“Todos y cada uno de los involucrados -los abusadores, los médicos que la atendieron y no dieron parte desde el primer ingreso, la Fiscalía siempre omisa- son responsables de la tortura de Yaz”, reclamó la agrupación.
Violencia recurrente
Hay versiones de que fue la madre quien la llevó al hospital, pero que, al ver la gravedad de su estado, ya no se volvió a aparecer. El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que una vecina de Yaz fue quien dio información sobre la violencia constante a la que era sometida la menor.
El viernes, la Fiscalía General del Estado (FGEP) informó que fueron detenidos los padres de la niña, identificados como Rafael “N” y Alejandra Viridiana “N”, a los cuales se les señala como presuntos responsables de los delitos de violencia familiar y abandono de persona.
En un comunicado, la FGEP informó que la niña presentaba síndrome del niño maltratado y múltiples lesiones que ponen en riesgo su vida, además de que tenía infecciones y llagas presuntamente por falta de cuidado luego de que en abril fue operada por daños intestinales.
De acuerdo a este reporte, Yaz vivía con su padre en el domicilio de la abuela paterna, pero también convivía con su madre.
El gobernador informó en su rueda de prensa que se había emprendido la búsqueda de un tío de la niña, pues se le ubicaba como responsable de violación equiparada en contra de la menor.
Igual dio a conocer que se está revisando el caso de la muerte de la hermanita de Yaz, quien falleció hace poco más de un mes en el mismo hospital por una supuesta broncoaspiración.
“Se está reabriendo esa carpeta y se está determinando si la broncoaspiración que provocó su muerte tuvo causas como golpes u otras de las cuales también pueden ser responsables los que la tenían bajo su custodia que eran sus padres”, afirmó el mandatario.
Personal médico dio a conocer que esta pequeña ya había tenido tres ingresos hospitalarios anteriores con señales de violencia doméstica.
Según informes extraoficiales, el primero ocurrió a finales de 2019 y el segundo en marzo, cuando la pequeña fue internada con heridas y golpes. En mayo, Yaz fue atendida por una fascitis necrosante, que es una infección aguda que se presenta por el ingreso de bacterias al organismo a causa de una herida mal cuidada.
La activista Frida Guerrera pidió a la Fiscalía no criminalizar a la madre de la niña, pues dijo que existen evidencias que apuntan a que igual podría ser víctima de violencia por parte de Rafael “N”.
Acusaciones mutuas
El IMSS ha asegurado a los medios de comunicación que en este caso, como en todos los que se refieren a menores que presentan huellas de maltrato, se siguieron los protocolos establecidos para dar parte a la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, el gobernador Barbosa Huerta acusó al hospital La Margarita de no haber reportado ante las autoridades estatales las anteriores ocasiones que la niña había sido ingresada con huellas de maltrato y abuso por parte de sus familiares.
“Qué diga el IMSS a quién le dio informe, no lo sé, a nosotros, no… que diga a quién le dio el informe y por escrito, que diga cómo le dio el informe y a qué autoridad, así son las cosas. A nosotros, no”, sostuvo el mandatario poblano.
La delegación estatal anunció que emitiría un comunicado sobre este caso, pero hasta esta tarde no había ningún pronunciamiento al respecto.
Veracruz, Ver.- Un mes después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en Salina Cruz que los puertos serían operados por la Secretaria de Marina, se ha dado a conocer el cambio del director de APIVER, quien sería sustituido por un almirante. Antes se cambió al director de la API de Tuxpan y quedó al mando un vicealmirante.
Fuentes extraoficiales han dado a conocer que el próximo 2 de septiembre sería destituido Miguel Ángel Yáñez Monroy, director de APIVER y su lugar será ocupado por el almirante Romel Ledesma Abaroa, quien fue comandante de la Primera Región Naval.
Este cambio en la APIVER ha desatado todo tipo de especulaciones, pues hace pocos días el presidente López Obrador criticó que el puerto de Veracruz fue concesionado por 100 años a Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz (Hutchison Ports).
Sin embargo, la militarización de los puertos veracruzanos ya estaba en marcha y el primero en ser puesto en manos de la Marina fue la API de Tuxpan, que ahora dirige el vicealmirante Nicodemus Villagómez Broca. Después de Veracruz, le tocaría el turno a Coatzacoalcos.
“Necesitamos garantizar la seguridad en los puertos…por eso va a manejar los puertos la Secretaría de Marina, esto incluye manejo de los puertos, porque se conoce como las APIS, y las aduanas marítimas van a estar a cargo de la Secretaría de Marina”, anunció el presidente el 25 de julio.
López Obrador le está apostando a la militarización para combatir la corrupción, el contrabando, el huachicol y el tráfico de drogas químicas.
Un grupo de familiares, amigos y representantes de colectivos feministas de Mexicali, se manifestaron en el edificio del Centro de Justicia de Río Nuevo, en Mexicali, donde exigieron justicia por la joven Danna Marian, asesinada en pasado sábado 22 de agosto, en el fraccionamiento Condesa, al Oriente de Mexicali.
Laa protestas también evidenciaba repudio hacia las declaraciones del fiscal General, Guillermo Ruiz Hernández, en torno a los tatuajes de la joven Danna, lo que sugirió un mensaje de estigmatización hacia la víctima.
María Luisa Reyes Jiménez, exigió la renuncia del Fiscal General por sus comentarios, los cuales le causaron gran molestia a toda su familia, quienes -aseguraron- todos tienen tatuajes y no por eso son criminales o malas personas.
“Su aspecto no significaba nada, que era menor y que tatuada… Si.. si, claro que sí; es como cualquier adolescente que estaba viviendo muy rápido la vida”, dijo la madre de la víctima, la cual aseguró que los hoy detenidos no eran conocidos de Danna, por lo tanto entiende que no se considere un feminicidio.
Alrededor de las 12:30 horas de este sábado 29 de agosto, inició la audiencia de los tres detenidos de nombres Teresa Michelle, Jorge Guadalupe y Kevin Jesús, acusados de participar en el homicidio y posterior calcinación del cuerpo de la joven Danna.
Y es que el defensor particular, Rubén Dario Mendoza, aseguró que requería la presencia de algunos testigos del caso, los cuales no se presentaron a la audiencia, sobre todo el caso de un menor de edad que estuvo presente el día del crimen, de nombre José Ángel, el cual no ha sido localizado.
Luego de analizar el caso, la jueza consideró que todavía se encontraban en tiempo y forma para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso, por lo que definió como fecha el día de mañana, domingo, para llevar a cabo el proceso judicial.
Desde el inicio de la audiencia, un grupo importante de mujeres estuvo, y algunos hombres, estuvieron presentes para mostrar su apoyo a la familia y exigir justicia para la joven, además de exigir una disculpa por parte del Fiscal General.
Comerciantes organizan tricicleteada. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
Sin Embargo
La movilización surge a raíz de los hechos ocurridos el pasado 15 de agosto, en el que autoridades capitalinas confiscaron más de 140 triciclos de los vendedores de comida en las colonias Polanco y Granada, de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
Ciudad de México, 29 agosto (SinEmbargo).-Comerciantes de la Ciudad de Méxicoorganizaron una tricicleteada en defensa delcomercio en la vía pública, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
La protesta surge a raíz de los hechos ocurridos el pasado 15 de agosto, en el que autoridades capitalinas confiscaron más de 140 triciclos de los vendedores de comida en las colonias Polanco y Granada.
De acuerdo con las autoridades de la CdMx la causa se debió a que los comerciantes no contaban con los permisos necesarios para operar en términos de la emergencia sanitaria.
Decenas de ellos acudieron sin falla para reclamar sus derechos. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
A pesar de ello y debido a las críticas de la opinión pública por lo acontecido, días después el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía en cuestión, Hegel Cortés Miranda, informó sobre la devolución de los mismos a sus propietarios.
Los comerciantes se dieron cita esta mañana en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
La convocatoria fue dirigida a varios grupos de ciclistas, quienes fueron convocados este sábado a las 11:00 horas en el Museo Soumaya para iniciar su recorrido y concluirlo a las 12:00 horas en la Glorieta Masaryk y al termino realizar una kermés.
Se espera que al final de la tricicleteada los vendedores que utilizan triciclo puedan comercializar sus productos.
La movilización dio inicio a las 11:00 horas en el Museo Soumaya. foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).– Morelos es el quinto lugar nacional en crímenes de odio en el país, pues en lo que va de 2020 se han registrado al menos 17 asesinatos de integrantes de la comunidad LGBTI+, de acuerdo con información dada a conocer por activistas de la diversidad sexual que protestaron en el centro de Cuernavaca y exigieron justicia para las víctimas.
Jaime López Vela, vocero de los manifestantes, informó que “el estado de Morelos está en el número quinto en la lista de crímenes de odio, pero al lado de eso también hay otra problemática que es la pandemia del VIH Sida, que hoy está invisibilizada por la pandemia de covid, que nos obliga a todos a mantenernos con protección”.
“Frente a la pandemia de covid también hemos vivido discriminación, también tenemos compañeros que han muerto, también tenemos compañeros que tienen sus negocios cerrados como cualquier otro y que no están produciendo, por eso nos preocupa”, expresó.
Hallan en Morelos el cadáver de activista de la CDMX
Javier Eduardo, activista de la Ciudad de México, quien estaba reportado como desaparecido desde el 19 de agosto, fue encontrado asesinado en Cuernavaca, Morelos.
El cuerpo se encontró parcialmente quemado, envuelto en una tela blanca, presentaba huellas de tortura y en un cartón fue dejado un mensaje de odio. El activista fue encontrado el mismo día que se reportó su desaparición, sin embargo, fue hasta el miércoles pasado cuando la Fiscalía General de Morelos confirmó su identidad.
Javier Eduardo salió de su domicilio en la Ciudad de México a las 8:00 horas en un auto Aveo color vino con placas de Morelos y sus familiares ya no volvieron a saber de él, por lo que presentaron una denuncia por desaparición.
El cuerpo fue encontrado en la colonia Acapantzingo, en Cuernavaca, y se desconoce si fue asesinado en la Ciudad de México o en el mismo lugar en que fue encontrado.
En la investigación del homicidio participan las fiscalías de la Ciudad de México y Morelos y hasta el momento no se reportan personas detenidas por este hecho. Este es el segundo caso, en dos meses, que un activista LGBTTTI es encontrado muerto en Morelos.
Sin resolver, el caso de doctora trans del Hospital Siglo XXI
El 19 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Elizabeth Montaño, doctora trans del hospital Siglo XXI y activista de la comunidad gay en la Ciudad de México, en un paraje del municipio de Huitzilac. Dos meses después de su muerte los hechos tampoco han sido esclarecidos.
Durante la protesta de este sábado, los manifestantes informaron que estaban en espera de una reunión con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, en la que les informaría los avances del homicidio de Javier Eduardo.
“Hoy lo que exigimos es que la Fiscalía atienda estos crímenes de odio, los resuelva y queremos a los responsables en prisión y queremos que el gobierno del estado también atienda con un programa de atención para la comunidad de la diversidad sexual en Morelos.
“De los (casos) que dan cuenta las notas periodísticas de ustedes tenemos un número como de 17 (asesinatos de odio) en lo que va de este año”, expresó Jaime López Vela.
CHIHUAHUA.- Teresa González Parra defiende su derecho a soñar. Ella es rarámuri y por años ha hecho todo lo posible para que su comunidad, Bosques de San Elías Repechique, logre el reconocimiento de su territorio ancestral. Su otro anhelo está a un paso de hacerse realidad: abrir un taller de costura comunitario.
La construcción del taller, que tiene un avance del 90 por ciento, se detuvo el pasado 13 de agosto. Ese día alrededor de 15 policías del estado de Chihuahua clausuraron la obra e intentaron detener a Teresa González. La indígena rarámuri tiene una demanda en su contra; el empresario Fernando Cuesta la acusa de haberlo despojado del terreno donde se construye el taller.
“No quieren que construyamos aquí nuestra casa (el taller) que es de la comunidad. No quieren porque nos dicen que (el terreno) es de otro señor… Pero nosotros (los rarámuri) somos los primeros que somos de aquí”. Es la voz de Teresa; su vestimenta colorida contrasta con la serenidad y fortaleza que muestra cuando habla de las agresiones que, desde hace décadas, enfrenta su comunidad.
El 13 de agosto de 2020, policías del estado de Chihuahua clausuraron el taller de costura comunitario. Foto: Patricia Mayorga.
Los habitantes de Bosques de San Elías Repechique —municipio de Bocoyna, al norte de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua— han luchado desde hace décadas para que no les arrebaten las tierras de las que tienen posesión, pero no los documentos que avalen la propiedad.
En su reclamo por el reconocimiento de su territorio ancestral, la comunidad indígena ha enfrentado a empresarios de la región, a “chabochis” —como los rarámuri les dicen a los mestizos— que aseguran ser los dueños de buena parte del territorio y a quienes la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha entregado permisos de aprovechamiento maderero, pese a los reclamos y denuncias de los indígenas.
Apropiarse de un bosque ancestral
En 2014, la comunidad ganó un amparo contra el aeropuerto de Creel. Foto: Patricia Mayorga.
En la Sierra Tarahumara, a muchas comunidades originarias no se les reconoció su territorio ancestral durante la Reforma Agraria, explica el biólogo Salvador Anta, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y de la organización Política y Legislación Ambiental (Polea A.C.).
Esa falta de reconocimiento provocó, entre otras cosas, que gente externa a las comunidades originarias se apropiara de los territorios y también aprovechara los recursos naturales de esos lugares.
Al igual que Bosques de San Elías Repechique otras comunidades sostienen luchas históricas por su territorio ancestral y recursos naturales. Algunas de ellas son Choréachi y Coloradas de la Virgen en el municipio de Guadalupe y Calvo, las cuales han sido acompañadas por la organización Alianza Sierra Madre.
Choreachi logró llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que en marzo de 2017 emitió medidas provisionales para toda la comunidad, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de sus habitantes. Y Coloradas de la Virgen es la comunidad indígena que más líderes asesinados ha aportado en la lucha por el territorio.
En el municipio de Carichí, comunidades como Baqueachi, acompañadas por la organización Bowerasa, ha ganado ocho juicos agrarios contra caciques. El último fue en mayo de 2018, cuando recuperaron 350 hectáreas de agostadero y 100 hectáreas agrícolas que ya estaban devastadas.
En el caso de Bosques de San Elías Repechique, hace más de cuarenta años, empresarios de la región adquirieron 12 propiedades —poco más de 11 mil 500 hectáreas—, sin importar que esas tierras ya eran habitadas desde mucho tiempo atrás por los rarámuri, explica Diana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), organización que da acompañamiento legal a la comunidad.
De esos 12 predios, ocho han obtenido permisos de aprovechamiento forestal en forma constante. “Desde que era niña veíamos camiones que llevaban bolillos (troncos); que cortaban pinos. Nos quejábamos con los gobernadores (líderes indígenas), pero nunca les hacían caso. Han seguido cortando el bosque, también se llevan las piedras”, explica Teresa González.
Los nombres de quienes aparecen como dueños de esos ocho predios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Chihuahua, son: Manuel Navarro Trieste (predio San Javier), Mireya Ayala Torres (predio Rinconcito Lejano o Batuivo), Carlos Aguilar Pérez (predio La Merced), Lorenzo Sandoval Valenzuela (predio Aguizania), Pedro Parra Ramos (predios San Antonio y Gomegó), Laila Miledi Pérez (predio Pino Gordo) y Fernando Higinio Cuesta Miledi (predio El Venado).
Los mismos datos de la Secretaría de Desarrollo Rural muestran que, tan solo en 2019, esos predios registraron volúmenes de aprovechamiento maderable que van de los 326 metros cúbicos de madera (predio La Merced) hasta los 1 213 metros cúbicos (predio San Javier).
Quienes aprovechan la madera de Repechique no viven en el lugar, solo mandan trabajadores a cortar los árboles; tampoco realizan acciones que garanticen la recuperación y el cuidado del bosque.
“Los que talan, ellos no cuidan nada”, dice indignada Teresa González. “Por ejemplo, cuando hay incendio normalmente nosotros, los de la comunidad, somos los que estamos más al pendiente y los que talan nomás lo que buscan son los pinos o donde hay bosque muy cerrado, por ahí entran. Donde está muy escondido, ahí se van a talar”.
Mujeres rarámuri cocinan durante una manifestación para denunciar la tala. Foto: Patricia Mayorga.
Al preguntarle sobre las denuncias de los rarámuri, el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chihuahua, Gustavo Heredia, respondió que no está autorizado para dar esa información, solo a través de las oficinas centrales. Mongabay Latam solicitó entrevista a la oficina de prensa de Semarnat, pero hasta el momento de la publicación del reportaje no se tuvo respuesta.
“Todos somos Teresa”
El predio Pino Gordo, que comprende poco más de 2 500 hectáreas, está a nombre de Laila Miledi Pérez, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Chihuahua. Es dentro de la superficie de ese terreno en donde las mujeres de Bosques de San Elías Repechique construyen su taller de costura y por el que Teresa González está demandada por despojo.
El día en que los policías estatales llegaron por ella y colocaron los sellos de clausura, la comunidad la protegió. “Todos somos Teresa”, respondieron. Los agentes advirtieron que los arrestarían a todos; los rarámuri no bajaron la guardia: “Todos somos Teresa”, repitieron.
Alrededor de 50 mujeres, hombres, niñas, niños y adultos mayores caminaron por el sendero de terracería que va de la comunidad a la carretera. Siguieron andando durante cerca de dos horas hasta llegar a la ciudad de Creel, donde se encuentra la oficina del Ministerio Público. Los acompañaron dos abogadas de Contec, entre ellas Diana Villalobos.
Algunos medios locales publicaron lo que ocurría. Cuando la caravana de Repechique entró a Creel, los policías de la Fiscalía General del Estado los dejaron. Los indígenas decidieron ir a la plaza principal; ahí esperaron durante más de media hora al agente del Ministerio Público, quien les dijo que ya no tenía la carpeta de investigación, por lo que tendrían que ir a Cuauthémoc, municipio ubicado a tres horas de Creel.
Hasta mediados de agosto, las abogadas que acompañan a la comunidad no han logrado tener acceso al expediente. La Fiscalía General del Estado informó a Mongabay Latam que Fernando Cuesta Miledi es quien demandó a Teresa González.
Al día siguiente, el gobierno estatal emitió un comunicado en donde aseguró que los indígenas de Repechique nunca fueron arrestados y que, por su seguridad, los resguardaron hasta Creel. Sin embargo, cuando los rarámuri regresaron a su comunidad ninguna autoridad los resguardó, pese a que era de noche y caminaron por una zona donde existe una fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada.
Mongabay Latam contactó a Fernando Cuesta Miledi para entrevistarlo sobre la denuncia y la compra de predios en la comunidad de Bosques de San Elías Repechique. En entrevista telefónica aseguró que su familia compró esas tierras en la década de los sesenta y que tienen evidencia de que, desde hace más de 150 años, los terrenos ha pertenecido a particulares.
El predio Pino Gordo, señaló, lo adquirió su tío Salomón Miledi Pérez en 1961; quién se lo dejó a él y a otros sobrinos. Otros dos predios, El Águila y El Venado, los adquirió en esa misma época su papá, Gregorio Cuesta.
Para el empresario, la comunidad Bosques de San Elías Repechique no vivía en el lugar hasta hace pocos años. “El juez no dice que ellos son dueños de las tierras o que sean propietarios de ciertas tierras. No tienen nada que compruebe que ellos son los dueños de esas tierras… A nosotros nadie nos ha quitado la propiedad, nadie nos ha dicho en un juicio que no es nuestra, nadie nos ha dicho que no nos pertenece en ninguna forma”.
Fernando Cuesta acusa a la comunidad indígena de usar la madera, de los árboles que están en los predios que reclama de su propiedad, para construir sus casas. “Nosotros no podemos talar un solo árbol si no están autorizados por la Semarnat, por la Conafor”. Cuesta señala que la denuncia contra Teresa González Parra la interpuso porque ser ella quien promovió el proyecto del taller de costura. “Si tienen algo que comprueben por qué están invadiendo el terreno, que resuelva el juez, y acatamos”.
Denuncias que se quedan en el aire
Luis Enrique Pérez, segundo gobernador de Bosques de San Elías Repechique, recuerda lo que le decían sus abuelos y padres: “La historia cuenta que cuando llegó el tren (a la Tarahumara) comenzaron a tumbar los árboles. También llegaron muchos aserraderos y ponían a trabajar a las personas de una manera muy violenta”.
Los mayores también le contaron que las personas que llegaban de fuera les quitaban su producción de maíz: “Mis ancestros tenían que levantar la cosecha antes de tiempo, antes de que llegaran a quitarles. Otras personas murieron por defender. Ha sido una lucha muy triste. Cuando estaba chiquito, me decían: ‘vamos por la carretera, si ves personas mestizas, escóndete’. Crecimos con ese miedo”, dice el joven rarámuri.
Como segundo gobernador de Bosques de San Elías Repechique, Luis también tiene la responsabilidad de seguir con las demandas que, desde hace décadas, han puesto otras autoridades tradicionales para reclamar el derecho a su territorio ancestral, pero también para denunciar la tala en el bosque donde ellos siempre han vivido.
Las denuncias por la tala se han presentado en diferentes instancias, tanto federales como estatales, pero la gran mayoría no han prosperado.
“Ha sido muy difícil, porque nuestra palabra y exigencia no ha sido respetada. Pero cuando vienen personas de fuera, como el caso que pasó aquí con el taller de costura, llegaron ministeriales y luego luego cerraron. Y nuestras exigencias ahí están, vamos y venimos y pura vuelta. A veces ni siquiera nos hacen un documento, nada. Vamos al Ministerio Público y nada más nos oyen, nunca ha habido una resolución”, resalta Luis.
La extracción de árboles no cesa. El corte de pinos sigue, incluso, durante la temporada de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.
La comunidad, por su parte, hace uso del bosque como les enseñaron sus abuelos: recolectan quelites, hongos y madera para hacer leña. Tienen veredas que utilizan para el pastoreo de animales. Han creado zonas donde se encuentran sus centros ceremoniales, donde hacen sus juegos ancestrales.
Luis Pérez explica por qué su defensa del territorio es también una defensa del bosque: “Los árboles retienen la tierra. De otra forma, sería pura laja y no tendríamos ni dónde sembrar. Los árboles detienen la humedad, que no haya deslave. Ya hay partes que están secas por los incendios o por la tala indiscriminada. Hay lugares donde casi no hay tierra para sembrar. Ya hay una zona que mucho tiempo talaron, ahora casi no hay tierra, hay muchas manchas ya en la comunidad”.
Mujeres de Repechique esperan que pueda continuar la construcción del taller de costura comunitario. Foto: Patricia Mayorga.
A los rarámuri que viven en Bosques de San Elías Repechique les preocupa la deforestación que hacen los mestizos, porque cada vez hay menos agua.
En varias ocasiones han solicitado a la Semarnat que cancele los permisos de aprovechamiento forestal que se han otrogado en el área. Solo en una ocasión la dependencia federal canceló los permisos, pero fue de manera provisional. Eso sucedió cuando la comunidad consiguió una victoria en la lucha por la defensa de su territorio.
Reconocimiento del territorio comunitario
En abril de 2014, el juez Octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, falló a favor de la comunidad de Bosque de San Elías Repechique porque no fueron consultados para la construcción del aeropuerto de Creel. El amparo favoreció a 33 rancherías de la región.
En la sentencia, el juez reconoció la posesión ancestral del territorio de la comunidad demandante y ordenó al gobierno estatal la creación de un fideicomiso, por 65 millones de pesos (alrededor de 2 millones de dólares), como reparación por el daño causado. Un comité técnico revisa y da seguimiento a ese fideicomiso que comenzó a ser efectivo hasta 2017.
El juez también ordenó que la comunidad tenía que presentar una serie de proyectos comunitarios en los que se invertiría el dinero. El plan primero fue aprobado por la asamblea rarámuri y después por el comité técnico, del que forman parte cuatro secretarías del gobierno estatal: Hacienda, Desarrollo Municipal, Innovación y Desarrollo Económico y la Secretaría General. Los funcionarios que están al frente de esas cuatro dependencias conocen la sentencia del juez Cuenca Zamora, donde se reconoce que la comunidad tiene posesión ancestral del territorio.
En 2019, la comunidad recibió los primeros recursos del fideicomiso: 1 300 000 pesos (alrededor de 59 mil dólares). Primero, construyeron un salón de usos múltiples. El taller de costura es otro de los proyectos aprobados y su realización está a cargo de Teresa González, quien cuenta con apoyo contable externo para que todas las facturas que debe entregar estén a tiempo y, además, para tener transparencia en el uso del dinero.
Otros de los proyectos contemplados es un programa de apoyo mensual para personas con discapacidad y adultos mayores. Durante la pandemia, lograron que se apoyara a 220 personas. Además, avanzan en la construcción de una casa comunal, así como en la instalación de una huerta de manzana para la ranchería Ratuivo, en el que trabajarán 20 personas.
En 2018, la comunidad de Bosques de San Elías Repechique interpuso otra demanda de amparo, ante el Juzgado Décimo de Distrito. En esa ocasión fue para exigir la cancelación de las escrituras de los 12 predios; además, solicitan la titulación de esas tierras.
La jueza les negó el amparo. La comunidad impugnó. El caso estaba a punto de entrar a un Tribunal Colegiado, pero llegó la pandemia y paralizó la actividad judicial. El caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala Diana Villalobos, de Contec, organización que acompaña legalmente a Bosque de San Elías Repechique.
Seguir en el camino
La comunidad ha exigido el reconocimiento del territorio ancestral ante diferentes instancias. En 2014 acudieron al Senado de la República y denunciaron el aprovechamiento que hacían los “chabochis” de su bosque, pero también denunciaron que, sin consultarles, se pretendía instalar un gasoducto en su territorio. Con marchas y otras acciones legales, Repechique consiguió que el gasoducto no pasara por su comunidad.
El 2018, los particulares que tienen a su nombre los 12 predios presentaron dos denuncias en contra de los rarámuri, por “falsedad de declaraciones”. Cuando se hizo el peritaje y se comprobó que la comunidad indígena sí existe y está en el territorio, las denuncias se archivaron.
Después vino la demanda en contra de Teresa González. Agentes de la Fiscalía Zona Occidente han acudido en tres ocasiones al taller de costura para clausurar la construcción que está a cargo de la misma comunidad.
Teresa no entiende por qué la acusan de despojo: “Nosotros somos los primeros que somos aquí. Nosotros vivimos cuidando todo el bosque, trabajando la tierra y haciendo quehaceres, cuidando nuestro hogar y no nomás como dicen (…) nosotros no compramos un terreno para estarnos nada más ahí. Nosotros cuidamos alrededor del territorio. Ellos compraron según el territorio, cuando ya existíamos aquí, pero ellos quiénes son o qué”.
Por un momento, Teresa González reconoce que “a veces quisiera una tirar la toalla”. Pero esas palabras se desvanecen cuando recuerda las agresiones que ha recibido por defender su territorio y sus sueños. Y entonces cuenta sus planes con entusiasmo:
“El taller de costura lo soñamos muy bonito. Las señoras dicen: ‘qué bueno que esta vez va a existir este taller’. Las personas van a aprender mucho, van a aprender a usar máquinas. Es un espacio para las señoras”.
La comunidad ya eligió el nombre que tendrá el taller de costura. Lo llamaran “Najativo”, palabra rarámuri que significa “seguir el camino”. Un vocablo que representa, también, lo que ha sido su lucha: “Es un camino largo y a pesar de todo —dice Teresa—, estamos con la esperanza de que se respete el territorio”.
Mientras las demandas siguen su curso—o se archivan en alguna dependencia pública— la gente de Bosques de San Elías sigue con su vida cotidiana, con la milpa, con el cuidado de sus animales, con la recolección de leña, haciendo sus artesanías y, también, mirando cómo los que llegan de fuera “empiezan a tumbar madera, a prohibir a la gente de la comunidad que no tire árboles, como si nosotros fuéramos los extraños —reclama Teresa—, como si nosotros viniéramos de fuera. Eso sí causa tristeza”.
* La desaparición de mujeres se ha incrementado 74.5% (349 casos) respecto a los 200 casos registrados antes de la activación del decreto.
* Los feminicidios incrementaron 12% (142 casos) en comparación con los 127 registrados durante los dos primeros años del gobierno estatal actual.
En el marco de que se cumplan dos años de la declaratoria de Alerta de violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Oaxaca, “han sido aprobados más de 20.7 millones de pesos para la ejecución de 11 proyectos y la implementación de acciones que atiendan la violencia de género” en los 40 municipios que cuentan con el mecanismo de protección (El Universal, 2020).
A estos recursos se sumarían más de 50 millones que fueron otorgados por subsidio federal al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, luego de que se aprobó el decreto[1] en el estado, el 31 de agosto de 2018 (Noticias, 2020)
A pesar de los recursos asignados, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca refiere, con base en datos de la Plataforma de Violencia Feminicida, que del 31 de agosto de 2018 a la fecha, la desaparición de mujeres se ha incrementado 74.5% (349 casos) respecto a los 200 casos registrados antes del decreto, es decir del 01 diciembre de 2016 al 31 de agosto de 2018, en los 40 municipios que cuentan con Alerta de Género.
En el mismo periodo, los feminicidios se incrementaron 12% (142 casos) en comparación con los 127 registrados durante los primeros años del gobierno actual. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas con arma de fuego (67%) y/o fueron víctimas de un ataque armado (43%).
La organización feminista destaca que en 5 regiones de Oaxaca -Valles Centrales, Papaloapam, Istmo, Costa y Mixteca- se registra el 95% (334 casos) del total de mujeres desaparecidas en municipios con alerta de género y el 86% (121 casos) del total de feminicidios que han ocurrido durante el periodo activo del mecanismo. Lo anterior representa 56% del total de agresiones contra mujeres por razón de género -807 casos del 31 de agosto a la fecha-.
Dentro de las regiones anteriores, los municipios con alerta de género con las cifras más altas en desaparición de mujeres son: Oaxaca de Juárez con 101 casos; San Juan Bautista Tuxtepec con 42; Salina Cruz con 16; San Pedro Mixtepec con 12 y Huajuapan de León con 20 casos.
En el mismo contexto, los municipios con mayor registro de feminicidios son: San Juan Bautista Tuxtepec, 27 casos; le sigue Juchitán de Zaragoza con 10; Oaxaca de Juárez 9; Huajuapan de León y Ciudad de Tlaxiaco suman 8 casos y San Pedro Pochutla registra7.
La información obtenidaen la Plataforma de Violencia Feminicida también refleja que, del total de mujeres desaparecidas en las 40 localidades con alerta de género (349), tan sólo 22% de las víctimas (75 casos) se reportan como “localizadas” Sin embargo, los datos no reflejan información sobre el estado de salud física y psicoemocional en el que fueron encontradas, pues la mayoría de notas publicadas en diarios locales e instancias como la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) y la Fiscalía de Personas Desaparecidas (DNOL) no recuperan información ni detalles al respecto.
Es sabido que la desaparición de mujeres, en muchos de los casos, termina en feminicidio, pues la ruta de impunidad es una constante en municipios de alta peligrosidad y vulnerabilidad para las mujeres en Oaxaca. La atención dilatada y deficiente de las autoridades correspondientes, la presencia del crimen organizado, el flujo ilegal de armas de fuego, la trata de personas, el comercio sexual, y la marginación y pobreza en que sobreviven cientos de niñas y mujeres refleja la ausencia de mecanismos eficaces de fiscalización sobre el uso y asignación de los recursos para la erradicación de la violencia de género, principalmente en lo que se refiere a la evaluación de resultados alcanzados en el tema a casi dos años de la declaratoria en 40 municipios de la entidad.
Oaxaca de Juárez a 27 de Agosto de 2020
REFERENCIAS
Animalpolitico.com (20 de julio de 2020). Garantizaron recursos de alertas de género, pero falta revisar a fondo su funcionamiento: feministas. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2020/07/alertas-genero-segob-utilidad-presupuesto/
Consorcio Oaxaca (2020). Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca. Disponible en: https://violenciafeminicida.consorciooaxaca.org.mx/
El Universal (21 de julio de 2020). Recibe Oaxaca 30 mdp menos que en 2018 para atender Alerta de Género.
Nvinoticias.com (07 de julio de 2020).Darán 20.7 millones de pesos a Oaxaca para atender violencia de género. Disponible en:https://www.nvinoticias.com/nota/153282/para-alerta-de-violencia-de-genero-en-oaxaca-se-otorgaron-20-mdp
Hay cumplimiento o compromisos de las autoridades escolares en 27 de los 32 puntos que plantearon en su pliego petitorio.
Cuando empezó el año, justo antes de que llegara a México la pandemia de COVID-19, la UNAM enfrentaba una tormenta de protestas contra el acoso sexual que habían llevado a paros temporales a más de 10 facultades, escuelas preparatorias, CCH o hasta planteles de otros estados. La última en tomar esta acción fue la Facultad de Economía, el 28 de febrero, pero las alumnas han resistido toda la contingencia sanitaria sin ceder hasta que se cumplieran sus demandas.
Seis meses después, este viernes a las 10 de la mañana entregaron las instalaciones, de las que consideran que salen victoriosas: hay cumplimiento o compromisos de las autoridades escolares en 27 de los 32 puntos que plantearon en su pliego petitorio.
La colectiva Mujeres Organizadas de la Facultad de Economía (MOFE) concede a Animal Político una entrevista dentro del edificio en el que han permanecido atrincheradas, en medio de una UNAM vacía por las medidas sanitarias que cambiaron la totalidad de las clases al ámbito virtual. En el patio central hay carteles y pintas con los nombres de los profesores señalados por agresiones sexuales, unas tiendas de campaña en una orilla, sin destrozos ni basura, y una mesa con sillones alrededor de la que se reúnen a dialogar siete chicas con las caras tapadas para proteger su identidad.
Su mayor orgullo al momento de la entrevista es que les acaban de confirmar que el próximo semestre, que iniciará en línea el 21 de septiembre, ya no será profesor Luis Arizmendi, un hombre contra el que hay multitud de acusaciones de ser presuntamente líder de una secta político-sexual desde hace décadas, para la cual coopta a estudiantes tanto en la UNAM como en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Foto: Itxaro Arteta
La salida de este profesor se suma a dos destituciones que hubo cuando empezó el movimiento de las mujeres, después de que durante años, se lamentan, las denuncias fueron ignoradas. Todavía les duele recordar el caso de Pedro Burrola, exsecretario de asuntos estudiantiles que acumuló cuatro denuncias por violación en 2018.
Una de las jóvenes presentes, a quien identificaremos como A., fue su víctima. Cuando una chica de Guadalajara hizo público en redes sociales que la había violado, pero las autoridades legales habían perdido su carpeta de investigación, A. y otras se animaron a contar que habían vivido la misma experiencia con él y lo denunciaron ante la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias de la Universidad (UNAD). Con la presión alrededor del caso, un día les informaron que Burrola había renunciado, pero entonces, como ya no tenía relación con la UNAM, no había nada que investigar ni sancionar.
Este año, la Facultad transparentó las cifras de denuncias por violencia de género recibidas: 42, de las que alrededor de 20 fueron desechadas, algunas sin mayor explicación, y otras 20 sí tuvieron sanción, pero encontraron casos en los que una acusación violación se castigó con tan solo 8 días de suspensión.
Cuando las mujeres organizadas hicieron su propio recuento a través de tendederos, publicaciones en redes sociales y un formulario de Google, juntaron 83 denuncias contra 56 hombres: 8 trabajadores, 24 alumnos y 24 profesores o profesores adjuntos, quienes acumulaban las quejas más graves y repetitivas—uno de ellos hasta con 10—.
Las jóvenes aseguran que para muchas, ir a estudiar a esa Facultad era soportar un clima de machismo, acoso y opresión constante. Con alrededor del 70% de estudiantes varones, dicen, muchas veces sus opiniones eran minimizadas y soportaban comentarios como que la Economía es para hombres. También vieron con asombro que mucha de la violencia machista está normalizada, incluso por las mujeres: B. cuenta que tuvo una profesora que esperó a que pasaran las dos semanas en las que se pueden hacer cambios de grupo para presentarles a su adjunto y entonces les advirtió que tenía cinco denuncias de abuso sexual, pero que ella no las creía, porque habían sido de sus exnovias.
Por todo eso fue que cuando explotó la ola feminista en la universidad decidieron hacer su propio paro y elaborar un pliego petitorio, y lanzarse a defenderlo hasta el final.
Logros feministas y resistencias de profesores
Las estudiantes están cansadas de la impunidad. Por eso, algunas de sus exigencias fueron para romperla, y fueron también las que más desgaste provocaron en las mesas de negociación que sostenían con el director Eduardo Vega y otros funcionarios universitarios.
El punto 9 de su pliego pedía que haya suspensión provisional de quien esté acusado de una agresión sexual grave a una alumna, por máximo tres meses, en lo que se investiga. Lograron que se aprobara, pero profesores, como el propio Arizmendi, con apoyo del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, enviaron una carta al director exigiendo desconocer ese acuerdo, con el argumento de que eso violaría sus derechos laborales y hasta legales, al no respetar el principio de presunción de inocencia.
Otro compromiso que pidieron en el punto 15 fue la reapertura de investigaciones en casos graves que tuvieron sanciones mínimas, o en contra de acusados en el pasado que quieran volver a ser parte de la comunidad universitaria. Las chicas dicen que lo que pasó con Burrola no fue una excepción: que hay profesores que se van de año sabático cuando tienen acusaciones de violencia sexual, o son cambiados de plantel, o alumnos que se fueron sin titularse y regresan a terminar sus trámites como si nada hubiera pasado. Un mes duró esa negociación, pero al final lograron que la Facultad aceptara.
También tendrán su propia Unidad de Género para garantizar que a partir de ahora los procesos de denuncia se lleven correctamente, con garantías para la víctima y no protección para el victimario, ya que antes solo existía un área jurídica pero sin apoyo a las víctimas y que, acusan, no era independiente. La Unidad estará integrada por una abogada especialista en perspectiva de género, victimológica y feminista; una trabajadora social y una psicóloga, con las mismas características. Además se está trabajando un acuerdo con la Facultad de Medicina para que también las alumnas puedan tener acceso a servicios ginecológicos.
Otro punto importante para ellas, después del acoso que dicen haber sufrido cuando empezó el movimiento, es que les van a garantizar un espacio físico seguro que será exclusivo para mujeres, donde puedan organizarse y apoyarse.
Y sobre todo, las alumnas están convencidas de que más allá de las medidas formales, se inaugura una nueva etapa en esta Facultad, porque demostraron que ya no se van a dejar.
“Nosotras ya no vamos a ver a nuestros compañeros de clase como antes. Ya los vamos a ver con cada comentario machista que hicieron cuando tomamos la facultad, los vamos a reconocer por los mensajes que enviaron a un chat de WhatsApp. A los profesores también, por cada comunicado que sacaron para amenazarnos. Ya las cosas van a dar un giro, esperemos para bien, y esperemos que a nosotras nos afiance, nos comunique y nos junte”, afirma B.
Foto: Itxaro Arteta
Seis meses de paro físico, mientras había clases en línea
Las mujeres de Economía tomaron la Facultad el 28 de febrero y tan solo tres semanas después, se suspendieron las clases presenciales por la epidemia de COVID-19, así que como si no pasara nada en las instalaciones, las autoridades escolares organizaron clases en línea, por lo que pese a lo largo del paro, no se perdió el semestre.
Aun así, ellas decidieron mantenerse ahí físicamente. Vieron que otros planteles que llevaban más meses de lucha fueron dejando ese modo de protesta por la propia inseguridad que implicaba, como ocurrió en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), que después de haber iniciado el paro el 4 de noviembre de 2019, las alumnas entregaron las instalaciones el 14 de abril, cinco meses después, con la decepción de que sus demandas no estaban cumplidas.
En Economía fueron alrededor de 30 las que se mantuvieron hasta el final, provenientes de distintas generaciones y distintas colectivas, pero que terminaron perfectamente organizadas. Empezaron a rotarse en periodos de permanecer en la Facultad y luego ir a sus casas, para tratar de reducir el riesgo de contagiarse y contagiar a sus familias. A lo largo de los meses, el plantón se convirtió en su “segunda casa”, dicen.
Sufrieron distintas agresiones a lo largo del tiempo. De entrada, el primer fin de semana el director las desconoció como alumnas de la Facultad, a pesar, dicen, de que en diálogos previos habían hablado sin taparse la cara.
Otros estudiantes opositores crearon un grupo de WhatsApp donde supuestamente se iban a organizar para sacarlas. Metieron a tantas personas que al final a ellas les llegaron capturas de pantalla de todo lo dicho: amenazas de agarrarlas a golpes, comentarios misóginos, llenos de palabras altisonantes, humillantes, y con expresiones de superioridad masculina. Al final hubo mujeres externas a la organización que fueron a hacer una cadena de paz para impedirlo y el propio director reconoció como legítimo su movimiento.
Les tocó encontrar excremento humano en la puerta. Escuchar varias veces que alguien se había saltado al techo del edificio y estaba merodeando. Además de los comunicados de profesores atacándolas y rechazando los acuerdos que iban logrando con la dirección.
Pero también tuvieron momentos que las hacen soltar risas y palabras cariñosas, que se convirtieron en una experiencia para toda su vida, explican. Compartir sus historias, apoyarse a sobrellevar sus propios procesos de adquirir conciencia sobre todas las violencias que han vivido. Recibir donaciones de comida de gente que incluso les pide que no vayan a revelar que las ayudaron, pero las apoyan. Y mil recetas inventadas a partir de aquello que tenían para alimentarse aunque no combinara.
“Aquí fue como tener una segunda casa”, dice C. “Tenemos los cuidados, nos procuraron. El entorno, vivir entre mujeres, es distinto. Siento que hay mayor confianza, apertura, te sientes segura, te sientes acompañada. Y yo si noto la diferencia del principio a ahorita, esos tejidos, esa responsabilidad, esos cuidados cotidianos de quien cocina, quién lava, no nos peleamos, hacer algo es para todas. Y es algo que en otros espacios no se tiene”.
Cansadas pero satisfechas, las Mujeres Organizadas de la Facultad de Economía levantarán la toma de instalaciones que están seguras dejará un mejor panorama para las próximas generaciones de alumnas.
XALAPA, Ver. (apro).- Un año después de la masacre en el table dance Caballo Blanco de Coatzacoalcos, familiares de los 32 fallecidos se manifestaron frente a sus instalaciones para reclamar por la falta de justicia y el incumplimiento con la entrega de becas educativas prometidas a los huérfanos.
Hace un año, un grupo de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) irrumpió en el interior del bar y amagaron a bailarinas, personal y clientes para inmovilizarlos mientras rociaban de gasolina la barra, la pista de baile y algunas mesas.
Según las investigaciones, el plan era sólo incendiar el lugar, pero obstaculizaron la salida de emergencia con una bomba molotov. En el interior murieron 32 personas, incluidos dos integrantes del crimen organizado, dos clientes de origen asiático, nueve bailarinas y otros trabajadores del lugar.
Un año después, familiares de las víctimas reclamaron a todos los niveles de gobierno, desde el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, por la falta de justicia y apoyos.
!Justicia! Exigen familiares de víctimas de Caballo Blanco, a un año de sus muertes… La marcha en Coatzacoalcos por el atentado al bar donde perdieron la vida 30 personas pic.twitter.com/9B0tQUaiPG
Alan Domínguez Muñoz, abogado de varias de las víctimas, denunció que, pese a las múltiples peticiones para acelerar el caso, la carpeta no avanza e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) perdió interés en el caso tras la llegada de Rosario Piedra Ibarra a su presidencia.
Domínguez soslayó que los familiares de las bailarinas y empleados del Caballo Blanco necesitan un dictamen de la CNDH para que los huérfanos de los fallecidos puedan acceder a la reparación del daño.
En la manifestación, madres de las víctimas expusieron en cartulinas que no se cumplió las promesas del gobierno de Cuitláhuac García, quien prometió becas estudiantiles y apoyos alimenticios para los huérfanos de bailarinas y empleados del table dance Caballo Blanco.
“Un año de exigir justicia, un año de impunidad”, señalaban las cartulinas.
Actualmente, las madres e hijos de las bailarinas y clientes que murieron en el interior del bar reciben 4 mil pesos mensuales por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por concepto de fondo de ayuda, asistencia y alimentación.
Sin embargo, señalan que ese recurso no es suficiente para el gran gasto que representa mantener a los huérfanos. Algunas de los familiares de las víctimas lamentaron que, a un año de la masacre, continúan pagando los gastos funerarios.
La mayoría de las bailarinas que ahí trabajaban dejaron entre dos y tres hijos en la orfandad.
Alan Domínguez, abogado de 14 de las 30 víctimas, detalló que es importante que la CNDH avance en la integración de ese dictamen, que es necesario para la reparación del daño, la aplicación de medidas de no repetición, el derecho a la verdad y una disculpa pública.
La investigación, de Jorge Winclker
La investigación inicial fue abierta por la Fiscalía General del Estado, encabezada en ese entonces por Jorge Winckler Ortiz, hoy prófugo de la justicia y a quien el secretario de Gobierno actual, Eric Cisneros, ha señalado de “proteger a delincuentes” agremiados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En la masacre de hace un año, al menos seis sicarios ingresaron con armas largas obligaron a clientes y empleados del lugar a tirarse al piso, para luego rociar gasolina en el inmueble y “taponear” con una bomba molotov la entrada principal y la salida de emergencia del lugar.
En el tabledance fallecieron 23 personas y siete más lo hicieron en el Hospital Regional “Valentín Gómez Farías” de Coatzacoalcos. Dos más fallecieron en hospitales especializados del Puerto de Veracruz.
Ulises Contreras Sánchez, de 22 años, el barman del local ubicado en la colonia Palma Sola, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital de alta especialidad al puerto de Veracruz, pues sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo; los médicos hicieron lo imposible para evitar su muerte, sin embargo, falleció dos semanas después.
Bailarina, madre y estudiante, una de las víctimas
Hace un año, en la colonia Fertimex –rodeada de un pantano y un canal de aguas negras– Abraham Irineo Ramos, papá de Xóchitl Nayeli, una de las jóvenes bailarinas muertas en el incendio del bar Caballo Blanco reprochó que su hija dejó en la orfandad a dos niños de 3 y 7 años.
Xóchitl Nayeli estudiaba de lunes a viernes y trabajaba en el Caballo Blanco los jueves, viernes y sábados. Contó Abraham, taxista y ferviente católico, que el día del ataque, las amigas de Xóchitl Nayeli la convencieron de ir a trabajar el martes. Tenía un mal presentimiento y le pregunte: “Mami, ¿vas a ir a trabajar? No vayas, apenas es martes”.
Xóchitl desoyó el consejo de su padre y fue. A las 3 de la mañana del miércoles, América Aguirre –madre de la joven bailarina– le dijo a su esposo vía telefónica que su hija estaba muerta; más tarde los peritos le confirmaron la versión, e incluso le mostraron una fotografía del cadáver de Xóchitl Nayeli.
Pese a que las autoridades sanitarias pidieron a sus padres enterrarla “lo más pronto posible” para evitar riesgos sanitarios debido al sofocante calor y al brote de dengue que afecta a Veracruz, el viernes por la mañana llevaron el cuerpo de Xóchitl Nayeli al penal de Duport Ostión de Coatzacoalcos, para que su marido –quien se encuentra recluido ahí– se despidiera de ella.
Otra de las víctimas, Érick “DJ Bengala” Enríquez, de 29 años era el DJ del Caballo Blanco, dejó huérfanos a tres menores de 4, 5 y 10 años. Vanessa, la hermana de DJ, reprochó que hace 10 años Coatzacoalcos era distinto; se podía salir a jugar a la calle de noche y caminar por el bulevar de madrugada.
Yurai Vallena, otra bailarina del Caballo Blanco de 25 años, dejó cuatro hijos en la orfandad; su expareja apenas le pasaba una pensión mensual de mil 500 pesos; Sugeidy Vázquez, quien tenía 22 años, era originaria de Tabasco, aunque llegó a Coatzacoalcos cuando tenía dos años.
La caída de Los Zetas
En la última década, en la región sur que comprende Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Jaltipan, Acayucan y Las Choapas, entre otras cabeceras municipales, Los Zetas tenían el control total del trasiego de drogas, las extorsiones y el cobro de piso a giros negros, así como el robo de combustible y la venta de mercancía pirata.
Sin embargo, la organización criminal cayó en desgracia en marzo del 2018, cuando fue capturado en Cancún, Quintana Roo, uno de sus capos: José Giraldo García “El Cubano”, cuya zona de influencia comprendía Veracruz, Tabasco y el Caribe mexicano.
Antes, a finales de 2017, fue detenido Hernán Martínez Zavaleta “El Comandante H”, quien tenía el control de la organización delincuencial en Veracruz.
Asimismo, Elías Aguirre Sánchez “El Metro”, jefe de “estacas” o espías en Coatzacoalcos, y Bernardo Cruz Mota “El Niño Sicario”, fueron abatidos.
A partir de ahí, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) vio tierra fértil en el sur de Veracruz para asentar sus reales, como lo ha hecho hasta ahora.
Protesta en la Fiscalía de Veracruz por los asesinatos de Brandy Carolina Melchor y María Luisa Huerta. Foto: Facebook Benjamin Callejas Hernández
Noé Zavaleta / Proceso
XALAPA, Ver. (apro).- Activistas LGTB y amigos de Brandy Carolina Melchor protestaron este viernes en la explanada de la Fiscalía General del estado (FGE) para exigir justicia por el asesinato de la mujer transgénero y su madre, María Luisa Huerta, el pasado miércoles 26.
Brandy, de 34 años, y Luisa, de 72, fueron encontradas sin vida y con diversas heridas de arma punzocortante en el interior de una estética de su propiedad, ubicada en la comunidad “Las Cabezas”, de Puente Nacional, donde también se vendían bebidas con alcohol.
La muerte de ambas mujeres fue descubierta por vecinos de la localidad.
De acuerdo con activistas, el doble homicidio tiene todas las características de un crimen de odio por orientación sexual, previsto en el artículo 144 del Código Penal del Estado de Veracruz.
Con cartulinas de protesta y banderas del orgullo gay, decenas de integrantes de la comunidad LGBT se manifestaron este viernes para exigir justicia y reprochar que en año y medio se han registrado en la entidad 80 crímenes de odio.
El presidente de la Coalición Estatal LGBTTTI, Benjamín Callejas Hernández, detalló que los crímenes de odio en Veracruz van al alza, pues mientras en 2018 se contabilizaron 29, la cifra aumentó a 32 al año siguiente, y en lo que va de 2020 se han registrado 19 casos.
Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica, Xalapa, Puerto de Veracruz, Misantla y Martínez de la Torre, abundó, son los municipios donde se han cometido los asesinatos.
Tras el crimen de Brandy y su madre, los activistas exigieron una audiencia con la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadans. Ya antes se solicitó una reunión con la funcionaria estatal, pero fue negada, subrayaron
La activista Jazz Bustamante anunció que a partir de las 7 de la noche de este viernes iniciará una huelga de hambre en el Puerto de Veracruz, en protesta por el asesinato de Brandy.
“Si me muero no importa, creo que lo importante es el mensaje de decirle a la ciudadanía que en Veracruz no se está aplicando la ley”, dijo al periódico Crónica de Xalapa.
El megaproyecto mal llamado Tren Maya contempla 1,500 km de tren divididos en 7 tramos. Cada uno de estos tramos ha sido concesionado, o está a punto de serlo, a alguna empresa del gran capital. Mientras el discurso oficial afirma que el mal llamado Tren Maya es un proyecto comprometido con el desarrollo social del pueblo, el mapa de las concesiones muestra que quienes se ven beneficiados a partir de este desarrollo, son los grandes emporios. En la página oficial del mal llamado Tren Maya se afirma:
“Como tal, el Tren Maya se apega a los 12 Principios Rectores de la Cuarta Transformación y a los 3 ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, entre ellos:
– No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera
– Democracia significa el poder del pueblo
– Hacia una democracia participativa
– Consulta popular
– Mandar obedeciendo
Por primera vez, el gobierno se acerca a las comunidades con el ánimo de construir, entre todos y a través del diálogo, un proyecto de desarrollo regional que pone a la gente como el centro de las decisiones.
El tren es un ejemplo de cómo pueden y deben ser los proyectos de infraestructura centrados en las personas.”
Este discurso de la actual administración que insiste en presentar esto como un proyecto democrático, que empodera al pueblo, y que va a desarrollar la zona, contrasta o se enfrenta con la realidad de la resistencia organizada de los pueblos, con la historia de turismo destructivo de la zona, y con los múltiples señalamientos por parte de especialistas de que el proyecto es profundamente nocivo para la región. Esta nota pretende reunir brevemente el mapa de las concesiones del mal llamado Tren Maya para mostrar otro de los rostros que el gobierno pretende ocultar y que revelan otra cara de la historia de saqueo alrededor de este proyecto.
Fuente: https://www.trenmaya.gob.mx/trazo/
Tramo I Selva: Palenque – Escárcega (228 km aprox.).
Este tramo fue concesionado por FONATUR a Mota-Engil México SAPI de C.V. en convenio con China Communications Construction Company LTD, Grupo Cosh S.A. de C.V. Eyasa S. de R.L de C.V y Gavil Ingeniería S.A. Esta concesión es notable debido a que una de las empresas implicadas, Mota-Engil, tiene otros megaproyectos en marcha en el país que han sido conflictivos y que han quedado endeudados (la carretera Siervo de la Nación en Edo. Mex. y Costa Canuva en Nayarit). Mientras otra de ellas, China Communications, tiene denuncias a nivel internacional por proyectos corruptos llevados a cabo. Esta empresa estuvo vetada durante ocho años por el Banco Mundial por ‘desarrollos fraudulentos’ en Filipinas; mientras que una subsidiaria suya ‘fue incluida por Bangladesh en su ‘lista negra’ por un intento de soborno a funcionarios’.
Tramo II Golfo: Escárcega – Calkiní (235 km aprox.)
Este tramo fue concesionado al consorcio formado por Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) y la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Dicha concesión se adjudicó el jueves 30 de abril y es el mayor contrato, hasta la fecha, adjudicado por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Esto no tiene nada de transformador. Grupo Carso tiene un largo historial de contratos ventajosos con las diversas administraciones del Estado mexicano. Sería bueno recordar la venta de Telmex a Slim en 1990, defendida por Carlos Salinas de Gortari en este artículo de El financiero. Éste último fue escrito en 2014, en el contexto de la reforma a las telecomunicaciones, que también resultó en beneficio profundo para el mismo empresario quien la aplaudía desde el inicio.
Tramo III Golfo: Calkiní – Izamal (172 km aprox.)
Este tramo fue concesionado al consorcio formado por Construcciones Urales, GAMI Ingeniería e Instalaciones y AZVI. La concesión es notable, debido a que una de esas empresas participó en la construcción de una sección del segundo piso del periférico de la Ciudad de México durante el gobierno de López Obrador. Esa misma empresa, GAMI Ingeniería e Instalaciones estuvo a cargo de la obra de la nueva sede del Senado de la República. Ésta última, estaba planeada inicialmente con un presupuesto de 1 mil 699 millones de pesos. “Sin embargo, en mayo de 2013, se dio a conocer que, de acuerdo con el Estado de la Situación Financiera de la Cámara alta, el monto total del gasto ejercido en la construcción a cargo de GAMI fue de 4 mil 032 millones de pesos; hasta 2 mil 333 millones más, un 137% de sobrecosto.” (Animal Político).
Mientras que Construcciones Urales también será encargada de construir el Tren Transístmico, otro de los megaproyectos promovidos por el capataz en turno: “Regiomontana de Construcción y Servicios (RECSA) y Construcciones Urales, conforman el consorcio encargado del desarrollo y la modernización de 42 kilómetros del tramo ferroviario que va de Medias Aguas a Ubero en Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, y forma parte del proyecto del Tren Transístmico, con una inversión de 19 millones de pesos por kilómetro.”
Tramo IV Golfo: Izamal – Cancún (257 km aprox.)
Este tramó se adjudicó de manera directa, sin licitación, a ICA. Jiménez Pons de FONATUR justificó el hecho diciendo que esa empresa es concesionaria de la vía carretera existente por 30 años más. A pesar de que la carretera que va de Izamal hacia Cancún es federal, ICA tiene la concesión. Según Jiménez Pons se trata de dos cuerpos carreteros: por uno se construirá la vía férrea, el otro se va a ampliar para restituir los 4 carriles. Se adjudicó a ICA para “que haya un arreglo con ellos en corto” [Jimenez Pons dixit] y no tener que entrar en litigios para quitarles la concesión.
Tramo V Caribe: Cancún – Tulum (121 km aprox.)
¿Black rock?
Black Rock se asume a sí misma como la empresa administradora de activos más grande del mundo. Esto quiere decir que es el capital del sector financiero más grande del mundo. En pocas palabras, una empresa que maneja deuda y especulación a niveles superlativos. Y es también el principal inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores. Black Rock tiene ya tiempo siendo un capital fuerte en territorio nacional. Durante el sexenio de Peña Nieto, Larry Fink declaró su euforia con las condiciones de inversión del país. En 2016, en Acapulco declaró:
““México es uno de los lugares más seguros para invertir… vivimos en una buena región, en la mejor del mundo”, les dijo.” No es la primera vez que el cofundador, presidente y CEO de la administradora de activos más grande del mundo habla maravillas sobre México. En octubre del 2013, Fink elogió las reformas estructurales impulsadas por Enrique Peña Nieto: “México está comenzando una revolución real”, dijo ante estudiantes de la Universidad de California. “Van a tener una oportunidad tremenda de crecer”.”
La euforia de Black Rock se profundizó con la entrada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México. Según una nota del economista de noviembre de 2019, fue tan grande su entusiasmo por el rumbo que tomó el país, que en 2019, compró Impulsora de Fondos Banamex:
“Seguimos viendo a México como un gran país en el cual queremos seguir invirtiendo, pero como inversionistas queremos que haya más certidumbre y transparencia en todas las inversiones que hacemos”, destacó la directiva. Recordó que una muestra de la confianza en el país es la compra de Impulsora de Fondos Banamex que hicieron el año pasado, la cual fue la inversión “más grande que jamás habían hecho en un país en desarrollo”. La adquisición por 34,000 millones de dólares se realizó en septiembre del 2019, después de las elecciones presidenciales en México y en un momento de volatilidad e incertidumbre en el mercado nacional.
Otras notas que circulan en la red señalan cierta relación de Black Rock con capitales que se mueven en el país desde tiempos de Salinas de Gortari. Lo que es claro, es que Black Rock se lame los bigotes por subirse al mal llamado Tren Maya.
Black Rock presentó una Propuesta no solicitada para el tramo 5 antes de la publicación del concurso. Mientras la convocatoria ‘para participar en el concurso público denominado ‘Proyecto Carretero Tulum-Cancún (…) en su tramo Tulum-Playa del Carmen-Entronque Aeropuerto de Cancún’, trayecto carretero paralelo al trazo del tramo 5 de la obra ferroviaria bandera de esta administración’ se publicó el martes 23 de junio de 2020, ya desde el 8 de junio de mismo año Fonatur había informado a los representantes legales de Black Rock en México, que su propuesta no solicitada era procedente.
Si bien el 5 de julio se había informado que el resultado de la licitación del Tramo 5 se daría a conocer a principios de Agosto; el 14 de agosto se informó que el fallo se daría a conocer hasta el 31 del mismo mes. Ya Jimenez Pons había declarado que Black Rock llevaba la ventaja, aunque era necesaria la licitación. Ahora se sabe que el consorcio encabezado por esta empresa, es el único contendiente en la licitación.
El consorcio está formado por: Greenfield SPV VIII S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con BlackRock México Infraestructura II S. de R.L. de C.V.; Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. de C.V.; Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V.; PRODEMEX Construcciones SA de CV y Constructora de Infraestructura Nacional S.A. de C.V.
Tramo VI Caribe: Tulum – Bacalar (254 km aprox.) y Tramo VII Selva: Bacalar – Escárcega (287 km aprox.)
Se anunció en mayo de este año, que los dos últimos tramos de este megaproyecto serán construidos por la SEDENA. Sobre estos dos tramos no hay información que circule en redes ni en medios de información. No sorprende. Los militares no rinden cuentas públicas nunca. Lo que es de notar es cómo, esta administración ha decidido entregarle todo a los militares: además del mayor presupuesto de los últimos 12 años, también entregó el desarrollo del Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, el manejo de dinero de programas sociales, entre otros asuntos.
Es notable que estos dos tramos constituyen, prácticamente, una tercera parte del total del proyecto: 541 km de los 1554 km totales. La asignación a la SEDENA de estos dos tramos se suma al hecho de que de los 230,000 efectivos desplegados en territorio nacional, la vasta mayoría están concentrados en torno al desarrollo de los megaproyectos.
Este mapa muestra algo: No importa quién sea el capataz que cuide la puerta en México, el patrón sigue siendo el gran capital. Las mismas empresas de siempre, los consorcios más grandes del mundo, se dan cita para destruir una forma de vida en la península Maya y reconstruir un paraíso para la ganancia basada en la explotación y el despojo. La suma de los datos es clara. Lo que queda de Estado mexicano es esto: un capataz que administra y cuida la finca al patrón, además de organizar también a los guardias blancas que le van a cuidar el territorio.
Este lunes 24 se cumplieron dos años de la desaparición del defensor del territorio y opositor a la represa hidroeléctrica Coyolapa-Atzalan, en la Sierra Negra de Puebla. La audiencia definitiva del juicio contra tres detenidos será la próxima semana. Pobladores alertan que el megaproyecto sigue vigente
Texto: Marcos Nucamendi / Lado B / Pie de Página
Fotos: Radio Zapote
PUEBLA, PUEBLA.- Hablar de un megaproyecto como el de la represa hidroeléctrica Coyolapa-Atzalan, en la Sierra Negra de Puebla, es hablar de la vida de quienes defienden el agua y el territorio. Es hablar de personas como Sergio Rivera Hernández, desaparecido el 23 de agosto de 2018, presumiblemente por su oposición a un proyecto que afectaría, sobre todo, a los ríos Huitzalan, Atzalan y Coyolapa.
A la fecha, tres personas permanecen detenidas por la desaparición del defensor, a la espera de la audiencia definitiva del próximo 3 de septiembre, cuando el juez Mario Cortéz Aldama, quien ha sido acusado de discriminar y desacreditar a los testigos de la desaparición –valiéndose incluso de comentarios racistas–, emitirá su sentencia.
Sin embargo, las organizaciones indígenas y campesinas que acompañan el caso insisten, en que tanto el proceso judicial como las labores de búsqueda se han visto ensombrecidas por omisiones, irregularidades, imparcialidad, actos discriminatorios, hostigamiento a testigos y falta de coordinación institucional.
La desaparición de Sergio Rivera, explica Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), tenía la intención de desactivar la resistencia que se había gestado desde 2016 en la región, cuando los habitantes de los municipios de Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec se percataron de la existencia del proyecto hidroeléctrico que impulsa la Minera Autlán, propiedad de José Antonio Rivero Larrea.
Lo único que consiguieron los responsables materiales e intelectuales, comentó, fue acentuar la desconfianza en las instituciones y fortalecer al movimiento contra la hidroeléctrica: “La lucha contra este proyecto ha cambiado la concepción de la gente [afín al movimiento], que antes tenía que quedarse callada y no podía salir a gritar lo que le dolía o le incomodaba”.
Lo que les duele, dice Omar, es la desaparición de una persona que estaba comprometida con la defensa del territorio y con su familia; de un actor social que sintetizaba perfectamente el sentir de las comunidades afectadas.
Liberación de imputados, riesgo para las comunidades
Este lunes 24 de agosto, en conmemoración del segundo aniversario de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, unas 50 personas se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Tehuacán.
En entrevista, Martín Barrios Hernández, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, advirtió sobre lo que puede suceder si el juez Mario Cortéz Aldama, de la Región Judicial Sur-Oriente de Tehuacán, no emite una sentencia condenatoria.
“Si estas personas salen libres, va a quedar impune un delito grave como la desaparición de Sergio y ellos van a regresar como heroicos villanos a su comunidad. La minera va a salir fortalecida para imponer un proyecto hidroeléctrico”.
A pesar de que los imputados están detenidos, explicó para LADO B Aram Montalvo Lleztle, uno de los integrantes de la resistencia a la hidroeléctrica, las amenazas hacia las organizaciones opositoras y hacia los testigos del caso, no han cesado. Tan sólo la semana pasada, un grupo de trabajadores de la construcción, que también son integrantes de la resistencia, fueron agredidos por hombres armados en el municipio de Zoquitlán.
Hace un mes, sin mayor explicación, agregó, les fueron levantadas las medidas cautelares que les había otorgado la Subsecretaría de Derechos Humanos a las testigos de la desaparición; familiares de los imputados, dice Aram, fueron a la comunidad de Tepexilotla, junta auxiliar de Zoquitlán, para amenazarlas en fechas recientes.
Además, se les cortó el servicio de agua potable desde finales de abril, con la supuesta anuencia del presidente municipal, Claudio Hernández Cabanzo, quien ha sido acusado por no transparentar la ejecución de obra pública en el municipio.
Cabanzo, que en un principio se había mostrado del lado de los defensores del territorio –firmando incluso un compromiso de campaña para impedir el cambio de uso de suelo en favor de la minera–, cuenta Aram, se ha distanciado del movimiento a tal punto que, sus asesores y las constructoras que le trabajan son los mismos que asesoraban y las mismas que le trabajaban al presidente municipal anterior, Fermín González León, cercano a la minera y a decir de las organizaciones opositoras, del grupo que desapareció a Sergio Rivera.
La búsqueda en vida, un asunto pendiente
Omar Esparza, de MAIZ, ha hecho hincapié en que el proceso que se sigue en contra de los tres imputados por la vía judicial, debe diferenciarse de la labor que tendría que estar haciendo el gobierno del estado para encontrar con vida a Sergio Rivera Hernández.
El también consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda recordó que ésta tiene un presupuesto asignado de 18 millones de pesos y desde su instalación, en enero de este año, no se ha tomado con seriedad el caso del defensor del territorio desaparecido, cuestión que se pondrá sobre la mesa durante la próxima reunión de la comisión, el 26 de agosto.
En entrevista, dijo que será en este contexto donde también se aborde, una vez más, el tema de las agresiones constantes en contra de las organizaciones opositoras al proyecto, y ahora el de las medidas de protección que les fueron levantadas a los testigos del caso de desaparición, sin previo aviso.
“Se lo hemos planteado en reiteradas ocasiones al gobierno del estado, pero parece que está rebasado para resolver este tipo de situaciones; pareciera que tiene que haber presión internacional o muertos para que realmente actúe”.
Un documental contra la narrativa hegemónica
Una de las estrategias a las que ha recurrido la Minera Autlán, sostienen las organizaciones que acompañan el caso, ha sido la apuesta por la división de las comunidades, ofreciendo dinero y futuros empleos a cambio de apoyo; esto sumado a la campaña de desprestigio permanente hacia los defensores del territorio.
En un intento por contrarrestar esta narrativa, y con el objetivo de visibilizar el caso de Sergio a nivel nacional e internacional, Radio Tlacuache (de Zoquitlán) y Radio Zapote (Ciudad de México) produjeron conjuntamente el documental Los que en la Sierra están resistiendo, que se estrenó el 21 de agosto a través de redes sociales.
Omar Aziz, de Radio Zapote, conversó con LADO B sobre el documental y rol de las radios comunitarias y de los medios libres e independientes, específicamente en el acompañamiento de procesos de defensa del territorio:
“Estas mafias y cacicazgos tienen un gran temor a la posibilidad de que la información de la propia comunidad se vuelva masiva, por la gran potencia que tiene la radio en sectores rurales […] Hay una gran oportunidad de romper con la mayor herramienta que tienen, que es la mentira y la manipulación”.
De ahí que se decidiera, de forma conjunta con Radio Tlacuache, recuperar la historia de lucha en contra de la minera y el proyecto hidroeléctrico en la Sierra Negra de Puebla.
“Era un ejemplo que nosotros queríamos recabar de manera detallada para que en otros procesos de lucha en distintos países que también tienen este tipo violaciones, tomen de ahí el ejemplo”.
El proyecto sigue vigente
En comunicado conjunto con motivo del segundo aniversario de la desaparición de Sergio, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, MAIZ, Radio Tlacuache y otras organizaciones y radios comunitarias, se pronunciaron por la presentación con vida de su compañero, y por la cancelación definitiva de la concesión otorgada a Minera Autlán y el proyecto hidroeléctrico, toda vez que estos representan un riesgo para las comunidades indígenas de la región –que serían desplazadas–, sus sistemas agroalimentarios, los afluentes y la vida que gracias a estos se preserva.
Durante la manifestación de este lunes, Martín Barrios aseguró que el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan sigue vigente, pues la minera ha estado en contacto con la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que, cuando pase la etapa más crítica de la pandemia, se plantee nuevamente la posibilidad de realizar una consulta.
“No importa lo que diga el presidente municipal y no importa los programas que bajen y las migajas que nos están ofreciendo porque los ríos no tienen precio, los bosques no tienen precio […] la vida no tiene precio, y el derecho [a la vida] ni siquiera tiene porqué ser consultado”, dijo al respecto Aram, uno de los integrantes de la resistencia al proyecto hidroeléctrico.
Colima, México, Avanzada (27/08/2020).- Desde febrero de 2016, Colima ostenta la tasa más alta en el país de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Los asesinatos a cualquier hora del día, y en cualquier lugar, los cuerpos torturados y desmembrados forman parte del horror que vive este pequeño estado con poco más de 700 mil habitantes.
Sin embargo, en las últimas 10 semanas, las muertes Covid-19 superan los homicidios dolosos que se cometieron en la entidad desde enero hasta el 31 de julio de 2020, según datos del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y de la propia secretaría de Salud en el estado.
Desde que se decretó la emergencia sanitaria en la entidad, en marzo pasado, hasta la fecha, 402 personas murieron a consecuencia del Covid-19 y tan solo el lunes, las autoridades sanitarias reportaron 15 decesos por esta causa.
La mayoría de las muertes se están registrando en personas en edad productiva y adultos mayores, aunque se tiene el reporte de una muerte por Covid-19 de un menor de cinco meses de edad.
Actualmente hay un acumulado de 3 mil 342 casos positivos de Covid-19, de los cuales, 402 perdieron la vida; los fallecidos eran originarios, principalmente de Manzanillo, Colima, Armería, Tecomán y Villa de Álvarez.
Por su parte, el secretariado Ejecutivo reportó que hasta el 31 de julio de este año se cometieron en la entidad 344 homicidios dolosos. La entidad tiene el primer lugar en asesinatos con una tasa de 137 por cada 100 mil habitantes.
Periodistas y organizaciones civiles documentaron el hallazgo de al menos 109 fosas clandestinas en 29 de los 46 municipios de Guanajuato; en ellas se han exhumado 268 cuerpos
Imagen tomada de piedepagina.mx
Texto: Martha Guillén / Perimetral, 26 de agosto de 2020
Imagen: PopLab
JALISCO.- Pop Lab, un medio digital y laboratorio de periodismo en Guanajuato, presentó un micrositio con un banco de datos sobre fosas clandestinas que se han encontrado en esa entidad durante los últimos once años.
Con el trabajo colaborativo de organizaciones civiles, académicos y colectivos de búsquedas para recabar y sistematizar la información, el micrositio busca ofrecer una herramienta para que las familias y autoridades puedan enfocar los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas.
En la presentación de su informe documentaron el hallazgo de al menos 109 fosas en 29 de los 46 municipios de Guanajuato, de las cuales han exhumado 268 cuerpos.
En la presentación, destacaron que no hay información oficial de la Fiscalía General del Estado respecto a la existencia de fosas clandestinas, además de que las autoridades han negado y ocultado en su discurso este fenómeno por lo que no hay registros ni en plataformas federales.
Entre los hallazgos de la investigación destaca que cinco de los municipios de Guanajuato concentran el 40 por ciento de las fosas.
Además, identificaron los municipios con altas probabilidades de tener fosas no localizadas
Las familias de personas desaparecidas pueden consultar en Pop Lab desde tablas, listas y gráficos interactivos con datos específicos de los cuerpos hallados en fosas clandestinas, lo que podría ayudar en la identificación de los cuerpos.
En coordinación con Pop Lab, participaron en este proyecto académicos de la Universidad Iberoamericana, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Data Cívica, Human Rigths Data Analysis Group, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Article 19 oficina para México y Centroamérica, colectivos de búsqueda de Guanajuato.
Fosas Clandestinas no es el único micrositio que ha lanzado Pop Lab, en su página de inicio aparece en el menú de cuatro: uno de ellos relativo a la ejecución de policías, con notas informativas, narraciones y relatos que exponen cómo la inseguridad no perdona ni a los propios cuerpos de seguridad.
Uno de los grupos que más resiente la crisis actual, es el de los jornaleros agrícolas que migran para trabajar en los campos del centro y norte del país sin ningún tipo de seguridad. Foto: Karina Urbina
A causa del abandono ancestral de los pueblos indígenas, que persiste en esta administración, ni las medidas de emergencia sanitaria ni los programas sociales contra la crisis económica llegan a este sector de la población. Uno de los grupos que más resiente esta situación es el de los jornaleros agrícolas que migran temporalmente para trabajar en los campos del centro y norte del país sin ningún tipo de seguridad.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- A finales de mayo el médico de una empresa agrícola de Navolato, Sinaloa, consideró que la salud del jornalero Silvestre, indígena nahua de 66 años, le permitiría realizar el largo viaje de regreso a Zoquiapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero.
Silvestre y otros 44 pasajeros viajaron en autobús rumbo a la región guerrerense de La Montaña. En el trayecto, el indígena se sintió mal y se desmayó. Sus paisanos avisaron al chofer, quien detuvo la marcha en Toluca, donde un médico lo atendió y le suministró unas pastillas para normalizar su glucosa. Nadie advirtió en qué momento Silvestre expiró, y el 31 de mayo, al llegar a un filtro sanitario en Tixtla, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Salud de la entidad confirmaron su deceso.
Horas después Silvestre fue sepultado y días más tarde sus familiares fueron notificados de que murió por covid-19.
Esta fue una de las cuatro muertes por coronavirus ocurridas entre mayo y junio que la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas documenta a través de testimonios directos de los trabajadores indígenas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas que migran temporalmente al norte del país para realizar “trabajos esenciales”.
Sin más datos oficiales que los testimonios de esos jornaleros que trabajan en Chihuahua, Sonora, Zacatecas y Guanajuato, los integrantes de la organización civil han registrado 109 contagios de covid-19 entre mayo y junio pasados.
“Desde el discurso oficial se ha romantizado el concepto de trabajadores esenciales durante la pandemia, porque gracias a los jornaleros agrícolas llegan los alimentos a las mesas de la población en las ciudades, pero no ha cambiado en nada sus condiciones precarias de trabajo y de vida”, señala Margarita Nemecio Nemesio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas.
Destaca que en respuesta a la pandemia, las secretarías del Trabajo y de Salud publicaron la Guía de Acción para los Centros de Trabajo Agrícolas ante el covid-19, mismo que integrantes de la red nacional revisaron en una reunión con el Grupo Intersectorial de Salud, Agricultura, Medio Ambiente y Competitividad.
La guía está dirigida a empleadores de al menos 3 millones de jornaleros que migran con sus familias, lo que, en cifras conservadoras, representaría al menos a 9 millones de personas que se mueven por el país realizando trabajo agrícola.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2286 del semanario Proceso
A casi cuatro años de instalarse en un plantón permanente en San Pedro Apatlaco, ejidatarios del municipio de Ayala ofrecieron este miércoles una conferencia de prensa virtual para refrendar su rechazo al Proyecto Integral Morelos, su termoeléctrica en Huexca y, particularmente, el acueducto que trasladará agua de la planta de tratamiento de Cuautla a su sistema de enfriamiento.
Durante la conferencia, los ejidatarios mostraron documentos que acreditan su derecho al uso del agua ante la Conagua hasta 2035, luego de una prórroga de 20 años que fue concedida en 2015, así como un documento más que aclara que las aguas residuales siguen perteneciendo al río Cuautla como “volumen de retornos”, lo que contravendría lo asegurado por las autoridades de este municipio, que han insistido en que el envío de agua a la termoeléctrica no afectará la disponibilidad del líquido para los campesinos.
En su participación, Mara Franco, ejidataria de Anenecuilco, recordó cuando el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció contra la termoeléctrica de Huexca antes de llegar a su cargo actual:
“Yo creía en él, anduve promoviendo el voto para él con mucho cariño y respeto, porque él prometió darle solución honesta a este problema, lo dijo a grito abierto, que Morelos no era tierra de conquista”, dijo.
Los ejidatarios recordaron las palabras que López Obrador pronunció en una visita a Yecapixtla en el año 2014, cuando abiertamente se opuso a la construcción de la termoeléctrica en Morelos. Sin embargo, una vez en mandato, ha rescatado las cualidades positivas de este proyecto que tuvo una inversión de 25 mil millones de pesos.
El gobierno la anuncia como una obra que le dará autonomía a Morelos a la hora de producir su propia energía eléctrica. Los ejidatarios de Ayala, sin embargo, la ven como un gigante que amenaza con quitarles el agua. Es la termoeléctrica de Huexca, obra central del Proyecto Integral Morelos (PIM) construida en esta localidad del municipio de Yecapixtla, pero cuyo acueducto requerirá agua del río Cuautla y cuyo gasoducto atraviesa por comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Aun cuando en febrero de 2019 la consulta realizada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador mostró que la mayoría de ciudadanos estaban a favor del funcionamiento de la planta, la vigencia de más de 15 amparos promovidos por ciudadanos y campesinos ha impedido que el acueducto se conecta a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cuautla (PTAR). De conectarse, no habría más impedimentos para sus operaciones.
Pero justo ahí, a unos cuantos metros de la PTAR, los ejidatarios ayalenses mantienen desde hace cuatro años (se cumplirán el 28 de agosto) un plantón que está en alerta las 24 horas del día.
Han pasado seis años desde que, en un mitin realizado en Yecapixtla, Andrés Manuel López Obrador se comprometiera con los habitantes de la región a defender su territorio:
“Yo aquí quiero expresarles que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos, que no queremos ese gasoducto, esa termoeléctrica, y no queremos tampoco las minas que nada más van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas”, dijo en aquel lejano 2014. Seis años después, las cosas han cambiado.
En 2019 el gobierno federal no sólo dejó la decisión en manos de los habitantes de los tres estados con una consulta que ha sido criticada por varias organizaciones, sino que fue un año en el que, lejos de terminar, la oposición al PIM se acentuó tras el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, integrante de la resistencia que murió sólo tres días antes de la consulta.
“Estamos decepcionados. Sinceramente, yo creía en él, anduve promoviendo el voto para él con mucho cariño y respeto, porque él prometió darle solución honesta a este problema y lo dijo a grito abierto”, dice hoy Mara Franco, ejidataria de Anenecuilco.
Mérida, Yucatán.- Investigadores de la Universidad McGill y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) advirtieron de los graves riesgos que conlleva la construcción del Tren Maya sobre la biodiversidad, los recursos de agua y la considerable presencia de comunidades indígenas que no fueron tomadas en cuenta en la planeación del proyecto.
Rodrigo Patiño Díaz, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) Unidad Mérida del IPN, e Ivet Reyes Maturano, antropóloga social del Centro de Estudios McGill de Quebec, Canadá, cuestionaron la falta de objetividad y la carencia de información de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentado por los promoventes del Tren Maya.
La península es una zona muy vulnerable, ya que están en riesgo las áreas forestales, cuerpos de agua (cuatro ríos y cinco lagunas), humedales (petenes) y sistemas costeros de Campeche y Quintana Roo, además de Áreas Naturales Protegidas, 10 en Quintana Roo y 5 en los otros cuatro estados, expusieron los ponentes.
En la disertación virtual sobre “El proceso de evaluación de impacto ambiental del Tren Maya, un análisis crítico desde la sociedad”, recalcaron que las obras agravarán los problemas de intensa deforestación, contaminación y sobreexplotación de recursos, y hablaron de la expansión urbana de 88 mil hectáreas entre 1990 y 2019 y el “tsunami” turístico inmobiliario.
También argumentaron perjuicios para la agroindustria a partir de monocultivos intensivos como maíz híbrido, soya, sorgo, caña de azúcar y palma africana además de granjas porcinas y avícolas.
Lo más grave, remarcó el doctor Patiño Díaz, es la flagrante y clara violación a los derechos humanos de las comunidades indígenas de los cinco estados, mismas que no fueron consultadas ni mucho menos tomadas en cuenta para un proceso de planeación que incluyera sus necesidades de desarrollo.
Esto, agregó el experto, fue reconocido por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas al conocer los procesos viciados, insuficientes y sin representatividad de las consultas en diversas comunidades mayas.
La MIA –ponderaron– fue elaborado sin un análisis serio de las consecuencias de la implementación del proyecto mal llamado Tren Maya, gentilicio que adquirió sin la aceptación de los pueblos originarios de la región para la promoción política del régimen federal.
Como ejemplo, mencionaron que la MIA no específica el impacto que tendrá en los recursos hídricos de la península el consumo de agua entre la población usuaria del transporte, tanto de las 18 estaciones como de las necesidades en los más de mil 500 kilómetros de recorrido.
Tampoco existe información acerca de las medidas de mitigación que implicará el daño en el trazo de la reserva de Cuxtal al sur de Mérida y sólo se habla de un convenio entre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) –como promovente– con el gobierno municipal, pero se desconoce los alcances del mismo.
Criticaron la falta de transparencia en la toma de decisiones y el comienzo de las obras antes de las autorizaciones ambientales y otros estudios económicos, sociales o antropológicos, además de que en el proceso el proyecto presenta cambios de manera constante.
“Cuando se elabora la MIA el presupuesto ya fue asignado y la obra licitada, por lo que queda poco margen de maniobra para realizar cambios al diseño o en su caso efectuar incrementos al presupuesto asignado para las medidas ambientales compensatorias”, se indicó durante el encuentro transmitido en redes sociales.
Igual reflexionaron respecto al enorme costo aplicado en estudios de preinversión para la construcción de la vía ferroviaria de casi 187 millones de pesos, con una MIA elaborada con un enfoque parcial a favor del proyecto
Por todo lo anterior resumieron la necesidad de que representantes, investigadores y académicos, así como las comunidades mayas, puedan participar en la toma de decisiones.
Por Redacción Animal Político 25 de agosto de 2020
Entre 2009 y 2020, de acuerdo con información de medios locales, en el estado de Guanajuato se han encontrado 109 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 268 cuerpos.
Según el Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato, elaborado por diversos investigadores y organizaciones que realizaron un análisis de datos oficiales y reportes de prensa, dichos hallazgos se registraron en 29 de los 46 municipios, siendo 2019 el año con más casos.
Mientras que los municipios con más fosas encontradas fueron: Pénjamo, Irapuato, Villagrán y Celaya, mismos que han sido disputados desde hace tiempo por el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima.
Sin embargo, y pese a las evidencia periodística, el gobierno estatal asegura que no cuenta con registros de fosas clandestinas en los últimos años.
Desde 2015 las y los investigadores, a través de la plataforma de Transparencia, han solicitado al gobierno de Guanajuato el número de fosas clandestinas y de cuerpos recuperados en éstas, la respuesta siempre ha sido la misma: “no hay registro sobre la información solicitada”.
El informe señala que en agosto de 2018, el entonces procurador y hoy fiscal estatal, Carlos Zamarripa, hizo una declaración a medios locales en la que admitió la existencia de 5 fosas clandestinas, pero se refirió a ellas como excavaciones “para ocultar”.
Tras esta declaración, se hicieron nuevas solicitudes de información a la Fiscalía Estatal, la cual nuevamente negó la existencia de fosas.
La última solicitud de información en torno al tema se hizo el 20 de enero de 2020. En ella se pidió “información sobre el número y la ubicación de las fosas clandestinas o entierros clandestinos (superficiales o profundos) de cualquier tipo, así como de los restos humanos o cuerpos de personas encontrados desde que se tuviera registro”.
La respuesta llegó un mes después, el 13 de febrero de 2020; la Fiscalía “reiteró que no se contaba con registros de fosas en el estado y periodo peticionado, bajo el contexto referido”.
Los datos que contradicen al gobierno
Ante la falta de información por parte de las autoridades estatales, las organizaciones y especialistas decidieron recopilar la información recopilada en medios de comunicación.
Así como otros registros que si bien no son del gobierno si cuentan como oficiales al ser de organismos reconocidos por el Estado.
Uno de ellos es el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México 2016. Este documento dice que entre 2007 y septiembre de 2016 se encontraron 18 fosas clandestinas en la entidad, de las cuales se exhumaron 22 cuerpos.
En mayo de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) presentaron otro informe sobre fosas clandestinas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO).
En el informe se registró tan solo una fosa clandestina en Guanajuato en los primeros cinco meses del gobierno en turno, pero en su versión actualizada al 6 de enero de 2020 “no documentó la existencia de fosas clandestinas en el estado”.
Por otro lado, las organizaciones recopilaron las notas publicadas por medios locales referentes a fosas clandestinas entre 2009 y 2020.
En total se sumaron 109 fosas clandestinas y 268 cuerpos exhumados.
Entre 2017 y 2019 se observa un importante incremento en el número encontradas anualmente al pasar de 8 a 40 hallazgos.
Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato.
Ante la falta de información por parte de las autoridades estatales, las organizaciones y especialistas decidieron recopilar la información recopilada en medios de comunicación.
Así como otros registros que si bien no son del gobierno si cuentan como oficiales al ser de organismos reconocidos por el Estado.
Uno de ellos es el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México 2016. Este documento dice que entre 2007 y septiembre de 2016 se encontraron 18 fosas clandestinas en la entidad, de las cuales se exhumaron 22 cuerpos.
En mayo de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) presentaron otro informe sobre fosas clandestinas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO).
En el informe se registró tan solo una fosa clandestina en Guanajuato en los primeros cinco meses del gobierno en turno, pero en su versión actualizada al 6 de enero de 2020 “no documentó la existencia de fosas clandestinas en el estado”.
Por otro lado, las organizaciones recopilaron las notas publicadas por medios locales referentes a fosas clandestinas entre 2009 y 2020.
En total se sumaron 109 fosas clandestinas y 268 cuerpos exhumados.
Entre 2017 y 2019 se observa un importante incremento en el número encontradas anualmente al pasar de 8 a 40 hallazgos.
Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato. Imagen: Tomada de Animal Político
En cuanto al número de cuerpos exhumados por municipio, Villagrán encabeza la lista, seguido de Irapuato, Celaya y Pénjamo. Los cuatro municipios concentran el 46.3% del total de cuerpos exhumados en todo el estado.
En la última parte del informe se mencionan las deficiencias detecta
Entre otras cosas se resalta que la aprobación de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del estado se logró hasta mayo de 2020, lo que significó un retraso de casi dos años y medio con relación a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición.
Además, en dicho proceso legislativo, “la participación de familias, víctimas indirectas, organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de personas defensoras de derechos humanos fue bastante limitada” y ésta fue gracias solo a la presión social.
La participación social permitió que el pasado 3 de julio en el municipio de Uriangato, se llevó a cabo la primera búsqueda en terreno con la participación de colectivos y familiares del estado, acompañados por autoridades federales y estatales.
Las organizaciones que participaron en la elaboración del informe son: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH); Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica; el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana; Data Cívica, y Human Rights Data Analysis Group (HRDAG). Así como los investigadores Fabrizio Lorusso, de la Universidad Iberoamericana León; Jorge Ruiz Reyez, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana CDMX, y Oscar Elton, de Data Cívica.das en el gobierno estatal que derivan en la falta de atención para visibilizar el tema.
FRANZELY REYNA / NTRZACATECAS.COM, 25 de agosto de 2020
ZACATECAS. El movimiento feminista de Zacatecas denunció impunidad y corrupción por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), así como del Tribunal Superior de Justicia (TSJEZ) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEZ) en el caso de violación a una menor ocurrido en abril de 2020.
La activista Mara Muñoz Galván acusó que el presunto violador, quien tiene 16 años de edad, cuenta con protección de dichas instituciones mediante las cuales se manipularon las pruebas para dejarlo libre.
Además, lamentó que María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la CDHEZ, tenga conocimiento del hecho y una queja formal del caso desde julio y hasta el momento no haya actuado para eliminar la impunidad.
Muñoz Galván también expuso que, por parte de la defensa y en colusión con las autoridades, construyeron un perfil médico falso al presunto violador para tratar de corroborar ante el juez que el imputado no cometió el delito de violación equiparada.
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Cientos de niños en edad escolar de la Montaña, la Sierra y la zona Norte de Guerrero no tienen garantizado su derecho a la educación por las condiciones de pobreza, marginación y violencia que se vive en regiones completas de la entidad.
En esta entidad, la mayoría de los niños comparten las mismas precariedades pues no existen servicios de energía eléctrica, señal televisiva y mucho menos internet, además de que los monitores específicos para recibir la nueva señal conocidos como “smart tv”, en la mayoría de la población son inalcanzables por el elevado costo.
Mientras en la zona indígena de la montaña guerrense, la desnutrición y migración son la constante; en la franja amapolera y minera de la entidad, la confrontación armada entre bandas crimínales han convertido en fantasma, pueblos enteros y los jóvenes son reclutados por grupos paramilitares y utilizados como soldados desechables.
Apenas el domingo, en el poblado de Tianquizolco, municipio de Cuetzala, el grupo armado de Los Tlacos que dirige Onésimo Marquina Chapa El Necho atacó la localidad donde opera una guardia comunitaria y la confrontación dejó un saldo de al menos 10 personas muertas.
Un comunicado oficial, confirmó cinco muertes y justificó la inoperancia de la policía estatal, argumentando que los agentes estaban a 50 kilómetros del lugar.
No obstante, pobladores desplazados de Tianquizolco informaron que, en su pueblo, los agresores cortaron la energía eléctrica y no había comunicación satelital.
Esta situación, provocó que los niños del municipio de Cuetzala no pudieran presenciar el inicio del ciclo escolar pues no existen condiciones de seguridad y tecnológicas, mucho menos garantías para lograr su educación, señalaron los desplazados.
Poza Rica, Ver.- El gobierno federal y Petróleos Mexicanos continúan con sus planes de realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en la cuenca Tampico-Misantla utilizando técnicas dañinas para el medio ambiente y la salud pública, como el fracking.
La Alianza Mexicana contra el fracking lamentó que el órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos haya emitido opinión positiva al dictamen técnico presentado por la Sener para el otorgamiento de 3 asignaciones (Xanati, Yuban y Chuyan) ubicadas en el norte de Veracruz, dentro del Paleocanal de Chicontepec.
“Las más de 40 organizaciones que conformamos la Alianza Mexicana contra el fracking exhortamos a la Sener a acatar y ser congruente con el compromiso establecido por el Presidente. Reiteramos nuestra exigencia al Ejecutivo de cumplir con el compromiso de gobierno número 75 y prohibir el fracking en México ya”.
Asimismo, esta alianza exigió dejar de gastar los recursos económicos en campos no convencionales y en fractura hidráulica, ya que la evidencia científica muestra que pone en riesgo al medio ambiente y la salud de las personas.
La comisionada de la CNH, Alma América Porres, se pronunció por no realizar actividades no convencionales. “Si Pemex va a trabajar en estas áreas, existe un pronunciamiento en los cuales no se hará actividad para obtener reservas”, precisó.
La Alianza Nacional contra el fracking reveló que durante el gobierno de López Obrador, la CNH autorizó siete planes de exploración (2019) que involucran el uso de fracking y es Pemex Exploración y Producción (PEP) la encargada de gestionar seis de las áreas aprobadas.
En una carta enviada al Presidente de la República, se le hizo saber que sorprendió el hecho de que su administración haya solicitado la aprobación de recursos para dos proyectos de Pemex que requieren fracking: Aceite Terciario del Golfo y Aceite y Gas en Lutitas, por un total de $6,603,959,696 pesos.
TEPIC, Nayarit (OEM-Informex).- Debido a la falta de acciones por parte de la Fiscalía General del Estado, para investigar los casos de desapariciones forzadas que se presentaron principalmente durante el mando del ex fiscal Edgar Veytia, quien presuntamente sostenía vínculos con el crimen organizado, la asociación civil “IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos” en conjunto con 4 colectivos de personas desaparecidas solicitaron al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitir acciones urgentes, para que el Estado Mexicano tome las medidas, para la investigación, búsqueda y pronta localización de 39 personas desaparecidas entre abril del 2012 y mayo del 2020
El subdirector de la asociación en cuestión, Jérémy Renaux, explicó que la mayoría de las desapariciones ocurrieron en 2017, tras la detención de Veytia, a quien acusan de utilizar la maquinaria institucional, durante su gestión, para cometer asesinatos, desapariciones, tortura y despojo de bienes.
A la llegada del actual gobernador, Antonio Echevarría, explicó que se desató una ola sin precedentes de desapariciones de jóvenes entre 16 y 35 años, realizadas por agentes de la Fiscalía, cercanos al ex fiscal y vinculados al tráfico de drogas. Oficialmente en Nayarit se reportan 804 desaparecidos, pero los colectivos alertan un subregistro de casos.
Ante esta situación, IDHEA y los colectivos denunciaron que no hay voluntad por parte de la Fiscalía, para esclarecer los hechos y detener a los responsables que en este momento se encuentran trabajando en la instancia, lo que les deja claro el encubrimiento que perpetua la impunidad y que permite que aún estén desapareciendo nayaritas y que los familiares de estos que se han abocado a su búsqueda, sean objeto de amenazas.
En respuesta a la solicitud, dijo que en la resolución del 24 de agosto, el Comité de la ONU emitió 39 acciones urgentes y dictó una serie de medidas al Estado Mexicano, entre las que destaca que se genere una estrategia, para la búsqueda e investigación de los casos, tomando en cuenta el contexto y patrones, así como también pide asegurar la competencia, imparcialidad e independencia de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas del estado de Nayarit y que a su vez, a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Calle Comisión Estatal de Búsqueda se les garantice acceso a los expedientes penales de la víctimas.
Por medio de sus redes sociales, integrantes del Colectivo Solecito de búsqueda de desaparecidos, expresaron su preocupación por las recientes desapariciones de menores de edad en Veracruz, que en los dos meses anteriores suman al menos 21 casos reportados por la Comisión Estatal de Búsqueda.
Los menores desaparecidos durante junio, julio y agosto se encuentran entre los 14 y 17 años en su mayoría, además que, a excepción de un par de casos, casi todas las fichas de búsqueda corresponden a niñas y adolescentes.
A pesar que varias de las menores desaparecidas fueron localizadas con vida, para el colectivo de búsqueda no deja de ser preocupante el aumento de los casos de menores desaparecidos.
En el mensaje de redes exhortaron a las autoridades a implementar acciones que reduzcan la incidencia de esa “terrible tendencia”.
Alarmante en extremo la cantidad de menores de edad que están desapareciendo en Veracruz. Hacemos un llamado a las autoridades a buscar soluciones para evitar esta terrible tendencia. No vemos que estén tomando acciones para evitarla. pic.twitter.com/dpGZDbJNmZ
Alejandro Romo/Newsweek Aguascalientes
25 agosto 2020
Aguascalientes inició el proceso de desconfinamiento y de reapertura gradual de la economía una semana antes de que concluyera la Jornada Nacional de Sana Distancia, es decir el 25 de mayo.
Desde entonces, prácticamente todos los sectores económicos, productivos y sociales han retomado sus actividades bajo ciertos protocolos sanitarios, pero a pesar de ello se han registrado incrementos exponenciales en el número de contagios, ocupación hospitalaria y defunciones atribuidas al Covid-19.
El día de hoy, a tres meses de haberse iniciado el proceso de reapertura en Aguascalientes, las cifras de la pandemia no son halagadoras, ya que se han rebasado las 400 defunciones y se aproximan los 7 mil contagios.
Para el 25 de mayo la Secretaría de Salud Estatal reportaba 907 casos confirmados, 20 casos sospechosos y 403 pacientes recuperados. En ese momento las defunciones sumaban 28.
La ocupación hospitalaria era ínfima, con sólo 39 pacientes con síntomas graves o muy graves del Covid-19, lo que representó una ocupación del 13% en camas generales y del 18% en camas de terapia intensiva.
Tres meses después el panorama es muy distinto. La entidad acumula 6 mil 748 contagios de Covid-19, 194 casos sospechosos y 5 mil 227 pacientes recuperados. Al día de hoy se contabilizan 413 defunciones.
En relación a pacientes hospitalizados, por primera vez se rebasó la cifra de 200, luego de que el último reporte técnico indicara 205 pacientes con síntomas graves o muy graves.
Lo anterior ha llevado a que Aguascalientes ocupe el tercer lugar nacional en mayor ocupación de camas de terapia intensiva, con un porcentaje del 52%, sólo debajo de Colima (62%) y Nuevo León (58%).
A continuación se presenta la variación que ha tenido la pandemia del Covid-19 a tres meses de la reactivación económica y social del estado:
MIXQUIAHUALA.- Yasmín Ángeles fue vista por última vez en la parada de transporte de Mixquiahuala, cuando abordó un microbús con destinó a la refinería Miguel Hidalgo. A 30 minutos de ahí, en el centro de Tlaxcoapan, desapareció Dulce María Hernández luego de descender de un taxi, y a Marina Zavala se le perdió el rastro afuera de la pastelería El Arlequín, en la cabecera municipal de Tlahuelilpan.
Las tres jóvenes que desaparecieron entre 2017 y 2020 tienen en común la tez morena clara y el cabello ondulado, además de habitar el Valle del Mezquital: región con alta incidencia de homicidios dolosos, la operación de grupos criminales vinculados al robo de hidrocarburo a ductos de Pemex, secuestro, extorsiones y narcomenudeo, además de contaminación producto de actividades industriales.
En este contexto, las familias de las tres jóvenes han emprendido su propia búsqueda, en la que se han encontrado con extorsionadores, hostigamiento, fraudes, así como con el respaldo de la sociedad de la región, que en las dos últimas semanas han efectuado al menos siete movilizaciones para exigir que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) esclarezca los casos de desapariciones y homicidios de mujeres.
“YA SE HUBIERA COMUNICADO”
Verónica Encarnación, mamá de Yasmín Ángeles, señala que el martes 11 de agosto, su hija fue captada por una cámara de vigilancia en la parada de camiones de Mixquiahuala, al abordar un microbús con destino a la Refinería Miguel Hidalgo.
Antes de abordar el transporte, la joven de 19 años iba hablando por teléfono, para Verónica, conocer las llamadas que salieron y entraron al número de su hija ayudaría a saber con quién habló, pero hasta el momento, el Ministerio Público de Mixquiahuala no le ha dado información.
Prácticamente no me han dicho nada. Yo fui a preguntar al MP y me dicen ‘se está trabajando en eso, pero, mire, tenemos estas prioridades’, que es un muchacho que se llevaron a Pachuca, una violación, y lo de mi hija, esas son las tres prioridades, pero yo hasta ahorita no he recibido nada”.
Conocer el lugar en el que la joven descendió del micro o si llegó hasta la refinería, agrega, serviría a la familia para volantear.
Además, refiere que las primas de Yasmín pegaban fichas de búsqueda cuando una vendedora de nopales les dijo que vio a joven cerca de Tlaxcoapan, pero cuando la señora Verónica quiso contactar a la mujer, no la encontró.
En Tlaxcoapan abrieron un bar nuevo… cuando anduvimos pegando papeles, un señor nos dijo que, por ahí por esos lugares, el sábado o el domingo -15 o 16 de agosto- recogieron a tres jóvenes que estaban tiradas así en la banqueta. Llegó un hombre, las levantó y se las llevó a todas. Yo le dije al judicial del MP, ‘a lo mejor son comentarios y Dios quiera que mi hija no esté ahí’, pero son comentarios que cabría la posibilidad de que posiblemente ahí la tuvieran, pero no estoy segura”.
El día que Yasmín desapareció vestía un pantalón de camuflaje gris y una playera azul. Salió de la casa de su abuelo paterno por la mañana, alrededor de las 11 llegó a Palmillas, donde vio a su abuela, de ahí se dirigiría a la casa de su hermana, en la comunidad de Cocinas, pero no llegó.
Alrededor de las 4 de la tarde la familia notó que la joven no se presentó con su hermana mayor, a partir de ahí empezó la búsqueda en redes sociales y con ello las extorsiones telefónicas, por whatsapp y Facebook.
Un hombre llamó al teléfono de mi hijo. Le dijo ‘yo nadamás quiero gastos, pero él le dijo no tengo dinero y colgó’. En otra llamada dijo que ya la tenían –a Yasmín- y que la iban a entregar en Pachuca, en la terminal, que si querían en un lugar público”.
Saber quién se comunicó con ella antes de abordar el transporte y si la iba dirigiendo, señala Verónica, pues no tenía novio o amigos.
Por mucho que nos hubiéramos peleado, que le hubiéramos pegado, hubiera un problema así grande, grande, para que ella dijera definitivamente yo no hablo con mi mamá, pero ya es mucho, ya son muchos días… Yo me duermo y me levanto con la misma esperanza de saber de ella, pero no, llega un día y otro día y no aparece. Yo ya no sé qué hacer más para buscarla”.
UN FRAUDE, UN MENSAJE Y POCAS RESPUESTAS
Al pasar los meses y al no obtener información de parte del Ministerio Público, Martha León contrató a un investigador privado para encontrar a su hija de 23 años, Dulce María Hernández León, quien desapareció la noche del 6 de septiembre de 2017 en Tlaxcoapan.
La madre de familia, quien ahora se encarga del hijo de Dulce María, entregó distintas cantidades de dinero que le pedía el sujeto, calcula que en promedio desembolsó 50 mil pesos, pero al no obtener información empezó a presionarlo hasta que un día el hombre dejó de contestar las llamadas y desapareció con la copia del expediente del caso.
La desesperación, confesó la señora Martha, la llevó a consultar a una mujer que se dedica a la lectura de tarot, quien le aseguró que la joven está viva.
El rastro de Dulce María se perdió entre la calle Francisco I. Madero y 5 de Mayo, en la cabecera municipal de Tlaxcoapan, donde descendió del taxi que abordó en Tula con una compañera de trabajo, alrededor de las 10 de la noche.
El chofer, refirió Martha, dejó primero a la compañera de Dulce María y después se trasladó al centro de Tlaxcoapan, donde la joven se encontraría con su novio.
El día que Dulce María desapareció vestía un pantalón de mezclilla azul claro, una playera tipo polo con el logo de CONTIGO, empresa en la que trabajaba, una chamarra negra y una bolsa grande café con expedientes.
MARIANA, EL DETONANTE DE MOVILIZACIONES
El pasado 9 de agosto familiares y amigos de Mariana Zavala recorrieron las calles principales de Tlahuelilpan por la desaparición de la joven de 18 años. A esa movilización le sucedieron al menos seis en las siguientes dos semanas. La demanda también se amplió, para encontrar a Dulce María, Yasmín y Fabiola Cornejo, desaparecida el 20 de enero de 2019.
Con la voz entrecortada, la mamá de Mariana, Magdalena Escamilla Padilla, agradeció el apoyo para difundir el caso de su hija.
Nunca pensé estar en esta situación, a mi hija la necesito. ¿Qué le pudo haber pasado? Quiero darle las gracias de todo corazón. Quiero agradecer su tiempo, por las palabras de aliento que me han dado. Es difícil, de algún modo la seguiré buscando”.
La estudiante de prepa fue vista por última vez el 2 de agosto en la cabecera municipal de Tlahuelilpan. Vestía una blusa rosa, una sudadera gris, pants negro con franjas blancas, tennis amarillos y una bolsa floreada.
Tras la marcha de Tlahuelilpan y con el caso de Mariana en medios de comunicación estales y nacionales, el 15 de agosto más de 2 mil personas de ocho municipios recorrieron 21.4 kilómetros para reclamar justicia.
El contingente partió de Atitalaquia, donde dos días antes fue hallado el cuerpo de Alondra Castillo, llegó a Tlaxcoapan, lugar en el que desapareció Dulce María y concluyó en Tlahuelipan, último sitio en el que fue vista Mariana Zavala.
Para el lunes 17, colectivos de feministas realizaron pintas en zonas públicas de Tula, luego de que la PGJH confirmara que el cuerpo hallado en la presa Endhó, el 30 de julio, correspondía a Dannia Larios, de 17 años.
El pasado fin de semana, cientos de personas marcharon en Atotonilco de Tula, y de Mixquiahuala a Progreso de Obregón, además, este lunes se prevén más movilizaciones.
Carecen de las herramientas tecnológicas para continuar estudiando
Mildra Benítez Robledo / Realidades de Nayarit
Tepic, Nayarit.- Lunes 24 de agosto del 2020.- A raíz de la pobreza y marginación en la que viven las comunidades indígenas de Nayarit, ante el arranque del nuevo ciclo escolar 2020-2021 los niños en su mayoría no tendrán la oportunidad de aprender, pues se carece de las herramientas tecnológicas, para hacerlo.
La presidente del “Colectivo de Artesanos de los 4 Pueblos Originarios de Nayarit”, María Belén Muñoz Barajas, señaló que la educación de los estudiantes, posiblemente quede interrumpida a causa de la pandemia que ha provocado que las clases de manera presencial, quedarán descartadas.
Ante estas circunstancias, advirtió que se presentará un fuerte rezago educativo en los ejidos, sobre todo serranos en donde no tienen ni si quiera electricidad y en los que sí la hay, no llega la señal del internet ni de la televisión.
Por las razones antes expuestas, una vez más los alumnos de las diferentes etnias quedarán excluidos de dicho ámbito, lo cual es consecuencia del olvido en el que los indígenas han vivido toda la vida, dado que los gobiernos nunca se han preocupado por llevar el desarrollo a todos los rincones de la Entidad.
En el anterior ciclo escolar, mismo que se detuvo a mediados del primer trimestre del año, los docentes se vieron en la necesidad de evaluar y entregar calificaciones con lo que ya tenían, así que ante el inicio del nuevo, la situación será difícil.
Para concluir, Belén Muñoz Barajas, añadió que como si las cosas no fueran ya complicadas, la mayoría de los indígenas que viven de la venta de artesanías en la capital nayarita no cuentan con los recursos, para la compra de útiles, dado que las ventas cayeron.
Las familias que integran la Red Estatal de Desaparecidos en Colima A.C. han convocado a salir a las calles para marchar por sus amores desaparecidos el próximo 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Redacción / Zona Docs
La cita es el próximo domingo 30 de agosto en punto de las 9:00 a.m. La caminata iniciará en el Parque Piedra Lisa con rumbo al Jardín Libertad en la ciudad de Colima.
Se pide a las y los asistentes acudir con cubrebocas y, en el lugar, guardar la sana distancia. A las y los familiares se solicita que asistan con las fotografías y lonas de sus seres queridosdesaparecidos.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNO), en el estado de Colima han sido reportadas como desaparecidas 3 mil 443 personas desde los años 60s hasta la última actualización del día 24 de agosto. De éstas, 2 mil 192 han sido localizadas (161 sin vida y 2 mil 031 con vida); por lo que, continúan con paradero desconocido mil 251 personas.
El municipio de Colima registra el mayor número de casos con 875 personas desaparecidas; le sigue Manzanillo con 861 personas desaparecidas; y en tercer lugar, Tecomán con 649 reportes de desaparición.
En lo que va del año 2020, 136 personas han sido reportadas como desaparecidas, 67 hombres y 69 mujeres.
olima, México, Avanzada (24/08/2020).- Durante los primeros siete meses de este año, el estado de Colima se colocó con el mayor incremento de feminicidios en el país, en comparación con el mismo periodo de 2019, de acuerdo con los datos dados a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
Al presentar el mapa de incidencia delictiva del mes de julio durante la conferencia mañanera realizada en Zacatecas, el funcionario federal señaló que en lo que va del año el feminicidio se incrementó en 17 entidades del país en 7.7 por ciento a nivel nacional.
Entre las entidades que mencionó donde creció el feminicidio fue Colima, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Ciudad de México, Oaxaca, Nuevo León, Chiapas, Campeche, Nayarit, Baja California Sur, Baja California, Estado de México, Yucatán, Morelos, Guanajuato, Puebla.
Además de Colima, los estados con mayor aumento entre junio y julio en materia de feminicidios fueron Michoacán y Guerrero, al pasar de 2 a 10 , y de 1 a 10 carpetas de investigación respectivamente, seguidos del Estado de México, al pasar de 17 a 80 carpetas de investigación.
Los estados con menos denuncias por feminicidio son Aguascalientes (1), Querétaro (1), Tlaxcala (1), Baja California Sur (2) y Campeche (3).
Durazo dijo que a nivel nacional en julio de este año se reportaron 489 feminicidios, asesinatos violentos de mujeres por ser mujeres, un 5.4 por ciento más feminicidios con respecto al mismo periodo, pero de 2019 y un aumento del 7.7 por ciento en el ámbito nacional durante este 2020.
En el caso de Colima, el crecimiento del feminicidio fue de un 200 por ciento, pues la cifra se triplicó al pasar de 3 durante los primeros siete meses de 2019 a 9 en el mismo periodo del presente año.
En total, desde el año 2016 hasta la fecha, el número de feminicidios registrados en Colima han sido 60, de los que 23 se contabilizaron en 2016, 4 durante 2017, 13 en 2018, 11 en 2019 y 9 en lo que va de 2020.
El hecho ocurrió el pasado 8 de agosto en las inmediaciones del parque Miguel Hidalgo y las instalaciones del Ayuntamiento de aquel municipio; las afectadas señalaron que fueron interceptadas por cinco unidades policíacas.
Una manifestación pacifica realizada por el Contingente Feminista Tecate, el 8 de agosto de este año, en las inmediaciones del parque Miguel Hidalgo y el Ayuntamiento de Tecate, terminó en la detención de cuatro mujeres jóvenes, por parte de elementos de seguridad y prevención ciudadana del municipio.
La protesta pacífica fue convocada a través de redes sociales por el contingente feminista con la finalidad de “concientizar a la población con carteles, folletos y cartulinas, utilizando cifras de carácter oficial además de diferentes consignas, sobre la violencia de género que se vive todos los días en nuestro municipio” (se lee en comunicado de la organización).
De acuerdo con las activistas, acudieron a la convocatoria 15 mujeres, tanto pertenecientes al Contingente Feminista de Tecate como afines al movimiento contra la violencia y discriminación de las mujeres. Su protesta -de inicio- se desarrolló en el parque Miguel Hidalgo y concluyó a las afueras del Palacio Municipal.
A través de un comunicado y pliego petitorio que las feministas compartieron en sus redes sociales, narraron su versión de cómo ocurrieron los hechos el 8 de agosto, y denunciaron abuso de autoridad por parte de la policía municipal, además de uso excesivo de la fuerza, violencia e insultos en contra de las activistas.
Apelando a su narrativa de hechos, las inconformes contaron que el policía que se encontraba en las puertas del inmueble, les dijo en una ocasión que no contaban con el permiso requerido para colocar pancartas en las paredes del Palacio Municipal. Ellas argumentaron al elemento de seguridad que nunca habían tenido algún problema con manifestarse de esa manera en el ayuntamiento.
“Eso se va investigar; si hay, van a tener que ser sancionados de acuerdo a la ley, así nomás: la ley dice que es lo que se tiene, más siendo servidores públicos. Aquí no se tolera ni se encubre a nadie; se las ha dicho muy bien, se las ha leído, son las instrucciones de las señora alcaldesa. El que haga mal las cosas, aténgase a las consecuencias”, aseguró el Mayor Orlando Hernández.
No se necesita permiso para manifestarse en Tecate, solo avisar
Respecto a lo sucedido hace más de una semana, la presidenta Municipal de Tecate Olga Zulema Adams Pereyra lamentó la detención de las cuatro mujeres que se manifestaban pacíficamente afuera del Ayuntamiento, así como las supuestas agresiones que sufrieron de parte de elementos de seguridad ciudadana.
“Fue muy lamentable los hechos, se tiene que hacer toda una investigación, qué fue lo que pasó. Ya tenemos identificados a los elementos que participaron y vamos a ver el tema con los policías; si son culpables de alguna irregularidad, vendrá la suspensión”, declaró Adams Pereyra en entrevista para ZETA.
Agregó que están investigando el tema de cuántos vehículos participaron en el operativo, porque a ella la dirección de policía le planteó que solo fue una unidad, mientras que las agraviadas señalan que fueron al menos cinco (dos motocicletas, dos patrullas y la unidad K9).
Respecto al supuesto permiso que deben pedir para sus protestas, la alcaldesa negó rotundamente que exista tal requisito para manifestarse en el municipio que gobierna; por el contrario, ha sugerido a las activistas que si es de su agrado notifiquen a la alcaldía, para que se enviaran mujeres policías a resguardarlas y cuidarlas, como se ha hecho en otras manifestaciones.
“Yo les decía: si ellas gustaran, estarnos avisando para nosotros mandar puras mujeres que obviamente las mujeres traen más el tema que los hombres; pero ahorita vamos a empezar con una serie de capacitaciones, en donde se les está concientizando con el tema. Y no nomás el tema de mujeres, sino también el tema de discapacitados”, agregó.
Por último, la alcaldesa reiteró que es lamentable lo sucedido el 8 de agosto en su municipio, pero dio certeza de proseguir con la investigación de los hechos.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a ver todo lo que ellas ya me trajeron; vinieron con mil 677 firmas de todo el país, pero hay que ver nosotros aquí sobre la policía. Nosotros vamos a concientizar a sensibilizar y hacer todo”, finalizó.
Xalapa, VER. (proceso).- En el entramado de sobornos de la empresa Odebrecht en México, el gobierno de Veracruz jugó un papel clave.
Según exdirectivos de la empresa brasileña, durante su campaña electoral Javier Duarte recibió 500 mil dólares; a cambio el priista concesionó a la constructora de Marcelo Odebrecht el cobro del agua de los veracruzanos por un periodo de 30 años.
Así, la entidad se convirtió en uno de los centros financieros y trampolín de la firma brasileña para canalizar hasta 13 millones 912 mil dólares a otros países mediante empresas fantasma, como Blunderbuss de México, según documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera, además del negocio del cobro del agua cuyas tarifas, según denuncias de los usuarios, se ha incrementado entre 30% y 50%.
En 2016, cuando compareció ante la procuraduría de Brasil, Meneses Weyll, quien fue representante de Odebrecht en México, admitió los sobornos a Duarte. Hasta el momento la Fiscalía General de la República no se ha referido a este tema, aun cuando los tentáculos de la empresa brasileña se iniciaron en Veracruz, donde Braskem –su filial– fincó su coto del polietileno por medio de Etileno XXI.
Documentos consultados por Proceso indican que, en sociedad con Aguas de Barcelona (Agbar), la empresa de Marcelo Odebrecht tiene la concesión para el cobro del agua en tres de los principales municipios de Veracruz: Medellín, Puerto de Veracruz y Boca del Río.
Duarte, preso en el Reclusorio Norte por el delito de asociación delictuosa y lavado de dinero, asumió el gobierno en diciembre de 2010. Casi un lustro después, el 1 de julio de 2015, instruyó al Congreso local a declarar la quiebra técnica del organismo público descentralizado Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), para que el título de concesión quedara en manos de Odebrecht y Agbar, que mediante un fideicomiso administran el cobro del líquido.
El título de concesión sólo está firmado por los ayuntamientos de Veracruz y Medellín. En el caso de Boca del Río, el entonces alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez no cedió; aun así, el ayuntamiento compra el agua a Odebrecht “en bloque”.
En la página siete del título de concesión se establece que el 9 de junio de 2015, luego de que el SAS decidiera que el ganador de la licitación era Odebrecht Ambiental e Interagbar de México (filial de Aguas de Barcelona), ambas integraron la empresa Grupo Ambiental ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V., que a su vez formó el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) con el SAS de Veracruz, Boca de Río y Medellín.
El 18 de febrero de 2015 Duarte también ordenó licitar la privatización del agua; el 8 de julio de ese año el entonces mandatario decidió liquidar el SAS por “insolvencia financiera agravada… lo que motiva su extinción”. Una semana después los trabajadores del organismo fueron notificados y se les prohibió la entrada a las instalaciones.
Odebrecht obtuvo todas las facilidades en el título de concesión. Así, por ejemplo, si durante 10 días no trabaja a causa de un ciclón, ese tiempo no se computa para los 30 años de vigencia; se le autoriza a subir las tarifas del agua para que la empresa nunca pierda; si en esos 30 años crece la demanda, la ampliación de infraestructura será pagada por los tres ayuntamientos; la constructora brasileña tampoco es responsable de los pasivos ambientales que se generen.
El gigante consentido
“Trátenme bien a Odebrecht, traen (sic) una inversión millonaria”, expresó el entonces gobernador Duarte a una treintena de columnistas, directores y dueños de medios con los que solía reunirse con frecuencia.
En el encuentro del 3 de enero de 2016 Odebrecht, que pretendía adjudicarse la construcción de la primera presa de Veracruz, en la cual pretendía invertir 5 mil 400 millones, mientras que el gobierno estatal aportaría 356 millones de pesos más, mediante la Secretaría de Finanzas y Planeación, tuvo su primer descalabro.
Angélica Navarrete Mendoza, líder del Sindicato de Trabajadores Teniente José Azueta, increpó al entonces alcalde del Puerto de Veracruz, el priista Ramón Poo Gil: “¿Por qué tanta insistencia, señor alcalde? ¿Quiere privatizar? ¡Hágalo!… pero por qué no buscar una empresa que no esté salpicada de corrupción a nivel mundial, cómo lo está Odebrecht”.
Poo respondió tajante a Navarrete y a los sindicalistas que la acompañaban: Odebrecht va con Aguas de Barcelona y se buscará –dijo– que cientos de empleados sean reacomodados en el nuevo organismo administrador del agua.
Poo no cumplió. Además, según Navarrete, dos años antes de la extinción del SAS él facturó entre 700 mil y 1 millón de pesos mensuales al organismo paramunicipal en compras de insumos electrónicos y papelería a Tiendas Contino, que pertenecía a la familia del entonces alcalde.
Tres días después, durante la celebración de la promulgación de la Ley Agraria en el World Trade Center (WTC), en Boca del Río, Duarte recibió al entonces presidente Enrique Peña Nieto como en los tiempos de gloria del PRI, con más de 10 mil campesinos.
Cientos de empleados del disuelto SAS organizaron una manifestación para informar a Peña Nieto sobre la pérdida de 2 mil empleos: “Ese día –cuenta Navarrete– íbamos marchando hacía el evento de Peña Nieto, pero a la altura del casino Caliente (300 metros antes de llegar al WTC), nos pararon navales y policías en la avenida Adolfo Ruiz Cortines. Entre gritos y desconcierto, un teniente de la Marina se nos acerca y nos suelta sin más:
“‘El problema del agua no es del alcalde (sic) ni del gobernador (sic), es orden federal, es orden presidencial. ¡Retírense!’… Nos retiramos para evitar un enfrentamiento o evitar una desaparición forzada (sic), como se acostumbraba en aquel entonces.”
El sindicato José Azueta sigue en pie de lucha con marchas y promoviendo amparos. En julio pasado se cumplieron cuatro años de la disolución del SAS. Desde entonces, nueve obreros, entre operadores de pipa, operadores de pozos y plantas, así como auxiliares administrativos, han fallecido sin que sus familias sean indemnizadas.
Fernando Yunes Márquez, quien sucedió a Poo en la alcaldía de Veracruz, comenta a Proceso que es “muy complejo” extinguir el título de concesión a Odebrecht. Si el Congreso local decide hacerlo, los ayuntamientos y el estado tendrían que pagar el finiquito a 2 mil empleados del extinto SAS y a 400 que actualmente opera el Grupo MAS, estimado en mil 500 millones de pesos.
“Es inviable financieramente extinguirlo. Hemos venido haciendo lo que se puede: meter orden, exigiendo mejoras al servicio. En cambio, hay que decirlo, el SAS era insostenible, se utilizó durante el sexenio de Duarte y el anterior, de Fidel Herrera, como agencia de colocación. Toda persona que pedía empleo iba al SAS, sus pérdidas eran subsidiadas por el gobierno”, comenta el alcalde.
Admite que “probablemente” Odebrecht no era la empresa más adecuada para hacerse cargo del agua; advierte que la concesión de 30 años tiene cláusulas muy definidas, como indemnización millonaria, no liquidación de la actual plantilla laboral, además de tener la carga del extinto sindicato José Azueta.
“En términos coloquiales –dice–, Grupo MAS funciona mejor de lo que parece; la operación no es el problema más grave. Es un tema financiero: lo que quebró al SAS fue que durante 10 años no subieron tarifas, por el sindicato, por las componendas políticas, era una vil agencia de colocaciones. Hoy, con Grupo MAS, estamos exigiendo mejoras al servicio. Y ahí vamos.”
Durante unos 100 años la recolección de resina de pino ha abonado al cuidado de los bosques en Michoacán, amenazados por la agroindustria, y ha sido fuente de ingresos para las familias. Sin embargo, por la suspensión de actividades industriales del sector durante la COVID-19, 50 mil personas de alrededor de 10 mil familias del centro, oriente y Meseta Purépecha están al borde de la pobreza alimentaria.
Foto: Tomada de sinembargo.mx
Por Dulce Olvera/ SinEmbargo 23 de agosto de 2020
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– Alrededor de 10 mil familias recolectoras de resina de pino en bosques del oriente, el centro y en la Meseta Purépecha de Michoacán, integradas por unas 50 mil personas, enfrentan una urgencia alimentaria por la suspensión de actividades industriales durante la pandemia. Ante la falta de ingresos, se alimentan principalmente con hongos y quelites, pero cuando termine la época de lluvias en noviembre, sus alternativas son inciertas y riesgosas para los bosques que suministran de agua a las ciudades.
“Las lluvias han estado inciertas, pero normalmente se terminan en noviembre. En esos meses de secas ya no habría forma de seguir sustentándonos de recursos. No sabemos de qué vamos a vivir después de esos días. Se puede prestar a que haya un impacto ambiental que no podamos controlar nosotros como resineros y habitantes de nuestros bosques”, aseguró Rosa Icela Soto, de familia resinera del Ejido Mata de Pinos, en el municipio de Hidalgo, Michoacán. “El cambio climático nos ha estado golpeando muy fuerte y las áreas que están protegidas por los resineros son las que han sobrevivido y mantenido nuestro equilibrio ambiental. Pero con esto hay un riesgo muy alto de tala ilegal”, lamentó.
Los ingresos que las familias obtienen por la recolección de resina, alrededor de 50 mil pesos por año, los destinan en su mayoría a cubrir sus necesidades básicas de alimentación y a la compra de utensilios para las actividades escolares de niños y niñas. Al no ser propietarios de las tierras, pagan una renta por los árboles que trabajan a los ejidos y comunidades. La actividad de abrir una fisura para recolectar el líquido sin talar ni dañar al árbol es una tradición de al menos 100 años. Se puede usar el mismo árbol hasta por 40 años y abona a la permanencia de los bosques michoacanos, frente a la amenaza del cambio de uso de suelo para expandir cultivos de aguacate y berries.
Los ingresos que las familias obtienen por la recolección de resina, alrededor de 50 mil pesos por año, los destinan a cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Foto: Cuartoscuro.
“La actividad de la resina nos permite el empleo de todos los que se dedican a ello y por el otro lado se cuida el bosque para que no haya incendios, que no corten ilegalmente leña y también se cuida si hay un brote de plagas”, explicó Abel Tello, de la Asociación Regional de Interés Colectivo (ARIC), que agrupa a 27 ejidos de Michoacán, quien ha notado la crisis climática en la región por el calentamiento global.
Sin embargo, desde marzo, cuando comenzó a expandirse la COVID-19 en México, se redujo la demanda de resina por parte de las industrias (aguarrás, pintura, limpieza…) y desde mediados de abril están suspendidas las actividades, por lo que las y los recolectores de resina se han quedado sin ingresos desde hace cinco meses y, junto con sus familias, están a un paso de la pobreza alimentaria.
“Como su economía depende de la permanencia del bosque, protegen y cuidan cada árbol. Con su actividad productiva evitan la deforestación, combaten incendios y mejoran la calidad de los servicios ambientales que proveen, entre ellos, la recarga de acuíferos, la captura de carbono, la conservación del suelo y la biodiversidad y la regulación de la temperatura”, alertaron decenas de organizaciones, comunidades indígenas y ejidatarios al Gobernador Silvano Aureoles Cornejo en una carta. “El 30 por ciento del suministro del agua del Sistema Cutzamala proviene de la captación de agua que realizan los bosques de Michoacán. Su desaparición también comprometería la provisión de agua de millones de personas en el área del Valle de México”.
Además de la recolección de plantas comestibles para complementar su alimentación, también se ha incrementado el número de cazadores en busca de carne de monte, o están migrando a las empacadoras de fresas en otros municipios o a Estados Unidos, lo que agrava el riesgo de contagio por coronavirus.
Algunas personas coludidas con bandas criminales vieron a los bosques como un botín. Foto: Cuartoscuro.
Los que se quedan, tienen la alternativa de talar los árboles de pino, malbaratar los trozos con los intermediarios y agravar la deforestación causada por el cambio de uso de suelo de miles de hectáreas de bosque para la siembra de aguacates y berries por parte de la agroindustria, que también contamina el agua y el aire.
“Con la expansión descontrolada del cultivo del aguacate, la amenaza y la presión para desaparecer los bosques resineros es mucho mayor. Algunas personas coludidas con bandas criminales vieron a los bosques como un botín. En un breve periodo, los recursos forestales de la región oriente de Michoacán fueron arrasados. Fue un verdadero desastre ambiental”, acusaron en el pronunciamiento que entregaron este martes a la Casa de Gobierno.
Del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (GIRA), Jaime Navia observó que la agroindustria sigue laborando durante al pandemia, por lo que resineros han decidido ir a trabajar a los cultivos de aguacate o berrie “obligados por las circunstancias”.
La crisis económica y sanitaria, dijo, no solo ha afectado a las 10 mil familias de resineros, sino a miles de familias del sector forestal, por lo que la competencia en recolección de hongos y quelites para comer es mayor. En el caso de los dueños de parcelas, dijo, han vuelto a sembrar maíz y frijol para subsistir cuando puedan cosechar en diciembre y enero.
PIDEN REACTIVACIÓN DE ACTIVIDAD
La carencia de derechos sobre la tierra en muchos casos les impide a las familias de resineros acceder a apoyos de Gobierno federal como Sembrando Vida y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Además no están registrados en el seguro social y para las comunidades es muy limitado el acceso a medicamentos y a atención médica especializada, por lo cual están en el desamparo ante cualquier enfermedad grave.
En la carta al Gobierno estatal piden la asignación de un ingreso mínimo suficiente para satisfacer la canasta básica alimentaria de alrededor de 3 mil 200 pesos mensuales para las familias más vulnerables de la región, por lo menos hasta el próximo año, cuando se espera que se logre la reactivación de la cadena productiva de la resina de pino.
Juan Manuel Barrera, de Resiliencia Comunitaria, expuso que el Gobierno de Michoacán cuenta con un instrumento financiero que puede usarse para la entrega de créditos para financiar la reactivación de las industrias sociales resineras. Y para generar empleo, detalló la resinera Rosa Icela Soto, proponen el cuidado de los bosques, rehabilitación de corta fuegos, y control de las plagas.
Los resineros no están registrados en el seguro social y para estas comunidades es muy limitado el acceso a medicamentos y a atención médica. Foto: Cuartoscuro.
También necesitan un Programa Transparente para el acopio de resina de pino de los productores, ya sea a través de la capitalización de las industrias de procesamiento del sector social o como un ente intermediario. Y urge un apoyo dirigido a las resineras comunitarias de la Asociación Regional de Interés Colectivo y a las ubicadas en las comunidades indígenas de San Francisco Cherán, Nuevo San Juan Parangaricutiro y San Francisco Uruapan para la reactivación de las cadenas de valor.
Incluso, solicitan, se considere el impulso a una nueva Resinera Social que tenga tecnología de punta para elaborar derivados de la brea y del aguarrás que abran otros mercados. Abel Tello, de la Asociación Regional de Interés Colectivo (ARIC), pidió la reactivación de la Resinera para generar empleo.
El valor de la producción forestal de Michoacán es de alrededor de mil 200 millones de pesos. Foto: Cuartoscuro.
Las organizaciones civiles, ejidos y comunidades indígenas solicitaron al Gobierno estatal la creación de un Fondo de Emergencia para la atención, reactivación y fortalecimiento de las industrias sociales resineras de Michoacán, para acelerar el proceso de reactivación de esta cadena productiva y para conservar todos los empleos directos e indirectos del sector social.
El valor de la producción forestal de Michoacán es de alrededor de mil 200 millones de pesos, lo que incluye la venta de madera y de resina (500 mil metros cúbicos de madera en rollo y 25 mil toneladas de resina de pino, respectivamente).
“Reactivar la actividad de las familias resineras es de la mayor importancia. Son uno de los sectores más desprotegidos de Michoacán, a pesar de que su labor es fundamental para garantizar el buen manejo y conservación de los bosques que aún quedan en el estado”, concluye el pronunciamiento entregado a la Casa de Gobierno.
22 mujeres fueron agredidas física, psicológica y sexualmente por elementos de las fuerzas de seguridad pública; son liberadas tras su detención. Hay más que no llevaron a CEPOL y se desconoce su paradero: REDIM
Alonso Merino Lubetsky / POPLab, 23 de agosto 2020
Una redada policíaca tuvo lugar en León luego de la manifestación contra las agresiones sexuales que sufrió Evelyn hace menos de dos semanas por parte de elementos de seguridad pública en León, Guanajuato. Alrededor de las 8:15 de la noche del sábado 22 de agosto colectivas feministas en la ciudad comenzaron con la búsqueda de las 22 mujeres detenidas que después de ser liberadas denunciaron tortura y múltiples violaciones a sus derechos humanos.
La marcha contra la violencia policial de alrededor de 300 mujeres terminó en más represión policíaca y en agresiones en contra de las manifestantes, civiles y reporteras. Los abusos no cesaron con los forcejeos y golpes propinados a las mujeres durante la manifestación; culminó con menores de edad que fueron violentadas por agentes municipales.
Video: Tomado de POPLab.mx
Procesadas en CEPOL Norte; funcionarios reservan información de su paradero
La Red Feminista de León acudió a las diferentes delegaciones de CEPOL para esperar la llegada de las mujeres detenidas, incluso siguieron a una patrulla llena de mujeres esposadas que partió del primer cuadro de la ciudad y llegó hasta las instalaciones de CEPOL Norte en el Bulevar Téllez Cruces. A las 9:00 pm POPLab y la Red fueron testigos de la llegada de al menos dos patrullas repletas de detenidas. A las 10:00 pm un oficial, que no se identificó, informó de manera extraoficial el paradero de más de veinte mujeres y un hombre en dicha delegación.
Foto: Alonso Merino Lubetzky
Un amplia movilización en redes sociales difundió la lista con los nombres de las detenidas. Al mismo tiempo un boletín de la SSP habló de 26 detenciones, cifra que posteriormente se corrigió a 23. A las 11:00 pm el funcionario José Dolores Valadéz de CEPOL Norte informó a este medio de comunicación y a la Red Feminista de León que no contaban con registro de las personas privadas de su libertad.
Dolores Valadéz, quien se identificó como “telefonista” no quiso especificar su puesto, negándose a brindar información a los familiares y a la prensa sobre su paradero. A las 11:30 pm siguieron llegando familiares y, sin embargo, los agentes de CEPOL Norte continuaron sin confirmar la identidad o existencia física de las personas arrestadas.
Menores de edad con rasgos de tortura y otras violaciones a DDHH
Finalmente, en presencia de Amnistía Internacional y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) quienes asistieron como observadoras de las detenciones, a las 11:40 pm salió la primer menor de 17 años, quien declaró ante este medio de comunicación que la policía la detuvo en la Zona Centro cerca de la Plaza Expiatorio. Explica que cuando las agentes la subieron a la patrulla junto con otras manifestantes la insultaron y la comenzaron a golpear. Relata que durante todo el trayecto elementos de seguridad pública la violentaron física, verbal y sexualmente. Recibió varios golpes en la cabeza, le jalaron el cabello y le tiraron varios puñetazos. Cuenta que las compañeras que intentaron defenderla también recibieron golpes de parte de las oficiales.
Foto: Alonso Merino Lubetzky
En su testimonio da cuenta que agentes varones golpearon a más compañeras. Una de ellas fue ahorcada y tuvieron que auxiliarla por las marcas de violencia que tenía en el cuello. La menor informa que un policía la agredió sexualmente metiéndole la mano bajo la falda. Compañeras suyas confirmaron su testimonio y agregaron, además, que entre varios agentes la semidesnudaron antes de subirla a la patrulla, subiéndole la falda y rompiéndole la blusa. El testimonio de esta menor confirma más agresiones sexuales a adolescentes que participaron en la manifestación.
Otra mujer detenida con quien POPLab tuvo comunicación la madrugada del 23 de agosto, relata que cambiaron los datos de su acta de detención policial, de lo cual se dio cuenta cuando llegó con el juez: hora de arresto, los cargos imputados, el lugar de la detención fueron cambiados. Explica que la hora del arresto que anotaron era a las 10:30 pm y el lugar la calle Madero del Centro Histórico, una conocida zona de bares en la ciudad. Dentro del acta de detención decía también que se tuvo que aplicar fuerza porque se opuso a la detención, cosa que desmintió.
El reportero de POPLab estuvo en CEPOL Norte desde la llegada de las primeras camionetas con detenidas a las 9:00 pm del sábado, hasta las 4:00 am del 23 de agosto, cuando liberaron a la última de las 23 personas privadas de su libertad.
Foto: Alonso Merino Lubetzky
De acuerdo con más de diez testimonios recogidos, muchas manifestantes fueron ahorcadas cuando se reunieron afuera de la caseta de policía en la Plaza Expiatorio, a quienes también les golpearon a puño cerrado y les jalaron del cabello. A una menor de edad le arrancaron las perforaciones de la cara y las orejas al arrestarla; declara que una agente le dijo “estas arracadas me gustan para la boda de la próxima semana, me las voy a quedar”. La mayoría de las detenidas recibieron comentarios denigrantes y sexualizantes de los agentes varones que participaron en la redada posterior a la manifestación.
Explican que al llegar a CEPOL Norte, las amedrentaron diciéndoles que “les iban a sacar dinero” y que “ahora sí van a pagar”. Cuentan que desde antes de la manifestación se taparon todos los puntos de salida de alrededor del Arco de la Calzada con grupos de agentes de la policía que parecían planear la represión. Otra mujer detenida relata que los locales alrededor del Arco cerraron porque los locatarios recibieron amenazas para no resguardar a las manifestantes. Cuando ella y otras de sus compañeras se quisieron refugiar en una heladería, la empleada del lugar les dijo con lágrimas en los ojos que no podía dejarlas entrar.
A otra manifestante una agente le dijo “no, no te ahorqué, sigues viva”, después de que le pidió que la soltara. Otras fueron a auxiliar a sus compañeras agredidas en el Arco y policías las empezaron a seguir en el automóvil. A otras las bajaron de su auto para arrestarlas cuando ya estaban lejos del primer cuadro de la ciudad. Otro grupo fueron trasladas primero a la delegación CEPOL Poniente, pero inmediatamente las redirigieron a la delegación norte.
Foto: Alonso Merino Lubetzky
Detenciones a diestra y siniestra
De forma general, los testimonios recabados relatan que las agentes les amenazaban personalmente, se burlaban de ellas, las ofendían y las golpearon en muchas ocasiones al interior de las patrullas. Las acompañantes y manifestantes detenidas confirman que las patrullas 717 y 713 municipal, así como la 113 estatal fueron algunas de las involucradas en la redada.
Manifestantes fueron reconocidas por las y los policías en la parada del OptiBus (oruga) del Sistema Integrado de Transporte (SIT), quienes se metieron a la estación para detenerlas y subirlas a la patrulla. Ahí también privaron de su libertad a mujeres que salían del trabajo. Un grupo más de mujeres cuenta que llegando a las instalaciones de CEPOL Norte, las amenazaron con tomarse “selfies” con ellas sin su consentimiento y con traerles a policías varones para agredirlas.
A una madre con su hija la detuvieron en la parada del camión, pese a que nada tenían que ver con la manifestación. A la menor le quitaron sus pertenencias con violencia con todo y que ninguna de las dos opuso resistencia. Una pareja transitaba por la zona en bicicleta y a ella la arrestaron también.
Foto: Alonso Merino Lubetzky
Los testimonios confirman una infiltrada en la manifestación que detectaron cuando se comenzaron a llevar a las primeras manifestantes. La infiltrada es identificada con pelo rojo con una estatura de 1.65 m que les tomaba fotos y videos a las mujeres. Cuando esa patrulla arrancó en dirección al Bulevar Mariano Escobedo, agentes empujaron hacia afuera de la camioneta a dos mujeres. Las manifestantes cayeron al suelo con el automóvil en movimiento.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), además de las 22 mujeres y un varón liberadas alrededor de las 4:00 am del 23 de agosto, se tiene información de mujeres que no llevaron a las estaciones de la policía, pero que tampoco se tienen sus nombres. REDIM teme que sean víctimas de desaparición forzada.
MP y hospital revictimizaron a adolescente y familiares
Al menos dos mujeres, una de 17 años y otra de 20, asistieron al Hospital Materno-Infantil en León, debido a que el Hospital General se encuentra destinado exclusivamente a la atención de casos de COVID-19. La Red Feminista de León reporta que había un solo médico en el turno de la noche quien por falta de capacidad no pudo atender a las dos mujeres con rasgos de tortura y violencia en toda la noche.
Después de ocho horas de espera, agentes de Trámite Común del Ministerio Público acudieron al hospital a tomar la declaración de una de las adolescentes violentadas. La Red Feminista reporta que los agentes revictimizaron a la adolescente y a su madre con tratos violentos, además de que los agentes de Trámite Común no se encontraban capacitados para atender a víctimas adolescentes de violencia sexual. La doctora Marisela Loza Vázquez también revictimizó a las mujeres que acudieron para una valoración médica después de la represión y tortura.
De acuerdo con REDIM, hay adolescentes y jóvenes que, junto con sus familias, esperan a la Fiscalía especializada para dar pie a presentación de denuncias formales por detención arbitraria, violencias múltiples, tortura y agresiones sexuales.
Al momento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) no se han presentado con las víctimas, sus familiares y las organizaciones acompañantes; sin embargo, personal de la CNDH se puso en contacto y confirmó que están por llegar a León para dar seguimiento. La Procuraduría Estatal solo emitió un breve comunicado en el que informa que se abrió el expediente de queja 108/2020-A.
Brenda Caudillo, jefa del departamento de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, asistió a CEPOL Norte seis horas después de la detención de las adolescentes, negándose, además, a dar una declaración oficial a POPLab.
La protesta de mujeres en la Plaza Expiatorio de León, Guanajuato. Foto: Tomada de video
Proceso,22 de agosto de 2020
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Policías municipales de León, Guanajuato, reprimieron este sábado a mujeres que protestaron para denunciar a los mismos agentes tras revelarse una serie de denuncias de acoso sexual contra ciudadanas.
Activistas denunciaron en redes sociales que dos de sus compañeras estaban desaparecidas, luego de que la policía detuviera y golpeara a varias manifestantes y a personas que se encontraban en los alrededores de la Plaza Expiatorio de León.
La policía también arremetió contra reporteras que cubrían la protesta, entre ellas Melisa Espinosa, de Informativo Ágora, quien fue incluso esposada, y a Alfonsina Ávila, de Zona Franca, quien recibió golpes de los agentes.
Brenda Orozco, fotógrafa de POPLab, fue jaloneada por los policías, mientras que Martha Silva, del mismo medio, fue amenazada.
La protesta fue convocada luego de que una joven denunció en redes sociales que fue acosada sexualmente por policías municipales el sábado pasado.
En su relato, Evelyn narra que fue obligada a bajarse del vehículo en el que esperaba a sus amigos justo a un costado de una caseta de policía en el centro de León.
La joven señaló que los agentes le exigieron que se levantara la falda y se quitara prendas de vestir bajo el argumento de que le harían un cateo de rutina, y posteriormente la manosearon.
De acuerdo con el portal de Zona Franca, la Secretaría Técnica de Honor y Justicia de la Secretaría del Ayuntamiento de León reconoció haber recibido cinco denuncias de acoso sexual cometidos por policías y agentes de tránsito.
Dos de ellas fueron archivadas y las otras tres siguen sin resolverse.
CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Al menos una decena de muertos dejó un ataque armado realizado esta mañana por el grupo delictivo Los Tlacos en contra de habitantes del poblado de Tianquizolco, municipio de Cuetzala del Progreso en la zona norte de la entidad.
Pobladores del lugar informaron a Proceso que la comunidad permanece sitiada por el grupo agresor y denunciaron públicamente que los civiles armados irrumpieron presuntamente “con el apoyo” de policías estatales.
Este hecho violento se registra a un día de que el grupo delictivo Guerreros Unidos obligó al gobierno de Héctor Astudillo Flores a utilizar a policías estatales para evitar el avance de la banda antagónica denominada Los Tlacos en la franja minera del municipio de Cuetzala, donde ambas expresiones armadas disputan el control de una mina extranjera.
Al respecto, Proceso entrevistó vía telefónica a ciudadanos de Tianquizolco, quienes denunciaron que está mañana irrumpieron sicarios de Los Tlacos a este poblado donde encontraron resistencia, pero después de varias horas, los agresores tomaron el poblado a sangre y fuego y se reportan al menos 10 muertos.
Los civiles armados que dirige Onésimo Marquina Chapa El Necho mantienen sitiado el lugar, cortaron la red de energía eléctrica y no permiten que nadie salga de sus hogares, indicaron las fuentes consultadas.
Hasta el momento, ninguna autoridad a fijado una postura sobre la confrontación que se vive en la franja minera del municipio de Cuetzala donde se encuentra un importante yacimiento de oro explotado por la empresa Ana Paula en las inmediaciones del poblado de Tomixtlahucan.
Este sábado, el grupo delictivo Guerreros Unidos retuvo al alcalde perredista de Teloloapan, Efrén Romero Sotelo, bloqueó la carretera federal Iguala-Teloloapan y suspendió las actividades de la mina Capela del Grupo Peñoles, propiedad del empresario Alberto Bailleres González.
La banda dirigida por Juan Carlos Flores “La Beba” exigió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para frenar el avance del grupo antagónico denominado Los Tlacos, que lidera Onésimo Marquina Chapa, quien ha sido acusado públicamente de ser el “brazo armado” del gobernador priista Héctor Astudillo Flores.
En respuesta, el gobierno de Astudillo se comprometió a instalarán un retén de la policía estatal en el punto conocido como Los Sauces, entre los municipios de Teloloapan y Cuetzala, como demandó Guerreros Unidos, que dirige Juan Carlos Flores “La Beba”, para contener el avance de sus adversarios conocidos como Los Tlacos, que lidera Onésimo Marquina Chapa “El Necho”.
No obstante, esta mañana Los Tlacos siguieron avanzando hasta tomar el poblado de Tianquizolco y se advierte una confrontación en la cabecera municipal de Cuetzala, considerado como el bastión de Guerreros Unidos, señalaron fuentes oficiales.
En la resistencia de los pueblos indígenas contra los megaproyectos que el gobierno de la 4T impone, violando sus derechos a la autonomía y la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, han destacado el Tren Maya y el Canal Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por lo que la publicación del libro de Lilian González Chévez, Proyecto Integral Morelos: sus impactos sociales y la demanda de justicia hídrica de los ejidatarios del municipiode Ayala, Morelos (UAEM-Cicser, 2020), resulta muy pertinente y necesaria para entender los alcances y las repercusiones de otro de los jinetes del apocalipsis desarrollista que amaga a estos pueblos.
Trabajo riguroso en cuanto al cumplimiento de los estándares académicos que exige el Conacyt para el apoyo de investigaciones, la obra se asume por su autora como parte de su compromiso con las luchas de las y los ejidatarios del municipio de Ayala, quienes le solicitaron la realización de un estudio que contribuyese a clarificar su demanda de justicia hídrica ante el estado y, en particular, respecto al acueducto proyectado para la termoeléctrica de Huexca.
A partir de una metodología de revisión y análisis documental de los archivos de los Comités del Agua y de los Ejidos en resistencia al acueducto, de entrevistas a profundidad de múltiples actores, de la exploración de las variadas realidades de dichos actores en una escena social cambiante, propia de los estudios de caso que recuperan etnográficamente las narrativas territoriales, la autora ofrece un complejo proceso de interpretación del discurso subalterno, en disputa con las visiones hegemónicas, para dar cabida a una narración alternativa. En sus palabras: se buscó intencionalmente que las memorias y las realidades del sujeto históricamente subalternizado fueran narradas en sus propios términos, y que sea a través de esta narrativa que emerja la experiencia ontológica e históricosocial de las y los ejidatarios de Ayala.
Como todos los megaproyectos de la Cuarta Transformación, el origen del Proyecto Integral Morelos (PIM) se sitúa en gobiernos anteriores, abiertamente neoliberales, en este caso, el de Felipe Calderón, quien a través de la CFE anunció el inicio de obras de un megaproyecto de energía eléctrica denominado Proyecto Integral Morelos, que constaría de cuatro infraestructuras: dos termoeléctricas, un gasoducto de 160 kilómetros y un acueducto de 12 kilómetros de longitud y con una red de transmisión asociada.
El contenido del libro incluye, además de una introducción que esclarece conceptos y la metodología, los antecedentes del PIM bajo apremio de los gobiernos federal y estatal; el nodo del conflicto generado por el acueducto, al afectar derechos colectivos sobre el agua, ganados a sangre y fuego durante la Revolución; el análisis de las fallas de la manifestación de impacto ambiental (MIA); la identificación de los actores en resistencia, los ejidatarios del municipio de Ayala, a partir de su legado histórico marcado por el zapatismo; la gestión colectiva de un territorio hidrosocial, la cuenca del río Cuautla; el impacto hídrico que tendría el despojo del líquido de los ejidatarios; las aguas de retorno de la termoeléctrica, denominadas aguas muertas; la hidropolítica del estado en la disputa por el recurso para el PIM, con el secuestro del agua residual a cualquier costo: la emergencia de los ejidatarios como un sujeto colectivo en defensa del agua; los impactos sociales y productivos del PIM, incluidos pérdida de la seguridad hídrica y derechos colectivos, la del derecho a seguir siendo campesinos, la autosuficiencia alimentaria y un medio ambiente sano y a la salud, la ruptura de los tejidos sociales, y la imposición del PIM mediante la fuerza pública, grupos de choque y criminalización de la protesta.
González Chévez explica en qué consisten las afectaciones o los impactos sociales del PIM a partir de un principio internacional que considera el grado en que un determinado proyecto afecta los derechos humanos y colectivos, tomando en cuenta que estos riesgos son dinámicos y progresivos, y que la evaluación debe incluir todo lo que sea relevante para las personas: sus medios de vida, su salud, el bienestar y vida colectiva, además de los aspectos que implican el patrimonio cultural y la memoria histórica, la integridad del hábitat y la biodiversidad, destacando otro aspecto relevante: los impactos medioambientales de los cuales depende la subsistencia de la gente, de manera que los efectos sociales son siempre multifactoriales; se trata en rigor de procesos socioambientales, donde se halla interrelacionado lo natural y lo social, lo ecológico y lo político, en una trama donde se articulan sistemas socioecológicos complejos.
Herramienta imprescindible para las resistencias de los pueblos indígenas y mestizos de México, a los que la 4T impone su desarrollismo capitalista.
Las agresiones al ecosistema marino empiezan desde tierra adentro, con la interminable extracción de agua del subsuelo y la contaminación de los cuerpos de agua dulce, alertó Virgilio Arenas Fuentes, investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana.
Dejó en claro que al mar y sus especies no sólo se les contamina con los vertidos de aguas residuales y actividades pesqueras, sino también con acciones que se realizan a muchos kilómetros de la costa, como los vertidos contaminantes a los ríos y a mantos subterráneos.
De hecho, muchas actividades costa arriba también se han visto afectadas pues aparentemente los ríos traen menos contaminantes, pero el verdadero problema hoy en Veracruz es el acuífero, y la mayoría de los veracruzanos lo ignora porque no está a la vista sino en forma subterránea.
“Los ríos Jamapa, La Antigua, Papaloapan, forman un gran acuífero; no sabemos qué tan profundo es, qué tanto se extiende, lo que sí sabemos es que ese acuífero se extiende también mar afuera, y lo que hagamos con el acuífero en la parte alta va a repercutir en la vida marina.
“Si hacemos pozos y extraemos agua sin dejarle a otros y la usamos para fines agrícolas, va a cambiar las características del acuífero. En Veracruz tenemos una especie de termómetro de cómo está el acuífero costero, son nuestras lagunas interdunarias, que las han desecado: esa comunicación entre ese sistema costero veracruzano la venimos afectando”, alertó Arenas Fuentes.
Fue enfático en que la contaminación en los mares es grave, pero no es menor la que se registra en tierra firme, sólo que es menos visible y comprendida porque al quedar bajo suelo parece desaparecer y su efecto no se percibe.
Se da poca importancia a los mantos freáticos y a las lagunas que con el crecimiento de la ciudad quedaron rodeadas por la mancha suburbana en colonias de la periferia, como si fueran simples charcos gigantes sin ninguna importancia en el ecosistema.
Cabe recordar que en las últimas tres décadas varias agrupaciones ambientalistas han llamado la atención sobre el daño causado a cuerpos lacustres al permitir asentamientos irregulares en alrededores de lagunas pequeñas, medianas y grandes.
Ante la carencia de drenaje sanitario, las familias vierten en ellas sus aguas residuales y jabonosas, además de que las letrinas con fosa séptica contaminan porque los residuos fecales tarde o temprano pasan al subsuelo y al lecho de los cuerpos acuáticos.
En otros tiempos, en algunas de ellas las familias acampaban, pescaban y hasta se bañaban porque al estar deshabitados sus alrededores no había contaminación. Inclusive, en sus alrededores se podía observar tortugas, iguanas, mapaches, tlacuaches y otras especies.
Al paso de los años la situación cambió y esos espacios se convirtieron en vertederos de desechos, malolientes, con maleza y fauna nociva.
En la Sierra Tarahumara de Chihuahua, principal enemigo es la impunidad, que lastima cada vez a más personas y a más familias, que la combaten con un esperanza inquebrantable
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.- El final del poema “Creel nos faltan todos”, fruto de una entrevista que le hizo Paola Ovalle a una de las familias de la masacre de Creel, ocurrida el 16 de agosto de 2008, dice:
Al día siguiente de la masacre,
empecé a ver de nuevo.
Reconocí, desechos por el dolor, a los que me quedaban
Me paré como pude y empecé a cocinar
Serví un manjar en nuestra mesa,
pero nadie venía.
Se miraban entre ellos,
me miraron con esa mirada que más que dolor expresaban rabia
Y escuché:
¿Cómo crees que vamos a comer?
¿A qué nos va a saber esa comida?
¡A mierda!, les dije
Seguro nos va a saber a mierda
Pero vamos a desayunar, y vamos a sobrevivir
Este domingo se conmemoraron los 12 años de la masacre, una de las primeras ocurridas en la administración del expresidente Felipe Calderón. El poema abrió la celebración eucarística al pie del monumento y mural a las 13 víctimas de aquella tragedia.
La historia
La tarde del 16 de agosto de 2008, un grupo de jóvenes se encontraba en las instalaciones de Profortarah. Ahí había sólo tierra, aún no estaba pavimentado. Llegaron los jóvenes a jugar descalzos. Habían participado en unas carreras de caballos por la tarde. Alrededor de las 4, cuando corrían como si fueran caballos y competían, llegó un grupo armado y disparó contra todos, según los testigos.
El lugar de la masacre se convirtió en un memorial para ellos, que ahora es la Plaza de la Memoria, donde efectúan las misas en su honor, cada año. En la parte lateral izquierda de la explanada, colocaron 13 lápidas con pequeñas reseñas de cada uno. Primero eran cruces y con el paso de los años, lograron construir lápidas simbólicas que son vandalizadas constantemente.
A doce años de la masacre, la deuda con las familias sigue siendo la verdad, no saben exactamente porqué los asesinaron de una manera tan cruel.
“Hay dos cosas: por una parte, no hay órdenes de aprehensión, no hay expedientes integrados, sí hay señalamientos. Pero lo otro, es que no nos han podido arrebatar la esperanza. Es una guerra muy fuerte, muy fuerte, sobre todo para quienes han optado por este estilo de vida al servicio, a la defensa, a la búsqueda de justicia”, advierte el sacerdote jesuita de la parroquia de Creel, Bocoyna, Javier El Pato Ávila Aguirre.
Y la guerra continúa El principal enemigo es la impunidad que lastima cada vez a más personas, a más familias de la Sierra Tarahumara, donde la combaten con esperanza inquebrantable.
La impunidad golpea durísimo, durísimo, reitera quien además es preside la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac):
“Lastima mucho, porque si viéramos nosotros resultados de nuestras denuncias. Si viéramos gente con expedientes integrados, con persecución, liberación de órdenes de aprehensión, tendríamos esperanza en que sean detenidos y seguiríamos luchando”.
La memoria
Cada año, las familias de las víctimas, acompañadas por el pueblo de Creel y los sacerdotes, hacen un acto de memoria porque están determinados a no apostarle al olvido. Tradicionalmente hacen una vigilia en la parroquia de Creel, frente a la colorida plaza principal del pueblo. Ahí colocan las fotografías grandes de los trece, doce hombres jóvenes y un bebé:
Alberto Villalobos Chávez (28 años), Juan Carlos Loya Molina (21), Daniel Alejandro Parra Mendoza (20), Alfredo Caro Mendoza (36), Luis Javier Montañez Carrasco (29), Fernando Adán Córdova Galdeán (19), Kristian Loya Ortiz (22), Edgar Alfredo Loya Ochoa (33), Alfredo Horacio Aguirre Orpinel (34), Luis Daniel Armandáriz Galdeán (18), Óscar Felipe Lozano Lozano (19), Édgar Arnoldo Loya Encinas (1) y René Lozano González (17)-
Ofician una misa, luego comparten la comida y al día siguiente, retiran las mantas con las fotografías.
“La memoria visual es muy importante, no sólo la que se lleva en el corazón”,
dice el padre Pato Ávila.
Este año es distinto por el confinamiento al que obliga la pandemia de covid-19.
“No podemos olvidar, ya no se va a hacer pública la invitación, sólo a las familias cercanas”, explicó el jesuita un día antes de la conmemoración.
Con el confinamiento es más doloroso, dice, pero a pesar de que no estarán “las solidaridades físicas de cada año”, van a tener “solidaridades virtuales y espirituales que, si no las sintiéramos, se dificultaría”.
Y es que, agrega, la región serrana no ha dejado de recibir golpe tras golpe, como los que ahora está dando la autoridad.
“Es el dolor que siente la gente de Repechique (comunidad indígena intimidada por la Fiscalía General del Estado por defender su territorio), o las familias que pierden a sus hijos menores porque los levantan, entre comillas, que no saben quién se los lleva, o que sí saben, pero temen mucho decir quién se los lleva”.
Esos dolores aumentan con la pandemia, dice El Pato Ávila. “Pero hay algo que es más fuerte, que nos mantiene en pie, por la esperanza se fortalece con el acompañamiento mutuo”.
Una deuda para Creel
Desde el 2008, las familias esperan saber la verdad, pero se han enfrentado a un aparato gubernamental indolente, a la falta de voluntad política para esclarecerlo.
“Las familias siempre han pedido saber quiénes fueron, porque algunas veces en sexenios anteriores, decían que ya los mataron. Pues sí, pero, ¿y el cuerpo, el acta de defunción? Asegúrenos que ellos fueron».
Las familias desde un principio insistieron: ‘Nosotros queremos saber la razón por la que nuestros hijos fueron asesinados’.
Decía las mamás, los papás: aceptamos, aceptamos si nuestro hijo estaba involucrado en malos caminos, acepto, pero díganme y pruébenmelo. De nade se ha dicho nada. Por debajo del agua se dicen algunos, pero los demás tienen derecho a la verdad, su fama, su nombre”.
En el proceso penal es evidente la impunidad. En noviembre de 2014 absolvieron a Sandro Gilberto Romero Romero, uno de los pocos hombres detenidos por la masacre. El Tribunal de Juicio Oral resolvió que no había elementos suficientes para declararlo culpable.
Están en prisión Luis Raúl Pérez Alvarado, La Chicarrona, quien fue sentenciado a 82 años 6 meses de prisión y José Manuel Saucedo Reyes La Kila o El Lince, quien fue detenido por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), por acopio de armas, portación de arma de fuego y delincuencia organizada.
Jorge Salvador Villa Cruz fue liberado el 2 de marzo de 2012 con el beneficio de criterio de oportunidad por la información que proporcionó, para identificar y obtener órdenes de aprehensión y sentencias contra otros participantes en los hechos.
La Fiscalía dejó pendientes las órdenes de aprehensión en contra de Óscar Alberto Mancinas Pérez El Guacho, Iván Montes González El Colibrí (sobrino de la ex procuradora Patricia González Rodríguez, quien era titular de la dependencia en el momento de los hechos) y Antonio Casavantes Calderón El Malandro.
Creel, nos faltan todos
El territorio se llenó con la sangre de los míos
Por unas horas,
no sé cuántas
dejé de sentir,
no veía,
no oía,
no olía
Sólo sentía el vacío que dejaron quienes arrebataron la vida de los nuestros
Un vacío enorme,
porque todos ocupaban un lugar especial en sus familias:
El hijo mayor protector,
el menor consentido,
el único varón,
el hijo único,
el bebé más esperado y amado
Con su violencia se llevaron los eslabones que unían y daban esperanza a nuestra comunidad
Al día siguiente de la masacre,
empecé a ver de nuevo
Reconocí,
desechos por el dolor,
a los que me quedaban
Me paré como pude y empecé a cocinar
Serví un manjar en nuestra mesa,
pero nadie venía.
Se miraban entre ellos
Me miraron con esos ojos que más que dolor expresaban rabia
Y escuché:
¿Cómo crees que vamos a comer?
¿A qué nos va a saber esa comida?
¡A mierda!, les dije
Seguro nos va a saber a mierda
Pero vamos a desayunar,
y vamos a sobrevivir.
https://piedepagina.mx/y-la-guerra-continua-a-12-anos-de-la-masacre-de-creel/
La sentencia se dio la noche de este viernes y resulta histórica por ser el primer caso de asesinato de una mujer periodista que se judicializa en el sistema penal federal.
Chihuahua.- Un juzgado federal estableció una pena de 50 años de prisión en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, por su participación en el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea.
Ello luego de escuchar durante la semana una serie de testimonios ofrecidos por la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, a fin de individualizar las sanciones contra Moreno Ochoa, quien fue declarado como culpable desde el 18 de marzo pero que no había recibido pena debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus.
Entre esos testimonios se encuentra la representación legal del periódico La Jornada, medio del cual Miroslava era corresponsal, y con ello se acreditó tanto su labor como sus ingresos.
Además pasaron al estrado dos peritos para evidenciar el daño provocado en algunos de los familiares de la periodista luego del crimen, ocurrido la mañana del 23 de marzo del 2017, cuando ella salía de su casa para ir a dejar a su hijo a la escuela.
En su fallo, el juez Nestor Pedraza señaló que las pruebas ofrecidas para la individualización de sanción ya habían sido analizadas para la responsabilidad de “El Larry” y las consideró insuficientes para agravar la sanción a 70 años, además que no tiene antecedentes penales, y por eso determinó colocar la mínima.
Mientras que para definir una reparación del daño, en favor de hijos y otros familiares de la periodista, dijo que no existió prueba suficiente para cuantificar un monto por daño material y moral, pero esa reparación se definirá en un proceso de ejecución donde las víctimas aportarán pruebas.
En un pronunciamiento luego de conocer la determinación judicial, la organización Propuesta Cívica, coadyuvante en la indagatoria urgió a la Fiscalía General de la República a ejecutar órdenes de aprehensión pendientes, así como a ampliar y perfeccionar su plan de investigación y persecución contra la autoría intelectual del homicidio.
También la llamó a especializar líneas de indagatoria para esclarecer el nivel de participación y posible causa penal de servidores públicos involucrados en el caso, y que forman parte del Gobierno actual de Javier Corral.
Esto debido a que durante el juicio oral contra Moreno Ochoa, tanto en su etapa estatal como en la federal, se evidenció la presencia de panistas como el exvocero de la dirigencia estatal del partido y actual funcionario en la bancada panista en el Congreso del Estado, Alfredo Piñera, el ex alcalde de Chinipas y con plaza de maestro, Hugo Schultz, y Jose Luévano, ex dirigente en funciones de Acción Nacional y hoy en día titular del Instituto Chihuahuense de Infraestructura educativa (Ichife).
El primero de ellos grabó sin su consentimiento a Miroslava para deslindar a Schultz de haber dado información para un reportaje, en el cual la periodista evidenció la imposición de candidaturas del PRI por parte del crimen organizado en varios municipios serranos, que provocó el cambio de esas postulaciones durante las elecciones del 2016.
Mientras que Schultz se encargó de entregar a grupos delincuenciales el audio grabado por Piñera, entonces subordinado de Luévano.
“Sentencia marca precedente en combatir impunidad en crímenes contra periodistas“
La organización Propuesta Cívica consideró esta sentencia como un precedente para combatir la impunidad existente en los crímenes contra periodistas en México.
El equipo de esa organización participó junto a Feadle en el juicio oral que le llevaron a Moreno Ochoa en juzgados federales de Chihuahua, en el cual se desahogaron mas de 50 testigos durante un mes de audiencias públicas.
“A casi 3 años de iniciado el proceso legal, el logro de esta condena ha requerido de un amplio esfuerzo humano y económico, un trabajo constante a cargo de las organizaciones acompañantes, intensa lucha y largo camino recorrido de la familia de Miroslava en búsqueda de justicia y verdad. El conjunto de pruebas testimoniales, periciales y documentales, dieron cuenta cómo operó la planeación y ejecución del crimen”, resaltó Propuesta en un comunicado de prensa.
Destacó que en la sentencia se logró comprobar que Miroslava fue víctima de homicidio como consecuencia de sus investigaciones periodísticas; también, se logró identificar a un autor intelectual del crimen, se trata de un líder del narcotráfico con nexos políticos.
Pero el caso aún no está cerrado, falta que se ejecute la orden de aprehensión contra de Jaciel “N”, otro de los autores materiales, así también, la investigación en contra de los autores intelectuales y esclarecer el posible involucramiento de funcionarios del actual gobierno de Chihuahua.
Jaciel
Los asesinos de Miroslava Breach, no solo mataron a la madre de dos hijos (uno menor de edad) y parte fundamental de una familia, también mataron una mujer que fue de las voces más críticas del Gobierno, mutilaron al periodismo de investigación valiente y veraz, y como sociedad nos arrancaron el derecho a seguir conociendo sus investigaciones que exhibían y cuestionaban la narcopolítica que opera en Chihuahua, recalcó la organización.
Asimismo, tanto Propuesta Civica como Reporteros sin Fronteras plantearon que las autoridades federales garanticen la seguridad de la familia de la víctima, pues el riesgo de sufrir una agresión sigue vigente.
Al Congreso de la Unión le pidieron revisar la figura de facultad de atracción, a fin de que la misma sea concordante con el actual Sistema de justicia penal, estableciendo reglas claras de ejecución por parte de la Fiscalía General de la República, que den certeza a las/los periodistas víctimas y sus familias de delitos por ejercicio de su labor, para evitar demoras injustificadas en la investigación y propicie la coordinación entre las fiscalías locales con la Federación.
Sigue la lucha por la justicia: hermanos de Miroslava
Para los hermanos de Miroslava, la sentencia en contra de “El Larry” es solo una parte para hacer justicia, ya que, recordaron, hace falta llegar a mas involucrados en el crimen.
“No estaremos satisfechos hasta que todos los involucrados sean llevados a los tribunales y juzgados con todo el peso de la ley. Lo merece Miroslava, lo merece la sociedad”
Una osamenta a flor de tierra fue encontrada este jueves en los límites de Sinaloa y El Fuerte por la sección San Blas del colectivo de búsqueda de desaparecidos Rastreadoras de El Fuerte.
Las partes localizadas a las 13:30 horas de este jueves, tras una exploración en un predio enmontado del ejido Emiliano Zapata, en la sindicatura de Ocoroni, Sinaloa son el cráneo y huesos dispersos.
No se localizó ninguna tumba clandestina ni prendas de vestir.
Mirna Nereida Medina Quiñónez informó que en el lugar se han encontrado al menos seis cuerpos desde que se fundaron como colectivo.
Martha Silva / POPLab 22 de agosto de 2020
* Imágenes: Brenda Orozco
El reclamo por la agresión sexual de policías de León en contra de una joven identificada solo como Evelyn terminó en un represión orquestada por mujeres policías que detuvieron por lo menos a 22 jóvenes mujeres y un hombre, a algunas las golpearon al detenerlas con lujo de violencia y también agredieron a reporteras que cubrían la manifestación.
Además, se llevaron detenido a un hombre que no participó en las pintas que se realizaron esta tarde-noche en el piso de la plaza Expiatorio pero que acompañaba a una joven a quien identificaron como feminista por su apariencia.
Aunque las manifestaciones que se realizaron en tres momentos (en el arco de la calzada, luego en plaza Expiatorio y luego nuevamente frente al arco) entre las 18 y las 20:30 horas no hubo, en principio, mayores incidentes que jaloneos, aventones, rasguños y algunos grafitis sobre el piso de dicha plaza, además de derribar los dos letreros gigantes con las letras LEÓN, tanto en la plaza Expiatorio como en el Arco.
Las detenciones se realizaron en diferentes puntos de la zona centro, ya concluida la manifestación, siendo las más caóticas las registradas sobre la plancha del Expiatorio y en los alrededores, cerca de las 20:30 horas, cuando ya se había disuelto la protesta, aunque hay reportes (y un video) de policías sacando a chicas de las orugas (transporte público) y hasta en bicicleta, en la zona centro.
Un primer informe de la Secretaría de Seguridad Pública municipal mencionó que eran 25 mujeres detenidas, posteriormente corrigió la cifra a 22.
Foto: Brenda Orozco
El porqué de la marcha
Hace unos días surgió en redes sociales la denuncia de que una muchacha, quien el pasado viernes 14 de agosto fue objeto de abuso policial y tocamientos indebidos por parte de policías en la Zona Centro, por lo que para este sábado 22 se organizó una marcha feminista, para denunciar esta situación.
Aunque en las mismas redes sociales se debatió la pertinencia de realizar o no la manifestación presencial, se llegó a la conclusión de era necesario visibilizar la violencia institucional, representada en ese caso por los policías, contra las mujeres.
Las que decidieran acudir a la marcha, pactada para partir a las 6 de la tarde, sería únicamente con cubrebocas, gel antibacterial y procurando mantener la sana distancia.
Más que “Canción sin miedo”, un grito
Tras partir del Arco de la calzada, el grupo de unas 100 o 120 mujeres, principalmente jóvenes, gritaron consignas y caminaron despacio sobre la calle Madero y se detuvieron frente al templo del Expiatorio, donde se sentaron sobre la calle y guardaron silencio durante unos minutos. Algunas levantaban el puño, otras mostraban a la gente sus cartulinas exigiendo a las autoridades parar el baño de sangre que representan los feminicidios en México. Ahí también interpretaron “Canción Sin Miedo” de Vivir Quintana, que se ha vuelto un himno feminista.
Posteriormente se levantaron y cuando se pensaba que sería “otra marcha feminista” que concluiría frente al edificio de Presidencia, el centenar de jóvenes corrieron súbitamente hacia la caseta de policías que se encuentra estacionada frente a la plaza Expiatorio, en la calle Juan Valle.
En este lugar gritaron consignas y golpearon la caseta, se dieron algunos empujones entre policías y manifestantes, mas no pasó a mayores. Algunas chicas manifestaron a este medio que en este lugar fueron tomadas por el cuello, y que incluso una que se quejó del trato, la oficial le respondió “pero sigues viva”. Una mujer que no formaba parte de la manifestación dijo a POPLab que una de las oficiales que rodearon la caseta estaba presta a usar su arma de fuego, pues todo el tiempo tuvo la mano sobre el arma, sin embargo no se realizó detonación alguna.
Superado este incidente, en la plaza Expiatorio se realizaron algunos grafitis sobre el suelo, se hizo una pequeña fogata con hojas con denuncias contra los policías que se consumieron en cuestión de minutos, y derribaron las letras promocionales de la ciudad, el letrero de LEÓN. Posteriormente, el grupo, ya nutrido por unas 150 mujeres se regresaron hacia el Arco de la calzada, entre cantos feministas, donde también derribaron el letrero de LEÓN.
Prende la mecha “detención” de mujer no identificada
Cerca de las 19:30 horas, una mujer con cubrebocas blanco y cabellos pintados de color artificial (rosa o azul) se separó de la multitud frente a la tienda de conveniencia del Arco de la Calzada, escoltada por un policía y se subió por su propio pie a la patrulla 717.
Algunas jóvenes se dieron cuenta y corrieron hacia el vehículo, una se subió en el toldo para intentar evitar que arrancara. No queda claro cuál fue la motivación. “Es infiltrada”, dijeron unas. “Se llevaban detenida a la compañera” dijeron otras. Segundos después un hervidero de mujeres intentaba detener la patrulla. Hubo vidrios rotos, más empujones, y la camioneta arrancó llevándose a tres mujeres en la caja trasera, mas la mujer del cubrebocas blanco en la cabina.
Una joven dijo a POPLab que ella fue una de las que se fueron en la caja del vehículo y que al forcejear con una mujer policía que también iba ahí, esta le dio un codazo que la hizo caer del vehículo en movimiento cerca del bulevar Mariano Escobedo. No sufrió más heridas que raspones y regresó caminando al lugar de la manifestación, dijo que otras dos “hermanas” se fueron detenidas en la patrulla.
Caos y detenciones arbitrarias
Cuando parecía que todo había concluido, minutos después de las 8 pm, la manifestación se disolvió y en pequeños grupos fueron abandonando el arco de la calzada.
Momentos después comenzó a correrse la voz que estaban deteniendo a varias feministas en la Plaza Expiatorio y en los siguientes minutos se dio una “cacería”: las bajaron de las orugas, las persiguieron en bicicleta y las hicieron descender de los autos, además de las detenciones en los alrededores de la Plaza Expiatorio, donde al menos tres reporteras fueron amedrentadas y dos estuvieron a punto de ser detenidas. Una cuarta, fotorreportera de este medio, también recibió empujones y forcejeos con oficiales de la Policía de León.
Cerca de las 11 de la noche, José Dolores Valadez, funcionario municipal que se negó a informar su puesto específico, informó que en Cepol Norte no tenían registro específico de las 25 mujeres y un varón detenidos, ni se conoce a ciencia cierta dónde están detenidas estas personas.
Se niega a dar cualquier tipo de información a las familias que ya se han congregado alrededor de las instalaciones de Cepol para tratar de saber dónde están sus hijas.
Las detenciones se realizaron alrededor de las 9 de la noche, por lo que estas 26 personas llevan 2 horas en manos de la Policía Municipal. Posteriormente se aclaró que fueron 22 personas. Inicia protección a periodistas; abre PDHEG expediente de queja
Personal de la Secretaría de Gobierno se comunicó con esta reportera, y con al menos otras dos comunicadoras agredidas en esta jornada para incorporarlas al mecanismo de protección a periodistas e iniciar una denuncia penal contra quien resulte responsable, brindándoles acompañamiento, además de otras medidas en primera instancia.
Por su parte, la Procuraduría de los Derechos del Estado de Guanajuato abrió un Expediente de Queja, 108/2020-A, por los hechos registrados la noche de este sábado en la ciudad de León durante una manifestación de mujeres, que han sido denunciados por diversas organizaciones civiles y compañeras de personas que fueron detenidas por la Secretaría de Seguridad Pública de León.
“La libre manifestación y la libertad de expresión son derechos fundamentales que deben ser garantizados a todas las personas por las autoridades”, informó un breve comunicado de la institución.
Atlapexco, Hgo.- La planta tratadora de Tlalchiyahualica desde su planeación ha dado problemas, su construcción tuvo un costo aproximado de 4.5 millones de pesos, a la fecha es uno de los principales generadores de contaminación en los afluentes de la región, lamentablemente ninguna autoridad toma interés por solucionar el problema.
Por su parte, José Isabel San Juan, habitante de esta localidad y siendo uno de los afectados declaró “El problema tiene que atacarse de fondo, hay que exigirle a nuestras autoridades que pongan atención a un problema que crece día a día”.
Lamentablemente, el río Atlapexco está afectándose por la contaminación las descargas continuas de aguas negras, lo han convertido en un foco de infección, un ejemplo claro es que en temporada de calor emanan los fétidos olores, sin contar que en las primeras crecientes toda la ciudad se esparcirá en los afluentes cercanos.
El río Atlapexco era un atractivo turístico para los vacacionistas que llegaban a esta cabecera municipal, estas tierras solían estar rodeadas de hermosos paisajes que al día de hoy son difíciles de apreciar.
Los afectados argumentan lo siguiente: “Urge que pongan atención sobre las pestilentes aguas negras y sus fétidos olores que día a día viven vecinos de este sector poblacional, debido a que la planta no está funcionando y las descargas son dañinas al río, además que la zona en que se vierte está a la vista de la ciudadanía”.
Claudia Rodríguez Loera/La Jornada Aguascalientes
22 agosto 2020
Durante la caravana regional de búsqueda de personas, coordinada por el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) en colaboración con el Colectivo de Familias “Buscando Personas, Verdad y Justicia”, la recién instalada Comisión de Búsqueda de Personas de Aguascalientes no mostró interés alguno, pese a que su titular, Juan Antonio Hernández Organista, declaró a medios que ya se tiene el proyecto ejecutivo y se ha puesto en contacto con familias.
Sin embargo, la ausencia de este ente de justicia, que por mandato tuvo que estar en funcionamiento desde el 30 de julio, fue notoria para los trabajos de vinculación, seguimiento y apoyo a la Caravana.
Del 17 al 19 de agosto se llevó a cabo la Caravana Regional de Búsqueda de Personas con el fin de dar seguimiento a seis carpetas de investigación que acompaña el Observatorio de Personas Desaparecidas en Jalisco y solicitar información para encontrar a José Guadalupe Rodríguez de León, Arturo Muñoz Romo y Sergio de Lara Quezada, desaparecidos en el 2011; Marcela Aguirre Valdés, en el 2018, así como a Gilberto Alejandro López Reyna y Jaime López Reyna, en el 2019.
La Caravana se realizó 18 días después de que la Comisión debió de haber sido instalada y de iniciar trabajos, sin embargo, y hasta este día, el titular no se comunicó ni con el Observatorio, ni con el Colectivo de Familias, siendo la Comisión de Jalisco uno de los vínculos principales para poder realizar las acciones de búsqueda.
“Nos preocupa la existencia de una propuesta y solicitud de presupuesto sin consultar las necesidades, sin análisis de contexto y sin presentar un plan de trabajo a las personas acreditadas como víctimas, a familiares y organizaciones de la sociedad civil que acompañamos. Identificamos que la falta de interés por el diálogo y el desconocimiento de la naturaleza de la creación de la comisión por parte de Organista son sin duda resultado de no contar con el perfil adecuado para dirigir la comisión”, comentó Mariana Ávila Montejano, integrante del OVSG
Por su parte, Violeta Sabás, coordinadora de la asociación civil reiteró que la Caravana inició y finalizó sin la intervención de la Comisión Estatal de Búsqueda, ni el interés de su titular por garantizar a las familias las acciones necesarias de seguimientos a las carpetas de investigación, ni interés en dar seguimiento a los resultados de esta acción.
A través de la vinculación y en apego a sus obligaciones, en la Caravana colaboraron con recursos humanos, jurídicos, psicológicos y fondos para la atención a víctimas la Fiscalía General del Estado de Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes y la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, además del acompañamiento físico y de monitoreo del colectivo “Familiares Caminando Por Justicia”, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y La Colectiva Feminista Aguascalientes.
Rancho el Huizache, San Fernando, Tamaulipas. Foto Duilio Rodriguez.
Este 22 y 23 de agosto se cumplen 10 años de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando. No hay sentencias, ni se ha investigado la participación de autoridades. Tamaulipas sigue, como entonces, controlada por grupos criminales que esparcen el terror. Y los migrantes siguen buscando una vida mejor. Pero las familias no aceptan el olvido, ni detienen su búsqueda por la verdad
Texto: Daniela Pastrana/ Video y foto: Duilio Rodríguez/ PIE DE PÁGINA
Entre el 22 y 23 agosto de 2010, integrantes del cartel Los Zetas secuestraron y asesinaron en el municipio de San Fernando, Tamaulipas a 58 hombres y 14 mujeres que buscaban llegar a Estados Unidos. Venían de Centroamérica, de Ecuador, de Brasil y de la India. Sus cuerpos quedaron expuestos, apilados uno junto al otro, en una bodega de una ranchería. Así los encontró un convoy de la Marina con el que se topó un sobreviviente que logró huir.
Diez años después, el sacerdote Pedro Pantoja, fundador de la Casa Belém para migrantes, en Saltillo, Coahuila, no tiene duda en asegurar que México es el cementerio de los centroamericanos.
“El migrante es un muerto que atraviesa México, sin nombre y sin entierro”, dijo el sacerdote esta semana en un conversatorio virtual.
“El clamor de estas familias (de los 72 migrantes masacrados) lo vamos a escuchar todos estos días: Ni perdón, ni olvido. La desprestigiada guerra del presidente Felipe Calderón contra la delincuencia organizada, causó extremada violencia en el país, sus diferentes grupos cubrieron todo el territorio mexicano”.
Luego enlistó las deudas del gobierno mexicano: Las familias de las víctimas nunca fueron invitadas para dar testimonio y no es posible que consigan las copias de los expedientes, fundamentales para saber qué es lo ha investigado el Estado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que ha acompañado jurídicamente a las familias, aumenta la lista: No hay ninguna sentencia para las 15 personas procesadas por los homicidios, y tampoco se ha investigado la participación de las autoridades, a pesar de las evidencias de que los policías municipales estuvieron involucrados.
La Fundación para la Justicia logró, después de un litigio de 7 años, que se ordenara el acceso al expediente y que en su Recomendación 80/2013 la CNDH clasificara la masacre como un delito grave.
Con el cambio de administración, las organizaciones buscaron un acercamiento con el gobierno federal y promovieron la creación de la Unidad Mixta de Investigación, que permita crear las condiciones para saber qué fue lo que ocurrió, quién participó, quiénes y por qué dejaron que estos hechos ocurrieran.
La Unidad Mixta, explican sus promotores, permitiría investigar el contexto de macrocriminalidad de la región y del país, un paso hacia las garantías de no repetición. Sin embargo, esta unidad es aún una deuda pendiente del Estado con las víctimas.
Lo que si se logró fue la concentración de diversos casos de desaparición y ejecuciones masivas de migrantes en la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República.
La UDIPM concentra ahora los casos de 72 migrantes, Cadereyta y Güemez (de 49 torsos tirados en un paraje de Nuevo León), el de los migrantes desaparecidos en el caso San Luis de la Paz (relacionado con las 47 fosas clandestinas localizadas en marzo de 2011 en San Fernando) y el caso de los hermanos Román.
Para este día, distintas organizaciones promueven acciones de memoria y demanda de justicia, y usar las redes sociales con los Hashtag #MasDe72 #72Migrantes y #ContemosLoQueNosPasó
¿Cómo se puede llegar a la verdad sobre la masacre de los #72Migrantes?
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A 10 años tenemos una oportunidad para estar del lado de la justicia y no de la impunidad.
Veracruz, Ver.- La vocera del Colectivo Solecito de Veracruz, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, confirmó que esta semana, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República (FGR) reactivaron actividades, ya que en la entidad veracruzana no han parado las desapariciones.
“Esta semana, en Coatzacoalcos, hay otra en una zona de Xalapa, claro no son por cuenta de nosotras, se sigue también en La Guapota, nosotros estamos en una búsqueda ahorita en un punto, nosotros ni podemos mencionar pero es aledaño al puerto”.
Manifestó que a nivel nacional hay más de 37 mil cuerpos sin identificar, por lo que el Colectivo Solecito está trabajando en mecanismos de identificación forense con la finalidad de identificar todos aquellos cuerpos que se encuentran en calidad de desconocidos en fosas, morgues y panteones.
Además, lamentó que las anteriores administraciones no hayan hecho nada para encontrar a las personas desaparecidas, ya que en algunos casos estaban en colaboración con el crimen organizado.
“Es un número indeterminado la verdad, sería muy difícil saber cuantas, sabemos que hay muchos que faltan por explorar, sabemos que es un problema generalizado, que no hay un número porque fue una ola delincuencial que viene desde hace unos 12 años, se acumula mucho en 12 años, es un delito enterrar a personas para que no las encuentren”.
Cabe señalar que la Comisión Nacional de Búsqueda realiza operativos a partir de este 17 de agosto con la finalidad de tratar de ubicar a personas que fueron reportadas por sus familiares como no localizadas en el estados de Veracruz.
“En esta etapa si, estamos trabajando con la Fiscalía General y con la Comisión Estatal de Búsqueda y también con la Comisión Nacional de Búsqueda, en esta etapa, si se da un alargamiento de proceso tendríamos que nosotros trabajar como siempre hemos hecho con el acompañamiento de las autoridades”.
Mientras que la pandemia devasta al país las prioridades presidenciales se concentran en un circuito de trenes, en ductos energéticos y en una refinería.
El presidente Andrés Manuel López Obrador cortando la cinta durante la inauguración del Tren Maya en junio de 2020 (Foto: Presidencia, Gobierno de México).
Los esfuerzos por remodelar el sur de México avanzan a la par de una mortal pandemia que ha cobrado decenas de miles de vidas en todo el país. Quienes se oponen a estos proyectos de desarrollo alertan sobre la grave amenaza que esta serie de grandes proyectos representan para la sociedad, el territorio y el ecosistema. Por su parte quienes los impulsan aseguran que representan una importante oportunidad para mejorar las condiciones económicas de la región, mientras la recesión económica se intensifica. Pero si hay algo en lo que todas las partes coinciden es que estos megaproyectos implican un cambio estructural.
Una ruta ferroviaria e industrial que atraviesa el estrecho Istmo de Tehuantepec es la columna vertebral de un amplio proyecto de infraestructura que incluye un circuito de trenes para interconectar ciudades planificadas en diversas zonas de la Península de Yucatán, una nueva refinería en Tabasco, y una infraestructura hidroeléctrica y de gaseoductos que abarcan tres estados al sur de la Ciudad de México, la región central del país donde también se construye un nuevo aeropuerto internacional.
Algunas organizaciones sociales impugnan legalmente estos cinco proyectos, porque consideran que el Corredor Transístmico, el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, el Proyecto Integral Morelos y el aeropuerto de Santa Lucía violan el derecho a la consulta de los pueblos indígenas de México. Es por eso que a principios de agosto presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Especialistas en el derecho agrario como Carlos González señalan que este tipo de proyectos “tienen un impacto tremendo sobre las poblaciones que habitan las regiones y sobre la naturaleza” porque, según el análisis geopolítico del concejal nahua del Concejo Indígena de Gobierno, se pretenden “reordenar las fronteras de Centro y Norte América en función de los intereses de Estados Unidos” por lo que al controlar poblaciones se benefician poderosos intereses financieros para los cuales “el corredor transístmico es la bisagra entre los proyectos del sur, el Tren Maya y los proyectos del centro del país.”
Los planes del gobierno de México para este Corredor Interoceánico exigen unir el Pacífico con el Atlántico mediante vías de ferrocarril y una autopista para expandir los puertos ubicados en ambas costas, construyendo también un gaseoducto para enlazar las refinerías, además de establecer en la ruta una decena de parques industriales con beneficios fiscales.
Este proyecto pretende competir con el envejecido Canal de Panamá, además de construir maquiladoras libres de aranceles, un componente del libre comercio ya presente a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Según AMLO, como también se le conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador, esto permitiría cerrar la brecha económica entre el norte industrializado y el sur empobrecido. El presidente mexicano promocione los megaproyectos como un medio para crear empleos y capitalizar lugares y recursos estratégicos para mejorar las condiciones de vida en aquellas zonas del país que son “expulsoras de mano de obra”, como se les define oficialmente.
Otro objetivo, tal y como se señala en el Plan Nacional de Desarrollo de la administración de AMLO, es que “los proyectos regionales de desarrollo actúen como ‘cortinas’ para captar el flujo migratorio en su tránsito hacia el norte”.
“México va a ser el muro”, dice la académica Binnizá (Zapoteca) Bettina Cruz, al explicar cómo funcionará en los hechos el Corredor Interoceánico. Para la también activista en Juchitán, Oaxaca, el muro fronterizo es prácticamente un “tren a cuatro vías que va estar resguardado por la Policía, por la Guardia Nacional, por la Marina, por las Fuerzas Armadas”.
“Las fuerzas armadas juegan un papel clave en los megaproyectos del gobierno”
Las fuerzas armadas juegan un papel clave en los megaproyectos del gobierno. El ejército mexicano, por ejemplo, lidera la construcción del nuevo aeropuerto internacional en las afueras de la Ciudad de México, contiguo a una antigua base de la fuerza aérea la cual, por cierto, continuará siendo utilizada para fines de aviación militar además del próximo tráfico aéreo civil.
Ya que la Secretaría de la Defensa Nacional también está construyendo los tramos finales del “Tren Maya” en lugares especialmente remotos de esta zona, opositores a estos proyectos están alteras.
“La militarización de esta última parte es sumamente grave”, dice el escritor maya Pedro Uc Be, un ferviente opositor al proyecto ferroviario. “Nos parece que es un mensaje desde el ejecutivo para inhibir cualquier crítica, cualquier acción de protesta”, alerta Uc Be”.
Un mural y moto-taxis en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec (Foto: Shannon Young).
Precisamente en julio de este año, el presidente López Obrador anunció que en adelante serán las fuerzas armadas las encargadas de administrar las aduanas y los puertos de México, lo que implica una militarización de los puertos del Corredor Trans-Istmo. Sin embargo, esta decisión presidencial de militarizar puestos civiles de la administración provocó la renuncia del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú. El argumento de AMLO es que con los militares no solo se combate a la corrupción, sino que ellos aportan mayor disciplina, aunque este es un estribillo muy conocido por cualquier observador de la larga guerra contra las drogas.
Esta nueva acción gubernamental requirió cambios constitucionales que se llevaron a cabo durante la actual administración que aprovechó que MORENA, el partido político fundado por López Obrador, al tener mayoría en ambas ramas del congreso y controlar suficientes legislaturas estatales puede aprobar enmiendas constitucionales. Cambiar la constitución para legalmente militarizar la seguridad pública fue la estrategia utilizada por AMLO para crear la fuerza policial especial conocida como Guardia Nacional.
El destino de los megaproyectos y del ejército se ha vuelto aún más enredado luego de la emisión de dos decretos presidenciales que llegaron justo cuando México alcanzaba el pico de la pandemia.
Fuera de la guillotina presupuestal quedaron los controvertidos megaproyectos, considerados prioridades nacionales, así como el presupuesto de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.El primero de estos decretos, publicado el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación, anunciaba un recorte presupuestal de hasta 75 por ciento para todas las agencias y programas gubernamentales, excepto algunas docenas de proyectos entre los cuales están aquellos que son obra de AMLO. Fuera de la guillotina presupuestal quedaron los controvertidos megaproyectos, considerados prioridades nacionales, así como el presupuesto de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.
El segundo de los decretos presidenciales lanzados durante la pandemia se emitió el 11 de mayo. Permite que ejército y policía participen en las tareas de seguridad pública junto con la recién creada Guardia Nacional hasta marzo de 2024.
Al considerar que ambos decretos “tienen una finalidad de militarización y de militarismo” el antropólogo Gilberto López y Rivas señala que además éstos representan “una continuidad de los proyectos desarrollistas [y] extractivistas de los anteriores gobiernos, que este gobierno de la cuarta transformación critica”.
López y Rivas, sobreviviente de la masacre de Tlatelolco en 1968, define el militarismo como la exaltación del ejército y de los supuestos beneficios que aportan a un país. También excongresista, López y Rivas dice que como funcionario público fue prácticamente imposible supervisar al ejército. Es por eso que le preocupa poner a las fuerzas armadas en un pedestal sin escrutinio.
No son pocas las comunidades indígenas ubicadas a lo largo y ancho de la ruta de los megaproyectos que consideran que la actual administración simplemente está pintando con nueva retórica pasadas propuestas que hoy están estancadas.
Los brillos del Corredor Interoceánico pueden traer eco a cualquiera mínimamente familiarizado con el Plan-Puebla-Panamá (PPP), una antigua propuesta lanzada durante la presidencia de Vicente Fox entre los años 2000 y 2006. En aquel entonces el magnate empresarial y operador político Alfonso Romo era la fuerza impulsora del PPP. Actualmente es el jefe de gabinete de AMLO. Después del aplastante triunfo electoral de AMLO en 2018 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) advirtió que “podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo.”
El presidente quiere que los megaproyectos se completen antes de finalizar su sexenio. En medio de la contingencia sanitaria provocada por Covid-19, elha viajado varias veces al sur del país para cortar listones de arranque y monitorear el progreso tanto del Tren Maya como del Corredor Trans-Istmo. Es irónico que la pandemia permita que estos controvertidos proyectos sigan adelante, mientras sus opositores se quedan en casa para refugiarse de una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que el gobierno hace poco por contener.
Arte callejero en la Ciudad de Oaxaca pinta una trabajadora de salud (Foto: Shannon Young).
Aunque la pandemia ha pegado con fuerza en varias zonas en el camino de los megaproyectos, con una mirada casual alos datos oficiales sobre salud no es posible estimar este impacto. Frente a esto organizaciones opositoras al corredor en Oaxaca, como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), piden al gobierno federal que instale un hospital de campaña en la zona debido a la intensidad del brote de coronavirus y las largas distancias que se requieren para llegar a hospitales más grandes. Tres integrantes con largo historial en la UCIZONI han muerto desde el inicio de la pandemia.
Es ampliamente aceptado el subregistro de casos de coronavirus en México. En la región del Istmo las autoridades municipales han recurrido al exceso de mortalidad (muertes por encima de los niveles promedio históricos) para medir el impacto del virus. En Juchitán, la ciudad más grande de la región, los registros de entierros municipales indican que menos del 25 por ciento de las muertes sospechosas de COVID-19 fueron confirmadas por una prueba de laboratorio. En julio pasado un fuerte brote infeccioso entre trabajadores de salud obligó a que el hospital de Juchitán cerrara temporalmente.
En este contexto, el gobierno mexicano afirma que los megaproyectos son apoyados por las comunidades de la región, basándose en una serie de “consultas” realizadas en 2019. Pero los activistas Bettina Cruz y Pedro Uc Be, así como el abogado Carlos González, argumentan que estas consultas no cumplieron con los estándares de consulta de consentimiento previo, libre e informado que se obtiene de acuerdo con la normativa cultural del voto indígena en asambleas.
Lo que ha hecho el gobierno federal es nada más que una campaña mediática del punto de vista del presidente“Lo que ha hecho el gobierno federal es nada más que una campaña mediática del punto de vista del presidente”, dice Victor Caballero, abogado de Derechos Humanos e integrante del Colectivo Aequus, quien asegura que respaldarse en la popularidad del presidente para las consultas únicamente se exponen “beneficios de las obras simulando si se está de acuerdo o no con esos beneficios”. Caballero ayudó a redactar las demandas legales en contra de los megaproyectos y dice que las consultas no cumplieron con los requisitos de consentimiento e información del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; son procesos con respuestas inducidas porque “lo que se busca es únicamente que la gente apoye la opinión del presidente”, concluye el abogado.
Respecto a la impugnación judicial presentada en el tribunal de distrito mexicano y la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el activista y escritor maya Pedro Uc Be no es nada optimista porque el sistema legal de México no tiene ningún juez en los tribunales que se identifique como indígena: “ir a los tribunales no es nuestra gran esperanza, pero lamentablemente se ha convertido en una ruta necesaria”.
Son muchos quienes como Uc Be piensan que esta indefensión de los pueblos indígenas no es solo por cuestiones legales o culturales, sino que también se debe a la falta de información frente a esta situación, aunque nos recuerda que esto “ha sido un problema no de ahora sino de hace 500 años y que en este gobierno se cristaliza”.
Texto: Camila Plá y Javier Perea
Fotos: Javier Perea
María Aguayo es madre de Iván Yan Carlos Ibarias, desaparecido desde el 9 de septiembre del 2016; un grupo armado se lo llevó de su casa en Veracruz. A través de la voz de María se escucha la relación poco evidente entre la situación de calle y la desaparición en México.
María Aguayo nació en la Ciudad de México, en la colonia San Lorenzo Tezonco, ubicada en la alcaldía Iztapalapa. Es la cuarta hija de seis hermanos y desde muy temprana edad se enfrentó a múltiples formas de violencia, ya que desde pequeña se vio obligada a vivir en las calles. Sin embargo, la violencia que ha vivido contra ella y su familia no ha terminado: Desde hace cuatro años, su hijo Iván se encuentra desaparecido.
María se define a sí misma como “la persona que nunca va a dejar de buscar a su hijo”.
La experiencia en la calle llevó a María a querer proteger a su hijo e hija, a poner como prioridad el cuidado hacia cada familiar suyo. Cuenta que pudo tener eso que siempre soñó; una casa en donde su familia, su hijo e hija, vivieran tranquilamente, una casa en la que se compartiera la mesa, las risas y el cariño, y en la que actualmente cuida también a sus nietos.
Tras la desaparición de Iván, María se tatuó sus iniciales en el antebrazo izquierdo.
Iván nació el 30 de enero de 1995 y desde los ojos de su madre era una persona altruista, amable y generosa. A través de sus palabras, ella recalca el particular cuidado que tuvo al educar a su hijo, queriendo evitar que él sufriera por los estereotipos que ella ha cargado.
Pero el 9 de septiembre del 2016, Iván Yan Carlos Ibarias Soria fue extraído ilegalmente de su casa en Veracruz por unas personas armadas y, desde entonces, se encuentra desaparecido. Desde ese día, María ha estado presente en diversos procesos de búsqueda; ha participado en búsquedas tanto en vida como en campo para encontrar a su hijo, y se ha visto acompañada y acompañando a otras personas que también buscan a sus familiares desaparecidos.
Sin embargo, debido al estigma que existe socialmente respecto a la situación de calle, han habido ocasiones en las que al narrar su historia, María ha sido juzgada y no siempre ha recibido una respuesta comprensiva por parte de funcionarios públicos e incluso personas cercanas a ella. Comenta que han llegado a justificar la desaparición de Iván por prejuicio:
“Me preguntan por qué soy tan agresiva, que por qué me dirijo a ellos [las personas que viven en situación de calle] con tanta confianza. Cuando yo expliqué por qué hablaba con los indigentes me dijeron ´es que tú eres la banda, es que tú eres de lo peorcito. Entonces ¿cómo es tu hijo? Por eso no está tu hijo”.
De pequeña, María y sus hermanos pasaron hambre. Vivían en la casa del padre, el cual era alcohólico y ejercía violencia contra su esposa, motivo por el cual tuvo que salir de ahí. Ante la ausencia de la madre y el alcoholismo de su padre, María, sus hermanos y hermanas quedaron en una situación de alta vulnerabilidad. Cuenta que su padre la llevaba desde muy pequeña a la cantina a beber y que continuamente terminaban durmiendo en la plaza de San Lorenzo.
De sus tres hermanos mayores, dos de ellos también estaban en situación de calle cuando a la edad de 13 años a María y a sus dos hermanos pequeños se les expulsó de la casa en la que vivían, ya que nadie quería hacerse responsable de su cuidado. Siendo la mayor de los tres, María quedó a cargo de los menores y tuvo que ingeniarse técnicas de supervivencia para cuidarlos y cuidarse, para ser visible o invisible según la necesidad del momento. Durante las noches los enterraba en la tierra para evitar que pasaran frío, se vio obligada a recoger comida de los mercados y las calles, a hacer pequeños favores a los transeúntes e incluso, a robar alimento. Expresa: “Yo lo reconozco y a mí no me da pena porque era: ‘o robas o no comen tus hermanos’”.
Alí Ruíz Coronel en su texto Y los invisibles ¿por qué son invisibles? comenta que habitar en la calle conlleva riesgos y formas de vida diferentes. En esta situación la gente se ve forzada a generar tácticas, estrategias y prácticas de supervivencia.
“Pero nada más imagínate todo lo que pasan como mujeres en la calle. En la calle es muy duro, muy, muy duro […] Cuando esa misma gente que te está cuidando se confabulan para atacarte. No tienes idea de lo que es eso. Es lo más duro que puede vivir una persona”, comenta María.
Cada historia personal en la calle
Cada persona que ha vivido en la calle carga y cuenta su propia historia. Tiene una visión o percepción diferente según su experiencia; el género con el que se identifica, su color de piel, los tatuajes tanto de tinta como simbólicos que lleva; y la edad que tiene, entre otras cosas.
Los encuentros y las experiencias con otros y otras dejan marcas profundas en el ser, vestigios imperceptibles a simple vista, pero notorios en el trato, en la forma de caminar, hablar y convivir. Cuando María habla de su pasado en la calle, de las personas a las que conoció y con las que compartió lo que tenía, se vuelven visibles esas marcas. Nos cuenta de la Golondrina, una mujer que tuvo que hacer cosas incomprensibles para darle de comer a sus hijos. De varios tronados, hombres que se quedan solos, tan solos que enloquecen. De mujeres que buscan protección en otros hombres, pero que no olvidan que aquéllos son también potenciales agresores. Historias de vida, de violencia, de exclusión y de estigma que cuentan y valen. Ella las relata, las escuchó y sigue escuchando. Su propia experiencia ha permitido que, hasta el día de hoy, María sea sensible a este tipo particular de desigualdad.
“Para mí la experiencia de haber vivido en la calle, de saber lo que es un indigente, de saber lo que es no tener, me sensibiliza ahorita en este momento […] y aunque yo quisiera ayudar a todos, sé que no puedo. Pero si está a mi alcance, lo haré. Porque me duele. Si yo estoy comiendo, me duele voltear a mi alrededor y saber que alguien no ha comido. O cuando estoy acostada me levanto, y lo han visto, me levanto y me quito mi cobija y voy y se las doy. Porque es duro vivir en la calle. Es muy duro. No falta quien te quiera patear, quien te quiera violar, quien te quiera hacer lo que quiera por vivir en la calle” explica María.
Marcas, estigmas
Vivir en un ambiente violento, la precariedad económica, la falta de lazos sociales y de apoyo institucional en casos de vulnerabilidad, son algunas de las causas que obligan a que la gente habite las calles. Muchas de las razones por las que una persona termina en esta situación se relacionan con prejuicios socialmente construidos; el habitar las calles es producto de juicios morales que marcan los cuerpos y las vidas de estas personas. La manera en que se notan estas marcas es social y hace que sea ineludible el prejuicio, este borra el resto de las historias que carga quien las porta. Según Erving Goffman, estas marcas son los estigmas.
El estigma es una marca que se lleva, se pone, se incorpora. Una marca que simboliza una diferencia, otra realidad. Son las diferencias de la norma que socialmente definen una diferencia con lo aceptado, marca lo ajeno y puede ser social, cultural, étnico, racial, etc. En el caso de la población en situación de calle, el estigma que se carga es inmenso e implica, muchas veces, tratos que van desde el acto de ignorar a dichas personas y fingir su inexistencia, hasta tratos desconsiderados, violentos e incluso que no se les da a quien se considera humano. Todos estos actos crueles son reflejo de una realidad completamente injusta y son evidencia de cómo es que opera el estigma socialmente. Como explica María “La misma calle te enseña a que no debes hablar, no debes de abrirte porque no sabes ni con quién estás tratando”.
La experiencia que María vivió en la calle le impide olvidar. A través de la memoria, del recuerdo y de los afectos que generó en ese tiempo, ha decidido seguir construyendo lazos con quienes habitan las calles de las diferentes ciudades en las que ha vivido, por las que pasa y en las que busca a su hijo.
Los sin casa que van sobre La Bestia
María recuerda a Iván desde su parte más bondadosa. Nos cuenta que desde hace ya algún tiempo ella y su familia apoyan a las personas en situación de calle y a personas que cruzan el país en su camino hacia el norte, ya que su hogar es paso del tren conocido como la Bestia, y es usual ver a muchos migrantes que se ven obligados a detenerse, ya sea por el agotamiento del viaje o alguna enfermedad.
“Si antes apoyábamos a la gente cuando estaba Iván, ahorita es más. Como que me apego más a ello. No puedo mucho, pero lo poquito que yo les pueda brindar eso voy a hacer, porque eso hubiera querido Iván. Y mi relación ahorita con ellos, no sé… es como si fueran mis hijos. A lo mejor estoy mal; estoy loca o quiero ver en ellos a Iván; pero para mí son mis hijos y siento que si yo los protejo, estoy protegiendo a Iván”,.
De esta manera, María nos demuestra algo que a la vez es evidente pero pareciera estar oculto. Siguiendo lo que propone Gatti, el estigma que cargan los habitantes de las calles los convierte en desaparecidos sociales, ya que no son producto de catástrofes extraordinarias, sino que son producto de desgracias comunes.
“¿De dónde salen?”
Aunque las problemáticas de desaparición en México y la violencia que lleva a las personas a vivir en situación de calle parecen divergentes, a través de las experiencias de María Aguayo se nota la confluencia entre las dos circunstancias. Desde que un grupo armado se llevó a Iván de su casa, el proceso de búsqueda ha llevado a la familia a lugares inesperados. Sin embargo, la experiencia de María les ha permitido notar estas relaciones y particularidades. Dos momentos puntuales son evidencias de esta relación: el primero fue durante la Búsqueda Nacional en Vida, en la Ciudad de México, y la segunda durante el Plantón de Familiares de Desaparecidas y Desaparecidos que se colocó en el Zócalo el 4 de junio del 2020.
María con una playera de la Búsqueda en Vida realizada en Jalisco durante el mes de marzo del 2020.
Como explica Gatti, el concepto de desaparición significa ausencia y exclusión, invisibilidad, imposibilidad de palabra y de ser nombrado, características compartidas con las personas en situación de calle. La miopía gubernamental y social que viven, el repudio y rechazo producidos por el estigma social, colocan a los desaparecidos sociales en una situación de vulnerabilidad constante.
Existen diferentes tipos de desaparición; cada una tiene sus características y cada caso tiene su propia historia y particularidades, pero tienen en común la ausencia, la exclusión y la incertidumbre. Todas las formas de desaparición son síntoma de la miopía gubernamental y la miopía social que vuelve invisible el complejo entramado de violencias. Nombrarlas bajo el concepto de desaparición ha permitido explicar dicha articulación y, a la vez, generar organización en contra de la desaparición.
Del 2 al 7 de diciembre del 2019 se realizó en la Ciudad de México la Búsqueda Nacional en Vida, y durante esos días María junto a otras compañeras salieron a repartir comida a algunas zonas de la Ciudad de México, ya que las donaciones para las jornadas eran abundantes.
“Estábamos cerca de Garibaldi y caminando nos trasladamos con las ollas, platos y todo. Pero no te imaginas que infinidad de gente sale ¡Hasta de la coladera salía la gente! Los mariachis se acercaban porque aunque estaban en su lugar de trabajo no había comida para ellos, y se acercaban a comer. De repente una niña se acerca también y te quedas impactada porque son niñas pequeñas ¡¿De dónde salen?! ¿De dónde salen?”.
Del 4 de junio al 1 de julio del 2020 familiares de desaparecidos de distintos estados del país instalaron un plantón frente a Palacio Nacional. Exigían un mejor funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y entre las demandas principales se encontraba la destitución de Mara Gómez como Comisionada de la CEAV, que se respetara el presupuesto de dicha Comisión y que se les diera un trato digno, objetivos que consiguieron tras arduos días de presión.
Plantón de Familiares de desaparecidas y desaparecidos nacional durante junio del 2020.
La solidaridad del desposeído
En este escenario fue que tuvimos la oportunidad de hablar con María, quien resaltó por su relación con las personas en situación de calle que habitan el centro de la Ciudad de México. Uno de estos jóvenes con quienes tuvo contacto durante el plantón le platicó que él había sido apresado en Estados Unidos y que se encontraba en la Ciudad de México para hablar con López Obrador.
“Me comentaba: ‘me voy a dejar morir de hambre’, y le dije: ‘No. No vas a ganar nada con morirte de hambre. Tienes que estar alimentado para que estés fuerte y sigas luchando por lo que quieres, tienes que tomar agua’. Le llevé la cobija y me mandó a la fregada. Hoy en la mañana me anduvo buscando y no se fue de aquí hasta que María apareció y ¿Por qué crees? Porque me quería regresar la cobija. ¿Para qué crees? Para que se lo diera a otro indigente que viniera. Y que lo mismo, como yo hablé con él, me pedía que yo hablara con los demás. Se despidió y se fue ¿Por qué? Porque dice él que le di una lección para que siguiera luchando, porque me preguntó qué hacía yo aquí y le di una explicación, no tan extensa, pero sí que la entendiera. Y se fue a seguir luchando, porque no se iba a dejar caer”, nos relata María.
“Que la sociedad voltee… Ya que el maldito gobierno no hace nada”
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), presentado el 13 de julio de este año, en México hay registro de 73 mil 232 personas desaparecidas. Pese a que se están comenzando a generar este tipo de registros, se sigue sin tener claridad cabal de la magnitud del problema.
Las bases de datos existen y marcan cifras alarmantes, pero en ellas no se expresa la situación que vive realmente cada una de las familias que tienen a un ser querido ausente. Es debido al esfuerzo de los familiares y colectivos de personas que buscan a sus seres queridos que hoy en día podemos nombrar lo que ocurre en este país y la magnitud del problema, el horror y la injusticia.
No obstante, las respuestas del Estado para dar solución a esta problemática no sólo han sido insuficientes, sino que en gran medida, han entorpecido el proceso de búsqueda. Este actuar del Estado implica que hay nuevas situaciones en donde no se hacen valer los derechos de las víctimas.
Así como en el caso de la desaparición, existen formas en las que se invisibiliza a la población en situación de calle. Como se explica en el Diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los derechos humanos y las políticas públicas disponibles para mujeres que constituyen la población callejera, prácticamente no existen cifras de la cantidad de gente que habita las calles del país; únicamente existen conteos en Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Acapulco y Tijuana.
No reconocer la existencia de los desaparecidos ni de la población en situación de calle es violencia. No voltear a ver, ignorar y hacer oídos sordos a la injusticia que unos como otros viven, también son violencias, y la viven en común quienes habitan las calles y quienes buscan a sus familiares ausentes. Preguntarnos ¿Quiénes están desaparecidos? ¿Quiénes se encuentran en situación de calle? y ¿Qué similitudes hay entre estos dos tipos de violencia que atraviesan cuerpos y vidas, memorias e historias? Nos lleva a entender que los problemas no están aislados, y que buscar la resolución de un tipo de problemática, conlleva necesariamente pensar en cómo un tema está atravesado por otros. Pensarlos de forma aislada y autocontenida reduce la magnitud y complejidad de lo que realmente está ocurriendo.
“Que se tomaran un tiempesito, que dejaran de peinarse, de comer, que salieran a caminar y se dieran cuenta de lo que están viviendo ellos. Que ellos como sociedad nos están necesitando porque el maldito gobierno no está haciendo nada, pero nosotros como humanidad podemos ayudarlos. Que no los maltraten, que no los vean como escoria porque no lo son, son personas como nosotros, tantito nada más que volteen y los vean ¡Pueden ser nuestros hijos, los que andamos buscando! O hasta ellos mismos pudieron haberlos protegido en algún determinado momento. Eso quiero, que volteen a verlos, que volteen y los ayuden. Yo entiendo que hay muchos que son renuentes pero pensemos que es por lo que están viviendo, desgraciadamente por lo que vivimos en la calle” comenta María.
¿Cuántas serán las personas en situación de calle que están desaparecidas y cuántas personas desaparecidas se encuentran en situación de calle? María nos pide “Que la sociedad voltee a ver a los indigentes ya que el maldito gobierno no hace nada, al contrario, los desaparece, los destruye más”.
En un hecho histórico, habitantes del municipio de Tala, principalmente mujeres, jóvenes y niñas salieron a las calles para manifestarse y exigir justicia para una de sus habitantes: Elsy, niña de 12 años víctima de feminicidio.
Dalia Souza y Darwin Franco/ Zona Docs
Convocada como una marcha pacífica y familiar, la movilización para conmemorar la vida de Elsy y exigir justicia por su feminicidio, logró reunir a más de mil asistentes, quienes de principio a fin recorrieron la calle Herrera y Cairo desde Plaza Gardenias hasta la Plaza Principal de la ciudad. Juntas y juntos, portando carteles y coreando consignas feministas rechazaron la violencia que vulnera la vida de las mujeres y las niñas en este municipio de la región Valles de Jalisco.
“Estamos hartas de que abusen de nuestras niñas, de nuestras mujeres. Estamos aquí para exigir justicia para Elsy, para que se pueda resolver esto lo más pronto posible, es una ofensa hacia las mujeres. En este caso ha sido de los primeros casos que han sonado más, pero en realidad sí hay mucha violencia para las mujeres aquí en Tala” expresó una de las jóvenes que participó en la marcha.
“Para que sepan que los niños y las niñas no se tocan, no se matan”, comentó otra de las participantes sobre las razones que la hicieron salir a manifestarse.
“Estoy cansada de los índices de violencia y feminicidios que hay en nuestro país. Es alarmante que se sigan justificando y que las autoridades no hagan nada. El día de hoy vamos a hablar por las que ya no están” señaló una joven más mientras la manifestación se desplazaba hacia la Plaza Principal.
Por su parte, Citlalli Bravo, una de las decenas de mujeres jóvenes feministas que participó en la organización del evento, reconoció con sorpresa el alcance que tuvo la movilización y, si bien, lamentó que el feminicidio de Elsy haya tenido que provocar por fin la indignación de la sociedad de Tala en torno a la violencia machista, afirmó con certeza que ésta será una oportunidad para que las y los habitantes, así como las autoridades, despierten y se unan
“Surgió este caso, la verdad nos da muchísima tristeza que haya llegado a este punto para levantar la voz así, pero de todas maneras queremos tomar esta oportunidad para que ya Tala despierte, participe y alce la voz por estas injusticias”.
Finalmente, todas vestidas de blanco y usando listones color morado, llevaron consigo veladoras que después utilizaron para delinear la frase “Justicia para Elsy” en la explanada de la plazoleta principal. Mientras que, formando un círculo alrededor de la consigna marcada con velas, madres de familia junto con sus hijas se unieron con el puño en alto y al unísono gritaron: “Justicia, verdad, no a la impunidad” y “Ni una niña más”.
Sobre el caso
Elsy tenía 12 años, salió de su casa el domingo 16 de agosto para buscar un cargador de teléfono, pero nunca regreso a su casa. Permaneció desaparecida hasta la madrugada del lunes 17 de agosto, cuando fue localizada sin vida, con huellas de abuso sexual y violencia en un campo de caña en el lugar conocido como “camino a La Joya” en el municipio de Tala.
Hasta el pasado 19 de agosto, la Fiscalía del Estado afirmaba que tenía dos presuntos responsables, uno de ellos, un hombre cercano a Elsy, su padrastro, quien estaba siendo investigado para determinar su responsabilidad. El segundo, un hombre con ninguna relación de parentesco o amistad con la familia de la menor de edad, que después fue localizado sin vida en un sembradío de caña ubicado en la colonia La Misión, en dicho municipio.
Al respecto, las autoridades informaron que los peritos forenses realizaron el levantamiento de indicios con la finalidad de realizar perfiles genéticos y con ello, llevar a cabo la confronta con el ADN identificado en el cuerpo de la niña.
Asimismo, para determinar las causas de muerte y localizar a los responsables del homicidio de este hombre.
Colima, México, Avanzada (21/08/2020).- El Hospital General Número 10 de Manzanillo registró el 100 por ciento de la ocupación de camas con ventilador, según los datos de la secretaría de Salud de Colima.
Mientras que el Hospital número 1 del IMSS en Villa de Álvarez sólo tiene el 25 por ciento de la disponibilidad, y el Hospital Regional Universitario (HRU) el 30 por ciento de camas disponibles en el área destinada para atender a los pacientes Covid-19.
Así lo informó la secretaría de Salud en Colima, Leticia Delgado Carrillo, quien explicó que tanto el Hospital número 1 de Villa de Álvarez como el HRU se consideran como nosocomios de concentración, lo que significa que reciben a todos aquellos pacientes con el virus SARS-CoV-2 que no pudieron ser atendidos en el resto de los municipios, por la falta de espacios o del equipo.
Carrillo Delgado afirmó que el hecho de que haya hospitales de concentración limita los espacios que estos hospitales puedan tener para la derechohabiencia de los municipios donde se encuentran, en este caso, la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez.
El Estado de Colima registra 2 mil 930 casos acumulados de Covid-19, 348 defunciones, y 239 casos sospechosos.
Los datos de la secretaría de Salud muestran que Comala, Coquimatlán, Colima y Villa de Álvarez se encuentra en fase activa de contagios, aunque los tres primeros municipios tengan menos casos que la zona conurbada.
El mapa de calor que mide la presencia del virus, coloca a Comala e Ixtlahuacán en Amarillo, Minatitlán, en verde, pero en rojo intenso están Manzanillo, Tecomán, y Colima; cada uno contabilizan más de 501 casos acumulados de Covid-19.
La mujer vendía yerbas en la calle de República de El Salvador y fue agredida policías capitalinos. El gobierno dijo que se le regresará la mercancía.
Policías de la Ciudad de México agredieron a una mujer adulta mayor que vendía yerbas en la vía pública.
El hecho ocurrió en la calle de República de El Salvador, donde la señora vendía hierbas. Policías se acercaron a ella para retirarla del lugar y llevarse su mercancía, pese a que la gente que pasaba les pidió que no lo hicieran por ser una señora mayor.
Cortesía Rosario Loperena
Testigos del hecho señalaron que los policías golpearon a la señora y amedrentaron a las personas que intentaron impedir que se llevaran su mercancía, pero los elementos la subieron a una camioneta de la SSC.
Cortesía Rosario Loperena
El subsecretario de Gobierno de la capital, Alfonso Suárez del Real respondió a la usaria de Twitter que publicó lo sucedido que pedirá que se le regrese la mercancía a la mujer.
Y que le pedirán ubicarse en la zona y días permitidos para vender sus productos, de acuerdo con el calendario de reactivación del comercio por COVID-19.
Debido a la pandemia de coronavirus los comercios del primer cuadro abren con horarios y días específicos.
En las calles del centro histórico es común ver a yerberos vendiendo sus mercancía.
La señora sufrió una crisis por lo ocurrido, por lo que las personas trataron de consolarla y darle dinero, ya que perdió todo lo que vendía.
Sobre lo ocurrido, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, dijo que con el retiro de comerciantes ambulantes se busca mantener orden en el Centro Histórico, sin que eso signifique abuso policial de ningún tipo.
“Tenemos que tener un balance entre el orden que se debe guardar de las personas que tienen derecho a trabajar y se dedican al comercio en vía pública, y que al mismo tiempo el trabajo que realizan el trabajo de policías para que no haya un desbordamiento de esta actividad”.
Dijo que ya se revisa la actuación de la policía en estos casos.
Este jueves, policías de la Ciudad de México intentaron quitarle su bicicleta y su canasta a Marven, conocida como Lady tacos de canasta. Ciudadanos que vieron lo que sucedía la ayudaron a recuperar sus cosas.
Este viernes, el gobierno de la ciudad se contactó con Marven para informarle que tendrá un lugar fijo para vender.
Aunque existen 15 personas procesadas, no se ha logrado ninguna sentencia, ni se ha investigado la participación de autoridades. El propio Felipe Calderón acepta que los policías colaboraron. Para el Estado es más fácil indemnizar que lograr justicia plena.
EMEEQUIS.– “Con los señores que hayan hecho eso sí, tengo eso en mi corazón, de que han venido disparando sin alma, tengo resentimiento, no con todo México”, dice Margarita Chimborazo, madre de Telmo Leónidas Yupa Chimborazo, uno de los jóvenes asesinados en la masacre de 72 migrantes provenientes de Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala,Honduras e India, ocurrida entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas.
“Bien lo recuerdo mi hijo, tengo mucha pena, mucho sentimiento, a pesar de que todo me dieron, pero nunca puedo olvidar”. El “todo me dieron” es porque Margarita logró obtener la residencia en Estados Unidos, su gobierno (ecuatoriano) la apoyó un año con “comida y consejos” (despensas y terapias), atrapó al “coyotero” que se llevó a su hijo y lo condenó a 16 años de prisión y una reparación económica –aunque no pudo cobrarla–.
Además, el gobierno de México la indemnizó, a ella y sus otros dos hijos, con lo que pudo construirse una gran casa con flores que sobresale del resto en su pueblo de la montaña, en Chunchi, Ecuador.
Foto de la casa de Margarita Chimborazo.
Pero algo le falta: “sería bueno que en México… si pueden hacer más la justicia –dice con voz de súplica al otro lado del teléfono–, coger a todos (los culpables) allá”.
En 2018, personal de las Cancillerías de Ecuador y de México la visitó en su casa, le dijeron que la indemnizarían por la muerte de su hijo. “Sí nos dieron a las cinco familias (de Ecuador), lo vi con el papá de una de las muchachas (víctimas), dijo que para ellos también venían haciendo casas”.
DESCONFÍAN DE SU GOBIERNO Y EL MEXICANO
Diez años después de la masacre de migrantes en San Fernando, no hay justicia: para el Estado mexicano fue más fácil pagar indemnizaciones considerables a las familias que sentenciar a los culpables, y aunque existen 15 personas procesadas por los homicidios, no se ha logrado ninguna sentencia; tampoco se ha investigado la participación de las autoridades que estuvieron involucradas, pese a que las indemnizaciones significan la aceptación de la participación del Estado, por omisión o negligencia. El propio Felipe Calderón cita el involucramiento de los policías municipales en estos hechos, en su libro autobiográfico.
Ecuador fue el primer país que se movilizó para cobrar las indemnizaciones que anunció la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV) en 2018 para los deudos de los hechos criminales de San Fernando 1, en agosto de 2010, y en San Fernando 2, en abril de 2011, cuando hallaron 43 fosas clandestinas con al menos 196 cuerpos, una gran mayoría de migrantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
Jaime Rochín, entonces titular de la CEAV, encabezó las primeras indemnizaciones. “Es muy difícil acercarte a las familias cuyos seres queridos fueron asesinados, desaparecidos o ultrajados de manera violenta por el Estado mexicano, ya sea por negligencia u omisión. Las familias son de muy escasos recursos y tienen absoluta desconfianza en su gobiernoy en el de México, entonces, se requiere de personas que tengan vínculos de confianza”. Ese trabajo lo hizo el entonces embajador de Ecuador en México, Leonardo Arízaga y su Cancillería.
Tras indemnizar a los ecuatorianos, se acercó el embajador de Honduras, de donde es un gran número de las víctimas, y empezaron a trabajar las reparaciones con la CEAV. “Ahí el tema es que algunas familias están acompañadas por una organización mexicana (la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, FJEDD) que exige que para entrar a un proceso de reparación tiene que haber justicia y sentencias, porque no quieren que se pretenda parar el proceso de justicia y ocultar la verdad a través de una reparación económica; me parece muy razonable y aceptable, pero como los procesos de justicia han ido muy lentos, muchas de esas familias no han alcanzado la reparación”, señala Rochín.
Para la Fundación –que representa a 11 familias de las 72 víctimasde San Fernando, ésta es una forma de presionar para que se sancione a los responsables y se establezcan medidas de no repetición. “Igual que los padres de Ayotzinapa, que siempre han señalado que no hay reparación posible si no tenemos justicia, la verdad de los hechos, dónde están y que pasó exactamente”, ejemplifica Rochín.
“Y así debe ser…el problema en la práctica es que con un sistema del 98% de impunidad que tenemos en México, resulta muy complicado esperar a que realmente haya justicia y verdad para proceder a la reparación”. Aun así, otras familias que no estaban con la Fundación han solicitado la reparación.
Para las familias de El Salvador, Guatemala o Nicaragua, sus embajadas no han dado respuesta, “y hasta donde me quedé no habían mostrado interés alguno”, dice Rochín, quien renunció a la CEAV en junio de 2019. “Y la participación de las embajadas es vital, porque resulta muy difícil contactarlas, viven en poblados muy alejados, a donde no se llega en auto, sin acceso a Internet ni cuentas bancarias para hacer el pago, nada de información”.
De las 72 víctimas de la masacre de San Fernando, al menos 26 eran de Honduras (3 identificados en los últimos años), 14 de El Salvador, 13 de Guatemala, 5 de Ecuador, 4 de Brasil y 1 de India. En la fosa común del Panteón Dolores de la Ciudad de México quedan aún 9 restos humanos sin ser identificados.
¿CÓMO PAGAR LA PÉRDIDA Y EL DOLOR?
La Navidad de 2017 Fredy Lala –uno de los dos sobrevivientes de la masacre– llegó a Quito a visitar a Andrea Ledezma, quien fue su abogada por siete años. Iba acompañado por personal de la Cancillería de Ecuador: le informó que le revocaba los poderes y ya no podría representarlo. La abogada lamentó que decidiera irse con quienes, considera, lo traicionaron, porque el gobierno de Ecuador le quitó los beneficios de testigo protegido, no le entregó los papeles de la casa que supuestamente “le dieron” y tampoco cumplieron con la ayuda médica y psicológica que requería.
Andrea dejó la defensa de Fredy y el trabajo adelantado para conseguirle una visa humanitaria en Estados Unidos. Desconoce si lo indemnizaron, pero cree que no, porque el padre llamó recientemente para pedirles dinero y ropita, ya que la están pasando muy mal por la pandemia. Rochín está seguro que Fredy Lala sí fue indemnizado, él le ofreció disculpas a nombre del gobierno mexicano. Seguramente le tocó menos dinero, porque en su caso no hubo pérdida de vida.
Para hacer el cálculo de la reparación se utilizan criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y son cinco elementos:
Rehabilitación.– Algunas de las víctimas hondureñas y salvadoreñas han venido a México a recibir apoyo de las instituciones de salud.
Restitución.– Que en este caso es imposible, porque sería entregarles vivos a sus seres queridos.
Satisfacción.– Tiene que ver con la disculpa pública y el reconocimiento y responsabilidad del Estado.
Garantías de no repetición.– Son sanciones a los culpables, “y ahí es donde todavía falta mucho”.
Compensación.– El dinero que se otorga por el daño material y la afectación personal recibida, porque muchas veces eran los que mantenían a las familias. “Se hace una consideración matemática de aquello que pudieron haber ganado a lo largo de su vida y hay un sistema actuarial. Expertos analizan cuánto pudieron percibir en un año, por la esperanza de vida en su país y se sacan las cantidades”.
Documentos que entregó el gobierno mexicano a la embajada de Ecuador.
“Por supuesto que del sobreviviente a los fallecidos o desaparecidos hay diferencias y pudo ser menor la compensación: si una persona fallece a los 20, se considera un periodo de 50 años en que pudo haber vivido y trabajado, y se consideran el número de miembros en cada familia. Si no perdió la vida, pero no quedó imposibilitado para trabajar, se hace un cálculo; si queda imposibilitado, hay otro criterio”.
En las sentencias que se dictaron en Ecuador contra los traficantes, el juez ordenó un pago de daños a Fredy Lala por 8 mil dólares, y de 50 mil para Margarita, aunque ninguno de los dos pudo cobrar porque el “pollero” no tenía propiedades a su nombre.
“Las víctimas ya saben, deben acudir a la CEAV y llenar un formato muy sencillo de dos páginas, lo que no podemos es otorgarles una reparación sin que explícitamente lo soliciten, porque podría ser una falta de respeto”, explica Rochín.
“ME DEJARON EN EL OLVIDO”
Elvia Rodríguez vive en Ciudad de México, en la colonia Doctores. Ha padecido sus propias faltas de respeto. Es una víctima directa de la mala actuación del Estado: quedó prensada con un auto que le aventó el tráiler que transportó los cuerpos de los migrantes al Semefo de la Ciudad de México el 1 de septiembre de 2010. Sufrió la amputación de su pierna izquierda y, como medida de reparación, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la puso a elegir: indemnización o una plaza de trabajo. Eligió lo segundo, con la promesa de que tendría todas las facilidades dada su condición de discapacidad, podría seguir estudiando y desarrollarse en la institución. Pero una vez que se fueron los funcionarios, sus jefes inmediatos empezaron a hostigarla por sus idas al médico, porque iba a la escuela o porque quiso presentarse con la nueva subprocuradora para que conociera su caso. “Son otros tiempos y te tienes que adaptar”, le dijeron en Recursos Humanos.
Como “estaba estudiando” la enviaron al archivo, donde pasaba la mayor parte del día de pie. Le dijeron que no podría ascender por falta de licenciatura y cuando se hizo una reducción de personal al interior de la Procuraduría, la comisionaron a otra área. Ahora podría incluso perder su plaza de confianza, porque no tiene ningún papel firmado.
Elvia sufrió la amputación de su pierna izquierda.
El Gobierno de la Ciudad de México le regaló una prótesis de avanzada, de titanio, pero también se deslindó de ella cuando se fue el doctor Armando Ahued. Su sueldo de 4 mil pesos a la quincena se va la mitad en el Uber que la lleva y trae al trabajo y el resto en gastos de casa. No logra ahorrar para darle mantenimiento a su prótesis y “ya está bastante dañada”. Busca que el ISSSTE le otorgue una, como la que tiene, porque para ella es imposible costearla: vale más de 100 mil pesos, y el pie, entre 25 mil y 30 mil.
“Mi familia y yo nadábamos en ignorancia, nos decían una cosa y otra, no teníamos conocimiento. En ese momento pensé que sí se estaban haciendo responsables al darme trabajo, pero que no me hayan dado seguimiento, que me cerraran las puertas en la Procuraduría, me molestó, porque me dejaron en el olvido”.
Elvia, viviendo en la Ciudad de México, ni enterada estaba de estas indemnizaciones.
“SITUACIÓN DE RETROCESO”
Entre las familias representadas por la Fundación “hay una visión integral de la reparación, que es justicia y verdad, y cómo avanzan los casos”, dice Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación, que acompaña a 11 familias de los masacrados en San Fernando 1, y a 18 familias de los cuerpos hallados en las fosas; también a 9 de Cadereyta, Nuevo León, donde arrojaron 49 cuerpos en 2012, y a 13 de los 16 hallados en febrero de 2015 en una fosa de Güemez, Tamaulipas, todos migrantes, algunos de México, pero en su mayoría centroamericanos.
Familias de Guatemala y Brasil dudan de que los restos entregados por la PGR en 2010 pertenezcan a sus familiares. La Comisión Forense –formada entre peritos de la PGR y el equipo de Antropología Forense Argentino– revisó la información documental y recomendó que los restos sean exhumados, pero Guatemala se niega y rechaza que intervengan peritos externos. “Y México tampoco toma acciones contundentes con Guatemala para que se logre”, explica Delgadillo: “y lo primero es que haya certeza de los restos recibidos”.
“Muchas de estas familias ya están en el registro de víctimas de la CEAV y deberían estar recibiendo medidas de atención y apoyo, y no lo hemos logrado. Y con este gobierno sí podemos decir que estamos en una situación de retroceso… la titular de la CEAV, Mara Gómez (después renunciaría), ha tenido un rechazo a apoyar a víctimas migrantes. En un caso de un africano que murió en México tratamos de que pagaran por lo menos el envío del cuerpo a Camerún y me dijo que tenía pocos fondos y los que tenía, los iba a aplicar en familias mexicanas”.
Para Jaime Rochín esto es un error porque la ley no distingue nacionalidad, “si fueron víctimas en México la consideración debe ser la misma”.
Sobre el presupuesto para las víctimas aclara: Existe un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral contemplado en la Ley de Víctimas, es una obligación de los diputados incluirlo en el Presupuesto y por ley debe estar siempre como mínimo en el 0.014 del Presupuesto, que son unos 500 millones. “Es un fideicomiso que no desaparece y no está en riesgo, como los que no están en la ley”.
El recorte que se anunció estaría relacionado con los gastos de operación —personal y renta— y no afecta al Fondo de Ayuda a las Víctimas. “Y como no ha habido muchos avances en las reparaciones, deben tener ese recurso íntegro”.
RECONSTRUCCIÓN DE LA MASACRE
“Para nosotros el balance general es de impunidad”, dice Delgadillo, “porque aunque hay algunas personas procesadas, no existe ninguna sentencia definitiva del caso –una persona fue sentenciada, pero promovió un amparo– no vemos una investigación para estructuras jerárquicas y del crimen organizado, ni de la actuación del Estado”.
Luego de litigar por siete años en los tribunales como representantes legales de las víctimas, la Fundación logró acceder a las copias del expediente en febrero pasado (30 tomos de entre 500 y mil fojas cada uno) y establecer la estructura criminal de los autores de la masacre de los 72, lo que toma relevancia, porque la SEIDO fue sumamente opaca en informar y porque una cosa es lo que declaran las autoridades en los medios y otra la que obra en el expediente.
Pudieron establecer 15 personas procesadas por la masacre, todos con juicio radicados en juzgados de Tamaulipas, donde no existen garantías para que abogados y periodistas vayan a hacer su trabajo.
LOS 15 PROCESADOS
En la declaración ministerial de Édgar Huerta Montiel, “El Wache”, a la que tuvo acceso el colectivo Periodistas de a Pie, afirmó que “El Moneneke” avisó desde Ciudad Victoria a “El Coyote” que iban dos camionetas con gente. Pidió que al llegar a San Fernando los checaran, porque gente del Cártel del Golfo los estaba reclutando para trabajar de halcones o de esclavos. Ahí los detuvieron, “El Kilo” informó a “La Ardilla” que eran migrantes, pero éste dio la orden de matarlos. “El Alacrán”, “El Chamaco” y “El Sanidad” los mataron, con tiro de gracia, en un lapso de dos horas, mientras “El Coyote”, “El Junior” y él daban seguridad afuera del rancho. Como ya era de noche, se fueron a dormir a San Fernando. Al día siguiente regresaría “El Chamaco” a enterrarlos, pero llegaron antes los marinos.
Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias “El Ardilla”, fue detenido y presentado en octubre de 2012 como el jefe regional de Los Zetas en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, autor intelectual de la muerte de los 72 migrantes de San Fernando, responsable de las narcofosas y más el asesinato de 50 personas, entre ellos el americano David Harley y el policía ministerial que investigaba el caso; la fuga de 151 reos del penal de Nuevo Laredo y 132 del penal de Piedras Negras, Coahuila.
El gobierno de Coahuila lo reclamó como probable responsable del homicidio de José Eduardo Moreira, hijo del exgobernador Humberto Moreira. Sin embargo, este sujeto depredador, que saludaba a la prensa mientras lo presentaba la Marina, no aparece en la investigación por los hechos de San Fernando, y la Fiscalía no aporta información de su situación jurídica. [1]
También existen enormes dudas sobre la participación de las autoridades en la masacre, pues como se supo por cables desclasificados por el National Security Archive, hubo colaboración de los policías municipales que trabajaban para Los Zetas en el secuestro de estos y otros migrantes. En su libro autobiográfico, el propio Felipe Calderón responsabilizó a los municipales para ejemplificar la captura del Estado:
“De los 73, sólo uno sobrevivió milagrosamente y narró la dantesca escena. Un aspecto trágico de este episodio, uno de los más tristes en materia de seguridad durante mi administración, fue que los migrantes fueron puestos en manos de sus asesinos… ¡por los propios policías municipales de San Fernando!”.
Se le olvida al expresidente que era su responsabilidad era capturarlos y procesarlos. Quizá pudo haber evitado la tragedia de las fosas con 196 cuerpos halladas ocho meses después. “Habrá que ver si los está confundiendo con el capítulo de las fosas —donde consignaron a 18 policías municipales— o bien ¿qué sabe él que ignoramos los demás?”, dice Delgadillo.
Durante los días de la crisis, cuando parecía que los mandatarios y cancilleres de los países con víctimas demandaban esclarecer el caso y justicia para sus connacionales, existió una amplia comunicación diplomática entre los gobiernos, pero la Cancillería mexicana reservó toda esa información por 12 años. También la Procuraduría de Tamaulipas recurrió a la reserva para cubrir a los ministerios públicos y peritos que hicieron las primeras indagatorias, incurrieron en pérdida de evidencias, no preservaron la escena del crimen, repatriaron cuerpos equivocados y armaron el pésimo operativo a la Ciudad de México que mutiló la pierna de Elvia.
La Cancillería reservó la información 12 años.
Por su parte, la embajada de Brasil en México informó a través de su consejero Luís Guilherme Nascentes que desconocían de ese fondo y esas indemnizaciones y tras una búsqueda en sus archivos, ni en la embajada ni en el consulado hallaron alguna notificación o referencia al respecto. “No es que no hayamos tenido ningún interés en movilizarnos, por el contrario, haremos los trámites necesarios para esas familias que viven en condiciones de mucha vulnerabilidad”. Las embajadas de El Salvador, Guatemala, Honduras e India no respondieron.
Otra de las grandes incógnitas es por qué, pese al tamaño de la masacre, no existe sangre salpicada en las paredes, como ha sucedido en otras masacres. ¿Ahí los mataron o ahí los arrojaron? ¿Con ayuda de quién?
No existía sangre en las paredes, como en otros casos.
Diez años después tampoco sabemos nada de la red internacional de traficantes de personas que se confabularon para llevarlos a hasta Tamaulipas, de la captura de los “polleros” a los que pagaron los migrantes entre 5 y 10 mil dólares, que incluía el “derecho de piso” que cobran los grupos criminales por cruzar “su territorio”, a excepción de Ecuador, que detuvo a dos: Carlos Heriberto Guzmán, sentenciado a 8 años de prisión por tráfico de personas, en agravio de Rosa Amelia Panza Quilli, y José Arcesio Vázquez Marín a 16 años, por el tráfico de Fredy Lala y Telmo Leónidas, el hijo de 17 años de Margarita.
BUENAS NOTICIAS AL FIN
La Fundación ve tres cosas positivas para las familias que representa y no son las indemnizaciones:
El amparo logrado en la Suprema Corte que obligó al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) a calificar el expediente como graves violaciones a derechos humanos, que significa también que los delitos no prescriben y responsabilidad mayor del Estado.
La FGR aceptó modificar la metodología de investigación y acumular en la Fiscalía de Derechos Humanos todos los casos de masacres ocurridas en el Norte, aceptó la propuesta de la Fundación para hacer un abordaje diferente porque se dio de manera conjunta, en territorio vecinos, todos ejecutados, por el mismo tiempo y pudieran ser los mismos criminales.
La CNDH aceptó en la anterior administración reabrir parte del expediente para investigar violaciones a integridad y vida, y si las autoridades estuvieron involucradas en este tipo de violaciones.
El Juzgado quinto de distrito del estado de Veracruz sentenció que la Fiscalía local violó los derechos de la familia de Ricardo Adrián García Cruz, víctima de desaparición forzada desde el año 2013 y mandató a investigar lo sucedido con el joven como un crimen de lesa humanidad.
El caso es conocido como Formando Hogar en referencia al nombre del barrio del puerto de Veracruz, en el estado homónimo, dónde elementos de la Agencia veracruzana de investigación en conjunto con la Secretaría de Marina realizaron operativos coordinados entre los días 6 y 11 de diciembre del año 2013, en los cuales ejecutaron la desaparición forzada de al menos seis jóvenes de la colonia.
En esos días los agentes de las fuerzas policiales locales y armadas del nivel federal, sembraron el terror en la pequeña colonia, ingresando por medio de la fuerza y sin ningún tipo de orden judicial, a las casas de los habitantes y a distintos sitios dónde se encontraban laborando, de dónde secuestraron a los jóvenes.
Según expresaron a Sputnik desde la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humano, que lleva adelante la defensa legal de las familias de los muchachos desaparecidos, hay testigos que señalaron que los jóvenes fueron vistos con vida en instalaciones policiales, pero que tras dar esta información, han sido amenazados para acallar su voz.
El reciente fallo del Juzgado de Distrito obliga a la Justicia local a entregar a la familia del joven García Cruz copias de su expediente penal (al que no han accedido en más de seis años de litigio) y a realizar un plan de investigación para el caso conforme al protocolo homologado para la investigación de delitos de desaparición forzada, de acuerdo a los lineamientos de la Ley General de Desaparición, vigente desde noviembre de 2017.
Los detalles del caso
El operativo por el que al menos seis jóvenes fueron desaparecidos por agentes estatales en una colonia popular del puerto de Veracruz duró seis días, entre el viernes 6 y el miércoles 11 de diciembre.
“Según los familiares, la detención de los jóvenes fue colectiva y programada, ya que los uniformados que las ejecutaron llevaba fotografías y descripciones detalladas de los jóvenes detenidos y desaparecidos. Pero hasta el momento, ninguno de los casos ha sido investigado por las instancias judiciales”, señalaron desde Idheas.
Es importante señalar que estos operativos se dieron en el marco del programa denominado Veracruz Seguro, que se presentó públicamente como una medida de combate a la delincuencia organizada, pero que en los hechos, se transformó en una herramienta de terror contra familias que continúan reclamando justicia por los delitos de lesa humanidad de los que han sido víctimas.
Ricardo Adrián García Cruz está desaparecido desde el 9 de diciembre del año 2013, cuando fue secuestrado entre las dos y las tres de la tarde. Estaba trabajando junto a su compañero David Salas Ariel, cuando los elementos policiales y judiciales llegaron al sitio a bordo de tres camionetas y los privaron de su libertad mediante la fuerza. Hasta la fecha, Ricardo y David están desaparecidos.
Velia Aurora, madre de Ricardo, presentó un amparo ante el Juzgado quinto de distrito quien reconoció que la Fiscalía había violado sus derechos ante la falta de una investigación pronta y expedita sobre el paradero de su hijo, a pesar de sus constantes esfuerzos ante distintas autoridades para lograr avances y respuestas.
“Esta sentencia es un precedente importante para las víctimas en Veracruz que, día a día enfrentamos negativas para conocer los expedientes de nuestros hijos. A siete años de la desaparición de los jóvenes de la colonia Formando Hogar seguimos buscándolos y exigiendo verdad y justicia, porque no pararemos hasta encontrarles”, sostuvo la madre de Ricardo.
Aunque la desaparición forzada masiva a partir de detenciones programas de Ricardo y de Pablo Darío Miguel Hernández, Yonathan Izac Mendoza Barrospe, José Armando Cortés Arrioja, Víctor Álvarez Damián, Marco Antonio Ramírez Hernández, David Salas Ariel, José Ignacio Cruz González y Vicente Helos continúa sin ser investigada por la justicia mexicana, este fallo abre una nueva puerta a la esperanza para el avance de la justicia en otro de los casos graves y delitos de lesa humanidad cometidos contra la población mexicana en la última década y media.
Este año se estrenó el cortrometraje documental Abrir la Tierra que retrata la desaparición de seis jóvenes.
MÉRIDA, MX.- Ante un acto de feminicidio que ocurrió ayer en un fraccionamiento de Mérida y que se trataría del cuarto durante la contingencia sanitaria por coronavirus (Covid-19), colectivos integrados por mujeres acusan que las autoridades del Estado y medios de comunicación no reconocen esta problemática y lo clasifican como crímenes pasionales, por lo que convocan a una manifestación virtual este mismo día.
Con titulares como “Doble tragedia en Pensiones, difícil de creer, eran la pareja perfecta”, algunos medios de comunicación dan a conocer la noticia de una mujer que fue asesinada por su pareja el día de ayer en el fraccionamiento Pensiones.
En este sentido, para el evento al que invitan hoy, los colectivos feministas que se han unido dejan en claro que “El amor no mata, el machismo sí lo hace”, por lo que invitan a todas aquellas que quieran unirse a la manifestación, pueden hacerlo escribiendo un poema, ilustración, collage, cartel, fotografía, texto u otra manifestación artística con los hashtag #NosFaltaFernanda, #NiUnaMenos y #YucatánFeminicida.
La manifestación a través de redes sociales se llevará a cabo a partir de hoy a las 12:00 del día hasta mañana a las 3:00 de la tarde.
Respecto a los hechos ocurridos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que ayer una mujer fue encontrada muerta a causa de heridas de bala provocadas por quien fuera su pareja.
Además, la persona luego de quitarle la vida a la joven, él se suicidó; de igual manera, según las primeras investigaciones, presuntamente la mujer fue llevada a dicho domicilio en contra de su voluntad.
Los elementos de la SSP llegaron al sitio, luego que un vecino de la zona denunciara que se escucharon detonaciones de arma de fuego.
Cabe señalar que la Policía Estatal de Investigación (PEI) y del Ministerio Público ya decidieron activar el protocolo de feminicidio.
De acuerdo con los primeros testimonios recabados entre amigos de la víctima, Fernanda N. de 21 años, confirman que ella estudiaba Administración de Empresas y sí era víctima constantemente de violencia psicológica y emocional, principalmente por parte de Enrique N. de 27 años, quien terminó quitándole la vida.
Marcha de mujeres en Xalapa por el aborto legal, seguro y gratuito. Foto: Yahir Ceballos
Noé Zavaleta / Proceso
XALAPA, Ver. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá que agendar fecha para desahogar el segundo amparo que pide la despenalización del aborto en Veracruz, señaló la asociación civil Equifonía.
Adriana Fuentes, abogada de Equifonía, precisó que interpusieron un amparo debido a que el Poder Legislativo se negó a modificar las causales de aborto legal, tal como se pedía en la Alerta de Género por Agravio Comparado en el estado.
Ese amparo fue resuelto a su favor, pero el Congreso local rechazó acatarlo, por lo que llevaron el caso a otros tribunales y llegó a la SCJN.
En este segundo amparo, los colectivos y activistas piden quitar la restricción de 90 días para casos de violación, aumentar la causal de salud de la mujer y eliminar la restricción hasta las 12 semanas.
De acuerdo con Adriana Fuentes, el caso se encuentra en manos de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien lo debe analizar y presentar ante la Primera Sala, aunque todavía no existe una fecha para ello.
“En otras ocasiones la SCJN ya se ha pronunciado por la necesidad de incrementar las causales de aborto legal o el aborto en caso de salud o violación como un derecho, pero estos nuevos amparos sentarán un precedente, ya que se trata de analizar la obligación de los congresos locales de legislar en un sentido específico”, apuntó.
Apenas el 29 de julio pasado, el máximo tribunal del país desechó un primer amparo para despenalizar el aborto, situación que ocasionó el enojo de diversos colectivos feministas en la entidad.
Ese primer recurso fue presentado ante la Primera Sala, que lo rechazó debido a que los magistrados consideraron que no existió una omisión legislativa, y un nuevo ministro –en este caso Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena– deberá analizar el caso.
Mientras que la pandemia devasta al país las prioridades presidenciales se concentran en un circuito de trenes, en ductos energéticos y en una refinería.
Los esfuerzos por remodelar el sur de México avanzan a la par de una mortal pandemia que ha cobrado decenas de miles de vidas en todo el país. Quienes se oponen a estos proyectos de desarrollo alertan sobre la grave amenaza que esta serie de grandes proyectos representan para la sociedad, el territorio y el ecosistema. Por su parte quienes los impulsan aseguran que representan una importante oportunidad para mejorar las condiciones económicas de la región, mientras la recesión económica se intensifica. Pero si hay algo en lo que todas las partes coinciden es que estos megaproyectos implican un cambio estructural.
Una ruta ferroviaria e industrial que atraviesa el estrecho Istmo de Tehuantepec es la columna vertebral de un amplio proyecto de infraestructura que incluye un circuito de trenes para interconectar ciudades planificadas en diversas zonas de la Península de Yucatán, una nueva refinería en Tabasco, y una infraestructura hidroeléctrica y de gaseoductos que abarcan tres estados al sur de la Ciudad de México, la región central del país donde también se construye un nuevo aeropuerto internacional.
Algunas organizaciones sociales impugnan legalmente estos cinco proyectos, porque consideran que el Corredor Transístmico, el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, el Proyecto Integral Morelos y el aeropuerto de Santa Lucía violan el derecho a la consulta de los pueblos indígenas de México. Es por eso que a principios de agosto presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Especialistas en el derecho agrario como Carlos González señalan que este tipo de proyectos “tienen un impacto tremendo sobre las poblaciones que habitan las regiones y sobre la naturaleza” porque, según el análisis geopolítico del concejal nahua del Concejo Indígena de Gobierno, se pretenden “reordenar las fronteras de Centro y Norte América en función de los intereses de Estados Unidos” por lo que al controlar poblaciones se benefician poderosos intereses financieros para los cuales “el corredor transístmico es la bisagra entre los proyectos del sur, el Tren Maya y los proyectos del centro del país.”
Los planes del gobierno de México para este Corredor Interoceánico exigen unir el Pacífico con el Atlántico mediante vías de ferrocarril y una autopista para expandir los puertos ubicados en ambas costas, construyendo también un gaseoducto para enlazar las refinerías, además de establecer en la ruta una decena de parques industriales con beneficios fiscales.
Este proyecto pretende competir con el envejecido Canal de Panamá, además de construir maquiladoras libres de aranceles, un componente del libre comercio ya presente a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Según AMLO, como también se le conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador, esto permitiría cerrar la brecha económica entre el norte industrializado y el sur empobrecido. El presidente mexicano promocione los megaproyectos como un medio para crear empleos y capitalizar lugares y recursos estratégicos para mejorar las condiciones de vida en aquellas zonas del país que son “expulsoras de mano de obra”, como se les define oficialmente.
Otro objetivo, tal y como se señala en el Plan Nacional de Desarrollo de la administración de AMLO, es que “los proyectos regionales de desarrollo actúen como ‘cortinas’ para captar el flujo migratorio en su tránsito hacia el norte”.
“México va a ser el muro”, dice la académica Binnizá (Zapoteca) Bettina Cruz, al explicar cómo funcionará en los hechos el Corredor Interoceánico. Para la también activista en Juchitán, Oaxaca, el muro fronterizo es prácticamente un “tren a cuatro vías que va estar resguardado por la Policía, por la Guardia Nacional, por la Marina, por las Fuerzas Armadas”.
Las fuerzas armadas juegan un papel clave en los megaproyectos del gobierno.Las fuerzas armadas juegan un papel clave en los megaproyectos del gobierno. El ejército mexicano, por ejemplo, lidera la construcción del nuevo aeropuerto internacional en las afueras de la Ciudad de México, contiguo a una antigua base de la fuerza aérea la cual, por cierto, continuará siendo utilizada para fines de aviación militar además del próximo tráfico aéreo civil.
Ya que la Secretaría de la Defensa Nacional también está construyendo los tramos finales del “Tren Maya” en lugares especialmente remotos de esta zona, opositores a estos proyectos están alteras.
“La militarización de esta última parte es sumamente grave”, dice el escritor maya Pedro Uc Be, un ferviente opositor al proyecto ferroviario. “Nos parece que es un mensaje desde el ejecutivo para inhibir cualquier crítica, cualquier acción de protesta”, alerta Uc Be.
Precisamente en julio de este año, el presidente López Obrador anunció que en adelante serán las fuerzas armadas las encargadas de administrar las aduanas y los puertos de México, lo que implica una militarización de los puertos del Corredor Trans-Istmo. Sin embargo, esta decisión presidencial de militarizar puestos civiles de la administración provocó la renuncia del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú. El argumento de AMLO es que con los militares no solo se combate a la corrupción, sino que ellos aportan mayor disciplina, aunque este es un estribillo muy conocido por cualquier observador de la larga guerra contra las drogas.
Esta nueva acción gubernamental requirió cambios constitucionales que se llevaron a cabo durante la actual administración que aprovechó que MORENA, el partido político fundado por López Obrador, al tener mayoría en ambas ramas del congreso y controlar suficientes legislaturas estatales puede aprobar enmiendas constitucionales. Cambiar la constitución para legalmente militarizar la seguridad pública fue la estrategia utilizada por AMLO para crear la fuerza policial especial conocida como Guardia Nacional.
El destino de los megaproyectos y del ejército se ha vuelto aún más enredado luego de la emisión de dos decretos presidenciales que llegaron justo cuando México alcanzaba el pico de la pandemia.
Fuera de la guillotina presupuestal quedaron los controvertidos megaproyectos, considerados prioridades nacionales, así como el presupuesto de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.El primero de estos decretos, publicado el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación, anunciaba un recorte presupuestal de hasta 75 por ciento para todas las agencias y programas gubernamentales, excepto algunas docenas de proyectos entre los cuales están aquellos que son obra de AMLO. Fuera de la guillotina presupuestal quedaron los controvertidos megaproyectos, considerados prioridades nacionales, así como el presupuesto de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.
El segundo de los decretos presidenciales lanzados durante la pandemia se emitió el 11 de mayo. Permite que ejército y policía participen en las tareas de seguridad pública junto con la recién creada Guardia Nacional hasta marzo de 2024.
Al considerar que ambos decretos “tienen una finalidad de militarización y de militarismo” el antropólogo Gilberto López y Rivas señala que además éstos representan “una continuidad de los proyectos desarrollistas [y] extractivistas de los anteriores gobiernos, que este gobierno de la cuarta transformación critica”.
López y Rivas, sobreviviente de la masacre de Tlatelolco en 1968, define el militarismo como la exaltación del ejército y de los supuestos beneficios que aportan a un país. También excongresista, López y Rivas dice que como funcionario público fue prácticamente imposible supervisar al ejército. Es por eso que le preocupa poner a las fuerzas armadas en un pedestal sin escrutinio.
No son pocas las comunidades indígenas ubicadas a lo largo y ancho de la ruta de los megaproyectos que consideran que la actual administración simplemente está pintando con nueva retórica pasadas propuestas que hoy están estancadas.
Los brillos del Corredor Interoceánico pueden traer eco a cualquiera mínimamente familiarizado con el Plan-Puebla-Panamá (PPP), una antigua propuesta lanzada durante la presidencia de Vicente Fox entre los años 2000 y 2006. En aquel entonces el magnate empresarial y operador político Alfonso Romo era la fuerza impulsora del PPP. Actualmente es el jefe de gabinete de AMLO. Después del aplastante triunfo electoral de AMLO en 2018 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) advirtió que “podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo.”
El presidente quiere que los megaproyectos se completen antes de finalizar su sexenio. En medio de la contingencia sanitaria provocada por Covid-19, elha viajado varias veces al sur del país para cortar listones de arranque y monitorear el progreso tanto del Tren Maya como del Corredor Trans-Istmo. Es irónico que la pandemia permita que estos controvertidos proyectos sigan adelante, mientras sus opositores se quedan en casa para refugiarse de una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que el gobierno hace poco por contener.
Aunque la pandemia ha pegado con fuerza en varias zonas en el camino de los megaproyectos, con una mirada casual alos datos oficiales sobre salud no es posible estimar este impacto. Frente a esto organizaciones opositoras al corredor en Oaxaca, como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), piden al gobierno federal que instale un hospital de campaña en la zona debido a la intensidad del brote de coronavirus y las largas distancias que se requieren para llegar a hospitales más grandes. Tres integrantes con largo historial en la UCIZONI han muerto desde el inicio de la pandemia.
Es ampliamente aceptado el subregistro de casos de coronavirus en México. En la región del Istmo las autoridades municipales han recurrido al exceso de mortalidad (muertes por encima de los niveles promedio históricos) para medir el impacto del virus. En Juchitán, la ciudad más grande de la región, los registros de entierros municipales indican que menos del 25 por ciento de las muertes sospechosas de COVID-19 fueron confirmadas por una prueba de laboratorio. En julio pasado un fuerte brote infeccioso entre trabajadores de salud obligó a que el hospital de Juchitán cerrara temporalmente.
En este contexto, el gobierno mexicano afirma que los megaproyectos son apoyados por las comunidades de la región, basándose en una serie de “consultas” realizadas en 2019. Pero los activistas Bettina Cruz y Pedro Uc Be, así como el abogado Carlos González, argumentan que estas consultas no cumplieron con los estándares de consulta de consentimiento previo, libre e informado que se obtiene de acuerdo con la normativa cultural del voto indígena en asambleas.
Lo que ha hecho el gobierno federal es nada más que una campaña mediática del punto de vista del presidente“Lo que ha hecho el gobierno federal es nada más que una campaña mediática del punto de vista del presidente”, dice Victor Caballero, abogado de Derechos Humanos e integrante del Colectivo Aequus, quien asegura que respaldarse en la popularidad del presidente para las consultas únicamente se exponen “beneficios de las obras simulando si se está de acuerdo o no con esos beneficios”. Caballero ayudó a redactar las demandas legales en contra de los megaproyectos y dice que las consultas no cumplieron con los requisitos de consentimiento e información del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; son procesos con respuestas inducidas porque “lo que se busca es únicamente que la gente apoye la opinión del presidente”, concluye el abogado.
Respecto a la impugnación judicial presentada en el tribunal de distrito mexicano y la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el activista y escritor maya Pedro Uc Be no es nada optimista porque el sistema legal de México no tiene ningún juez en los tribunales que se identifique como indígena: “ir a los tribunales no es nuestra gran esperanza, pero lamentablemente se ha convertido en una ruta necesaria”.
Son muchos quienes como Uc Be piensan que esta indefensión de los pueblos indígenas no es solo por cuestiones legales o culturales, sino que también se debe a la falta de información frente a esta situación, aunque nos recuerda que esto “ha sido un problema no de ahora sino de hace 500 años y que en este gobierno se cristaliza”.
El gobierno municipal de Amealco de Bonfil quiere remodelar una plaza en Santiago Mexquititlán, y gastar 10 millones de pesos. Nadie consultó a los pobladores, y nadie sabe de qué trata la remodelación. Pero sí saben que ésta es el inicio de un proceso que los expulsará de su pueblo
QUERÉTARO.- El 17 de agosto pasado, pobladores de Santiago Mexquititlán tomaron la caseta de cobro de Palmillas, en el estado de Querétaro. Exigieron la cancelación de la obra que el gobierno municipal de Amealco de Bonfil –presidido por Rosendo Anaya– pretende realizar en la explanada del templo de la comunidad; y que costará 10 millones de pesos, aunque hasta la fecha ningún habitante de la comunidad ha sido informado qué pretenden construir o remodelar.
Ese día, los manifestantes también exigieron la liberación de los juegos mecánicos que que el gobierno les confiscó “en castigo” por protestar.
Santiago Mexquititlán es un pueblo pequeño perteneciente al municipio de Amealco de Bonfil al sur del estado. Según la Secretaría de Bienestar tiene entre mil 500 y mil 700 habitantes pertenecientes a la etnia hñöhño. Es uno de los asentamientos originarios más antiguos de la región, y al paso de los siglos ha luchado por preservar su territorio e identidad. Ahora la amenaza es más fuerte, desde que el municipio fue declarado “pueblo mágico”.
A mediados de junio, algunas autoridades municipales se apersonaron en la comunidad. Presentaban a las familias un documento en español, aunque la mayoría sólo habla hñöhño. Y a cambio de una firma, obsequiaban pollos o materiales de construcción.
Por eso, entre los habitantes ya había incertidumbre y recelo; pero fue el 30 de julio que supieron de qué se trataba. Ese día, personal del gobierno municipal de Amealco de Bonfil, acompañado de simpatizantes y maquinaria pesada, arribó a Santiago Mexquititlán. El presidente municipal, Rosendo Anaya Aguilar, y la delegada municipal Veronica hernández, acompañados de diputados de la bancada del Partido Acción Nacional, iban a inaugurar la remodelación de la explanada del templo. Una obra cuyo presupuesto asignado es de 10 millones de pesos.
Los habitantes de Santiago Mexquititlán se opusieron. Nadie les consultó ni informó; la obra afectaría el patrimonio histórico, cultural y material del pueblo; desplazaría a los comerciantes del tianguis dominical; y sobre todo, daría inicio un proceso de turistificación que encarecería las rentas y los servicios básicos en su pueblo.
Al momento que los habitantes vieron entrar la maquinaria pesada a la plaza principal del pueblo, manifestaron su rechazo. En respuesta, un grupo de choque dirigido por Verónica Hernández, agredió a los habitantes. Al menos 10 personas fueron heridas en la trifulca, una de ellas con lesiones en la cabeza por golpe con martillo.
En esta represión, además, personal del Ayuntamiento “expropió” los juegos mecánicos de la comunidad al cercar las inmediaciones del templo. Esto fue una suerte de “castigo” por oponerse a la obra de remodelación de la plaza principal.
Rosendo Anaya: oídos sordos
Tras las agresiones, las y los manifestantes se movilizaron hacia la capital queretana; iban a exigirle al gobierno del estado de Querétaro – presidido por Francisco Domínguez Servién – que cancelara de la obra. Advirtieron que esta no contaba con los estudios de impacto socioambiental requeridos, ni con el permiso de las autoridades tradicionales de Santiago Mexquititlán.
Vista del tianguis dominical Santiago Mexquititlán.
El Ejecutivo estatal se lavó las manos. Argumentó que el gobierno del estado no puede “interferir” en las decisiones de los ayuntamientos. Sin embargo, en rueda de prensa realizada el 31 de julio, una comisión del Concejo Indígena de Santiago Mexquititlán declaró que esta respuesta contradecía el actuar de la administración estatal; pues en el 2018 incentivó – en conjunto con la administración de Rosendo Anaya – la patrimonialización de la muñeca “lele” –originaria de Santiago Mexquititlán–; así como la declaratoria del municipio de Amealco de Bonfil como pueblo mágico.
El Concejo Indígena de Santiago Mexquititlán, a través de sus voceras, denunció: «Desde el 8 de marzo de este año grupos de choque dirigidos por el ayuntamiento nos han estado amenazando y violentando». Acusó que pretenden «imponer sus proyectos gentrificadores […], y tanto el gobierno estatal como el municipal se han estado deslindando de responsabilidades, cuando a nuestro pueblo lo tienen pisoteado y humillado.”
Gobierno federal:cómplice
Los pobladores de Santiago Mexquititlán señalan al gobierno federal como cómplice de la imposición de esta obra, así como de las agresiones que han sufrido. Y es que la delegación para el estado de Querétaro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha tenido una postura ambigua.
Cuando se le cuestionó si otorgó los permisos al municipio para iniciar la obra, el delegado del INAH, Diego Prieto aseguró a la comunidad que “no otorgaría nada sin consultar primero a la comunidad”. Sin embargo, días después, Prieto aprobó el proyecto, sin consulta alguna.
El 13 de agosto, en una audiencia celebrada en la Ciudad de México, el Concejo Indígena de Santiago Mexquititlán cuestionó a representantes del gobierno federal sobre el avance de la obra. El Ejecutivo federal confirmó que efectivamente la delegación del INAH en Querétaro había firmado los permisos que autorizaban el inicio del proyecto de remodelación en la plaza principal. Entonces, la comisión exigió que se cancelara.
El Ejecutivo federal se comprometió a realizar una mesa de diálogo entre la comunidad y el ayuntamiento, el 17 de agosto a las diez de la mañana.
Protesta de pobladores de Santiago Mexquititlán frente a Bucareli, Ciudad de México.
Gobierno queretano los deja plantados
Al llegar la fecha acordada con la federación, ninguna autoridad se presentó a la mesa de diálogo. Entonces Santiago Mexquititlán determinó bloquear por más de 32 horas la autopista México –Querétaro en el tramo de la caseta de cobro 5 “Palmillas”.
De acuerdo con Sara Hernández, concejal indígena de Santiago Mexquititlán, “es evidente que hay complicidad entre los tres niveles de gobierno para realizar la obra.
Nosotros estamos exigiendo que se reconozcan las determinaciones que emanan de las autoridades comunitarias que tenemos aquí en Santiago, lo cual implicaría que no se realice la obra por lo simbólico y sagrado que es el templo para nosotros. Asimismo, demandamos que no se nos discrimine mas; las agresiones que el gobierno de Rosendo Anaya ha dirigido hacia la comunidad son un atropello a nuestra dignidad y nuestro derecho a la autodeterminación.”
El ejemplo de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González
El 3 de agosto del 2006 un grupo de tres mujeres originarias de Santiago Mexquititlán –entre ellas Jacinta Francisco Marcial– fueron injustamente acusadas de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). Esto, después de que la AFI realizara un operativo para decomisar mercancía apócrifa en el tianguis dominical de la comunidad.
Manifestantes del Santiago Mexquititlán expresan sus demandas a las autoridades para que la asamblea decida el futuro de la plaza.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) sentenció a las mujeres mediante una serie de irregularidades procesales, como la falsificación de pruebas y la falta de traductores. Jacinta sólo comprendía su lengua materna: el hñöhño, por ejemplo. Tras pasar varios años en prisión, Jacinta y sus compañeras fueron puestas en libertad el 16 de septiembre del 2009 , cuando su defensa y una enorme movilización de organizaciones de derechos humanos probaron las irregularidades. Este hecho, y la movilización en particular de la familia de Jacinta, marcó significativamente a la comunidad.
De acuerdo a J. (quien por razones personales prefiere mantener su identidad en el anonimato) “cuando la familia de Jacinta comenzó a platicar con la gente del pueblo, todos fuimos cobrando conciencia de que nadie iba a hacer las cosas por nosotros. Comenzamos a transformar la vergüenza por orgullo; orgullo de ser indígenas, de ser hñöhños, de ser de Santiago Mexquititlán; y empezamos a ver que los partidos políticos tan sólo dividen a la comunidad, la compran y la corrompen; comenzamos a luchar por nuestros derechos, por nuestra dignidad.”
Resistir contra el aparato partidario
El trabajo que la comunidad ha realizado para que se les reconozcan sus derechos ha visto altibajos; Ángela Cresencia, concejala indígena de Santiago Mexquititlán, explica: “Los partidos políticos se han encargado de dividir a la comunidad, y muchas veces lucran con las necesidades del pueblo; esto ha hecho mucho daño en la comunidad, pues compran las conciencias de nuestras hermanas y hermanos. El gobierno sólo nos ve como un voto, no nos respeta y nos humilla constantemente.”
Pese a este panorama, la comunidad comenzó a organizarse a través de sus autoridades tradicionales, tales como los ‘cargeros’ y la unión de comerciantes hñöhño. Estos órganos de toma de decisiones están estrechamente vinculados al templo y la plaza principal; pues sus responsabilidades son velar y cuidar la iglesia y sus imágenes, así como organizar el comercio e intercambio de la comunidad.
Juan Trinidad – quien ocupó el puesto de cargero durante un año – señala que “Aquí el tratamiento (puesto de cargero) es de un año. El cargo es tradicional y comunitario y mis actividades eran la de echar las flores y ver lo del templo y los altares, así como recibir a gente que viene de fuera y poner las veladoras. Nosotros trabajamos en conjunto con la gente del tianguis para ver las mejoras de la iglesia. Así lo hemos hecho siempre, ya que el gobierno nunca se ha acercado para ver qué hace falta.”
El vínculo que existe entre los órganos de toma de decisiones de la comunidad siempre va en relación con sus espacios comunes. Por ejemplo, de los ingresos que se generan en el tianguis, se construye un fondo económico para el mantenimiento de la iglesia, el cual se administra a través de un comité mixto integrado por la unión de comerciantes hñöhño y los cargeros. Éstos, además de suministrar los recursos económicos, aportan faenas de trabajo para los trabajos de construcción y conservación del templo y la plaza principal.
Adrián Fernández es concejal de la unión de comerciantes hñöhño. Él señala que los ingresos del fondo común provienen de las cuotas que dan los tianguistas. Pues «para poder instalar un puesto en el tianguis se les pide una aportación económica de 10 o 15 pesos –dependiendo el largo de su puesto–. Este pago es mínimo en comparación con otros tianguis; «nosotros tenemos muy claro que este espacio es para apoyar a la comunidad y generar ingresos económicos que nos permitan tener una vida digna para todos.”
Estas formas tradicionales de autoridad nacen desde un proceso que la comunidad ha definido con el paso del tiempo. Durante el periodo en el que se ocupa el cargo, quien lo ostenta tiene la obligación de rendir cuentas a la comunidad en una Asamblea General, donde se toman las decisiones.
Una representación comunitaria
Las estructuras de representación que la comunidad ha diseñado han transitado en los últimos años hacia una forma más acabada de autogobierno.
En una Asamblea General del pueblo realizada el 29 de febrero del 2020, determinaron establecer una ruta jurídica, para el reconocimiento formal de sus órganos de representación comunitaria. Así crearon el Concejo Indígena de Santiago Mexquititlán, integrado por representantes de la Unión de comerciantes hñöhño y los cargeros.
Comerciante del tianguis dominical de Santiago Mexquititlán.
Desde que tomaron esa decisión, las y los habitantes de Santiago Mexquititlán han sido acosados permanentemente por el ayuntamiento. Sin embargo, la comunidad ha definido que no responderán a ninguna agresión “pues es un pretexto para reprimirnos y frenar el proceso jurídico.”
Sara Hernández señala:
“Nosotros estamos convencidos de que el autogobierno es la única forma para hacer valer nuestros derechos y nuestro territorio; pues sólo la comunidad puede definir qué es lo que es mejor para el pueblo. Hoy sabemos que esta lucha no va a parar, pues poco a poco vamos construyendo nuestra autonomía.”
Entre los cerros que se elevan alrededor de Santiago Mexquititlán, un pueblo que camina hacia el reconocimiento de su dignidad. Pues como diría Estela Hernández – hija de Jacinta Marcial: “Nosotros no pararemos ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!”
La Secretaría de Energía (Sener) obtuvo el visto bueno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), para entregar a Pemex tres áreas petroleras para explorar y extraer hidrocarburos en la cuenca de Tampico–Misantla, Veracruz, una zona que requiere de fracking para obtener los recursos.
A solicitud de la dependencia, el regulador aprobó una opinión técnica con tres votos a favor y dos en contra, tras una sesión que despertó debate entre los comisionados. Los campos avalados son Xanati, Yuban, y Chuyan.
“Es la primera vez que (Pemex) va a ir a áreas donde yo considero que no están alineadas ni con la política energética ni con las actividades prioritarias que Pemex contempla en su plan de negocios”, dijo Alma América Porres, comisionada del organismo.
Se trata de zonas que requieren la técnica de fractura hidráulica para extraer hidrocarburos. El presidente López Obrador ha mencionado que en su administración no está permitido el fracking.
El comisionado Sergio Pimentel, quien también votó en contra, cuestionó la capacidad financiera de Pemex para desarrollar las asignaciones que se le han otorgado.
Señalan impactos al medio ambiente y los suelos de forma irreversible en más de 7 mil hectáreas.
Juchitán, Oax.- Integrantes del Colectivo Matza, de origen zoque, denunciaron que los cinco proyectos mineros que se pretenden instalar en la zona de los Chimalapas Oaxaca, uno ya fue autorizado por la Secretaría de Economía bajo el nombre de la concesión “Santa Martha” con número de proyecto “20OA2020MD038”, y los otros cuatro que se encuentran en trámite no están respetando la tenencia de la tierra comunal, por lo que es violatorio a sus derechos humanos y territoriales.
Este colectivo junto con pobladores de San Miguel Chimalapa, Zanatepec, Unión Hidalgo e Ixhuatán desde hace cinco años, cuando se supo de esta concesión, mantienen una defensa en rechazo a la explotación minera en la región, e inclusive clausuraron de forma simbólica la zona denominada “La Cristalina” para que la empresa Minaurum Gold, que es la ejecutora, no realizara exploraciones en la zona, pero lo ha hecho.
“No respetar la tenencia de la tierra” es grave y violatorio, acusaron integrantes de este colectivo, quienes precisaron que en la gaceta ecológica de la Semarnat recientemente aparecieron publicados los datos de la concesión Santa Martha que abarca 6 mil 410 hectáreas de territorio y que impactará severamente en la zona, donde se ubican tres ríos: “Zanatepec, Ostuta y Espíritu Santo” e importante riqueza de biodiversidad.
Explicaron que la concesión Santa Martha fue otorgada en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, y que señala una explotación minera directa.
Con un alcance en la perforación de 20 Unidades de Barrenación.
Se encuentra ubicada a 10 kilómetros del municipio de Zanatepec, a 125 de Salina Cruz Oaxaca, en donde se pretende poner en marcha el “proyecto estrella” del gobierno federal llamado “Corredor Transístmico del Istmo de Tehuantepec”.
Las cuatro nuevas concesiones que están en trámite, según datos de información oficial tomada del portal Cartón MineMe, abarcan más de 105 mil hectáreas.
Es decir, acabarían con casi la totalidad del territorio zoque de San Miguel Chimalapas que es de 134 mil hectáreas.
Por ello, integrantes del colectivo alertaron que se trata de una grave imposición de megaproyectos en la zona sin que se tenga información y certeza como lugareños.
Señalaron que lo que se quiere extraer con estos megaproyectos mineros es oro y cobre principalmente, pero a costa de una destrucción masiva y feroz, que acabaría con uno de los pulmones naturales más importante de México e inclusive del mundo entero.
Josefa Sánchez Contreras, defensora comunitaria e integrante del colectivo, resaltó que al no respetar la tenencia comunal se violenta el derecho de un pueblo como lo es San Miguel Chimalapas, porque no han dado información alguna sobre estas nuevas obras.
Dijo que esto simula una gran invasión de los territorios naturales, tal y como ocurrió en la zona centro del istmo de Tehuantepec en donde hace 10 años llegaron las empresas eólicas y asentaron turbinas enormes violentando también esa tenencia comunal.
“La concesión Santa Martha es altamente letal para la biodiversidad de la región y para los pueblos zoques, pero también para los zapotecas e ikoots, ya que el polígono donde se pretende extraer oro abarca estos tres polígonos.
“Afectará los tres ríos y por lo consiguiente nuestras lagunas superior e inferior, que es de donde nos alimentamos, entonces por esto estamos denunciando estas arbitrariedades”.
Por último, recalcaron que además “no hay información oficial”, es decir, no se le informa al pueblo los daños, las afectaciones y todo lo que conlleva explotar sin respetar su territorio.
Cinco mega concesiones mineras en trámite suman 140 mil hectáreas.
Ciudad de México.-Uno de los principales pulmones verdes de México, la selva de los Chimalapas, ubicada en el centro del Istmo de Oaxaca, considerada también una de las 10 selvas biodiversas del planeta, se encuentra amenazada por la minería.
Este hábitat con varias especies en peligro de extinción tiene una extensión de 595 mil hectáreas, asentadas en los municipios indígenas de Santa María Chimalapas y San Miguel Chimalapas, tiene dos concesiones mineras de explotación de oro, plata y cobre que suman cerca de 7 mil hectáreas.
Pero el peligro más grande para los comuneros y habitantes de la región son cuatro mega concesiones que se encuentran en trámite ante la Secretaría de Economía a pesar de que el actual gobierno federal anunció que no se entregarían en este sexenio. La sumatoria de estas concesiones es de 104 mil has., cuando San Miguel Chimalapas posee sólo 134 mil has. de tierras comunales.
De concretarse las concesiones, el impacto y contaminación sería letal para el territorio zoque, para el agua y para la biodiversidad, afirmó Josefa Sánchez Contreras, defensora del territorio y originaria de San Miguel Chimalapas.
Tan sólo los cuerpos de agua que atraviesan Chimalapas, el río Ostuta, Zanatepec y Espíritu Santo, nutren a las comunidades zapotecas de Juchitán e Ixtaltepec, y desembocan en los cuerpos lagunares ikoots de San Mateo, San Dionisio y San Francisco del Mar, donde la pesca es el principal insumo de la región, señaló la también integrante del Colectivo Matza.
La minera canadiense
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en su Gaceta Ecológica del 13 de agosto que la empresa minera canadiense Minaurum Gold SA, ingresó la solicitud de aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de su proyecto minero clave 20OA2020MDO38 con fecha 23 de julio.
El “Proyecto de exploración minera Santa Martha”, ubicado en más de 6 mil has. de San Miguel Chimalapas consiste en la “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 unidades de barrenación”.
Para Josefa Sánchez “la empresa minera ya quiere dar el siguiente paso, entrar directamente a la comunidad”. Sin embargo dicha concesión ha tenido el rechazo de varias asambleas de comuneros en San Miguel Chimalapas, así como de comunidades vecinas.
Josefa Sánchez, defensora del territorio // Foto: La Coperacha
Hace cuatro años, en febrero de 2016, aproximadamente 80 comuneros de San Miguel, autoridades municipales, alumnos de la Escuela Preparatoria José Martí de Ixhuatán clausuraron de forma simbólica la mina en terrenos de Bienes Comunales, La Cristalina.
Además de la concesión por 50 años a la minera canadiense Minaurum Gold de casi 6 mil has., se encuentra el proyecto minero La Jackita, con título de concesión 225472, de mil 500 has., ubicado en los bienes comunales de San Miguel Chimalapas y Bienes Ejidales de Santo Domingo Zanacatepec.
San Miguel Chimalapas emitió en 2018 una declaratoria de municipio zoque libre de toda explotación minera, en primer lugar por no haberse realizado una consulta indígena y en segundo lugar por los impactos a la población y al territorio.
Las mega concesiones
En el sitio de la Secretaría de Economía Carto Min Mex, un sistema de consulta elaborado por la Dirección General de Minas, Subdirección de Cartografía, donde se ofrece el catastro minero y su registro público, aparecen cuatro mega concesiones en trámite en Chimalapas.
Se trata del lote Mar de Cobre 2, de la misma empresa canadiense Minaurum Gold, con una extensión de 36 mil 622 has., para explotación de plata, cobre y oro. También están tres mega concesiones entregadas para la empresa Minera Gabriela, con extensiones de 26 mil, 432, 22 mil 378 y 18 mil 950 has., para explotar los mismos minerales. Dichos trámites iniciaron en los años 2017, para la canadiense, y 2014 para Minera Gabriel.
Hay un quinto mega proyecto en trámite que se ubica en el municipio colindante de Santo Domingo Zanacatepec, éste tiene un polígono de 31 mil 295 has y pretende explotar oro, plata y plomo. La sumatoria de estos cinco mega proyectos mineros son más de 146 mil hectáreas.
La decisión de la asamblea
El hecho de que existan más de 100 mil hectáreas solicitadas por la minería ha generado conciencia del riesgo para las comunidades indígenas, señala la defensora zoque. “Hay una oposición de las autoridades comunitarias y de pueblos vecinos, entre ellos zapotecos e ikoots”.
Sin embargo aunque la Semarnat aprobara el MIA, la empresa debería pasar por otras autoridades comunales como la presidencia municipal, quien tendría que cambiar el uso de suelo, pero también con el Comisariado de Bienes Comunales, que es el responsable de otorgar el permiso de ocupación de uso de superficie de tierra.
Además existe el documento del Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC), inscrito y aprobado ante el Registro Agrario Nacional (RAN), el cual es un documento legal que protege los bienes comunes y al territorio de usos diferentes a los decididos por la asamblea general de comuneros.
En dicho ordenamiento se señala que el territorio comunal se integra por “bosques, selvas, aguajes, ríos y sus cauces, ojos de agua y todos los elementos naturales que las componen” y que éstos serán destinados únicamente para la conservación, protección y restauración.
En sus artículos 75, 76, 82 y 92 se expresa la prohibición de cambiar el uso de suelo en dichas zonas, se enfatiza el derecho que tiene el pueblo zoque para participar en la utilización, administración y conservación, así como la obligatoriedad del OTC para los sujetos agrarios, instituciones, organizaciones y asociaciones, esto incluye a las empresas mineras.
Colima, México, Avanzada (20/08/2020).- En un solo día, el miércoles 19 de agosto, los sistemas de alerta de búsqueda de mujeres en Colima se activaron para reportar la desaparición, por separado, de una joven de 25 años de edad y dos adolescentes de 15 años.
Wendy Araceli Silvas Guerrero, una de las menores de edad, fue vista por última vez el pasado 9 de agosto, cuando salió de un domicilio ubicado en la colonia Centro de la población de Minatitlán, pero la denuncia se presentó este 19 de agosto.
La adolescente es de complexión delgada, de 1.62 metros de estatura, tez morena, cabello castaño oscuro, largo y lacio; cejas delgadas, ojos y boca de tamaño pequeño.
Por su parte, Teresa Yudith Velazco Cruz, también de 15 años de edad, fue vista por última vez el día 17 de agosto del año en curso alrededor de las 15:00 horas, cuando salió de su domicilio en el fraccionamiento Buenavista, de Villa de Álvarez, con destino a la Plaza San Fernando, por lo que se activó la Alerta Ámber, toda vez que puede ser víctima de un delito.
Velazco Cruz es de complexión delgada, de estatura aproximada de 1.65 metros, de tez morena, cabello largo un poco abajo de los hombros, lacio en color negro sin teñir, frente mediana, ojos grandes color café obscuro, ceja poblada pero delineada, nariz pequeña, boca mediana, labios gruesos y orejas pequeñas.
Entre sus señas particulares, tiene un lunar pequeño en la parte superior del pecho del lado izquierdo y otro del lado derecho, de su dentadura el colmillo superior del lado derecho lo tiene hacia arriba.
De acuerdo con el protocolo Alerta Alba, la joven de 25 años desaparecida es Yéssica Mariela Covarrubias Vargas, quien fue vista por última vez en la delegación Salagua, de Manzanillo, hace dos meses, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Marimar II.
Sin embargo, su desaparición fue denunciada ante las autoridades correspondientes este miércoles 19 de agosto, por lo que en esta fecha se abrió la carpeta de investigación NSJP/MZO/DESAPARECIDOS3 126/2020.
De acuerdo con los datos de su media filiación, Yéssica Mariela es de complexión delgada, 1.50 metros de estatura, tez morena, cabello negro, largo y ondulado; cejas delineadas, ojos grandes y boca pequeña. Como señas particulares, tiene un tatuaje con distintas figuras en una de sus piernas.
Puerto Vallarta, en Jalisco, es uno de los dos destinos turísticos en donde hay más trata y explotación sexual. El abuso que sufrió una niña por parte de un funcionario municipal no es un caso aislado y evidencia la complicidad de autoridades, advierte la abogada de la familia
Jade Ramírez-Cuevas – Perimetral / Pié de Página
JALISCO.- Puerto Vallarta está detectado como un destino turístico que atrae interés por la trata de personas, la explotación sexual de menores y la pornografía. Así lo clasifica desde 2014 el Diagnóstico Nacional sobre Trata de Personas en México que realizó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El año pasado la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un informe especial sobre violencia de género en el municipio costero, y en el documento denuncia el riesgo que enfrentan niñas ante el delito, así como la deuda del gobierno municipal para prevenirlo: Mediana protección normativa; bajo presupuesto para protección; buena protección por estarse construyendo el Centro de Justicia para las Mujeres; alto rezago respecto a educación y una sustantiva brecha de desigualdad a las mujeres.
Con ese contexto ocurrió el hecho que involucra a un funcionario de la policía local que ha conmocionado a los jaliscienses: El domingo 26 de julio, en la periferia del municipio, encontraron en un vehículo a un adulto y una niña de 10 años de edad. La niña estaba desnuda. El agresor resultó ser un funcionario público del gobierno municipal: nada menos que el Jefe de Recursos Humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana.
Los hechos ocurrieron entre las 3 y las 4 de la tarde, Pero fue hasta tres días después, en la tarde del miércoles 19, que los medios de comunicación a nivel nacional comenzaron a difundir la noticia.
Y, como en el caso de secuestro, homicidio y desaparición de empresarios de Guanajuato, también en el Vallarta, el fiscal general de Jalisco Gerardo Octavio Solís, se vio obligado a salir a declarar.
En una muy breve rueda de prensa en la que se trató otro asunto de seguridad en el estado, Solís Gómez aseguró que el agresor, Luis Alfonso “N” fue detenido y presentado ante el ministerio público.
El abordaje
Pero según los dictámenes a los que la Fiscalía tuvo acceso, los peritos no encontraron huellas de abuso sexual ni maltrato, aunque sí daños psicológicos.
Lo que saben, según declaró la madre de la pequeña, es que Luis Alonso la abordó en la vía pública y la convenció de que subiera a su auto. La policía lo encontró en flagrancia.
El funcionario de la Secretaría Ciudadana quedó separado del cargo que tenía como director de Recursos Humanos en que se conservaba por reinstalación, después de un juicio laboral que ganó; el gobierno municipal de Puerto Vallarta aseguró que “no se tolerarán actos que atenten contra la integridad de los menores”.
Según medios locales del puerto Luis Alonso “N” ya había ejercido otros otros cargos públicos como Jefe de Patrimonio, Coordinador de Patrimonio, Contabilidad y Presupuesto del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, además de ser militante del Partido Revolucionario Institucional.
No se sabe si ha cometido otros delitos de este tipo aunque se ha dicho que tenía antecedentes por conflictos en el ayuntamiento.
Sin certeza la salud de la niña
Ningún organismo ha dado declaraciones sobre el acompañamiento necesario que debe tener la niña y su familia, después del abuso sexual del que fue víctima, excepto que estará a cargo del ayuntamiento a través del DIF.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM), emitió un pronunciamiento en el que advierten que la fiscalía debe realizar una investigación con perspectiva de géneroy con los lineamientos que exige el principio superior de la menor para proteger sus derechos.
Además exigen, entre otras cosas, que se le otorgue a la menor y a su familia el reconocimiento de víctimas para que la Comisión Estatal Ejecutiva de Víctimas de Jalisco, proporcione el acompañamiento necesario ante los hechos, así como una revisión de parte del ayuntamiento de Puerto Vallarta sobre el comportamiento del funcionario imputado, para determinar si actúa solo o de manera protegida por personal de la institución para la que trabajaba y si existen denuncias previas.
Falla Fiscalía en investigar a pederasta
Luis Alonso “N”, fue detenido en flagrancia por policías municipales y vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil el pasado 3 de agosto. Sin embargo, durante la audiencia del viernes 14 de agosto, el Juez de Control y Oralidad del Centro de Justicia para las Mujeres, Jorge Luis Solís Arana, decidió no vincular al imputado por el delito de corrupción de menores, al manifestar que no podía acreditarse, puesto que, la niña de 10 años “no había sentido placer”.
Por ese motivo el juez fue suspendido sin goce de sueldo, según un tweet del presidente del Consejo de la Judicatura del Estado, Ricardo Suro Esteves.
En la audiencia que no fue pública por tratarse de delitos sexuales en contra de una menor, la víctima de 10 años pasó junto a su familia otro momento indigno y de dolor innecesario, dice la abogada Sandra Quiñones quien ya es coadyuvante del ministerio público, por aprobación de la familia.
«Nunca me esperé que el juez fuera a hacer esta no vinculación más desde los prejuicios sexuales, más desde imponerle a la víctima una serie de condiciones que ningún tipo penal impone; eso me movió y a la familia de la víctima también, les movió muy feo: entendieron que su hija había sido la responsable –del abuso sexual-, porque no tuvo ciertas conductas, y entonces ella fue la responsable”, describe Quiñones.
La abogada cuenta a Perimetral que la familia está bajo resguardo porque ha sido abrumador todo el suceso. Afirma que tanto el gobernador Enrique Alfaro como la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, están haciendo uso político o cuidando más las relaciones de poder a las que puede alcanzar el caso, que a la menor en riesgo.
La destitución del juez es lo que menos pesa en estos momentos para el caso, asegura la abogada, sino quién es la defensa del exservidor público, la cadena de involucrados en actos de pederastia y lo tarde que aparece la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pues a decir de la activista, no ha habido acciones en Puerto Vallarta hasta antes del caso de la menor pese a que el municipio tiene Alerta de Violencia de Género.
La “exploración minera Santa Martha” impulsada por la empresa canadiense Minaurum Gold, se ubica en el municipio de San Miguel Chimalapa. Foto: Facebook
OAXACA, Oax. (apro).- Con la apropiación de seis mil 410 hectáreas para la extracción de oro y cobre, la empresa canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V., pretende perforar las tierras de la Selva de los Chimalapas, en el estado de Oaxaca. Así lo revela el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental que entregó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El en documento con fecha del 23 de julio de 2020, publicado en la gaceta ecológica, se señala la pretensión de hacer “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 Unidades de Barrenación”.
La información difundida por Regeneración Radio menciona que la “exploración minera Santa Martha” impulsada por la empresa canadiense, se ubica en el municipio de San Miguel Chimalapa con el número de proyecto 20OA2020MD038.
El documento fue enviado el pasado 5 de agosto al área correspondiente dentro de la Semarnat y de iniciarse la exploración dañaría una de las reservas naturales más importantes del país.
El proyecto de explotación minera, de acuerdo con la descripción de la empresa, se encuentra ubicado a 10 kilómetros del municipio de Zanatepec y a 125 kilómetros del principal puerto de Oaxaca, el de Salina Cruz.
El proyecto minero de la empresa canadiense incluye la apropiación de 6 mil 410 hectáreas para la extracción de oro y cobre y estima invertir dos millones 500 mil dólares en gastos de exploración.
Los Chimalapas, conservación en riesgo
Lo preocupante es que la selva de los Chimalapas está considerada como uno de los pocos lugares en los que aún se conservan importantes ecosistemas. Además de tener selva alta, media, baja, bosque de montaña y bosques de maderas preciosas, se estima que ahí viven unas 150 especies de mamíferos, 350 de aves, más de 60 de reptiles, 50 de anfibios, 16 de libélulasy cerca de 500 de mariposa.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) señala: “El estado de conservación de estos hábitat es excelente, conteniendo aproximadamente 300 mil hectáreas de vegetación inalterada. Esta región representa la mayor área de vegetación primaria del trópico mexicano.”
La selva pertenece a los municipios de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa del estado de Oaxaca y desde hace varios años sus habitantes han manifestado su total rechazo al ingreso de mineras a su territorio.
Consideran que este nuevo intento de imposición minera se activa sobre una de las principales selvas de la República Mexicana, sin que sus pobladores hayan sido alertados de los tramites que se encuentran en revisión en las oficinas del gobierno federal.
De acuerdo con datos de Conabio, la región de los Chimalapas, incluye la Sierra Atravesada, la Sierra de Tres Picos y la Sierra Espinazo del Diablo y las cuencas de los ríos Corte y el Alto Uxpanapa.
Comprende la totalidad de los Municipios de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa, así como parte de los Municipios de Matías Romero y San Pedro Tapanatepec colindando al este con el estado de Chiapas, quienes en repetidas ocasiones han invadido algunas áreas del territorio y ha generado conflictos entre ambas entidades.
Cabe mencionar que apenas el pasado 25 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera obra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que comprende el muelle de contenedores y de usos múltiples, de 123 metros de largo, que amplía el puerto de Salina Cruz, que permitirá arrancar el próximo año.
Además incluyen la modernización de las vías del ferrocarril, el de transporte de contenedores y al mismo tiempo tren de pasajeros.
En esa visita, López Obrador declaró que con alrededor de 4 mil millones de pesos ha iniciado la construcción de un estratégico puerto petrolero y mercante, el cual quedará listo en tres años.
La construcción del muelle tuvo un costo de 124 millones de pesos y esta plancha permitirá mover las mercancías de Salina Cruz a Coatzacoalcos, Veracruz.
López Obrador resaltó que el corredor comunicará a los océanos Pacífico y Atlántico de forma moderna, efectiva, rentable en términos económicos y también creará empleos y bienestar en toda esta región.
FRANZELY REYNA/NTRZACATECAS.COM, 17 de agosto de 2020.
La calidad del agua en Zacatecas calificó en semáforo rojo, en el caso de la subterránea, debido a que se detectaron altas concentraciones de fluoruros, principalmente, así como niveles no aptos de arsénico, en la mayoría de las zonas monitoreadas en el estado.
En las aguas superficiales, aunque clasificadas en promedio en alerta amarilla, se identificaron riesgos, sobre todo, por coliformes fecales y escherichia coli, sin embargo, también hubo contaminación según demanda bioquímica y química de oxígeno, además de niveles de toxicidad moderados y altos.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) actualizó el diagnóstico de calidad al cierre de julio, con base en los análisis realizados durante 2019 en 2 mil 764 sitios de monitoreo en el país.
De las estaciones de aguas subterráneas, 39 por ciento se catalogaron con verde, 16.3 por ciento en amarillo y 44.7 por ciento en rojo.
De las aguas superficiales, 33.2 por ciento se colocaron en semáforo verde, 31 por ciento en amarillo y 35.8 por ciento en rojo.
De acuerdo con el mapa del Sistema Nacional de Información del Agua (Sina), en Zacatecas se detectaron niveles no aptos de arsénico en aguas subterráneas de Concepción del Oro, El Salvador, Mazapil, Miguel Auza, Juan Aldama, Francisco R. Murguía, Río Grande, Villa de Cos, Fresnillo, Calera, Zacatecas, Huanusco, Juchipila, Pánfilo Natera, Ojocaliente, Luis Moya y Noria de Ángeles.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que entre los peligros por la contaminación por arsénico están cáncer de piel, vejiga y pulmón; problemas con el desarrollo y en embarazo; mortalidad infantil; neurotoxicidad; diabetes y enfermedades pulmonares y cardiovasculares, en particular, infartos de miocardio.
Asimismo, se registraron altas concentraciones de fluoruros en Mazapil, Juan Aldama, Río Grande, Villa de Cos, Cañitas de Felipe Pescador, Sain Alto, Fresnillo, Jerez, Zacatecas, Villanueva, Tabasco, Huanusco, Juchipila, Apulco, Nochistlán, Pánfilo Natera, Ojocaliente, Luis Moya, Noria de Ángeles, Villa González Ortega, Villa Hidalgo y Pinos.
En cuanto a los fluoruros, organizaciones internacionales asocian a esta sustancia con fluorosis dental, rigidez esquelética y problemas neurológicos y renales.
Entre los sitios del estado con mayor incumplimiento de los parámetros de calidad del agua, destacó El Salvador, donde se consideró indeseable para riego, y por tanto no recomendable para usos industriales o domésticos, además de no apta para consumo por arsénico.
Iguales problemas se identificaron en la estación El Cardito 2 Banderitas, de Mazapil, donde se añadió la clasificación de no apta por nitrógeno de nitratos.
En La Colorada, Villa de Cos, la alcalinidad es indeseable, el líquido es dudoso para riego por conductividad y también están en rojo por nitrógeno de nitratos y arsénico. A excepción de esta última sustancia, esto se repite en Sierra Vieja, del mismo municipio.
Foto: NTR Zacatecas
Contaminación fecal
Por otra parte, en las de tipo superficial, el mapa del Sina expone que hay aguas “fuertemente contaminadas” por coliformes fecales en Moyahua, Teúl de González Ortega, Tlaltenango, Jerez, Cuauhtémoc, Genaro Codina, Río Grande y en el sitio de monitoreo de Envases y Tapas Modelo, de Calera.
Este problema, aunque no en el nivel máximo, también se detectó en Jalpa, Momax, Tabasco y Valparaíso. Esto se considera una “alteración severa”, debido a descargas residuales o contaminación bacteriológica, y puede causar males gastrointestinales como tifoidea y salmonelosis.
También en aguas superficiales se diagnosticó fuerte contaminación por escherichia coli en Calera, Cuauhtémoc y Teúl de González Ortega.
Resaltó que en los monitoreos en Calera, en la Compañía Cervecera de Zacatecas y Envases y Tapas Modelo, además de coliformes fecales y sólidos suspendidos, hubo contaminación por demanda química y bioquímica de oxígeno, toxicidad moderada y alta por Dafnia Magna y Vibrio Fisheri.
Incumplen parámetros
Yolanda Carrillo Pasillas, jefa de Calidad del Agua en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que se incumplen cuatro de ocho parámetros, según las mediciones de 2019.
Confirmó que fueron indicadores relacionados con la presencia de escherichia coli, coliformes fecales, solidos suspendidos y saturación de oxígeno.
El agua subterránea calificó con rojo por no acreditar más de la mitad de 14 estándares, entre ellos fluoruros, coliformes fecales, nitratos, arsénico, cadmio, cromo, mercurio y plomo.
Carrillo Pasillas aclaró que, en aguas superficiales, la calidad varía en los ríos Tlaltenango, Juchipila, Valparaíso, Agua Naval y San Pedro, pero es mayormente en semáforo amarillo.
Explicó que esto significa que “lo que más predomina son los organismos coliformes o bacterias, lo que se debe a que en muchos de los sitios vierten aguas residuales”.
Con estos análisis se identifican problemas como “si hay que construir plantas de tratamiento, o si existen y no están en funcionamiento, o están funcionando de forma no adecuada”.
“Si vemos focos de alarma, analizamos a qué empresas o población se está afectando, y con eso se hacen visitas de inspección para subsanar el problema”.
En cuanto a las aguas subterráneas, Yolanda Carrillo especificó que los sitios que se monitorean son los pozos para suministro potable.
“Se consideran 14 indicadores para detectar los niveles de flúor, coliformes fecales, nitrógeno, arsénico, cadmio, cromo, plomo, mercurio, alcalinidad, conductividad, solidos disueltos, magnesio total y hierro”.
De acuerdo con la especialista, la semaforización en rojo significa que el agua subterránea en Zacatecas tiene mayor nivel de flúor.
Expuso que, sobre todo en el norte del estado, se instalaron plantas potabilizadoras para mejorar la calidad del agua.
“En referencia al resto del estado, se puede decir que tenemos calidad de agua variada, pero el parámetro que más se dispara es en cuanto al flúor”, insistió.
Wuilians Omar salinas Flores, de 28 años, desapareció el 21 de octubre de 2019 en la colonia Santa Fe en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Lamentablemente, su cuerpo fue localizado en la fosa del Mirador II, sitio de donde se exhumaron los cuerpos de 104 personas.
El horror que ahí ocurrió se materializó en los restos humanos contenidos en bolsas plásticas; de ahí que la identificación de cada una de las personas encontradas en dicha fosa ha sido larga, tortuosa y desesperante.
Cecilia, madre de Wuilians, relata su peregrinar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) donde en sus Servicios Médicos Forenses (Semefo) ha tenido que identificar a través de una pantalla: la cabeza, el torso, el brazo y una de las manos de “su niño”, como ella amorosamente le nombra y le recuerda.
Su lucha es por recuperar completamente el cuerpo de su hijo, pues desea darle cristiana sepultura para encontrar la paz que le robaron quienes desaparecieron y asesinaron de manera tan terrible a Wulians.
Darwin Franco / Zona Docs
“Yo siento que tardaré más de un año en recuperar por completo a mi hijo”, señala Cecilia al enumerar las veces que ha tenido que ir al Semefo para preguntar cómo va el proceso de identificación de los restos humanos localizados en la fosa del Mirador II, la cual -a decir de la Fiscalía del Estado de Jalisco- terminó de procesarse en campo, el 20 de julio de 2020.
Conforme los análisis periciales entregados a la familia de Wuilians Omar Salinas Flores, se estima que a éste le fue arrebatada la vida a los pocos días de su desaparición; esto concuerda con los informes de campo del IJCF donde señala que tanto la fosa del Mirador I (localizada en diciembre de 2019) como la del Mirador II (en enero de 2020) estuvieron operando entre octubre y diciembre de 2019, esto se estimó, así, tanto por el estado de los cuerpos como por los cambios identificados en el terreno donde se hallaron ambas fosas.
Las partes del cuerpo que corresponden a Wuilians se lograron identificar por los tatuajes que éste tenía en el dorso, brazo y mano; su cabeza se identificó tras una confronta genética que resultó positiva; sin embargo, sólo de ésta última confirmación, la familia Salinas Flores tiene un documento legal que avala los resultados.
“A la fecha seguimos esperando que nos den los papeles y los resultados de lo que han hecho con los otros cuerpos, pero me dicen que todo lo que no tiene tatuajes tardará más porque será ya por ADN… yo lo que creo es que en realidad no se avanza porque conforme encuentran una fosa, las otras las van dejando de lado… no terminan una cuando ya se les vienen más bolsas y por eso nunca acabamos”.
Lo que también hace difícil avanzar los procesos de identificación forense son las marcas de la violencia que se materializaron en la disección de los cuerpos que fueron localizados en fosas como la del Mirador II, pues lo que hoy resguarda el Semefo son bolsas plásticas que contienen partes de un cuerpo que no siempre corresponden a una sola persona.
Como esas bolsas, hoy en día la Fiscalía del Estado de Jalisco confirma hacer localizado 850 entre enero y julio de este año.
“Tengo ya algunas partes de mi hijo, pero yo lo que quiero es recuperarlo todo. Tengo positivo varias partes por sus tatuajes, pero no me han dicho si al torso, brazo y mano también le harán el ADN, pero es fecha que no hay resultados de nada de eso… queremos nosotros tener todos los documentos para después reclamarlo y que sí nos lo den. Yo lo que quiero es que me ayuden a agilizar el trabajo de esa fosa porque mi hijo estaba ahí, pues ahí encontraron las partes de él”.
Wuilians Omar Salinas Flores a sus 28 años acababa de recibir los resultados de la convocatoria “Jóvenes construyendo futuro” del Gobierno de México donde se enfocaría en aprender a utilizar maquinaria pesada. Cecilia, su madre, lo recuerda como un joven trabajador y dedicado a su casa:
“Yo no sé lo que le pasó a mi niño, no sé quiénes se lo llevaron y no sé quienes me lo mataron… sólo sé que salió a dejar un celular al que le instaló unos programas, ese día me dijo que iba a entregar el celular porque ya tenía dos días con éste y no fueran a pensar que se lo había robado. Ese día se fue al medio día y ya no regresó…, una siente mucha impotencia con lo que les hacen a nuestros hijos, uno se muere con ellos…”
Pero en ese sentir, Cecilia ha estado acompañada por sus compañeras del Colectivo Entre Cielo y Tierra, quienes le han arropado:
“Yo estoy viva, yo camino, yo respiro, pero sólo Dios sabe por qué lo hacemos, yo a veces pienso que me voy a morir sin encontrarlo completo, yo le digo a mi hija que si me muero insista en que le devuelvan a mi niño y le pido que me jure que no me lo van a dejar ahí”.
De acuerdo al Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados, presentado el pasado 13 de julio por la Secretaría de Gobernación, en Jalisco del 01 de diciembre de 2018 al 15 de junio de 2020 se localizaron mil 143 fosas clandestinas y de éstas se exhumaron: mil 682 cuerpos.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) contrató a la compañía Clearview AI, conocida por un programa que roba fotos de Internet para construir perfiles faciales de personas, como apoyo a su misión en la oficina de Dallas, Texas, informó The Verge.
La agencia estadounidense ha sido fuertemente criticada por prácticas violatorias a los derechos humanos como la separación de familias de personas migrantes. ICE es conocida por utilizar tecnología de reconocimiento facial y por suscribir contratos con empresas que desarrollan tecnología de este tipo, como Amazon, que también ha admitido haberle ofrecido su programa Rekognition.
La empresa Clearview ha estado en el ojo del huracán mediático en meses recientes tras descubrirse que ofreció sus servicios a agencias gubernamentales y empresas privadas. su tecnología es identificar a una persona con una fotografía y nombrarla gracias a una base de más de 3 mil millones de imágenes que ha filtrado de redes sociales, incluso en contra de las reglas mismas de las plataformas.
Algunas de las instituciones que contrataron los servicios de Clearview son la Fuerza Aérea, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio Secreto y múltiples departamentos de policía, secretarías estatales y fiscalías de este país. Sin embargo, se sabe que empresas privadas tan variadas como la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), Walmart y Bank of America también habían contratado o utilizado esta tecnología.
Después de darse a conocer esa información, la empresa aseguró públicamente que solo mantendría contratos con clientes gubernamentales, categoría en la que podría entrar el nuevo contrato con ICE. En respuesta a la publicación de The Verge, el presidente de la compañía aclaró en un correo que el contrato de Clearview es con el Departamento de Seguridad Interior, del que depende ICE, para trabajar con la Unidad de Explotación Infantil.
A raíz del escándalo de Clearview, investigadores de la Universidad de Chicago han desarrollado un programa para alterar imágenes y evitar que los sistemas de reconocimiento facial –como el que comercializa la empresa– puedan identificar adecuadamente a las personas retratadas.
La Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigió el pago de adeudos a poco más de 300 maestros de educación básica que cubrieron grupos de forma temporal por necesidades del servicio y a quienes la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros federal, se negó a autorizar.
El secretario general de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, Rigoberto Guevara Vázquez, destacó la responsabilidad y vocación de los docentes, que comprometidos con los alumnos de nivel básica, desarrollaron bajo diferentes circunstancias el ciclo escolar, pero cuestionó el actuar de la autoridad federal y la misma Usicamm, que ahora omite el pago a los docentes.
“Estamos exigiendo el pago, ya que el Usicamm no validaba que los compañeros estaban atendiendo los grupos, por ello, demandamos el pago inmediato de esos adeudos, cuya documentación se había entregado en tiempo y forma a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, que por cierto ya había hecho algunos pagos”.
Dijo que piden el cumplimiento sobre la solicitud de pago pendiente “a los compañeros y compañeras de educación básica, los cuales devengaron su sueldo y ahora debe ser retribuido con el pago correspondiente”.
Reiteró que el gremio luchará hasta que sea liquidado este adeudo a los maestros y por mantener e incrementar las prestaciones y beneficios para los trabajadores de la educación.
Sobre el nuevo ciclo escolar, Guevara Vázquez dijo que se garantizará un regreso a clases seguro y en las mejores condiciones laborales para todos los trabajadores de la educación.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, negó a familiares de los 72 migrantes masacrados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, sostener una audiencia para revisar el cumplimiento de la recomendación respectiva con autoridades federales y estatales.
En vísperas de cumplirse 10 años de la masacre, Piedra Ibarra rechazó dar continuidad al mecanismo instrumentado por su antecesor, Luis Raúl González Pérez, de convocar a autoridades responsables de dar cumplimiento a la recomendación 80/2013 a sostener una audiencia con los familiares de las víctimas para que les explicaran los avances de los puntos recomendatorios relacionados con la investigación, sanción a los responsables, reparación del daño y garantías de no repetición.
Los familiares de las víctimas solicitaron una audiencia de seguimiento a la reunión sostenida el 26 de agosto de 2019, a través de una misiva dirigida a la ombudsperson a través de su representante legal, Ana Lorena Delgadillo Pérez, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), del 6 de agosto pasado.
En respuesta a dicha comunicación, Rosario Piedra determinó continuar con la práctica de pedir informes a autoridades relacionadas con la recomendación, de acuerdo a la respuesta a la solicitud, fechada el viernes 15 de agosto.
Rosario Piedra señaló que en su gestión decidió “desterrar inercias que poco contribuyen a la defensa y protección de los Derechos Humanos”, por lo que para dar seguimiento a la recomendación 8072013 “se mantendrá en estricto apego a la Ley y Reglamento de la CNDH”.
Agregó que se mantendrán los compromisos institucionales pero que “se hará a partir del estudio e información recabada, para lo cual, en relación con el seguimiento a la reunión aludida, de 26 de agosto de 2019, se ha solicitado información que en su oportunidad se hará de su conocimiento”.
En la breve respuesta, Piedra Ibarra sostuvo que entre “los cambios institucionales” que ha instrumentado durante su gestión, “se encuentran redoblar esfuerzos para la atención de personas y, especialmente víctimas” y que mantendrá “un acercamiento directo con las víctimas y con base en los instrumentos jurídicos y mecanismos institucionales a cargo de esta Comisión”.
La carta firmada por Rosario Piedra Ibarra no hace mayor referencia a la audiencia que fue presidida por González Pérez, y el Consejo de la CNDH, familiares de 23 familiares de víctimas procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Brasil, ante quienes rindieron informes el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; la fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, la entonces presidenta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas; la entonces encargada de despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Pamela Romero, así como representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y del gobierno de Tamaulipas, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y miembros de la sociedad civil.
Durante dicha reunión, “el balance general de la CNDH fue que la Recomendación no se puede tener por cumplida debido a que a la fecha las investigaciones no han sido efectivas, no se ha sentenciado a ninguna persona, no se ha garantizado el acceso a la justicia para las víctimas, no la reparación del daño y la violencia contra las personas en tránsito, lejos de haber disminuido, ha aumentado en algunas zonas”.
Como parte de los acuerdos alcanzados se respaldó la creación de una unidad mixta de investigación, para esclarecer los casos de las masacres de los 72 migrantes; los hallazgos de fosas clandestinas en San Fernando y Güemez, en Tamaulipas y de Cadereyta, Nuevo León; tramitar solicitudes de exhumaciones de cuerpos correspondientes a la masacre de los 72 en Brasil y Guatemala; facilitar trámites de familiares de víctimas migrantes en instalaciones diplomáticas mexicanas; entregar copias de las averiguaciones previas a los representantes de los familiares de las víctimas de la masacre de los 72 migrantes; garantizar reparaciones de daño en países de origen de las víctimas; garantizar la no repetición de los hechos y establecer mesas de seguimiento “para abordar y tratar de manera más integral el fenómeno de violencia contra migrantes e impunidad de la misma”.
Poza Rica, Ver.- La periodista Lidia Alejandra López lanzó un enérgico llamado a las autoridades estatales y federales porque el ayuntamiento de Poza Rica ha sido omiso respecto a la violencia de género que ha ejercido Francisco Javier Velázquez Straffon, hijo del alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo, quien ha restado importancia a pronunciamientos incluso de organismos internacionales como Artículo 19.
En entrevista exclusiva para Vanguardia, la periodista señaló que el ayuntamiento podría estar coludido en esta campaña de desprestigio en su contra, toda vez que nunca fijó una postura en contra de la violencia que en múltiples ocasiones ha ejercido el hijo del alcalde, no obstante espera que sean las autoridades las que investiguen.
Desde inicios del mes de julio, LIDIA LÓPEZ FUE ATACADA EN REDES SOCIALES por publicaciones que habrían incomodado al hijo del alcalde que, al ver que la administración de su padre era evidenciada con estrategias desatinadas para enfrentar el COVID-19, se lanzó contra la también catedrática de la Universidad Veracruzana.
Lidia dejó claro que no ha sido atacada una sola vez, sino más bien, acusa que este fenómeno se ha repetido en múltiples ocasiones contra ella y otros reporteros, y quien está detrás de esto es el familiar del alcalde. “Esto trae una mala imagen a la administración actual”, explica.
Lo que más lamenta la periodista es que el ayuntamiento promueve campañas para denunciar los ataques contra mujeres bajo el lema de que “la violencia no es conciliable”, y por otro lado, permite que una mujer y además periodista sea vulnerada y exhibida con calificativos que denostan su persona.
EL AYUNTAMIENTO HA DESDEÑADO EL PRONUNCIAMIENTO DE CIMAC, Artículo 19 y la Red Nacional de Periodistas que han condenado los ataques, dejando ver el poco interés del alcalde en el tema.
De la misma manera, la CEAPP abandonó a la reportera al ni siquiera brindarle asesoría legal; la contraloría y el cabildo tampoco han respondido a la denuncia presentada desde el 17 de julio. Mientras que en la fiscalía del estado los hechos fueron asentados en la carpeta de investigación 415/2020, con fecha 8 de julio.
“Hasta ahora quien me ha brindado apoyo ha sido la diputada Azucena Rodríguez Zamora, Artículo 19, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), la Red Nacional de Periodistas, el Instituto Municipal de la Mujer, así como compañeros del gremio que se han solidarizado”, explicó.
La comunicadora pidió a las autoridades actuar conforme a derecho y que se castigue a quienes resulten responsables.
El gobierno del estado de Veracruz ha emitido una declaratoria de CERO TOLERANCIA a la violencia contra las mujeres y niñas, por lo que Lidia López espera que se cumpla con la ley y el ser hijo de un presidente municipal no excluya a Francisco Javier Velázquez Straffon del castigo que merece.
El vertido de aguas negras, residuos contaminantes y tóxicos, relleno ilegal y tolerado, falta de trabajos de dragado y desazolve periódicos, así como la sobreexplotación de especies, sequías, e indiferencia gubernamental, amenazan las lagunas del estado de Veracruz, y tienen casi seco el sistema de lagunas interdunarias de la zona metropolitana del puerto jarocho.
En las más de medio centenar de lagunas con que cuenta la entidad veracruzana, el sistema lagunar interdunarias de Veracruz es el más amenazado por el crecimiento de la mancha urbana y el abandono.
Es tal la situación que guardan, que cada vez que llueve de manera intensa, las calles de colonias y fraccionamientos aledaños a esa zona se inundan, pues el azolve de esos receptáculos naturales de agua, impide el escurrimiento natural hacia los mismos.
La función de carga y recarga del manto freático, la retención de sedimentos y el mantenimiento de la calidad del agua de éstas no se cumple en la mayoría de las 18 lagunas de este sistema.
Por ello, de manera casi cíclica, se registran en ellas la muerte de especies animales, no solo acuáticas y de aves, sino de ganado y otros mamíferos, como vacas o caballos, que perecen tras ingerir el agua contaminada por algún químico vertido ilegalmente, o simplemente por meterse a bañar.
Así, han aparecido vacas verdes y garzas blancas ennegrecidas por sustancias grasientas, además de peces ahogados por la falta del líquido.
Es necesario declarar una contingencia ambiental, advirtió el procurador del Medio Ambiente en la entidad, Sergio Rodríguez Cortés.
“Lo correcto es declarar una contingencia ambiental, que el tema se lleve al Congreso del Estado, y se pueda intervenir todo lo que impacta a estas lagunas; poder generar los fondos necesarios para resarcir el daño que le hacemos, pues lamentablemente no hay conciencia ambiental, ni los recursos que se necesitan”.
Recordó que en la zona conurbada de Veracruz con Alvarado y Boca del Río hay 33 lagunas, varias de ellas sistemas inderdunarios como la de Lagartos.
“La condición es precaria, un lamentable ejemplo es la laguna Lagartos, la más baja, apenas a 10 metros sobre el nivel del mar y que hace unos días la vimos totalmente seca, con pescados muertos batidos en el lodo por falta de agua; este ecosistema de manera natural tiene servicios ambientales que la actividad humana han afectado, no hay un responsable directo sobre esta situación, sino que somos todos, es la mancha urbana, es el crecimiento desmedido, es la sobre explotación del área, es la laguna más importante de la zona y está en riesgo de secarse por completo”.
El relleno de las lagunas es común por los desarrollos habitacionales que rellenan humedales, pero también impactan los parques industriales que vierten sus contenidos a los ríos en la parte alta del estado y que escurren a la costa afectando los ojos de agua.
En un recorrido hecho por MILENIO, realizado en 10 de las 18 lagunas del sistema interdunario del puerto de Veracruz, solo tres de ellas tenían espejo de agua visible, el resto estaba completamente cubierto de lirio, maleza, yerba de toda clase y hasta enormes árboles que han crecido en medio de los lodos y azolve, pues desde hace más de cinco años no realizan dragado o al menos corte de la maleza que ha crecido en las mismas.
La de Lagartos está completamente seca, lo mismo ocurre con dos lagunas más de la Reserva Tarimoya, en las que apenas el año pasado metieron, algunos días, maquinaria pesada para limpiarla superficialmente, pero eso no fue suficiente.
Las lagunas D, El Encanto y El Coyol tienen agua, sin embargo la profundidad, en el mejor de los casos, apenas alcanza un metro.
A orillas de la laguna El Coyol están rellenando con escombro, y han vertido una sustancia verde, similar a la que hace algún tiempo provocó que aparecieran vacas y caballos muertos pintados de verde en la Laguna D, localizada en la misma zona poniente de la ciudad de Veracruz.
Ambientalistas hacen un llamado urgente para rescatar más de 50 lagunas de Veracruz.
El Sistema de Lagunas Interdunarias de la Ciudad de Veracruz que además es sitio Ramsar, lo conforman: Laguna Lagartos, Laguna Del Carmen, Laguna Tarimoya, Laguna Las Conchas, Laguna Laureles, Laguna La Colorada, Laguna Dos Caminos, Laguna Unidad habitacional de Marina, Laguna El Encanto y Laguna Ensueño.
También están la Laguna Ilusión, Viveros o Parque Miguel Ángel De Quevedo; Laguna D, Laguna del Encierro, Laguna Caracol, Laguna El Coyol, Laguna Malibrán y Laguna Olmeca.
Hace una década la profundidad de las mismas iba de los 55 centímetros a los dos metros, hoy, ninguna tiene ni la mitad de eso.
Están además otras lagunas importantes en la zona como la laguna de San Julián, Mandinga, Alvarado, y más alejadas en la zona norte y sur, las de Pueblo Viejo, Tamés o Chila, La Tortuga, El Chairel, Laguna Grande, Laguna Chica, Laguna de Tamiahua, Tampamachoco, Pajaritos, Sontecomapan, Catemaco, Laguna María Lizamba, Laguna del Ostión, Mezcalapa, Camarón, San Agustín; Laguna del Carril, del Marqués, La Mancha y Las Moras.
Veracruz es rico hidrológicamente, al recibir más del 30 por ciento de las aguas que escurren de todo el país, pero sus lagunas, lagos y ríos, sufren por igual de la contaminación y falta de mantenimiento, expresa por su parte el ambientalista Sergio González, del Comité de Vigilancia Ambiental Veracruz Earth Mission.
Aquí llegan numerosas especies de aves playeras y acuáticas; y están en la ruta del corredor migratorio de aves rapaces más grande del mundo.
Es urgente, dijo, atender la situación que guardan las lagunas, pues la sequía de estas es evidencia que se están secando los mantos freáticos, lo que se traducirá en problemas en el abasto del agua; eso es un aviso de la naturaleza, acotó.
Alejandro Romo/Newsweek Aguascalientes
17 agosto 2020
Este lunes comenzó la caravana de búsqueda organizada por el Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia y el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) y familiares de personas desaparecidas de Aguascalientes en municipios de Jalisco.
La caravana inició en Puerto Vallarta, Jalisco, y continuará en la capital, Guadalajara, y Lagos de Moreno, para concluir el próximo miércoles.
Actualmente, el colectivo cuenta con el registro de seis personas de Aguascalientes que desaparecieron en territorio de Jalisco, así como de otras tres personas cuya desaparición ocurrió en comunidades limítrofes entre Aguascalientes y el estado vecino.
La coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), Violeta Sabás, comentó que durante su recorrido en territorio jalisciense se reunirán con autoridades de la Fiscalía General del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para solicitar información en relación a las investigaciones de las personas reportadas como desaparecidas, originarias de Aguascalientes.
“Esta es la primera caravana regional de búsqueda de personas que se hace en Aguascalientes, la intención y objetivo es hacer visitas a la Fiscalía General del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), para ver cómo va la investigación en el tema de personas desaparecidas, cómo van las carpetas y averiguaciones previas que tenemos aquí”.
Del mismo modo, la caravana busca visibilizar la problemática de la desaparición de personas en la zona centro-bajío, en donde se tienen una gran cantidad de carpetas de investigación por desaparición de personas.
Violeta Sabás añadió que durante el recorrido de la caravana se contará con el acompañamiento de integrantes de las comisiones estatales de derechos humanos de Aguascalientes y Jalisco, a fin de brindarles protección para evitar violaciones a sus derechos.
“En todo el avance de esta caravana tuvimos la colaboración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, en vinculación ambas comisiones, nos gestionaron el acceso a las instituciones y nos acompañaron de manera oficial. En esta caravana esperamos tener avances en la investigación y averiguaciones previas porque desaparecen en Jalisco muchas personas que son de Aguascalientes”.
Las personas que desaparecieron en el estado de Jalisco son:
– Gilberto Alejandro López Reyna (Desaparecido en Septiembre 2019 entre Aguascalientes y Encarnación de Díaz)
– Jorge López Reyna (Desaparecido en Septiembre 2019 entre Aguascalientes y Encarnación de Díaz)
– José Guadalupe Rodríguez de León (Desaparecido el 8 de mayo 2011 en Puerto Vallarta)
– Arturo Muñoz Romo (Desaparecido el 8 de mayo 2011 en Puerto Vallarta)
– Maricela Aguirre Valdez (Desaparecida el 10 de mayo 2018 en Encarnación de Díaz)
– Sergio de Lara Quezada (Desaparecido el 30 de agosto 2011 en Villa Hidalgo)
Asimismo, las personas desaparecidas en las comunidades limítrofes entre Aguascalientes y Jalisco son:
– Paola Yaneth Álvarez Gómez (Desaparecida el 1 de febrero de 2015 en la comunidad de Lumbreras, Cieneguilla)
– Cristian Vázquez Hernández (Desaparecido el 26 de julio 2017 en la comunidad de Cieneguilla, Aguascalientes)
– José Ángel Vázquez Hernández (Desaparecido el 26 de julio 2017 en la comunidad de Cieneguilla, Aguascalientes)
El Gobierno federal y de la Ciudad de México iniciaron la interconexión de las secciones del Bosque de Chapultepec, a través de la Calzada Flotante, y su restauración ambiental y cultural con mil 100 millones de pesos para este año. Destaca un museo del maíz, un memorial para personas en fosas comunes, el rescate hídrico de la tercera sección y el anexo de una cuarta, donde habrá una Cineteca. Sin embargo, los vecinos cuestionan la centralización del proyecto y reclaman la actualización del Programa de Manejo con consulta ciudadana, por lo que la PAOT investigará si es legal.
Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– Frente a la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec, en la Calzada de los Poetas, un hombre lee sentado en una banca y a lado otro duerme. De fondo, el lago sin lanchas en operación, patos y peces peleándose por comida. Dos niños intentan colgarse de un árbol mientras una mujer se pasea en bicicleta. Algunos corren. Otros compran frituras.
“Si hubiera un espacio así en cada Alcaldía, la vida sería mejor”, comentó Brenda, una joven acostada en una hamaca mientras observaba a una ardilla. El acceso público se permite desde el Semáforo Naranja con uso de cubrebocas y durante estancias cortas. El Castillo permanece cerrado y diversos puestos de comida o artesanías continúan sin abrir.
Después del retraso de tres meses por la COVID-19, el Gobierno federal y de la Ciudad de México presentaron el mayor proyecto biocultural del país, el “Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura” que contará con mil 100 millones de pesos para arrancar este año.
Frente a las inquietudes de vecinos, las autoridades aclararon que se trata de una interconectividad entre secciones, así como una restauración ambiental y cultural guiada por un grupo multidisciplinario, por lo que no habrá tala de árboles, el Jardín Botánico de la Segunda Sección no se dañará y, justificaron, para la primera etapa no se necesitará actualizar el Programa de Manejo, ya que las tres obras nuevas –que requerirán consulta ciudadana– se construirán en los siguientes años.
“No vamos a hacer absolutamente nada que signifique poner en riesgo al Bosque Chapultepec, todo lo contrario; el objetivo del Presidente de la República, y que compartimos, es el rescate y la promoción del Bosque como un área cultural y natural. Le pertenece al pueblo de México no al Gobierno”, aseguró la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo durante la presentación.
No obstante, el Frente Ciudadano por la Defensa del Bosque de Chapultepec se manifestó este jueves en el Jardín Botánico contra la reubicación del Orquideario, donde, afirman, se instalará el Pabellón Contemporáneo Mexicano. “Mientras no haya un Plan Maestro y un Plan de Manejo aprobado por el Consejo Rector Ciudadano tras consultas, ni una obra en el Bosque”, exigieron.
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) informó que abrirá una investigación de oficio para verificar la legalidad y sustentabilidad de las intervenciones que supone el proyecto en el Bosque de Chapultepec.
El Jardín Botánico oferta una diversidad de plantas. Foto: Dulce Olvera, SinEmbargo
Trabajadores en el estanque del Jardín Botánico. Foto: Abril Satiba, especial para SinEmbargo
SIN PROGRAMA DE MANEJO ACTUAL
El Frente Ciudadano por la Defensa del Bosque de Chapultepec –integrado por ciudadanos y académicos que en los últimos cinco años han luchado contra el Corredor Comercial Chapultepec, la rueda de la fortuna y el CETRAM Chapultepec– solicitó información sobre los impactos socioambientales del proyecto a la Secretaría de Cultura, al Gobierno de la Ciudad de México, a la Alcaldía Miguel Hidalgo y al Consejo Rector Ciudadano, quien les respondió el 14 de julio que aún no se contaba con el requisito de un Programa de Manejo.
Días antes, el 29 de junio, el coordinador del proyecto Gabriel Orozco presentó al Consejo Rector un resumen ejecutivo del contenido, planos y mapas desarrollados y condensados en las más de 400 cuartillas que componen los Cuadernos de trabajo del Taller Chapultepec para la propuesta de Plan Maestro. Se asegura que “la propuesta es ecológicamente respetuosa, socialmente responsable y económicamente viable”. El Plan Maestro es concebido como un proyecto dinámico que “se hará al ritmo que las circunstancias lo permitan” y adecuándose a las cambiantes realidades.
Este Consejo Ciudadano fue formado como una figura de gobernabilidad ciudadana del Bosque de Chapultepec por el entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para evitar que el Bosque, visitado por 15 millones de personas al año, se privatizara o tuviera proyectos que no fueran compatibles con su vocación.
En una carta respondió al Frente Ciudadano que “se trata de proyectos aislados, de diferentes escalas y grados de avance, sin la articulación física, ambiental, social y financiera que permite un Programa de Manejo”.
El Lago Menor en la Primera Sección. Foto: Abril Satiba, especial para SinEmbargo
Vista del Jardín Botánico. Foto: Abril Satiba, especial para SinEmbargo
La autoridad competente para expedir el Programa de Manejo del Bosque es la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) del Gobierno de la Ciudad. De acuerdo con la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la iniciativa de esta restauración e interconectividad “habrá de adoptar la forma de un nuevo Programa de Manejo del Bosque de Chapultepec, que sustituya al actualmente vigente”, dijo el Consejo conformado, entre otros, por María Cristina García Cepeda (exsecretaria de Cultura), Adriana Lobo Almeida (World Resources Institute México) y Leonora Rojas Bracho (Instituto Nacional de Ecología).
Para Pablo Gaytán, integrante del Frente Ciudadano por la Defensa del Bosque de Chapultepec, “es una incongruencia legal y de procedimientos administrativos” que se anuncie el proyecto “sin diagnóstico” y que ya se haya licitado la “Calzada Flotante” antes de contar con el Programa de Manejo actualizado y consultado a la ciudadanía.
“El día de la presentación nosotros esperábamos el Programa de Manejo, que la Secretaria del Medio Ambiente nos informara al respecto, no una serie de apuntes dispersos que ya los había dado a conocer Orozco desde el año pasado”, comentó Gaytán, quien considera al proyecto como “centralista, faraónico y unipersonal” (Orozcopark, le dice). “Las páginas Web no muestran los elementos legales y normativos. Me parece delicado porque hay un presupuesto, ¿cuánto abonará el fideicomiso ProBosque de la iniciativa privada?”.
Ese Programa de Manejo (2006) tiene que actualizarse, reconoció Sheinbaum. “Porque se hace más grande el Bosque de Chapultepec y se incluyen las 50 hectáreas de la Cuarta Sección. [En la etapa de las nuevas obras] se va a elaborar en conjunto con el Consejo Rector el nuevo Programa de Manejo, y ahí sí hay la necesidad de abrir a consulta pública”, dijo.
CONEXIÓN DE SECCIONES Y RESTAURACIÓN
El proyecto para las 800 hectáreas naturales, coordinado por el artista contemporáneo Gabriel Orozco, tiene cuatro objetivos. El primero es incorporar el “Complejo Cultural Los Pinos” y 50 hectáreas del Campo Militar Número 1 de la Defensa Nacional como la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec. La segunda meta es la interconectividad entre las cuatro secciones.
“La obra más importante este año es la de la ‘Calzada Flotante’ o puente peatonal muy amplio entre la Primera y la Segunda Sección. Ya fue licitado (por 186 millones 999 mil pesos) y ya comienza muy pronto su construcción”, explicó la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. “Tiene su estudio de impacto ambiental (apunto de estar liberado), no se impacta ningún espacio natural, no se requiere talar árboles, sino sencillamente pasa sobre el Periférico. Va a permitir un paso peatonal, así como el que hay hacia la Primera Sección que cruza el Circuito Interior hacia la Calzada de los Leones”.
El Frente Ciudadano por la Defensa del Bosque de Chapultepec, entre cuyos integrantes está el poeta Homero Aridjis, contó 250 árboles que están en riesgo por esa obra y vigilarán su permanencia. Como alternativa a la Calzada Flotante, proponen vías existentes de conexión ente la Primera y Segunda Sección con menos presupuesto y menos árboles en riesgo, de acuerdo con recorridos y asesores. Una opción sería por el Paseo Campo Marte o bien por el Paseo Molino del Rey.
Alternativas de conexión peatonal entre la Primera y Segunda sección. Imagen: Frente Ciudadano en Defensa del Bosque de Chapultepec
De acuerdo con el resumen ejecutivo del Plan Maestro, la conectividad se busca para las zonas aledañas que históricamente no han tenido acceso al Bosque, el peatón es el eje de todas las propuestas y especialmente los grupos más vulnerables, y la bicicleta es un modo de transporte de especial relevancia. También contempla apertura de rutas internas de transporte público ecológico a lo largo y ancho del Bosque.
El tercer fin para este Bosque de 800 años es el rescate ambiental y restauración ecológica e hídrica principalmente de la Tercera Sección por ser la más abandonada. “Por muchos años la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec fue un espacio donde se reforestó, pero con especies que no son las propicias para esta zona y además, se convirtió en un espacio natural abandonado. Tiene lugares que inclusive tienen problemas por la fauna nociva que hay en este lugar”, expuso la Jefa de Gobierno de la capital del país.
“El trabajo en la Tercera Sección se centrará en evitar que aguas negras contaminen los cauces de las partes bajas de las barrancas y asegurar la infiltración al manto acuífero, aumentando la disponibilidad del recurso hídrico en la ciudad; mejorando su calidad. Se recuperará y diversificará además la vegetación con árboles de especies nativas para aumentar la diversidad del bosque urbano, incluyendo especies emblemáticas como el ahuehuete en la parte baja de las cañadas”, expone el resumen ejecutivo del Plan Maestro.
El rescate hídrico será con apoyo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y para la restauración ecológica el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) cuenta con 12 millones de pesos para que grupos multidisciplinarios elaboren un diagnóstico biofísico y analicen el estado fitosanitario del arbolado; la sustentabilidad hídrica; los servicios ecosistémicos de los suelos, así como la riqueza y diversidad de la fauna nativa del Bosque de Chapultepec. Estos trabajos quedarán concluidos en el segundo semestre de 2021.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) contará con 4 millones de pesos para identificar especies y el estado de salud de los árboles para conocer cuáles son las más abundantes y establecer los requerimientos necesarios para su mantenimiento. El Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro GEO), a través de 2.48 millones de pesos, analiza la calidad de los suelos en las cuatro secciones, y elaborará un muestreo preliminar para identificar la biodiversidad y evaluar los niveles de contaminación, tanto por deposición atmosférica como por actividades humanas.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), que cuenta con 4.29 millones de pesos, trabaja en el diagnóstico y propuestas para la gestión de los recursos hídricos en las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec: fuentes y principales usos, estudios de inundación, caracterización hidrogeológica para la recarga del acuífero, análisis de la calidad del agua y se propondrán medidas para su tratamiento. Y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realiza con 1.6 millones de pesos un inventario de cinco grupos taxonómicos (dos de insectos y tres de vertebrados) de gran importancia ecológica, para actualizar las listas de especies y sus posibles amenazas.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) contará con 4 millones de pesos para identificar especies y el estado de salud de los árboles para conocer cuáles son las más abundantes y establecer los requerimientos necesarios para su mantenimiento. Foto: Abril Satiba, especial para SinEmbargo
Pablo Gaytán, del Frente Ciudadano, comentó que omiten el concepto de crisis climática. “Hay un gran crecimiento de las islas de calentamiento y se debería de hablar de calentamiento global. Utilizan conceptos propios del capitalismo verde como pelmacultura, nodos, conectividad y estratos”, dijo.
El cuarto objetivo del proyecto es la promoción cultural del Bosque de Chapultepec, por lo que a los museos existentes, al que se integró Los Pinos, se sumarán espacios culturales.
“Los proyectos responden a una lógica de la centralización de la cultura que va en contraposición a su principio. La cultura debe llegar a los sectores populares”, observó Gaytán.
Sobre esta crítica, replicada en redes sociales, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum destacó los 12 proyectos de “Sembrando Parques” y recuperación de ríos que iniciaron el año pasado y que este año están en su segunda etapa como el Parque Cuitláhuac, la Sierra de Santa Catarina y Cerro de la Estrella, en la Alcaldía Iztapalapa, así como el Vivero y el Bosque de Aragón en Gustavo A. Madero. También laboran en el Parque Cantera, en Coyoacán, una zona que era solamente de la Planta de Asfalto y que ya es un parque de 12 hectáreas.
LA CASA DEL MAÍZ
La Secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro Guerrero, aclaró que más que infraestructuras nuevas, el proyecto piensa en el rescate, potenciación y difusión de lo ya existente, pero también en conectar y hacer fácil el tránsito en sus cuatro secciones.
De los 12 espacios planeados para el servicio cultural y ambiental, solo tres implican construcciones nuevas: el Pabellón Contemporáneo Mexicano, el Cubo Escénico y el Espacio de Cultura Ambiental y Jardín Etnobotánico. Al no estar contempladas para iniciar este año, siguen en estudio y aún no hay inversión estimada.
En la Primera Sección, este 2020 se abrirá la “Casa Presidencial Lázaro Cárdenas”, dedicada a promover el conocimiento y reflexión sobre las líneas filosóficas, políticas y culturales que distinguen la época del cardenismo.
También se inaugurará “Cencalli Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria” en el edificio antiguo del Molino del Rey. “Un espacio para una cultura alimentaria que, de no haberla abandonado, hubiera evitado los problemas de salud que tenemos ahora. El maíz, la milpa y los aportes alimentarios de México al mundo serán parte del discurso en este gran espacio, que mostrará la riqueza alimentaria de México”, expuso Fraustro.
Cristina Barros, la guionista curatorial e integrante de Sin Maíz no hay País, explicó que se contará con una sala sobre “el maíz hacia el futuro” y otra sobre “maíz en el mundo”, para reflexionar sobre la importancia de la producción de pequeños campesinos y los daños al agua y el suelo de la agroindustria en el marco de la crisis climática.
Frente a la Casa del Maíz, estará este año la “Gran Tienda de FONART”, que resignificará el trabajo de los artesanos de México impulsando el desarrollo de conocimientos tradicionales, algunos en peligro de extinción.
EL JARDÍN BOTÁNICO SE AMPLIARÁ
Aun en Semáforo Rojo, trabajadores de jardinería han acudido al Jardín Botánico ubicado en la Segunda Sección para el mantenimiento de un espacio donde conviven especies desérticas como cáctus y nopales con plantas polinizadas por abejas y mariposas como lavandas. Los vitrales del Orquideario implican un refugio del tráfico de afuera en la Avenida Reforma. Desde junio se puede ingresar solo durante media hora, por medidas sanitarias.
Para los siguientes años, para fortalecer al “Centro Cultural del Bosque”, en la Primera Sección se construirá “El Pabellón Contemporáneo Mexicano” y el “Club Escénico”, así como el “Espacio de Cultura Ambiental y Jardín Etnobotánico” en la Segunda Sección. También, aprovechando infraestructura existente, se abrirán otros espacios culturales.
“Se incorpora el Jardín Etnobotánico ampliado y la restauración ecológica del Lago Menor se integra con el Museo de Historia Natural, el Cárcamo y todo aquello que es un hilo conductor de todo este proyecto que es el agua”, dijo la Secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro. “Lo que está ahorita en el Jardín se preservará, toda la parte de árboles y todo lo que representa el valor ambiental de esa zona; se impactarán zonas ya impactadas solamente y se trasladará el Orquideario de la mano de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México”, aclaró.
Pero, dijo Pablo Gaytán del Frente Ciudadano, si trasladarán el Orquideario, “ya es una afectación de entrada y un atentado; es una falta de respeto al ciudadano decirnos que no se dañará ninguna especie”.
¿CENTRALIZACIÓN DE LA CULTURA?
El Pabellón Contemporáneo Mexicano, detalló la Secretaría de Cultura, será un espacio abierto a exposiciones temporales. En línea con el Museo Nacional de Antropología, el de Historia y el de Arte Moderno, “contribuye a terminar la narrativa de este distrito de museos desde lo prehispánico hasta la creación contemporánea”.
Y el Cubo Escénico, ubicado en donde se conocía como “Las Cabellerizas”, será un espacio flexible para la danza, teatro, ópera de cámara, música contemporánea, música electrónica y nuevas tecnologías, incluyendo actividades al aire libre.
“El Pabellón Contemporáneo está contemplado para vender y hacer actos efímeros que se complementa con el Pabellón de Cultura Urbana en la Tercera Sección que plantea una recuperación de espacios para volverlos laboratorios del lavado de la cultura propia de los sectores urbanos de la ciudad, al concentrarlos en espacios muy determinados pensados como centros de entretenimiento”, observó Pablo Gaytán, del Frente Ciudadano en Defensa del Bosque de Chapultepec.
“El Pabellón Contemporáneo debería descentralizarse y ubicarse mejor en la Alameda Oriente, cerca de las zonas periféricas urbanas y el bordo de Xochiaca, donde hay bastante material, o en Tlalpan y el de Cultura Urbana en los barrios donde viven los grafiteros, donde es su territorio natural de expresión”, planteó.
En la Tercera Sección, donde se concentra la restauración hídrica, en los próximos años también se rehabilitará en el Panteón Civil de México un Memorial para los Olvidados, como reconocimiento con dignidad a las personas enterradas en las fosas comunes existentes, el cual se sumará a la Rotonda de las Personas Ilustres.
“En este panteón se fortalecerá el oficio de los floristas, y es menester que este lugar sea un espacio de reflexión sobre nuestra profunda cultura de la muerte, una de las prácticas más importantes de México, el Día de Muertos”, abundó Fraustro.
LA NUEVA CUARTA SECCIÓN
Como parte del proyecto biocultural más grande del país, se inaugurará una Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec a partir de las 50 hectáreas entregadas por la Defensa Nacional, donde se encuentra el Manantial de Santa Fe y la cuenca del río Tacubaya.
“El cambio de paradigma de espacio autocontenido y bajo resguardo de la industria militar a espacio abierto de carácter civil implica intervenciones estratégicas a nivel físico, social y simbólico”, expone el resumen ejecutivo del Plan Maestro. “A nivel físico, requiere reducir barreras y bardas, construir puentes y abrir puertas; a nivel social, se trata de diseñar un programa cultural, social, deportivo, ambiental y de impulso económico acorde con las necesidades y demandas públicas de la Ciudad; a nivel simbólico, se funda en la memoria de lo que fueron los campos en torno a la Fábrica de Pólvora, los cuales eran habitados tanto por los obreros civiles que trabajaron en el lugar como por sus familias que asistían a las fiestas de aniversario, a los bailes y los juegos deportivos”.
En esta nueva sección se restaurará Ermita Vasco de Quiroga, un edificio del siglo XVI, aunado a la restauración ecológica de sus jardines y del Manantial de Santa Fe. También, en la Antigua Fábrica de Cartuchos del Campo Militar 1, estará la Bodega Nacional de Arte y Colecciones, con acervos de los museos de la Secretaría de Cultura para la restauración y conservación de colecciones tanto públicas como privadas.
Asimismo se contará con la Cineteca Nacional del Poniente aprovechando la infraestructura existente en la Cuarta Sección y adaptándola para salas de cine, y con un Pabellón de la Defensa Nacional que fungirá como museo para exposiciones temporales y permanentes sobre la cultura, historia y educación militar mexicana, desde sus orígenes prehispánicos hasta nuestros días.
“Será el mayor proyecto biocultural del país en un espacio tradicional y querido como es el Bosque de Chapultepec. Su carácter de prioritario asegura el desarrollo del proyecto durante los próximos años”, concluyó la Secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro.
TLANESI, Col.- Con un total de 31 cadáveres exhumados, concluyó la búsqueda en fosas clandestinas localizadas en el municipio de Tecomán, informó el portal de noticias de la revista Proceso.
Aunque el pasado martes 11 la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer el descubrimiento de “fosas con restos humanos” ubicadas en un predio cercano a la carretera que conduce a la comunidad Cerro de Ortega, en el municipio mencionado, hasta la tarde del viernes la corporación no había difundido información precisa sobre los hallazgos.
De acuerdo con una nota del corresponsal, Pedro Zamora, los cuerpos fueron encontrados en el interior de una huerta de limón que fue intervenida mediante una orden de cateo por parte de elementos de instituciones federales y estatales, entre ellas la Guardia Nacional, la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de Colima y la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, perteneciente a la FGE.
En total fueron exploradas más de 15 fosas, de las que la mayoría contenía entre dos y tres cuerpos, mientras que en algunas sólo se encontraba sepultada una persona.
En el operativo también participaron integrantes del colectivo de familiares de personas desaparecidas en Colima.
Se trata del segundo mayor hallazgo de cadáveres inhumados de manera clandestina, sólo después de los predios de Santa Rosa, en los límites de los municipios de Tecomán y Armería, donde en febrero de 2019 fueron descubiertas 49 fosas con un total de 73 cuerpos.
Según el reciente informe de la Comisión Nacional de Búsqueda, Colima se encuentra entre los estados con mayor número de fosas y cuerpos encontrados durante el periodo de la actual administración federal.
Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 11 de marzo de 2020 fueron encontradas 123 fosas clandestinas en el estado de Colima, sólo superado por Veracruz y Sinaloa.
Esta nota se actualizó con la cifra oficial dada a conocer un día después de su publicación por la FGE.
El freno económico por la pandemia dejó sin sustento a más de 40 mil habitantes de la región boscosa de Michoacán que dependen de la explotación y venta de resina de pino y que ahora tuvieron que dejar de cuidar los bosques para buscar con qué comer, lo que abre la puerta a la tala clandestina y la deforestación. Piden ayuda al gobierno federal
Foto: Tomada de piedepagina.mx
Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Mario Marlo / Zona Docs
“Al final, las familias que vivimos en el bosque seremos las perdedoras”, dice Rosa Icela Soto. La crisis económica por la pandemia de covid-19 dejó a su familia, y a otras 120 del ejido Mata de Plátanos, en Uruapan, Michoacán, sin opciones de ingreso ni de trabajo. La recolección de resina de pino, que era su sustento, ya no es redituable.
“El problema con la resina es que se vende a intermediarios a un precio muy bajo”, asegura. “Los habitantes de mi ejido están buscando la forma de subsistir”.
Como ella, otras 10 mil personas en los municipios de Hidalgo, Tuxpan, Jungapeo, Aporo, Tuzantla, Angangueo, Susupuato, Zitácuaro, Senguio, Cherán y Patambán dependen de esta actividad.
Todos, en un par de semanas, pasaron de estar en pobreza a pobreza alimentaria, es decir, que no cuentan con los medios necesarios para comer.
“Es un caso muy extremo, en los últimos meses se han aumentado los robos a nuestras casas y se ha aumentado la tala ilegal”, dice preocupada Rosa Icela Soto.
“Desde hace 50 años hacemos esto. Mis abuelos, antes de la constitución del ejido (a finales de los años 60) ya se dedicaban a esto. Hemos heredado sus conocimientos, es una actividad en la que colaboramos toda la familia. Mujeres, niños, jóvenes”.
En el ejido en el que ella vive, anualmente producen cerca de 300 toneladas de resina de pino, lo que les genera una derrama económica de 4 millones de pesos sin derribar un árbol. El cuidado que toda su comunidad hace del bosque ha impedido que la tala clandestina y la sustitución de bosques por cultivos de aguacate acaben con estos reductos de bosque templado, característico de la región.
La cadena de producción se rompió
Las ganancias del ejido de Rosa Icela son sólo una fracción del valor de la industria de la resina de pino en Michoacán, el principal productor a nivel nacional. Según Juan Manuel Barrera, de Resiliencia Ambiental y Desarrollo Comunitario, una organización civil especializada en temas forestales, la producción del municipio alcanza los 600 millones de pesos al año.
“Este año, si se tienen ganancias por un 15 o 20 por ciento, va a ser mucho. Estamos hablando de 500 millones de pesos que ya no van a llegar a las comunidades, ese es el impacto económico”, explica Barrera, durante una conferencia de prensa realizada el martes 12 de junio por diversas organizaciones ambientales así como por recolectores de resina y habitantes de la zona.
La extracción de resina en esta zona se realiza desde hace más de 100 años. Es una cadena productiva que sale de estos bosques y llega a diversos artículos. Quizá el más famoso sea el limpiador multisuperficies de pino.
Además, es un ingrediente común en diversas casas de pintura. Se usa como brea en la construcción, como emulsificantes en algunos refrescos y como base para las gomas de mascar. El cierre temporal de muchas de estas empresas, por la pandemia, hizo que la compra de resina de pino se detuviera.
“Con el inicio de la pandemia la compra empezó a disminuir y no se ha recuperado”, comenta en la conferencia virtual Olga Leticia Enríquez, resinera de Cherán K’eri, el municipio que a principios de siglo expulsó a los partidos políticos por la corrupción con la que manejaban el gobierno municipal
De los 3 mil árboles que cuida su familia llega a obtener entre 350 o 400 kilos de resina al mes. El dinero que ganan lo usan principalmente para comprar comida, cerca de un 70 por ciento, asegura. El resto, lo usan para pagar gastos de vivienda y vestido.
Abandonar los bosques y su cuidado
“Ahora, para trabajar, mi familia está yendo a una empresa empacadora de fresas que está a 3 horas de Cherán. Se van en camiones escolares, y van todos hacinados, además de que el viaje durante el turno de la noche es más peligroso”, cuenta durante la conferencia.
Olga admite que por la situación, los resineros están abandonando los bosques y su cuidado para rentar su mano de obra en la colecta de aguacate, en donde hacen tareas como tirar estiércol entre las parcelas para fertilizarlas.
Este abandono de los bosques podría abrir la puerta a la tala clandestina y a la sustitución de uso de suelo para transformar estos bosques en plantíos de aguacate.
Al respecto, Jaime Nava, del del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural, una asociación que busca el desarrollo rural sostenible y que trabaja en la región, explica que la mayor parte de los bosques en la región Purépecha, una de las que integran esta zona boscosa, existen gracias a los cuidados forestales que realizan los resineros.
El cambio de uso de suelo en estas tierras es imparable. De las 200 mil hectáreas de cultivo de aguacate que existen actualmente, la mitad solían ser bosques templados.
“La tasa de cambio ha sido muy drástica, han habido booms muy importantes de zonas aguacateras”, previene Jaime Nava.
“Si no se hace algo, este fenómeno va a ir caminando a las zonas resineras. Ese es un problema de ilegalidad y de incapacidad que nadie en Michoacán atiende”, critica.
“Es algo que queda impune, todos los días pasa, pero está coludido en tantas dimensiones que es un ciclo que no se ha podido parar”.
Un grupo de resineros intenta reactivar la planta de procesamiento de resina en Ciudad Hidalgo, al centro de la región boscosa oriental de Michoacán . Foto: Cortesía Asociación Rural de Interés Colectivo Lazaro Cardenas
Reactivar la resinera local, una solución
Según el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible la pandemia detuvo la operación de 18 plantas de procesamiento de resina que compraban, por medio de intermediarios, la producción de los resineros de Michoacán.
Para remediar la dependencia de estos intermediarios y dotar a los productores del oriente de Michoacán de mejores medios de producción, Abel Tello, presidente de administración de la Asociación Rural de Interés Colectivo Lázaro Cárdenas. La ARIC es la organización productiva más importante de resineros de la zona y está intentando volver a echar a andar una fábrica de procesamiento que permanece cerrada desde 2011.
“La reactivación de esta organización nos permitiría establecer centros de acopio en los ejidos tratando de eliminar el intermediarismo, lo que nos permitirá fortalecer el desarrollo de cada una de las comunidades y de los ejidos”, dice en entrevista con Pie de Página Abel.
“Por eso es que requerimos de un programa emergente que ayude a capitalizar a esta organización”.
Actualmente los recolectores de resina de estos bosques venden el kilo de extracto de los pinos en 6 pesos a los intermediarios, que a su vez los vende a empresas procesadoras hasta en 10 u 11 pesos.
Echar a andar la resinera no solo ayudaría a eliminar a intermediarios en el proceso, sino que fortalecería a los ejidos al permitirles refinar y vender mejores productos derivados de la resina.
“Esta empresa funcionó desde el 68”, recuerda Abel. “Fue con la creación de los ejidos que apoyó el general Cárdenas que se creó. Él también ayudó a crear la resinera, por eso la ARIC, la asociación rural, lleva el nombre del General”.
Sin embargo, en 2011 el centro de procesamiento tuvo que cerrar por una caída estrepitosa en el precio de la resina, que pasó de 50 pesos el kilo, a menos de 20.
“Eso es lo que nosotros no entendemos, a veces las políticas del mercado y de las empresas afectan esto, pero no sabemos quién pone el precio y eso nos complica. Solamente nos dicen que las fábricas que usan la resina están comprando de Brasil y de otros lados y más barato, pero en realidad no lo sabemos”, explica Abel sobre la caída de 2011, misma que no se ha podido superar.
“Si en el 68 se hizo esta resinera con la finalidad de que fuera un centro de acopio de la producción de los municipios, creo que la podemos levantar y producir aceite de pino, aguarrás y brea. Sabemos que se pueden sacar otros productos, para la limpieza y para hacer cosméticos y algunas otras cosas, pero quisiéramos, mínimo, trabajar con esto de la brea, del aceite del aguarrás”, dice Abel ilusionado.
Actualmente, la ARIC está en pláticas con el Consejo Nacional Forestal (Conafor) para buscar una estrategia de reactivar la resinera. De lograrlo, Abel asegura que se eliminaría la participación de los intermediarios y podrían establecer un precio de garantía de la resina en 19.50 pesos por kilo.
“Aunque quién sabe si lo podamos sostener, porque vamos a luchar en contra de los grandes empresarios a nivel nacional y a nivel internacional”.
Este 13 de agosto, en la conferencia diaria sobre los programas sociales, Pie de Página cuestionó a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, sobre alguna opción de apoyo a la producción de estos trabajadores, quienes, por no ser propietarios de la tierra no pueden acceder a uno de los programas estrella del gobierno federal, Sembrando Vida.
La secretaria aseguró que se pondría en contacto con la Conafor para buscar una solución al problema de los resineros, e incluso aseguró que se podrían usar otro programa como Producción para el bienestar y aliviar la precaria situación de los jornaleros de los bosques, como se denominan estos trabajadores.
Además, tanto Olga Leticia como Rosa Icela Soto, habitantes de la zona y resineras, pidieron al gobierno federal la implementación de un programa de empleo temporal que ayude a dar vigilancia al bosque y mantener así el cuidado que los resineros hacían del mismo.
Mujeres indígenas durante una protesta. Foto: Isaín Mandujano.
OAXACA, Oax. (apro).- A casi dos años de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), los ataques presentan niveles preocupantes en 40 municipios de Oaxaca, al registrarse 127 feminicidios, 241 desapariciones y 784 agresiones contra mujeres.
Así lo dio a conocer Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, que informó también que, además de las agresiones que sufren por razón de género, las mujeres son discriminadas por ser indígenas en localidades con distintos grados de marginación, que se diferencian en función del porcentaje de la población que carece de educación, servicios, percibe bajos ingresos y reside en localidades pequeñas.
Los datos analizados por la organización demuestran que, a dos años de la AVGM, la violencia feminicida no se ha enfrentado y mucho menos erradicado, pues la falta de acciones gubernamentales de emergencia impide que se garantice la seguridad de todas las mujeres en el estado, independientemente de su condición de género, grupo étnico, condición social o económica.
Desde Consorcio Oaxaca exigieron el cese de la violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades producidas por la discriminación, la impunidad social y del Estado.
Cabe mencionar que el 31 de agosto de 2018, mediante la Resolución a la solicitud AGVM/0472017, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para 40 municipios de Oaxaca.
A partir de la declaratoria de la AVGM en la entidad y hasta la fecha, se registran en total 784 agresiones contra mujeres en 40 municipios que cuentan con el mecanismo de protección.
Hicieron hincapié que los 40 municipios con AVGM presentan cierto índice de marginación: 13 con alto o muy alto grado, 19 un grado medio y 8 un grado bajo o muy bajo de marginación.
Según datos recuperados por Consorcio Oaxaca, durante el periodo activo del decreto, las cifras de violencia en municipios con AVGM reflejan la intensidad de sus carencias:
Detallaron que 548 casos (69%) sucedieron en municipios con bajo o muy bajo grado de marginación, donde 5 regiones concentran el total de agresiones: Valles Centrales con 275, Mixteca 103, Papaloapan 86, Costa con 53 e Istmo con 31 casos.
Además, 212 casos (27%) han ocurrido en municipios con un grado medio de marginación, donde 6 regiones concentran 98% de las agresiones: Istmo con 61, Valles Centrales 46, Sierra Sur con 30, Costa 27, Papaloapan 23 y Mixteca con 21.
Y 24 casos (3%) han ocurrido en municipios con alto o muy alto grado de marginación, donde la Cañada concentra 70% de las agresiones.
En relación al tipo de agresiones a mujeres dentro de los 40 municipios con AVGM destaca que el mayor índice de desapariciones (241 casos), violencia familiar (159 casos) y delitos sexuales (74 casos) se concentra en municipios con bajo o muy bajo nivel de marginación. Mientras que los casos de violencia política de género (5) también son mayoría en estos municipios.
Mientras que los municipios con grado medio y bajo de marginación registran la cifra más alta de feminicidios (127 casos) y el número mayor de suicidios (8 casos) también se ubica en esta categoría municipal.
Poco más de 10 hectáreas fueron desincorporadas del área protegida de El Batan, en Corregidora. Foto: Eric Pacheco
Eric Pacheco / Proceso
En Querétaro la élite política se entrelaza con vínculos familiares y partidistas. Quien esté bien relacionado puede obtener privilegios, como lo muestra el caso del exdirigente de la Coparmex en la entidad, Luis Alfonso García Alcocer, primo del exgobernador Mariano Palacios Alcocer y quien logró multiplicar el valor de 10 hectáreas unas 30 veces al modificar el uso de suelo con el apoyo del gobierno estatal y del ayuntamiento de Corregidora.
CORREGIDORA, Qro. (proceso).- El empresario Luis Alfonso García Alcocer, primo hermano del exgobernador priista Mariano Palacios Alcocer, logró el cambio de uso de suelo para edificar un desarrollo habitacional para 3 mil personas en un predio de 10 hectáreas llamado El Batán, que hace siete años fue decretado Zona de Reserva Ecológica.
El presidente municipal de Corregidora, el panista Roberto Sosa Pichardo, ha intentado justificar esa acción señalando que la familia Alcocer logró el cambio de uso de suelo en El Batán desde 1991, sólo 11 días antes de que Palacios Alcocer concluyera su mandato en el estado.
Sin embargo, fue en la actual administración municipal cuando se aprobó un nuevo cambio de uso de suelo que autoriza construir en esos predios inmuebles de hasta cuatro niveles y con una población por hectárea siete veces mayor que la recomendada en 1991.
“En ese momento lo que aprobó el ayuntamiento fue el cambio de uso de suelo, de forestal, que se tenía anteriormente, en 1991 cambiaron a campestre habitacional (…). Lo tenían ellos en habitacional campestre, ahora nosotros lo pusimos en medio, en habitacional, que es como marca el código”, reconoció el alcalde.
Sobre el incremento de habitantes por hectárea, Sosa Pichardo se excusa: no conocía la densidad aprobada antes porque no se localizó toda la información. Por eso, afirma, sólo se homologaron los “términos” y el pasado 9 de julio el municipio aprobó 300 habitantes por hectárea.
En el periódico oficial del estado La Sombra de Arteaga se publicó, el 27 de septiembre de 1991, que en el cambio de uso de suelo se recomendaba una densidad de sólo 40 habitantes por hectárea: “Se considera viable destinar el predio para desarrollo campestre, sugiriendo, en caso de aprobarse la petición, una densidad de población de 40 Hab/Ha”. Eso se dictamina “con base en que el predio en referencia no tiene posibilidad de desarrollo agrícola”.
El ayuntamiento de Corregidora aprobó el cambio de uso de suelo en tres polígonos que suman las 10 hectáreas: uno de comercio y servicios para 304 viviendas y giros compatibles; el segundo, habitacional para 105 viviendas y giros compatibles; y el tercero, habitacional para 185 viviendas. Los 594 inmuebles podrán alcanzar un máximo de cuatro niveles de construcción, tendrán 40% de área libre y una densidad de población media.
Aunque Sosa Pichardo reconoció el valor ecológico de esas 10 hectáreas, al preguntarle si lamentaba que se desincorporaran de la zona protegida, respondió: “Pues la verdad es que no, así como tú me comentas. Yo te comparto: fue un tema de 1991”.
Fe de erratas
La fotografía de apertura del texto “Corregidora. Un acto de corrupción disfrazado de modernidad”, publicado en la página 45 del número 2284 de Proceso, no corresponde al desarrollo inmobiliario El Batán, como se publicó, sino al fraccionamiento Ciudad Maderas Querétaro, que nada tiene que ver con el contenido del texto aludido.
Alumnos de la UAdeCrechazaron el aumento de cuotas decretada por la Rectoría en medio de la pandemia del covid-19. Foto: Especial
SALTILLO, Coah. (apro).- Alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) organizados en el “Movimiento Estudiantil Coahuilense” rechazaron el aumento de cuotas decretada por la Rectoría en medio de la pandemia del covid-19, “alza que está provocando que numerosos estudiantes se vean imposibilitados de seguir sus carreras”, informó a Apro una portavoz del movimiento.
“Como parte de sus acciones contra los incrementos a las tarifas, el Movimiento Estudiantil Coahuila prepara una gran manifestación que se realizará próximamente”, dijo Dania Lumbrera, una de los voceros de los estudiantes.
Además, unos mil alumnos organizados en el Movimiento ya se manifestaron en días pasados frente a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Lumbrera comentó que el 20 de julio pasado las autoridades de la UAdeC publicaron las nuevas cuotas para el reingreso a clases en la universidad. Anteriormente los estudiantes pagaban cuatro mil 326 pesos y ahora deberán pagar cuatro mil 823 pesos, señaló Dania Lumbreras.
En respuesta, los estudiantes organizados en el Movimiento emitieron un comunicado donde señalan:
“Consideramos que la UAdeC dejó de tomar en cuenta la situación que vive actualmente la sociedad. Que la pandemia causada por el covid-19 generó una recesión económica importante y evidente”, precisa el documento de los alumnos.
Alza de cuotas sin clases presenciales
El texto destaca que las clases no serán impartidas de manera presencial, por lo que no harán uso de las instalaciones.
Debido a ello la universidad no puede asegurar que el 100% de los estudiantes cuenten con los medios necesarios para tener acceso a clases en línea.
“Es por eso que hacemos un llamado a las autoridades de la UAdeC solicitando el diálogo para tomar en cuenta una disminución en los costos. De la misma manera llamamos al Consejo Universitario para que, mediante una sesión se discuta lo solicitado por la sociedad estudiantil”, precisa el documento del Movimiento Estudiantil Coahuilense.
La portavoz de los estudiantes destacó que la UAdeC mencionó que las autoridades les ofrecen un descuento de sólo 8% en las cuotas, el cual es insuficiente ante la situación que atraviesan las familias mexicanas.
La UAdeC recibe 2,500 mdp de la federación
Recordó que la Universidad de Coahuila recibe más de dos mil 500 millones de pesos de presupuesto y además genera ingresos propios que no están fiscalizados por las autoridades.
Lumbreras reiteró el llamado al Consejo Universitario para que dialogue con los estudiantes y reduzcan las cuotas de inscripción y las tarifas internas que cobra cada facultad.
Sobre el impacto de la Pandemia en las universidades, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras organizaciones titulado “Los jóvenes y la pandemia de la covid-19: efectos en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental” arrojó que el 9% de los estudiantes podrían abandonar sus estudios definitivamente.
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La situación ha sido aún peor para los jóvenes que viven en los países de ingresos más bajos, en los que existen mayores deficiencias en materia de acceso a Internet y disponibilidad de equipos, y en ocasiones, de espacio en el hogar para los estudios en línea.
Ello pone de relieve la enorme “brecha digital” entre regiones; mientras que el 65% de los jóvenes de los países de altos ingresos pudieron asistir a clases impartidas por videoconferencia, la proporción de jóvenes que pudo proseguir sus estudios en línea en los países de bajos ingresos es únicamente del 18%.
Texto: Miguel Ángel León Carmona / E-consulta Veracruz
Las desapariciones de personas en Veracruz viven un repunte. El Puerto pasó de ser un paraje turístico a tierra de desapariciones entre septiembre de 2019 y agosto de 2020
XALAPA, VERACRUZ.- “¿Y tú dónde estás?”: En Veracruz. Fue la última pregunta que respondió Ulises Landero a su madre, Magdalena, el 16 de julio de 2020. Ese mensaje también es la única pista del joven de 21 años de edad y de su amigo José Carlos Arreguín, de 28, antes de que desaparecieran.
Magdalena –mientras ve la conversación de su hijo en el celular– comparte la impotencia de que “nadie haya visto nada cuando se los llevaron”; de que no existan grabaciones en cámaras de seguridad, ni noticias de la camioneta donde Ulises y José Carlos viajaban, una Town Country color plateado.
Pero no es todo. La búsqueda de esta mujer, que no para desde hace 27 días, le ha mostrado una imagen que desconocía del Puerto de Veracruz. La brisa del mar y el silencio de las escolleras mutaron para ella en una especie de hoyo negro donde no hay noticias de su primogénito, ni de decenas de víctimas, de entre 17 y 55 años de edad.
De acuerdo con datos de la Comisión Estatal de Búsqueda, entre septiembre de 2019 y agosto de 2020 (11 meses) al menos 31 personas desaparecieron en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río; todos en contexto de violencia, confirmaron autoridades investigadoras.
La historia de Ulises Landero Sánchez y José Carlos Arreguín Castillo la cuentan sus madres, Magdalena y Elsa, quienes en común tienen el semblante desencajado. En sus rostros hay cansancio y desvelo. En sus estómagos “casi nada”. Las manos les tiemblan y sus voces se cortan.
“Ellos crecieron juntos. Años más tarde se hicieron compañeros de trabajo; repartían garrafones en una purificadora de agua”, cuentan las mujeres sobre los dos jóvenes que se criaron en un barrio del municipio de Coatepec, conurbado a Xalapa (capital de Veracruz).
La mañana del 16 de julio, José Carlos se despidió de Elsa cuando ella seguía acostada en su cama. Ulises no pudo hacerlo, porque Magdalena ya había salido a trabajar en una tienda de abarrotes que ella atiende. De ellos tampoco hay certeza sobre la forma en que vestían.
A las 12:39 horas, Magdalena escribió por WhatsApp a Ulises. Ella -al igual que Elsa- sabía que su hijo viajaría al puerto de Veracruz acompañado de una tía y de su amigo José Carlos. Entregarían algunos documentos y más tarde volverían.
– ¿Y tú dónde estás? (12:39)
– En Veracruz. (12:40)
– ¿Pero estás con tu tía? (12:44)
– No. Mi tía y ellos están en el hospital. (12:45)
– ¿Pero estás con alguien conocido de aquí? (12:47)
Pero ese último mensaje ya no tuvo respuesta. Desde entonces la comunicación con Ulises y José Carlos se perdió. En el caso de Elsa, cuenta que sobre su hijo tuvo información al día siguiente, cuando abrió Facebook en su celular y encontró en mensajes de ayuda para localizarlo a él y a su compañero de trabajo.
“De él hasta el otro día supe, por medio del Facebook, que estaba desaparecido. Lo último que me dijo fue ‘ya me voy, mami’. No me ha quedado de otra que esperar (…). Es morirse en vida, porque los hijos duelen mucho; hay veces pienso que no voy a soportar tanta angustia de no saber nada de mi muchacho”, dice Elsa, quien se gana la vida cortando el cabello y aplicado tintes en su estética.
Las desapariciones de Ulises y José Carlos fueron reportadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) y posteriormente denunciadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Aunque la atención ha sido cordial, refieren Magdalena y Elsa, lo único que han obtenido sobre sus hijos es la confirmación, mediante un rastreo satelital, que la última ubicación de ambos fue en el puerto de Veracruz.
En un acto inesperado durante la entrevista, Elsa opta por referirse a los plagiarios de su hijo en vez de a las autoridades. “Quiero pedirles el favor que nos los devuelvan. Nosotros no queremos saber nada de nada, no queremos hacer nada de represalias, simplemente queremos a nuestros hijos vivos”, dice mientras sostiene una fotografía tamaño carta.
A esta petición se suma Magdalena. “Yo no quiero problemas, solo le pido a la gente que se los llevó que aparezcan vivos y sanos. Todo es raro porque me parece que hay mucha gente ahí y que ahí los hayan desaparecido y que nadie diga nada”.
Elsa y Magdalena son vecinas que apenas compartían el saludo cuando coincidían en la colonia. Sin embargo, desde la desaparición de sus familiares, juntas emprendieron una campaña en redes sociales donde comparten fichas informativas.
Ulises Landero mide 1.70 metros, sus ojos son café oscuro; tez morena clara, cabello lacio y corto. Además, tiene un tatuaje en el brazo derecho. Carlos Arreguín es un poco más alto, mide 1.75 metros, de tez morena clara y ojos café claro. Él tiene un tatuaje, pero en su brazo izquierdo.
A Ulises su madre lo refiere como un muchacho alegre, a quien le gusta bailar reggaetón y “compartir todo lo que él tenía con sus amigos en el trabajo”. Es el mayor de dos hermanos, estaba por concluir la prepa y tiene una novia que se unió a la búsqueda desde redes sociales.
De José Carlos, Elsa explica que, si bien no pudo verlo el día que desapareció, suele usar gorra, pantalón de mezclilla, playera blanca y cargaba a todos lados una mochila y unos audífonos. “Mi hijo es muy sociable, buena persona. No se metía en problemas, sí le gustaba salir a divertirse, pero siempre llegaba a casa”, agrega su madre.
Elsa y Magdalena comparten que hasta antes de sus casos, no sabían del fenómeno de las desapariciones en Veracruz. “Ahora nos enteramos de todo lo que está pasando. Nos sorprende bastante, desde niños hasta personas adultas están desaparecidas”, acotan.
Para Lucía Díaz Genao, fundadora del colectivo Solecito Veracruz, las desapariciones han repuntando en la zona conurbada como en otras regiones del estado.
“Es muy lamentable. Continúan las desapariciones de manera alarmante. Basta ver las publicaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz está repuntando en las desapariciones y necesita un modelo de búsqueda inmediata mucho más eficaz”, dijo la madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz, desaparecido en Veracruz desde 2013.
Puerto de Veracruz: De paraje turístico a tierra de desapariciones
Los casos de Ulises y José Carlos no son aislados en el puerto de Veracruz y Boca del Río. Dos de los municipios con mayor atracción turística en el Estado también guardan historias de desapariciones ligadas a presuntos integrantes de la delincuencia organizada, particulares y policías, todos señalados como los perpetradores de estos crímenes.
Uno de los hechos más recientes ocurrió el pasado 10 de agosto y fue captado en cámaras de video. Familiares de Rafael Hernández López y Gustavo “N”, acusaron que ambos fueron privados de la libertad por elementos de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Los policías, considerados de élite en el Estado, fueron señalados del allanamiento de tres viviendas, durante la madrugada, en los fraccionamientos Lomas de Río Medio 1 y 3, en la zona norte de la ciudad de Veracruz.
El primer hecho fue reportado en la calle Río Mixteco. Elementos policiales habrían ingresado por la fuerza a una casa ubicada en el fraccionamiento Lomas de Río Medio 3.
Allí, una mujer de 27 años de edad, denunció que fue amenazada con armas largas, amarrada y sometida mientras los policías hurgaban entre sus pertenencias.
La víctima señaló que nunca le fue presentada una orden de cateo para el allanamiento de su domicilio, además de que los agentes se llevaron dinero y las llaves de dos motocicletas.
De manera simultánea y en allanamientos similares, Rafael Hernández y Gustavo “N” fueron sustraídos de sus domicilios y privados de la libertad en los fraccionamientos Río Medio 1 y 3, respectivamente.
En este hecho presuntamente participaron agentes policiacos a bordo de dos patrullas de la Fuerza Civil identificadas con los números 3534 y 2727, así como una camioneta Jeep blanca, de acuerdo con lo descrito por testigos.
En fotografías difundidas por vecinos de viviendas y negocios de los alrededores, fue registrado que las patrullas de la Fuerza Civil recorrieron en diversas ocasiones la zona, horas antes de los hechos.
Otra desaparición, de 31 registradas durante los últimos 11 meses, es la del empresario constructor Edgar Álvarez Flores, privado de su libertad el 25 de marzo de 2020, en Boca del Río, donde habría cobrado un pago de 2.5 millones de pesos.
Por este probable crimen fueron detenidos el pasado 21 de julio Armida “N”, exalcaldesa de Xalapa y colaboradora de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, así como los empresarios Jesús «N» y Rafael «N».
Familiares de Édgar Álvarez, de 40 años de edad, señalaron que él viajó de Poza Rica a Boca del Río para sostener una reunión con Jesús «N»., en sus oficinas ubicadas en el fraccionamiento Costa de Oro.
Al llegar a ese lugar, compartió su ubicación con Armida “N”, y habría referido “Estoy en el punto”. Después de ello desapareció.
La víctima presuntamente fue intermediario de Armida “N” y cobró un soborno de Jesús “N” y Rafael “N”, a cambio de la entrega de un contrato con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por 19.9 millones de pesos, en favor de la empresa CIMCSA.
Además de estos casos, otras 26 personas (todas del sexo masculino) desaparecieron durante los últimos 11 meses del gobierno representado por Cuitláhuac García Jiménez:
1.- Israel Santiago Ramírez, 40 años de edad. Desapareció en Veracruz el 16 de septiembre de 2019
2.- Jesús Devir Carmona, 28 años de edad. Desapareció en Veracruz el 31 de octubre de 2019
3.- José Luis Hernández Franco, 36 años de edad. Desapareció en Veracruz el 24 de noviembre del 2019.
4.- Felipe de Jesús González Fernández, 35 años de edad. Desapareció en Boca del Río el 26 de noviembre de 2019.
5.- Edwin Ricardo Chipuli Domínguez, 21 años de edad. Desapareció en Veracruz el 27 de febrero de 2020.
6.- Daniel Alejandre loyo, 44 años de edad. Desapareció en Veracruz el 27 de febrero de 2020.
7.- Lorenzo Velázquez Gallardo, 36 años de edad. Desapareció en Veracruz el 18 de marzo de 2020.
8.- Daniel Rueda Domínguez, 36 años de edad. Desapareció en Veracruz el 18 de marzo de 2020.
9.- Miguel Ángel Gonzáles Velasco, 27 años de edad. Desapareció en Veracruz el 16 de febrero de 2020.
10.- Javier Cruz Ortiz, 31 años de edad. Desapareció en Veracruz el 19 de marzo de 2020.
11.- Elías chigüil Espejo, 50 años de edad. Desapareció en Boca del Río el 20 de marzo de 2020.
12.- Rafael Rodríguez Báez, 37 años de edad. Desapareció en Veracruz el 23 de marzo de 2020.
13.- Edgar Álvarez Flores, 40 años de edad. Desapareció en Boca del Río el 25 de marzo de 2020.
14.- Eddie Santiago Álvarez Reyes, 26 años de edad. Desapareció en Veracruz el 29 de marzo de 2020.
15.- Ismael de Jesús Pastor Méndez, 43 años de edad. Desapareció en Veracruz el 7 de mayo de 2020.
16.- Bricio Enrique Rebolledo Moreno, 17 años de edad. Desapareció en Veracruz el 13 de mayo de 2020.
17.- Alfredo Valdés Flores, 41 años de edad. Desapareció en Veracruz el 19 de mayo de 2020.
18.- Luis Alberto Cuevas Pérez, 34 años de edad. Desapareció en Boca del Río el 26 de mayo de 2020.
19.- Julio Cabrera Romero, 40 años de edad. Desapareció en Veracruz el 03 de junio de 2020.
20.- Juan Jesús Gamboa Pórtela, 29 años de edad. Desapareció en Veracruz el 31 de mayo de 2020.
21.- Abraham Isaac Flores Domínguez, 39 años de edad. Desapareció en Veracruz el 24 de mayo de 2020.
22.- Tomas Elvira Escarola, 28 años de edad. Desapareció en Veracruz el 27 de junio de 2020.
23.- Manuel de Jesús Guzmán Hernández, 22 años de edad. Desapareció en Veracruz el 6 de julio de 2020.
24.- Jossúe Eduardo García Molina, 27 años de edad. Desapareció en Veracruz el 10 de julio de 2020.
25.- Ulises Landero Sánchez, 21 años de edad. Desapareció en Veracruz el 16 de julio de 2020.
26.- José Carlos Arreguín Castillo, 28 años de edad. Desapareció en Veracruz el 16 de julio de 2020.
27.- Alfredo Muñoz Ruiz, 22 años de edad. Desapareció en Veracruz el 26 de julio de 2020.
28.- Roberto Pardo Rodríguez, 43 años de edad. Desapareció en Veracruz el 9 de julio de 2020.
29.- Oscar Amador Tapia, 55 años de edad. Desapareció en Veracruz el 1 de agosto de 2020.
30.- Rafael Hernández López. Desapareció en Veracruz el 10 de agosto de 2020.
31.- Gustavo “N”. Desapareció en Veracruz el 10 de agosto de 2020.
Esta organización manifestó su repudio contra la violencia, la criminalización y atropello perpetrado por las autoridades contra las personas migrantes.
El Equipo de la 72, hogar refugio para personas migrantes, denunció que el Instituto Nacional de Migración (INM), ingresó de manera violenta a un área de ayuda humanitaria en Tenosique, Tabasco, para forzar a un grupo de migrantes a subir a sus vehículos para ser deportados. A través de un comunicado denunció los abusos y violación a los derechos humanos cometidos por los agentes migratorios este jueves, cuando ingresaron a la media noche sorprendiendo a los aproximadamente 45 hombres, mujeres y niños que se encontraban dormidos en la cancha anexa al albergue.
De acuerdo a la versión de algunos de los migrantes que lograron escapar, al menos una veintena de personas fueron detenidas, golpeadas y sus documentos destruidos por los agentes del INM, esto a pesar de que el artículo 76 de la Ley de Migración establece que “el Instituto no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes”. La 72 alertó que ante la emergencia sanitaria por Covid-19, los migrantes fueron trasladados a Villahermosa, Tabasco, debido a que la estación migratoria de Tenosique se encuentra cerrada. Esta organización manifestó su repudio contra la violencia, la criminalización y atropello perpetrado por las autoridades contra las personas migrantes.
También resulta preocupante la falta de información sobre la ubicación, operación e impacto ambiental que tendrán las estaciones de recarga de diésel. Foto: @TrenMayaMX
Ernesto Méndez / Excelsior
Expertos de la UNAM advierten que las emisiones del Tren Maya se comparan con lo que generan 139 mil 461 autos sedán circulando, casi 431 millones de kilogramos de CO2 anuales
CIUDAD DE MÉXICO. El Tren Maya con tracción a diésel generará al año el equivalente al 8 por ciento de la contaminación por dióxido de carbono (CO2), que producen los vehículos particulares en la Ciudad de México, de acuerdo con el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
En el documento “Observaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental – Tren Maya”, se advierte que las emisiones del proyecto que impulsa el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se pueden comparar con lo que generan 139 mil 461 autos sedán circulando, casi 431 millones de kilogramos de CO2 anuales.
“Se habla de un tren híbrido, pero hay que aclarar que el uso del combustible es de diésel y el motor es eléctrico, lo que no significa que el tren sea eléctrico, y por lo tanto el estudio de impacto ambiental debió incluir el cálculo de la emisión de contaminantes a la atmósfera del Tren Maya”, señalan los autores del estudio.
Más allá de declaraciones y buenos deseos, la Manifestación de Impacto Ambiental que Fonatur entregó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para su evaluación, establece que la tracción del Tren Maya será a diésel:
“Con base al análisis de alternativas para el sistema de tracción para la Fase 1, que incluye los tramos 1, 2 y 3 con circulaciones iguales o menores a los 4 trenes a la hora y en base a las conclusiones que se presentan en el informe, desde las perspectivas económicas, medioambientales, de plazos de ejecución y operacionales, se propone la adopción de un sistema de tracción diésel, aunque no se descarta en un futuro y con los datos de demanda final para el año horizonte que se pudiera implantar un sistema mixto (diésel/eléctrico), razón por la que la infraestructura deberá estar preparada para una futura electrificación”.
Los investigadores Ana Esther Ceceña, Violeta Núñez, Josué García y Sandy Ramírez señalan que el criterio que se impuso para elegir al diésel como combustible fue económico y no ambiental, ya que “las emisiones de carbono de los trenes diésel pueden ser del doble que los eléctricos: algunas locomotoras diésel emiten más de 90 gramos de CO2 por pasajero en una milla (1.6 km), en comparación con aproximadamente 45 gramos para un Intercity 225 eléctrico (tren eléctrico de alta velocidad)”.
Agregan que también resulta preocupante la falta de información sobre la ubicación, operación e impacto ambiental que tendrán las estaciones de recarga de diésel que deben ser construidas para el funcionamiento del Tren Maya.
“Al respecto, se señala: (…) hasta el momento no se tienen las características en detalle de las instalaciones destinadas para el almacenamiento y despacho de combustible a emplear para la puesta en marcha del proyecto; sin embargo, serán instalaciones que cumplan con las especificaciones técnicas de Petróleos Mexicanos; asimismo, que cuenten con la infraestructura adecuada con la finalidad de evitar cualquier afectación al medio ambiente”.
Elementos de la Fiscalía General del Estado de Nayarit detuvieron a la periodista en su domicilio; ha denunciado delitos de funcionarios estatales
Redacción / La Voz de Michoacán
Tepic, Nayarit. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Nayarit detuvieron a la periodista Patricia Aguilar Romano la medianoche de este martes acusada del supuesto delito de despojo.
Familiares de la periodista acusaron que fue detenida “como si fuera la peor delincuente” cuando se encontraba en su domicilio. También revelaron que en el operativo de detención participaron al menos siete patrullas.
La periodista fue trasladada a Tepic, donde su abogado buscará detectar posibles irregularidades en la detención para hacer las observaciones correspondientes.
Sobre su detención, la asociación Comunicación e Información de la Mujer A.C. (Cimac) recordó que Aguilar Romano cuenta con seguridad especial otorgada por el Mecanismo de Protección a Periodistas.
Tras la detención, Cimac exigió a la fiscalía respeto y protección a los derechos del debido proceso, así como seguridad jurídica y garantías judiciales tanto de la periodista así como de su escolta.
“Solicitamos al Mecanismo de Segob que realice las gestiones correspondientes para garantizar la integridad y seguridad jurídica de las personas detenidas”, indicó.
Durante una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tepic, en rueda de prensa frente al gobernador y el fiscal Aguilar, reveló supuestos delitos que los involucraban y a los que ella daba seguimiento.
De acuerdo con medios locales, la periodista cuenta con más de 33 años de trayectoria en medios de comunicación de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y ha dado cobertura durante los últimos años a la defensa de tierra y territorio en esta última comunidad.
MÉRIDA, MX.- Diversos colectivos en Yucatán denunciaron que el Estado ha violado los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual en el Centro Histórico de Mérida, ya que la Policía Municipal ha realizado detenciones arbitrarias, persecución, extorsión, amenazas, hostigamiento, robo e incluso actos que podrían ser considerados como tortura.
Se trata de las asociaciones Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. y la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal A.C. quienes dieron a conocer que el pasado 10 de agosto, elementos municipales detuvieron de manera arbitraria a ocho trabajadoras sexuales que laboran específicamente en la zona cercana al Barrio de San Cristóbal.
En este sentido, la Policía Municipal presentó argumentos para su detención como el hecho de no cumplir con las medidas sanitarias para evitar el contagio por coronavirus (Covid-19), por ejemplo, la sana distancia.
Sin embargo, las personas detenidas denunciaron que tras ser privadas de su libertad les quitaron la ropa para grabarlas y tomarles fotos, mientras eran agredidas verbalmente e incluso una dijo que un elemento policiaco le introdujo un dedo.
Además de estos hechos, las personas afectadas agregaron que no sólo fueron detenidas de manera arbitraria, sino que también recibieron tratos crueles y les robaron dinero.
Sin embargo, no se trata de un hecho aislado, ya que apenas ayer fueron detenidas otras siete personas en la misma zona bajo los mismos argumentos.
Una de las personas detenidas enunció como testimonio que eran nombradas como “pinches putonas”, entre otras palabras agresivas y tratos degradantes.
Las personas que integran los colectivos y que defienden los derechos humanos de las personas que ejercen la prostitución, señalan que este tipo de operativos son comunes en la actual administración municipal, tanto que en 2019 se aprobaron reformas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, donde se incorporaron prohibiciones que representan una restricción a derechos humanos de las trabajadoras sexuales.
Algunas de las modificaciones precisan que no se puede ejercer el trabajo sexual vía pública, por lo que los colectivos especifican que esto se trata de una criminalización y estigmatización de las personas trabajadoras sexuales.
“En este sentido, reiteramos que el trabajo sexual debe ser entendido como un trabajo no asalariado, por ello, no puede ser calificado simplemente desde un punto de vista moral, pues actualmente se ejerce dentro de un contexto de discriminación, violencia, inseguridad, abuso, falta de oportunidades y acceso a derechos”, se lee en el posicionamiento que han dado a conocer.
Además, detallan que las personas que ejercen el trabajo sexual sufren violencia institucional, exclusión y marginación debido a la negativa al reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos, por lo que exigen al Gobierno del Estado que se garantice el respecto a los derechos humanos.
Colima, México, Avanzada (13/08/2020).- Tres organizaciones civiles demandaron a la comisionada estatal de búsqueda de personas, Rosa Evelia Pérez a presentarse en el predio de Tecomán, donde desde hace una semana se exhuman cadáveres de diversas fosas clandestinas.
Los integrantes de las organizaciones civiles, Red Estatal de los Desaparecidos en Colima, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y el Observatorio Ciudadano de Derecho de las Víctimas recordaron que una de las funciones de la titular de la Comisión es coordinar las búsquedas y mantener contacto con los familiares de los desaparecidos.
En una carta que enviaron a Rosa Evelia Pérez, con copia para el gobernador, colimense, Ignacio Peralta Sánchez y a la comisionada nacional, Karla Quintana, los integrantes de las organizaciones demandaron la presencia de la comisionada estatal en el lugar de los hallazgos, donde hasta ayer se localizaron 22 cadáveres.
En su exposición, también solicitaron que Evelia Pérez informe sobre los avances del programa de búsqueda que se debe implementar en el estado, de acuerdo con el decreto número 50 que creo la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos.
De manera adicional, pidieron que se informe la estructura orgánica de la comisión, y el perfil de los integrantes.
Los colectivos consideraron necesario que la comisionada estatal mantenga comunicación con los familiares de las víctimas de desaparecidos, pero sobre todo, dé a conocer el programa para localizar a los más de mil 200 desparecidos en el estado.
Esta tarde, el Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), el Colectivo Mujeres Puerto Vallarta, el Colectivo MAM y mujeres feministas, declararon en Semáforo Rojo a los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas por violencia sexual y feminicida.
Con mantas y carteles con la leyenda «Las Mujeres de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas estamos HARTAS de la VIOLENCIA SEXUAL y FEMINICIDA. Declaramos #SemáforoRojo».
Las colectivas protestaron frente a los palacios municipales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, por el incumplimiento en la protección de los derechos de las mujeres, así como el seguimiento de las alertas de género que ambos municipios tienen.
«Aquí se mata a las mujeres. Se les desaparece y viola, mientras que las autoridades NO HACEN nada; en ninguno de los dos municipios está instalada la mesa de seguimiento de la alerta de violencia de género que cada entidad debe tener. No hay directrices en conjunto para las órdenes de protección; no hay colaboración ni seguimiento en los temas de desaparecidas y feminicidios.»
Ante ello, exigieron al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al Presidente Municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña y al Presidente Municipal de Bahía de Banderas Jaime Cuevas Tello, inicie con las acciones para brindar protección a las mujeres de la Bahía y Vallarta.
Al gobernador le exigieron incluya en los trabajos de la Zona Metropolitana Interestatal de Puerto Vallarta – Bahía de Banderas, la problemática de la violencia de género y que exista transversalidad con perspectiva de género en todas las mesas de trabajo.
Además, que se instalen y sesionen las mesas de seguimiento a las alertas de violencia de género en ambos municipios.
Durante la protesta, las mujeres denunciaron que en lo que va del año en estos dos municipios se tiene registrado 10 feminicidios.
El 31 de marzo, la periodista Patricia Aguilar Romano acudió a la Fiscalía General del Estado de Nayarit, en calidad de “víctima potencial”, denunció una serie de hechos que consideró delictivos e involucró al propio fiscal Petronilo Díaz Ponce. Incluyó la identidad y apodo de los enlaces, del lado del gobierno y del bando de los malosos, osadía que pareció indignar a los altos funcionarios de la Fiscalía y al gobernador Antonio Echevarría.
Paty Aguilar deducía ser víctima de una persecución orquestada desde las más altas esferas del gobierno estatal, incluyendo al ejecutivo, Echevarría García después de que haber presumido ser “encubridores de una banda de secuestradores, extorsionadores y asesinos”.
Aunque desde antes mantenía sus escaramuzas con piezas de primer nivel del gobierno estatal, todo a raíz de agrios señalamientos en su disertación frente al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador el viernes 12 de julio del año pasado, fue a partir de la carpeta judicial del martes 31 de marzo, cuando se evidenció ser acosada.
Poco antes de la media noche de este martes 11 de agosto, una media docena de unidades y varias decenas de elementos municipales y estatales la apresaron. Apenas le dieron tiempo para vestirse y llevarla a la capital de Nayarit para presentarle ante un juez oral. Por curioso que parezca, comparecerá ante subordinados de quienes señaló en marzo y a ellos deberá responder por acusaciones de ellos haber cometido despojo (de tierras). Los agentes judiciales también apresaron a uno de los dos escoltas de la periodista.
Es el conflicto de la colonia Emiliano Zapata en San Clemente de la Lima, en Bahía de Banderas, que en poco más de un año pasado arroja un saldo negro, levantados y desaparecidos, líderes vecinales encarcelados, y ahora le tocó el turno a la periodista Paty Aguilar.
Hasta aquella mañanera del viernes 12 de julio en Tepic, el litigio por la posesión de las tierras donde surgió el asentamiento irregular de San Clemente de la Lima, había sido un problema local y despreocupaba a las autoridades locales y estatales. Patricia Aguilar se encargó de darle difusión nacional y atrajo la atención. La periodista pidió a López Orador prestarle atención al conflicto, por lo menos ordena la investigación de la desaparición del joven Alexander Vladimir López Rodríguez. Del hecho, están atrás agentes de la Fiscalía. El fiscal Petronilo Díaz Ponce y el gobernador se sintieron aludidos.
Del conflicto vecinal ya hemos escritos en diversas ocasiones. Dos grupos se disputan ser los legales propietarios, por un lado José Eleno Encarnación Arias y Juan José “Juanche” Hernández Peña, y por el otro, la familia de Ignacio López Vázquez, el padre de Alexander Vladimir. Cada grupo ha sido capaz de constituir su propia junta vecinal. Los primeros, Eleno y “Juanché”, tienen de su lado a las autoridades los López fueron ayudados por el ex fiscal, Edgar Veytia, hasta antes de ser encarcelado en Estados Unidos. Por lo menos de eso se acusan unos a otros.
En septiembre del 2018, encarcelaron al abogado Ignacio López Vázquez, meses después de haber entrado en diferencias con su “asociado”, Eleno Encarnación. En enero de 2019, ocurrió el extraño “secuestro” de la esposa de Nacho López. A los pocos días fue liberada. De esos aciagos días se desprendieron una seria de sucesos, aparecieron videos y testimonios que meses después fueron usados para repartir y reasignar acusaciones judiciales diversas. A los López, que habían acusado a sus enemigos por secuestro, levantón o desaparición de Alexander Vladimir, les reviraron con sendas denuncias. Por descabellada que parezca, una versión incluyó el señalamiento de la madre de haber sido secuestrada por su esposo Nacho López. Fue aquí cuando se revirtieron los papeles. Ya después, desde el gobierno se fabricaría la historia de no haber secuestro ni desaparición de Vladimir, hecho éste último ocurrido en junio.
De mayo del 2019 a mayo de este año, los sucesos se precipitaron y la denuncia del 31 de marzo pasado fue decisiva. El viernes 17 de mayo del 2019, Vladimir regresaba de su entrevista en Tepic con el fiscal Díaz Ponce cuando presuntos agentes estatales lo abordaron en carretera para ya no aparecer. Días antes pudo entrevistarse con López Obrador, entre Mezcales y San Vicente, pidiéndole apoyo para liberar a su padre Nacho López. 8 semanas después se dio “la mañanera” en Tepic.
Paty Aguilar machacó incisivamente hilando el tema del ex regidor, Salvador Macías. Como resultado advirtió el encono en su contra tanto del alcalde de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, como del gobernador, Antonio Echevarría, y también del fiscal Díaz Ponce. Todos unidos en su contra, era demasiado para la periodista, que si bien dispone de protección federal para su seguridad, ha perdido su libertad.
A finales de mayo, poco más de dos meses, se corrió la versión de haberse liberado una orden de aprehensión en contra de la periodista. La amenaza no se confirmó, o se “congeló” temporalmente, pero reaccionó con un amparo. Atribuyó el hecho a fuerzas oscuras del hampa organizada que opera en el sur de Nayarit y tienen respaldo desde la Fiscalía. “Me interesa que lo sepas, por si sufriera un atentado y me quitaran la vida”, confió al autor en una charla ocurrida el viernes 5 de junio. Esa tarde nos obsequió documentación que a su juicio prueban vínculos de presuntos delincuentes con funcionarios estatales.
Nunca ocultó sus temores ser víctima del revanchismo del fiscal. El sábado 29 de mayo, muy temprano, publicó. “Mmhhh, secuestradores, extorsionadores y asesinos andan sueltos y a mí me quieren en la cárcel por denunciarlos? Hace un año esa denuncia no procedió, tengo pruebas plenas y esa gente sigue libre y hoy muy contenta porque la Fiscalía General de Nayarit, hará justicia al meter a Paty Aguilar, a la cárcel…”. Desde mayo, Aguilar Romano modificó conductas habituales y redujo su exposición pública y mediática.
Patricia Aguilar se había convertido en una formidable activista social en Bahía de Banderas de un modo que se enemistó con los gobernantes. Fue aliada de la dirigente vecinal Bárbara Janeth Morales Aceves y se involucró en el conflicto de un modo que sus enemigos acusaron a las dos de ventas fraudulentas de lotes. Ignoramos si hay pruebas contundentes o si la Fiscalía fabricó las evidencias por las que ha sido encarcelada.
La Fiscalía de Petronio Díaz Ponce actúa con privilegios a unos y menosprecio a otros. Las denuncias contra la junta vecinal de Bárbara Janeth Morales se desahogaron con sospechosa celeridad a la cual se identifica pero las acusaciones de su grupo se hallan en los archiveros. La justicia se aplicó a los López y aliados, una justicia salpicada por los grupos gansteriles de la zona.
No, no es buen augurio de haber un gobierno humano y justo en Nayarit. Más bien observamos gobernantes tan intransigentes como intolerantes. Jaime Cuevas tiene aspiraciones de gobernar la entidad pero alentar y promover el encarcelamiento de una periodista lo exhibe como un dictadorzuelo de rancho, enemigo de las libertades, que no merece la menor oportunidad de gobernar el territorio cora. Si su gestión al frente del gobierno de Bahía de Banderas, ha sido cochambrosa no merece la oportunidad de llevar a todo Nayarit su ominoso estilo de gobernar.
Revolcadero
De la aprehensión de la periodista Patricia Aguilar Romano, por cierto natural de Tepic, difundió un comunicado a la opinión pública destacándose haberse ejecutado la orden de aprehensión 113/2020 dentro de la carpeta 202/2020 “por su probable participación en la comisión del delito de despojo de inmuebles cometido en agravio de cuatro personas de identidad reservada esto derivado de un litigio por la posesión de diversos terrenos ubicados en el poblado de San Clemente”.
Nos llama a atención un dato. También encarcelaron a Candelario “N”, el escolta de la periodista asignado “por una autoridad federal”. Los dos fueron puestos a disposición de un juez oral quien habrá de definir en breve su situación legal. Se indica que en el transcurso del día miércoles la Fiscalía realizaría la formal imputación en la audiencia que se celebraría en el Centro Regional de Justicia Penal de Tepic. Se subraya: “A ella se le imputará que retomó el liderazgo de una actividad ilícita de obtención de recursos económicos vendiendo terrenos ajenos, privando de su posesión legítima a particulares para lo cual se valía de la coparticipación de dos elementos que portaban de armas de fuego, mismos que le fueron asignados para su seguridad”.******* Hemos revisado documentos y podemos presumir de haber observado en su contenido poderosas razones que provocaron las virulentas acciones de criminalizar la participación de la periodista Patricia Aguilar Romano en actividades sociales de Bahía de Banderas. Por ejemplo, entre las presuntas pruebas, aporta el nombre de un magistrado que funge como enlace desde la Fiscalía de Petronilo Díaz Ponce.
También ofrece dos nombres con su respectivo apodo, del grupo de la delincuencia organizada. A más de un año, no hay información sobre avances de esta carpeta judicial. “Se quien desapareció a Alexander Vladimir López Vázquez, ya lo di a conocer en la carpeta de investigación pero eso no les interesa porque es destapar la cloaca”, nos confió la periodista encarcelada.****** Ya cuando a Bárbara Janeth Morales la habían detenido y obsequiado cuatro meses de prisión preventiva y se corrió el rumor de su orden de arresto, Paty Aguilar escribió: “Con dignidad y honorabilidad enfrentaremos los juicios en nuestra contra que armaron para desestabilizar la colonia Emiliano Zapata, San Clemente de la Lima, donde colonos oportunistas han sido enfrentados por otros colonos por invadir lotes, por haberlos abandonado y aún que ya habían perdido sus derechos bajo contrato por no pagarlos según establece una cláusula, ahora se llaman despojados cuando la mayoría de colonos están en consenso para reactivar la economía”. Estaba -y lo está- convencida haber hecho una defensa justa y no cometer ningún acto delictivo, agarrar dinero o despojar a nadie de algún lote urbano.
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La cifra de empleos perdidos en lo que va del año es de alrededor de 31 mil, la mayor parte dentro de la industria maquiladora y en lo que resta del año difícilmente se habrán de recuperar, estableció el secretario del Trabajo en Tamaulipas, Miguel Villarreal Ongay.
“Estamos haciendo lo posible para ver cuántos podemos recuperar de aquí a diciembre, pero se ve un poco complicado, lo que se ha perdido en todo un año recuperarlo en dos meses, pero bueno se le habrá de hacer la lucha”, manifestó.
Comentó que la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 es la causa directa de que se hayan perdido estos empleos en este año en el Estado.
“Espero que ya no, lo que estamos notando que la gente está siendo más responsable, en algunas partes está bajando el contagio, ya no está como venía, eso puede ayudar muchos a que ya no siga el desempleo y a la reactivación económica”, expuso.
El funcionario estatal señaló que al haber un mejor control y contar con la colaboración de la gente, se espera que no baje más el índice de empleos “y que se controle más, que la gente use el cubrebocas para poder salir, pues difícilmente”.
Aceptó que aunque hay datos de desempleo de diferentes sectores la mayor parte de los reportes corresponden al sector manufacturero, “en Victoria por ejemplo tenemos información del despido de algunos de los trabajadores, pero ello se debe a un ajuste en la línea de producción de esa planta”.
“Aquí también tenemos el dato de la probable contratación de un gran número de trabajos en la maquiladora KEMET, esperamos que con ello se reactive la contratación en la capital del Estado”, agregó.
Villarreal Ongay destacó que aunque es difícil recuperar todos los empleos perdidos, se está trabajando con la Secretaría de Desarrollo Económico para ver algunos proyectos que podrían servir para avanzar en ese sentido.
Tan solo en este año se han recibido 74 quejas por acoso y hostigamiento ante la Defensoría de Derechos Universitarios de la UdeG. Las recomendaciones emitidas por este organismo, desde su creación en 2018, no implican el cese de los violentadores.
Mariana Quintero / Zona Docs
La hostigó en repetidas ocasiones mientras transitaba por las jardineras, el estacionamiento, los pasillos, las canchas y a las afueras de la Escuela Preparatoria 12 de la Universidad de Guadalajara (UdeG). David López Bautista, su profesor de deportes, le pedía su número y le decía que quería salir con ella.
Los hechos, ocurridos entre 2018 y 2019, quedaron documentados en la queja DD/V3/007/2019 que fue levantada en febrero del año pasado ante los directivos de ese mismo plantel. Luego intervino la Defensoría de Derechos Universitarios (DDU) de la UdeG, quien dictaminó que David era culpable de las acusaciones y que, por ello, violaba los derechos universitarios de la víctima.
En la resolución sólo se le exhortó a que cesara su contacto con la alumna agredida y que realizara cursos de capacitación en materia de derechos humanos y violencia de género. Pese a los antecedentes, este docente todavía imparte clases en la Preparatoria 12 y en otras dos prepas, la 11 y 17.
En los casos de hostigamiento y acoso la Defensoría se ve obligada a darle seguimiento a la queja desde una perspectiva de género. Esto implica tener en cuenta que este tipo de agravios, por lo general, se presentan sin la posibilidad de que existan testigos, y es por ello que los elementos probatorios recaen en el relato de la víctima sobre los hechos.
La DDU también tiene la atribución de emitir recomendaciones; esto ocurre cuando se ha comprobado que existieron actos violatorios de los derechos universitarios, y tienen como propósito garantizar el respeto de éstos. Sin embargo, las determinaciones plasmadas en las recomendaciones no son vinculatorias.
Al respecto, Alejandra Cartagena, abogada y coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), mencionó que si las recomendaciones no son vinculatorias el impacto es mínimo, pues el agresor puede o no acatar la recomendación.
“Si no se deja claro que la UdeG está en contra de esta situación, pues de nada no sirven sus recomendaciones, no sirven que se tomen la foto y que hagan pronunciamientos. Seguimos teniendo a estos agresores dentro de la universidad, dejando en un contexto de vulnerabilidad a las mujeres que estaban frente a estas personas”, añadió.
Otro caso similar se suscitó en febrero de 2019 en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), el cual quedó registrado en la queja DDU/V1/0006/2019. Una alumna se encontraba a solas con uno de sus profesores en una de las aulas del plantel, pues le haría entrega de un proyecto. El docente comenzó a decirle que era muy guapa y sexy, que el hecho de sólo verla “lo hacía feliz y le aceleraba el corazón”.
Le dijo que no se preocupara, que la materia la tenía acreditada y antes de que ella se fuera le propuso insistentemente que él la llevaba a su casa, pero ella se negó. Aunque el nombre del agresor se mantuvo oculto en la recomendación 2/2019 que derivó de dicha queja, el medio Líder 19 dio a conocer el nombre. Se trata del profesor Francisco Javier Quintanilla Moreno, perteneciente al Departamento de Ciencias Computacionales, quien a la fecha, continúa dando clases en CUCEI.
“La única recomendación viable es que sus agresores queden fuera de la UdeG”, comentó Cartagena, quien hizo referencia al caso del ex coordinador de la carrera de antropología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Horacio Hernández Castillo, quien luego de ser acusado de acoso y hostigamiento por una profesora y alumnas, fue retirado del cargo.
Sin embargo, nunca dejó de aparecer en la nómina, pues una vez destituido, la UdeG comenzó a pagarle su jubilación.
“En ese mensaje de impunidad, a estos tipos les parece muy fácil seguir agrediendo y seguir acosando a las mujeres sin que pase nada”, sentenció Cartagena.
Según el artículo 40 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, es deber de la UdeG y de todas las Instituciones Públicas de Educación Superior: “promover la difusión, entre la comunidad estudiantil, de una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres”.
Sin embargo, las denuncias públicas hechas por alumnas de esta casa de estudios, evidencian la falta de efectividad en la promoción de esas garantías. En una nota publicada el 15 de mayo de 2020 en el periódico Mural, se dio a conocer que del primero de enero hasta finales de marzo se levantaron 39 quejas por acoso y hostigamiento, según información dada por Dante Haro Reyes, presidente de la DDU.
En ese mismo texto se reveló que durante el periodo de aislamiento se han recibido 23 quejas por medio de formularios en línea y otras 12 de manera escrita en el sitio web de la UdeG. En total son 74 quejas hasta la mitad de mayo de este año. No se han podido conseguir datos más actuales y precisos debido a que los plazos de transparencia no se encuentras vigentes para la UdeG.
En marzo de 2019, dos alumnas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) fueron víctimas de agresión sexual por parte de Josue Jafet Gutiérrez Jiménez y Juan Pablo Plascencia Villegas, entonces estudiantes de la licenciatura de Médico Cirujano y Partero. Los dos formaban parte de la banda “Los Tornillos”, conformada por siete estudiantes de ese centro. Las dos víctimas, además de hacer público el caso, decidieron levantar una denuncia penal ante el Centro de Justicia Para las Mujeres Jalisco.
En julio de ese mismo año, el Consejo General Universitario (CGU) aprobó la expulsión definitiva de los agresores y les restringió el acceso a los planteles de la institución. A raíz de ello surgió la colectiva Me Too CUCS, la cual, además de acompañar el caso y publicarlo en redes sociales, comenzó a denunciar por ese medio a presuntos profesores hostigadores y alumnos acosadores del CUCS.
“Se ha normalizado el acoso sexual (…) hay alumnas que nos oponemos y lo decimos abiertamente; muchas estamos dispuestas a vivir las consecuencias de hacer señalamientos pero hay muchas que prefieren seguir calladas por miedo a represalias”, comentaron miembras de la colectiva en entrevista para este reportaje.
Como ellas nacieron otros grupos feministas tales como: CUCEI Fem, Feministas en CUCBA, Me Too CUAAD y Me Too UDG, que tomaron plataformas como Facebook y Twitter para señalar agresores de la comunidad universitaria.
Al respecto, las chicas de Me Too CUCS comentaron que también han realizado denuncias penales:
“[de las cuales] tienen conocimiento en la Defensoría, la Rectoría, el abogado y el Secretario General, pero nadie ha hecho nada para prevenir, sancionar, ni erradicar la violencia en contra de las mujeres en nuestro centro universitario”.
En abril de 2019, Ricardo Villanueva Lomelí tomó protesta como Rector General de la UdeG, “en esta casa habrá cero tolerancia a cualquier acto de acoso”, dijo entonces. Reiteró lo mencionado en aquel discurso cuando se dio a conocer, en febrero de 2020, la situación de acoso y hostigamiento que vivían alumnas de la Preparatoria Tonalá, “sus denuncias ya no quedarán solo en tendederos anónimos”, publicó en un mensaje en Facebook.
Sin embargo, durante la marcha feminista del 8 de marzo de 2020, mujeres pertenecientes a dicha casa de estudios plasmaron sus consignas en el edificio de Rectoría General y en el Museo de las Artes (MUSA), ambos propiedad de la UdeG. Éstas hacían referencia a las violencias cotidianas de las que son víctimas dentro de la institución.
Justo al día siguiente, la universidad emitió un comunicado en donde aseguró que las pintas no serían borradas hasta cada una de ellas hubiera sido documentada. Además se comprometieron a mejorar los protocolos de atención a víctimas, desde una perspectiva feminista, y trabajar en las sanciones a los agresores.
Ese mismo 9 de marzo, durante el paro de mujeres que tenía como propósito la reflexión sobre las violencias machistas, alumnos del CUCEI decidieron hacer una “carne asada” para “festejar” la ausencia de sus compañeras. Dos días después de ello, alumnas de este mismo centro universitario que se mostraron indignadas, y realizaron una marcha para visibilizar y sensibilizar sobre la violencia que viven.
“Algunos compañeros se tornaron un poco renuentes, o se burlaban [de la marcha] (…) respecto a las autoridades, estas medidas no les parecen adecuadas y nos han dicho que existe un protocolo para hacer denuncias”, mencionó Karla estudiante de CUCEI. El nombre es ficticio para resguardar su identidad.
Ella misma dijo que otra de las alternativas que han surgido para exponer y visibilizar agresores, ha sido la de colocar tendederos, en los que cuelgan sus fotos y datos de identificación:
“[a las autoridades] no les gustó la idea del tendedero, por lo mismo lo quitaron y pidieron que que no se diera nombres (…) [pero] nosotras mismas tenemos que probar otras maneras, tampoco podemos sentarnos a esperar a que a ellos se les ocurra hacernos caso”.
Los alcances de la Defensoría y las demandas
El 29 de octubre de 2018, el Consejo General Universitario (CGU) aprobó la creación de la DDU, que contaría con un titular, un secretario y tres visitadurías. Éstas últimas son las encargadas de llevar el registro de las quejas por presuntas violaciones a los derechos universitarios emitir medidas cautelares para evitar que se sigan violentando derechos de la víctima mientras está en curso una investigación, y si es necesario, llevar procesos de conciliación.
Pese a la existencia de este mecanismo, tanto Karla como la colectiva Me Too CUCS señalaron que las demandas no se atienden satisfactoriamente y que la omisión ha sido una constante:
“Los pronunciamientos se realizan muy fácilmente cuando no hay fechas compromiso, no las hay y no las habrá. El rector Villanueva llegó hace un año y las cosas no han cambiado”, mencionaron las integrantes de Me Too CUCS.
Cartagena señaló que es necesario que la UdeG y el resto de instituciones educativas públicas y privadas, comience a incluir en sus currículas la perspectiva de género y de derechos humanos, además de contar con sanciones rigurosas que expliciten la cero tolerancia a los agresores.
“Quién va a querer denunciar, si cuando las mujeres denuncian las que están expuestas, atacadas, de las que se burlan, las que son señaladas, son las mujeres. No es que falta una cultura de la denuncia, lo que falta es una cultura de acompañar a las mujeres que están viviendo la violencia tan normalizada”, dijo Cartagena.
Hasta el momento solo diez de los quince centros universitarios de la red, cuentan con un representante de la DDU; para la atención de 71 preparatorias, se cuenta únicamente con dos representantes de esta Defensoría. Lo anterior se traduce en que tampoco hay una cobertura total de para toda la Red Universitaria.
Jonathan Santos, activista de la comunidad LGBTTTIQ+ y estudiante de la Universidad de Guadalajara (UdeG), fue localizado sin vida el pasado 11 de agosto en el municipio de Zapopan. Familiares, amigos y organizaciones de la sociedad civil, se han unido para demandar justicia a las autoridades encargadas, quienes, encabezadas por el Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, anunciaron la mañana del miércoles 12 de agosto, que su asesinato sería investigado bajo el Protocolo de Feminicidio.
Evidenciando el escaso conocimiento que el funcionario tiene respecto a los delitos que involucran la perspectiva de género, consideró el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Jalisco, también quedó de manifiesto la gran deuda pendiente que se tiene en el estado para atender los delitos cometidos en contra de la población y las juventudes diversas.
Al respecto, advirtió la organización Unión Diversa de Jalisco, si bien se cuenta con una Coordinación Especializada de Atención a Delitos por Diversidad Sexual, no existe un Protocolo de Actuación para Crímenes de Odio por Orientación Sexual; así mismo, precisaron que el delito no se encuentra tipificado en el Código Penal de Jalisco, ya que sólo es considerado como un agravante.
De aquí que exijan a la Fiscalía General del Estado, al Gobernador del Estado y al Congreso del Estado de Jalisco, lleven a cabo y en virtud de sus competencias, una investigación precisa sobre el crimen, así como, sean tipificados los crimines de odio por orientación sexual en el Código Penal y el Código de Procedimientos del Estado de Jalisco.
Dalia Souza / Zona Docs
El cuerpo sin vida de Jonathan Santos, activista de la comunidad LGBTTTIQ+ y estudiante de la Escuela Politécnica Matute Remus de la Universidad de Guadalajara (UdeG), fue localizado en la colonia Balcones de la Cantera en el municipio de Zapopan el pasado 11 de agosto, de acuerdo con las autoridades presentaba un impacto de bala en la cabeza.
Familiares, amigos y organizaciones se sumaron en redes sociales para demandar justicia a las autoridades en el estado, quienes, en rueda de prensa el pasado 12 de agosto, anunciaron en voz del Fiscal, Gerardo Octavio Solís, que su asesinato sería investigado bajo el Protocolo para atender Feminicidios
Declaraciones desafortunadas que, a decir del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Jalisco, dejan en evidencia el desconocimiento que prevalece dentro de esta instancia fundamental para investigar y sancionar delitos que involucran asesinatos de mujeres (en el caso de los feminicidios) y aquellos cometidos en contra de las poblaciones diversas, producto de la homofobia, lesbofobia y transfobia.
En ese sentido, la organización Unión Diversa de Jalisco, no dudo en advertir que el asesinato de Jona, como le nombraban sus seres queridos con cariño, visibiliza la violencia e inseguridad que enfrenta día con día la comunidad LGBTTTIQ+ en el estado, así como, las limitaciones para atender debidamente los crímenes cometidos en su contra.
Por un lado, refutaron que se pretenda investigar su muerte como un feminicidio ya que, el joven se identificaba como un hombre gay y no como una mujer trans; incluso, aprovecharon para denunciar que en los asesinatos de mujeres trans no se inicien carpetas bajo esta clasificación y, por lo tanto, permanezcan “sin la adecuada asertividad jurídica dentro del sistema penal”.
Por otro lado, con gran preocupación señalaron la ausencia de Protocolos para la Actuación en casos que involucren Crímenes de Odio por Orientación Sexual, ello, pese a que existe una Coordinación Especializada de Atención a Delitos por Diversidad Sexual en la Fiscalía de Derechos Humanos, expresó Viviana Arce, abogada de la organización:
“A pesar de que en Fiscalía tienen un área donde de manera específica atienden temas que tienen que ver con la población de la diversidad sexual, lo único que saca a relucir todo este tema del Protocolo de Feminicidio es que en esta área todavía no hay un Protocolo para atender Crímenes de Odio, no hay ninguno especializado para personas de la diversidad sexual, ya sea por su orientación de género, por su identidad de género o por su expresión de género”.
Si bien, las organizaciones a favor de la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ ya habían hecho hincapié en la necesidad de indagar sobre la presunta relación del hecho violento con un crimen de odio, el Fiscal del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís insistió en declarar públicamente que, aunque ésta es considerada una de las líneas de investigación, existen otras dos: una vinculada a un crimen pasional y una más a un presunto robo.
Al respecto, Unión Diversa de Jalisco exigió al fiscal “dejar de utilizar el término “crimen pasional”, ya que éste, advirtieron, “justifica la saña con que se comete (el delito) y oculta las posibles violencias que haya pasado la víctima”; asimismo, expresaron que resulta urgente y necesario “sensibilizar y capacitar a todo el personal de fiscalía y juzgados en estos temas tan vulnerables y rezagados”.
La abogada de la organización recordó que los crímenes de odio no se encuentran tipificados en el Código Penal de Jalisco, pues las reformas realizadas a éste en diciembre de 2019 sólo establecen la orientación sexual y expresión de género (entre otras), como causales de homicidio calificado.
Por ello, han urgido al Gobernador del Estado, Enrique Alfaro y al Congreso del Estado de Jalisco, legislen alrededor de estos casos y tipifiquen los crimines de odio por orientación sexual en el Código Penal y el Código de Procedimientos del Estado de Jalisco. Mientras que, a la Fiscalía del Estado, le exigen que realice una investigación precisa sobre el asesinato de Jonathan que permita ofrecerle justicia y sancionar a la persona responsable.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha rechazado en más de una ocasión los crímenes de odio cometidos en contra de la comunidad LGBTTTIQ+ en México y ha señalado que el Estado tiene la responsabilidad de adoptar medidas que permitan prevenir los asesinatos motivados por odio, las agresiones violentas y la tortura, así como, investigar los delitos de manera rápida y diligente con el fin de llevar a los responsables ante la justicia.
A la par, ha hecho llamados a las autoridades “a tomar todas las medidas necesarias para contrarrestar las actitudes homofóbicas y transfóbicasy promuevan el respeto hacia la población LGBTI”; considerando que la medida más inmediata y necesaria tendría que ser “que ninguno de estos casos quede en la impunidad”.
OAXACA, Oax.- Los Servicios de Salud de Oaxaca activaron el protocolo de bioseguridad en el área de Pediatría del Hospital Civil “Aurelio Valdivieso” al confirmar que nueve menores de edad dieron positivo a la prueba de covid-19.
El encargado del hospital, Manuel Sánchez Sánchez, detalló que se trata de cuatro recién nacidos que se encuentran aislados en el área de Lactantes, tres en el área covid-19, y uno en Terapia Intermedia con protocolos de aislamiento.
Además, dijo, hay dos casos sospechosos que se encuentran en observación en las áreas de Urgencias de Pediatría y Toco-Pediatría.
El encargado de la unidad hospitalaria precisó que hasta el momento no se ha reportado el fallecimiento de ningún niño, niña o recién nacido a consecuencia del covid-19 o coronavirus.
Mencionó que la condición clínica de los pacientes es estable, bajo vigilancia permanente y aplicando los lineamientos de bioseguridad, para protección de los usuarios de la unidad médica, así como del personal sanitario.
Hizo hincapié que el Hospital Civil es un centro médico de concentración, donde los pacientes son referidos de todas las regiones de Oaxaca y en el caso de las mujeres con embarazos de alto riesgo, quienes en su mayoría necesitan atención urgente, son atendidas de manera inmediata y sin distingo.
Asimismo, enfatizó que las mujeres que han dado a luz en el Hospital General y dieron positivo a la prueba de covid-19, han recibido una atención médica adecuada a su caso, cumpliendo con los protocolos sanitarios.
Recalcó que el área de Pediatría sigue funcionando con normalidad, garantizando la atención a la niñez oaxaqueña que requiera los servicios médicos; sin embargo, dijo que el nosocomio continuará reforzando los filtros sanitarios, así como la vigilancia epidemiológica para evitar contagios.
Cabe mencionar que al corte epidemiológico del 10 de agosto, suman 11 mil 759 casos de covid-19, existen 856 pacientes sospechosos, hay 582 casos activos y se han confirmado mil 068 muertes por coronavirus.
De los casos positivos se han contagiado 631 médicos, 824 han sido personal de enfermería y 568 otros trabajadores y trabajadoras del sector.
La Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, registra 7 mil 714 casos confirmados y 516 defunciones, Tuxtepec mil 531 y 222 defunciones, Istmo mil 186 y 184 defunciones, Mixteca 653 y 64 defunciones, Costa 479 y 49 defunciones y la Sierra (Norte) 196 y 33 defunciones.
Por ocupación hospitalaria, el hospital de Pemex tiene el 91.7% de camas ocupadas, seguido del Hospital de la Niñez Oaxaqueña con 83.3%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) con 75%, IMSS régimen ordinario con 53.8%, teniendo un 45.8% de camas ocupadas; sin ventilador 52.1% y con ventilador 32.4%.
El pasado 3 de agosto, el Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz emitió una sentencia que establece que la Fiscalía de Veracruz violó los derechos de la familia de Ricardo Adrián, víctima de desaparición forzada, pues no se realizó una búsqueda eficiente, profesional y tendiente a saber del paradero del joven.
Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– “Ricardo, ¿dónde estás?”, es la pregunta que todos los días lanza, desde hace siete años, Velia Aurola García Cruz, madre de Ricardo Adrián García Cruz, desaparecido en Veracruz, Veracruz.
“Yo no pierdo la esperanza de encontrar a mi hijo con vida. No hay un solo día en que no piense y me pregunte dónde y cómo está”, platicó la mujer en entrevista con SinEmbargo.
Ricardo Adrián García Cruz desapareció en la colonia “Formando Hogar”, al igual que otros ocho jóvenes, luego de un operativo realizado por la Secretaría de Marina y la entonces Agencia Veracruzana de Investigación entre el 6 y 11 de diciembre de 2013.
El pasado 3 de agosto, el Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz emitió una sentencia que establece que la Fiscalía de Veracruz violó los derechos de la familia de Ricardo Adrián, pues desde su desaparición no se realizó una búsqueda eficiente, profesional y tendiente a saber del paradero del joven.
El fallo del juez le ordena a la Fiscalía veracruzana realizar un plan de investigación enfocado a conocer el paradero o lo que sucedió con el joven y entregar a la familia las copias del expediente y las diligencias que hayan realizado en estos años.
Ricardo Adrián estudio ingeniería mecánica. Quería juntar dinero para pronto casarse con su novia, platicó su madre. Foto: Especial.
¿QUIÉN ERA RICARDO?
Ricardo tenía 35 años de edad cuando desapareció en aquel 2013. El joven ingeniero mecánico estaba a punto de entrar a trabajar a una plataforma de Pemex y también tenía planes de boda, platicó su madre.
“Él estaba muy emocionado porque ya había entregado la papelería para entrar a trabajar a la plataforma. Trabajaría 40 días y otros 40 días iba a descansar. En el tiempo de descanso planeaba hacer mecánica por su cuenta”, narró la madre en entrevista.
El 13 de diciembre de 2013, Ricardo se encontraba en su centro de trabajo, acompañado por su compañero David Salas Ariel, cuando de arribaron tres camionetas y de ellas descendieron hombres armados y uniformados de policías e integrantes de la Marina.
Big Sean quería ‘renunciar a la vida’
Los presuntos agentes irrumpieron en el inmueble y con uso de violencia privaron de la libertad a Ricardo y David. Desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos.
Velia Aurora no se enteró de la desaparición hasta el día después, cuando su nuera le llamó para preguntarle por el paradero del joven.
“Semanas antes, Ricardo se había ido con un amigo llamado Ángel a realizar un viaje de tráiler; entonces, cuando no llegó a la casa esa noche pensé que quizá se fue de nuevo, pero cuando me llamó su novia supe que algo andaba mal porque ellos siempre tenían comunicación”, narró.
La madre comenzó a buscar a su hijo con sus amigos y uno de ellos le dijo que al parecer lo habían detenido junto con uno de sus compañeros, fue entonces que Velia acudió ante las autoridades locales para preguntar por su hijo y obtener información sobre paradero de los jóvenes, pero únicamente recibió respuestas negativas.
“Fui al Penalito de Playa Linda (Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo) y a varias oficinas, pero no estaban ahí. Una persona de la Fiscalía me dijo que a veces tardaban en presentarlos porque primero se los llevaban a dar una vuelta y a golpearlos, fui después y nada”, relató la entrevistada.
Al no tener noticias sobre su hijo, la señora acudió ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias de Personas Desaparecidas Zona Centro para presentar las denuncias correspondientes.
Las autoridades no han avanzado en las investigaciones, detalló la entrevistada. Tampoco han hecho una indagatoria objetiva e imparcial, tendiente a lograr la localización de Ricardo y David, así como a identificar a los responsables de su ausencia.
“Todos los de la familia tenemos el corazón desecho por su desaparición. Por años no se hicieron festejos ni reuniones familiares, solo queremos saber donde está, qué pasó con él y justicia”, agregó.
Fotografías de Ricardo compartidas por la madre. Ella espera que su hijo se encuentre con vida. Foto: Especial
DESAPARECIERON A VARIOS
Ricardo Adrián no fue la única víctima de desaparición forzada cometida por fuerzas federales en conjunto con autoridades policiacas locales. Los días 6 y 11 de diciembre, elementos de la Agencia Veracruzana de Investigación y la Secretaría de Marina se desplegaron en un pequeño espacio geográfico de la colonia “Formando Hogar”, en la ciudad de Veracruz, Veracruz. Se presume que fueron los escuadrones policiales y de las fuerzas armadas quienes habrían desaparecido a los jóvenes Ricardo Adrían García, Pablo Darío Miguel Hernández, Yonathan Izac Mendoza Berrospe, José Armando Cortés Arrioja, Víctor Álvarez Damián, Marco Antonio Ramírez Hernández, David Salas Ariel, José Ignacio Cruz González y Vicente Helos.
De acuerdo con los familiares de las víctimas, los uniformados llevaban fotografías y descripciones detalladas de los jóvenes detenidos y desaparecidos, mismas que hasta el momento se desconoce su destino.
“La detención colectiva y programada y posterior desaparición de los jóvenes continúa sin ser investigada por las autoridades estatales o federales”, informó la organización civil Idheas que brinda acompañamiento a las familias.
EL CASO A UN JUEZ
La familia de Ricardo ha tenido que litigar contra las autoridades para que las mismas rindan cuentas de las diligencias e investiguen de manera profesional.
En septiembre de 2019, la madre de Ricardo solicitó al Agente del Ministerio Público la expedición de copias de la averiguación previa, así como la elaboración, explicación y expedición de una copia simple del plan de investigación de acuerdo con el Protocolo Homologado de Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas, pero el 2 de diciembre de ese año le negaron la petición.
Debido a la falta de respuesta de las autoridades, la familia de la víctima junto con la organización civil Idheas promovió un juicio de amparo.
El pasado 3 de agosto de 2020, el juez de distrito resolvió a favor de la familia de Ricardo, pues acreditó la existencia de violaciones graves a los derechos humanos por la omisión de la Fiscalía de Veracruz en implementar una investigación objetiva, eficaz, completa e imparcial tendente a conocer el paradero o la suerte del joven Ricardo Adrián; además de negar a las víctimas el acceso al expediente de la investigación.
En la resolución, el juzgador le ordenó a la Fiscalía de Veracruz que desarrolle un plan de investigación que señale la ruta de trabajo: “El ente investigador deberá ubicar las hipótesis de cómo sucedieron los hechos, es decir, deberá establecer como hipótesis la desaparición forzada. También debe explicar por qué sucedieron los hechos, quiénes estuvieron involucrados, quiénes formarán parte de la investigación”, detalló la organización civil Idheas al informar sobre la resolución del juez.
Otro aspecto que contempla la sentencia es que la Fiscalía también debe entregar un listado de las pruebas que existen al día de hoy y de todas las diligencias que corroborarán o descartarán las hipótesis, con el fin de conocer el paradero o suerte del joven”, detalló la organización civil Idheas.
“Esta sentencia sienta un importante precedente para las víctimas en Veracruz, que día a día nos enfrentamos a las negativas de conocer los expedientes de las desapariciones de nuestros familiares. Tenemos una nueva esperanza”, comentó la madre.
Texto: Daliri Oropeza Foto: Presidencia/ Pie de Página
Organizaciones aliadas a defensores del territorio interpusieron recursos legales e internacionales contra cinco megaproyectos del gobierno federal: Tren Maya, Corredor Interocéanico, Nuevo Aeropuerto Internacional De Santa Lucia, Refinería Dos Bocas, Proyecto Integral Morelos
Organizaciones civiles interpusieron dos nuevos recursos legales e internacionales contra cinco megaproyectos: Corredor Interocéanico, Nuevo Aeropuerto Internacional De Santa Lucia, Refinería Dos Bocas, Proyecto Integral Morelos y Tren Maya. Aseguran que los consideran violatorios de Derechos Humanos.
Los recursos legales interpuestos por integrantes de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista-Antipatriarcal y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) son una demanda de amparo indirecto en el Juzgado Decimoquinto en la Ciudad de México por graves violaciones a Derechos Humanos de los cinco megaproyectos.
Además interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Constitución y que forman parte de los convenios firmados por México como el 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Fueron interpuestos desde el 7 de agosto.
En conferencia de prensa, Carlos González, abogado especialista en derecho agrario, dijo que por primera vez la sociedad civil organizada interpuso los recursos para sacar de la confrontación a las comunidades de manera directa con el gobierno federal. Además, con los amparos a los cinco megaproyectos, dan una visión en conjunto del problema y los intereses a los que responde, afirma.
“Estos megaproyectos son parte de un gran proyecto, el Plan Puebla Panamá, luego Proyecto Mesoamerica y ahora nos lo presentan de manera distinta. Todos en su conjunto (los cinco megaproyectos) obedecen a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Han sido impuestos, nunca han sido consultados a las poblaciones afectadas, particularmente poblaciones indígenas. con las cuales se debe hacer un procedimiento especifico adaptado a estándares internacionales, que marcan los convenios de los cuales México es parte a nivel constitucional”, asegura González.
El defensor del territorio maya Pedro Uc, también en la conferencia, asegura que las comunidades no fueron consultadas de manera libre, previa, informada, ni de buena voluntad en el caso del Tren Maya. Asegura que los pueblos han sido orillados a las instancias legales, aunque “la vía jurídica no es nuestra gran esperanza. Lamentablemente es una necesidad recorrerla. Las leyes que están construidas se hicieron desde una perspectiva y visión occidental y no miraron formas de convivencia y existencia de los pueblos indígenas”.
Pedro Uc denuncia que “en el marco del mal llamado Tren Maya, pusimos un primer amparo que el poder judicial se negó a aceptar que porque en Yucatán no se estaba realizando ningún trabajo”. Denuncia que desde los juzgados aún existe el racismo, no hay jueces indígenas ni tampoco en lenguas mayas. Y que tampoco consideran las formas de organización de los pueblos.
“Lo paradójico es que el discurso oficial habla que el tren va a remediar nuestro problema d marginación, de pobreza, de salud, de educación. Este es uno de los discursos que se han hecho por todos los gobiernos que han pasado. Y ahora el tren es un dios milagroso que va a resolver nuestras necesidades. Así es como lo han hecho creer a mucha gente. (…) Un tren no va a resolver nuestro problema. nosotros queremos convivir, nuestros bosques, nuestros animales y tomar decisiones sobre nuestro desarrollo, que no nos traten como estúpidos,como desde hace 500 años”, añade.
De acuerdo con el abogado Carlos González, desde el gobierno está la pretensión de reacomodar territorios, con estos cinco megaproyectos, además de comprar gas a Estados Unidos, por ello están planteando más gasoductos, termoeléctricas y zonas industriales de sed el Corredor Transistmico que se conectarían con el suroeste, pes es un megaproyecto “bisaggra”.
El abogado reitera: “Se pretenden construir 10 corredores urbano industriales, se pretende fijar a la población para que no migre al norte. En el proyecto de Tren Maya que contemplan 30 estaciones, pretenden que en 19 de ellas se construyan polos de desarrollo, y algunos industriales. Corredores urbano industriales o turisticos. Todos estos proyectos tienen un impacto tremendo sobre las poblaciones y sobre la naturaleza”.
El defensor del territorio Pedro Uc aseguro que las comunidades seguirán con las estrategias legales y cualquier modo que les permita asegurar la vida de sus pueblos y la naturaleza.
“La violación de los poderes a sus mismas leyes es una verdadera vergüenza. aun con las leyes para su propio beneficio aún así no les alcanza para el despojo, con la forma que tienen de ventaja, alevosía, premeditación, nosotros hemos sabido encontrar los resquicios y recovecos de estas leyes para defendernos», acusa.
Además denuncia que, el tema de la consulta ha sido una burla por parte del gobierno, y que jamás se han acercado a los defensores del territorio para entablar un diálogo. “Desde antes de que el presidente actual tomara posesión ya había anunciado la construcción del tren mal llamado maya y esto nos hace pensar que lo que sigue a esto es una especie de justificación de una decisión que ya se había tomado. Desplegó propaganda y cruzada con los comisarios ejidales a través de personeros de fonatur”, denuncia Uc, quien recalca que ofrecieron becas, y apoyos del “Bienestar” a cambio de avalar el proyecto, que aún desconocen en su totalidad las comunidades.
Recalca que las 135 consultas próximas que anunció Semarnat en la península para evaluar la Manifestación de Impacto Ambiental también son violatorias de los derechos de los pueblos mayas, ya que el proyecto no ha sido avalado. No se puede seguir avanzando legalmente si las comunidades no lo aceptan, recalca.
Eran las 13:14 horas del 19 de septiembre del 2017 cuando un sismo de magnitud 7.1 se originó a doce kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, en el límite con el estado de Puebla. Tiempo después de este terrible suceso, en medio de la incertidumbre y la desesperanza, las y los damnificados comenzaron a organizarse en lo que vino a ser el colectivo de Damnificados Unidos de Ciudad de México, para exigir el apoyo del gobierno en la reconstrucción de sus viviendas
Durante esta lucha hubo que movilizarse, algunas de las personas no creían que pudieran exigirle algo al gobierno. “Tuvimos que salir a la calle a luchar para exigir esos derechos. Nos empezamos a unir de diferentes colonias y de diferentes predios porque la mayoría no creía que le podíamos arrancar algo al gobierno, pero el hecho de darnos cuenta y ver que sí son nuestros derechos y que los podemos exigir, pues creo que eso nos ha dado fuerza para continuar resistiendo”, comparte para Avispa Midia María Trinidad Godínez Romaña, damnificada del edificio Ámsterdam 27, departamento 601.
Estas personas, principalmente mujeres adultas mayores jefas de familia, han realizado diversas acciones para hacer valer su derecho a una vivienda como la que tenían, por ellas, incluso han llegado a ser reprimidas. “Pues en marchas, en manifestaciones hemos estado encapsuladas por la policía, normalmente somos más mujeres las que estamos en esto y pues también corremos todo ese riesgo. Incluso pues las ofensas por parte de la gente de gobierno y las constructoras. Porque obviamente, a las mujeres nos ven menos, siempre nos han faltado al respeto y piensan que no podemos con la responsabilidad”, comenta la señora Trinidad Godínez.
Sumado a esto, durante el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de Ciudad de México, vieron la oportunidad de hacer un negocio jugoso con las y los afectados. “El gobierno anterior, nos empezó a ver como negocio, donde nos querían ofrecer créditos. Había situaciones donde tenías que pagar casi 15000 pesos mensuales durante un periodo de 20 años, entonces por eso es que también en el colectivo dijimos no a los créditos”, dijo para Avispa Midia, Yukari Niño de Rivera.
En Mayo del 2019 se publicaron modificaciones a la ley general de reconstrucción, donde por medio de la organización colectiva, la presión y la movilización, la nueva administración por fin tomó en cuenta algunos señalamientos de las y los damnificados. “Hemos hecho propuestas muy claras, por ejemplo: algunas palabras que se tuvieron que modificar desde su plan integral, fueron que, la reconstrucción no es un apoyo social, sino que la reconstrucción es un derecho que es responsabilidad del Estado. Así lo hemos considerado nosotras,” agrega la damnificada Karina Pargo.
Redensificación, Irregularidades, opacidad y corrupción
En febrero del 2020 el comisionado César Cravioto visitó Tláhuac -una de las 16 demarcaciones territoriales de Ciudad de México- e hizo una revisión de predios y de empresas participantes en la reconstrucción. Las aceptó, pero detuvo por 5 meses obras que reflejaban los altos costos que estaban manejando estas empresas. “Nosotros como damnificados unidos nos estamos dando cuenta que después de esa revisión que hace el comisionado, empieza a discriminar daños en las viviendas, por ejemplo: si tú tienes una cochera y esa cochera está dañada no es atendida, porque no es casa. Pero no pregunta si está en riesgo, o sea ellos solamente dicen es cochera, esta no la atiende la comisión”, denuncia la damnificada Pargo.
A la señora Magdalena Martínez, de la Colonia del Mar en Tláhuac, la constructora le dijo que su vivienda sería de las primeras dónde se realizaría la rehabilitación y, motivada por este anuncio, se mudó junto con su esposo enfermo a un lugar más pequeño. Han pasado tres años y aún no comienzan los trabajos. “Después me salen con que no. Pasan un calendario donde me mandan hasta septiembre, porque estuvieron (con retrasos) por los altos costos que estaba dando la empresa y la despidieron y, salen con que hasta septiembre, y les digo yo ya estaba en puerta para que me empezaran a arreglar la casa. Tengo las fotos de la casa donde ya estaba toda desocupada, y me tuve que regresar pues con lo más esencial”, puntualizó la señora Magdalena.
La historia de la señora Martínez y su familia es la historia de miles de vecinos de la periferia capitalina que contaban con un patrimonio pero que se vio amenazado por el sismo y, que si no fuera por la exigencia de justicia, de las y los damnificados, a nadie le importaría. “El señor Cravioto (el comisionado) nomás se pasa dando entrevistas y todo es mentira, porque la realidad es otra. Nosotras por lo menos estamos en este comité que es una organización, pero hay gente de otros lados, de muchas colonias, que no tienen apoyo. Están completamente olvidados y no los quieren apoyar. La gente se está muriendo más ahora con lo de la pandemia, pero estamos todos juntos para seguir luchando hasta que se le apoye al último damnificado y pueda regresar a su hogar”, agrega la señora Martinez.
El 22 de Abril del 2020, La Comisión para la reconstrucción de Ciudad de México informó que hasta ese momento “suman 121 viviendas unifamiliares rehabilitas y reconstruidas”, además, aseguran que “se han concluido 38 reconstrucciones y 83 rehabilitaciones en las alcaldías. También, inició la rehabilitación de 3 edificios, en beneficio de 51 familias. Por último, para dar a conocer el avance de obras y proyectos, se tuvieron videoconferencias con vecinos de 109 edificios”, según esta Comision.
No obstante, el colectivo de Damnificados señaló que no era viable el tema de las videoconferencias ya que cuando empezó la situación de la pandemia se intentó seguir con las reuniones vía zoom. “El comisionado empezó a hacer este tipo de entrevistas, a decir que él estaba dispuesto a atender a todos los damnificados vía zoom. Pero esto para nosotros es complicado, pues al punto de que no todos los damnificados, es más, la mayoría, no tiene las condiciones para tener este tipo de reuniones. Cuesta trabajo tener una vivienda donde tengas una señal de wifi para mantenerte en esta aplicación. Pero aún así, nos llegó la invitación para damnificados unidos y accedimos bajo la condición de que fuera pública”, recuerda Pargo.
La redensificación es un mecanismo que supuestamente facilitará la recuperación de la inversión mediante la comercialización de viviendas adicionales, construidas, ya sea en la superficie adicional obtenida por esta redensificación o, en el área que resulte de la donación de la superficie edificable. Además, formaliza que las y los propietarios de los inmuebles damnificados puedan destinar ciertos espacios para anuncios publicitarios.
Por este motivo, las y los damnificados han luchado constantemente contra la redensificación. Al respecto Niño de Rivera sostiene que “la redensificación es donde el gobierno aprovecha esta oportunidad para agarrar el 35% de tu propiedad. El gobierno siempre buscó argumentos, te querían vender cosas muy absurdas y la verdad es que pudimos tumbarles esos argumentos que no eran objetivos”.
A pesar de ello, la actual jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que aplicaría un esquema de redensificación distinto al de la anterior administración, además, señaló que esta vez será el propio gobierno quien comercializará las viviendas adicionales y no una empresa.
“El gobierno va a poner ese recurso para que inicie la reconstrucción y los departamentos adicionales, dependiendo de cada uno de los temas, traemos ya un esquema en donde sea el propio gobierno quien comercialice esos departamentos. De tal manera que no tenga que entrar un desarrollador inmobiliario a este esquema en donde no sabemos si está generando una ganancia adicional sobre el departamento o no, que además encarezca el suelo en la zona en donde está construyendo”, expresó Sheinbaum en conferencia, en enero de 2019.
En junio del 2020, la Comisión para la Reconstrucción del Congreso de Ciudad de México aprobó el proyecto de dictamen que envió Sheinbaum, que entre otros punto argumenta que, “la ley para la reconstrucción no permitía a las personas damnificadas acceder al mecanismo de redensificación para financiar la recuperación de las viviendas”. Esta reforma permite que se reconstruya con una redensificación del 35 por ciento sobre la superficie edificada antes del sismo. Además, permite que las personas cedan un porcentaje de la superficie edificable que les corresponde para financiar la reconstrucción, ya sea con recursos públicos o privados, en cierta media, es lo mismo.
El 18 de Junio, las y los damnificados tuvieron una reunión con el comisionado pero fue evidente que no había resultados positivos para los damnificados. “Nos dimos cuenta que era muy desgastante porque es muy complicado estar en una reunión durante varias horas tratando de construir acuerdos, pero que además, siempre, en la siguiente reunión te dicen que no fueron así estos acuerdos”, recuerda Karina.
Otro edificio, el número 27, de la calle Ámsterdam, ha pasado tres años en obras de rehabilitación y, para Trinidad Godínez Romaña, el edificio luce inhabitable. “Hemos tenido que buscar la manera de que nos vuelvan hacer caso, rompimos con el comisionado Cravioto porque solamente nos está conteniendo, nos estaba dando largas. Este edificio, según era para que lo entregaran en Agosto del 2019, pero ya lleva casi un año de retraso, porque incluso el proyecto estructural era para rehabilitación y de repente no lo quisieron cambiar para demolerlo y hacer la redensificación”, explica Trinidad.
Lo mismo sucede con el caso de Insurgentes Norte 47. “Empezamos a ver muchas irregularidades por parte de esta empresa y empecé a sufrir mucho hostigamiento, incluso, me golpeó el que era responsable de la obra, sufrí agresiones, se levantó una denuncia y era porque no nos daban acceso, ni a la administradora con la que firmó el contrato no le daban acceso al inmueble, ¿Por qué? Porque no querían que viéramos todos los vicios ocultos que estaban haciendo”, denunció la damnificada Niño de Rivera.
“La empresa Grupo C2 firmó un contrato para realizar toda una serie de reparaciones pero al momento de recibir la obra se percató de que la empresa anterior había dejado instalaciones eléctricas mal. Las instalaciones hidrosanitarias tapadas con piedras, entre otras graves negligencias”, concluye Yukari.
Niño de Rivera por su parte arremete asegurando que esta empresa ya no puede hacer los trabajos de reparación, “encontré muchos vicios ocultos, entonces ya hay un incumplimiento de esta empresa. Sumado a ello, la comisión dice que ya no hay dinero, por ello ya no se pudieron hacer los trabajos, porque hubo vicios ocultos de la otra empresa. Entonces me dice, te entrego la próxima semana. Nosotros dijimos que no lo íbamos a aceptar”, denuncia la damnificada.
A casi tres años del sismo, cientos de familias de damnificados aún esperan retornar a su casa, la Comisión, con la redensificación y en su intento de bajar los costos, ha desatendido los procesos de rehabilitación y reconstrucción. Pero aunando a ello, ha hecho entrega de edificios y casas inhabitables, en otros casos han omitido la demolición de bardas perimetrales que a simple vista lucen endebles.
El caso más preocupante es el de Insurgentes Norte 47 en el que no se hicieron los estudios correspondientes como es el de mecánica de suelo, se tuvieron que reforzar columnas, corregir losas, sin embargo, la Comisión ya quiere entregar el edificio. Pero, estas intancias se han topado con pared porque las personas damnificadas organizadas aseguran que no darán ni un paso atrás hasta que se hagan valer sus derechos.
La ofensiva contra la educación pública no cesa, en esta ocasión intentan imponer el aumento de cuotas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Las autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, decidió aumentar de forma brutal las cuotas para sus estudiantes. La justificación es que la Universidad ya no puede sostenerse son aumentar las cuotas.
Hay carreras en las que se cobraran más de 10 mil pesos, pese a que antes las cuotas equivalían a menos de la mitad. Esta alza de cuotas hace imposible para muchos jóvenes seguir costeándose sus estudios.
La Defensora de Derechos Universitarios, Urenda Navarro, justificó el aumento en las cuotas debido al déficit presupuestario en dicha institución. Habla de que año con año no se aumenta el presupuesto para la Universidad, lo que genera que con el aumento de la inflación, el presupuesto quede en números rojos. Sostiene que si no es por la vía de las cuotas no se puede sostener la universidad.
Ante esta situación las y los estudiantes de la UASLP protestaron el pasado 6 de Agosto. Sin embargo, estas protestas tienen antecedentes, pues en años pasados han intentado presentar amparos para que las cuotas no existan, procedimientos que no han podido seguir pues resultan muy costosos.
La situación en San Luis Potosí, no es un caso aislado, recientemente también han salido a protestar estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila por una situación similar. También estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco TESCo, recientemente también se movilizaron.
Desde hace mucho la universidad ha dejado de ser gratuita en el interior de la república y en algunas universidades de la Ciudad. Y los pocos lugares donde se preserva la gratuidad ha sido sobre la base de la lucha, como fue el caso de la Huelga de la UNAM de 1999.
Es real el déficit presupuestario en las universidades, sin embargo, no debe ser el pueblo quien pague los costos de esta crisis. Es absurdo que haya medidas privatizadoras para las universidades, mientras el gobierno federal mantiene un discurso de “rechazo cero”.
Mientras se sigue pagando la cuantiosa deuda externa y se destina un presupuesto millonario para la Guardia Nacional, se avanza en la privatización de la educación por “falta de presupuesto”. Queda claro que dinero hay, pero no lo quieren destinar a las universidades, en primer lugar aquellas en quiebra técnica desde hace casi dos años, mientras Luciano Concheiro, Subsecretario de educación superior de la SEP, declara que no va a haber rescate para las mismas.
Es clave la unidad de las y los estudiantes, con trabajadores y académicos para enfrentar este ataque a la educación, y luchar porque verdaderamente sea gratuita. A demás de coordinar la lucha que estudiantes y trabajadores están dando a nivel nacional.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas contará con un nuevo cruce ferroviario que permitirá incrementar y dar rapidez a las operaciones comerciales entre México y los Estados Unidos.
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo este fin de semana una reunión de trabajo en línea con Oscar Augusto del Cueto Cuevas, Presidente de Kansas City Southern México, compañía encargada de la construcción y operación de este nuevo cruce ferroviario.
Durante el encuentro, el mandatario expresó su apoyo al proyecto que representará la oportunidad de generar nuevos empleos durante su construcción y fortalecer la relación comercial entre ambos países.
«La construcción de este puente representa la visión que se tiene de un estado que continúa progresando y que es pieza fundamental en el intercambio comercial entre México y nuestros vecinos del norte», dijo el mandatario.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, otorgó ya el permiso presidencial para este nuevo puente que, tras la obtención de los permisos de construcción necesarios por parte de autoridades de ambos países, será edificado en un término de dos a tres años aproximadamente.
El cruce ferroviario será un segundo cuerpo del que ya existe desde hace 100 años y por donde transitan hasta 30 trenes diariamente, lo que representa el 50 por ciento del movimiento comercial en tren entre México y los Estados Unidos.
El movimiento de comercio exterior ferroviario en Nuevo Laredo en el 2019 fue de 49 mil millones de dólares cada año, 10 mil millones de dólares más que en el 2016.
Este 11 de agosto, José de Jesús Mejía Ramos “Pepe”, como le nombran con cariño sus seres queridos, cumplió 23 años y 8 meses desaparecido. Su madre, se pronunció en la Glorieta de las y los Desaparecidos para exigir a las autoridades en el estado de Jalisco acciones contundentes que permitan traerlo de regreso, así como se lo llevaron ese 11 de diciembre de 2019, con vida.
Dalia Souza y Darwin Franco / Zona Docs
“Feliz cumpleaños dónde quiera que te encuentres aquí #NiPerdonNiOlvido, hoy te buscamos, hoy exigimos, porque te queremos de regreso y te queremos con vida”, expresó la familia de José de Jesús Mejía Ramos “Pepe”, a través de su perfil de Facebook este martes 11 de agosto, fecha en la que el joven cumple 23 años y, dolorosamente, ocho meses desaparecido.
Por ello, quienes le aman, esperan y luchan por verle volver, se pronunciaron en la Glorieta de las y los Desaparecidospara recordarle a las autoridades de la Fiscalía del Estado de Jalisco y del Gobierno del estado que, tienen en sus manos el deber de traerle de regreso y con vida.
Ni la lluvia pudo detenerles para denunciar que durante estos ocho meses han sido víctimas de la dilación y la omisión de ministerios públicos y policías investigadores, quienes con el pretexto de la contingencia sanitaria han demorado para llevar a cabo acciones que permitan localizar a Pepe u ofrezcan certezas sobre su paradero.
El joven que este martes cumplió 23 años fue desaparecido junto con su amigo Dillan Francisco Gutiérrez Castro en la colonia Pinar de las Palomas, Tonalá, Jalisco el 11 de diciembre de 2019, cuando intentaban vender una motocicleta.
Como una acción de sororidad entre mujeres buscadoras, a la concentración acudió también la madre de Cristian Alexander Valencia Ruiz quien desapareció a los 16 años el 31 de diciembre de 2019, así como, los familiares de Raudel Sandoval Barrera, tío de Cristian Alexander, quien fue desaparecido por buscar a su sobrino el 3 de enero de 2020, cuando se dirigía a trabajar como policía.
Con una carta publicada en el perfil de Facebook: José de Jesús Mejía Ramos Buscandote, la familia de Pepe le recordó con gran nostalgia, pero aseguró que a pesar de la tristeza y el vacío que hasta el día de hoy ha dejado su ausencia, seguirán luchando este día y todos los que siguen hasta su regreso.
Colima, Col.- Según datos estadísticos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 2015 a junio del 2020, esto es 5 años y medio, en Colima se han registrado 380 asesinatos de mujeres, los cuales están clasificados como feminicidios.
La dependencia federal dio a conocer sus datos estadísticos de los últimos 5 años, desde que inicio el registro sobre el feminicidio.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que del 2015 a junio del 2020, de los 159 mil 402 asesinatos cometidos en el país 11.1% fueron contra mujeres. De ese porcentaje, sólo 23.7% se clasificó como feminicidio.
Fue a partir del año 2017, cuando el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) puso a disposición de la sociedad un conjunto de datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres que permitiera conocer la magnitud, tendencia y ubicación geográfica de las conductas y acciones que atentan en contra de este grupo de la población, lo cual incluye cifras sobre homicidios y feminicidios, desagregadas desde el año 2015.
A nivel nacional, entidades como el Estado de México (2,156 casos), Guanajuato (1,345), Guerrero (1,252), Baja California (1,173) y Chihuahua (1,107), se posicionan como las localidades más violentas contra las mujeres por el número de asesinatos dolosos y feminicidios.
Le siguen Jalisco (1,060), Veracruz (1,019), Ciudad de México (857), Michoacán (854), Puebla (674), Tamaulipas (629), Oaxaca (587), Nuevo León (463), Sonora (446), Morelos (445), Zacatecas (437), Chiapas (386), Colima (380), Sinaloa (321), Quintana Roo (293), Tabasco (292), Hidalgo (267), San Luis Potosí (261) y Coahuila (246).
Baja California Sur (172), Nayarit (149), Querétaro (124), Durango (102), Tlaxcala (96), Campeche (52), Yucatán (50) y Aguascalientes (44) presentan un menor número de asesinatos dolosos de mujeres y feminicidios del 2015 a junio pasado.
Aunque todos los estados presentan una tendencia al alza en asesinatos contra mujeres durante los últimos cinco años y medio (periodo de datos disponibles), las cifras crecieron en 19 de ellos del 2018 al 2019.
Tal es el caso del Estado de México, el cual pasó de 404 víctimas en el 2018 a 444 en el 2019; al igual que Guanajuato, al pasar de 326 a 340 mujeres asesinadas; y Chihuahua con 217 en el 2018 y 274 en el 2019.
