Pie de foto 1: Visitas rutinarias de familiares a los internos del penal de Chilpancingo.
Personas privadas de su libertad en prisiones de Chilpancingo y Acapulco relatan que casi la población total de ambos centros ya enfermó de la covid-19. En Acapulco calculan alrededor de 20 muertos
Texto: Marlén Castro
Fotografía: José Luis de la Cruz / Pie de página
CHILPANCINGO.- “Yo estuve enfermó de coronavirus pero gracias a Dios ya salí”, cuenta Sergio, un interno del penal de Acapulco.
“Pero no todos tuvieron la mala suerte, ya murieron aquí dentro como unos 20. Cayeron enfermos y a sus familias sólo les entregaron sus cenizas”.
A mediados de mayo, cuenta Sergio, empezaron los primeros contagios en el penal de Acapulco.
Él estuvo mal como tres semanas. “Me dolía el cuerpo, tenía tos fuerte y dificultades para respirar, se me fue el olfato y la comida no me sabía a nada”.
Dice que cuando empezaron los primeros contagios, a todos los internos los hicieron traer cubrebocas, pero no sirvió de nada.
Asegura que prácticamente a todos los internos del penal de Acapulco ya les dio esa enfermedad.
Los centros penitenciarios administrados por las entidades federativas, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales, del INEGI, alojan más gente de la que pueden acoger.
El Cereso de Acapulco es uno de los penales del país que registran mayor sobrepoblación. La tasa de sobrepoblación de los penales de Guerrero, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es de 142 por ciento. Este penal tiene 2, 100 presos.
“Al principio, subíamos por grupos para ser atendidos en la enfermería, pero después nos pidieron permanecer en nuestras celdas, bajaban a checarnos la temperatura y a darnos el medicamento”.
Asegura que a los internos mayores los separaron del resto de la población, pero se enteraban cuando fallecía alguno.
Una fuente oficial del gobierno estatal que se consultó sobre el caso de los fallecimientos por coronavirus en Acapulco negó la existencia de muertos en este penal.
El penal de Chilpancingo
La noche del 31 de mayo, Salvador, un interno del penal de Chilpancingo, se durmió con un leve dolor de cabeza. Cuenta, mediante mensajes de teléfono, que sintió mucho miedo, porque ya había varios enfermos de coronavirus.
“Al día siguiente, tuve dolor de cabeza intenso, me dio temperatura, tenía escalofríos con un sudor pegajoso”.
Salvador asegura que en el penal de Chilpancingo, cerca del 80 por ciento de la población ya cayó enferma de coronavirus. Este Cereso tiene una población de 960 reos.
El 1 de junio, como a las diez de la mañana, Salvador solicitó atención médica.
“Me formé para que me atendieran desde temprano, no era el único con esos síntomas, estábamos ahí varios pidiendo que nos dieran medicinas para ya no sentir ese dolor, pero a los hombres no nos pasaban sólo a las mujeres así que protestamos porque también merecemos atención”.
Les dijeron que se enfermaron de dengue no de coronavirus. Pero él asegura que el brote que tuvieron ahí fue de coronavirus, porque todos presentaron dificultad para respirar.
De los internos del penal no ha muerto nadie, de acuerdo con la información de Salvador, pero hace tres semanas falleció un custodio justo cuando estaba en servicio.
Al guardia, un hombre ya grande, le dio un infarto. Se desplomó y se murió ahí mismo, cuenta Salvador cuyo verdadero nombre, al igual que el de Sergio, son confidenciales.
Dice que los internos vieron al custodio con los mismos síntomas que ya tenían varios de ellos, tos seca y gripa.
Protocolo de actuación para presos ante la covid-19
Leticia tiene un hijo preso en el penal de Acapulco a quien no ve desde abril, cuando la Dirección General de los ceresos decidió suspender las visitas de los familiares para prevenir los contagios al interior del penal.
“Nosotros no podemos visitarlos y estuvo bien para evitar contagios pero esa medida no tuvo ningún caso porque el personal que ahí trabaja cubre turnos, unos salen y otros entran. Así que el riesgo fue igual”, cuenta Lety quien no sabe cómo está su hijo de salud, porque él tampoco tiene forma de comunicarse con ella.
Su hijo necesita dinero para hacer una llamada y no cuenta con recursos para ir a dejarle, porque por el coronavirus dejó de tener ingresos. Lety hace comida y cose ropa, actividades que suspendió para disminuir el contacto con otras personas para no contraer la enfermedad. Han estado sin saber cómo están ambos de salud.
El gobierno estatal de Guerrero no dio a conocer acerca de la implementación de algún protocolo especial para la atención de la Covid-19 en las cárceles.
A nivel federal, el gobierno estableció un protocolo de actuación para la atención de la Covid-19 al interior de centros federales de reinserción social, que se hizo público en el mes de marzo. En territorio guerrerense no existe ninguna cárcel de tipo federal.
De acuerdo con este protocolo, se contempló la posibilidad de evitar o restringir, en su caso, las visitas familiares y definitivamente evitar la presencia de menores, personas de la tercera edad y aquellas tengan alguna enfermedad degenerativa.
Se propuso estrechar la vigilancia para detectar inmediatamente cualquier caso de enfermedad respiratoria y prever un área de aislamiento para los posibles casos de la Covid-19.
De acuerdo con la información del gobierno federal, hasta el 13 de junio, tenían registrados 52 fallecimientos por coronavirus en los penales federales y estatales del país.
Se precisó que en los 281 penales estatales del país había 43 fallecimientos registrados en el Estado de México, Puebla, Jalisco, Chihuahua y Baja California. Guerrero no figuró en este reporte.
Los otros nueve fallecimientos se registraron en los penales federales. De este tipo hay 17 en todo el país, con una población de 17,000 reclusos, de acuerdo con el protocolo de actuación sobre el tratamiento de la Covid-19 en los ceferesos.
Decenas de jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín bloquearon por espacio de al menos 6 horas la carretera transpeninsular, a la altura del ejido Díaz Ordaz, en la delegación municipal de Punta Colonet, en protesta porque la empresa Agrícola Dos Mares no pagó a tiempo el sueldo de los trabajadores.
Ensenada, B.C., 6 de junio del 2020.- El conflicto laboral dejó al menos tres vehículos incendiados a la altura del kilómetro 137 de la carretera, así como vidrios rotos en otros vehículos y heridas menores con rocas a conductores que intentaron cruzar por la barricada.
Se originó luego de que por la mañana los obreros se enteraron sorpresivamente que el rancho cambió de dueño. Luego, al concluir la jornada a la 1:30 de la tarde, los mayordomos del nuevo dueño del rancho -que tiene conflictos añejos por el manejo del uso del agua con la empresa Agrícola Colonet, informaron que no habría pago y eso enardeció a los trabajadores, que de inmediato bloquearonla vía de comunicación al instalar una barricada con camiones de transporte de carga y autos, algunos de los cuales fueron quemados.
Aproximadamente a las 8 de la noche el nuevo patrón –Arnulfo Silva, familiar del delegado de Colonet José Ramón Silva, no muy estimado en Punta Colonet– cubrió los sueldos y los jornaleros levantaron su protesta.
Por la noche también. la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que la manifestación reportó momentos violentos por el uso de piedras y palos por parte de algunos protestantes, así como daños a personas y automóviles.
El Tren Maya parece seguir acumulando dudas sobre cómo se enfrentarán los desafíos ambientales a su paso. Por ejemplo, el uso de un hidrocarburo para hacerlo funcionar, suma retos
Desde que se anunció el proyecto del Tren Maya, no dejan de fluir preguntas sobre el impacto ambiental a una de las zonas más biodiversas del mundo. Abundan las generalidades y escasea la información técnica; al final, hay pocas respuestas claras a múltiples cuestiones como abasto de agua, generación de residuos, deforestación, turismo masivo, pérdida y fragmentación de hábitat, entre muchas otras cosas. La palabra diésel, ligada al proyecto de movilidad del tren, se suma a la lista de inquietudes.
El diésel o gasóleo es un hidrocarburo líquido utilizado principalmente como combustible en calefacción y en motores diésel. La palabra viene del apellido del inventor alemán Rudolph Diesel, quien desarrolló un motor de alta resistencia en el siglo XIX. El combustible genera la energía necesaria para mover vehículos pesados, pero también emite más micropartículas que la gasolina.
Su contenido depende de varias cosas, incluso de las características del pozo petrolero de donde es extraído y el proceso de refinación al que es sometido. En el diésel hay parafinas y aromáticos; se considera más tóxico el que trae estos últimos compuestos derivados del benceno, de hecho hay legislaciones en el mundo que marcan que debe tener como máximo 5% de éstos. Los precios también varían en cada país; algunos, como Suiza, le cargan más impuestos por ser considerado más contaminante que la gasolina.
Para Daniel Basurto González, presidente del Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA), la tecnología en la que se utiliza el diésel puede ser muy variable, pero su impacto contaminante también tiene que ver con la cantidad de combustible empleado y el volumen de las emisiones, que para ser consideradas “limpias” tienen que ser verificadas por las normas internacionales. Basurto señala que el problema es que en México, los combustibles fósiles han mostrado generar con facilidad lluvia ácida, por ejemplo cuando son utilizados para la generación de energía eléctrica.
Un estudio recientemente publicado por el Instituto Israelí de Tecnología: Partículas ultrafinas al interior de los trenes de pasajeros impulsados por diésel (Abramesko y Tartakovsky), explica que las locomotoras con motores diésel utilizadas en todo el mundo son una fuente importante de contaminación del aire mediante partículas ultrafinas, incluso al interior de los trenes de pasajeros, en especial los vagones de los trenes de arrastre cerca de la locomotora. Basurto señala que es muy importante considerar que el tren será para carga y pasajeros: “Los equipos de combustión son altamente generadores de residuos; generalmente las áreas de almacenamiento y mantenimiento de combustibles en nuestro país están altamente contaminadas porque no son totalmente herméticas, hay sudoración de materiales”.
Para el abogado ambientalista, la utilización de trenes híbridos tampoco garantiza que estén libres de contaminantes. “Habría que ver en qué momento entran en función los mecanismos y el tipo de materiales de las pilas para el almacenamiento de energía, pero el tema principal sería cómo se va a manejar el diésel requerido, en cuántas estaciones a lo largo de la ruta estaría concentrado y qué medidas se dispondrán para proteger el hábitat de la fauna y flora circundante. Hay muchos elementos que tomar en cuenta alrededor de este tema… Frente a una inversión de miles de millones de pesos, deberían haber buscado que el tren fuera eléctrico”.
Basurto dice que por ahora están preparando los comentarios pertinentes de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de los primeros tres tramos presentada de manera tardía. “Aunque muestren un documento de mil 900 páginas no significa que sea un buen estudio, hay mucha ‘basura y tela de donde cortar’”. Subraya que es un error pensar que no habrá impactos sólo porque parte del trayecto de los mil 500 kilómetros se trabajará sobre las mismas vías, pues se deben movilizar materiales de hace decenas de años y actualizar los caminos para soportar pesos y velocidades muy diferentes. “Se necesita que la gente se cuestione todos los detalles, sobre todo en la medida que no haya una correcta información y difusión de datos”
Renovar sin contaminación
Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables (IER-UNAM) asegura que es necesario dejar de promover el uso de combustibles fósiles. “Debemos movernos hacia el uso de fuentes renovables y la electricidad nos facilita eso. No hay ningún problema con tener la tecnología de un tren totalmente eléctrico. Se dice que es 10% más caro, y de hecho puede ser así, pero el costo por kilómetro eléctrico es mucho más barato que el costo por kilómetro de diésel. Esto en estándares normales, así que el costo se podría amortizar en algún tiempo finito. Es una alternativa económica y no contamina el entorno”.
Opina que otra cuestión muy importante para haber elegido un proyecto de tren que funcionara totalmente con electricidad es que en esa zona hay muchas poblaciones que no están teniendo energía de calidad. Con este marco, apunta que lo óptimo hubiera sido crear un fomento para el uso de fuentes renovables que alimentaran sistemas fotovoltaicos en instalaciones cercanas a las poblaciones aledañas al tren. “Incluso las comunidades podrían vender directamente la energía al Tren Maya y el beneficio sería directo. Esta sería una decisión muy diferente de desarrollo”. Cuenta que hace un año participó en una reunión de ejidatarios, donde explicaba las alternativas y ellos decían que entendían los beneficios de un tren eléctrico, pero no comprendían por qué no merecían esa mejor opción.
“Nuestro país es tan grande que todas las energías renovables tienen futuro. En EU, aunque el gobierno federal dice que no, la mayoría de los estados optan por las renovables. Hay países latinoamericanos que las han elegido con excelentes resultados, como Costa Rica y Uruguay; nosotros nos quedamos atrás, ya sin mencionar a Europa que está totalmente enfocada a ellas”. En algunos países de este continente se empieza a vislumbrar el “hidrógeno verde” como una alternativa para el futuro de los trenes.
La doctora Heidi Isabel Villafán Vidales, investigadora del IER-UNAM, explica que desde el 2018 Alemania puso en operación dos trenes impulsados por hidrógeno que estuvieron a prueba de manera exitosa hasta que finalmente Alemania decidió reemplazar otros 14 trenes que funcionan con diésel por trenes que operan con hidrógeno; éstos entrarán en funcionamiento en el 2022.
La especialista explica que los motores de este tipo de tecnología usan algo que se llama celdas de combustible, los cuales son dispositivos que usan hidrógeno y oxígeno para llevar a cabo una serie de reacciones químicas que producen electricidad y calor. La electricidad que se genera es la que permite que el motor impulse el tren. Estos equipos también tienen baterías que mantiene el flujo de potencia y almacenan el exceso de energía. “Es una opción bastante prometedora por dos razones: porque no emite gases tóxicos, ni de efecto invernadero, los cuales sí se producen cuando se usan combustibles fósiles. La otra razón es que, al menos en trenes, se ha demostrado que es una tecnología madura que los impulsa alrededor de mil kilómetros con un sólo tanque de hidrógeno, además que la recarga se logra en 15 minutos, aproximadamente”.
Los impulsores del proyecto del Tren Maya argumentan que no se puede utilizar un tren eléctrico porque “una locomotora y un sistema diésel-eléctrico podrá ser convertido a un modelo de hidrógeno, cuando la tecnología se desarrolle a su potencial”.
La cuestión es que para que el hidrógeno sea realmente verde y se produzca de manera sostenible se necesita obtener por procesos que no utilicen combustibles fósiles y que impulsen el uso de energías renovables.
La especialista apunta que en un Estado como el de Alemania el sobrecosto del cambio de locomotoras lo absorberá el gobierno porque el único argumento que les basta es que se trata de una tecnología respetuosa con el medio ambiente. La pregunta sería: ¿justo hacía allá se dirige el Tren Maya?
Derechohabientes del ISSSTE en Colima se quejan del desabasto de medicamentos que persiste en el sistema de salud hasta en un 55% en el cuadro básico, lo cual consideran como una afrenta grave por parte de las autoridades delegacionales ya que este tipo de situaciones no se vivían en nuestro estado desde hace más de 15 años.
En una investigación realizada por esta casa editora, se pudo constatar que solo se cuenta con un 45% de medicamentos del cuadro básico, además persiste de la falta de insumos y equipos necesarios no solo para atender de manera regular las emergencias médicas, sino que también sobre todo para enfrentar la pandemia del COVID-19, a pesar de que según las propias autoridades delegacionales han señalado que se hicieron 16 contrataciones nuevas destinadas para atender exclusivamente casos de coronavirus, hay ausencia de especialistas en los turnos de atención incluso contando con solo un Internista, el cual ante esta falta de personal termina haciendo labores generales poniendo en alto riesgo a demás pacientes y compañeros de trabajo.
En días pasados por las redes sociales, varios derechohabientes del ISSSTE se quejaron de la falta de vacunas BCG para niños recién nacidos, de las cuales solo había 30 disponibles.
Esta situación que aqueja al ISSSTE en Colima no se veía en 15 años, es lo que señalan médicos y derechohabientes de esta institución que nos otorgaron una entrevista y que por evitar represalias omiten sus nombres, consideran que el principal problema es que no hay una verdadera cabeza en la delegación, solo hay encargados, desde que salió Alberto Covarrubias, el ISSSTE se fue para abajo, no hay rumbo, no hay directriz, cada quien hace lo que quiere; por lo que le pedimos a la súper delegada federal Indira Vizcaíno Silva atienda esta problemática, que resuelva la falta de medicamentos e insumos en el ISSSTE de Colima.
La madrugada del 7 de julio de 2013 en Lagos de Moreno, Jalisco, seis jóvenes y un adulto fueron desaparecidos. Cuatro de los seis muchachos (Ángel de Jesús de 19 años, Daniel de 22, Eduardo de 21 y Gerardo de 18) caminaban juntos por una de las avenidas principales de la ciudad rumbo a la casa de Daniel tras celebrar el cumpleaños de Eduardo, cuando, un grupo de sujetos armados a bordo de una camioneta con “torreta” les interceptó para llevárselos contra su voluntad. A los otros dos jóvenes, Cristian de 18 años y a Marco de 19, se los llevaron a cada uno de puntos diferentes; mientras que a Rodrigo el adulto–, lo extrajeron de manera violenta de su propia casa.
A siete años de estos acontecimientos, y frente a la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, que ha limitado la posibilidad de salir a las calles a manifestar la demanda inclaudicable de justicia, verdad y memoria, compartimos el siguiente artículo académico que emana del trabajo de investigación: Memoria que resiste: la lucha de los familiares de las víctimas de la violencia del 7 de julio de 2013 en Lagos de Moreno, Jalisco (2013–2017), a cargo de Dalia Souza, Maestra en Gestión y Desarrollo Social por la Universidad de Guadalajara.
Reúne fragmentos de los siguientes apartados: “Construir memoria acerca de lo inolvidable”, subtítulo “¿Por qué los hechos del 7 de julio de 2013 en Lagos de Moreno, Jalisco?”; “La construcción y usos de la memoria de las víctimas de la violencia en la búsqueda de justicia”, subtítulo “Una propuesta: resistir”; y “El comienzo de la lucha por la memoria y la justicia”.
Dalia Souza / Zona Docs
A la desaparición de las víctimas, continuaron en un primer momento, las acciones individuales de los familiares para localizar a sus hijos y hermanos (rastreo del último sitio en el que se les vio, así como lugares y personas frecuentadas). Posterior a ello y tras no obtener información sobre el paradero de sus seres queridos, siguieron las denuncias por desaparición frente a las instituciones competentes –municipales y estatales–.
Dichas movilizaciones posibilitaron que las familias de cuatro de las siete víctimas (Daniel, Eduardo, Gerardo y Ángel de Jesús) se identificaran entre sí como afectados del mismo agravio y continuaran la búsqueda de sus seres queridos unidos. De acuerdo con la experiencia de los familiares, esto fue así por el vínculo afectivo que sus hijos tenían entre sí como amigos y porque los cuatro jóvenes fueron víctimas de los mismos hechos, además, porque existía/existe una noción sobre la legitimidad de sus hijos como víctimas inocentes.
De esta manera, la búsqueda que en el inicio fue individual, comenzó a tomar carácter colectivo y grupal. No sólo en términos cuantitativos, puesto que, en el desarrollo del proceso de denuncia –oficial y pública– se incorporaron las familias de Cristian, Marco y Rodrigo, sino también, en lo cualitativo; los vínculos afectivos, empáticos y de solidaridad tras reconocerse uno a uno como lacerados del mismo delito –la desaparición–, como dolientes de la misma tragedia y como víctimas de la misma injusticia, propició la unión entre sí para desarrollar en conjunto acciones para exigir el regreso de sus hijos y hermanos.
Las labores de búsqueda alterna que iniciaron las familias consistieron en la colocación de carteles con el rostro de los seis jóvenes y el adulto –a pesar de la negativa de las autoridades, la difusión en medios de comunicación, e incluso, la localización de testigos y lugares.
En tanto, las acciones de visibilización, denuncia y protesta consistieron en actos de convocatoria pública para exigir el pronto regreso de los jóvenes y también, para demandar a la autoridad los derechos que, como familias, mantenían sobre el proceso judicial que se llevaba a cabo.
El 14 de agosto de 2013, luego de un mes de espera, agentes del Ministerio Público convocaron a las familias a una reunión en la ciudad de Guadalajara, ahí junto con empleados del servicio médico forense les notificaron que sus hijos y hermanos habían sido localizados sin vida y que, sus restos se encontraban en condiciones difícilmente identificables.
De acuerdo con la versión dada por la autoridad –contenida en el expediente y consignada en los medios de comunicación–, se localizaron fragmentos de restos óseos en las inmediaciones de una finca apodada “La ley del monte”, ubicada en una brecha que lleva hacia la comunidad de La Sauceda y la delegación de Comanja de Corona, ambas en el municipio de Lagos de Moreno. Estos restos humanos, de acuerdo con los análisis genéticos realizados, pertenecían a cuatro de las siete víctimas: Daniel, Gerardo, Rodrigo y Marco. Confirmarían más tarde la identificación de Eduardo y Ángel de Jesús. En ese momento y hasta la actualidad, no se han encontrado en dicho lugar indicios o muestras biológicas que pertenezcan a Cristian, la autoridad asegura que el joven fue acaecido bajo los mismos hechos.
Los jóvenes habrían sido sometidos tras su desaparición a vejaciones físicas y tortura, y tras su asesinato, sus cuerpos fueron disueltos en sustancias químicas para tratar de desaparecerles por completo. Esta información se encuentra contenida dentro del expediente de investigación225/2013-P, a la vez que se da cuenta de ello en algunas notas periodísticas de medios de comunicación locales, estatales y nacionales, debido a las declaraciones que en aquel momento el ex titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Luis Carlos Nájera, dio a conocer públicamente:
Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), mencionó que los restos humanos encontrados por un camino que conduce a un punto conocido como Comanja de Corona, después del relleno sanitario o en las inmediaciones de una finca denominada La Ley del Monte, pudieran ser las víctimas disueltas en ácidos (El Informador, 05/08/2013).
No obstante, que la autoridad ofreció documentos periciales donde, a través de pruebas genéticas de confronta realizadas entre los restos encontrados y los perfiles de ADN tomados a las familias, se corroboraba presuntamente el parentesco entre ambas partes; dos de las siete familias decidieron realizar pruebas genéticas independientes para comprobar la versión ofrecida. Las otras cuatro familias hasta el momento mantienen la incertidumbre sobre si los restos que les fueron entregados pertenecen realmente a sus hijos y hermanos. En el caso de la familia de Cristian, evidentemente la incertidumbre está anclada a la ausencia de restos o un cuerpo.
Siguiendo con la narración de los hechos, dos días más tarde, el 16 de agosto de 2013, los restos identificados fueron entregados a cuatro de las siete familias en cajas de madera con el logotipo del Gobierno del Estado de Jalisco en medio de una misa organizada por la Fiscalía General del Estado.
El acto de convocatoria pública que se realizó sin el consentimiento de los familiares, así como la suma de irregularidades en la entrega de los restos, resultó indignante y estremecedor. En consecuencia, emitieron un comunicado en el que manifestaron que sus derechos les habían sido violentados y que, por ello, exigían lo siguiente:
Pleno acceso al expediente que previamente habían solicitado el día 9 de agosto de 2013;
Respeto al derecho a un peritaje independiente para la determinación de los perfiles genéticos y los restos encontrados;
Diligencia en las investigaciones y el fortalecimiento de las declaraciones testimoniales y confesionales con otros medios de prueba;
Garantía de seguridad e integridad física para cada una de las familias
Y estricto apego a la Ley General de Víctimas y a los Derechos Humanos.
Esta celebración funeraria maquilada a expensas de las familias, la entrega de pequeños fragmentos óseos y no de un cuerpo, el sentimiento de injusticia atribuido a la forma abrupta en la que perdieron a sus hijos y hermanos, la brutalidad y naturaleza del crimen perpetrado, la inocencia de las víctimas frente a la criminalización oficial y social de las mismas, la ausencia física del ser querido y la impunidad en torno al caso judicial; marcaron para las familias el inicio de un conjunto de acciones ya no sólo enmarcadas en el esclarecimiento de los hechos y la localización de sus hijos y hermanos.
Y es que, desde ese momento y hasta ahora, estas acciones se suscriben en la búsqueda de justicia jurídica, en la construcción de una justicia del tipo simbólica; es decir, aquella que es detonada de forma paralela a la justicia del Estado a través de las acciones de los familiares, así como, en la construcción de memoria para a sus seres queridos.
Ya que, si bien, como sujetos lacerados –también– por este delito, podría pensárseles como entes pasivos, inactivos y/u ofrendados a la conmiseración social, la experiencia empírica ha demostrado que ellas y ellos –las familias, las madres, los padres, los hermanos– son capaces en colectivo y en solitario de reaccionar y generar acciones de forma proactiva para hacer frente a las situaciones que les han impactado consecutivamente y a través del tiempo. Porque no nos referimos a personas cuyo sufrimiento se encuentra anclado solamente a un acontecimiento violento, sino a la continuación de múltiples violencias y violaciones antes y después de éste.
UNA PROPUESTA: RESISTIR
Son las personas, los sujetos como agentes y actores sociales, en este caso familiares de las víctimas de la violencia, quienes han emprendido acciones alrededor de los efectos que, de manera individual y colectiva han experimentado producto de los escenarios de crisis que les rodea en lo local, pero que, tienen origen en la suma de contextos críticos a escala.
Estas acciones se suscriben como alternativas a las lógicas preestablecidas del saber y el hacer, principalmente con el objetivo de alcanzar una sociedad y/o escenarios de vida más justos. Al mismo tiempo, éstas no se presentan como únicas y/o exclusivas soluciones en el marco de la realidad que enfrentan, sino que se suman, nutren y/o constituyen por otras experiencias y conocimientos.
En la búsqueda de una sociedad más justa, estas alternativas logran constituirse ya sea sobre los marcos de derecho existentes o como formas del hacer y el conocer contrarias o radicales a las lógicas establecidas. Pues, como precisa Butler (2018) “cuando la ley es un régimen violento, hay que oponerse a la ley para paradójicamente oponerse a la violencia” (p.23).
Al mismo tiempo, el origen de éstas radica en la experiencia de vida que fracturó los campos de sentido y acción de los sujetos y de la cual, han emanado una suma de alternativas que, consideramos pueden ser reconocidas como resistencias; resistencias en este caso que se suscriben por la justicia y la memoria; e incluso, para “resistir a las formas de poder económico y del Estado” (Ídem).
Por supuesto que no es una resistencia fortuita, es producto de la suma de precariedades y, particularmente, de la vulnerabilidad acumulada que experimentan los sujetos. Butler, afirma con ello que, “los modos de resistencia afloran en oposición a una infraestructura que falla”; por lo tanto, si ésta –a la cual se era/es dependiente– deja de proveer condiciones mínimas de apoyo, si ya no está ahí para nosotros, entonces, eso significa que nos hemos quedado sin refugio, que somos vulnerables. Aunque, hay que advertir que lo anterior no significa que antes de ésta no lo fuésemos ya por otros factores, simplemente se hace “inaceptable”.
Entonces, la vulnerabilidad emerge antes a la resistencia y, por ende, conduce a esta última: “somos, en primer lugar, vulnerables y entonces superamos esa vulnerabilidad, al menos provisionalmente, a través de actos de resistencia” (p.25). Pensar lo contrario, es decir, entender a la resistencia sólo como una forma para vencer la vulnerabilidad, precisa Vargas (2018), sería un ideal paternalista, un ideal neoliberal que se concentra en el individualismo.
Al recurrir a esta explicación entre vulnerabilidad y resistencia desde la perspectiva de Butler, se reconoce que las formas de resistencia no requieren o significan la superación de los escenarios de vulnerabilidad, sino que, es ésta, en realidad, la que se convierte en una “fuerza movilizadora”.
Decir lo anterior implica asumir un reconocimiento sobre los alcances que presenta tanto el actuar, como las formas de hacer de los sujetos. No demerita su condición como alternativas al desarrollo y tampoco sus posibles implicaciones y efectos sobre los contextos locales y/o a escala que les rodean, sino que, establece límites ideológicos sobre los procesos que se investigan. Y es que, cuando Butler afirma que la vulnerabilidad es una “fuerza movilizadora” reconoce su potencial efectivo en las movilizaciones políticas, como demanda de un “terreno habitable”; aunque coincide con Arendt en que, como terreno habitable y de pugna, la calle no es o resulta el único espacio de aparición política, pues, el espacio de aparición llega a existir en el momento de la acción política.
Sin embargo, el espacio de aparición no es plenamente separable de cuestiones relativas a la infraestructura y la arquitectura, es decir, a un espacio o condición material que penetre en el acto que lo hace posible. Con ello, el término “movilización” depende de forma intrínseca de un “sentido operativo de movilidad” que actúa como derecho en sí mismo y que condiciona al cuerpo –el cuerpo del sujeto–, “sostenido y agente (en plena acción), que opera implícita o explícitamente en números movimientos políticos” (p. 30).
El cuerpo ejerce su derecho a la movilidad, y opera bajo ciertos tipos de demandas y movilizaciones políticas. En ese sentido, cuando se trata de personas que se han reconocido a sí mismas en situaciones precarias –de vulnerabilidad o ante condiciones infraestructurales– la demanda de acabar con la precariedad es “escenificada públicamente” por ellos, quienes exponen su vulnerabilidad.
En estos casos, hay una “resistencia corporal plural performativa operando” que demuestra “cómo las políticas sociales y económicas están diezmando las condiciones de subsistencia, hacen reaccionar a los cuerpos” (pp. 30-31). De esta forma, “el sujeto de derecho corporalmente individual no puede llegar a capturar el sentido de vulnerabilidad, exposición o incluso dependencia”, requiere el reconocimiento y aceptación de que éste depende de otros cuerpos y de redes de apoyo. Esto no significa sólo que el cuerpo o sujeto éste ligado a una red de relaciones, sino que, “en virtud de esos mismos límites, se define por las relaciones que hacen su vida y su acción posibles” (pp. 31–32).
Decimos entonces que el origen de las acciones que ejercen los familiares de las víctimas radica en la experiencia de violencia, injusticia y olvido que atravesaron/atraviesan tras la desaparición y asesinato de sus seres queridos, ello como condición precaria o que les vulnera.
Estos familiares como cuerpos que no se deslindan de su derecho a la movilidad, así como a su dependencia con otros, generan resistencias. Éstas se suscriben como resistencias por la justicia y la memoria. Y es que, Viñar (2007) nos recuerda que la memoria es un proceso incoercible para la especie humana; por lo tanto, cuando en la historia evocar y recordar son prohibidos y trasformados en su lugar en un acto delictivo esto les “convierte automáticamente en un acto sagrado de resistencia y dignidad” (p.29).
Las acciones que emprenden los familiares se suscriben como resistencias visibles y reconocibles en medio de un espacio de aparición que advertimos, no sólo es representado por la calle como espacio público-político, ya que, como anunciábamos antes en función de los argumentos que Butler expone a partir de Arendt, el espacio de aparición existe en el momento de la acción política. Así, las acciones que hemos nombrado memoriales y por la justicia, aparecen como acciones políticas tanto dentro de los espacios de manifestación pública, como en los contornos más privados de la organización colectiva y familiar.
ESPACIO DE RESISTENCIA
La memoria que las familias de las víctimas de la violencia han construido, es ensí misma un espacio de resistencia, pues ha significado un esfuerzo de oposición constante, entre su memoria y la memoria oficial, entre su verdad y la verdad oficial, entre el olvido social y el recuerdo que ellos mantienen intacto sobre sus hijos y hermanos.
De la misma forma, creemos que se trata de un espacio de resistencia, debido a las acciones que las familias emprendieron sin claudicar, para obtener una disculpa pública de parte de la autoridad que fuera capaz de redignificar la imagen y el recuerdo de las víctimas.
“Había aceptado el presidente municipal de aquel entonces, que iba a dar la disculpa en la Gaceta Municipal, una revista que nadie lee, que nadie conoce, de hecho, me trajeron vuelta y vuelta, yo creo que tres meses o cuatro meses, y como que haber si me aburría o dejaba de ir, pero nada y yo que voy, y voy, y voy. Y cuando me la dan, tenía fecha de haber salido como de tres meses atrás. Entonces nos enojamos más y todo se hizo más fuerte, entonces cuando la CEAV cerró la demanda, obligan a Hugo a hacer la disculpa pública y ya nos la da, también por escrito”.
Además, se considera que la disculpa pública obtenida por los familiares es un logro para esta memoria que se construye sobre el recuerdo social de las víctimas de 7 de julio de 2013, para la verdad alrededor de su identidad y del hecho que les ocasionó la muerte; e incluso, se enmarca, de acuerdo con la percepción de las familias, como un hecho trascendental dentro de la historia:
“Pero eso de haber logrado la disculpa también nos ayudó muchísimo, de hecho, yo nunca he sabido de un caso donde un presidente municipal se disculpé, y de hecho no estoy seguro, si fue el primero en Jalisco: es el primero”.
Por último, podemos decir que las gestiones realizadas por los familiares en torno a la disculpa pública del expresidente municipal, Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, tras criminalizar a sus seres queridos, evidencian además del conflicto constante por desplazar a la verdad y el discurso oficial, los esfuerzos e impactos que se han tenido sobre el olvido y el recuerdo social del hecho.
LUEGO DE LA DESAPARICIÓN
Los familiares, como sus narraciones lo señalan, realizaron no sólo la denuncia oficial sobre el caso, sino que, colocaron sobre el escenario público, la pugna que ejercían por el regreso de los desaparecidos: carteles de búsqueda, al menos tres marchas y manifestaciones para requerir la solidaridad de la sociedad en la búsqueda de sus seres queridos y la puesta del caso dentro del espacio mediático para atraer la atención y acción de las autoridades locales.
Tassin (2017) explica, que la acción política de la manifestación, en el caso de las personas desaparecidas y/o los desaparecidos, implica “aparición”. Aparición de los actores y la revelación de toda una vida colectiva: “una existencia que aparece frente a todos y crea con sus acciones el espacio de ese aparecer que las instituciones y las autoridades legítimas tienen el deber de garantizar, y los ciudadanos de actualizar” (p.103).
Porque advierte, “lo más intolerable de la desaparición es la desaparición incluso de la muerte misma” si se sustrae a un ser de la existencia visible y reconocida, del mundo y de la comunidad de actores, se hace desaparecer una historia (pp.102-103) y, por tanto, no podría haber memoria de los desaparecidos.
TRAS LA LOCALIZACIÓN SIN VIDA Y LA ENTREGA DE LOS RESTOS
Posterior al anuncio de la localización sin vida de las víctimas y la entrega de sus restos, el ejercicio de memorialización estuvo íntimamente vinculado a la develación de la verdad sobre la identidad de las víctimas y su inocencia, así como y, por ende, sobre los hechos y los responsables; esto, como se señaló, debido a la criminalización pública que el presidente municipal ejerció en contra de los seis jóvenes y el adulto.
En efecto, afirma Ortega (2008) que cuando se nombra el asesinato o la desaparición –en este caso ambos crímenes– “el nominador se adueña de las palabras y se dota de una nueva identidad” (p.42). De esta manera se restituye a los ausentes en el sentido de su ausencia – aunque sólo sea una parte mínima-. En el caso de las luchas políticas de la memoria, afirma Ortega citando a Jelin, “éstas emergen como respuestas a la crisis de la verdad”.
Con una marcha y un acto religioso de convocatoria pública cada 7 de julio, muy parecidos a aquellos que realizaban los familiares durante el primer mes de la desaparición de las víctimas; acompañados de lonas con los rostros de los seres queridos y mensajes que aluden a la exigencia de justicia, verdad y no olvido, así como al recuento de los años transcurridos, la conmemoración del aniversario luctuoso de las víctimas se convirtió en un ritual memorial anual insustituible.
Cada 7 de julio desde el año 2014, los familiares y amigos convocan públicamente a participar de la marcha y la misa que realizan en nombre de las víctimas de aquel día. Esta acción memorial implica, realizar un recorrido a pie que parte del lugar conocido como “El jardín de Lomas” hasta llegar a alguna de las dos principales iglesias de la ciudad. Ahí con globos, camisas, botones y fotografías con las imágenes de las víctimas, se lleva a cabo el acto memorial y de conmemoración.
Habrá que precisar que, durante los años 2015, 2016 y 2017 de manera consecutiva la invitación se amplió hacia familiares de las víctimas de desaparición en el municipio. En cada marcha las familias de los que han aparecido y los que aún no lo han hecho, caminaron juntas, y mientras recordaban a los suyos, exigieron el regreso de los que aún no han vuelto a casa.
A decir del señor Armando, padre de Daniel, la conmemoración del 7 de julio se ha convertido en un tipo de “tradición” dentro del imaginario social y de la memoria colectiva:
“Nosotros sentimos que se está volviendo una tradición. De hecho, la gente nos pregunta, cuando empieza a acercarse el día siete de julio la gente nos empieza a abordar “va a haber marcha, de dónde va a salir, en dónde va a ser la misa” entonces pues se está fortaleciendo eso, se está haciendo como una tradición ya. Y yo siento que es una manera de no dejar morir el caso”.
Sobre los sobrevivientes en la conmemoración pública, advierte Blair (2002), “las luchas por los sentidos del pasado se actualizan en los rituales y conmemoraciones”. Con el paso de los años, las fechas que evocan eventos importantes, marcados por la magnitud del hecho en sí mismo, dada su notoriedad paradigmática como refiere Pita (2010), en el caso de los familiares de las víctimas de la violencia y la forma en que las muertes de los suyos son denunciadas; quedan ancladas en el imaginario social haciendo posible el no olvido y la memoria social/colectiva.
La relevancia del acto de rememorar y relatar a otros, sugiere Jimeno (2008) posibilita que “la persona encuentre caminos para construir el sentido subjetivo de la vida”. De allí la importancia, sugiere la autora, sobre la reconstrucción de la memoria de hechos dolorosos personales o colectivos y lo polémico que este proceso puede resultar (p. 268).
Con ello, Blair advierte sobre los desafíos que enfrentan las sociedades que han atravesado por experiencias traumáticas, entre estos están: el tema de la memoria y/o el olvido. De acuerdo con la autora, éstos “arrastran consigo, asuntos como la verdad, la justicia, el perdón y la reconciliación” (p.14).
La autora se cuestiona “¿cómo buscar la reconciliación sin verdad y sin justicia?, ¿de qué lado está la verdad en una sociedad fracturada por la guerra?” mientras precisa que, la necesidad social de evocar para sanar en el caso de las víctimas –como terreno moral–, así como el de las sociedades de recordar o, en su defecto, de olvidar para reconciliarse “se suman a la necesidad de comprender cómo estas experiencias traumáticas comprometen no sólo el pasado, al quedar “atrapadas” en la memoria de las sociedades, sino también su futuro, en tanto ellas son la “materia prima” (Ídem).
Después de cuatro años de ardua lucha por la memoria y la justicia, las familias de las víctimas de la violencia del 7 de julio de 2013 en Lagos de Moreno, Jalisco, han conseguido erguir un mural memorial en el lugar donde sus hijos y hermanos estuvieron con vida por última vez.
Dicha acción trascendió el mero acto artístico y detonó en las familias, como precisa Ovalle y Díaz (2016), “nuevos procesos de reflexión, denuncia, construcción de conocimientos y transformaciones subjetivas” (p. 45), en torno al recuerdo, la pugna por la verdad, la búsqueda de justicia y el no olvido de sus seres queridos.
El mural está compuesto por los rostros de cinco de las siete víctimas; por orden de aparición –izquierda–derecha– podemos observar a Daniel Armando, Ángel de Jesús, José Gerardo, Eduardo Isaías y Rodrigo y en medio de ellos una placa con los nombres de las siete víctimas y, junto a ellos los de 33 personas que aún se encuentran desaparecidas en Lagos de Moreno.
La placa lleva consigo la siguiente leyenda: “En memoria de todos nuestros seres queridos víctimas de la violencia y desaparición “Hasta que la dignidad se haga costumbre y la justicia prevalezca”. El proceso de creación y rescate del espacio implicó también renombrar el lugar; por lo tanto, los familiares decidieron que aquel sitio que antes se llamó y fue conocido por todos como la “Ley del monte”, hoy sería reconocido como la “Ley de la verdad”, esto porque debe recordarse siempre lo que ahí ocurrió, ya que, al hacerlo, estos hechos no sólo no serán olvidados, sino que, además, no volverán a repetirse.
Violencia Familiar sube en un mes más de 600 casos.
San Luis Potosí, SLP.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emitió el informe sobre violencia contra las mujeres, con corte al 31 de mayo de 2020, que incluye los primeros cinco meses del año; San Luis Potosí está en el onceavo lugar a nivel nacional con 12 feminicidios, con lo cual sale del top 10, pero subió un caso más con respecto al último corte.
SLP quinto lugar nacional en tasa de feminicidios
En cuanto a los presuntos delitos de feminicidio por cada 100 mil mujeres, el estado potosino esta en el quinto lugar con una incidencia de 0.82 feminicidios, por encima de la media nacional que es 0.57; asimismo de los 12 feminicidios que tiene el estado, 11 han sido de mujeres mayores de 18 años; en el apartado de los primeros 100 municipios con presuntos feminicidios, la capital del estado se ubica en el décimo lugar, con cinco casos, la tendencia es a la alza pues comenzó el año en el lugar 22; otro municipio en la lista es Ciudad Valles, en el lugar 63 con 2 feminicidios.
Violencia Familiar sube en un mes más de 600 casos
A nivel nacional en estos cinco meses se tienen 82 mil 445 casos, de los cuales San Luis Potosí aporta 3 mil 138 casos, un incremento de 606 casos pues en abril sumaba 2 mil 532 casos, lo que ubica al estado en 109.5 delitos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes, por encima de la media nacional que es de 66.9 casos; a nivel nacional se destaca un aumentó de casos de abril a mayo en un 4.5 por ciento.
SLP por encima de la media nacional en delitos de violación
En cuanto a violación en 2016 se recibieron 3 mil 929 llamadas, para 2019 se redujo ligeramente en 3 mil 874, y en los cinco primeros meses de 2020 se tienen 6 mil 612, de las cuales 270 corresponden a San Luis Potosí, lo cual ubica el estado por encima de la media nacional con 9.4 llamadas por cada 100 mil mujeres, siendo la media nacional 5.2 llamadas.
Extorsión sube dos casos; trata de personas registra dos primeros casos
En cuanto a las mujeres víctimas de extorsión en 2015 se presentaron mil 792 casos y en 2019 prácticamente se duplicó el número a 3 mil 112, en los primeros cinco meses de este año se tienen registrados mil 202 casos; San Luis Potosí subió de 24 a 27 casos; las víctimas en su mayoría son mayores de 18 años, pero destaca el caso de una persona menor de edad; el estado esta al mismo nivel de la media nacional con 1.8 casos por cada 100 mil mujeres; en cuanto a las presuntas víctimas mujeres de trata de personas en 2015 se tuvieron 689 casos, para 2019 se bajó en 389, en los primeros cinco meses de 2020 se tiene 157 casos, San Luis Potosí presenta ya dos casos, y 10 casos de mujeres víctimas de corrupción de menores.
Homicidio doloso ligero incremento
A nivel nacional, en el los primeros cinco meses de este 2020 se tienen registrados mil 233 homicidios dolosos de mujeres; en este rubro San Luis Potosí subió dos caso, dado que únicamente tenían cuatro en abril, llegando a seis para mayo; asimismo el estado ocupa el lugar 26 nacional con 0.4 de casos por cada 100 mil mujeres, destacando que la tendencia nacional de 1.9 casos.
Secuestro y tráfico de menores sin movimientos
Finalmente, en el apartado de presuntas víctimas de secuestro se informa que para abril de 2020 se tenían 88, y para mayo subió a 101; en este rubro San Luis Potosí sigue reportando un caso y se encuentra por debajo de la media nacional con 0.07 casos por cada 100 mil mujeres; en cuanto a las cifras de mujeres de tráfico de menores en 2015 se registraron 44 casos, para 2019 disminuyó a 12, y en los primeros cinco meses de este año solamente hay un caso, el único caso se presentó en el estado de Sinaloa por lo cual San Luis Potosí no tiene ningún caso.
Adrian Javier Flores Nieves/La Jornada Aguascalientes
6 julio 2020
A lo largo de estos cuatro meses las autoridades de salud no tuvieron acercamiento ni brindaron apoyo para la Casa del Migrante, donde personas de otros países han buscado asilo para seguir moviéndose
Sí han recibido ayuda por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
A lo largo de estos cuatro meses de pandemia, las autoridades sanitarias no han mostrado interés por la salud de los extranjeros que se albergan en la Casa del Migrante, lamentó Xicoténcatl Cardona Campos, representante de dicho albergue. El activista dijo que durante esta emergencia sanitaria del Covid-19 sólo una vez tuvieron una visita de personal del Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes (Issea), después de la misma, se les mencionó que posteriormente les harían más visitas, lo cual nunca sucedió.
En entrevista para LJA.MX, Cardona Campos comentó que no recibieron “ningún tipo de apoyo de parte de las autoridades de salud. Nada, nada en lo absoluto; ni siquiera una orientación, cómo establecer los protocolos para casos de coronavirus. O sea, totalmente desprotegidos”.
Añadió que si bien por parte de los tres órdenes gubernamentales no se ha visto interés ni acción en brindarles protección e información a los migrantes sobre esta pandemia, sí han recibido ayuda por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: les han brindado gel antibacterial, un termómetro y cursos de orientación para mitigar el coronavirus.
Más allá de la evidente carencia de pruebas o de apoyos con insumos de protección médica, lo que el representante de la Casa del Migrante lamenta más es que las autoridades gubernamentales ni siquiera les han dado un protocolo para que puedan usar en los albergues y de esa forma garantizar confianza entre los refugiados.
Durante esta pandemia que hasta ayer, 5 de julio, registraba 3 mil 336 casos confirmados acumulados y ya 166 muertes en el estado, por la Casa del Migrante han pasado alrededor de 15 personas de distintas nacionalidades: algunas apátridas y otras en procesos burocráticos para conseguir su condición de refugiado.
Aunque como tal, nunca se les proveyó de un protocolo sanitario, en la Casa del Migrante se les pedía seguir en la medida de lo posible con el lavado de manos constante, el uso de gel antibacterial y el aseo del lugar. Al refugio llegaban personas que hacían paradas de una sola noche para seguir con su desplazamiento transnacional, pero también hubo quienes sí se quedaron más tiempo durante la cuarentena.
Xicoténcatl Cardona Campos comentó que afortunadamente ninguna de las personas que se albergaron en ese lugar tuvo problemas de salud por el coronavirus, sin embargo, lo que parece realmente preocupante es que, antes de la donación de la ONU, no tenían ni cómo detectar si alguien sufría de algún padecimiento relativo a la letal enfermedad del Covid-19.
Finalmente pidió a los gobiernos más interés por ayudar a los migrantes ya que “este asunto del coronavirus no es un asunto de nacionalidad. Nos pega a todos parejo, entonces tenemos que estar protegidos, independientemente de que queramos o no, es una realidad que hay migrantes que necesitan protección, que necesitan ese apoyo. El llamado es a que se busque la forma de que todo el mundo se proteja”.
ntegrantes de diversas asociaciones de protección al medio ambiente, aseguran que facilita el cambio de uso de suelo de las tierras que actualmente están protegidas
Morelia, Michoacán.- La “Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo”, es un retroceso en el cuidado del medio ambiente, ya que es una lesiva iniciativa enviada por el gobernador, Silvano Aureoles Conejo.
Consideran integrantes de distintas asociaciones de protección al medio ambiente, así como ciudadanos quienes aseguran que el dictamen que ya está listo en las comisiones de la LXXIV Legislatura, mercantiliza y privatiza la naturaleza, además de que a su consideración, promueve la devastación ambiental.
“Carece del soporte de diagnósticos científicos y técnicos, con dimensión integral y regional, de las problemáticas ecológicas y ambientales que se pretenden legislar. Además facilita el cambio de uso de suelo y se abre a la administración de empresas privadas las áreas naturales protegidas”.
Fue durante la semana pasada que los activistas por el medio ambiente, se pronunciaron en contra del dictamen que fue turnada en el pasado mes de abril de 2019 y que desde entonces causó polémica, ya que algunos diputados aseguraron que la iniciativa venía “cargada” a favor del gobierno de Aureoles Conejo y no fue construida por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente.
Y es que entonces se señaló a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, Mayela del Carmen Salas Sáenz, de no analizar a detalle la iniciativa presentada por el gobernador michoacano y “pasarla” tal cual, pese a que tiene, a consideración de los activistas en defensa del medio ambiente, “señales” de desaseo medioambiental.
“Entregar a capital privado la administración de estas áreas es una innovación bárbara que no tiene precedente a nivel nacional y es entregarle a capital privado extensiones gigantes de territorio prioritario (…) el Ramal Camelinas existe porque se abrogó un área natural protegida y esto se permite en la Ley Ambiental, pero se hizo de manera incorrecta”.
Los activistas, también señalan que la Ley no profundiza las acciones para el correcto manejo del agua, que debería ser prioridad dado que ya se registran sequías en algunas partes de la entidad.
“Significa un retroceso (…) hay puntos muy delicados y tiene mucho que ver que en esta nueva Ley los cambios de uso de suelo son muy fáciles y se mercantilizan las áreas naturales protegidas. En el tema del agua no logra tener una dimensión importante, no aporta nada nuevo que regule el daño ambiental”.
Importante es mencionar que el dictamen ya está listo para pasarse a consideración del pleno legislativo. Y ha sido la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, quien se ha pronunciado para que, en breve, se vote y en su caso, se apruebe”.
“Sabotaje al Tren Maya” y “Yo prefiero la selva” fueron algunos de los mensajes que portaron los
manifestantes durante la rodada
Distintos colectivos se manifestaron contra la construcción del Tren Maya con una rodada en Ciudad de México.
Los manifestantes iniciaron su recorrido alrededor de las 10 horas partiendo del edificio del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) con rumbo al Ángel de la independencia.
Previo a la rodada, se realizó una intervención artística, que consistió en escribir mensajes como “sabotaje al Tren Maya” y “Fuego a las fronteras”, en distintos edificios de la zona.
“Una rodada es una forma de visibilizar y nunca callar, ya que sin importar qué tipo de gobierno llegue al poder…No apelamos al pacifismo sino a la violencia siendo ejercida a través de lo artístico”, explicó en redes sociales el colectivo “Tlacuacha Compartida”, uno de los organizadores.
Los participantes portaban carteles con frases como “Prefiero la selva” y algunos tenían máscaras de animales propios de la región como jaguares.
La asociación civil “Ecoactivista” fue otra de las participantes en la rodada.
Uno de los empleados de Elektra de Aguascalientes falleció a causa del Covid-19; se detectó un brote en el personal.
Cierran Elektra de Aguascalientes por brote de Covid-19 entre el personal
Una sucursal de Elektra de Aguascalientes cerró sus puertas temporalmente luego que se detectó un brote del nuevo coronavirus SARS-CoV2, causante del Covid-19 entre su personal. Los empleados se manifestaron preocupados debido a una de sus compañeras perdió la vida a causa de este nuevo patógeno.
La tienda ubicada en las esquinas de 5 de mayo y Allende, del primer cuadro de Aguascalientes cerró las puertas al público tras la detección del virus entre su personal, así lo dio a conocer un empleado a La Jornada, quien pidió permanecer en anonimato por temor a represalias.
De acuerdo al colaborador de Elektra, el brote de Covid-19 se detectó el pasado 19 de junio cuando una persona dio positiva y se registraron varios sospechosos. El primer caso falleció el pasado sábado, por lo que la tienda cerró sus puertas al público.
Cierran Elektra de Aguascalientes por brote de Covid-19
“Liliana fue avisar que resultó con coronavirus y en la madrugada de este sábado murió. Cuando el gerente de zona supo que desde el lunes había varios casos, no le importó y nos dijo que nos siguiéramos presentando a trabajar o de lo contrario nos iban a descontar los días que no fuéramos y hasta nos podrían correr”, precisó.
El trabajador relató que desde el primer colaborador dio positivo al virus solicitaron que las medidas fueron aumentadas ya que alguno podría haberse contagiado, sin embargo, dijo, la tienda ordenó el cierre de la tienda hasta que un personal falleció.
“La verdad es que no se estaban cumpliendo los protocolos de sanidad, cada quien se cuida solo. Apenas este sábado por la mañana que decidieron los directivos cerrar y colocar unos anuncios que se iban a mantenimiento pero la verdad es que hay al menos una compañera contagiada y dos compañeros más sospechosos”, detalló.
Covid-19 en Aguascalientes
La Secretaría de Salud estatal informó que en Aguascalientes se han detectado un total de 3 mil 336 casos de coronavirus, de los cuales 2 mil 107 se han recuperado y 166 han perdido la vida. Según el reporte de las autoridades, un total de 110 personas de mantiene internadas en diversos hospital de la entidad por Covid-19
Entre 2013 y 2016, Sedena realizó compras a una compañía que simulaba sus operaciones porque no contaba con empleados ni infraestructura
El Ejército mexicano desvió 240,5 millones de pesos (unos 14,8 millones de dólares) a una empresa fantasma que actuaba en confabulación con otras compañías para encarecer los bienes que ofrecía a la dependencia militar. Entre 2013 y 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó compras a DRM Aceros Internacional por supuestos insumos para la producción de armamento, municiones, explosivos y equipos militares. Sin embargo, la autoridad tributaria determinó en octubre de 2018 que esta era una empresa fantasma que simulaba sus operaciones porque no contaba con empleados ni infraestructura para comercializar los bienes.
La instancia de la Sedena que otorgó los contratos fue la Dirección General de Industria Militar, un órgano técnico que se encarga de producir, ensamblar y mantener el material de guerra y los vehículos militares que utiliza el Ejército para su operación. La mayoría de las contrataciones fueron por adjudicación directa e invitación a al menos tres personas, es decir, sin una convocatoria abierta de contratación (licitación pública). La Defensa Nacional es la única dependencia federal que firmó contratos con esta compañía desde que se constituyó, ya que no hay registros de compras hechas por otras dependencias federales de Gobierno.
El Ejército mexicano es una de las instituciones con más poder en México. Durante los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tuvo un papel preponderante en la llamada guerra contra el narcotráfico. Con la llegada de López Obrador poco o nada ha cambiado. Aunque en campaña el actual presidente planteó la opción de regresar al Ejército a los cuarteles, una vez que asumió la presidencia su discurso cambió radicalmente y se ha encargado de empoderarlos aún más. No solo legalizó la participación de los militares en tareas de seguridad, sino que les ha encomendado liderar diversas tareas: desde el combate a la venta de combustible ilegal (huachicol) hasta la construcción de uno de sus proyectos más importantes: el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
López Obrador ha sostenido que la Sedena es una de las instituciones menos corruptas, pese a que la Auditoría Superior de la Federación —el órgano fiscalizador en México— ha documentado las irregularidades de los militares en las obras públicas que han estado bajo su ejecución. En el cancelado aeropuerto de Texcoco, la obra emblema del expresidente Peña Nieto, la ASF señaló deficiencias en la planeación y elaboración del proyecto ejecutivo que presentó Defensa Nacional para la construcción de una de las pistas del aeropuerto. Los auditores también señalaron que los militares pagaron trabajos que no fueron realizados y que hubo sobreprecios en diversos servicios contratados en la edificación de la barda perimetral del inmueble.
Estas anomalías en el manejo de los recursos públicos por parte del Ejército no fueron las únicas. Esta investigación de EL PAÍS revela que en el sexenio anterior, la Sedena contrató a DRM Aceros Internacional para que le suministrara diversos insumos, pese a que no contaba con experiencia empresarial y simplemente era una firma de papel. La sociedad fue constituida el 19 de septiembre de 2013 ante un notario de Tlalnepantla, en el Estado de México, y dos meses después firmó su primer contrato. De 2013 a 2016 la empresa le vendió a la dependencia diversos materiales para la fabricación de cañones, lanzagranadas, así como piezas que son usadas en los procesos productivos para fabricar los componentes de los fusiles, cartuchos y granadas de mano, se lee en los contratos consultados en Compranet, el sistema oficial de compras de Gobierno. Este diario solicitó a la Sedena saber si los mandos involucrados en las contrataciones fueron sancionados, pero esta pidió requerir esos datos a la Función Pública, quien finalmente no brindó ninguna información.
Soldados marchan durante una ceremonia de graduación, en 2016.REBECCA BLACKWELL / AP
DRM Aceros no solo simulaba sus actividades, sino que para vender a un mayor precio los insumos que le ofertaba a la Sedena se confabulaba con otras empresas, concluyó la Auditoría Superior tras hacer una revisión a tres procedimientos de contratación realizados en 2015. En las rondas de adquisición para comprar 30 mil piezas de barras de acero en enero de 2015, la compañía se puso de acuerdo con otras dos de las sociedades participantes, que solo presentaron sus propuestas para favorecerla. La ASF detectó que una de las accionistas de la compañía ganadora había sido comisaria de la otra sociedad mercantil que compitió.
No solo eso, el acero lo vendió a la Dirección de Industria Militar con un sobreprecio de 143,9%, ya que el material costaba 8,3 millones de pesos (522.637 dólares al tipo de cambio de entonces), pero DRM Aceros lo vendió en 26,7 millones de pesos (1,6 millones de dólares). Además, el órgano fiscalizador señaló que era probable que estuviera incumpliendo sus obligaciones fiscales porque, con los datos proporcionados por Hacienda, se pudo constatar que la firma realizó importaciones de acero, pero en su declaración anual de 2015 nunca informó de estas compras.
En otra ronda de asignación, también de 2015, la Auditoría detectó que DRM Aceros (ganadora del contrato) presentó un certificado que respaldaba que los bienes ofertados los había producido una acerera española. Sin embargo, tras revisar las facturas que amparan la compra, los auditores se percataron de que el acero fue adquirido en México con una empresa nacional, que a su vez lo había comprado a una compañía italiana. “Con esto se estima que el certificado presentado por la empresa adjudicada no es fidedigno”, concluyó el órgano fiscalizador. Esta triangulación, donde DRM Aceros fungió como intermediario, ocasionó que los bienes fueran vendidos con un incremento de 2,3 millones de pesos (144,827 dólares).
En el mismo procedimiento de contratación nuevamente se detectó connivencia entre los participantes. Según la Auditoría, tres de las empresas estaban relacionadas con DRM Aceros, ya que en los movimientos notariales se encontró que compartían accionistas, comisarios y representantes legales. En otra contratación de septiembre de 2015, la compañía ganadora respaldó su propuesta con un certificado que la acreditaba como distribuidora autorizada de los insumos, pero omitió decir que este se lo había expedido otra de las compañías participantes en el procedimiento.
Las compras que la Sedena hizo a esta empresa mediante invitación restringida las justificó asegurando que de esta forma se garantizaba la participación de especialistas en el ramo y que no era conveniente llevar a cabo una licitación pública porque había pocas compañías con los insumos necesarios y capacidad de respuesta inmediata. Este argumento es uno de los más utilizados por el Ejército para evitar los concursos de contratación, dice Marco Fernández, coordinador de área anticorrupción de la organización México Evalúa. “Hay un abuso a las excepciones por las cuales pueden asignar directamente, son 38 justificaciones a la ley”, menciona. Otro problema es que muchos de los contratos no son públicos y los clasifican como reservados bajo el argumento de la seguridad nacional.
Los datos recabados por la escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y México Evalúa muestran el abuso que la Defensa Nacional ha hecho de la asignación directa. Mientras que en 2013, al inicio del sexenio de Peña Nieto, apenas asignaban 270 millones de pesos (21,1 millones de dólares al tipo de cambio de entonces), en 2018, el último año de ese gobierno, la cifra alcanzó los 3.270 millones de pesos (170 millones de dólares). Ahora con López Obrador la Sedena entregó contratos por 5.000 millones de pesos (259,6 millones de dólares) en 2019 sin lanzar una convocatoria de contratación, detalla Fernández. Estas asignaciones que carecen de transparencia pueden dar margen a actos irregulares en las contrataciones. “La Sedena debe rendir cuentas y debe haber un escrutinio para evitar corrupción. No se vale decir que porque son el Ejército hay un honor intangible que hace que sus contratos estén rodeados de un aura que los protege (de anomalías)”, menciona.
Sanciones endebles
Estas contrataciones a DRM Aceros se dieron durante la gestión, primero, del general Gerardo Rubén Serrano Herrera como titular de la Dirección de Industria Militar, quien estuvo en el cargo desde principios de 2012 a enero de 2015. Tras una serie de reacomodos, Serrano Herrera quedó como titular de la primera región militar, que comprende la capital del país, el Estado de México, Hidalgo y Morelos. Luego, en diciembre de 2016, fue enviado a comandar la XI región militar, que abarca los estados norteños de Coahuila y Chihuahua. Actualmente se encuentra retirado de las fuerzas armadas.
En enero de 2015 asumió la Dirección de Industria Militar el general Genaro Fausto Lozano Espinosa, que estuvo en el puesto hasta diciembre de 2016, cuando pasó a retiro. En una ceremonia realizada el 1 de diciembre de 2016 en el Heroico Colegio Militar, el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos entregó una condecoración a Lozano Espinosa como reconocimiento a su trayectoria de casi 50 años en las Fuerzas Armadas. En su discurso destacó que el general siempre fue un hombre visionario, con liderazgo y don de mando, que se desempeñó de manera eficiente como comandante de diversas regiones militares. “Como director general de la Industria Militar, impulsó importantes e inéditos proyectos para satisfacer diversas necesidades del Ejército y de la Fuerza Aérea”, manifestó Cienfuegos.
Tras el retiro de Lozano Espinosa, la Sedena nombró a un nuevo director para el área de Industria Militar. Tres semanas después del evento encabezado por Cienfuegos, la Auditoría Superior emitió el dictamen donde señalaba las anomalías en las compras hechas por la Dirección General de Industria Militar durante 2015, en el periodo del recién condecorado general. En sus observaciones el órgano fiscalizador alertó sobre deficiencias en la selección de proveedores y concluyó que faltaron mecanismos de control en el manejo de los recursos, y que la confabulación de DRM Aceros con otras tres compañías se tradujo en que se ofertaron precios más altos.
Los últimos contratos con DRM Aceros se firmaron en 2016 y el último pago que la dependencia militar realizó a la empresa fue en enero de 2017 por concepto de un finiquito, es decir una compensación por haber terminado la relación contractual antes de lo estipulado. En octubre de ese año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la instancia fiscal que verifica la legalidad de las operaciones de estas empresas, tuvo sospechas de que DRM Aceros Internacional emitía comprobantes fiscales sin contar con los activos, el personal o la infraestructura para producir o comercializar los insumos. El 8 de octubre de 2018, el SAT finalmente concluyó su indagatoria y exhibió a la empresa en su listado de empresas fantasmas catalogadas como “definitivas” después de que no pudiera revertir las acusaciones.
La Contraloría del Ejército decidió inhabilitar y multar a la empresa de acero con 98 mil 140 pesos (alrededor de 5.000 dólares) hasta octubre de 2019, casi tres años después de que la Auditoría le notificara las anomalías en las que incurrió. La sanción fue porque se comprobó que había presentado información falsa, vendió insumos con sobreprecio y actuó como intermediario de los bienes que comercializó a la Defensa Nacional. En una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación se pedía a las dependencias federales y a los estados “abstenerse” de contratar a la compañía durante tres meses. Aunque la inhabilitación concluyó en febrero pasado, a la fecha la empresa continúa impedida para celebrar contratos públicos porque no ha pagado la multa.
En los contratos firmados con la Sedena, la empresa reportó diversos domicilios. En 2014, el dueño de la empresa, Oliver de León Barredo, dijo que sus oficinas estaban en “calle 5 de febrero número 6, colonia Ahuehuetes”, en la localidad de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Sin embargo, esta dirección no existe. En el asentamiento no hay ninguna calle 5 de febrero. En otro procedimiento de contratación, la compañía proporcionó como dirección el número 20 de la avenida Las granjas, en la colonia Las Colonias, también en Atizapán. En el lugar hay una vivienda de dos plantas que no cuenta con rótulos que hagan referencia a alguna empresa. Las direcciones de los supuestos dueños tampoco pudieron ser localizados, ya que las calles y colonias son imprecisas.
El residencial Los Laureles, en el número 61 en la calle 5 de febrero (Estado de México).SEILA MONTES / EL PAIS
Guadalajara, Jalisco. Este domingo fueron colocadas varias mantas en la Zona Metropolitana de Guadalajara para denunciar las desapariciones y los feminicidios en el estado de Jalisco.
En las glorietas de La Minerva y de los Niños Héroes, así como en la calzada Independencia en la zona de San Juan de Dios y en pasos vehiculares elevados de la ciudad aparecieron mantas que fueron colgadas por un colectivo “auto organizado” en asamblea contra el miedo.
Los mensajes decían “Tierra de desaparecidos”, “Nueva normalidad mismo estado criminal”, “Miedo es que seas una de las 10 asesinadas al días, cuánto más vamos a soportar?” y “Miedo es que seas uno de los 7 desaparecidos del día. El estado es cómplices. ¿Cuánto vamos a soportar?”.
El Hospital Regional de Tuxtepec. Foto: Twitter @amorenos60
OAXACA, Oax. (apro).- Trabajadores del Hospital Regional de Tuxtepec iniciaron hoy un paro de labores para protestar por la falta de equipo médico, cuando esa región ocupa el segundo lugar en incidencia por casos de covid-19 y defunciones en la entidad: 771 y 124, respectivamente.
“¿A dónde está el apoyo mtro Murat?”, “No te olvides del personal eventual Murat”, “No podemos seguir trabajando sin material, ¿dónde está SSO (Servicios de Salud de Oaxaca)?”, “Ya se terminó el material donado, ¿qué sigue?”, “¿Dónde estás secretaria de Salud?”, “Hemos trabajado con material donado”, “Exigimos atención digna en el ISSSTE”, “Área de covid sin insumos” y “Contratos sin seguridad social”, fueron algunas de las pancartas que tapizaron la entrada principal del nosocomio.
Los trabajadores sindicalizados de las secciones 35, 71 Y 94 del Sector Salud advirtieron que mantendrán el paro indefinido hasta que las autoridades de salud del gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa atiendan sus peticiones, porque el material donado ya se les terminó.
Además, se quejaron de la falta de personal porque 71 trabajadores se encuentran confinados, 30 están incapacitados, mientras que 18 que aún se rehabilitan ya volvieron a trabajar.
Aclararon que no dejarán de atender urgencias ni el área covid, pese a los riesgos que corren. Y recalcaron que el material con que cuentan es donado o comprado por el propio personal para evitar los contagios.
La enfermera Juana Pérez, asignada al área covid-19, denunció que desde marzo el hospital no ha sido atendido oportunamente por la autoridad sanitaria estatal: “Desde que inició la pandemia hemos atendido a las pacientes que llegan al hospital con material donado y el que ha salido de nuestros bolsillos”.
Abundó: “Estamos ante una pandemia y, sin embargo, no hemos recibido de la autoridad estatal el material necesario”.
A su vez, la delegada de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Paola Ramírez, criticó que el gobierno no ha volteado a ver la región del Papaloapan, y el poco material otorgado por las autoridades –dijo– no garantiza la salud de los trabajadores.
Actividades tienen presupuesto de 156.3 mmdp; empresas tendrán 5,210 mdp al año hasta 2053
El Tren Maya será un jugoso negocio para todas las empresas que ganen la concesión para la operación y darle mantenimiento por un periodo de 30 años.
La derrama económica entre compañías que liciten estas actividades es de 156.3 mil millones de pesos, una cantidad similar a lo que costará la construcción de la megaobra, de acuerdo con la última actualización del proyecto realizada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Esto significa que las ganadoras tendrán garantizados 5 mil 210 millones de pesos anuales en promedio hasta 2053.
Hasta ahora, los trabajos de mantenimiento de las vías férreas significan una derrama económica de aproximadamente 90 mil millones de pesos (incluyendo IVA) en tres décadas contadas a partir de la entrada en operación del proyecto, en 2023 próximo.
Las firmas que liciten los trabajos para mantener el derecho de vía, incluyendo la plataforma de la misma, el sistema de drenaje mejor y complementario, las estructuras de concreto y viaductos, túneles, edificaciones, instalaciones eléctricas de bajo voltaje, vías en línea principal, laderos, patios y talleres, así como la renovación de rieles, de juegos de cambio y de durmientes, y la renivelación y desguarnecido de vía, dispondrán de un presupuesto anual de 3 mil millones de pesos.
El proyecto contempla la posibilidad de contratar empresas especializadas prestadoras de cada uno de estos servicios o agruparlos.
Por lo que toca a la operación del Tren Maya, el documento obtenido por EL UNIVERSAL señala que la compañía que obtenga la concesión para su funcionamiento dispondrá de un presupuesto de 66.3 mil millones de pesos (incluyendo IVA) para 30 años, monto equivalente a 2 mil 209.6 millones de pesos anuales en promedio.
La actualización de la obra no modificó las partidas para la operación y mantenimiento del proyecto ferroviario, aunque aumentó de mil 440 kilómetros a mil 502 kilómetros la extensión de su recorrido. Fonatur reconoce, sin embargo, que los cambios al plan original le restaron rentabilidad al Tren Maya aun antes de subirse a las vías, respecto de la versión original.
Inicialmente se estimó un valor presente neto (VPN) en 206.6 mil millones de pesos y una tasa interna de retorno (TIR) de 21.2%.
Ahora se estima que el VPN será de 189.9 mil millones de pesos, es decir, una disminución de 8.08%, en tanto que la TIR baja a 19.6%.
Aun así, considera que los nuevos indicadores de rentabilidad muestran que el proyecto es socialmente rentable, pues el valor presente de los beneficios derivados del mismo supera sus costos de inversión, operación y mantenimiento.
El organismo generó un análisis de sensibilidad a la TIR para evaluar el impacto de variables clave en la rentabilidad social de la obra y encontró que soporta un incremento en la inversión de hasta 256% para que deje de ser rentable, puesto que un monto de 352.2 mil millones de pesos de inversión sin IVA haría que el VPN fuera igual a cero. Por otro lado, los beneficios deberían ser equivalentes a 54.3% para generar que el VPN sea igual a cero, con una TIR de 3.4%.
Este diario dio a conocer ayer que, a causa de cambios en el proyecto original, el Tren Maya costará 16 mil 916 millones de pesos más. De acuerdo con el Fonatur, la magna obra tiene un costo total de 156 mil millones de pesos, aunque inicialmente la inversión estimada fue de 139 mil 84 millones.
Información del organismo muestra que cavernas y cenotes de dimensiones considerables en el Tramo 4, que suponían “una complicación técnica, cuya solución involucraba un encarecimiento del costo y plazo de la obra, y un riesgo durante la ejecución de ésta y durante su explotación”, obligaron a llevar a cabo modificaciones en el trazo denominado Golfo 3, entre Izamal-Tulum, con una longitud aproximada de 196 kilómetros.
Ese cambio incluye ahora 61 kilómetros adicionales de vía respecto del proyecto original. Además, se proyecta la construcción de una vía doble que implicará velocidades máximas de hasta 160 kilómetros por hora y una estación para facilitar la conexión con Holbox.
MÉRIDA, Yuc. Organizaciones civiles exigieron hoy al gobernador Mauricio Vila Dosal políticas públicas para combatir los crímenes de odio, y a la Fiscalía General del Estado (FGE) el pronto esclarecimiento de dos sanguinarios homicidios que esta semana cimbraron a los yucatecos.
En un comunicado firmado por 24 agrupaciones civiles defensoras de los derechos humanos en general, de las mujeres, de la comunidad de la diversidad sexual y de los enfermos de VIH, entre otras, manifestaron su preocupación como sociedad civil organizada ante los cruentos asesinatos ocurridos el 28 de junio y el 1 de julio en esta capital.
El primer caso se trata de un hombre de 70 años, extranjero con residencia en el fraccionamiento Yucalpetén, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de su domicilio con heridas de arma blanca presuntamente ocasionadas por un trabajador sexual.
El segundo caso es el de un joven de 22 años, cuyos restos desmembrados y en estado de putrefacción fueron encontrados en el interior de un pozo y en un lote baldío en la colonia Leandro Valle. La víctima había sido reportada por sus familiares como desaparecida a finales de junio.
“Ambos casos demuestran la saña con la que fueron perpetradas las muertes, colocando estos hechos más allá de un asesinato, sino que refleja un componente de odio, ampliamente investigado y documentado por diversas instituciones de justicia así como académicas”, argumentaron los activistas.
Alertaron que lo anterior “coloca a Yucatán en un estado de alerta dado que la situación es sumamente grave al poner en riesgo a un sector de la población y que al mismo tiempo implica un incumplimiento de los compromisos tomados por parte del gobierno del estado”.
Tras manifestar su “profunda indignación, preocupación y repudio por estos asesinatos” destacaron que la manera en la que ocurrieron “arrojan indicios de que estos actos pudieran estar relacionados con la orientación sexual de las víctimas”.
Debido a ello, urgieron a la FGE a esclarecer ambos hechos criminales “de manera pronta, en estricto apego a derecho y que la investigación se conduzca en los más altos estándares en materia de derechos humanos”.
Así mismo, exigieron al gobierno del estado desarrollar “políticas públicas efectivas que tengan como objetivo combatir y eliminar el prejuicio, los estereotipos y la discriminación hacia las personas en razón de su orientación sexual así como el combate a todas las expresiones de homofobia y transfobia presentes en los diferentes ámbitos de la vida pública y privada”.
También instaron al Congreso del estado a tipificar los crímenes de odio en el Código Penal “como una forma de sancionar los grados extremos de discriminación que tienen como resultado la muerte de las personas”.
Y anticiparon que como sociedad civil organizada estarán al pendiente de la Como sociedad civil organizada estaremos al pendiente de la resolución de los casos y de las medidas implementadas “para que estos actos criminales no vuelvan a ocurrir”.
Texto y foto: Adriana Esquivel/Raíchali
Chihuahua.- La contingencia por Covid-19 y su consecuente “nueva normalidad” evidenció las profundas desigualdades que, históricamente, han sido denunciadas e ignoradas en la Sierra Tarahumara.
Los pueblos y comunidades indígenas que ancestralmente habitan en los 22 municipios que conforman esta región de Chihuahua, enfrentan hoy la falta de alimentos, la pérdida paulatina de su control territorial, un sistema educativo deficiente y racializado, así como la consolidación del gobierno de facto en manos de actores privados ilegales.
Esas problemáticas no son consecuencias derivadas de una pandemia, sino la manifestación de una estructura añeja de despojo y dominación racializados que urge desmantelar, expresó el Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas.
En un balance a 100 días de que se hizo efectivo en Chihuahua el decreto de confinamiento como estrategia para frenar los contagios de coronavirus, la asociación observó una serie de contrastes que afectó a la vida comunitaria.
Por ejemplo, el aislamiento dañó directamente la vida indígena que encuentra en sus celebraciones colectivas sus medios de sanación comunitaria y contención de las enfermedades.
Con la suspensión del proceso educativo en el que se encuentran 58 mil 241 niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas (según cifras de Inegi), generó un desbalance de la economía familiar de miles de hogares indígenas, al ser los albergues la principal fuente de alimentación para los estudiantes.
“A esa precarización alimentaria se sumó el alza de precios en las tiendas locales- administradas por familias no indígenas-, azuzada por la confusión generada por los medios de comunicación y por el cerco sanitario que, en algunas comunidades, bajo el control de grupos armados del tráfico de drogas, administró selectivamente el ingreso de proveedores de bienes y servicios”, destacaron.
Restringir la movilidad a los pueblos y comunidades indígenas, mostró la prevalencia de estrategias asistencialistas que merman la vigencia de proceso de construcción de autonomía, pues, la reacción inmediata tanto de la sociedad civil organizada, como del gobierno y del crimen organizado, fue entregar despensas.
En contraste, ningún decreto ni estrategia detuvo la tala legal e ilegal en manos de grupos de la delincuencia organizada, una problemática que se ha denunciado históricamente y que ha detonado el éxodo de familias y comunidades enteras.
“Camiones continúan extrayendo madera para ser procesada en aserraderos de la región, legales o clandestinos, sólo las comunidades con lazos y apoyo externo que permiten hacer denuncias y/o visibilizar de este despojo, pueden hacer más difícil las actividades a los taladores; lo cual genera altos riesgos para las propias comunidades y aquellas organizaciones que los acompañan”, denunció Cecaddhi.
La presencia del crimen organizado se mostró incluso como autoridad sanitaria, con lo que afianzaron su control territorial y político al implementar a discreción medidas sanitarias y asistenciales en coordinación con las autoridades municipales.
“Entre estas medidas encontramos la instalación de cercos sanitarios para controla la movilidad dentro y fuera de algunas comunidades, el otorgamiento de despensas y la implementación de multas a quienes infringen las reglas de la sana distancia, celebrando reuniones comunitarias”, añade el posicionamiento.
En ese contexto, la asociación hizo hincapié en que los efectos de la contingencia por Covid-19 son un reflejo de sus propias prácticas y contribuciones a la dependencia y aniquilamiento de los imaginarios autonómicos, por lo que cuestionó:
-¿A qué responde la poca presencia de opciones comunitarias de organización previas a la solicitud de despensas?
-¿Por qué insistimos en que las comunidades necesitan a las organizaciones de la sociedad civil para hacer frente a la pandemia?
-¿Qué haremos cuando, en el marco de la nueva normalidad, pueblos y comunidades sigamos habitando la misma normalidad desigual y deshumanizante?
Entre la población migrante se ha tratado que tomen de forma individual sus medidas preventivas.
Migrantes | Cortesía
Junio cerró con mas de 2 mil mexicanos deportados por Reynosa, frontera donde han llegado cerca de 30 migrantes con dictamen de “recuperado” de covid-19.
“Llevamos alrededor de 2 mil 30 atenciones por parte del ITM, como es bien sabido de todos que la repatriación que se venía atendiendo por Matamoros se cambió a Reynosa”, dijo Ricardo Calderón, delegado del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) en la ciudad fronteriza.
Indicó que entre los deportados se han encontrado decenas de migrantes que dieron positivo y se recuperaron de la enfermedad.
“Hemos detectado personas que en su momento dieron positivo y luego le hicieron la prueba y resultaron negativo, personas que lograron salvarse de esta enfermedad”.
Entre la población migrante se ha tratado que tomen de forma individual sus medidas preventivas, considerando que Texas registra más de 168 mil casos de coronavirus.
Ciento de residentes de Nuevo Laredo se vieron sorprendidos este viernes con una serie de mensajes que se observaron en el cielo, todos escritos en inglés a través de una avioneta.
Foto: Mario Portillo
Nuevo Laredo, Tamaulipas. – Ciento de residentes de Nuevo Laredo se vieron sorprendidos este viernes con una serie de mensajes que se observaron en el cielo, todos escritos en inglés a través de una avioneta.
Los mensajes fueron visibles en gran parte de la ciudad y mientras algunos bromeaban sobre que se trataban los OVNIS que habían llegado, lo cierto es que fue una protesta por parte de un grupo de artistas internacionales.
Los mensajes fueron escritos en inglés por una avioneta con las frases “Is not your fault” (No es tu culpa) y “No such place” (no es el lugar).
“In Plain Sight es una coalición de 80 artistas unidos para crear una obra de arte dedicada a la abolición de la detención de inmigrantes y la cultura del encarcelamiento de los Estados Unidos”, versa un comunicado de la cuenta de Twitter de MOCA (@MOCAlosangeles).
La noticia fue publicada con los hastags #InPlainSight #XMAP #FreeThemAll #AbolishICE #DefunHate.
“Un espectáculo mediático, altamente orquestado y acción poética, este proyecto concibe cinco partes”, se explica.
Según la página de InPlainSight las cinco partes constan de lo siguiente: una elegía poética promulgada a escala nacional (En Estados Unidos), un sitio web interactivo, una antología docuseries. Acciones accesibles para que el público tome para unirse al movimiento contra la detección de inmigrantes.
Además de esto se incluyen a asociaciones culturales que producen educación y compromiso relacionados con las artes.
Presumiblemente la avioneta despegó de Laredo, Texas desde donde se escribieron los mensajes.
Se trata de la maquiladora Aptiv-1, donde los empleados exigieron la presencia del personal de Coepris), para que realice la sanitización en las líneas de trabajo y área administrativa.
Foto: Carlos Pineda
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La maquiladora APTIV1 que se encuentra en Ciudad Victoria podría regresar a paro “técnico”, tras confirmarse tres casos positivos del virus Sars-Cov-2 conocido como Covid-19 en su planta de laboral.
De acuerdo a información filtrada por trabajadores de la misma empresa, se espera que en las próximas horas se designe una comisión para analizar, con directivos y representación sindical, la suspensión provisional de actividades.
“La secretaria del sindicato María Zúñiga, ya tiene conocimiento de esa situación, así como del temor que tenemos por el riesgo de que se puedan contagiar más compañeros”, manifestó un empleado de dicha planta que pidió el anonimato.
En tanto se define esa situación, exigieron la presencia del personal de fumigación de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), para que en contraturno realice la sanitización en las líneas de trabajo y área administrativa.
Y es que hasta hoy viernes no habían sido notificados si el sector de la maquila suspenderá actividad tras el decreto que emitió el gobierno del Estado, para disminuir la movilidad social y laboral con lo que se busca reducir los contagios del Covid-19.
Preparan demanda colectiva en contra de Diusvi Diamonds y todas las “pagadoras’’ que fueron cambiando conforme pasó el tiempo.
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La industria de la joyería en Cozumel está en grave crisis y sus negativos efectos económicos han impactado a las empresas dedicadas a la venta de diamantes y relojes finos, pero más ha afectado a sus trabajadores quienes están siendo despedidos en condiciones desfavorables y abusivas, sobre todo los de mayor antigüedad.
Una de las empresas que está pasando ese trago amargo es Diusvi Diamonds S.A. de C.V., que desde mayo pasado a la fecha ha despedido al 20 por ciento de su personal sin liquidación alguna o conforme a la ley, por lo que un grupo de afectados presentarán el próximo 15 de julio una serie de demandas laborales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo.
María Dolores Beltrán Cisneros, abogada de cinco de ellos, explica que la querella laboral irá dirigida contra la “pagadora’’ Ongerup Servicios S. A. de C. V., que es la que está citando a los trabajadores para ofrecer una “miserable liquidación’’ cuando son empresas que obtienen enormes ganancias como para no poder dar lo que corresponde a derecho.
Héctor Tabares que en 25 años trabajó en la empresa mencionada con un contrato original de Diusvi Diamonds como gerente, manifestó que antes de que fuera llamado para que le informaran que estaba despedido, nunca tuvo problemas con la empresa que tiene sucursales en Estados Unidos, Canadá, México y varias naciones del Caribe.
En la entrevista con este reportero también estuvieron presentes Betzabé Cocom, Abelardo Páez, Eugenia Picil y Alfredo Jiménez, todos ellos empleados en la sucursal de la Isla de Cozumel, donde la empresa cuenta con una tienda especializada en la venta de joyería, diamantes y relojes de marcas relevantes.
La abogada Beltrán Cisneros, explicó que no realizarán una demanda colectiva, porque cada uno de sus representados fue llamado de forma individual y enfrentarán las acusaciones no solo contra Diusvi Diamonds, sino con todas las empresas “pagadoras’’ que fueron cambiando conforme pasó el tiempo.
Hasta la fecha los despedidos no han firmado la renuncia “voluntaria”, comentó la abogada y dijo que se tienen identificadas al menos ocho outsourcings a través de las cuales se le pagaba la nómina: Bruovia S.C. de R.L de C.V., Habilidad Estratégica S. de R.L de C.V., Asesoría y Servicios Logísticos LOGA S.A. de C.V., Acopisa Comercializada y Distribuidora S.A. de C.V., así como Ongerup Servicios S.A. de C.V.
Además, Distribuidora y Comercializadora Elegaide S.A. de C.V., Publicidad y Diseño Alvaz S.A. de C.V. y Shadow-Play Publicidad de S.A. de C.V., mismas que tienen en sus manos el destino de 400 a 500 empleados de dicha empresa donde han servido sólo en Quintana Roo entre 17 a 25 años, algunos de los despedidos.
Todos dicen estar conscientes de la situación que impera ante la crisis que ha provocado el COVID-19, pero coincidieron “lo que no entendemos es, sí tenemos un historial no conflictivo, fuimos capacitados y teníamos diversas prestaciones, que sea una empresa ajena y personal que no conocemos quien esté imponiendo las condiciones del despido’’, denunciaron.
Como gerente de una de las diez tiendas con que la empresa contaba en el estado antes del Covid, Héctor Tabares operaba como gerente en Puerto Maya y en Los Cabos, Baja California, y su compañera Betzabé Cocom era la mejor vendedora en Cozumel por 20 años; Abelardo Pérez, experto relojero y valuador con 17 años de trabajo; Eugenia Picil, cajera por 17 años y Alfredo Jiménez, experto valuador de diamantes con 17 años. Todos preparan su denuncia de forma individual para presentarla ante los tribunales laborales.
Aseguran que los medicamentos llegan a cuentagotas o simplemente no llegan y muchos de ellos tienen que adquirirlos en el extranjero, pero a muy alto costo
Víctor Chavez / El Occidental
Con el sol a plomo, padres, tíos y abuelos de niños con cáncer, algunos a pie y otros desde el auto, acompañaron una marcha y alzaron la voz en cuanto a la exigencia de medicamentos oncológicos que les son necesarios para sobrevivir.
Aseguran que llegan a cuentagotas o simplemente no llegan y muchos de ellos tienen que adquirirlos en el extranjero, pero a muy alto costo.
Su economía disminuye, se extingue, “como la vida de nuestros hijos”, expone uno de los papás, que con su pequeña en brazos, permanece a distancia, reconoce que hace poco se unió a este grupo.
Partieron de la glorieta de la Minerva. Primero la rodearon con lonas y expresiones como. “El Verdadero Adversario es el Cáncer”. Querían que los habitantes de la ciudad los escucharan, “que seamos visibles”, dice Diana, una manifestante.
Luego, avanzaron por la avenida López Mateos, hacia el norte, por el carril lateral y acompañados por personal vial.
Algunos, en sus autos, se adelantaron. Eran personas de la tercera edad o incluso traían a algunos de los pequeños afectados por el cáncer.
Otros, un nutrido grupo, al que algunos elementos policiacos quisieron minimizar: “eran como 30, no más de 40”, caminaron a pie. Ellos calcularon que eran unos 200, entre todos los que participaron.
Recordaron que hasta hace unos meses laboratorios Pisa producía la sustancia para las quimioterapias, pero el Gobierno Federal dejó de comprarles y ante lo incosteable del producto, decidieron cerrarla.
Reclamaron el derecho a vivir y a que la autoridad las atienda. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció ya 7 millones de pesos que serán destinados a comprar directamente este medicamento y buscar al director del IMSS, Zoé Robledo, para expresarle el problema que todos ellos están enfrentando.
RIOVERDE, SLP., 3 de julio de 2020.- Unas 30 personas se manifestaron esta mañana en las salas de oralidad para exigir justicia y la pena máxima para el presunto homicida de su esposa ocurrido en la localidad de San Marcos en diciembre pasado, proceso que entró esta semana en su etapa decisiva para la sentencia de los jueces.
Alicia Torres Flores, hermana Alma, la mujer cuyo cadáver fue localizado en un baldío con huellas de violencia el miércoles 11 de diciembre de 2019, dijo que la presencia de las amigas y conocidas de la occisa es para hacer presión a las autoridades y se haga justicia en este caso que indignó a toda la sociedad y que dejó en la orfandad a un menor de edad.
Con cartulinas que decían “pena máxima a los feminicidas” “Justicia por Alma” “Alma no falleció, la mataron”, los manifestantes vestidos de blanco en su mayoría se apostaron frente a la sala de juicios orales en la calle Flor de Azahar, sitio donde se llevó una de las audiencias más recientes y donde estuvo presente Juan Pablo N., su esposo, detenido desde el 13 de diciembre –dos días después de los hechos-, con base en una orden de aprehensión por feminicidio.
Días previos –de acuerdo a la Fiscalía-, el hombre discutió y asesinó a Alma en su propia casa y después la metió en una bolsa negra y la abandonó en un camino cercano a Los Anteojitos, un sitio turístico muy conocido en la zona.
Aunque él mismo en las primeras horas denunció la desaparición, las investigaciones apuntaron a su persona de forma casi natural e inmediata.
El abogado de la familia, David Alejandro Castillo, explicó que se han realizado a la fecha varias audiencias en la parte final del juicio en su contra y la próxima se realizará el dos de agosto.
Foto: recuperada de Quadratín SLP
El detenido fue cuidado en extremo por los policías procesales y permaneció largo rato en las oficinas a pesar que ya había acabado la audiencia.
En Rioverde han asesinado a tres mujeres desde el 8 de diciembre a la fecha cuando una mujer -reportada como desaparecida con anterioridad-, fue encontrada muerta ese día en un camino rural.
Luego, el 10 de febrero, encontraron el cadáver de otra mujer con huellas de violencia; de esos tres feminicidios solamente en han detenido a una persona con base en una orden de aprehensión.
En San Luis Potosí la pena para un feminicida es de veinte a cincuenta años de prisión, y sanción pecuniaria de dos mil a cinco mil unidades de Medida de Actualización, de acuerdo al Código Penal y es un delito tipificado desde 2011.
Pintura en la marcha feminista del 8M. Foto: Sonia Gerth/Cimac
Angélica Jocelyn Soto Espinosa / CIMAC Noticias
Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación (Segob) quitó al Estado de México, Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco y Puebla todo el subsidio federal que ya les había asignado en marzo pasado para la Alerta de Violencia de Género (AVG), con lo que estas entidades se quedarán sin recursos para operarlas.
El Comité de Evaluación encargado de los subsidios federales para las AVG en estados y municipios, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, hizo un “ajuste presupuestal” a la partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios”, que afectó a estos siete estados, dejándolos sin ningún monto federal para llevar a cabo los proyectos para sus respectivas Alertas. El ajuste sería por orden de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Segob.
Así se demuestra en un oficio del pasado 29 de junio firmado por la excomisonada, Candelaria Ochoa, y dirigido al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Cimacnoticias guarda una copia de este documento en el que la comisionada informó al gobernador mexiquense que el “ajuste presupuestal” para su entidad sería de 5 millones 380 mil.
Aunque la comisionada dice que es un ajuste, en realidad se trató de un recorte total del subsidio, ya que –como lo indica el mismo oficio– ese monto equivale a todo el dinero que recibiría la entidad mexiquense por los cuatro proyectos que en marzo pasado el Comité Evaluador le habían aprobado al Edomex: uno para el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (de 2 millones 500 mil pesos) y otros tres para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cada uno por la cantidad de 960 mil pesos. En total estos cuatro proyectos suman 5 millones 380 mil pesos, los mismos que le fueron “ajustados”.
El “ajuste” se justificó bajo el argumento de que la ley dice que “el otorgamiento del subsidio quedará, en todos los casos, sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la Conavim para el ejercicio fiscal 2020” y que: “La transferencia del Subsidio que el Comité asigne a las entidades federativas está sujeta a la disponibilidad de recursos en términos de lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ejercicio Fiscal 2020, por lo que la Conavim no será responsable por el retraso en la transferencia o la cancelación del monto aprobado, derivado de disposiciones administrativas presupuestarias ajenas a Gobernación.”
De acuerdo con lo que explicó la titular del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, Melissa Estefanía Vargas Camacho, a Cimacnoticias, el dinero que recibiría su dependencia estaría destinado a un proyecto para prevenir el embarazo adolescente derivado de la violencia sexual.
La funcionaria explicó que en esta entidad –donde hay dos AVG, una por feminicidio y otra por desaparición de niñas y mujeres– el número de llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres en el Estado de México (Edomex) creció 60 por ciento durante la pandemia, por lo que los recursos para la AVG se usarían para reforzar los mecanismos de atención y protección a las víctimas.
Firmar este oficio sería una de las últimas acciones de gobierno que llevó a cabo la Comisionada antes de su renuncia.
Siete entidades resultaron afectadas
En la misma situación que el Estado de México estarían Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco y Puebla, las cuales, de acuerdo con un informe del 30 de junio, no recibirían subsidios federales para 2020.
En marzo pasado, la Conavim publicó los proyectos y las entidades que habían sido aprobadas para recibir subsidio federal este 2020 para sus Alertas de Violencia de Género. El documento, consultado por Cimacnoticias, desglosa las entidades y los montos que se repartirían. En ese primer documento había 16 entidad seleccionadas, entre ellas las siete arriba mencionadas, y un total de 112 millones 309 mil 550 pesos para repartir.
Aquí puede verse la distribución original:
No obstante, en un segundo documento emitido el 30 de junio (tras la salida de Candelaria Ochoa) la Conavim señaló que el Comité Evaluador tuvo una sesión más el 29 de junio, tras la cual quedaron como beneficiarios del subsidio federal sólo nueve de las 16 entidades seleccionadas originalmente. Los estados que aún recibirán presupuesto son Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí. El monto total que dará la Conavim como subsidio federal para las AVG pasó de 112 millones a 79 millones 930 mil 550 pesos.
A fin de corroborar esta información, Cimacnoticias consultó a Conavim al respecto, quien respondió: “El ajuste presupuestal a la partida 43801 nos fue notificado por parte de la Dirección General de Programación y Presupuesto de Gobernación, informando una reducción líquida a la mencionada partida, con recortes directos a los recursos destinados a las entidades de Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. El estado de Quintana Roo sufrió un ajuste parcial”
Esto no quiere decir que las entidades que se quedaron sin presupuesto ya no están obligadas a operar las Alertas, pues cada gobierno a nivel estatal y municipal debe destinar parte de su presupuesto para echar a andar este mecanismo.
Personal del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes sale a las calles y piden la destitución de directivos por abuso de autoridad
Personal médico del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS, ubicado en el municipio de Naucalpan, se manifestó la tarde de este viernes en Periférico y Lomas Verdes para demandar equipo de protección para atender a pacientes Covid-19 que sea de calidad y completo, además denunciaron a directivos de la unidad hospitalaria por abuso de autoridad.
Durante la protesta, exigieron que se considere la incapacidad como riesgo de trabajo por la complicaciones que pudiese haber para quienes se contagien de de SARS-CoV2, generar los protocolos para todo el hospital porque “se oculta a los pacientes con el virus y al personal contagiado”.
Además, los inconformes salieron con pancartas a pedir la destitución de los doctores Meza, Albarrán, Ordorica, la doctora Jiménez, García y la directora de enfermería, a quienes acusaron de abuso de autoridad y negligencia médica.
“Exigimos una auditoría federal porque sabemos que se cuenta con el insumo pero que no lo otorgan, a pesar de haberlo solicitarlo. Pedimos la intervención del Órgano Interno del IMSS”, señalaron los inconformes.
La protesta se intensificó con el cambio de turno, pero desde las primeras horas de este viernes participaron en un paro activo, es decir, trabajaron bajo protesta, por lo que no todo el personal participó en la manifestación afuera de la unidad.
Daniela Muñoz Jiménez, profesora de la Universidad La Salle asegura que fue despedida por transfobia. Foto: Facebook
María Luisa Vivas / Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado miércoles 27 fue un día especial para Daniela Muñoz Jiménez. Después de iniciar su transición de hombre a mujer en 2017, ese día recibió el último documento que acredita su identidad femenina: su pasaporte.
“Me alegra muchísimo compartir con todes que hoy recibí este regalo. El último documento que faltaba… Mi pasaporte. Finalmente, mi identidad como mujer existe y resiste a ojos de otros países! El mejor día para este regalo! #lgbtqpride” escribió en su perfil de Facebook.
La felicidad que implicaba la culminación de tres años de cambios físicos y legales se vio opacada tres días después cuando recibió una llamada por parte de su jefa, Haidé Negretti Rodríguez, coordinadora del Centro de Impulso y Vida Estudiantil (CIVE) de la Universidad La Salle, quien le notificó que ya no era requerida como docente para el ciclo escolar por iniciar en agosto próximo. Era el último día del “mes del orgullo” por la diversidad.
El argumento, según cuenta en entrevista, fue que solo tenía una clase y al haberse reducido la matrícula de alumnos a causa de la pandemia, la institución había decidido “eliminar” a los maestros que menos clases tenían.
No siempre fue así. Hace cinco años, cuando fue contratada por primera vez tenía al menos cuatro grupos a su cargo, daba dos talleres e impartía seminarios. “Todo iba muy bien siendo Daniel, teniendo la imagen y la identidad de hombre”.
Sin embargo, dice, decidió transicionar dos años después de haber ingresado a la planta docente, y todo cambió.
Un día, cuenta, en la entrada del campus Benjamín Franklin se le acercó “el hermano actual en curso de la Universidad La Salle”, es decir, el rector Enrique Alejandro González Álvarez, y le dijo que no le gustaba su imagen.
“Me dijo que esa no era la imagen de un doctor. Mi imagen de recién transicionada, a eso se refería.
“Yo le contesté, apelando y abogando por los derechos de la diversidad en general, que solamente yo decidía mi identidad y mi apariencia y que nadie más podía ni tenía derecho a decirme cómo verme y quién ser”.
Relegada
A partir de ese incidente, relata Daniela –quien es médico general y cuenta con una maestría en Filosofía Social por la Universidad La Salle– empezaron a quitarle grupos o darle los que tenían menos alumnos hasta que finalmente un semestre ya no le dieron grupos, tampoco le dijeron que había sido despedida y no le dieron liquidación alguna.
“Reuní pruebas, mensajes, correos, audios, WhatsApps… donde les demostraba que el haberme despedido fue un hecho franco de discriminación”.
Luego se dirigió al área de Capital Humano, donde 15 minutos después de una charla le dijeron que ya tenía grupos y le pidieron “de favor” que tomara eso como “un malentendido” y olvidara lo de la discriminación.
“Por amor a mi casa de estudios lo hice, olvidé todo, pero ahora entiendo que hice mal”, lamenta Daniela, cuya formación académica trascurrió desde el kínder en escuelas Lasallistas.
La profesora decidió interponer una denuncia ante la Conapred y la Copred pero su intento no tuvo eco porque no hubo cambio alguno. Siguió sufriendo discriminación en su alma mater de diversas maneras, pero la que más le afectó fue que solamente le daban un grupo y con pocos alumnos.
La finalidad, dice, era “ocultarme, invisibilizarme, por órdenes directas del rector”, el Doctor Enrique Alejandro González Álvarez. Eso fue lo que le confesaron sus jefas directas, Haidé Negretti y Rocío Martínez.
“Me acerqué con ellas un día y les pregunté por qué seguían discriminándome, ocultándome, invisibilizándome y me dijeron que teníamos que ir poco a poco y que no podían mostrar mi imagen tan rápido, que no era lo indicado”.
Momentos después, cuenta, le confesaron que estaban amenazadas: “Si no me invisibilizaban si no me ocultaban, la consecuencia era que iban a correrlas a una de la dos o a las dos, entonces por miedo a perder su empleo seguían órdenes”.
La pandemia, un pretexto
Finalmente, el martes pasado Haidé Negretti le llamó para informarle que ya no era requerida en la Universidad y que estaba despedida. Ello a pesar de que la Universidad informó por sus medios oficiales que ningún docente sería despedido durante la pandemia.
El argumento que le dieron fue, justamente, que solo tenía un grupo y la disminución de la matrícula estudiantil consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia.
Para ella solo fue el pretexto ideal para despedirla por su condición de mujer transgénero y aprovechando el flaqueo que tuvo la Conapred tras la polémica que desató la invitación del youtuber Chumel Torres a un foro sobre discriminación, cuya participación generó el enojo de la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, y derivó en la renuncia de la directora del organismo, Mónica Maccise.
Daniela señala que la Universidad La Salle debe comprobar y transparentar la información sobre la disminución de la matrícula estudiantil y si fue tan significativa para hacer despidos en la planta docente, cuántos y por qué razones.
Enfatiza en el último punto porque, dice, la calificación docente que ha recibido por parte de sus alumnos “es maravillosa” y desde la noticia de su despido le han dado ánimos y fuerzas para seguir resistiendo. A ello se suma que nunca ha tenido una sola falta administrativa.
Su caso, según dice, no es el único pero ella es la primera que se ha atrevido a hacer público su caso.
Daniela enfoca su crítica en el rector Enrique Alejandro González Álvarez pues, afirma, entre la comunidad Lasallista sí existe solidaridad, fraternidad y respeto a la diversidad.
Comité de Igualdad, simulación
Es él, sostiene, quien ha mancillado al grupo de la diversidad que existe en la Universidad a pesar del recién creado Comité Estudiantil para la Igualdad de Género y su símil conformado por personal administrativo encabezado, casualmente, por Haidé Negretti. Para ella ambos comités son solo una simulación para calmar “ímpetus activistas”.
–¿Haría alguna petición a la Universidad y en particular al rector?—se le pregunta.
Sin dudar, Daniela dice que el rector debe renunciar por dos razones: por toda la injusticia que ha provocado a la diversidad y porque justo en junio concluyó su tercer periodo de tres años a que tiene derecho. Extraoficialmente, comenta, se extendió el periodo del rector un año más debido a la contingencia.
Por lo pronto alumnos de la Universidad han iniciado una campaña en redes sociales para denunciar la transfobia que existe al interior de la institución y la protesta ha recibido el respaldo de otros colectivos, entre ellos el de Las Brujas del Mar que convocó al paro nacional de mujeres en marzo pasado.
erechohabientes del Issste Colima denuncian públicamente de que hay varios medicamentos que faltan como son la insulina y el losartan, utilizados en enfermedades como la diabetes y la presión arterial, por lo que piden solución a este desabasto.
Los afectados, quienes pidieron anonimato por miedo a represalias, explicaron que realizaron diversas denuncias ante la institución y no han tenido respuestas, y aunque han pedido citas con el delegado no les da la cara.
Cuando son ya varias semanas con este desabasto, personal médico del Issste solicita a la líder sindical, Dolores González Meza que haga algo por los trabajadores y por los derechohabientes, actuando como interlocutora para que se explique el desabasto, además de que los pacientes pueden morir sin sus medicinas.
“El medicamento es necesario y urgente, ya que si se pone en riesgo la salud y la vida misma de los pacientes”, dijeron.
En este sentido, los pacientes exigen al delegado el Issste en el estado, “suministre de forma inmediata el medicamento para controlar y seguir con el tratamiento de nuestra enfermedad, debido a que al momento de pagar las cuotas tenemos derecho a una buena atención especializada y al medicamento”.
Denuncian trabajadores que el gobernador panista, Antonio Echevarría está despidiendo a personal que tiene hasta 12 años laborando para hacerle campo a sus amigos, compadres y amiguitas, para dejarlos basificados antes de que termine su nefasto cuatrienio
Verónica Ramírez / Realidades de Nayarit
Tepic, Nayarit.- Jueves 02 de julio del 2020.- Trabajadores del Sector Salud, denuncian que irracionalmente el gobierno de Antonio Echevarría está despidiendo personal en plena pandemia, muy al contrario de lo que está haciendo el gobierno federal, que está contratando a más de 60 mil trabajadores del Sector de la Salud para atender esta emergencia sanitaria que afecta al país y al estado. Al menos eso es lo que quiere hacer ver el gobernador, porque en realidad, lo que está haciendo es correr a personal que se la ha rajado durante este tiempo en los hospitales, para meter a trabajar a las diversas áreas del sector salud, a amigos, compadres y amiguitas con la intención de dejarlas basificadas antes de terminar su gobierno, agregaron los denunciantes.
Despide la Secretaría de Salud de Nayarit a diez trabajadores suplentes sin pagarles un mes de sueldo en plena pandemia por el Covid-19 y todo para acomodar a familiares, amigos y queridas de los altos jefes, denunciaron trabajadores del sector salud.
Como papel desechable, los hicieron a un lado a pesar de contar con 7, 10 y hasta 12 años de labor en diversas áreas del sector salud.
Edgar González, uno de los afectados por este despido y quien laboraba en el Hospital Civil de Tepic, lamentó que de la noche a la mañana, los dejarán sin el sustento para sus hijos pero además, ni siquiera les hablaron con la verdad.
Y es que con un discurso tonto y superficial, la administradora de este nosocomio, de forma déspota, les indicó que se iban de “descanso” de manera indefinida porque no hay trabajo ni a quien suplir.
“Es un aparente despido injustificado y en plena pandemia nada más así porque sí, nos empieza dizque a descansar que es un despido disfrazado”.
En medio de la emergencia sanitaria, no hay trabajo en ningún lado y los envían a la calle sin el pago de dos quincenas que les adeudan bajo el pretexto de que se van de “descanso”. Pasan los días y la respuesta es la misma, no hay espacio para suplir cuando se observa que muchos trabajadores están incapacitados por tener coronavirus.
“Sí hay espacios, yo estaba en el área administrativa, después me cambiaron a servicios generales donde cumplía la función de camillero, se están ocupando camilleros, se está ocupando personal de limpieza y que no hay lugar, ni hay nada”, explicó Edgar González.
Lo lamentable es que estos lugares “vacantes” son ocupados por familiares de las Jefas de Área que apartan los lugares para su círculo más cercano e incluso, recientemente incorporaron a dos personas a diferentes áreas.
“Que no salgan con el cuento que no hay espacio, de qué se trata”, no sabemos si son indicaciones de más arriba, lo único cierto es que nos hemos quedado sin trabajo.
Ante la decisión del gobierno de Guatemala de cerrar su frontera con México
Más de 600 migrantes centroamericanos deportados de Estados Unidos, permanecen varados en Tamaulipas | Antonio Sosa | El Sol de Tampico
Más de 600 migrantes centroamericanos deportados de Estados Unidos, permanecen varados en Tamaulipas y agravando el problema migratorio en ciudades como Reynosa y Matamoros, ante la decisión del gobierno de Guatemala de cerrar su frontera con México.
Mara Caballero Paredes, vicepresidenta nacional de Transmigrantes de la Confederación Nacional de Cámaras de de Comercio explicó que por más de tres meses, las familias de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que van de paso por nuestro país, no han podido llegar a sus regiones de origen, sin que las embajadas o la Secretaria de Relaciones Exteriores hayan obtenido salvoconductos para crucen territorio guatemalteco.
La prohibición ha agravado los problemas migratorios, no solo en ciudades tamaulipecas, sino de otros estados como Chihuahua, Baja California y Coahuila, pues los centroamericanos que desean regresar, no pueden transitar por Guatemala, al cerrar sus gobierno las fronteras con México por la pandemia del Covid-19.
Explicó que ya llevan a cabo gestiones ante las embajadas centroamericanas y Relaciones Exterior de México, para que el gobierno de Guatemala, les otorgue salvoconducto, especialmente hondureños para que puedan pasar por este país y reunirse con sus familias.
Actualmente solo los guatemaltecos pueden pasar la frontera lo cual está agravando el problema migratorio y el comercio exterior no solo en la frontera sur si no en la frontera norte de México ya que los migrantes y transmigrantes optan por quedarse en nuestro país, empeorando los problemas económicos, sociales de seguridad y de salud.
Hasta marzo pasado, el gobierno el estado, reportó que desde Nuevo Laredo a Matamoros, tiene registrados a 13 mil migrantes de diferentes nacionalidades que sobreviven en esas ciudades
Susana Prieto ganó notoriedad mediática en poco más de un año. Pero su historia es mucho más larga: ha sido obrera, actriz, 30 años de abogada, estrella de youtube, educadora de obreros, y hasta feminista y zapatista. Este es un perfil de la abogada laborista que este miércoles fue liberada
Pietá: Tu fábrica, esta casa, no las hemos robado, ¿no es verdad?
Meyer: todo ganado honestamente, en libre competencia.
Egon Wolff. Los Invasores
Texto: Lydiette Carrión
Foto: RodC y Omar Dazaeff
Es una fotografía que se ha repetido una y otra vez en redes sociales. Una fotografía que incomoda. Susana Prieto es una mujer de edad mediana, con rostro agraciado y cabello negro. El maquillaje perfecto y unos lindos aretes de moda cuelgan de sus orejas. Se ve “señora bien”. Pero algo desentona: lleva una camiseta roja con un puño negro y la leyenda: “Obreros en lucha”. En otra foto, varios hombres la rodean mientras marchan: Los obreros de Matamoros y su abogada.
Ella lo resumió en una entrevista con Pie de Página: “Unos nos me llaman socialista y otros me llaman millonaria… También me dicen que soy maléfica, que los trabajadores le vendieron su alma al diablo y el diablo me envió”.
Susana Prieto ganó notoriedad mediática en poco más de un año. Pero su historia es mucho más larga: ha sido obrera, actriz, abogada “buena”, abogada “mala”, estrella de Youtube, educadora laboral, y a veces hasta feminista y zapatista. Lo único que no ha dejado de ser es norteña.
Juarense
Ciudad Juárez, mediados de los años ochenta. Un narrador de lujo que describe esa frontera pocos años antes de la destrucción: El actor Joaquín Cosío.
“Era un juárez muy disfrutable. Como buena frontera siempre fue intenso, violento de alguna manera, pero tenía una vida nocturna muy atractiva. No era el Ciudad Juárez de hoy que ha sido vejado dramáticamente por el narcotráfico. Era una ciudad caminable… Tierras de nadie, crisoles de varias culturas, de historias emotivas, de personajes singulares… Y la frontera nos ha marcado… Ella, Susana Prieto, es una juarense absolutamente legítima y totalmente coincidente con los estereotipos de la mujer norteña: frontal”.
Susana creció en la casa familiar, en la colonia Melchor Ocampo, o mejor conocida en Juárez como la “Malhechor Ocampo”: un barrio urbano popular a pocos kilómetros de la frontera, casas de un piso, calles relativamente ampias –indefectible influencia de su ciudad gemela, El Paso– y los cielos imposibles del desierto.
Ahí creció Susana en una familia típicamente norteña, clasemediera y pujante. Susana se pagó la escuela trabajando en las maquilas. Su hija, María Fernanda Nieto dirá después que ahí fue cuando se convenció de que esos ambientes eran terribles.
“Ella estuvo en contacto con los abusos y las faltas de respeto que se viven en la maquila… hasta condicionan a mujeres, de: ‘ah, ¿pues quieres horas extra? ¿qué me vas a dar?’. Ella supo que ese no era un ámbito en el que quería estar”.
El machismo, rodeando la vida de Prieto, como la de todas las mujeres. María Fernanda también recuerda otra anécdota que su madre le habrá contado en alguno de esos momentos de intimidad entre madre e hija: Susana odiaba la carrera de leyes.
“Ella no quería estudiar Derecho, inicialmente quería ser ingeniero petroquímico. Pero mi abuelo la convenció de que no. Le decía que era una mujer demasiado bella para estar enmedio del océano en una plataforma petrolera con quién sabe cuántos hombres.”
Así que entró a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hija de la universidad pública, de cuando todavía era una herramienta de movilidad social. Y también le interesaba el teatro y se metió a la compañía de teatro de la universidad. Conoció a un joven Joaquín Cosío, entonces egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación.
Era una compañía de teatro que buscaba romper con el teatro costumbrista que se hacía en los estados. “Nosotros coincidimos con lo que se llamó el nuevo teatro mexicano, como Víctor Hugo Rascón Banda, la misma Sabina Berman, con un teatro más inmediato, más violento,” narra Cosio.
La Tole Tole
Ciudad Juárez, ¿1986? ¿1987?
Tole tole es joven, fue rubia y hermosa. Viste harapos. Luce una rosa encarnada de raso en el pelo desgreñado. Así la describo el dramaturgo chileno Egon Wolff en su obra Los Invasores. Susana Prieto estudiante de Derecho la interpreta.
Un joven actor juarense, Joaquín Cosio, interpreta a Meyer, el rico dueño de una fábrica, y cuya casa es invadida por la chusma violenta y desagradable. Pero al paso de la historia se sabrá que Meyer mató para hacerse de la fábrica y uno de los invasores, compañero de Tole Tole es hermano de la víctima.
“Había una escena en los Invasores, recuerda Marco Antonio García, también amigo de aquella época y ahora miembro de la Compañía Nacional de Teatro. “Susana hacía de Tole Tole, un personaje muy inocente, pero a la vez violento. Y hacía un baile, un poco festejando la invasión de esa casa.”
“Todos recordaban el baile de la Tole Tole”, rememora Marco Antonio.
Joaquín Cosio la recuerda como una actriz bastante buena. “En teatro, la voz es un recurso bastante necesario, bastante solicitado: la fuerza de la voz. Y Susana lo tenía. Y además era, como sigue siendo, una mujer muy guapa, muy bella, muy fuerte. En fin, que pronto ganó el escenario de manera muy natural.”
En aquellos tiempos, como en toda la provincia –como en todo el país– la compañía ensayaba por meses para presentarla tres días. “Hacíamos mucho teatro para verse por tan poca gente”, narra Cosio.
“Éramos profundamente felices. Los tiempos que vivimos me marcaron”.
“Fue a inicios de los noventa, entre el 91 y el 93, que dejó de hacer teatro con nosotros y se dedicó más al trabajo como abogada laboral”, agrega García. “Muy connotada. Y sabíamos de ella. En juárez tiene un despacho en la calle Ejército Nacional».
Susana Prieto y el movimiento 20/32 en San Francisco Tlalnepantla. / Foto: Omar Dazaeff
Laboralista
Inicios de los noventa. El Diario de Juárez, quizá el más emblemático de la ciudad- Ignacio Alvarado era entonces jefe de Información.
“En el periódico había una onda de que te voceaban desde Recursos Humanos [toda la redacción escuchaba], y ¡Uy! Era signo de que ya te corrieron. Y eso sucedió una mañana con una reportera que Alvarado había contratado.
“Al día siguiente, cuando llegué a la oficina, esta chava no se presentó, pregunté y alguien me dijo que la habían citado a Recursos Humanos y que seguramente la habían corrido…”.
“A esta reportera la busqué pero no me contestó el teléfono. Ella fue directamente con Susana [Prieto], iniciaron defensa y a mí me citan como testigo en Conciliación y Arbitraje.
Cuando llegó a rendir su declaración, ahí estaban ambas, quienes “parecían fieras enjauladas”. “Me preguntaron que si me constaba el despido en los términos en que Bárbara lo narraba. Y conté lo que sabía: que la habían llamado, que dijeron que la habían despedido, pero no sabía de primera mano lo que habló con el gerente. Y Susana se me fue encima como no tienes una idea. Me dijo: ‘eres un cobarde miserable’.
Ignacio “nacho” Alvarado se ríe. Ahora son amigos, Susana y él. “A lo que voy con esta anécdota, que es muy personal, es que ella generalmente ha estado del lado del trabajador”.
Influenza: La otra pandemia
Después, cubriendo información Alvarado se encontró con Susana Prieto muchas veces y se hicieron amigos.
“Susana no les gusta” a empresarios, a políticos, advierte Alvarado.. “Afecta sus intereses”. A finales de los noventa se concibió el proyecto Jerónimo-Santa Teresa, que sería una ciudad binacional manufacturera. La idea era tener una ciudad industrial, cuyos habitantes-trabajadores no tuvieran problema en ir de un lado a otro de la frontera.
Ahí, en los siguientes años abrió una planta ensambladora de Científica Atlanta, filial de Foxconn, la trasnacional de capital chino famosa por los suicidios de sus trabajadores debido a los infiernos laborales.
“Esta planta se erigió como una especie de fortaleza con dormitorios, y ahí hubo un brote de influenza”. “Los tenían como prisioneros”, resume Alvarado. “Y ese tema lo tomó Susana y ganó”.
El litigio se terminó en 2015. Cuando pagó la empresa, los obrero cobraron y ella se llevó su porcentaje. Ese mismo día llegaron a su despacho unos tipos armados. Al esposo lo golpearon, y a ella la intimidaron. Supuestamente se trató de un asalto. Pero pues no.” No hay forma de comprobarlo, pero realmente Susana tocaba intereses”. Al único detenido, plenamente identificado, lo dejaron la policía lo dejó libre. Susana acusó al gobernador de Chihuahua de estár detrás del asunto.
Alvarado remata “No es solo que caiga mal, o moleste, sino que toca o ha tocado intereses”. Ignacio Alvarado narra Susana tenía miedo. Pero continuó defendiendo obreros. «Como dice el peje, no es que no tenga miedo, pero no es cobarde».
Eso, aunado a una ola de secuestros contra médicos –el esposo de Susana es médico de profesión– los decidió a mudarse a El Paso, la ciudad gemela de Juárez, del lado texano.
Los privilegios de la clase media
La acusan de ello: de vivir en El Paso. Sin embargo, en aquellos años unos 30 mil juarenses huyeron a El Paso debido a la inseguridad. El esposo, debido a temas de permisos, no pudo ejercer su profesión en Estados Unidos. Entonces se dedicaron a comprar a casas semiderruidas y a remodelarlas.
Les fue bien en bienes raíces, explica Alvarado. Por ello la acusaron de ser millonaria y corrupta, desde la prensa mexicana. “Tiene una mansión [SIC] valuada en 400 mil dólares”, denuncian diversas notas.
Una casa de 400 mil dólares en 2015 –aproximadamente cuando la familia la compró– implicaba una casa de aproximadamente 6 millones de pesos: la propiedad de una familia de clase media alta, sí. Mas no una mansión.
Leticia Ruiz Arroyo es una activista por los derechos humanos y feminista en Juárez. Ella suelta:
“¿Sí has leído lo que se ha publicado?, ¿que la acusan de manera perversa de enriquecimiento ilícito? La acusan de cobrar su trabajo. ¿Qué querían?, ¿que no cobrara? Yo soy maestra y cobro por dar mis clases. Ella tiene un salario de abogada, y ella decide en qué casos cobrar y en qué casos no cobrar.”
Punto de quiebre: Lexmark
Para 2015, llegó el movimiento laboral más importante en la carrera de Susana Prieto: la huelga de trabajadoras de Lexmark.
El propio Alvarado escribió sobre ello: “76 trabajadores del gigante de impresoras, Lexmark, fueron despedidos y amenazados con enfrentar un proceso judicial después de haber paralizado labores para exigir que se cumpliera el aumento salarial de nueve pesos diarios — unos 50 centavos de dólar — que se les había prometido en el verano.”
Leticia Ruiz Arroyo es una activista connotada en Juárez. Ella relata que fue justo en el plantón de Lexmark fue que Prieto Terrazas “descubre la importancia de la movilización de los obreros para las victorias. Porque ella antes solo se movía en lo legal».
Durante seis meses que duró el plantón, éste se convirtió en el punto de reunión del activismo en Ciudad Juárez. “Hicieron un cuartito, y ahí pasaron el invierno”, narra Ruiz Arroyo. María Fernanda Nieto, hija de Susana, refrenda: hacía un frío horrendo y trajeron una estufita. Entonces debías elegir entre ahogarte dentro del cuartito o congelarte afuera.
“Las personas que estamos en el activismo aquí en Ciudad Juárez, de un momento dado de una manera u otra nos acercamos a apoyar ese plantón. De diferentes posturas nos acercamos al plantón, no necesariamente a Susana”.
Durante ese tiempo, hubo elecciones en el estado de Chihuahua y el movimiento obrero junto a susana decidió lanzar una candidata independiente. Esta estrategia se replicaría años después en el movimiento de Matamoros. Eso, junto a colecta de firmas, activismo, hizo que obreros de otras maquilas confluyeran.
En ese entonces Leticia Ruiz y otros activstas estaban apoyando a los padres de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada en Ayotzinapa. “Gestionamos que algunos mamás y papás vinieran. Ellos venían a la ciudad de Chihuahua de manera regular, pero no llegaban a Juárez.”
Los activistas hablaron con Susana y acordaron recibirlos en el plantón de Lexmark. Esto fue un parteaguas en el movimiento social en Ciudad Juárez.
Leticia Ruiz recuerda ahí un momento que no fue público. “Ella no lo hizo público, porque no se trataba de publicidad. Fue algo que los demás no vieron y no supieron. Pero la compañera les donó 43 mil pesos a los papás. Yo lo sé porque fungí de testiga cuando les entregó el cheque, antes de que partieran del plantón… Es muy solidaria”.
Otras anécdotas llegan de otros lados: cuando pagó los boletos de avión para que las madres de víctimas de feminicidios asistieran al encuentro de mujeres en Chiapas… encuentro al que por cierto ella fue, con su hija de 23 años.
¿Quién es Susana Prieto?
Así titulan varias notas en los medios. ¿Quién es?
En 2016, ante un conflicto de los trabajadores de Altos Hornos de México en Coahuila, Prieto Terrazas salió a relucir. Y treinta obreros renunciaron a la CROC. El entonces líder de la sección 147 de la CROC acusó a la abogada de “desestabilizar la paz laboral de la región”.
En enero de 2019, cuando explotó el caso de Matamoros, Mario Enrique Morales la acusó de “extorsionar empresas”. Y recuperó declaraciones del presidente de la CROC en Coahuila, quien dijo: “Su modus vivendi es ese, se ha dedicado a esto en los últimos años, a agarrar a trabajadores inconformes en las juntas de conciliación para meter las demandas”.
Cabe recordar que la CROC, una de las centrales de trabajadores más importantes de México, pasó casi desde sus inicios a formar parte de la estructura corporativa del PRI y se dedicó a captar pequeños sindicatos, preferentemente.
Sin embargo, estas acusaciones también se han hecho eco en algo innegable: Prieto Terrazas tiene mal carácter.
Una mujer de mal genio
“No tiene filtros para hablar”, explica Mariela Castro Flores, activista feminista radicada en Chihuahua. “Y eso incomoda”. Esto le ha traído problemas.
Y es que en general a una mujer no se le perdona tener mal carácter. A un hombre puede que sí. A una mujer, no.
Su amigo, Joaquín Cosío lo dice sin tapujos. “Yo sé que es una figura polémica, que su estilo personal, que es al mismo tiempo lo que le puede generar esos éxitos, y al mismo tiempo puede ser su arma en contra. Pero yo confío en ella.”
Cosio resume: “Mi orientación es que es un abogada honesta que asume causas perdidas”. Ella es “una norteña briosa de un gran corazón”.
Marco Antonio García advierte otro matiz:
“Acá en el norte hay un machismo un poco retorcido. Entonces hay algunas mujeres, bastantes mujeres, como Susana, como mi esposa, tienen un temperamento fuerte. Esto de alguna manera para oponerse”.
Leticia Ruiz y Mariela Castro, lo ven desde el feminismo: el entorno del derecho laboral es tan masculino que ella ha debido de hacerse de modos masculinos para sobrevivir.
Y a este rasgo de carácter se suma otro: nadie puede seguirle el paso.
Todos coinciden: sus excolaboradores, su hija, sus amigos: Prieto Terrazas trabaja más de 18 horas al día, y pocos le siguen el paso. Su despacho por ello creció. En 30 años de trabajo abrió bufetes también en Ciudad Victoria, Reynosa, luego Matamoros, aunque el más importante es el de Juárez. Sólo en su ciudad atiende unos 1 mil 500 casos al año. El ritmo de trabajo impide que muchos de sus colaboradores resistan el ritmo.
Este es un colaborador de ella durante el movimiento 20/32. Él decidió de trabajar con Susana, por el mal carácter de ella. Pero él está convencido: Prieto Terrazas es una persona honesta y comprometida.
«No conozco a ningún abogado laboral con esa capacidad».
De sol a sol
“Una cosa que todo el mundo le reconoce a Susana: trabaja como loca. Así, como loca. Y lo puedes comprobar; ella duerme más o menos 4 horas al día. Si bien va. Si no, andará en unas 3 horas.
Durante el 20/32, “Susana tuvo un chingo de trabajo. Pese a que el trabajo era demasiado, Susana dio el ancho. Un trabajo pesadísimo: revisar contratos, cuestiones organizativas, ir, venir… Pero a la par del movimiento, ella mantiene una familia. Pese a toda la complicación, Susana mantuvo la relación con su familia. y hasta donde yo sé, bastante buena. No descuida a su esposo, ni a sus hijos, se mantiene cerca de su mamá.
–¿Cómo hacía eso?
–Viajaba. Tan pronto tenía un chancecito. Viajaba, se desaparecía. Y aparecía allá en Juárez. Todavía publicaba [en redes sociales] fotos de que comía con su esposo. ¡La muy cabrona [expresado con cariño] todavía tenía el chance de cocinarles! Y al día siguiente estaba de vuelta en Matamoros.
“Me impactó la gran pinche capacidad de hacer malabares por todos lados.”
Matamoros: 20/32
“Matamoros fue una ciudad que la buscó a ella. Susana prieto tiene un canal de youtube en el que se dedica a dar educación a los obreros sobre sus derechos”, narra María Fernanda Peña, su hija.
Ahí la vieron los obreros de Matamoros, y la buscan. Prieto Terrazas llegó en enero de 2019 a Matamoros. Los trabajadores de casi cien maquiladoras y empresas se fueron a huelga. Un hecho inédito. Consiguieron un aumento salarial del 20 por ciento y un bono único de 32 mil pesos.
La recibieron y la procuraron “miles de obreros. Una cantidad enorme de obreros, con tanto amor, tanto cariño. En Matamoros se le enseñó un amor muy grande a ella”, recuerda su hija María Fernanda Peña.
Morenista, napoleonista, socialista
Fue por el caso de Matamoros, que Prieto Terrazas tuvo visibilidad nacional. Los sindicatos la acusaron de ser cercana al Partido Morena, y de querer desestabilizar el gobierno local. En Morena, la acusaron de querer desestabilizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de aquel partido, la calificó de “deshonesta”, por haber hecho “tanto daño” a las maquiladoras y a sus trabajadores.
Entonces fue vinculada con Napoleón Gómez Urrutia; y Polevsky dijo que Prieto era la antítesis. Ya que la abogada busca “que las inversiones se vayan de México”.
Cada victoria, a un alto costo
En los hechos, el 20/32 es el movimiento obrero más grande de la historia reciente. Y ganaron.
A la huelga histórica de Matamoros vino la participación del movimiento en las elecciones por medio de obreros como candidatos independientes. Y luego la creación de un sindicato. Todo a contracorriente, en una entidad donde la línea entre narco y gobierno es muy borrosa. “Matamoros lo conozco bien”, resume Ignacio Alvarado. “Es genuinamente un narco estado”.
Para junio de 2019 Pie de Página habló con Susana Prieto. Ella narraba los problemas de crear un sindicato independiente:
“Nos hemos quedado solos. Cuando inició el movimiento, y cuando conseguimos el registro sindical, varias centrales internacionales nos piden que nos adhiriéramos a tal o cual confederación. Y yo contesto: ‘no, eso es una traición a la clase trabajadora’.” La abogada explica que actualmente, la CTM (a la que pertenece el SITPME –de Jesús Mendoza– recibe el 70 por ciento de las cuotas sindicales de los sindicalizados de Matamoros. “Y los líderes locales operan con el 30 por ciento. ¿Sabes cuánto le queda a los trabajadores? Nada.”
“Nosotros creemos que si los obreros juntan sus cuotas sindicales, ellos lo podrían usar, para guarderías, mejorar sus servicios, para su bienestar, pues”.
Pero la abogada reconoce: “Lo que sé es que si sigo sola, me meten a la cárcel o me van a matar”.
Ahí en Matamoros es “donde yo creo que ella encontró su sueño”, narra su hija María Fernanda: que la gente tuviera la iniciativa de educarse y luchar por sus derechos. Que la gente tuviera la valentía.” Porque, como siempre le dijo su madre, Susana:
“Si no luchas tú, por tus derechos, no estás luchando por los derechos de tus hijos. Específicamente eso. Si tus hijos crecen y ven que no te involucras, y te quedas en tu casa, quejándote, o creyendo informes falsos, y peleándose con los unos o los otros, entonces es la misma educación que estás dando”.
Abajo y a la izquierda
María Fernanda Nieto aclara: Prieto Terrazas nunca se ha afiliado a ningún partido. Cuando era muy jovencita, por influencia del padre simpatizaba con el PRI. Luego, en la universidad rompió ideológicamente con su familia. Y fue una abogada laboral, eficiente pero encuadrada muchos años, hasta 2014, 2015, que descubrió y se conmovió del movimiento obrero. En años recientes apoyó a AMLO. “Pensaba que sí iba a trabajar por lo obreros, pero se desencantó”, narra María Fernanda.
Poco a poco se ha ido acercando a otra brújula política: abajo, a la izquierda y feminista. Ella y su hija asistieron a la reunión de mujeres en los Caracoles Zapatistas.
Encuentro feminista
María Fernanda y su mamá fueron juntas. “De hecho fue la primera vez que yo atendía una reunión feminista. La verdad, mi mamá me criticaba, porque yo era más como mi papá. Mi papá es como más derechista. Yo en mi ignorancia, pues es que las mujeres y los hombres somos iguales, pensaba. Y sí, somos iguales, pero no se nos trata igual.
«Fue un momento en el que mi mamá y yo nos acercamos muchísimo. Las dos fuimos sorprendidas [por el encuentro]. Éramos mujeres de todo el mundo. 15 mil mujeres. Algo que nos encantó: las mujeres del EZLN estaban muy enfocadas en aprender qué era lo que estaba pasando alrededor del mundo… Y me encantó. Fue divertido, y liberador.»
La última pandemia
La última vez que Pie de Página habló telefónicamente con Prieto Terrazas fue en el contexto de la pandemia por Covid 19, el pasado 3 abril de 2020. Ella denunció que las maquiladoras, tanto en Juárez como algunas en Matamoros, violaban la orden de detener el trabajo no esencial. Ya se hablaba de “neumonías atípicas”. En toda la frontera, los obreros y obreras de la industria maquiladora ha sido el sector más lastimado por la pandemia de coronavirus.
Y después vino su encarcelamiento y de nuevo el denuesto… Este miércoles fue liberada con condicionantes…
Porque es una obra que se fundamenta en el trasvase de agua de la Presa El Novillo, la Nación Yaqui rechaza absolutamente la operación del Ramal Norte, también llamado Acuaférico, propuesto por la alcaldesa Célida López Cárdenas.
Además, jurídicamente el dictamen emitido por el Ayuntamiento de Hermosillo sobre esa obra es ilegal, ya que actualmente los títulos de asignación de aguas nacionales para la operación del Acueducto Independencia están en revisión, indicaron los líderes de la tribu en un comunicado a las autoridades que publicaron en medios de comunicación.
De acuerdo con autoridades tradicionales de los ocho pueblos yaquis, el Acuaférico implica una extracción adicional de agua a la Presa El Novillo, lo que ocasionaría un mayor daño a su nación.
De por sí, el Acueducto Independencia ya ha dejado afectaciones considerables de carácter ambiental en su territorio, entre ellos daños hidrológicos, de salud, seguridad alimentaria, al ámbito religioso y cultural, mencionaron.
Hasta que se resuelvan los juicios correspondientes y se aclaren sus derechos de agua, la tribu rechaza en su totalidad cualquier extracción de más líquido que provenga de la cuenca del Río Yaqui, expusieron en el documento.
Como opciones para el Municipio de Hermosillo sugieren reparar la red de distribución de la ciudad, respetar la prelación de agua para consumo de la cuenca del Río Sonora, perforar nuevos pozos en los acuíferos aledaños a la ciudad de Hermosillo, dándole prioridad al consumo humano.
Solicitan que haya tratamiento de aguas residuales e intercambio con los agricultores de la zona por agua de primer uso, desalación de pozos y desalación de agua de mar en el norte del Estado.
* En el primer semestre del 2020, según conteo oficial, hay 139 personas desaparecidas
A seis meses de iniciado el 2020, en los miles de carpetas en la Fiscalía General del Estado, hay 139 personas desaparecidas. En medio año, y pese al distanciamiento social que se ha tenido durante abril, mayo y junio, esta cifra se ha acercado a la dejada por el 2019, de 160. La mayoría de los desaparecidos son hombres; sin embargo, es preocupante la gran cantidad de jovencitas que, de un día a otro, sus padres no volvieron a saber nada de ellas.
Es de esperarse que un gran porcentaje de estas personas sean residentes de la capital potosina. En el municipio de San Luis Potosí, 56 han sido los reportes y, junto con los 17 denunciados en Soledad, tan solo en la zona metropolitana se han distribuido 73 pesquisas de la fiscalía.
Las desapariciones de mujeres jóvenes ha sido uno de los temas más relevantes desde hace muchos años en San Luis Potosí. Constantemente, se sabe de casos de raptos de chicas menores de edad y de apenas 20 años; en varios de ellos, logran regresar a casa, pero muchas no corren con la misma suerte. En este 2020, se han emitido un par de Alertas AMBER por la desaparición de jovencitas y, por fortuna, han sido encontradas.
Reportes de trata de personas y secuestro de jovencitas en el Altiplano y en muchas colonias de la periferia se reciben constantemente, pero muchos se quedan tan solo en un aviso.
En los datos de lo que va de este año, 41 mujeres de entre 10 y 30 años han desaparecido, muchas de ellas sin dejar rastro, de las 61 que se han perdido. Desde el 1 de enero, 78 hombres no han vuelto a sus casas; niños, adolescentes, jóvenes y adultos, de diferentes edades y distintos municipios han salido de sus casas y no han vuelto a saber de ellos.
Quiza fueron problemas familiares, de dinero o causas de otra índole, pero desde entonces su foto circula por las redes sociales y pegada en las calles de su colonia. En promedio, por mes, han desaparecido 23.16 personas en San Luis Potosí y aunque muchas ya fueron encontradas, de la mayoría no se ha logrado un resultado positivo.
Alejandro Romo/Newsweek Aguascalientes
2 julio 2020
Foto: Hugo Gómez
De acuerdo a la coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), Violeta Sabás Díaz de León, la desaparición de personas ha aumentado de forma considerable a nivel nacional en los últimos años, y Aguascalientes no está exento a esa realidad.
Aunque las cifras de la Fiscalía General del Estado y las organizaciones o colectivos en materia de derechos humanos pueden variar, la activista mencionó que la cantidad de denuncias de personas desaparecidas pudo haberse duplicado en los últimos cinco años.
“El año pasado, en el 2019, fueron cerca de 350 mujeres reportadas como desaparecidas, incluso niñas y adolescentes, mientras que en hombres es una cantidad similar, por lo que la cantidad total de denuncias sería mayor a 700, sin contar los reportes que se hacen a LOCATEL, pero el aumento ha sido impresionante, de los últimos cinco años a la fecha ha aumentado casi el doble”, aseveró.
Al respecto, señaló que una de las primeras acciones al entrar en funciones la comisión local deberá ser la de analizar el contexto y contenido de cada expediente de personas desaparecidas y depurar aquéllos en los que haya sido localizada la persona, pues en la actualidad es una práctica poco frecuente, lo que permitirá tener datos más precisos de la problemática.
“Se deben hacer cruces de información porque en muchas desapariciones pueden estar implicadas personas similares, entonces primero sería revisar el estado que guardan los expedientes y las carpetas de investigación y a partir de ahí actualizar las bases de datos de personas que están bajo el status de desaparecidas pero que ya fueron localizadas desde hace años”.
Este aspecto no sólo es privativo de Aguascalientes, sino también a nivel nacional, ya que por ejemplo el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) –que concentra los datos generales de las personas no localizadas a partir de las denuncias presentadas ante los ministerios públicos- mantiene un rezago desde abril de 2018.
En ese entonces, Aguascalientes registró 223 denuncias por desaparición de personas en ministerios públicos locales, así como nueve denuncias en carpetas de investigación del fuero federal.
Las desapariciones de personas en México ascendieron a 5 mil 477 en 2017 y en los primeros cuatro meses de 2018 sumaban 1,653, según los datos del RNPED.
En Aguascalientes, los primeros casos denunciados ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado ocurrieron en 2007, en su mayoría relacionados con el caso “Maverick”, ocurrido el 29 de abril, en el que un grupo de sujetos armados privó de la libertad a ocho personas del exterior del antro Maverick, al norte de la ciudad capital. La mitad eran albañiles que en ese momento realizaban trabajos de remodelación en el lugar.
A más de 13 años, sus familiares siguen sin saber nada de ellos.
“Antes del 2007 no se tenía incluso un registro de las personas que habían desaparecido, los datos oficiales por el portal de transparencia dan cuenta a partir del 2007, entonces es justo el caso de Maverick, que es el más antiguo que tenemos, y el más reciente es el de una mujer que desapareció en Pabellón de Arteaga hace dos meses”, subrayó.
Actualmente, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) brinda acompañamiento jurídico a 12 familias de Aguascalientes que tienen a algún ser querido desaparecido, así como a tres familias de municipios de Jalisco colindantes con Aguascalientes.
Violeta Sabás destacó la necesidad de que se cambie la perspectiva de investigación de los casos de personas desaparecidas, y que desde el momento de su denuncia ante la Fiscalía Especializada en Desaparición y No Localización de Personas se considere a las personas como potenciales víctimas de algún delito, lo que permitiría dar celeridad a los trabajos de localización.
“Ante toda desaparición de una persona se tiene que presumir la presunta comisión de un delito, es decir, que si desaparece una adolescente de 15 o 16 años no se tiene que presumir que ella se fue de su casa porque quiso y ya no regresó, sino que se tiene que presumir que posiblemente haya sido víctima de alguna extorsión o hasta de trata de personas, es decir, es un contexto más complejo en el que se deben realizar las investigaciones”.
Nombramiento de titular de la Comisión de Búsqueda debe estar alejado de intereses políticos y de cuotas
Este lunes se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto del gobierno estatal con el que se crea la comisión para que entre en funciones a más tardar el 30 de julio.
Entre sus artículos transitorios también se agrega que en un plazo no mayor a 10 días hábiles se deberá realizar el nombramiento de la persona que encabezará los trabajos de la comisión.
La elección se realizará de forma discrecional, a partir de una propuesta del Secretario General de Gobierno Estatal al Gobernador de Aguascalientes, sin que se haya realizado una convocatoria pública para abrir el procedimiento a la participación de las organizaciones y colectivos involucrados en la defensa de derechos humanos y en la búsqueda de personas desaparecidas.
Al respecto, la coordinadora del OVSG exhortó al Ejecutivo Estatal para que el nombramiento de la persona que encabece la comisión cubra con el perfil técnico y de experiencia en el tema y no se elija por medio de cuotas o filiaciones político-partidistas.
“Para que la comisión funcione tiene que estar exenta de cuotas, es decir, que pongan al titular de la comisión porque no pudieron colocarlo o colocarla en otro lado y la pusieron en la comisión, y también las áreas tienen que estar exentas de toda circunstancia política, porque justo con estas discrecionalidades no se cumplen con los objetivos de las comisiones”, añadió.
La Ley para la Atención y Prevención de la Desaparición de Personas en el Estado de Aguascalientes contempla los siguientes requisitos para asumir el cargo de comisionado:
Ser mexicano y acreditar residencia mínima de dos años en Aguascalientes.
No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público.
Contar con título de licenciatura y cédula profesional.
No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido político en los dos años previos al nombramiento.
Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta ley, por lo menos en los dos años previos.
Tener conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas.
La persona elegida como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficiencia.
Finalmente, Violeta Sabás también hizo un llamado al gobierno estatal para que el presupuesto para el funcionamiento de la comisión sea otorgado en tiempo y forma, aunque debido al cierre del ejercicio fiscal 2020 y a las condiciones económicas provocadas por la contingencia podrían postergar el inicio del trabajo de la comisión.
“Ya está muy cercano el cierre del ejercicio fiscal, entonces no sabemos con precisión cuánto se destinará de presupuesto, pero una de las situaciones que vemos como una situación problemática porque sabemos que ya está la ley, el decreto y la creación, pero cómo se otorgará el presupuesto, pero puede ser que se atrase más y que la comisión pueda estar operando hasta los últimos meses del año con un presupuesto muy reducido”, afirmó.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) acusó al proyecto del Tren Maya de romper el tejido comunitario en la Península de Yucatán, situación que complica las opciones de reproducir su cultura para confirmar una población urbanizada.
A través de un comunicado de prensa, la organización no gubernamental explicó que el Tren Maya promueve que el empleo asalariado es la mejor forma de combatir la pobreza a través de un proceso de despojo, modelo que concentra la riqueza y permite a las grandes empresas perpetuar su dominio.
“El proyecto Tren Maya busca que los territorios rurales que hoy están en manos de comunidades campesinas e indígenas que por siglos los han resguardado y manejado, queden sin la presencia y custodia de su población originaria, facilitando la incorporación de las tierras y bienes naturales al desarrollo de actividades extractivistas y al mercado inmobiliario”, expuso CCMSS.
El análisis que hace el Consejo es que este tipo de proyecto apuestan por permitir a grandes empresas y corporativos de las finanzas, la agroindustria, el turismo y el sector inmobiliario acumular capital y perpetuar su dominio, en este caso en la Península de Yucatán, donde el 46.9 por ciento de la población se identifica a sí misma como maya.
“Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) impulsa un esquema que prioriza lo urbano y omite las realidades y derechos de las comunidades indígenas. Omite reconocer que se trata de un territorio indígena habitado y poseído por pueblos originarios con derecho a la libre determinación, de acuerdo con la Constitución; ignora su conocimiento ancestral íntimamente ligado al territorio, su identidad cultural y formas de vida, sus sistemas y medios de producción, y su valioso papel en la protección y mantenimiento de la integridad de los territorios comunitarios”, advierte el documento “Tren Maya: Nuevo impulso a la desruralización de la Península de Yucatán”.
La publicación señala que este proceso impacta negativamente en las comunidades indígenas y campesinas debilitando su gobernanza y capacidad institucional, además, acusa que Fonatur presiona a dueños de los ejidos para que se sumen como “socios” y cedan hectáreas de sus terrenos.
El Consejo advierte que este proyecto está plagado de violaciones a los derechos humanos, además del detrimento de los valores para una convivencia sana.
Incluso, asegura que aunque el Tren Maya ha tratado de mostrarse bajo los conceptos de sustentabilidad, e inclusión, no es muy diferente de los esquemas anteriores donde predomina la expulsión de las poblaciones rurales de sus territorios para facilitar el acceso a los grandes capitales.
Académicos, alumnos y especialistas del ENCRyM alertaron que el recorte al INAH impedirá su labor
El recorte del 75% en gastos de operación y servicios generales aplicado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) afecta el funcionamiento de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM) e impactará en la atención a los compromisos con la sociedad y su patrimonio cultural, denunciaron ayer académicos, alumnos y especialistas de dicho espacio académico.
“Reiteramos nuestra solidaridad con la emergencia actual, pero será complejo que las labores sustantivas de nuestro quehacer, de formación e investigación, se puedan desarrollar con menos del 12% de presupuesto”, detalla la misiva.
“Por lo anterior, disentimos de la postura mantenida por Diego Prieto Hernández, director del INAH, cuando afirma que no habrá afectación a sus actividades sustantivas tras el recorte. Todo lo contrario. Ante la nueva normalidad, la ENCRyM corre el riesgo de tener que aplazar o acotar sus actividades”.
Además, afectará “los procesos de selección y traslados de obras; la continuidad de los proyectos de investigación de los programas académicos; la contratación de actividades profesionales y el trabajo de campo, así como el desarrollo de las publicaciones y la contratación de especialistas para cursos”.
“Por lo cual condenamos enérgicamente la reducción presupuestal que se cierne sobre el INAH como la institución articuladora del rico mosaico cultural que es y ha distinguido a México”, abunda.
Recordaron que el INAH se dedica a recuperar, proteger, conservar y restaurar el patrimonio cultural arqueológico, histórico y paleontológico, y el desempeño de 110 mil monumentos y 53 mil zonas arqueológicas, y una red de 162 museos, laboratorios y centros regionales.
Avanzan desde el Palacio Municipal hasta el Centro de Justicia local para exigir el esclarecimiento del crimen, ocurrido en 2017
La madre de Diana, una joven de 24 años que fue asesinada en Chimalhuacán en el 2017, acompañada de familiares de otras víctimas de feminicidios en el Estado de México, amigos e integrantes de organizaciones sociales, marchó desde el palacio municipal hasta el Centro de Justicia local para exigir el esclarecimiento del crimen, al cumplirse este 2 de julio 3 años de su muerte.
Lidia Florencio, madre de Diana, denunció que hasta ahora la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no tiene una sola pista para encontrar al responsable del feminicidio.
“No es un mes, dos meses, son tres años que hemos estado en este camino de lucha, de dolor, porque es mucho dolor que tenemos la familia de Diana, pero también tenemos mucha fe de que sí se puede lograr (encontrar al culpable), pero solamente que las autoridades tengan esa voluntad que no han tenido hasta el momento”, dijo.
Cuando fue encontrado el cuerpo de Diana fue confundido con el de un hombre por las autoridades ministeriales y no se llevó a cabo la investigación con perspectiva de género como estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que ordenó en el 2015 que todos las muertes violentas de mujeres tendrían que indagarse de esa manera, por el caso de Mariana Lima Buendía, otra chica que presuntamente fue asesinada por su esposo en el 2010 también en Chimalhuacán.
El 2 de julio del 2017 Diana salió de su casa en Chimalhuacán para hacer una llamada por teléfono porque en el interior no tenía señal, luego fue robada, golpeada, violada y asesinada.
Su cadáver fue dejado en la calle Francisco I. Madero, a unos metros del Centro de Justicia de Chimalhuacán y fue levantado como si tratara de un hombre para que no se iniciara la investigación como feminicidio, acusó Lidia Florencio.
Diana, fue encontrada por su hermana Laura cinco días después en el Servicio Médico Forense de Nezahualcóyotl, tirada en el piso y sin que una sabana cubriera su cuerpo que ya estaba en descomposición.
Los seres queridos de la muchacha denunciaron que desde un principio las autoridades ministeriales no las apoyaron para encontrarla, no quisieron iniciar su búsqueda hasta que pasaran 72 horas y les dijeron que seguramente se había ido con el novio.
Para honrar la memoria de Diana y exigir que se esclarezca su muerte las mujeres marcharon desde el inmueble del palacio municipal hasta el Centro de Justicia por la calle Nezahualcóyotl.
Ahí un grupo de funcionarias de la FGJEM formó una valla humana para impedir que ingresaran al recinto público, por lo que las manifestantes las acusaron de “traidoras” al no ponerse del lado de las madres, hermanas, tías, primas y abuelas que han perdido a un ser querido por la violencia que impera en el Estado de México.
“Queremos que ya no haya más Dianas, Fátimas, Mercedes, que al asesinarlas a ellas nos mataron a nosotras también, por eso queremos justicia, justica”, gritó otra de las madres de una niña de 12 años que fue asesinada hace cinco años y sus homicidas tampoco han sido detenidos.
Después del mítin en el Centro de Justicia, donde en marzo colocaron un memorial en honor de Diana, los inconformes continuaron su trayecto a la calle Francisco I. Madero donde hace tres años fue encontrado en cadáver de la joven chimalhuaquense.
Agustín Escobar Ledesma / Sistema Informativo Ciudadano
Uno de los problemas más acuciantes que tiene Santiago Mexquititlán, Amealco, Qro., es que sus seis barrios, repetidamente, son dejados sin el servicio de agua potable. La última ocasión, ocurrida entre mayo y junio, fue que la Comisión Estatal del Agua (CEA), los dejó sin agua por veinte días. Otra de las afectaciones que viven los habitantes de aquella demarcación es lo que ellos identifican como el robo del agua en pipas.
Ante esta situación, el lunes 22 de junio, integrantes del Consejo Autónomo y Tianguistas de Santiago Mexquititlán, acudieron a las oficinas de la CEA de Amealco, para exigir a las autoridades de la Comisión Estatal del Agua, la regularización del servicio, al mismo tiempo en que solicitaron el plano de rehabilitación del agua para que no se la lleven a otras comunidades, porque, señalaron, el agua es del pueblo originario otomí.
También denunciaron ante la CEA de Amealco, los altos cobros en la contratación del servicio, las elevadas tarifas en los recibos del agua y, manifestaron, que no se les están respetando sus derechos como comunidad indígena al agua, a la consulta pública, a la autonomía, a la autodeterminación y autogobierno en todas sus obras.
También denuncian las obras de urbanización del municipio de Amealco y la gentrificación (desplazamiento de la gente pobre en beneficio de otra de mayor poder adquisitivo), bajo la estrategia de clientelismo político y apoyos en efectivo y especie.
Señalan que quienes se oponen a dichas medidas, son agredidos por grupos de choque, contratados por el Partido Acción Nacional y son apoyados por la policía municipal de Amealco, para violentar a los integrantes del Consejo Autónomo y Tianguistas de Santiago Mexquititlán.
Los habitantes de aquella demarcación exigen el total respeto a sus derechos indígenas, a sus propias formas de organización y autogobierno y expresan que su integridad está en riesgo, pues, consideran, que la violencia está ordenado desde los altos mandos del gobierno panista de Querétaro.
Así mismo, hacen responsable al gobierno del Estado de Querétaro, al gobernador Francisco Domínguez Servién y al alcalde municipal Rosendo Anaya, del conflicto social generado por los proyectos de urbanización y gentrificación y los hacen responsables de la integridad de quienes defienden el territorio y el agua.
Texto: Jacobo García, Vídeo y Fotos: Hector Guerrero / El País
El proyecto de obra pública más ambicioso y polémico del Gobierno de López Obrador cuenta con una extensión de 1.525 kilómetros, tendrá 18 estaciones, recorrerá cinco Estados y se prevé que creará 100.000 puestos de trabajo. EL PAÍS siguió el recorrido y tuvo acceso a los planos de las modernas estaciones de cristal o bambú que se levantarán
I. Los mayas
no suben al tren
“Ya hemos llegado”, dice Manuel Puc, señalando un trozo de selva. A Manuel se le ilumina la cara al ver el montículo. Uno tan verde y frondoso como cualquier otro. Una loma de salvaje vegetación por la que bajan enormes raíces que abrazan la tierra. Al fin y al cabo, la reserva de la biosfera más grande del continente después de la Amazonía está llena de montículos como este.
Para llegar hasta aquí hay que viajar a Bacalar, en Quintana Roo, y después adentrarse una hora por el corazón de la reserva de Calakmul hasta Nuevo Jerusalén en el sur de la península de Yucatán. Luego hay que caminar 30 minutos —diez si quien va delante es él— por la selva que rodea su pueblo. Con zancadas de piernas cortas y duras como troncos, Manuel, de 54 años, dirige el paso sobre el fango. Acaba de pasar la primera tormenta tropical de 2020 y las ranas croan en el lodazal.
”Pasen a la casa de mis abuelos”, dice, moviendo las dos enormes piedras que taponan el montículo. Entonces Manuel se encoge, mete una pierna, luego la otra y se adentra suavemente por el cráter que se abre en la montaña. Una vez dentro, avanza por un estrecho pasillo de 10 metros de largo y hace un quiebre, luego otro hasta que se detiene junto a una puerta que ilumina con su celular. Cuando Manuel enfoca con su teléfono, una bola negra de murciélagos comienza una alocada desbandada que deja al descubierto una impresionante pared perfectamente pulida con detalles mayas tallados hace más de mil años.
En la pared donde antes pendían los bichos boca abajo se ve ahora otra puerta que conduce a una nueva sala de seis metros cuadrados. Más adelante hay otra, y otra más. Y así, sucesivamente, aparecen siete habitaciones y pasillos en perfecto estado rematados con el característico arco maya, un triángulo terminado en trapecio. La negritud y el calor húmedo son asfixiantes ahí dentro.
Oculta por el salvaje verde de la selva se esconde esta majestuosa construcción de origen maya que, por su cercanía con Calakmul, podría haberse levantado entre el año 600 y 900 d.c. durante el Clásico tardío. “Creemos que eran viviendas de nobles”, deduce Manuel. “Mire estos grabados. La vivienda hasta tiene para colgar la hamaca”, añade mientras apunta con el celular hacia un travesaño incrustado en la piedra. Estudiantes de arqueología de medio mundo pagarían millones por minutos así con Manuel. Aprenderían, entre otras cosas, que en territorio maya la palabra “abuelos” se pronuncia con mayúsculas.
Manuel mide 160 centímetros de altura y es robusto y de frente ancha. Su cuerpo, una mezcla de Messi y el Increíble Hulk, se mueve por la excavación como por el salón de su casa. Imposible ocultar que estas puertas se hicieron para él. Dice que los restos arqueológicos no tienen nombre ni han sido examinados nunca por ningún experto. Ni siquiera han sido visitados por nadie con secundaria terminada. Tampoco ha venido un solo turista desde que hace unos años, moviendo unas piedras en el camino que conduce a la milpa, los vecinos descubrieron la construcción.
Entonces llamaron al prestigioso Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para anunciar el hallazgo, pero al otro lado del teléfono alguien les dijo que lo mejor era no tocar nada y dejarlo como está. Pero ellos desobedecieron y lo limpiaron, lo dignificaron, guardaron el secreto y nadie ha vuelto a preguntar jamás por el lugar. Manuel Puc no regala muchas sonrisas pero “la casa de sus abuelos” le pone de buen humor. Así que cuando sale, corre a taponar nuevamente la entrada, “porque como lo vea López Obrador nos pone una estación”, bromea, tomando la piedra más grande.
Nuevo Jerusalén es una comunidad de 300 familias a 60 kilómetros de la estación que el tren tendrá en Bacalar. La mayoría de sus vecinos, dice, se opone al tren porque, entre otras cosas, les ha robado la palabra “maya”. Para una pequeña comunidad como esta, decir no al tren supone mucho más que estar en contra de una obra. Se oponen al proyecto estrella del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), un ferrocarril de 1.525 kilómetros que recorrerá de punta a punta toda la península de Yucatán. Un megaproyecto en el que el mandatario ha empeñado todos sus esfuerzos y con el que pretende revitalizar el sureste del país. Un moderno tren que circulará a 160 kilómetros por hora destinado a mercancías, pasajeros locales y turistas, con el que promete traer a tres millones de extranjeros.
Zona Arqueológica de Becán en la reserva de Calakmul.
El diseño oficial ha dividido la ruta en tres tramos —Selva, Golfo y Caribe— que contarán con 18 paradas en cinco Estados: Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. El tramo del Golfo, de 653 kilómetros, pasará por sitios tan elegantes como Mérida, Valladolid o Izamal, y otros tan deprimentes como Escárcega o Tenosique, paso obligado para los migrantes de Centroamérica que van a Estados Unidos. En el Caribe, el tramo de 446 kilómetros irá desde la paradisiaca laguna de Bacalar al desquiciado Cancún. Y en la Selva, con 426 de kilómetros, el tren atravesará la reserva de la biosfera y tendrá una estación junto a los restos arqueológicos mayas de Calakmul, patrimonio de la Humanidad. Si todo avanza como ha prometido, entregará la obra un año antes de dejar el poder.
Manuel Puc presume la casa de sus abuelos pero la que de verdad le preocupa es la de sus hijos; los recursos naturales y la selva en la que han crecido. “La llegada del tren es una agresión y una falta de respeto. Insisten en decirnos lo que necesitamos sin preguntar qué queremos o cómo vemos nuestro futuro. Nos roban el término “maya” y frivolizan nuestra cultura y nuestra identidad poniéndole nombre al tren”, lamenta en el patio de su casa.
”Dicen que habrá trabajo en la construcción, pero ¿qué clase de trabajo? Construir las vías y los hoteles para que después de dos o tres años volvamos a quedar desempleados. Nos pagan salarios de miseria en la construcción que solo sirven para mantenernos igual durante generaciones. Si yo encontrara trabajo en el tren, ¿de qué cree que me van a contratar?, ¿de mesero o de gerente? Al final siempre terminamos limpiando sus baños”, se responde. “Por qué tenemos que ser siempre los albañiles o los meseros de los turistas. También queremos ser ingenieros, médicos o …. A lo mejor no queremos un tren y sí buenas universidades o un hospital equipado. Esto lo teníamos que haber hecho juntos”, reflexiona, sentado en una silla de plástico desde la que solo ve ceibas, mangos y caobas.
“Por qué tenemos que ser siempre los albañiles o los meseros de los turistas. También queremos ser ingenieros o médicos ”
Manuel, campesino maya, ya tuvo ‘su’ tren hace 30 años cuando emigró a Cancún.
Manuel Puc ya tuvo su Tren Maya hace 35 años. Siendo un adolescente, como muchos otros jóvenes de la región, se fue a Cancún y a la Riviera Maya, donde se ganó la vida construyendo palapas de palma, la profesión que había aprendido de su padre, en las terrazas más chic de los grandes hoteles. Por aquel entonces, él y las mucamas eran lo único maya del lugar. Diez años después regresó a su pueblo y se revirtió la proporción. Solo un par de vecinos tabasqueños no se apellidan Ek, Poot, Puc, Cox, Kan, Och o Káan. ”¿Qué es progreso? ¿Cancún?”, se pregunta. “¿El crimen organizado, la violencia, el tráfico de drogas…? Yo no quiero los millones de turistas ni tener la violencia qué hay en otras zonas del país”, dice, señalando la plaza de hierba donde unos chicos juegan al béisbol.
En los últimos años, el índice delictivo en Nuevo Jerusalén es siempre el mismo: dos casos. El año pasado fueron el desmadre de un borracho en Navidad y Tomás, el loco del pueblo, que volvió a robarle una gallina a la señora de siempre. Hasta la llegada del tren, en Nuevo Jerusalén la mayor preocupación eran las inundaciones y distinguir a tiempo si el cambio en el trino del momoto se debe a que tiene hambre o que viene el agua.
El Tren Maya es el niño mimado de López Obrador. La joya de la corona de las obras públicas de una administración que llegó paralizando el aeropuerto pero que quiere dejar su legado. Un tren con el que no ha podido ni el negro panorama económico. Por si había alguna duda, a mediados de mayo López Obrador reiteró que “llueva, truene o relampaguee”, el tren seguía siendo prioritario y ni la covid-19, ni la caída de un 10% del PIB, ni la bajada del petróleo ni la depreciación del peso frenarían una inversión de 150.000 millones de pesos (unos 6.000 millones de dólares). El frustrado aeropuerto de la Ciudad de México de Enrique Peña Nieto tenía un presupuesto equivalente a dos trenes, unos 12.000 millones dólares, pero su cancelación supuso casi 3.000 millones en compensaciones. En la lógica del presidente, el ahorro de 9.000 millones de dólares a la nación se ha destinado a la construcción del Tren Maya y a la refinería de Dos Bocas, la otra gran obra pública de su gobierno que se construirá también en Tabasco, la tierra donde el presidente nació hace 64 años. El New Deal porfirista había echado a andar.
Desde que en la noche electoral López Obrador anunció su construcción y propuso una consulta pública en la región, muchos levantaron la ceja. Dos años más tarde, Yucatán se ha llenado de millones de pesos para engrasar su aceptación, como parte de una estrategia con tres patas: programas sociales, una intensa campaña ‘informativa’ —que incluye propaganda y operadores en el terreno— y la activa presencia del mandatario en la región. El martes 2 de junio, cuando México superó por primera vez los mil fallecidos diarios por el virus, López Obrador daba el banderazo de salida a las obras en Cancún. Frente al tsunami oficial, las voces que se oponen al tren hay que ir a buscarlas a la selva. Sus quejas hablan de la tierra, del maíz, de la falta de agua, de las abejas o de dignidad. Otras veces, la conversación gira en torno al término “desarrollo”. No mira igual quien ve un montículo cualquiera en la selva, que quien ve la casa de sus abuelos.
La idea de un tren recorriendo la zona no es nueva. Muchos ya habían escuchado antes por boca de los expresidentes Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto la idea de construir un ‘Tren Peninsular’. El Gobierno estatal del PRI incluso lo llamó el ‘Tren bala de Yucatán’, pero solo López Obrador se atrevió a llamarlo Maya, protesta Anastasio Oliveros, un apicultor de Conhuas, una comunidad de Calakmul, junto a la parada número 18 de Xpuji. De colmenas como la suya en Yucatán —México es el tercer productor mundial de miel— sale uno de los néctares más puros del mundo. De aquí se obtiene el caviar de las mieles que se exporta principalmente a Europa gracias a la abeja melipona y a una calidad que no han podido igualar los siropes industriales ni las imitaciones chinas de remolacha. Para producir un kilo de miel, las abejas hacen 200.000 vuelos de la colmena a la flor y viceversa y Anastasio cree que un tren a alta velocidad aturdirá a las abejas y les alterará el radar que consigue que regresen.
Anastasio Oliveros en su casa de Conhuas, Campeche.Hector Guerrero / EL PAIS
Según Anastasio, la producción de miel ha bajado notablemente en el último año y el futuro de 11.000 apicultores de Yucatán está en riesgo debido a la deforestación, el uso de semillas transgénicas, los químicos que contaminan los panales y, ahora, el tren, que golpea la forma de vida de muchas comunidades indígenas. ”Dicen que podremos sacar y vender mejor nuestros productos, pero esos vagones serán para las grandes empresas: Cemex, Wall Mart, las granjas porcinas… ¿A poco va a ser para que pueda yo llevar mi miel o la milpa?”, dice junto a la chimenea de su casa.
—¿Y la miel deja dinero?
—Síííí, mucho —responde, sin más detalles.
Las gallinas corretean junto a sus pies y el agua se filtra por las paredes de madera mojando la pirámide de mazorcas de la sala. Las palabras “sí, mucho”, quedan suspendidas en el aire.
La relación de los mayas de Yucatán con el Estado mexicano siempre ha sido compleja. Hasta la llegada de los españoles, los mayas ocupaban estas tierras. Y, aunque no era la civilización todopoderosa de antaño, sus descendientes estaban regados por Chiapas, Guatemala, Belice y el propio Yucatán. Sometidos por los españoles durante años, el férreo sistema de clases se mantuvo tras la independencia en 1821. Mientras la élite yucateca se entretenía en elevadas discusiones sobre independizarse de México o sumarse al modelo federal, no vio venir el levantamiento maya de 1847 conocido como la Guerra de Castas, cuando los indígenas, hartos de abusos, se fueron contra todo. Miles de personas se unieron a los caciques y en pocos días tomaron más de 200 poblaciones y pasaron por el machete a 250.000 españoles, criollos, mestizos, negros y cualquier cosa que no fuera maya.
El Gobierno de Yucatán, atrincherado en la blanca Mérida, se ofreció a ser parte de Estados Unidos, Jamaica y España a cambio de la ayuda militar que le salvara de la furia. Finalmente, México acudió en su auxilio e incorporó Yucatán al resto del país. Sin embargo, las ciudades de Chetumal, Bacalar y Carrillo Puerto siguieron medio siglo más en manos indígenas hasta que Porfirio Díaz firmó la paz en 1901. Actualmente en la península hay cinco santuarios mayas regidos simbólicamente por un líder espiritual y otro militar que recuerdan que un día arrasaron con todo lo que encontraron. Pero los mayas no son los únicos habitantes de Yucatán. Ni siquiera es posible conocer cuál es la posición de “los mayas” sobre el tren: representan un tercio de la población de Yucatán, el 16% de Quintana Roo y el 11% de Campeche según los datos del Inegi de 2010. Distintas migraciones han hecho de la península un lugar de mezcla gracias a la llegada de miles de “colonos”, como los llama López Obrador, desde Estados como Chiapas o Tabasco en la década de los sesenta y setenta en busca de tierra fértil a bajo precio.
Faustino García es el presidente ejidal de Silvituc, una comunidad ubicada entre las futuras estaciones 4 y 18, dos modernas construcciones de cristal y techos a dos alturas en Escárcega y Xpujil con áreas ajardinadas y zona de café para los viajeros, según pudo ver este periódico en las oficinas centrales del tren en Ciudad de México. Sentado en una banca de madera frente a su casa, Don Faustino, de 70 años, es un buen ejemplo del perfil más extendido a lo largo de miles de pueblos por los que pasará el tren. Don Faustino es el presidente ejidal de una comunidad en la que el único futuro para los jóvenes es irse de ‘mojado’ a Estados Unidos, tal y como hizo hace 15 años su hijo, al que no ha vuelto a ver. Con este panorama, a su edad, Don Faustino no imaginaba que un tren le “haría tanta ilusión”, dice, moviendo las manos manchadas de tierra.
Actualmente, en casa de Don Faustino entran seis programas sociales cada mes: cinco mil pesos de “Sembrando vida” (unos 220 dólares), dos pensiones de 1.800 pesos (80 dólares), otra ayuda similar para su esposa enferma con poliomielitis, y dos pagas más de 1.500 pesos (unos 67 dólares) por cada nieto. El presidente ejidal fue toda la vida del PRI, pero dice que cambió de parecer cuando hace tres años pudo darle personalmente a López Obrador un sobre donde le pedía ayuda para un problema con el seguro agrario, durante la eterna campaña en la que estuvo inmerso el mandatario.
Hasta el momento, el único dato oficial para conocer el apoyo popular al tren ha salido de la consulta organizada por el Gobierno en diciembre, según la cual el 92% de la población quiere la llegada del ferrocarril. Los datos se pueden confirmar fácilmente con el poco científico método de preguntar a todo lo que se mueva: taxistas, estudiantes, ganaderos, apicultores, campesinos, hoteleros, vendedores ambulantes o alcaldes.
Durante esta encuesta a lo largo de 1.500 kilómetros, ocho de cada diez personas se mostraron entusiasmados ante la llegada del tren. “Por fin voy a poder conocer Cancún”, dijo Yesenia Luna, una limpiadora de hoteles de Palenque de 40 años. “Nos va a traer turismo”, dijo Esteban Pérez, un obrero de 34 años en Campeche. “Va a devolver la vida a toda la región”, dijo Juan García, un vendedor ambulante de Escárcega. “Volveré a subirme a un tren”, dijo Natividad Goisanchez, un ganadero de Xpujil de 63 años. “Llegará más gente y habrá más dinero”, dijo Ana María, recepcionista en un hotel de Mérida. De igual forma, ocho de cada diez personas no han visto jamás las urnas de la consulta y desconocen el trayecto, el impacto y la dimensión de la obra, o fueron incapaces de señalar dónde estará la estación que, en los planos, está dibujada junto a sus casas.
En la consulta del Gobierno realizada en diciembre para legitimar el proyecto participaron casi 100.000 personas: el 2,8% del padrón electoral. Aunque la cifra alcanza el mínimo requerido para una consulta de este tipo, Naciones Unidas reprochó que la votación no cumplió con los mínimos estándares: solo se informó del impacto positivo que tendría la obra, únicamente votaron alcaldes y delegados y las traducciones en lenguas indígenas estaban mal hechas, entre otras fallas.
A 100 kilómetros de la casa de Faustino está Xpujil, un pueblo sencillo con algunos hoteles para los turistas que visitan los restos arqueológicos de Calakmul, una maravilla de la arquitectura maya al nivel de Copán o Palenque con más de 6.000 construcciones, de las que solo han visto la luz unas pocas. Una ciudad levantada en el clásico tardío —entre el 500 d.C y el 900 d.C—, cuando el imperio se extendía por cinco países centroamericanos.
Hace algunos años, López Obrador hizo un viaje a Calakmul con la que era su reciente esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. El presidente quedó tan deslumbrado con la belleza del lugar que decidió que todo el mundo debía conocer “el Nueva York de los mayas”. Finalmente llegó a lo más alto y cumplirá su palabra de levantar la estación número 18 junto a la zona arqueológica, a solo unos kilómetros de tanto amor. Este no será el único guiño familiar: la parada estará cerca de Constitución, el pueblo donde vive su tío y está enterrado su abuelo.
El trayecto que une Palenque-Escárcega-Calakmul y Bacalar es una carretera de pavimento perfecto que atraviesa la reserva. Años de PRI han hecho de México un amante de las grandes infraestructuras y cualquier nuevo gobierno sabe que se la juega en esto. El tramo está regado de carteles pidiendo precaución a los conductores por el paso de tigres, ocelotes, tapires o saraguatos. Los carteles, ecológicamente diseñados en madera, incluyen los logotipos de todos los gobiernos anteriores y de una larga lista de organizaciones de defensa del medio ambiente. En paralelo a la carretera, a unos 50 metros del arcén, discurre el tendido eléctrico y será ahí, entre ambos, entre las torres de alta tensión y el pavimento, por donde circulará el tren con doble vía. A simple vista, la promesa del presidente de hacerlo “sin tirar un solo arbolito”, parece solo una promesa.
Los 273 kilómetros de este trayecto que habrá de levantarse desde cero estará a cargo del Ejército. De hecho, las Fuerzas Armadas juegan un papel fundamental en el proyecto. Desde que llegó al poder, López Obrador ha adjudicado al Ejército, entre otras obras, la construcción y explotación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y dos tramos del Tren Maya: este que atraviesa la selva y el que une Bacalar y Tulum, de 213 kilómetros. La fe del mandatario en los militares ha hecho incluso que cuente con ellos como mediadores en las disputas que ha sostenido Fonatur, el organismo encargado del proyecto, y las empresas concesionarias de las autopistas.
Una de las polémicas que rodean la obra es la ausencia de un estudio de impacto ambiental (MIA) sobre una vía que atravesará un tesoro verde que envidiaría cualquier país: las Reservas de Kin y Balam Kú, en Campeche, el Parque Nacional de Palenque, en Chiapas, las Áreas de Protección del Cañón del Usumacinta, los Manglares de Nichupté o Yum Balam, en Quintana Roo. Además las Reservas de la Biosfera de Sian Ka´an, en Quintana Roo y los Petenes y Calakmul, considerado Patrimonio de la Humanidad. Paralelamente el tren pasará por ciudades protegidas por la Unesco como Mérida, Valladolid o Campeche, el pueblo Mágico de Bacalar o cientos de cenotes.
”Claro que hemos hecho un estudio de impacto ambiental”, dice Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur. “¿Alguien puede pensar que no lo íbamos a hacer? Lo que ocurre es que primero tenemos que hacer el diseño de la obra para conocer cuál será ese impacto”, explica en su despacho de la Ciudad de México. Unos días antes de la entrevista, el 7 de junio, Fonatur argumentó que estaba “exento” de realizar dicho informe ya que el Tren Maya no es una obra nueva sino la “rehabilitación y mejoramiento” de la vía existente, según una nota de prensa. Muchos se llevaron las manos a la cabeza y, además del impacto ecológico, exigen un estudio de impacto social por las consecuencias de un proyecto que incluye 1.525 kilómetros de vía, 18 estaciones y siete “polos de desarrollo”, un ambiguo término en el que cabe desde una maquila a una central nuclear, enfocado en reordenar municipios y crear otros nuevos para acoger a miles de trabajadores. Tras la polémica, dos semanas después del inicio de las obras, Fonatur cambió de parecer y anunció la existencia de un estudio medioambiental que puede ser consultado en sus oficinas en Yucatán.
—¿Y cómo se construye un nuevo pueblo?
”Palenque es un buen ejemplo”, dice Jiménez Pons, en referencia al municipio donde López Obrador tiene su finca y donde estará la estación número 1, según los planos.
La localidad chiapaneca, de 112.000 habitantes, es una mancha urbana en la selva que ha crecido caóticamente en las últimas décadas al calor de la ganadería y los restos mayas que atraen a miles de turistas. El encargado del proyecto considera que “hay que poner orden”, dice. Entonces, el funcionario toma un mapa y señala: “Vamos a crear el nuevo centro aquí”, dice, apoyando el dedo sobre una zona pintada de verde fuera del casco urbano, donde se levantará una vanguardista estación de metacrilato y tejados triangulares con forma de estela prehispánica, alrededor de la que habrá un centro comercial y viviendas de bambú. “¿Y cuál es nuestra maña (estrategia) para conseguir el arraigo de la población al nuevo casco? Nos llevaremos el Palacio Municipal a la estación”, dice, señalando el mapa. “Y ahora nosotros somos el centro”.
A 1.220 kilómetros del dedo del funcionario en la capital, un apicultor yucateco mira la lluvia y se balancea sentado con las piernas cruzadas en su hamaca mientras habla del tema que enloquece a las comunidades. Anastasio tiene sus colmenas junto a las impresionantes pirámides de Calakmul y está disgustado por el mal ambiente que ha generado el tren. “No puedes criticarlo o hablar mal de López Obrador porque te miran como alguien que no piensa o que te opones al progreso”, dice, sobre la reacción de algunos vecinos de Conhuas. “Y yo creo que tenemos derecho a la luz, al agua potable o a una buena escuela sin que tenga que ser a cambio de tragarnos el tren”.
”El tren es solo la nariz de un proyecto mucho más grande”, dice Pedro Uc en Buctzotz, a 500 kilómetros de la miel de Anastasio. El poeta maya se refiere a los hoteles, las fábricas, las bodegas de grano, los almacenes de cemento, los mataderos o los centros comerciales que surgirán alrededor. La fórmula de negocio pactada entre el gobierno mexicano y las empresas privadas para financiar el tren consiste en que estas pagarán la infraestructura a cambio de explotar todos los negocios que surjan alrededor de la estación.
Frente a la biblioteca de su casa, a media hora de donde estará la estación número 6, Pedro Uc explica que está en contra del tren y acusa al Gobierno de manipular a la población con programas sociales. En la última Navidad, el poeta que escribe a las flores y los pájaros en náhuatl, recibió una amenaza de muerte en el celular y desde entonces cuenta con un botón de pánico en su casa y medidas de protección destinadas a los defensores de derechos humanos.
Otro apicultor maya, Manuel Pech, explica inocentemente que sale desconcertado cada vez que asiste a una reunión informativa. “Me dicen que el tren va a ser bueno para todos y que me darán un trabajo pero es que… yo ya tengo uno”, dice con aire de disculpa, junto a sus panales en una comunidad cerca de Mérida, donde estará la estación diseñada por el prestigioso arquitecto Enrique Norten.
Frente al discurso oficial, una pequeña comunidad en mitad de la selva ha llamado la atención en Alemania. Cerca de la estación número 16 de Bacalar, un encantador pueblo de 400 familias llamado Nuevo Bécal, ubicado en el centro de la reserva de la biosfera, obtuvo en mayo el primer certificado comunitario de México otorgado por el Forest Stewardship Council (FSC). El reconocimiento internacional es un espaldarazo a su forma de cuidar sus 52.000 hectáreas de bosque con un manejo forestal que genera empleos, señala la organización fundada en Bonn hace 27 años. Sin embargo, ningún responsable del tren ha llegado jamás por aquí para saber cómo lo están haciendo, explica la esposa del antiguo alcalde.
Antes de sentarse a mirar la lluvia en la hamaca, Anastasio se desprende de su uniforme de apicultor, un equipo tan poco sofisticado como el de tres pantalones, tres camisas y tres chaquetas superpuestas y un casco con una malla. Mientras se quita pacientemente cada prenda, describe el programa Sembrando Vida lanzado por el Gobierno para repoblar la selva con árboles frutales y maderables a cambio de 225 dólares por campesino y en el que participan muchos de sus vecinos. “Están dañando el medioambiente porque, al final, te hacen quitar una vegetación para poner otra”, crítica. “Ellos quieren árboles en línea”.
—¿En Internet?
—No, alineados —aclara. Su espontánea explicación termina siendo el retrato de un modelo paternalista diseñado en los despachos de la capital.
La tormenta tropical Cristóbal golpea la costa de Quintana Roo por tercer día consecutivo y a principios de junio Tulum es una sombra de lo que fue. “¡Atención! ¡Atención!”, grita un megáfono en la vía pública, que recuerda que se trata de una zona de alto contagio y exhorta a la población a quedarse en casa como si fueran las horas previas al estallido de Chernobyl.
Primero la pandemia, y ahora el agua y los vientos de 100 kilómetros por hora, han reducido el lugar más cool del caribe mexicano a un espacio inerte donde se han paralizado todas las actividades. Todas menos una: de madera de teca, en piedra caliza, con adornos del Rey Pakal, con dos, seis, ocho habitaciones, con albercas en forma de trébol, baño turco, gimnasio… la construcción de elegantes departamentos no se detiene y cientos de albañiles sueldan, alicatan y martillean bajo el agua como si nada de lo anterior sucediera. Un grupo pega ladrillos en un garaje sumergidos en el barro hasta las rodillas.
A vista de dron, la imagen de Tulum es la de una mancha urbana de 40.000 personas que crece de forma frenética contra cualquier cosa verde que se interponga entre el municipio y el mar, a tres kilómetros. Al ritmo actual, en menos de una década se prevé que la población se multiplicará por cinco. En pocos años Tulum ha pasado de ser una playa para mochileros donde dormir en una hamaca por diez dólares a convertirse en una cita obligada para los DJ’s de medio mundo. A pie de calle, la estampa no es mejor. Obreros, camiones, grúas y hormigoneras se cruzan frenéticamente en el lodazal, donde cientos de albañiles chiapanecos duermen al pie de las construcciones.
A 210 kilómetros al sur siguiendo la costa, en la laguna de Bacalar, la imagen tiene ingredientes similares. El sitio donde hace dos décadas vivía un pequeño grupo que recibió a los primeros viajeros que se apartaban de la ruta clásica, es ahora un pueblo mágico donde se combinan una tranquila plaza y un fuerte del siglo XVI, con el desenfrenado popurrí de hostales, restaurantes y centros de terapias naturales frente al agua.
Conocida como la Laguna de los Siete Colores por la mágica combinación de azules que logra gracias a los estromatolitos, Bacalar tiene ahora ocho. El octavo es el marrón de las heces desbordadas del cárcamo municipal que llegan hasta el agua. No hace falta ser un furibundo ecologista para saber que la cosa no va bien.
No obstante, Tulum, Bacalar y su hermano mayor, Cancún, la estación número 11, son las joyas de la corona del Tren Maya en su tramo del Caribe, un trayecto de 347 kilómetros que sube en paralelo a la costa. Este tramo, que también construirá y explotará el Ejército, se hará casi por completo entre la carretera y la red eléctrica para aprovechar el ‘derecho de vía’ que posee el Estado sobre ambas. Aunque, según el proyecto oficial, el tren servirá para mover mercancías, pasajeros locales y turistas, en el momento en que López Obrador encargó a Fonatur su construcción, quedó claro que en su imaginación el tren iría cargado de viajeros llenos de dólares. Desde ese momento, la oficina paraestatal, que en el pasado se encargó de diseñar Cancún, Huatulco o Los Cabos, atrajo la mayor inversión del sexenio.
El trayecto, las licitaciones, las obras, la construcción de los “polos de desarrollo”, la consulta a los pueblos indígenas o los procesos judiciales abiertos pasan por las manos de Jiménez Pons, director de Fonatur. A pesar del evidente acento turístico, lugares como Tulum y Bacalar hace tiempo que muestran agotamiento y pocos pueden aclarar cómo se absorberán los tres millones de nuevos turistas proyectados anualmente, que se sumarán a los 14 millones que visitan cada año la región. Un escenario colapsado desde antes de que el tren empiece a rodar.
Bacalar no tiene sistema de saneamiento ni un plan urbanístico y en Tulum los hoteles no tienen tratamiento de aguas y la basura va directamente al Caribe. La coqueta playa, la única con unos restos arqueológicos mayas frente al mar, se queda sin electricidad continuamente y los motores de diésel suenan día y noche para mantener el aire acondicionado en habitaciones que pueden llegar a los 2.000 dólares. El basurero, construido para los próximos cinco años, colapsó solo 18 meses después. Tampoco hay buenas infraestructuras y las filas de coches son continuas para acceder a la zona hotelera, pero las paradas 14 y 16 ya están pintadas en el mapa.
”El Tren Maya es un collar de perlas al que solo le falta el hilo que las engarce”, dijo cursimente el jefe de obras del grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, cuando el 2 de junio dio arranque a las obras junto al presidente. El collar, sin embargo, ha polarizado a la población y enfrenta varios obstáculos. En Bacalar, por ejemplo, ejidatarios y ambientalistas rechazan el tren por motivos distintos. Mientras los dueños de la tierra negocian privilegios, los ecologistas ven con espanto la llegada de miles de turistas diarios por el desgaste que supone.
“La laguna está al borde del colapso. Las letrinas se desbordan en las casas cuando llueve porque no hay ni siquiera un sistema de saneamiento y la laguna está cada vez más seca”, explica Sara Cuervo, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS). “No se trata solo del Tren Maya, sino de todo lo que generará alrededor: hoteles, centros comerciales, alquileres de coches, restaurantes de comida rápida… Es un golpe mortal a la forma de vida en Yucatán, donde más del 50% de la tierra está en manos de ejidatarios (de propiedad colectiva)”, denuncia la activista junto a la laguna.
Vista de la laguna de Bacalar y los colores que forman las aguas con sedimentos y aguas negras en época de lluvias.Hector Guerrero
En la orilla de enfrente —literal— el dueño de un hotel de 500 pesos la noche (unos 25 dólares) a una cuadra de la laguna defiende que “el tren es bueno para Bacalar y traerá empleo y turistas, pero hay quienes no quieren prosperar y nos quieren imponer su forma pequeña de ver el progreso”, dice, refiriéndose a la llegada de las grandes cadenas hoteleras. “Los mediocres y los seudoecologistas se oponen al progreso porque no quieren tener competencia”, añade. El hombre, de unos cuarenta años, se imagina un futuro mejor en el que pueda montar un negocio de motos de agua ahí mismo, y señala con el mentón una esquina cualquiera, una donde ahora una mujer vende chalupas de camarón.
A unas cuadras de ahí, sobre la carretera 186, dos mujeres con la cabeza cubierta y largas faldas aguardan sobre un carro de caballos a la sombra de un flamboyán. Esperan junto a niños perfectos que regresen de la tienda los hombres de camisas de cuadros y tirantes. Antes que el tren, el progreso llegó a Bacalar hace años en forma de semilla de Monsanto. Los menonitas, un grupo ultrarreligioso que llegó hace 15 años, ha ido comprando poco a poco miles de hectáreas para el cultivo de soja cerca de la laguna.
La gestión ultraproductiva de estas 300 familias que llegaron desde Chihuahua y Belice ha inundado de transgénicos el mercado y ha roto las formas de cultivo tradicional de Yucatán. Ellos serán unos de los colectivos más beneficiados. La vida de los menonitas seguirá viajando en carro de caballos pero su dinero lo hará en un tren de alta velocidad. Durante años, los mismos ambientalistas que hoy se oponen al tren denunciaron la llegada de la palma africana o de las agresivas técnicas menonitas. También entonces les gritaron que estaban contra el progreso.
El Tren Maya pretende revitalizar una industria turística en horas bajas que ha dado de comer al país durante décadas. En los últimos años la zona ha recibido dos golpes que han dejado herido un sector tan sensible a los virus como a Instagram. El primer impacto fue el sargazo, la alfombra fétida de algas que invade el Caribe y provoca un insoportable olor a huevo en la orilla. El sector mira con espanto cómo llegan cada día a Quintana Roo inmensas manchas de algas del Amazonas que siempre terminan en sus playas e imposibilitan el acceso al agua, destrozan los corales y espantan a los clientes. El boca a boca y el poder de las redes sociales han hecho su efecto y en los últimos tiempos al Caribe mexicano llegan cada año entre un 2 y un 4% menos de turistas, según cifras del sector.
Cuando a principios de junio López Obrador llegó a Cancún para dar el banderazo a las obras, dijo que el sargazo era cosa del pasado. A esa misma hora, siete trabajadores limpiaban con rastrillos las algas formando montañas más altas que su cabeza en los pocos metros que quedan de playa pública en Tulum.
Acostumbrada a los millones de turistas, el coronavirus ha dado el golpe más reciente y pone en cuarentena el modelo All inclusive dada su dependencia de aerolíneas, cruceros y operadores turísticos, y que se apoya en la bonanza de la clase media en Estados Unidos y Europa. A nivel local, en el imaginario colectivo, Cancún —la parada número 11 del tren— es la fábrica que ha alimentado al sudeste las cinco últimas décadas. Para el mundo, sin embargo, es una marca registrada que el año pasado atrajo a casi siete millones de turistas que también pasaron por Riviera Maya, Cozumel, Isla Mujeres o Mahahual. Otros siete millones de turistas llegaron en cruceros y dejaron sus dólares en restaurantes, artesanías, masajes en la playa o en propinas a camareros que llevan la bebida hasta el agua.
Hace menos de 50 años, Cancún era solo una pequeña y alargada isla de pescadores, unida a tierra por dos puntos, donde puso los ojos un grupo de empresarios. Poco tiempo después comenzaron a levantarse los primeros hoteles y Cancún se convirtió en el gran legado turístico del presidente Luis Echeverría, en una época en la que los mandatarios acostumbraban a despedirse del cargo con un faraónico proyecto, como también lo fue el Acapulco de Miguel Alemán, Puerto Vallarta, Huatulco o Los Cabos.
Natividad Goisanchez cruza la vía con su caballo. | En video, Rogelio Jiménez Pons explica el proyecto tren maya a detalle. Héctor Guerrero
Con casi 900.000 habitantes, Cancún es, con Cuba, el principal destino del Caribe, y de sus playas sale el 25% del dinero que entra en el país por turismo, segunda fuente de ingresos de México después de las remesas, según la Secretaría de Economía. Aquel pueblo en el que los primeros aviones de turistas aterrizaban gracias a la torre de control levantada con palmas y palos, movía —hasta que llegó la pandemia— 18 aviones cada hora y producía el 2,5% del PIB nacional. Pero después de cinco décadas, Cancún, también creado por Fonatur, es al mismo tiempo una mina de oro y una picadora de carne.
El año pasado, el crimen organizado ejecutaba cada mes a diez personas y se suicidaban otras cinco. El antiguo balneario es una de las ciudades con mayor número de suicidios del país y los psicólogos lo atribuyen a la llegada de miles de hombres solos de Chiapas o Tabasco que trabajan atendiendo bufés kilométricos y vuelven a dormir cada noche a una habitación de chapa y concreto. En estos casi 50 años la ciudad ha crecido de forma desigual: a un lado hay 40.000 cuartos en exclusivos hoteles y, al otro, casi un millón de personas llegadas de fuera que prestan servicios a la zona. Según el plan oficial, serán los turistas quienes costearán el precio del pasaje local y parte del transporte de mercancías. Sin embargo, la Organización Mundial del Turismo asegura que se han terminado las vacas gordas y el turismo se contraerá un 11%. En los próximos años, los ciudadanos de Estados Unidos, Canadá o Europa viajarán menos y lo harán en viajes más cortos y nacionales. El pujante turismo chino, el único que podría romper la situación, es visto hoy con recelo en cualquier aduana.
A 70 kilómetros de Bacalar hay un trozo de selva que encoge el alma. Son los cientos de hectáreas de palma autóctona que rodean los restos arqueológicos de Kohunlich, arrasadas por un incendio. Donde antes había tapires, tlacuaches o monos aulladores, se mueven ahora las primeras hormigas y ni siquiera las lluvias han logrado que regrese remotamente el verde. Los troncos del corozo y otros árboles centenarios parecen bañados en brea hasta donde se pierde la vista. En abril de este año, los vecinos del ejido Francisco Villa intentaron desesperadamente apagar un fuego que duró varios días y que llegó a las puertas de la zona arqueológica. Finalmente la carretera ejerció de cortafuegos, pero ahora el frondoso bosque arrasado será lo primero que verán los 20 ó 30 entusiastas de la arqueología que suelen venir en temporada alta a ver estas escondidas pirámides.
Sentado en su tienda de comestibles, la sensación del alcalde del pueblo es que el tren aún no ha empezado a rodar pero ya se sienten las consecuencias. ”Cada vez hay más incendios provocados. Apagas por un lado y aparecen brotes en otro”, asume cabizbajo junto a su tienda Luis Espinosa, presidente municipal del Ejido Francisco Villa, al que pertenece el paraje arrasado. “Ha comenzado la especulación por la tierra”, dice sobre este lugar ubicado entre las paradas 16 y 17.
México es una potencia medioambiental, cuenta con 12 ecosistemas diferentes, 58 tipos de vegetación —más que sus dos vecinos norteamericanos Estados Unidos y Canadá juntos— y un buen número de especies endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Su posición geográfica, bisagra entre las zonas tropicales y templadas de América; dos grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico; su relieve, desde costa a picos de 5.000 metros; y su variedad climática lo hacen un lugar único en el mundo. Sin embargo, en los últimos 30 años, ha perdido la tercera parte de sus selvas y la cuarta parte de bosques, uno de los argumentos del Gobierno para decir que tampoco hasta ahora se estaba haciendo bien. Pero las razones a favor de la conservación no parecen ser suficientes para frenar el tren. Lo supieron todos los ecologistas desde que Jiménez Pons resumió, en febrero del año pasado, la filosofía que mueve el megaproyecto: “No ganamos nada como país con jaguares gordos y niños famélicos”.
Alfredo Arellano, el secretario de Medioambiente de Quintana Roo, lleva tres años luchando contra las talas ilegales, la protección de los corales, los cenotes o la recuperación del jaguar. Se trata de un viejo conocido de los ambientalistas que ahora ocupa un puesto de responsabilidad, y no llegó al cargo para ser un florero. ”Tenemos que reconsiderar el modelo de turismo masivo”, dice Arellano en su oficina de Chetumal. “La población de Cancún crece cada año un 10% y la de Tulum ha llegado a hacerlo a un ritmo del 20%. Para garantizar la sostenibilidad del modelo es necesario diversificar. Bajarle al sol y la playa y apostar por un turismo cultural o de naturaleza”. Mientras habla, el funcionario proyecta en la computadora imágenes aéreas de Quintana Roo que muestran un lugar horadado, donde la masa forestal ha dado paso a amplias manchas marrones debido a la construcción de edificios junto a mar, la tala ilegal, los incendios, la desaparición de ríos o la agricultura transgénica de los menonitas.
Según Arellano, con la llegada del tren, la laguna de Bacalar, la reserva de Calakmul y los cenotes junto a Tulum serán los más afectados. Para la laguna o los manglares de Cancún, ni siquiera hay recuperación posible, admite.
—¿Le ha solicitado Fonatur algún estudio de impacto ambiental?
—No, solo un pequeño informe técnico.
—¿Y qué le contestaron?
—Nada
—¿Le han consultado sobre las zonas más sensibles?
—No, no he hablado con nadie.
—¿Me puede señalar dónde estarán las ocho paradas que pasarán por Quintana Roo?
—No sabría decirle con precisión. No tengo información oficial al respecto, concluye.
La paradoja del modelo turístico es que incluso aunque llegaran en tren los millones de extranjeros que se prevé, y los dólares regaran la península, muchos ejidatarios ni siquiera saben cómo podrán beneficiarse. “En mi comunidad tenemos un cenote en el que caben 40 personas”, dice un ejidatario de San Antonio Mulix, refiriéndose al espectacular agujero azul que gestiona con sus vecinos y que en verano deja casi 900 dólares mensuales a la comunidad. “Aunque vinieran mil turistas más y se construyera un hotel, en el cenote solo caben 40 personas”, dice con aplastante lógica.
En Felipe Carrillo Puerto, en la parada número 15 del tramo Caribe —que será un espectacular edificio de columnas con una gran circunferencia abierta en el centro—, el borrachín de la plaza ofrece tal vez la explicación más contundente a favor del tren. “¿Daño ecológico? Destruye más la construcción de una carretera”, responde. “¿Apropiación de la palabra maya? ¿Quién es el dueño del término? Los mayas no solo están en Yucatán, sino que abarcan seis Estados mexicanos y llegan a Guatemala, El Salvador o el norte de Nicaragua. ¿Quién es maya? Según la Constitución se considera indígena el que habla la lengua y se identifica como tal”, dice, meciéndose la barba junto a su perro negro y una botella de alcohol barato. Con mucho menos, Paulo Coelho hubiera escrito una trilogía.
III. Viviendo junto a la vía
Un hombre de manos anchas y brazos fuertes con un tatuaje en el hombro cuelga la ropa mojada en la estación. Un extremo de la cuerda está anudado a los barrotes de la taquilla y el otro a las agujas que hace 30 años servían para cambiar el rumbo del tren. Francisco Javier Rodríguez, de 64 años, es uno de los últimos ferroviarios que tuvo el país cuando llevaba pasajeros, y todavía no ha dejado las vías. Francisco es capaz de diferenciar un durmiente de madera de uno de concreto por la vibración. También se acuerda perfectamente que, a las 7 de la mañana del 18 de noviembre de 1985, empezó a trabajar en la empresa de ferrocarriles y dejó de hacerlo 31 años después, cuando a las 6 de la tarde, como los porteros de fútbol, colgó los guantes. Así, como su matrimonio o el nacimiento de sus hijas, tiene marcada la fecha.
Francisco se infla cuando habla de los buenos tiempos del ferrocarril: “La gente podía ir por poco dinero a los pueblos o a trabajar en las fábricas cercanas. Me gustaría volver a ver actividad en la estación, gente con equipaje, vecinos llevando productos, visitando a los parientes… que vuelva la gente como antes”, dice. “Estoy feliz con la llegada del tren. Es un gran proyecto para revitalizar la zona. El tren es mejor que el ADO (el autobús) porque es más económico y puedes caminar”, aclara, al pie de una estación abandonada.
El paradero donde vive mantiene intacta la estructura de siempre; las taquillas, la sala de espera, la oficina del jefe de estación, el cuarto del telegrafista, el área del revisor o la caseta de teléfono: su casa. Junto a la estación, más de cien familias de la colonia Jesús García viven en un barrio congelado en el tiempo adaptado a la escasez y al aire de velorio. La antigua residencia de ingenieros es ahora la escuela y, a un costado, las viviendas de cientos de trabajadores que tuvieron un pasado mejor y ahora, dicen, también un futuro.
Francisco llegó a la estación con 27 años, tras una temporada en la escuela de grumetes de Veracruz que le dejó como recuerdo el ancla tatuada. Era 1979 y llegó a Escárcega buscando suerte en una ciudad que por entonces ofrecía trabajo en el matadero, en el aserradero, en la fábrica de acero o en cualquiera de las industrias que movía el tren, hoy todas ellas cerradas. ”Antes había más billete”, dice sobre una época en la que “ganaba bien por estibar durmientes y era posible salir de vacaciones o ir a un restaurante con la familia”. Su historia es la de miles de migrantes llegados a Yucatán en los años sesenta y setenta desde Tabasco, Veracruz o Chiapas. Una política de colonización de la península alimentada desde la época de Porfirio Díaz para frenar la tentación independentista y el levantamiento de indígenas.
Juan Manuel Morales se mueve entre los hierros a los 66 años con la soltura de un adolescente. También fue ferroviario hasta que la crisis terminó con su oficio, y hoy vigila el antiguo taller donde se reparaba el tren. “Aquí se sancochaban los durmientes, ahí se inyectaba líquido, ahí se corregía, ahí se tiraba el chapapote…”, explica mientras señala y recorre el taller abandonado repleto de oxidados raíles, sierras y tornos llenos de polvo, hornos industriales, chimeneas ennegrecidas y montañas de tornillos del tamaño de un brazo. Hoy, sin embargo, Juan Manuel está contento porque vuelve a haber vida: 200 trabajadores de la constructora Carso, encargada de este tramo, han desembarcado en el lugar y trabajan en lo que serán los nuevos talleres del Tren Maya, y probablemente vuelva a conseguir un trabajo de lo que más le gusta.
Lo más moderno de Escárcega es el Burguer King y el enorme cartel de hamburguesa visible desde cualquier lugar. La localidad de 30.000 habitantes, la estación número 4, es un claro ejemplo de que el tramo dedicado al Golfo tiene dos partes. Una elegante, histórica y con cierto glamur que pasa por ciudades como Mérida, Campeche, Valladolid o Uxmal, patrimonio de la Unesco, donde se revive la herencia colonial y las antiguas haciendas de palo de tinte y chicle. Y otra fea, con barro, animales correteando junto a la vía, migrantes huyendo y familias que secan la ropa de lado a lado de los vagones abandonados. En este tramo, Fonatur reconoció que tumbará 6.600 “individuos arbóreos” a pesar de que ya hay vía construida y ni siquiera es el más frondoso.
Uno de los atractivos del Tren Maya es que cuenta con todos los guiños históricos que le gustan al presidente. El primer ferrocarril de México fue inaugurado por Benito Juárez en 1870. Aquel primer tren que unió la Ciudad de México con Veracruz comenzó rodeado por la corrupción cuando fue concesionado a una empresa que, 12 años después, no había construido ni un solo kilómetro. Finalmente fueron Maximiliano —con más de 200 kilómetros— y Porfirio Díaz —con 20.000 kilómetros de trenes— quienes impulsaron el transporte masivo en el país. De consumarse el Tren Maya, López Obrador entrará en la historia como el segundo presidente de México que más kilómetros de tren habrá construido.
Durante la Revolución el tren también fue fundamental. Se suele decir que la conquista se hizo con el crucifijo y la espada y la Revolución a caballo y con el tren. Gracias a las viejas máquinas de vapor, Pancho Villa y los suyos se movilizaron por todo el país en los vagones que pertenecían a las empresas estadounidenses. Años más tarde, el general Lázaro Cárdenas, otra de las referencias del mandatario, además del petróleo nacionalizó los ferrocarriles y desde ese mismo día se dejó también de invertir en el por lo que fue entrando en una paulatina decadencia que llegó hasta los años ochenta y noventa.
Al conflicto sindical se sumó el desprecio oficial que apostaba por las carreteras y el petróleo (del que México era productor) como motor de desarrollo. En aquellas décadas se potenciaron los aeropuertos, el transporte en autobús y la construcción de grandes autopistas de peaje hasta que, en 1998, Ernesto Zedillo decidió “desincorporar” el tren del aparato del Estado. Cuando tomó la decisión ya solo operaba el 10% de las líneas férreas del país. Desde entonces se han mantenido en activo algunos tramos para el transporte de mercancías.
Hasta ese día, Escárcega había sido un importante nudo ferroviario que debe incluso su nombre al tren. El ingeniero Francisco Escárcega fue el encargado de transformar en los años 30 un campamento fundado por un grupo de familias dedicadas al palo de tinte, en un municipio digno desde el que se conectaría la península de Yucatán con Coatzacoalcos, en Veracruz, y la Ciudad de México. El fin del tren fue también el fin de las fábricas, los jefes de estación, los guardagujas, los interventores, los enganchadores, los guardabarreras, los capataces, los sobrestantes, los avisadores, los telefonistas, los maquinistas, los fogoneros, los jefes de vagón, los interventores, los estibadores, los soldadores o los guardafrenos que requería el ferrocarril. Junto a ellos, también fue el final para miles de obreros que vivían del nudo que conectaba el sureste con la capital, hoy a 13 horas en coche. De aquella época lo único que queda son las celebraciones de cada 7 de noviembre, Día del Ferrocarrilero, cuando recuerdan con una gélida ofrenda floral y un convivio que un día fueron importantes.
El centro de Escárcega es un caótico flujo de comerciantes, mototaxis pitando y vecinos deambulando entre pequeños negocios junto a las vías. Las tres estatuas de la ciudad —a los mayas, a los Niños Héroes y a los recolectores de chicle— son lo único capaz de soportar bajo el sol el asfixiante calor de media mañana.
La pesca es una de las grandes actividades de Campeche. Hector Guerrero
Si el Gobierno ejecutara estrictamente el “derecho de vía” en Escárcega —20 metros de lado a lado, 40 en total— desaparecerían del centro la terminal de combis, Peluquería Reyes, PolloCruji estilo norteño, la frutería Cristy y la taquería D’mario’s (así, con doble apóstrofe). Pero en el Detroit ferroviario de México el tren “es la mejor noticia que ha llegado en mucho tiempo”, dice Juan García, un vendedor ambulante de 43 años que lee el periódico en una silla en la vía.
El dueño de la peluquería, Andrés Reyes, de 44 años, está a favor del tren pero dice que solo con dinero y una casa digna podrán sacarlo de su local, que ha quedado fagocitado por el crecimiento urbano y está en el centro del municipio. “Escárcega se ha quedado atrasada y el tren nos traerá trabajo. Vendrán ingenieros, obreros, turistas y eso será bueno para todos”, dice en la butaca de una peluquería con más polvo que clientes.
A 147 kilómetros de ahí, en la parada número 5, Lourdes Ganso despliega sobre la mesa una larga lista de documentos, oficios, fotografías, demandas, informes y hasta una carta firmada por el general Lázaro Cárdenas, en la que agradece a su abuelo la ‘donación’ de parte de su finca al Estado para facilitar el paso del tren. Ella Insiste en que su familia vive ahí hace más de cien años, cuando lo que hoy es el centro de Campeche eran huertas sin valor alguno y entonces se indigna y da un golpe en la mesa: “No nos van a hacer lo mismo que nos hizo Porfirio Díaz. No nos vamos a dejar”, dice en el porche de su casa. Un lugar tan cercano a la vía, que si estira la pierna podría colocarla en los raíles.
Lourdes pertenece al grupo de vecinos de Campeche que se han unido para que el tren no pase por su barrio. Son 300 familias nacidas y criadas en los barrios del Camino Real, Santa Lucía y La Ermita, que llevan toda la vida peleando para que el tren de carga salga de la ciudad. Sin embargo, la respuesta que ha recibido es que Campeche será la estación número 5 y el tren que pasará frente a su puerta más rápido y más frecuente. “Que sepa el presidente que de esta casa salieron cinco votos para su candidatura y ahora nos encontramos con esto. Hemos pedido que se desvíe el trayecto y rodee la ciudad pero no quieren escuchar. No entiendo la cerrazón de los encargados del Tren Maya por pasar los vagones por el centro de la ciudad”, protesta Lourdes junto a un grupo de vecinos.
Unas calles hacia el este vive Guadalupe Cáceres, una maestra jubilada de 62 años reconvertida en lideresa vecinal. “No somos invasores de la vía, no hemos llegado a ocupar nada. Fue la vía la que nos invadió a nosotros”, dice molesta, en referencia a quienes los acusan de ocupar ilegalmente un espacio que sabían que les pertenecía al Estado. “Llevamos casi cien años viviendo en esta casa y es un atropello lo que están haciendo”, dice, y señala una vitrina donde hay unas velas y las fotografía de sus padres y abuelos. “Señor periodista, que quede claro, aquí no hay invasión”, insiste. Desde que tiene uso de razón, Guadalupe no desayuna hasta que no está segura de que ha pasado el tren, para que no le derrame el café.
Jiménez Pons, el hombre fuerte del Tren Maya, explicó que desviar el tren sería muy caro porque habría que hacer un túnel “pero confío en que lo solucionaremos integrando y convenciendo a los vecinos”, dijo a EL PAÍS. Pons considera que con dinero y propuestas para convertirlos en socios del proyecto, se resolverá el conflicto vecinal más organizado que enfrenta la megaobra.
La estrategia de los opositores al tren es torpedear con amparos judiciales las obras por construir durante la pandemia, por los errores en la consulta o por las afectaciones a los grupos indígenas. Algunos de estos amparos han salido adelante parcialmente y el último, a finales de junio, ha obligado a frenar las obras en el tramo sur. El abogado Jorge Fernández, del colectivo Indignación, que agrupa a muchos de quienes se oponen al tren, considera que “este gobierno repite las formas y maneras del pasado con licitaciones opacas, sin consulta popular y con un gran desprecio a quienes están en contra del tren”, explica en su despacho de Mérida. Fernández cree que la suma de amparos llevará el Tren Maya hasta la Suprema Corte.
Mientras se resuelve la situación judicial a lo largo de la ruta hay cientos de familias que viven al borde de la vía entre el nerviosismo y la ilusión, el tema que altera sus vidas. A Yesenia Luna, de 40 años, nunca le han preguntado qué piensa del tren. Hace 20 años llegó con su familia a Palenque, en el Estado de Chiapas, buscando un pedazo de tierra. Y la encontró aquí, junto a las vías, en el único sitio que no había que pagar. “Creo que nos van a dar una casa nueva. Yo no tengo inconveniente en moverme”, dice sentada junto a los raíles, donde conversaba con sus vecinas, ahora que bajó el calor.
“El tren es bueno para todos. Es cierto que habrá más gente y cambiarán algunas cosas y habrá más bulla, pero la bulla se puede soportar pero no tener trabajo, no”. Yesenia paga una renta de 36 dólares mensuales por una habitación junto a la vía y otros 18 dólares de luz. Trabaja una semana sí y otra no por 5 dólares diarios limpiando un hotel del centro.
—¿Cómo se imagina el nuevo tren?
—Pues así como el de México, como el Metro —contesta.
—¿A dónde le gustaría ir?
—A Cancún. Tengo ganas de ver el mar y pasear por los hoteles porque me han dicho que en la playa hay una atracción muy divertida…
Justo cuando Yesenia comenzaba a describir a sus vecinas el ambiente en la orilla, la conversación se corta con la ruidosa aparición de La Bestia, el imponente tren de carga que irrumpe en las vías con cientos de toneladas de cemento y 15 migrantes centroamericanos colgados de los hierros.
Cuando ponen un pie en tierra, los adolescentes corren asustados para ocultarse de la Guardia Nacional y del Instituto de Migración (INM) desplegados en la zona, cerca de la frontera con Guatemala. “Le decía”, prosigue Yesenia, “que en la playa hay unas atracciones, que son como bananas de plástico tiradas por una lancha….”, continúa contando a sus comadres con la naturalidad de quien cada día ve bajar del tren a decenas de migrantes con el pánico en el rostro.
El comienzo de las obras del Tren Maya suponen una apuesta por el sudeste del país y el cumplimiento de una promesa de campaña de la que el mandatario puede presumir. López Obrador aseguró también que daría empleo a miles de migrantes centroamericanos para disuadir las caravanas que odia Donald Trump pero la realidad es que hay promesas electorales que solo son eso, y hoy México deporta más nunca. También al borde de la vía, como en los viejos trenes, hay clases.
Apenas superficialmente se citaron los impactos sociales y quedaron ausentes los migratorios y de movilización humana. El Tren Maya es mucho más que un tren. De hecho, el ferrocarril es la parte más inofensiva de ese megaproyecto que apuesta por reordenar todo el aspecto socioeconómico de ls Península
El 16 de junio pasado, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) entregó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la llamada Fase 1 del Proyecto Tren Maya, en las regiones ubicadas en el recorrido desde Palenque (Chiapas), Tabasco, Campeche, hasta Izamal (Yucatán). Siendo un proyecto bastante conocido (aunque falten los detalles), en este texto quiero resaltar algunas consideraciones sobre un proceso que lo atraviesa transversalmente pero suele pasar desapercibido entre los aspectos ambientales, socioeconómicos y turísticos. Una realidad constitutiva de estos territorios de la Frontera sur-Península de Yucatán, que ha moldeado la región por décadas y lo seguirá haciendo: las (in) movilidades humanas y sus múltiples expresiones (movilidad interna, migración internacional, desplazamiento forzado, desalojo, migración en tránsito, deportaciones, retornos…).
Tres necesarias consideraciones previas, íntimamente relacionadas. La primera es que cualquier MIA debe incorporar los múltiples impactos que en ámbitos sociales producirán proyectos de tal envergadura: por tanto, es necesaria una Evaluación de Impacto Social que permita no sólo identificar, sino problematizar a profundidad, las sucintas descripciones socioeconómicas planteadas.
La segunda es que dichos impactos sociales no se limitan a un determinado espacio alrededor de la obra (se utilizan derecho de vía, área de impacto, y Sistema Ambiental Regional sin que aparezcan detallados en cuanto a su extensión y posibles alcances diferenciados), sino que sus efectos se expanden, tanto en su lógica de expulsión como de atracción, y se articulan con otros proyectos y con dinámicas socio-poblacionales de carácter histórico y estructural: el Tren Maya (TM) es mucho más que el tren (podría decirse incluso, que el Tren es la parte más inofensiva del proyecto que le subyace).
La tercera es que no puede pretenderse, ni en una evaluación de impacto ambiental, ni social, y menos aún en clave de (in) movilidades humanas, segmentar los efectos de estos grandes proyectos en “tramos”, como si estos procesos socio-ambientales no estuvieran íntimamente relacionados con el territorio más amplio, como si estuvieran sujetos a los 5 tramos en que en este caso se divide el proyecto para su mejor gestión. En muchos aspectos la MIA no cumple con uno de los principios rectores para este tipo de evaluaciones: el principio preventivo de considerar y atender posibles daños futuros (artículo 3/XXI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente-LGEEPA), lo cual cuestiona las categorías espacio-temporales que atiende y, por ende, los procesos sociales que eventualmente identificará en los mismos.
La movilidad (sustentable) en la MIA TM
En cuanto a los aspectos que, vinculados con las (in) movilidades, se muestran, consideran o abordan en la MIA, destaca el intento de justificar la pertinencia del proyecto TM en sus vínculos con los Planes Estatales de Desarrollo-PED de las entidades afectadas por las vías, planes que en muchos casos han sido elaborados justamente para dar validez y legitimidad al mismo proyecto.
-Los ejes 3 y 4 del PED Tabasco (páginas 631/287, 632/288 [1]), mencionan entre sus “objetivos” las variables de “movilidad, frontera sur, y migración nacional e internacional”, pero en ningún momento se aborda cómo el proyecto se adaptará, instrumentalizará o impactará en dicha problemática, especialmente compleja en este estado y en Chiapas por ser los estados tradicionales del tránsito de personas indocumentadas con rumbo a Estados Unidos.
-Para Chiapas, de hecho, no existe mención especial a esta problemática en su PED, aun siendo el estado clave por su papel preponderante como entidad de tránsito y detención de migrantes centroamericanos y globales, donde se concentran las políticas de control fronterizo y militarización que han venido a definir esta región como un “tapón migratorio” para un estimado de al menos 400 mil personas migrantes al año. Además, especialmente en este estado, la movilidad y migración interna es un proceso característico y sumamente importante de su composición y dinámica poblacional, fuertemente condicionado por las condiciones estructurales habituales (pobreza, violencias, marginación), además por la composición indígena de su población, lo que añade problemáticas específicas que tampoco son consideradas en la MIA.
-Para el caso de Campeche, la MIA no menciona el proceso, características y escenarios respecto del desplazamiento de personas con propiedades formal y legalmente reconocidas dentro del derecho de vía existente. Aún con el “aval” del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamiento Humanos (conocido como ONU-Hábitat) para su desplazamiento, no existe ni se menciona la existencia de algún plan de reasentamiento en consonancia con los protocolos, reglamentación y jurisprudencia de organismos internacionales [2]. Es necesario conocer el contenido de dichas negociaciones, así como la voz y opiniones de las personas afectadas. Además, existe un vacío preocupante en la información acerca de la labor específica de este organismo: ¿está al cargo de un eventual plan de reubicación o sólo lo planificaría para que alguna concesionaria privada lo ejecute? ¿El pago realizado es por concepto de consultoría, o para conseguir su aval? Si la labor de ONU-Hábitat fue de aval, su labor como organismo autónomo sería cuestionable. Si fue realizar una consultoría, tenemos el derecho (y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, la obligación) de saber sus términos de referencia, en particular para tener constancia que en el proceso de censo de afectados sobre el derecho de vía, elaboración de proyecciones de desplazamientos y planes de reubicación, se respetaron y aplicaron los mecanismos de protección de sus derechos humanos. De facto, este tipo de información ya debería estar siendo solicitada por instancias gubernamentales pertinentes, tales como la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), más aún si termina llamándose Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Desplazados Internos.
-En Yucatán, a pesar de mencionarse como objetivo de su PED la “movilidad sustentable”, no aparece mención en la vinculación de este rubro con el proyecto TM. En este estado, la movilidad en las últimas décadas ha empujado a una tercera parte de su población a mercados laborales precarios vinculados al turismo en la Riviera Maya, con evidentes impactos territoriales, culturales e identitarios con respecto de su origen como pueblo maya. Investigaciones cartográficas desde la academia muestran el proceso creciente de urbanización y desplazamiento territorial de las comunidades originarias y ejidales (con la multiplicación de proyectos de energías alternativas, granjas porcícolas y avícolas, lotificaciones privadas). Sería necesario considerar los ámbitos de alcance de dicha “movilidad sustentable”, así como anticipar posibles efectos y medidas de mitigación al respecto.
El uso recurrente de esta noción de “movilidad sustentable”, en varias partes de la MIA, se encuentra con al menos dos grandes obstáculos incluso en la visión reduccionista en que es problematizada, para los cuales no se ofrece mayor alternativa o aclaración:
-La promesa de construcción de viaductos que aseguren la movilidad tradicional entre los territorios debería estar respaldada por su localización, cantidad, características… No hay información al respecto, más allá de mencionar la intención. Sería necesario conocer (para lo cual primero hay que investigar) cuáles son las rutas tradicionales de movilidad rural, los circuitos de tránsito, de traslado de ganado, de trabajo temporal. Cuando se menciona entre las actividades (página 705/361) la “construcción de caminos rurales, de terracería o revestidos entre las localidades estratégicas para procesos de mejorar la Comunicación…”, se aclara que “El PROYECTO considera la construcción de pasos vehiculares en zonas urbanas, estos permitirán la movilidad en las zonas urbanas por donde pasará el PROYECTO” (sic).
-En el mismo sentido (página 863/519), “La pavimentación y construcción de nuevos caminos, calles o carreteras [no se realizará] sin la autorización respectiva…”, aclara que “…No aplica al PROYECTO, ya que no se realizará la pavimentación o construcción de caminos, calles o carreteras nuevas, únicamente se considera la construcción de pasos vehiculares dentro de zonas urbanas, cuya finalidad será permitir la movilidad dentro de estas áreas”. Además, en otro apartado (página 755/411) al considerar que “La construcción de infraestructura vial requiere evaluación de impacto ambiental”, puntualiza que “el PROYECTO no considera la construcción de nuevos caminos a los ya existentes, únicamente se construirán pasos viales que permitirán mantener la movilidad en aquellas zonas urbanas” (sic).
Estas aseveraciones permiten cuestionar que efectivamente la obra TM vaya a promover una movilidad sustentable para las poblaciones aledañas o próximas a las vías en entorno rurales, más allá de las áreas urbanas de interés para el proyecto. De esta forma se condicionaría dramáticamente todas las posibilidades de movilidad que no se produzcan en estos ámbitos urbanos, desconociendo así la relevancia de la comunicación y movilidad rural tradicional, y reforzando las dinámicas hasta ahora vigentes de urbanización centralizada y abandono del campo. Esta problematización arroja por tanto una visión muy limitada, sesgada y contradictoria del argumento a favor de la “movilidad sustentable” del proyecto TM.
Alcances y limitaciones de la noción de Movilidad considerada
En un análisis más fino de los conceptos, problemáticas, alcances y acciones previstas en cuanto al impacto socio-migratorio del proyecto TM, las contradicciones inherentes a la utilización superficial y no complejizada de esta noción y dinámica socio-poblacional son evidentes cuando, en la página 1294/369, se menciona que: “El modelo de desarrollo centrado en las ciudades como polos de desarrollo atractivos al turismo, el abandono de la actividad agropecuaria familiar y el tránsito hacia una agricultura comercial, el cambio en el patrón de cultivos y la migración del campo a la ciudad han provocado que bajo un crecimiento desordenado, la población local, principalmente de origen Maya, no ha sido considerada como beneficiaria principal de las políticas públicas desde sus necesidades, perpetuándolas en condiciones de pobreza que aún las mantiene en la periferia de la planificación social y profundiza sus desigualdades”. No existe ningún elemento de análisis posterior que permita asegurar de qué forma el proyecto de TM alterará esa lógica histórica, más allá de aspectos discursivos, que como la noción de movilidad, no están adecuadamente problematizados o sustentados. Es más, un repaso a la historia reciente de la región vinculada al desarrollo histórico de la red de ferrocarriles, permite contrastar que el modelo subyacente al proyecto del Tren Maya (con “polos de desarrollo” que en ocasiones sólo se cambian de nombre a “ciudades sustentables”, con un modelo que privilegia el abandono de los territorios y las economías tradicionales hacia esquemas de financiación bursátil bajo Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras), la estimulación de la movilidad forzada o involuntaria hacia los nuevos mercados de trabajo precario, etcétera), mantiene en lo general el fondo sólo cambiando la forma.
En el mismo sentido, en la página 1314/389, el inciso “IV.4.7. Movilidad”, propone un análisis extremada y peligrosamente superficial de las movilidades internas, al no considerar la presencia, importancia e impactos de las migraciones que serán atraídas, retenidas y empleadas en la construcción de la vía, así como sus impactos en cuanto a habitación, interculturalidad y convivencia, prácticas sociales, etcétera. En cuanto a “características de la movilidad” se reitera la visión simplista y descontextualizada de lo que implican las movilidades en contexto de regiones fronterizas, más para la región de la Frontera Sur de México. Una aproximación a esta noción sin considerar las características históricas, presentes y escenarios futuros de las corrientes migratorias internacionales, y su relación con este y otros proyectos de reordenamiento territorial anticipa efectos perversos y complejos.
Particularmente relevante es esta apreciación dado que no sólo en el proyecto TM, sino también Sembrando Vida, uno de los lineamientos de política pública es constituirse como mercado laboral segmentado para la población migrante en tránsito retenida por la política migratoria en la Frontera Sur [3]. Entonces, la cantidad de trabajos prometidos por el proyecto ha de tener en cuenta, por un lado, no sólo su función coyuntural como regulador de las movilidades en tránsito que atraviesan la Frontera Sur [4] en estos momentos, también la estructuralidad histórica de estos desplazamientos. Esto es especialmente importante considerando el inciso de la página 1608/200, “V.3.2.2.6. Cambios en la Población”, que dice: “Si no existe personal capacitado para realizar las tareas requeridas para la realización de las diferentes etapas del TM-F1 dentro cada localidad donde se realicen labores del TM-F1, será necesario traer personal de otras localidades”. Este proceso puede provocar la multiplicación de asentamientos urbanos no planeados e impactos socio-poblacionales a nivel local, junto al incremento en el uso de los recursos naturales (agua, tala de espacios para construcción, alimentos) y servicios (sistemas de drenaje, tendido eléctrico, etcétera) que pueden generar un impacto futuro en poblaciones y territorios.
En esta misma página 1608/200, el inciso “V.3.2.2.7. Mejoramiento de la movilidad regional de pasajeros, turistas y mercancías”, vuelve a utilizar una noción limitada y excluyente de movilidad, que sólo alcanza a considerar y prever los tiempos de traslado de las personas que actualmente habitan el territorio. No se considera el impacto que tendrá el TM en otros desplazamientos poblacionales que vendrán atraídos por la construcción o que utilizarán el tren como medio de transporte migratorio (nacionales-internacionales). Se obvia el impacto y función que la red de ferrocarriles nacionales, bajo el nombre de La Bestia, ha tenido y tiene en la movilización de personas migrantes (nacionales e internacionales) hacia Estados Unidos: si bien el TM, en su recorrido planificado actual, no llega a enlazarse con la red de ferrocarriles antes mencionada, los planes para que en una segunda etapa conecte con el Tren del Corredor Transistmico involucrarían justamente impactos múltiples, en términos de inmovilidades, como los referidos.
En las páginas 1489/81 y 1490/82, se detalla el “Factor ambiental: socioeconómico”, dentro del cual uno de sus componentes ambientales se menciona como “empleo y población”. Identifica como un potencial impacto el “aumento en la migración y densidad poblacional”, a través del argumento: “…El 91.31% de la población de las entidades del SAR es originaria del estado donde actualmente radica; sin embargo, Campeche destaca porque una de cada cuatro personas no es oriunda de dicha entidad… con lo cual se pudiera inferir que las entidades de esta fase del TM no son necesariamente receptoras de población nacida en otra entidad o país, tal y como sí lo son Quintana Roo (43.56%)… son entidades propensas a expulsar población hacia puntos específicos… Los resultados del trabajo en campo indican que el 84.10% de las personas entrevistadas identifican procesos emigratorios… Se seguirá con el mismo patrón que se ha venido observando” (sic).
La falta de información acerca del alcance y metodología del trabajo de campo hace que los datos aportados sean inconsistentes con la gran mayoría de datos disponibles de fuentes oficiales, tales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En muchos casos, los datos ofrecidos son contradictorios y parecen sesgados a sostener los argumentos a favor del proyecto. Una de las prácticas habituales al levantar información sobre residencia, origen y/o migración es establecer un periodo de tiempo de referencia (habitualmente, en un marco de 5 años antes del levantamiento de la información), pues es ese criterio el que da cuenta de la temporalidad y causalidad de los desplazamientos. No existe tal referencia, aparte de los criterios metodológicos seguidos, como para verificar la validez de la información proporcionada. Y esto es sólo considerando población efectivamente radicada en las entidades de referencia: de nuevo se deja de lado la compleja conformación de la región en términos de desplazamientos poblacionales, el impacto de la migración transnacional en tránsito que actualmente es retenida en las entidades (principalmente Chiapas y Tabasco) a la que se pretende ocupar en la construcción del TM, y las necesidades específicas de esta población que impactarían en términos de alojamiento, dotación de recursos y servicios básicos, procesos administrativo-documentales, convivencia, etcétera.
En la página 1510/102, se identifica la Inmigración como “componente ambiental”, pero no recibe ningún tipo de problematización, abordaje, o tratamiento. En este mismo sentido, en la página 1522/114 se menciona un indicador de impacto que seguramente iluminaría el tamaño de la problemática subyacente, pero no vuelve a hacerse referencia o recuperarse en ningún momento.
En la página 1788/57, derivado del problemático y superficial tratamiento de las cuestiones vinculadas con la movilidad, el texto parece enfatizar como objetivo “un incremento de la migración”, considerando que este incremento se dará exclusivamente hacia los puntos focales del proyecto, los llamados “polos de desarrollo”. Esto revela un desconocimiento profundo de las dinámicas migratorias que han sido observadas y analizadas por décadas en México y en otros muchos lugares del mundo, donde una vez detonado un proceso migratorio, su propia evolución escapa de los condicionantes y procesos que pudieron detonarlo en un primer momento y lugar.
Más adelante en la misma página, cuando se menciona como posible impacto la “migración hacia los mayores centros de migración”, se desvela la contradicción, pues se establecen como peligros “establecimiento de asentamientos irregulares” y “la mayor migración hacia las atracciones turísticas con que cuenta el SAR”. Estos impactos profundizarían entonces procesos de desplazamiento ya vigentes (como el de la población joven de comunidades mayas de Yucatán hacia Quintana Roo, que alcanzaría en estos momentos alrededor de un 30 por ciento de su población), con el consiguiente impacto en términos identitarios, culturales, y territoriales en los lugares de origen, y el desarrollo de asentamiento irregulares, barrios precarios, ciudades espejo que no son consideradas, analizadas ni resueltas en la MIA.
Hacia una Evaluación de Impacto Migratorio
De forma amplia, la MIA debería considerar los impactos relacionados entre una noción de (in) movilidad más amplia dentro del proyecto TM, que incluya:
-El impacto alrededor de sus vías (sea adecuación, mantenimiento y/o construcción), y el periodo concreto de realización: la MIA muestra gran cantidad de planos con detalle de elementos socio-demográficos de las grandes ciudades de la región, pero se omiten sistemáticamente elementos de desplazamiento humano que ya están presentes que no son considerados ni se mencionan siquiera. Con especial énfasis, pero no sólo, en Campeche se producirá el desplazamiento de muchas familias que residen, con derechos de propiedad, en los derechos de la vía que se pretende utilizar (página 1076/374). En este sentido falta clarificar convenientemente si lo que se va a producir es un desplazamiento o un desalojo, que como sea tendrá un doble componente voluntario/negociado/involuntario/forzado que ha de considerarse [5].
-Construcción de 19 “polos de desarrollo” en las estaciones del TM: aspectos como la especulación urbanística, el uso de Fibras para lograr la “cesión” de territorios ejidales (instrumentos financieros complejos, bien problematizados por Violeta R Núñez Rodríguez en su artículo “¿Fibra Tren Maya?”, en La Jornada, 23 de febrero de 2020), la atracción de capital extranjero para el desarrollo de los rubros turísticos, gentrificación urbana… son factores incrementarán los desplazamientos (voluntarios o forzosos) de la población residente. Estos desplazamientos no se limitan a la movilidad laboral de las personas ya residentes en la región, como da a entender continuamente la MIA, sino que tienen un componente de desplazamiento productivo, identitario y simbólico que va más allá de lo personal-individual y tampoco es considerado.
-Otros grandes proyectos de política pública que se desarrollan o desarrollarán sobre los mismos (o cercanos) territorios, como Sembrando Vida, o el Corredor Transístmico. La emergencia de estos proyectos, más allá de sus impactos específicos, y de su orientación o justificación socioeconómica-productiva, se vincula con un proyecto de reordenamiento territorial de más amplio alcance: el Programa de Desarrollo Integral Sur para el Sur de México y Centroamérica, el cual tiene una clara orientación a incidir en los procesos de (in) movilidad humana que se generan, transitan o asientan sobre estos codiciados territorios. En la consideración de esta nueva coyuntura, no hemos de olvidar que el conjunto sigue formando parte de una estructura histórica, una visión centralista del desarrollo periférico de las fronteras que aparenta ser distinta pero es continuidad desde una perspectiva de larga duración. El Plan Puebla-Panamá, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (ahora Tmec), las reformas estructurales y en particular la Reforma Energética, la renacionalización del ferrocarril Chiapas-Mayab, el Plan Frontera Sur, la amenaza de deportaciones masivas, la guerra arancelaria, etcétera, conforman los engranajes de un proceso conflictivo de reconfiguración territorial que, en entre otros, afecta a la posibilidad de las poblaciones humanas de permanecer y pertenecer.
-Por ende, es imprescindible vincular estos análisis con los alcances y limitaciones de la política migratoria y/o fronteriza: este es el aspecto quizás menos tratado en la MIA, a pesar de su importancia actual, su estructuralidad y continuidad histórica. Ni una consideración a las corrientes de migración indocumentada en tránsito que atraviesan la Frontera Sur de México (después de atravesar todos los Sures Globales) rumbo a Estados Unidos, en muchos casos permaneciendo en estas regiones fronterizas por el reforzamiento de las políticas fronterizas y la militarización [6]. O a los crecientes contingentes de personas migrantes que en los últimos tiempos, y ya una vez en la Frontera Norte de México, son desplazadas al sur a la espera de su audiencia en Estados Unidos (con el programa Quédate en México), o son deportadas, o retornan “voluntariamente” por la imposibilidad de alcanzar el sueño americano. O sobre el impacto de previsibles contingentes de población migrante laboral altamente especializada que vendrán desde los lugares de origen de las empresas transnacionales favorecidas en las licitaciones (de facto, China, Portugal, Estados Unidos). Además, el contexto actual y el impacto que la pandemia de Covid-19 está provocando en políticas migratorias y fronterizas en todo el mundo no está siendo considerado, no sólo para esta MIA, sino como un asunto estratégico de mayor calado. Por ejemplo, Guatemala cerró de facto su frontera con México, lo que impidió a muchos migrantes volver a sus lugares de origen y los dejó varados en la frontera a su suerte; y Estados Unidos ha llegado a plantear “suspender la inmigración” a su territorio aunque sea temporalmente [7] con tremendas repercusiones que se sentirían –y se sienten– en nuestra Frontera Sur [8].
Para concluir tentativamente (habrá mucho más) esta inicial reflexión, en la evaluación de impactos ambientales ha de tenerse en cuenta que los seres humanos y nuestras sociedades, junto al medio ambiente y otras especies, cohabitamos el mismo espacio, un único ecosistema. Es necesario un enfoque biocultural que considere los escenarios hipotéticos y las interrelaciones múltiples y complejas entre ordenamiento territorial y redistribución poblacional, desde una perspectiva que integre y supere las coyunturas de los megaproyectos, por así decirlo, los impactos alrededor de su nombre y sus vías. En ese sentido, desde el Observatorio de Movilidades y Territorios-Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas, proponemos una Evaluación de Impacto Migratorio con indicadores y herramientas analíticas y metodológicas para el análisis de impactos e interrelaciones entre megaproyectos, fronteras e (in) movilidades. La Evaluación de Impacto Migratorio debería ser un componente central de una necesaria Evaluación de Impacto Social que complemente la Evaluación de Impacto Ambiental.
Notas
[1] El documento de la MIA es un único archivo PDF en el cual se integran los distintos capítulos, cada cual con una paginación diferente. Con esta referencia, identifico en primer lugar el número de la página del documento PDF integrado, y en segundo lugar, la página referente según cada capítulo.
[2] Por ejemplo, las directrices implantadas por el Banco Mundial en México ante los desplazamientos involuntarios en la construcción de las represas Zimapán (Hidalgo-Querétaro) y Aguamilpa (Nayarit). Otro ejemplo claro de los aspectos de obligada consideración, en el caso particular de contextos de desplazamiento involuntario provocados por proyectos de rehabilitación ferroviaria, puede verse en www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2016/07/derailed_final.pdf
Foto: La Verdad
Rocío Gallegos / La Verdad
Las devoluciones masivas de migrantes por parte de Estados Unidos, para que esperen su trámite de asilo en México, han convertido a Ciudad Juárez en el punto fronterizo con mayor población de personas bajo el ‘Protocolo de Protección a Migrantes’ (MPP por sus siglas en inglés), que hace más de un año activó la administración de Donald Trump.
Desde que se dio el primer retorno de una persona por esta localidad fronteriza bajo los MPP, el 21 de marzo de 2019, el Instituto Nacional de Migración registró la devolución de 20 mil 649 migrantes por esta comunidad bajo ese esquema hasta el 31 de marzo del 2020.
Estos datos se desprenden en una encuesta levantada la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), donde se revela que Ciudad Juárez rebasó a otras ciudades claves de retorno desde Estados Unidos, como Tijuana, Mexicali, Matamoros, Nuevo Laredo y Tijuana.
La Matriz de Monitoreo y Desplazamiento, herramienta utilizada por la OIM, revela que la población MPP en Ciudad Juárez está compuesta por personas de 10 países, principalmente originarias de Cuba, Ecuador, Guatemala y Honduras, con porcentajes importantes de salvadoreños, nicaragüenses, y venezolanos.
Así mismo, se encontró que la mayoría identifica la asistencia jurídica para su proceso migratorio en Estados Unidos, las oportunidades laborales, y la asistencia médica como sus necesidades más importantes.
Este ejercicio ofrece un primer análisis de las características demográficas, condiciones de vida y percepciones de la población MPP, explica Yolice Quero, Oficial Protección de la organización.
“Su finalidad es conocer la situación de la población migrante, su dinámica y diversidad, el propósito es redireccionar estrategias para su atención”, expone sobre el ejercicio que se levantó entre el 11 de enero y el 14 de febrero de 2020, y se llevó a cabo a través de encuestas estructuradas a mil 260 personas adultas que están bajo el programa MPP.
Desde el anuncio formal del programa, el 25 de enero de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, 69 mil 175 personas migrantes han sido retornadas a México bajo este protocolo.
Las primeras personas retornadas ingresaron por Tijuana el 29 de enero; en marzo de 2019, se iniciaron a las ciudades de Mexicali y Ciudad Juárez. Posteriormente, se incorporaron al programa Matamoros y Nuevo Laredo en Tamaulipas, Piedras Negras en Coahuila y, desde inicios de 2020, Nogales, Sonora.
Un migrante camina por junto a la valla metálica instalada entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua Fotografía: Alejandro Sánchez
DIVERSIDAD Y NECESIDADES
En Ciudad Juárez, el 51 por ciento de los respondieron la encuesta fueron hombres y el 49 por ciento mujeres – un 2 por ciento se identificó como miembro de la comunidad LGBTI–, de los cuales un 32 por ciento son provenientes de Cuba, un 20 por ciento de Honduras, un 17 por ciento de Guatemala y Ecuador un 12 por ciento.
Los migrantes originarios de eso cuatro países constituyeron el 81 por ciento de la población encuestada. Mientras tanto, aquellas personas provenientes de Brasil, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Perú y la República Bolivariana de Venezuela representaron el 19 por ciento restante de la población participante.
Yolice Quero dice que lo más revelador, es la diversidad de nacionalidades detectada en este grupo de personas que esperan en Juárez su trámite de asilo en Estados Unidos
En México siempre se ha hablado de una migración de nacionalidades recurrentes y que son de tránsito, pero esto ha cambiado, los datos revelan que además de población de centroamericanos, hay una representación importante de Cuba, hay personas de Venezuela, Ecuador, menciona en entrevista con La Verdad.
También se exhibe que la migración ya no es de paso, ahora es de estancia temporal y esa estadía genera cambio en los servicios que demandan, explica la oficial de protección de la OIM.
Los resultados de la encuesta arrojan que gran mayoría, el 92 por ciento de las personas bajo el MPP en Ciudad Juárez cuentan con citas en la corte migratoria de El Paso, Texas, mientras que el resto de los participantes tiene citas en Brownsville o San Antonio, Texas.
El 84 por ciento de ellas expresó la intención de presentarse a su próxima audiencia en los Estados Unidos, mientas eso ocurre, la mayoría dice que prefiere permanece en esta frontera. Solo un 5 por ciento de los entrevistados decidiendo reubicarse a otra entidad, principalmente por contar con redes de apoyo en otras ciudades del país y, en menor medida, por razones de seguridad.
A la espera de su cita de corte, muchas personas migrantes en la ciudad buscan alternativas de alojamiento. El 39 por ciento de muestra entrevistada dijeron hospedarse en albergues y un 17 por ciento, que rentan departamentos o casas de manera compartida.
En menor escala, también mencionaron hospedarse en hoteles, departamentos o casas particulares en cuartos compartidos o individuales, y con familiares/amigos o en situación de calle, esto corresponden al uno por ciento de los entrevistados.
Quero dice que se detectó que los migrantes están diseminados por toda la ciudad, se la gran mayoría se concentra en las colonias Partido Romero, Centro, Hidalgo y la Chaveña.
Otro de los hallazgos de este ejercicio es que solamente el 20 por ciento de los encuestados mencionó haber recibido información acerca del proceso y las opciones de regularización en México. Del mismo modo, el trabajo realizado durante el levantamiento de datos de la DTM hizo patente la falta de un mecanismo para aquellas personas que desean abandonar su trámite de manera formal en los Estados Unidos y, al mismo tiempo, iniciar un proceso de regularización migratoria en México.
Al analizar las respuestas de los participantes con relación al mercado laboral en Ciudad Juárez, más de una tercera parte de los participantes (36 por ciento) mencionaron estar desempleados y buscando trabajo, en tanto que 212 respondieron que contaban con trabajo formal, mientras que 252 contaban con un empleo informal. Simultáneamente, 346 participantes mencionaron estar desempleados sin interés en encontrar empleo.
Sobre la percepción de su vulnerabilidad en la ciudad, el 47 por ciento de los migrantes encuestados reportó sentirse muy inseguros en Ciudad Juárez, y haber limitado sus movimientos como mecanismo de autocuidado.
Entre los riesgos que más preocuparon a la población MPP se encontraban la delincuencia común y el crimen organizado, revelan los resultados. Entre los delitos más comunes mencionados entre quienes han sido víctimas de delitos, son: el robo, el secuestro, y las amenazas.
Esta es una foto muy completa de los migrantes bajo el ‘Protocolo de Protección a Migrantes’, comenta Yolice Quero, aunque advierte que se levantó previo la dispersión del COVID-19, por lo que las condiciones pueden registrar alguna modificación.
Ciudad Juárez— La abogada laborista juarense, Susana Prieto Terrazas abandonó esta noche el Centro de Ejecución de Penas y Sanciones de Ciudad Victoria Tamaulipas y al recobrar su libertad señaló que fue acusada por delitos que no cometió por entrevistas que hiciera el agente del ministerio público al personal jurídica de la Junta Especial número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros, Tamaulipas.
“Me acusaron de delitos por lo que no han sido procesada una sola persona en el estado de Tamaulipas, desde que se constituyó como Estado, un delito por lo que no han sido juzgados quienes lo han cometido: por motín”, expresó.
“Temo que el gobernador me pueda matar a mi y mi hija”, expresó.
Señaló que pidió ayuda a la Embajada de los Estados Unidos.” Me dieron una sentencia que no tiene precedente y además me condenó a salir de Tamaulipas de forma inmediata y no regresar durante dos años y medio”.
Mencionó que se estaba cometiendo injusticias en su contra e incluso mencionó que tiene que residir en Ciudad Juárez y no puede viajar a otra parte de México ni a los Estados Unidos donde vive sus hijas y su madre.
La abogada dijo que se consideraba una presa política: “Fue una sentencia inconstitucional a toda luces; en Tamaulipas no hay división de poderes. El gobernador de Chihuahua se reunió con el gobernador de Tamaulipas y temo también ser detenida en Chihuahua. Estoy saliendo con la frente en alto”, expresó. La abogada fue recibida por familiares y abogados al recobrar su libertad.
Gabriel Soriano/La Jornada Aguascalientes
1 julio 2020
“El pueblo ya se cansó de promesas, es necesario que sepamos cuál será el destino del servicio del agua”
Acusan de cobros excesivos, cobros a pesar de no contar con el servicio, desabastos frecuentes y tandeos
Una vez más, vecinos se manifiestan frente al palacio municipal pues no han tenido agua desde hace días. Exigen a la alcaldesa, Teresa Jiménez Esquivel, que cumpla y quite a Veolia como concesionaria.
Desde el inicio del año, varias colonias se han manifestado frente al palacio municipal para exigir el abasto de agua. Es frecuente escuchar que vecinos de Periodistas, Cumbres, Guadalupe Peralta, Rodolfo Landeros, Macías Arellano y Villas de las Palmas por falta de agua se manifiesten por falta de agua.
En anteriores protestas, el grupo de manifestantes no rebasaban las cincuenta personas, esta vez fueron cerca de ciento cincuenta asistentes quienes cargando pancartas se manifestaron pasadas las 10:00 de la mañana.
“El pueblo ya se cansó de promesas y es necesario que sepamos cuál será el destino del servicio del agua, que se resuelvan los problemas”, comentó uno de los manifestantes.
Cobros excesivos, cobros a pesar de no contar con el servicio, desabastos frecuentes y tandeos son los motivos que siguen obligando a las personas a continuar movilizándose para expresar su inconformidad con la concesionaria. “Fuera Veolia” es lo que pedían los protestantes.
Tras la protesta frente al palacio, tapizaron la fachada con los carteles que cargaban, bloqueando las puertas y las ventanas. “Sin vergüenzas, puro aire, nada de agua”, “Teresa cómplice de Veolia, paren de robar al pueblo”, son algunas de las consignas con las que se manifestaron.
Armando Rosales, neurocirujano del Hospital General Zona 1 de Zacatecas, realizó una protesta virtual para señalar las carencias que enfrentan al atender pacientes durante la pandemia.
El neurocirujano señaló las carencias en las condiciones laborales durante la pandemia. (Agencia Enfoque)
Blanca Valadez / Milenio, 01 de julio de 2020
Ciudad de México /
Un neurocirujano del Hospital General Zona 1, del IMSS Zacatecas, exigió a las autoridades que, en la lucha contra el coronavirus, sumen a todo el gremio sindical y puntualicen por escrito cada cláusula de riesgo, con la finalidad de proteger a las familias de los médicos.
A través de un mensaje en redes sociales, el especialista identificado como Armando Rosales Torres acusó al director general del hospital, Eduardo Erik Puch Cevallos, y a la delegada, Sandra Durán Vázquez, de pretender obligar al personal a atender pacientes sin contar con los equipos de protección necesarios.
“Mandaron citar a los compañeros de cirugía general, en donde, de una manera perversa y mañosa, hicieron un rol donde dicen que todos los médicos familiares tenemos que atender a pacientes en el área covid”, declaró Rosales.
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El médico invitó a la delegada a trabajar en el área descrita donde él labora, para que dé cuenta de las carencias del equipo que otorgan al personal. “¡Ya basta! Hoy es un día muy especial para los trabajadores del seguro social. Hoy alzaremos la voz. Cada quien desde su trinchera”.
Rosales Torres mencionó que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que lidera Olivares Cerda, no los doblegará y recalcó que está dispuesto a entrar al área covid en caso de ser necesario, siempre y cuando las condiciones de seguridad sean las adecuadas.
Sobre los Bonos Covid, integrados en el Contrato Colectivo, insistió en recibirlos por completo, pues requiere de toda la protección para su familia. “Nosotros somos los que hacemos esta institución, ustedes van de paso”, finalizó.
Hay cerca de 2,000 personas viviendo en tiendas de campaña en la frontera con Estados Unidos a la espera de asilo
En esta imagen del martes 5 de noviembre de 2019 se ve a migrantes en un albergue en Matamoros, México. (AP Foto/Eric Gay, Archivo)(Eric Gay / AP)
Ciudad Victoria — Una organización internacional de ayuda durante desastres reportó el martes el primer caso confirmado de covid-19 entre los solicitantes de asilo que viven en un campamento en la frontera entre México y Estados Unidos.
Global Response Management dijo que una persona que vive en el campamento ubicado en Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas, limítrofe con Brownsville, Texas, había dado positivo al coronavirus.
“Se han implementado medidas agresivas de aislamiento y rastreo”, tuiteó la organización con sede en Estados Unidos.
Hay unos 2,000 solicitantes de asilo viviendo en campamentos a lo largo de la frontera. Migrantes centroamericanos y de otras partes del mundo se han quedado varados debido a la suspensión de audiencias de asilo implementada en Estados Unidos a causa de la pandemia hasta por lo menos mediados de julio.
La semana pasada, Andrea Leiner, portavoz de GRM, dijo que habían implementado medidas para tratar de reducir el riesgo de propagación del virus, pero señaló que era un desafío debido a que había infecciones confirmadas entre funcionarios de inmigración estadounidenses y mexicanos, y en los residentes de ambos lados de la frontera.
Habían colocado tiendas de campaña a un metro (3 pies) de distancia, dejándolas abiertas para que hubiera ventilación y haciendo que todos durmieran cabeza con pies para reducir las probabilidades de transmisión mientras la gente duerme.
Dos funcionarios migratorios del estado de Tamaulipas, que hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a discutir el caso, dijeron que la persona infectada es una ciudadana mexicana que fue deportada a principios de junio desde Estados Unidos a la ciudad de Reynosa, y que llegó al campamento durante el fin de semana.
La joven estuvo en contacto con otras cuatro personas, que arrojaron resultados negativos en sus pruebas de diagnóstico, informaron los funcionarios.
Los solicitantes de asilo empezaron a acumularse en ciudades fronterizas como Matamoros debido a una política estadounidense según la cual los solicitantes de asilo pueden hacer su petición inicial para recibir asilo en Estados Unidos, pero tienen que esperar su largo proceso de resolución en México.
Más de 60,000 solicitantes de asilo han sido enviados de regreso a México para que esperen sus audiencias en los tribunales estadounidenses desde enero de 2019, cuando Estados Unidos implementó su política de “Protocolos de Protección al Migrante”.
Ha habido inquietudes desde la llegada de la pandemia de que el hacinamiento y la falta de condiciones sanitarias adecuadas podrían provocar infecciones en el campamento de Matamoros.
GRM comenzó a trabajar en el campamento en septiembre del año pasado. La organización proporciona atención médica con un equipo de voluntarios.
A través de un comunicado, la doctora Michele Heisler, directora médica en Physicians for Human Rights y profesora de medicina interna y salud pública en la Universidad de Michigan, describió la labor de GRM en el campamento como “titánica”. Además, criticó la política estadounidense por crear esta situación y dijo que a los solicitantes de asilo se les debería otorgar un permiso de ingreso para permanecer con familiares en Estados Unidos en lo que se procesan sus casos.
“Las autoridades locales y nacionales en México deben actuar de inmediato para mejorar el acceso a pruebas de diagnóstico para covid-19 y atención médica en Matamoros”, declaró Heisler. “Las familias que habitan en el campamento de Matamoros son algunas de las más vulnerables al contagio de covid-19 en todo el hemisferio”.
México ha reportado más de 220,000 casos confirmados de coronavirus y más de 27,000 decesos.
El proyecto Tren Maya pretende detonar un fuerte proceso de proletarización de la población rural, buscando que los campesinos e indígenas que hoy se auto emplean en sus tierras conformen una población urbanizada con escasas opciones de reproducir su cultura y tejido comunitario, orillada a emplearse en el nuevo orden forjado para la Península de Yucatán”, dicen Eugenio Fernández y Sergio Madrid, director del CCMSS , en el documento Tren Maya: Nuevo impulso a la desruralización de la Península de Yucatán.
Con este proyecto el Estado busca la llegada de grandes inversiones a la región, bajo el supuesto de que el empleo asalariado es la mejor forma de atacar la pobreza y la marginalidad, expusieron los representantes del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
Explican que el porcentaje de población con “empleo asalariado” se incrementaría notablemente, como ha sucedido antes, sin embargo, esta apuesta se sustenta en un proceso de desposesión y despojo de las tierras de las comunidades.
Ello, detallaron, generarían las condiciones para acentuar un modelo que concentra la riqueza y permite a grandes empresas y corporativos de las finanzas, la agroindustria, el turismo y el sector inmobiliario acumular capital y perpetuar su dominio.
Todo ello en la Península de Yucatán, donde el 46.9 por ciento de la población se identifica a sí misma como maya.
Aunque hasta ahora Fonatur no ha presentado públicamente un proyecto ejecutivo que ofrezca claridad del alcance del Tren Maya, por las declaraciones de sus directivos es posible afirmar que es una apuesta por la urbanización de la región sur-sureste, erigiendo un desarrollo centrado en la provisión de servicios en los sectores turístico e inmobiliario, y favoreciendo la expansión agroindustrial.
Fonatur impulsa un esquema que prioriza lo urbano y omite las realidades y derechos de las comunidades indígenas, distribuidas en más de 1,510 localidades de los pueblos maya, tseltal, ch’ol, jakalteko, awuakateko y akateko.
Omite reconocer que se trata de un territorio indígena habitado y poseído por pueblos originarios con derecho a la libre determinación, de acuerdo con la Constitución; ignora su conocimiento ancestral íntimamente ligado al territorio, su identidad cultural y formas de vida, sus sistemas y medios de producción, y su valioso papel en la protección y mantenimiento de la integridad de los territorios comunitarios.
Este enfoque deja ver el racismo y clasismo que subyace en el Estado, expresados por el menosprecio a lo indígena y lo campesino.
Fonatur e instituciones que la acompañan ponen énfasis en el empleo asalariado. Arguyen que las personas de las comunidades podrán obtener un empleo en las miles de oportunidades que brindará la construcción de infraestructura ferroviaria y posteriormente en la vasta industria turística (que recibiría anualmente de tres a cuatro millones de turistas adicionales).
El Proyecto se perfila como una gran inversión enfocada al desarrollo urbano, que generaría una enorme atracción de mano de obra a los polos de desarrollo, mientras se acentúa el abandono de los servicios públicos en zonas rurales y la desatención de las problemáticas en los territorios.
El proyecto efectivamente generará nuevos empleos, y es probable que la población campesina acceda a una parte de ellos, pero en ningún sentido esto tiene posibilidades de mejorar sus condiciones de vida.
Por ejemplo, en Quintana Roo en los pasados diez años, la tasa anual de incremento de personas aseguradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue considerable (8%3), mayoritariamente dentro de la categoría “un salario mínimo” (3,670 pesos/mes) .
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) consideró en 2017 que una familia de cuatro personas en México, se encuentra actualmente en situación de “pobreza por ingresos” si su ingreso mensual es inferior a 11,290 pesos.
Así, la estrategia del Estado mexicano para combatir la pobreza a partir de que la población rural se contrate en un empleo asalariado es una falacia; por el contrario, genera una población urbana marginada y excluida con limitaciones para acceder a los bienes naturales, la tierra y las estructuras sociales que otrora gozaba y le sostenían, y dependiente de los vaivenes de la economía y los mercados globales.
Este proceso de desruralización impacta negativamente a las comunidades indígenas y campesinas debilitando su gobernanza y capacidad institucional, así como vulnerando sus cimientos para la reproducción de la vida y la protección de los territorios.
Expulsión y despojo
Para acceder a los terrenos que requiere el proyecto Tren Maya se usarán derechos de vía ya existentes y terrenos federales; pero, además, se incorporarán tierras ejidales mediante un esquema de largo plazo de mercantilización y bursatilización de las tierras, conocido como Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (FIBRA), en el que los ejidos aportarían la tierra al Proyecto una vez completado el procedimiento de privatización de la tierra.
Fonatur ha presionado de distintas formas a los ejidos para “sumarse” al Proyecto, como en los casos de los ejidos Bacalar, Tulum y Cobá, en Quintana Roo, a los cuales se les ha requerido aportar mil hectáreas a cada uno al proyecto, a cambio de hacerse “socios”.
En los tres casos, las autoridades ejidales han expresado que el ejido no está de acuerdo en ceder tales extensiones de sus tierras. En estos casos, Fonatur ha reaccionado con amenazas de “que no hay tren” e incluso con la modificación del trazo del Proyecto.
Para el CCMSS resulta muy preocupante que la administración actual reproduzca los mismos esquemas de gobiernos anteriores al impulsar a la agroindustria en Campeche y el desarrollo urbano y turístico en Quintana Roo.
Ambas experiencias han mostrado que atraer inversiones y crear nuevos empleos puede lograrse, pero no reditúa en mejores condiciones de vida para la población local. Estos casos están plagados de violaciones a los derechos humanos, daños e impunidad ambiental y detrimento de los valores para una convivencia sana.
Con lo anterior, después de “subsanar la deuda con el sureste del país”, el Estado ya habrá hecho lo suficiente y no tendrá más tiempo ni posibilidades de velar por la salud y el bienestar de la sociedad de esta región.
– Suman 443 mujeres asesinadas en el sexenio de Murat; van 60 solo en el 2020
– Congreso pide a Fiscal investigación expedita en este feminicidio e infanticidio
OAXACA, Oax.- La pandemia de la violencia feminicida se agrava en Oaxaca con el caso de una estudiante del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao) y de su bebé de casi dos años de edad, quienes fueron asesinados y calcinados en un cerro de Ejutla de Crespo.
María Concepción A. C., de 17 años de edad, ha sido víctima de la violencia feminicida, que es la forma extrema de violencia de género producto de la violación a sus derechos humanos tanto en el ámbito privado como público, afirmó la presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) Angélica Ayala Ortiz.
Con este crimen suman 443 casos de mujeres asesinadas en lo que va del sexenio del priista Alejandro Murat Hinojosa. Tan solo del 1 de enero al 30 de junio de 2020 existe el registro de 60 mujeres asesinadas, según el Centro de Documentación de GESMujer.
El caso que indignó a la ciudadanía, ocurrió el pasado domingo en inmediaciones del municipio de Ejutla de Crespo cuando habitantes de esa localidad acudieron a sofocar un incendio en el cerro “El Mexicano” y al sofocar la lumbre descubrieron los dos cuerpos, el de María Concepción A. C., y el de su hijo A. A., de escasos un año con diez meses de edad.
Trascendió que la alumna del Cobao Plantel 11 en Ejutla de Crespo fue vista alrededor de las 10:00 horas del domingo 28 de junio a bordo de un mototaxi y de ahí no se supo de su paradero hasta que se avisó el incendio en el cerro “El Mexicano”.
Ayala Ortiz considera que “la violencia feminicida hacia las niñas y adolescentes se sigue agravando en Oaxaca. Hoy es Ejutla el lugar donde se enluta un hogar. Una joven de apenas 17 años y su pequeño hijo fueron víctimas de una violencia extrema que acabó con sus vidas para posteriormente ser incinerados como una forma más de violencia al intentar ocultar los indignantes hechos”.
“María, madre de un pequeño de casi dos años, nos habla de una niña que vivió el embarazo a la edad de 14 años, lo que es un ejemplo muy claro de las desigualdades que existen aún en la sociedad donde se siguen naturalizando prácticas que violentan los derechos humanos de las niñas y las mujeres”.
Sin embargo, agregó, “aun así siendo madre adolescente, con todas las cargas que esto conlleva, intentó mantenerse en la escuela y continuar con su vida pero la violencia feminicida la alcanzó a ella y a su hijo”.
Mencionó que “uniones tempranas, embarazos no planeados o forzados, matrimonios infantiles, acoso y violencia sexual en la infancia y adolescencia son realidades que deben ser visibilizadas pues profundiza la desigualdad entre mujeres y hombres y en el caso de las niñas y adolescentes las coloca en grave riesgo para su integridad y su vida”.
Como GESMujer “exigimos que el indignante caso de María no se sume al larga lista de impunidad que prevalece en Oaxaca, exigimos atención a esta otra pandemia que es la violencia hacia las mujeres y las niñas”, finalizó.
A su vez, la comunidad estudiantil y trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, elevaron su más enérgica condena por los hechos en los que fue privada de la vida la menor María C.A.C., alumna del Plantel 11 Ejutla de Crespo del COBAO, así como su pequeño hijo.
De igual forma, diputados de Morena exigieron justicia por el feminicidio e infanticidio en Ejutla.
La Junta de Coordinación Política del Congreso local condenó estos hechos y pidió a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación puntual con perspectiva de género, tomando en cuenta los escenarios violentos en los que la víctima estuvo en contacto, antes, durante y después del crimen.
Alrededor de 70 trabajadoras y trabajadores en Tepatitlán, Jalisco, dedicados a la manufactura de productos textiles de la marca ANDRÉ BADI y la empresa Desarrollo de Talento Omega S.A. de C.V., denunciaron hace una semana que sus empleadores han sido omisos en el cumplimiento y el respeto a sus derechos humanos laborales, ya que en el periodo de la contingencia sanitaria por COVID-19 fueron llamados y llamadas a trabajar de manera intermitente y sin que hasta el día de hoy se les haya pagado el sueldo correspondiente.
Si bien, en aquel momento hicieron un llamado al diálogo junto con sus acompañantes de la organización Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), no han recibido una respuesta de parte de sus empleadores, el Gerente de la empresa Ernesto González y el dueño de la marca André Badi, Alejandro Ruiz Barba.
Por ello, este martes 30 de junio se manifestaron a las afueras de la presidencia municipal de Tepatitlán de Morelos, para solicitar a las autoridades locales su intervención en el caso.
Redacción / Zona Docs
A través de un comunicado el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), informó que este martes 30 de junio un grupo de trabajadoras y trabajadores contratados por la empresa Desarrollo de Talento Omega S.A. de C.V. para laborar en la maquila de la marca de ropa mexicana André Badi en Tepatitlán de Morelos, Jalisco se manifestaron a las afueras de la presidencia municipal de esta ciudad.
Según han denunciado, “llevan 6 semanas sin goce de sueldo y sin respuesta por parte de la empresa”, por lo que, buscaron el diálogo con la alcaldesa María Elena de Anda para que las autoridades municipales intervengan en este caso.
Como habrían informado hace una semana en rueda de prensa, tras el inicio de la emergencia sanitaria, trabajaron sin que se les haya provisto de insumos y condiciones de sanidad obligatorias; además, desde el 30 de marzo fueron obligadas a “descansar” sin goce de sueldo y a cuenta de sus vacaciones, situación que se ha prolongado durante casi tres meses. Mientras tanto, el gerente Ernesto González y el dueño de esta marca Alejandro Ruiz Barba han justificado su proceder bajo el argumento de que se encuentra “en números rojos”.
Durante la manifestación, refieren en el documento, las trabajadores y trabajadoras consiguieron conversar con la presidenta municipal, quien se ofreció “a agendar una cita, para una reunión de diálogo con representantes de la Secretaría del Trabajo, de la empresa y las trabajadoras”. El objetivo de este espacio será “buscar las alternativas que permitan solucionar el presente conflicto”.
Las exigencias de las y los trabajadores siguen siendo:
Que se les garantice el pago del salario de las semanas que se les adeuda.
La entrega del reparto de utilidades generadas durante el año previo laborado, 2019.
En caso de que la empresa decida terminar la relación laboral, les entregue su liquidación conforme marca la Ley Federal del Trabajo.
A la manifestación pacífica, las y los trabajadores acudieron con sus familiares y conocidos quienes se sumaron a sus demandas.
El 2 de junio, fue la última fecha en la que se les citó para entablar un dialogo tanto con el Gerente de la empresa Ernesto González, como con el dueño de la marca André Badi, Alejandro Ruiz Barba. En esta reunión, las y los trabajadores asistieron con un documento escrito donde plasmaron sus peticiones, sin embargo, denunciaron que ambos evadieron los reclamos y les dijeron que iban a revisar sus peticiones para después notificarles su decisión. Hasta la fecha no hay una respuesta.
Fonatur desoyó la asesoría de 60 mdp que recomendó tener la Manifestación de Impacto Ambiental antes de iniciar obras
El 1 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se decidió por una guayabera. Con un par de enormes excavadoras amarillas detrás, en contraste sobre el fondo verde de la selva de Quintana Roo, ondeó una bandera con la leyenda “TREN MAYA”. Con dos meses de retraso obligado por el apocalipsis del coronavirus, daban inicio las obras de los cuatro primeros tramos de esta larga y compleja “obra de infraestructura ferroviaria de trascendencia para la región y el país”.
Como le gusta decir al Mandatario: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Salvo el Tren Maya.
Según se lee en unos documentos obtenidos por EL UNIVERSAL, los promotores de la obra decidieron retorcer la legislación ambiental en contra del consejo y análisis de los asesores y estudios ambientales, por los que pagaron 60 millones de pesos. ¿Su objetivo? Poder comenzar la construcción de un megaproyecto que acumulaba demasiados retrasos sin tener una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Una MIA es un estudio técnico-científico que indica los efectos que puede ocasionar una obra sobre el medio ambiente y la salud humana, además de señalar las medidas preventivas que podrían minimizarlos.
Permite evaluar la factibilidad ambiental para la ejecución de proyectos de inversión industrial, infraestructura, manufactura, comercios o servicios. Se presenta ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencia que decide si permite o no el proyecto antes del inicio de las obras.
En noviembre de 2019, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), promotor del Tren Maya, recibió un documento de 180 páginas, cuyo objetivo era servir de guía para elaborar las manifestaciones de impacto ambiental para este megaproyecto. El archivo está elaborado por la filial mexicana de la consultora española Typsa, especializada en proyectos de transporte. El fondo contrató por 60 millones de pesos a MexTypsa en mayo de 2019 para que les dieran la asesoría técnica del megaproyecto.
Entre los servicios, se incluía la coordinación de los procedimientos ambientales vinculados a la construcción y operación del Tren Maya. En ese documento, cuando se repasa la legalidad aplicable al proyecto, se argumenta que “previo al inicio de las obras y en total cumplimiento con la normatividad ambiental vigente”, se debe contar con “el instrumento de política ambiental correspondiente [MIA] (…) para cada uno de los siete tramos del Tren Maya”.
Pero Fonatur, al conocer el contenido del documento, pidió ayuda, ya que por “los ajustes que ha sufrido el proyecto (…) el proceso de licitación de las MIA se ha retrasado”. El apoyo lo solicitó no para acelerar las licitaciones o la búsqueda de quién realizará las MIA, sino para no tener que presentar “el instrumento de política ambiental correspondiente para el total cumplimiento con la normatividad ambiental vigente”.
El 27 de noviembre se adjudicó el contrato Elaboración, seguimiento y obtención de la exención de Manifestación de Impacto Ambiental para el Tramo Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec del Tren Maya, el cual fue por un millón 462 mil pesos y se dieron 25 días naturales para realizarlo.
El fundamento legal es un artículo en la regulación ambiental de 1988 que dice que podrán pedir esa exención “las obras y actividades que cuenten previamente con la autorización respectiva o cuando no hubieren requerido de ésta”, y cuyas acciones “no impliquen incremento alguno en el nivel de impacto o riesgo ambiental”.
El 4 de marzo de 2020, la Semarnat autorizó esa exención. Aunque el oficio no se ha hecho público, su contenido puede suponerse gracias al balance que Víctor Toledo, actual secretario de Medio Ambiente, realizó de su primer año de gestión.
El proyecto se llama Rehabilitación y Mantenimiento de Vía Ferroviaria (…) de 726.22 km de vía en 4 mil 205.80 hectáreas e incluye “el desmantelamiento de 78 tramos de vía, la rehabilitación de obras de drenaje, la colocación de canaleta para fibra óptica, el reemplazo de durmientes, rieles y estabilizado de vía, [así como] la rehabilitación y mantenimiento de las estaciones ferroviarias existentes”.
El vericueto legal usado lo reconoció Fonatur, cuando tras ser acusado de trabajar en las obras del Tren Maya sin MIA, respondió que “esa vía fue construida antes de la entrada en vigor de la LGEEPA, en 1988”.
“Es algo más que un simple mantenimiento”, argumenta Daniel Basurto, abogado medioambiental y actual presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental.
“Desmantelar y rehabilitar tienen efectos en el entorno y el ambiente, desde el personal hasta la maquinaria que tengan que entrar para el proceso. Quisiera saber qué harán con los durmientes que se van a cambiar en 726 kilómetros, cuál es el plan para esos residuos de manejo especial”, dice.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible analizó que “el acto de autoridad por el que Semarnat exenta al proyecto de la obligación de presentar una MIA, bajo el argumento de que se trata solamente del mantenimiento de las vías construidas hace 80 años, es una artimaña para eludir una obligación que se tiene por ley”.
“Sí están haciendo algo que implique remoción de tierras, de vías, reconstruir ciertas áreas. Parecería que están puenteando el requerimiento legal. ¿Por qué creen que hay tanto revuelo en el sector ambiental? Se oponen a que no tengan las mismas leyes de los demás”, destaca Basurto.
Cuestionado sobre la exención y los procesos ambientales, Fonatur respondió que “desde un inicio, y como parte de la estrategia ambiental, se contempló realizar la solicitud de Exención de Manifestación de Impacto Ambiental.
“La exención es un procedimiento rutinario e insustituible. No se puede sustituir por una MIA en el caso de una vía de comunicación en operación y con sus derechos de vía vigentes, tal cual es el caso de la actual vía férrea del FIT. El proyecto se trabaja con base en planeación ambiental”, destacó.
El mismo día que la Semanart eximió de presentar la MIA en 726 kilómetros del Tren Maya, se aprobó la MIA, tras tres meses de trámite, del proyecto Modernización del camino Ayutla de Los Libres-El Camalote, que consiste en mejorar ocho kilómetros de vía en la Costa Chica de Guerrero.
Entre el 23 de abril y el 18 de mayo se adjudicaron los tramos uno, dos, tres y cuatro del Tren Maya, que van desde Palenque, Chiapas, hasta Cancún, Quintana Roo, atravesando Campeche y Yucatán. Costarán 70 mil millones de pesos y entre las empresas constructoras hay varias que estuvieron involucradas en lo que sería el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, obra mimada de la administración de Enrique Peña Nieto y que López Obrador canceló, entre otras razones, para evitar “un desastre ecológico mayor”. Esta MIA fue uno de sus múltiples aspectos cuestionados.
Durante la licitación de los contratos, una parte del proceso consiste en que los ofertantes del servicio expresan a Fonatur sus mayores dudas sobre la obra a realizar. Por ejemplo, el tramo uno, que va de Palenque a Escárcega. En él las empresas piden de forma reiterada la MIA y el resolutivo que la aprueba para poder trabajar.
“Las condiciones ambientales del sitio de los trabajos no se pueden verificar hasta que se tenga el resolutivo de impacto ambiental, ¿cuándo el ente contratante entregará dicho resolutivo?”; “Las bases no incluyen el Manifiesto de Impacto Ambiental del tramo en licitación. ¿Deberemos considerar trabajos de mitigación o compensación?”; “El derecho de vía está prácticamente invadido por la vegetación y es necesario su retiro para la construcción de la vía y el delimitado del derecho de vía. Solicitamos la entrega del resolutivo que contenga la autorización de impacto ambiental”, son algunas dudas realizadas en el primer timestre de 2020.
Finalmente, el 16 de junio, Fonatur presentó —para que Semarnat la evaluara— una MIA de 2 mil hojas para el Tren Maya Fase 1. Contempla los primeros tres tramos ya adjudicados y cuyas obras inauguró el Presidente, para un “circuito alrededor de la península de Yucatán, con un recorrido de 631 kilómetros en su primera fase”. La MIA marca el inicio de las obras en octubre de 2020.
Entre sus 2 mil páginas hay pasajes que contradicen el discurso oficial de que el Tren Maya no afectará ecosistemas.
“Es importante cumplir con las leyes y restaurar el impacto que ocasionará el Tren Maya-Fase 1, ya que la zona está fuertemente amenazada y deteriorada. Ser un factor anexo de fragmentación conllevará a un ecocidio sin precedentes”, se lee.
De acuerdo con Basurto, si la Semarnat quiere analizar con rigor esta MIA, el plazo mínimo sería de tres meses. “Cualquier cosa que esté escrita en esta manifestación no la pueden hacer hasta que se emita un resolutivo”, explica.
En la MIA se describen las actividades que se realizarán durante las obras. Estas incluyen “desmantelamiento de la vía existente y colocación de la superestructura de la vía férrea, modernización de obras de drenaje, colocar durmientes y rieles, requerimientos de las estaciones”, lo que recuerda a las acciones de “desmantelamiento de 78 tramos de vía, rehabilitación de obras de drenaje, reemplazo de durmientes y rieles y rehabilitación de las estaciones”, para las que se ha pedido una exención.
Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, reconoció en una entrevista el 24 de junio que contemplan empezar obra nueva para agosto o septiembre, antes de que se lo autorice la MIA, en caso de ser aprobada. “La obra nueva (…) se hará en dos o tres meses, ahora sólo hacemos obra de rehabilitamiento y mantenimiento”, explicó.
Que el Tren Maya es prioridad para López Obrador es obvio. En diciembre de 2018 dijo que ese mes se iba a iniciar “la construcción en Palenque” y que ya contaban con los estudios ambientales. En febrero de 2019, prometió que la licitación saldría en marzo y en junio garantizó que en 2019 comenzarían las obras. Tras ganar el sí en la consulta de diciembre de ese año, sobre la que ONU-DH dijo que no se había informado de los aspectos negativos, el Ejecutivo aseguró que habría obras en marzo de 2020.
Según puede extraerse de la MIA, de haberse dado “total cumplimiento con la normatividad ambiental vigente”, el inicio de las obras se habría ido a octubre de 2020.
Caludia Rodríguez Loera/La Jornada Aguascalientes
30 junio 2020
Siete municipios presentan índices de pobreza de entre el 40 al 70%
De los 19 programas de desarrollo social del país, ninguno va dirigido a abatir la pobreza
Los efectos negativos que traerá la pandemia por el nuevo coronavirus hacen necesario que Aguascalientes ponga mayor atención en aquellos municipios donde más de la mitad de su población vive algún nivel de pobreza crítico y el número de infectados van en ascenso, como son Rincón de Romos y Tepezalá, informó Dafne Viramontes del Colegio de Economistas de Aguascalientes.
Si bien en todos los municipios del estado ya hay presencia Covid-19, sólo en cuatro de estos los niveles de pobreza no es tan crítica, al presentar porcentajes de solo el 20 al 40 por ciento por ciento de la población en esta situación, pues en siete presentan índices de entre el 40 y el 70 por ciento de la población total en algún nivel de pobreza: “Además entre los municipios de Aguascalientes hay una variación entre el cero y el diez por ciento de personas en situación de pobreza extrema”.
La economista puntualizó la situación de pobreza de cada uno de los once municipios del estado, al destacar entre los más pobres a San José de Gracia, con el 60 por ciento de su población en situación de pobreza, seguido por Calvillo con 57 por ciento, el Llano con 55 por ciento, Asientos con 54 por ciento, Tepezalá con 50 puntos porcentuales, Rincón de Romos con 50 por ciento, Pabellón con 35 puntos, San Francisco de los Romo con 30 por ciento, Aguascalientes con 26 y Jesús María con 25 puntos porcentuales; según el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval): “Es decir, que más de la mitad de los municipios de la entidad tienen a más de la mitad de la población en algún nivel de pobreza, y esta situación va a empeorar con el Covid-19, por eso es necesario poner la atención en aquellos municipios de altos niveles de pobreza, pero también en el porcentaje de contagio de la pandemia”.
Para Dafne Viramontes uno de los municipios más preocupantes por las dos variables mencionadas es Rincón de Romos, por los niveles de pobreza del 50 por ciento de su población y el número de casos positivos, hasta ayer, es de 90 casos, lo que hace que sea más difícil que sus habitantes hagan frente a la enfermedad y a la crisis económica. El segundo lugar está Tepezalá, donde además puede incrementarse el nivel de mortalidad al no contar con infraestructura hospitalaria necesaria y es necesario el traslado a otro municipio o a la capital.
Observó que la concentración de casos de infectados se encuentra en la zona metropolitana debido a la movilidad constante de las personas en esas áreas y la concentración de personas.
La profesionista recordó que aunado al impacto que la pandemia tenga en cada municipio, esto se verá reflejado en el estado y también en el país, pues si bien se implementan medidas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia sanitaria, el mismo Coneval señala que de los 38 programas, de los cuales 19 dirigidos al desarrollo social, ninguno va directamente a la atención de inhibir la pobreza, lo cual es preocupante.
La provincia de Ontario, la mayor y más poblada de Canadá, reconoció hoy 257 nuevos casos de la COVID-19, un 44 por ciento más que el día anterior, después de que las autoridades iniciasen una campaña de vigilancia en una zona rural en la que se concentran las explotaciones agrarias.
EFE/ SIN EMBARGO
Toronto (Canadá), 29 jun (EFE).- Las autoridades canadienses reconocieron este lunes su impotencia para controlar la propagación de la COVID-19 en explotaciones agrarias en las que trabajan centenares de temporeros mexicanos, centroamericanos y caribeños y que se han convertido en el principal foco infeccioso del país.
La provincia de Ontario, la mayor y más poblada de Canadá, reconoció hoy 257 nuevos casos de la COVID-19, un 44 por ciento más que el día anterior, después de que las autoridades iniciasen una campaña de vigilancia en una zona rural en la que se concentran las explotaciones agrarias.
De los 257 nuevos casos anunciados hoy, 177 se detectaron en la zona de Windsor-Essex, situada junto a la frontera con Estados Unidos y en la que existen importantes granjas.
El viernes, las autoridades sanitarias de Ontario reportaron 111 nuevos casos de COVID-19, el sábado la cifra fue de 160 y el domingo 178.
El interés de las autoridades canadienses por la propagación de la COVID-19 en zonas donde trabajan y viven temporeros latinoamericanos se produce después de que tres trabajadores mexicanos fallecieran a consecuencia de la enfermedad.
Organizaciones de defensa de los derechos de los temporeros han denunciado la muerte de Bonifacio Eugenio Romero, de 32 años, y Rogelio Muñoz Santos, de 24, que murieron a finales de mayo y principios de junio, respectivamente, así como de Juan López Chaparro, de 55 años, casado y con cuatro hijos, y que falleció el 20 de junio.
En los tres casos, los temporeros mexicanos contrajeron la enfermedad en Canadá. Además, al menos otros 600 temporeros han resultado infectados con COVID-19 tras llegar al país.
Migrants Worker Alliance for Change (MWAC), una de las organizaciones que trabaja desde hace años en la defensa de los trabajadores agrícolas extranjeros, ha denunciado que los temporeros latinoamericanos y caribeños viven en muchos casos en condiciones insalubres y en condiciones laborales tercermundistas.
El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, ha reconocido en los últimos días las condiciones en las que se encuentran los trabajadores extranjeros pero ha culpado de las elevadas de transmisión de la enfermedad a los empleadores.
El jefe de Gobierno de Ontario, Doug Ford, también ha criticado a los empresarios agrícolas que no están protegiendo a los temporeros extranjeros, pero las autoridades se han negado a cerrar las granjas en las que hay elevadas tasas de infección.
Además, el Gobierno de Ford autorizó la semana pasada que los temporeros infectados con COVID-19 pero que no tienen síntomas sigan trabajando. Las autoridades canadienses también permiten que los trabajadores agrícolas extranjeros en cuarentena acudan a trabajar.
Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU. Foto: www.ohchr.org
OAXACA, Oax. (apro).- La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, junto con la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer; el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, expresaron su preocupación por los ataques y amenazas contra Consorcio Oaxaca y exigieron garantías para sus integrantes.
“La impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia fomentan la criminalidad y socavan la lucha contra la violencia de género, a la vez que se alimenta la continuación de la violencia contra las personas defensoras en el país”, subrayaron en un comunicado.
Lo anterior, luego de que el pasado lunes 15 el equipo directivo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca denunció que alrededor de las 08:40 fue hallada en la puerta de su sede un bolsa negra con pedazos de carne, al parecer una cabeza de animal y una cartulina con el mensaje: “vajale de huevos perra la próxima es la tuya atte. Cjng (sic)”.
Los relatores de Naciones Unidas remarcaron que “esta grave amenaza de muerte se presenta justamente después de las exigencias de justicia que la organización ha hecho por el feminicidio de la joven fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, hija de la periodista Soledad Jarquín Edgar, ocurrido el 2 de julio de 2018, y que a la fecha sigue impune”.
Consorcio Oaxaca, subrayaron, es una organización civil feminista, que desde 2005 ha defendido y promovido el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en la entidad.
Además, forma parte de distintas redes de organizaciones nacionales e internacionales que promueven y defienden los derechos humanos, y con su trabajo ha contribuido a generar leyes que sancionan el feminicidio y las distintas formas de violencia contra las mujeres.
“El nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas defensoras en ciertas regiones de México es sumamente preocupante.
Pero es aún más preocupante observar los extraordinarios riesgos a los que se enfrentan las defensoras de derechos humanos y aquellas personas que se dedican a luchar por los derechos de las mujeres, así como la impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia fomentan la criminalidad”, enfatizó Mary Lawlor.
El Centro de Educación Especial en San Pablo Chimalpa lleva 17 años dando servicio a personas con discapacidad en Cuajimalpa. Pero la alcaldía de Cuajimalpa les entregó una orden de desalojo por la remodelación de un gimnasio contiguo. Como los tribunales están cerrados por la pandemia, no pueden actuar legalmente. La administradora del centro solicita apoyo para nuevo espacio
A María Leonor González Morenos, misionera franciscana originaria de Monterrey, la destinaron a Cuajimalpa en 1978 para atender a chicos con problemas de drogadicción. “Visitábamos a las familias, les tendíamos la mano para cualquier cosa y la gente siempre nos trató muy bien. Cuando empezamos a atender niños con discapacidad muchas monjas se deprimieron porque les resultaba demasiado duro y se marcharon. Yo me quedé. Después de 30 años en el convento, donde de verdad descubrí a Dios fue a través de esos niños”, cuenta la hermana Marle, como la conocen en la comunidad.
La misionera empezó repartiendo despensas, apoyando a las madres y organizando terapias de fisioterapia, hasta que creó la primera escuela de educación especial para niños con discapacidad que acudían de las zonas más pobres. Durante casi dos décadas, la escuela ubicada en San Pablo Chimalpa, cuya constitución legal fue apoyada por una fundación y fue creciendo gracias a donaciones y profesionales que se acercaban para atender a las necesidades de niños sin recursos. En Cuajimalpa, demarcación de la Ciudad de México que colinda con el Estado de México, las calles empinadas que surcan los cerros son de terracería, y gran parte de la población es víctima de la violencia familiar, el desempleo, el alcoholismo y el hacinamiento. “Empezaron a venir chicos de los alrededores, desde Acopilco, Zentlapatl, Huixquilucan, San Jacinto… Gracias a las sesiones de fisioterapia niños que no caminaban y a los que arrastraban las mamás, comenzaron a hacerlo. Construimos un cuarto multisensorial, con una alberca de pelotas y barras para rehabilitación, dos consultorios, una zona de ultrasonido… Y llegó gente grande, no sólo niños. ¡Era como un milagro!”, exclama.
El centro, que durante 17 años ha beneficiado a miles de personas, ahora está en riesgo de desaparecer. “En mayo nos llegó una carta de la Alcaldía de Cuajimalpa donde nos informaban que teníamos que desalojar con urgencia el inmueble”, denuncia la hermana Marle, quien alega que ese documento es la primera notificación por escrito que recibe. “En febrero, se presentó en mi casa Gerardo Romero Martínez, representante del pueblo, acompañado de más de 10 patrullas para avisarme que tenía que abandonar el lugar, pero sin ningún documento legal que lo acreditase”, aclara.
La escuela fue una donación que el primer jefe del Gobierno de Cuajimalpa, Francisco de Souza Mayo, le hizo a la hermana en el 2003 tras conocer su labor en favor de niños con discapacidad. El terreno y la infraestructura se cedió a través de un acuerdo de voluntad entre la delegación y pueblo, con número de oficio DGSU/JRV 640/2003. “Llevaba una notita adjunta que decía que si en algún momento desalojaban la escuela tenían que reubicarla”, explica Edith Hernández, vocal de la institución educativa y responsable de ayudar con la contabilidad y el papeleo de la asociación responsable, las Promotoras Franciscanas de Desarrollo Comunitario A.C.
El gobierno municipal se mantuvo por años ajeno a la actividad del centro. Hasta que en el 2018, Adrián Rubalcava, quien había desempeñado el cargo de Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos del 2012 al 2015, ganó la reelección para gobernar de nuevo la alcaldía. “Él le tenía ganas a mi lugar. Mi escuelita estaba junto a un gimnasio en el que querían construir una alberca semiolímpica. Creo que en esta zona hay otras prioridades antes que una alberca, como dar solución al desabasto de agua que sufre la población. ¡Hay vecinos que se pasan hasta cinco días sin poder lavarse ni tomar un baño!”, reclama la hermana Merle, que visita de forma constante a las familias más vulnerables.
Piden apoyo para una escuela sin peligros
En el 2015, una gran tormenta provocó un deslave en la ladera que abraza el terreno de la escuela y puso en riesgo las instalaciones. La donación económica de una fundación privada permitió reparar los daños. Pero el terreno se inundaba de forma constante y había erosiones, la hermana Merle pensó que lo mejor era encontrar otro lugar para los niños. “La pared que separa la escuela del gimnasio empezó a cuartearse. Me daba mucho miedo que se viniera abajo. Antes de que quisieran desalojarme yo ya pretendía trasladar la escuelita a un terreno que tengo junto a mi casa. ¡Imagínate la situación, cuidamos de niños con discapacidad!, cualquier desgracia que pasara iba a ser mi responsabilidad”, explica la franciscana, directora del centro.
En el 2017, la hermana Marle se acercó a Romero Martínez para explicarle su propuesta: ceder su parcela a la Alcaldía y que ellos le apoyaran con algunos trámites para condicionar el terreno nuevo donde edificar su escuela. “Ya tenía hasta los planos del nuevo lugar. El arquitecto aconsejó que mejor sacáramos toda la tierra y pusiéramos un muro de contención, ya que ese terreno daba a una carretera principal. Necesitaba que ellos me ayudarán con el drenaje, los árboles y el soporte. Me prometieron que lo harían, pero sólo dieron su palabra”, expresa la religiosa.
A pesar de mandar una notificación solicitando el desalojo de la escuela para seguir con la reconstrucción del gimnasio, el alcalde Rubalcava no ha querido recibir a la directora. “Manda a sus empleados, que no hacen nada, nos dicen que el documento del acuerdo tenía que renovarlo cada tres años, pero eso no aparece en ninguna de las cláusulas. El subdirector de obras de la delegación prometió ayudarnos, pero no dejó ningún documento por escrito. Protección Civil nos trajo unos documentos para el drenaje de agua y la tala de árboles que no sirven”, cuenta Hernández, quien hasta ahora sólo ha obtenido como respuesta del alcalde un tuit que éste compartió en mayo desde la cuenta oficial de la Alcaldía donde se menciona que “los trabajos que están realizando son dentro del Deportivo Chimalpa y que no van a afectar a la escuela”.
Buenas noches Edith los trabajos que se.realizan son dentro del Deportivo Chimalpa por lo tanto no hay manera de afectar a la escuela que nos mencionas. pic.twitter.com/sTrpto6FR7
— Promoción Deportiva Cuajimalpa (@PDCuajimalpa) May 5, 2020
“En marzo ya habían empezado la obra, pero como estábamos encerradas por la contingencia no nos dimos cuenta de que habían metido maquinaria pesada”, detalla la vocal de la escuela. “La hermana, que ya tiene 80 años, es gente de paz. Sólo quiere que reubiquen una escuela para los niños. Si la Alcaldía va a aprovechar un terreno en el que estaba ella, necesita ayuda para el nuevo centro, el único que existiría en la zona”, añade.El Centro de Educación Especial en San Pablo Chimalpa, ahora mismo clausurado por la emergencia sanitaria, es una pequeña escuela que además de ofrecer rehabilitación integral y educación especial a los niños, brinda otros talleres de aprendizaje y ocio para personas con discapacidad. “Cuenta con un comedor gratuito, damos apoyo a los padres con despensa y atención psicológica, y contamos con servicio médico. Si bajas al centro de salud del pueblo ni siquiera te toman la glucosa porque no hay material”, explica Hernández, “Si no hay escuela, ¿qué va a pasar con esas familias?”
¿Qué va a pasar con las familias?
Una meningitis a los 6 meses le ocasionó a Carla, quien acaba de cumplir 22 años, parálisis cerebral. Es unas de las usuarias de la escuela. “Dejamos de ir hace unos meses por el frío, es malo para mi niña. Se agarra neumonías que le dejan graves secuelas”, dice su madre Rocío. “Sacaba a Carlita por el pueblo y se la quedaban viendo como a un bicho. Me decían que la niña había salido así porque mi marido fumaba mariguana. Le decían a mi madre que su yerno era un marigüano. Pero cuando la llevé por primera vez a la escuelita me di cuenta de que había muchos niños como ella. ¡Mi hija no era la rara! Es que aquí son muy cerrados, allá en la escuela es diferente. Carlita es una niña más”, dice Rocío mientras traslada a su hija de la cama a la silla para ponerla al calorcito del sol. “El transporte resulta muy difícil, la tengo que cargar yo misma y son todo laderas. Si no está su hermana mayor no podemos salir. Cuando iba a la escuela venía una camioneta a buscarla. ¿Ahora quién vendrá a por ella?”, pregunta la madre.
Cada mañana una furgoneta propiedad del centro recogía a los alumnos que no caminan por sí solos o con dificultades para desplazarse, y al terminar las clases los dejaba en la puerta de sus domicilios. “Ricardo, el chofer, me venía a buscar a mí la primera. Íbamos cantando con la bocina bien alta y los niños se aprendían las canciones”, cuenta Irak Moreno, trabajadora de la escuela y madre de un niño con autismo. “Me hablaron de la institución y como yo había estudiado Pedagogía y Educación Especial, la hermana me brindó la oportunidad de trabajar en el centro”. Moreno, madre soltera, empezó hace 8 años a acudir a la escuela. Mientras ella se gana un sueldo, su hijo es atendido en el centro junto al resto de alumnos. “Aquí José Manuel tuvo su primera oportunidad de socializar con niños, perdió el miedo, empezó a correr y a bailar”, cuenta Moreno, ahora responsable de ir sacando los equipos y resto de materiales de las aulas vacías mientras la obra del gimnasio contiguo sigue su curso. “Los niños desayunaban y comían aquí, tenías sus clases individuales, talleres y consultas. Están acostumbrados a este espacio, es como su segunda casa. Sin escuela ¿qué vamos a hacer las mamás? Los pasajes, las terapias, las comidas… ¡son muchos gastos! No hay lugares para ellos, los centros privados son muy caros. En la escuela de la hermana les poníamos hasta pañales para que las mamás no gastaran en casa. Nos han dejado sin empleo, sin escuela, sin recursos… ¡El centro nos hacía falta! Aquí también llegaba gente que había tenido un accidente y que necesitaba una terapia”, lamenta Moreno.
El centro está afiliado a la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (Confe), lo que permite que esta institución ofrezca a los alumnos de San Pablo Chimalpa sus servicios más baratos. “Pero aun así muchas familias no se lo pueden permitir. Estos pueblos enfrentan una realidad muy dura de pobreza. Somos testigos de casos muy fuertes, a algunos los esconden en casa. Aquí al ladito nomás vive una familia con tres niños con discapacidad encerrados. Hay muchas abuelitas cansadas que se tienen que hacer cargo de toda una familia, y yo pienso que no es justo. ¡Que cierren nuestra escuela no es justo!”, dice la religiosa.
“Antes de que mi hija enfermara, ella lo llevaba a la Fundación Teletón”, cuenta la abuela de Yair, un adolescente con síndrome de Down. “Pero quedaba muy lejos, dos horas y media, así que el niño no podía ir todos los días”. Tras la muerte de su hija, Juanita se hizo tutora legal del “pollito”, como lo apodaron cariñosamente el resto de sus nietos y como lo llama ahora toda la familia. “Mi hija estaba muy enferma, y yo ya no sabía qué hacer, si atenderla a ella o al niño, que se desesperaba mucho”, explica Juanita, residente de Zacamulpa Huixquilucan, ya en el Estado de México. Yair nació antes de tiempo, prematuro, pasó sus primeras semanas en una incubadora. “Su madre se muy puso triste, el padre, nada más verlo, se largó”, declara Juanita durante una visita de la hermana Merle. “El niño agarraba el puño y se daba. Un día se golpeó mucho y se dejó la cara moreteada. Un doctor nos recomendó entonces la escuela ¡Qué pena no haberla conocido antes! La mejoría de Yair en cuanto entró al centro fue inmediata”. Al principio la abuela lo acompañaba y se quedaba toda la jornada en una banca, esperándolo. Dejó de hacerlo para que el niño si hiciera más independiente. “Antes él no podía comer solo, no agarraba las cosas. Era muy dependiente”, explica Juanita mientras acaricia el pelo de su nieto. “Ya no se lastima y le encanta bailar cumbia. ¡Ahora hasta tenemos que quitarle la comida! ¡Nomás mírenlo!”, exclama mientras señala a Yair que agarra un vaso con jugo y se lo lleva a la boca. “Él no habla, pero se expresa. Le encanta la escuela. ¡Los primeros días de cuarentena se salía a jalar la puerta y a esperar a la camioneta que le llevaba con el resto de niños!”, dice la abuela. Tres años después del cáncer que dejó huérfano al “pollito”, un accidente le arrebató a Juanita a su hijo menor. “Se llevó al más alegre. Pero yo siempre le doy gracias a Dios y a la madre Marle, que me ha ayudado mucho. Antes de que mi hija muriera yo le decía arrodillada junto a la cama, “Ay, gorda, me va as a dejar una responsabilidad que quién sabe si lo pueda resistir. Y aquí estamos gracias a la hermana”. Desde que el gobierno mexicano decretó la cuarentena, Juanita no ha salido de casa, su marido sí sale a trabajar en “lo que salga” y los otros dos hijos y nietos le ayudan con Yaid. “La vida me ha dado muchos golpes. Se lo digo a mi virgencita todos los días: la vida es cruel pero también bonita. Hay que resistirla. ¡Sin la escuela, otro golpe que se viene!”
A la espera de los tribunales
La escuela seguirá su labor, pero a domicilio y con más dificultades. “Dos maestras visitarán una colonia por día, donde tratarán de reunir a los niños en alguna de las casas. Los otros servicios, como la comida, ya no se pueden dar. Édgar Muciño, el coordinador de rehabilitación, que es un ángel, está habilitando un local para los niños que requieran de terapia física”, anuncia la misionera.
Según Gerardo Hernández Castro, el abogado que ha tomado el caso, “lo que están haciendo desde la Alcaldía está completamente fuera de la legalidad. Empezaron a meter la maquinaria antes de mandar un oficio. Si quieren desalojar la escuela, tienen que ofrecer una garantía de audiencia para que la hermana se defienda. Está en el Constitución”. Debido a la emergencia sanitaria, los Tribunales de Justicia Administrativa, responsables de los asuntos de carácter de gobierno, pararon su actividad. “Se aprovecharon de la situación para seguir con sus planes. Ya hemos registrado la demanda, pero saben que la hermana ahora no puede impugnar en un tribunal porque están cerrados”, cuenta el experto en derecho administrativo. “Ya hicieron el negocio con una constructora y les urge el proyecto, la madre sólo les estorba”, añade el abogado.
“Yo sólo quiero que esos niños no se queden sin una escuela. Es una necesidad, si hubiera otra clínica, yo abandonaría, pero no tienen alternativa”, argumenta la religiosa, quien espera llegar a un acuerdo por parte del alcalde. De momento, las excavadoras avanzan por el terreno San Pablo Chimalpa y Rubalcava no responde a las distintas peticiones que se le han hecho a través del correo oficial y a su cuenta de Twitter. No ha ofrecido ni una aclaración sobre la remodelación del gimnasio ni sobre el desalojo del centro educativo. “Yo creo que al final nos ayudará, son demasiadas las familias afectadas. No hemos podido avisar a todas por la cuarentena, pero mucha gente nos está apoyando. Y yo ya me puse a rezar en serio para que todo salga bien”, dice la hermana Marle y se ríe juntando las palmas y mirando al cielo: “Dios mío, ¡ayúdanos! Esta misión me la mandaste tú. ¡Órale!”
Trabajo de “Balam”, uno de los participantes en la convocatoria Diseña contra el tren, lanzada por Múuch’ Xíinbal. Imagen tomada de FB del colectivo
MayaPolitikon
El colectivo Articulación Yucatán cuestionó a la directora ejecutiva de ONU-Habitat sobre la participación de ONU-Habitat México en el objetado megaproyecto llamado “tren maya”, y enumeró por lo menos cinco puntos que ponen en tela de juicio la legitimidad del proyecto gubernamental que presume llevará prosperidad al olvidado sureste de México.
“Pobladores indi?genas en el suroeste de Me?xico y la Oficina en Me?xico del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos (ONU-DH) han sen?alado serias preocupaciones sobre la legitimidad del proyecto, citando vaci?os de responsabilidades y transparencia en relacio?n a la consulta indi?gena”, advierte el colectivo a la directora de ONU-Habitat Maimunah Mohd Sharif Directora.
Las preocupaciones principales son las siguientes:
UNO. El proyecto “tren maya” no ha cumplido con los requisitos sen?alados por el Convenio 169 de la Organizacio?n Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indi?genas y Tribales. Ma?s de 665,556 personas indi?genas viviendo en el a?rea han sido privadas de acceso a informacio?n clara y cienti?fica sobre los impactos socioambientales del proyecto. (Por ejemplo, desde el anuncio de este proyecto, el mapa referente a la li?nea del tren ha cambiado sin haberse comunicado claramente a la comunidad.)
DOS. La Evaluacio?n Ambiental y Social de los Impactos no ha sido transparente ni honesta acerca de la naturaleza del proyecto. Fonatur ingresó a evaluación apenas el 16 de junio pasado la Manifestacio?n de Impacto Ambiental (MIA) de la “fase uno”, enfoca?ndose exclusivamente en la construccio?n y so?lo en algunos segmentos de la vi?a del tren. Esta MIA no muestra que el TM es concebido y esta? lleva?ndose a cabo como un proyecto desarrollista regional de reorganizacio?n territorial para incrementar el turismo masivo, el mercado inmobiliario y el comercio, lo cual tendra? implicaciones acumulativas. Asimismo, no considera el desarrollo de los nuevos desarrollos urbanos ni toma en cuenta “un territorio ya afectado por una cantidad de agronegocios, desarrollos inmobiliarios, turismo, y megaproyectos de energi?a que han surgido en los u?ltimos an?os”.
TRES. Grupos locales han denunciado el nombrar el proyecto como “tren maya”, pues coopta y mercantiliza la cultura maya para favorecer al turismo y las economi?as extractivas. Ejemplos previos en la regio?n –como el caso de Cancu?n, o casos especi?ficos como el del parque eco-arqueolo?gico Xcaret en Quintana Roo–, ilustran bien co?mo el turismo privado y de masas ha despojado al pueblo indi?gena maya de su sustento, de su territorio ancestral, y de sitios sagrados.
CUATRO. Acade?micos y poblacio?n local han expresado sus preocupaciones respecto a desalojo y derechos agrarios. El instrumento financiero propuesto para la reorganizacio?n de la tenencia de la tierra, el llamado Fideicomisos de Inversio?n y Bienes Rai?ces (FIBRAS), despoja al propietario de la tierra del derecho a decidir sobre su tierra, independientemente del porcentaje accionario del terreno utilizado para la construccio?n, ya sea un hotel u otro negocio. Adema?s, los residentes de la regio?n temen desplazamientos y el flujo de migrantes de pai?ses de Centroame?rica a la regio?n sin una estrategia adecuada de integracio?n sostenible. Esta preocupacio?n emana de la afirmacio?n de que el proyecto proveera? de miles de empleos, cuando no obstante la mayori?a de estos empleos sera?n para las etapas de construccio?n, que tienen una duracio?n limitada y sin una calidad laboral garantizada. Otras preocupaciones migratorias incluyen el incremento del tra?fico de personas y de drogas, que suelen estar relacionados con el turismo masivo. Es consecuencia se hace necessario la realización de una Evaluacio?n de Impacto Inmigratorio.
CINCO. Los riesgos ambientales son significativos. El “tren maya” atravesari?a varias comunidades que son ya altamente vulnerables al cambio clima?tico y ecosistemas que han sido reconocidos local, nacional e internacionalmente como a?reas de conservacio?n para salvaguardar la biodiversidad (flora y fauna). Esto tendri?a un impacto negativo en los servicios ambientales del a?rea, tales como el manto frea?tico de toda la Peni?nsula de Yucata?n.
Articulación Yucatán subraya que el “tren maya es un plan del Estado para el de desarrollo de infraestructura ferroviaria que travesara? los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucata?n, abarcando un a?rea de alto valor biocultural y poblacio?n indi?gena. Implica una profunda reorganizacio?n territorial para la promocio?n del turismo masivo, el desarrollo inmobiliario y de transporte, asi? como de almacenamiento y comercio de mercanci?as. El impacto y la escala de este proyecto son masivos, con ONU-H pretendiendo que el desarrollo del turismo duplicara? la economi?a local y sacara? de la pobreza a 1.1 millo?n de personas, con 945,000 empleos.
Recordó que “el 9 de junio se dio a conocer que Fonatur otorgo? a ONU-Habitat 5.5 millones de do?lares para dar apoyo sustantivo y te?cnico para la implementacio?n del “tren maya”. En su sitio web, ONU-H asegura, “ONU-Habitat se encarga de brindar asistencia te?cnica a Fonatur en materia de ordenamiento territorial en los cinco estados por donde transitara? el Tren Maya”.
Diversas organizaciones de derechos indi?genas, acade?micos, organizaciones locales y nacionales han expresado preocupacio?n y oposicio?n al TM, alertando sobre la insostenibilidad socioambiental e ilegitimidad del proyecto. Por ejemplo, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal considera que el TM es otro asalto en una serie de megaproyectos verticales construidos en la regio?n que benefician principalmente a grandes empresas a expensas de las comunidades indi?genas que ahi? viven.
Articulación Yucatán considera que es urgente “una investigacio?n exhaustiva del proyecto que incluya voces cienti?ficas y de la sociedad civil”. Asimismo, “informacio?n clara y pu?blica de rendicio?n de cuentas sobre la participacio?n de ONU- Habitat en este proyecto”.
Con el fin de procurar un desarrollo realmente sostenible en la regio?n, en un marco de justicia ambiental, se recomienda llevar a cabo una Evaluacio?n Ambiental Estrate?gica (EAE), con un modelo de participacio?n local, de abajo arriba, para definir las opciones ma?s adecuadas de desarrollo, coherentes con los ordenamientos territoriales ecolo?gicos, con estudios y ana?lisis de la capacidad de carga territorial y mediante un proceso participativo continuo y transparente con actores locales y transdisciplinarios.
Guadalajara, Jalisco. Para los maestros de educación básica del sistema educativo ya no es noticia que la Secretaría de Educación siga sin resolver el problema de falta de pago de salarios. En este momento, el cálculo es que son 3 mil los casos de docentes a quienes se les adeudan hasta 10 meses.
Florentino Moreno, vocero del Movimiento Magisterial Jalisciense, lamentó la incapacidad existente entre el personal de la Secretaría de Educación para ponerle fin a un problema que data del sexenio anterior, pues la falta de pagos oportunos comenzó a presentarse en enero de 2018.
“Hay poco menos de 3 mil casos de maestros y maestras que no tienen pago y que tienen diferentes problemas desde hace varios meses y que no se ha podido regularizar esa situación por cuestiones administrativas, dicen en la Secretaría de Educación y por incompatibilidades en los procesos administrativos con la Secretaría de Educación Pública (SEP)”, explicó.
Un caso en el que a los maestros se les ha convertido en víctimas por doble partida, es a dos profesores del Movimiento Magisterial Jalisciense, a quienes se les despidió en marzo de 2016, por oponerse a la Reforma Educativa, se les reinstaló hasta noviembre de 2019 y desde ese día no se les pagan salarios. Son los casos de Gloria Gómez Gómez y Roberto López Bravo, expuso Florentino Moreno.
“Hay algunos pendientes todavía. En el caso de nuestros compañeros faltan dos casos particulares que les terminen de pagar y que les normalicen sus quincenas. Gloria Gómez es una y Roberto López Bravo, es otro, a quienes no les han pagado desde noviembre”, advirtió.
Los maestros sin pago reciben el respaldo del Movimiento Magisterial Jalisciense, del Colectivo #YaPágameSEJ y de la sección 16 del SNTE, quienes han realizado manifestaciones frente a Palacio de Gobierno y la Secretaría de Educación.
Silao se ha convertido en un foco rojo, no solo por la propagación del COVID-19, sino por la violencia que ha cobrado la vida de seis elementos de la policía municipal en los últimos 15 días, mientras las autoridades locales acordaron tomarse unas vacaciones de dos semanas.
De acuerdo con las estadísticas que presenta la Secretaría de Salud, Silao se ubica como el cuarto municipio de Guanajuato con más contagios, al concentrar el 5.6 por ciento de los pacientes que han dado positivo al virus SARS-COV-2.
Sin embargo, no es la pandemia el único motivo de preocupación, porque la violencia en el municipio sede de empresas trasnacionales sigue en escala. La madrugada de este lunes emboscaron a tres elementos de la Policía Preventiva, uno más es atendido en el Hospital General de Silao.
La crisis en el municipio llevó a los elementos de la policía a hacer un paro, resistiéndose a salir a patrullar durante un par de horas, ante el temor a ser víctimas de criminales, pues en las últimas dos semanas han asesinado a seis agentes.
La corporación presentó al director de Seguridad Ciudadana, Luis Felipe Hernández Lara, un pliego petitorio dirigido al Ayuntamiento, en el que se exige equipamiento para poder salir a hacer frente a la inseguridad y la violencia que priva en el municipio.
Apenas unas horas después, el alcalde de Silao, Antonio Trejo Valdepeña, anunció el cambio en la dirección de Seguridad Ciudadana. Dejó la corporación Luis Felipe Hernández y llegó Rómulo Catalán como encargado de despacho.
Amenaza del COVID-19
Este lunes, Silao alcanzó los 495 pacientes confirmados, el total de defunciones es de 40, colocándose en el cuarto lugar por contagios y tercero en muertes, incluso por encima de municipios con mayor densidad poblacional como Salamanca. Arriba de Silao solo están León, Irapuato y Celaya.
Imagen: Poplab.mx
El estado llegó a los 8 mil 693 casos, cifra que ha ido en aumento durante las últimas semanas, considerándose el pico de los contagios.
El número total de defunciones es de 540, en las últimas 24 horas fueron 21 muertes por COVID-19.
En Silao los contagios comenzaron a incrementarse considerablemente en la primera semana de junio, que coincidió con la reactivación económica y la reapertura de las empresas.
El municipio que es sede del complejo Puerto Interior y de la planta de General Motors inició junio con 92 casos positivos, a punto de cerrar el mes están por alcanzar el medio millar.
En la planta de GM también se ha hecho pública la preocupación de los trabajadores y se evidenciado la falta de control sanitario para evitar la propagación del virus.
Foto: Poplab
Mientras tanto, el gobierno municipal se deslindó de intervenir en los centros de trabajo de las trasnacionales, con el argumento que es un asunto que atiende directamente las empresas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Desde el gobierno municipal se han implementado medidas como la prohibición de instalar los tianguis y el reparto de gel en los negocios.
Policías con miedo de salir
El COVID-19 no es la única amenaza en Silao, ahora los elementos de la policía municipal tienen miedo a salir a atender a los patrullajes de rutina, a atender los reportes que llegan a cabina, pero no es la pandemia lo que los tiene al filo, sino la violencia que en los últimos 18 días arrebató la vida de seis de sus compañeros.
Sin armas para repeler la agresión Juan, Alexis y Luis fueron asesinados la tarde del 11 de junio en una plaza comercial de Silao, a plena luz del día llegaron cuatro hombres fuertemente armados y dispararon contra los elementos.
Un nuevo ataque se registró la madrugada de este lunes. En el lugar quedaron sin vida José Julio, Antolín y Eduardo, un elemento más fue trasladado a recibir atención médica al Hospital General de Silao gravemente herido.
En lo que va del año, ocho agentes de la policía de Silao han sido asesinados, mientras el resto de la corporación vive con el miedo de salir a patrullar y atender reportes.
Antes de dejar el cargo, Luis Felipe Hernández aseguró que Antolín, Eduardo y José Julio sí llevaban armas y chalecos antibalas, pero aún así la principal exigencia de la corporación es que se les dote de mayor equipamiento.
“Los elementos sí repelieron la agresión, pero estamos en desventaja total… La inconformidad es por la inseguridad, se sienten con miedo de salir a trabajar”.
Dijo que después de hablar con ellos, finalmente aceptaron salir a hacer el trabajo diario, pero a cambio prometió llevar ante el Ayuntamiento un pliego petitorio para contar con más equipamiento.
“Sí carecemos de equipo, pero todos salen equipados y armados a trabajar. Son pocos los elementos que salen a patrullar”.
Luis Felipe Hernández comentó que se ha pedido al Gobierno del Estado que se refuerce el patrullaje con elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública.
Minutos después de las 20:00 horas, el municipio publicó un video en el que Antonio Trejo anunció el cambio en la dirección de Seguridad Ciudadana. Lo instruyó a reestructurar la corporación.
El alcalde panista presumió que Catalán es criminólogo, con experiencia de 25 años en Seguridad Pública.
Vacaciones
En pleno pico de contagios y la violencia, el Ayuntamiento de Silao que encabeza el panista Antonio Trejo decidió decretar dos semanas institucionales de vacaciones para los casi 1 mil trabajadores que tiene la administración pública.
A través de un comunicado de prensa, el gobierno municipal anunció que las vacaciones institucionales iniciaron este lunes y hasta el 10 de julio se reanudarían las actividades y atención.
En el comunicado señala que la medida se tomó para evitar la propagación del COVID-19 en el municipio.
“Esta medida se debe a que el Ayuntamiento de Silao está preocupado y ocupado en reforzar y generar constantemente estrategias que contribuyan aminorar los efectos que está teniendo el coronavirus”.
El municipio solo mantiene con guardias las áreas de cajas, seguridad pública, tránsito municipal, alumbrado, manejo de los residuos y parques y jardines.
De acuerdo con el área de comunicación social del gobierno municipal, se tienen detectados al menos cinco casos de trabajadores del municipio contagiados de COVID-19.
21 nuevas muertes en Guanajuato
De las 21 defunciones de las últimas 24 horas, nueve fueron pacientes que se encontraban internados en el Hospital General 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El Hospital del IMSS en León tiene hoy reportó el 42 por ciento del total de muertes en el estado.
Femenino 63 años, residente de León, fallece en Hospital General 58, comorbilidades DM, OB, HAS
Masculino 71 años, residente de León, fallece en Hospital General 58, comorbilidades HAS
Femenino 63 años, residente de San Francisco del Rincón, fallece en Hospital General 58, comorbilidades DM
Femenino 54 años, residente de Silao, fallece en Hospital General de Silao, comorbilidades DM, HAS, Obesidad
Masculino 57 años, residente de Silao, fallece en Hospital General Silao, comorbilidades DM, HAS, Obesidad
Masculino 64 años, residente de León, fallece en Hostpital General de León, comorbilidades DM
Femenino 69 años, residente de León, fallece en Hospital General de León, comorbilidades DM
Masculino 75 años, residente de León, fallece en Hospital General de León, comorbilidades DM, EPOC, Tabaquismo
Masculino 59 años, residente de León, fallece en Hospital General 58, comorbilidades HAS, Obesidad
Femenino 59 años, residente de Silao, fallece en Hospital General 58, comorbilidades DM
Masculino 72 años, residente de San Miguel de Allende, fallece en Hospital General San Miguel de Allende, comorbilidades DM y HAS
Masculino 76 años, residente de Silao, fallece en Hospital General Zona 54, comorbilidades DM, HAS
Masculino 66 años, residente de León, fallece en Hospital General 58
Femenino 31 años, residente de San Francisco del Rincón, fallece en Hospital General 58, comorbilidades Obesidad
Masculino 41 años, residente de Salamanca, fallece en Hospital General 58, comorbilidades Obesidad.
Masculino 73 años, residente de León, fallece en Hospital General 58, comorbilidades DM
Femenino 56 años, residente de León, fallece en Unidad Médica de Atención T1, comorbilidades DM, HAS, Obesidad
Femenino 47 años, residente de Celaya, fallece en Hospital General de Celaya, comorbilidades HAS, DM y Obesidad
Femenino 82 años, residente de Celaya, fallece en ISSSTE Celaya, comorbilidades HAS, Obesidad, IRC
Masculino 56 años, residente de Romita, fallece en ISSSTE Irapuato, comorbilidades HAS, Obesidad
Femenino 44 años, residente de Dolores Hidalgo, fallece en Hospital General de Dolores Hidalgo, comorbilidades Obesidad, otros (síndrome de Down)
A pesar de la contingencia sanitaria, miembros de la comunidad LGBTIQ+ de Tijuana, realizaron una caravana para celebrar el Día del Orgullo Gay, para que el movimiento no pasara desapercibido.
La convocatoria se hizo el viernes en la noche, por lo que sólo tuvieron un día para promocionarla, dijo a ZETA Liliana Hueso, organizadora y miembro de la comunidad LGBTIQ+.
El punto de reunión fue el Centro Cultural Tijuana, donde nueve vehículos, decorados con banderas y globos de colores, así como sus ocupantes, mujeres, niños, jóvenes, y hasta mascotas, partieron con dirección al parque Teniente Guerrero en la Zona Centro.
“Decidimos un grupo de amigas, empezar algo, una caravana, fue todo, literalmente de un día para otro. Reunirnos, decorar nuestros carros un poco y estar aquí presentes para tener un poco de visibilidad y conmemorar aquí este día”, dijo.
Hueso mencionó que en Tijuana sí ha habido un cambio, ya que las ha visibilizado y hay más apertura para el diálogo, “la importancia de ser visibles, no nada más depende de nosotros, sino de toda la sociedad y la cultura de la que somos parte y de la que vivimos”.
La caravana pasó por la glorieta Cuauhtémoc con dirección al bulevar Agua Caliente, para después dirigirse a la avenida Revolución, donde se hizo más grande el contingente, llegó a la Zona Norte, y continuó su viaje hacia el parque Teniente Guerrero, donde dio una vuelta a su alrededor, logrando la atención de los visitantes.
Ericka Farías, del grupo “Mujeres diversas y visibles”, mencionó a ZETA que sí existe un avance a nivel federal, sin embargo no en el Estado, pues si bien han dado autorizaciones estatales y municipales para contraer matrimonio o para adoptar, aún no se puede hacer libremente, como cualquier pareja heterosexual, porque aún no se ha reformado el Código Civil.
El 6 de febrero el Frente Nacional de la Familia (FNF) se manifestó en el Ayuntamiento, para impedir las bodas entre personas del mismo sexo, en la ceremonia colectiva que se realizaría el 14 de febrero, al violar el Artículo 7 de la Constitución estatal.
Este Artículo señala que el Estado debe garantizar la seguridad y perpetuidad de la especie y ayuda mutua entre los cónyuges, mediante la unión de un hombre y una mujer.
Sin embargo, Arturo González Cruz, el Alcalde de la ciudad, recalcó que aunque aún no se ha reformado el Código Civil para incluir que las parejas homosexuales puedan casarse, esta libertad ya está resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se debe respetar.
Tepic, Nayarit a 28 de junio del 2020.- Todo un caso resultó la desaparición y el secuestro de un pequeño niño, pues Miguel Angel “N”, elemento de la policía municipal de Tepic, fue detenido tras privar de la libertad al menor de 9 años de edad, en la colonia Lomas de la Laguna de Tepic. El agresor fue sometido por los vecinos tras percatarse de que tenía dentro de su casa al niño que había sido reportado como desaparecido el pasado jueves.
En redes sociales se pidió el apoyo para localizar al pequeño niño que había sido reportado como extraviado en la colonia Lomas de la Laguna el jueves por la tarde, donde había sido visto en las calles 21 de Febrero y Cuauhtémoc, alrededor de las seis de la tarde.
Por lo tanto fue liberada una orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel “N”, como presunto responsable de hechos que la ley considera como delito de secuestro agravado, ilícito cometido en agravio de un menor de edad
TEPIC, Nayarit (OEM-Informex).- Pese a que el gobernador, Antonio Echevarría en diversas ocasiones ha justificado que no le tienen paciencia a sus funcionarios, en este gobierno que encabeza, muchos de sus servidores públicos han estado revictimizando a las familias de los desaparecidos.
Así lo señaló el vocero del colectivo “Familias Unidas por Nayarit”, Santiago López, quien explicó que ejemplo de lo anterior es el mismo secretario de Finanzas, Juan Luis Chumacero, quien hasta el momento no ha entregado el recurso para el Fondo de Ayuda y Asistencia para la Reparación Integral de las Familias y el Ejecutivo no ha “metido las manos”, para que les cumplan.
El dinero, aclaró que debió de depositarse a más tardar el 31 de marzo y hasta el momento no se ha hecho, aun cuando es un compromiso por parte de la administración en curso.
El representante en cuestión, aclaró al Mandatario que no son limosneros, pues lo que solicitan es justo, para que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, cuente con las herramientas, para operar y prestar la atención a las familias, que muchas de estas se quedaron sin la persona que llevaba el sustento a casa.
Buen número de familias, recriminó, han tenido que regresar su vivienda al Infonavit o al arrendatario ante la imposibilidad de pagarlas, teniendo como única opción irse de “arrimados”.
Para concluir, Santiago Pérez, añadió que con la contingencia sanitaria la situación de este sector está empeorando y tal parece que a este Gobierno no le interesa, pues desde su punto de vista se ha mostrado indolente e indiferente ante lo que están pasando.
Protesta frente a la delegación de la CNDH en Baja California por la detención de la activista Susana Prieto. Foto Cuartoscuro
Mexicali, 27 de junio.- Organizaciones populares y sindicales de Baja California protestaron frente a la delegación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en esta frontera, para exigir la libertad inmediata de Susana Prieto Terrazas, considerada presa política por defender los derechos de obreros de maquiladoras en la frontera norte de México.
La Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT) destacó que “los cargos que se le imputan carecen de base, pues realmente se le priva de la libertad por no defender a los patrones y empresas trasnacionales”, y por el apoyo para crear el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios.
Esta organización convocó a la protesta porque representa un apoyo para ella y para el movimiento obrero en México por la libertad y la democracia sindical.
“No permitiremos que se imponga la voluntad de las empresas explotadoras trasnacionales y nacionales por encima de la voluntad de la clase obrera mexicana”, coincidieron dirigentes de la OPT y de la Liga Comunista Internacionalista.
Representantes del Sindicato Bajacaliforniano de Trabajadores de Empresas Maquiladoras, señalaron que los obreros temen perder su empleo por organizarse, ante la presión de las empresas, pero la abogada asesoró a empleados para cerrar operaciones de más de 30 maquiladoras no esenciales al inicio de la pandemia, a través de paros de actividades y pagar íntegro el mes de abril.
Estas empresas reabrieron el 4 de mayo con el aval del gobernador Jaime Bonilla, al determinar que formaban parte de la cadena de suministros para la elaboración de productos esenciales. Esto incluye desde cajas de cartón para empaques hasta aditamentos para albercas y jacuzzi.
Colima, México, Avanzada (27/06/2020).- El incremento de muertes y contagios por la pandemia del Covid-19 en Colima son el resultado de la mala estrategia implementada por el Gobierno del Estado. No se tuvo una planeación adecuada y ahora han incrementado los casos, preocupando que en los próximos días se multipliquen exponencialmente.
Desde el 16 de marzo de este año, el mandatario estatal, José Ignacio Peralta Sánchez pidió a la sociedad que se quedaran en sus casas, aplicar el aislamiento social, provocando que miles perdieran su trabajo y muchos más se quedaran sin dinero para alimentarse; y ahora, a finales de junio, cuando más se han incrementado los contagios, ante la falta de recursos, ha obligado a muchas familias a salir, exponiéndolos a enfermarse y hasta fallecer. Los encamina a la muerte.
Esta semana, la Secretaría de Salud y Bienestar Social en la entidad señaló que la tendencia de la pandemia de Covid-19 en el estado es constante y al alza, ubicando a Colima en fase de máximo riesgo debido a la diseminación del virus en todos los municipios del estado y por el incremento de contagios. Tan sólo en dos días, entre el pasado lunes 22 y el martes 23 de junio, se anunciaron 11 defunciones y 48 contagios nuevos.
La intervención de la dependencia del gobierno estatal no pasa más allá de dar la rueda de prensa matutina en donde da a conocer el aumento de casos, no ha sabido cómo manejar el tema, los contagios se han multiplicado y no ha suministrado adecuadamente a los trabajadores de la salud ni a las clínicas y hospitales públicos.
No había ventiladores y los que estaban no servían, por lo que se tuvo que comprar más, los cuales tardaron más de un mes en llegar. Además de que el gobierno ha estado anunciando constantemente la donación de artículos de higiene, alimentos y hasta ventiladores por parte de otros entes y empresas, muestra de que no ha sabido administrar el dinero de los colimenses y son otros los que se preocupan por su salud.
DATOS OSCUROS
Colima tiene la tasa más alta de mortandad en personas que son intubadas a causa del Covid-19, 11 de cada 15 mueren, es decir, el 73 por ciento de las personas que se someten a este procedimiento en la entidad no logran sobrevivir. Sólo cuatro de 15 pacientes intubados, el 27 por ciento, se han recuperado.
Echarle la culpa a otros es lo más fácil. La epidemióloga de la Secretaría de Salud estatal, Diana Carrasco, expuso esta semana que los casos foráneos, aunque se les diagnostican y se les cuenta a su entidad, “están ocupando una cama hospitalaria para nosotros y no lo tienen ustedes tan previsto, entonces tenemos nuestros pacientes residentes, pero también aquellos que vienes de Jalisco o de Michoacán a buscar una atención médica”.
Mientras, el gobierno federal dio a conocer que en Colima están disponibles sólo el 46 por ciento de las camas para atender a enfermos por coronavirus, porque el resto, el 54 por ciento, ya se encuentran ocupadas. Ello implica un serio problema porque, ante el incremento de casos, podría acercarse el momento en que no haya espacio para atender a los pacientes.
Datos del gobierno estatal han arrojado que existen 181 camas disponibles para pacientes con Covid-19 en las diferentes unidades hospitalarias de la entidad y un total de 49 camas con ventiladores respiratorios. El pasado fin de semana llegaron otros 20 aparatos respiratorios de alta tecnología y el 11 de junio arribaron otros 20 más enviados por el gobierno federal.
Se acusó al gobierno de Ignacio Peralta de opacidad en el gasto que se ha hecho para la adquisición de insumos para atender la emergencia por Covid-19. Se reportó la compra de un tomógrafo para el Hospital Regional Universitario (HRU) en 29 millones de pesos, cuando el Congreso del Estado destinó 21 millones de pesos para ese fin porque era el costo que tenía el equipo médico.
Otro de los movimientos turbios hechos por la administración estatal fue la adquisición de 50 ventiladores, que se hicieron a una empresa que registró un retraso en su línea de producción, por lo que llegarían hasta finales del próximo mes de julio, lo cual es extraño y requiere una investigación, anotó la legisladora al recordar que para esta compra se destinaron 49 millones de pesos y serán menos ventiladores los que lleguen.
La secretaria Leticia Delgado Carrillo solicitó una prórroga para entregar los aparatos hasta el próximo 20 de julio, reconociendo que se saturó la línea de producción de la empresa contratada por el gobierno de Colima, quien realizó un cambio en el contrato y sólo le comprarán 25 ventiladores, la mitad, sin que se abunde sobre el ahorro que debería haber.
DINERO DESVIADO
El gobierno de Ignacio Peralta y el de su antecesor, Mario Anguiano Moreno, abandonaron la salud durante varios años, destinando los recursos a otras áreas, y por eso ahora se viven las consecuencias: No hay recursos ni el equipo suficiente, el que existe es de mala calidad, no cumple con los requerimientos actuales. Ahora sí está urgido el Ejecutivo por tener más dinero cuando en años atrás lo mal gastó.
En los sexenios anteriores abusaron de los recursos y los proveedores tuvieron que hacer negociaciones con este gobierno para frenar el desabasto de los medicamentos y materiales para curación. El legislador también manifestó que las condiciones en urgencias eran lamentables y además, producto de los malos manejos, se tuvieron que suspender cirugías.
Y a pesar de que el gobierno estatal sólo aportaba el 6 por ciento del total para Salud –el otro 94 el gobierno federal- la administración de Peralta estaba desatendiendo el bienestar de los colimenses, “este año, el gobierno del estado no le ha metido recursos”, aseguró Guillermo Toscano al exponer que no se ha podido resolver el problema.
Poco más de un mes antes, en octubre, la titular de la Secretaría General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) Dolores González Meza, advirtió de un presunto desvió de más de 10 millones del entonces Seguro Popular en Colima. Al respecto, quien estaba como titular de la Secretaría de Salud, Miguel Becerra Hernández, no quiso hablar del tema.
La líder sindical aseguró que como organización ya habían denunciado la irregularidad y la Auditoría Superior de la Federación encontró en Colima y varios estados, estaban señalados por aparentes desvíos de recursos millonario a través del Seguro Popular y Prospera. Entre las observaciones de la auditoría hacia Colima, está la de 421 cheques que no fueron reintegrados o cancelados, y apunta un recurso de un millón 602 mil 824 pesos por aclarar.
Además se enlistaron 45 pagos duplicados, señalando una afectación al recurso público de 6 millones 64 mil 488 pesos; aunque en el rubro de sueldos a gente que no firmó algún contrato o que no tiene documentación comprobatoria aparece en ceros, se refiere un daño al erario público sin aclarar de 118 mil 810 pesos, además de 2 millones 39 mil 965 pesos.
IRREGULARIDADES LATENTES
José Ignacio Peralta Sánchez, en vez de invertir en salud, ha preferido hacer obra de “relumbrón”, como el C5i, sin que ello garantice que mejore la seguridad de la sociedad. Colima ocupa los primeros lugares en homicidios dolosos, extorciones, etc; y ha desviado recursos etiquetados a otras causas menos prioritarias, que no salvan ni mejoran la vida de los colimenses.
En octubre del año pasado el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), reveló que el gobierno estatal desvió recursos por 200 millones de pesos para la compra de los terrenos de la ex zona militar, ubicada en el municipio capital. Violentando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y la Ley de Disciplina Financiera, el priista dio otro destino del autorizado a los recursos económicos del crédito contratado por el gobierno al amparo del decreto 617.
En la observación F32/FS/18/20 de la cuenta pública 2018, se indica que el congreso estatal autorizó al gobierno del estado, en septiembre de 2018, contratar un crédito por 410 millones de pesos destinados a inversión pública productiva, pero no se ejecutó conforme había sido autorizado por los diputados locales.
El decreto 617 señala que de los más de 400 millones de pesos solicitados para la construcción del centro inteligente (C5i) se programaron 150 millones de pesos; para la construcción de la Unidad de Cuidados neonatales en Manzanillo, 60 millones de pesos; y en la adquisición de tierras o predios urbanos para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en el municipio de Colima se asignó un monto de 200 millones de pesos.
La última cantidad millonaria fue desviada a la adquisición de 50 hectáreas de la ex zona militar, ubicada en la calzada Galván, que se acordó con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en contraparte, el gobierno del estado otorgó, a título gratuito, otro terreno ubicado en Loma de Fátima, a las afueras de la capital colimense.
El Osafig expone que el gobierno del estado no acreditó con documentos que los 200 millones de pesos se hubieran utilizado en la inversión pública productiva, para el que fueron autorizados.
En comparecencia ante los legisladores locales, en marzo de 2019, Peralta Sánchez anotó que todo fue una malinterpretación, ya que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales refirió que la entrega de los terrenos de la ex zona militar fue una donación a título gratuito. “Podemos demostrar las transferencias financieras con montos y fechas; todo embona, con lo que el propio convenio establece”, afirmó.
El Consejo Estatal de Morena se opone a más endeudamiento por parte del Ejecutivo estatal, afirma que el dinero se utilizará para terminar el edificio del C5i, obra que ya debería estar concluida; además de que los 500 millones de pesos no serían destinados a empresas colimenses, sino a una empresa ligada al llamado “Grupo Atlacomulco”, de las favoritas de Enrique Peña Nieto.
MÁS DEUDA, MÁS MUERTES
Los estudios de posgrado en economía que ha realizado no le han servido para administrar de manera transparente y adecuada el dinero de los colimenses, Ignacio Peralta continúa malgastando los recursos públicos y ahora dice que no tiene dinero para enfrentar la pandemia por el Covid 19.
Aunque el tema se ha manejado en los últimos meses, a principios de junio el mandatario estatal inició el cabildeo con los diputados locales para que le autoricen un crédito bancario por 722 millones de pesos, los cuales se pagarían durante las próximas administraciones estatales. Quiere endeudar aún más a las próximas generaciones debido a su incapacidad para administrar bien los recursos.
Pero la mayor cantidad de dinero no la quiere para salvar vidas a causa de la pandemia, la quiere para al menos dejar una obra representativa de su sexenio, pretende destinar 500 millones de pesos a la contratación de tecnología en materia de seguridad para el C5i, pues su gobierno no ha dado resultados en esta materia, al contrario, la violencia se incrementó.
Solamente 150 millones de pesos los invertiría en el combate del virus SARS-CoV-2. Otros 46 millones de pesos lo aplicaría para terminar la remodelación de Palacio de Gobierno y 26 millones más para apoyar la construcción de Hospital Naval en Manzanillo.
A pesar de que no se ha formalizado la solicitud de autorización del crédito, diferentes legisladores ya se han manifestado en contra de su aprobación, debido a la falta de transparencia en el manejo de las finanzas estatales. Un ejemplo es el crédito autorizado en 2018 por 410 millones de pesos, en donde se han señalado diferentes observaciones irregulares.
Mientras tanto, este viernes 26, la Secretaría de Salud advirtió de más posibles contagios y muertes en la entidad provocadas por el virus. A través de la epidemióloga Diana Carrasco, se aseveró que 61 personas por cada 100 mil habitantes en el estado se contagian de Covid-19. En cuanto a la tasa de letalidad, dijo que 14 de cada 100 casos confirmados derivan en una defunción.
«La tasa de mortalidad es cuántas personas fallecen de esa enfermedad en el total de la población por proporciones de 100 mil habitantes, para nuestro estado la tasa de letalidad es de ocho, quiere decir que ocho personas fallecen de Covid-19 por cada 100 mil habitantes”, detalló.
Ignacio Peralta insiste en que hace falta más dinero para combatir el problema de salud y quiere otro crédito, sin importarle que el anterior siga con observaciones. Justifica que n 2019 su gobierno recibió 600 millones de pesos menos de la cifra considerada en la Ley de Ingresos, además de que las proyecciones apuntan a que durante este año la cantidad que se obtenga es equivalente a la de hace un lustro.
LA AMENAZA DE NACHO
El gobernador priista se aferra a endeudar el estado y respondió en otro comunicado: “No obstante, por primera vez en 20 años, el Gobierno del Estado está recibiendo menos recursos de lo esperado, del dinero que se contó en 2018 al recurso disponible para 2020 se prevén 3 mil millones de pesos menos”.
Tras asegurar se su gobierno recibió deudas no bancarias por alrededor de 5 mil millones y casi 3 mil millones de pesos a bancos, amenazó que en caso de que los legisladores no le autoricen el crédito, Colima estaría en la peor crisis financiera de los últimos 100 años y en consecuencia tendría que implementar una política fiscal restrictiva.
En todo este escenario de mala planeación por parte de la administración que encabeza Peralta Sánchez, por sus medidas de aislamiento social decretadas, no sólo aumentan los contagios y muertes a causa del Covid 19, sino que además se agudiza, el desempleo, el hambre, la violencia.
MÁS HAMBRE, MÁS MUERTES
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Nacional (Coneval), existe un aumento de pobreza laboral y del poder adquisitivo. Entre enero y marzo de este año, antes del estado de emergencia, se incrementó en 2.2 por ciento la población económicamente activa en Colima que ya no pudo adquirir todos los productos de la canasta básica con su salario. Por lo anterior, a mediados de años el porcentaje ha crecido.
Pero eso al mandatario estatal no le preocupa, él sigue recibiendo su sueldo bondadoso e incrementando su patrimonio. En dos años de gobierno Peralta Sánchez aumentó casi al triple su fortuna, al pasar de 15.7 millones de pesos en 2016 a 41.9 millones en 2018, básicamente en bienes que incluyen un condominio valuado en 27 millones de pesos, de acuerdo con su más reciente declaración patrimonial.
En menos de un año habrá elecciones y la sociedad podría cobrarle factura al priista, pero nunca será suficiente… nunca regresarán los más de 3 mil asesinados que ha habido durante el tiempo que lleva gobernando, tampoco se le castigará por sus malas estrategias tomadas, como ésta por la pandemia; ni por hacer de Colima más infeliz e inseguro.
Por donde quiera que se le vea, José Ignacio Peralta Sánchez ha hecho mal las cosas y los colimenses pagarán las consecuencias: El pronóstico, según las mismas autoridades de salud estatal, es que los contagios y muertes por la pandemia del virus SARS-CoV-2 se multiplicarán y no existe el equipo necesario para atender un alza. Podría el Congreso autorizarle el crédito, pero ello representará endeudar más a los colimenses. Esta administración estatal ha fracasado.
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Productores agrícolas de sorgo en el norte de Tamaulipas plantean como posibilidad endurecer sus protestas y reforzar su movilización, para que el gobierno federal ofrezca un mejor precio de garantía para este grano, adelantó el gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte de del Estado, Juan Manuel Salinas Sánchez.
Esto luego de haber encabezado una vez más una manifestación para demandar un mejor precio de garantía para el sorgo, situación que dijo aún no genera ninguna demanda u orden de aprehensión contra miembros de este movimiento.
“Definitivamente invitamos al Gobierno Federal que nos escuche y que dé solución a este planteamiento”, enfatizó.
Y añadió, “estamos en el Tratado de Libre comercio y entonces nos deja en gran desventaja a los productores de Tamaulipas con los productores de Estados Unidos, ya que a ellos el diésel se los dan a ellos a menos de 10 pesos y a nosotros a 20 pesos”.
Mencionó que el interés de nosotros anda en el 21 por ciento y el de ellos (EU) al 5 por ciento, por eso no podemos competir, y el precio del grano se fija en base al futuro que establece la bolsa de Chicago, ahorita un productor no recibe más de dos mil 900 pesos por tonelada.
Recordó que el año pasado el Gobierno Federal firmó una minuta donde autorizaba la actualización del ingreso objetivo a tres mil 735 pesos la tonelada, “que es lo que nosotros queremos que como productores de sorgo nos otorguen un incentivo que nos permita llegar a los tres mil 735 pesos la tonelada, como precio garantía del sorgo”.
Dejó en claro que en este movimiento están incluidas todas las organizaciones de productores agrícolas de la zona norte de Tamaulipas, que siguen a la espera de una respuesta por parte de las autoridades federales.
“Aquí estamos todos los productores agrícolas del norte de Tamaulipas, llámese asociaciones agrícolas locales, comités municipales campesinos, asociaciones ganaderas, módulos de riego, módulos de temporal, fondo de aseguramiento y todo lo que tiene que ver con la agricultura”.
El líder de esta organización agrícola ofreció una disculpa a los ciudadanos que se han visto afectados por los bloqueos de las carreteras, pero advirtió que es la única manera de que el gobierno federal los tome en cuenta.
“Una disculpa a quienes transiten por la carretera Reynosa – Río Bravo, no es nuestra forma de hacer las cosas, desgraciadamente el gobierno no ha dado una respuesta, ya tenemos más de cuatro meses de diálogo con ellos, hemos estado a nivel del secretario de Agricultura y está convencido el secretario, pero el presidente no ha autorizado este incentivo a los productores de sorgo”, precisó Salinas Sánchez.
Fátima Alfaro / Quadratin Michoacán, 26 de junio de 2020
MORELIA, Mich., 26 de junio de 2020.- Un grupo de mujeres se ha colocado sobre el Acueducto, frente a la sede de la 21 zona militar, en demanda de inclusión del combate contra la violencia feminicida en la agenda federal. Ante la edificación donde Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, ofrece la tradicional conferencia de prensa mañanera, previa a la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Villas del Pedregal, las manifestantes reclaman la desatención del gobierno federal ante las problemáticas que padecen las mujeres en el país, como el feminicidio. Con mantas que recuerdan los nombres de víctimas de feminicidio y consignas como “El estado opresor es un macho violador”, “Amlo, las michoacanas tenemos otros datos”, y “Menos tradición, más feminismo”, las inconformes instalaron pancartas en el monumento, para luego colocarse sobre éste. La expectativa es que en breve se sumarán integrantes de la Red Colectivas Michoacán para dar continuidad a la protesta por la exigencia de una mayor atención para las mujeres por parte de la administración del país.
El Gobierno de Guanajuato ha hecho contratos por adjudicación directa por más de 107 millones de pesos, comprando la mayor cantidad de artículos del equipo de protección al costo más alto
PopLab, 26 de junio de 2020
En el pico de la pandemia por COVID-19 que ha acumulado en las últimas 72 horas Mil 423 nuevos casos confirmados, la Secretaría de Salud del Estado pretende regresar a campo a 2 mil trabajadores entre médicos, enfermeras y personal administrativo que se encuentran en los grupos vulnerables a complicaciones por coronavirus. Mediante una circular firmada por el director de Recursos Humanos de la SSG y el líder del sindicato, se informó que tendrán que regresar a campo a partir del día 16 de julio.
El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, reconoció públicamente que la ausencia de los trabajadores enviados a casa para evitar que se contagien ha afectado la atención de pacientes en las unidades médicas que tiene la Secretaría en la entidad.
En el corte de las últimas 24 horas, Guanajuato reportó 406 casos nuevos y 16 defunciones.
Imagen: PopLab
Guanajuato está por llegar a los 8 mil casos confirmados de COVID-19, mientras las autoridades mantienen las compras por adjudicación directa de material, equipo médico y pruebas de laboratorio y la contratación de servicios.
De acuerdo con el apartado de transparencia en el sitio para reportar la actualización de coronavirus, la Secretaría de Salud ha hecho compras en los últimos tres meses por más de 107 millones de pesos para la atención de pacientes con COVID-19.
De las compras realizadas, el Gobierno del Estado ha optado adquirir la mayor cantidad artículos para la protección del personal de salud con las empresas que ofertan el precio más alto.
Los trajes de Bioseguridad, las mascarillas N95, los goggles y las batas desechables se han comprado a tres proveedores, aunque son las farmacéuticas que venden más caro a las que se les ha contratado la mayoría de los artículos.
Además, la Secretaría de Salud reportó la compra de 2 mil cubrebocas de neopreno para la protección del personal de salud. Cada cubrebocas se pagó en 40 pesos, destinándose en total 81 mil 200 pesos al proveedor Comercializadora Gargil SA de CV.
Fotografía: Especial.
Regreso obligado
Apenas un par de semanas después de que el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, hablara de las afectaciones en el servicio a los pacientes porque 2 mil trabajadores de la salud se encuentran en confinamiento al pertenecer a un grupo vulnerable, se emitió una circular interna para anunciar que desde el próximo 16 de julio tendrán que regresar a las unidades médicas.
En el documento fechado el 25 de junio de 2020, se establece que la reincorporación se dará “de conformidad con los criterios que se establezcan para tal efecto”.
La circular viene con la firma de Juan Manuel Martínez Muñoz, director general de la Secretaría de Salud, y con la de José Martín Cano Martínez, secretario general del sindicato SNTA sección 37.
Con el inicio de la contingencia en Guanajuato fue enviado a casa el personal con alguna enfermedad como cáncer, diabetes, hipertensión, VIH, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Lo anterior, para garantizar su salud por tratarse de personas que se encuentran en grupos de riesgo a complicaciones por COVID-19.
Imagen: PopLab
Compras al precio más alto
En las compras y servicios contratados por el Gobierno del Estado para atender la contingencia sanitaria, la Secretaría de Salud ha reportado la erogación de 107 millones 346 mil 297 pesos, sin que haya pasado por algún proceso de licitación.
Con el argumento de que se ha declarado una emergencia sanitaria, la legislación vigente permite que las autoridades hagan compras por adjudicación directa. En total son 80 conceptos los reportados del 16 de marzo al 19 de junio de 2020.
En una comparativa hecha por POPLAB se detectó que las compras más altas se dieron al proveedor que ofertaba el precio más elevado en el equipo de protección para el personal de salud.
Las mascarillas N95 se compraron a dos proveedores: Phoenix Farmacéutica e Intercontinental de Medicamentos, esta última es una empresa que ha sido beneficiada durante los últimos ocho años con millonarios contratos para el abasto medicamentos y material de curación.
A Phoenix se compraron 10 mil mascarillas con un costo unitario de 62.64 pesos, mientras que a Intercontinental se le compraron 37 mil artículos, aunque el precio unitario se elevó en 22.21 pesos.
Un caso similar ocurrió con la compra de batas desechables. Con las mismas características, a Phoenix se le compraron 3 mil 500 artículos a 25.37 pesos cada una, mientras que a Intercontinental se pagó cada bata a 30.50 pesos, pero se le compraron 14 mil artículos.
El segundo contrato más cuantioso de la tabla, solo debajo del hospital inflable, fue para la compra de trajes de bioseguridad para el personal médico. A la empresa Grupo Lecamy se le pagó 13 millones 825 mil pesos por 39 mil 500 artículos.
A Grupo Lecamy se le pagó por cada traje 350 pesos, aunque otras farmacéuticas vendieron a la Secretaría de Salud el mismo artículo hasta 100 pesos más barato.
Los primeros 500 trajes se adquirieron con Phoenix, cada uno tuvo un costo de 251 pesos. Intercontinental de Medicamentos también fue proveedor de trajes, a la empresa el Gobierno de Guanajuato le compró 4 mil 500 artículos a 308.56 pesos cada uno.
Grupo Lecamy es una empresa con domicilio fiscal en Ecatepec, Estado de México, cuyos socios son Manuel Fragoso Sánchez y Adrián Fragoso Treviño.
Imagen: PopLab
Se acumulan 16 defunciones
Guanajuato se acerca a los 8 mil casos confirmados de coronavirus, 406 confirmados en las últimas 24 horas. 16 fueron las nuevas defunciones.
Un año después del acuerdo migratorio antecedido por una «crisis de los aranceles», y unos días de que arranque del T-MEC, la Secretaría de Economía señala que el nuevo tratado comercial permite hacer recíprocos el cobro de aranceles. Los costos de lo acordado hace un año son una crisis de personas atrapadas en ciudades fronterizas en situaciones precarias
Texto: Víctor Ronquillo / Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana México–Tijuana/ Fotos: Twitter Inami/ PIE DE PÁGINA
De manera silenciosa, dramática y progresiva, lejos de la obligada atención que los medios de comunicación prestan a la pandemia que nos sacude, en las ciudades fronterizas del norte y del sur de México, miles de personas son víctimas de una crisis humanitaria cuyos componentes son el racismo, la discriminación, la violencia ejercida desde el poder económico y la negación al derecho a migrar. Hace poco más de un año los gobiernos de México y Estados Unidos establecieron la estrategia con que se buscó frenar las caravanas migrantes, el éxodo de miles de personas venidas del sur, vía un acuerdo, que en los hechos hizo de México un muro de contención migratoria y definió una política de persecución y militarización de las fronteras.
Maureen Meyer, directora para México y Derechos del Migrante de Wola (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) señala lo que el acuerdo establecido de manera formal el 7 de junio del año pasado ha provocado:
“Un agravamiento de una crisis humanitaria tanto en la frontera norte de México, en la frontera con Estados Unidos, como en la frontera sur. Lo que hemos visto es el despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional en las fronteras del sur y el norte de México, un aumento en operativos contra personas migrantes qué en su momento, en el verano pasado, resultó en condiciones de grave hacinamiento en las estaciones migratorias de México. También hemos visto, que una enorme cantidad de personas solicitantes de refugio, al ver que no es posible viajar hacia Estados Unidos decidieron quedarse en México para solicitar esa condición, lo que tampoco ha prosperado. Muchas personas se encuentran atrapadas en ciudades fronterizas viviendo en situaciones precarias, sin oportunidad de trabajar, en la incertidumbre de cuál puede ser su futuro”.
En Ciudad Juárez, en Tijuana, en Nuevo Laredo, en Matamoros, miles de personas esperan en condiciones de verdadera sobrevivencia, el que se reconozca su derecho encontrar refugio en Estados Unidos. Si la política migratoria de México hoy puede definirse como de contención y persecución, a la de Estados Unidos la define el aumento de sus medidas de restricción, la de la negación del derecho internacional de asilo, y la de la aplicación de medidas de deportación rápida y masiva.
“El aceptar el programa que se conoce como “Quédate en México”, que implica el poder devolver a los solicitantes de refugio a las ciudades mexicanas fronterizas a que esperen sus audiencias que se llevan a cabo en los Estados Unidos, ha provocado que decenas de miles de personas se encuentren en difíciles condiciones –insiste Meyer–. Muchas ciudades fronterizas son peligrosas, como Tijuana que el año pasado tuvo la tasa más alta de homicidios en el mundo. Miles de personas se ven obligadas a permanecer en lugares como Matamoros, donde no hay una adecuada capacidad para atenderlos. Tenemos mil quinientas, quizá dos mil personas, viviendo en un campamento improvisado en esa ciudad. Hay muchas preocupaciones y muy poco que decir sobre algo positivo que haya salido de ese acuerdo”.
El gobierno municipal de Ciudad Juárez estima que desde 2018, cuando la primera caravana anunció un cambio en las dinámicas migratorias, han llegado a esta ciudad 40 mil personas, de las que hoy en día permanecen en la región por lo menos cinco mil (La Jornada, 8/VI/2020). La mayoría de estas personas son de origen cubano y se encuentran en alguna etapa de la tramitación de reconocidos por el gobierno de Estados Unidos como refugiados, lo cual parece hoy poco menos que imposible, dadas las políticas restrictivas impuestas por la administración de Donald Trump.
En cuanto a los mexicanos deportados a Ciudad Juárez llegaron siete mil 934, en el lapso que va de mayo a enero de este año. En la ciudad Tijuana, una de las ciudades fronterizas tradicionalmente elegidas como destino de las personas deportadas las cifras son similares.
En el primer trimestre de este año, cuando, como efecto de la crisis sanitaria de la pandemia provocada por el coronavirus, Estados Unidos endureció su política migratoria, fueron deportados 59 mil 475 mexicanos, según datos del Instituto Nacional de Migración divulgados por la prensa mexicana. Los estados con el mayor número de ingresos de mexicanos deportados fueron Tamaulipas, Sonora y Chihuahua. Una cuarta parte de estas personas fue obligada a regresar a su país de origen por el estado de Baja California.
Con la bota al cuello
La crisis humanitaria de los migrantes en México, tiene como uno de sus principales escenarios ciudades marcadas por la violencia, como Tijuana. De acuerdo a datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una asociación civil mexicana, la ciudad más violenta en el mundo por el número de homicidios en relación con el número de sus habitantes es esta ciudad, una obligada referencia en cuanto al tema migratorio.
Ciudad Juárez, de acuerdo a este ranking, es la segunda ciudad más violenta del mundo. En ambas ciudades hoy los migrantes, lo mismo los venidos del sur que de lugares tan distantes como el África subsahariana, o los mexicanos deportados, enfrentan condiciones de enorme vulnerabilidad. Son víctimas del crimen organizado. La explotación los espera en la trata de personas, pueden ser obligados a ingresar a los grupos delincuenciales. Son secuestrados o traficados y uno de los sectores a los que apunta siempre el mercado de la venta de drogas en las calles para encontrar desperados clientes.
Maureen Meyer, directora para México y Derechos de Migrantes de Wola, no duda al responder sobre lo que ha provocado el acuerdo establecido por México y Estados Unidos.
“Las personas que están pagando el costo de esta política son las personas migrantes y las solicitantes de asilo, quienes viajan a Estados Unidos por los lugares más remotos donde son víctimas de distintos delitos. En todo su camino sufren secuestros, abusos sexuales, robos. Esto eso se agrava en las fronteras del norte del país donde hay más de mil casos de personas solicitantes de asilo que han sido víctimas de distintos delitos en las ciudades fronterizas mexicanas”.
Si esta realidad existía antes del acuerdo establecido por los gobiernos de México y Estados Unidos justo hace un año, hoy la crisis humanitaria de la migración en México se agrava.
En el contexto en el que se estableció el mencionado acuerdo existía como antecedente, el que al inicio del gobierno de López Obrador se hubiera optado por una política migratoria distinta a la de la contención y la persecución. También el hecho innegable de la participación en las redes de tráfico de personas de autoridades mexicanas, lo mismo que la peligrosa actuación del crimen organizado en la búsqueda de recuperar el control de las rutas y el negocio de la migración indocumentada. En ese contexto Donald Trump exigió al gobierno mexicano endurecer su política migratoria, de no hacerlo las consecuencias serían económicas. Un verdadero chantaje político.
Trump y sus amenazantes tuits: “El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del 5 por ciento a todos los bienes que ingresen a nuestro país desde México hasta el momento que los inmigrantes ilegales ingresen a México y lleguen a nuestro país. Deténganse. La tarifa aumentará gradualmente hasta que se solucione el problema de la inmigración ilegal… en se momento se eliminarán las tarifas”.
Hay que decirlo con todas las palabras: el gobierno de México aceptó el acuerdo en difíciles condiciones, con lo que podemos considerar no el agua, sino la bota al cuello.
De acuerdo con la nota para medios divulgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como “Declaración Conjunta México—Estados Unidos”, el 7 de junio de 2019, los compromisos de ambos gobiernos son claros:
“México tomará medidas sin precedentes para aumentar la aplicación para frenar la migración irregular, para incluir el despliegue de la Guardia Nacional en todo México, dando prioridad a su frontera sur (…).
“Estados Unidos cumplirá de inmediato la implementación de los Protocolos de Protección de Migrantes existentes en toda su frontera sur. Esto significa que aquellos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán devueltos rápidamente a México (…).
Más allá de los eufemismos y la falsa corrección del lenguaje usado en este tipo de documentos, la realidad es que los efectos del acuerdo se expresan en una crisis humanitaria, en la negación del derecho a migrar, en una política de persecución y contención de migrantes, en su criminalización.
Los costos para el gobierno mexicano por haber asumido el rol de “Border Patrol del sur” son de distinta índole, como lo señala Maureen Meyer:
“Al final México pagó el costo de aceptar todas esas medidas por parte del gobierno de Trump. Por un lado, se entiende que hubo una amenaza fuerte del gobierno de Trump en poner aranceles en productos mexicanos, no hay que obviar esa parte, pero lo que el gobierno mexicano aceptó fue pagar los costos de una crisis humanitaria en sus ciudades fronterizas. También el costo de desviar sus recursos de seguridad. Estamos hablando de miles de elementos de la Guardia Nacional, que se siguen desplegando, para tareas del área migratoria y no en tareas de seguridad. A esto hay que agregar el que el gobierno mexicano no ha destinado los recursos que necesita la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) para poder procesar todas las solicitudes de refugio que se han dado en este contexto, en una forma oportuna y debida”.
Como parte de la estrategia de contener y perseguir, de evitar el arribo de migrantes solicitando asilo se buscó limitar las acciones de defensa, acompañamiento y albergue, que realizan muchas organizaciones en México. Dejar a los migrantes solos. La estrategia fue criminalizar a los defensores de los derechos de los migrantes.
El programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana México—Tijuana documentó esta realidad: “En la medida que las políticas migratorias se recrudecen el trabajo de defensa se criminaliza. Los riesgos a los que se enfrentan son, por un lado, por las amenazas del crimen organizado y por el otro, porque corren el peligro de enfrentar acusaciones por cometer delitos graves como trata y tráfico de personas”, dice el texto publicado el 13 de junio de 2019.
Los compromisos incumplidos…
Tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos han dejado de lado los compromisos en el acuerdo migratorio, que garantizaban los derechos de las personas migrantes.
“México autoriza la entrada de todas esas personas por razones humanitarias –dice el mencionado acuerdo—en cumplimiento a sus obligaciones internacionales de sus solicitudes de asilo. México también ofrecerá empleo atención médica y educación. (…)”.
Las condiciones de quienes esperan el trámite de su solicitud de asilo en nuestro país son cada vez más precarias. “Quédate en México” es sólo una frase vacía de acciones y políticas públicas. En las ciudades fronterizas del país muchas personas carecen de opciones de vida, miran su futuro truncado, están sumidas en la incertidumbre, enfrentan la falta de las garantías ofrecidas por el gobierno de México para tener los mínimos derechos de una vida digna.
“La prioridad es detener y deportar a las personas sin asegurarse que tengan conocimiento de sus derechos, sin que tengan acceso a la búsqueda de la protección en México”, afirma Maureen Meyer.
Hay que insistir en ello, los protagonistas de esta crisis humanitaria son migrantes venidos de la pobreza, sobrevivientes de la violencia, a quienes hoy se les niega no sólo el derecho de migrar, sino que se les lleva al borde del abismo, de cara (sin que esto resulte sólo una frase de impacto periodístico) de cara a la muerte.
“Lo que hemos visto –dice Maureen Meyer de Wola– es que el gobierno mexicano ha fallado, en cuanto al compromiso de garantizar los derechos de las personas migrantes y su atención. Existen muy pocos refugios que estén a cargo del gobierno federal, la mayoría de las organizaciones que los están apoyando viene de la sociedad civil, de las iglesias o de voluntarios que cruzan la frontera de Estados Unidos para proporcionar servicios médicos y comida. Esta realidad representa un gran pendiente para el gobierno mexicano. Hay que tomar en cuenta que se aceptó ese programa, que se aceptó también su expansión a todas las ciudades fronterizas. No se ha cumplido, en cuanto a asegurar que esta población, que es muy vulnerable, esté protegida a nivel de seguridad, pero también en cuanto a vivienda y de oportunidades de trabajo para poder vivir mientras esperan sus audiencias en las cortes de Estados Unidos”.
Lejos de agilizar los trámites y los procesos jurídicos para que las personas migrantes accedan al derecho de asilo, la administración de Trump ha restringido esa posibilidad al extremo de convertirla en una mera simulación.
El 13 de mayo de este año, uno de los principales diarios estadounidenses reveló la dimensión de las restricciones en cuanto a política migratoria establecidas por el gobierno de Estados Unidos en época de covid:
“Desde el mes de marzo sólo dos personas que buscaban protección humanitaria en la frontera sur han podido quedarse, según datos no publicados de los Servicios de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos obtenidos por The Washington Post “.
La pandemia ha provocado un endurecimiento de las políticas migratorias. El derecho de asilo cerrado; la deportación exprés para aquellos que son detenidos en la región fronteriza; la captura y la inevitable deportación de quienes han vivido por años en Estados Unidos y dejan atrás familia y trabajo para verse de pronto en una ciudad peligrosa, en un país desconocido, con la única opción para seguir adelante de intentar el regreso cruzando la frontera con todos los peligros que pueda representar.
A Wola le debemos importantes informes sobre la realidad migratoria y la violencia en los países de Latinoamérica. Con sede en Washington, esta organización conoce bien el devenir de la política en Estados Unidos.
“Lo que esperamos de aquí a noviembre que es la fecha de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos –dice Maureen Meyer– es que el gobierno de Trump no cambie de rumbo. Yo creo que van a buscar como limitar aún más la entrada de personas migrantes al país. Me parece que vamos a esperar muchos meses de incertidumbre, de endurecimiento de la frontera, del aumento de peligros para esa población, sobre todo en la frontera norte por los riesgos que hay de contagio de covid, porque mucha gente se encuentra en la calle de las ciudades fronterizas del lado mexicano o en alojamiento de dormitorios con muchas otras personas, donde el distanciamiento social es casi imposible”.
Una pregunta final para Mauren Meyer: ¿Es posible pensar en otra política migratoria, en que los gobiernos de Estados Unidos cambien, como se dice hoy, de paradigma?
“Yo creo que otra visión y otro futuro son posibles. Nosotros estamos trabajando con el Congreso de Estados Unidos para asegurar que sigan apoyando a los gobiernos de Centroamérica, pero también a la sociedad civil centroamericana para atender problemas de corrupción, de violencia, de falta de programas sociales adecuados. Hay mucho que tendrían que hacer tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno mexicano. En su momento el gobierno mexicano había ofrecido colaborar con los países centroamericanos para mejorar la situación y asegurar que el tema de migrar sea una opción y no una obligación para poder sobrevivir”.
Este 1 de julio, entra en vigor el nuevo acuerdo comercial T-MEC. El pasado miércoles, a pregunta expresa de Pie de Página sobre si el acuerdo protege a México de un nuevo chantaje como el de hace un año, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, aseguró que el tratado permitirá de alguna forma dará herramientas a México para poder contener las políticas migratorias unilaterales como la que ocurrió hace un año.
«Podemos decir, bueno, te voy a poner aranceles en una lista por el mismo mobto. Si tú me pones aranceles por el mismo monto. Si tú me pones un arancel por 100 mil millones yo busco dónde poner los aranceles. Nosotros teníamos una lista de retaliación lista nadamás que nunca se concretó».
«Estos tratados de lo que se trata es poner reglas a todo, a cualquier situación imaginable se le pone reglas, y eso es lo que hace la OMC (Organización Mundial de Comercio), ponerle reglas a todos justamente para evitar las guerras comerciales».
OAXACA, Oax.- El Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) denunció que lamentablemente la violencia feminicida se ha mantenido durante la pandemia del covid-19, como los revelan las 57 mujeres asesinadas en lo que va del año.
Esto significa que del 1 de diciembre de 2016 al 24 de junio de 2020, es decir lo que va del gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa se han registrado 440 casos de mujeres asesinadas.
En el marco del Día Naranja que forma parte de la campaña para la Erradicación de la Violencia contra la Mujeres, GESMujer mencionó los casos de las “mujeres jóvenes víctimas de feminicidio que habían sido reportadas por sus familias como desaparecidas, es decir contaban con carpetas de investigación y sus cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas causando indignación, dolor e impotencia.
O los casos de San Mateo del Mar donde dos mujeres fueron asesinada y una de ellas incinerada o los dos casos de Huautla de Jiménez donde una madre y su madre fueron ultimadas a balazos o el de Ejutla de Crespo y tantos otros que señalan la urgencia de actuar a nivel cercano, por lo que hay que evaluar el desempeño de las instituciones que previenen y atienden la violencia hacia niñas y mujeres, puntualizó.
GESMujer informó que “durante este período de confinamiento identificamos y considerando que aun cuando paulatinamente inicie la ‘nueva normalidad’ en el contexto del covid-19, se mantendrá el riesgo para las mujeres y las niñas de enfrentar situaciones de violencia”.
Mencionaron que a partir del 20 de marzo, acatando las recomendaciones gubernamentales de aislamiento social a consecuencia de la emergencia sanitaria del covid-19, en el GESMujer abrieron una línea telefónica de emergencia para casos en que se requiere salvaguardar la integridad física, emocional, económica, sexual en incluso la vida de las mujeres.
Explicaron que el origen de la violencia de género, es el resultado de estereotipos o creencias culturales donde los hombres han aprendido a utilizar el control y el miedo para reafirmar su dominio sobre las mujeres, las niñas y los niños.
Sin embargo, agregaron que “el confinamiento agrava la violencia doméstica debido a que se combinan además de las inequidades de género diferentes factores: un entorno social de incertidumbre, una mayor presencia, en cuanto a tiempo y espacio compartido de los varones en el hogar, las dificultades económicas como resultado de las pérdidas de empleos, o la falta de oportunidades para quienes tienen empleos informales.
Y la línea de emergencia debido a la pandemia, les ha permitido identificar el grado de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres al interior de su hogar, en los espacios públicos y en otros ámbitos, así como identificar el papel de las instituciones encargadas de proteger el derecho de las mujeres a la libertad, la seguridad, la integridad, la vida y la justicia, en el contexto de la COVID-19.
Mencionaron que tal y como sucedió ante la declaratoria de alerta de género en 40 municipios de Oaxaca, se logró posicionar el tema del incremento a la violencia hacia las mujeres y las niñas como consecuencia del confinamiento en casa, de ahí la importancia de hacer un análisis sobre aquellos aspectos que siguen representando barreras para acceder a la justicia.
Como GESMujer consideran que es necesario contar con un mapeo que permita identificar los niveles y gravedad de violencia familiar, violencia sexual y de género, de la emisión de ordenes de protección y de los casos de niñas y mujeres desaparecidas.
“Estamos convencidas de que la violencia feminicida es un grave problema estructural, pero también contribuye la suma de omisiones y negligencias en su atención, lo que significa que hay indicios que pueden predecir el nivel de riesgo de sufrir una muerte violenta y es ahí donde urge una actuación profesional, oportuna y estratégica”, puntualizaron.
En este periodo de pandemia dijo que su organización ha brindado 211 servicios a niñas, jóvenes y mujeres en situación de violencia.
Detallaron que las 42 mujeres que solicitaron apoyo a través de la línea de emergencia del GESMujer, en el 77% de los casos la violencia fue ejercida por parte del esposo, pareja, concubino; en el 7% por parte del ex esposo/ex pareja; En el 5% la violencia la ejerció el novio o ex novio; y en el 11% por otros (desconocidos en espacio público, por redes sociales, en ámbitos laborales).
En cuanto a las edades, el 7% correspondió a niñas y adolescentes menores de 18 años, un 5% de mayores de 49 años y en el 88% se ubicaron a mujeres de 19 a 48 años, lo que significa que es en la edad de máxima productividad, en la que han enfrentado todos los tipos de violencia. Cabe mencionar que un 5% de las mujeres son hablantes de lengua indígena.
Con respecto a la ocupación, las niñas, jóvenes y mujeres que solicitaron atención a la línea de emergencia, el 60% manifestaron ser amas de casa o dedicarse al hogar, el 16% correspondió a estudiantes, un 12% pertenecen a la economía informal, un 7% son profesionistas y un 5% empleadas.
Con esta pequeña muestra y conociendo el perfil de quienes han solicitado apoyo, se confirma que la violencia basada en el género no respeta edad, educación, situación económica o condición indígena.
Al menos seis concesiones mineras han sido otorgadas en la actual administración del Gobierno Federal, a favor de una empresa de Estados Unidos, con una superficie acumulada de 29 mil 142 hectáreas en el estado de Oaxaca.
Los seis títulos de concesión minera están fechados entre el 20 de agosto de 2019 y el 19 de diciembre de 2019 a favor de la empresa de capital estadounidense DON DAVID GOLD MEXICO, S.A. DE C.V., nombre con que opera en México la trasnacional Gold Resource. La ubicación de los títulos corresponde a los municipios de San Pedro Quiatoni, San Pedro Totolapa y San Baltazar Chichicapam.
Los lotes concedidos han sido nombrados por la empresa La Curva, El Águila III, El marquez, El Coyote, El Chamizo y San Luis, bajo los títulos de concesión minera 246825, 246842, 246863, 246864, 246865 y 246866, detectados en el sistema geográfico de información CARTOMINMEX, página oficial dependiente de la Secretaría de Economía.
Ampliación del proyecto en marcha
Estas cinco concesiones refuerzan el avance de las empresas mineras sobre los territorios de los pueblos de Oaxaca y en particular afianzan el proyecto de expansión de la empresa minera estadounidense Gold Resource, que además espera la autorización del Gobierno Federal, con una resolución de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que aprobaría una presa de jales que implica el derribo de la selva baja en San Pedro Totolapa.
Protesta indígena ignorada
El 13 de febrero de 2020, reseñamos con la nota “Comunidad indígena marcha contra minera estadounidense”, la contundente movilización de las comunidades de San Pedro Quiatoni para rechazar el proyecto minero que ya muestra las afectaciones ambientales, a la salud y sociales tras 11 años de imposición.
La petición de las comunidades no fue escuchada, respecto a frenar la expansión minera. Desde el Gobierno Federal se otorgaron nuevas concesiones a la empresa Gold Resource, dos meses antes de la manifestación realizada en las calles de Oaxaca en febrero de 2020, en donde las autoridades comunitarias afirmaron: “esta manifestación es representativa, sino somos escuchados regresaremos para que se hagan valer nuestros derechos”.
Agencia SIM / Noticaribe
PLAYA DEL CARMEN, MX.- Una manifestación pacífica se registró sobre la Carretera Federal, antes de las instalaciones de la Coca-Cola, casi esquina con Av. Xcalacoco, donde participaron vecinos que están en contra de la destrucción del hábitat de la selva de Solidaridad.
A decir de los integrantes del Comité de Vigilancia del “Fraccionamiento Lol-Tun” solicitan que se respete el hábitat de las especies que están en peligro de extinción, pues se realiza el desmonte de selva que ocurre detrás del fraccionamiento, presuntamente para la construcción de una universidad.
Otro de los vecinos recordó que la normativa 059 se debe de aplicar, pues existe desde 1998 la norma, estipulada y modificada en el 2010, ahí se hace las especificaciones de Flora y Fauna, porque se protege al mono y al cayus, el ecosistema ya no aguanta más devastación.
“Queremos continuar con la conservación de los árboles, estamos planeando una parcela comunitaria para que más animales lleguen y hacer el equilibrio de la convivencia entre los seres humanos y los animales”, explicaron.
Se agregó que ahí está el hábitat del mono araña, coatí, mapache, pelícano, tlacuache, colibrí, entre muchas otras especies está en peligro. Quedan muy pocos espacios dentro de Playa del Carmen donde estas especies todavía habitan. Y este tipo de destrucción está poniendo en peligro especies y la vida misma de nuestro ecosistema.
Los vecinos especifican que la empresa que está haciendo la destrucción es BV&H y el encargado se niega a salir y decir qué obra se construye. Desde el 20 de junio pasado llegaron personas para tumbar la selva detrás de Lol Tun.
Solicitan la intervención de las autoridades medioambientales como la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría del Medio Ambiente (Sema) y le piden el favor a los ciudadanos de ayudarnos en proteger la selva.
Tepic, Nayarit.- Alrededor de 16 vendedores ambulantes que se encuentran ubicados en el Hospital Civil de Tepic por la calle de Cancerología, están desesperados ante el cierre de sus negocios, pues aun cuando han acatado las recomendaciones de sanidad, no les permitieron continuar trabajando.
Luis Eduardo Sánchez, uno de los afectados, comentó que desde que arrancó la cuarentena cerraron sus puestos, tal y como se los ordenó la autoridad y a partir del 01 de junio ante la apertura de la “nueva normalidad”, comenzaron a laborar, sin embargo, solo lo hicieron 15 días y nuevamente se les pidió que cesaran su actividad comercial.
Los motivos por los que, se les exigió detener sus ventas, comentó que las desconoce, pues siguieron al “pie de la letra” el protocolo de salud que establece el uso de cubrebocas, para el trabajador, así como gel antibacterial, agua y jabón, para el cliente, pero no cuentan con baños, aclararon al jefe de Fiscales cuando les preguntó, dado que son ambulantes, no restaurantes.
Lo que les parece extraño es que a todos los comerciantes en pequeño, ya se les puede ver por la vía pública, ofreciendo sus productos, pero a ellos se les ha prohibido, por eso han buscado al Gobernador, para que les deje regresar a ganarse “el pan de cada día”.
Para concluir, Luis Eduardo Sánchez, advirtió que con o sin respuesta abrirán a partir del lunes y ya verán cómo les va con las autoridades.
Se contabilizó un promedio de 60 manifestantes por cada unidad médica adscritos al OPD Servicios Médicos Municipales de Zapopan
Víctor Chávez / El occidental
Personal médico sindicalizado del OPD Servicios Médicos Municipales de Zapopan y que han enfrentado de frente la pandemia, se manifestaron al unísono para exigir la basificación prometida desde hace décadas y ya más reciente, el pago del bono que en su momento les prometieron.
El llamado fue para el presidente de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, para que se cumpla con esas promesas e interceda ante el Gobierno de Jalisco.
Puntualmente a las 12 de día todos participaron. Dejaron sentir su inconformidad, dijeron, ante lo que representa la incertidumbre de no tener una base, no crear antigüedad, pero que eso sí no merma su trabajo y dedicación. Se dijeron comprometidos con la salud de los zapopanos.
Al mediodía, todos se expresaron. Desde el hospitalito -así conocido en Zapopan- hasta todas las unidades de Cruz Verde en Santa Lucía, Norte, Sur (las Águilas), Villa de Guadalupe, Federalismo y Niña Eva.
Encabezaron el movimiento el Secretario General del Sindicato Zapopan OPD , Héctor Carlos Ortiz Vázquez del Mercado y Juan José Hernández Rodríguez, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco (Fesijal).
Además en cada una de las unidades médicas los delegados respaldaron tanto a médicos, enfermeras y el resto del personal médico, que colocaron grandes lonas y mostraron pancartas donde exigían certidumbre laboral y el pago del bono de Covid-19 que en su momento y desde abril, el gobierno del Estado y los municipios prometieron a todos los trabajadores de la salud.
Variaba del área y la categoría, pero confirmaron que “desde abril no nos ha llegado”, expresaron.
El delegado sindical de la Cruz Verde Norte, Anwar Carreño, expresó que espera que el Presidente Municipal Pablo Lemus interceda para cumplir con esa prestación única y revisar el tema de las bases, para motivar al personal que está dando todo de sí en esta pandemia.
Se contabilizó un promedio de 60 manifestantes por cada unidad médica, algunos con 20, 18, 16 y 13 años de servicio, que comentaron que cada tres año escuchan que ahora sí los van a basificar y el momento no llega.
El colectivo Red de Desaparecidos en Colima acusó que el trabajo de investigación y búsqueda de personas desaparecidas en la entidad, por parte de autoridades estatales o federales, tiene un sesgo por la importancia del personaje.
La secretaria de la Red de Desaparecidos de Colima, Blanca Estela Ramírez indicó que existe una categorización por importancia de la persona que se busca.
Explicó que a raíz de la pandemia por el Covid-19, se suspendieron las búsquedas de familiares desaparecido por las autoridades, sin embargo, cuando ocurrió el caso de la diputada Francis Anel Bueno Sánchez se movilizó, pese a la pandemia.
“Vino la Comisión Nacional de Búsqueda, pero al ser localizada (la Diputada), adiós Comisión. Llegó como se fue, calladita”. Precisó sobre esa situación, donde dijo esperaban que se pudiera extender el tiempo de la Comisión para que también los apoyara a ellos.
“Ahorita nuevamente hay movilización en el estado por el asesinato del juez y su esposa, pero los familiares de los desaparecidos seguimos sin ser tomados en cuenta”, apuntó.
Indicó que una solicitud es que no se les revictimice, “pero al final de cuentas eso es lo que pasa todos los días, porque necesita haber alguien importante para vida de que se haga movimiento”.
Finalmente, exigió no se “catalogue” a los desaparecidos o víctimas de los delitos, “todos somos iguales, pero no pasa, siendo el mismo lema: tanto tienes, tanto vales”.
Nancy Lizet Hernández/El Universal SLP
26 junio 2020
Foto: Archivo El Universal
Desde el 1 de junio hasta el día 24 de este mismo mes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha acumulado 450 demandas laborales en relación con los sectores de competencia estatal, informó en entrevista el titular de la dependencia, Manuel Lozano Nieto.
Dijo que esta cifra no es alarmante ya que, al año, se reciben más de 4 mil demandas y de forma mensual en promedio 430, pues recordó que durante dos meses y medio permaneció cerrado el trámite.
“No estamos preocupados porque recibimos cerca de 4 mil demandas al año, lo que representa 430 al mes, pero tuvimos dos meses y medio cerrado el trámite de recibir demandas laborales.
“La junta de conciliación sí ha estado trabajando y revisando los convenios laborales, pero dos meses y medio se dejó de recibir el trámite y, si hacemos las cuentas, estamos hablando que podríamos recibir hasta ocho cuentas”, expresó.
Detalló que el 90% de estos asuntos son principalmente por despidos injustificados, y aunque reconoció que se tendrá que trabajar un poco a “marchas forzadas”, dijo que se tiene un plan de trabajo de conciliación canalizando las demandas a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para lograr un alto número en conciliación.
Indicó que las demandas son, principalmente, en contra de pequeñas y medianas empresas.
La violencia contra las mujeres no cesa en el estado. Este año ya van 106 víctimas de violencia feminicida.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante todo 2015 hubo 139 mujeres víctimas de asesinato en Jalisco, cifra que se mantuvo en niveles similares durante 2016 y 2017 con 133 y 139 víctimas, respectivamente.
Luego la cifra se disparó a 237 mujeres asesinadas en 2018 y en 2019 alcanzó 285. Estos datos son reportados por la Fiscalía del Estado al secretariado e incluyen feminicidios y homicidios de mujeres.
Este año, considerando los primeros cinco meses del año, la cifra ya casi alcanzó a la de los tres primeros periodos referidos, ya que se han registrado 106 víctimas de enero a mayo.
Según el reporte Información sobre Violencia contra las Mujeres, presentado ayer por el SESNSP, este año Zapopan es el municipio que más destaca de Jalisco en presuntos delitos de feminicidio este año. Acumula cuatro crímenes cometidos hasta mayo.
Por ciudades, en primer lugar está Tijuana, Baja California, con ocho feminicidios, y después está Monterrey en segundo lugar con siete asesinatos. En tercer lugar están empatados con seis casos Culiacán, Sinaloa, la capital de Puebla y Ciudad Juárez, Chihuahua.
En cuarto lugar están las ciudades con cinco víctimas, que son Tlalpan, Ciudad de México; Manzanillo, Colima; Morelia, Michoacán; García, Nuevo León y San Luis Potosí capital.
En quinto lugar por cantidad de feminicidios está Zapopan; Lerdo, Durango; Ecatepec de Morelos, Estado de México, así como las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza de la Ciudad de México.
Los otros municipios de Jalisco con alta incidencia de feminicidios son El Salto, con tres casos hasta el 31 de mayo, y Guadalajara, Mezquitic y Tonalá, con dos casos cada uno.
Cristian Ruiz / Monitor Expreso, 26 de junio de 2020
Morelia, Michoacán.- Frenar el proyecto del Tren Maya, dar mayor atención al tema de los feminicidios y apoyar a los micro y pequeños empresarios que tuvieron que cerrar su negocio por la contingencia sanitaria nacional por el coronavirus covid-19, fueron las principales exigencias que realizaron morelianos al presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su visita a Morelia.
Con mantas y pancartas, los grupos sociales se manifestaron afuera del cuartel de la 21 Zona Militar, recinto donde el mandatario federal celebró su rueda de prensa mañanera y después tuvo una reunión con el gabinete de seguridad estatal para revisar cómo se encuentra Michoacán en este rubro.
Foto: Tomada de Monitor ExpresoFoto: Tomada de Monitor expreso.Foto: Tomada de Monitor ExpresoFoto: Tomada de Monitor Expreso
Las manifestaciones iniciaron desde las 7:00 horas con la presencia de los ex trabajadores del extinto Seguro Popular, quienes pidieron al presidente su intervención para ser reubicados en algún puesto, tal y como les prometió Diana Carpio Ríos, titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).
Posteriormente, llegaron los trabajadores del sector de espectáculos y conciertos, quienes aseguraron que ni el gobierno estatal les ha dado apoyo crediticio y mucho menos alimentario.
Grupos feministas también arribaron al cuartel y colocaron en el Acueducto mantas donde denuncian qué los 18 meses que van de la administración del presidente van asesinadas 5 mil 800 mujeres e incluso recordaron los casos más mediáticos de mujeres muertas bajo violencia como Nilda Rosario.
Por último, activistas del medio ambiente llegaron para exigir que se frene el proyecto del Tren Maya, ya que lo consideran como un ecocidio porque se va atentar contra la selva mexicana.
MORELIA, Mich., 26 de junio de 2020.- Un grupo de mujeres se ha colocado sobre el Acueducto, frente a la sede de la 21 zona militar, en demanda de inclusión del combate contra la violencia feminicida en la agenda federal. Ante la edificación donde Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, ofrece la tradicional conferencia de prensa mañanera, previa a la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Villas del Pedregal, las manifestantes reclaman la desatención del gobierno federal ante las problemáticas que padecen las mujeres en el país, como el feminicidio. Con mantas que recuerdan los nombres de víctimas de feminicidio y consignas como “El estado opresor es un macho violador”, “Amlo, las michoacanas tenemos otros datos”, y “Menos tradición, más feminismo”, las inconformes instalaron pancartas en el monumento, para luego colocarse sobre éste. La expectativa es que en breve se sumarán integrantes de la Res Colectivas Michoacán para dar continuidad a la protesta por la exigencia de una mayor atención para las mujeres por parte de la administración del país.
Manifestantes advierten que en una semana van 121 muertes de trabajadores de la salud a causa de covid, sumando un total de 584 decesos y 39 mil 32 contagias
Mariluz Roldán / La Silla Rota
La Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México señaló que no ha habido avances tras las reuniones con representantes de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se preparan para la movilización que tienen prevista para el próximo miércoles 1 de julio.
Este viernes marcharon por Bucareli hasta la Secretaría de Gobernación, donde buscaron reunirse con la titular de esa dependencia, Olga Sánchez Cordero, para entregarle su pliego petitorio, pero no obtuvieron respuesta.
Rafael Soto Cruz, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y representante de la Unión de Trabajadores por la Salud de México, recordó que se encuentran a sólo cinco días de la movilización que realizarán el 1 de julio, pero las condiciones para todo el personal no han mejorado.
Señaló que ya entregaron su pliego petitorio al Poder Ejecutivo, así como a autoridades del IMSS y de la Secretaría de Salud, y ahora querían que se entablara una mesa de diálogo con la secretaria Sánchez Cordero.
“En el caso de los compromisos adquiridos con el IMSS y Secretaría de Salud, la respuesta es nula, después de tres semanas de la primera mesa. Marcela Velázquez Bolio Coordinadora de vinculación del IMSS, y Pedro Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas, sólo responden que están canalizando, en el mejor de los casos. Sobre la demanda de reinstalación de los casos presentados de despedidos por exigir insumos y para la represión tampoco hay nada”, denunció Soto Cruz.
Con una manta que tenía plasmados los rostros de algunos médicos y enfermeras que han muerto durante la pandemia de covid-19, los manifestantes expresaron que en una semana se sumaron 121 muertes de trabajadores de la salud a causa de este virus, sumando un total de 584 decesos y 39 mil 32 contagiados.
“No sólo somos números, proyecciones o estrategias fallidas, tampoco capital político electoral y queremos decirlo claro y fuerte, tampoco somos detractores del gobierno. Somos trabajadores de la salud, nuestro enemigo es la pandemia, la simulación, la corrupción de sindicatos y mandos medios que nos trajo al deplorable estado actual en que nos encontramos. Lo que exigimos son las condiciones, el material y las garantías laborales para seguir haciendo nuestra labor dignamente, tal como está puntualmente expresado en nuestro decálogo”, enfatizó Soto Cruz.
René Serrano García /Informativo La Región, viernes de 26 junio de 2020
Durante la visita del Presidente de la República a Michoacán, mediante lo que denominaron Séptima Jornada de Lucha: Respeto a los Derechos de los Pueblos Originarios, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, consejo conformado por autoridades indígenas de 60 comunidades, bloquearon 4 carreteras federales en la entidad.
La toma de carreteras fue por una decisión conjunta de autoridades civiles, comunales y tradicionales, consensada en una asamblea general. Denuncian el abandono, la exclusión y la discriminación del Gobierno Federal y Estatal hacia las comunidades indígenas.
Las carreteras tomadas son:
1.- Autopista Morelia-Lázaro Cárdenas a la altura de Zirahuén.
2.- Carretera Morelia-Uruapan a la altura de San Juan Tumbio.
3.- Carreta Cheran-Zamora a la altura de Huáncito.
4.- Carretera Morelia-Zacapu a la altura de Naranja de Tapia.
Exigen atención y solución para las demandas de los pueblos y comunidades originarias de Michoacán su pliego petitorio es:
1.- Respeto a la libre autodeterminación, autonomía y autogobierno de los pueblos y comunidades originarias, demandan la entrega de presupuesto directo para las comunidades indígenas.
2.- Audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez manifiestan que sus subalternos no atienden y engañan a las comunidades de Michoacán.
3.- Cumplimiento de las minutas firmadas por el Gobierno del Estado de Michoacán. Exigen la entrega de apoyos para el campo, artesanos y pescadores, afirman que los apoyos han sido suspendidos con el pretexto de la pandemia del Covid-19, pero ahora es cuando más se necesitan y no llegan a las comunidades.
Finalmente, anuncian que de no haber respuesta por parte del gobierno federal y estatal duplicarán el número de carreteras tomadas en la entidad.
BAGRECITOS, Culiacán._ A unas horas de que se registrara el peor hecho violento en esta zona, según coinciden los pobladores, en este extremo de la franja rural del municipio de Culiacán las familias ya comenzaron a desplazarse.
Mientras la Secretaría de Seguridad Pública estatal anunciaba esta mañana que los 16 asesinatos ocurridos el miércoles se derivaron de una pugna entre grupos delincuenciales, vecinos como Saúl -un nombre ficticio para identificarlo-, de un poblado cercano llamado La Ceiba, regresaba de revisar que estuviera bien el poco ganado que dejó solo desde el miércoles.
“Están bien, por allá, pero están preocupados, ya pensando en irse”, dijo.
En el pueblo, que conforman unas cinco casas, por lo menos tres ya están vacías.
“Sí, pues de todo le da miedo a uno. Yo no tenía pensado venir”, agrega.
Además, comentó que volvería a Culiacán para conseguir una camioneta y recoger a sus animales del rancho a otro lugar.
“Me vine como a las ocho, quiero ver si consigo un carro para llevarme los animales para allá para abajo”, señaló mientras preparaba su motocicleta para avanzar.
-¿También se va a ir, entonces?
Sí, me los voy a llevar para allá -sus animales-, mientras pasa esta cosa.
“Me voy para Culiacán, tengo un primo de nosotros allá trabajando, porque ya ve aquí cómo se puso todo”.
Los vecinos de Bagrecitos señalan que la disputa bélica comenzó después de las 08:00 horas y se extendió hasta después de las 14:00 horas del mero día de San Juan.
“Esto es atemorizante, es cosa que no se sabe que mañana se va a acabar, es cosa que se atemoriza la gente, porque caen aunque tengan por qué o no tengan; entonces, ahí está uno que tiene la preocupación y así, familias que tiene uno por allá, que ‘vénganse’, ‘sálganse’, que esto que lo otro”, dijo Modesta, de 62 años, vecina de Bagrecitos.
“Yo, la verdad, yo sí me deseo salir, porque la vida es una, lo material usted lo puede conseguir, una casa, el caballo, la gallina puede volver a vivir, si las cosas ya no están así, puede volver a su casa. Yo creo que no es nada malo, pero de que sí está feo, está feo y hay que salir, pienso yo, que si tenemos que dejar aquí, por equis motivo, yo creo que hay que dejarlo”.
Otro vecino de El Barco, quien transportaba víveres en una cuatrimoto con su esposa, señaló que hasta ese momento podía regresar a casa.
“Nos agarró la balacera y nos tuvimos que regresar, así que apenas vamos a ver cómo están las cosas por allá”, relató.
Ellos también han considerado migrar, igual que otro vecino de El Vino, un pequeño poblado donde habitan cinco familias.
También tuvo que detener su motocicleta, en el lugar en donde aún hay restos de la masacre ocurrida el miércoles.
Este vecino había logrado limpiar una huerta de aguacate para comenzar a producir, pero tuvo que suspender el proyecto. Junto a su familia, han decidido dejar el lugar.
“Ahí vienen más de allá de arriba. Ahí hay cuatro (familias), pero se van a quedar dos, se me hace que están diciendo que no se iban a venir, es que se les hace más difícil para acá”, señala.
En las inmediaciones de Bagrecitos, un poblado a unos 30 kilómetros de Culiacán, donde se encontraron el miércoles ocho de los cuerpos, aún hay restos de sangre y guantes que utilizaron los peritos para levantar la evidencia.
También hay una colcha ensangrentada, la cinta amarilla con la que se cercó la escena del crimen y un par de veladoras aún encendidas.
Pie de Página / Texto: Kau Sirenio; Foto: Especial
En Oaxaca ya suman 10 personas fallecidas por el sismo del pasado martes. La mitad de esas personas fallecieron en la zona de la sierra sur del estado, donde aún continúan los trabajos de rescate de otras personas que se presume quedaron atrapadas en derrumbes
La sierra sur de Oaxaca fue la región más afectada por el sismo del pasado martes. De acuerdo con la información que recabó en ex párroco de Ozolotepec, Armando Muñoz, el sismo de martes pasado causó cinco personas muertas en tres municipios de la región. Mientras que tres heridos son atendidos en la clínica de Miahuatlán.
Las cinco personas muertas se suman a otros cinco en otros municipios de Oaxaca: uno en Huatulco, uno en San Agustín Amatengo, uno en Salina Cruz, uno en la región de Valles Centrales y uno en Puerto Escondido.
El secretario municipal del ayuntamiento de San Juan Ozolotepec, Martín Aragón Reyes, dio a conocer que a medianoche del martes llegaron miembros de la Guardia Nacional para atender a los damnificados.
En San Andrés Lovene, agencia de San Juan Ozolotepec, 40 casas se colapsaron. Y en Santa Cruz Ozolotepec, 150 sufrieron daños parciales.
El funcionario del ayuntamiento de San Juan Ozolotepec dijo que nunca había ocurrido una tragedia como la que vivieron los habitantes de la Sierra sur de Oaxaca:
“Estamos preocupados porque nos quedamos incomunicados por el temblor. Que yo recuerde esto no había pasado antes. Ahora nos toca organizarnos para volver a empezar”.
El ex párroco de Ozolotepec cita en su recuento nombres y lugares de origen de las personas fallecidas en la localidad: “Gregorio N de la cabecera municipal de San Juan Ozolotepec; José Fernando N, de 26 años de San Juan Guivini, agencia de San Francisco Ozolotepec; Abdon N de 58 años de la comunidad de San Bartolo Lapaguía agencia de San Juan Ozolotepec; y dos menores de edad en la comunidad de San Gregorio Ozolotepec, agencia de Santa María Ozolotepec”.
Los tres heridos fueron atendidos por la doctora de la comunidad mientras llegaba la Guardia Nacional. Hay un herido de gravedad de Santa Catarina Xanaguia, agencia de San Juan Ozolotepec. Dos menores de edad heridos de San Gregorio Ozolotepec, agencia de Santa María Ozolotepec, fueron trasladados a la clínica de Miahuatlán.
Las iglesias de Santa María Ozolotepec; San Juan Ozolotepec; San Francisco Ozolotepec y Santo Domingo Ozolotepec quedaron completamente dañadas.
Los caminos de terracerías que comunican los municipios de San Juan Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec y la agencia de Santa Cruz Ozolotepec, Santa María Ozolotepec quedaron destrozadas por el desgajamiento de cerros.
“Los municipios de Santo Domingo Ozolotepec, San Juan Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec y parte de Santa María Ozolotepec continúan sin servicio de energía eléctrica” dijo Aragón Reyes.
Continúan labores de rescate
“Hasta ahora la Guardia Nacional tomó el control en el trabajo de rescate, porque al parecer hay personas atrapadas que no han podido salir. Desde que los de la guardia llegaron se restringió el paso para la comunidad”.
En el estado los daños se contabilizan con 383 mil 954 personas damnificadas; cinco mil casas con daños en 117 municipios; 92 escuelas afectadas; 92 unidades médico-rurales con daños; y tres mil usuarios siguen sin luz.
Agencia SIM / Noticaribe
TULUM, MX.- A pesar de que un juez ordenó la suspensión de este proyecto, lo que aparece indicado con un sello en el lugar, Grupo Posadas mantiene la construcción de un hotel en la bahía de Chemuyil, con guardias que portan armas largas.
Así quedó documentado en un video tomado por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), en donde se muestra claramente un sello de suspensión a un costado de la obra, y otro de clausura, aparentemente hecha por el Ayuntamiento de Tulum, del lado contrario.
A pesar de ello, se ve a trabajadores y vehículos ingresar y salir de este proyecto, duramente criticado por grupos ambientales por devastar la ecología de esta bahía, contigua al santuario de la Tortuga de Xcacel-Xcacelito.
Hace dos semanas, los promoventes de este hotel pidieron desechar esta suspensión, alegando que la obra ya estaba concluida, por lo que se trataba ya de hechos consumados, lo que no fue aceptado por el juez.
La obra continuó durante todo el periodo de cuarentena, a pesar de la suspensión a la construcción decretada por el gobierno federal y estatal, meses atrás, derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Este hecho fue denunciado a la Procuraduría de Protección al Ambiente y la Profepa, que no actuaron en el caso.
En el video tomado ayer, se ve cómo sale un sujeto vestido con chaleco y casco de construcción con un arma larga, en la entrada a este proyecto.
“Ellos van en contra de dos autoridades, al violar dos sellos, lo que es grave”, se quejó Aracely Domínguez, del Grupo Ecológico del Mayab. “Además, es un peligro que tengan gente armada en la entrada. ¿Eso es con permiso de quién? No son policías”.
MÉRIDA, MX.- Personal de enfermería del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Mérida denunció que no cuentan con el material y equipo suficiente para atender a las personas enfermas de coronavirus (Covid-19) por lo que temen por su salud.
Ante el contagio de Covid-19 de al menos 10 médicos y enfermeras en este hospital, personal decidió denunciar la situación este día, puesto que temen que más compañeros se pongan en riesgo.
Además de la falta de recursos y material, acusaron de recibir también malos tratos por parte de sus directivos cuando piden que sus turnos sean relevados y la respuesta que le dan es que no hay más trabajadores.
A pesar de que han recibido material de protección, las personas aseguran que es de baja calidad, se rompen al poco tiempo de usarlos, situación que les preocupa porque manejan pacientes que están en estado de gravedad a causa del Covid-19.
Mencionaron que los cubrebocas no duran el tiempo debido, por lo que tienen que usar más de uno en su jornada laboral que a veces es mayor a 12 horas.
Cabe señalar que en el mes de marzo, tanto personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del ISSSTE, se manifestaron porque denunciaron la misma problemática: no contar con equipo suficiente para atender a los pacientes contagiados con coronavirus.
En el municipio de Susulá, del hospital ISSSTE, decenas de trabajadores denunciaron también no contar ni con los protocolos precisos y tampoco con los insumos que se requieren ante la contingencia sanitaria.
Entre el material principal faltante, enumeraron sobre todo cubrebocas, además de los uniformes que se requieren para atender a pacientes que para ellos también implican un riesgo de contagio.
Incluso, expusieron que desde antes de la situación del Covid-19, en dicha clínica ya había escasez de insumos y otros materiales, tales como catéteres, guantes, jeringas, entre otros.
Asimismo, el pasado 18 de junio, el Gobierno de Yucatán reconoció que en una de las clínicas del Issste de la entidad ya no hay camas disponibles para pacientes enfermos con Covid-19.
Sobre la situación, Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado, confirmó que en la clínica, ubicada en fraccionamiento Pensiones, no hay camas disponibles y precisó que la situación se debe a que este nosocomio presenta problemas en sus instalaciones, ya que la tormenta tropical “Cristóbal” provocó afectaciones como filtraciones en los techos e inundaciones en algunas áreas, situación que no ha sido resuelta.
Sin embargo, Vila Dosal aseguró que no es un tema del estado, ya que el hospital pertenece a la federación.
Instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. Foto: cedhmichoacan.org
Francisco Castellanos J. / Proceso, 25 de junio de 2020
MORELIA, Mich., (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una queja de oficio por el caso de un estudiante baleado durante un operativo realizado ayer por elementos de la Guardia Nacional (GN) en la tenencia de Guacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas.
Por instrucciones del encargado de despacho de la CEDH, Uble Mejía Mora, el visitador regional de Lázaro Cárdenas, Agustín Zapién Ramírez, integró el expediente LAZ/191/2020 por violación al derecho a la integridad y seguridad personal, mismo que se remitirá de manera inmediata a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por cuestión de competencia.
De acuerdo con información periodística, un joven identificado como Meracik J.M.V., de 23 años, fue baleado en la tenencia de Guacamayas por elementos de la Guardia Nacional, cuando acudía a una tienda cercana a su domicilio.
Los hechos ocurrieron tras un operativo de búsqueda y localización de delincuentes. Según la información difundida, los elementos de la GN, al verlo sospechoso, dispararon contra el estudiante en cuatro ocasiones, provocándole lesiones en un brazo. Meracik fue atendido en el lugar por una ambulancia de Protección Civil Municipal y luego trasladado a una clínica particular.
La CEDH reiteró que toda detención, sometimiento y aseguramiento de persona debe estar prevista como delictiva por la legislación o como falta administrativa por las leyes secundarias, para no violentar la normatividad y que prevalezca en todo momento el respeto a los derechos humanos.
El organismo se pronunció porque todo acto realizado por servidores públicos para hacer cumplir la ley se realice conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes y reglamentos locales disponibles.
Los habitantes de San Mateo del Mar amanecen, después de la masacre de 15 habitantes, con un sentimiento de tristeza y de temor. Y con un reclamo a la autoridad: nos dejaron solos.
Una de las habitantes de esta comunidad, que ha sido parte de la defensa del territorio pero pide omitir su nombre por temor, dice: “Durante más de un mes buscamos el diálogo, pedimos ayuda para intervenir y resolver, pero el gobierno no escuchó, no resolvió nada”.
Un mes después del asesinato de Filemón Villalobos sucedido el 3 de mayo, dice la mujer, llegó la Fiscalía para investigar. Y el día del ataque, agrega, “estaba guardia nacional para garantizar la seguridad y no intervino, se fue”.
“Yo pienso que está de por medio el corredor interoceánico y los eólicos. Le conviene este tipo de problemas en las comunidades indígenas, fracturan a las comunidades porque quieren instalar sus cosas. Y es que históricamente la población ikoots se ha opuesto al proyecto eólico”, agrega.
“Fíjate en el mapa donde estamos ubicados”, dice la mujer en llamada telefónica. “En el mapa aparece un franja, la barra de Santa Teresa, en el lugar quieren poner 133 aerogeneradores, pero aquí la gente vive de la pesca. Nos quieren matar y ponerle precio a la tierra, el agua. Para nosotros es sagrado, para ellos es dinero”, dice.
San Mateo del Mar es una comunidad instalada en la costa del Pacífico oaxaqueño. Al oeste tiene a Salina Cruz, su puerto y refinería; al este, Santa María del Mar, con quien tiene conflicto. Hacia el norte y al sur colinda con el mar. Sus veloces vientos son un atractivo para las empresas eólicas.
En este municipio, según Coneval, 9 de cada 10 personas viven en pobreza, según Coneval.
Una propuesta que fracturó el territorio
Entre 2006 y 2007 empresas eólicas propusieron instalar 102 aerogenradores en la barra de Santa Teresa, según relata el periodista Julio González en este podcast de Así como suena.
Los Ikoots dijeron que no. Pero la propuesta modificó la relación cordial que había entre los vecinos.
En total las empresas eólicas han invertido 6 mil 632 millones de dólares en Oaxaca. Para mitigar el impacto, se comprometieron a monitorear el daño; en el territorio los pescadores dicen que el zumbido de ventiladores y el ruido ahuyenta a los peces.
Luego de las eólicas a San Mateo del Mar llegaron los sismos de 2017 y 2018. Cientos de casas afectadas que precarizaron la vida en la región.
Y posteriormente, Andrés Manuel López Obrador anunció el “Proyecto de Desarrollo del Istmo” en abril del 2019, que incluía la construcción de un tren transístmico. La propuesta de ese tren alertó a las comunidades. En defensa del territorio y habitantes de San Mateo del Mar y otras comunidades, han rechazado el proyecto.
El martes 23 de junio, durante la conferencia mañanera, López Obrador fue cuestionado respecto a la masacre y respondió: “Es una confrontación por el gobierno municipal, por un lado son pobladores de la cabecera municipal y pobladores de comunidades, suele pasar que en los Ayuntamientos cuando hay elecciones y queda de presidente municipal alguien de la cabecera municipal, hay el malestar de las comunidades porque se sostiene que lo que llega de apoyo en obras o presupuesto sólo se aplica en la cabecera y no se distribuye en las agencias”, refirió.
Conflicto, desde una década atrás
La mujer que trabaja en defensa del territorio en San Mateo del Mar y que vive en la comunidad de Huazantlán, donde fue la masacre, dice desde el 2005 “yo empecé a escuchar de la instalación de los aerogeneradores en la comunidad, pero la gente no ha querido, por las afectaciones en la población y en la pesca”.
Luego, dice que desde hace 3 trienios comenzó la imposición de autoridades comunitarias bajo votaciones y compra de votos.
“Han intentado entrar en las asambleas comunitarias, desde hace unos años con los presidentes municipales. Han encontrado la forma de dividir a la comunidad”.
En agosto del 2019, integrantes del Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias de San Mateo del Mar, un espacio que nació después de los sismos de 2017, denunciaron que sus instalaciones fueron incendiadas por personas desconocidas.
“Con la quema del centro comunitario destruyeron un espacio de aprendizaje, de intercambio de saberes, de construcción de sueños colectivos y encuentros, sobre todo de mujeres y población infantil. Quisieron quitarle a la gente la posibilidad de tener un lugar digno para su autodesarrollo, pero queremos decirles que las llamas no nos arrancarán la esperanza, el compromiso, el esfuerzo, apoyo y amor, y caminaremos para el resurgimiento del centro comunitario ikoots. Lo volveremos a levantar”, denunciaron en su momento.
“El trienio pasado el que estaba de presidente municipal cambió el estatuto para el nombramiento de las autoridades municipales. Ahora sin respetar el sistema normativo de los pueblos indígenas se empezó a escuchar de un tal asesor y constructor que llegaba apoyando a la comunidad, a las escuelas , a las autoridades, pero muchos decían que solo para ganarse al pueblo”, dice la mujer.
“En el trienio pasado el presidente era Gelasio Hidalgo y el asesor era un empresario constructor que para nosotros se le conoce como mol, el extranjero”, agrega.
El ataque
El domingo, en Huazantlán, se celebraba una asamblea a la que llegó la Guardia Nacional, en respuesta de la llamada de la gente. Los habitantes dicen que cuando comenzó el ataque la Guardia Nacional se fue.
“Desde el pasado 3 de mayo unas camionetas con gente armada llegó a Huazantlámn para disparar a los que estaban en el retén de la población, quemaron casas. Hubo muchos heridos y un muerto en la madrugada del 3. La gente armada se quedó en la agencia desde entonces.
“Desde ese día se instalaron en la agencia protestando por sus derechos pero esta gente tomó la agencia, gente de fuera y unos de la población. Más de mes se quedaron en la agencia armados. Mucho decían que les pagan por estar en la agencia $500 el día. Utilizaron a la gente como carne del cañón por su necesidad la gente se prestó”, explica la mujer, que estaba ese día en Huazantlán.
-¿Pudieron ver quiénes dispararon?
-Quienes dispararon fueron algunos que estaban en la agencia, otros de afuera que llegaron ese día.
-¿Y se sabe quiénes son los muertos?
– Varios de los que estaban en la agencia y otros de las colonias.
La tarde del martes los muertos de San Mateo del Mar ya habían sido sepultados.
“Perdimos a familiares. Lo que les hicieron es… No estamos en condiciones de hablar. No podemos hablar ahorita. Necesitamos un poco de tiempo y que el corazón y la mente respondan bien”, dijo por teléfono otra mujer cuyo, primo fue asesinado.
Guadalajara. El próximo miércoles 1 de julio a las 12:00 horas, al cumplirse el segundo año del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, trabajadores del IMSS y de la Secretaría de Salud realizarán una manifestación en plaza Universidad, en el centro de Guadalajara, para exigir que el gobierno federal asigne mayores recursos al sistema público de salud, para pasar del 2.8% al 4% del PIB nacional.
Diego Torres, representante de la Coordinadora Sindical Unitaria de México, informó que se van a denunciar las carencias existentes en las clínicas 110 y 46 del IMSS, así como en instalaciones de la Secretaría de Salud.
La movilización se hará en forma simultánea en trece estados, entre ellos la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Coahuila, Baja California y Jalisco.
“Nos hemos sumado a la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México y hemos notado que esto es un problema generalizado. Compañeros de la prensa, creo que ustedes tienen la sensibilidad y saben de casos de compañeros doctores que han grabado las carencias, esta semana hubo 30 despidos porque grabaron que en un hospital de Lomas Verdes, en lugar de batas están usando bolsas de plástico. Han despedido a compañeros que están usando ventiladores mecánicos, en lugar de los ventiladores eléctricos que corresponden. Es inocultable que a este sistema de salud, no se les está invirtiendo lo que se debería invertir. Es increíble que en una situación de pandemia, debería ser la prioridad y de manera urgente deberían dirigirse los recursos hacia eso”, puntualizó.
Por fallas en la planta de energía eléctrica, existe la versión de que cuatro pacientes fallecieron el domingo pasado en el Hospital Regional del ISSSTE “Valentín Gómez Farías”, según denuncia hecha por trabajadores del área de mantenimiento y el médico Benjamín Muñoz Castañeda, quien es jefe del Servicio de Radiología e Imagen del nosocomio federal.
El domingo hubo un apagón que duró cuatro horas, sin embargo, la planta de energía eléctrica no entró en servicio, lo que afectó a los enfermos de Covid-19, que están internados en el séptimo piso del hospital, situado en el cruce de las avenidas Américas y Ávila Camacho, en Zapopan, explicó Muñoz Castañeda y un ingeniero del área de mantenimiento, que pidió no ser identificado.
Otras fuentes internas del Hospital del ISSSTE confirmaron que los decesos fueron dos.
El médico dijo que al darse el apagón, dejaron de funcionar los ventiladores de los pacientes de Covid-19 que están internados en el séptimo piso y esa fue la causa de la muerte.
“A decir de los compañeros falla la planta durante varias horas. No tienen ninguna planta de emergencia portátil que hubiera sido la solución, porque los pacientes del séptimo piso son los del área Covid que dependen de un respirador automático, falla la energía eléctrica, se para la planta y se muere la persona”, relató.
Se buscó una entrevista con la directora del Hospital Valentín Gómez Farías, Miriam Eugenia Rubio Robles, pero no hubo respuesta. También se buscó una versión oficial de lo sucedido en la Delegación Jalisco del ISSSTE, pero ahí dijeron que el tema lo iba a atender el hospital.
El doctor Benjamín Muñoz, dijo que la planta de energía eléctrica no se le da mantenimiento y esa fue la causa de que el domingo no entró en funcionamiento.
“Tenemos bien fundadas las sospechas de que es negligencia de la persona encargada de mantenimiento, Gustavo Sepúlveda Martínez. A decir de los compañeros de mantenimiento, la muerte que hubo el año pasado fue por la falta de cambiar la batería por una nueva. En esta ocasión, yo no tengo la versión, pero ellos dicen que es la misma situación”, señaló.
Del tema fue notificada en su momento la directora del Hospital, Miriam Rubio, por el mismo doctor Benjamín Muñoz, pero no se atendió la deficiencia.
“Hemos insistido, yo personalmente hablé con la directora en dos ocasiones y encontré una actitud negativa en contra de los compañeros de base y de protección al encargado de mantenimiento”, precisó.
El doctor Benjamín Muñoz y otro trabajador del área de mantenimiento relataron que existe acoso laboral por quejarse y denunciar las fallas que existen en el Hospital del ISSSTE. El médico dijo que tomó un video y por eso le levantaron un acta administrativa.
Justo cuando se daba la rueda de prensa en la explanada frente al Hospital, los trabajadores de mantenimiento señalaron que se les convocó a una cita urgente para evitar que salieran a dialogar con los reporteros.
Interior del Teatro Julio Jiménez Rueda. Foto: Google Maps
Niza rivera / Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Para el Sindicato Nacional de Cultura (SINAC) Sección ODIII22 del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el proceder legal del INBAL ante el Teatro Julio Jiménez Rueda, que deja al recinto expuesto a una posible demolición sin reposición, es un “atropello a la cultura”.
En entrevista telefónica con Apro, Yolanda I. Aguila Mendoza, secretaria de Promoción y Escalafón en dicha sección, recordó que la defensa del recinto se remonta al 2012, 2015, y 2017. En este último año a raíz de “daños estructurales”.
Comentó:
“En 2012 hubo un movimiento muy fuerte por parte de la comunidad cultural, y de nosotros como entonces delegación, y se logró salvar el teatro, más tarde en el sismo del 2017 las autoridades volvieron a poner la mira sobre el teatro a raíz de ‘daños estructurales’, pero no mostraron documentación, sabemos que el inmueble de al lado tiene una inclinación, pero nada más, y ante la presión que ejercimos en 2017 se llegó a un convenio en 2018, con la entonces titular del INBAL, Lidia Camacho”.
En ese convenio de 2018 se garantizó la reposición del teatro en caso de ser demolido, pero ante este nuevo documento signado entre INBAL e ISSSTE se hace a un lado el documento de 2018 y se retomaría una posible demolición del teatro.
Esta misma semana, después de que el INBAL diera a conocer la resolución del proceso legal acompañado de un expediente jurídico que demostró que el teatro no tenía afectaciones derivadas del sismo de 2017, se determinó que el INBAL devolviera al ISSSTE el Teatro Julio Jiménez Rueda.
Ante la información emitida por parte del instituto, la comunidad artística y algunos colectivos se pronunciaron con 148 firmas en un documento en donde se exige a la titular del INBAL un informe legal sobre la situación del Jiménez Rueda.
Entre los firmantes de la carta se encuentran la Asociación Nacional de Teatros Independientes (ANTI), Moccam, Red Alterna para las Artes Escénicas S.C. de R.L, Asociación Nacional de Dirección Escénica, Colegio de Productores de Teatro, Teatro de México, Sociedad Mexicana de Productores de Teatro, Teatromex, Círculo Teatral, Escénica Colectiva.
También signaron la misiva Luis de Tavira, Héctor Bonilla, Gabriela Chayo, Eugenia de la O, Alberto Juárez, Javier Zaragoza, Alfonso Miranda, Diego Alejandro Morales, David Olguín, Mercedes Olea, Gabriel Pascal, Angelina Peláez, Adrián Peña, Paulo Piña, José Manuel Razo Luna, Roberto Soto, Hilda Trujillo, Zaide Silvia, Francisco Jesús Barragán, Swald Huerta, Calafia M. Piña Juárez, Víctor Weinstock, José Sefami, Jaime Chabaud, Alberto Estrella, Juan Carlos Mojica Tavera y Alan Said Sandoval Valencia, entre muchos otros.
Sobre el tema, Rubén Darío Bermúdez Guerrero, restaurador con 43 años de labor en el INBAL y secretario general del SINAC Sección ODIII22, comentó:
“Vamos a buscar asesoría legal y proceder para un amparo, tratando de quitar esta disposición de convenio entre las dos partes, porque el comodato lo pueden hacer, pero un decreto presidencial no, y creo que lo más importantes es preguntarse ¿por qué se tienen que perder los espacios culturales?
“En estos momentos de crisis la cultura es un paliativo importante para el país, y retomo las palabras de Andrés Manuel López Obrador, no importan las personas sino el país, tal parece que aquí esta situación no aplica.
Y concluye:
“Al INAH le recortan el presupuesto de una manera tremenda, están en riesgo recintos y zonas arqueológicas, al igual que la labor de investigación. No entiendo qué pretenden hacer de la cultura. Nos preocupa el cierre de un espacio cultural como el Jiménez Rueda, porque es la memoria colectiva de la comunidad artística y cultural de México”.
Sin embargo, aseguró que no aplazará sus planes de inversión en el país
Foto: archivo
La pandemia del COVID-19 sigue golpeando con fuerza a la economía mexicana.
Este jueves, la automotriz japonesa Nissan anunció que despedirá a 200 trabajadores de su planta ubicada en el estado de Aguascalientes para dar sostenibilidad a sus operaciones en medio de la epidemia de coronavirus.
Sin embargo, la multinacional aseguró que no aplazará sus planes de inversión en el país así como la modernización del 60% de su portafolio de productos, informó Luciana Herrmann, directora de Comunicación Corporativa, durante el lanzamiento del nuevo modelo de Sentra 2020.
“En Nissan, derivado de los cambios en la industria global y local, hemos tenido que efectuar decisiones importantes para garantizar la sostenibilidad de nuestras operaciones en el ambiente actual. Como consecuencia, se realizarán aproximadamente 200 bajas de trabajadores dentro de la línea de producción de Aguascalientes, bajo los lineamientos indicados por la Ley Federal del Trabajo. Nissan continúa comprometida con la sociedad y el mercado esperando una pronta recuperación hacia el futuro”, informó Herrmann.
La industria automotriz japonesa tiene gran presencia en México (Foto: REUTERS/Liberto Urena)
“En Nissan teníamos el plan de renovación de producto por 18 meses, continuamos con los lanzamientos y planes de inversión, aunque se retrasaron por la contingencia”, destacó.
Entre ellos se encuentra el lanzamiento del nuevo Nissan Sentra 2020, proyecto en el cual invirtieron alrededor de 244 millones de dólares en la planta de Aguascalientes y que desde febrero están exportando a otros países.
“A partir de este jueves comenzó la venta en México. Tener proyecciones sobre la venta del auto en México es complicado hoy, pero en la preventa superó nuestras expectativas”, comentó Rodrigo Centeno, director sénior de mercadotecnia de la automotriz.
A través de una videoconferencia, el fabricante japonés detalló que el 74% de esta inversión de 244 millones de dólares se destinó al desarrollo y producción de la nueva generación del motor, mientras que el 26% fue para el acondicionamiento de la línea de producción para la fabricación del vehículo.
Por otra parte, Nissan aseguró que está lista para cumplir con requerimientos que establece el nuevo acuerdo comercial para América del Norte (T-MEC), que entrará en vigor el 1 de julio.
La industria automotriz ha sido una de las más afectadas por la prolongada cuarentena. México se sitúa como el sexto país en producción de autos en el mundo y a nivel nacional genera un millón 900 mil empleos directos.
En mayo, la fabricación de vehículos se redujo un 93.7% respecto al mismo mes de 2019, al producirse solo 22,119 unidades, y las exportaciones cayeron un 95.1%, ya que solo salieron del país 15,088 vehículos ligeros.
Melecio Carrillo López, director rural de la escuela primaria Intercultural Bilingüe Progreso del municipio de Bolaños, Jalisco, no ha recibido pago alguno desde el pasado 16 de agosto de 2019; no obstante, sigue laborando y espera que la Delegación Regional de la Secretaria de Educación Pública en Colotlán (DRSE Colotlán) o la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) pronto le den una respuesta y pueda cobrar el salario que no ha recibido en 11 meses.
Sofia Ávila / Zona Docs
Melecio Carrillo es director rural de la escuela primaria Intercultural Bilingüe Progreso en la localidad Mesa del Tirador en el municipio de Bolaños, Jalisco; ha laborado en ésta desde el 2016. Permaneció durante dos años (hasta 2018) “en observación” y no tuvo problemas para cobrar su sueldo, sin embargo, cuando recibió su nombramiento definitivo de comisionado directivo en agosto de 2019, dejó de recibir su salario quincenal, así como, sus prestaciones de ley:
“Es como si no estuviera trabajando o me hubieran dado de baja”, denuncia “Mele” como le apodan sus conocidos.
Después de varias quincenas sin recibir su salario, Melecio se preocupó y buscó una respuesta; aunque, ya va a cumplir un año sin goce de sueldo y todavía no se resuelve su caso:
“A partir de octubre yo empecé a hacer reclamos en la DRSE, pero no me dieron respuesta, me dijeron que en enero se iba a regularizar y que nos iban a pagar, pero cuando llegó enero de 2020 no recibí nada.”
Para el mes de abril, Melecio logró contactar vía Facebook al Secretario de Comunicación de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues él se ha encargado de darle visibilidad a otros casos en donde se violentan los derechos de las y los trabajadores de la educación. Hasta ahora, se tiene registro de un numero alarmante de profesores que laboran sin goce de sueldo y que, lamentablemente, como Melecio, todavía no tienen una respuesta.
Ante la constante negativa, Melecio envió un correo electrónico al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), donde le dijeron que su nombramiento “todavía no está reconocido a nivel federal”:
“La respuesta que dieron fue que mi nombramiento todavía no está reconocido a nivel federal, algo así me dijeron, que la secretaría (Secretaría de Educación) no agilizó los tramites que debían hacerse para gestionar ese recurso”, comentó Melecio.
Acudió también con el director de Educación Indígena, David Chino Carrillo, pero la respuesta, una vez más, volvió a ser negativa:
“Desde abril para acá le estuve insistiendo para que moviera o gestionara o presionara en cuanto a mi situación, pero no, ya después no me hicieron caso, hasta el momento no me responden mis llamadas, ya no me dicen que es lo que está pasando, como que ya en un momento dado pienso que yo ya les molesto porque cada rato les hablo preguntando lo mismo, pero no es por algo que yo les esté exigiendo que no esté en mis derechos, es algo que me corresponde.”
En un intento desesperado recurrió al director de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Miramontes Flores vía Messenger, pero éste sólo le contestó que su papeleo estaba en trámite:
Yo le he estado escribiendo y me dice que está en trámite mi pago, pero no se ha reflejado, ni una quincena me han pagado.”
En la comunidad en donde trabaja Melecio había otros cinco profesores a quienes no se les había pagado, afortunadamente a ellos ya se les ha liquidado la deuda correspondiente. No obstante, Melecio sigue sin recibir una solución a pesar de sus múltiples intentos.
Para sostener a su familia ha tenido que realizar otros trabajos extras; Melecio, además de docente, es músico y artesano, por lo que, ante esta terrible situación, su esposa y él han optado por realizar y vender artesanías wixárikas.
Para llegar a la comunidad donde trabaja, tiene que recorrer de 5 a 6 horas de camino en motocicleta, por lo tanto, sólo regresa los fines de semana a su hogar, y en temporal de lluvias regresa cada uno o dos meses, ya que, además, el trayecto es todo de terracería y con la motocicleta se vuelve muy peligroso.
Frente a la precariedad laboral y lo que ello ha implicado para su economía familiar, Melecio asegura que sigue laborando, “con muchas ganas”, pero con la expectativa de que su reclamo sea escuchado y su situación de no pago remediada:
“Yo le sigo echando ganas, aunque no me paguen, yo estudie esta carrera con la intención de apoyar a mi comunidad, a mi gente, a mi raza wixárika, y no he cambiado la idea ni la esperanza de que algún día se me tiene que pagar”.
María Elizalde/Debate
Hace meses que no hay tratamientos completos de quimioterapia para lo niños y adolescentes que sufren de cáncer y son tratados en el Hospital #1 del IMSS en Sinaloa.
sta mañana padres de niños con cáncer que son atendidos en el hospital regional número 1 del IMSS estarán manifestándose en la entrada a la delegación exigiendo se les apliquen las quimioterapias.
Los padres han señalado qué desde enero hay pacientes qué no reciben los tratamientos completos
Los denunciantes añadieron que todas estas situaciones han sido carentes de fundamento legal y se ha perjudicado a trabajadores en cuestión económica
Piedras Negras.- Un grupo de trabajadores de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Piedras Negras, denunciaron durante una manifestación la problemática al interior de la institución, y la destitución de dos funcionarios
La trabajadora y afiliada del ISSSTE en Piedras Negras, Claudia Mata Rubio, dio a conocer que las diversas quejas y denuncias son en contra de Francisco Cortez y Alejandra Calzada Pérez, director administrativo y coordinadora de recursos humanos, respectivamente por hostigamiento laboral, abuso de autoridad, amenazas entre otras acciones.
“se han acrecentado las situaciones en cuanto a la problemática de hostigamiento laboral y no nada más eso, es abuso de autoridad y amenazas”, menciono.
Añadió que todas estas situaciones han sido carentes de fundamento legal y se ha perjudicado a trabajadores en cuestión económica y utilizan las mentiras en común denominador para levantar actas sin fundamento y han tenido represalias con el personal, inclusive el personal suplente y de confianza.
“La situación se ha tornado sumamente difícil, pues ambas personas no acatan ninguna instrucción, ni siquiera de sus superiores jerárquicos; quienes han acudido a reuniones de conciliación y donde les han pedido acatar lineamientos y estos no los han seguido”, subrayó.
En reiteradas ocasiones dijo que han venido personal de la dirigencia nacional, estatal, la última el pasado miércoles que acudió personal del área jurídica del ISSSTE en Coahuila por las muchas quejas en contra de ellos en cuanto a su proceder como servidores públicos.
“Ellos están amparándose que porque los puso el presidente López Obrador. Eso es lo que manifiestan, que ellos no serán removidos porque vienen con la cuarta transformación, que independientemente nosotros somos trabajadores y las afiliaciones que tengan ellos y con sus partidos, no tienen por qué inmiscuirlos dentro del Instituto”, puntualizó.
Los llamados a la ACCIÓN URGENTE no lograron parar la matanza
El gobierno estatal, así como el municipal oficial, cómplices y omisos; mientras que la presencia de Guardia Nacional en el momento de los hechos fue inútil e incluso cómplice.
Territorio ikoots (huave) en la mira del capitalismo depredador. Foto tomada de la red.
El pasado 21 de junio de 2020, al menos 15 pobladores de San Mateo del Mar fueron brutalmente torturados y asesinados por pistoleros perfectamente emboscados. Esta atroz masacre es el episodio más reciente de una guerra que los intereses capitalistas, representados por fuerzas gubernamentales, grupos criminales y empresariales, cuyas fronteras son cada vez más difusas, han emprendido contra el pueblo ikoots (huave) en la región del Istmo de Oaxaca.
En San Mateo del Mar el máximo órgano de toma de decisiones por cientos de años ha sido la Asamblea de la cabecera y las agencias municipales, la primera de ellas presidida por sus autoridades tradicionales cívico-religiosas en la figura del Alcalde Único Constitucional. Hoy las violaciones a la autonomía de este pueblo, los ataques a sus formas de gobierno y la violencia desde el poder se han desatado de manera alarmante. Para su realización, los megaproyectos del Istmo necesitan aplastar la resistencia de los pueblos.
El LLAMADO URGENTE que hizo la comunidad, denunciando los ataques del 3 de mayo de 2020 y exigiendo la intervención de la Guardia Nacional, del gobierno estatal y su supuesta fiscalía, fue totalmente ignorado. La Guardia Nacional nada hizo por detener la matanza del 21 y 22 de junio. Por el contrario, estos ataques fueron planeados desde el arriba para seguir imponiendo a Bernardino Ponce Hinojosa como presidente municipal e intentar romper con la legítima Asamblea del Pueblo.
Los ataques de mayo fueron realizados por grupos ajenos a la comunidad que cuentan con vehículos y armas, resultando en asesinatos, heridos por arma de fuego, quema de casas y una agencia municipal. El 21 y 22 de junio esto grupos nuevamente dirigidos desde la presidencia municipal y caciques locales emboscaron y dispararon con armas de fuego contra pobladores de agencias, barrios y comunidades que se dirigían a una asamblea con el fin de continuar su proceso organizativo por recuperar su forma de gobierno.
En 2019 fue el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) quien impuso a este personaje como presidente municipal en unas elecciones violentas con compra de votos documentada y buscando anular la verdadera figura de toma de decisiones que es la Asamblea, que forma parte del sistema normativo interno del pueblo indígena ikoots de San Mateo del Mar.
Ahora Murat Jr. (hijo del exgobernador José Murat) y su gobierno, por acción y omisión tienen ya más muertos y desaparecidos sobre su administración y cobardemente buscan criminalizar a los agredidos y presentarlos como agresores mediante una campaña de desprestigio mediática. Fue hasta después de la matanza largamente anunciada, que llegaron de manera numerosa elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, sin que esté claro cuál es el objetivo real de su presencia, a quién pretenden cuidar y a quién se pretende reprimir.
Los ataques contra la autonomía de San Mateo de Mar comenzaron con el fraude electoral de 2017 y desde entonces, con hechos violentos como el uso de camionetas y armas, han procurado sembrar el terror a las comunidades. El presidente municipal espurio (2017-2019) ni portó el bastón de mando, ni reconoció la autoridad tradicional de la alcaldía, ni despachó en la presidencia municipal, sino en un domicilio particular en Huazantlán del Río, desde donde repartía el presupuesto municipal.
En el 2019 se volvió a repetir la estrategia, imponiendo el IEEPCO una elección por planillas, que niegan la forma tradicional de elección en asamblea y sus sistemas de cargos, falsificando el derechos de los pueblos a favor de los poderes fácticos, cacicazgos y grupos criminales, que lo mismo operan contratos de obra pública que administran los fondos municipales con sus contadores y abogados para simular legalidad. Y nuevamente despachando en un domicilio particular fuera del palacio municipal.
Estos poderes fácticos han impulsado esta guerra contra la Asamblea y claramente el reciente ataque del 21 de junio como el del 3 de mayo de 2020, tiene el fin de frenar la organización del pueblo para tomar sus propias decisiones. Esta última acometida no puede ser más clara en sus objetivos, ya que las y los ciudadanas y ciudadanos ikoots se dirigían a realizar una Asamblea en la agencia de Huazantlán del Río, lo que significa que es un movimiento de diferentes agencias y comunidades. También es significativo que la emboscada se haya perpetrado a la altura de la colonia Reforma, justo donde tiene sus oficinas el presidente municipal impuesto. Por ello, cuando se habla por parte de los diferentes niveles de gobierno de “conflicto entre comunidades” o de “enfrentamiento” se busca ocultar que las agresiones buscan sentar las condiciones para despojar de su territorio a las comunidades ikoots del Istmo de Tehuantepec.
Además de la inacción cómplice por parte de la fuerzas armadas estatales y federales ante la crisis, hay responsabilidad en la masacre por acción u omisión del Gobierno Federal, el Gobierno Estatal, el Congreso del Estado de Oaxaca, el IEEPCO, el INPI, la CNDH y la DDHPO.
Los pueblos Ikoots buscan el respeto y reconocimiento de la Asamblea del Pueblo de San Mateo del Mar, como la única en la toma de decisiones y elección de cargos en concordancia con sus sistemas normativos internos, formas de gobierno, e instituciones tradicionales; así como la desaparición de poderes municipales y la expulsión de los paramilitares para garantizar el desenvolvimiento libre de la Asamblea del Pueblo en el municipio de San Mateo del Mar, que incluya a todas las agencias, colonias, y la cabecera municipal, así como garantizar elecciones libres y autónomas de acuerdo a la forma de gobierno tradicional indígena de San Mateo del Mar.
Cabe recordar que la represión y los ataques contra la Asamblea de San Mateo del Mar se remontan a 2012, y que estos ataques armados no son hechos aislados, y son motivados por intereses económicos: el pueblo ikoots en Asamblea rechazó en 2012 el megaproyecto eólico de la empresa PRENEAL y posteriormente luchó, junto con la Asamblea General de San Dionisio del Mar y con la Asamblea General la de la Colonia Álvaro Obregón, expulsaron a la empresa Mareña Renovables, que pretendía instalar 104 aerogeneradores en la ecológicamente frágil y culturalmente sagrada Barra Santa Teresa. El pueblo ikoots ha defendido su territorio ancestral y está decidido a seguir. Esa es la razón detrás de la represión, los ataques y la desinformación. La violencia con la que el capital actúa en esta zona no es una anomalía, sino el modo de hacer la guerra por el capitalismo y quienes, desde los gobiernos, le sirven.
Un migrante pidiendo ayuda en calles de la Ciudad de México Foto: Hugo Cruz
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó que decenas de millones de trabajadores migrantes que regresarán a sus países de origen por la pandemia de covid-19, se enfrentarán a una crisis dentro de otra crisis, debido a la pobreza y el desempleo.
“Esta es una crisis potencial dentro de otra crisis”, señaló en un comunicado Manuela Tomei, directora del departamento de condiciones laborales e igualdad de la OIT, durante la presentación del estudio ‘Protección social para los trabajadores migrantes: una respuesta necesaria a la crisis de covid-19’.
“Sabemos que muchos millones de trabajadores migrantes que estaban confinados en sus países de trabajo han perdido el empleo, y se prevé que ahora regresen a casa en países que ya están lidiando con una economía débil y un desempleo creciente. La cooperación y la planificación son fundamentales para evitar una crisis peor”, subrayó.
La OIT estima que hay 164 millones de trabajadores migrantes en todo el mundo, los cuales representan 4.7% de la fuerza de trabajo mundial; de este total, muchos millones regresarán a su país por la pandemia, dejando a sus familias sin el apoyo de las remesas.
Por otra parte, el organismo resaltó que otros trabajadores migrantes se encuentran varados en los países de acogida sin acceso a la protección social y con poco dinero para costear su alimentación o alojamiento, por lo que al cobrar salarios reducidos y vivir en residencias estrechas, donde el distanciamiento social es imposible, tienen un mayor riesgo de contraer el virus.
En tal sentido, apuntó, es necesario establecer políticas para proteger a los trabajadores migrantes que se encuentran varados y garantizar la reintegración de los que regresan a sus países de origen, ya que, si bien muchos realizan trabajos esenciales para las sociedades de acogida durante la pandemia, otros han perdido su empleo o han seguido trabajando de manera informal.
De acuerdo con la OIT, ayudar a reintegrarse a los migrantes que retornan reducirá las tensiones en sus países de origen, donde algunas comunidades pueden temer que esas personas traigan el virus o les quiten puestos de trabajo.
En tanto, la restauración de las estrategias de subsistencia les permitirá saldar cualquier deuda relacionada con su contratación original en el extranjero, evitando el riesgo del trabajo forzoso y la trata de personas, o una nueva migración por vías irregulares.
La OIT resaltó que los trabajadores migrantes pueden aportar conocimientos y capital para crear nuevos emprendimientos que ayuden a mejorar las oportunidades de empleo.
“Con las políticas adecuadas, el retorno de estos trabajadores puede convertirse en un recurso para la recuperación”, declaró Michelle Leighton.
Añadió: “Estos migrantes traerán consigo talentos y nuevas competencias laborales, y en algunos casos capital, que podrán dar apoyo a los esfuerzos que se realicen en sus países de origen con miras a una mejor recuperación. Debemos ayudar a estos países a aprovechar la oportunidad”, concluyó.
Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que siguen las acciones preventivas y de contención en el Hospital Civil de Ciudad Victoria, debido a que 10 trabajadores resultaron positivos a coronavirus.
El contagio por covid-19 en el nosocomio se dio de forma externa a la institución, sin embargo y de acuerdo al protocolo, se procedió a desinfectar las áreas y superficies.
Además de filtros de entrada al personal de salud con la aplicación de interrogatorio respiratorio, así como la disminución de personal de enfermería para evitar exposición sin afectar la atención al paciente.
Informó que de los 10 trabajadores confirmados a la enfermedad, 9 se encuentran aislados en sus domicilios bajo observación y seguimiento diario; sólo uno de ellos se encuentra hospitalizado.
Gloria Molina, secretaria de Salud de Tamaulipas, informó que el Hospital continúa trabajando de manera regular además de que el comité hospitalario covid-19 se encuentra en sesión permanente y a la fecha se han muestreado 222 trabajadores (con resultado negativo) además del monitoreo de pacientes a posible contagio.
La mañana de este miércoles, un grupo de trabajadores de la empresa Érika se plantaron nuevamente frente a sus instalaciones para exigir la sanitización completa de la misma.
Si bien la Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) acudió a colocar sellos de suspensión de actividades en las oficinas administrativas, el personal de producción aseguró que las oficinas se encontraban vacías debido a que la mayoría de los empleados de esa área trabajan desde casa, mientras que los contagios se han sucitado en las líneas de manufactura.
“Nomás clausuraron lo que es el área administrativa, y créanme, no es justo, la gente está molesta porque el área de producción sigue igual, no hay medidas de sanitización”, declaró Óscar “N”, quien además, aseguró que no se han aplicado pruebas de detección, únicamente se ha llevado a cabo el registro de temperatura al ingresar.
Por su parte, Daniel “N”, señaló que empleados del turno matutino, vespertino y de fin de semana se han sumado al paro de labores, y entre las personas que ingresan, aquellos que presentan síntomas son enviados a consultar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Están regresando compañeros ahorita, que están enfermos, traen temperatura, y pues no es justo que ellos entren así, sin hacer tanta limpieza”, expresó.
Por ello, recalcó que insistirán en la suspension de labores en su área, en la que ya se suscitaron 4 defunciones y alrededor de 80 contagios, de acuerdo a las declaraciones de los manifestantes, para proceder a una sanitización realizada por profesionales.
La minería en Oaxaca aumenta el estrés hídrico y amenaza el acceso al agua limpia en tiempos de sequía y Covid-19.
La gravedad de la pandemia de Covid-19 está superando las predicciones epidemiológicas en Oaxaca, donde los casos confirmados han superado los 3,000 y las muertes se elevaron a más de 340. Pero mientras las autoridades sanitarias instan a las y los habitantes a lavarse las manos con frecuencia y a desinfectar las superficies de uso común con el fin de controlar la propagación del nuevo coronavirus, en más de la mitad del territorio oaxaqueño escasea un recurso esencial para cumplir las medidas de contingencia: el agua. En este contexto de sequía el gobierno ha decidido declarar la minería, una industria con alto impacto en los recursos hídricos, como una actividad esencial.
En el último informe del monitor de sequía, publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el día 5 de junio, se destaca el estado de Oaxaca por su sequía severa. Según el reporte, el 23.2% del territorio oaxaqueño está anormalmente seco, mientras que casi el 32.5% del estado está resintiendo los efectos de una sequía moderada y alrededor del 12.3% sufre una sequía grave.
Desde el inicio de la pandemia, para las y los habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, estos porcentajes de sequía se han manifestado en términos de los días que deben esperar entre las entregas de agua por parte de SAPAO (Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca): “Antes llegaba cada semana y ahora ha tardado más de 20 días en llegar”, le asegura a Avispa Midia el señor Margarito Jiménez de la Colonia Miguel Alemán. En la Colonia América, otra zona popular de la periferia urbana, la señora Blanca Rodríguez también lleva casi 20 días esperando para llenar sus dos tinacos. “Esto ya no es normal”, señala.
A pesar de la escasez de agua en el estado, el 13 de mayo, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Economía Graciela Márquez Colín declaró que mientras persista la emergencia sanitaria, la minería, junto a la industria automotriz y de construcción, será considerada una nueva actividad esencial. Con ello dio luz verde a la reactivación de una industria que, por su elevado consumo de agua y sus antecedentes de contaminación, probablemente pondrá en riesgo el acceso al agua limpia y aumentará el nivel de conflictividad socio-ambiental, justo cuando la entidad se acerca al pico de la pandemia Covid-19.
Tres proyectos mineros en Oaxaca: Millones de litros de agua en juego
En el estado Oaxaca existen 355 concesiones mineras, según los datos de la Secretaría de Economía hasta diciembre de 2019. Mientras que la mayoría se encuentra en la fase de exploración, tres proyectos están siendo explotados actualmente por dos empresas norteamericanas, las cuales han exhibido un uso significativo de los recursos hídricos de la entidad, así como su contaminación, durante la última década.
Tres proyectos mineros en Oaxaca: Millones de litros de agua en juego
En el estado Oaxaca existen 355 concesiones mineras, según los datos de la Secretaría de Economía hasta diciembre de 2019. Mientras que la mayoría se encuentra en la fase de exploración, tres proyectos están siendo explotados actualmente por dos empresas norteamericanas, las cuales han exhibido un uso significativo de los recursos hídricos de la entidad, así como su contaminación, durante la última década.
Foto: Emmanuel Ruiz Rojo
¿De dónde viene el agua que usa Fortuna Silver Mines Inc.?
El lunes 22 de abril de 2019, una familia de pobladores de San José del Progreso -la comunidad Zapoteca en el Distrito de Ocotlán donde se instaló de manera violenta la mina de Fortuna Silver Mines- visitó la presa comunitaria denominada “Borde del Vallito” para caminar alrededor de ella y pasar la tarde, como era su costumbre. De pronto, se percataron que en la orilla de la presa yacían docenas de peces muertos sin razón aparente; de cerca vieron que tenían entre las escamas espuma amarilla y café, y si bien parecía que habían muerto recientemente, a la mayoría de los peces también le faltaban los ojo.
Foto: Avispa Midia
Miles de kilómetros perforados
Las preocupaciones del pescador de San José del Progreso sobre las perforaciones de la empresa minera también tienen sustento: Los cuerpos de agua subterráneos están siendo impactados por las perforaciones realizadas por la mina para la extracción de mineral. Según el reporte técnico de 2019, a través del método denominado corte y relleno ascendente, la empresa, a lo largo de toda su vida productiva, ha realizado 845 perforaciones en el Distrito de Ocotlán y sus inmediaciones.
Foto: Compañía Minera Cuzcatlán
Tratadora de agua de Fortuna Silver
Por otro lado, la información que Fortuna Silver Mines ofrece sobre el uso de agua tratada en los procesamientos de minerales es ambivalente y contradictoria. Uno de los argumentos que la empresa emplea cuando se le cuestiona por la insostenibilidad de su consumo de agua, es que utiliza un sistema de recirculación de agua, y que se abastece de las aguas negras que desecha el municipio de Ocotlán de Morelos mediante una planta de tratamiento de aguas residuales que opera y administra; pero la procedencia y cantidad de agua que reportan es opaca e inconsistente.
Foto: Fortuna Silver Mines
El impacto de Gold Resource Corp en los recursos hídricos de Oaxaca
Otras comunidades viven una situación similar a lo largo de los Valles Centrales de Oaxaca, donde otros dos proyectos mineros, propiedad de la empresa estadounidense Gold Resource Corporation, también están ejerciendo presión sobre el precario suministro de agua en el estado.
Un historial de violaciones ambientales
Durante casi dos décadas, GRC ha expandido silenciosamente sus operaciones en Oaxaca. A partir de unas cuantas parcelas de exploración arrendadas en los Valles Centrales en 2002, GRC ha obtenido 29 concesiones que cubren 551 kilómetros cuadrados – un área más de seis veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca. Hasta la fecha, las perforaciones realizadas por la empresa suman más de 357 kilómetros en total.
Conflictos socio-ambientales a lo largo de los Valles Centrales
Más allá de los municipios donde se encuentran las minas productivas de GRC, la actividad de la empresa ha causado importantes conflictos socio-ambientales a lo largo de los Valles Centrales.
Conflictos socio-ambientales a lo largo de los Valles Centrales
Más allá de los municipios donde se encuentran las minas productivas de GRC, la actividad de la empresa ha causado importantes conflictos socio-ambientales a lo largo de los Valles Centrales.
Foto: EDUCA
Pareciera ser que la industria minera, considerada “esencial” por el gobierno de López Obrador en tiempos de pandemia y sequía, más que favorecer la salud de las comunidades en las que opera, ha traído consecuencias devastadoras para los pueblos originarios de Oaxaca. Representa una amenaza y un riesgo latente a las fuentes de agua limpia, esa sí, esencial para la vida de las y los oaxaqueños, e indispensable para detener la transmisión de un virus mortal que se encuentra en su fase de contagio acelerado.
Finalmente, si estas han sido las consecuencias y los impactos ambientales y sociales de tan solo tres proyectos mineros en operación en el Estado, es difícil imaginar lo que podría ocurrir si se llegaran a ampliar o explotar las más de 355 concesiones emitidas en Oaxaca. El sentimiento de las y los pobladores y campesinos que han conversado con Avispa Midia es que lo que está en juego es su existencia misma como pueblos. De ahí que se advierta que los procesos de resistencia contra la minería en Oaxaca seguirán aumentando en cuanto se tenga la posibilidad de salir a las calles.
MÉRIDA, Yuc. (apro).- Por la trascendencia que tendrá el fallo para futuras sentencias en asuntos similares, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer el juicio promovido por niños de la comunidad maya de Homún contra la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo), por violaciones a sus derechos al medio ambiente sano, al agua y a la salud.
El motivo del conflicto fue la instalación de una megagranja porcícola, con capacidad para 40 mil cerdos, en la reserva geohidrológica Anillo de los Cenotes, una de las principales zonas de recarga acuífera del país.
El juicio en cuestión es incidental dentro del juicio promovido por niños mayas de Homún para defender los cenotes, el medio ambiente y sus derechos ante la contaminación y el riesgo que implica la operación de esa granja porcícola que Papo montó sin consultar a la comunidad.
La Primera Sala de la SCJN determinó conocer del asunto, cuyo juicio principal se relaciona con violaciones al derecho al medio ambiente sano, al agua y la salud de los niños de la comunidad maya, así como el impacto que la operación de esa industria porcícola puede generar en la citada reserva geohidrológica.
Explicó que la materia de la solicitud se dirige al juicio incidental donde se resolvió sobre la suspensión definitiva, concedida para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, ordenen la inmediata paralización de operaciones de la granja porcícola.
Bajo tales consideraciones, la Primera Sala concluyó que el asunto podría permitir que la SCJN se pronuncie sobre diversos temas de trascendencia nacional, por ejemplo, cómo opera el principio de prevención en materia de suspensión y cómo impacta el principio in dubio pro natura al momento de resolver sobre la misma.
También definir cuál es el estándar de prueba que debe regir al momento de determinar la suspensión definitiva; cómo se relaciona el principio precautorio, y la falta de evidencia científica frente a un estándar de prueba indiciaria.
Además, precisar si existe alguna distinción entre determinar el riesgo de daño o la existencia del mismo, y si se debe resolver que sea significativo, entre otros puntos.
Con 14 casos más de contagios por Covid-19 entre personal médico, se llegó ya a 355 y es Guadalajara el municipio que abarca casi dos terceras partes y junto con Puerto Vallarta, con 85, evidentemente fueron alcanzados por el gran número de personas que llenaron los hospitales en los últimos días.
El contagio, en cada uno de estos casos, está asociado a la atención prestada en las distintas unidades médicas.
Se informó que resultado de las pruebas realizadas en estos últimos días se arrojó esta cifra de 14 trabajadores médicos contagiados.
Guadalajara reporta 215 integrantes del personal de salud que han resultado positivos al virus SARS-CoV-2.
Otros 85 corresponden al municipio de Puerto Vallarta, que vivió momentos complicados en una sola de las clínicas.
Tepatitlán ya ocupa el tercer lugar con 15 casos; mientras otros diez se reportan en el municipio de Ocotlán, que se dieron en un principio, cuando atendieron a un paciente.
Sigue la lista con Tala, Jalisco, donde en sus clínicas y hospitales se han reportado seis contagiados, por cinco de San Juan de los Lagos.
Hay cuatro más en Zapopan, tres en hospitales de Zapotlán el Grande y dos más en el municipio de Colotlán.
César Cravioto, comisionado para la Reconstrucción. Foto: Benjamín Flores
Sara Pantoja / Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México (DUCDMX) dio a conocer que terminó la relación con César Cravioto, comisionado para la Reconstrucción, debido a “su inacción, ineficacia y falta de resultados”, y por su “falta de voluntad política y capacidad de gestión”.
Agregó que buscarán la interlocución directa con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que resuelva sus demandas de hace casi tres años.
En un comunicado, la organización expresó su solidaridad con los cerca de 120 “nuevos damnificados” de 40 familias del edificio 52 de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, desalojado tras el sismo de magnitud 7.5 ocurrido la mañana de ayer.
Además, demandó “atención inmediata” para que esas personas regresen a casa lo más pronto posible, “sin el uso de créditos ni de modelos de tipo lucrativo y neoliberal como la redensificación”.
Luego del sismo, la organización exigió la “revisión estructural inmediata y prioritaria a los edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017”. Y alertó que podría haber otros temblores que dañen aún más las estructuras.
La agrupación destacó que, aunque el sismo de ayer fue menor que el del 19 de septiembre 2017, reveló la “carencia estructural” en la atención que el Estado Mexicano tiene con las personas damnificadas, pues “aún no pueden solventar de manera integral” la emergencia pasada. Como muestra, dijo, están “las decenas de edificios desatendidos desde aquella fecha”.
Esa desatención, acusó, no es por falta de recursos económicos, sino “falta de voluntad política y de capacidad de gestión del liderazgo” del comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, por lo que decidió terminar su relación con él y buscar interlocución directa con Sheinbaum Pardo.
De paso, denunció que sigue “una generalizada falta de transparencia y rendición de cuentas en los fondos públicos para la reconstrucción, siendo casi 120 millones de pesos los que están en entredicho y que no han sido sujetos de sanción alguna”.
De igual manera, la organización exigió al gobierno de México la revisión exhaustiva de dichos fondos, y secundó “el esfuerzo” del presidente Andrés Manuel López Obrador para perseguir la corrupción, la malversación de fondos, la creación de empresas fantasma y el uso de facturas irregulares.
Por último, Damnificados Unidos de la Ciudad de México manifestó su solidaridad con las familias de las personas fallecidas ayer en Oaxaca, donde se registró el epicentro del sismo. “Nuestro respeto y solidaridad por estas pérdidas irreparables”, apuntó.
Tecuala, Nayarit. 24/06/20 .- Personal del centro de salud y pueblo en general, manifiestan que tienen tiempo demandando ante el gobierno del estado y en la secretaría de salud la destitución inmediata de la directora del hospital de este lugar; Eleuteria Almeida, pero han sido en vano las innumerables denuncias que existen en contra de la doctora pues las denuncias al parecer las autoridades antes mencionadas solamente las escuchan pero no dan resultado.
Los denunciantes declararon, “esta doctora, al personal que laboramos en este hospital nos trata cruelmente sin sentimientos humanos, no respeta los derechos de los trabajadores, de plano ya no la soportamos su presencia en la dirección de este centro médico, pues somos humillados, subajados, descaradamente se burla de todo el personal, a esta señora no le importa dañar los sentimientos de los trabajadores, y agarra parejo”.
Los ciudadanos que vienen a atenderse a este centro médico por diversas enfermedades se topan con la directora también son tratados mal por esta despiadada directora, aseguraron los denunciantes.
En este centro médico ya existen desde hace tiempo muchas denuncias en contra de la doctora directora de este centro médico, que al parecer al gobierno de Toño Echevarría le vale lo que esta doctora esté haciendo con el personal del Hospital Básico Comunitario y también llevarse en las espuelas en los enfermos que acuden a ese lugar porque no ha hecho nada para ponerle un freno.
La pregunta es señalan los denunciantes: ¿quién está protegiendo a esta doctora, para que se dé lujo de hasta burlarse del personal que ahí labora?, “se le hace un llamado a Manuel López Obrador presidente de México, para que esta directora ya se vaya a hacer daño a otra parte, pues usted ha dicho, que personal que no sirva a la calle”, terminaron diciendo los denunciantes.
Colima, México, Avanzada (24/06/2020).- Hasta el pasado mes de abril, el Gobierno de Colima no había ejercido un solo peso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) a pesar de que es líder en homicidios dolosos en el país por cada 100 mil habitantes.
La entidad recibió de la Federación 247 millones de pesos por parte del FASP, pero un estudio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestra que pese al incremento en los niveles de violencia, y de contar con recursos para mejorar la seguridad, no ha hecho ninguna inversión para ello.
La información anterior se desprende de una investigación que realizó el periodista, Arturo Ángel y que publicó en el portal: “Animal Político”, en la cual se documenta que el Congreso de la Unión aprobó un fondo destinado para la seguridad que asciende a 9 mil 600 millones de pesos.
En su investigación refiere que Colima y Guanajuato, a pesar de que lideran la violencia homicida en el país, no han hecho ninguna inversión para mejorar la seguridad en los primeros cuatro meses de este año.
En la publicación se menciona que la secretaría de Hacienda y Crédito Público ya ha transferido a los estados 3 mil 716 millones de pesos de los 9 mil 500 millones de pesos con los que cuenta el FASP, sin embargo, en el caso de Colima no existe ninguna inversión en materia de seguridad a pesar de que ya cuenta con el dinero para ello.
Refiere que en el resto de las entidades, sólo han invertido uno de cada 10 pesos que recibieron de la Federación por este concepto.
De enero a mayo de 2020 se han presentado 289 denuncias por desaparición de personas; sin embargo, en el estado hay alrededor de mil casos, lo que indica que hay muchos que por miedo o distintas circunstancias no denuncian.
En los anteriores términos se expresó Blanca Estela Ramírez, secretaria de la Red de Desaparecidos de Colima, movimiento que en días pasado decidió tomar la Rotonda de los Colimenses Ilustres, ubicada en el parque de la Piedra Lisa, para colocar fotografías de sus familiares desaparecidos, pues consideran que este lugar no está cumpliendo el objetivo para el cual fue hecha.
“Lo que buscamos es que la gente de Colima conozca los diversos casos de personas desaparecidas en la entidad, que sus familiares no cejarán su empeño en encontrarlos, y también pedimos a la población en general que si tienen información sobre alguno de los casos, nos la den a conocer, siempre se estará respetando el anonimato y claro está, el agradecimiento permanente”, expresó Blanca Estela Ramírez.
Asimismo, su objetivo es que tanto la sociedad y como el gobierno se den cuenta de que “ni la pandemia ni ninguna otra circunstancia nos va a parar en nuestro empeño de encontrar a nuestros familiares”.
De igual manera, se mostró satisfecha y agradecida por la empatía mostrada por la ciudadanía, pues desde que colocaron las fotografías de sus familiares, ninguna ha sido retirada o vandalizada.
Finalmente, dijo que como organización quieren seguir alzando la voz, que la ciudadanía conozca la situación, y no permitir que el gobierno ni sus instituciones se alejen de la realidad que se está viviendo en el estado.
LAGOS DE MORENO, Jalisco (OEM-Informex).- “No hay Boletas, no hay Certificados, no sirve el SCEJAL”. Así lo señalan maestros de la región Altos Norte al tratar de subir las calificaciones a la plataforma electrónica que estaría habilitada para dicho fin.
Un maestro aseveró que esto es lo de siempre a final de ciclo escolar luego de haber culminado con el ciclo escolar el pasado viernes los maestros recibieron la indicación de que el sistema educativo de la plataforma electrónica estaría habilitado para poder subir las calificaciones y con ello emitir las boletas y los certificados de manera electrónica a partir de esta semana.
“Pero todavía hasta el día de hoy miércoles no se puede porque dicha plataforma del SCEJAL D GAIRE no sirve, no funciona se les cayó el sistema y los expertos de la secretaría no le encuentran la falla, por lo cual a pesar de que la Secretaría de Educación incluso envió un video para orientar a los padres de familia sobre como bajar sus boletas y a los maestros directores y administrativos de Escuelas para bajar los certificados esto no puede hacerse”.
Al preguntar a otro maestro sobre el tema indico “esto no es nuevo muy continuamente cuando no falla lo de padres de familia, es lo de calificaciones, o bien los demás programas que se tiene, mostrando quizás lo viejo, obsoleto o falta de mantenimiento a programas y equipos, hoy es lo referente a la plataforma de calificaciones, que tendrá que esperar a que resuelvan la falla”. Agrego “darle mantenimiento” dicen ellos, pero la realidad es que urge una modernización de programas y equipos.
Coincidieron en decir que por lo pronto unos días más tendrán que esperar algunas escuelas o alumnos porque una vez que se habilite o se termine de “dar mantenimiento”, se va saturar con todas las escuelas queriendo subir información y bajar documentación oficial, cosas de la SEJ.
