San Luis Potosí, SLP.- Cuatro de los seis municipios en los que hay Alerta de Género se encuentra en los primeros 100 municipios con presuntos delitos de feminicidios en los primeros seis meses del año; San Luis Potosí capital, se encuentra en el lugar 10, con 1.13 delitos por cada 100 mil mujeres, en lo que va del año han registrado cinco presuntos feminiciiios.
Según los datos recabados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dada a conocer este jueves, los otros municipios que se encuentran en la penosa lista es Soledad de Graciano Sánchez, que ocupa el lugar 40, con tres asesinatos violentos de mujeres, y con una incidencia de 1.84 delitos por cada 100 mil mujeres.
En Ciudad Valles se han registrado dos feminicidios, ocupando el lugar 75, con una tasa de 2.09. en Santa María del Río también han ocurrido los cruentos delitos, éste es el único municipio –de la lista- en el que no se ha decretado la alerta, cuya incidencia es de 8.59 delitos, con una población de 23 mil 292 mujeres.
En este año se reportan 15 feminicidios de un total de 448 que han ocurrido a nivel nacional, superando la media nacional que es de 0.69 por cada 100 mil mujeres, y que en San Luis Potosí supera el 1.02 delitos..
De las víctimas, la mayoría son mayores de edad.
Como homicidios dolosos han ocurrido seis asesinatos de mujeres, una de las cifras más bajas en los primeros seis meses del año para el estado potosino, también las víctimas son mayores de edad, en esta clasificación está muy por debajo de la media nacional con apenas 0.4 delitos por cada 100 mil mujeres, de una media nacional de 2.1.
En la clasificación de delito, homicidio culposo hay 27 mujeres víctimas.
J. Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington.
J. Jesús Esquivel/ PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tanto en México como en Estados Unidos, los titulares del Poder Ejecutivo consideran que los medios de comunicación se deben “portar bien” con ellos. Frente a este escenario, los reporteros tienen la labor de preguntar.
A propósito de los recientes señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Proceso, J. Jesús Esquivel, corresponsal de este semanario en Washington, recuerda la actitud que también ha adoptado contra la prensa el mandatario estadunidense, Donald Trump.
Desde que el magnate neoyorquino gobierna EU, destaca Esquivel, la prensa ha sido objeto de ataque por parte de los seguidores de Trump, que han llegado incluso a amenazar de muerte a reporteros.
En EU, la prensa ha jugado un papel clave en la rendición de cuentas de los gobernantes, señala Esquivel, quien recuerda que México ha tenido fama de tener “prensa vendida”, situación denunciada por López Obrador cuando era opositor. Hoy, como presidente, AMLO pretende que la prensa independiente “se porte bien”.
Rosa Santana/Proceso
MÉRIDA, Yuc. (apro).- Jubilados y pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex) bloquearon este miércoles los accesos a las terminales de almacenamiento y reparto de combustible ubicadas en los municipios de Umán y Progreso, para protestar por la suspensión de prestaciones médicas a las que tienen derecho.
Este es el tercer bloqueo que realizan con el mismo reclamo. Las anteriores manifestaciones fueron el 17 y el 27 de mayo pasado.
Los inconformes se quejaron por el incumplimiento de la empresa productiva del Estado a la cláusula 89 del contrato colectivo, que garantiza el acceso a los servicios de salud.
Añadieron que, debido ante la falta de un hospital para atender a los más de 9 mil derechohabientes, los servicios de salud fueron subrogados a la empresa Mac, y por negligencia de ésta, subrayaron, entre febrero y marzo fallecieron siete jubilados.
De igual manera, acusaron que, en lugar de defender los intereses de sus integrantes, el sindicato petrolero tomó partido a favor de la empresa.
La protesta paralizó decenas de pipas abastecedoras que no pudieron entrar a las terminales para cargar el combustible que surtirían a las gasolineras de la región.
PlayGround
PlayGround ha tenido acceso a material inédito sobre los efectos de la industria cárnica en la península del Yucatán, gracias a la colaboración de Mercy for Animals
1. Una nueva industria amenaza el ecosistema
La carne barata que encuentras en los supermercados tiene un precio oculto en el que pocas veces reparamos. El crecimiento sin control de las granjas industriales y sus montañas de estiércol sin tratar están contaminando el agua potable y causando riesgos para la salud pública que se extienden por todo el mundo. Cada una de estas granjas puede llegar a generar más aguas residuales que una ciudad pequeña. A eso hay que sumar las emisiones dañinas. Ahi van una cifra para pensar: una reducción del 50% en las emisiones de amoníaco provenientes de las granjas porcinas en el este de Carolina del Norte representaría un ahorro de 190 millones de dólares dedicados a problemas de salud relacionados con su producción.
Ahora, imagina esa cifra escalada a nivel global.
Ese problema, común en muchos Estados de EEUU, ha llegado la península mexicana del Yucatán. Según una reciente investigación de Mercy for Animals, un conjunto de granjas industriales amenaza uno de los parajes naturales más originales del mundo: el “Anillo de los cenotes”.
Los habitantes de San Antonio Chel hace tiempo que denuncian la actividad de este tipo de granjas, dedicadas a la cría de cerdos, vacas y pollos, que ahora ven la luz gracias al trabajo de investigación de algunos de los activistas de la ONG.
Mercy for Animals voló sus drones sobre las granjas industriales de la Península, desvelando la existencia de modelos de explotación industrial que podrían afectar el equilibrio natural de la zona a causa del descontrol en la gestión de los residuos de las instalaciones.
El presidente de la Asociación de Porcicultores de Yucatán afirmó que tan solo en 2018, 2.2 millones de cerdos fueron criados para la producción de carne en ese estado, incrementando la producción en un 3.8%. Lo que es una buena noticia para algunos, es una amenaza para otros. En especial, para las poblaciones mayas de la zona, que ven como paulatinamente sus derechos sobre la tierra les son arrebatados, esta vez con el argumento de la industria de la carne.
“Hemos realizado más de 80 investigaciones en granjas industriales y nunca hemos visto nada tan grande o tan peligroso para el ambiente”, nos cuentan desde Mercy for Animals. Este tipo de instalaciones “pueden crear más aguas residuales que una ciudad pequeña, que pueden filtrarse fácilmente en el suministro de agua, contaminar el aire circundante y perjudicar a quienes viven, trabajan y estudian en la zona”.
2. El agua, la principal afectada. Pero hay más
Como afirma el abogado y activista Carlos Escoffié Duarte, “San Antonio Chel es una hacienda que depende primordialmente del campo y de pequeños comercios, por lo que esa comunidad, así como en todo el municipio, el agua es un recurso vital para el consumo humano y para la agricultura, la apicultura, la actividad turística en las playas y hasta para una empresa cervecera, la famosa Modelo”.
Y no solo el agua es la que se ve amenazada. Según Mercy for Animals, este tipo de explotaciones agrarias representan una clara amenaza para la calidad del aire de la zona. Existen varios estudios que lo demuestran. La ONG Environmental Defense Fund, con sede en Nueva York, hace al menos una década que viene alertando sobre los peligros de las plantas dedicadas al criado de cerdos, revelando que los niños que viven cerca de las granjas industriales tienen 23% más probabilidades de desarrollar asma.
“Se trata de un problema integral que debe ser tratado como tal”, nos comentan desde Mercy for Animals. “No estamos hablando solo de contaminación de las aguas y el aire, todo un ecosistema se encuentra en peligro”.
La organización PETA, en sus investigaciones sobre el mismo problema en tierra norteamericanas, alude a evidencias que señalan que las granjas industriales y la contaminación que producen “causan enfermedades en los seres humanos que van desde el daño cerebral y la depresión hasta el aborto espontáneo y los defectos de nacimiento”. Problemas respiratorios, infecciones bacterianas, resistencia a los antibióticos o la gripe porcina, son las principales amenazas según esta organización.
3. La explotación, a juicio
La comunidad maya de Homún y los vecinos de San Antonio Chel llevan varios años organizándose. A pesar de haber ganado algunas batallas judiciales, parece que las empresas cárnicas actúan con total impunidad.
El pasado 15 de abril, sin ir más lejos, los vecinos se plantaron a las puertas del Poder Judicial de la Federación para presentar una demanda por permitir que las fábricas sigan funcionando con normalidad, cuando existe una sentencia de amparo a favor de la comunidad que obliga a la paralización temporal de la producción de las granjas.
Poco antes el Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in Ja’se había presentado un comunicado en el que se reivindicaba el hecho de ser “los pueblos mayas quienes tenemos que estar facultados para cuidar nuestro territorio o autorizar cualquier actividad que se pretenda desarrollar en ellos. Lamentablemente hemos constatado que a inversionistas de fuera y a muchas autoridades “nacionales” poco les importa el agua, la vida, la tierra y el medioambiente. Mucho menos nuestros derechos como pueblo”.
Como advierte Carlos Escoffié Duarte, “el caso de San Antonio Chel no es un caso aislado, sino que es reflejo de un modelo de industria ganadera que está amenazando el medio ambiente en distintas comunidades de la península de Yucatán”.
4. Haz algo
Desde las comunidades, el grito es unánime. Recogemos algunas de las reivindicaciones que el Equipo Indignación, una organización no gubernamental con sede en Yucatán, cuya misión es la promoción y defensa de los derechos humanos, ha utilizado para dirigirse a las autoridades de la zona:
Proteger los cenotes, la reserva de agua subterránea más importante del mundo.
Retirar los permisos de la megagranja de cerdos que obtuvo permisos de manera irregular, sin consultar al pueblo maya de Homún, instalada en la zona de recarga del anillo de los cenotes, una zona extremadamente vulnerable a la contaminación.
Proteger el derecho del pueblo maya de Homún a la libre determinación y a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada para decidir sobre proyectos que pretendan realizarse en su territorio.
Sentar un precedente para garantizar que las Manifestaciones de Impacto Ambiental sean procesos con alto rigor científico que construyan de la mano de las comunidades donde se pretenda asentar un proyecto.
El pasado domingo 21 de julio, el pueblo de Temacapulín recibió a representantes de distintos pueblos de Jalisco, quienes hablaron y acordaron estrategias para luchar contra las malas políticas públicas federales y estatales en cuanto al manejo y preservación del agua.
Como respuesta a la reciente negociación que celebraron los gobiernos de Jalisco y Guanajuato alrededor de la presa El Zapotillo y la redistribución del agua para ambos estados; los pueblos, organizaciones, ciudadanos, investigadores y académicos celebraron el Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de su Agua, el cual desde su lucha y perspectiva dicta la forma correcta que los pueblos darán a este recurso.
A la par exigieron; 1) la aprobación de una nueva Ley General de Aguas que priorice como uso prioritario el consumo humano; 3) Transparentar los estudios científicos-sociales que sustentan el Acuerdo de Entendimiento para la distribución del agua del Río verde, y 3) Precisar cómo se han gastado los más de 10 mil 500 millones de pesos que el gobierno de Enrique Alfaro ha “invertido” en estos primeros siete meses en obras hídricas.
Mario Mario / Zona Docs
El 29 de junio del presente año, en la lujosa Hacienda Sepúlveda, Hotel & Spa en Lagos de Moreno, Jalisco; los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se reunieron para firmar el Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde. En el documento, el gobernador de Jalisco se comprometió a entregar el 24% del agua del río Verde a la ciudad de León, a través de un acueducto conectado a la presa El Zapotillo; megaproyecto que se encuentra detenido por la controversia constitucional 93/2012, en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la cortina de la presa no debía rebasar los 80 metros de altura.
En este “Acuerdo de Entendimiento” resalta la construcción del Acueducto Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León, con los puntos de conexión para los municipios de Jalisco y la ciudad de León, Guanajuato,así como la edificación de la presa y sistema de bombeo Purgatorio cuyo objetivo es llevar agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara.
En la obra, hasta el momento, se han invertido 35 mil millones de pesos; según expertos e investigadores el costo total del proyecto podría llegar a más de 71 mil 287 millones de pesos.
Respecto a lo anterior, el Comité Salvemos Temacapulín Acasico y Palmarejo explica que: “como ha sido costumbre del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el Acuerdo de Entendimiento no incluyó la opinión de la ciudadanía y mucho menos la de las comunidades afectadas, Temacapulín, Acasico y Palmarejo”, pueblos que por más de 14 años han luchado contra la imposición del proyecto, logrando detener su construcción por cinco años.
En protesta por la acción autoritaria de los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, y como parte de los acuerdos obtenidos durante el Cuarto Encuentro en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida, los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST), firmaron su propio: “Acuerdo de Entendimiento para Aprovechar Nuestra Agua”.
La Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio
En la comunidad de Mezcala de la Asunción, Jalisco, el pasado 22 de marzo de 2018, más de 40 pueblos, organizaciones, colonias, especialistas, artista e intelectuales, realizaron el Primer Encuentro de los Pueblos por el Agua, el Territorio y la Vida. El resultado de esta reunión fue la decisión de los participantes de articularse y crear la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST).
Hartos de ver sus territorios contaminados, saqueados, invadidos, inundados, abandonados y despojados por empresarios, apoyados de los gobiernos municipales, estatales y federales; la UPOJAST decidió organizarse para denunciar la situación de agua en Jalisco. Asimismo, determinaron recuperar el control social del agua por los barrios, pueblos, el campo y construir una gestión integral del agua que respete los derechos humanos y la naturaleza y, sobretodo, donde la ciudadanía sea tomada en cuenta en cada una de las decisiones que se tomen.
Las comunidades de Mezcala de la Asunción; San Pedro Itzicán; Agua Caliente; Chalpicote; La Zapotera; San Juan Bautista de la Laguna; Cuexcomatitlán; Cajititlán; San Sebastián; Acasico; Palmarejo y Temacapulín; así como diversas asociaciones de colonos de Arcos de Guadalupe; Tlajomulco de Zúñiga; El Salto; Juanacatlán y Villa de Guadalupe, acompañados por organizaciones e investigadores son algunos de los integrantes de la UPOJAST quienes, durante un año, han trabajado en los temas de derecho al saneamiento; derecho a la salud; contaminación ambiental; corrupción; defensa de su territorio; urbanización; gentrificación; derecho humanos; alternativas y gestión integral del agua.
Desde su creación, la UPOJAST ha realizado cuatro encuentros: 1) En Mezcala de Asunción, los pueblos hablaron y analizaron la contaminación del Lago de Chapala; 2) en San Pedro Itzicán, se abordó la grave situación de salud que viven los pobladores de la ribera de Chapala, quienes ocupan el segundo lugar a nivel mundial en enfermedad renal; 3) En Cajititlán, se analizó la lucha contra la contaminación de su laguna, y, 4) En Temacapulín, el tema central fue lucha contra la imposición de la presa El Zapotillo.
Un Acuerdo de Entendimiento entre los pueblos de Guanajuato y Jalisco
el Artículo 39° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que detalla que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo: “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”
Con este sustento legal, los integrantes de la UPOJAST firmaron el “Acuerdo de Entendimiento para Aprovechar Nuestra Agua”, en respuesta a la estrategia emprendida por los gobernadores Enrique Alfaro y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para intentar destrabar el proyecto Presa El Zapotillo–Acueducto Zapotillo-León, el cual en palabras de Gabriel Espinoza, vocero del Comité Salvemos Temacapulín Acasico y Palmarejo, se encuentra prácticamente sepultada por una controversia constitucional; dos recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y, al menos 10, resoluciones judiciales.
La presa El Zapotillo, que en su proyecto inicial debía concluirse en el año 2012, se encuentra detenida desde hace cinco años, debido a decenas de irregularidades que han sido denunciadas tanto por las comunidades afectadas; investigadores; organizaciones e, incluso, por el mismo gobernador Enrique Alfaro, quien en diferentes ocasiones aseguró que las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, no serían inundadas.
En el Cuarto Encuentro de los Pueblos de Jalisco, por el Agua, el Territorio y la Vida, comunidades del estado de Jalisco y Guanajuato, denunciaron que los gobernadores de Jalisco y Guanajuato: “no tienen derecho de repartirse el agua del río Verde, -ni de ningún otro río- sin considerar la participación y consulta de las personas, culturas y biodiversidad que habitan esas cuencas hidrográficas y territorios.”
En el Acuerdo de Entendimiento de los pueblos, se solicita la aprobación de una nueva Ley General de Aguasque priorice como uso prioritario el consumo humano, la protección de los ecosistemas; la soberanía alimentaria y la salud, esto por encima de cualquier otro tipo de uso, sobre todo, el comercial y el industrial.
Sobre el gobierno de Enrique Alfaro, recordaron que a siete meses de estar al frente del gobierno de Jalisco:
>“Sólo ha mostrado una política hídríca de continuidad y retrocesos donde predomina la añeja visión ingenieril del negocio de la obra hidráulica y de la construcción: plantas de tratamiento a por mayor, presas y tubos (…) Esa es la solución innovadora frente a la crisis ambiental y el cambio climático, pese a que en Jalisco Enrique Alfaro conformó la nueva Secretaría de Gestión Integral del Agua.”
El Acuerdo resalta que se transparente la inversión de más de 10 mil 500 millones de pesos realizada por el Gobierno de Jalisco en estos siete meses en obras hídricas, lo que ha causado un gran endeudamiento y en cuya planeación ha quedado fuera la ciudadanía:
En esta millonaria inversión destacan el saneamiento del río Santiago, el más contaminado en América Latina, así como la construcción de la presa El Purgatorio que, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua): “apoyada en el proyecto El Zapotillo, permitirá preservar el Lago de Chapala y contribuir al rescate ecológico de la cuenca Lerma–Chapala”.
Respecto a la afirmación de que con la presa El Zapotillo se logrará abastecer de agua a las Zonas Metropolitana de Guadalajara y León, las comunidades aseguran que los gobernadores de Jalisco y Guanajuato engañan a la ciudadanía con los supuestos “beneficios” de la presa El Zapotillo.
“El Gobernador de Jalisco habla de un acuerdo histórico con el Gobierno de Guanajuato; sin embargo, el agua del río Verde que se quieren repartir no existe en la cuenca del río Verde y no podrá abastecer el volumen anual máximo que demanda el Decreto de 1997. De acuerdo con el Estudio “Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde” (realizado por la UNOPS, en 2017, con un costo de 90 millones de pesos), el río Verde tiene 32% menos de disponibilidad de agua de lo que se afirma en los estudios preexistentes.”
Otro engaño y riesgo que detectan las comunidades e investigadores es que el agua del Sistema Zapotillo–Acueducto Zapotillo-León será para uso doméstico y público urbano, lo cual podría ser asignado a dos gobernadores que, a su vez, podrán dotar con esta agua a inmobiliarias; constructoras; empresas automotrices o a quién mejor pague por el líquido (venta de agua en bloque), pues de acuerdo con los defensores y representantes de los pueblos:
“El agua no será la gente que habita en los Altos de Jalisco, Guadalajara o León (…) El mayor riesgo de este uso es que actualmente no existe ninguna restricción o regulación y los Gobernadores llevarán nuestra agua a sus negocios”.
Los 41 firmantes del Acuerdo de Entendimiento coinciden en que el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tiene la obligación de transparentar los estudios que sustentan el Acuerdo de Entendimiento para la distribución del río Verde entre Jalisco y Guanajuato.
“No queremos discutir sobre la altura de la cortina de una presa, ni sobre aspectos técnicos, le convocamos abrir un debate y revisión sobre su política de agua y las alternativas hacia una Gestión Integral del Agua, aún estamos a tiempo, ya que no hay planeta B”.
La víctima fue encontrada en el panteón 21 de marzo amordazada y con golpes severos en el rostro.
Jorge Cuen / Revista Espejo
Maniatada, silenciada con cinta canela y boca abajo en medio de un charco de agua de lluvia que se estancó, fue encontrada la víctima en el panteón 21 de marzo la mañana de este miércoles, a unos 80 metros de la avenida principal del lugar, aumentando la cifra de feminicidios a 26 en lo que va del 2019.
Las autoridades ministeriales informaron que por el momento la infortunada no ha podido ser identificada y sólo se dijo que se trata de una mujer con complexión delgada, baja estatura, morena clara, de 25 a 30 años de edad, quien vestía pantalón mezclilla azul, blusa negra, y sandalias de hule negras.
El hallazgo se registró minutos después de las 8:00 de la mañana, sobre una de las calles del panteón 21 de marzo, ubicado en la colonia del mismo nombre.
Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja que confirmaron la muerte de la desconocida, mientras que elementos de la Policía de Investigación acordonaron el área del crimen para poder conservar las evidencias sobre este feminicidio.
Tras las investigaciones de campo, los peritos solicitaron que el cadáver se trasladara al Semefo, donde le realizarán los estudios de ley. Se espera que pueda ser reclamado por sus familiares.
Al finalizar este sexenio, el país podría contar con parques eólicos en 14 estados, con una capacidad instalada de 14 mil 558 megavatios; el principal, Oaxaca, donde se desarrollará el Corredor Transístmico. Para los habitantes afectados por la industria eólica, los megaproyectos no traen el progreso prometido.
La Ventosa, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Las aspas de los aerogeneradores giran sin cesar, la energía que producen no se detiene ni un minuto al día. Los gigantes metálicos llegaron a esta región y con ellos, las promesas de desarrollo, progreso y trabajo; Sin embargo, la carretera transístmica divide a esta zona de producción trasnacional de la pobreza que prevalece.
Frente a los gigantes metálicos, hombres y mujeres descansan en sus patios, vestidos con ropas ligeras y huaraches de hule, en su mayoría. Dentro de sus casas no se puede soportar el clima cálido y no hay el dinero suficiente para pagar uno artificial, debido a las altas tarifas de luz que reciben de la Comisión Federal de Electricidad.
A esta zona, hace más de 1 década, llegaron a la región empresas como Alstom, General Electric, EcoWind, Energies Nouvelles, Eólica del Sur, Eolectric y se asentaron en 28 parques eólicos, algunos incluso impulsados con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
Tras su arribo, el tejido social se descompuso; para algunos de los que aquí viven, las promesas de cambio y bienestar fueron suficientes para darles entrada. Otros se opusieron, iniciaron manifestaciones de rechazo ante la destrucción del medio ambiente, procesos jurídicos, se vieron bajo amenaza y hasta llegaron a pisar la cárcel.
Los inversionistas no cesaron, se instalaron. Y es que una de las características que hacen atractiva la región es que el viento corre a una velocidad única, en todo el país. Esta también es una de las zonas que estaría contemplada en el nuevo proyecto de infraestructura que pretende construir el gobierno federal: Corredor Transístmico.
El desaliento de La Ventosa
Aquí todo está muy triste, dice Germán Valdivieso, un joven campesino que ha vivido el proceso de transformación panorámica de su comunidad, sin el beneficio del progreso prometido.
A sus 27 años, recuerda que hace más de 1 década las familias de la zona firmaban contratos con las empresas para rentar sus tierras y que se colocaran los aerogeneradores, pero “aquí vivimos tristes porque no hay nada. No hay trabajo, ni un parque bueno, donde niños o jóvenes vayan a distraerse, tampoco un mercado, y menos un hospital o un centro de salud que estuviera abierto las 24 horas, porque las enfermedades no faltan, aquí son diario y a toda hora. Son los políticos y los caciques se quedan con todo”, dice.
En esta localidad, las obras más avanzadas son las que llegaron con las compañías y la carretera que atraviesa todo el Istmo de Tehuantepec, en rededor, las calles no tienen asfalto y la mayoría de las casas se encuentran en obra negra, algunas de ellas con techos de lámina.
Los aerogeneradores lucen espectaculares desde lejos, comenta Germán, “pero no lo son para la comunidad. Ellos [los empresarios] empezaron acá con engaños porque nunca nos consultaron como comunidad. Llegaron, buscaron a los propietarios de cada terreno y empezaron a instalarse, cada vez más.
“Hablaban de traer trabajo a los jóvenes, pero no, en esta región no hay escuelas que nos den entrada a ese tipo de empleos. No hay una escuela que diga: esto es para los aerogeneradores y nos preparen en la industria”, comenta.
Germán habla del empleo que han obtenido algunos de sus familiares en los parques eólicos, como peones, en la instalación de los generadores de energía: “pero ellos mismos dicen que hacen un mal porque lastiman la tierra, sacan tanta agua para meter cemento, varillas y todo para sostenerlos, que van secando el subsuelo… En tiempos se sequía se vio cómo bajó el nivel de los pozos”, comenta.
Proyecciones futuras
Datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMEE) revelan el incremento de generación de energía que pretende darse durante este sexenio en el país y, en específico, en Oaxaca.
La AMEE indica que para 2018 había una capacidad total instalada de 4 mil 935 megavatios, en 13 estados: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Oaxaca, este último, el de mayor capacidad, con 2 mil 756 megavatios, es decir, el 55.84 por ciento.
Para este 2019, la organización incluye a Guanajuato en la lista de estados donde se instalan los aerogeneradores, con un incremento del 22 por ciento de energía, al pasar de 4 mil 935 megavatios a 6 mil 294 megavatios.
Al final de este sexenio, la AMEE proyecta una capacidad instalada de 14 mil 558 megavatios, lo que significa casi el triple de lo que se estableció en 2018, último año de gobierno de Enrique Peña.
Para 2024, la organización encargada de promover la generación y desarrollo de energía eólica en el país, “representando a los desarrolladores de proyectos eólicos ante las autoridades, sectores económicos y la sociedad”, indica que se agregarán: Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Campeche a la generación de energía.
Parque eólico, detenido
Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), dice en entrevista que a raiz de una de las asambleas que se han llevado a cabo en la comunidad de Santiago Laollaga, Juchitán, se ha detenido la instalación de un nuevo parque eólico.
“Hay que decir que todos estos parques se establecieron en el régimen de los gobiernos anteriores, sin ninguna consulta y vale la pena recalcarlo porque es curioso que cuando ya se comienza a hacer consulta, se cuestiona al procedimiento, pero ninguna voz de estas que han salido a criticar el proceso de consulta, critica si quiera los más de 28 parques eólicos que se establecieron sin consultar”, expone.
Ante la instalación de un nuevo parque en Juchitán, comenta que “el Instituto no tiene ninguna ambigüedad y les ha dicho que respalda plenamente este reclamo de la comunidad de Juchitán [de que no se lleve a cabo]; del mismo modo, se plantearon en estos foros la necesidad de revisar los procesos de establecimiento de los otros parques.
“Nosotros tenemos que ser cuidadosos, tenemos que consultar con las comunidades en donde están establecidos los parques, si es que desean hacer una revisión del proceso con el cual se establecieron y habremos de analizar las vías legales para el efectivo ejercicio de los derechos territoriales de los pueblos”, dice.
Aunque, Aguilar Ortiz reconoce que tampoco es “posible ahora que el Instituto planteé consultar parques ya establecidos. Ahí ya hay una violación consumada del derecho de consulta”.
¡Que se vayan los megaproyectos!
Ilda Cortés es otra de las habitantes de esta localidad istmeña que no ha visto reflejado el bienestar prometido. “Aquí llegaron con engaños de que nuestros hijos iban a tener trabajo, que nuestra vida iba a cambiar; al contrario, han traído gente de otro lado, vienen españoles, extranjeros a trabajar en el parque eólico y nuestros hijos careciendo de trabajo”.
Explica que la mayoría de los jóvenes de la región trabajan en los mototaxis para obtener un aproximado de 150 pesos diarios, con una jornada de las 8 de la mañana a las 9 de la noche, “pero una familia no vive con eso”.
Otro de los problemas que observa la mujer es que en el campo, no se llegan a dar las cosechas por el fuerte viento: “mi esposo trabaja el campo, está jodido, nosotros tenemos un terreno en donde tenemos pollos y cuando no tenemos dinero, mato un pollo y me lo como. También, sembramos maíz, pero no se dio, todo lo marchitó el aire”, relata.
Madre de tres varones, Ilda observa cómo cada integrante de su familia hace esfuerzos máximos por salir adelante, ante la falta de empleos. El menor de sus hijos se fue hace 1 año de mojado a Estados Unidos, para trabajar como albañil en California.
Además, habla de las carencias que enfrentan como sociedad ante la falta de un hospital, de medicamentos, médicos ni aparatos. “Si te da fiebre, diarrea o vómito y logras llegar a Juchitán, ya la libraste; eso si tienes un vehículo para moverte.
“Aquí la vida no es como la pintan los políticos: hay carencia, no hay trabajo, los jóvenes que tienen familias se fueron a Monterrey, Ciudad Acuña u otras ciudades a donde hay trabajo. La gente tiene que salir fuera porque aquí estamos jodidos”, relata la mujer que a sus 47 años padece de uno de sus riñones y le es urgente la atención médica más cercana.
Ante la puesta en marcha del proyecto del Corredor Transístmico espeta: “¡Ya no queremos más megaproyectos, que se vayan de aquí… mucho menos la minería! Nos están jodiendo, nos están enfermando. Necesitamos más campo, comida, trabajo”.
El Corredor
El pasado el 14 de junio pasado fue ratificado en el Diario Oficial de la Federación la creación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a través del decreto por el que se crea el “organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.
En el primer artículo establece los lineamientos:
I. Procurar, mediante inversión pública y privada, la construcción de la infraestructura física, social y productiva necesaria para fortalecer la base económica de la región del Istmo de Tehuantepec;
II. Promover, a través de la realización de los actos jurídicos necesarios, la modernización de la infraestructura física y la capacidad productiva de la región del Istmo de Tehuantepec;
III. Mejorar, a través de la coordinación de entidades públicas y privadas, la infraestructura, la seguridad y la actividad productiva para superar el rezago de la región del Istmo de Tehuantepec;
IV. Colaborar con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que el desarrollo que genere su actividad se realice en un ámbito que preserve la cultura, las costumbres de la región del Istmo de Tehuantepec, la identidad de los pueblos indígenas y la protección de los recursos naturales, y
V. Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución de los mecanismos de planeación correspondientes que, en su caso, se aprueben en términos de la Ley de Planeación.
Sin embargo, para las personas que habitan esta parte de la región, este es un proyecto que no ha sido bien difundido entre quienes estarán en la zona de desarrollo, así lo comenta Uriel Valdivieso, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.
—¿Qué sabe la comunidad del proyecto del Corredor Transístmico?
—Lo he visto en la televisión, hace como un mes se hizo una consulta, pero no avisaron a ninguna comunidad indígena, a algunos líderes políticos; en sí, no se informó cuál va a ser el impacto, qué beneficios.
“Yo estuve cuando se hizo la consulta y mucha gente no la aceptó porque no dieron una previa información de lo que se trataba; entonces, la gente no estuvo muy contenta.
“Además, se hizo en un lugar muy escondido… Nosotros tuvimos que viajar 50 minutos para llegar ahí y, es más, al pueblo de La Ventosa no se le invitó. Nos enteramos por la organización.
“Hay muchos proyectos de minería en la región, ellos no dan paso sin huarache; entonces, ese tren (comprendido en el proyecto del Corredor Transístmico) les va a ayudar a mover sus materiales. Tenemos proyectos de minería en La Ventosa por 10 mil hectáreas y quieren desaparecer cerros, flora y fauna en peligro de extinción, nosotros estamos en contra de esto.”
—¿Cuál ha sido el impacto en la región de los parques eólicos?
—Ha sido negativo, estas empresas llegaron y prometieron trabajo, una modernización del pueblo, un avance y no se ha visto nada. Aquí no tenemos un buen sistema de salud, a las 12 de la tarde ya no te puedes enfermar porque no te dan atención médica, sábados y domingos, no te enfermes porque te mueres, no hay ambulancia, no tenemos una biblioteca una unidad deportiva, el pueblo está igual o peor porque han causado riñas entre los pobladores, no hay nada de bueno en esto.
“Además, generan contaminación auditiva, estás en tu casa y se escucha el ruido de las hélices de los motores, vas al campo y encuentras animales muertos porque han chocado con estos aparatos, la flora fue destruida.”
OCOYOACAC, Edomex., 24 de julio de 2019.- El defensor municipal de los derechos humanos de Ocoyoacac, Javier Sierra, denunció que tiene reportes de que los nuevos trabajadores contratados por el Ayuntamiento que preside Anallely Olivares Reyes, están siendo contratados sin que se les brinde seguridad social, lo que viola los derechos laborales. Indicó que esta política forma parte de las supuestas medidas de austeridad aplicadas por la alcaldesa, asimismo, también detectó que los trabajadores han sido presionados para que, al ser contratados, firmen su renuncia sin fecha, si quieren entrar a laborar, de esta manera, el ayuntamiento puede despedirlos sin cuestionamientos y en el momento en que lo deseé. Señaló que las irregularidades en la actual administración se están acumulando, y acusó que el plan de trabajo en materia de derechos humanos del municipio de Ocoyoacac, se han visto obstaculizados por falta de presupuesto y apoyo técnico por parte de la administración local, por mostrar su desaprobación a lo que ocurre en este municipio del Valle de Toluca. Adelantó que interpondrá una denuncia formal ante la Contraloría del Poder Legislativo para que se investiguen las irregularidades y una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de México para que investigue lo que ahí sucede. Señaló que el Órgano Superior de Fiscalización deberá intervenir para conocer el destino de los recursos públicos destinados a la seguridad social de los trabajadores contratados y que no se está ejerciendo.
A pesar de que en su visita a San Luis Potosí realizada durante el mes de octubre del 2018 el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a evitar la práctica del “tracking” (sic) como método para la extracción de hidrocarburos en territorio potosino y en cualquier otro estado del país, hay indicios de que una empresa foránea se apresta a iniciar la explotación de los mismos en el pozo de ébano como lo denuncia en este medio el miembro del organismo “observatorio indígena mesoamericano” Juan Felipe Sánchez Cisneros lo que se está a tiempo de impedir y evitar así que se emprenda en forma la extracción de gas y petróleo mediante la fracturación hidráulica cuyos alcances destructivos pueden causar daños ambientales irreversibles a la región huasteca.
Como es sabido durante el último año de mandato del presidente Enrique Peña Nieto surgieron versiones respecto de que la secretaría de energía había expedido autorizaciones a Pemex y otras compañías extranjeras para la explotación de combustibles en algo así como doce municipios huastecos mediante el tracking (sic) que consiste básicamente en el empleo de cientos de toneladas de explosivos para despejar las capas de tierra
y abrirse camino hasta los yacimientos de los hidrocarburos con el peligro evidente de destruir los mantos acuíferos y desaparecer ecosistemas completos como lo han advertido expertos en el tema.
Si bien , la amenaza de que la administración peñista abriera las puertas al tracking (sic) de alguna manera la contuvieron las muestras de rechazo de los activistas ambientales de la zona y la promesa del anterior gobierno federal de no permitirlo la denuncia del integrante del observatorio indígena pone de manifiesto el nuevo intento de obtener la aprobación para la extracción de combustibles acudiendo a esa práctica peligrosa para el medio ambiente que puede acabar con los mantos acuíferos de la huasteca y dañar irreparablemente los ecosistemas que alberga, tal y como lo hizo impunemente en Cerro de San Pedro la Minera San Xavier.
CABOS SUELTOS
Tienen razón las voces de alarma por el retraso en las obras de construcción de los nuevos brazos de construcción por el riesgo que se corre de no concluirla durante el mes de septiembre tal y como se comprometió la seduvop y los constructores ante el gobernador Juan Manuel Carreras López… Además del nuevo aeropuerto que se construirá en Tamuin otra obra
complementaria que contribuirá decisivamente a detonar el desarrollo de la huasteca es la carretera de cuatro carriles que partirá de Ciudad Valles a Tamazunchale ya aprobada por el presidente AMLO pues vendrá a conectar eficientemente toda la región y pondrá fin a los problemas de movilidad en esa ruta…
Huele a serrín entre los pinos. Ese aroma a madera casi recién cortada se esparce por mitad del bosque. Son las 13:00 horas del sábado 20 de julio. Nos encontramos en un paraje con vistas a Shomulco, en el Bosque de Agua, en un punto cercano a San Juan Atzingo, en el Estado de México. Para acceder aquí hay que manejar unos 20 minutos por terracería y caminar otro par de minutos a través de un camino forestal. Dos días atrás, este lugar se convirtió temporalmente en un aserradero. En el suelo hay restos de serrín, todavía brillantes, lo que evidencia que son recientes, y tablas que los talamontes no se llevaron todavía. Hay troncos destrozados y maderas desparramadas.
Así operan los grupos dedicados a la deforestación ilegal. Llegan, arrasan y se marchan.
“Vendrán hoy o mañana a cargar con lo que falta”, dice Misael Zamora, de 28 años, activista por la defensa de los bosques al que ahora acusan de practicar la deforestación ilegal. Quiere mostrar cómo actúan los grupos ilícitos a los que se enfrentado toda la vida. Los mismos que mataron a su hermano en 2007.
“Mira esos dos árboles”. Señala a un par de pinos que se alzan unos 20 metros pero que no superarán los 25 centímetros de diámetro. “Les quedan dos días”, asegura, pesimista.
La tala ilegal se ha convertido en un grave problema para el Bosque de Agua, que surte de tres cuartas partes de las necesidades acuíferas de la Ciudad de México. En realidad, el problema es de todo el país. Según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entre 2001 y 2017 se perdieron 3. 2 millones de hectáreas de bosque, lo que equivale al 6% del terreno forestal del país.
En esta zona la tala es constante. No hay jornada en la que no opere algún grupo. Según Félix Alberto Linares González, presidente municipal de Ocuilan, donde se ubica San Juan Atzingo, en la zona se talan cada día 400 árboles, 12,000 hectáreas en dos décadas y media entre lo que se tala, las plagas y los incendios.
“Si seguimos así, en tres décadas no habrá bosque”, lamenta.
Linares González ha encabezado protestas y sube habitualmente videos en los que muestra los “destrozos” provocados por los “talamontes”. Una de estas incursiones a lomas arrasadas casi le cuesta la vida. Ocurrió el pasado tres de julio. Relata que se paró en un tramo de la carretera entre Santa Mónica-Cuernavaca, a la altura de Lagunas de Zempoala para grabar una zona que había sido recientemente talada. Avanzó un par de kilómetros y recibió varios disparos. Una de las balas impactó en su camioneta, aunque él resultó ileso.
Según explica, el negocio ilícito ha evolucionado rápidamente en los últimos años. Pasó de ser una tala “clandestina” pero no perseguida a “ilegal”. De ahí fue sofisticándose. De “tala hormiga” a “delincuencia ambiental organizada”. De “delincuencia ambiental organizada” a “cadena delictiva forestal”. Lo que todos estos nombres indican es que, conforme pasa el tiempo, se involucran más personas y más sectores. De un negocio casi municipal se pasa a una estructura que involucra no solo halcones para vigilar y hombres armados para proteger a los tipos de la motosierra, sino también la participación de grandes empresas madereras.
Los pobladores denuncian que los camiones cargados salen de la zona día con día. Foto: Alejandro Ponce.
“Se está talando en el medio rural, pero el recurso se queda a los madereros. La gente de las comunidades se queda como obreros de ellos”, dice.
Según Linares González, la explicación de por qué los pobladores se suman a esta práctica ilegal está en los escasos recursos destinados para el campo. “Un talamonte puede ganar 2,500 pesos a la semana. Por eso es atractivo”, afirma.
En su opinión, el incremento de la sofisticación de estos grupos delictivos implica que se incremente también otros ilícitos. “Tienen armas, vehículos, radios. Así que comienzan a asaltar camiones o practicar secuestros”, dice. Aquí también se añade la corrupción de funcionarios públicos que colaboran con estas redes.
En la zona, todos hablan de la impunidad con la que actúan los “talamontes”. Autoridades locales aseguran haber tocado todas las puertas sin éxito. Y quien debería actuar, que es Profepa, Samarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) o Probosque (agencia del Estado de México), muestran estadísticas de operativos, pero reconocen que ni se acercan a poner fin al problema. Además, las instituciones se pasan la responsabilidad unas a otras como una papa caliente.
Piden Guardia Nacional, pero les responden que está en la frontera
“Está totalmente destrozado el bosque. Existen taladores, gente que se dedica exclusivamente a la tala clandestina. Se ha denunciado ante Profepa y Probosque pero no han hecho caso las autoridades”. Jacobo Encarnación Zamora tiene 49 años y es delegado de la comunidad de San Juan Atzingo. El sábado participó en un evento de reforestación al que se sumaron vecinos del municipio de Ocuilan y trabajadores de la firma Walmart.
“Hemos hecho varias protestas, nos dicen que lo resolverán, pero no hacen nada”, afirma. Los vecinos del municipio han marchado en Ciudad de México, han bloqueado las carreteras, incluso cerraron las puertas del congreso del Estado de México. Todo ello, sin resultados.
La tala ilegal afecta a la biodiversidad del Gran Bosque del Agua, erosionando suelos y afectando manantiales. Foto: Alejandro Ponce.
“Nos recibió una comisión del Congreso y les pedimos el despliegue del Ejército. Nos dijeron que están todos los efectivos en las fronteras sur y norte. Nos prometieron que vendría Policía Federal, pero solo pasa por la carretera”, protesta.
La misma opinión tiene Margarito Nery Carlos, de 55 años, comisariado del territorio indígena tlahuica. Explica que la zona que a él le corresponde proteger comprende unas 18,000 hectáreas, pero que ya han sido taladas 5,000.
“He llegado a Profepa, a Semarnat, a Gobernación, con Alfredo del Mazo, a Probosque. Pero el gobierno no nos escucha, no hace caso”, lamenta.
“No sé si hay falta de voluntad o en el gobierno hay peces gordos que son cómplices o que nadie quiere meter las manos”, se queja. El comisariado es entrevistado mientras participa en la reforestación de El Poleo, una zona cercana a San Juan Atzingo. El problema es que, por mucho que la población vuelva a plantar árboles, pasarán muchos años hasta que el paraje recupere la frondosidad de antaño. Mientras habla, Margarito Nery Carlos señala a su espalda. Tras él, decenas de pinos talados abren un claro en mitad de una pequeña quebrada. Cuentan los pobladores que esto antes tenía una apariencia selvática. Y “antes” es hace tres años. Pero las motosierras funcionan a todo rendimiento.
“Los gobiernos federal y estatal tienen todas las coordenadas. Pero no hacen nada”, afirma.
Instituciones que miran a otras instituciones
La otra parte de la historia la ofrece Edgar Consuelo, director de Probosque, agencia del Estado de México. Dice, en entrevista telefónica, que su operatividad depende de los convenios que firma con Profepa. Afirma que hubo tres períodos en los que su institución tuvo atribuciones completas para las inspecciones: entre abril de 2004 y septiembre de 2005; entre junio de 2007 y septiembre de 2011 y entre agosto de 2013 y septiembre de 2017. Dice que, desde entonces, están esperando para firmar un nuevo acuerdo.
Mientras tanto, algunas cifras.
En 2017 y 2018, 336 operativos cada año.
En 2017 y 2018, 240 filtros en el transporte para detectar madera ilícita.
En 2017, 137 inspecciones a industrias. Una cifra que, en 2018, desciende a 18.
En 2017, 93 inspecciones a predios. Una cifra que, en 2018, desciende a 16.
“Esto es por la falta de las atribuciones. Cuando Profepa te lo solicita, lo hacemos, cuando no, no se realiza”, argumenta.
El director de Probosque identifica cinco puntos críticos en el estado: Nevado, el corredor biológico de Chichinautzin, el valle de Bravo y la reserva de la biosfera de la mariposa monarca.
Micaela Ruperto Raymundo, originaria de San Juan Atzingo, forma parte de los grupos dedicados a la reforestación. Foto: Alejandro Ponce.
Señala que no tiene datos sobre cuántas hectáreas desaparecieron en el Estado de México en los últimos años. Sí que conoce las incautaciones: 880 metros cúbicos en 2017 y 656 en 2018. Es decir, que ciertos operativos y confiscaciones van a la baja a pesar de que todo el mundo concuerda en que la tala ilegal se ha incrementado.
Lo que sí aumentó entre 2017 y 2018 es el número de detenciones por presuntos delitos ambientales vinculados a la tala ilegal: de 107 se pasaron a 165.
La procuraduría presenta sus propias cifras. Fuentes de la institución señalan que entre 2017 y este año “se realizaron 7,003 inspecciones a predios y aserraderos, 2,248 recorridos de vigilancia y 448 operativos en materia forestal, obtenido el aseguramiento de 30,662 metros cúbicos de madera, 586 vehículos, 658.6 toneladas de carbón vegetal y 1,099 herramientas y equipos, así como la clausura de 149 aserraderos y la puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal de 74 personas”.
“En 2019 se han desarrollado 14 operativos especiales, 53 recorridos de vigilancia, 5 inspecciones a centros de almacenamiento o transformación, 6 inspecciones a predios, 28 filtros de revisión al transporte, con 5 personas puestas a disposición del Ministerio Público Federal, el aseguramiento de 8 herramientas o equipos, 4 motosierras, 12 vehículos, 261.6 metros cúbicos de madera, 902 kilso carbón, 2 centros clausurados o desmantelados y 3 predios clausurados”, añaden estas fuentes.
Desde la procuraduría advierten que las labores contra la tala ilegal no se limitan a su trabajo y defienden la colaboración ciudadana.
Se trata, precisamente, de la misma receta que proponen las autoridades locales de San Juan Atzingo. Los mismos que llevan años quejándose de que nadie hace caso a su petición de ayuda para frenar la deforestación.
Militares mexicanos reguardan la escena de un crimen en el norteño estado de Chihuahua. (Archivo) Crédito: Spencer Platt/Getty Images
Janet Cacelín/Univisión Noticias.
En junio de 2019 hubo un promedio de 102.6 asesinatos al día. Los estados con los niveles más altos de homicidios son Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Estado de México y Jalisco. Entre las causas se cuentan el flujo de armas y las disputas entre bandas del crimen organizado.
CIUDAD DE MÉXICO.- La primera mitad de 2019 se convirtió en el periodo más violento en la historia de México, con un promedio de 97 asesinatos por día. La cifra llegó a ese pico luego de que en junio se contabilizaran 3,080 asesinatos, que sumados a los de meses anteriores, acumulan 17,608 homicidios y feminicidios en seis meses.
De acuerdo con datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio de 2019 hubo 102.6 asesinatos al día, similar a febrero, cuando se contaron 102.7 asesinatos diarios. Estos son los dos meses con el mayor nivel de violencia homicida de la historia, ambos en 2019.
Esta alza se da justo en el primer periodo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha señalado que el incremento de la violencia es parte de la descomposición social que heredó de gobierno anteriores.
Sin embargo, aunque durante los primeros meses expertos en seguridad y organizaciones de derechos humanos atribuían este incremento a la misma razón, ahora, con más de 7 meses de transcurrido el gobierno, aseguran que se trata de un descuido en las políticas de seguridad.
“Andrés Manuel López Obrador comenzó a tomar las riendas del gobierno desde el 2 de julio de 2018, un día después de ganar las elecciones, y el 1 de septiembre su partido, Morena, tomó el control del Congreso. Además, antes de iniciar su sexenio le dieron varios recursos jurídicos muy importantes. Entonces esto nos dice que en este nuevo gobierno están haciendo lo mismo que en sexenios anteriores”, señala Javiero Oliva, experto en temas de seguridad nacional.
Las causas de la violencia
Las últimas cifras del gobierno señalan que los estados con los niveles más altos de homicidios son Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Estado de México y Jalisco. La mayoría de estos estados han sido lugares de disputas entre bandas del crimen organizado y del contrabando de combustible, también llamado huachicoleo.
Sin embargo, según Oliva, existen otras causas del incremento de la violencia que se vive en México, una de ellas es el flujo de armas. De acuerdo con datos del gobierno de México, de cada 10 armas que hay en el país, 9 provienen de Estados Unidos. Además, hay alrededor de 17,000 armerías en los estados fronterizos con México y cada vez se introducen armas más potentes.
“Estos conflictos en buena parte son resultado del crimen organizado. Hay también un proceso muy serio de descomposición social donde por distintos segmentos de la población se están aliando al crimen”, refiere Oliva.
Otra causa, según el experto, es que debido a que en estados como California y Nevada ya es permitido el consumo de marihuana con fines lúdicos, los productores mexicanos ahora buscan que se venda en México, lo que genera disputas por el control de la venta al menudeo y con ello más violencia.
Desde el año 2017, México ha ido rompiendo récords por sus estadísticas de criminalidad, y, hasta ahora, 2018 había sido considerado el año más violento en la historia del país, con 33,369 homicidios. Fue en 1997 cuando comenzaron a llevar este conteo.
Guardia Nacional, ¿el remedio para esta ola de asesinatos?
Para combatir este incremento, el 1 de julio, un día después del periodo final de las últimas estadísticas registradas por el Secretariado Ejecutivo, el gobierno mexicano inició las operaciones de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad formado por militares, oficiales navales y policías para combatir la inseguridad en el país.
Sin embargo un numeroso grupo de estos miembros de seguridad fueron destinados a cuidar las fronteras norte y sur de México para disminuir el flujo de migrantes que cruzan el territorio con rumbo a Estados Unidos.
Además, hasta finales de junio, cuando inició oficialmente el despliegue de estas fuerzas, el Congreso no había aprobado leyes que regularan sus operaciones, una omisión que fue critacada por expertos en seguridad.
“La Guardia Nacional fue anunciada por AMLO desde el mes de septiembre, por lo que tuvieron 11 meses para organizarla, pero falló la comunicación interna, el proceso de instrumentación y el proceso de aplicación”, detalla Oliva.
Este cuerpo de seguridad inició labores con 70,000 elementos en 150 regiones en una primera etapa. Se espera que aumente a 266 en el país, incluida la Ciudad de México.
A finales de abril, López Obrador pidió un tiempo de seis meses para reducir estos índices de violencia y consolidar su estrategia de seguridad basada en tres puntos: la mejora del bienestar de la ciudadanía, la creación de la Guardia Nacional y la erradicación de la corrupción.
La violencia sigue rompiendo récords en México en 2018 (fotos)
Según cifras oficiales publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 se cometieron 15,943 homicidios dolosos en México, más de los 12,185 asesinatos que se habían contabilizado en el mismo período en 2017, el año más violento que se había registrado hasta ahora. En la fotografía, una víctima de la violencia en Acapulco, Guerrero, donde se cometieron 1,613 asesinatos en la primera mitad del año 2018. Crédito: Francisco Robles/Reuters
Residentes y policías frente a una casa donde 11 personas fueron encontradas muertas despues de ser torturadas el 3 de agosto de 2018 en Ciudad Juárez, Chihuahua. En el primer fin de semana de agosto, como parte de una intensa ola de violencia, se cometieron al menos 30 asesinatos en 24 horas. Según cifras oficiales, en el estado fronterizo de Chihuahua se cometieron 1,232 homicidios dolosos entre enero y junio de este año. Crédito: Jose Luis Gonzalez/Reuters
Según el diario El Universal de México, en el estado fronterizo fueron asesinadas al menos 897 personas desde enero hasta finales de diciembre de 2017, un 40% más que en 2016, cuando se registraron 538 casos en el mismo período. En la fotografía, trabajadores forenses entierran un cadáver no reclamado en una fosa común en el cementerio de San Rafael, en Ciudad Juárez, el 23 de julio de 2018. Crédito: Jose Luis Gonzalez/Reuters
Familiares de la periodista Alicia Díaz González durante su funeral, una de los al menos 10 comunicadores que han sido asesinados en México en 2018. González fue hallada muerta el 25 de mayo de 2018 en su casa en Monterrey, en el norte de México. Crédito: Julio Cesar Aguilar/Getty Images
Juan Carlos Huerta, un periodista de radio y televisión del sureño estado mexicano de Tabasco, fue asesinado el 15 de mayo de 2018 en Villahermosa, Tabasco. Desde 2000, más de un centenar de comunicadores han sido asesinados en México por razones vinculadas al ejercicio de su profesión. Crédito: Julio Cesar Aguilar/Getty Images
José Remedios Aguirre, candidato a la alcaldía de Apaseo el Alto, Guanajuato, por el Partido Morena, fue asesinado el 12 de mayo de 2018 en plena campaña. Fue uno de los más de 150 políticos asesinados en el ciclo electoral 2017-2018, el más violento en la historia del país. Crédito: Gustavo Becerra/Getty Images
Mayo de 2018 se convirtió en el mes más sangriento en la historia de México, al registrarse 2,890 víctimas de asesinato, es decir, casi cuatro homicidios por hora, según las últimas cifras dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La fotografía fue tomada en Culiacán, Sinaloa, donde los forenses toman fotos de los cuerpos a la intemperie de tres personas asesinadas en junio de 2018. Crédito: Rashide Frias/Getty Images
Las autoridades mexicanas contaron 400 feminicidios en la primera mitad de 2018. En 2017, se habían registrado 1.09 de este tipo de delitos por cada 100,000 habitantes y 0.93 en el año 2016. En la fotografía, dos cuerpos sin vida de mujeres asesinadas en Acapulco, Guerrero, en febrero de 2018. Crédito: Francisco Robles/Getty Images
Una disputa de tierras de décadas de duración terminó con el asesinato de 13 personas en San Lucas Ixcotepec, Oaxaca, en julio de 2018. Según datos oficiales, entre enero y junio de este año se cometieron 88.7 homicidios por día, o 3.7 por hora. Crédito: Jorge Luis Plata/Reuters
El presidente electo Andrés López Obrador visitó el 7 de agosto Chihuahua para comenzar una serie de foros con el objetivo de trazar la ruta para erradicar la violencia en el país, que en 2018 ha alcanzado niveles récord. La fotografía es de un cuerpo sin vida luego de ser asesinado en una calle de Acapulco, Guerrero, en abril de 2018. Crédito: Francisco Robles/Reuters
Reconstrucción en vivienda de Xochimilco. (Cuartoscuro)
JORGE ALMAZÁN/Milenio.
El comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que tras una inspección a 23 edificios que resultaron dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, recibieron recursos del gobierno anterior, se encontró que no se comprobaron gastos por más de 124 millones de pesos, dividido en 10 inmuebles, de manera satisfactoria.
?“Las empresas involucradas tiene hasta el próximo 9 de agosto para solventar las insuficiencias tanto técnicas como económicas de 124 millones 181 mil 835 pesos con 86 centavos, y de no cumplir se iniciarán procedimientos de sanción”, dijo.
Al presentar el “Informe de inspección de obras multifamiliares con recursos de la anterior administración”, que se realizó en las últimas seis semanas, preciso que estos “procedimientos” serán girar un oficio a los administradores de los edificios para que no liberen ningún otro pago a las empresas. “Esto se hará salvo que la propia Comisión de Reconstrucción, determine que es necesario realizar los pagos para el avance de las obras”. Agregó que si las empresas que tienen un monto no comprobado satisfactoriamente no logran demostrar el gasto de manera eficiente, tendrán que devolver el recurso y/o realizar obras complementarias en favor de las personas damnificadas de los edificios que les fueron asignados. De estas 10 obras la que presenta el mayor adeudo es la realizada en la rehabilitación del edificio Aluminio 166, en la colonia Rastro Popular, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde la empresa constructora es Diseño Arquitectónico y Construcciones S.A. de C.V.; la empresa supervisora está a cargo de José Gerardo Márquez Garza y la empresa inspectora es Grupo Real de Catorce S.A. de C.V. “El monto contratado fue de 39 millones 930 mil 396 pesos y 1 centavo, su reporte dice que se ejecutó el total del recurso, pero no han comprobado con satisfacción 34 millones, 636 mil 629 pesos y 43 centavos”, advirtió Cravioto Romero. Respecto de la documentación les falta la del proyecto para completar expediente; la supervisión deberá entregar toda la documentación de obra; no se exhibieron estudios complementarios y solicitarán al Instituto para la Seguridad de la Construcciones (ISC) revise los faltantes de estudios para determinar si son o no son necesarios. Un segundo ejemplo fue el de la rehabilitación de la unidad habitacional Tlalpan 2A, 2B y 2C, donde la constructora fue Gerencia y Administración de Proyectos S.A de C.V; la supervisora, Bybco S.A. de C.V, y la inspectora, Ingeniería, Asesoría y Consultoría S.A. de C.V. “En este caso, el monto contratado fue de 83 millones 625 mil 033 pesos con 75 centavos, ellos reportaron que se ejecutaron 74 millones 589 pesos con 63 centavos, pero no comprobaron satisfactoriamente 28 millones 310 mil pesos, y deben entregar una serie de documentos que no tenían”. Asimismo, habló de la rehabilitación de la unidad habitacional Tlalpan 3C, donde la empresa constructora fue Desarrollo de Proyectos Especializados S.A. de C.V.; la supervisora era Ingeniería Integral Internacional S.A. de C.V., y la inspectora, Diprocssa. “Aquí, el monto contratado fue de 38 millones 294 mil 912 pesos con 87 centavos, se ejecutaron 31 millones 165 mil 782 pesos con 20 centavos; pro no se han comprobado satisfactoriamente 14 millones 380 mil 481 pesos con 57 centavos, además de que le faltan diversos documentos”. Subrayó que si las empresas que están siendo inspeccionadas no colaboran con la Comisión para la Reconstrucción y la secretaria de la Contraloría, serán boletinadas para no tener más contratos en la ciudad, además de iniciar procedimientos administrativos y legales en su contra. “Se solicita a los administradores que tienen recursos públicos que colaboren con la Comisión y la Contraloría para terminar satisfactoriamente con este proceso”. Añadió que estas inspecciones tienen como propósito garantizar que los damnificados regresen a una vivienda digna y segura, y de ninguna manera entorpecerá los trabajos de obra que se realizan en los distintos edificios. https://www.milenio.com/politica/cdmx-faltan-empresas-comprueben-recursos-reconstruccion
De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Investigación de Personas Desaparecidas, No localizadas, Ausentes y Extraviadas, en lo que va de 2019 han desaparecido aproximadamente 3 mil 100 personas, de las cuales mil 765 ya fueron localizadas.
Tan solo en lo que va de este mes, hay 153 casos, de la cuales 92 siguen con alerta de búsqueda y 61 ya fueron encontrados.
En el numeroso listado de fichas Odisea, destaca que en este último lapso desaparecieron y aún no han sido localizadas 33 niñas, 14 niños, 19 mujeres y 26 hombres, dando un total de 92 personas que en estos momentos son buscados por familiares y autoridades.
El resto ya fueron encontrados.
En el caso de menores de edad, es sumamente frecuente que sean sustraídos por alguno de sus padres durante un proceso de divorcio o conflicto intrafamiliar, sin embargo, de igual manera las autoridades estatales se abocan a la búsqueda.
En los esfuerzos de localización, también hay casos como el de los habitantes de los municipios de la zona oriente del Estado de México, quienes han participado en el programa “Ayudamos a buscar a tu familiar”, impulsado por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, y que consiste en la toma de muestras ADN a familiares directos de personas desaparecidas para compararlas con las bases de datos nacionales de identificación de cadáveres y restos humanos.
Caso Nimbe
Entre las fichas Odisea se encuentra la de Nimbe Selene Zepeta Xohihua, quien desapareció desde el pasado 30 de mayo en el municipio Los Reyes La Paz.
La adolescente de 17 años fue vista por última vez cuando tomó transporte público para dirigirse a su escuela y ya no la volvieron a ver sus familiares. Su padre, Ángel Zepeta Pérez, recriminó a las autoridades que, pese a que su hija era menor de edad, no se activó la alerta Amber sino hasta el 27 de junio la Alerta Odisea y el Protocolo Alba.
Tras la intimidación de elementos de la Guardia Nacional al Centro de Atención al Migrante Exodus, ubicado en Agua Prieta, Sonora, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) activó sus medidas de protección para los 133 albergues que tiene a lo largo del país. El secretario ejecutivo de la Dimensión de Movilidad Humana de la CEM, Arturo Montelongo, lamenta que, por medio de la Guardia Nacional, el gobierno mexicano le esté haciendo el “trabajo sucio” al presidente estadunidense Donald Trump, criminalizando la migración.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “¡Vamos a entrar al albergue! ¡Venimos a realizar una verificación migratoria!”, les dijeron los agentes de la Guardia Nacional (GN) a los encargados del Centro de Atención al Migrante Exodus, localizado en la ciudad sonorense de Agua Prieta.
–¡No! ¡Aquí no pasan! Este es un lugar privado –los atajó en la entrada Perla del Ángel Martín, una de las trabajadoras voluntarias de ese albergue fronterizo.
Molestos, los cerca de 20 guardias se vieron unos a otros. El jefe del grupo se acercó a Del Ángel y, mirándola a los ojos, le dijo amenazante:
–Mire, este es un lugar público. Más vale que nos dejen entrar. Venimos a ver cuántos migrantes tienen, con qué donativos se están financiando ustedes y quiénes les dan esos apoyos.
–Aquí no entran. ¿Traen una orden escrita para poder inspeccionar? –le preguntó Del Ángel.
–No, no la traemos. Y ya déjenos entrar para hacer nuestra inspección –insistió el guardia.
Desde el interior del albergue, los atemorizados migrantes atisbaban a los guardias que habían llegado a bordo de tres vehículos militares. Al convoy se sumaron dos vehículos más. En un momento se juntaron más de 30 elementos de la GN, con uniforme castrense y portando armas largas.
A través de sus teléfonos celulares, los guardias reportaban el incidente a las oficinas locales del Instituto Nacional de Migración (INM), mientras que los encargados del albergue, para asesorarse, telefoneaban a la coordinación regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a las autoridades eclesiásticas de la Diócesis de Nogales, que maneja esta casa del migrante.
Más tarde arribó el director del albergue, el sacerdote Ricardo Silva. También él se opuso a la entrada de los uniformados, quienes recibieron una llamada telefónica. Al parecer les ordenaron retirarse. Se subieron a sus vehículos y abandonaron el lugar. El altercado se había prolongado durante casi dos horas. Era la noche del 23 de junio pasado.
Perla del Ángel Martín, quien relata el incidente, cuenta que a partir de entonces están en alerta las casas para migrantes en esa línea fronteriza:
“Estamos en permanente contacto unas con otras; lo mismo con organizaciones de derechos humanos, pues en cualquier momento puede volver a irrumpir la Guardia Nacional en algún albergue, con la intención de capturar migrantes”, dice.
–¿Son ilegales estos operativos?
–Totalmente, pues la Ley de Migración, en su artículo 76, señala que no se pueden realizar verificaciones migratorias en estos albergues. Estos operativos violan además el artículo primero constitucional, referente al respeto a los derechos humanos.
Un estreno intimidante
Los focos rojos prácticamente se encendieron en los 133 albergues y centros de atención para migrantes que, como el de Agua Prieta, maneja en todo el país la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la institución con mayor infraestructura para atender a esta población vulnerable.
El sacerdote Arturo Montelongo, secretario ejecutivo de la Dimensión de Movilidad Humana de la CEM y quien a nivel nacional coordina el trabajo de estos albergues, comenta preocupado:
“Vendrán cosas muy graves si se repiten incidentes como el de Agua Prieta, donde la Guardia Nacional ya empezó a criminalizar la migración. ¡Imagínese! Bajo esa concepción se verán nuestros albergues como centros de delincuencia. Y esto no sólo afectará a los migrantes, sino también a los defensores de sus derechos humanos. Todos nos convertiremos en delincuentes.
“¡Claro! No faltará algún ‘coyote’ o traficante de personas que de pronto se cuele por ahí. Puede ocurrir. Mas no por eso debe criminalizarse a todos los migrantes, quienes lo menos que quieren es delinquir mientras están de paso en algún país (de tránsito) o llegan a su destino. No les conviene cometer delitos. Sería patear el pesebre.
“Por lo pronto, a través de la red de comunicación que tenemos entre los 133 albergues y casas de atención del episcopado estamos en alerta, al pendiente de cualquier otro incidente que pueda ocurrir.”
–¿Qué opinión le merece el que la Guardia Nacional se haya estrenado con operativos antimigrantes?
–Mire, ya de por sí es muy violento el solo hecho de que a la Guardia Nacional se le presente como un freno a la migración; eso es violentísimo en lo sicológico.
Nosotros, desde el principio, veíamos muy difícil la pretensión del presidente estadunidense Donald Trump de construir un muro en su frontera con México; difícil y a la vez ilógico. Pero ahora la Guardia Nacional hace las veces de muro, tan obstructivo como lo puede ser un muro material.
“El Instituto Nacional de Migración, en principio, no debe hacer uso de la fuerza. Pero la Guardia Nacional viene con la idea de que puede recurrir a la fuerza para detener migrantes y hacer revisiones en albergues, poniendo en peligro la integridad de las personas. Ojalá y no se llegue a eso.
“Pero tristemente hemos visto fotografías en los medios donde elementos de la Guardia Nacional les impiden a migrantes cruzar el Río Bravo para internarse en Estados Unidos. Eso no debe ser. Ese trabajo le corresponde a las autoridades estadunidenses, porque son ellas las que no quieren que crucen sus fronteras. Pueden hacer lo que quieran en su territorio. Aquí la Guardia Nacional no tiene por qué hacerles el trabajo sucio.”
Contra los muros humanos
En sus oficinas de la Dimensión de Movilidad Humana, el sacerdote Montelongo, con 19 años de trabajar en la pastoral para migrantes, asegura sin tapujos:
“Aquí en México ya estamos aplicando las leyes migratorias de Estados Unidos. Y todo por un capricho de Donald Trump, quien amenaza con imponer medidas arancelarias a nuestros productos en caso de que no apliquemos su política migratoria. ‘Te impongo aranceles si no me detienes a los migrantes’; esa es su amenaza, basada en sus cálculos políticos.
“Y el enviar a México a los solicitantes de asilo en Estados Unidos es echarlos simplemente a su patio trasero. Esto nos crea problemas de asistencia humanitaria en la frontera norte. Al menos nuestro gobierno debería exigirle al estadunidense que agilice los trámites de asilo para tantas personas.
“Este capricho de Trump nos lleva perder algo muy valioso: nuestra soberanía. ¿Dónde queda nuestra soberanía? ¿Somos ya títeres del gobierno estadunidense? Por lo pronto, al enviar a la Guardia Nacional a contener migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador le está haciendo el trabajo sucio a Trump.”
Apenas anunció López Obrador el despliegue de la GN en la frontera sur, la CEM emitió un comunicado el pasado 10 de junio para oponerse a la medida. Dijo ahí:
“Desplegar 6 mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur no es una solución de raíz que atienda a las verdaderas causas del fenómeno migratorio. El combate a la pobreza y a la desigualdad en México y en Centroamérica pareciera quedar sustituido por el temor ante el otro, nuestro hermano.”
Y sobre la decisión gubernamental de bloquear a los migrantes para impedir la imposición arancelaria, el organismo cúpula de la jerarquía católica mexicana señaló:
“Nuestros hermanos migrantes nunca deben ser moneda de cambio. Ninguna negociación debe colocarse por encima de lo que la Iglesia y la sociedad civil han defendido por años: la no criminalización de los migrantes ni de los defensores de derechos humanos…Si hemos rechazado como mexicanos la construcción de un muro, no podemos convertirnos nosotros mismos en ese muro.”
Días después, el 19 de junio, con motivo del Día Mundial del Refugiado, la CEM emitió otro comunicado donde volvió a rechazar el despliegue de “muros humanos” que “militarizan” las fronteras, en clara referencia a la Guardia Nacional.
Señaló que la actual “estrategia migratoria” –provocada por la amenaza de “imposición de aranceles” – debe estar “basada en los derechos humanos” y no en la “inmediata militarización de las fronteras o levantamiento de muros humanos”.
Recordó que la postura de la Iglesia, basada en los lineamientos del Papa Francisco, se sustenta en cuatro ejes principales: “Acoger, proteger, promover e integrar” al migrante.
Crisis humanitaria
En la entrevista, asegura Montelongo que actualmente México vive una “emergencia humanitaria” por la gran cantidad de migrantes que atraviesan el territorio nacional y abarrotan los albergues.
“Empezamos a vivir la emergencia humanitaria a raíz del nuevo fenómeno de las caravanas de migrantes, quienes ya no sólo vienen de Centroamérica, sino también de África y Asia; es una migración transcontinental.
“Nuestros albergues no tienen ya capacidad para atenderlos. Están saturados. Ningún albergue puede atender a más de 500 personas. Y si llegan mil, pues claro que allí hay una emergencia. De tal manera nos vemos obligados a levantar carpas para alojar a tanta gente.”
“Para afrontar mejor esta emergencia, organizamos los albergues en tres zonas: norte, centro y sur. Y en todas estamos trabajando con las diócesis y las congregaciones religiosas dedicadas a la atención de migrantes, como los scalabrinianos o los jesuitas, las hermanas josefinas o de la Caridad.”
–¿Y cómo se allegan recursos?
–A través de donativos, de la solidaridad de la gente. Quien puede ofrecer algo, lo ofrece. Y siempre a nivel parroquial la gente pobre es la que más responde: da comida, agua, ropa, cobijas, medicamentos… El pobre responde por el pobre.
“Hay también gente que ofrece transporte y les dice a los migrantes: ‘Los podemos transportar de tal a tal punto’. Así los ayudan en su caminar. Claro, además hay instituciones eclesiásticas que tienen redes para apoyarnos en nuestro trabajo, como Caritas Internacional.
“Pero ahora, con el despliegue de la Guardia Nacional, toda esta labor de solidaridad y caridad cristiana empieza a criminalizarse, a convertirse en un delito. Por eso, estamos muy atentos ante cualquier irrupción como la de Agua Prieta.”
Por lo pronto, en las zonas fronterizas la GN ya está realizando rondines en los albergues, carreteras, hoteles, terminales de autobuses y puntos de mayor afluencia de migrantes.
Frida Martínez, abogada del albergue Espacio Migrante, de Tijuana, relata:
“Aquí en Tijuana, los elementos de la Guardia Nacional ya están realizando funciones de verificación migratoria. Incluso, junto con el Ejército, colocaron retenes en la terminal de autobuses y en la autopista que va a Mexicali. Realizan también rondines afuera de los albergues y en la zona conocida como Playas de Tijuana.”
–¿Y ustedes qué medidas están tomando?
–Estamos colocando candados en los accesos de nuestros albergues. Pedimos a los migrantes que, cuando salgan, vayan siempre acompañados, lleven consigo un número telefónico de un visitador de la CNDH y no se arriesguen a ir a Playas de Tijuana y otros puntos peligrosos. Nos preocupan sobre todo los haitianos, quienes son más identificables por su color de piel.
Arturo Montelongo refiere que, para afrontar este endurecimiento de la política migratoria, los episcopados de México, Estados Unidos y Centroamérica están planeando acciones conjuntas. Y adelanta:
“A principios de septiembre próximo, en Matamoros, habrá un encuentro entre los obispos mexicanos y estadunidenses de esa zona fronteriza. Y días después habrá otra reunión, en Tapachula, entre los obispos del sur de México y obispos de Guatemala, Honduras y El Salvador.
“A su vez, el Papa Francisco y el Vaticano, a través del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Migrantes, están apoyando nuestra labor, pues finalmente somos una sola Iglesia, un solo cuerpo.”
–… Un cuerpo que va en sentido contrario a la política migratoria de Trump, hoy replicada en México.
–Sí. Así es. La intención de Trump y de la Guardia Nacional es levantar muros. La nuestra es tender puentes y abrir puertas. Esa es la función de la Iglesia.
Este reportaje se publicó el 21 de julio de 2019 en la edición 2229 de la revista Proceso
La presidenta del colectivo Sabuesos Guerreras pidió al Comisionado Estatal de Búsqueda que ‘deje la pala’ y ‘se ponga las pilas’.
Que ‘suelte la pala’ y presente un plan de trabajo exigió el colectivo de búsqueda de desaparecidos, Sabuesos Guerreras A.C., al Comisionado Estatal de Búsqueda, Juan Carlos Saavedra Ortega.
María Isabel Cruz Bernal, líder del colectivo, señaló que han sido ya tres reuniones con Saavedra Ortega en las que el colectivo se ha quedado decepcionado ante la falta de un plan de trabajo concreto por parte de dicha comisión.
Comentó que el comisionado debe realizar una labor más completa más allá de entregar recursos a los diferentes colectivos en la entidad, pues, consideran, actualmente el trabajo de dicha comisión se muestra mal organizado.
“A nosotros no nos interesa el recurso, a nosotros nos interesa el plan de trabajo… no hay un plan de trabajo, una reacción inmediata, hay que esperar a que actúen los gobiernos, las policías y se violan los derechos humanos”, agregó.
Indicó que al no tener este plan de trabajo, el colectivo prefiere trabajar con la Comisión Nacional de búsqueda en vez de directamente con él. “Nos dio un informe de lo que iba a hacer y de lo que está haciendo la Comisión Nacional de Búsqueda, por eso nosotros empezamos mejor a hablarle a la comisión nacional de búsqueda cuando salimos a búsqueda”, puntualizó.
Misael Zamora, ambientalista del Estado de México, enfrenta una petición de cárcel de 24 años. La Fiscalía le acusa de talar árboles ilegalmente, la misma actividad ilícita contra la que su familia lleva décadas luchando.
Foto: Alejandro Ponce
Misael Zamora, indígena tlahuica de 28 años, es acusado por la Fiscalía del Estado de México de talar ilegalmente un bosque. El mismo delito que él lleva denunciando toda su vida. El mismo delito por el que su padre fue injustamente encarcelado. El mismo delito por el que vio morir a su hermano. El mismo delito por el que él recibió un balazo en el pulmón que casi lo mata.
“Es una acusación totalmente falsa”, responde, ofendido. Greenpeace y el Centro Pro de Derechos Humanos le apoyan.
La zona de San Juan Atzingo, municipio de Ocuilan, Estado de México, donde reside Misael Zamora, es territorio de talamontes, grupos ilícitos que deforestan sin permiso. En 2016 era identificada como una de las 15 “regiones críticas” por tala ilegal, según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Así que no sería raro que un operativo policial arrestase a un tipo con una motosierra que está deforestando sin permiso.
El problema es que, si atendemos a la historia personal de Zamora, la acusación es difícil de sostener.
También es hermano de Aldo Zamora, asesinado a tiros por talamontes en 2007, en un atentado en el que el mismo Misael fue herido de bala en un pulmón.
Además, fue activista de Greenpeace. Desde los seis años lleva sembrando árboles y denunciando la tala ilegal.
Por eso la acusación le resulta más humillante.
“Es la peor de las ofensas: que te acusen de algo a lo que tú te has opuesto toda la vida. Perdí a mi hermano por documentar y denunciar la tala ilegal. Ahora me acusan de eso que yo he estado denunciando, que ni loco haría, que le ha costado demasiado caro a la familia”, se queja.
Si Misael Zamora, como sostiene la Fiscalía, hubiese sido sorprendido talando ilegalmente monte, se habría convertido en un traidor. Pero él mantiene que sigue fiel a los principios que le mostró su padre cuando apenas levantaba dos palmos del suelo. Y considera que el proceso en su contra obedece a un intento de criminalización, de sacárselo de en medio.
“Si algo nos llega a pasar, tanto a mí, como a alguien de mi familia, de alguna otra cosa acusación o de algún ataque directo, responsabilizo desde este momento a la Fiscalía del Estado de México”, advierte.
Por el momento, el joven ha ganado un poco de tiempo. El 26 de abril fue detenido y, tras las audiencias correspondientes, se fijó el inicio del debate para el 15 de agosto. Sin embargo, un juez aceptó un amparo interpuesto por su defensa y ordenó suspender la audiencia.
Hoy, martes 23 de julio, es una jornada clave. Un juez aceptó el amparo presentado contra la audiencia inicial que ligó a Misael a proceso. El 8 de agosto, un tribunal entrará al fondo de la cuestión. Hoy, otro juez tendrá que decidir si la audiencia de debate, prevista para el 15 de agosto, tiene lugar o si hay que esperar por si el amparo termina por tumbar todo el proceso.
El Ministerio Público del Estado de México, por su parte, no quiere hablar. Argumenta que se trata de un asunto que esperan que pronto se aperture juicio y no quieren “contaminar el proceso con alguna declaración”.
El día en el que un ambientalista pasó a ser acusado de talar ilegalmente
“El bosque es todo. Es la vida entera, es el patrimonio que les podemos dejar a las futuras generaciones. Lo único que les va a ayudar en el futuro es el bosque”, dice Misael.
Es viernes, 19 de julio. Pasan algunos minutos de las 9 de la noche y la familia se reúne en la sala del domicilio del patriarca. Una estufa de leña calienta la estancia, que se mantiene iluminada con una única bombilla. Al día siguiente está prevista una acción de reforestación en un paraje conocido como El Poleo, una zona boscosa ubicada a escasos kilómetros de su domicilio.
“La Fiscalía del Estado de México ha emprendido una serie de acusaciones falsas, no solo en contra mía, sino también en contra de mi padre”, protesta Misael.
La persecución, la prisión y la muerte flotan en el ambiente de esta vivienda humilde. Este es el tercer golpe que recibe la familia desde que Ildefonso, el patriarca, comenzase su cruzada contra la tala ilegal, allí por 1998.
Sentado, con una manta cubriéndole los hombros, está el padre. La cárcel hizo mella en su salud. Parece envejecido. Nueve meses encerrado por un robo que nunca cometió afectaron a la diabetes que padece desde hace años. Junto a él, Modesta Gómez Procopio, su esposa. Atareada con los preparativos de la cena, Itzel Hernández, compañera de Misael. Apenas llevaban 15 días juntos cuando la policía ministerial lo arrestó el 23 de abril de este año. Menuda bienvenida.
“Somos humildes, utilizar gas todos los días no está a nuestro alcance”, justifica el joven, para explicar por qué el día que fue arrestado estaba recogiendo leña.
La casa de los Zamora está siendo remodelada. En una esquina, apilados, aperos de labranza: un pico, una pala, un ayate, un azadón. En la pared, una madera con forma de Z que simboliza la primera letra del apellido familiar, Zamora, y un ramo de laurel. Junto a la puerta ni siquiera hay muro y la estancia se cubre con un plástico que a duras penas protege del frío.
“Soy víctima de una acusación falsa, del todo fabricada y que carece de elementos sólidos”, dice el joven.
Todo ocurrió el 21 de abril de 2015. Según la carpeta de investigación a la que tuvo acceso Animal Político, el joven se encontraba en un paraje cercano a San Juan Atzingo con otras personas que no fueron identificadas.
Un operativo conjunto de 15 agentes de la policía estatal y 15 soldados adscritos a la Secretaría de la Defensa (Sedena), junto a dos agentes de Probosque (agencia del Estado de México), les sorprendió cuando, presuntamente, talaban árboles con dos motosierras. Únicamente fue arrestado Misael Zamora, a quien se acusa de cargar con 39 vigas que, según el peritaje, tendrían un valor de 9,279 pesos.
Entre 32 uniformados solo pudieron detener a un único talamontes, sostiene la versión oficial.
Ese talamontes es, según la Fiscalía, Zamora, el activista de Greenpeace que lleva toda su vida luchando contra la deforestación.
El mismo relato explica que, tras ser arrestado, el joven, que entonces tenía 24 años, fue trasladado en un vehículo militar. La detención provocó la alarma en la comunidad, que se organizó para liberarlo. El convoy fue interceptado por pobladores de San Juan Atzingo, quienes exigieron que les devolviesen a su vecino.
La acusación se basa en el testimonio de tres policías (Eric Eleazar Diaz, Cristóbal Tomás Romero y Juan Carlos Lara Flores) y un militar (Brando Mixtega Chipol). Todos ellos aseguran que Zamora fue sorprendido en flagrancia con una motosierra en la mano talando ilegalmente un árbol.
Zamora lo niega con vehemencia.
“Fui detenido arbitrariamente. Iba solo. Transitaba en una zona donde tiene un predio mi papá, un terreno que le sembramos árboles hace más de diez años. Había restos de un árbol que había sido talado tiempo atrás, ramas secas. Las recolecté con un machete para hacer leña”, asegura.
Sobre la intervención de sus vecinos para rescatarle, Zamora explica: “Los militares se desviaron y tomaron un atajo hacia Morelos. Habían pasado siete meses desde la desaparición de los de Ayotzinapa. ¿Cuál era su intención, entregarme o desaparecerme? Hemos recibido muchas amenazas de muerte, mi papá tuvo un intento de desaparición. Imaginemos el miedo, la tensión de los vecinos al ver que estaba en manos del Ejército y me llevaban a una zona boscosa y sin señal”.
Al final, Zamora fue liberado. No fue hasta cuatro años después que agentes ministeriales lo arrestaron para comenzar el proceso en su contra. El 2 de mayo se celebró la audiencia de vinculación a proceso y el 4 de julio, la de etapa intermedia.
Luis Tapia Olivares, coordinador legal del Centro Pro de Derechos Humanos y uno de los abogados de Zamora, denuncia que Carlos Gerardo Gómez Díaz, juez de control en Tenancingo, Estado de México, ignoró las denuncias por violaciones a los derechos humanos planteadas por la defensa y que, en su opinión, deberían invalidar todo el proceso.
Entre las irregularidades que advierte: interrogatorios ilegales en el momento del arresto y la falta de una cadena de custodia sobre la motosierra que presuntamente utilizó el joven y las 39 tablas que habría talado. En la carpeta aparecen fotografías de estas pruebas ya en comisaría, pero nunca en el predio en el que fue arrestado Zamora.
“Cuando la ocasión de mi padre no tuvieron las pruebas. Ahora vienen con esta, no tienen las pruebas y lo vamos a demostrar”, dice el joven. Por suerte, espera su proceso en libertad. Amnistía Internacional intercedió por él antes de la audiencia de vinculación de proceso y la Fiscalía no pidió prisión provisional.
Cree que detrás de esta acusación están miembros de la Fiscalía, a los que vincula a negocios con funcionarios adscritos a organismos públicos como Probosque.
El hogar de los Zamora se encuentra en San Juan Atzingo, tierra de los indígenas tlahuicas. Foto: Alejandro Ponce
Tres décadas de activismo
“Nos parece indignante que la familia Zamora sea víctima del acoso por parte de las autoridades en lugar de que esta se persiga y se castigue a los responsables de este delito”, denuncia Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace. Asegura que Ildefonso, Misael y Aldo, la víctima del tiroteo, “tienen 20 años de lucha por el Gran Bosque de Agua, que surte con tres cuartas partes del recurso hídrico que se consume en Ciudad de México”.
“La familia ha tocado grandes intereses, no se ha dado castigo a los taladores que ilegalmente operan en la zona”, lamenta la activista, que se queja de que la persecución que ha sufrido la familia es consecuencia de aquella primera denuncia que Ildefonso presentó en 1998.
La vinculación de los Zamora con Greenpeace viene de lejos. Ellos fueron, junto a otros activistas, quienes desplegaron las letras SOS en la loma del monte en 2004. Para entonces llevaban seis años de activismo.
El origen de toda esta historia está en los terrenos que Ildefonso comenzó a sembrar con árboles hace 30 años.
Entre los pinos de su propiedad, con orgullo, Misael habla de la satisfacción que le produce ver crecer los árboles que plantó su padre. Es sábado, 20 de julio, cerca de las 13.00 horas. El joven viene de participar en una jornada de reforestación y pasa por las tierras de la familia.
Mostrarlas es una forma de homenaje.
Recuerda cómo su hermano asesinado y él comenzaron a recopilar información sobre talamontes y presentaron las pruebas ante la Fiscalía. Denuncia la “corrupción” en instituciones como Probosque, la agencia estatal que debería prevenir la deforestación. Recuerda aquel maldito día en el que cuatro tipos a los que tenía identificados les emboscaron y mataron a su hermano. Él quedó inconsciente y no pudo velarle. Estaba en el hospital luchando por su vida.
Un dato positivo en medio de una historia de persecución: asegura que desde la muerte de Aldo la deforestación se redujo en un 80%.
Fue un espejismo.
Tras la llegada al gobierno de Enrique Peña Nieto dio un vuelco a la situación.
“A partir de 2012 se multiplicó la tala ilegal. Ahora hay más que nunca”, asegura.
“Es una pena que la Fiscalía se siga enfocando en criminalizar a defensores del medio ambiente y de la tierra, es una vergüenza para el Estado, es una vergüenza para el país, que estén sucediendo este tipo de cosas en pleno siglo XXI”, dice, apenado.
Todos los sábados, Misael participa en las jornadas de reforestación. Unos 5,000 árboles plantados entre comuneros del municipio y voluntarios de Wallmart que llegan a una jornada de trabajo. Los talamontes se llevan por delante unos 300 al día. Sin embargo, el tiempo es lo que juega en contra de los ambientalistas: hay árboles levantados que tienen 150 años de historia.
El joven dice que ya se acabó la denuncia. Que le ha costado muy cara. Pero que no va a renunciar a seguir plantando árboles.
De eso sabe bien Ildefonso, el patriarca, el origen de todo. Él comenzó a sembrar terrenos en los que los cultivos no agarraban, inició la lucha contra la tala e inculcó a sus hijos la idea de que su misión en la vida es proteger el bosque.
“Mi hijo, en paz descanse, debe estar orgulloso donde se encuentre, porque toda la causa que emprendí, ha tenido buenos resultados”, afirma en su casa, apenado porque la salud no le permite caminar por el bosque como antaño.
Su gran dolor: el asesinato de su hijo Aldo.
Solo recordándole se quiebra. “Todavía espero obtener justicia”, asegura. Ni siquiera habla de su estancia en la cárcel, de la acusación injusta, de los golpes sufridos durante de la detención.
Ahora su preocupación es qué ocurrirá con Misael, el benjamín, el que enfrenta un nuevo proceso judicial.
“Es sólo por acusarlo y tratar de buscarle ese delito, el cual nunca cometió. Y aquí lo puede decir una, y diez y 100 personas, que nunca hemos sido taladores”, dice.
ldefonso Zamora Baldomero recuperó su libertad en agosto de 2016; ahora su hijo Misael enfrenta acusaciones. Foto: Alejandro Ponce
La familia Zamora ha enfrentado dos amenazas: las redes de tala ilegal de árboles, que se llevaron por delante a Aldo, y las autoridades, que ahora quieren encarcelar a Misael.
“Tenemos, por fortuna, dentro del territorio de San Juan Atzingo, el Gran Bosque de Agua… es una pena y una lástima que los gobiernos pues se hagan de la vista gorda ante este gran problema, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal. Y que lejos de atacar el problema, lejos de hacer detenciones a estas personas, pues se dedican a buscar chivos expiatorios”, se queja el joven.
A su alrededor hay decenas de árboles talados de forma ilegal. El mismo delito del que le acusan. El mismo delito contra el que luchó toda su vida.
La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas es un “elefante blanco”, acusan
Verónica Ramírez / Realidades
Tepic, Nayarit.- Miércoles 23 de julio del 2019.- Colectivos de Familias de personas desaparecidas tomaron el pasado lunes las instalaciones de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas ( CEAIV), y cierran el paso de la calle Zacatecas entre Lerdo y Amado Nervo para exigir la destitución del titular, Ezequiel Chirinos por prepotente, inútil, no dar resultados y no otorgar asesoría jurídica a las víctimas.
Acusaron al mentado Chirinos de gastarse el presupuesto con total opacidad, y no servir para el puesto que le fue conferido.
A la fecha en lo que va del gobierno de Antonio Echevarría García, los levantones y desaparición forzadas en Nayarit suman cientos y sus familiares deambulan en busca de ayuda sin ser escuchados en esta dependencia.
Desde el pasado 21 de Junio, al menos tres Colectivos de Familiares se manifestaron por las calles de la capital para externar sus inconformidades por el mal funcionamiento de esta Comisión y hasta fueron recibidos en el Congreso local donde por cuestión de tiempo, se acordó una segunda reunión para el 15 de julio donde estaría el propio Chirinos y Polo Domínguez, pero ninguno de los dos se presentó.
“No quieren escucharnos y estamos hablando de más de mil personas afectadas por desaparición forzada”, recalcó la representante del Colectivo en Búsqueda de Verdad y Justicia.
Este movimiento de inconformidad no es capricho de nadie lo que buscan es ser escuchados, que puedan las autoridades constatar en voz de los propios afectados, los errores que se cometen en el CEAIV, donde a pesar de contar con un presupuesto de más 9 millones de pesos anuales, no hace nada por las víctimas de desaparición forzada ni de feminicidios que se han unido a esta lucha.
“No nos atiende de manera integral en nuestra calidad de víctimas” y cada día crece más la inconformidad de la gente, ahora ya se unieron los familiares de víctimas de feminicidios.
Lo peor del caso es que son más de mil familias que ansían una respuesta a sus denuncias, el presupuesto destinado para ellos, “desapareció” y ni siquiera un peso han recibido los hijos de los desaparecido para becas con el fin de que puedan seguir estudiando.
Los pocos cuerpos identificados por las autoridades respectivas se han entregado sin ayudarlos en los trámites funerarios.
Además, el área jurídica no los representa como lo manda la Ley, y en innumerables ocasiones, los familiares de personas desaparecidas acuden a la institución a que les elaboren escritos para impulsar las investigaciones de los casos y su respuesta es “déjenme hablar con la Fiscalía cuando su papel es actuar en contra de esa instancia por las omisiones y violaciones a los derechos humanos que las autoridades cometen.
El mentado Chirinos y su gente parecen estar más enfocados en cubrir los obscuros intereses de la Fiscalía o trabajar en beneficio de su propio beneficio y no de las víctimas, en una clara negación a ejercer las atribuciones que establece la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit.
“En materia de traslado, nos dicen que únicamente los proporcionará el Estado, hemos gastado de nuestra bolsa para acudir a otros estados a realizar diligencias que son requeridas por diversas autoridades y la institución, no hace nada a pesar de los oficios que en su momento le envía la CNDH”, indicó Leticia Pinzón.
Son tantos vicios y errores cometidos por el CEAIV que no cumple con su objetivo que establece la ley, que consiste en garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.
Celula Sergio Almaguer / El Partido de los Comunistas
Guaymas, Sonora.- Grupo México es un monopolio que opera en nuestro país con sus diferentes filiales, dedicados a la minería, transporte ferroviario, logística de transporte, planeación de infraestructura energética y se le puede identificar con los nombres de: America´s Mining Corporation, Souther copper corporation, Asarco, Los Frailes, Ferrosur, Ferromex, Controladora de Infraestructura Petrolera, México Compañía Constructora, Controladora de Infraestructura Energética México.
Nace en 1942 como una compañía de perforación de pozos petroleros para PEMEX, actividad que sigue hasta la fecha; sin embargo, es en la década de los setenta cuando empieza su actividad minera gracias a una ley que obligaba a las empresas mineras extranjeras a ceder cierto control a los capitales nacionales.
Gran parte de las empresas compradas con esa ley fueron pagadas con dinero del Estado, hasta que en los años noventa fueron totalmente adquiridas por Larrea, llevándolas a la bancarrota para que fueran recatadas por el gobierno y comprándolas de nuevo a precios más bajos de su valor. Es así como a base de compadrazgos políticos y actividades turbias German Larrea, principal accionista de Grupo México, llego a convertirse en el segundo hombre más rico de México, solo por debajo de Carlos Slim.
Grupo México ha estado involucrado en actos de terrorismo patronal, homicidios laborales y ecocidios y accidentes ecológicos, los cuales según la semarnat suman 22 accidentes en los últimos 20 años.
TRAGEDIAS OCASIONADAS MAS CONOCIDAS.
La ruptura de la presa de jales de la mina de plata de Bolaños en Jalisco, que provocó el derrame de mercurio, plomo y arsénico en el río Bolaños en 2010.
El derrame de 240 toneladas de ácido sulfúrico cerca del río Santa Cruz en Nogales, Sonora en 2014.
El desastre ecológico en los ríos Bacanuchi y Sonora de 40 mil litros de sulfato de cobre, el cual afectó a más de 22 mil personas y sigue dejando secuelas.
El derrame de 20 mil litros de agua con sedimentos en San Martín, Zacatecas en 2019.
El asesinato industrial donde quedaron sepultados vivos 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila, abandonados a su muerte; la feroz represión de trabajadores de Cananea y Sombrerete, Zacatecas.
Ahora se suma el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico vertidos en las costas de Guaymas, Sonora al mar de Cortés, considerado como patrimonio de la humanidad y acuario del mundo por la gran diversidad de especies acuáticas que alberga.
AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES, RESPUESTA TIBIA Y COMPLICE.
Los testimonios de los trabajadores dicen que hubo tres personas heridas y por lo menos cinco despedidos, incluido el trabajador que tomo el video y sin el cual posiblemente se hubiera intentado ocultar la tragedia; también cuentan que se negó el ingreso a cuerpos de rescate ajenos a Grupo México e incluso a personal de Protección Civil.
La respuesta de las autoridades municipales fue declarar que el derrame fue mínimo “cuestión de tres minutos”, que no era motivo de alarma y que además no era competencia municipal; por su parte la dirección de APIGUAY dijo que Grupo México cumple con todos los requisitos legales para la protección del medio ambiente, sin embargo corresponsales de El Universal señalaron que se observan remiendos en las tuberías después de hacer un recorrido por las instalaciones.
Especialistas del TEC- de Monterrey aseguran que son más de siete municipios de Sonora los que podrían sufrir por el derrame, provocando afectaciones de la flora y la fauna en un radio de hasta 100 kilómetros cuadrados.
El ácido sulfúrico es muy corrosivo, al grado de matar a los peces o cualquier organismo vivo, casi desintegrar el tejido y barrer con la vida desde el fondo del mar.
Semarnat y Profepa han minimizado el hecho diciendo que no tendrá mayor afectación, e incluso personajes tan nefastos como Gabriel Quadri ha afirmado que la sobreexplotación pesquera es la que está aniquilando la vida en el golfo de california.
ACABAR CON LA MINERIA TOXICA PARA PRESERVAR LA VIDA.
Según el INEGI y la Auditoria Superior de la Federación, la mayor parte de la degradación ecológica es ocasionada por la minería tóxica, al grado que se necesitaría casi el 30% de la producción minera para reparar el daño que ocasiona al medio ambiente
Por lo cual se necesita más que simples multas económicas que les imponen los gobiernos cómplices de Grupo México. Se necesita terminar con la expoliación de los recursos naturales del país por parte de capitales privados, sean nacionales o extranjeros.
Se necesita expropiar todos los activos de las mineras y monopolios que, como Grupo México, imperan a lo largo del país; dejar de lado el agresivo sistema de extracción que envenena el suelo, el aire y el agua y buscar medidas más sustentables.
Encarcelar a todos los cómplices y culpables de ecocidio y terrorismo patronal, respetar la vida y diversidad. Y esto solo es posible con un gobierno patriota y popular. O sea con un gobierno socialista.
Incluso la CNDH duda de Sedesol, pues entre 2015 y 2016 la cifra de jornaleros locales se redujo casi un 70 por ciento; tampoco no hay registro de sus centros de trabajo
San Luis Potosí es uno de los once estados que tienen un porcentaje de trabajadores agrícolas superior al promedio nacional. En el estado, 14.9 por ciento del total de la población ocupada se dedican al campo, mientras que el promedio nacional es de 10.7 por ciento.
Además, es uno de los siete estados del país con más empleados eventuales del campo con más asegurados en el Seguro Social, con 10 mil 223 personas al cierre de 2017. En 2016 la cifra fue de 9 mil 204 y de 9 mil 163 en 2015.
Pese a ser uno de los estados con más inscripciones, la cifra de jornaleros asegurados es mínima, pues de acuerdo a la Recomendación General 36 / 2019 de la CNDH Sobre la situación de la población jornalera agrícola en México, representó en 2017 apenas una tercera parte de los trabajadores del campo en el país.
Sin embargo, la cifra está en duda por la propia CNDH, pues según los datos proporcionados por la entonces conocida como Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno federal, en 2015 la “población potencial jornalera” del estado era de 126 mil 861 personas potosinas y de 26 mil 366 migrantes.
Para el año siguiente, el número de jornaleros locales identificados por la Sedesol fue de solo 38 mil 676 locales y 8 mil 627 migrantes y de 31 mil 493 locales y 7 mil 25 migrantes para 2017.
Esto significa que, en 2016, el número de jornaleros locales en San Luis Potosí bajó 69.5 por ciento y el de migrantes, 67.2 por ciento, respecto al año anterior.
Para 2017, la bajada fue de 18.5 por ciento en ambas categorías, en comparación con 2016.
Según la CNDH, la Sedesol no explicó las razones o causas que, de ser el caso, justifiquen esa estrepitosa baja, que se dio en todo el país. CNDH además explicó que no existe un desglose por edad y tampoco si la migración es interna o extranjera.
Ese escaso número de protección social para trabajadores agrícolas es aún más grave si se toma en cuenta que, según la Organización Internacional del Trabajo, el 50 por ciento de todos los accidentes laborales que cuestan vidas tienen como víctimas a personas que laboran en el campo.
Según el informe de CNDH, la carencia de seguridad social en el trabajo agrícola se debe a que son empleos temporales y sin contratos formales.
El informe de CEDH, sin embargo, menciona que el 51.5 por ciento de las Autoridades del Trabajo no informó o no realizó acciones para la detección, identificación y registro de los centros de trabajo agrícolas. Entre ellas se encuentra La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado, que fue una de las 10 entidades con esta carencia.
En seis de esos estados se concentra el 32.1 por ciento del total de personas ocupadas como trabajadoras y trabajadores agrícolas de todo el país: Puebla, Michoacán, Estado de México, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.
Los ranchos esquivan las leyes cambiado de nombre cada cierto tiempo, contratando a gente por 90 días y negando a los jornaleros salir del lugar
Celia García Valdivieso, representante del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz García, indicó que el Poder Ejecutivo es quien debe coordinar a las autoridades estatales para la debida atención de los jornaleros agrícolas: “debe de ser un trabajo interinstitucional”.
García Valdivieso comentó que al Altiplano potosino llegan migrantes de Guerrero, Chiapas y la Huasteca los cuales no cuentan con los servicios básicos “llegan los jornaleros a casonas viejas donde se instalan los albergues, sin infraestructura porque los presidentes municipales se han robado la mayoría de los muebles”.
Respecto a las autoridades encargadas de velar por los derechos de los jornaleros, García Valdivieso indicó que éstas no logran abarcar la gran cantidad de lugares donde residen los trabajadores agrícolas: “las autoridades de la Secretaría del Trabajo no logran inspeccionar los albergues”.
Mencionó además que esta situación genera una problemática mayor, porque los dueños de los ranchos, al estar fuera de la ley, inciden en trata de personas:
“los patrones o dueños de los ranchos logran esquivar las leyes cambiando los nombres del lugar, contratan a la gente por noventa días, lapso en el que se les niega salir, se mantienen ahí contra su voluntad, sin poder regresar a sus hogares, esto es trata de personas”, dijo e indicó que ni la Fiscalía, ni los encargados de la defensa del menor han puesto atención a esta problemática: “en esos lugares también hay niños, que viven desigualdad”.
Finalmente, dijo que se está dando un nuevo fenómeno en la Huasteca por la implementación de invernaderos a los que llegan jornaleros procedentes de Veracruz, mientras que los huastecos optan por irse a Monterrey o Estados Unidos.
José Refugio Lara, Presidente del Colegio de Médicos, pide a médicos expresar su inconformidad ante las afectaciones a los derechohabientes
Am publicó que en Guanajuato se agotaron seis vacunas. Foto. Especial
José Ortiz / Periódico AM, León Guanajuato, 20 de julio de 2019.
Irapuato.- Los médicos, presten o no su servicio en el sector público, deben alzar la voz ante el desabasto de vacunas que afecta a Guanajuato, señaló el Presidente del Colegio de Médicos de Irapuato, José Refugio Lara Barrón.
En días pasados, la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que en su red de hospitales se acabaron las vacunas contra el rotavirus, la tuberculosis, el sarampión, la rubeola, la parotiditis, la hepatitis tipo B para adultos y el neumococo.
Lara Barrón destacó que la principal afectación de este desabasto de vacunas será para los guanajuatenses más necesitados, que requieren de los servicios de salud públicos.
“Estamos un poco atados de manos, son situaciones que escapan a nuestra competencia, nos damos cuenta de que está habiendo este problema y repercute en la gente más necesitada, en los niños, en la gente de pocos recursos que dependen de la seguridad social para tener mejor salud”, dijo.
Señaló que los médicos guanajuatenses deben presionar y alzar la voz para que las autoridades federales envíen las vacunas, sin entrar en conflicto, pero siendo enérgicos para que no se dé un desabasto de medicamentos mayor.
Asimismo, el Presidente del Colegio de Médicos indicó que los doctores agremiados que trabajan en el sector público, han mostrado su inquietud en el tema y coinciden que a través de la presión social, se puede lograr que las vacunas lleguen a las unidades médicas de la entidad.
“Desabasto siempre ha habido, tenemos asociados que están en el Hospital General, en los centros de salud, en las UMAPS, se dan cuenta de la situación, se habla en las charlas de pasillo (…) el consenso es que podemos hacer una presión mediática, pero nada más hasta ahí, opinar como sociedad y no quedarnos callados ante este problema”, finalizó.
El Heraldo de Aguascalientes, 22 de julio de 2019
Redacción
Aguascalientes, Ags.- Las trabajadoras de limpieza son un gremio muy explotado, donde no se respetan sus derechos y son expuestas a jornadas laborales excesivas, y en ocasiones hasta son objeto de acoso sexual por parte de sus jefes, denunció el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Limpieza en todas sus ramas, servicios de seguridad similares y conexos del estado de Aguascalientes, Guillermo Esparza Martínez.
Estableció que el personal de limpieza e incluso el de las trabajadoras domésticas es un gremio muy vulnerable, ya que muchas son acosadas sexualmente por los patrones y sus propios jefes, y debido a que la mayoría no cuenta con estudios de nivel superior, medio, secundaria o primaria, son personas que no conocen la ley ni sus derechos y se aprovechan de ellas para estar atacándolas, las hacen trabajar demás y no les pagan sus horas dobles o triples conforme lo que marca la Ley Federal del Trabajo. “La mayoría son mujeres, se embarazan, y por eso las corren y no les dan su finiquito, no les dan su Seguro Social, realmente están desprovistas de un apoyo”.
Indicó que derivado de esta situación y los bajos salarios, la rotación es constante y como no hay mucho personal, en ocasiones muchas tienen que doblar o triplicar turno, incluso hasta en las noches. “Esto es esclavizante y va en contra a la Ley Federal del Trabajo y la Constitución. Hay personas que están muy desprotegidas y nuestro trabajo como Sindicato, es darles y brindarles lo que por ley les corresponde y más cuando sea pertinente y legalmente hablando”.
Detalló que esta situación se da tanto en las empresas legalmente establecidas como en las “patito”, las cuales incluso llegan a contratar a menores de edad, desde los 14 o 15 años o incluso a personas de la tercera edad. Comentó que en Aguascalientes existen más de 90 empresas de servicios de limpieza y de esas, de un 80 a un 90% operan de forma irregular y dan empleo a más de 4 mil personas. http://www.heraldo.mx/complicado-escenario-para-las-trabajadoras-de-limpieza/
A la empresa AECOM no le importa el medio ambiente, viene por el Oro Negro.
Campeche Hoy
CD DEL CARMEN. Como parte del proyecto de perforación exploratoria costa afuera AECOM a través de la empresa URS Corporation México S. de R.L. de C.V. dio a conocer en su Manifiesto de Impacto Ambiental, queriéndose “curar en salud”, lo que será en los próximos años un daño ambiental irreversible para las mares y costas de Campeche con la contaminación que se espera generar por la exploración de pozos en aguas maritimas del Golfo.
En la Manifestación de Impacto Ambiental se hacen claros señalamientos de lo que será daño para las costas y mares campechanas:
“Los principales impactos identificados durante la etapa de exploración y perforación del pozo, están relacionados principalmente con la reducción de la calidad del aire local y contribución en la emisión de gases efecto invernadero, introducción de luz artificial, perturbación del lecho marino, disposición de recortes de perforación, descarga de agua proveniente de buques, descarga de recortes de perforación, utilización de una fuente de sonido acústico; entre otros”.
Todo lo anterior derivado de los servicios auxiliares incluirán buques de suministro, servicios de helicóptero, y servicios de apoyo entierra como la base de suministro y los servicios de manejo de residuos de terceros.
La base de suministro estará ubicada en el puerto de Campeche y se contará con el servicio de helicóptero para el transporte de la tripulación y equipo.
EL OBJETIVO DE
W EXPLORACIÓN
El objetivo principal del Proyecto durante el Periodo de Exploración es perforar un pozo de exploración como mínimo, pero dependiendo de los resultados, se podrían perforar hasta dos pozos exploratorios adicionales como máximo. La ubicación de éstos aún no se ha determinado, pero cualquier pozo que se perfore estará dentro de los límites del Área Contractual, afirma el documento.
Los servicios requeridos para el Proyecto incluirán una Unidad Móvil de Perforación Costa Afuera
(MODU por sus siglas en inglés) con equipo especializado para perforar y completar el pozo exploratorio.
LOS DAÑOS IRREVERSIBLES
La reducción de la calidad del aire local, es un Índice de Calidad del Aire es un indicador diseñado para informar a la població sobre el estado de la calidad del aire, muestra qué tan contaminado se encuentra el aire y cuáles podrían ser los efectos en la salud.
Contribución en la emisión de gases efecto invernadero, Un gas de efecto invernadero (GEI) es un gas atmosférico que absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo. Este proceso es la fundamental causa del efecto invernadero.1 Los principales GEI en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono.
Introducción de luz artificial. La definición de la contaminación lumínica es un tema bastante discutido.
Una de las definiciones establece que la introducción de luz artificial produce una degradación de los ecosistemas o el estado natural. Sin embargo, existe también una definición operacional que limita a la contaminación lumínica como aquellas emisiones de flujo luminoso de fuentes artificiales de luz nocturnas en intensidades, direcciones, rangos espectrales u horarios innecesarios para la realización de las actividades previstas en la zona en la que se instalan las luces.
Perturbación del lecho marino, La contaminación marina, o contaminación del mar, es la contaminación que afecta a los mares y a los océanos, desde la zona de rompientes hasta el mar abierto. Incluye la que se produce en las costas, en los puertos, en las plataformas pesqueras, en la industria, en la navegación y en las zonas marítimas.
Utilización de una fuente de sonido acústico este es el más peligro efecto pues la fauna marina: delfines y ballenas pueden desvariar y es uno de las causas que se encuentran varados en playas.
La periodista mexicana Lydia Cacho Ribeiro, de 56 años de edad, fue víctima de una agresión en su domicilio particular, ubicado en Puerto Morelos, estado de Quintana Roo, como una supuesta represalia por su trabajo periodístico, según lo denunció este lunes Artículo 19.
La organización no gubernamental internacional, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, informó que a las 18:30 horas de ayer domingo, dos sujetos rompieron los cables de las cámaras de seguridad y desactivaron la alarma del inmueble, para después ingresar al domicilio particular de Cacho Ribeiro.
En el lugar robaron equipo de trabajo e información relacionada con los casos de pederastia que investiga la también activista, incluyendo una grabadora de audio, tres cámaras fotográficas, tarjetas de memoria, una computadora portátil y 10 discos duros. Sin embargo, “afortunadamente la periodista tiene respaldos de seguridad en el extranjero”, afirmó Artículo 19.
Además del robo, los agresores “desordenaron su recamara, destrozaron objetos, entre ellos fotografías familiares y ropa interior, y mataron a una perra que protegía la casa y a otra la envenenaron”, agregó la ONG, que pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Fiscalía General de la República (FGR), y en “especial” a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), garantizar la seguridad de la periodista y sancionar a los responsables.
Artículo 19 consideró que el allanamiento y sustracción de material periodístico con información del interés público son “elementos intimidatorios que pretenden generar un efecto inhibidor en el activismo, defensa derechos humanos y ejercicio de la libertad de expresión de Lydia Cacho, quien hoy es una referencia a nivel internacional sobre el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos de las mujeres y la niñez”.
“Esto sucede en el contexto de la búsqueda de justicia de Lydia Cacho por la tortura a la que fue sometida en 2005 por parte de un grupo criminal de poder encabezado por altos funcionarios y empresarios de Puebla y Quintana Roo”, denunció la organización no gubernamental internacional.
Artículo 19 recordó que el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al Gobierno de México como responsable por la violación a los derechos humanos de Cacho Ribeiro, por la tortura a la que fue sujeta y por la falta de debida diligencia en la investigación de su caso.
Según la ONG, el ataque contra Cacho Ribeiro está relacionado con la publicación del libro ‘Los demonios del edén’, en el que la también activista exhibe una red de pederastas que opera en las entidades de Puebla y Quintana Roo. “La periodista, sin embargo, sigue investigando casos de su especialidad periodística”, agregó.
Artículo 19 también reveló en su comunicado, que expertos en seguridad, consultados por la periodista después del allanamiento de su domicilio particular, aseguraron que “iban por ella” y que, afortunadamente, no se encontraba en el inmueble al que ingresaron los sujetos desconocidos.
Por su parte, la periodista compartió una fotografía en su cuenta de la red social Twitter, en la que aparece con una playera que tiene la leyenda: ‘No + pederastas, No + corrupción, No + impunidad’, imagen que acompañó con el texto: “por más que lo intenten no dejaré de investigar. El miedo no colonizará mi espíritu. Soy periodista, soy feminista y defensora de derechos humanos […] A los que me amenazan les digo: #AquíNadieSeRinde”.
“Es cierto, los niveles de violencia y crueldad aumenta en la misma medida en que la impunidad les protege. Gracias por su solidaridad […] Mis investigaciones periodísticas están seguras fuera del país; se llevaron copias, la verdad nadie se la roba #AquíNadieSeRinde”, abundó Cacho Ribeiro en otro tuit.
⚠️#ALERTA Ayer por la tarde, sujetos desconocidos allanaron el domicilio de la periodista y defensora de derechos humanos, @lydiacachosi; robaron material de trabajo, mataron y envenenaron a sus perras.
— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) July 22, 2019
En abril de 2019, el Primer Tribunal Unitario con residencia en Quintana Roo libró una orden de aprehensión en contra de exgobernador de Puebla, Mario Marín Plutarco Torres; del empresario José Kamel Nacif Borge; y del ex subsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, por el delito de tortura contra la periodista.
El pasado 6 de mayo, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, aseguró que desde el 16 de abril la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para lograr la captura de Marín Torres, acusado por el delito de tortura en agravio de Cacho Ribeiro, en el año 2005.
“El mismo día “que tuvimos la orden de aprehensión que nosotros pedimos, se emitió la ficha roja […] Quien haya dicho lo contrario no esta diciendo la verdad”, afirmó Gertz Manero en rueda de prensa, quien agregó que la búsqueda en 194 países, también se emitió para las otras personas involucradas en el caso de la tortura a Cacho Ribeiro, entre ellos el empresario de origen libanés.
El pasado 11 de abril, la magistrada María Elena Suárez, titular del Primer Tribunal Unitario Vigésimo Séptimo Circuito Tribunal Federal, ordenó la aprehensión del ex gobernador, del empresario, así como del ex jefe de la Policía Judicial de Puebla, Juan Sánchez Moreno, y del ex subdirector de mandamientos judiciales poblano, Karam Bernal.
Dicha resolución revocó la decisión del juez Segundo de Distrito en Quintana Roo, quien el año pasado negó la orden de captura a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En diciembre de 2018 elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aprehendieron en Puebla al policía en funciones Alejandro Rocha Laureano, por su probable responsabilidad en el mencionado delito, ya que supuestamente participó en el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Cacho Ribeiro, en diciembre del 2005.
Las órdenes de aprehensión fueron liberadas el pasado 11 de abril, a uno meses de que se cumplan 14 años de la tortura que sufrió la periodista, quien utilizó su cuenta en la red social Twitter para señalar que en el caso ha habido corrupción, y recordar el hostigamiento que sufrió, por lo que tuvo que dejar el país.
La periodista fue detenida ese mismo año por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por Nacif Borge, conocido como “El rey de la mezclilla”, a causa de la publicación del libro ‘Los Demonios del Edén’, en el que Cacho Ribeiro documentó trata de personas, prostitución infantil y pederastia.
En su momento se dieron a conocer audios de las llamadas entre Kamel Nacif y Marín Torres, en las que el entonces gobernador manifestó su apoyo al empresario para imponerle un “correctivo” a la periodista.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), donde se conformó una Comisión Investigadora. Sin embargo, el Pleno se abstuvo de señalar al ex gobernador como supuesto responsable de la violación a las garantías individuales de la periodista.
Ello debido a que supuestamente no se demostró la existencia de una falta grave a los derechos de Cacho Ribeiro, en términos del artículo 97 constitucional, motivo por el cual, a decir de la SCJN, no era necesario un pronunciamiento sobre el caso, con lo que Suprema Corte concluyó el asunto.
El Pleno de la SCJN indicó que si bien la Comisión Investigadora puso al descubierto algunos actos indebidos y violación a las garantías individuales de la periodista, durante su traslado de Quintana Roo a Puebla, estas no fueron graves, sino “menores”, por lo que desechó la existencia de un “concierto de autoridades” para atentar contra Cacho Ribeiro.
Sin embargo, el ministro Juan N. Silva Meza, encargado de la Comisión, defendió el dictamen presentado y declaró: “Tengo la convicción plena de que en un Estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida”.
LA INVESTIGACIÓN DE LYDIA CACHO
La investigación realizada por la periodista retrata una red de trata de personas, prostitución infantil y pederastia, que involucra a empresarios y políticos, lo que que derivó en una denuncia, por calumnias y difamación en contra de la periodista por parte del empresario de origen libanés, primo de Miguel Borge Martín y tío de Roberto Borge Angulo, ambos ex gobernadores de Quintana Roo.
Cacho Ribeiro fue detenida el 16 de diciembre de 2005, por la entonces Policía Judicial de Puebla, en el municipio de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, afuera del Centro Integral de Atención a la Mujer y sus Hijos A.C. (CIAM), que ella dirige, para luego ser trasladada por carretera hacia la capital poblana.
Durante el trayecto de más de 15 horas, la periodista fue sometida a tortura, además de que luego quedó demostrada la discriminación de género, razón de la tortura y el trato sexualizado. A pesar de ser la víctima, el 23 de diciembre de 2005, la juez Quinto de lo Penal de Puebla dictó auto de formal prisión contra Cacho Ribeiro, por los delitos de difamación y calumnia.
Sin embargo, tras el pago de una fianza, la periodista consiguió su libertad, pero fue obligada a firmar cada mes. Después, el 17 de enero de 2006, Cacho Ribeiro fue exonerada tras una apelación de su defensa ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
El 13 de marzo de 2006, la periodista interpuso una contrademanda ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEMIV).
Meses después de se difundió un audio entre el entonces gobernador de Puebla y Nacif Borge, mismo que mostró su complicidad en la detención de la periodista, tal como lo determinó el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas(ONU-DH), que el 2 de agosto del 2018 falló a favor de Cacho Ribeiro y exigió al Estado Mexicano reparar integralmente a la comunicadora.
Se cumplen los 45 días para la primera evaluación a la estrategia migratoria implementada por la nación latinoamericana, a fin de contener el amago de la imposición de aranceles a todos sus productos en territorio estadounidense.
Migrantes centroamericanos se entregan a un agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en El Paso, Texas, el 15 de mayo de 2019.
José Luis González / REUTERS/ RT
Este 22 de julio se cumplió el plazo de 45 días acordado por los gobiernos de México y EE.UU. para evaluar los resultados en estrategia migratoria de la nación latinoamericana para evitar la imposición de aranceles del 5 %, escalables a 25 %, a todos los productos mexicanos por parte de la Administración Trump.
México ha detenido solo en junio a 29.153 migrantes, es decir, prácticamente 1.000 al día, la cifra más alta para un solo mes desde 2001, cuando la Unidad de Política Migratoria de Gobernación comenzó a registrar la estadística mensual en la materia. Además, el flujo migratorio en tránsito por el territorio mexicano ha disminuido en 36,2 % en el mismo lapso, con base en cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Este lunes, tras un encuentro ayer con el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que en 45 días más volverán a reunirse para tratar el tema migratorio. “Después de 45 días se va a seguir (la estrategia) porque tenemos que controlar nuestros flujos migratorios; la Guardia Nacional es para quedarse y el Instituto Nacional de Migración tendrá que reforzarse para que sea mayor su función migratoria y menos de la Guardia Nacional”, dijo el funcionario durante la conferencia diaria del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
“Vemos que el Gobierno mexicano ha implementado una política migratoria totalmente reactiva a cualquier tipo de pretensión e instrucción de Estados Unidos”.
Ana Saiz, directora de Sin Fronteras.
De esta forma, la Administración de López Obrador pasó de una política de brazos abiertos en los primeros meses de su Gobierno, en los que entregó 13.270 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias a personas migrantes de Centroamérica y cuyo programa concluyó en febrero pasado, a romper los récords de detenciones y deportaciones.
“Vemos que el Gobierno mexicano ha implementado una política migratoria totalmente reactiva a cualquier tipo de pretensión e instrucción de Estados Unidos. Estos acuerdos son muy desproporcionados para México y desde la sociedad civil cuestionamos la validez del propio acuerdo, tanto por el contenido como por la manera formal de suscribirlo”, expone Ana Saiz, directora de Sin Fronteras, una organización dedicada a la protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes.
La política migratoria de México podría tener un antes y un después; presionada por EE.UU., el paso de los migrantes se ha visto inhibido. “Ha habido un cambio, entre el antes y el después al acuerdo [con EE.UU.]. Por una especie de presión de los gobiernos, los flujos se han diversificado, no hay tantas personas en los albergues cuando antes estaban desbordados, las personas están haciendo más procesos de solicitud de asilo y más personas pasan por las estaciones migratorias, es lo que hemos detectado en un acompañamiento que hacemos con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)”, explica Gerardo Talavera, director de Casa Refugiados, una organización que promueve los derechos de personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas y migrantes.
Tras el acuerdo con EE.UU., el Gobierno mexicano desplegó 6.000 elementos de la Guardia Nacional en su frontera sur, 15.000 en la norte y transfirió a más de 650 policías federales al Instituto Nacional de Migración (INM).
Saiz también llama la atención sobre que se esté comisionando a la Guardia Nacional para realizar las detenciones y la contención de las personas migrantes, pues, apunta, pone en riesgo la seguridad jurídica. “Son cuerpos militares que se están enfrentando a tareas de contención migratoria y no propiamente delincuencial, en un contexto de una falta administrativa y no de un delito”.
A la crisis mexicana se sumó la renuncia de Tonatiuh Guillén López, reconocido por su amplio conocimiento en temas migratorios, al frente del INM, para nombrar en su puesto a Francisco Garduño Yáñez, con una reconocida trayectoria en el sistema penitenciario federal.
Por su parte, EE.UU. devolvió a México, entre el 29 de enero y el 11 de julio, a 19.911 centroamericanos en espera de la resolución de asilo: 8.874 fueron devueltos entre el 8 de junio y el 11 de julio, es decir después del acuerdo migratorio.
“Antes de estos acuerdos, el flujo de personas que detectamos era del 10 %, es decir, hay un 90 % del que nadie se entera que pasan ni a qué hora pasan. Datos de un informe de 2012 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) referían un flujo de 150.000 personas al año, según datos de Migración, y datos de sociedad civil indicaban que era de entre 350.000 y 400.000 al año, es el rango de error que tenemos”, destaca Talavera.
La cifra de devoluciones podría ir en aumento luego del anuncio de Donald Trump de limitar las solicitudes de asilo, anunciado el pasado 15 de julio. Algo con lo que la SRE dijo no coincidir y aseguró que México mantendría su política de asilo y refugio como marca la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y aclaró que no se convertiría en un tercer país seguro.
“México está violando el derecho de no devolución, el derecho de asilo de las personas con esto de ‘espérate en México mientras resolvemos tu solicitud de asilo'”, subraya Saiz, quien no ve ni claridad ni definición en la política migratoria, a la que califica de “bandazos reactivos”.
Aunado a ello, la Administración Trump arrancó hace una semana una serie de redadas contra personas indocumentadas en su territorio sin que, hasta el momento, se conozcan resultados oficiales de la misma.
Hacia la construcción
Ambas organizaciones destacan que no ha habido apertura hacia expertos o sociedad civil para la construcción de una política migratoria más clara e integral.
“Este Gobierno no tiene claridad en qué es la movilidad humana”, llama la atención Saiz, y destaca la violación a los derechos humanos en las acciones de detención, contención y deportación “escudadas detrás de un discurso de protección a los derechos humanos.”
Gerardo Talavera. director de Casa Refugiados.
“Hemos notado, del cambio del sexenio a la fecha, una especie de retroceso (en la atención a migrantes)”.
Gerardo Talavera. director de Casa Refugiados.
El director de Casa Refugiados habla de la necesidad de apertura a la sociedad civil para el diseño de la política migrante. “Hemos notado, del cambio del sexenio a la fecha, una especie de retroceso, primero en la sensibilidad de los funcionarios públicos, una sensibilidad que nos ha ido costando como sociedad civil, pero también en la reducción de programas sociales a estas personas en vulnerabilidad”.
El lunes pasado, López Obrador informó que el Gobierno mexicano ha otorgado 1.200 empleos a migrantes, el 50 % de ellos en la frontera sur y la otra mitad en la frontera norte.
El 8 de junio, desde la ciudad fronteriza de Tijuana, el presidente ofreció “ayuda humanitaria y oportunidades de empleo, educación, salud y bienestar a quienes esperen en México su solicitud de asilo para ingresar legalmente a Estados Unidos”, una medida que también ha polarizado a sus gobernados.
Migrantes centroamericanos bajan de una balsa tras cruzar el río Suchiate desde Tecún Umán, en Guatemala, a Ciudad Hidalgo, México, el 11 de junio de 2019. / Jose Cabezas / Reuters
La población mexicana ha manifiestado rechazo a los migrantes que atraviesan por su país, según una encuesta nacional en vivienda patrocinada por Grupo Reforma y The Washington Post, que revela que 55 % prefiere que sean deportados a sus países de origen y sólo el 7 % quisiera que se les ofrezca residencia.
“No tener una política clara ha generado una presión innecesaria en ambas fronteras de México, tanto en la norte y sur, ha generado incertidumbre entre la población y acrecentado los discursos xenofóbicos”, apunta Saiz.
A la espera …
Este 19 de julio, López Obrador se reunió con legisladores de EE.UU. para hablar del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) y compartió que fue un encuentro fructífero, también enfatizó que la política migratoria emprendida por su Gobierno es “firme y clara”.
Mientras que en su conferencia de prensa diaria, a pregunta de la prensa, aseguró que los niños migrantes cuentan con “toda la protección” del Estado mexicano.
“Si los migrantes están protegidos, apoyados, respaldados, se evita que se violen derechos humanos; con más razón estamos siendo cuidadosos de la atención a los niños, hay hasta planes de Unicef para este propósito”, señaló.
El riesgo, enfatiza Saiz, es que la evaluación que México espera este 22 de julio está movida “por situaciones caprichosas de Estados Unidos porque no hay metas establecidas. Hoy te pueden decir que cumpliste y mañana que no cumpliste”.
Mexicali.- Primero se escucharon detonaciones de arma de fuego, después silencio.
Los vecinos del fraccionamiento Los Encinas del puerto de Ensenada descubrieron el cuerpo sin vida de una mujer en la avenida Fresnos. Se encuentra sin ser reconocida, aunque se le identificó en las estadísticas con el 117, el número de mujeres asesinadas en Baja California.
Cada mes, en promedio, en 20 hogares de esta entidad se registran tragedias familiares por la muerte de estas mujeres que las autoridades investigadoras de la Procuraduría General de Justicia de Baja California las consideran homicidios -apenas el 7 por ciento los tipifican como feminicidios- e incluso vinculan a la mayoría con actividades del crimen organizado.
En esta entidad, una mujer es asesinada cada dos dias en alguno de los cinco municipios, la mayoría de ellos en Tijuana, ciudad que registra la más alta incidencia de este delito.
Con cifras de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, del 1 de enero al 19 de julio se reportaron 117 asesinatos de mujeres.
La ciudad de Tijuana destaca en esta incidencia delictiva ya que de acuerdo a las carpetas de investigación hay 102 casos de mujeres asesinadas.
De estos asesinatos solo ocho han sido considerados feminicidios, el resto son homicidios para la Procuraduría General de Justicia de Baja California, según datos de incidencia delictiva del fuero común del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México. En la mitad de ellos usaron armas blancas.
La Fiscalía presume su efectividad en Mexicali, en donde de las 6 muertes violentas de mujeres considerados como Feminicidios para las autoridades, han presentado ante el juez a 3 imputados, un presunto responsable más se quitó la vida tras ultimar a su esposa.
En cambio, en Tijuana justifica la PGJE el alto índice de impunidad al relacionar el 90 por ciento de las mujeres asesinadas con actividades del narcotráfico.
Tienda de autoservicio omitió registrar al seguro a trabajadora/ Crédito: Archivo
Mercedes Rosales/Diario de Querétaro
Gloria Cruz sufrió un accidente mientras laboraba como jefa de tienda en una tienda de autoservicio; su trabajo implica cargar mercancía y desplazarla, fue de esa manera, que cayó de espaldas por un aceite derramado en el suelo.
Sin embargo, al acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica por la caída, se dio cuenta que su empresa omitió registrarla y brindarle esta prestación: Gloria al no contar con seguro, debe solventar de su bolsillo sus gastos médicos.
“Venía yo con el patín y la mercancía en una tarima muy pesada, entonces tienes que subir el patín en reversa (…) pero en la rampa no me percato que había aceite, cuando derrapo, ni las manos metí”, relata.
Anteriormente, hace dos años en esa misma empresa, Gloria fue despedida injustificadamente y logró su reinstalación para el primero de julio de este año, unos días después, el 4 de julio, sufre un accidente de trabajo y levanta la denuncia vía electrónica ante el IMSS por no estar dada de alta.
“Voy al Seguro a que me atiendan y no estoy dada de alta ante el IMSS por la empresa. Me niegan el servicio”, señala.
Además, acude a Oficialía de Partes a la subdelegación del IMSS, y asiste a la Defensoría de los Derechos Humanos; sin embargo, aunque ya ha levantado la denuncia ante diferentes instancias menciona que es tardado el tiempo para que pueda lograr acceder al servicio médico y obtener la prestación que por derecho le corresponde.
A esto se le agrega que ha sostenido conflictos con la empresa, pues ésta le alertó que le negaría la entrada y no le pagarían sus dos semanas de trabajo.
“Me siento muy impotente. Lastimada, trabajando, sin que me paguen, sin seguro”, dijo.
Ante esta situación, Gloria insta a las autoridades a poner más atención a las empresas, y que éstas se pongan en el lugar de los trabajadores; “No todos vamos a trabajar por hobby. Yo creo que todos tenemos alguna necesidad, al menos, para mí, es mi único ingreso. Es el sustento de mi familia (…) No se vale que abusen de la necesidad de la gente”, puntualiza.
En 18 de las 32 entidades del país se registró un alza en el número de víctimas de asesinatos, mientras que en 14 estados hubo un detrimento en los homicidios, durante el primer semestre del 2019, según reflejan las cifras del Mapa de Incidencia Delictiva de junio, dado a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Durante junio, las entidades que acumularon mayor número de víctimas de homicidio doloso fueron Baja California, con 272; Guanajuato, con 248; Chihuahua, con 243; Estado de México, con 228; Jalisco, con 226; Michoacán, con 175; Guerrero, con 171; Sonora, con 164; Veracruz, con 149, y Ciudad de México, con 143.
Al contrario, las entidades que el mes pasado tuvieron menos víctimas fueron Yucatán y Baja California Sur, con 2 cada una; Campeche, con 5; Durango y Aguascalientes, con 8 cada una, y Querétaro, con 11.
El promedio mensual nacional pasó de 2 mil 714 víctimas de homicidio doloso durante el primer semestre del año pasado, a 2 mil 856 de éste, una diferencia de 142. Si la tendencia continúa, el 2019 cerrará con más de 34 mil 200 víctimas y desplazará al 2018 como el año más violento en la historia moderna de México.
En cuanto al número víctimas de delitos del fuero común entre enero y junio, en las 32 entidades del país se registraron 17 mil 138 víctimas de homicidio doloso, un aumento de 5.21 por ciento en comparación con el número de asesinatos que se registraron en el mismo periodo del año pasado, cuando en total existieron 16 mil 288 víctimas.
De las más de 17 mil víctimas de homicidio doloso registradas durante los primeros seis meses del presente año, en alrededor de 71.3 por ciento de los casos (12 mil 215 personas) fueron atacadas con un arma de fuego. De enero a junio del 2018, de las más de 16 mil 200 víctimas de asesinatos, 11 mil 460 murieron por un arma de fuego, lo equivalente a 70.35 por ciento del total.
De enero a junio del 2019 se registraron 1 millón 4 mil 191 presuntos delitos en la República Mexicano, y sólo en junio en todo el país la cifra alcanzó 170 mil 738, según los los mismos datos del organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) del Gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
En el primer semestre de este año 2019, la entidad con un mayor aumento en asesinatos fue Nuevo León, donde se registraron 486 víctimas de homicidio doloso, un aumento del 72 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se tuvo conocimiento de 282 asesinatos.
Según los datos del SESNSP, a Nuevo León le siguen Sonora, Hidalgo, Morelos y Tabasco, con aumentos en el número de homicidios dolosos de 67, 53, 44, y 42 por ciento, respectivamente, en comparación con primer semestre del 2018. Por el contrario, Baja California Sur lidera a las 14 entidades que han registrado mejoras, ya que pasó de registrar 125 asesinatos en el primer semestre del 2018, a 44 para el mismo periodo del año en curso, una reducción del 64 por ciento.
Asimismo, el Estado de México y Ciudad de México registraron en junio los mayores índices delictivos, al registrar 28 mil 855 y 19 mil 959 delitos, respectivamente, seguidos por Jalisco, con 12 mil 893, y Guanajuato, con 11 mil 468. En contraste, Campeche, Tlaxcala y Nayarit reportaron las menores cifras de presuntos delitos, con 198, 332 y 412.
Durante el primer semestre del año el EDOMEX y Ciudad de México presentaron, también, las cifras más altas, con 159 mil 635 y 123 mil 403 presuntos delitos, seguidos por Jalisco, Guanajuato, Baja California y Puebla, con 81 mil 859, 68 mil 783, 49 mil 706 y 39 mil 872 ilícitos, respectivamente.
En la carta denunciaron el acoso laboral, discriminación y falta de transparencia en asuntos de dinero por parte de las autoridades/Foto: CBTIS 118 Corregidora-Oficial/Facebook
Redacción/Notimex
Personal de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de Servicios (Uemstis) en Querétaro, denunció autoritarismo, discriminación y acoso laboral por parte de autoridades, luego de que revelaron posibles actos contrarios a la política federal de transparencia.
María Elena Razo Hernández, maestra del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTis) 118 de Corregidora, dijo en rueda de prensa que el 29 de abril de 2019 turnaron una carta a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Federal.
En la misiva, señalaron que autoridades de la Uemstis llevaba a cabo acciones al parecer poco transparentes como el hecho de cobrar algunos trámites en efectivo y sin el recibo correspondiente a los alumnos.
Precisó que los actos intimidatorios tras la carta enviada a la Comisión de Educación de la Cámara alta, que preside Adela Piña Bernal, son en su contra y en la de sus compañeras María Ángela Gómez García y Fabiola Reyes Lugo.
“Esa denuncia ciudadana ya ingresó a la Secretaría de la Función Pública el pasado 4 de junio y ahora solicitamos se lleve a cabo una auditoria externa a cada uno de los cinco planteles y a la oficina responsable de la Uemstis en Querétaro”, expresó.
Con la finalidad de hacer un balance de la política hídrica de la administración encabezada por Enrique Alfaro Ramírez, fortalecer los vínculos entre las comunidades que luchan contra proyectos que les afectan y generar acciones unificadas al respecto, ayer se llevó a cabo en Temacapulín, en Cañadas de Obregón, el cuarto Encuentro en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida.
“La conclusión fue que, en relación al agua, la política de Enrique Alfaro es de continuidad y completamente obsoleta, pues no respeta el principio de equidad ni el de sustentabilidad”, resumió María González Valencia, coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), una de las organizaciones convocantes al evento.
En el espacio de diálogo participaron comunidades de la ribera del lago de Chapala, quienes se enfrentan a altos niveles de contaminación de las aguas que consumen; organizaciones que pugnan por el saneamiento de la laguna de Cajititlán, en Tlajomulco; colectivos de la Zona Metropolitana de Guadalajara que defienden bosques y acuíferos contra la intervención inmobiliaria; el colectivo Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, localidades afectadas por la Presa El Zapotillo, y habitantes de la comunidad de San Juan Bautista de la Laguna, quienes se oponen a la construcción de un gasoducto que pasa por la zona y del que no se tiene certeza que cumpla con las normas de seguridad.
A las 11 horas del próximo miércoles, en Plaza Liberación como sede, los colectivos participantes del encuentro darán a conocer públicamente los acuerdos alcanzados en el mismo y las acciones que se desprenderán de éstos.
“La conclusión fue que, en relación al agua, la política de Enrique Alfaro es de continuidad y completamente obsoleta, pues no respeta el principio de equidad ni el de sustentabilidad”
Por Sugeyry Gándara / SinEmbargo 22 de julio de 2019
La activista y buscadora Zenaida Pulido fue asesinada este viernes. Imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro
Uno de los hermanos de la activista informó a SinEmbargo que tras el asesinato, los integrantes de su familia tuvieron que abandonar sus hogares y salir de las localidades por temor, ya que “la maña [crimen organizado] hace aquí [en Michoacán] lo que quiere”.
“Todos estamos muy dolidos, y nos hacemos todo tipo de preguntas. Yo quisiera que [las autoridades] nos brindaran un poco de apoyo y que pongan un poco de protección a las familias que lo necesitan, porque la verdad uno se siente impotente de ver que no hacen nada”, dijo a SinEmbargo el señor Pulido, un familiar de la víctima que pidió omitir su nombre de pila.
Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- La activista y buscadora de personas desaparecidas, Zenaida Pulido Lombera, de 42 años, fue asesinada a balazos cuando regresaba de interponer una denuncia tras haber sido amenazada en la localidad de Pichinlinguillo, Michoacán. Familiares y pobladores capturaron a dos personas, quienes presuntamente habrían amenazado a la víctima y serían los presuntos responsables del crimen; pero ahora temen por su seguridad, por ello solicitaron protección de las autoridades.
Uno de los hermanos de la activista informó a SinEmbargo que tras el asesinato de Zenaida, la familia tuvo que abandonar su hogar temor, ante la inseguridad que impera en la zona por el crimen organizado.
Por otra parte, compañeros de Zenaida y activistas denunciaron que las autoridades han sido omisas y negligentes
Evangelina Contreras Ceja, del colectivo ¿Dónde están los Desaparecidos?, denunció que el caso ya acumula varias violaciones a derechos humanos. La defensora explicó que los familiares de Pulido Lombera tuvieron que hacer ellos mismos el levantamiento del cadáver porque pasaron varias horas y las autoridades ministeriales no acudieron a la escena del crimen.
“Una de las primeras violaciones a los derechos del cuerpo, y a todo, es que asesinaron a la compañera la madrugada del viernes, como a la 1 o 2 de la mañana. Dieron las 8 de la mañana, y las autoridades no habían recogido el cuerpo. Lo levantaron los familiares porque las autoridades no aparecieron”, dijo Contreras Ceja en entrevista.
BUSCADORA
Zenaida se integró al Colectivo ¿Dónde están los Desaparecidos? en el año 2013. Es una de las activistas fundadoras del grupo que se concentra en la búsqueda de personas desaparecidas en Caleta, Michoacán, platicó Evangelina Contreras.
La defensora, madre de tres, buscaba a su esposo, quien llevaba más de 17 años desaparecido. A Zenaida la describen como persona muy activa, trabajadora. Se caracterizaba por ser una persona muy solidaria con los demás.
“Ella se dedicó a sacar adelante a sus hijos. Siempre estaba dispuesta a apoyar, a estar al pendiente que a sus allegados no les pasara nada. Como defensora de derechos humanos, era muy buena persona”, recordó Evangelina.
EL ASESINATO
Zelandia Pulido fue atacada a balazos durante la madrugada del viernes en la localidad Pilinguillo, en el municipio de Aquila, Michoacán.
Horas antes del crimen, la defensora habría sido amenazada por unas personas que se presume querían quitarle sus tierras, de acuerdo a la información que dieron a conocer fuentes cercanas al caso. La mujer habría acudido ese mismo día a buscar a un oficial o agente ministerial para denunciar los hechos, sin embargo, a su regreso fue asesinada.
“Mi hermana ya había venido a poner una demanda, fue a Coaguyana a decir que la estaban amenazando, yo creo que al Ministerio público, ella ya había venido a intentar hacer su declaración y ahora eso parece que no existe, no sé qué está pasando”, dijo el entrevistado.
Pobladores y familiares de Zenaida lograron detener a dos personas. Se trata de los dos hombres que presuntamente amenazaron e intimidaron a la activista durante la tarde del jueves, comentó uno de sus hermanos.“Mi hermana ya había venido a poner una demanda, fue a Coaguyana a decir que la estaban amenazando, yo creo que al Ministerio público, ella ya había venido a intentar hacer su declaración y ahora eso parece que no existe, no sé qué está pasando”, dijo el entrevistado.
No obstante, allegados a la víctima pidieron a las autoridades no descartar todas las líneas de investigación posibles, pues se presume que a la víctima la habrían vigilado desde días antes. Evangelina Contreras recordó que la activista ya le había comentado que desde hace varios días personas la rondaban y al parecer la vigilaban.
En lo que va de la actual administración suman al menos 15 activistas y personas defensoras de derechos humanos asesinados en México, de los cuales ocho eran indígenas. Esta cifra representa un aumento significativo de la violencia contra este sector, ya que en todo el 2018 se documentaron 13 casos.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ha exigido previamente “un compromiso total del Estado para que haya una política real de protección a personas defensoras de derechos humanos”.
Zenaida integró desde 2013, junto con Evangelina Contreras, un colectivo de búsqueda de desaparecidos en Michoacán. Foto: Especial, SinEmbargo
DESPLAZAMIENTO
Evangelina Contreras lanzó un llamado energético a las autoridades a ser más profesionales y actuar conforme a la ley y los protocolos correspondientes, pues aludió que no es la primera vez que en los familiares de víctimas tienen que recoger los cuerpos porque los forenses no llegan en tiempo y forma.
La familia de la víctima pidió apoyo y resguardo para la realización del velorio porque temían que fueran atacados durante los cortejos fúnebres.
“Lo que yo le pediría a las autoridades un poquito de seguridad, aunque sea nada más mientras estamos velando a mi hermana y en su entierro porque la inseguridad esta al día y tenemos miedo que nos ataquen en el velorio”, dijo a SinEmbargo el pasado sábado uno de los hermanos.
El cadáver fue entregado la madrugada del domingo. Fue velado y sepultado bajo resguardo policial, mismo que duró hasta que concluyó el sepelio.
“El cuerpo llegó a la casa junto con la policía michoacana y nos brindaron seguridad hasta el domingo que la sepultamos y nos retiramos junto con la policía. No salimos porque ya no podían brindarnos más apoyo […] Nos acompañaron al sepelio de mi hermana, luego salimos y de ahí nos acompañaron unos 100 metros y nos dijeron, ‘pues que les vaya bien, muchachos’, y eso fue todo”, relató el entrevistado.
Los familiares de Zeinada abandonaron sus hogares porque se sienten en peligro. Ellos exigen justicia para Zenaida y mayor seguridad en las localidades, así como protección para ellos y resguardo a sus hogares.
“Que se haga justicia, eso es lo que pedimos. Que el Gobierno se ponga hacer su trabajo. Si tuvimos que abandonar el lugar donde vivimos, abandonamos todo lo que habíamos trabajado, porque no hay seguridad. Quisiera que si me pueden mandar seguridad a nuestras casas para que no nos la destruyan”, expresó el familiar.
Aquila es uno de los tres municipios michoacanos que se ubican en la costa del Pacífico. Sus playas vírgenes y de difícil acceso permiten el tráfico de drogas desde Suramérica.
Este municipio también fue escenario en 2013 del levantamiento en armas de indígenas, quienes a través de grupos de autodefensas combatieron al cártel de Los Caballeros Templarios.
Sin embargo, narcotraficantes de Los Caballeros Templarios, La Nueva Familia Michoacana y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúan peleando para buscar el control del tráfico de drogas en la costa de este estado.
Recientemente, Cemeí Verdía Zepeda, ex líder de las autodefensas en Aquila, denunció ante diversos medios de comunicación que el crimen organizado se volvió a infiltrar en varios municipios de Michoacán, entre ellos Aquila.
“Desde las nuevas administraciones de los ayuntamientos se infiltraron nuevamente los delincuentes otra vuelta en los ayuntamientos, en el de Aquila tenemos completamente identificado quienes están infiltrados de los delincuentes (…) el alcalde está implicado, él está pagando cuota a la delincuencia organizada para que le den supuestamente seguridad”, expresó el activista de acuerdo con el medio local Contramuro.
El pasado 15 de julio, Hipólito Mora Chávez, uno de los líderes de los grupos de autodefensa que se levantaron contra los criminales en Michoacán, denunció en entrevista con SinEmbargo que las autoridades ya están trabajando de nueva cuenta con los cárteles de la droga, a quienes dejan circular libremente por todo el país y no los detienen.
“Si uno ve que el gobierno no está haciendo su trabajo, si uno ve que en gran parte del país hay asesinatos, extorsiones, secuestros y que los delincuentes pueden pasearse libremente, pues entonces yo me pregunto: ¿por qué la gente que nos dedicamos a trabajar honestamente, como es mi caso que tengo una pequeña huerta de limón, no podemos traer un arma para defendernos?”, dijo Mora.
Cuernavaca, Morelos. Activistas integrantes de colectivos dedicados a la búsqueda de desaparecidos, solicitaron al gobierno de Morelos una reunión para conocer quién será el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas estatal y el presupuesto que le será asignado para su operación.
En conferencia de prensa, mujeres familiares integrantes de los colectivos “Regresando a Casa Morelos”, “Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos” y “Ana Karen Vive”, presentaron un pliego petitorio de tres puntos dirigido a la Secretaría de Gobierno del Estado.
Angélica Rodríguez, una de las activistas, madre de Viridiana, una joven desaparecida hace 7 años, dijo que desde 2018 a la fecha hay 450 personas reportadas como desaparecidas en la entidad, además de los 200 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas de Jojutla y Tetelcingo, así como los que permanecen en las instalaciones del Servicio Médico Forense sin identificar.
Agregó que en ese contexto el decreto por el que sea creó la Comisión de Búsqueda fue publicado en el Periódico Oficial el 18 de junio de 2019 y que hasta el momento la Secretaría de Gobierno no ha informado cómo le dará cumplimiento.
“A la fecha, el gobierno no ha informado a las familias de personas desaparecidas sobre las acciones para dar cumplimiento al Decreto, por lo tanto, solicitamos al secretario de Gobierno de Morelos, como punto número uno, le estamos preguntando al secretario el nombre de la persona designada como encargada de despacho de la Comisión.
“El Decreto establece que el secretario de Gobierno nombrará a un servidor público que, sin dejar de desempeñar su cargo original, estará a cargo temporalmente del Órgano Desconcentrado que se crea, hasta en tanto se realice la designación definitiva del Titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos y nuestros colectivos solicitan el nombre de la persona encargada de la Comisión para concretar una reunión y para que nos informe e incluya en el proceso de preparación de la búsqueda”, dijo Rodríguez.
Lizbeth Cerón Salinas, hermana de Jessica, joven desaparecida hace casi 7 años, dijo que otra de las solicitudes es conocer el proceso y contenido de la convocatoria para el nombramiento del titular de la Comisión.
“El Decreto establece que, en un término no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de su publicación, la Secretaría debe emitir la Convocatoria correspondiente para la designación del Titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos y para la creación del Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas.
“Asimismo que la Secretaría realizará una consulta previa a los colectivos de víctimas, familiares de desaparecidos, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, pero siendo hoy 22 de julio del 2019 y quedando solo 6 días hábiles para la emisión de la convocatoria, las familias de personas desaparecidas no hemos sido informadas sobre el contenido de dichas convocatorias. Los Colectivos solicitamos que se nos consulte para asegurar que el proceso sea transparente, con legalidad, imparcial e incluyente”, dijo.
Ana Luisa Garduño, otras de las activistas, agregó que otra de las peticiones es que la Secretaría de Gobierno informe la cantidad de los fondos asignados a la creación y operación de la Comisión de Búsqueda.
“La Secretaría de Gobierno manifestó que era urgente publicar el Decreto para acceder a fondos federales para crear la Comisión Estatal de Búsqueda. A un mes de su publicación, el Gobierno no ha informado sobre la cantidad de fondos federales y estatales asignados para la Comisión. La Comisión de Búsqueda informó que los estados de Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, cada uno recibió 11 millones de pesos de los fondos federales para sus comisiones locales.
“Sobre Morelos, la Comisión Nacional solo mencionó que ‘estaban en pláticas’ para acceder a los fondos federales, por lo cual solicitamos que el Secretario de Gobierno de Morelos nos informe públicamente cuántos fondos federales ha solicitado y cuánto es el aporte del gobierno local para la Comisión de Búsqueda”, expresó.
Para aclarar sus dudas antes del vencimiento del plazo para la conformación de la Comisión, las activistas familiares de desaparecidos solicitaron una reunión urgente con el secretario de gobierno, Pablo Ojeda, antes del 26 de julio.
El gobierno del estado informó al respecto que la convocatoria vence el 29 de julio, de acuerdo con el Decreto por el que se crea y regula la Comisión Estatal de Búsqueda.
“En los próximos días se emitirá la Convocatoria para la designación del titular de la Comisión y la integración del Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas en Morelos. Para el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo es apremiante la creación de la Comisión Local de Búsqueda, toda vez que permitirá trabajar de la mano con la sociedad en la reconstrucción de la paz y el tejido social del estado.
“La desaparición de personas es un gran reto para el Estado; se asume con responsabilidad y diligencia, lo que solo será posible a través de la participación decidida del Gobierno y la sociedad. A solo tres meses de la reinstalación del Sistema Nacional, Morelos cuenta ya con su Comisión de Búsqueda de Personas, cabe recordar que fue el 18 de junio de 2019, cuando se publicó el Decreto por el que se crea y regula el órgano desconcentrado, cuyo objeto es impulsar, ejecutar, coordinar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Morelos”, informó el Ejecutivo estatal.
Agregó que el Gobierno del estado, afina una ampliación presupuestal para disponer de recursos humanos, materiales y financieros para que la Comisión pueda operar, además de gestionar la creación de plazas, descriptivos y perfiles de puestos para dicha Comisión.
“A través de la Secretaría de Gobierno se elaboró y presentó ante la Comisión Nacional de Búsqueda, el proyecto ejecutivo para acceder a los recursos federales que se encuentran destinados para acciones de búsqueda”, informó el Ejecutivo estatal.
Zenaida se convirtió en activista luego de la desaparición de un familiar; fue atacada por hombres armados en el tramo carretero Huahua-Pichilinguillo.
Foto: @AlertaPDMX
Por Redacción Animal Político, 22 de julio de 2019
La activista y familiar de una persona desaparecida, Zenaida Pulido Lombera, fue asesinada el pasado viernes en el estado de Michoacán cuando regresaba de denunciar las amenazas que había en su contra y a quienes desaparecieron a su familiar.
Zenaida, de 43 años, fue atacada por sujetos armados en el tramo carretero Huahua-Pichilinguillo, en la costera michoacana.
Con gran tristeza e impotencia comunicamos que nuestra amiga Zenaida Pulido Lonbera de #Pichilinguillo #Michoacán #Aquila fue asesinada está mañana por hombres armados, después de denunciar a quienes desaparecieron a su familia. #Mexico #YaBasta pic.twitter.com/PS69EgKuHl
— ALERTAS Periodistas Desplazados y Riesgo México (@AlertaPDMX) July 20, 2019
De acuerdo con el colectivo Familiares Caminando por Justicia, como parte de la búsqueda de su familiar, Zenaida “estaba inmersa en la lucha por la verdad y la justicia de los desaparecidos”, por lo que participó como coordinadora en la quinta Caravana “Buscando Encontraremos” realizada entre abril y mayo de este año y que encontró una fosa clandestina con 43 restos óseos.
“Su asesinato nos deja una profunda tristeza e indignación, porque el caso de Zenaida se une ahora a la lista en la que figuran decenas de víctimas que por buscar a sus seres queridos han recibido la muerte como castigo en un Estado que no solo no garantiza el derecho a la seguridad de todas las personas, sino que además olvida la vulnerabilidad a la que las víctimas están expuestas”, expresan en un comunicado.
El colectivo también acusa que en México es muy común que, durante la investigaciones, los servidores públicos violen los derechos humanos de los familiares de personas desaparecidas, lo cual refleja “el debilitamiento del Estado de derecho en México”.
Grupo Darmi, constructora encargada de la reconstrucción de Uxmal 443 (Benito Juárez), Insurgentes Norte 476 (Cuauhtémoc) y Rincón del Sur 15 (Xochimilco), es señalada por damnificados de “lucrar con la tragedia” por cobrarles sobreprecios para materiales de 166 por ciento en interiores y 337 por ciento en impermeabilizantes. El Gobierno de la Ciudad de México justifica que fue contratada en la administración pasada, pero el 19 de julio se le acaba de asignar trabajos en Obrera Mundial 195.
Ciudad de México, 22 julio (SinEmbargo).– Una damnificada de Uxmal 443, Alcaldía Benito Juárez, le dijo al Ingeniero Alfredo Mendizabal Piedras, representante de Grupo Darmi en el proceso de reconstrucción a 22 meses del 19S en la Ciudad de México, que una instalación eléctrica no cuesta 57 mil 500 pesos, basada en cotizaciones que hizo en diversas tiendas especializadas en interiores. Se rió y le aseguró que ella qué iba a saber.
“Dice que no tiene que rendirnos cuentas a nosotros, que solamente al Gobierno de la Ciudad de México, pero yo le di 70 mil pesos, que son mis ahorros, más los 133 mil pesos brutos de crédito a 20 años [a los que está comprometida] solo para interiores”, afirmó en entrevista sobre su edificio de 50 años con 21 departamentos que supuestamente entregarán en agosto. “Yo me fui al Home Depot a sacar un presupuesto de muebles de baño, de cocina y no te miento: no gastaba ni 50 mil pesos”, dijo evidenciando un sobre costo de 166 por ciento.
Al inicio el Ing. Mendizabal les comentó a los habitantes de Uxmal 443 que les devolvería el dinero, pero ahora les está pidiendo 28 mil pesos más por departamento “porque salieron cosas en el estacionamiento”. Además, solamente se les colocará un baño, de los tres que estaban antes del sismo.
“Ha de pensar que somos privilegiados porque vivimos en la Alcaldía Benito Juárez [catalogada a nivel nacional con el mejor Índice de Desarrollo Humano por la ONU], pero la realidad es otra. Tengo un coche del 2000, mi mamá ya es de la tercera edad y no trabaja, y soy la única que apoya a la casa. No le voy a dar todo lo que tengo por un capricho suyo si le dieron 23 millones de pesos del Fideicomiso para la Reconstrucción (en la penúltima junta les dijo que eran 18 millones). Por qué no se adaptó al presupuesto que tenía”, cuestionó.
Este miércoles 24 de julio, después de un retraso de dos semanas, el Gobierno de la Ciudad de México publicará los resultados de las auditorías de costo y obra técnica realizadas para detectar sobreprecios de las constructoras señaladas por Damnificados Unidos, entre ellas, Grupo Darmi, manejada por los Ingenieros Alfredo Mendizabal Piedras (padre) y Ricardo Mendizabal (hijo).
“La reconstrucción se hace de forma transparente, segura y con costos adecuados, y que quede claro, no vamos a permitir ningún abuso”, aseguró la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo durante su informe de 200 días de gestión este domingo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.
SinEmbargo pidió un comentario en las oficinas de Grupo Darmi, con más de 30 años de experiencia en el sector, pero no obtuvo respuesta.
EL IMPERMEABILIZADO EN INSURGENTES 476
Durante los recorridos en los edificios de Multifamiliar Tlalpan (Coyoacán), Rincón del Sur 15 (Xochimilco), Rancho San Lorenzo 32 (Coyoacán) e Insurgentes Norte 476 (Cuauhtémoc) realizados la semana pasada, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum se comprometió a que si se comprobaba el sobreprecio, se les exigirá a las constructoras poner el dinero inflado y se les sancionará incluso con vetarlas de futuras obras públicas.
En anteriores ocasiones Shienbaum ha justificado que algunas compañías, como Grupo Darmi, fueron contratadas durante la administración pasada de Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Por ahora, a Grupo Darmi se le asignó otra reconstrucción en Obrera Mundial 195, Alcaldía Benito Juárez, de acuerdo con el colectivo Damnificados Unidos. En el video subido por la Comisión de la Reconstrucción en sus redes sociales se ve a los Ing. Mendizabal anunciar los inicios de la obra. En la Plataforma de Transparencia del Gobierno de la Ciudad de México solo se revela que arrancó el 19 de julio, pero omite el nombre de la empresa.
“Siento que estoy en contra pared, porque no encuentro solución a esto. Me estoy enfrentando a un gigante porque yo y otro vecino –que casi se agarra a golpes al Ingeniero Mendizabal– somos los únicos que estamos alterados por este cobro que es estratosférico. Está lucrando con una tragedia”, dijo la habitante de Uxmal 443 sobre Grupo Darmi.
Pero no es la única “alterada”.
En Insurgentes 476, Alcaldía Cuauhtémoc, Grupo Darmi cobró 175 mil pesos por impermeabilizar 200 metros cuadrados (de los 400 metros cuadrados requeridos), es decir, 875 pesos el metro cuadrado “cuando en cualquier cotización el metro cuadrado de impermeabilizante prefabricado de cuatro milímetros entre material y mano de obra nunca rebasa los 200 pesos”, dijo Israel, damnificado del edificio 3B del Multifamiliar Tlalpan, afuera de Insurgentes 476 tras el recorrido de Sheinbaum. Es decir, un sobrecosto de un 337 por ciento.
“A quien le toca corregirlo es al Gobierno. Lo vergonzoso es que lo que le mostramos a la Jefa de Gobierno se lo señalamos al Comisionado para la Reconstrucción [César Cravioto] desde el 6 de diciembre pasado, entonces no lo vio o no lo quiso ver […] Si se están inflando los precios, que devuelvan el dinero y si sobra que pueda alcanzar para todos los otros damnificados que siguen esperando”, agregó el también miembro de Damnificados Unidos.
Al sur de la Ciudad de México, los damnificados del edificio 5 de Rincón del Sur 15, en la alcaldía Xochimilco, quienes se oponen a regresar por falta de condiciones de habitabilidad, expusieron en la visita de Sheinbaum que Grupo Darmi cobró 45 mil pesos por la reparación, limpieza y pintura de una cisterna, la cual no existe en el inmueble.
Yukari, de Insurgentes Norte 476, donde se ven varillas salidas de los acabados, acusó al término del recorrido que Grupo Darmi se ha negado a terminar la instalación de las redes hidrosanitarias, acabar elementos para la habitabilidad del edificio y a reparar el edificio dañado por los trabajadores de la constructora. La habitante de Uxmal en Benito Juárez también señaló que el elevador de su edificio fue dañado por la empresa y no por el sismo.
Al igual que en Rincón del Sur 15, Grupo Darmi “ha intentado forzar a los vecinos a firmar una preentrega de sus departamentos”, dijo Yukari a 22 meses del sismo del 19S.
En el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto rechazan el ecocidio que provocaría en la Cuenca de la Independencia.
Foto: Roberto Gutiérrez
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 22 de julio de 2019
Cerca de dos mil personas provenientes de comunidades de la Cuenca de la Independencia, Guanajuato, se movilizaron ayer contra del proyecto minero Cerro del Gallo de la canadiense Argonauta Gold por el daño ecológico que representa la explotación de la mina a cielo abierto.
Mujeres, campesinos y apicultores de San Miguel de Allende, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo se manifestaron ayer en las principales calles de Dolores convocados por la Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia (Codecin) y el Colectivo Guardianes de la Cuenca de la Independencia.
La marcha fue convocada en el contexto del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto que se lleva a cabo cada 22 de julio y en rechazo a la destrucción del cerro del Gallo y ecocidio que generaría el proyecto minero.
Desde hace dos años los dolorenses supieron de las ocho concesiones que tiene la minera canadiense Argonauta Gold en la comunidad San Antón de las Minas, donde también están asentadas otras 20 comunidades vecinas al Cerro del Gallo, entre ellas Santa Bárbara, La Colmena, El Durazno, San José de la Campana, La Ventanilla y La Tinaja.
Foto: Roberto Gutiérrez
Argonauta Gold pretende usar la técnica de cielo abierto en una área total de 20 mil hectáreas y destruir una tonelada de suelo por cada medio gramo de oro y plata que busca extraer. Además destinar más de mil 500 millones de metros cúbicos de agua del sobrexplotado acuífero de la Independencia bajo la técnica de lixiviación en pila con cianuro de sodio que contaminaría el agua y afectaría todo tipo de vida.
Lo anterior fue denunciado por Comunidades Opositoras al Proyecto Minero Cerro del Gallo y la organización Hermandad de la Cuenca de la Independencia Acción Colectiva Socio Ambiental, quienes además alertaron sobre la violación de los derechos humanos de las comunidades y el desplazamiento involuntario de muchos habitantes.
Las comunidades de la Cuenca de la Independencia han reiterado del problema de sobrexplotación del acuífero por parte de la agroindustria, lo cual ha provocado que se surtan de aguas profundas con pozos que van de 400 a 700 metros y que contienen elementos como arsénico y fluoruro, lo cual ha generado graves daños a la salud de la población.
En tanto, el sector minero minimizó la preocupación de las comunidades, pues durante la “Expo México Minero”, ocurrida el 12 de julio en Guanajuato, el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Salvador García Ledesma, las calificó como “ridícula”.
Desde 2015, 42 mexicanos han sido asesinados por agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en territorio mexicano. Todos están impunes. Seis familias han decidido llevar a las cortes de ese país su exigencia de justicia
Daniela Pastrana/ PIE DE PÁGINA
Fotos: María Ruiz, Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza y Southern Border Communities Coalition
Después de terminar un juego de básquetbol, José Antonio Elena Rodríguez caminó a su casa. Generalmente pasaba por su hermano mayor, Diego, que trabajaba en un Oxxo, pero ese día había salido temprano del trabajo. José Antonio pasó por la Internacional, una calle de Nogales paralela a la línea fronteriza que hace años divide una reja de acero. Desde el territorio estadounidense, por una de las líneas diagonales de la barda, el agente Lonnie Swartz descargó dos veces su arma.
Salieron 20 balas del arma de cargo del oficial de Estados Unidos, 10 de ellas impactaron en la espalda del joven de 16 años, cuyo cuerpo quedó tirado sobre el asfalto, desangrándose.
Eso fue el 10 de octubre de 2012. Han pasado casi 10 años y el asesinato sigue impune. El agente Swartz, el hombre que disparó, ha librado bien dos juicios. En el primero dijo que le disparó en defensa propia porque el muchacho lo atacó tirándole piedras desde el lado mexicano de la barda. “Para que el niño le diera tenía que haber sido Fernando Valenzuela”, dice en entrevista el abogado de la familia, Manuel Íñiguez López. Peor aún: debió tirarlas hacia atrás, porque las balas le dieron en la espalda. Pero nada de eso consideró el jurado, que no lo consideró culpable de homicidio en segundo grado.
En el segundo juicio, Swartz, que además es instructor de tiro, alegó que el arma se disparó por error. Lo que no explicó fue cómo se volvió a cargar sola, porque cada carga tiene 10 tiros y a José Antonio le cayeron dos cargas de balas. Pero, de nueva cuenta, el agente fue absuelto por un jurado.
“Ese agente destruyó una familia. Nos dejó marcados para el resto de la vida, donde quiera que voy siempre lo traigo presente, son dolores que siempre vana estar ahí”; dice su madre, Aracely Rodríguez.
“Lo peor de todo ha sido estar en una corte y ver a la persona que asesinó a tu hijo sonriente, saber que sigue con su vida y todavía tiene el descaro de mirarnos y burlarse, cuando le debería de dar vergüenza, y burlarse. Porque así fue: a nosotros no nos dieron el derecho a dar nuestra versión, llevaron de testigo a una viejita que no sabía ni qué mano levantar y que ahí mismo cambió la versión. Y Diego, mi hijo, tuvo que excusarse porque dijeron que la intimidaba con la mirada”.
La familia de José Antonio interpuso una demanda civil contra Swartz por violación de derechos civiles pero el agente argumentó que como son mexicanos no pueden demandar en cortes estadounidenses.
El caso de José Antonio y el de Adrián Hernández, otro adolescente asesnado en territorio mexicano por un agente de la Border Patrol desde territorio estadounidense, llegarán a la Suprema Corte de los Estados Unidos donde se decidirá si sus familias, y las del resto de las víctimas de asesinatos transfronterizos, pueden o no demandar en cortes de este país, a pesar de su nacionalidad mexicana.
Es por eso que la abuela y la madre de José Antonio viajaron esta semana a la capital de México para entrevistarse con legisladores y funcionarios del gobierno mexicano y exigir un pronunciamiento en contra de la legalización de estos crímenes.
“Queremos que México tenga una comunicación con Washington y que diga que repudia los asesinatos en la frontera”, dice Aracely, sin lágrimas
La familia tiene el apoyo de la Corte 9 de San Francisco. Ahora, la Suprema Corte deberá decidir si con derechos constitucionales para demandar lo cual sería un referente importante de defensa de derechos humanos en líneas fronterizas.
“Si el caso tiene éxito y las familias pueden demandar sería una forma contundente de prohibir que se maten inocentes a través del muro. Si por el contrario las familias pierden el derecho a demandar, se legalizarían estos crímenes y se mantendría la impunidad, dando luz verde a más asesinatos trans-fronterizos, no sólo por parte de la patrulla fronteriza, también de grupos anti-inmigrantes”, dice un comunicado publicado por el Movimiento Migrante Mesoamericano, que acompaña a las familias en su periplo por las oficinas de legisladores mexicanos que les apoyen.
Un segundo frente se está peleando en la Fiscalía General de la República; la reanudación de la averiguación previa AP/PGR/SON-NOGII/972/2012 para solicitar la extradición del agente.
“Cuando ocurrió el asesinato se inició una averiguación, pero quedó ahí, sin avanzar. Queremos que se reactive y que se pida la extradición”, dice el abogado. “Ese hombre violó los derechos del niño pero también la soberanía mexicana”.
Taide Elena abuela de José Antonio.
Como el caso de José Antonio, existen al menos seis demandas pendientes en Estados Unidos por asesinatos cometidos por agentes de la patrulla fronteriza desde los Estados Unidos en suelo mexicano. Todos siguen impunes.
“No hay represalias ni castigo, ni ha habido reacciones de las autoridades. Lo que queremos es que despierte México y que el gobierno proteja a sus mexicanos”, dice Aracely.
En el mismo sentido, Taide Elena, la abuela paterna de José Antonio, dice que la familia no está dispuesta a dejar de pelear. “Queremos justicia para ese niño, que (al agente) se le juzgue en Estados Unidos y en México”.
Taide Elena y Araceli Rodríguez en el Senado acompañadas por Martha Sánchez del Movimiento Migrante Mesoamericano. Asistieron para pedir el apoyo de senadores en el caso de José Antonio.
Combatir la impunidad en el caso de José Antonio es dejar un precedente para que no vuelva a pasar. Se tienen datos de cinco asesinatos en territorio mexicano por la patrulla fronteriza desde Estados Unidos.
Combatir la impunidad en el caso de José Antonio es dejar un precedente para que no vuelva a pasar.
En 2014, un grupo de familiares y personas afectadas por la violencia de agentes fronterizos fundaron la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza ( The Border Patrol Victims Network – BPVN ) para buscar trabajar en solidaridad y acabar con la cultura de violencia e impunidad de los agentes que vigilan la frontera.
Desde su creación, la red se manifiesta tanto en México como en Estados Unidos. Uno de sus objetivos es crear memoria colectiva para que los asesinatos no queden en impunidad ya que de las 42 muertes que desde 2015 tiene conocimiento la red, no hay un solo detenido.
Piden se realicen investigaciones por abuso de poder de agentes fronterizos, que se reabran casos ya cerrados y que el gobierno estadounidense indemnice a las familias de las víctimas.
José Antonio Elena Rodríguez*
A José Antonio lo acribillaron desde una colina de Estados Unidos que se eleva a una altura de 12 a 15 metros sobre el nivel de la calle del lado mexicano, en Nogales, a cuatro cuadras de su casa.
Guillermo Arévalo Pedroza
Guillermo celebraba el cumpleaños de su hija en un picnic a la orilla del Río Bravo, en México. Agentes que realizaban vigilancia a bordo de una lancha patrullera le dispararon dos balazos, supuestamente por ser atacados con piedras por varias personas desde territorio mexicano.
José Alfredo Yáñez Reyes
José Alfredo estaba en un árbol cuando agentes fronterizos intentaban detener a tres hombres al cruzar la frontera. Le dispararon en la cabeza.
Ramsés Barrón Torres
La familia de Ramsés cuenta que cruzó la frontera de Estados Unidos a México para visitar a su novia en Nogales. Un agente fronterizo le disparó ya que estaba del otro lado cuando porque supuestamente le lanzaron piedras.
Sergio Adrián Guereca
Sergio observaba a unos chicos jugar cuando el agente le disparó porque supuestamente fue rodeado y agredido con piedras. A su familia le negaron el derecho a demandar por ser mexicanos y porque el hecho fue en México pero sus abogados apelaron en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y este mes tendrán que tomar una decisión.
Juan Pablo Pérez Santillán
Juan Pablo recogía ramas para prender una fogata y poder calentar tamales para quienes cruzaran nadando el Río Bravo rumbo a Estados Unidos cuando agentes de la Patrulla Fronteriza le dispararon.
*Los retratos son de la Southern Border Communities Coalition.
Los habitantes del sector La Lomita denunciaron que la Japama no les da solución a la escasez de agua que se presenta desde hace tres décadas y sin embargo les siguen cobrando el recibo
Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de no tener agua por más de 30 años, habitantes de la comunidad de las Bolsas de Tosalibampo 2, en el sector La Lomita, exigen a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) una solución inmediata a la escasez del vital líquido.
Los afectados señalaron que a pesar de no tener agua en sus llaves, los recibos de cobro siguen llegando con un monto de más de cien pesos cada mes, a pesar de que cuando llega el agua, esta sale turbia y con mal olor.
Exigencias
“Estamos viviendo una situación muy crítica y con mucha rabia, con mucha impotencia, porque vienen políticos y nos prometen lo mismo y seguimos con lo mismo, y pagando un recibo, y quisiéramos que no nos cobraran un recibo cuando no tenemos agua”, señaló María Olivia Casillas Torres.
La vecina de esta comunidad mencionó que en Japama no los atienden y cuando se quejan les dicen que: “les llegue o no les llegue, deben pagar el agua”.
“Sin una gota de agua en nuestras llaves, no tenemos ni para lavar ni para hacer comida, y de hecho no la usamos para hacer comida porque huele a estero, ni clorada el agua, y nos la están cobrando como si tuviera oro”.
Agregó que el hartazgo llevará a los habitantes a presentar una demanda colectiva contra la Japama para que estos les resuelvan de manera inmediata.
Acciones
“Demandaremos a Japama porque nos está robando y te puedo mostrar el recibo que estoy al corriente sin tener un servicio porque me gusta taparles la boca; todos como comunidad iremos a tapar las oficinas de Japama porque ya estamos hasta el tope, nadie nos atiende, estamos olvidados”.
El enojo de los vecinos acrecentó cuando hace unos meses autoridades de Gobierno acudieron a dar el banderazo del inicio de rehabilitación en la planta de agua que abastece a las comunidades de Las Bolsas de Tosalibampo 2 y al campo pesquero El Jitzámuri, sin embargo, al momento, no se ha trabajado en estas obras debidamente, ya que los habitantes no ven algún beneficio de momento.
“Hago un llamado al señor gobernador, que él vino y según dio banderazo para que se arreglara la toma de agua de Bolsas de Tosalibampo 1 y 2 y el Jitzámuri y Tabelojeca, y ya hace muchísimos años que esta comunidad está sufriendo, yo le pido de favor que busque a las personas que están haciendo las cosas para atrás, porque él viene y da el banderazo, pero no trabajan en la planta”.
Señaló que otro conflicto que surge es que el Centro de Salud y la escuela primaria de la comunidad se quedan sin una gota de agua por lo que a veces se suspende el servicio y clases.
“Sinceramente no ponen atención las autoridades, hago un llamado al señor gobernador para que ponga atención aquí, así como nosotros lo apoyamos, que él nos apoye también”, dijo Jesús Lucila Guzmán Contreras.
Mala administración
Por su parte, Manuel Vázquez Gómez señaló que anteriormente el sistema de agua potable era manejado por la propia comunidad y cuando este pasó a Japama, a los meses se quedaron sin agua.
“El sistema de agua potable era del ejido, nosotros le dábamos el mantenimiento, y se lo pasamos a Japama y se empeoró y no tenemos agua; no tenemos ninguna gota de agua y estamos cansados de pelear por esto”.
Por último, los habitantes exigieron a las autoridades una pronta solución al conflicto que ya lleva décadas sin resolverse y de no ser así, amenazaron con dejar de pagar el servicio de agua.
Durante el foro “Sin las Familias NO”, colectivos señalaron que el actual gobierno es distinto a otros y solo se ha encargado de “simular las cifras”
Rubí Bobadilla / El Informador
La desatención por parte de la Fiscalía del Estado y de las áreas relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas, es una de las principales fallas que las autoridades no han podido solventar, aún durante la nueva administración de Gobierno, la cual, anunció el tema como uno de sus ejes prioritarios, según indicaron los colectivos en búsqueda de sus desparecidos durante el foro “Sin las Familias NO”.
“Pensamos que la situación cambiaría con la entrada del nuevo Gobierno. Creíamos que de veras eran sensibles al tema. El 20 de marzo el señor gobernador (Enrique Alfaro) reconoció la problemática del Estado, fue una acción sin duda relevante, pero no sirvió el reconocimiento de la crisis si no escuchó a las familias y expertos en el tema. Pensamos que la tortura que vivimos marcaría una diferencia en la atención. El proceso ha sido muy prolongado, la agenda ya tiene cinco meses y no han hecho nada”, indicó Esperanza Chávez, representante del colectivo Por amor a Ellxs.
Señaló que por día de cinco a 10 personas se acercan al colectivo a pedir ayuda para localizar a sus familiares desaparecidos, teniendo como resultado la localización de varios de ellos en pocas horas, en comparación con el trabajo de las autoridades que “no han podido encontrar a ni uno solo de sus desaparecidos.
En el foro, realizado por las organizaciones civiles “Tómala”, “Delibera” y la “Escuela de Participación Ciudadana”, Guadalupe Aguilar, representante del colectivo “Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, este Gobierno no es distinto a otros y solo se ha encargado de “simular las cifras”, como ocurre en otras partes del País.
Para ella, es necesario que las autoridades comiencen a realicen el trabajo que les corresponde pues actualmente son ellos quienes realizan las labores que el Estado debería llevar a cabo, incluso, aseguró han sido ellos quienes han colaborado en la localización de casas de seguridad y fosas clandestinas, a través de información anónima recibida por ellos, “no por investigaciones de la fiscalía”.
Añadió que es urgente la construcción del Panteón Ministerial, así como la elaboración de un diagnóstico de las condiciones en las que se encuentran los cadáveres que permanecen el instituto Jalisciense de Ciencias Forenses pues “no se puede hacer una búsqueda de campo si tienen ahí más de 600 cuerpos que no han sido reconocidos”, además de un análisis sociológico que permita verificar si existen coincidencias antropológicas entre los mismos cadáveres, pues podría ser que la mayoría de ellos no pertenezcan a nuestra Entidad.
Jorge Verastegui, especialista en derechos de las personas desaparecidas y sus familiares a nivel nacional, indicó que es urgente que el Estado apruebe y armonice la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con la legislación nacional pues lleva ya un año de retraso y no hay iniciativas en la materia.
“Nuevamente vemos que son las familias quienes se tienen que organizar para presentar una iniciativa para que el aparato del Estado se mueva, si las familias no hacen nada, el Estado no se mueve. Es terrible, no podemos tener un Estado al que hay que estarlo empujando para que haga el trabajo por el que se le paga”, dijo.
Añadió también que es momento de que la Comisión Estatal de Búsqueda salga al campo a realizar las búsquedas, no solo a partir de bases de datos, pues de lo contrario solo se pone en riesgo a las familias, quienes continúan realizando sus propias investigaciones.
Por último, indicó que no era necesario que las autoridades jaliscienses diferenciaran en su plataforma el número de personas desaparecidas y de aquellas no localizadas pues la ley no lo especifica de esta manera y al hacerlo, Jalisco solo dio una interpretación propia que busca beneficiar la apariencia de la situación actual en torno al tema.
Renuncias restan continuidad a las búsqueda
Para Darwin Franco, periodista y activista en el tema de desapariciones en México, el hecho de que la coordinadora del Protocolo Alba en Jalisco, Ruth Virginia Morán hubiera presentado su renuncia al cargo, ayer sábado, solo muestra las deficiencias dentro del sistema y ocasiona que ante una constante variación en el personal no exista una continuidad en las estrategias de búsqueda ni en los propios casos de desapariciones.
Franco también señaló que otra de las deficiencias y una de las más importantes, es la discrepancia de cifras, las cuales son presentadas con altas variaciones a través de las áreas de transparencia de la propia fiscalía y del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid).
Al respecto de la renuncia de Morán, Guadalupe Aguilar, indicó que si bien hasta el momento los colectivos desconocen las causas de la renuncia, sin embargo, harán presión para que los cargos sean ocupados a la brevedad y la plantilla responsable del tema de desaparecidos, desde todo sus ejes, sea completada para una operación eficiente pues no se puede dejar sola a Blanca Trujillo, fiscal Especial para Personas Desaparecidas.
Por último, adelantó que el próximo jueves sostendrán una reunión con las autoridades para abordar nuevamente los temas relacionados con las personas desaparecidas en la Entidad.
La frase:
“Nosotros como familias no tenemos afán de encontrar a un culpable, nosotros queremos encontrar a los nuestros. Que al Gobierno le quede en su conciencia que nosotros queremos encontrar a los nuestros como sea, pedimos también que todas las personas que trabajan en el gobierno estén capacitadas para encontrarlos. Nos cuestionamos si nos tratarían con tanto desprecio si fuéramos importantes o si fuéramos servidores públicos”.
Esperanza Chávez, representante del colectivo Por amor a Ellxs.
Sin respuesta a petición de 40 viviendas dentro de la ex Zona Militar; simulación entrega de inmuebles a transportistas en Tecomán: Antonio Suástegui
Anilú Salazar Mejía / El Noticiero de Colima
El próximo miércoles 24 de julio saldrán a protestar adultos mayores con una marcha de La Piedra Lisa a la glorieta del Rey Colimán, por Calzada Galván, porque no les han pagado sus pensiones y porque no hay solución a la petición de vivienda que urge para aquellos que pagan renta o viven en casas improvisadas por falta de dinero.
El activista social, dirigente del Movimiento de Adultos Mayores, Antonio Suástegui, mencionó que falta el pago a 443 adultos mayores y a 250 de ellos se les debe desde mayo, por lo que esperan que Gobierno del Estado haga ese pago y no se espere hasta agosto que se conmemora el Día Social del Abuelo, para pagar, ya que los beneficiarios comen todos los días y no cada cuatro meses.
Indicó que tampoco hay respuesta a su petición de 40 viviendas dentro de la ex Zona Militar y en Tecomán, donde habían solicitado el inmueble de una escuela especial para convertirlo en viviendas para 16 adultos mayores de escasos recursos, el Gobierno del Estado se lo dio a los transportistas urbanos de ese municipio, pero ya pasó un año y solo demolieron el edificio y no han construido ni un muro en el lugar, por lo que consideran se trata de una simulación “con tal de no dárnoslo a nosotros”.
Suástegui Rentería añadió que “han de pensar que los adultos mayores por su edad ya no merecen ni vivienda ni empleo, ¿pero nuestro derecho qué?”.
Por otra parte, refrendó la necesidad que tienen de un terreno para depositar el plástico reciclado que recolectan, de lo cual se mantienen alrededor de 100 adultos mayores.
“Además desde enero no se nos da un peso para la renta de la casa estancia posada el mesón del adulto mayor. Nosotros hemos ido abonando a la propietaria la renta, porque de Gobierno del Estado no vemos nada. Hace un año sí nos entregó financiamiento, pero este año no hemos visto ni un solo peso y aquí viven siete varones y tres mujeres sin pagar renta”.
Tepic, Nayarit.- Domingo 21 de julio del 2019.- El ISSSTE en Nayarit cada día está peor, lo han venido señalando algunos profesionales de la medicina, doctores, enfermeras y hasta empresarios prestadores de diversos servicios a dicha institución como las empresas que otorgan servicios como tomografías y las famosas resonancias magnéticas entre otros muchos estudios más que ya se han cancelado “de un plumazo” ante la falta de presupuesto anual para dicha institución que cada día está más y más abandonada en todos los sentidos y prueba de ello es que quien fungía hasta hace algunos días como DELEGADO ESTATAL DEL ISSSTE, el Doctor, Roberto Fierros Aroza, ya no está en el cargo, a raíz de la declaración o del decreto que dio a conocer a la nación el Presidente de México, el Licenciado, Andrés Manuel López Obrador, ”quien de un plumazo” DESAPARECIÓ todas las delegaciones federales, lo que obligo a que Fierros Aroza, se quedara sin ”miel y sin jícara” y tuvo que al abandonar dicha responsabilidad que fuera bastante cuestionada, porque consideraban algunos sectores importantes de la vida política en la entidad que estaba vulnerando los derechos laborales y sindicales de los trabajadores en general del ISSSTE que rechazaron abiertamente al doctor, Fierros, porque además advertían que no era posible que el doctor Fierros Aroza fuera delegado del ISSSTE y su esposa, la actual Secretaria General del Sindicato de trabajadores del ISSSTE.
Y en resumidas cuentas advertían que no era ni justo ni legalmente moral, que el esposo fuera el que representaba a la parte patronal y la esposa a los trabajadores y por ello la orden Presidencial, “llegó en su justo momento” y a favor de los quejosos trabajadores del ISSSTE, y Fierros Aroza salió con ”la cola entre las patas” de dicha delegación y hasta estos momentos se desconoce en dónde está o para dónde lo mandaron.
También pudimos saber que ya se está conformando un sindicato independiente del ISSSTE en toda la Nación y obviamente en Nayarit también y a estas alturas nos dicen que ya hay una naciente agrupación independiente de trabajadores que buscan formar un sindicato de trabajadores del ISSSTE “INDEPENDIENTE” que ha venido encabezando el Doctor, Saúl Robles—actualmente no sabemos cómo esta Fierros Aroza, laboralmente, ya que renunció al sindicato para asumir la delegación y por más de 20 años ha estado o estaba cobrando como jefe de cirugías y ahora no se sabe dónde quedó laboralmente porque dicen algunos conocedores, que sigue cobrando a pesar de haber renunciado al sindicato del ISSSTE.
Texto: Lydiette Carrión, Foto: Pepe Jiménez / Pie de página
Julio 23, 2014. – Casi todas las mujeres que migran sufren una agresión sexual y estas agresiones sistemáticas cumplen una función: las expone, las quiebra para que sean una presa más fácil de tratantes y explotadores sexuales. Y en la mayoría de los casos, los casos de trata y explotación quedarán invisibilizados, ya que debido a la principal característica de la migración –la movilidad– pocas veces se alcanza a configurar el delito legalmente.
“Adela, si pagamos hotel tienes que sacarte algo con nosotros.”
Ese fue el primer hostigamiento sexual que sufrió, y vino de sus propios compañeros de ruta, cuatro hombres con quienes salió desde algún pueblo de El Salvador. Estaban en Guatemala y era la víspera de cruzar la frontera hacia México. Era febrero.
Ella relata la historia en el albergue de Apizaco, Tlaxcala. En estos días de julio del 2014 es la única mujer que aquí está. Cada vez son menos las que utilizan la ruta del tren, pues se ha vuelto tan agresiva que la gran mayoría de las migrantes opta por viajar en autobús directo al centro del país; algunas más aventuradas lo intentan hasta la frontera con Estados Unidos.
Adela relata la historia con vocecita infantil. Tan sólo comienza a hablar, sus ojos grandes y aindiados miran sus manos que permanecen juntas sobre las piernas. Su actitud es muy distinta a la que hace unos minutos tenía mientras preparaba comida en el albergue; entonces se paraba y caminaba erguida y felina, frondosa, como la mujer alta y llamativa que es. Ahora, con voz quedita, da a conocer la respuesta que dio en ese entonces a los compañeros de viaje que le pedían sexo a cambio de cooperarse para el hotel. Esa noche en Guatemala ella dijo: “No”.
–Pues entonces no pagamos hotel. Ahí que sufra–, alguien reviró.
Los abusos y el acoso hicieron del viaje de Adela una pesadilla.
Se aprestaron dormir en la calle. Cuando avanzaba la noche, a eso de las 10, unos individuos vestidos de policías los detuvieron y asaltaron. A ella la desnudaron por completo “para ver que no trajera dinero”. Les quitaron lo poco llevaban. Despojados, durmieron en una casa entre bloques y material.
Al día siguiente cruzaron el río Suchiate sobre una balsa. Y de ahí, caminaron hasta Arriaga. Desde entonces tomarían “la pura Bestia”.
Adela ya había sufrido los dos primeros hostigamientos: uno por compañeros, otro por policías. Y era apenas el principio.
Mujer que viaja sola es transgresora
En el caso de las mujeres migrantes la trata de personas con fines de explotación sexual se vuelve muy difícil de identificar por varias razones. Sólo por enumerar algunas: la propia ley y definición de trata de personas, que excluye diversos casos; la movilidad intrínseca de ser migrante; la imposibilidad de recabar datos confiables y cuantificables; la extrema vulnerabilidad, pues son orilladas en muchos casos a practicar la prostitución como medio de supervivencia, pero aparentemente por “elección propia”.
Hay pocos datos duros. Algunos, generales. Según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, tan sólo en 2010, la región de América Latina y el Caribe produjo 57.5 millones de migrantes. En 2012, se estableció que el 50.1 por ciento del total en la región son mujeres. ¿Cuántas son víctimas de trata? No hay datos certeros. Tanto en la prensa como las organizaciones sociales señalan un corredor de explotación laboral en la frontera sur, explotación que se da sobre todo en las áreas de trabajo doméstico, y el agrícola, estas últimas menos documentadas que la explotación sexual, de acuerdo con Nashieli Ramírez, coordinadora general de la organización civil Ririki Intervención Social.
2 menores se toman un respiro en el albergue de la Iglesia de Cristo Rey luego de 3 semanas de recorrido desde Honduras.
La forma de explotación más documentada ha sido la sexual, en bares y hoteles de la frontera chiapaneca. Y por supuesto, las formas más violentas: el secuestro de mujeres migrantes por el crimen organizado.
Pero hay otro tipo de trata, más sutil, pero no menos devastadora.
Óscar Montiel, del Centro Integral Tejiendo Saberes (Cenit), quien estudia la trata en Tlaxcala -donde el crimen se ha vuelto endémico y producto de exportación, por causales culturales, sociales y económicas- explica que sólo ser migrante indocumentada “ahorra” pasos en los procesos de enganchamiento para trata.
El modus operandi del sistema proxeneta, lo explica Óscar Montiel: un tratante recluta y para ello se vale de ritos que rompen los lazos de las mujeres con su comunidad. La oportunidad se da cuando las jóvenes están en edad de casarse. El tratante enamora a su potencial víctima y efectúa un rito en el que ella pasa de ser mujer, a ser “mujer de”.
“La mujer deja de pertenecer a su padre, a su comunidad y pertenece al esposo. Y su esposo puede hacer lo que quiera con ella, en aras del ‘bien común’(…) mas los esposos lo que buscan es explotarlas sexualmente”.
En el caso de las mujeres migrantes, no es necesario hacer todo esto para que dejen de pertenecer a su familia y comunidad. “No llegó nadie a enamorarlas, hay condiciones estructurales –es decir falta de oportunidades, pobreza, falta de educación…– y no tienen ese respaldo comunitario y familiar”.
La mayoría de los albergues proporcionan hospedaje y comida por 48 horas. Nadie las acoge. Están en desarraigo y sin respaldo. “Si ellas llaman a sus casas, porque se les acabó el dinero y la respuesta es negativa, tienen la ‘opción’, la ‘puerta fácil’, así entre comillas, porque no es nada fácil”.
Y todo está alrededor: bares, hoteles, padrotes, madrotas.
A lo largo de la ruta ferroviaria florecen “oportunamente” los hoteles en Apizaco.
Además, en su mayoría, las mujeres ya fueron agredidas. Y aquí viene el otro aspecto fundamental para entender el engranaje de trata y migración: la llamada “pérdida de la inocencia”. Y esta pérdida inicia con una crisis de masculinidad:
Una mujer que migra quiere acceder a medios económicos, y es por definición transgresora de un orden establecido. Por ello hay una permisividad para que sea agredida sexualmente: los agentes del instituto migratorio, el crimen organizado, los polleros, e incluso en ocasiones por sus propios compañeros de ruta.
“La violación tiene implicaciones, sociales, corporales y afectivas en la mujer que no se pueden quitar. Está vinculado a la mancha, a la mancha social, a la mancha interna, que la lleva a pensar que no vale nada… y entonces, si se va a prostituir, ya no es tan difícil”, dice Óscar.
Según la ley, la trata implica captación, traslado y explotación. Óscar explica que en el caso de las migrantes, las variables no se cumplen al pie de la letra, por ello las leyes excluyen e invisibilizan la gran mayoría de casos de trata de migrantes: donde la violencia sexual estructural y el abandono las orillan a “acceder” a la explotación sexual.
Arriaga. Sexo por supervivencia
En este pasaje, la voz infantil de Adela cambia por una voz indignada. “En Arriaga (Chiapas) ya no quise seguir con mis compañeros porque me andaban dejando perdida”.
Cuando volvieron al camino, los cuatro hombres se adelantaron para dejarla. Quizá la querían abandonar porque viajar con una mujer incrementa el peligro del grupo. Adela los miraba muy lejos y ella corría para alcanzarlos, “corría yo, y como no aguantaba un dolor de canillas…”. Les gritaba, y ellos corrían aún más.
Adela quedó sola. Llamó en varias ocasiones a casa. Quería regresar, pero sus familiares le reviraban: “acá está muy peligroso para ti”. Sólo le quedaba avanzar. Conoció un coyote, le pagó y emprendió el camino con otros migrantes sobre el tren. Pero no sólo pagó sólo con dinero. “Él quería venir abusando de mí. Me decía que si no tenía nada con él me iba a matar. Me iba a aventar de La Bestia”.
Sobre La Bestia recorrieron la ruta que pasa por Ixtepec, Matías Romero, Medias Aguas. Durante todo el trayecto, debió acceder a ser abusada. Finamente llegaron a Tierra Blanca, Veracruz.
Es en esta ciudad veracruzana donde buena parte de las migrantes regresan a sus países, o bajan del tren, pues para entonces han sufrido o presenciado asaltos, secuestros, violaciones y asesinatos por parte del crimen organizado. Y saben que mientras más arriba viajen se pondrá peor. Así consta en los testimonios que la organización civil Un Mundo una Nación ha recogido. Quizá Adela de nuevo pensó en entregarse a migración. Había dejado a dos hijos atrás. Pero quizá de nuevo sus familiares le encomiaron que no regresara.
Para cuando llegó en Tierra Blanca, Adela rezaba a Dios por que alejara al pollero de ella.
“Tenía ganas de seguir. Traía grandes ansias por sacar a mis hijos adelante, pero en ver la vida que traía, me puse a llorar, y le dije: ‘señor, yo no quiero estar sufriendo de esta manera, así como me pegué a esta persona quiero que me la retires’.”
Fue el pollero quien se quitó del camino solo. En Tierra Blanca abordaron el tren todos: el pollero, los migrantes. Sólo Adela quedaba en tierra. Corrió con todas sus fuerzas hasta subirse a un vagón. Cuando todos estaban arriba, el pollero se bajó del tren, con el dinero de todos.
Apizaco
Apizaco está en el Altiplano Central de México. Se fundó a mitad del siglo XIX por el paso del ferrocarril. Hoy tiene poco más de 70 mil pobladores, hay tiendas, y servicios, pero de alguna forma la economía sigue girando en torno al ferrocarril. A lo largo de las vías, es posible ver graneros o silos; fábricas, cuyos patios cuentan con un acceso a las vías del tren para empacar sus productos en los vagones.
Apizaco Tlaxcala, capital de la trata de personas en México.
Por esta época, a mediados del año, el cielo es espectacular, despejado y brillante. Pasa un tren. En esta ocasión, sólo dos migrantes, con carrera cansada, y un garrafón de agua a cuestas lo corretean para montarlo. Por más lento que vaya no es cualquier cosa hacerlo. Las vías del tren serpentean por colonias suburbanas, fábricas, graneros, moteles. El ojo del fotógrafo que me acompaña identifica una posible zona de descanso para los migrantes. Hay un par de árboles para guarecerse del sol. Enfrente, se lee un letrero: “Hotel San Francisco. Un nuevo concepto. Disfruta algo diferente”. Pero el hotel no está a la vista.
Bajo los árboles, una vaca rumia. Entre los matorrales hay zapatos destrozados… ¿se les cayeron al correr tras el tren?, ¿sufrieron asaltos y los dejaron descalzos? También hay ropa de hombre destruida, descosida. Parece arrancada. Tenis rosas con verde. Como de niño, ¿de niña? Un brassiere está colgado de un matorral, expuesto como trofeo de redondas copas. Es la única prenda que no está oculta. Cantan los pájaros. A lo largo de los durmientes, crecen flores blancas de pétalos delicados y casi transparentes.
En el albergue de la Iglesia Cristo Rey, trabaja Martín Morales, un joven veinteañero delgado y de aire tranquilo, que se sumó en el 2011.
Hasta mediados de 2012, relata, “antes de que la violencia en el sur, específicamente en Veracruz, empezara a ser más fuerte, el tránsito de mujeres y de migrantes en general por Apizaco era mayor”. En promedio, pasaban unas 50 personas diarias, una minoría eran mujeres. Apizaco era el primer lugar relativamente seguro después de cruzar por Veracruz, un territorio azolado por el crimen organizado.
Durante 2011, el tránsito de personas atrajo al crimen organizado a la ciudad. A mediados de ese año, se acercaron dos mujeres al albergue, se presentaron como una suerte de polleros. Una de ellas aseguró que el crimen organizado tenía a su hija pequeña y que si ella no entregaba cierta “cuota” de mujeres a la red, su hija pequeña sufriría las consecuencias. En el albergue le dijeron que no podían participar en algo así. Entonces el ruego se convirtió en amenaza de muerte contra los trabajadores del albergue.
Se presentaron atracos, secuestros. Algunas anécdotas sin confirmar hablan no sólo de mareros o zetas, sino de la Familia Michoacana. A mediados de 2012, el crimen organizado en Veracruz se había tornado tan violento, que la ruta se volvió prácticamente intransitable: entre las cuotas de 100 dólares por tramo de viaje, los asaltos, los secuestros, los migrantes comenzaron a buscar otras formas de llegar al centro, norte del país. Ahora, al albergue llegan aproximadamente 25 personas al día, y sólo una o dos mujeres a la semana.
Martín Morales recibe diariamente a los migrantes en el albergue de Cristo Rey en Apizaco Tlaxcala.
Según sus propias indagatorias, no se trata de que las mujeres ya no suban a la bestia, sino que al llegar a Tierra Blanca, la mayoría quiere regresar, se entrega a migración o busca otras rutas.
Lo anterior coincide con los datos recabados por Ririki, en el caso de explotación de menores.
Nashieli Ramírez explica que desde marzo pasado, se percataron del cambio de rutas por parte de niños, niñas y adolescentes que viajan solos. Se presume que muchos menores de edad se han quedado en México, en alguna parte del camino, pero no se sabe dónde.
“La diversificación de rutas los puso en mayor riesgo. Porque pierdes las redes y pierdes los momentos en que te debes de proteger. Los migrantes ya sabían donde los iban a extorsionar, en qué puntos hay que cuidarse. Y con todo y que La Bestia es un espacio de alta vulnerabilidad, es un espacio que formaba parte de un apoyo, de tejido. A medida en que se diversificaron las rutas por adolescentes no acompañados, lo que pensamos es que dentro de poco vamos a tener muchos casos de gente desaparecida en Sinaloa, en Durango, porque diversificaron las rutas en todo el norte”.
Una de esas pocas, poquísimas mujeres que continuaron por tren es Adela, quien llegó al albergue a mediados de febrero.
Ahí conoció a un paisano suyo que ya es avecindado de Apizaco y acude al albergue a ayudar. Adela se desahogó con él. Y recuerda que éste le dijo: “No sé cómo lo tomes. A pesar de que no te conozco, sos de mi país. Quédate y ya el tiempo va a decir si eres mi pareja. Ella le reviró que aquí en México parece sola, pero tiene familia. Cautelosa, antes de darle una respuesta le dijo que llamaría a su casa, en El Salvador, para tomar la mejor decisión.
La vulnerabilidad empieza desde casa
Marisol Pérez Díaz, también del Cenit, considera que para las personas en tránsito hay tres dimensiones que las hacen vulnerables a la trata: ‘el lugar de origen, el tránsito, y el lugar de acogida o llegada.
“El lugar de origen les provee una serie de condiciones que se pueden volver vulnerabilidades. Cada migrante, y cada mujer, cargan con su historia de vida, su carga emocional”.
Pero también con estigmas y mitos. En algunos casos, explica, la nacionalidad las condiciona: las mujeres salvadoreñas son vinculadas a la explotación sexual por las condiciones físicas que tienen; las mujeres guatemaltecas, por sus características indígenas, sufren explotación para el trabajo doméstico.
En un segundo momento, las vulnerabilidades las da el lugar de tránsito y por último el lugar de acogida o de llegada. México, además de tránsito, es lugar de acogida.
Otro elemento de vulnerabilidad que vale la pena mencionar es la violencia estructural que encarna el hecho de saber que serán violadas.
Ixchel Iglesias González Báez, antropóloga y miembro del Cenit, enumera dos vulnerabilidades más: las migrantes, después de lo que han padecido, quieren ocultarlo en sus hogares. Se cambian el nombre o nacionalidad; se bajan la edad para seguir siendo “deseables” o se la suben para protegerse o para ser explotadas.
Finalmente, las mujeres migrantes, antes de salir de casa saben que serán violadas. “Es violencia estructural que ya lo sepas, o que vas a tener que acostarte con alguien y que tomes muchas pastillas desde antes de salir de casa”.
La decisión
A finales de febrero, Adela llamó por teléfono a su casa, en El Salvador.
Quizá, antes de hablar, Adela recordó las condiciones en las que se fue. Tiene 22 años de edad, dos hijos: uno de 4 y otra de seis. Se fue porque pandilleros de su barrio la acusaron de juntarse con la pandilla rival. En una ocasión, relata, quisieron meterse a su casa. Al final la propia familia le pidió que dejara el país, que buscara fortuna para ella y sus hijos.
Pensó en sus niños. En la más grandecita. Menciona, casi sin darse cuenta de lo íntimo de su revelación, que pasó 4 años tratando de embarazarse la primera vez.
Marcó los números telefónicos. Y habló con una tía. Le contó todo lo que había pasado y la propuesta de su paisano.
–Tú te consientes–, le contestó aquélla. –Te has ido para superar.
–Tengo que sufrir, que uno desee, qué bien. Pero que lo vayan obligando a uno hasta punto de matarlo.
–Pues tu ve lo mejor.
“Y así fue como me quedé”. Adela lleva cinco meses viviendo con su paisano. En seis meses continuará su viaje a Estados Unidos. Quiere sacar adelante a sus hijos y sabe que en México eso no le será posible. Como tampoco lo fue en su país.
Texto: José Ignacio De Alba; Fotografía y videos: Duilio Rodríguez/ PIE DE PÁGINA
Tamaulipas es la frontera más cercana para quienes, desde el sur del país, buscan llegar a Estados Unidos. Pero también es la más peligrosa. En la última década, este lugar se convirtió en un hoyo negro para el paso de migrantes, donde son secuestrados, extorsionados, engañados y asesinados. Aquí los migrantes son tan sigilosos que no se les ve si no es en un albergue.
Esta es la otra frontera de un país que podría parecer otro, uno que está en guerra. La custodia de las fronteras fue entregada hace años a los cárteles, que tienen todo el control del estado para definir qué migrante pasa o no. Ellos, los criminales, son el muro que regula el paso.
Es paradójico: en el estado donde fueron masacrados 72 migrantes en agosto de 2010, y donde se han registrados sistemáticas desapariciones de autobuses, la Guardia Nacional no se ha desplegado como en otros puntos fronterizos. Pero sí se aplica ya el programa de retorno para los solicitantes de asilo en Estados Unidos, lo que pone en alto riesgo a los migrantes que son devueltos para esperen su trámite en México.
Muerte en el Río Bravo
SALTILLO COAHUILA.- Como si transitar por México no fuera suficiente riesgo, los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos se enfrentan en el último tramo del país al Río Bravo. Cruzarlo es el último obstáculo para dejar México. Pero los últimos metros son una lucha que se gana a nado y miles de personas se han ahogado en las verdosas aguas de esta frontera.
Juan N tiene 18 años, intentará llegar a Estados Unidos por segunda vez cruzando el Río Bravo. El muchacho explica que es recomendable amarrarse botellas de plástico a la cintura para flotar con facilidad durante la travesía. Apenas mide un metro sesenta y es delgado. Habla de los engaños del río como quien cuenta una aventura: “Parece tranquilo pero por debajo hay remolinos que te chupan. Después de lanzarte tienes que dejarte llevar por la corriente, pero nunca tienes que dejar de nadar”. Luego remata: el agua del río es tan fría que entume los músculos de las piernas.
Juan viaja solo. Dice que viene de Honduras y cuenta que el año pasado logró cruzar el Río Bravo y caminó durante seis noches por el desierto antes de ser detenido por la Border Patrol. En estas semanas intentará cruzar de nuevo. Se dice confiado: en Houston lo espera su papá, a quien nunca ha visto, pero está seguro lo ayudará.
Según las Autoridades de Aduanas y Seguridad fronteriza de Estados Unidos unas 7 mil 500 personas han muerto en los últimos 20 años intentando cruzar el Río Bravo. Foto Duilio Rodríguez
El Rio Bravo nace en las montañas rocallosas de Colorado y fluye hacia el sur hasta desembocar en el Golfo de México. En más de la mitad de su recorrido –de Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Matamoros, Tamaulipas– el afluente se convierte en el límite entre Estados Unidos y México.
Cruzar este río es la forma más rápida de llegar a Estados Unidos para los migrantes que vienen del sur del país. Pero hacerlo por Tamaulipas tiene su precio, a veces demasiado alto.
El Río Bravo no es exuberante como los ríos del sureste mexicano; en las riberas hay carrizos y maleza. La afluente transita por parajes más bien desérticos. Las lanchas que lo patrullan se limitan a recorrer algunas zonas, la mayoría del rio es innavegable por el fondo rocoso.
Pero los migrantes describen “al Bravo” enorme, helado y profundo; un monstruo con el que lidiarán en la última parte del viaje. El río puede ser hondo y difícil, pero el estrés al que son sometidos los migrantes durante el viaje provoca que lo vean como un reto demasiado grande.
“El río se puede cruzar caminando, pero los migrantes están tan desesperados que no tienen la templanza para pasarlo”, asegura el religioso Pedro Pantoja, director de la Casas de Migrante de Saltillo, el último oasis de los migrantes que van a la zona más peligroso de toda la frontera.
Apenas el mes pasado, los cuerpos de Óscar Martínez y su hija de dos años fueron hallados en la orilla del Río Bravo. Los salvadoreños yacían boca abajo en el lodo, abrazados aún en la muerte. La imagen se hizo famosa en todo el mundo porque los cuerpos quedaron en un sitio muy concurrido de Matamoros.
Pero su historia trágica comenzó en las oficinas de migración mexicanas, donde Martínez y su familia esperaron meses para ser atendidos. La desesperación provocó que el padre se arriesgara a cruzar el río a nado; para mantenerla junto él decidió meterla dentro de su playera mientras intentaba llegar a Brownsvile. La corriente los ahogó y arrastró unos 200 metros antes de regresarlos al lado mexicano.
Una de las cruces dedicadas a los migrantes que mueren al intentar cruzar el Río Bravo en la ciudad de Matamoros.Foto Duilio Rodríguez
En Matamoros hay un memorial para los migrantes que han muerto ahogados en el Rio Bravo. Una vez al año se reúnen diferentes iglesias para rememorar a los miles que han muerto, y arrojan flores al agua. Otras cruces han sido colocadas a lo largo de la ribera.
Según las Autoridades de Aduanas y Seguridad fronteriza de Estados Unidos unas 7 mil 500 personas han muerto en los últimos 20 años intentando cruzar el Río Bravo. En el lado mexicano las autoridades no llevan ningún tipo de registro de los muertos. Es una tragedia apenas visible por la prensa de nota roja local.
Muchos de los cuerpos que se encuentran en el río fueron arrojados por los grupos criminales que operan en la zona aseguran defensores de derechos humanos. Una afamada canción llamada “Corrido del Río Bravo” de los Cadetes de Nuevo León relata cómo el hampa utiliza el arroyo para el contrabando y como tiradero de cuerpos: “la mayoría son matados y te los echan a ti” dice la copla.
“El Río Bravo es un misterio de crímenes, pertenece al crimen organizado”, asegura el padre Pantoja.
El mes pasado, con menos proyección en medios, llegó a la orilla del río el dorso de un hombre. El cuerpo desmembrado y con huellas de tortura fue recogido por la policía de Eagle Pass (Texas). Las autoridades estadounidenses aseguran que podría tratarse de un sudamericano que sufrió una muerte violenta a manos de criminales.
Nadie sabe su nombre, nadie encontró sus partes; el cuerpo espera a ser identificado en una morgue del lado estadounidense.
Familias con niños acuden al Río Bravo a pasar el fin de semana, algunos se meten a la orilla para refrescarse del calor que en estas épocas de año puede alcanzar los 40 grados centígrados. Foto Duilio Rodríguez
Nuevo Laredo: el miedo
NUEVO, LAREDO, TAMAULIPAS.- En una tienda Oxxo un hombre pide dinero a la clientela; se apoya con una muleta mientras extiende la mano esperando que alguien le dé una moneda. Tiene la piel manchada y los zapatos rotos, por momentos se acuesta junto a la entrada donde tiene sus pertenencias. Con los ojos atentos requisa a la gente que entra y sale. No lo parece, pero el hombre es una “estaca”, un vigilante en el argot criminal. Entre las ropas roídas esconde un radioteléfono y reporta, cada tanto, lo que sucede en ese punto.
En Nuevo Laredo los vigías que reportan a células criminales quién entra y sale pueden ser viejos, vagabundos, amas de casa, limpiaparabrisas, comerciantes ambulantes, taxistas, y hasta los propios empleados del Oxxo. Aquí, los migrantes que llegan a refugios no salen ni por equivocación a la calle por miedo a ser secuestrados.
El albergue Casa del Migrante Nazareth parece un búnker: las bardas son altas, por encima de los muros hay un serpentín con púas, tiene circuito cerrado de video, ventanas polarizadas con protecciones. Los migrantes se resguardan aquí “como si los estuvieran cazando”, asegura el director del albergue, Julio López.
La primera semana de julio, Nuevo Laredo se unió a las ciudades fronterizas en las que los migrantes podrán esperar a que se resuelvan las solicitudes de asilo requeridas al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos se oponen a la medida en Nuevo Laredo por considerarla de “alto riesgo”.
La organización internacional Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, aseguró que la ciudad fronteriza “es controlada por grupos del crimen organizado”. En un comunicado, detalló que en Nuevo Laredo ha atendido a 378 personas, de las cuales, 45 por ciento sufrió algún tipo de violencia; 12 por ciento de esa población fue secuestrada.
Médicos Sin Fronteras sostiene que la espera en esa ciudad expone a los migrantes a ser asaltados, extorsionados, secuestrados y asesinados, por lo que considera que es una “política inaceptable”.
Migrantes deportados de Estados Unidos llegan a la casa del migrante en Nuevo Laredo. Según cifras del albergue 6800 personas han intentado pasar la frontera en los últimos 6 meses de los cuales 5000 lo intentaron por primera vez. Foto Duilio Rodríguez
Los testimonios recabados en la Casa del Migrante Nazareth lo confirman: hace un par de años, los migrantes que se quedaban en el albergue, ubicado a unos 500 metros de la frontera con Estados Unidos, solían salir a comprar sodas, frituras y comida a comercios vecinos. Pero muchos fueron secuestrados por Los Zetas, el sanguinario cartel que esparció el terror en el estado. En fechas recientes, una célula local del cártel se independizó y ahora se autodenomina Cártel del Noroeste.
Este grupo opera en las calles de la misma forma: con un control absoluto de lo que pasa, de lo que se publica en medios y de lo que se dice en la ciudad, asegura un experiodista que pide no publicar su nombre. El grupo controla todas las actividades del municipio, “el gobierno únicamente se dedica a las cuestiones administrativas de la ciudad”, completa un defensor de derechos humanos que también solicita el anonimato.
La organización opera con una extensa red de “estacas”, tan eficaz que en el albergue nos advierten: “ellos saben que ustedes están aquí, también saben a qué vinieron”.
Después de varios secuestros de migrantes el albergue optó por instalar dentro de las instalaciones una máquina expendedora de chatarra para que los indocumentados no sean secuestrados cuando salen.
Aunque limitada, la comida en los albergues nunca falta gracias a donativos de la sociedad civil. Foto. Duilio Rodríguez.
A Pedro N apenas ayer lo liberaron de su secuestro. Lo encontramos de retirada y nos cuenta que durante dos días fue golpeado para que entregara el número de alguien que pudiera pagar su secuestro. Después de 48 horas de golpiza y de no comer le creyeron y fue liberado, con la advertencia de que no vuelva a la ciudad.
Historias como las de Pedro se repiten en la frontera tamaulipeca: en estaciones de camiones, aeropuertos, en las vías del tren. Las agrupaciones criminales piden entre 6 y 7 mil dólares por la liberación de un migrante; en muchos de los casos los secuestrados son asesinados.
La organización Médicos sin fronteras ha atendido a más de 170 personas en Nuevo Laredo que han sufrido algún tipo de violencia o que han sido secuestrados. Foto Duilio Rodríguez
Pueblos “mágicos”
CIUDAD MIER.- Aquí no hay Estado mexicano. Los pequeños pueblos fronterizos viven bajo el control de grupos criminales. Son lugares despoblados, asediados y en disputa.
Ciudad Mier es anunciada durante varios kilómetros como “Pueblo Mágico”. Pero la magia la rompen los propios letreros, unos reventados por granadas, otros floreados por las balas.
Monumentos , casas y comercios baleados son escenas frecuentes en ciudades como Los Guerra, Miguel Alemán, Camargo y Mier. Foto Duilio Rodríguez
Hace nueve años, esta ciudad fue arrasada y tomada por una organización criminal. Podría decirse que en 2010 Ciudad Mier dejó de ser México. Hoy es un pueblo fantasma utilizado por el Cártel del Noroeste para traficar drogas y personas a Estados Unidos.
Lo que pasó aquí fue una guerra. El palacio municipal fue utilizado como paredón, en el kiosco del pueblo se colgaron cabezas humanas para aterrorizar a la población. La sanguinaria guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas despobló el lugar. La propia garita de Ciudad Mier tuvo que cerrar. Nueve años después, las calles están desiertas, las casas quemadas, en algunos casos aún amuebladas. El sitio es un pueblo fantasma utilizado para traficar personas, armas y drogas.
El propio presidente municipal de Ciudad Mier, Roberto González, fue secuestrado durante 10 horas, el mismo día en que se preparaba para festejar su triunfo.
Pero la imagen de un Estado sometido quizá sea la de Herby Barrera, regidor del municipio de Miguel Alemán (a 166 kilómetros de Ciudad Mier), quien fue secuestrado en marzo pasado. Días después del secuestro, el hombre apareció en un video, mientras era interrogado por hombres uniformados con cascos y ropa tipo militar. Estaba arrodillado, con los ojos encintados y encadenado del cuello. Desde entonces no se sabe nada de él.
Una de las pocas gasolinerías en la carretera La Ribereña esta completamente abandonada. Este camino federal bordea todo la frontera entre Tamaulipas y Estados Unidos. Foto Duilio Rodríguez
Tamaulipas es el estado más violento de México. Según el registro oficial hay más de 6 mil 500 personas desaparecidas en esta entidad. Esta carretera fronteriza que va de Nuevo Laredo a Reynosa quizá sea el hoyo negro más grande del país. Hace un par de años, organizaciones de víctimas ubicaron en Miguel Alemán una serie de fosas clandestinas donde estiman que podría haber hasta 500 cuerpos humanos. Las organizaciones delictivas utilizan tanquetas, equipo táctico, uniformes militares y cañones calibre 50, capaces de derribar helicópteros o perforar blindajes. En la frontera chica de Tamaulipas, mucha gente refiere que los vehículos circulan rotulados con la “Z” o “C.D.G” (Cártel del Golfo) y más recientemente con “C.D.N” (Cártel del Noroeste).
En junio de este año fue presentada la Guardia Nacional, pero en Tamaulipas las fuerzas de seguridad parece que están en frente de guerra. Esta es la normalidad de esta frontera.
Un defensor de derechos humanos en Reynosa nos asegura que “toda la frontera es controlada por el crimen organizado, nada pasa a Estados Unidos sin que ellos lo sepan”. En ese nada, están los migrantes
A 250 kilómetros de aquí, en el municipio de San Fernando, fueron asesinados 72 migrantes que pretendían llegar a Estados Unidos. Lo que se sabe sobre la masacre ocurrida en 2010 es que los indocumentados viajaban en un camión de pasajeros antes de ser detenidos. Nueve años después Tamaulipas sigue siendo un estado sin garantías.
En marzo de este año 25 migrantes que viajaban en autobuses de pasajeros fueron secuestrados mientras viajaban en la carretera Monterrey – Ciudad Mier, el gobierno mexicano aseguró que no tenía más información sobre el caso. Hasta la fecha se desconoce su paradero.
En Reynosa nos dirá el defensor de derechos humanos, “ellos tienen más vigilada la frontera que la Border Patrol”.
Una casa de cambio abandonada en la salida de Los Guerra a Nuevo Laredo. Foto Duilio Rodríguez
Mercado de migrantes
REYNOSA, TAMAULIPAS.- Los migrantes son moneda de cambio en este punto de la frontera, pero el negocio no es exclusivo del crimen organizado. Taxistas, hoteleros, abogados y policías hacen su abasto con el paso de inmigrantes esta ciudad.
“De alguna u otra manera, legal o ilegalmente alguien se beneficia de la necesidad que tenemos por cruzar”, dice Pedro N, un mexicano de 33 años, recién deportado que hace la cuenta de todo lo que tuvo que gastar en camiones, comida, casa de huéspedes, ropa camuflada para cruzar el desierto, “polleros” y sobornos, todo para concluir: “aquí somos mercancía”.
Aún si uno quiere cruzar legalmente a Estados Unidos tiene que gastar grandes cantidades de dinero en su estancia en México. Frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración filas de migrantes esperan el trámite para tener una entrevista con el gobierno estadounidense. La lista de personas es larga. Varias de estas personas, provenientes principalmente de Cuba y Venezuela, han esperado meses para ser atendidas y juran que las autoridades mexicanas piden 500 dólares por persona para acelerar el proceso.
Soledad N fue secuestrada y violada por un pandillero salvadoreño en San salvador, estando embarazada logró escapar de su captor con la intención de llegar a EU. Su hijo de dos meses de edad nació en México mientras cruzaba territorio mexicano, ahora se encuentra en uno de los albergues para migrantes. Foto: Duilio Rodríguez.
La cadena de extorsión está en los retenes policiacos, en las centrales de camiones, en los taxis, en los hoteles, los abogados que promueven falsas soluciones, transeúntes que piden extorsión para no entregarlos a una organización criminal, agentes de migración que agilizan trámites y otros que los entregan como mercancías a secuestradores. Esta economía se mueve también en dólares.
Sor Catarina Carmona, de la Casa del Migrante de Reynosa, explica que el blanco más fácil para las organizaciones criminales son las personas que vienen de Centroamérica: “son los más vulnerables, los que menos atención reciben por parte del gobierno y ellos prefieren morir en el intento que morir en sus países”.
Pasar 200 migrantes a través de México -esas son las personas que caben en la caja de un tráiler– puede dejar ganancias por cerca de 1 millón 600 mil dólares. Pero diario llegan a esta frontera varios centenares de migrantes para intentar cruzar la frontera. Las redes de trata obtienen ganancias millonarias, el negocio es tan lucrativo que puede sobre pasar las utilidades obtenidas por el narcotráfico.
Cuando llegan a Tamaulipas los migrantes ya están “enganchados” por las redes de tráfico de personas. Son pocos los que se aventuran a cruzar solos, pues transitar por la ruta de algún grupo criminal puede costar la vida.
Pedro N, originario de la Ciudad de México, gastó 6 mil dólares en su intento fallido por llegar a Estados Unidos. FOTO Duilio Rodríguez
El control criminal es tan grande, que cuando no se les pueden sacar dinero por la vía del secuestro, se les explota. Cuando iniciamos este recorrido, en un albergue de Nuevo León entrevistamos a un defensor de derechos humanos que nos contó la historia de unos migrantes que parece salida de un cuento de terror: migrantes secuestrados en Tamaulipas y forzados a trabajar haciendo tacos sudados. En el sótano de una casa una veintena de personas estaba esclavizada. Los migrantes trabajaban sin descanso y de pie, cualquier queja era reprimida con un tablazo. El emporio de tacos creció y surtió cada colonia de la ciudad.
En toda la frontera tamaulipeca abundan historias como la de Melvin N, un hondureño que estaba a la espera de cruzar a Estados Unidos y quería conseguir un poco de dinero para pagar los servicios de un “pollero”. Fue entonces cuando le ofrecieron trabajar para los Zetas; el joven rechazó la oferta y tuvo que huir del estado.
Cientos de migrantes tienen que esperar tres meses o más para ser atendidos por autoridades migratorias estadounidenses. Varias familias de cubanos esperan en el albergue casa Senda de Vida. Foto: Duilio Rodríguez
Pero no siempre es así. En otro albergue nos relataron la historia de un joven que sí accedió a trabajar para un cártel y abandonó la idea de cruzar a Estados. Meses después, ya como sicario, regresó al albergue a dar las gracias por el hospedaje, la comida y la ropa que le dieron cuando la necesitaba.
Historias como esa han sido propagadas desde las instancias de gobierno para criminalizar a los migrantes. En 2010, cuando la guerra entre grupos criminales alcanzó su punto más álgido en Tamaulipas, los cadáveres de los sicarios abatidos llamaron la atención de las autoridades por “tener rasgos de sudamericanos”. Sus cuerpos regados, descuartizados y sin identificar engrosaron las fosas comunes de Tamaulipas.
La frontera se diluye
MATAMOROS, TAMAULIPAS.- En esta frontera, nada marca ni el principio ni el fin de México o Estados Unidos. La franja que divide a Estados Unidos de México abarca una extensa línea de 3 mil 185 kilómetros, que va desapareciendo los muros de acero y las vigilancias policiacas.
Es desconcertante llegar a una frontera que parece diluirse en un río sobre el que las aves revolotean y la basura flota en la afluente que desemboca en el mar. En el lado estadounidense se aprecian dunas y una arbolada lejana. El ruido es el del viento del Golfo que peina la arena.
Llegar a este punto es un viaje sin garantías para el que hay que recorrer –aparentemente- en solitario kilométricos parajes. El Delta del Río Bravo se llama Playa Bagdad, el nombre se lo pusieron los veteranos de guerra estadunidenses que visitaban el lugar y a los que les pareció que el paisaje arenoso era parecido al Medio Oriente. Mucho menos conocido es el nombre oficial que el gobierno de Matamoros le puso a la última playa mexicana: “Costa Azul” (en honor al grupo musical que fundó el hijo pródigo de Matamoros e ícono de la música grupera, Rigo Tovar).
A 14 kilómetros de la la zona turística de Playa Bagdad se encuentra la desenbocadura del Río Bravo al mar del Golfo. La profundidad del río que separa México de Estados Unidos en algunas épocas del año es tan baja que permite cruzar a cualquier persona fácilmente caminando a Brownsville Texas FOTO:Duilio Rodríguez
El mar del golfo es arenoso y mate, las olas en este punto son bajas. A 100 kilómetros de aquí, en la Laguna Madre del Golfo de México, que pertenece al municipio de San Fernando, las organizaciones criminales aprovechan los infinitos caminos de terracería de la zona o zarpan con lanchas rápidas para el trasiego de personas y drogas a Estados Unidos.
Pero en Bagdad, lo único que se ve es un par de camionetas con hombres que pescan en el Delta del Río Bravo. Antes de venir nos advirtieron que son “estacas” (vigilantes del crimen organizado) que cuidan la frontera.
La soledad que nos acompaña durante más de 15 kilómetros de camino no podría ser más distinta de las imágenes desbordadas que se ven en la frontera del otro lado del país. Aquí no hay rejas, ni policías, ni Border Patrol, ni siquiera Guardia Nacional.
La vigilancia por parte del Estado Mexicano en la desembocadura del Río Bravo en Tamaulipas es nula. Aquí solo es común ver a unos cuantos pescadores con camionetas 4×4. FOTO: Duilio Rodríguez.
Tampoco hay nada que asemeje a las imágenes atiborradas de la frontera sur, marcada por el Río Suchiate, donde a los migrantes de les encuentra en los semáforos o en las autopistas pidiendo aventón, duermen en los parques, y caminan en las carreteras o en las brechas.
En el río del sur, las señoras cuidan a sus hijos mientras lavan ropa o simplemente descansan en la sombra de los árboles. Los migrantes fuman cigarrillos y toman el fresco de la noche mientras beben cerveza o alguna bebida que ayude a mitigar el cansancio y el calor húmedo. Andan en sandalias, en shorts, piden trabajo, platican y a veces, les da tiempo para el cortejo.
En el río del norte, es como si no existieran. Los pocos que ese ven en algunas ciudades están desencajados, preocupados y cansados. Es muy extraño ver niños migrantes. En las pláticas informales la desconfianza gana terreno, la cautela se ha convertido en herramienta de sobrevivencia después de atravesar México.
En las garitas de paso a Estados Unidos abundan vendedores ambulantes de imágenes religiosas. Duilio Rodríguez
En Matamoros prácticamente no se ve a los migrantes por ningún sitio. Aquí se trata de tocar base y correr. Tomarse el tiempo en la central de camiones representa una alta probabilidad de ser secuestrado. El único refugio seguro parecen ser las casas de migrantes. Pero no siempre. A veces hay huéspedes pagados por organizaciones criminales que buscan futuros secuestrables y alertan sobre el movimiento que hay adentro.
El Rio Suchiate es opulento, manso y generoso; el Río Bravo se presenta enérgico y engañoso; la temperatura tiende al frio, a entumir los músculos. El territorio tamaulipeco no es tan benévolo como el de Chiapas, el golpe de calor del desierto es duro, sin sombras ni vigorosos pastos como los del sur. Este desierto no da frutos, da espinas de los mezquites. Una caminata en este clima estéril sólo es posible por las noches.
Migrantes deportados de EU, acuden la oficina de la diócesis en la central camionera de Matamoros donde los apoyan a hacer llamadas de larga distancia, sacar copias y los orientan para poder regresar a su lugar de origen. Duilio Rodríguez
Si las casas de la ribera del Suchiate tienen una vida vibrante, donde se comercia piratería y una variadísima cantidad de productos entre Guatemala y México; en el norte de este lado del país las viviendas y ranchos están abandonados a causa de la violencia.
En el sur, las mercancías ilegales pasan a la vista de todos. En el norte, pero del otro lado del país, se erigen enormes vallas de acero para evitar que pasen. Aquí no hay vallas (ni gente), las mercancías transitan en la clandestinidad total.
De este lado del norte del país, la ruta más cerca para llegar a Estados Unidos, no hay guardias que lo impidan, pero cruzar por el Río Bravo puede ser una aventura peligrosa para cualquiera. En realidad, nadie lo hace.
Chilpancingo Gro; a 21 de julio del 2019.- El Comité Estudiantil de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa sostuvo que mantendrá la defensa de la institución ante las intenciones latentes de cerrarla.
Redacción / Digital Guerrero
Los integrantes del Comité “Ricardo Flores Magón” destacaron que la consigna que tienen los alumnos es impedir el cierre de Ayotzinapa, “a pesar de la intención de algunos”.
A través de un comunicado público, los estudiantes recordaron que lo que se ha logrado en la Normal Rural ha sido con “lucha y sangre”. En este sentido, resaltaron que diez estudiantes han fallecido, algunos de ellos asesinados; además de aún mantienen la incertidumbre por la ubicación de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.
Recordaron a los padres de los 43 que generaciones egresadas y los próximos alumnos de la institución seguirán insistiendo en que se conozca la verdad de aquel fatídico acontecimiento, en donde también fueron asesinados tres estudiantes.
“A pesar de que existen señalamientos de responsables directos, los padres de esos tres estudiantes asesinados la noche del 26 de septiembre del 2014 no han tenido justicia”, acusaron.
El pronunciamiento refiere que la Normal Rural ha sido defendida con lucha y habrá resistencia ante cualquier intento de cerrarla.
CHILPANCINGO, Gro., 21 de julio de 2019.-Integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunciaron un ataque armado contra la comunidad nahua de Tula, municipio de Chilapa, durante la tarde-noche del sábado, con saldo de al menos un herido, y solicitaron la intervención del gobierno federal, pues acusaron al grupo delictivo conocido como Los Ardillos.
De acuerdo con el reporte del Cipog-EZ, la comunidad fue sitiada y atacada durante varias horas, sin embargo no dio a conocer si hay heridos o muertos.
Por separado, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) responsabilizó de ese ataque al grupo autodenominado Policía por la Paz y Justicia, que aseguró, pertenece al mencionado grupo delictivo.
En un comunicado los coordinadores regionales informaron que en los ataques resultó herido Guillermo ‘N’, y denunciaron que al pedir auxilio a los militares ubicados en el crucero de Rincón de Chautla, éstos los ignoraron.
En el escrito indicaron que no caerán en confrontaciones, pero advirtieron que si no se atiende el llamado, las 14 comunidades que conforman la CRAC-PC-PF en esa zona “tomarán cartas en el asunto”, pues están hartos de las amenazas.
“Fueron balaceadas las viviendas con arma de alto calibre queriendo masacrar al pueblo tratando de matar hombres, mujeres y niños, exigimos el gobierno federal, estatal, municipal, y la Guardia Nacional que dé seguridad al pueblo”, dijeron.
En México, en los primeros seis meses del año se han dado 448 incidentes, de los cuáles el 10 por ciento se dieron en territorio estatal.
Al respecto, Luz Estrada Mendoza, representante de Católicas por el Derecho a Decidir e integrante del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, informó que la violencia a la mujer se da por la falta de redes de apoyo y la generación de campañas que no impactan en la incidencia delictiva.
Según el documento, enero en el estado de México se registraron 9 casos; febrero 7; marzo 5; abril 7; mayo fue el mes que con más casos al sumar 10; y junio 4. De acuerdo con la experta, a nivel nacional han detectado redes de policías que se llevan a las niñas para efecto de trata de personas.
El primer semestre del 2019 la incidencia delictiva incrementó en un 120 por ciento si se compara el mismo periodo pero de 2018, todos los delitos de alto impacto incrementaron, desde el homicidio doloso y hasta el feminicidio.
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los seis meses del presente año se han cometido 159 mil 635 delitos.
Los homicidios dolosos repuntaron en un 122 por ciento, mientras que los feminicidios 113 por ciento.
A diario en suelo mexiquense han asesinado violentamente a siete personas, además muertes violentas de mujeres una por semana.
Lo anterior ratifica que la entidad romperá el unmbral de violencia alcanzado en 2018 que es considerado el más alto.
La Patrulla Fronteriza tiene registradas más de 7 mil personas muertas en el desierto de Arizona durante las últimas dos décadas. El desierto borra las huellas de todo, pero sobre todo de los migrantes. Cruzar en esta época del año parece una locura. Pero ante el endurecimiento de las medidas antimigrantes y el desbordamiento de los albergues en Tijuana y Juárez, muchos migrantes están corriendo el riesgo. En una zona controlada por el crimen organizado, el éxito de la travesía depende de estar bien “conectados” con los traficantes de personas. En los meses recientes, a las garitas de Sonora se han presentado personas provenientes del Caribe, Centroamérica y mexicanos desplazados por la violencia -mayoría en casos como Agua Prieta- que hacen fila para solicitar asilo en Estados Unidos. Este es un recorrido por la frontera de Sonora, uno de los territorios agrícolas más grandes de México.
Este trabajo forma parte de la serie El Gueto mexicano, migrantes atrapados entre muros que puedes consultar completo aquí
Texto y fotos: Andro Aguilar/ PIE DE PÁGINA
Camino a Sásabe
ALTAR SONORA.–Aún no clareaba cuando Abel notó que el tren de carga donde viajaba estaba siendo detenido, vagón por vagón, por un hombre vestido con ropa de camuflaje, aunque sus tatuajes y el corte de pelo le hacían dudar de su origen castrense. Luego vio que no era un hombre solo, sino que al menos tres extraños se habían distribuido a lo largo del tren para ordenar a los migrantes que se concentraran en un solo punto.
Abel le hizo señas a su compañero de viaje para que se arriesgaran a separarse de las vías del tren. Corrieron hasta que se sintieron a salvo. Calcularon el rumbo, faltaban unos 5 kilómetros para llegar a Caborca, y trazaron una ruta imaginaria a pie, paralela a las vías.
Abel se quitó la camisa para envolverse la cabeza. En verano, los días aquí son los más largos, duran hasta 14 horas. A las seis de la mañana, ya había amanecido por completo.
Con mayor ritmo en la caminata, el compañero de Abel comenzó a sacarle ventaja. Cuando lograron salir a carretera, Abel creyó que lo estaban logrando, pero le preocupaba que sólo tenía como unos 200 mililitros de agua en su botella.
Pidió aventón a los transportistas, a automovilistas particulares, pero nadie de detuvo. Una hora después, comenzó a desesperarse. Sacó los 300 pesos que le quedaban y los sacudió para que los conductores vieran que podía pagar. Tampoco funcionó.
Abel ya no alcanzaba a ver a su compañero. Desesperado, sin nadie que lo ayudara, encontró algo que describe como una alcantarilla y decidió meterse ahí. Hincado, con los primeros estragos del desierto, lloró. Le pidió a su Dios una oportunidad. Rezó varios minutos.
Al salir a la carretera, el conductor de un camioncito de Oxxo accedió a llevarlo entre las cajas de mercancía. Alcanzaron a su compañero. Abel había sobrevivido a su primer encuentro cercano con el desierto de Sonora.
“Me salvé de que me secuestraran”, dice días después el hondureño, a punto de echarse a la boca un trozo de tortilla de harina con frijoles. Lo dice con voz bajita. Pregunta sobre la seguridad en otros puntos de la frontera norte. Quiere saber si le conviene alejarse del desierto.
La carretera de San Luis Río Colorado a Sonoyta, en medio de la Reserva de la Biósfera el Pinacate, corre paralela al muro fronterizo que divide al muro fronterizo de México y Estados Unidos.
El hombre cuenta que en su país se dedica a las campañas propagandísticas y publicitarias. Un rompimiento familiar y la escasez de trabajo lo impulsaron a salir. Culpa al presidente Juan Orlando Hernández de otorgar trabajo sólo a las empresas de sus amigos y hundir a su país en una de las peores crisis de su historia.
El pueblo al que llegó Abel es conocido porque la economía depende en 90 por ciento de los migrantes. Hasta hace una década, funcionaba como un lugar donde los migrantes se surtían libremente de lo necesario para internarse en el desierto: alpargatas para disimular las pisadas, ropa y gorras camufladas, galones de agua de color negro para evitar el brillo con la luna, pecheras y pasamontañas para cubrir cuello y rostro, guantes.
Pero a partir de 2007, las mafias comenzaron a controlar todo. En la plaza central del pueblo sólo quedan dos puestos de comercio. Los migrantes son recluidos en las casas y encaminados a locales específicos para comprar lo necesario. Hay alrededor de 60 “casas de huéspedes” y 11 hoteles. Es la ruta más segura para quienes están “conectados” con las mafias de polleros: los migrantes son trasladados en camionetas Van blancas hacia Sásabe, el punto fronterizo, donde alguien más los cruzará hasta Tucson o Phoenix. Un camino de 94 kilómetros y unas 2 horas y media, luego del cual recorren a pie unos 30 minutos hasta donde termina la barda para luego internarse por la Sierra de Baboquíbari.
“Entre más pagan caminan menos, entre menos pagan caminan más”, dice Prisciliano Peraza, un sacerdote con más pinta de ranchero que de cura, y que dirige el Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (CCAMYN). De acuerdo con el sacerdote, casi todos los que migran por esta ruta y tienen acuerdo con pollero logran llegar a su destino. Pero menos de 10 por ciento no lo consigue.
El padre Prisciliano encabeza uno de los albergues convertidos en auténticos oasis en el desierto mexicano para quienes desafían esa tierra en su rumbo a Estados Unidos.
Por la inclemencia del tiempo, ésta es la peor época del año para migrar por el desierto. Los que lo hacen son extranjeros, que desconocen las particularidades climáticas. Ahora se están arriesgando.
Según cifras de la Patrulla Fronteriza, en las últimas dos décadas, han muerto 7 mil 256 personas en el desierto de Arizona. El Ccamyn tiene un registro de mil 755 personas muertas en el desierto entre 1999 y 2009. Sin embargo, Sara Abdala, administradora del centro, advierte que la crifra puede ser mucho mayor, ya que el año pasado recibieron alrededor de 40 llamadas de familiares de personas desaparecidas en el desierto. “No recibimos ni el uno por ciento de llamadas de desaparecidos”, señala.
Cada año, el Ccamyn organiza una caminata por los migrantes que desaparecen en el desierto. Comenzaron a hacerlo por el caso de un muchacho en 2001. El trayecto, de 3 kilómetros, está señalado con cruces en los puentes con los nombres de algunos de los miles de fallecidos o desaparecidos en su travesía.
Pero este año es distinto, porque las políticas están provocando incertidumbre. Diez días después del acuerdo binacional, el Instituto Nacional de Migración informó del “rescate” de 47 migrantes en una casa de huéspedes en Altar. Y a partir de este mes, la presencia del Inami es permanente con un vehículo en el centro del pueblo, y son acompañados por la Guardia Nacional, algo inédito. En este tiempo, la asistencia de migrantes al comedor del Ccamyn, disminuyó a la mitad.
Caborca: el enganche
CABORCA, SONORA.- ¿Por qué los países tienen fronteras si todos vemos las mismas estrellas? La pregunta escrita con gis apenas es legible en uno de los muros de la Casa del Migrante Pueblo sin Fronteras.
El albergue está a unos 100 metros de la vía del tren, “la ruta del Diablo” que recorre el occidente mexicano de sur a norte, usada por cientos de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Abajo de la frase, una bandera de El Salvador, enfrente, otra de Guatemala.
Todos los que están en el albergue dicen haber llegado en el tren. Algunos salieron desde Tabasco, otros de Chiapas. Y de ahí se desviaron. Hay quien suma ocho trenes en su andar.
En los primeros días de julio ya sintieron los impactos del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos.
En la central de autobuses en Tierra Blanca, Veracruz, se queja uno de ellos, no le quisieron vender el boleto para viajar porque no traía credencial que lo identificará como mexicano. Otro cuenta que le fue peor: perdió mil lempiras hondureñas (unos 780 pesos mexicanos) porque en la taquilla le vendieron los boletos de él y su hija de nueve años, pero no los dejaron subir al autobús. Tuvieron que tomar el tren en Pénjamo, Guanajuato.
“Yo pasé un tiempo antes y estaba más tranquilo”, interviene un joven mientras acaricia a un perro pitbull que reposa con todos bajo la sombra de un patio de cemento donde sobrellevan los 37 grados centígrados del desierto sonorense.
El hombre que viaja con su hija se queja de que no hay trabajo. Cómo le van a hacer entonces, reclama, cómo quieren que le hagan si los gobiernos no mejoran salarios ni la seguridad.
“De 35 años para arriba ya no hay trabajo, a menos que sea de guardia de seguridad, que vas a ganar 6 mil lempiras mensuales, que vienen siendo como 2 mil 800 pesos”.
En realidad, 6 mil lempira son 4 mil 600 pesos, pero otro hombre contextualiza lo que significa con una cuenta más simple: “El kilo de frijoles le vale como 100 pesos”.
Esta casa del migrante es dirigida por Irineo Mugica, quien enfrenta en libertad una investigación por presunto tráfico de personas. Algunos pobladores se refieren al sitio como “nido polleros”. Pero los migrantes que están aquí se preguntan qué habrían hecho si no existiera una sombra como ésa cerca de las vías. “Ya muchos habrían muerto”, advierte uno.
El albergue instalado a unos metros de las vías del tren pertenece a la organización Pueblos Sin Fronteras, liderada por Irineo Mujica, promotor de las caravanas de migrantes que cruzaron México rumbo a Estados Unidos desde 2018.
Unos metros más adelante sobre la vía del tren, casi frente a un módulo de la Cruz Roja que atiende exclusivamente a migrantes, dos primos hondureños escuchan trap en una tienda de campaña improvisada que les sirve de dormitorio.
Christian, torso tatuado, cuerpo corrioso, prende el fogón a la intemperie para cocinar papas en un sartén.
Lleva una década migrando, la tercera parte de su vida, desde los 17 años. En 10 ocasiones ha entrado a México y cuatro a Estados Unidos. Siempre que lo deportan, emprende el camino de vuelta. Asegura que no lo hace por gusto. Es por la necesidad de dinero, pero principalmente “obligado a salir de las pandillas de allá”. Y que elige esta ruta porque es menos insegura que la del Golfo de México.
Con él está Élmer, cinco años menor, criado en la misma casa, como hermanos. Cristian dice que invertirá el tiempo necesario en seguir migrando y no quita el ojo de Estados Unidos. “Dios sí podrá detenernos, pero sólo él, nadie más. Es que es obligatorio, no es que queramos”.
A unos metros de las vías del tren, migrantes centroamericanos improvisan viviendas con lo que tienen a la mano, en un respiro rumbo al norte, siempre al norte.
Caborca es uno de los puntos de paso para quienes buscan cruzar la frontera a través del desierto de Sonora y llegar a Arizona. Desde ahí se emprenden dos rutas para cruzar. Algunos eligen ir 153 kilómetros al norte, hacia Sonoyta, y otros 5 kilómetros al este, rumbo a Altar.
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Laura Ramírez dice que hace cuatro años desperdiciaba su tiempo jugando Candy Crush en su teléfono, hasta que decidió involucrarse un poco más en el bienestar de su comunidad. Una mañana salió con raciones de comida para repartir desayunos a los migrantes que hacen parada en Caborca. Llegó a atender hasta 200 personas.
Además de los desayunos la mujer gestiona atención médica, da asesoría legal y acompaña tanto a familias que buscan a migrantes perdidos como a migrantes convertidos en indigentes que han quedado varados en este punto del desierto. Lleva cuatro años con ese trabajo y en agosto, junto con otras personas se incorporará a la búsqueda de restos óseos en el desierto. Su proyecto se llama “Laura, ayúdame a volver a casa”.
¿Por qué Caborca es un punto de encuentro de migrantes? Laura encuentra dos razones principales: “Una es que -entre comillas- es una de las fronteras más seguras. Es la más larga, eso sí. Pero no se ve tanto el secuestro, sí los hay pero no tanto como en Reynosa o esos lados. Y aquí pues desgraciadamente… pues la dichosa mochila, que desde que salen de allá les platican que la mochila es el cruce para cruzar por este desierto”.
Cruzan como “pollos” o cargados. “Y no porque ellos quieran sino porque no hay otra forma de pasar. Si ellos conocieran el camino y quisieran ir caminando no se los permiten. Es una condición ir cargando ese cochinero”.
Varios testimonios lo confirman: en Caborca y otros puntos de Sonoyta, los migrantes son contactados para que crucen el desierto con mochilas de, al menos, 20 kilogramos de mariguana. Hay quienes dicen que la cuota actual implica hacer dos viajes; otros, que deben pagar 300 dólares y además llevar la mochila.
Un migrante mexicano que en este texto se llama Adalberto relata que él llegó al poblado específicamente para cruzar con el paquete por el desierto. Trabajaba en el campo o como ayudante de albañil hasta que se desesperó. “Me vine a chambear para echarme la mochila, aquí me agarraron (…) Te tienes que voltear para levantarte con las manos y con los pies. Cuando me la eché aquella vez, me fui para atrás. Era tiempo de frío, me pegó el frío machín. El calor y el frío es lo mismo. En el desierto te mueres de frío y te mueres de calor (…) Ahora quiero pasar de nuevo pero quedarme a trabajar machín y ver quién va a ser la heredera, una que me quiera bien”.
José también es migrante, pero su destino es Sonora. Viajó del sur mexicano para buscar a su hijo de 21 años y a su hija de 20. Un contratista los enganchó en su pueblo de Oaxaca para que trabajaran en el cultivo de espárrago. Pero los jóvenes no se adaptaron. Tuvieron problemas con los compañeros y con la abundancia de droga.
El trabajo en estos campos es duro, añade. Los contratistas prefieren a los oaxaqueños o chiapanecos antes que a los centroamericanos para las jornadas, por su costumbre a estas labores. “A mí no se me dificulta ni con la mafia ni con la ley, porque no tengo ningún vicio. Nosotros estamos acostumbrados al trabajo duro”, dice.
El Semáforo delictivo señala que Caborca (la segura) tiene 124 por ciento más denuncias por narcomenudeo que todo Sonora. Apenas hace dos semanas tres personas fueron asesinadas en el centro del pueblo. La Guardia Nacional llegó a Caborca la semana pasada. Y con ella, el Inami
Las dos Nogales
NOGALES, SONORA.- Lian, estadounidense, y Guadalupe, mexicana, tienen siete años casados. Pero desde hace cuatro la mayoría de sus decisiones maritales se toman desde dos países distintos. Él en Nogales Arizona; ella, en Nogales Sonora.
Cada sábado, se reúnen a partir de las tres de la tarde a unos metros de la garita, separados por la valla fronteriza. Conversan durante tres horas. A diferencia de la mayoría de los casos, es él, como estadounidense, quien no puede ingresar a México, salvo una vez cada tres o cuatro semanas. El matrimonio prefiere mantener las razones de su separación en secreto.
“Hay días que nos extrañamos muchísimo. Es doloroso porque estás a centímetros de la persona que amas y no la puedes abrazar. No se lo puedes mostrar con acciones más que con palabras. Hay días que no sé qué decirles a mis hijos. Batallamos pero no perdemos las esperanzas”, dice Guadalupe.
“No perdemos la fe que un día vamos a estar juntos nosotros”, insiste él. “No hay ninguna necesidad con esta barda pues, no entiendo por qué la pusieron. Por todo el mundo hay gente buena y gente mala, gente que quiere progresar, ser feliz”.
Lian, trailero estadounidense, y Guadalupe, boxeadora mexicana, sostienen su matrimonio de siete años a pesar de que el muro fronterizo se interpone entre ellos.
La vida de Nogales ocurre a partir de “la línea”. Las cuadras aledañas a la garita y a la valla han sido rehabilitadas para recibir a turistas estadounidenses que cruzan la frontera para divertirse con alimentos, bebidas y música de México.
En la Nogales mexicana, “a línea” determina todo: dónde nace la ciudad, quiénes entran y quiénes salen, y a veces quiénes viven.
Nogales recibe al 86 por ciento de todos los deportados que entran por Sonora y 15 por ciento del total en México. Cada día, de enero a mayo, han sido repatriados 90 mexicanos.
Martín se sumará a la cuenta. El primer domingo de julio volvió a México tras intentar ese mismo día cruzar por la ruta del desierto, desde Altar. Es originario de Pachuca, Hidalgo. Está agotado. No ha decidido si lo va a intentar de nuevo, pero destaca que el trato que hizo su hermano hizo con el pollero indica que pagarían 6 mil dólares del viaje hasta que llegara a su destino, en Nueva York, por lo que la pérdida no ha sido tan alta.
Antes que él, llegó José Luis, un joven sonorense, que estuvo preso varios meses en Estados Unidos. Sentado en una de las bancas de la garita, aprieta un rosario de plástico mientras mueve las piernas sobre las puntas de los pies. No dice por qué estuvo preso, pero asegura que tratará de cambiar en su país de origen.
Esta ciudad no recibe personas extranjeras retornadas que esperen audiencia en la Corte estadounidense, pero desde la Garita Deconcini sí se emiten solicitudes de asilo hacia Estados Unidos.
En una sala improvisada como campamento, una veintena de migrantes, en su mayoría cubanos, intentan mantener el orden de su turno acomodados en el perímetro del cuarto.
La lista al primer domingo de julio es de 2 mil 283 solicitantes, ya han pasado mil 701. Los migrantes lograron organizarse con la agente migratoria en un grupo de WhatsApp, por donde les avisa cuándo deben acudir a la garita. “Son meses. Por fin parece que nos va a tocar”, dice el cubano que lidera los turnos.
En los albergues de esta ciudad, hay migrantes en tránsito, que buscan cruzar y los que están esperando el asilo. También algunos mexicanos deportados. De los extranjeros, la mayoría son cubanos y centroamericanos: guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y hondureños. Además de rusos, cuyo número se ha ido incrementando.
Los registros en los albergues muestran que de enero a mayo el flujo fue muy alto, pero con las amenazas de Donald Trump y el anuncio de la llegada de la Guardia Nacional la demanda bajó. Juan Francisco Loureiro, director del albergue Juan Bosco, dice que la llegada de migrantes a su centro ha bajado casi a la mitad y lo atribuye a los operativos en el sureste mexicano y a las advertencias de los gobiernos de México y Estados Unidos, en el marco del acuerdo binacional.
Lo mismo dice Marla Conrad, una de las colaboradoras de la Iniciativa Kino, quien explica que los migrantes también lidian con la presión de los grupos criminales.
“El migrante está muy vigilado en la frontera. Ha habido casos de personas que han sido golpeadas por acercarse a la línea fronteriza sin autorización de la mafia. Ya hubo un caso que sabemos de un muchacho que fue hospitalizado y otro caso del muchacho que mataron. La mafia ha manifestado que no quieren ver migrantes acercarse a la línea fronteriza. Tienen que dar mil 200 dólares nada más para que puedan básicamente cruzar el desierto para esperar a la patrulla fronteriza estadounidense”, denuncia Conrad.
Agua Prieta: batalla en solitario
AGUA PRIETA, SONORA.- Carlos salió de su país huyendo de una mafia y se encontró con otra. Escapó de Guatemala por las amenazas de pandilleros que le exigían que trabajara para ellos y cuando quiso pedir asilo a Estados Unidos desde la frontera mexicana conoció al crimen organizado de este país.
El joven de 25 años y dos de sus compatriotas más no pudieron salir siquiera de la central de autobuses. Unos hombres los retuvieron, les dijeron que no tenía nada que hacer en México.
Si querían quedarse, debían pedir dinero a sus familias para pagar una cuota de mil dólares por cada uno.
Rogaron para que les permitieran pasar la noche en un hotel aunque fuera vigilados, ya que por la hora no había buses de vuelta. Apenas clareó, alrededor de las 5:30 de la mañana, huyeron llenos de miedo como pudieron. Un médico los ayudó a ponerse a salvo.
Los tres guatemaltecos regresaron a su país pero Carlos fue recibido de nuevo con amenazas más fuertes de la pandilla. Tuvo que emprender el viaje de nuevo. Con la ayuda de defensores de derechos de migrantes, pudo anotarse en la lista de cientos de personas que esperan su turno para solicitar asilo en Estados Unidos.
En esta ciudad las deportaciones están suspendidas desde 2016. Pero es ruta de quienes buscan ir al país del norte para proteger su vida. Hasta hace poco, ocho de cada 10 eran mexicanos desplazados por la violencia, principalmente de Guerrero. Ahora, un 10 por ciento son centroamericanos y el resto lo componen personas de distintos país y continentes.
Los migrantes se han organizado para que quienes tienen los turnos más próximos aguarden afuera del puerto de entrada y tengan distintas opciones dependiendo del número de migrantes que puedan entrar. Desde una persona, en pareja o familias de tres, cuatro o cinco integrantes. Es una estrategia para no perder la oportunidad.
El campamento inició como un refugio con cobijas para hacerse sombra, hasta que un mes atrás, dos voluntarios de Estados Unidos y Canadá se organizaron para instalar los travesaños y una “malla sombra”, para que tuvieran más espacio y ventilación.
La operaciónn de la Guardia Nacional en el norte de México no se ha presentado tan incisiva como en el sur, pero su presencia es evidente en retenes de carreteras y recorridos con agentes del Instituto Nacional de Migración..
El impacto en el norte mexicano del acuerdo migratorio entre Estado Unidos y México se reflejó de inicio en Agua Prieta. El 23 de junio, tres vehículos de la Guardia Nacional acudieron al Centro de Atención al Migrante Éxodus (CAME) para atender un reporte de una persona armada afuera del inmueble.
Un agente de la Guardia Nacional pidió entrar al centro y aludió a la posibilidad de una verificación migratoria, en compañía del Instituto Nacional de Migración. Con ayuda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los encargados del albergue lograron que el agente se retirara después de recibir una llamada.
Pero las autoridades locales no sólo no apoyan, sino que dificultan la protección de los migrantes, mientras el crimen organizado presiona para controlar los destinos de quienes huyen por su vida.
Los migrantes aquí están permanente vigilados por grupos criminales de la zona desde las tres centrales de autobuses. La ayuda de los integrantes del CAME a los migrantes ha conducido el hostigamiento hacia el centro que vive bajo llave.
La administración del alcalde morenista Jesús Alfonso Montaño Durazo les ha sugerido incluso “platicar” con los grupos delincuenciales para frenar el acoso.
El CAME lamenta que el prometido viraje hacia una política migratoria dé indicios de empeorar la situación que tenían.
“No nos lo esperábamos. Siempre fue esa parte de decir que se van a respetar los derechos humanos de los migrantes. Cuando se empezaron a expedir las visas en la frontera sur, pero lo veíamos positivo, pero después viene la parte de persecución y la incorporación de la Guardia Nacional para perseguir migrantes, detenerles, deportarles y aparte de la criminalización que se hace de las casas y de los defensores de los migrantes.
“Esta política migratoria no sólo ha golpeado a la población migrante en sí, sino también a quienes les acompañan. Es muy preocupante porque es un trabajo de décadas. Seguimos teniendo el enfoque de seguridad nacional”, dice un representante.
Desde ese 23 de junio, la Guardia Nacional no ha vuelto al CAME. Los “puntos” vigilantes en la ciudad persisten.
Desde el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, denunciamos que en estos momentos tarde noche del sábado 20 de Julio del 2019, varios comandos armados del grupo narcoparamilitar de los «Ardillos» sitiaron la comunidad de Tula Guerrero. Llevan ya varias horas de ataque armado y la balacera no ha parado. En este momentos desconocemos el número de hermanos heridos o asesinados.
Por lo tanto urgimos a las autoridades locales, estatales y federales que intervengan inmediatamente para evitar una masacre. A las organizaciones nacionales e internacionales solidarias y defensores de los derechos humanos les solicitamos demandar al estado mexicano su inmediata intervención para evitar una masacre contra nuestros hermanos y hermanas indígenas nahuas de la comunidad de Tula.
Atentamente:
Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata.
Agentes de la GN observan el traslado de mercancias. Foto: AP / Idalia Rie
Mathieu Tourliere/ PROCESO
Al margen del discurso oficial del presidente López Obrador, en los hechos México ya cumple las funciones de Tercer País Seguro para los migrantes que esperan obtener asilo en Estados Unidos. Aunque esa figura implica no sólo la contención, sino también la atención a las personas que salen de Centroamérica con destino al país del norte, la presión política y económica del presidente estadunidense Donald Trump orilló al gobierno mexicano a poner énfasis en la detención y la deportación de las familias que escapan de la cruel realidad centroamericana.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En los últimos 45 días, ante la mirada satisfecha del presidente estadunidense Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador echó a andar todo su aparato civil y militar para impedir que decenas de miles de centroamericanos lleguen a pedir asilo a Estados Unidos.
Bajo las órdenes del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon –quien selló el compromiso de reducir “significativamente” el paso de refugiados por el país–, se endureció la presencia militar en las fronteras sur y norte. En junio, la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a cerca de 30 mil centroamericanos y deportaron a 21 mil 912. Muchos viajaban en familia, a menudo con bebés.
El ritmo de deportación –un promedio de 730 personas por día– rebasa en 31% el registrado en mayo de 2015, cuando alcanzó su mayor intensidad la estrategia de contención migratoria conocida como Plan Frontera Sur, que lanzó la presidencia de Enrique Peña Nieto. Esa estrategia incrementó los abusos y la violencia contra los migrantes y, a decir de defensores de derechos humanos, obligó a muchos de ellos a seguir rutas más peligrosas.
En Chiapas, Veracruz y Tabasco, elementos de la GN instalaron retenes e intensificaron los patrullajes; efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) se apostaron en las orillas del río Suchiate para repeler a los migrantes que cruzan en balsas; se multiplicaron los operativos y las redadas en hoteles y casas particulares, mientras que los hoteleros y transportistas fueron amenazados con penas de cárcel si prestan sus servicios a personas indocumentadas.
A la par, Washington intensificó su programa conocido como “Quédate en México”: en junio las autoridades estadunidenses devolvieron a 9 mil 91 solicitantes de asilo centroamericanos (303 por día) a los “puntos de retorno” del lado mexicano de la frontera, donde aguardarán a que un juez de migración del vecino país determine si les otorga el estatus de refugiado.
López Obrador se negó en enviar una nota diplomática a Washington para reclamar una serie de medidas que adoptó la administración de Trump contra los migrantes en semanas recientes.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2229, ya en circulación)
El infortunio de padre e hija. Foto: AP / Julia De Luc
David Ernesto Pérez/ PROCESO
Como la mayoría de los migrantes que se aventuran a escapar de El Salvador hacia Estados Unidos, Óscar Martínez y su hija Valeria huían de la violencia criminal y económica que impera en su país. Ya habían sorteado los peligros de la travesía por territorio mexicano, pero aún faltaba lo peor: la persecución contra los migrantes que en la franja fronteriza despliegan los gobiernos de México y Estados Unidos provocó que se arrojaran al río Bravo. La imagen de los dos unidos en un trágico abrazo causó indignación general, pero no cambió en nada las políticas en ninguno de los tres países.
ALTAVISTA, El Salvador (Proceso).- El domingo 30 de junio Rosa Ramírez estaba en su casa, vestida de luto. Descansaba las manos sobre las rodillas, la mirada fija en el piso, y trataba de recordar el nombre de la escuela en la que su hijo aprendió a leer y escribir. Pero por más que estiró la memoria sus recuerdos estaban obstruidos. Lo único que una y otra vez apareció, como las incesantes gotas que caen de un techo roto, fue el nombre con el que se conoce la cancha de futbol próxima a esa escuela todavía sin nombrar: el Hoyo.
“Es una que está allá abajo”, dijo buscando la confirmación de una mujer de pelo castaño que estaba sentada a su lado.
Rosa había regresado a su casa en la colonia Altavista, en San Martín, después de recibir en el cementerio La Bermeja, en San Salvador, los cadáveres de su hijo Óscar Martínez Ramírez y de su nieta Angie Valeria, que murieron ahogados la tarde del 23 de junio en el intento de cruzar el río Bravo. Los cuerpos llegaron a las 10:50 de la mañana en dos camionetas blancas escoltadas por vehículos con placas particulares.
Vio una y otra y otra vez la fotografía de la catástrofe: Valeria abarcando a su padre con su brazo, enfundada la mitad de su cuerpo en la camisa estirada del adulto. Óscar, descalzo, aparece con el pantalón hasta las rodillas y los brazos flexionados, como si antes de aceptar que las corrientes profundas del Bravo lo habían vencido hubiera intentado engañar lo inevitable para sacar a su hija a la luz, al cielo, la vida.
Los cuerpos de ambos se ven, en esa foto, a la orilla del río junto a dos latas azules de Pepsi Cola y una lancha de motor y con dos remos amarrada a la tierra que padre e hija no lograron alcanzar vivos. La calma sin respuestas que resume el fin de todo. “Así se fueron abrazaditos los dos”, resume Rosa.
Pero no resultó lo mismo ver las imágenes en internet que tenerlos frente a ella, en los ataúdes. Rosa sufrió una crisis nerviosa y tuvo que regresar a su casa. Ahí recordó que Óscar comenzó a trabajar antes de cumplir los 21 años en maquilas, panaderías y en servicios de comida rápida. No pudo terminar la educación media. A sus 24 años nació Valeria; su natalicio lo celebraba el 11 de julio y su hija nació el 18 del mismo mes. “Él quería que naciera el mismo día, la misma fecha”, cuenta a Proceso.
Después Óscar concluyó que la única forma de salir de la pobreza era emigrar a Estados Unidos con su hija y su esposa Tania Vanessa Ávalos.
Esa fotografía caló hondo en los ciudadanos de muchos países. Su efecto emocional es similar al de la imagen de Aylan Kurdi, el niño sirio cuyo cadáver fue encontrado bocabajo en septiembre de 2015 en la playa de Bodrum, Turquía.
El círculo de pobreza
En La Libertad, específicamente en los municipios Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y Nuevo Cuscatlán, vive la minoría privilegiada de los salvadoreños. Los que estudian en colegios bilingües, empleados públicos y funcionarios, gerentes y altos ejecutivos de trasnacionales y grandes empresas nacionales, empresarios, catedráticos de las universidades más caras. Desconocen los rigores del transporte colectivo y pocos han visto de cerca un pandillero.
La clase media baja vive en las colonias y urbanizaciones de los municipios periféricos del oriente de San Salvador: vendedores informales que se buscan la vida en el Centro Histórico, dependientes de locales de los centros comerciales, meseros y cocineros de los restaurantes, cajeras de bancos, agentes de las empresas de seguridad privada.
Óscar y Valeria vivían en Altavista, una megaurbanización que construyó la familia Poma (una de las dos familias más ricas del país) a través de su empresa Grupo Roble, que se extiende entre Ilopango, Tonacatepeque y San Martín, municipios de la periferia de San Salvador conocidos por estar sobrepoblados, deforestados e invadidos por pandillas.
Las viviendas de este proyecto pensado para la clase media baja se caracterizan por sus reducidas dimensiones. Sólo caben dos personas en cada casa, pero en la de Óscar vivían cuatro.
Él era uno de esos trabajadores que todos los días salen temprano de sus casas, soportan hasta cuatro horas de tránsito vehicular y llegan a la capital a trabajar más de ocho horas por un salario inferior a 400 dólares mensuales. Óscar fue cocinero de Papa John’s, trasnacional de origen estadunidense cuyas pizzas son las segundas más consumidas en el país, después de las de Pizza Hut. Desde el 13 de diciembre de 2016 el salario mínimo en el país más pequeño de Centroamérica aumentó a 300 dólares en los sectores comercial, de servicios e industrial; su mayor incremento desde los años noventa.
¿Cuánto puede hacer un salvadoreño que vive en la periferia con este salario? La canasta básica cuesta 200.95 dólares, de acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc). En San Salvador el costo de una vivienda con sólo dos habitaciones oscila entre 10 mil dólares en las zonas controladas por pandillas y 80 mil en lugares relativamente libres de ellas, como Santa Tecla o el Antiguo Cuscatlán.
A eso hay que sumar 60 dólares mensuales en servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones, así como hasta 200 dólares anuales en ropa.
La educación pública es gratuita, pero en los municipios pobres los padres de familia prefieren matricular a sus hijos en colegios privados para evitar que crezcan con familiares de pandilleros, a precios que van desde 60 a 100 dólares por mes. Es decir, para lograr una oportunidad de movilidad social una familia necesita, como mínimo, ingresos superiores a mil dólares mensuales. Óscar no ganaba ni la mitad.
“Como aquí en El Salvador la situación está dura, pues él dijo: ‘Me voy con toda mi familia’. Lamentablemente perdió la vida”, dice Estela Gallegos, de la Misión Cristiana ELIM, Iglesia protestante a la que acudían Óscar y los suyos. Ella y docenas de correligionarios llegaron al funeral vestidos de blanco y negro a realizar una vigilia, como es tradición en los grupos evangélicos.
“Era una familia muy necesitada”, confirma Ana Julia Sigarán, vecina de Óscar y Tania.
Sin esperanza
Por las escasas posibilidades de ascender en el escalafón, en El Salvador las clases sociales parecen castas. Entre los años cincuenta y sesenta del siglo pasado los gobiernos militares (principalmente el de Óscar Osorio) impulsaron una tímida industrialización de la economía que derivó en un crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso y los buenos precios del café en esas décadas, principalmente en los cuarenta, permitió que una pequeña porción de los ciudadanos mejorara su nivel de vida.
Además, el Estado impulsó políticas sociales, como la construcción de vivienda para los trabajadores que llegaban de las provincias a la capital. Sin embargo, el incipiente despegue económico se topó con la inestabilidad política de la década de los setenta y con el inicio de la guerra civil.
Las primeras oleadas migratorias contemporáneas comenzaron en los ochenta. Miles de salvadoreños huyeron de la guerra interna; desde los noventa hasta 2010 los ciudadanos escaparon a consecuencia del desempleo, la precariedad laboral y la pobreza, y después con fines de reunificación familiar. Entre 2012 y 2014 surgió otro motivo para huir: el desplazamiento forzado que provocó la violencia entre el Estado y las pandillas, así como la guerra entre éstas, sobre todo la del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).
En las dos décadas previas a la guerra, aun en el contexto de limitadas libertades civiles, los salvadoreños tuvieron unos pocos espacios para lograr un ascenso social. Ahora esas oportunidades están condicionadas, para la mayoría, a que obtengan empleo en el Estado a través de la militancia en un partido político; la obediencia servil para conservar un empleo relativamente digno; la migración y el matrimonio con extranjeros, que puede derivar en una emigración legal.
La migración por motivos económicos es frecuente en la clase media baja, pero también se da en estratos acomodados. En enero de 2018 el Banco Central de Reserva calculó que en los años ochenta 16.4% de los salvadoreños que se fueron tenía título universitario, maestría o doctorado, mientras que en 2010 ya eran 38.8%.
Estudios sobre migraciones publicados por la Universidad Tecnológica de El Salvador desde 2005 indican que, de 100 que se van del país, 60 son menores de 30 años. El núcleo que podría ser el motor del desarrollo optó por irse a trabajar al extranjero.
Entre los jóvenes más pobres se percibe un profundo pesimismo; sufren la guerra entre pandillas, la violencia arbitraria de agentes de seguridad del Estado alentada por funcionarios, la pobreza y la falta de oportunidades, la ansiedad de obtener bienes de consumo (teléfono, tabletas, computadoras, autos) y el estrés por no lograrlo.
El país pasa de una a otra etapa. En los noventa, al vislumbrarse el fin de la guerra civil, la esperanza se mezclaba con la incertidumbre. En los dos mil, un terremoto, los secuestros y las estrategias económicas despertaron la indignación de los estratos más vapuleados por el Estado. En la década actual, esos desfavorecidos son mayoría y muestran desesperanza, pesimismo y apatía.
Niños en peligro
“Los que se quieren ir que no se vayan, aunque sea poco a poco vamos a irla pasando”, exhorta Nohemí López, amiga de la familia de Óscar, quien intentaba sortear la barrera del Cuerpo de Agentes Metropolitanos que impidió el acceso a desconocidos y a periodistas en la sala de velaciones del cementerio La Bermeja, a petición de Tania Vanessa Ávalos. “No hay que moverse, por los niños; eso es lo que duele más”, agrega Nohemí.
La migración de niños y adolescentes en El Salvador inició en los noventa, sobre todo por los procesos de reunificación de las familias cuyos integrantes huyeron de la guerra civil en la década anterior. En los años siguientes muchos niños acompañaron a sus padres en su migración legal o ilegal, o aceptaron las invitaciones de sus amigos que se fueron antes que ellos.
El fenómeno se agravó en 2009 cuando se incrementó el número de menores que viajaban solos a encontrarse con familiares o, en menor medida, se escapaban de sus casas a escondidas de sus parientes.
Ese año se registró la salida de mil 221 niños salvadoreños; en 2012 la cifra aumentó a 3 mil 314; en 2014, a 16 mil 404, según las estadísticas de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Y entre 2009 y 2015 emigraron de Guatemala, El Salvador y Honduras rumbo a Estados Unidos 97 mil 433 menores no acompañados.
Desde 2006 Elsa Ramos, investigadora de migraciones de la Universidad Tecnológica, detectó que en algunas escuelas salvadoreñas había salones con un promedio de 15 o 20 estudiantes, cuando lo común era que tuvieran hasta 40 o más. Al investigar con los profesores el motivo de las deserciones, la respuesta se repitió: al cumplir los 15 años sus padres migrantes mandaban por ellos a un traficante de personas o coyote.
Entre 2015 y 2018 se registraron en el país al menos 418 casos de niños que sufrieron desplazamiento forzado, según el informe que presentó la organización no gubernamental Cristosal en octubre del año pasado. Los menores tuvieron que irse de su casa obligados por amenazas directas o contra uno de sus padres, asesinato de una persona cercana, intento de homicidio, extorsiones y lesiones directas contra ellos o un pariente, violaciones y agresiones sexuales o por la desaparición de un familiar.
Hasta donde se sabe, Óscar, Tania Vanessa y Valeria no sufrieron una agresión física directa por vivir en una de las zonas dominadas hasta hace un año por el Barrio 18, pero uno de sus deudos confirmó que algunos de sus familiares fueron víctimas de violencia física.
Una hermana de Omar, la pareja de Wendy Martínez –a su vez hermana de Óscar–, desapareció y su cadáver se localizó siete días después, con el rostro desfigurado.
El hermano de Tania Vanessa fue reportado como desaparecido.
A todos los medios de comunicación, Rosa Ramírez les aseguró que su hijo Óscar y Tania Vanessa decidieron irse por las pésimas condiciones en que vivían en El Salvador. Se desconoce, sin embargo, cuáles eran los motivos que iban a alegar para pedir asilo en Estados Unidos.
En el cementerio La Bermeja la vigilia se prolongó hasta altas horas de la madrugada. El lunes 1, a las 10:00 de la mañana, Óscar y Valeria fueron enterrados juntos, a unos pasos de un busto de San Óscar Arnulfo Romero.
Este reportaje se publicó el 14 de julio de 2019 en la edición 2282 de la revista Proceso.
La Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio realizaron un llamado a los alcaldes de Mazatlán, Culiacán y Ahome de hostigamieno, intimidación y amenazas a reporteros
Redacción / El Debate
Culiacán.-Tras varios casos denunciados de hostigamiento, intimidación y hasta amenazas a reporteros en el estado, la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, exige que la libertad de expresión y el respeto al ejercicio pleno del periodismo no quede sólo en el discurso, sino que se cumpla en los hechos.
En su asamblea realizada ayer, acordaron por unanimidad hacer un llamado para que los alcaldes de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres; de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; y de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, dejen su discurso irresponsable de ataques cotidianos con los reporteros que cubren la fuente del Ayuntamiento, y en especial en contra algunos medios, a los que en el caso de Culiacán, el presidente municipal hace referencia constante, tanto en eventos, como en las conferencias y entrevistas, respecto a los acuerdos publicitarios.
Denuncia
El acuerdo, dirigido además a la opinión pública, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; y al Congreso del Estado de Sinaloa; deja en claro que la exigencia es para quienes ocupan un cargo público y desde oficinas de gobierno o de áreas de prensa están hostigando, intimidando y hasta amenazando a reporteros que sólo cumplen con su función responsable de llevar información oportuna a la sociedad.
En el documento aprobado por la 7 de Junio, señala que para todos es sabido que el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo, por los casos de agresiones registradas hasta el momento, no solo en Sinaloa, sino en todo el país, y lo único que se busca es una relación mutua de respeto con las autoridades, en especial con las municipales, que son con las que han tenido problemas con los alcaldes y los encargados de las áreas de Comunicación Social, como ha sido los casos de los ayuntamientos de Ahome y Mazatlán.
La asociación de periodista ve con preocupación las manifestaciones y amenazas directas a compañeros, como los ocurridos en Mazatlán, de parte del titular del área de Comunicación Social, que lejos de ser el enlace para la apertura con los medios, intimida a periodistas.
Del último caso, hay denuncia presentada ante la Vicefiscalía de Mazatlán. Solo en la zona sur, suman ya 14 los casos de agresiones contra periodistas solo este año.
Se han incrementado con las actuales autoridades, sobre todo de Mazatlán y Culiacán las denostaciones públicas al gremio y los intentos de control a través de publicidad oficial.
“¡Basta de linchamientos, no mas señalamientos irresponsables, no más ageresiones!, ¡Exigimos respeto y tolerancia al ejercicio del periodismo en Sinaloa!”, señala el mensaje.
Al municipio ya arribaron 30 elementos que serán alojados en lo que eran las instalaciones de la Fuerza Única
Elsa Arnenas / El Occidental
A la puerta de los Altos de Jalisco, el municipio de Tepatitlán de Morelos, ya arribaron 30 elementos de la Guardia Nacional, que serán alojados en lo que eran las instalaciones de la Fuerza Única; sin embargo, el ayuntamiento donará 13 mil m² para que la federación construya la base de la GN para el distrito 3.
“A mí me llegó un escrito que eran 30 los que se iban a instalar en Tepa, pero para dar un recorrido a todo el distrito, no van exclusivamente a Tepa, van a todo el distrito, los doce municipios: Mexticacán, San Julián, San Ignacio Cerro Gordo, San Miguel, Jalostotitlán, Arandas, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Teocaltiche y Villa Hidalgo”, dijo la alcaldesa de Tepatitlán, María Helena de Anda.
Recordó que en San Juan de los Lagos habrá otro destacamento de uniformados de la GN, así como en Lagos de Moreno.
De momento, se les permitirá a los uniformados federales instalarse en lo que era el edificio de Fuerza Única en la carretera libre a San Juan de los Lagos; sin embargo, se les otorgará 13 mil m² en la misma carretera libre a las afueras del municipio.
“Estuve con el general el lunes, le dio visto bueno al terreno, le gustó y aunque ya se aprobó en comisión hay que subirlo al pleno del ayuntamiento para hacer la donación, explicó De Anda.
Agregó que le pidieron al que municipio ayude con la barda perimetral, pero se negó ya que es mucho dinero que no tiene el ayuntamiento debido al recorte presupuestal federal.
“Que si les podemos ayudar a bardear pero se me hace muy difícil, son muchos metros y yo no cuento con dinero, saben cómo está la situación económica que la federación no nos ha dado un centavo, yo creo ellos tienen más dinero que nosotros” expresó la Presidenta.
PUEBLA, Pue., 05 Agosto 2015.- Aspectos de la zona residencial y comercial Sonata ubicada dentro de Lomas de Angelópolis. //Hilda Ríos/Agencia Enfoque//
Laura Ruiz / e-consulta
El fraccionamiento Lomas de Angelópolis se posiciona como un proyecto urbano que ha incurrido en abusos que generaron segregación, contaminación del río Atoyac y el que se acapararan tierras, entre otras prácticas, de acuerdo con una investigación publicada por la Universidad de Guadalajara en la edición del segundo semestre del año su revista Carta Económica Regional.
El texto “Principios territoriales ordenadores y desequilibrio ecológico en la periferia de Puebla: fraccionamiento Lomas de Angelópolis” fue desarrollado por las académicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Norma Leticia Ramírez Rosete, María Lourdes Guevara Romero y Adriana Hernández Sánchez.
Las investigadoras parten de que el fraccionamiento surgió ante el crecimiento poblacional de la zona metropolitana, al impulso que permitió la construcción del Periférico Ecológico en la década de los noventas y al interés por satisfacer la demanda de vivienda en fraccionamientos cerrados y de lujo con la finalidad de atraer inversión extranjera y una economía de aglomeración.
Así, se detalla que en una primera etapa Grupo Proyecta invirtió mil 200 millones de pesos para viviendas para consumidores del centro y norte del país que hasta 2015 adquirieron inmuebles con precios entre 1.5 y 4 millones de pesos.
Si bien al tratarse de un desarrollo separado se genera el anhelo de exclusividad, advierten las profesoras, su edificación condujo a un desequilibrio ecológico, la especulación del suelo y la segregación social.
En cuanto a la degradación del medio ambiente se destaca la contaminación al río Atoyac que generó denuncias de la organización Dale La Cara al Río y al suelo por el mal manejo de residuos líquidos y sólidos, así como la escasez de agua que incluso ha llevado a pobladores del fraccionamiento a participar en manifestaciones y a que Agua de Puebla prometa excavación de pozos.
Por otro lado, agregan, se han hecho esfuerzos aislados y violatorios para resolver el tema de la movilidad, como se observó con casetas de acceso colocadas irregularmente y que afectaron a pobladores de Santa Clara Ocoyucan.
Sobre el desarrollo de Lomas de Angelópolis las investigadoras también destacan la variedad de permisos que entregó San Andrés Cholula para negocios, cambios de uso de suelo, licencias de construcción y administración de los estacionamientos virtuales y la edificación de la torre residencial de lujo más alta de México: Nvbola Tower; así como la ilegalidad por duplicidad de escrituras que han afectado a ejidatarios.
Aunado a los efectos que ya ha dejado este fraccionamiento en la zona metropolitana de Puebla, las investigadoras advierten que podría haber más riesgos, pues la vivienda es cada vez más cara en esa zona de la periferia y porque la tendencia a la segregación va en aumento.
Ana Gricelides Enamorado, madre de un migrante hondureño desaparecido./ M.F.S.
El hijo de la hondureña Ana Gricelides puede estar entre los más de 1.500 cuerpos que el estado de Jalisco incineró entre los años 2006 y 2018.
Mario Vergara, de Guerrero, se ha visto obligado a aprender a exhumar cuerpos ante la pasividad de las autoridades.
María F. Sánchez / Cuarto Poder
A primera vista Ana Gricelides y Mario Vergara no tienen demasiado que ver. Ella es una mujer de clase media de una pequeña ciudad de Honduras y él es un hombre joven del México rural, que lleva un sombrero de pescador, y acaba de cruzar por primera vez el charco. Pero ambos llevan vidas muy parecidas desde que la tragedia llegó a sus vidas y se convirtieron en familiares de desaparecidos en México. Dejaron sus antiguos trabajos y su rutina diaria, y empezaron a buscar día y noche para tratar de despejar los interrogantes que no responden ni la Justicia ni los gobiernos.
Ana Gricelides es de Honduras, país de partida de muchos de los miles de migrantes centroamericanos desaparecidos en la frontera de México con EEUU. Ella y su marido vivían en Choloma (Cortés), en el noroeste del país, junto a su hijo adolescente, a quien trataban de dar todo lo necesario y proteger especialmente ya que su departamento está controlada por las maras y las pandillas. Cuando Óscar había cumplido los 17 años no aguantaba más y quiso salir del país para continuar sus estudios. “Mi hijo entendió que la violencia no era normal, a pesar de todo me agrada esto, porque lamentablemente en mi país se ha normalizado”, rememora esta madre para cuartopoder.es.
Aunque al principio Ana se resignó a que su único hijo se marchara, pronto entendió que no había otra opción. Como no tenían el dinero necesario para pagarle un visado, un trámite prácticamente imposible de costear para muchas familias en Honduras, decidieron recurrir a un coyote –así se conoce a los traficantes de personas–. “Teníamos a un vecino, a un chavito, que creció en EEUU y luego lo deportaron a Honduras. Desde ahí se dedicó a traer gente de Honduras a México. A los 15 días ya estaba de regreso”, explica.
Óscar Antonio López se marchó el 31 de enero del año 2008 de Honduras, pero Ana lo rememora como si se hubiera marchado de casa hace tan solo unos días. El joven llegó a México y de ahí consiguió cruzar, con otro coyote, a Austin (Texas, EEUU), donde un tío suyo le esperaba. La sorpresa llegó cuando el joven llamó a Ana para decirle que estaba en México. Unos nuevos amigos mexicanos le habían convencido de que en este país sería más fácil encontrar trabajo y estaría más cerca de su familia.
La madre comenzó a tener muy pocas noticias de su hijo hasta que el 19 de enero de 2010 recibió una llamada suya. Aunque ella ya intuía que le habían retenido contra su voluntad, sus sospechas se confirmaron cuando él le contó que se encontraba en un lugar que era “como en una isla”. Estas fueron las últimas palabras que escuchó de su hijo.
Pero la pesadilla de Ana apenas acababa de comenzar. En 2015 recibió una llamada de la Fiscalía de Jalisco para comunicarle que habían encontrado a su hijo muerto, pero que su cuerpo había sido incinerado. Su caso no es el único. El Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses incineró entre 2006 y 2018 más de 1.500 cuerpos que estaban sin identificar, según comunicaron, por la saturación de sus instalaciones. En México hay aproximadamente unos 26.000 cuerpos sin identificar que se amontonan en las morgues, según cifras oficiales.
Así las autoridades arrebataron a muchas familias con desaparecidos en Jalisco su derecho a conocer la verdad y poder dar sepultura a sus difuntos. “Desaparecieron a los desaparecidos. Si fue mi hijo al que incineraron yo nunca lo voy a saber. Las autoridades son responsables y yo quiero saber la verdad, que haya justicia y no repetición”, cuenta con rabia Ana, quien ha emprendido un proceso legal contra las autoridades jalicienses.
Mario Vergara, hermano de desaparecido y buscador de fosas clandestinas en Guerrero./ M.F.S.
Mario Vergara mira fijamente a los ojos para contar su historia, pero en realidad tiene la mirada perdida en los recuerdos. Su hermano no era migrante, pero también está desaparecido. Fue secuestrado el 5 de julio de 2012 en Huitzuco (Guerrero), como es habitual en México, para pedirle un rescate a la familia. Aunque sus familiares lograron reunir el dinero necesario, la Policía no consideró conveniente pagar el rescate porque la prueba de vida que pidieron a los secuestradores, para asegurarse de que su hermano Tommy estaba vivo, parecía falsa. Los criminales, probablemente de algún grupo delictivo del violento estado de Guerrero, le prometieron a Mario en una conversación telefónica que se arrepentiría de la decisión porque jamás encontraría a su hermano.
En 2014 tuvo lugar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, a solo una hora del pueblo de esta familia. Dos meses después de este caso que adquirió repercusión mundial, Mario dejó su trabajo como repartidor de cerveza y empezó su propia búsqueda, junto al grupo de Los Otros Desaparecidos. Ante la falta de compromiso por parte de las autoridades, se ha visto obligado a aprender a exhumar restos humanos, ahora Los Otros Buscadores. Buscando Vida entre los Muertos
Todavía Mario no ha encontrado a su hermano, pero su colectivo ha logrado desenterrar a 400 cuerpos en Iguala. “No sabíamos el daño que nos iba a hacer encontrar estos restos. Yo había escuchado a los antropólogos decir que los muertos hablaban y no lo creía. Pero es verdad que las expresiones de su cuerpo, de su boca dicen todo lo que sufrieron. Cambió mi manera pensar. Si los muertos hablaban, nos estaban tratando de decir cosas”, reflexiona.
Preguntado por si ha notado cambios en la búsqueda de desaparecidos con el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Mario considera que es “pronto para decirlo”. Lo que tiene claro es que la desaparición de su hermano es en primer lugar responsabilidad del Gobierno “quien no ha cumplido con lo que dice en la Constitución” y que “a día de hoy se sigue engañando a los familiares de desaparecidos”. Las cifras oficiales hablan de que existen más de 40.000 desaparecidos, una cifra que podría ser mayor según las propias autoridades y que Mario incluso multiplica.
“México es una gran fosa clandestina, donde quiera que escarbes hay cuerpos”, indica Mario. “El Goberino no ha dimensionado este problema que tiene entre las manos. Se necesita ayuda internacional para poder identificar a tantísimos cuerpos. En 2014 había muchos familiares desaparecidos, pero cuando apareció el caso de los estudiantes de Iguala muchas familias del país empezaron a buscar fosas con mucho éxito Estamos desenterrando lo que el gobierno no quiere desenterrar”, asegura.
*Ana Grimaldos y Mario Vergara han sido entrevistados en Madrid por cuartopoder.es en una visita organizada por colectivos que defienden los derechos de los migrantes: la Caravana Abriendo Fronteras y la Caravana Migrante, un colectivo italiano.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos revela irregularidades. Entre las víctimas hay dos niñas que dijeron haber sido violadas.
EFE / El Salvador
Por EFE
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México presentó esta semana una recomendación a autoridades del país por un caso de maltrato a menores en una estación migratoria del estado San Luis Potosí (centro-norte), en 2016, en donde, además, dos niñas dijeron haber sido violadas por su padrastro.
En un boletín, el organismo denunció que se violaron los derechos humanos a la seguridad jurídica, la integridad y seguridad personal de cuatro menores, dos de las cuales dijeron haber sido violadas por su padrastro mientras permanecían en el recinto migratorio.
De acuerdo con la CNDH, las menores fueron privadas de su libertad durante 56 días en la estación migratoria del estado, entre enero y marzo de 2016.
En dicha recomendación, la organización observó que la oficial de protección a la infancia del Instituto Nacional de Migración (Inami) omitió considerar que una de las víctimas, al ser entrevistada a su ingreso a la estación, refirió que su padrastro era violento y la había agredido anteriormente.
Mientras que el personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) potosina, pese a tener conocimiento de los hechos omitió denunciarlos ante el Ministerio Público y tampoco solicitó medidas de protección para las niñas y su madre.
Del mismo modo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) observó irregularidades en los procedimientos administrativos migratorios de las menores de edad y el INM omitió notificar a la PPNNA el inicio de dichos procedimientos “violentando con ello su derecho a ser asistidos (los menores) por personal de esa institución”.
Por ello el organismo recomendó al actual comisionado del Inami, Francisco Garduño, localizar a las menores de edad para repararles integralmente el daño, que incluya indemnización, atención médica y psicológica, además de inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas.
Mientras que recomendó a la directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Luis Potosí, Cecilia de los Ángeles González Gordoa, colaborar con la queja que se presente en el Órgano Interno de Control del Inami contra la autoridad responsable, e incorporar copia de la recomendación en su expediente laboral.
Este suceso ocurrió años antes de que se agudizara la crisis migratoria en la región.
Desde mediados de octubre del pasado año, decenas de miles de migrantes, muchos de ellos centroamericanos, han buscado cruzar México para llegar a Estados Unidos, causando complejos choques diplomáticos.
El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, en la Presidencia desde el pasado 1 de diciembre, prometió respetar los derechos humanos y facilitar el cruce de los migrantes por México mediante la protección federal y tramitando tarjetas de visitante por razones humanitarias.
Sin embargo, en junio pasado, el mandatario se comprometió con Estados Unidos a que en mes y medio contendría la ola migratoria, tras un acuerdo para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos importados.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace tiempo que continua la disminución del presupuesto al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), situación que lo ha puesto al borde de una crisis, y hasta de una quiebra.
Durante la mesa “La problemática laboral en el sector cultura”, realizada por el Seminario Patrimonio Cultural. Antropología, Historia y legislación. Políticas públicas y cultura, coordinado por el antropólogo y especialista en legislación cultural Bolfy Cottom –en la Dirección de Estudios Históricos (DEH) del instituto–, se expresaron nuevamente los conflictos presupuestarios, laborales y de protección del patrimonio que aquejan a la institución que cumple ochenta años de existencia.
El arqueólogo Joel Santos recordó que antes de la creación, en 2015, de la Secretaría de Cultura (SC), dependían de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que en más de una ocasión salió al rescate del instituto. Pero “en 2016 se encontró con un déficit de 80 millones de pesos que le impedía pagar a sus trabajadores e incluso estuvo a punto de declararse en quiebra, la situación se agudiza porque la SC no tiene los recursos para solventar lo que el instituto necesita para funcionar”.
De manera resumida explicó el problema de los trabajadores de los capítulos 1000 y 3000: En 2017 el 70% de los contratados por el capítulo 1000 (que es por honorarios) fue obligado a renunciar, para ser recontratado por el capítulo 3000, en el cual los empleados tienen “las peores condiciones” laborales, “toda vez que ni siquiera son considerados como investigadores”, con el mismo contrato que se otorga a servicios de limpieza o jardinería.
El director general del INAH, narró Santos, les prometió que sería por única vez, pero llegaron al 2018 con el mismo sistema de contratación, y en la última reunión que sostuvieron con la secretaria administrativa Maribel Núñez, se les informó que ese sistema de contratación “llegó para quedarse”, por lo cual rompieron negociaciones.
El problema no sólo persiste, añade el arqueólogo, sino que se ha ido complicando. En diciembre del 2018 el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, les aseguró en una reunión que si la Secretaría de Cultura solicitaba presupuesto para la solución de estos conflictos, él contribuiría para que se autorizaran.
No supieron qué pasó entonces. Pero sí que, desde la llegada de la nueva secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, han quedado sin trabajo más de 200 trabajadores eventuales para “lograr los ajustes” requeridos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
“Lo que no logró el neoliberalismo, lo está haciendo la 4T: desaparecer a la burocracia”.
Encrucijada
El panorama se antoja desolador. Ya el arqueólogo Leonardo López Lujan advirtió en los medios hace unos días que la incertidumbre laboral inédita, aunada al recorte de los gastos operativos tiene al Proyecto del Templo Mayor, considerado uno de los más emblemáticos trabajos de exploración e investigación arqueológicos del INAH, en “el filo de la navaja”.
Por lo cual señaló que si despiden a alguien o bajan aún más los recursos el proyecto no será viable. Y narró cómo la administración del INAH le envió la lista de sus colaboradores para que eligiera quiénes no son indispensables y despedirlos. Lo cual no aceptó, pues más bien requiere de al menos 20 especialistas más.
Santos contó en la mesa de análisis en la DEH que en una reunión Frausto se molestó con ellos por hablar de “despidos masivos” y trató de aclarar que se trata de la “no renovación de contratos”, a lo cual él le respondió que podía llamarlos entonces –si así quería– “no renovación masiva de contratos”.
Añadió que el ahora tristemente famoso Memorándum de Austeridad , dado a conocer por el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, y Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, el 3 de mayo pasado, los ha conducido a una encrucijada:
“Los trabajadores necesitamos participar en la recuperación del INAH, no la Secretaría de Cultura, no Hacienda, porque además hay otras situaciones como la Reforma Laboral y la democratización de los sindicatos, que en realidad es el control del Estado desde la toma de nota y la parte fiscal con su incorporación al SAT”.
Pérdidas
El diagnóstico del arquitecto Alejandro Villalobos no es mejor que el de sus compañeros en la mesa de análisis organizada en la DEH. Señaló
“La historia del INAH en los últimos años, ha sido una historia de pérdidas constantes. Hemos perdido ascendencia moral, hemos perdido aportar a los libros de texto, hemos perdido el sector de servicios generales y entró Lava Tap, hemos perdido vigilancia y entró la Policía Auxiliar”.
Habló también de cómo han sido impactadas las tareas sustantivas del instituto:
“Hemos perdido el ejercicio sobre la defensa del patrimonio y han entrado empresas de restauradores egresados de la ENCRyM (Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”) o de egresados de las escuelas de arquitectos que han sido alumnos nuestros y no les interesa entrar al INAH porque las investigaciones y las restauraciones son más lentas que la historia, y hay que ‘agilizar estas cosas’”.
El arquitecto, perito del INAH e investigador del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo un llamado a la reflexión:
“Estamos sentados sobre el cofre del tesoro más grande que tiene este país, que es la memoria colectiva, que es el recurso intelectual más importante, materializado en los bienes del patrimonio cultural cuya pérdida es irreversible, equivale a la vida humana: una vez que se ha perdido el dato, la fuente, el registro, el edificio, eso no regresa. De ahí el compromiso que como sectores representativos de la base debemos asumir aquí y ahora”.
Consideró que los sindicatos no son responsables de la crisis financiera que impide pagar los salarios por trabajos e investigación. Y advirtió lo que podría suceder si no se pone atención y se soluciona la grave situación, al recordar que el huachicoleo comenzó en Pemex cuando, ante la disminución cuotas a los sindicatos, “los trabajadores comenzaron a tomar por su cuenta el uso y usufructo del petróleo”. Dijo:
“Tarde o temprano, la materia de trabajo del instituto puede convertirse en usufructo de gente que ni conocemos, que se está promoviendo su existencia a partir de la pérdida de las aportaciones salariales y de la apertura de nuevas plazas y nuevas oportunidades”.
Al respecto recordó que los trabajos de intervención de los edificios dañados por los sismos de 2017, realizados con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y de las aseguradoras, no están siendo hechos por personal de base sino por contratados, con lo cual se deja la responsabilidad en personas “que apenas tienen conocimiento sobre la arquitectura histórica o con interés artístico”.
En el encuentro participaron también Francisco Galván, secretario general del recién creado Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, y la arqueóloga Noemí Castillo, profesora emérita del instituto.
El próximo 5 de agosto se llevará a cabo una segunda mesa de análisis sobre el tema laboral en el sector cultura, en el cual se espera la participación de trabajadores de las organizaciones #YaPágameINAH y #YaPágameINBA, entre otros.
Dirección, fotografía y edición: Armando de la Cruz
El siguiente cortometraje del 2011 documenta el desastre ambiental y sus repercusiones en la vida y la salud de la comunidades ribereñas de la Presa Endhó en donde hasta la fecha se vierten los desechos tóxicos de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuatro cementeras, tres caleras y las aguas negras de la Ciudad de México.
Minera canadiense busca extraer oro, plata y cobre tras adquirir 13 concesiones mineras en 2017, que abarcan más de 20 mil hectáreas en una comunidad al sur del municipio; ya habrían apartado también 7 concesiones para pozos
PopLab, 19 de julio de 2019
Campesinos y activistas integrantes de la organización no gubernamental Coalición por la Defensa de la Cuenca de la Independencia (CODECIN) se sumaron a la oposición contra del proyecto minero de la compañía canadiense Argonauta Gold, que se ubicará en el Cerro del Gallo en la comunidad de San Antón de las Minas, en el municipio de Dolores Hidalgo. Y en el marco de la conmemoración del 22 de julio, Día Internacional de Acción Contra la Minería a Cielo Abierto, llamó a la población de la región a participar en una marcha y un foro informativo con especialistas.
Los inconformes con el proyecto hicieron un llamado a la población del norte de Guanajuato para unirse, no es una lucha solo de los dolorenses, sino de toda la región.
CODECIN, integrado por agrupaciones campesinas de cuatro municipios, anunció para el próximo 21 de julio, la realización de una marcha, partiendo del parque Álvaro Obregón conocido como “La Alameda” a las 9:30 de la mañana hacia el jardín principal, donde realizarán un foro informativo sobre la defensa del territorio.
Foto: Cortesía
El foro, que llevará por nombre “Luchando por el presente y futuro de la vida” y se realizará en el kiosko del jardín, tendrá la participación de expertos en el tema de agua y salud, como la doctora Mariana Cárdenas, especialista toxicóloga con un posgrado en la Universidad de Harvard.
Se exhorta a la gente que desee participar en la marcha y el foro, a vestirse de blanco para que el mensaje a las autoridades sea más fuerte.
“Acuífero sobreexplotado”
Mediante una conferencia de prensa llevada a cabo este miércoles, CODECIN se presentó como fuerza defensora de la tierra que busca devolverle la dignidad y la vida a estas comunidades, para ello recordó que la llamada región de la Cuenca de Independencia desde hace más de 6 décadas comenzó a ser devastada, primero, por la agricultura de riego, para la cual se han perforado casi 3 mil pozos profundos, enfocada principalmente en productos de exportación, no de consumo local. A esto se suma, denuncieron, el uso desmedido de agroquímicos, que contaminan y deterioran las tierras.
Desde la coalición se advirtió: “Tenemos un acuífero sobreexplotado”, pues se acabaron las aguas jóvenes para consumo humano que estaban en la superficie, pero por la extracción de la agroindustria solo quedaron las aguas fósiles, que tienen una edad de 5 mil a 35 mil años y están contaminadas con minerales como el cloruro y arsénico, lo que habría llevado al aumento de enfermedades como la Insuficiencia Renal en todos los municipios de la cuenca, además de fluorosis dentral y fluorosis esquelética, de daño en los neurotransmisores y de diferentes tipos de cáncer.
Por todo ello, se alertó los problemas que se enfrentará el territorio de la cuenca si el proyecto no es frenado: además de deterioro de la salud, habría escasez de agua, deterioro ambiental , descomposición social y sobre todo “la estela de muerte que proyectos como este han dejado en otros estados de nuestro país y en otros países donde la empresa canadiense ha ejercido actividades de minería a cielo abierto”.
En este tipo de minería, a cielo abierto, se utilizan sustancias tóxicas como el cianuro y el ácido sulfúrico para depurar los minerales que se obtienen de la superficie del terreno, no de forma subterránea, contaminando las aguas subterráneas y convirtiéndose en polvo, también venenoso, además de la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo y del uso de grandes volúmenes de agua.
La ONG cuestionó porqué si Canadá no permite este tipo de procesos en su territorio por qué México sí le permite a empresas canadienses venir a realizar estas actividades en el suyo, informando que Argonauta Gold compró 13 concesiones mineras en 2017, abarcando un área total de más de 20 mil hectáreas.
La primera etapa del proyecto incluye el proceso de “lixiviación por pilas”, donde, según las proyecciones, se utilizarán los mencionados cianuro y el ácido sulfúrico para obtener, por ejemplo, 0.70 gramos de oro por tonelada de suelo.
También calculan que para poder funcionar se utilizarán 87 m3 de agua por hora, para lo cual la empresa ya habría obtenido 7 concesiones para perforar pozos (por 1 millón 400 mil m3 de agua).
Por ello reconocen que es urgente llevar la información que han recolectado a las autoridades (locales) y los diputados, para que sepan lo que está pasando, así como al gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Advirtieron también que no se detendrán ahí, pues buscarán también al gobierno federal, a los senadores y diputados federales para conseguir frenar este proyecto que, aseguran, afectará a toda la región.
POZA RICA, Ver., 19 de julio de 2019.- Integrantes de Colectivos de Personas Desaparecidas provenientes de otras entidades del país visitaron Centros Penitenciarios del norte de Veracruz con la esperanza de buscar algún tipo de información que los ayude a dar con el paradero de sus seres amados.
Este viernes los integrantes del colectivo Unidos por Amor a los Nuestros Desaparecidos provenientes del estado de Guerrero, se presentaron en el CERESO de Poza Rica en la búsqueda de encontrar alguna pista que los lleve a dar con el paradero de sus familiares desaparecidos.
“Vengo buscando a mi hija, ella se llama Ilse Janeth Cervantes Preciado, y mi nieta Renata, mi yerno José Adalberto y un primo de él, Ernesto Angulo Lugo, ellos desaparecieron el 28 de agosto en Córdoba, Veracruz en el 2011, y hasta la fecha no sé nada de su paradero”, señaló la señora Alma Rosa Preciado Rubio, quien forma parte de los integrantes de este colectivo.
Los familiares de desaparecidos detallaron que desde hace días han estado presentes en el norte del estado, realizando visitas a los centros penitenciarios de la región, entre los que se encuentra Pánuco, Huayacocotla, además de Poza Rica, y también acudirán al Puerto de Tuxpan, en donde “La finalidad de buscar en los centros penitenciarios, es por si ellos, estuvieron ahí, los detuvieron, porque realmente no sabemos qué les pasó”, describió la entrevistada.
Se trata de un grupo de 14 familias provenientes de entidades como Guerrero, Sinaloa y Nayarit, quienes mantienen así la esperanza de encontrar un indicio, que los pueda llevar con sus familiares desaparecidos.
Se sumaron 13 mil delitos ´omitidos´, la cifra hizo repuntar a Tabasco en la media nacional en inseguridad
De acuerdo a cifras del Observatorio Ciudadano de Tabasco, la entidad ocupa el segundo lugar en feminicidios y trata de personas, además de que está por arriba de la media nacional en 12 de 14 delitos.
Al respecto, Julia Arrivillaga, directora de Análisis y Estadísticas del Observatorio Ciudadano de Tabasco, expuso que el estado se ubica en primer lugar en secuestro del fuero común y fuero federal, robo con violencia, robo a transeúnte y abigeato.
Además, segundo en feminicidio y trata de personas, es tercero en extorsión, cuarto en homicidio culposo y quinto en robo de vehículo.
Estas cifras se incrementaron aún más con la sumatoria de los 13 mil delitos que durante el cierre de la pasada administración fueron “omitidos” por las autoridades estatales, por lo cual esta agrupación presentó el reporte actualizado en los datos en cuanto al cierre del 2018.
Arrivillaga Hernández, explicó que esta crisis en el tema de la seguridad en el estado, es más evidente con la sumatoria de los 13 mil 219 carpetas de investigación que fueron descartadas en la pasada administración, teniendo un mayor incremento en el homicidio doloso, feminicidio, extorsión y robo de vehículo.
Recalcó la funcionaria que el gobierno del estado debe de mantener mayor cuidado en la información que se reporta al Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y también que se aclare debidamente, porqué no se hizo en el pasado, así como trazar un verdadero plan integral de seguridad.
Finalmente, lamentó que el gobierno estatal haya rechazado participar en el proyecto Por Un México Seguro del Observatorio Nacional Ciudadano, en el que se analizaron las propuestas de los candidatos a las gubernaturas que estuvieron en juego el año pasado, con el argumento de que no contaban con una estrategia de seguridad.
Récord nada honroso
Tabasco en delitos:
Segundo lugar en femenicidio y trata de personas
Arriba de la media nacional en 12 de 14 delitos
CHILPANCINGO, Gro., 19 de julio de 2019.- Trabajadores del Hospital General de Chilapa protestaron por segundo día consecutivo en ese municipio, para demandar la reinstalación de 26 de sus compañeros que fueron despedidos por el director Luis Gutiérrez Almeida.
Este viernes, en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado les habían prometido una reunión con el área de recursos humanos para comenzar un proceso de diálogo y destrabar el conflicto.
Sin embargo, ninguna persona del área de recursos humanos se presentó a Chilapa ante los inconformes. José Román Beltrán Villanueva, uno de los trabajadores despedidos, informó que este viernes el director Luis Gutiérrez Almeida los convocó a una reunión a las 11:00 horas porque habían acudido trabajadores de Salud.
En la junta, dijo el denunciante, acudieron empleados de la Secretaría de Salud que no dieron sus nombres y sólo dijeron que eran del servicio técnico. La reunión duró aproximadamente una hora y no se llegó a ningún acuerdo, ni les prometieron alguna junta próxima o canalizar el caso con las autoridades de la dependencia.
Los trabajadores continuarán con su movimiento en exigencia de que los 26 empleados sean reinstalados de manera legal, afirmando que en Chilapa el tema de salud es prioritario por ser un municipio con mucha violencia y de alta marginad, además de que en ese hospital se atienden a pobladores de 147 comunidades de esa ciudad y de algunos municipios circunvecinos como Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera.
El despido de estos trabajadores fue el pasado 9 de julio de manera verbal por el director del hospital Luis Gutiérrez Almeida.
PUEBLA, Pue. (apro).- Las comunidades totonacas de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec manifestaron su confianza de que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil y Administrativa de Puebla cancele los permisos del proyecto hidroeléctrico Puebla 1, que busca abastecer de energía a WalMart, Waldo’s y Vips, entre otras empresas.
Luego de que el pasado jueves 11 se realizó la audiencia constitucional del juicio de amparo 598/2016, las comunidades demandantes, acompañadas por el Consejo Tiyat Tlali y Fundar, advirtieron que tras tres años de juicio se ha llegado a un momento decisivo que esperan se resuelva a favor de los afectados.
Recordaron que el juicio se interpuso en 2016 en contra del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1), autorizado a favor de la empresa Deselec-1-Comexhidro para abastecer de energía a sus socias.
Dicho proyecto consiste en la construcción de las presas Ahuacoya y Zoquiapa, dentro del territorio de las comunidades San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, en la Sierra Norte de Puebla.
Las comunidades reclamaron a diversas autoridades, entre ellas las secretarías de Energía (Sener) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a las respectivas presidencias municipales, por entregar los permisos para la concreción del plan hidroeléctrico, sin haber realizado, como lo impone el marco internacional, una consulta a las comunidades indígenas, lo que violenta el derecho de sus pobladores a decidir sobre su territorio y tierra.
Además de eso, subrayaron, no se realizaron estudios sobre los impactos sociales del proyecto.
Según los denunciantes, en el expediente existen peritajes que sostienen que la hidroeléctrica en esa zona de la Sierra Norte de Puebla tendrá impactos en el medio ambiente, como la disminución en la calidad del agua, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos y remoción de vegetación forestal.
También reclamaron la revisión de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), pues consideran que el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que prevé esta legislación es contrario a los estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas.
De igual manera, las comunidades rechazaron la supuesta consulta indígena que la Secretaría de Energía realizó de marzo a abril de 2015, y que ha sido presentada como prueba tanto por las autoridades como por la empresa, para afirmar que el proyecto cuenta con el consentimiento de las comunidades involucradas.
“Y es que se trató de una simulación, pues los permisos que dan lugar al PHP1 comenzaron a entregarse en 2009, mucho antes de la supuesta consulta, lo que constituye una clara violación al carácter previo, libre e informado exigido por los estándares internacionales en la materia”, señala el escrito divulgado por los pueblos totonacos.
Abundaron que en los tres años de juicio hubo irregularidades que fueron denunciadas en su momento, como el supuesto desistimiento de demanda de algunos de los quejosos, la falsificación de firmas y el extravío de ocho tomos anexos al expediente de amparo principal.
Aunado a ello, tuvieron lugar situaciones de hostigamiento y criminalización, no sólo hacia las personas integrantes de las comunidades demandantes, que forman parte de los Comités de Defensa del Río Ajajalpan, sino hacia las organizaciones que han acompañado la defensa de los pueblos, denunciaron.
El camino de terracería que fue cortado por medio de una zanja ha sido escenario de constantes enfrentamientos armados. Foto: Especial
Ezequiel Flores Contreras / Proceso
CHILPANCINGO. Gro. (apro).- Habitantes de la sierra de Petatlán cortaron con una zanja el camino que conecta los poblados de Piedra de Eveliano y El Camalotito, donde se han registrado enfrentamientos entre grupos armados, para reiterar su llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a que intervenga ante el conflicto que está provocando el desplazamiento forzado de personas, asesinatos y desaparecidos.
A través de imágenes y videos con drones difundidas en redes sociales, los inconformes acusaron al gobierno del estado de asumir una actitud omisa ante la confrontación entre grupos criminales que se disputan esta plaza estratégica en la geografía del narco en la entidad.
Incluso, acusaron directamente al comandante Pedro Castro de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), de suministrar presuntamente “armas y municiones” a la banda de los hermanos Torres del poblado de La Morena y la Familia Michoacana que mantienen una guerra con el grupo de Oliver El Ruso Coria, líder de la Guardia Guerrerense (GG).
Los pobladores de esta zona serrana, que se mantiene en vilo por las balaceras, advirtieron que en caso de que la federación no intervenga para revertir los efectos de la violencia, impunidad y corrupción institucional, ellos van a atacar directamente a los agentes de la policía estatal destacamentados en esta franja de la Costa Grande.
El camino de terracería que fue cortado por medio de una zanja ha sido escenario de constantes enfrentamientos armados y representa una ruta utilizada por habitantes de la Sierra que bajan a la cabecera municipal de Petatlán para abastecerse de productos básicos.
Foto: Especial
Por ello, señalaron que este hecho afecta a cientos de personas que están en medio del conflicto armado que se vive en la sierra de Petatlán donde el vacío de autoridad es evidente y ha dejado una estela de muerte, desplazados y pueblos fantasmas.
De acuerdo con el registro documental de la agencia Apro, este conflicto lleva más de siete meses y los hechos exhiben presuntos nexos de autoridades de los tres niveles con el narco.
Apenas, ayer una familia de turistas procedentes del estado de Puebla, entre ellos un hombre de Estados Unidos, fue masacrada sobre la carretera federal Acapulco Zihuatanejo porque las víctimas no se detuvieron en un retén que mantiene una guardia comunitaria en el municipio de Petatlán.
Hasta el momento, el gobierno estatal ha hecho mutis ante la dramática situación que se vive en este municipio de la Costa Grande.
Campeche.com
Un total de 25 trabajadores de una gasera instalada en la ciudad capital, se sumaron a un paro de labores acusando acoso laboral por parte de sus superiores, señalando que se les realizan además cobros por daños a cilindros de hasta 520 pesos, cuando afirman que no es su responsabilidad, y muchas veces ya salen dañados de la planta.
“Queremos denunciar acoso laboral, además nos están cobrando lo defectos de los cilindro y válvulas, quieren que los paguemos, es una licenciada la que nos está presionando a todos los trabajadores, a los de reparto que todo nos lo quiere cobrar, nuestra inconformidad es con ella, queremos que la destituyan, se llama Beatriz Ortega”.
Explicaron que un cilindro no puede permanecer mucho tiempo y ellos tienen que ver la manera de cambiarlo cuando está dañado, “y la empresa ya no quiere proveer esos gastos, que es lo que a nosotros nos están cobrando y por eso a veces ya no levantamos los tanques a los clientes y no porque no queramos hacerlo, sino porque la empresa nos corta las manos para hacerlo”.
Los afectados advirtieron que no saldrán a laborar hasta que se les dé una solución, aunque comentaron que el gerente general no se encuentra en Campeche sino en Ciudad Juárez, aun así, permanecerán en la lucha buscando que mejoren sus condiciones de trabajo.
Foto: María Ruiz
Texto y fotos: María Ruiz/Pie de Página
Las abogadas de la familia de Lesvy Berlín Osorio lograron frenar la petición del inculpado de seguir el proceso judicial en libertad. Para la abogada Sayuri Herrera esta audiencia visibilizó que en la búsqueda de justicia, trabajan con leyes que no garantizan la equidad para las mujeres
El tres de mayo del 2017 Lesvy Berlín fue asesinada por su pareja dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de México. La respuesta inmediata de las autoridades fue la revictimización y discriminación. Se negaron pruebas a la familia y se presentaron cargos sin agotar todas las líneas de investigación.
Las consecuencias de estas malas prácticas las siguen resintiendo las abogadas y la familia de Lesvy en el proceso de búsqueda de justicia. A pesar de todo, la ruta jurídica que llevan, está dejando un precedente en perspectiva de género en los juzgados mexicanos.
La constitución mexicana refiere como derecho que quienes cometieron un delito deben ser juzgados en un periodo de dos años; la prisión preventiva no debe exceder esa temporalidad.
De esta norma partió la defensa de Jorge Luis para solicitar su libertad, porque este mes cumple dos años en detención preventiva sin sentencia y el juicio iniciará hasta septiembre.
Durante la audiencia, las abogadas que llevan el caso de Lesvy, Sayuri Herrera y Anayeli Pérez, le recordaron al juez que el artículo que usó la defensa del imputado cuenta con una excepción: “no se aplicará tal criterio cuando el periodo de tiempo se haya prolongado por el ejercicio de defensa del imputado”.
La defensa de Jorge Luis utilizó varios recursos para prolongar, por dos años, la llegada del juicio es por eso que su petición no procedió y la respuesta del juez fue ratificar la medida cautelar de prisión preventiva al imputado.
Ha sido un camino largo y las abogadas que acompañan a la familia de Lesvy sospechan que después de que dicten sentencia, tendrán que seguir litigando por lo menos un año más:
“Tiene que ver con un posicionamiento de los agresores en general, de no aceptar la responsabilidad de los hechos que cometieron. La ley, hasta antes de la apertura a juicio, les da el beneficio de reducir su sentencia si aceptan los cargos, pero la regularidad es que quienes cometen el delito responsabilizan a la víctima, se dan a la fuga, hacen perdidizas pruebas o incluso ha pasado que privan de la vida a las madres que exigen justicia por sus hijas” cuenta Sayuri.
Esta consciencia de la violencia en la que vivimos es la que las hace creer que, posterior a la sentencia, se enfrentarán a más amparos.
“El caso de Lesvy no es el único pero es un ejemplo de lo mal que se trabaja” expresa la abogada Sayuri Herrera. La abogada se refiere a la mala diligencia por la que la Procuraduría General de Justicia (PGR) pidió una disculpa pública a la familia de Lesvy. Sin embargo, reconocer y disculparse públicamente no aportó al juicio:
“La procuraduría detuvo a esta persona y la llevó ante un juez para ser vinculado a proceso sin haber agotado por completo las investigaciones; sin mostrar evidencias; sin considerar nuestra teoría del caso… Son violaciones a derechos humanos consumadas y nosotras arrastramos las consecuencias: que la defensa del imputado promueva amparos a partir de las malas diligencias” , explica Herrera.
Que la procuraduría procesara en un principio a Jorge Luis por homicidio simple por omisión dio entrada a que la defensa del acusado impugnara cuando se reclasificó y por ende retrasara el inicio de juicio.
Sayuri siente que les fue bien en la audiencia pero que ésta visibilizó cómo las normas penales históricamente no son adecuadas para que las mujeres alcancen justicia.
Araceli Osorio en el Memorial de Lesvy en la UNAM Foto: Archivo/María Ruiz
“Si de entrada fueran normas que nos consideraran, no sería tan reiterativa nuestra insistencia de mirar con una óptica de género. Creo que hoy eso fue evidente. También lo fue que los cambios empiezan a darse en la práctica judicial: empieza a permear en los jueces el considerar el género de la víctima para la aplicación de la ley”
Cuando detuvieron y vincularon a proceso a la Jorge Luis, el feminicidio no había sido vinculado dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y aunque ahora esté en la constitución no se pueden aplicar las nuevas leyes en perjuicio de las personas, no de manera retroactiva, aclara la abogada y luego explica a partir de qué tomó la decisión el juez:
“El juez no podía considerar la reforma a la constitución porque no era vigente cuando sucedió la detención entonces lo que hizo fue considerar la perspectiva de género en la aplicación del delito de homicidio”, explica Sayuri.
Con esto se dio cuenta que los mismos jueces saben que el feminicidio amerita prisión preventiva:
Amigas de Lesvy a tres años de su feminicidio. Foto: Archivo/María Ruiz
” En el día a día siguen agrediendo a las mujeres, desapareciéndolas, asesinándolas, pero también están esos puntos de contraste, hemos logrado avances en la aplicación de las normas, esperamos en algún momento no sean necesarias pero por el momento se está avanzando” reflexiona la abogada.
Sayuri, Anayeli y Araceli esperan que quienes se encuentran en una situación similar, donde sus agresores fueron detenidos previo a la reforma, puedan acceder al beneficio que hoy se le dio a la familia de Lesvy: “una interpretación conforme y que considera tan grave un feminicidio como un homicidio”, cuenta Herrera.
Antes de la audiencia Araceli Orozco, madre de Lesvy, convocó a manifestarse en contra de la audiencia y a partir de la preocupación de que Jorge Alberto consiguiera salir de prisión preventiva. Durante la mañana mujeres publicaron fotos con pancartas y compartieron mensajes de apoyo con los hashtags “#Ningúnfeminicidalibre”, #JusticiaParaLesvy y #JusticiaParaTodas.
“En el caso de Lesvy hay muchas esperanzas de por medio, hay una fuerza de muchas compañeras y un clamor social e insistencia en el tema y en la necesidad de que consideren que nuestra existencia como mujeres es un factor cuando somos violentadas.
La decisión del juez fue así porque nos han tenido que escuchar y no fue sólo lo que dijimos en la audiencia sino lo que ellos están escuchando fuera del juzgado también” sentencia Sayuri.
Redacción/Etcétera
Mientras que a los trabajadores de Notimex despedidos sin liquidación por la directora Sanjuana Martínez se les niega audiencia en Palacio Nacional, dentro del recinto, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó nuevos encomios a la funcionaria a quien calificó de “gran servidora pública”.
De esta manera, el presidente deja en claro que las protestas de trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano le tienen sin cuidado.
Hoy viernes se registró la cuarta ocasión en que ex trabajadores de Notimex protestan por el despido sin liquidación y con malos tratos que la administración de Martínez ha ejercido en su contra. Incluso, el 15 de julio pasado, le hicieron llegar al presidente una carta en la que le aseguraron que Sanjuana Martínez le engaña respecto a lo que ocurre en la agencia.
Pero hasta el momento la única respuesta del mandatario ha sido para defender a Sanjuana y hacer vagas promesas en el sentido de que se revisará la situación de los trabajadores.
Hace unas horas, durante su conferencia matutina, externó su “opinión” sobre el tema.
“Doy mi opinión, siempre digo lo que pienso: Yo la considero una extraordinaria periodista y una gran servidora pública”.
Con esta simple declaración, AMLO desecha los señalamientos de los ex trabajadores, quienes han presentado pruebas de despidos injustificados e incluso, señalan de irregularidades en el manejo del presupuesto asignado a la dependencia.
“Sanjuana: Notimex no es tu empresa, es una agencia del Estado”, fue una de las frases mostradas en pancartas por los manifestantes. Exigieron ser atendidos por el presidente, pero, por cuarta ocasión, no hubo respuesta.
Ostula cumple diez años de haber expulsado al crimen organizado de su territorio. Ubicado en las costas de Michoacán, de cara al Pacífico, este pueblo celebra en esta ocasión diez años de haber impedido la invasión y el despojo.
Plumas atómicas Editor/ 19 de julio de 2019
Foto: Plumas atómicas
A diferencia de los grupos de autodefensas que en 2013 fueron armados por el Ejército Mexicano para cazar a los “Caballeros Templarios”, en la costa de Michoacán, la comunidad nahua de Ostula eligió a los integrantes de su policía comunitaria en 2009, a quienes les encargó resguardar la seguridad dentro de su territorio.
El 29 de junio de 2009, los agricultores, pescadores y hasta profesores de primaria integrantes de la policía comunitaria de Ostula, recuperaron a balazos 700 hectáreas de costa que forman parte de su territorio comunal y que estaban invadidas por templarios.
La playa dejó de ser usada como puerto de entrada de precursores de metanfetamina para convertirse en el poblado de San Diego Xayakalan, en honor a Diego Ramírez, líder nahua asesinado sádicamente en esa misma arena.
Playa de Ostula, resguardada por la policía comunitaria. Fotografía: Landybel Pérez / Plumas Atómicas
Germán Ramírez es hijo de Diego Ramírez. Antes de ser policía comunitario, era profesor de primaria en Aquila, municipio costero de Michoacán. Este joven corpulento fue elegido por la asamblea de Ostula como comandante general de la policía comunitaria desde 2018. Su rutina diaria, dice, consiste en desayunar, patrullar, comer, patrullar, cenar y patrullar hasta que amanece otra vez, lo que justifica sus ojeras.
“Nosotros no traemos las armas de en balde. Nosotros las armas no las agarramos nomás por nomás. Las armas nosotros las agarramos porque ya nos mataban a nuestras familias, mataban a otras familias, agarraban a quien sea, lo mataban y ya hubo un hartazgo, una impotencia muy grande. No quedó otra más que agarrar las armas”.
Miembros de la policía comunitaria de Ostula Fotografía: Landybel Pérez / Plumas Atómicas.
Este 29 de junio, las 24 encargaturas que integran la comunidad de Ostula asistieron a Xayakalan a celebrar la primera década de la recuperación de la playa y la conformación de la policía comunitaria. Hubo música, poesía, teatro, discursos y baile todo el día. Sin embargo, la libertad que se siente esta comunidad está en acecho. Desde 2008, 35 comuneros de Ostula han sido desaparecidos o asesinados presumiblemente por integrantes de grupos de violencia organizada.
“En este tiempo perdimos mucha gente, desaparecidos y muertos. El que defendía es el que no amanecía”, explica la encargada de la seguridad de Xayakalan este año, Martina Ríos.
“Ellos quieren posicionarse de lo que nosotros tenemos aquí adentro, como antes lo hicieron. Si acaban con la organización, ellos entran y ahora sí se apoderan de todo”, dice Baltazar Mercado, también encargado de la seguridad de Xayakalan, en referencia a las mineras a las que el Gobierno de México les otorgó concesiones mineras dentro del terreno comunal de Ostula.
Niñas de Ostula, a la espera del inicio de los festejos del 10 aniversario de la liberación de Ostula. Fotografía: Landybel Pérez / Plumas Atómicas.
Al día de hoy, la comunidad nahua de Ostula posee títulos de propiedad sobre 19 mil hectáreas de costa y montaña en el municipio de Aquila, Michoacán. Sin embargo, el Gobierno de México no respetó su territorio y otorgó concesiones mineras en casi la mitad del área: 8 mil 700 hectáreas.
Tatuaje con leyenda “Michoacán”, de miembro de policía comunitaria. Fotografía: Landybel Pérez / Plumas Atómicas.
La fiesta en Xayakalan no oculta la violencia que vive la comunidad sino que refuerza los lazos para enfrentarla.
Sin duda, este pueblo es un ejemplo de cómo el miedo se combate con organización.
La FGR obstruye la reconstrucción de los hechos, por lo que no se ha podido fincar responsabilidades al militar que disparó y a la cadena de mando que ordenó el operativo
Foto: Cortesía.
Alejandro AMado, El Sol de Zamora, 19 de julio de 2019
MORELIA, Mich.- Este 19 de julio se cumplen cuatro años de que el niño Hidelberto Reyes fuera alcanzado por una esquirla de bala mientras compraba pañales en una tienda de Ixtapilla, municipio de Aquila, luego de que el Ejército, Marina, Policía estatal y Federal intentarán liberar, con lujo de violencia, un bloqueo en la carretera federal 200.
La manifestación la realizaban habitantes de la comunidad nahua de Santa María Ostula, luego de la detención del entonces comandante de su Guardia Comunal, Cemeí Verdía Zepeda, a quien se le acusaba de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, delito que no se le pudo comprobar, por lo que posteriormente fue liberado.
La protesta se radicalizó hasta la quema de un vehículo de la Comisión Federal de Electricidad y luego vino el despliegue de fuerza, producto del cual fue asesinado el menor quien tenía 12 años, y al menos una docena de personas resultó herida; algunos con daños irreversibles.
La responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional quedó asentada en la recomendación 65/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y aunque el Ejército ya cumplió su obligación de indemnizar a las víctimas que fueron alcanzadas o rozadas por balas o esquirlas, no ha detenido al responsable que sigue entre sus filas.
Foto: Cortesía
“Dicen que en todo el país sólo hay una perito y nunca tiene tiempo, han pospuesto la fecha de la reconstrucción de los hechos seis o siete veces; sin embargo, en una prueba de mecánica de hechos se pudo sacar la trayectoria que da exactamente a la Minimi 60, ametralladora que portan los vehículos militares. Dos peritos, uno de la CNDH y otro de la PGR (ahora FGE), con un láser determinaron la trayectoria descendiente y la altura de la bala”, declaró en entrevista el abogado de la comunidad de Ostula, Raymundo Ortiz Martín del Campo, quien enfatizó que realmente no hace falta la reconstrucción de los hechos, pues ya quedó demostrada la responsabilidad de las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, señaló que el gobierno del estado ha sido omiso en la reparación del daño hacía seis víctimas, que en su caso tiene que ver con el disparo directo de balas de goma y gases lacrimógenos hacia manifestantes, hecho que viola el protocolo de uso de la fuerza por parte de la entonces llamada Fuerza Ciudadana.
JARA GUERRERO, RESPONSABLE DEL DECESO: ABOGADO
El abogado Raymundo Ortiz enfatizó que el hecho de que la Sedena haya cubierto indemnizaciones no significa que no haya impunidad y ubica al exgobernador Salvador Jara Guerrero, como autor intelectual de asesinato de Hidelberto, quien era ajeno a la manifestación y falleció como producto de disparos directos a inmuebles y población por parte de las Fuerzas Armadas a al retirarse del lugar.
“Estamos ante un caso de impunidad, el hecho de que el Ejército pague los daños no significa que no haya impunidad, porque la Fiscalía General de la República no está consignando a autores materiales e intelectuales del operativo, entre ellos el exgobernador Salvador Jara Guerrero y a los militares de alto rango que ordenaron el despliegue, quienes operaron a través del Grupo de Coordinación Michoacán”, señaló el abogado.
Añadió que hubo víctimas con daños irreversibles a las que el gobierno del estado, a través de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, ofreció montos de 25 mil pesos como resarcimiento del daño, como fue el caso de Yolanda Cruz y su hija menor de edad Karina, quienes fueron impactadas por balas de gas lacrimógeno.
Foto: cortesía.
AUTORIDADES NIEGAN DISCULPA PÚBLICA A FAMILIA DE HIDELBERTO
Tras la recomendación de la CNDH, las víctimas exigieron una disculpa pública del entonces presidente de la República, Enrique Peña y del titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos; ahora correspondería a Andrés Manuel López Obrador y al general Luis Crescencio Sandoval.
Hasta la fecha, la familia de Hidelberto sigue esperando esa disculpa por parte del Ejército y del gobierno federal. Doña Emilia, madre de Hidelberto, ha confesado a su abogado que está dispuesta a perdonarlos si se disculpan por haber intentado eludir su responsabilidad con la versión de que habían sido civiles armados parapetados en la hierba, quienes dispararon contra Hidelberto. Refiere Raymundo Ortiz que no quería recibir el dinero de la indemnización y tuvo que convencerla.
Foto: Cortesía
“Doña Emilia no quería el dinero de la indemnización, estaba muy mal. Se ponía a llorar y me decía, ‘es que mi hijo siempre decía que él me iba a ayudar económicamente, y quién iba a pensar que sería de esa manera. Necesito que esto se acabe para poderlos perdonar, porque si no los perdono, saber quién es el asesino y decirle: te perdono de corazón, porque si no, no me voy a poder ir al cielo con mi hijo’”.
Añadió el abogado que tampoco se han dado las garantías de no repetición del acto, como lo pidió la CNDH, que por otra parte, acusa fue omisa al no establecer el resarcimiento del daño a la comunidad por haber sido vulnerada su autonomía y autodeterminación indígena con la detención de forma ilegal, como se comprobó en la recomendación, del entonces comandante de su Guardia Comunal.
Por casi tres décadas la empresa Berrymex, en Jalisco, se ha vuelto un líder mundial en la producción y comercialización de frutos rojos. Pero sus historias de éxito ocultan las malas pagas; la desvaloración de los trabajadores; la explotación jornalera y el truco de las liquidaciones forzadas en busca de no cubrir derechos ganados con la antigüedad
Foto: Jade Ramírez
Pie de Página / Jade Ramírez – Zona Docs
Son pocos los kilómetros a pie de la carretera Guadalajara-Morelia donde no se ve un invernadero. Frambruesa, zarzamora y fresa son lo que, principalmente, se cosecha todo el año. Según el mapa de la empresa Berrymex sólo en Jalisco y Michoacán se producen simultáneamente cuatro frutos de forma orgánica, mientras que en Baja California, tres; en estados como: Puebla, Guanajuato, Estado de México, Veracruz únicamente se cosechan fresas.
El pueblo San Quintín en Ensenada, Baja California, cobró notoriedad hace un par de años por las denuncias de abusos a jornaleros y la explotación laboral que, principalmente migrantes del sur del país, enfrentan a manos de Berrimex. En Jalisco hay una métrica muy parecida. En un contexto de desigualdad y pocas opciones laborales, la gente de la región ciénega, donde se ubica esta empresa, reconoce que de no tener empleo a trabajar “en las berries”, ya es una ganancia, aunque la paga no corresponda a la jornada extenuante de piscar en un surco de la gran empresa mexicana afiliada a la familia Reiter, la cual lleva 100 años en el mercado tras ser fundada en San Francisco Bay, Estados Unidos. La marca trascendió y conquistó la industria agrícola bajo el sello Driscoll Strawberry Associates.
Martina es piscadora. Por razones de seguridad prefiere mantener su identidad reservada. Su jornada laboral es de 10 horas, le pagan ocho e invierte 12. Se levanta a las cinco de la mañana para alistar ropa, comida y dejar hijos encargados con las vecinas. Debe salir puntual al pie de la carretera porque si pierde el camión que la recolecta, pierde el día y esto amerita una penalización de 120 pesos; gana mil 100 por semana y sólo tiene media hora dos veces al día para comer, orinar e hidratarse.
Ya antes trabajó de cocinera en una fonda, de afanadora en una empresa e intentó trabajar en una farmacia en el centro de Jocotepec, pero a “los tres, cuatro meses para afuera, no me dejaban ganar antigüedad”, me explicó como razón del por qué aceptó irse a las berries.
La humedad y el calor a las 12 del día en las personas fuera de un invernadero se vuelven llevaderas. A lo lejos se asoman nubarrones grises que a cualquiera le refrescan el panorama sabiendo que pronto lloverá. A Martina, el sol no le pega duro porque está debajo de un enorme toldo de plástico, pero aún así por la resolana lleva puesto sudadera de manga larga, cachucha y un pañuelo mojado entre la frente y el cuello. Bajó de peso desde hace seis meses que entró a trabajar: “no es porque no coma, es que aquí sudas porque sudas”, me cuenta mientras mira que nadie pregunte por su ausencia del surco, para seguir platicando conmigo.
Empezó vendiendo con su una tía botes de frutos rojos en la carretera y así le cayó la propuesta de irse a un empleo “seguro”, dice. Le cuestiono cuál es la seguridad al ser piscadora y me responde: “siempre habrá trabajo aunque me lo paguen mal y deje a mi familia mal atendida, pero puedo arrimar centavos”.
Cada bote mediado que pizca un recolector, se paga a cinco pesos, después de 100 botes dan 50 centavos por cada vote extra, cuando entregan 700 ya comienza la ganancia. Los piscadores con buena capacidad hasta pueden obtener 7 mil pesos por semana, pero por lo regular, me explica Martina, la semana sale de 2 mil pesos mínimo y máximo 2 mil 500 pesos.
“Honestidad, equidad y respeto” son los valores que sustentan la visión de Berrymex Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable que, además, de ser orgullosamente una filial de los hermanos Reiter, dueños de Driscoll, también es integrante de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries; sin embargo, en cinco casos de despido injustificado y con alevosía, los valores que difunde en sus sitios institucionales quedan cuestionados.
Mobbing en las oficinas o “tender la cama” en los campos agrícolas
José así califica a lo que le hicieron “me tendieron la cama”; en sentido metafórico es que lo querían muerto, fuera de la jugada y de la empresa; él sostiene que le “pusieron un cuatro”. Platico con él a distancia porque ya no radica en Jocotepec donde llegó cargado de esperanzas. Quien es trabajador y debe sacar adelante a madre, padre y su familia propia, no tiene oportunidad de reposar y pensar las cosas, se tuvo que mover a otro municipio al sur de Jalisco a buscar suerte como experimentado agrónomo, carrera que estudio en el Estado de México. Y la encontró. A dos semanas de haber concluido el proceso conciliatorio entre Berrymex y él a través de su asesor legal, encontró empleo en otro cultivo de berries orgánicas en el sur; desde luego que no en la misma empresa ni para un productor filiar a Berrymex, pues “está quemado”.
Le sentenciaron en el área de recursos humanos de la empresa que si no firmaba su renuncia en las condiciones que le impusieron, no saldría de ahí ni con lo que le correspondía económicamente, ni con cartas de recomendación. Cuando probó suerte directamente con Driscoll en Ciudad Guzmán, dos semanas después de haber recibido su liquidación de Berrymex con un 15% menos de lo que le correspondía por un año y ocho meses de trabajo, su pretensión de ser jefe de cuadrilla y encargado de supervisar ranchos productores, se frenó cuando le preguntaron: ¿Podemos pedir referencias a su ex jefe?
José supo que ahí se acababa la historia. Respondió que sí, pero le advirtió a su interlocutor que lo que iban a decir de él: “no respondía a la realidad”. Y eso pasó. Es joven tiene menos de 30 años, pero ha aprendido cómo se mueven las relaciones entre superiores y empleados: nunca le regresó la llamada el encargado de Driscoll para confirmar si estaba contratado o no.
“Hay unos valores honestidad, equidad y respeto, pero bueno… los usan a su conveniencia, no siempre se predica eso”, sostiene José quien no oculta el trago amargo que implicó trabajar los últimos meses en Berrymex. Él detectó una métrica muy calibrada en el área de recursos humanos de la filial de la familia Reiter: “Me tocó ver siempre en estas fechas que despedían a gente importante para la empresa, gente que venía desarrollando bien su trabajo, pero… es la fecha de correrlos”.
Lo frondoso de los frutos rojos que encontramos en el mercado a un costo cada vez más alto, contrasta con la opacidad en el manejo del personal en Berrymex, asegura Cinthia Ramírez quien ha asesorado cinco casos de despido injustificado tan sólo en Jocotepec.
El historial de la gente de “confianza” que han despedido en Berrymex para el agrónomo José, está relacionado con un bono anual que corresponde a todos los empleados que cumplen un año de contratación. Se trata del reparto de utilidades que según la Ley Federal del Trabajo sucede 60 días después del 31 de marzo, tiempo límite para que la empresa declare impuestos y cumpla con la obligación social de reparto de las utilidades.
A finales de mayo correspondía que a José le dieran su proporción del 10% de utilidades, pero desde un mes antes comenzaron “casualmente” a tratarlo con señalamientos y reclamos. Un mes después supo que tenía un acta administrativa por supuestas faltas que provocaron daños en los cultivos y que, en su momento, no le fueron comunicadas, eso provocó en José extrañeza y se sintió repentinamente hostigado: “el jefe directo llegaba y cualquier cosa por más exagerada me la echaban en cara, al portarse de esa manera yo me preparé para lo peor; me molestó que no me hablaran directo y comenzaran a usar un tipo de artimañas para correrme”.
“Ellos dicen que al momento de correrte no están obligados a darte el bono, pero lo peleamos y fue parte lo que me soltaron, me tuvieron que dar el doble, pero fue gracias a que encontré un abogado”José
Agrónomo, Ex empleado de Berrymex
José quien es padre de dos hijos y ara día con día su destino, acepta que si le hubieran explicado el objetivo: darle menos dinero de las utilidades anuales que por ley le correspondían hasta “lo habría entendido”, pero su caso se manejó discrecionalmente y concluyó cuando llegaron a un acuerdo económico y recibió la liquidación con la parte proporcional de bono en un 30% menos de lo que le correspondía, del que debió descontar todavía, los honorarios del litigante que lo asesoró.
La industria crece sin supervisión estatal
De los cinco casos que ha asesorado la abogada Cinthia Ramírez, uno declinó seguir la reclamación y cuatro sí concluyeron, pero sólo uno llegó a tener audiencias de conciliación en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, aunque también se resolvió fuera de tribunales.
Un legislador del Congreso de Jalisco, Héctor Pizano, anunció en junio la iniciativa de crear un Padrón Estatal de Jornaleros Agrícolas, pues reportados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco sólo existen 80 mil personas, pero según los cálculos de su iniciativa, éstos podrían llegar hasta 300 mil personas trabajando en el campo sin garantías ni derechos protegidos.
En 2016, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Consejo Agropecuario de Jalisco, A.C., suscribieron el Convenio para la creación del Padrón de Jornaleros Agrícolas de Jalisco, pero los resultados no existen: no hay mapa por regiones, no hay tabuladores, asesoría y acompañamientos a quienes trabajan en el campo para una empresa como Berrymex, un rancho productor o por su propia cuenta.
Empleado ejemplar hasta que se asomó la antigüedad de ley
“¿Así te tienen Miguel? ¿Esto estás aguantando?”, fue el reclamo de la esposa de Miguel al irlo a buscar a las oficinas de Berrymex en Jocotepec para pasarle un recado, uno de los quince días que Arturo Fuentes, jefe de Recursos Humanos, lo tuvo neutralizado sólo “checando ingreso y salida”, retirado de sus labora operativas, para obligarlo a firmar la renuncia.
Miguel tiene 42 años, trabajó 17 como jefe de cuadrilla resolviendo y supervisando en los campos: alambres, estaquiar, fumigar, cortar zacate y que en cada cultivo de berries en Jocotepec todo estuviera en buenas condiciones, completos de piscadores, esto además de recoger y entregar lo recolectado en un día. Difícilmente olvida la noche que comenzó el laberinto con Berrymex: “llegó con el último viaje de fruta al cooler, era el día que Donald Trump asumió el cargo como presidente y la gente encargada me dijo que ya no me podían recibir el producto.”
En Jocotepec, los Reiter encontraron el clima idóneo, casi único, para el cultivo masivo de frutos rojos. Asegura la abogada Ramírez, al narrar cómo fue que aquí se asentó la empresa después de que sus dueños participaran en una boda en la región: “descubrieron su paraíso industrial”. Fue en la década de los noventa cuando abrieron sus primeros invernaderos.
Miguel reconoce que una década atrás el manejo de agroquímicos “era menos controlado”, pero ahora se rigen por normas muy estrictas supervisadas por la secretaría de Agricultura; lo que no cambia es el infierno en que trabajan los jornaleros temporales en época de calor:“¿Se imagina usted el calorón encapsulado a treinta y tantos grados adentro de un invernadero?, en invierno a todo dar, pero en primavera-verano es para desmayarse”, recalca el jefe de cuadrilla, el cual por 17 años que conoció las venas de los cien ranchos en Jocotepec, Zapotitán y Huejotitán que sumados a los de Tuxcueca, San Isidro, Tala, Tlajomulco y Ciudad Guzmán suman aproximadamente 180 productores de frutos rojos que surten exclusivamente a Berrymex.
Había comenzado “el run run” de que a los empleados con mayor antigüedad los iban a empezar a sacar. Una empleada administrativa le advirtió a Miguel que “era asunto de Berrymex no de Driscoll”. El padre de familia que ya se reinsertó en un rancho independiente, logró recibir poco más de cien mil pesos de liquidación por casi dos décadas de trabajo de lunes a sábado con 10 o hasta 12 horas por día.
“Joco era un pueblo muerto, cada quien producía su alimento” recuerda Miguel, quien después de irse a los Estados Unidos de Norteamérica sin documentos se regresó y le pidió a un conocido lo enrolara en Driscoll; aunque tuvo que litigar su despido, no regatea en reconocer que sí han agilizado la economía en Jocotepec, lo que para la abogada especializada en derechos humanos, Cinthia Ramírez, significa una dependencia insana del monocultivo que desplaza la responsabilidad del ayuntamiento de desarrollar y dinamizar la economía por su propia cuenta entre los 38 mil habitantes que componen el municipio ribereño. Sin embargo, es la productora y exportadora de berries quienes“cubren” socialmente con donaciones y el financiamiento de obra pública lo que le corresponde al gobierno local.
El prestigio de la empresa más famosa de frutos rojos en México, inhibe que los abogados de Jocotepec acceden a dar asesoría legal a los empleados despedidos injustificadamente o sobre denuncias de violaciones a sus derechos, esto porque son amigos de los hermanos dueños de Driscoll “la cara bonita de la industria” que comercializa las berries, y de Berrymex la productora creada con capital extranjero, pero establecida en México, detalla Cinthia Ramírez.
“Driscoll tiene un listado de reglas para aceptar el producto” se refiere la abogada en materia de calidad, pero también sobre políticas sociales aunque “no se cumplan”, sentencia. En la realidad, la exportadora de fresa, frambruesa y zarzamora, Berrymex: “los despide sin justificación y ocultando las arbitrariedades en figuras legales como la prima de antigüedad”; se refiere al caso de Miguel sobre cómo justo cuando estaba a meses de cumplir el tiempo reglamentario por lo que ya debía comenzar a recibir la prima de antigüedad: lo cesan para no tener que cubrirla y, así, las indemnizaciones quedan muy por debajo de lo que indica la ley.
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje tuvo que citar a Berrymex por el caso del jefe de cuadrilla, aunque se llegó a un acuerdo finalmente por afuera, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco sí tuvieron conocimiento de que la empresa líder del “oro rojo”, quería rasurarle 40 mil pesos de liquidación conforme a derecho. Es la Junta Especial Número 4, la que recibe este tipo de asuntos, al ser consultados antes de publicar este reportaje precisaron que no había una sistematización en datos abiertos de cuántas quejas de trabajadores agrícolas han procesado en los últimos años.
Los piscadores al vaciar el fruto recolectado tienen que lavar el bote de inmediato con chorros de agua fría. Lo que podría parecer una nimiedad, se trata para la abogada que formó parte del Consejo Ciudadano de Hermanamiento de ciudades como Watsonville con Jocotepec, de una práctica que afecta la salud de los trabajadores, ya que pasan de inmediato de un trabajo manual que les calienta las manos, a un enfriamiento con agua que genera, a la larga, dolores musculares o artritis sin que eso se considere o calcule en la paga o en los riesgos a los que se exponen a los trabajadores.
Para las autoridades locales, lo narrado por: Martina, la piscadora; José, el agrónomo; y Miguel, el jefe de cuadrilla, no es nuevo; no obstante, existe “una política abierta” de manga ancha a Discroll, pues la empresa tiene mucho capital invertido en el municipio; además de que se involucró en la construcción del hospital local, hace pavimentación de calles y donó dinero para la construcción del malecón de Jocotepec.
Para Cinthia Ramírez, el gobierno local “usa las dádivas de la inversión privada, hacen oídos sordos y ojos ciegos de estas prácticas sobre violaciones laborales y daños ambientales” en detrimento de la población. Su postura se centra en que debe existir una conciliación, ya que no resulta favorable que se vayan de Jocotepec, pero su participación en la obra pública así como las condiciones de los empleos que genera, deben cumplir en toda magnitud con los valores publicitados y acuerdos transparentes que no eximen competencias.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ambientalistas de distintas organizaciones consideraron que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de la refinería Dos Bocas no puede ser aprobada porque “carece de información técnica fundamental y suficiente” para poder ser evaluada de forma integral y objetiva.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Greenpeace México, el Centro para la Diversidad Biológica (CDB) y Naturalia, señalaron en comunicado que el sitio elegido en el municipio de Paraíso, Tabasco para construir la refinería “no es adecuado para un proyecto de este tipo”.
Y refieren que el propio Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) señaló en 2008 que entre los elementos que hacen inconveniente la ubicación se encuentran:
“Una amplia gama de especies protegidas o con estatus de peligro, principalmente relacionadas con pantanos, esteros o mangles como el mono aullador (Alouatta palliata) y el hormiguero norteño (Tamandua mexica), ambos catalogados como en peligro de extinción, además del cocodrilo de pantano (Cocodrylus moreletti), sujeto a protección especial
También la existencia de una serie de lagunas y pantanos, con suelos arcillosos, que obligarían a realizar importantes obras para el acondicionamiento del terreno; el riesgo de potencial incremento del mar, ocasionado por la vulnerabilidad al cambio climático, y el alto potencial de esta localidad para desarrollar ecoturismo y una zona arqueológica.
Tras hacer un análisis de la MIA, las organizaciones ambientalistas mencionadas destacaron además que el proyecto pretende evaluarse “de forma fragmentada”, lo cual impide a las autoridades ambientales contar con información completa sobre el proyecto y, en consecuencia, conocer los impactos acumulativos y sinérgicos.
Explicaron que eso quiere decir que Pemex “no está dando a conocer cuáles son las obras asociadas al proyecto principal, mismas que podrían ocasionar impactos ambientales como la fragmentación de los hábitats, modificación de los escurrimientos naturales, compactación de suelo, pérdida de filtración, así como afectación al humedal y la vegetación de manglar presente en el área, entre otros.
En el caso concreto de Dos Bocas indicaron que se omitió describir todos los proyectos accesorios, asociados y complementarios que formarán parte del mismo.
“Para la etapa de preparación del sitio y construcción se omitió la descripción de las obras para las vialidades, vías férreas, sistemas enterrados y drenajes”, subrayaron.
La MIA, añadieron. pretende hacer encajar el proyecto de Dos Bocas en las Unidades Ambientales Biofísicas aplicables del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) que están destinadas a la Preservación, Aprovechamiento Sustentable y Restauración al establecer que, de algún modo, todas las afectaciones e impactos que sufrirá el sitio serán sustentables y de preservación.
Sin embargo, destacan, el proyecto propuesto incurre en violaciones al derecho a la información y participación ciudadana, porque la MIA fue bajada del sitio oficial al menos en dos ocasiones. Afirman que el documento disponible es distinto del originalmente puesto a disposición de la ciudadanía. Además, ya no es posible acceder a cierta información, como en el caso del Estudio de Riesgo Ambiental.
Por si fuera poco, subrayan, la construcción de la refinería contradice los compromisos nacionales e internacionales suscritos por México en materia de combate al cambio climático.
Tampoco se presenta un programa de reforestación completo, descriptivo, detallado, con ubicación puntual y específica.
El proyecto de Refinería Dos Bocas requiere el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en una superficie de 71.99 hectáreas, sostienen. Sin embargo, se omitió la información respecto a las actividades de preparación del sitio, desmonte y despalme, tipo de vegetación, especies, cantidad de individuos, estatus de protección (NORMA-059-SEMARNAT-2010), así como los polígonos de las superficies donde se pretende realizar el cambio de uso de suelo.
Si bien el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) refiere la remoción de 71.99 hectáreas de vegetación forestal, las organizaciones recuerdan que Pemex Transformación Industrial omitió manifestar la superficie total de vegetación forestal que ya ha sido removida -la cual rebasa las 212 hectáreas.
“Esta omisión es medular, ya que la remoción de la cobertura forestal, además de haber sido objeto de diversas denuncias y procedimientos administrativos, fue llevada a cabo en terrenos propiedad de Pemex, situación que pone a la Empresa Productiva del Estado como responsable solidaria en tal acto ilegal”, señalan.
Entre otras omisiones encontradas en la MIA las organizaciones refieren que “no establece las características del programa de reubicación y rescate de la fauna; no detalla la forma como el proyecto afectará el flujo hidrológico, y no existe claridad de si se cumplió con la presentación, en tiempo y forma de la Manifestación de Impacto Social, de acuerdo con lo que señala la Ley de Hidrocarburos.
Por todo la anterior, las organizaciones ambientalistas sostienen que la ASEA debe de expedir a Pemex un resolutivo negativo en materia de impacto ambiental, pues la información que contiene es parcial e incompleta y ello no le permite a dicha autoridad pronunciarse de una manera diferente.
El Corredor Transístmico pone en alerta a grupos indígenas que, señalan, no se les ha consultado. Además de defender el proyecto federal, el INPI asegura que ha habido acercamientos con las comunidades en su lengua, para explorar un proceso de consulta.
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. El proyecto del Corredor Transístmico –que busca conectar el Pacífico con el Atlántico por medio de un canal localizado en el Istmo de Tehuantepec– se mantiene como una de las obras de infraestructura más importantes del sexenio, aunque aún no se consulta a las comunidades indígenas.
Desde antes del porfiriato, la parte más estrecha entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, ha sido uno de los territorios más codiciados y los pueblos originarios que habitan en el trazo de 200 kilómetros permanecen en resistencia.
Contralínea realizó un recorrido en las comunidades de Juchitán, Salina Cruz, San Mateo del Mar y Álvaro Obregón, donde pobladores indican que carecen de información sobre el megaproyecto. Aquí aún no ha habido un protocolo como lo marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): una consulta libre, previa e informada, ni se ha traducido el proyecto en lengua indígena.
No obstante, en el Plan Nacional de Desarrollo se asegura que el 30 y 31 de marzo de este año, en “una consulta realizada mediante asambleas regionales, se obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región: binnizá o zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano, de acuerdo con los artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la OIT y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Al respecto, Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), dice en entrevista que esa institución encabeza un proceso previo a la consulta que permitirá llevar a cabo el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Se trata, dice, “no de una consulta, sino de un proceso de consulta”.
El funcionario argumenta que en este primer acercamiento las comunidades fueron informadas de la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador de integrar ese programa de desarrollo, mismo que “no existe como tal formalmente: todavía no está elaborado, integrado y menos aprobado”.
Aguilar Ortiz expone que con la reciente aprobación del Congreso de la Unión al Plan Nacional de Desarrollo se cuenta con 90 días para integrar los planes específicos, y el Corredor Transístmico es uno de ellos.
Añade que el primer acercamiento permitió recuperar de las comunidades los “conceptos de desarrollo que ellos quisieran incluir en este programa, los componentes que ellos pudieran solicitar para contemplar en este programa… La consulta no fue para la implementación de algún proyecto específico o algún componente específico, sino básicamente para recuperar concepciones de desarrollo de los propios pueblos”.
Resultado de esto, el encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del INPI menciona que se abrieron dos matrices: la primera corresponde a solicitudes de obras requeridas en las comunidades en cada una de las sesiones, misma que se está trabajando en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la asignación de presupuesto. En la idea inicial, expone, “no se contemplaba la atención a obras de infraestructura social, pero eso ha sido un reclamo fuerte de las propias comunidades, de tal manera que ahora se está incluyendo en el programa este foco de atención”.
La segunda matriz, añade el funcionario del INPI, está relacionada con que las comunidades han planteado que el Programa de Desarrollo del Istmo “no debe tener un enfoque individual, no debe impulsar un desarrollo individualista sino de bienestar común. Ellos plantean que se debe de atender con miras a generar un bienestar de la colectividad de cada una de sus comunidades; entonces, bajo esta concepción de desarrollo estamos buscando que se integre el Programa y que sea ese el que se someta a la aprobación del Congreso de la Unión”.
El canal mercantil
El presidente López Obrador ha indicado que será el capital nacional el principal inversor en el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado el 12 de julio pasado en el Diario Oficial de la Federación, describe: “se alentará la inversión privada, tanto la nacional como la extranjera, y se establecerá un marco de certeza jurídica, honestidad, transparencia y reglas claras. El concurso de entidades privadas será fundamental en los proyectos regionales del Tren Maya y el Corredor Transístmico, en modalidades de asociación público-privada”.
A decir de especialistas, éste es uno de los proyectos que ha pretendido instrumentarse desde principios del siglo pasado, por medio de distintas fases: el desarrollo de las vías ferroviarias, Megaproyecto del Istmo, Programa Integral de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, Plan Puebla Panamá, Zonas Económicas Especiales.
Ahora, el gobierno federal evaluó que en el ordenamiento territorial y urbano en torno a las terminales marítimas de Coatzacoalcos y de Salina Cruz había “déficits en infraestructura y, en general, de servicios; incongruencias en el uso de suelo, especulación e invasión de predios, graves problemas de contaminación y afectación al medio ambiente”.
Ya en el Plan Nacional de Desarrollo se expone que este Corredor será parte del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec que, oficialmente, tiene como objetivo “impulsar el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano. Su eje será el Corredor Multimodal Interoceánico, que aprovechará la posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte”.
En este contexto, se pretende modernizar el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz “para que puedan ofrecer servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos; se fortalecerá la infraestructura carretera y de caminos rurales y la red aeroportuaria y se construirá un gasoducto para abastecer a empresas y consumidores domésticos. A lo largo del recorrido entre ambos océanos se crearán zonas libres para atraer inversiones del sector privado, las cuales se dotarán de infraestructura y se garantizará el abasto de energía, agua, conectividad digital y otros insumos básicos para cubrir las necesidades de las empresas y de la población trabajadora”.
Promete que en los 76 municipios oaxaqueños y veracruzanos involucrados el Programa disminuirá el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta; además de que ofrecerá: combustible a precios reducidos, construcción de infraestructura urbana y proveerá de servicios educativos y formación de capital humano, vivienda, movilidad e infraestructura para la investigación y el desarrollo tecnológico.
Se trata de un proyecto “reeditado”, dice Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT).
Destacada como una de las mujeres por la resistencia y la defensoría del territorio, así como de los derechos humanos ante la llegada de proyectos eólicos, ahora enfrenta el desplazamiento forzado, la desintegración temporal de su familia, atentados contra su vida y amenazas de muerte, motivos por los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó la medida cautelar 685-16.
Ingeniería Agrícola por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Bettina Cruz arguye su oposición a esta megaobra planteada por el gobierno federal “es un viejo sueño del capitalismo y de otros momentos históricos que ha pasado el país, para apoderarse de este espacio estratégico para el movimiento de mercancías… donde lleven materia prima para poder transformar y poder exportarlas ya las partes transformadas. También, un muro de contención para migrantes”.
Para Gilberto López y Rivas, profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el proyecto es “lesivo y agresivo para los territorios indígenas”. Se trata de un plan del siglo XIX, basado en el Tratado McLane-Ocampo, de la administración de Benito Juárez, “que es el teórico del presidente”, firmado con “Estados Unidos para conseguir dinero para la guerra de Reforma, en 1859; es tan viejo como eso”, expone.
La historia
En tanto, el defensor de derechos humanos, Marcelino Nolasco Martínez, coordinador del Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, AC, critica a la clase política liderada por el Partido Revolucionario Institucional, por la introducción de la minería y los parques eólicos a este espacio, sin el aval de la población. Pero enfatiza son proyectos a los que da continuidad la izquierda, a través del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Los priístas, dice, fueron los que hicieron posible que las empresas extranjeras pudieran acampar en el Istmo, “pero no es extraño que Morena esté impulsando esta avalancha de empresas extranjeras porque la izquierda mexicana soñó allá en la década de 1970, que la única manera de oponerse al PRI, también era hacer una propuesta económica. En ese tiempo, la energía verde en Europa era un boom”.
“López Obrador nos rebasó porque no se esperaba todo esto, con el PRI ya sabíamos que nos iban a madrear, pero con López Obrador la gente esperaba un mínimo de consideración”, dice el defensor de derechos humanos en el Istmo.
Luis Miguel Cano López, abogado especialista en la defensa de los derechos humanos es enfático en que “primero había que preguntarle a toda la gente que habita la zona si esa es su idea de progreso, de desarrollo y si eso es lo que quiere. En estos megaproyectos debe ser razonable la información llegue a las personas, que cuenten con ayuda de especialistas, de instituciones académicas, científicas, que puedan aportar cosas”.
El defensor reitera que la consulta debe llevarse en los puntos por dónde se tenga programado la obra, pues “la gente de las comunidades realmente afectadas va a decir: usted no puede pasar por encima de mis derechos, de los lugares que habito, por encima de mis territorios apelando a que una consulta [a mano alzada] ha dicho que por aquí puede pasar y hacer lo que quiera”.
La pobreza del Istmo
En esta región están asentadas las comunidades indígenas binnizá (zapoteco), ayuuk (mixe), zoque, ikoots (huave), chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl, totonaco, afromexicano, conforman el corredor del Istmo de Thehuantepec.
Los municipios que lo comprenden: Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Unión Hidalgo y Ciudad Ixtepec en el estado de Oaxaca; así como Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan en Veracruz.
Con respecto a los municipios oaxaqueños, indicadores oficiales muestran que conforman una de las regiones más deprimidas del estado y del país. Los índices de marginación y miseria se mantienen, desde hace años, entre los de principal atención a nivel nacional.
El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, indica que en Oaxaca hay cerca de 31 por ciento de la población que vive en situación de pobreza se concentra en 20 municipios, entre los que se encuentran los de esta región.
También es una zona con grandes atractivos empresariales, la explotación de la minería, la sal, el viento (a través de los parques eólicos) y hasta la refinación del petróleo ha generado expectativas económicas para los dueños del capital y el Estado, y han prometido una derrama económica a los pueblos circunvecinos que no se ve reflejada pese al paso de los años.
Los resultados de las promesas de bienestar han significado un fraude, el desarrollo y progreso prometidos han sido en beneficio de las cúpulas empresariales y de los grupos políticos que ostentan el poder, mencionan los lugareños.
En este corredor están las comunidades como la de indígena binnizá, en Álvaro Obregón, donde sus habitantes carecen de servicios básicos. Incluso, de los programas de la Secretaría del Bienestar y tampoco se les ha dotado de los recursos destinados para la reconstrucción de viviendas, tras el terremoto de hace casi dos años, de 8.2 grados de magnitud, ocurrido el 7 de septiembre de 2017.
El decreto
Ya en el poder, el 14 de junio pasado, el proyecto promovido durante campaña fue ratificado en el Diario Oficial de la Federación, a través del decreto por el que se crea el “organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.
En el documento oficial se asienta que con base en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “el Estado tiene la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que ésta sea integral y sustentable”.
Además, que el Ejecutivo “tiene el objetivo de proveer las condiciones para que la actividad del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales”.
Para López y Rivas “el problema es qué significa la cuarta transformación, qué significado tiene en términos de lo que es el capitalismo y sus modalidades. Estamos ante lo que podría ser un tipo de neodesarrollismo, igualmente extractivista, agresivo y violento, pero de carácter nacionalista”.
Brenda Pérez, coordinadora del área de Desplazamiento Forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, comenta que es importante visualizar que a partir de la proyección de un megaproyecto inicia un periodo de resistencia por parte de algún sector de la población y esta no ha sido un tema de atención prioritaria para el gobierno en los últimos años.
Por lo que, añade, es importante generar información que le permita al gobierno tener información de las problemáticas de la zona o regiones para que estas contribuyan a una evaluación adecuada del proyecto y “siempre que se piense en otros términos, correspondientes a una lógica capitalista, no sea sobre los derechos de las personas que puedan ser afectadas”.
Mario Quintero, integrante de la coordinación general de la APIITDTT, comenta que varias organizaciones de la región consideran que este programa desarrollo integral, “no es más que la continuación del saqueo y el despojo neoliberal”.
El defensor de derechos humanos enfatiza que las organizaciones de esta región han llevado varias “batallas” legales por la imposición de megaproyectos, como los parques eólicos, bajo la exigencia por la consulta libre, previa e informada, “y de manera irrisoria este nuevo gobierno implementa un modelo de consulta a mano alzada, cuando en la región habitan más de siete pueblos indígenas que conviven social, cultural y económicamente en los pequeños comercios y con productos de la región”.
Ante el planteamiento de estas problemáticas, Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del INPI, dice que he escuchado la crítica de que no se está llevando la consulta en lengua indígena, pero “no es cierta, en todas las asambleas consultivas se ha proporcionado la información en su lengua y se ha contemplado la presencia de traductores.
Expone que en la reestructuración del INPI, “la mayor parte del personal y de los directivos son gente de las propias comunidades… hemos cuidado con bastante atención estos elementos, desde la propia contratación del personal, en esta nueva visión del presidente de la República, su instrucción fue que el instituto estuviera integrado preferentemente por personas indígenas hablantes de su lengua; desde el propio director [Adelfo Regino Montes]”.
Con respecto a la conflictividad social que prevalece en la zona, indica: no sólo se tiene que buscar cómo aprovechar la situación estratégica de ubicación de esta región del territorio nacional, “sino que se tiene que pensar en resolver en su integralidad toda la problemática de los pueblos indígenas ubicados en esta zona: eso incluye, el ejercicio de derechos territoriales, del derecho de consulta, el ejercicio de derecho de autonomía y la solución de las conflictividades internas”.
Mazatlán, Sinaloa.- En la recepción de la oficina de Presi-dencia, el periodista Mario Martini llamó al alcalde que cese el hostigamiento y que ordene a sus funcionarios que dejen de agredir y perseguir a reporteros.
Martini solicitó hablar con el mandatario municipal, pero le informaron que tenía una agenda llena.
Le informaron que para entrevistarse con el alcalde, tiene que solicitar la audiencia por escrito y explicar el motivo de la reunión, después le avisarán que día lo recibirá.
Mario aseguró sentirse amenazado y teme por su integridad, “ya que han mandado gente a tomarle fotos a mí y a mi familia. Esto una atentado a la libertad desde el poder político”, explicó.
Añadió que están armando un expediente y que mañana interpondrá una denuncia formal ante la Vicefiscalía, ante Derechos Humanos y asociaciones de periodistas.
Le reitera la invitación al alcalde para dialogar, e incluso a acudir al programa de radio que encabeza. Respecto a esta emisión, comentó que Jorge Contreras, director de Comunicación, acudió a la radiodifusora donde trabaja Martini y solicitó que lo despidieron a cambio de un convenio de publicidad.
Solidaridad
El periodista Francisco Chiquete lamentó esta actuación del gobierno municipal, ese trato ríspido, jaloneo e intimidaciones a los comunicadores, que calificó de salvaje.
“Es un gobierno que cree que tiene la razón y no admite la crítica, y esto muestra que no tiene capacidad para analizar la crítica2.
Su homólogo Elio Edgardo Millán resaltó que lo peor que puede hacer el presidente municipal es pelearse con la prensa y amenazarla. El alcalde Luis Guillermo
Benítez aseguró que jamás ha amenazado a nadie y que los periodistas “quieren hacer ruido, hacerse famosos”. Para terminar, expresó: “Les pagan, y ustedes ya saben quién…”, y se metió a su oficina.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declaró el martes pasado la emergencia ambiental en varios municipios de Hidalgo, debido a que la contaminación del aire y el agua ha convertido a ese lugar en una zona prácticamente inhabitable.
Víctor Toledo, titular de la Semarnat, dio a conocer una Declaratoria para la Restauración Ecológica que atenderá principalmente a 135 poblados con unos cinco mil habitantes indígenas.
La determinación se tomó, luego de que integrantes del Movimiento Social por la Tierra denunciaran “la grave situación que prevalece en la región de Tula y municipios aledaños” quienes padecen las consecuencias de la existencia de varias industrias.
Las quejas se refieren a la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuatro cementeras, tres caleras y la presa Endho, que recibe las aguas residuales de la Ciudad de México y se encuentra en situación deplorable con altos niveles de Mercurio, Arsénico, Plomo, Bario y otros que generan enfermedades en los pobladores.
“Pero no solamente es la contaminación del agua, sino también del aire” en donde los registros muestran partículas de Ozono y Dióxido de Azufre, cuyo 98 por ciento de producción en Hidalgo se encuentra en Tula. Además, el suelo para la producción agrícola registra también altos niveles contaminantes.
El resultado de los altos niveles de contaminación son las innumerables enfermedades y problemas de salud que hacen de esa región “prácticamente inhabitable en el sentido de una vida digna”, por esa razón en 2018 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) declaró al estado en emergencia sanitaria, sin embargo, no ha logrado superar la crisis.
Así que la declaración de emergencia ambiental se va a empatar con la de emergencia sanitaria, para lo cual la Semarnat coordinará con el gobierno del estado de Hidalgo las acciones que implementará en conjunto con la Secretaría de Salud y demás entidades correspondientes, que deben comenzar a buscar solucionar los problemas en la población.
Entre las primeras acciones que se coordinarán se encuentra la elaboración de un programa estratégico de recuperación y saneamiento de la presa Endho y su zona de influencia para atender el desequilibrio ecológico en la zona en la que habitan 175 mil personas, de las cuales cinco mil son indígenas, que viven en 135 mil pueblos, los cuales forman parte del programa.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ambientalistas de distintas organizaciones consideraron que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de la refinería Dos Bocas no puede ser aprobada porque “carece de información técnica fundamental y suficiente” para poder ser evaluada de forma integral y objetiva.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Greenpeace México, el Centro para la Diversidad Biológica (CDB) y Naturalia, señalaron en comunicado que el sitio elegido en el municipio de Paraíso, Tabasco para construir la refinería “no es adecuado para un proyecto de este tipo”.
Y refieren que el propio Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) señaló en 2008 que entre los elementos que hacen inconveniente la ubicación se encuentran:
“Una amplia gama de especies protegidas o con estatus de peligro, principalmente relacionadas con pantanos, esteros o mangles como el mono aullador (Alouatta palliata) y el hormiguero norteño (Tamandua mexica), ambos catalogados como en peligro de extinción, además del cocodrilo de pantano (Cocodrylus moreletti), sujeto a protección especial
También la existencia de una serie de lagunas y pantanos, con suelos arcillosos, que obligarían a realizar importantes obras para el acondicionamiento del terreno; el riesgo de potencial incremento del mar, ocasionado por la vulnerabilidad al cambio climático, y el alto potencial de esta localidad para desarrollar ecoturismo y una zona arqueológica.
Tras hacer un análisis de la MIA, las organizaciones ambientalistas mencionadas destacaron además que el proyecto pretende evaluarse “de forma fragmentada”, lo cual impide a las autoridades ambientales contar con información completa sobre el proyecto y, en consecuencia, conocer los impactos acumulativos y sinérgicos.
Explicaron que eso quiere decir que Pemex “no está dando a conocer cuáles son las obras asociadas al proyecto principal, mismas que podrían ocasionar impactos ambientales como la fragmentación de los hábitats, modificación de los escurrimientos naturales, compactación de suelo, pérdida de filtración, así como afectación al humedal y la vegetación de manglar presente en el área, entre otros.
En el caso concreto de Dos Bocas indicaron que se omitió describir todos los proyectos accesorios, asociados y complementarios que formarán parte del mismo.
“Para la etapa de preparación del sitio y construcción se omitió la descripción de las obras para las vialidades, vías férreas, sistemas enterrados y drenajes”, subrayaron.
La MIA, añadieron. pretende hacer encajar el proyecto de Dos Bocas en las Unidades Ambientales Biofísicas aplicables del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) que están destinadas a la Preservación, Aprovechamiento Sustentable y Restauración al establecer que, de algún modo, todas las afectaciones e impactos que sufrirá el sitio serán sustentables y de preservación.
Sin embargo, destacan, el proyecto propuesto incurre en violaciones al derecho a la información y participación ciudadana, porque la MIA fue bajada del sitio oficial al menos en dos ocasiones. Afirman que el documento disponible es distinto del originalmente puesto a disposición de la ciudadanía. Además, ya no es posible acceder a cierta información, como en el caso del Estudio de Riesgo Ambiental.
Por si fuera poco, subrayan, la construcción de la refinería contradice los compromisos nacionales e internacionales suscritos por México en materia de combate al cambio climático.
Tampoco se presenta un programa de reforestación completo, descriptivo, detallado, con ubicación puntual y específica.
El proyecto de Refinería Dos Bocas requiere el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en una superficie de 71.99 hectáreas, sostienen. Sin embargo, se omitió la información respecto a las actividades de preparación del sitio, desmonte y despalme, tipo de vegetación, especies, cantidad de individuos, estatus de protección (NORMA-059-SEMARNAT-2010), así como los polígonos de las superficies donde se pretende realizar el cambio de uso de suelo.
Si bien el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) refiere la remoción de 71.99 hectáreas de vegetación forestal, las organizaciones recuerdan que Pemex Transformación Industrial omitió manifestar la superficie total de vegetación forestal que ya ha sido removida -la cual rebasa las 212 hectáreas.
“Esta omisión es medular, ya que la remoción de la cobertura forestal, además de haber sido objeto de diversas denuncias y procedimientos administrativos, fue llevada a cabo en terrenos propiedad de Pemex, situación que pone a la Empresa Productiva del Estado como responsable solidaria en tal acto ilegal”, señalan.
Entre otras omisiones encontradas en la MIA las organizaciones refieren que “no establece las características del programa de reubicación y rescate de la fauna; no detalla la forma como el proyecto afectará el flujo hidrológico, y no existe claridad de si se cumplió con la presentación, en tiempo y forma de la Manifestación de Impacto Social, de acuerdo con lo que señala la Ley de Hidrocarburos.
Por todo la anterior, las organizaciones ambientalistas sostienen que la ASEA debe de expedir a Pemex un resolutivo negativo en materia de impacto ambiental, pues la información que contiene es parcial e incompleta y ello no le permite a dicha autoridad pronunciarse de una manera diferente.
Al menos un golpe contra los recursos naturales del país cada año desde 1998 por parte de una de las empresas más grande del país.
Grupo México ha atentado 22 veces contra el medio ambiente en los últimos 21 años.
Redacción / AM
México.- Grupo México ha atentado 22 veces contra el medio ambiente en los últimos 21 años. Es decir: al menos un golpe contra los recursos naturales del país cada año desde 1998 por parte de una de las empresas más grande del país.
El incidente más reciente fue el derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés el pasado 14 de julio. Esto colmó la paciencia de los mexicanos y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales lo sabe.
El incidente más reciente fue el derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés el pasado 14 de julio.
Tenemos un marco jurídico que nos permite actuar. Una cosa es que durante los últimos 20 años no se ha actuado de forma contundente, no quiere decir que no tenemos los instrumentos jurídicos”, dijo el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, Julio Trujillo, en la conferencia de prensa que realizaron para informar cómo la dependencia trataría el accidente de Grupo México.
La declaración de Trujillo es un eco de cientos de pobladores que, durante años, han sido envenenados por el mal manejo de desechos del consorcio empresarial presidido por el segundo hombre más rico de México: Germán Larrea.
Uno de los ejemplos más evidentes es el caso de Taxco, Guerrero, un caso que evidencia el peligro de soportar desastres ambientales durante largos periodos. Así lo exhibe una investigación periodística recientemente publicada en la UNAM.
Uno de los ejemplos más evidentes es el caso de Taxco, Guerrero, un caso que evidencia el peligro de soportar desastres ambientales durante largos periodos.
Taxco y un largo suplicio ambiental
La minería en Taxco está paralizada desde hace 12 años por una huelga laboral de la sección 17 del Sindicato de Mineros, gremio que reclama el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, en ese lapso las bocaminas escupieron agua contaminada de metales pesados que enfermaron a pobladores.
De acuerdo con el expediente PFPA/3.1/2C.26.1/00011-09 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la dependencia ordenó desde 2010 a Industrial Minera México, subsidiaria de Grupo México que tiene la concesión de las minas de Taxco, resarcir los daños ocasionados por el agua contaminada. Pasaron los años y la empresa inició las obras hasta el 2016.
La minería en Taxco está paralizada desde hace 12 años por una huelga laboral de la sección 17 del Sindicato de Mineros.
En octubre de 2014 se estructuró un programa de trabajo para atender la situación ambiental de Taxco, el cual se presentó en la Subprocuraduría de Verificación Industrial de la PROFEPA. En 2016 inician los trabajos de restauración de las presas de jales y drenaje ácido de mina de la Unidad de Taxco”, indica el documento Trabajos de restauración de presas de jales de Taxco, Guerrero, de la subdirección de Asuntos Ambientales de Industrial Minera México.
Durante ese lapso de siete años, habitantes de las comunidades Dolores, Paintla, El Fraile, Las Joyas y Santa Rosa de Lima usaron mangueras para aprovechar el agua contaminada del río, ante la falta del líquido entubado.
En los suelos por donde ha pasado el agua contaminada, la Profepa determinó que los niveles de arsénico, plomo, vanadio y cadmio rebasan los límites máximos permisibles de la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004.
En los suelos por donde ha pasado el agua contaminada, la Profepa determinó que los niveles de arsénico, plomo, vanadio y cadmio rebasan los límites máximos permisibles.
En el expediente PFPA/3.1/2C.26.1/00011-09, la dependencia detalló que la delegación en Guerrero les reportó en 2009 casos de niños con plomo en la sangre.
Se indica que se tiene conocimiento que un estudio de análisis de sangre realizado a alumnos de una escuela cercana a las minas, dando como resultado la presencia de plomo, así como consideran que existe contaminación del agua y el suelo ocasionado por los jales abandonados en los poblados de Santa Rosa de Lima, El Fraile y Paintla”, indica el expediente.
A pesar de la contaminación reportada por la Profepa, Industrial Minera México habilitó hasta 2016 barreras geoquímicas para purificar el agua y construyó canales y piletas sobre los jales para evitar que éstos siguieran contaminando el suelo.
En un recorrido hecho en 2017 por las bocaminas y los jales, se constató que el agua contaminada lograba esquivar las barreras geoquímicas y se filtraba hasta el río Cacalotenango.
Daños por generaciones
La ingestión de plomo provoca enfermedades crónicas degenerativas que dañan no sólo a quien lo ingiere, sino a su descendencia.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe ‘Intoxicación por plomo en la salud’, la exposición al plomo puede causar anemia, hipertensión, disfunción renal y toxicidad reproductiva. Se cree que los efectos neurológicos y conductuales asociados al plomo son irreversibles”.
La ingestión de plomo provoca enfermedades crónicas degenerativas que dañan no sólo a quien lo ingiere, sino a su descendencia.
Taxco e Iguala, líderes en la compra-venta de plata y oro en Guerrero, respectivamente, durante los últimos 16 años han liderado en otros rubros oprobiosos.
De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información hecha a la Secretaría de Salud de Guerrero, con número de folio SSA/SSP/DP/SDPE/DE/0310/2017, de los 16 municipios que hay en la zona norte de Guerrero, Taxco e Iguala encabezan en tasa de mortalidad por cáncer, anencefalia, leucemia, anemia, hipertensión arterial y cardiopatía isquémica.
Todas esas enfermedades, junto con la diabetes, según la OMS, están relacionadas a la intoxicación por exposición al plomo.
Aunque Grupo México logre sanear totalmente los sitios contaminados, habitantes de las comunidades afectadas están condenados a enfermedades que incluso pueden heredar a sus descendientes. Investigadores han descubierto que el plomo daña los órganos reproductores de varones y que, incluso, genera alteraciones a nivel genético.
En el artículo Exposición ocupacional a plomo y pesticidas organofosforados: efecto sobre la salud reproductiva masculina, para la revista peruana Medicina Experimental y Salud Pública, los médicos Gustavo González, Manuel Gasco, Julio Rubio y Sandra Yucra determinaron que “el impacto de la exposición crónica al plomo en el varón incluye reducción de la libido, alteración en la espermatogénesis (reducción en cantidad y motilidad, e incremento de formas anormales de los espermatozoides), daño cromosómico, función prostática anormal y cambios en los niveles de testosterona”.
En las mujeres embarazadas, la exposición a este metal se vuelve especialmente nociva para el feto.
El plomo tiene efectos tóxicos en muchos órganos, sistemas y procesos fisiológicos, incluyendo el desarrollo de la línea roja hemática, los riñones, el sistema cardiovascular, el aparato reproductor y, probablemente, el de mayor gravedad, el desarrollo del sistema nervioso central”, se lee en el artículo previamente mencionado.
El panorama es similar para los mineros que trabajaron para Industrial Minera México, quienes estuvieron expuestos a metales pesados por años, hasta que estalló la huelga laboral.
Esta investigación fue publicada originalmente en la tesis reportaje de Omar Marroquín Hernández para la UNAM.
La sentencia debe reconocer que los permisos violaron, entre otros, el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, así como la obligación de realizar estudios de impacto social.
La construcción de la hidroeléctrica traerá como consecuencia la disminución en la calidad del agua, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos y remoción de vegetación forestal.
Wendy Alfaro / Somoselmedio
Ciudad de México.- Mediante un comunicado, el Consejo en Defensa de Nuestro Territorio mencionó que las Comunidades Totonacas llevaron a juicio el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) que se impuso en el 2016 por violación de sus derechos como pueblos indígenas.
El pasado 11 de julio, del presente año, se llevó a cabo la Audiencia Constitucional del Juicio de Amparo 598/2016. Las Comunidades Totonacas de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec, interpusieron, en 2016, una demanda en contra del PHP1, por la violación a sus derechos como pueblos indígenas.
Dicho proyecto está conformado por dos presas (Presa Ahuacoya y Presa Zoquiapa), dentro de los municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, en la Sierra Norte de Puebla, que el Estado Mexicano autorizó a favor de la empresa Deselec 1-Comexhidro para abastecer de energía a sus socias: Wal- Mart, Waldo´s Dólar, Vips entre otras.
En dicha demanda, que ha sido acompañada por el Consejo Tiyat Tlali y por Fundar, las comunidades denuncian a diversas autoridades -entre ellas SENER, SEMARNAT, CONAGUA y las presidencias municipales de haber entregado los permisos, violando las obligaciones que impone el marco internacional de derechos humanos al no realizarse una consulta previa.
Es por ello que las comunidades demandantes exigen la cancelación de los permisos existentes; asimismo, rechazan la construcción de la hidroeléctrica, al considerar que tendrá impactos en el medio ambiente, como la disminución en la calidad del agua, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos y remoción de vegetación forestal.
Además, el Consejo mencionó que, a lo largo de estos tres años de juicio, acontecieron irregularidades que fueron denunciadas. Tal es el caso de situaciones de hostigamiento y criminalización hacia los integrantes de las comunidades demandantes y hacia las organizaciones que han acompañado la defensa.
“Las comunidades quejosas esperan sea para reconocer la vulneración de sus derechos, así como para ordenar la restitución de los mismos mediante la puntual cancelación de los permisos” destacaron.
Comunidades totonacas de Puebla lograron que un juez federal reconociera como inválidos los permisos para el Proyecto Hidroeléctrica Puebla 1.
El amparo fue promovido por habitantes de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec, junto con el Consejo Tiyat Tlali.
Según la sentencia se debería reconocer que los permisos violaron, entre otros, el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, así como la obligación de realizar estudios de impacto social.
La misma fue emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla.
Aunque se logró una resolución y se frenaron actividades previamente, contra este proyecto los pobladores pelearon desde 2016.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió el diagnóstico penitenciario del último semestre 2018, el cual revela sobrepoblación en ocho centros de Reinserción Social (Ceresos), riñas entre internos en seis penitenciarías, así como deficiencias en la alimentación y la atención médica.
Alejandro Habib Nicolás, ombudsman estatal, anunció que estos documentos se expedirán cada año, por lo que este será el último estudio semestral.
Según los datos revelados, 8 de cada 12 Ceresos registran sobrepoblación (Apan, Huasteca (Jaltocán), Huichapan, Ixmiquilpan, Jacala, Mixquiahuala, Tula y Tulancingo), además de las tres cárceles distritales que se encuentran en Atotonilco El Grande, Tizayuca y Zacualtipán, de las cuales su homóloga nacional ha pedido en dos recomendaciones su cierre.
En total, los Ceresos registraron 3 mil 812 personas privadas de su libertad; las tres cárceles distritales, 174 personas, y el Centro de Internamiento para Adolescentes, 24: 4 mil 10 personas en reclusión, 41 reos más que en el inicio de 2018.
De julio a diciembre del año anterior se presentaron riñas o peleas al interior de los establecimientos penitenciarios de Jacala, Molango, Mixquiahuala, Pachuca, Tizayuca y Tulancingo.
En servicios de salud, el diagnostico señala que sólo 7 centros penitenciarios cuentan con área de enfermería: Apan, Huasteca (Jaltocán), Jacala, Mixquiahuala, Pachuca, Tenango de Doria y Tula.
Detalla que las cárceles distritales ni el Centro de Internamiento para Adolescentes cuentan con un médico adscrito ni área de enfermería, pero cuenta con medicamento suficiente.
La CDHEH recomendó el cierre de las cárceles distritales de Zacualtipán, Atotonilco el Grande y Tizayuca; mejorar el sistema alimentario en estos sitios; prestar de forma adecuada los programas de protección a la salud los centros de reclusión tanto para la población interna, como para 20 hijos de las internas que se encuentren en reclusión.
Dato
Para evitar riñas, la comisión exhortó incrementar el número de personal de custodia, así como la capacitación a estos, con la finalidad de que desarrollen sus funciones con mayor respeto a los derechos humanos.
El activista de la organización Servicios de Inclusión Integral (Seiinac), Rafael Castelán, señaló que el protocolo que elaboró la Secretaría del Trabajo para erradicar la actividad laboral infantil es un avance para tratar este tema, pero hacen falta políticas integrales a fin de resolver la problemática de fondo, que es la falta de recursos en las familias.
Muchos de los niños trabajan para contribuir al hogar o tener dinero para ellos mismos, “pienso que el protocolo contribuye, pero se necesita una política para todos los sectores de producción, no solo para prohibir, sino para generar empleo a personas adultas y diversión para niñas, niños y adolescentes”. Ante ello, consideró que con esta herramienta se mejorarán las condiciones de los niños, pero debe haber un trabajo general que resuelva las necesidades económicas de los familiares.
Manifestó que este protocolo es uno de los primeros a nivel nacional para tratar este tema, aunque debe quitarse el estigma de que infantes laboran solo en los cruceros de las ciudades, “sabemos que también trabajan en el campo, en las fábricas o talleres”.
Dijo que hay muchos empleos que no están reportados, como las maquiladoras que no son supervisadas, “estamos buscando mapear el trabajo infantil para erradicar este estigma de que están solo en las ciudades, en los cruceros”, destacó.
El fenómeno del trabajo infantil está presente en sectores como la industria y agricultura, como jornaleros.
Refirió que tienen identificados cuatro escenarios en Hidalgo. Uno de ellos en la región Tula-Tepeji, donde está la industria; en la Sierra Alta, como Zacualtipán, existe la maquila, lo mismo que Cuautepec y Tulancingo, donde niñas, niños y adolescentes se incorporan a trabajar.
En Hidalgo se estima que existen alrededor de 60 mil niños insertos en el ámbito laboral, de acuerdo con el módulo de trabajo infantil del INEGI.
Habitantes de la comunidad de Michicayucan, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, denunciaron la contaminación que sufre el río que atraviesa por esta zona. Señalaron que los desechos provienen de Zaragoza, pues descarga en este afluente aguas negras e infecta el caudal.
Los vecinos de la zona informaron que hace 30 años, el agua del río podía utilizarse para consumo humano y actividades dentro de los hogares; sin embargo, por el desemboque de los drenajes, el agua ya no es apta ni para el consumo de los animales.
Exhibieron que la contaminación del río ha causando enfermedades e infecciones entre quienes habitan en la zona, sobre todo en niños y hombres, quienes ante la necesidad de cruzar por la zona han registrado infecciones en la piel.
Una de las preocupaciones más grandes es que algunos de los trabajadores del campo, que se dedican a la siembra y producción de papa, utilizan el agua contaminada para el riego de los sembradíos, lo que podría causar enfermedades graves entre los consumidores.
La situación se torna preocupante ya que a diario el río despide malos olores, por lo que pidieron a las autoridades municipales emprender acciones para evitar que el agua se siga contaminando.
Les piden renuncia y no los liquidan conforme a derecho: Colectivo Raíz
Foto: El Heraldo de Aguascalientes
EL Heraldo de Aguascalientes, 18 de julio de 2019
Es ilegal la forma en cómo Jobar realiza los despidos a sus trabajadores, al pagarles menos de lo que les corresponde, bajo la amenaza de que si no firman su renuncia, no los van a recomendar para acceder a otro trabajo, lo anterior fue denunciado por Sara Velásquez, asesora jurídica de la Asociación Colectivo Raíz.
Entrevistada por El Heraldo, aclaró que dicha agrupación trabaja en el respeto y la protección de los derechos humanos y laborales de los trabajadores de la maquila, particularmente textil en el estado. Enfatizó que en el caso de Jobar, el despido del personal fue ilegal porque la empresa no respetó las condiciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo y mucho menos lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. “Le comunicaron al personal de la fábrica que la empresa está en quiebra. Esto es completamente irregular porque ellos no tienen una resolución judicial que declare que se encuentre en tal situación. Mientras no tengan eso, ellos no pueden aducir esa causa”.
Afirmó que de acuerdo a testimonios de los propios trabajadores de la fábrica, éstos fueron amenazados que si no firmaban su renuncia, no los iban a recomendar para poder acceder a otro trabajo. “Los tienen en condiciones precarias laboralmente, después los despiden y no quieren cumplir con los derechos mínimos que les corresponden a cada trabajador o trabajadora que es una indemnización justa por el tiempo trabajado ahí. Hay personas que tenían más de 40 años ahí laborando y les quieren dar muy poco, y todavía los presionan para firmar una renuncia y pagarles menos de lo que les corresponde por ley”.
Señaló que entre la gente despedida hay muchas mujeres embarazadas o en periodo de posparto, así como hombres y mujeres con incapacidades por salud, generadas por las condiciones de trabajo que tenían en la fábrica, por lo que ahora su futuro es incierto al no saber si se van a seguir atendiendo o cómo van a pagar los gastos, porque simplemente la fábrica decidió cortar la relación laboral de forma injustificada.
Ante tal situación, dijo que muchos trabajadores han comenzado a acercarse a dicha asociación para pedir la asesoría legal correspondiente, por lo que les recomiendan no firmar la renuncia, a fin de forzar a la empresa a que calcule adecuadamente la indemnización de lo que les corresponde por ley.
Los cubanos aseguran que fueron secuestrados y vendidos a otra banda para que pidieran un rescate a su familia de Estados Unidos. Foto: BBC
Más del 85% de los migrantes que esperan en Ciudad Juárez para pedir asilo en Estados Unidos son de origen cubano. Su llegada a las cercanías de la frontera no ha pasado desapercibida para el crimen organizado.
BBC NEWS/ EL UNIVERSAL MX
Los cubanos aseguran que fueron secuestrados y vendidos a otra banda para que pidieran un rescate a su familia de Estados Unidos.
Un par de ellos volaron desde La Habana, otro desde Las Tunas, otros dos desde Chile: los cinco eran cubanos y tenían un destino compartido: la frontera sur de Estados Unidos.
Tomaron aviones, taxis y buses, subieron desde Nicaragua y, cuando llegaron a Tabasco, en el sur de México, pensaron que lo peor había terminado… Unos días más y estarían al final del camino.
“Cuando llegamos a Villahermosa, nos acercamos a un grupo de taxistas. Le pedimos ayuda y le ofrecimos US$50 para poder llegar a la terminal de buses. Hasta ese momento, todo iba bien. Ahí fue cuando comenzó todo”, cuenta Juan M*, un cubano de 31 años.
Era de noche. El reloj marcaba poco más de las 9:00 PM cuando, según su testimonio, dos camionetas negras detuvieron el taxi.
Maribel P* también iba allí con su hijo, de 19 años.
“En el momento que yo sentí que pararon el taxi, que bajaron al chofer, que oí unos tiros, ahí yo me aterroricé, agarré las manos de mi hijo y empecé a llorar”, recuerda la mujer, originaria de Pinar del Río, en el oeste de Cuba.
El resto de la noche estuvo marcado por el temor de lo incierto: según cuentan, los metieron por el cuello a las camionetas y los llevaron hasta una casa, sin decir una palabra.
“Venían con el rostro tapado, deben haber sido unos 12. No sabemos cómo pudieron saber que éramos cubanos, que no éramos de aquí, que éramos migrantes”.
Cuentan que durante las primeras horas no podían entender lo que estaba sucediendo.
“Nos quedamos pasmados, no podíamos hablar, teníamos mucho miedo, no sabíamos qué estaba pasando. Yo decía: quizás fue que nos confundieron con alguien o que nos quieren para tráfico de órganos. Uno piensa muchas cosas en ese momento”, cuenta Juan M.
Era mediados de mayo y aún faltaban dos semanas para que la policía finalmente los rescatara a más de 2.500 km de allí.
Fueron encontrados junto a otro grupo de 115 migrantes en Juárez, una de las ciudades más peligrosas de México y, todavía, una de las 20 más violentas del mundo.
II
La ciudad vive alrededor de su frontera.
Al otro lado, entre las montañas y las planicies pardas del desierto, está Estados Unidos: la mole de concreto del edificio de Chase, el rascacielos oscuro de Wells Fargo, los techos irregulares de los hoteles de cinco estrellas, los edificios y las escuelas de El Paso…
Cuatro puentes atestados de gente, camiones y carros conectan un país con otro, un mundo con otro, una forma de vida con otra.
BBC
La ciudad vive alrededor de su frontera.
Abajo, en la tierra, un río, un muro de acero y una alambrada zanjan los límites.
Pero si no fuera por el cruce, por la gente que se mueve de un lado a otro, Ciudad Juárez parecería por trechos un lugar abandonado, el último vestigio de una civilización extinta, un pueblo perdido en los días recientes de la posguerra.
Casas abandonadas, calles sin pavimentar, edificios decadentes, muros derruidos, aguas negras, cloacas que exhalan un vaho nauseabundo… Todo está envuelto en una atmósfera densa, cargada como una premonición.
BBC
Ciudad Juárez está llena de edificios derruidos o abandonados.
“Juárez, por su propias peculiaridades, no era una de las rutas tradicionales de migración. De hecho, cuando las caravanas de migrantes el año pasado, nos preparamos y finalmente, no llegaron por aquí”, comenta a BBC Mundo Enrique Valenzuela, director del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo).
Pero desde hace meses, la ciudad, que fuera antaño capital provisional de la República, vive un movimiento inusual: unas 20.000 personas han llegado aquí, en la ruta azarosa hasta uno de los puentes -o tal vez la valla o el río- que llevan al otro lado.
Sin embargo, desde marzo pasado, una política unilateral de la Casa Blanca estableció que las personas que quieran pedir asilo en EE.UU. deben esperar aquí, hasta ser llamados al norte de la frontera.
Según cifras del Coespo, unos 4.000 migrantes de todos lados esperan actualmente en Juárez por su turno en una lista que, hasta mediados de julio, superaba el número 17.000.
Cómo la crisis migratoria despierta al Trump que muchos mexicanos llevan dentro
Otros 8.000 han sido retornados de Estados Unidos a esperar en Juárez su turno para que una corte escuche su caso de asilo, como parte de la otra ley conocida como Migrant Protection Protocols (o Remain in Mexico, su nombre no oficial).
BBC
La pizarra con el último número llamado para presentar sus casos de asilo en Estados Unidos. La lista de espera ese día rondaba el 17.800.
Pero, desde este lunes, la situación de los miles que esperan en la lista para ser llamados al otro lado se hizo más incierta: Washington anunció que solo escuchará solicitudes de asilo si los migrantes lo pidieron antes y le fue negado en otro país.
Si un juez de EE.UU. no bloquea la ley en los próximos días, la gran mayoría de ellos se quedarán en un limbo sin certezas, en una de los lugares más inseguros del continente.
Diana Rodríguez, de la ONG Derechos Humanos Integrales en Acción, comenta a BBC Mundo que estas políticas han conllevado también que la situación de los migrantes en Juárez se vuelva cada vez más delicada y muchos sean víctimas de extorsiones o secuestros.
“Cada vez es más difícil las condiciones en las que están viviendo aquí. Es un tema que se nos ha ido de las manos y que, como están las cosas, solo puede empeorar”, afirma.
BBC
Los altos edificios al fondo marcan dónde comienza Estados Unidos.
III
Juan M. dice que fue el primero que escuchó a lo lejos la conversación: del otro lado de la habitación donde los tenían encerrados, sus captores hablaban por teléfono.
“Empezamos a oír que le decían a los que le estaban hablando que si pagaban 85.000 pesos (unos US$4.000) por nosotros, le podrían sacar el doble o el triple, porque éramos cubanos y que por los cubanos la familia en Estados Unidos pagaba lo que fuera”.
“Ahí es cuando le comento a la señora Maribel: ´A nosotros nos van a vender, no nos quieren para ellos, nos están negociando´”.
BBC
Juan M. dice que desde que fueron liberados, se esconden para evitar que la pandilla de la que huyen los encuentren.
Los días que pasaron allí todavía son confusos en su memoria: no saben si fueron dos o tres o cinco.
“El tiempo pasaba y no sabíamos si era de día o de noche. No podíamos reclamar por comida, por nada, porque nos pateaban y nos decían que teníamos que hacer silencio”.
Una noche, otras dos camionetas vinieron por ellos.
“No sabíamos ni siquiera a dónde íbamos. Nos echamos muchas horas de camino. Finalmente, llegamos a otro lugar y nos bajaron. Nos entregan a unas personas y nos metieron a una habitación que estaba llena de centroamericanos. Parece que ellos habían pagado para que los llevaran a la frontera, pero por nosotros era por los que pedían un rescate”.
IV
A pocos metros de Estados Unidos, crece una nueva Habana: una Cuba en tránsito.
Y, como en la capital cubana, muchos de los que la habitan no quisieran estar allí, sino un poco más al norte.
Del total de migrantes que han pasado o que aún esperan en Ciudad Juárez, un 85% son cubanos.
BBC
Del total de migrantes que han pasado o que aún esperan en Ciudad Juárez, un 85% son cubanos.
Nadie sabe a ciencia cierta por qué han llegado aquí, a una ciudad que todavía conserva en la memoria colectiva su fama terrible de feminicidios y violencia.
“Es algo que nos ha sorprendido a todos: la ciudad no era una de las rutas migratorias tradicionales para ellos y ahora, Juárez se ha llenado de cubanos”, cuenta Valenzuela.
Y sin más remedio que la resignación y la espera, a pocos kilómetros del destino de sus sueños, muchos han comenzado a transformar la ciudad con el peso de sus costumbres.
Entre los anuncios de cambio de dólares, los letreros de las farmacias y los espacios con nombres de rancheras y corridos comienzan a aparecer otros que ofrecen “auténtica comida cubana” o un “gran ambiente tropical”.
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Los restaurantes cubanos han comenzando a proliferar por la ciudad.
En los menús de los restaurantes, los “moros con cristianos” (arroz con fríjoles), el congrí y las chuletas de cerdo asada comienzan a desplazar a los tradicionales tacos y quesadillas.
“Los cubanos están cambiando esta ciudad. Han llegado mucho y por eso hemos tenido que cambiar las platos de nuestros restaurantes, porque ellos extrañan mucho su comida”, cuenta a BBC Mundo Cristina Ibarra, dueña de Little Habana (sic), el primer local que abrió en Juárez con comida típica de la isla.
Hay también salones cubanos, matinées para cubanos, hoteles para cubanos… E incluso albergues donde solo permiten quedarse a los inconformes naturales de la isla, porque, según cuentan, no les gusta compartir espacio con el resto de los migrantes centroamericanos.
BBC
La comida cubana ha comenzado a venderse en lugares donde antes solo se vendían platos mexicanos.
Y como saben que la estancia en la ciudad se puede multiplicar por meses, muchos han optado por comenzar a trabajar en el sector informal y, ahora, es fácil encontrarlos en restaurantes, comercios o puestos callejeros, vendiendo desde jugos naturales hasta cigarrillos o caramelos.
Han creado incluso canales informales de comunicación: un grupo de WhatsApp que los mantiene al tanto de los últimos acontecimientos y es el espacio también para compartir chismes, rumores y noticias.
Pero con la llegada masiva de cubanos y otros migrantes, la ciudad también ha comenzado a mostrar su lado más oscuro.
V
“Yo fui a comprarme una línea de teléfono a un lugar y poco después me llegó un mensaje que si no pagaba 5.000 pesos (unos US$2.500) me matarían” (Daniel P., 26 años).
“Me monté en un taxi y el chofer trancó las puertas y me dijo que si mi familia en Estados Unidos no les depositaba 3.000 pesos (unos US$1.500) a una cuenta, no me iban a dejar ir y me iban a violar y a matar” (Odalys M., 42 años).
“Yo me tuve que cambiar el número de teléfono e irme a otro hotel, porque me empezaron a llamar y a decirme que sabían dónde estaba y que si no les transfería dinero a una cuenta, me iban a picar en pedacitos” (Yeni C, 24 años).
“Estaba buscando trabajo y una mujer me miró el cuerpo y me dijo que me podría ofrecer un trabajo sin tenerme que esforzar mucho… ya tú sabes lo que era, ¿no? (Karla B., 28 años).
VI
En una humilde casa de apenas tres estancias, en el norte de Juárez, Juan M., Maribel P, su hijo y otra cubana comparten una habitación estrecha y pobre sin más seguridad que una puerta rota.
Cada uno paga unos US$50 al mes por estar allí, un precio más barato que los hoteles y hostales que llenan otros cubanos en el centro, pero con más espacio que los pocos albergues existentes, que ya no dan abasto para tantas personas.
“De aquí no salimos más que a lo necesario. Estamos aterrorizados, yo a mi hijo no le dejo salir a ningún lado, porque esa gente pagó mucho por nosotros y tengo miedo que nos estén buscando”, cuenta Maribel P.
Aunque aseguran haber sido víctimas de un secuestro y de trata de personas, nadie les ofreció protección ni su caso ha sido seguido por las autoridades mexicanas.
Fueron liberados bajo la promesa de no ser deportado y ya para ellos fue suficiente.
Su caso no es el único.
BBC
Uno de los mensajes con extorsiones que han recibido los cubanos.
Una denuncia presentada hace dos semanas antes la Comisión de Derechos Humanos de México da cuenta de otro secuestro en el que, supuestamente, otros cinco cubanos fueron interceptados por una patrulla de policía Federal, que los entregó a una banda de Juárez.
Otras dos mujeres cubanas aseguran haber sido violadas luego de negarse a transportar drogas por la frontera.
BBC
Muchos cubanos se quedan en albergues, que no dan abasto ante la llegada de migrantes.
Ricardo Realivázquez, secretario de Seguridad Pública de la ciudad, asegura a BBC Mundo que aunque las denuncias de extorsiones se han multiplicado ante las autoridades en los últimos tiempos, no existen de secuestros.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que la causa es el temor de muchos migrantes, cuya situación es irregular, por lo que temen a las autoridades o a ser deportados.
VII
Expertos y activistas aseguran que, aunque el fenómeno de las extorsiones y secuestros forman parte del fenómeno migratorio en Latinoamérica, en los últimos tiempos, el caso de los cubanos cobra una dimensión especial.
“Los migrantes cubanos muestran características demográficas diferentes a las del resto de los centroamericanos, que de alguna forma los hace más proclives a este tipo de situaciones”, explica a BBC Mundo Ariel Ruiz, investigador del Migration Policy Institute, un think tank con sede en Washington.
De acuerdo con el analista, los cubanos generalmente tienen familiares en Estados Unidos, por lo que cuentan con más recursos económicos que los que provienen de otros países, lo que puede llamar la atención de grupos criminales.
BBC
Los cubanos han comenzando a insertarse en trabajos informales en Ciudad Juárez.
“Los centroamericanos tienden a ser menos visibles, no quieren llamar mucho la atención. Los cubanos, en cambio, se hacen más visibles, entienden más del proceso legal y por eso también denuncian este tipo de crímenes que quizás los centroamericanos también sufren, pero tienen miedo de contar” afirma.
Desde enero de 2017 los cubanos perdieron los privilegios que les daba la llamada Ley Pies Secos, Pies Mojados, que les garantizaba el asilo político en Estados Unidos.
De acuerdo con Ruiz, esta es la primera vez desde el final de la ley en que vuelven a intentar salir de forma tan numerosa de Cuba a través de México.
Al fenómeno se le suma que la situación económica en la isla se ha agravado en los últimos meses.
VIII
Gracias a Dios hubo una llamada anónima. Parece que los vecinos escucharon los ruidos, el llanto, los gritos de las otras personas que también tenían allí y llegó la policía, rompieron la puerta y agarraron a los tres que estaban allí cuidándonos.
Nosotros estábamos muy nerviosos, porque pensábamos que íbamos a ser deportado a Cuba, ese era nuestro mayor temor.
Cortesía de los entrevistados
Los cubanos fueron liberados por la policía, pero no recibieron ninguna protección adicional y ahora viven con temor de ser nuevamente secuestrados.
Nos montaron en unas guaguas (buses) y nos llevaron a la estación de policía. Fue ahí fue cuando nos dimos cuenta que estábamos en Ciudad Juárez, porque nunca supimos a dónde nos habían traído.
Nos dejaron ir y aquí estamos. Nos dijeron que no nos deportarían y nos apuntamos a lista a ver cuándo podremos pedir asilo.
Uno de los muchachos que venía con nosotros no resistió el miedo, el temor de ser encontrado de nuevo y se lanzó por el río. Dijo que no se quedaba aquí, pero que tampoco se iba para Cuba y se tiró por el río.
El gran temor es que cuando finalmente pasemos nos devuelvan de nuevo aquí a esperar por el asilo y nos agarre de nuevo esa pandilla. Ese dinero que pagaron por nosotros no lo van a perder tan fácil.
Esos temores dan vuelta en nuestras cabeza todo el tiempo. Ojalá que el futuro nos traiga cosas buenas, que valga la pena todo que hemos pasado.
*El nombre de los migrantes en esta historia ha sido cambiado o acortado para proteger su identidad.
De los menores detenidos en este año, 24 mil 597 se encontraron acompañados y 8 mil 525 llegaron solos al país
EL DIARIO/ REFORMA
Ciudad de México— La cantidad de niños centroamericanos que migraron a México en el primer semestre de este año se incrementó en 132 por ciento respecto al mismo periodo 2018, informó el Instituto Nacional de Migración.
“De enero a junio de 2019 las cifras preliminares indican que han sido presentados ante la autoridad migratoria 33 mil 122 niñas, niños y adolescentes”, informó el instituto.
“Mientas que en el mismo periodo de 2018 la cifra de menores presentados fue de 14 mil 279”.
La autoridad migratoria detalló que de los menores detenidos en este año, 24 mil 597 se encontraron acompañados y 8 mil 525 llegaron solos al país.
“Estas cifras demuestran un incremento del 131.96 por ciento de la niñez centroamericana de 0 a 17 años, que ha sido presentada y atendida por las autoridades adscritas a esta institución”, detalló el INM.
El incremento de los menores migrantes se acentuó en las mujeres, pues prácticamente se triplicó al pasar de 4 mil 936 en 2018 a 13 mil 671 este año, mientras que los hombres sólo se duplicaron, de 9 mil 343 a 19 mil 451.
En tanto, Honduras fue el país del que más menores llegaron a México en el primer semestre de 2019, 17 mil 34 niños y niñas, seguido de Guatemala, con 10 mil 69; El Salvador, con 3 mil 745, y 2 mil 274 de otras nacionalidades.
“Este fenómeno está relacionado con el incremento del flujo de personas procedentes de Centroamérica, sobre todo de grupos de familias que migran de sus países de origen con el objetivo principal de llegar a Estados Unidos”, explicó el INM.
Para la atención de los menores migrantes, el instituto cuenta con agentes federales de Migración, en su modalidad de Oficiales de Protección a la Infancia, quien acompaña a los menores en su procedimiento administrativo migratorio.
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que la migración de la niñez centroamericana creció casi 132% en el primer semestre de 2019 respecto al mismo periodo de 2018, al pasar de 14 mil a 33 mil.
Informó que de enero a junio fueron presentados ante la autoridad migratoria 33 mil 122 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 24 mil 597 se encontraron acompañados y 8 mil 525 no, mientas que en el mismo periodo de 2018 la cifra fue de 14 mil 279.
Lo anterior representó un incremento del 131.96% de la niñez centroamericana de entre 0 a 17 años, mencionó la dependencia en un comunicado.
Explicó que el año pasado 4 mil 936 niñas y adolescentes fueron presentadas ante el INM y 9 mil 343 niños, mientras que en los primeros seis meses de éste año la cifra del sexo femenino casi se triplicó al llegar a 13 mil 671 y el masculino se duplicó con 19 mil 451.
En su mayoría, originarios de Honduras (17 mil 34), Guatemala (10 mil 69), El Salvador (3 mil 745) y dos mil 274 de otras nacionalidades.
En tanto, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob), reportó que de enero a mayo 244 menores migrantes no acompañados fueron presentados ante las autoridades migratorias en Tabasco.
Informó que primeros cinco meses de 2019, mil 946 menores de 0 a 17 años ingresaron a estaciones migratorias en la entidad, en su mayoría provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
De ellos, mil 144 tenían menos de 11 años y 802 entre 12 a 17 años.
Cultura Colectiva/Fotos Gema del Mayab
El proyecto hotelero aprobado por la Semarnat pone en peligro a distintas especies de tortugas marinas, pues es en esa zona donde anidan.
Hace un año, cinco organizaciones ambientalistas, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y el Instituto de Ingeniería de la UNAM advirtieron que una obra hotelera que recién había sido aprobada, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pondría en riesgo a distintas especies de tortuga marina.
A pesar del riesgo para el ecosistema señalado puntualmente, la dependencia consideró que este proyecto, de la empresa Promotora Ecotur y Grupo Posadas, y que actualmente se construye en la playa de Chemuyil, en el municipio de Tulum, en Quintana Roo, no violaba ninguna norma y que tampoco afectaba a la especie.
Pero justo ahí se encuentra un de las áreas de anidación de tortugas marinas más importante del país, al lado de la zona núcleo de Xcacel-Xcacelito de la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano. Ahí llegan las especies carey, caguama, verde, blanca, entre otras.
Sin embargo, decidieron seguir con la edificación en la zona, donde desde el pasado 7 de julio, un año después del inicio de la construcción, ya se han registrado a algunas tortugas atrapadas en zanjas hechas por la maquinaria, revela Animal Político.
La asociación ecologista Gema del Mayab denunció, en entrevista con el portal, que Grupo Posadas hizo una zanja de 50 metros de largo por cuatro de profundidad alrededor de la zona, por lo que “la tortuga sube a la duna para desovar y cae al barranco que se construyó con maquinaria”.
Hemos documentado dos (casos de tortugas lastimadas) no sabemos cuántas más han caído porque no es una zona accesible. El problema que tenemos ahora es que metieron una reja, peor que el precipicio porque si sube la tortuga y mete su aleta en esos hoyos se va a lastimar más.
Aracely Domínguez, presidenta de la asociación, explica que la empresa no hizo un estudio de la zona donde anidan las tortugas, el cambio a las condiciones de la playa y su efecto en la reproducción de esta especie. Ahora, lo que buscan es detener el proyecto por principio precautorio, así que buscan los instrumentos jurídicos para obtener la revocación,
La semana pasada, la empresa ecológica presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la que se solicita se verifiquen las condicionantes de la autorización y el maltrato a una especie en peligro de extinción.
De acuerdo con La Jornada, tanto Gema como las organizaciones Defenders of Wildlife de México y Teyeliz, exigieron a las autoridades hacer una exhaustiva investigación, detener la obra precautoriamente, determinar si hay violaciones a la ley, y, si es necesario, sancionar a Grupo Posadas y revocar la autorización de la obra.
Ciudad de México— El Seguro Social prescindió de 741 trabajadores del área médica, 371 médicos y 370 enfermeras, que laboraban bajo el régimen de honorarios en Unidades Médicas Urbanas del programa IMSS Bienestar.
Este personal de salud ya no fue recontratado debido a que, por la desaparición del programa Prospera, que entregaba recursos al IMSS Bienestar, se cerrarán 300 Unidades Médicas Urbanas de 315 que operaban en 28 estados.
En un documento del Departamento de Recursos Humanos del IMSS, del que Reforma tiene copia, se establece que los contratos de 12 médicos y 14 enfermeras terminaron en abril de este año; de 52 galenos y 44 enfermeras en mayo, y de 307 médicos y 312 enfermeras en junio. Todo este personal no fue recontratado.
Las 15 unidades médicas urbanas restantes que no cerrarán, y donde no despidieron a personal de salud, se mantendrán operando “por su alta productividad”, se explica en el documento.
Estas unidades se ubican en Chiapas, Coahuila, Michoacán y Oaxaca; dos en Veracruz, dos en Durango, cuatro en Guerrero y tres en Puebla.
Médicos y enfermeras, que exigen ser recontratados, aseguran que los despidieron sin indemnización y que trabajaban sin prestaciones ni seguridad social.
Alejandro Barrera Trejo, médico que trabajaba en la Unidad Médica Urbana de Jojutla, Morelos, explicó que antes firmaban contratos anuales, pero este año sólo les dieron un contrato por tres meses y, en algunos casos, uno más por otros dos meses.
“Desde ahí teníamos la incertidumbre de si nada más nos iban a contratar 3 meses en este año o qué iba a suceder. También fueron retrasándonos los pagos, y esa es la situación en todos los estados”, indicó en entrevista telefónica.
Subrayó que muchos trabajadores de la salud votaron por Andrés Manuel López Obrador y no esperaban que se tomaran decisiones que afectan al sector.
Afirmó que ya entregaron una carta en Palacio Nacional para solicitar al Presidente que se reabran esas clínicas y ellos sean reinstalados.
“Es triste el panorama. A nosotros, por nuestra parte, porque perdemos el empleo. Hay compañeros que llevan más de 10 años trabajando para este programa y ahorita están perdiendo su empleo”, dijo.
Agregó que también es difícil para la población que atendían, que es vulnerable y no cuenta con seguridad social, porque por ahora se quedan sin recibir servicios de salud.
“Ha sido difícil para la población porque nos manifiestan a nosotros su tristeza porque ahorita van a tener que buscar en dónde atenderse”, expresó.
La médico dijo que se pretende que las personas no aseguradas sean atendidas por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, pero mientras se concreta su creación estarán desprotegidas.
“Es un plan que va a durar hasta un año en que arranque ese instituto, no es algo que sea inmediato. Entonces, qué va a pasar durante este tiempo con esas personas.
“Hay clínicas de la Secretaría de Salud a las que podrían ir, pero tienen mucha demanda, están saturadas y a veces no pueden atender a toda la población”, aseveró.
Ciudad de México.- El pasado 12 de julio Luis Fernando Sotelo Zambrano abandonó el Reclusorio Sur luego de 4 años y ocho meses de injusta prisión.
Acompañado de colectivos, organizaciones, compañeros y compañeras, Luis subrayó la importancia del esfuerzo colectivo y del estado de guerra en el que estaoms viviendo. Señaló que “es importante estar con una posición anticarcelaria. Qué chido que sale uno más pero ¿a cuántos no volteamos a ver al interior de los penales? […] Guerra es lo que hay, y mientras no estemos conscientes de ello, pues muy fácil se pueden separar, cada quien en su prisión, intentando salir de ella. No se olviden que gracias a un proceso organizativo es que se da esto, este encuentro, no sólo conmigo sino entre ustedes mismos”.
Es importante recordar que Luis Fernando es adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y que participaba en la Red contra la Represión cuando fue injustamente detenido en el marco de la tercera Jornada de Acción Global por Ayotzinapa el 5 de noviembre de 2014, . Luis Fernando fue señalado por el incendio de una estación y una unidad del Metrobús, a pesar de que nunca hubo pruebas de que él se encontrara en el lugar de los hechos. Luis Fernando fue acusado y condenado por los delitos de ataques a la paz pública, ataques a las vías de comunicación y daños a la propiedad.
Muchos se sumaron a la demanda de justicia para Luis Fernando Sotelo. Desde rifas y bailes, hasta jornadas de denuncia y ruedas de prensa, pasando por convocatorias de gráfica o partidos de futbol, desde diversos lugares de México y el mundo se hizo presente la solidaridad.
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Durante todo este proceso, el Colectivo de Los Otros Abogadoz y las compañeras de la Campaña Luis Fernando Libre lucharon por la derogación del artículo 362 del código penal de la Ciudad de México, que determina que es un delito “presionar al gobierno para que tome ciertas medidas”, teniendo un amplia similitud a la tipificación del delito de terrorismo. El delito de Ataques a la Paz Pública especifica que será castigado “aquel que por medio de la inundación, terremoto o incendio provoque el pánico a la ciudadanía”. Este delito provoca una laguna jurídica sobre el criterio de quién juzga y permite la detenciónes y permite la detención y el encarcelamiento arbitrario con base en este delito de quienes participan en marchas, protestas y manifestaciones.
Luis Fernando estuvo preso desde el 5 de noviembre de 2014. Desde la cárcel denunció la corrupción al interior del penal en que se encontraba –como la venta de celdas o la existencia de reclusos privilegiados, golpes, amenazas, hostigamiento a los presos y a quienes les visitan–, se solidarizó con otros presos, y mantuvo la solidaridad con el CNI, el CIG y el EZLN. Hoy regresa a las calles, a una lucha en la que nunca dejó de estar presente.
Se contaminaría el acuífero que surte a municipios como Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 17 de julio de 2019
a Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia y el colectivo Guardianes de la Cuenca, advirtieron que el proyecto minero de la empresa Argonaut Gold va a contaminar el acuífero que surte a siete municipios del Estado de Guanajuato.
El proyecto, conocido también como de San Antón de las Minas, representa para los ambientalistas un ecocidio que ocasionaría afectaciones en la salud para los habitantes de los municipios de San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide y San Miguel de Allende.
La explotación minera a cielo abierto que pretende la empresa canadiense tendrá una respuesta el próximo domingo con la marcha que saldrá a las 9:30 horas del Parque Álvaro Obregón de Dolores Hidalgo y que demandará detener cualquier actividad minera que dañe el acuífero de la Cuenca de la Independencia.
En contraste, esta semana la ciudad de San Miguel de Allende, por cuarto año consecutivo, recibió el reconocimiento como la “Mejor Ciudad de México”, por la influyente revista de viajes “Travel and Leisure”.
La construcción de dos torres de departamentos de lujo pone en riesgo el edificio de departamentos donde habitó Juan Rulfo y un condominio de los años 30 con valor histórico. Esto, con anuencia de las autoridades de construcción de la ciudad, además de un posible conflicto de interés
Texto y fotos: Arturo Contreras Camero/ PIE DE PÁGINA
Un puñado de vecinos cerraron Insurgentes Sur por más de 5 horas este lunes, entre el Eje 3 Baja California y la calle Quintana Roo, en la colonia Roma. Su demanda: que la construcción de dos torres que se desarrolla a un lado de sus casas se detenga, que sea más responsable y que no afecte sus viviendas.
“Queremos que nos repare los daños leves y estéticos que tenemos. Pero de continuar la construcción, serán peores”, explica Adrián Flores, uno de los vecinos afectados. Así como la de Adrián, hay otras 33 familias cuyas viviendas están en riesgo.
Desde que inició la construcción de las dos torres del proyecto Ubika que desarrolla la inmobiliaria Ared, los vecinos empezaron a ver grietas que antes no estaban en sus casas.
David Olvera, uno de los vecinos afectados, muestra los daños que la construcción ha provocado a su casa. Al caminar por el inmueble, el suelo se nota desnivelado, como con chipotes. Las láminas de la duela del piso están separadas entre ellas, “cuando las pusieron todas estaban juntas, parejitas”, asegura.
Las afectaciones no podrían ser más claras. David toma una bola de billar y la pone en el piso del pasillo de su casa. Poco a poco empieza a moverse rumbo al muro que colinda con la construcción, mientras más se acerca, más gana velocidad. “Cuando yo compré esta casa, el piso estaba perfectamente nivelado”, asegura.
Desde la azotea de esta casa se pueden ver las obras de las dos torres de 12 pisos que albergarán 58 departamentos de lujo y cuatro sótanos de estacionamiento. “Ni siquiera pusieron una malla de protección. Cuando estaban operando, todo el techo estaba lleno de cemento que nos caía de la construcción”, se queja Betty Juárez, otra de las vecinas afectadas.
Hoy, las obras están suavecitas, dice Betty. Aún así, una grúa de más de 20 metros está moviendo materiales. Las vibraciones son tales que los tendederos de la azotea de la casa quedan temblando con cada movimiento de la grúa. “Cuando la almeja está operando, es peor”, dice al referirse a la excavadora especial que están usando.
Los vecinos aseguran que en la construcción hay un conflicto de interés: Cynthia Altamirano, que se ha presentado como la representante legal de la constructora Ared, es también miembro del Comité Asesor Técnico de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y Urbano, la PAOT, la dependencia gubernamental que debería defender los derechos de los habitantes de la ciudad.
“En su doble carácter, y de manera dolosa, la señora Altamirano malinterpreta disposiciones jurídicas que permitían a la desarrolladora concluir las zanjas abiertas del muro milán”, dice el comunicado que uno de los vecinos lee durante el cierre de Insurgentes.
El muro milán al que se refiere es una pared subterránea de cimentación para excavaciones profundas que abraza el terreno de construcción y que, supuestamente, debería también proteger los terrenos de los inmuebles alrededor de la construcción, pero en este caso, más que protegerlos, los han dañado.
De acuerdo con Adrián Flores, el comité asesor sólo ha servido para expresar los intereses de la industria, y no como debería ser, un espacio de representación ciudadana que vele por que se cumplan las disposiciones jurídicas que cada construcción debe cuidar para no afectar a terceros.
Los vecinos advirtieron del doble papel que ha jugado Cyntiha Altamirano el viernes, como quedó de manifiesto en algunas publicaciones periodísticas. Ese mismo día la PAOT quitó de su sitio en internet toda la información del Comité, aunque aún se puede consultar una semblanza profesional de la representante legal y asesora Altamirano.
Otros grupos de vecinos, y colectivos que defienden el derecho a la ciudad aseguran que la propia Cynthia Altamirano ha realizado acciones en otros edificios de la colonia Roma en detrimento de las viviendas de otros vecinos.
Edificios históricos
Junto al desarrollo de las torres Ubika, está el Edificio Acor, construido por el arquitecto Francisco Serrano en los años 30. Es un ejemplo de la arquitectura Decó, característica del urbanismo capitalino de mediados de siglo pasado. En la entrada de este edificio de departamentos hay una placa que asegura que el escritor Juan Rulfo habitó en uno de estos departamentos.
El condominio junto al edificio Acor es otra muestra clara de las históricas vecindades de esta colonia, que fue construida alrededor de las mismas fechas que los departamentos. Ambos inmuebles cuentan con la protección del Instituto de Bellas Artes por su valor artístico e histórico, sin embargo, no ha servido para detener las construcciones que los está deteriorando.
Por el cuidado a los inmuebles, y principalmente por guardar la integridad de su patrimonio, los vecinos pidieron a la empresa y al gobierno que se contratara a una empresa especializada para determinar los daños causados por la obra y para que ayudara a remediarlos.
Sísmica de suelos, la empresa en cuestión, ayudó a los vecinos a determinar algo que ya imaginaban: que las vibraciones y temblores que sienten producto de las obras sobrepasan cualquier lineamiento de seguridad nacional o internacional en la materia.
“Ellos conocen cuáles son los riesgos que corre un edificio aledaño. Conseguimos algunos dictámenes técnicos con ellos y pedimos que la empresa, constructora Ared, contratara a Sísmica de suelos”, explica Adrián.
Sin embargo, la constructora ha pospuesto la contratación de Sísmica de Suelos, un acuerdo que habían alcanzado en mesas de negociación entre vecinos y gobierno desde el 17 de mayo. Por lo tanto no se ha realizado el estudio de daños, tampoco se ha revisado el proceso de construcción, la mecánica de suelos del lugar ni la viabilidad del proyecto en general.
Mientras tanto, Adrián asegura que tener a la construcción a un lado ha sido como vivir con pequeños terremotos de 4 a 6 grados de intensidad, todos los días.
“México está haciendo un buen trabajo”, reiteró Trump. Foto: AP/ Alex Brandon
J. Jesús Esquivel/ PROCESO
WASHINGTON (apro).- El presidente Donald Trump agradeció a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador la militarización de las fronteras porque no sólo ha contenido el flujo migratorio, sino también ha dificultado la operación de los cárteles de la droga.
“Estamos escuchando que hasta los cárteles están diciendo ¡guau! es difícil atravesar (la frontera)”, dijo Trump en la Casa Blanca durante una reunión con miembros de su gabinete.
Además, señaló que, con unos 21 mil elementos de la Guardia Nacional, a los que llamó soldados, el gobierno mexicano ha sellado sus fronteras por el sur y por el norte.
El mandatario volvió a insistir en que “México está haciendo un buen trabajo”, no solo al reducir el flujo de indocumentados procedentes de Centroamérica, sino también para contener el trasiego de drogas y el contrabando.
“México está recuperando su país, le doy al presidente AMLO un crédito tremendo porque lo está haciendo muy bien; los problemas que había llevaban mucho tiempo”, subrayó Trump haciendo alusión a que antes de la llegada de López Obrador a la presidencia las fronteras eran controladas por los cárteles.
Incluso, el presidente estadunidense admitió que está sorprendido por el número de elementos de la Guardia Nacional que el gobierno de López Obrador ha desplegado en las fronteras para contener el flujo de migrantes indocumentados. “Mas allá de lo que esperábamos nunca nos imaginamos que desplegaran a 21 mil soldados, pensamos que iba a ser un número más pequeño”, subrayó.
En el preámbulo del análisis que hará el gobierno estadunidense tras el acuerdo migratorio firmado por México el pasado 7 de junio, Trump insistió en que el gobierno mexicano ha hecho un buen trabajo para detener el flujo migratorio.
La contención de las caravanas de indocumentados centroamericanos implicaría en esa revisión del acuerdo evitar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas como originalmente había amenazado la Casa Blanca.
En la reunión con los integrantes de su gabinete, nuevamente Trump reiteró que por la militarización de las fronteras mexicanas en el sur y en el norte la detención de migrantes centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos bajo 28% el pasado mes de junio respecto al mes anterior.
Aunado a los aplausos al gobierno de López Obrador, esta semana Trump emitió una regulación a las leyes de asilo de su país con la cual de manera unilateral convierte a México en un tercer país seguro de Estados Unidos.
Bajo esta virtual denominación a México como tercer país seguro la regulación establece que no se aceptará la petición de asilo a los Estados Unidos de ningún extranjero si antes de llegar a su frontera no lo pidió por lo menos una nación por la cual atravesó antes de llegar a territorio de la Unión Americana.
El próximo domingo el secretario de Estado Mike Pompeo llegará a la capital mexicana para reunirse con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y posiblemente con AMLO.
Presumen autoridades que trataban de llegar al lado americano…
Acuña, Coah.- Los cuerpos flotando sin vida de dos presuntos migrantes fueron recuperados esta tarde noche por elementos de Grupo Beta, Protección Civil y de la Fiscalía, luego de que pescadores los reportaron alrededor de 18 horas cerca de la cueva Nápoles, a unos dos kilómetros de la desembocadura del río Pecos, al norte de la presa sobre la boya 28 aproximadamente.
Personal de la Fiscalía de la Delegación Norte Dos a cargo del abogado Mario Castro Narro recuperó los cuerpos hasta la orilla del lado mexicano y se les realizará la necropsia de ley para determinar las causas de su muerte.
Pescadores que realizaban labores en la parte norte de la presa lograron ver los cuerpos flotando y lo reportaron a las autoridades, quienes cerca de las 20 horas ubicaron la zona y trasladaron los cuerpos hacia la orilla mexicana.
Los cuerpos son de personas de entre 40 y 60 años de edad y no se descarta que sean personas que trataban de cruzar a Estados Unidos.
Con el propósito de tratar de identificar los cuerpos fueron trasladados al Semefo.
Derrame de ácido sulfúrico en el mar de Cortés. Foto: Especial.
GUAYMAS, Son. (apro).– El derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés podría haber sido superior al inicialmente reportado por Metalúrgica del Cobre SA de CV, subsidiaria de Grupo México.
Un empleado de la minera que solicitó el anonimato dijo a Apro que la empresa no ha logrado precisar la cantidad de ácido derramado, pues el derrame se prolongó por más de media hora.
Explicó que el ácido sulfúrico formó una laguna en las instalaciones de la empresa y, eventualmente, alcanzó un canal de drenaje pluvial que descarga directamente en el mar.
Agregó que es normal que los empleados hagan las conexiones del trasvase y se retiren del lugar. Fue por ello que el derrame se prolongó por más de media hora y no fueron sólo tres metros cúbicos, como asegura la minera.
Por otra parte, se informó que, pese a la contingencia ambiental, Metalúrgica del Cobre ordenó que se cargaran los 18 mil litros de ácido sulfúrico y, al cabo de 24 horas, el navío responsable del transporte ya había partido de la Terminal Marítima de Guaymas.
“No hay foco rojo”
El Administrador Portuario Integral de Guaymas (Apiguay), Abraham Larios, sostuvo que no hay “focos rojos” en esta terminal marítima.
“No hay mayor afectación, salvo el agua que pudiera estar contaminada, y hacia adentro, el derrame estuvo controlado rápidamente, las instalaciones no tienen un foco rojo o una alerta y las operaciones se siguen manejando”, dijo el directivo.
En una reunión que sostuvo con los diputados del Congreso de Sonora, Carlos Navarrete y Magdalena Uribe, así como con representantes de los medios de comunicación, Larios adelantó que si existieran irregularidades al interior del consorcio se suspendería la concesión que inició en 1993 y tiene como fecha final en 2035.
“Si nosotros encontráramos un riesgo para el personal y el medio ambiente, se puede hacer una suspensión de operaciones, y un poco más allá de la suspensión, se tiene que iniciar un trámite de revocación de la concesión parcial de derechos, con fundamentos y pruebas, en donde se establezca que no están cumpliendo con el contrato que se les dio”, puntualizó el responsable de Apiguay.
Convocan a una marcha
En un recorrido realizado por los legisladores locales, un grupo de pescadores afirmó que las ventas de mariscos descendieron 90% en los últimos siete días, desde la fuga tóxica.
Paralelamente, en Hermosillo, se convocó en redes sociales a una manifestación ciudadana contra Grupo México.
Los inconformes citaron a la población para el próximo miércoles 17, a las seis de la tarde, en las instalaciones del Grupo México de Hermosillo.
“Convocamos a todas las personas con conciencia ecológica a manifestarnos para exigir que se retire la concesión minera a Grupo México por su demostrada actitud criminal y ecocida”, dice la convocatoria.
Luego denuncia: “Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco ha mostrado de forma reiterada que no le importa nada, ni sus trabajadores, ni las comunidades donde invade, ni el medio ambiente. No podemos seguir permitiendo que estas empresas parásitas y explotadora sigan destruyendo nuestro planeta impunemente”.
Y al final resalta: “Demostremos que los hermosillenses no aceptamos la destrucción ecológica de nuestras playas, ríos, desiertos y bosques ¡Fuera GRUPO México de Sonora!”.
OAXACA, Oax. (apro).- Un ataque armado que dejó tres muertos e igual número de heridos, rompió el convenio de paz que firmaron las comunidades mixes de San Miguel Quetzaltepec y San Juan Bosco Chuxnabán, que mantienen un conflicto agrario por la disputa de dos mil hectáreas.
La Fiscalía General de Oaxaca confirmó que durante el ataque armado perpetrado el 14 de julio, por la noche, fueron asesinados J. J. R., R. H. R. y L. J. R., en tanto, a los lesionados se les identificó como: R. S. M., I. O. R y A. M. S.
Según la carpeta de investigación 23958/FVCE/ZACATEPEC/2019, los hechos ocurrieron en la localidad de El Espinal, perteneciente al municipio de San Miguel Quetzaltepec, Oaxaca.
Aunque la Fiscalía guardó hermetismo sobre el caso, trascendió que el pasado domingo 14 de julio alrededor de las 11 de la noche se desarrollaba una fiesta con motivo de una clausura escolar, cuando sobrevino el ataque armado.
En febrero pasado, el gobierno estatal de Alejandro Murat Hinojosa y el federal de Andrés Manuel López Obrador festinaban la firma de un acuerdo de paz entre San Miguel Quetzaltepec y San Juan Bosco Chuxnaban, que mantienen un conflicto agrario que en las últimas décadas derivó en enfrentamientos, violencia, tensión permanente y ruptura del tejido social.
El documento fue signado por el presidente municipal de San Miguel Quetzaltepec, Fidel Fuentes Morales, y el agente municipal de San Juan Bosco Chuxnaban, Anastasio Morales Vásquez, acompañados de comisionados nombrados exprofeso por sus asambleas comunitarias. Como testigos estuvieron el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, y el secretario general del gobierno de Oaxaca, Héctor Anuar Mafud.
Los trabajadores de Vectores y Zoonosis de Mazatlán realizan paro de labores ante la amenaza de que darán de baja a 8 empleados
Mazatlán, Sinaloa.- Trabajadores de Vectores y Zoonosis realizan paro de labores ante la amenaza de que darán de baja a 8 empleados.
Álvaro Sosa, representante de los empleados explicó que mientras está la amenaza del dengue la autoridad quiere recortar personal. Los manifestantes le hacen un llamado al Jefe de la Jurisdicción 6, Andrés Sidharta Hindú , de una explicación.
La mañana del lunes el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, anunció que se ha mejorado el salario de los trabajadores, y por la tarde aquí en Mazatlán les advierten de la baja de 8 de ovitrampa y que luego despedirán de patio limpio.
Los trabajadores se concentraron en las oficinas de Zoonosis y Vectores y si no tienen respuesta volverán a parar.
El Dr. Humberto González, investigador del CIESAS Occidente, informó que en Ahuacapán, hay un niño al que se le detectaron, al mismo tiempo, doce tipos de plaguicida en su orina. En El Mentidero, encontraron siete plaguicidas que afectan la salud de los niños y las niñas.
Mayra Vargas – Letra Fría / Zona Docs
Autlán, Jalisco; 12 de julio de 2019. (Letra Fría) En el valle de Autlán se utilizan al menos veinte plaguicidas como método para controlar, prevenir o destruir las plagas que dañan a las plantaciones agrícolas. Estas sustancias químicas afectan la salud de las personas.
En la telesecundaria “Venustiano Carranza” en la comunidad de El Mentidero, 53 adolescentes resultaron con al menos cuatro tipos de plaguicidas en su orina; investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Occidente y de la Universidad de Guadalajara, aplicaron en ese plantel, el proyecto de investigación “Causas de insuficiencia renal en niños de preescolar y primaria de la comunidad de El Mentidero” y descubrieron que en la orina de los adolescentes estudiantes hay cuatro plaguicidas: Glifosato, 2,4-D, Molinato y Picloram.
Este problema no es exclusivo de la telesecundaria de El Mentidero. Los niños del jardín de niños y de la escuela primaria también dieron positivo a plaguicidas.
En marzo de 2018 fue tomada la primera muestra en 178 niños y niñas de kínder y primaria de El Mentidero, de un rango de edad de tres a doce años. En este primer muestreo se encontraron al menos diez distintos tipos de plaguicidas, Glifosato, 2,4-D, Molinato Picloram, Metomilo, Emamectina, Paration, Lambda Cihalotrina, Malation e Imazalil. El 100 por ciento presentó en su orina cuatro tipos de insecticida y uno de herbicida, mientras que el 97 por ciento registró Glifosato y Molinato en su organismo. Del resto de los plaguicidas se presentó en un menor porcentaje.
En un segundo muestreo en diciembre de 2018 en El Mentidero, a 93 niños y niñas de kínder y primaria, identificaron la presencia de siete tipos de plaguicidas, el cien por ciento de los niños y niñas presentaron seis de las siete sustancias activas y un 70 por ciento el herbicida 2,4-D.
Es importante señalar que, en el muestreo de diciembre del año pasado, el 100 por ciento de los niños y niñas presentaron tres tipos de plaguicidas altamente tóxicosen la misma muestra de su orina, de acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Metomilo, Emamectina y Paration.
Plaguicidas afectan a niños y niñas de Ahuacapán
En el caso de la delegación Ahuacapán, los investigadores tomaron una única muestra a 103 niños y niñas de kínder y primaria, también en diciembre de 2018. Los resultados arrojaron que el Glifosato está presente en el 100 por ciento de los infantes. Además, el Dr. Humberto González, investigador del CIESAS Occidente, explicó que en esta comunidad hay un niño al que se le detectaron al mismo tiempo doce tipos de plaguicida en su orina:
“En Ahuacapán lo que encontramos en una situación diferente, hay un pesticida que está presente en todos los niños que es el Glifosato,que es el Faena que ustedes pueden conocer, ese está en todos.
Hay realmente presencia de pesticidas que van variando realmente, en el 80 por ciento encontramos presencia de dos pesticidas, nosotros hacemos análisis de 20 diferentes sustancias activas de plaguicidas y de esas 20 nosotros encontramos que estaban presentes un poco más de la mitad, hay un niño que tiene en su orina al mismo tiempo doce diferentes sustancias activas”, enfatizó.
En El Mentidero la mayoría de los niños y niñas tienen al menos seis sustancias activas en su cuerpo, mientras que en Ahuacapán hay una mayor cantidad de plaguicidas, explicó el investigador del CIESAS Occidente:
“Aquí en el caso de El Mentidero vemos que la mayoría de los niños tienen al menos seis pesticidas presentes
Empieza a ser importante la presencia de estos pesticidas cuando se acumulan seis, en el caso de Ahuacapán, vemos un comportamiento diferente, pero es en donde hay más pesticidas, lo interesante es que en el caso de El Mentidero hay una concentración mayor de (tres) pesticidas altamente tóxicos en los niños, más que en Ahuacapán (en niveles en su orina), sin embargo, el número de pesticidas presentes en las orinas de los niños es mayor en cantidad en Ahuacapán que en El Mentidero”, explicó.
Los investigadores detectaron que los productores utilizan al menos 33 sustancias activas en sus cultivos, en El Mentidero, de acuerdo con entrevistas que realizaron, mientras que en el caso de Ahuacapán encontraron un mayor uso de químicos, con productos comerciales que da un total de 43 tipos de plaguicidas.
En una reunión celebrada este jueves a las 12:00 horas en el salón Ernesto Medina Lima en la presidencia municipal de Autlán, autoridades y representantes de diversos sectores emitieron propuestas y pactaron compromisos para enfrentar la problemática que genera el uso de plaguicidas en el municipio.
El Dr. Felipe Lozano del departamento de Salud Pública en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, dijo que la Universidad de Guadalajara trabaja junto con la Secretaría de Salud Jalisco, detectando cómo es el estado de salud de la infancia en Jalisco, sobre todo en el problema renal.
El Dr. Aarón Peregrina Lucano, Químico Farmacobiólogo del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, habló del equipo con el que se analizan las moléculas orgánicas en fluidos biológicos, como sangre, orina, saliva, etc…también habló del equipo en el que se hace la determinación de los plaguicidas presentes en la orina de los niños.
Después vinieron los comentarios de los representantes del sector salud, educativo, medio ambiental, agrícola, académico, entre otros, para analizar alternativas de solución. Ahí surgieron las propuestas y compromisos.
El presidente municipal de Autlán, Miguel Ángel Íñiguez Brambila dijo que buscarán trabajar en equipo para encontrar una solución y tomar las medidas necesarias y dejar de afectar a la población infantil y juvenil de las comunidades.
Goretis Lozano Pérez, director de Desarrollo Rural en el municipio, habló del acercamiento que se tendrá con productores, y mencionó que ya hicieron un recorrido por la zona de El Mentidero y ya se tienen identificados los cultivos que se están trabajando.
El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur), Luis Manuel Martínez Rivera, propuso analizar zonas de concentración de plaguicidas e implementar una estrategia para detectar las principales fuentes de intoxicación. Explicó que a lo largo de la cuenca hay una gran concentración de plaguicidas
El 100 por ciento de los niños y niñas presentaron tres tipos de plaguicidas altamente tóxicos en la misma muestra de su orina: Metomilo, Emamectina y Paration. (Foto: Mayra Vargas)
Elías Vélez Saldívar, Supervisor Escolar de la zona 04 de Telesecundarias, propuso que se hagan las gestiones necesarias para que el problema se eleve a los niveles necesarios, para que sea atendido.
Por su parte, los investigadores del CIESAS Occidente y de la Universidad de Guadalajara, presentaron un “Proyecto piloto de reconfiguración agroecológica, alimentaria y de salud para revertir el daño causado por plaguicidas a la salud de niñas y niños de Autlán, Jalisco”, cuyo objetivo es la transición a una agricultura ecológica, una alimentación saludable y un ambiente sustentable.
Para ello se propuso que se trate de un proyecto participativo con distintos actores sociales, primero las unidades familiares, en este caso las madres de familia, en segundo los productores y agroindustrias locales, como tercero los funcionarios públicos a nivel estatal y municipal y finalmente los académicos y promotores, con la metodología de diálogo de saberes y la colaboración, con la finalidad de lograr el bienestar de las niñas y los niños de las comunidades.
Mencionaron que este podría ser el proyecto piloto para el Estado de Jalisco, aplicado en Autlán de Navarro y con la visión de poder replicarlo en más municipios que presenten esta problemática medioambiental y de salud.
Porcentaje de niños de kinder y primaria de Ahuacapán y El Mentidero, que tienen desde 1 y hasta 12 plaguicidas. (Foto: Mayra Vargas)
Esta mesa de trabajo, entre los representantes de los distintos sectores y los investigadores universitarios tendrá reuniones periódicas, la próxima tentativamente será el 16 de agosto, donde se buscará invitar a actores de otras áreas y llevar propuestas de acción concretas para ejecutar el proyecto piloto.
En esta reunión también participaron Ramón Corona Santana, director de Telesecundarias en el Estado, Edgar Omar Castillo delegado de la DRSE Sierra de Amula, Nicolás Ayala del Real regidor de la comisión de Salud, Walter Alejandro Méndez Parra regidor de la comisión de Ecología, el Dr. Roberto Rangel de los Consejos Municipales de Salud, el Dr. José Armando Brambila del departamento de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria VII, Antonio Radillo productor y vocero de la Junta Local del Comité Estatal De Sanidad Vegetal De Jalisco (Cesavejal), Carlos Paz también de Cesavejal, Jorge Amador González director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Ayuntamiento Municipal, el Dr. Carlos Palomera Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur, entre otras personas.
Esta tarde de martes un grupo de ciudadanos pertenecientes a colonia Santa Teresita, H. Casas y otras zonas aledañas a la avenida Victoria, tomaron un tramo de esta vialidad, a la altura de la calle P. Guerrero.
El motivo de la inconformidad es que llevan mucho tiempo sin el servicio de agua potable y, aseguran, las autoridades correspondientes han ignorado sus necesidades.
Al lugar acudió el titular del Siapa de Tepic, Óscar Medina, para dialogar con los vecinos y acordar el restablecimiento del servicio. El funcionario argumentó que la falta del vital servicio se debió a una falla en una de las válvulas.
Sin embargo, las personas que lo confrontaron se mostraron molestos al responder que la falla de una válvula no es excusa para que la zona permanezca sin agua durante tanto tiempo. Asimismo, medina aseguró no tener conocimiento del problema hasta ese día, puesto que trabajadores de la dependencia no notificaron la falla en ese punto de la ciudad.
Durante la confrontación, destacó también que un vehículo que transitaba en ese momento pasó a través del cordón que los vecinos habían colocado en la calle para bloquear el paso, forzando su circulación y provocando empujones entre las personas presentes, donde también había niños protestando; el incidente ocasionó la molestia de los presentes.
Se realiza etapa deliberativa sin llevar a cabo la informativa, señalan pueblos y organizaciones de Oaxaca y Veracruz.
Ciudad de México.- Pueblos y organizaciones de Oaxaca y Veracruz, pertenecientes a la campaña El Istmo es Nuestro, rechazaron el proceso de consulta para la Reforma Constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas que lleva a cabo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Los pasados 13 y 14 de julio el INPI organizó las consultas indígenas en las comunidades oaxacaqueñas de Santo Domingo Yanhuitlán, Santiago Juxtlahuaca, Santiago Jamiltepec, Santa María Alotepec, Santiago Laollaga y San Bartolomé Zoogocho.
Pueblos Ikoots, Binnizá, Ayuuk, Chontal, Chinanteco, Zoque, Tzotzil, Texistepequeño, Sayulteco, Oluteco, Nuntaj yi y Nahua rechazaron la consulta porque no respeta su propio protocolo, “ya que está realizando la etapa deliberativa sin haber realizado la etapa informativa”, no respeta los ritmos ni las formas organizativas de los pueblos y porque “planteamientos importantes” de grupos organizados no son expresados en la plenaria, como ocurrió en Acayucan, Veracruz.
Asimismo, alertaron que detrás del discurso de “reconocimiento de los derechos indígenas” se enmascara una política de represión contra comunidades zapatistas y del Congreso Nacional Indígena que actualmente viven una sobremilitarización.
Además, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) advirtió que en dicha Reforma Constitucional se entregan las tierras y territorios a grandes consorcios nacionales y trasnacionales, pues la propuesta del INPI establece el derecho de pueblos y comunidades sobre sus tierras, territorios y recursos, “salvo aquellos considerados estratégicos para la Nación”.
Por otra parte rechazaron el Corredor Interoceánico y los megaproyectos que pretenden entrar a los territorios a través de “consultas amañadas” como la del parque eólico Gunaa Sicarú de la empresa Electricité De France (EDF), que pasa sobre los derechos agrarios e indígenas.
Entre las organizaciones y pueblos que expresaron su rechazo a la consulta y a los megaproyectos se encuentran la CODEDI, EDUCA, Asamblea Comunitaria de San Dionisio del Mar, Asamblea Comunitaria de San Mateo del Mar, Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta (Sur de Veracruz), Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), y el Bachillerato Comunitario José Martí de San Francisco Ixhuatán.
Pescadores acusan que el obsoleto pozo Comején contamina, y les impide trabajar.
Mario Alberto Mendoza – Tabasco HOY
Macuspana, Tabasco
Pescadores de la zona de El Venadito denunciaron que su actividad ha sido afectada debido a la contaminación generada por la fuga de crudo del pozo Comején, en el sistema lagunar Los Bitzales.
Denis Muñoz Potenciano, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras Ribereñas del municipio, acusa que a simple vista se pueden apreciar los manchones negros de crudo.
Destaca que el derrame se presentó a finales del año pasado, y los pescadores dieron aviso a las autoridades locales de Protección Civil y a Pemex, pero no han solucionado nada.
Recalcó que la estructura desde hace muchos años permanece en el abandono, por lo que el derrame ha llegado a todos los canales en donde se mueren las especies como el manatí, bobo escama, y la mojarra tilapia.
Cabe destacar que tan sólo en los Bitzales, Macuspana, hay 70 instalaciones obsoletas, donde las fugas están por todos lados.
Mientras que Centla existen alrededor de 100 pozos de gas natural, petróleo y aceite en pésimas condiciones, dos importantes zonas donde comenzaron a aparecer manatíes muertos, y hasta la fecha ya van 131 fallecidos.
Los pescadores exigen que Pemex inicie las labores de limpieza porque es su responsabilidad, y ellos se comprometen a participar en las labores.
“Necesitamos que PEMEX apoye y coordine la limpieza”, dijeron los inconformes, que no han podido salir a pescar pues el producto está contaminado.
URGEN QUITAR LOS DUCTOS
La muerte de especies en los Bitzales continuará, si se mantienen los altos niveles de contaminación generados por Pemex y las descargas de aguas residuales, advirtieron ambientalistas. “Hay que sanear, hay que frenar las descargas de contaminantes de Pemex y quitar los ductos”, expresó el biólogo Juan Manuel Hernández.
Los trabajadores sindicalizados del INAH piden que se cumplan sus demandas.
Enrique Mena/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- En próximos días, trabajadores sindicalizados del INAH podrían cerrar el sitio arqueológico de Tulum, el de mayor ingreso de visitantes en Quintana Roo, de no cumplirse las demandas laborales que piden a la dependencia federal.
Felipe Gómez, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (Sndtsc) Sección Quintana Roo, afirmó que la segunda fase del Plan de Acción de la dirigencia nacional es cerrar los sitios arqueológicos abiertos al público más importantes del país, entre estos el de Tulum que el año pasado contabilizó 2.1 millones de visitas.
Recalcó que dicha medida se ejecutará por los trabajadores federales en caso que el director del INAH en el país, Diego Prieto Hernández, incumpla con las tres propuestas planteadas por la dirigencia sindical nacional en beneficio de más de cinco mil trabajadores.
Las demandas laborales son: devolución inmediata de los recursos que se dedujeron en el mes de diciembre del año pasado, por concepto de Impuesto por la Ley Federal de Remuneración; para los 80 trabajadores del estado son alrededor de 72 mil pesos, a razón de 900 pesos por trabajador; de 4.5 millones de pesos por todos los del país.
La segunda es la regularización inmediata del inmueble para el local sindical del sector INAH y Sección Ciudad de México; por último, la regularización de las cuotas sindicales que hasta el momento a varios estados no se les ha estado pagando.
“Estamos en pie de lucha, todo el país está en movilización, se ha declarado una Asamblea Permanente en tanto no se resuelvan las problemáticas, cerrar las zonas arqueológicas más importantes del país, en este caso Tulum”, dijo el líder sindical local.
Los 10 sitios culturales más importantes del país son: Chichén Itzá y Uxmal, en Yucatán; Palenque y Yaxchilán, Chiapas; Tajín, Veracruz; Teotihuacán, Estado de México; Paquimé, Chihuahua; Monte Albán, Oaxaca; Cholula, Puebla; el favorito de Quintana Roo, Tulum.
Resaltó que la primera fase inició ayer lunes, con el cierre de algunas oficinas en diferentes entidades federativas; en el caso de Quintana Roo solamente se colocaron carteles en las instalaciones de Chetumal y Cancún exigiendo el cumplimiento de las demandas laborales.
Los empleados cerraron las puertas de las oficinas y dicen que permanecerán ahí
Patricia Itzá/Sipse
Mérida
Alrededor de 50 trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cerraron las puertas de las oficinas para exigir la reintegración de personal despedido y no cobrar un impuesto que se eliminó en 2018 pero se pretende retener este año.
Los manifestantes aseguraron que, de no tener respuesta, se mantendrán a las puertas del INAH como forma de protesta.
El secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaria de Cultura, sección Yucatán, Daniel Vega Zepeda, informó que esta muestra de inconformidad se hizo a nivel nacional y se solicita al secretario técnico de esa institución, Diego Prieto Hernández, que respete los derechos de los trabajadores.
Están inconformes de que les descuenten próximamente un impuesto que se les cobraba con base en la ley de remuneraciones, pero fue desechado en 2018, aunque aseguran que será reactivado este año.
De igual manera están en desacuerdo en que en este primer semestre se despidió al 20 por ciento de la base de trabajadores, muchos de los cuales llevan varios años en sus puestos, aunque son eventuales.
Dijeron que uno de los puntos que más les preocupa es que en las zonas arqueológicas y museos no hay insumos suficientes, como gasolina y aceites para los vehículos, por lo que los propios trabajadores hacen esos gastos y no les devuelven los recursos.
Vega Zepeda indicó que como representante del sindicato solicita que se le otorgue un local debido a que el que poseen, “las autoridades pretenden quitarlo”.
También solicitan que no se retengan las cuotas sindicales, las cuales sirven para realizar actividades con los agremiados.
J. Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington.
