Este lunes varios migrantes entraron en huelga de hambre debido a las condiciones en que se encuentran. Foto: Especial
Jesús Ruiz / El Heraldo de México
Denuncian que en la estación migratoria están más de 3 mil migrantes cuando su capacidad es para únicamente 800 personas
Lanzando un “SOS”, migrantes de distintos países filtraron a medios de comunicación imágenes que demuestran las deplorables condiciones en las que se encuentra la estación migratoria de Acayucan, Veracruz.
En las fotografías se observan baños repletos de heces fecales, no obstante los inconformes aseguran que además la comida que les brindan está en mal estado.
En cuanto a su estancia en el país acusan que algunos cumplen 40 días prácticamente incomunicados con sus familias, pues el Instituto Nacional de Migración (INM) solo les permite dialogar con sus abogados.
Afirman que en total son unos 3 mil migrantes de distintos países asegurados en la estación migratoria de Acayucan, que tiene capacidad para 800, quienes buscan regularizar su estancia en el país pero les están poniendo una serie de trabas con el objetivo de que sean deportados.
En entrevista sobre el tema, la abogada de varios indocumentados, Citlali Gerardo Cruz, aseveró que el Instituto Nacional de Migración (INM) implementó una estrategia con el objetivo de que los retenidos opten por la deportación voluntaria.
La abogada añadió que algunos migrantes llevan 40 días retenidos, de ahí que ya se están presentando quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Gerardo Cruz agregó que sin importar que se están tramitando amparos intentando regularizar la estancia de los migrantes en el país, el INM ahora les exige fianzas hasta por 5 mil pesos, las cuales son prácticamente impagables para los indocumentados.
Según la abogada, quien tiene entre sus clientes a originarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y de Cuba, el Instituto está cambiando sus protocolos posiblemente con el objetivo de fomentar las deportaciones.
Detalló que anteriormente los trámites para pedir asilo en México demoraban unos 10 días, no obstante cientos de migrantes llevan hasta 40 días en la estación sin tener respuesta, retenidos e incomunicados, en un claro intento de pedir que los regresen a sus países de origen.
Finalmente dijo que el lunes pasado se registró una huelga de hambre en este centro debido a las condiciones inhumanas en que viven los migrantes, así como la ingesta de comidas en mal estado, pero los encargados del centro los castigaron haciéndolos dormir en el piso.
“Se pusieron en huelga, no estaban comiendo, algunos hicieron una revuelta la semana pasada y el director ordenó que les quitaran las colchonetas; huele horrible donde ellos se acuestan pero los dejaron sin colchonetas durmiendo en el piso”.
Comentó que han buscado la intervención de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, misma que no puede actuar debido a que el INM no informa sobre las personas que se acogen a la solicitud.
“Ellos dicen ‘si Migración no me pasa la lista de las personas no puedo ir a buscarlos’ y muchísima gente pasa demasiado tiempo y es un trauma psicológico que lo que terminan haciendo es firmar una deportación voluntaria”.
“El estado mexicano de Veracruz es el lugar más peligroso del mundo para hacer periodismo”, señala Ana Cristina Ruelas, directora regional para México y Centroamérica de la organización para la protección de periodistas Artículo 19. ¿Qué factores promueven la impunidad en México? ¿Por qué las autoridades justifican la violencia contra los periodistas? ¿Cómo cambiar el sistema para que sea más seguro ejercer el periodismo en México? Véanlo en Entrevista, de RT.
En ‘Entrevista’ con RT, Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19 en Centroamérica y México, hace un recuento de las amenazas a las que se enfrenta la libertad de expresión, que principalmente en ese país norteamericano, se han traducido en asesinatos de periodistas.
“Desgraciadamente, desde Artículo 19 decimos que no existe esta libertad de expresión”, asevera Ruelas, lamentando que en México es posible incluso ir a la cárcel por indagar sobre temas de seguridad. “¿Cuál es el nivel de libertad de expresión en un contexto en el que ni siquiera puedes preguntar?”, añadió.
En detalle, Ruelas recuerda que en ese país “la impunidad es del 99,3%”, y subraya que, pese a que México ha establecido un sistema de protección a reporteros, en el último año han sido asesinados dos de esos profesionales acogidos al mecanismo.
Ruelas explica que cuando un periodista se acerca al mecanismo, “la Fiscalía no investiga en automático” y “no rinde cuentas” a la junta de gobierno, por lo que “el caso queda en el olvido”. Añade que las víctimas de amenazas permanecen desprotegidas porque las instituciones “se deslindan de la responsabilidad” y “no hay una coordinación efectiva”.
“Hemos insistido en la necesidad de generar una política integral de protección que, por un lado, ponga el ojo en la necesidad de combatir la impunidad de las agresiones contra la prensa, porque así no habrá mecanismo que alcance”, señaló la directora regional de Artículo 19.
La comunicadora hace hincapié en que “desafortunadamente no hay una fórmula” para descifrar la “cruda” y “cínica” violencia, que “cada vez se sofistica más”. Añade que entre los factores que promueven la impunidad se cuenta el “estigma” propiciado por el Gobierno.
“Decir que a un periodista lo matan porque estaba en un mal momento y en un mal lugar es automáticamente decir que él es malo”, indica Ruelas en alusión a la postura de administraciones pasadas. “El estigma puede envalentonar a aquellos que quieren ir en contra de la prensa porque hay una venia por parte de la más alta autoridad”, añade, precisando que estas narrativas “son muy eficaces para mantener las cosas en el estado en el que están”.
Imagen: Enrique Santiago. En el primer semestre de este año se registró una importante pérdida de empleo formal, este panorama no se había visto desde 2013.Foto: La Voz de Michoacán
Maricruz Rios/ La Voz de Michoacán, 16 de julio de 2019
Morelia, Michoacán. La desaceleración en la generación de empleos alcanzó su cuota más preocupante en Michoacán desde el 2013, al finalizar el primer semestre de este año.
De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, actualmente hay en el estado 446 mil 900 trabajadores formales, contra los 447 mil 924 que había a finales del año pasado.
Esto quiere decir que no sólo no se están abriendo nuevas plazas, sino se están perdiendo, o no se están generando empleos en la misma medida en la que se están cerrando, por lo que hoy hay mil 024 menos trabajadores formalmente registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, menos que en diciembre de 2018.
A manera de desglose y en comparativa, la STPS señala que en el primer semestre de 2018 se habían concretado 7 mil 127 nuevas plazas de empleo, mientras que en los primeros 6 meses del 2019 se perdieron mil 024, lo que significa un desplome del 85 por ciento en la generación de trabajos dentro del régimen formal.
De acuerdo con las perspectivas originales, pese al cambio de régimen en el Gobierno Federal se esperaba que la entidad alcanzara una cuota de 15 mil empleos generados, hacia final de 2019.
Tras un arranque incierto, la meta se redujo a 12 mil empleos para el mes de febrero. Tras la pérdida de empleos entre abril y mayo, el Colegio de Economistas en el Estado de Michoacán (CEEM) volvió a reducir su expectativa y calculó que se generarían unos 11 mil 260 empleos, cifra que probablemente sea nuevamente reajustada, ante el punto crítico más bajo en los últimos años en cuanto a generación de nuevas plazas.
El desempeño de las principales variables económicas se estima redunden en una reducción de las oportunidades del trabajo formal en la entidad, contribuyendo con ello a la contracción del mercado interno y a un menor crecimiento”, puntualizó Heliodoro Gil Corona, líder de Proyectos Estratégicos del CEEM.
Panorama del país, complejo
El economista ha señalado que diferentes factores convergen para el actual panorama, entre los se encuentran la pugna comercial entre Estados Unidos y China, que arrastra colateralmente a México; la economía proteccionista de Estados Unidos, y un eventual fortalecimiento de la misma, con miras a la reelección de Donald Trump y una serie de decisiones y acciones del gobierno federal que han puesto a los mercados y las inversiones en la incertidumbre.
El gobierno de la cuarta transformación, en sus primeros siete meses, enfrenta una contracción de la economía real mexicana”, opinó sobre este tema.
Heliodoro Gil recordó que no sólo las calificadores e instituciones financieras han reducido sus calificaciones y perspectivas de crecimiento económica, a las cuales suele descalificar el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que la misma Secretaría de Hacienda y el Banco de México han ajustado, todos, el panorama de crecimiento a la baja.
El Banco de México bajó su proyección de crecimiento económico desde una inicial de 2.2 por ciento a 1.3 por ciento, y por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la disminuye de 2.0 a 1.6 por ciento.
Esto finalmente ha repercutido en la confianza de las empresas en realizar inversiones, en la apertura de nuevas plantas, en la generación de nuevas plazas y en la contracción de las ya existentes.
A nivel nacional el panorama resulta similar. Pese a los dichos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene otros datos, lo que dicen sus instituciones oficiales retratan una caída del 39 por ciento en la creación nuevas plazas formales.
La Ciudad de México se transforma. Como cortesía de inmobiliarias y autoridades gubernamentales, se posiciona como la ciudad de los negocios, de los turistas, del coworking, con departamentos cada vez más pequeños con precios de alquiler desproporcionales a los salarios.
Y en esta vorágine, a un lado de la Alameda, en pleno Centro Histórico, 13 inquilinos y locatarios del conocido edificio Trevi luchan por permanecer en su hogar contra la empresa Público Coworking y nueve denuncias del Grupo Mifel.
Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).– En plena campaña electoral, la ahora Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo firmó con el Movimiento Urbano Popular un convenio donde se comprometió a evitar el desarrollo inmobiliario descontrolado y la gentrificación en la Ciudad de México, justo en la esquina del Edificio Trevi, que desde 2018 está bajo amenaza de desalojo por parte de Grupo Financiero Mifel y la empresa Público Coworking.
“El desarrollo inmobiliario que se está dando sin que el Gobierno [capitalino] le ponga un freno está violando claramente el derecho a la ciudad, reconocido por la Constitución local”, afirmó Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, en conferencia de prensa celebrada en el Trevi, inmueble de 65 años con 30 departamentos, dos bodegas y seis locales comerciales a un costado de la Alameda Central, remodelada en 2012.
La Plataforma Vecinal 06600 y Observatorio del Centro Histórico documentó una lista de los juicios por controversia de arrendamiento que la Banca Mifel ha interpuesto de 2000 a la fecha. Contra los habitantes del Trevi interpuso nueve denuncias en juzgados.
“Se han incrementado de una forma exorbitante. Es una estrategia que encontraron y que han empezado a promover para desalojar vecinos. El último que supimos fue el de Puebla 261 en la Roma contra cuatro vecinos”, dijo Carlos Acuña, periodista y habitante del edificio Trevi con una orden de desalojo en su contra que se ejecutaría el viernes pasado con permiso de romper cerraduras. Pero al menos 20 vecinos se atrincheraron desde la madrugada alrededor del inmueble para evitarlo.
Al igual que a los inquilinos del inmueble de la calle Puebla, echados a la calle el 11 de julio en la mañana, a los del Trevi, un edificio construido en la década de los 50 para vivienda social, el grupo Mifel los denunció por supuestamente no pagar la renta, pese a estar comprobado con recibos. También los denunció porque supuestamente las firmas de su demanda 318/2018 contra el lanzamiento son falsas.
Público Coworking ha dialogado con los vecinos afectados, pero no se ha pronunciado públicamente. Su cuenta de Twitter ha bloqueado a usuarios que lo han criticado por el caso del Trevi, por ejemplo, a los habitantes del pueblo Xoco, víctimas de la construcción con irregularidades de la torre Mítikah, responsable del derribo de decenas de árboles en Real de Mayorazgo, al sur de la ciudad.
Entre HIC-AL y la plataforma vecinal documentaron 16 mil 646 desalojos en la capital del país con uso de fuerza pública desde 2014 hasta febrero de este año, de acuerdo con una solicitud de información a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
“Desde marzo de 2018 a la fecha, hemos atestiguado decenas de desalojos que tienen un patrón común: son realizados por personas —policías o cargadores— que parecen tener las intenciones expresas de generar terror. Marcar el territorio con golpes para que nadie se atreva a regresar. Romper ventanas y lavabos, agredir sexualmente a mujeres, robar lo que sea posible”, expuso Carlos, también integrante de la 06600 plataforma vecinal.
Entre los casos solo del último año están Isabela Católica 99, Manzanares 30, Zapata 68, Regina 54, Madero 45, Mesones 67, el edificio Gaona sobre Bucareli, sin mencionar las colonias Roma, San Rafael, Santa María la Ribera, Juárez, Escandón, Obrera o Tránsito.
“En algunos casos los vecinos ni siquiera saben que existe un juicio en su contra; en otros, los procesos parecen plenos de irregularidades y fraudes. La gente no sabe por qué se le arrebata su hogar. Y si intenta defenderse encontrará tantos huecos en el sistema jurídico que cualquier entidad con poder económico podrá atropellar sus derechos con una lluvia de demandas o mediante la omisión deliberada de los jueces para no hacer valer algún proceso”, acusó.
DE HOGAR Y ESPACIO ARTÍSTICO A OFICINAS
En 1955, el inmigrante italiano Franco Pagano arribó a México luego de la Segunda Guerra Mundial y abrió la cafetería El Trevi, un espacio frecuentado por escritores, artistas y turistas, un sitio para discutir política o filmar películas o series como Narcos México.
El dueño decidió traspasarlo a José Luis Dávila, un empleado que empezó a trabajar desde los 15 años como garrotero hasta convertirse en el gerente, ya que el terremoto de 1985 desfiguró al Centro Histórico.
El Trevi sobrevivió y fue levantado de entre las ruinas que lo rodeaban, compartió en la rueda de prensa Julio César Castillo, sobrino de los dueños del Trevi, José Luis Dávila y María de los Ángeles Solís.
Lona en el exterior del edificio Trevi, elevado en la década de los 50. Foto: SinEmbargo.
Daniel Gutiérrez, inquilino del edificio desde hace más de 20 años, evocó que era una “esquina indeseable” hasta que la zona fue rehabilitada por inversiones como las de Fundación Slim, y el precio del suelo y rentas se elevó.
“No ha sido gratis tener una mejor ciudad. La rehabilitación no fue tan benévola como se intenta presentar. Estos down town abandonados ahora son elemento de lucro y empezaron a sacar a las personas. No se trata de integrar y de vincular, sino de sacar”, aseguró Daniel.
“El barrio es para quien lo vive y lo convive. Esta atmósfera de barrio ya se vende, lo barrial ya vende. A lado tenemos el ‘Barrio Alameda’ que vende imaginarios comerciales”, agregó. “No estamos en contra de que haya un desarrollo inmobiliario. El tema aquí es que el desarrollo no es incluyente ni inclusivo. No se le pregunta a los habitantes cómo generar un proyecto en el que todos puedan ser beneficiados”.
Para 2018, la zona resultó atractiva para Público Coworking, una empresa mexicana que renta espacios para oficinas, coworking o terrazas. Compró el edificio a principios del año pasado para integrarlo en un desarrollo comercial que incluirá un hotel boutique y oficinas en coworking.
“Queremos continuar en este lugar, viviendo y laborando. Queremos que apoyen el comercio local, no sólo los de franquicia. Hay cabida para todos”, pidió Julio, del café Trevi.
En el café Trevi se han filmado películas y representa un espacio para escritores y artistas. Foto: SinEmbargo.
LA OLA DE 9 DENUNCIAS DE MIFEL
La parte interesada en comprar el edificio Trevi es Banca Mifel, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, en su división Fiduciaria, como Fiduciario de dos fideicomisos: el Fideicomiso de Administración No. Empresarial identificado con el número 2476/2017 y con el número 2475/2017, han documentado los vecinos.
Mifel aparece como Fiduciario porque actúa en representación de la empresa inmobiliaria Iteractiva S.A.P.I., cuyo nombre comercial es Público Coworking México, indagaron.
Este fideicomiso se generó en 2017 para realizar la negociación del costo del inmueble del Trevi, para obtener el crédito que se le otorgó por vía bancaria y para realizar toda la operación de compraventa y las distintas negociaciones con locatarios o inquilinos que han decidido irse con indemnización.
De los vecinos que habitaban los más de 30 departamentos, dos bodegas y seis locales comerciales (dos bares, el café de Enmedio, el restaurante Trevi, la tortería Robles y otra cafetería), 13 decidieron entablar algún recurso legal para acceder al derecho al tanto, el cual permite comprar el espacio que durante años, algunos durante más de dos o tres décadas, han rentado y habitado.
Dos vecinos ingresaron demandas individuales. El resto, 11 inquilinos y locatarios, interpusieron una demanda colectiva ante el juzgado 20 civil de la Ciudad de México, con número de expediente 318/2018 en marzo del año pasado, en contra de Ángel Lascurain Cabrera-Villoro, Cristina Cabrera Villoro, María Isabel Cabrera Villoro y Jaime Lascurain Cabrera, los dueños del edificio Trevi quienes vendieron sin reconocer plenamente su derecho de preferencia.
Conferencia de inquilinos del edificio en el café Trevi. Foto: Twitter de la periodista Caterina Morbiato.
Luego de la demanda, Banca Mifel los denunció. A la fecha tienen nueve juicios abiertos en contra de seis inquilinos o locatarios en los juzgado 20, 26, 42, 52, 65 y 69.
“Se nos acusa principalmente de no pagar nuestro alquiler, aunque todos nuestros pagos están debidamente consignados. Las demandas han sido absurdas. Dos han sido ya atraídas por conexidad a nuestro juicio principal y en otra más el juez dictó ya a nuestro favor. Las demás demandas aún se encuentran en proceso”, explicó Carlos.
Él está en mayor riesgo estos días porque el juzgado 42 emitió una sentencia donde determinó que las rentas no se consideraban pagadas, y ordenó la rescisión de su contrato aún vigente y la entrega del departamento.
Los tribunales locales están de vacaciones. Y está fuera de peligro hasta que regresen en agosto.
“Estamos abiertos a una negociación, siempre y cuando nos incluya. El derecho al tanto tiene dos alternativas: una indemnización por no vendernos nuestro departamento o vendernos nuestro departamento. Nosotros no estamos metiendo esta demanda por lucro y dinero. Lo que buscamos es que se nos venda el espacio que habitamos”, especificó Carlos.
“Sentimos que no hay voluntad clara de las autoridades para atender un tema tan urgente y tan particular como este edificio. La excusa es que es un tema entre particulares”, agregó.
Activistas de la organización “Yo te Creo”, Ingrid Guerrero y de Servicios de Inclusión Integral (Seiinac) Rafael Castelán, alertaron que en Hidalgo se tiene un registro en el 2018, de 390 casos de violación y 334 de abuso sexual en niños, donde el principal abusador es el padre.
Precisaron que de acuerdo con cifras de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, en el tema de violación hay un registro en 2017 de 302 casos y para 2018 habían subido a 390.
En cuanto abuso sexual en 2017, hubo 289 casos y para 2018, 334, esto habla de un incremento en las cifras.
Las víctimas señala Ingrid Guerrero tenían entre 10 y 14 años de edad, y los grupos más vulnerable están la primera infancia de cuatro a 10 años de edad.
En estos casos precisó que el abusador siempre usa la coerción, el chantaje y la amenaza. La falta de herramientas de auto cuidado indicó y de denuncia de este delito lleva a que el 80 por ciento de las agresiones provenga del interior de núcleo familiar.
Explicó que en primer lugar los abusos son cometidos por un familiar directo, como es el padre, abuelo, hermano, tío y primos. Seguido igual de cuidadores primarios como son los sacerdotes, maestros y vecinos y solo un uno por ciento de desconocidos, ante ello la mejor herramienta para desactivar este tipo de abusos dijo es la información desde lo científico.
Recordó que México de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ocupa el primer lugar en abuso infantil y que uno de cada tres niños sufre esta violencia en el país.
Mientras que Hidalgo según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se encuentra por arriba de la media nacional en una tasa de cada 100 mil habitantes se tiene el 17.9 por ciento el primer lugar lo ocupa Chihuahua con un 31. 0 por ciento.
De esta manera Hidalgo se ubica en el lugar número 12 de violencia sexual y donde en esta entidad seis de cada 10 niñas son abusadas antes de llegar a los 14 y cuatro de cada 10 niños son abusados antes de llegar a la misma edad.
Rafael Castelan resaltó que en Hidalgo las agresiones se registran sobre todo por el bono demográfico en los municipios de Pachuca, Tulancingo y Mineral de la Reforma.
Presuntos secuestradores son integrantes de la Guardia Nacional. Foto. especial
Los presuntos secuestradores fueron detenidos en el Estado de México; son militares adscritos a la Guardia Nacional
Ciudad de México.- Las fiscalías antisecuestro del Estado de México y de Guerrero desarticularon una banda de presuntos secuestradores integrada por tres militares adscritos a la recién creada Guardia Nacional y un civil.
En un operativo conjunto, elementos de la Fiscalía Especializada de Secuestro del Valle de México y de la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro de Guerrero liberaron ayer en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, al joven de 14 años de edad, Ernesto Pérez Arellano, quien fue privado de su libertad el 18 de junio en la comunidad de la Molonga, en el municipio de Petatlán, Guerrero.
De acuerdo con autoridades, los presuntos plagiarios fueron identificados como Diana Paola M, de 23 años, soldado de la Policía Militar en activo, perteneciente al 20/o Batallón de la Guardia Nacional, ubicado en San Miguel de los Jagüeyes.
Jorge Luis B, de 25 años, posteriormente identificado como Cabo motociclista, en activo, perteneciente al 19/o. Batallón de Guardia Nacional, San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México.
Everardo S de 28 años, identificado como Cabo activo del 20/o Batallón de Guardia Nacional y Atilano M de 26 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para determinar su situación jurídica.
Ante la negativa del Delegado del ISSSTE en Nayarit, Guillermo Rubio de recibir al líder nacional del SNADTISSSTE, Rubén Alvarado, sindicalizados y autoridades se enfrentaron.
Oscar Gil / NCC.MX
Tepic, Nayarit, noticias.-Este martes 16 de julio, Rubén Alvarado, Secretario General del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores del ISSSTE, luego de su llegada a Nayarit y su encuentro con sus representados en su centro de trabajo, fue enfrentado por el Encargado de la Delegación del ISSSTE, Guillermo Alberto Rubio, argumentando que no cuentan con la validez legal para ingresar -y que- éste derecho, sólo se le concederá al sindicato reconocido, argumentando, instrucciones superiores.
“Ante la negativa de recibirnos las autoridades encargadas de dirigir la institución, donde pretendíamos saludar y presentar copia del documento conocido como la toma de nota nacional que le fue otorgada a nuestro sindicato, decidimos conforme a nuestros derechos y sin interrumpir sus actividades, saludar a la base trabajadora en general y particularmente a nuestros afiliados que en apenas cuatro meses, ya suman alrededor de doscientos integrantes, cifra representa el 17 por ciento del padrón estatal y número que va en crecimiento, ante el hartazgo del atropello de los derechos laborales que han sufrido en Nayarit por casi cuarenta años”, informó.
Por su parte, Saúl Robles Jaime, líder sindical del SNADTISSSTE en Nayarit, habló que este atropello a su dirigente nacional es una muestra del hostigamiento que se ha venido dando en Nayarit contra de aquellas trabajadoras y trabajadores que están en la búsqueda de un sindicato con claridad en sus objetivos, en su escalafón, en el respeto a los derechos de antigüedad y en el manejo de sus cuotas sindicales, pero afirmó que esto les alienta a continuar con más ganas y anunció que durante esta semana, se estarán visitando las instalaciones y unidades del ISSSTE en la capital nayarita y en los diferentes municipios, donde estarán convocando a sumarse a este sindicato con representación en trece entidades: “A este sindicato ya no lo para nada ni nadie”,apuntó.
Integrante de diversas asociaciones agrupadas en el Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal bloquearon desde muy temprano la avenida Federalismo
Víctor Ramírez / El Occidental
Con la exigencia de que se sanciones y castigue a todos aquellos que intervinieron en el quebranto y desfalco de las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado, integrantes de diversas asociaciones agrupadas en el Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal, bloquearon desde muy temprano la avenida Federalismo en sus dos sentidos entre Hidalgo y Juárez en donde permanecieron más de una hora y para después bajar lentamente hacia el Palacio de Gobierno
Desde temprano diversos integrantes del Colectivo, entre ellos Juan tinoco del Movimiento 19 de Abril de Jubilados y Pensionados del Ipejal; Ernesto Michel Galindo, uno de los organizadores de la marcha-mitín, ambos coincidieron en que era necesario sancionar a los integrantes del Consejo de Administración así como a los ex gobernadores Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval Díaz.
Además, aseguraron que las actuales autoridades, encabezados por el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, no hacen nada en contra de estas personas a pesar de contar con todas las pruebas y de haber recibido un instituto prácticamente quebrado y en riesgo las pensiones de todos los trabajadores, pero sobre todo exigen cuentas claras de su dinero.
También exigieron una amplia y profunda auditoría externa al organismo (la cual aparentemente se hizo antes de concluir la pasada administración y de la que poco se sabe) en la que supervisen representantes del Congreso, de la auditoría y del propio colectivo.
Ante la mirada de impotencia de quienes deseaban pasar una o dos cuadras debajo de Federalismo y que por la presencia de los inconformes, tenían que realizar una amplia vuelta y estar involucrados en una espera de varios minutos debido al congestionamiento, ya que muchos de los manifestantes eran de la tercera edad y llevaban sillas para sentarse en la espera de salir caminando hacia Palacio de Gobierno.
Toda esta situación debían lidiar el personal de Vialidad quienes de forma enérgica desviaban el tránsito de vehículos hacia las calles desbloqueadas o enfrentar el enojo de los terceros afectados, incluso algunos manifestantes comenzaron a decir algunos insultos y eso que habían dicho que la protesta era pacífica y sin agredir a nadie.Pero también pedían la “aplicación de la Ley a los responsables del quebranto financiero y recuperación de los bienes sustraídos; la operación del Programa gradual de construcción de Unidades Médicas Familiares con fondos del Gobierno del Estado” así como dotar a todas las unidades médicas de equipos de hemodiálisis y laboratorios de análisis clínicos”.
Además una solución inmediata a los graves problemas que se presentan en los servicios médicos como es el desabasto de medicamentos, la postergación injustificada de más de dos mil cirugías y citas con médicos especialistas.
Finalmente exigían la disminución de las tasas de interés aplicadas a los créditos, así como un incremento en los montos de los mismos, así con esas demandas y al ritmo de la banda que los acompañó en todo el camino llegaron después de dos horas a las puertas de Palacio de Gobierno.
La víctima, conocida como Carly VG. Foto: Tomada de Facebook.
OAXACA, Oax. (apro).- “No nos maten…”, clamó la presidenta de la Asociación de Ayuda con Fuerza y Lucha por Oaxaca (AAFLO), Azul Gómez Montealegre, tras exigir el esclarecimiento del “transfeminicidio” de Carly, ocurrido ayer.
La Fiscalía General de Oaxaca confirmó este lunes el crimen de la mujer transgénero e inició la carpeta de investigación 23884/FDAI/UEIH/2019 en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado.
Los hechos ocurrieron este domingo, cuando la víctima se encontraba en calles céntricas de esta capital y fue abordada por un sujeto del que se desconoce su identidad, quien la atacó con un arma blanca y le provocó la muerte.
“Es más triste ver que nos siguen matando y que las autoridades hagan como que no pasa nada”, resaltó la promotora y defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTI en Oaxaca, en una carta dirigida al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez.
Añadió: “Hoy nuevamente pedimos justicia y el pronto esclarecimiento del asesinato de la compañera #Carly, a quien le fue arrebatada la vida en las primeras horas del domingo 14 de julio del presente año. Otro asesinato más de odio como los muchos más que han pasado y que siguen aún sin esclarecer y sin dar con los responsables”.
Además, se sumó a “la exigencia para que se dé con el o los responsables de dicho transfeminicidio, en el que acabaron con la vida de una #MujerTrans llena de vida y de ilusiones, que su único error fue cruzarse en el camino de personas malas llenas de odio y resentimiento con la vida”.
Prosiguió: “Yo, como mujer trans y como muchas otras personas, queremos vivir plenamente y felices, no queremos leyes exclusivas ni tratos especiales, sólo queremos y buscamos una igualdad, igualdades que por el hecho de ser personas y seres humanos tenemos garantizadas. Vivimos en un mundo donde te discriminan por todo. Yo sólo te pido que si no aceptas nuestra identidad por lo menos respétanos y sé tolerante. La vida da muchas vueltas y no sabes en qué momento un familiar tuyo o alguien muy querido pueda pasar por esta situación, pero sobre todo no nos maten”.
Según las primeras indagatorias, la mujer trans de 25 años fue apuñalada y posteriormente arrojada desde un automóvil sobre la calle Victoria esquina con Las Casas, en esta ciudad.
Carly todavía se encontraba con vida cuando fue auxiliada por las unidades de rescate, pero murió mientras era trasladada al hospital.
Integrantes del Movimiento sindical Ferrocarrilero “Demetrio Vallejo” exigieron ser tomados en cuenta en las decisiones del “Megaproyecto interoceánico del Istmo de Tehuantepec”. Foto: Facebook Macario Sanjuan Ontiveros.
OAXACA, Oax. (apro).- Por no ser tomados en cuenta en las decisiones de la construcción del “Megaproyecto interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, el Movimiento sindical Ferrocarrilero “Demetrio Vallejo” y la Coordinadora Estatal Campesina Obrera Magisterial Indígena realizaron hoy el primer bloqueo ferroviario en la historia de esta región.
El bloqueo de las vías férreas se realizó hoy alrededor de las 08:00 horas en el municipio de Matías Romero donde los inconformes hacen “un enérgico llamado a las autoridades federales a escuchar su voz porque un Megaproyecto necesita incluir a todos los pueblos indígenas, sin ellos nada”.
Con esta acción inédita en la historia del Istmo de Tehuantepec, dejarían de transitar dos corridas del ferrocarril con 30 o 40 vagones de carga, incluyendo los que transportan material peligroso y el tren denominado La Bestia donde se trepan los migrantes.
La Coordinadora, con apoyo a los ferrocarrileros del municipio de Matías Romero Avendaño, determinó bloquear las vías férreas de forma indefinida a partir de este lunes 15 de julio porque “los hombres que toda su vida se dedicaron a esta actividad no han sido tomados en cuenta en las decisiones de la construcción del Corredor Interoceánico que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
También repudiaron “la acción del vitalicio líder sindical charro, Víctor Flores, quien ha violentado los derechos laborales de los ferrocarrileros y ha negociado a su conveniencia y a espaldas de nuestra gente, por eso exigimos su renuncia y salida inmediata.
“Desde este espacio les decimos que no vamos a claudicar en nuestra exigencia, porque nuestros derechos lo valen, los ferrocarrileros tenemos voz y respeto”, puntualizaron.
Hicieron hincapié que existen 14 mil demandas laborales y que nunca prosperaron porque su líder ha sido protegido por las autoridades en turno.
Los inconformes portan pancartas con las consignas: “solución a nuestras demandas”, “Pueblo únete a la reactivación de la economía de Matías Romero Avendaño, Oax”.
Reporte. En Sinaloa hay más de 5 mil casos, reporta el colectivo Sabuesos Guerreras. Foto: Especial
Familiares y colectivos rastrean con poco apoyo a miles de personas en 19 entidades
VANGUARDIA MX/ EL UNIVERSaL
CDMX.- Sin recursos económicos, materiales y humanos, e incluso en algunos casos sin ningún responsable a cargo, 19 comisiones locales de búsqueda han iniciado a marchas forzadas una tarea titánica: hallar a más de 37 mil personas desaparecidas.
Estos organismos nacieron a partir de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición en 2018; sin embargo, aún no se constituyen en las 32 entidades del país y las que existen apenas han encontrado a 291 personas de las mil 47 que han buscado desde su creación.
Estos datos fueron obtenidos por El Universal a través de solicitudes de transparencia, aunque tres entidades -Colima, Guerrero y Tlaxcala- informaron que aún no tienen registradas solicitudes de búsqueda porque las comisiones locales se crearon recientemente. Además, otros cuatro estados -Estado de México, Campeche, Tamaulipas y Jalisco- no dieron ninguna información.
Entre las 11 comisiones locales que ya iniciaron sus labores existen marcadas diferencias. Por ejemplo, en Veracruz hay 532 solicitudes de búsqueda, pero sólo han sido localizadas 31 personas. En cambio Coahuila es de los más avanzados; la comisión local presumió haber recibido 54 solicitudes de búsqueda y localizó a 94 por ciento de las víctimas. En Nuevo León hubo 39 solicitudes de búsqueda y las autoridades encontraron a 37 personas.
Uniradio Informa
Villahermosa (Notimex).- En demanda de atención, por presunta contaminación de suelos y retención de aguas, pobladores del municipio de Cárdenas, cerraron el acceso carretero a unidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) hacia los campos petroleros San Ramón, Rodador y Cinco Presidentes.
El bloqueo a la altura de la capilla de la Virgen María, fue realizado por ejidatarios de Chicozapote, en tanto otro grupo cerró un camino vecinal en la colonia El Retiro, que se usa como acceso alterno al campo petrolero San Ramón, de acuerdo con reportes en medios de comunicación local.
Los manifestantes atravesaron cuerdas para impedir el paso, tanto a vehículos de Pemex como de otras empresas particulares, pues alegan que desde hace siete años no se atienden sus reclamos por contaminación y daños a sus viviendas como cuarteaduras en sus paredes.
Tienen casi el año de que la actividad esta paralizada por la colosal contaminación en cuerpos de aguas, causando mortandad de Manatíes, peces nativos y demás fauna.
Jonuta, Tab.- Cuando han transcurrido cerca del año de que comenzó la colosal contaminación en cuerpos de aguas causando mortandad de manatíes, en el ejido San José y otras comunidades aledañas que forman parte de la zona indígena, colindante con Los Bitzalez, toda actividad pesquera en las aguas de los sistemas lagunares, canales y río en la zona, se encuentra paralizada.
Y es que hasta el momento ninguna autoridad estatal, municipal ni federal, han intervenido para limpiar la gran mancha de la contaminación que extermino otras especies como los peces nativos así como animales carroñeros como los cuerpos y chombos.
Al respecto se manifestaron un grupo de socios cooperativistas del citado ejido, en donde Román Salvador García, expresó, a nombre de más de un centenar de cooperativistas, la desesperación cunde en la zona afectada por y a través del río Maluco, advierte que están a punto de desaparecer, no pescan ni para comer por la gran contaminación, cuando esta actividad es la que ha sido la principal generadora de ingresos en la comuna.
Indicó que “Los cuerpos de aguas de la zona hay una alta concentración de metales pesados y coliformes fecales, lo que hace ha causado también la muerte de manatís y otras especies, a la fecha llevamos seis meses con este gran problema que, por lo tanto no exista comercialización del pescado.
La inmensa mancha de contaminación derivado de las fugas de gas y petróleo crudo de varios pozos, crece a un ritmo muy rápido ante el estancamiento de las aguas, hace que mueran las escasas especies que quedan en las algunas, arrollo, principalmente en los canales, en donde pescaban los socios.
En recorrido por la extensa zona lagunar, se pudo constatar que los cuerpos de aguas están solitarios sin la presencia de ningún pescador, aunque hay atrevidos que sin temor alguno se atreve a tirar redes y para atrapar el poco pescado contaminado y llevarlo hasta su mesa para alimentarse.
En donde el socio explicó que la contaminación se ha extendido y prevalece en donde, revelando que algunos pocos compañeros en su necesidad de comer, realizan aún la pesca que sólo la utilizan para el consumo, al no haber comercialización ante el flagelo de la contaminación anunciada desde hace un año, y que hace que exijan se les apoye por parte del gobierno.
Reiteró que “La espesa capa de grasa abarca una enorme extensión, la temperatura del agua alcanza los 40 grados centígrados, ahora más en temporada de la canícula, diversos grupos de ambientalistas y de dependencias estatal y federal han tomado un sinnúmero de muestras para determinar a qué ha causado la muerte de un gran número de mamíferos, resultando que esto no ha matado a dicha especie, si no que ha sido algas venenosas”.
En la zona se siente el olor nauseabundo a muerte que respiran los habitantes y pescadores de las comunidades asentadas en las riberas de los canales ríos y lagunas, colindante con el vecino municipio de Centla, y que se encuentran formando parte de la Reserva de las Biosfera de los Pantanos de Centla.
Para finalizar el informante, a nombre de los pobladores y pescadores del ejido en cuestión, demandan al gobernó del estado y a la federación, tomen cartas en el mayúsculo problema, para que este problema se resuelva y sigan con su vida normal.
El 5 de junio del 2018, se reportó la desaparición, en Donato Guerra, de Rosendo Reyes Ramírez, estudiante de la Facultad de Derecho; es el segundo lugar con más desapariciones a nivel nacional
Luis Fernando Alvarado Orozco, alumno de la Facultad de Contaduría y Administración, no es el único estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México que ha sido reportado como no localizado en los últimos 13 meses.
El 5 de junio del 2018, ocurrió la desaparición, en Donato Guerra, de Rosendo Reyes Ramírez, estudiante de la Facultad de Derecho.
El 27 de noviembre del 2018, Carlos Alberto Villar Reyes, un joven estudiante de la Facultad de Medicina desapareció en la colonia Rancho San Nicolás, en el municipio de Zinacantepec. Días después fue hallado sin vida en un paraje de la comunidad El Varal, en Temascaltepec.
Además de universitarios, entre los no localizados también se encuentran Arnoldo Salgado, de 27 años y Edgar Villalba Ceballos, éste último ayuda a personas con discapacidad motriz en un centro de rehabilitación física y desde el 22 de abril de este año no hay rastro de él.
De acuerdo a la Comisión de Búsqueda de Personas en el Edomex, la entidad ocupa el segundo lugar en cuanto a número de personas desaparecidas. Actualmente, por lo menos cinco mil siguen sin ser localizados.
Redacción/Animal Político
El control del incendios forestal en la reserva ecológica de la biosfera de Sian Ka’an, en Quintana Roo, que ha consumido 600 hectáreas de pastizales, se ha complicado por la falta de personal para combatir este tipo de en la Comisión Nacional Forestal (Conafor), derivada de los recortes presupuestales federales.
En el caso de Quintana Roo, dichos recortes han afectado directamente a la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), asegura su titular, Adrián Martínez Ortega.
Según Martínez Ortega, Quintana Roo sufrió un recorte presupuestal del 50% con lo cual se vieron obligados también a prescindir de al menos una decena de personas especializadas para combatir este tipo de incendios y que conocían a detalle la zona que hoy está siniestrada.
En específico, señaló el caso de Javier May Chan, quien fue despedido de su cargo como suplente legal de la Conafor a pesar de que su trabajo había ayudado a disminuir el número de incendios.
En entrevista para la Jornada Maya, el titular de la Coeproc dice que en reuniones con los titulares de la Conafor y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió sobre cómo los recortes presupuestales afectarían a las dependencias estatales para combatir estos incendios.
Martínez Ortega se reunirá en los próximos días con los coordinadores regionales del país y buscará una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para plantearle las afectaciones que han provocado los recortes presupuestales a la Conafor.
Ante esta situación la Red Tulum Sostenible pidió donativos a la población de rastrillos de jardinero metálicos, machetes despalmados, aceite para motosierra, limas para machete y garrafones con agua para brigadistas.
La Red Tulum anunció que el acopio continuará este lunes de 11:30 de la mañana a 6:30 de la tarde en su sede ubicada en Tulum, Quintana Roo.
Al menos 600 hectáreas consumidas
Este domingo, autoridades estatales informaron que los incendios forestales en la reserva ecológica de la biosfera de Sian Ka’an han afectado más de 600 hectáreas de pastizales de vegetación compuesta de plantas herbáceas, generalmente de tallo alto y arbustos..
En su cuenta de Twitter la Conafor detalló que se registran 2 incendios forestales en Sian Ka´an, uno en el predio Sábana Chumpón el cual reporta un 100% de control y un 90% de liquidación.
Mientras que el otro se registra en la Zona Núcleo Muyil y ya se atiende coordinadamente bajo el Sistema de Comando de Incidentes.
Un total de 100 personas de 7 brigadas distintas trabajan en la zona para sofocar el fuego. Además del personal de la Conafor, participa la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). También apoya un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En caso de que el trabajo de estas brigadas no sea suficiente se contará con apoyo de personal de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
Con información de La Jornada Maya.
Xalapa, Ver.-En la estación migratoria de Acayucan las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) tienen viviendo entre excremento a miles de migrantes de distintos países que han sido asegurados en Veracruz y otras entidades del país. Algunos cumplen 40 días hacinados y en protesta iniciaron una huelga de hambre. La revuelta les valió castigos.
Los migrantes externaron su inconformidad a los encargados el pasado lunes 8 de julio, hace una semana, pero como reprimenda les quitaron las colchonetas a los quejosos para que duerman en el piso, lo que ya fue denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Los indocumentados, quienes pudieron filtrar algunas fotos y videos de las pésimas condiciones en las que se encuentran, detallan que entre las personas retenidas están niños, así como hombres y mujeres de edad avanzada o en condición de vulnerabilidad principalmente de países como El Salvador, Honduras, Guatemala y un grupo importante de viajeros de Cuba.
Sostienen que a todos se les está negando su derecho a solicitar asilo y aunque les brindan alimentos les condicionan los servicios como el del agua potable por lapsos de dos horas para los cientos de retenidos.
Además, llevan semanas incomunicados y solamente se les permite hablar con sus abogados, quienes alertan que están presionando a sus clientes para que ellos mismos opten por la deportación aplicándoles multas o sanciones administrativas superiores a los 5 mil pesos sin tomar en cuenta sus derechos humanos.
Relatan que en la estación migratoria de Acayucan las heces fecales inundan no solo las tazas de los baños, también las paredes y los pisos ante las restricciones que existen al agua potable; los olores fétidos hacen imposible evitar las arcadas; peor aún, la peste no deja ni dormir en edredones llenos de pulgas y apestosos a orines.
Los centroamericanos se encuentran en espera de ver qué pasará con su situación migratoria; para ellos, el sueño americano se convirtió en pesadilla mexicana cuando fueron detenidos y trasladados a este centro, en algunas ocasiones de estados como Chiapas y Tamaulipas.
Los niños se pasean en los excrementos. Algunos en su inocencia andan desnudos, mientras los adultos intentan comunicarse con sus abogados, con sus familias, que poco o nada saben de ellos.
Lleva 40 días sin saber de su esposo
“Marta” es esposa de uno de los 50 cubanos que pretendían pedir asilo en Veracruz. Narra que desde hace 40 días su esposo le informó que fue asegurado y se encontraba en Acayucan. Desde entonces solo ha podido hablar con su representante legal, quien le informa que en la estación viven prácticamente sin agua, sin comida y sin higiene.
“No sé cómo llegó ahí porque a él le quitaron el teléfono, lo tienen incomunicado desde hace 40 días y no le dan respuesta a su caso, lo tienen detenido a él y a 50 cubanos más (…) creo que eso ahí es la muerte”.
De acuerdo con abogados de los migrantes a partir del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos se implementó un nuevo método de “recaudación” en el Instituto Nacional de Migración (INM), que cobra hasta 5 mil pesos como garantía para los migrantes que logran un amparo para salir de la estación mientras buscan regularizar su estadía en el país.
Antes el juez de amparo ordenaba la salida de los extranjeros y le dejaba a Migración la responsabilidad de que acreditara ciertos requisitos que pide la ley para mantenerse como refugiado con la ayuda de sus abogados.
La figura de salida bajo custodia les permitía realizar su proceso administrativo en libertad y en algunos casos la multa era condonada o no excedía los 50 pesos, especialmente a las personas más vulnerables que ingresaron al país sin documentos.
Los trámites de juicio tardaban unos diez días, sin embargo ahora el INM aseguró que se suspenderían los procesos porque habría cambio de titular de la estación y están presionando para que la mayoría sean deportados, negándoles la opción de impugnar e iniciar sus trámites para refugiarse.
La abogada Citlali Gerardo Cruz, quien labora en Chiapas pero atiende casos de Veracruz, relata que el Instituto Nacional de Migración comenzó a emitir órdenes de deportación para los centroamericanos y cubanos pues sus procesos administrativos “ya están resueltos” en ese sentido.
Explicó que generalmente esto se hacía luego de comprobar ante sus países de origen que tienen alguna deuda con la ley; sin embargo, aquellos que desean continuar con su proceso administrativo en libertad para su regularización ahora deben pagar 5 mil pesos, contra los 50 pesos que antes se pagaba como máximo.
“De 15 días para acá Migración cambió todo y dice que no los entrega porque su trámite migratorio está resuelto y dicen que tienen orden de deportación, pedí que me notificaran y me dijeron que le notificaron al Juzgado, pero ahí dicen que no han informado absolutamente nada, ni siquiera han iniciado un procedimiento administrativo, con lo cual violan el debido proceso”.
Igualmente señala que pagar las garantías económicas de 5 mil pesos es imposible, especialmente cuando se trata de mujeres u hombres viajando con sus hijos porque entonces la cifra se multiplica.
Riñas, castigos y torturas
El hacinamiento en el que viven hombres, mujeres, niños, niñas y adultos mayores, así como el maltrato al que son expuestos ya han generado revueltas por las condiciones en que algunos han permanecido por 40 días, cuando anteriormente el trámite no tardaba más de 10.
El lunes pasado se registró una huelga de hambre y una revuelta en este centro debido a las condiciones inhumanas en que viven como la ingesta de comidas en mal estado y la limitación de agua potable para sus necesidades básicas.
“Se pusieron en huelga, no estaban comiendo, algunos hicieron una revuelta la semana pasada y el director ordenó que les quitaran las colchonetas; huele horrible donde ellos se acuestan pero los dejaron sin colchonetas durmiendo en el piso”, narra la abogada.
“La comida nos la dan echada a perder, las instalaciones están muy sucias; cómo vamos a limpiar si el agua nos la ponen de 5 a 7 de la mañana, el que alcanzó a bañarse y hacer sus necesidades lo hace a esa hora porque todo el día estamos sin agua hasta las 7 de la noche”, narra uno de los migrantes que logró vender su comida para hablar con su representante.
La desesperación ha llevado a algunos a solicitar la intervención de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que está limitada debido a que Migración no le informa sobre la cantidad de personas que se acogen a esta solicitud.
“Ellos dicen ‘si Migración no me pasa la lista de las personas no puedo ir a buscarlos’ y muchísima gente pasa demasiado tiempo y es un trauma psicológico que lo que terminan haciendo es firmar una deportación voluntaria”.
Los abogados ven esto como una estrategia de tortura psicológica para lograr que los migrantes desistan y no apelen la resolución del Instituto Nacional de Migración y opten por regresar a sus países de manera voluntaria.
Uno de los casos más graves documentado es el de una persona gay que pidió ser aislado del resto de los hombres por temor a sufrir agresiones y aunque en este caso su súplica fue escuchada, ha pasado más de un mes sin que su estatus migratorio se resuelva.
Ya hay quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Las vejaciones no son desconocidas para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que ha recibido en las últimas dos semanas más quejas que los migrantes interponen a través de sus abogados, cuando pueden pagarlo.
“Los demás compañeros ya presentaron sus quejas de parte de abogados, defensores, personas altruistas, son muchísimas quejas las que se han presentado”, dice una defensora.
El abogado de al menos 14 migrantes cubanos, Librado Heriberto Trujillo González, aseguró qué hay una persecución contra extranjeros, a quienes además de ser detenidos no se les están dando las mínimas garantías como la alimentación y la salud.
“Se les dan colchones llenos de liendres para que se acuesten ahí, muchas veces no hay agua ni siquiera para bañarse, para sus necesidades; el comedor lo tienen cerca del baño y es un hedor que es insoportable”.
A esto se suma que los abogados se quejan porque no les permiten comunicarse con sus defendidos, y deben pasar hasta seis horas bajo el sol en espera de ser atendidos.
“Si dan las 3 o las 6 de la tarde, dependiendo del antojo de las autoridades, ya no se puede entregar y las horas que perdimos esperando ser atendidos se fueron al caño”.
Cabe destacar que a finales de julio, el Instituto de la Defensoría Pública advirtió que el hacinamiento en el Centro de Migración en Acayucan es tal que se cuadriplicó su capacidad en los últimos días.
El asesor jurídico Carlos Ulises López Balbuena indicó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Refugiados reportó 2 mil 400 personas en ese sitio que tiene capacidad para apenas 736; ahora se calculan cerca de 3 mil.
“Ya rebasó a la autoridad esta crisis, la última vez que fui había más de 2 mil 400 o sea hay un rebase absurdo en ese sentido (…) desgraciadamente lo está sufriendo el extranjero, lo está padeciendo en ese hacinamiento donde se está hablando por parte de salud de 70 casos de viruela, ya es una situación muy precaria en cuestión de salud”, dijo.
Apenas en el mes de junio personal de Migración detuvo a cerca de 800 migrantes escondidos en cuatro tráileres con doble fondo en la autopista La Tinaja-Acayucan, quienes fueron trasladados a Acayucan y los conductores fueron arrestados.
En el poblado mexiquense de Salazar, un grupo de políticos y empresarios, de entre los que destacan los apellidos Slim, Azcárraga Romandía, Bartlett Álvarez y Elías Ayub, empezó a construir fincas de lujo en tierras adquiridas ilegalmente. Los propietarios originales se están defendiendo de la invasión. Aquí la historia.
Las Patronas, como son conocidas mujeres que apoyan con comida y agua a migrantes centroamericanos, han declarado que seguirán solidarizándose.
Las Patronas comenzaron a existir desde 1995 como un grupo de mujeres que comparten tortas, arroz y botellas de agua a migrantes que pasan montados en “La Bestia” como se conoce al tren que cruza buena parte de México y que es usado por miles en su paso por el país.
Al escuchar el silbido del tren que viene del sur, el cual no tiene un horario determinado, Las Patronas corren a alcanzarlo, en un extraordinario acto de solidaridad de los de abajo, acompañado de la actitud de los maquinistas, muchos de los cuales disminuyen la velocidad para facilitar el apoyo a los migrantes.
Así, desde hace 24 años, sin recibir un solo peso a cambio, Las Patronas intentan que sea menos duro el paso de miles de personas que huyen del hambre y la violencia que reina en Centroamérica, producto de la política de expoliación capitalista impuesta por Estados Unidos en la región. Sin embargo, nunca había visto una situación como la actual: “Trump está loco”, aseveran.
En pequeños albergues ubicados cerca de las vías del tren en Veracruz, algunas decenas de mujeres preparan diariamente comida para lanzar a las familias migrantes que viajan a bordo de “La Bestia”. Las Patronas han desarrollado una gran habilidad de escuchar el tren cuando aún se encuentra a algunos kilómetros, para correr y alcanzar a lanzar alimentos.
“Si ellos no se cansan de migrar, nosotras no tenemos derecho a descansar”, declararon recientemente Las Patronas a la agencia de noticias EFE. “Nos dicen que si estamos locas, que si cometemos un delito. Pues si alimentar a los migrantes de mi bolsillo es un delito, soy culpable”, señalaron.
Según relataron, antes pasaban migrantes centroamericanos, principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, pero ahora el flujo es “mucho más diverso” puesto que se han sumado haitianos, cubanos y venezolanos, entre otros.
Las Patronas no solo apoyan con comida y bebida a los migrantes, también son voluntarias en los albergues donde llegan migrantes heridos por intentar subir a “La Bestia” y se encargan de labores médicas y de salud.
No obstante, sectores de pobladores de la zona, conocida por ser una comunidad conservadora de Veracruz ven con recelo la llegada de migrantes y la labor de Las Patronas, a quienes intentan desprestigiar.
La política xenófoba de Donald Trump y la subordinación del gobierno de López Obrador a sus designios, han empeorado aún más las condiciones en las que miles de personas tienen que migrar para escapar de la miseria, en este contexto la solidaridad de Las Patronas es un ejemplo de cómo los trabajadores y el pueblo puede apoyarse para hacer frente a las políticas racistas.
En el Foro Karuzo, durante una asamblea pública, se acordó generar acciones contra el Proyecto Ixtaca, mismas que arrancan hoy con una rodada y una caminata del zócalo hacia la Semarnat a las 14 horas ? Foto Kara Castillo
Kara Castillo / La Jornada de Oriente
Almaden Minerals, la empresa minera que busca extraer oro y plata en Ixtacamaxtitlán, ha realizado cientos de trabajos exploratorios a espaldas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Aunque autoridades ambientales autorizaron solo 291 barrenos, la empresa reportó a sus inversionistas canadienses haber realizado un total de 423 perforaciones entre 2011 y 2016, investigaciones recientes hallaron la existencia de barrenos que no constan ni en informes preliminares reportados en México ni en informes a Canadá.
A menos de un mes para que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) decida si valida la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la Minera Gorrión SA de CV y legaliza la instalación de la mina a cielo abierto en Ixtacamaxtitlán, ciudadanos e integrantes de organizaciones emprenden este lunes una campaña de denuncia contra la filial de Almaden Minerals por violar normas ambientales e incurrido en falsedad de declaraciones al gobierno mexicano para lograr el permiso para explotar la zona.
En el Foro Karuzo durante una asamblea pública encabezada por integrantes de La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolnua y el colectivo de Acción Directa Autogestiva Colectivo (ADA) se acordó generar acciones contra el Proyecto Ixtaca, mismas que arrancan hoy con una rodada y una caminata del zócalo hacia la Semarnat a las 14 horas.
Para visibilizar las violaciones de la empresa minera, artistas plásticos, estudiantes, académicos, amas de casa, trabajadores iniciarán hoy estrategias de denuncia, entre ellas una campaña gráfica que demande a la Semarnat que no apruebe la MIA de las filiales de Almaden Minerals y a la Secretaría de Economía que declare a Ixtacamaxtitlán como Territorio Liberado y libre de Explotación Minera.
Una mina cimentada en informes falsos
La empresa extranjera que más concesiones tiene en el estado de Puebla –con 28 títulos que abarcan 234 mil 991 hectáreas, equivalente a 6.9 por ciento del territorio estatal–, ha violado sistemáticamente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) desde el inicio de su actividad de exploración en Puebla.
Así lo denunciaron en 2016 las organizaciones Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), organización que junto con el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Centro de Estudios para el Desarrllo Rural Promoción y Desarrollo Social (Cesder–Prodes) y La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolnua al documentar en la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) que Almaden Minerals, además de múltiples violaciones a garantías y derechos humanos, reportó a sus inversionistas canadienses haber realizado 184 más barrenos de los autorizados por la Semarnat en las cuatro fases de exploración existentes hasta la fecha de su último informe técnico con data del 22 de enero de 2016.
Del 2017 a la fecha, Mayeli Sánchez, representante del colectivo Acción Directa Autogestiva (ADA) y exintegrante de PODER, siguió con las investigaciones que ha ampliado en visitas a campo con cámaras equipadas con sistemas de posicionamiento global (GPS) para documentar las perforaciones.
El estudio retoma los informes reportados por la Minera Gavilán S.A de CV: Tuligtic II presentado en 2010; Ixtaca en 2011; Ixtaca II 2013; Ixtaca III en 2014 –del cual se desistió la empresa. Y de los informes de Minera Gorrión SA de CV como Ixtaca III Bis presentado en 2014; Ixtaca IV presentado en 2016 –denegado–; Ixtaca IV presentado en 2017, y el documento NI 43–101 Technical Report, presentado a inversionistas canadienses, y confirmó la existencia en el territorio de los informes falsos.
Mayeli Sánchez confirmó en campo la existencia de los cientos barrenos entre los reportados para Canadá según el NI 43–101 Technical Report y los de los informes preventivos entregados a México en Tuligtic II e Ixtaca I, II, III bis y IV.
Aseguró que en el recorrido en campo se encontraron evidencias de decenas barrenos reportados en el NI 43–101 Technical Report que no están reportados en ningún Informe Preventivo en México.
Y reveló el hallazgo de barrenos que no estaban reportados ni en los Informes Preventivos ni en el NI 43–101, por lo que el número real de perforaciones simplemente se desconoce y constituye un misterio en la zona.
En entrevista para este medio narró que al menos una decena de barrenos no reportados en en México ni en Canadá fueron hallados en la sólo en la zona límite del predio concesionado, guardias blancas que resguardan la zona han impedido la documentación completa.
Otra irregularidad detectada en la investigación de Sánchez es que la Minera Almaden Minerals en 2010 había presentado preventivo 21PU2017MD019 en el que reporta la existencia de siete proyectos de barrenación y se cita dos proyecto Tuligtic y Tuligtic II; sin embargo, en una petición de información pública a la SEmarnat con el folio 0001600113317 la secretaría entregó la información de Tuligtic II, pero declaró la inexistencia de cualquier documento relacionado con el informe preventivo de “Tuligtic” o “Tuligtic I”.
“Hay todo un expediente del proyecto de exploración “perdido”. Desde 2010 se han llevado a cabo actividades exploratorias pero no todas se informan, hemos confirmado que hay ocultamiento pues se realizan sin informes preventivos, están dejando la zona como un queso gruyere del que nadie tiene dimensión exacta, solo ellos ”, dijo la codirectora de ADA, quien lamentó que la Semarnat ni siquiera tuviera una cartografía de las cicatrices de las tareas de exploración, pese a que no es costoso ni es un proceso elaborado o técnicamente muy difícil. “Al contrario es muy fácil hacer estas corroboraciones pero la Semarnat se ha mostrado omisa”, acusó.
Almaden minerals hizo perforaciones con más de 500 metros más de lo permitido por Semarnat.
En la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) sobre el informe presentado sobre el proyecto minero Zona Ixtaca, concesionado a la empresa Almaden Minerals apunta que después de revisar las coordenadas de los sitios de barrenación de las tres primeras etapas de exploración reportadas ante Semarnat y las que se encuentran en el Reporte Técnico de Octubre de 2014, se observó una cantidad superior a la permitida.
Según los Reportes Técnicos las fechas de actividades de perforación de la etapa preliminar en la zona principal de Ixtaca (Main Ixtaca Zone) fueron a partir de julio de 2010 y la segunda etapa de perforaciones, realizada en la zona norte de lxtaca (Ixtaca North Zone) que se pudieron identificar violaciones de la empresa a las automaciones otorgadas por Semarnat.
En los informes preventivos lxtaca, Ixtaca II e lxtaca III, Semarnat autorizó realizar 75, 180 y 18 barrenos respectivamente a una profundidad de 200 a 550 metros en lxtaca y de 50 a 150 metros en lxtaca III.
Según el reporte técnico que presentó la empresa a sus inversionistas entre 2010 y 2014 la empresa ha realizado barrenos a una profundidad que varía entre los 60 y los 701 metros. “Esta información demuestra claramente que la empresa he realizado más barrenos de los que fueron autorizados y una profundidad mayor a lo que podría haber causado impactos en el acuífero”, aduce el informe.
Aunque las organizaciones denunciaron a la Semarnat estos hallazgos y la conminaron a realizar gestiones necesarias para corroborar estas acciones y determinar si ha habido violaciones a la normatividad ambiental y en dado caso aplicar las sanciones correspondientes, estas revisiones no se llevaron a cabo.
La secretaría adujo que carecía de facultades para emprender la tarea y dejó claro que la responsabilidad de informar con veracidad recaía directamente sobre la empresa promovente de la mina, es decir, la empresa minera Almaden Minerals.
Semarnat, omisa ante irregularidades de empresas mineras hasta el último minuto
En la reunión informativa que llevada a cabo hace unos días en el Foro Karuso, Alejandro Marreros Lobato, representante de los Comités de Oposición al proyecto de una empresa minera canadiense en Ixtacamaxtitlán, narró que la reunión informativa “Proyecto de Explotación y Beneficio de Minerales Ixtaca” (realizada el pasado martes 25 de junio en el auditorio de la comunidad de Santa María Zotoltepec) que debió cumplir con su carácter de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (que la empresa ingresó el pasado mes de febrero), tuvo más bien un carácter de confrontación en un esquema de mitin político, pues la empresa llevó camiones de acarreados uniformados que aplaudieron a empresarios. “Fue una propaganda humana”, denunció.
Marreros Lobato señaló que la Semarnat validó esa reunión que estuvo plagada de irregularidades; y aún así estableció que a partir de esa fecha se iniciaba el conteo de 30 días hábiles para el fallo final sobre la instalación de la mina en el Ixtacamaxtitlán. Defensores insisten que esta mina afectarán a las más de 250 mil personas que habitan la subcuenca del río Apulco, que también pertenece a la cuenca del río Tecolutla, clasificada por la Conabio como una Región Hidrológica Prioritaria.
Exigen devolución inmediata de impuestos indebidamente aplicados
Rosario Bareño / El Occidental
Se manifestaron trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Jalisco exigiendo devolución inmediata de impuestos indebidamente aplicados y un alto a la retención de las cuotas sindicales que les pertenecen a los trabajadores.
El secretario General del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Sección Jalisco del INAH, Roberto Peralta morales, explicó que esta protesta es parte del Plan de Acción Nacional del Comité Ejecutivo Sectorial que cerró oficinas en las oficinas centrales en calle Hamburgo y que todos los trabajadores del INAH en el país están apoyando.
Sobre todo en la exigencia de la devolución inmediata de un cobro de impuesto indebidamente aplicado en 2018; retención de cuotas sindicales y respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores.
En las redes sociales ahora circulan las imágenes de un lobo marino muerto que la corriente arrastró hasta la orilla de la playa en San Carlos, hecho que la población indignada asoció con los 3 mil litros de ácido sulfúrico que Grupo México derramó en el Mar de Cortés.
En los días posteriores al 9 de julio, fecha en la que se registró el derrame en la terminal marítima de la Administración Portuaria Integral de Guaymas (Apiguay), empezaron los primeros reportes de especies marinas muertas.
Al inicio, fueron las imágenes de decenas de peces muertos en la zona del derrame, luego, este sábado 12 de julio, fueron videos y fotografías de una tortuga golfina que apareció muerta en la playa de San Francisco, en San Carlos, Nuevo Guaymas.
Al amanecer de este domingo, se notificó en redes sociales del hallazgo del cuerpo hinchado de un lobo marino, encontrado en la misma playa, con solo unas horas de diferencia.
Al amanecer de este domingo, se notificó en redes sociales del hallazgo del cuerpo hinchado de un lobo marino, encontrado en la misma playa, con solo unas horas de diferencia.
David Rodríguez, representante de Rescate Animal, organización civil hermosillense, alertó en sus redes sociales sobre la situación y exigió a las autoridades la recuperación de los cuerpos para que se les practique la necropsia de ley que determine sus causas de muerte.
“Usuarios de Guaymas nos mandaron esas imágenes de la lamentable situación que se está viviendo en las playas de San Francisco”, dijo Rodríguez, “estuvimos dialogando con ellos para saber si esto ocurría al menos una o dos veces al año, pero dicen que no, que es muy raro lo que está sucediendo”.
Por ello, llamó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) e incluso a Protección Civil a que tomen acciones inmediatas sobre los hechos.
“Queremos saber qué pasó y, en caso de que resulte positivo que estos animales murieron a consecuencia del derrame, procederemos a la formal denuncia”, advirtió.
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- “Por la dignidad de nuestro pueblo y la defensa de su territorio”, habitantes de San Dionisio Ocotepec bloquearon hoy la carretera panamericana 190 y mantienen retenidas a 16 personas hasta que se presente el empresario Edy Monterrosa Méndez, quien construyó en terrenos de esa comunidad zapoteca sin su autorización.
El conflicto estalló el pasado 7 de julio cuando la asamblea comunitaria que se rige por el sistemas normativo interno o de usos y costumbres determinó retener a 16 trabajadores del empresario Edy Monterrosa y recuperar el terreno invadido a la comunidad, razón por la que la Fiscalía General de Oaxaca inició investigaciones respecto al caso.
En tanto que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una “Alerta Temprana” a diversas autoridades del estado de Oaxaca, para que atiendan la problemática y se salvaguarde la vida e integridad física de los retenidos.
Sin embargo, el conflicto se extendió a tal grado que la asamblea determinó bloquear la carretera federal en plena temporada vacacional y en vísperas de las fiestas de la Guelaguetza para exigir la firma de un acuerdo de “paz y seguridad” a fin de que se genere la armonía en la comunidad.
De igual forma, exige “respeto a nuestras tierras comunales que de manera ilegal habían sido invadidas por Edy Monterrosa Méndez, así como el respeto a la libertad de decisión sobre nuestras tierras”.
Asimismo, pidieron que “Edy Monterrosa Méndez o cualquier otra persona ajena a la comunidad, se comprometan a nunca volver a invadir y menos a perjudicar las tierras comunales de San Dionisio Ocotepec, conforme lo establece el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Además, solicitaron que Edy Monterrosa Méndez se presente en la comunidad y realice una disculpa pública donde también se comprometa a realizar la reparación de los daños ocasionados en la fracción de terreno que en su momento invadieron de manera ilegal.
Finalmente, los habitantes de la comunidad responsabilizaron a Edy Monterrosa Méndez de cualquier agresión o represalia contra los comuneros quienes tienen terrenos en los límites con la zona que fue recuperada o contra cualquier habitante de la comunidad de San Dionisio Ocotepec.
Explicaron que Edy Monterrosa Méndez, desde hace años de manera ilegal ha invadido las tierras comunales de San Dionisio Ocotepec, y ha puesto personas armadas cuidando el terrero invadido, mismas que han amenazado e intimidando a los campesinos.
En diversas ocasiones la propia comunidad solicitó al empresario que presentara documento que acredita su permiso de estancia en el terreno o bien que de manera inmediata desalojara esas tierras, notificación que se le hizo también a través de su apoderado legal el C. Everardo Mateo Escobar.
Sin embargo siempre actuó de manera omisa y dolosa, aunque también tenían conocimiento la Fiscalía General del Estado, Procuraduría Agraria y el gobernador, pero “todos actuaron de manera omisa, sin el menor interés de dar solución al asunto”.
Es por ello que el pueblo acudió al lugar para ver el daño ocasionado y al mismo tiempo recuperar las tierras consistente en 325 metros cuadrados, donde ya existían construcciones de concreto, cocina, comedor, baños, y sótanos. además de una torre que servía presuntamente como punto de vigilancia, además de una antena de telecomunicaciones.
“Grande fue la sorpresa que cuando los ciudadanos llegaron al lugar, nos encontramos con gente armada vestida de soldados y pasamontañas, quienes nunca se identificaron. Además de localizar armas, cartuchos y hasta un dron”.
“Ante tales hechos la comunidad de San Dionisio Ocotepec, en uso de su derecho legítimo y determinación de la Asamblea, realizó la recuperación de sus tierras comunales invadidas por Edy Monterrosa Méndez y a las personas que se encontraban en el lugar, se les invitó de la mejor manera a que se trasladaran a la comunidad para llegar a acuerdos que no violentaran los derechos de ninguna de las partes en conflicto”.
En respuesta, la Fiscalía General de Oaxaca, investiga los hechos suscitados a partir del 7 de julio del presente año, en el municipio de San Dionisio Ocotepec, en la región de los Valles Centrales, donde se tiene conocimiento que existe un grupo de personas retenidas por pobladores de esta comunidad.
El pasado 7 de julio de 2019, la Fiscalía inició investigaciones en contra de quien o quienes resulten responsables por la retención ilegal de un grupo de 16 personas, 1 mujer y 15 hombres, todos mayores de edad, que se produjo en el momento en que se encontraban dentro de un predio con una edificación que se construyó invadiendo terrenos de San Dionisio Ocotepec.
Los masculinos retenidos fueron identificados como E.V.M., B.L.A., R.S.V., A.L.G., I.H.D., F.J.L.L., J.C.N.M., A.J.R.C., C.D.A., R.S.V., A.L.G., F.J.L.L., V.H.C.R., C.A.P.R., L.E.M.J. y F.M.J., mientras que la mujer privada de su libertad fue identificada como M.C.M.
El conflicto se originó por el conflicto sobre la posesión de un terreno entre algunas autoridades de San Dionisio Ocotepec y un particular, a quien le exigen se presente y se comprometa a no volver a invadir su territorio.
A su vez, la Defensoría emitió una Alerta Temprana donde exhortó a los integrantes del Ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec, para que cumplan con su obligación de garantizar la integridad, libertad y vida de las personas detenidas.
Además llamó a la asamblea general para que en ejercicio de sistemas normativos internos busquen mecanismos pacíficos basados en el diálogo y la concertación para solucionar el conflicto, pues esto permitirá garantizar la protección de los derechos humanos de los pobladores y de las personas retenidas.agen
El organismo defensor informó que inició el 8 de julio el expediente de queja DDHPO/1395/(24)/OAX/2019 al tener conocimiento que integrantes de la Asamblea Comunitaria de San Dionisio Ocotepec retuvieron a personas, quienes se encontraban trabajando en un predio de esa comunidad, el 7 de julio pasado.
Chihuahua.- Los tandeos iniciaron en colonias que habían tenido hasta por 20 años servicio de agua potable continuo la mayoría del día, como lo es el caso de la colonia Lealtad II, donde desde hace alrededor de dos meses les han dejado el servicio por sólo algunas horas, a pesar de que en la colonia hay una instalación de almacenaje de agua potable.
“Hace dos meses que empezaron a cortar el agua, llega por las mañanas, a las ocho se acaba y ya estuvo. Con la pila esa que está en el cerro pues nunca se acababa, pero vinieron a limpiarla y ya después empezó a faltar”, comentó uno de los vecinos. Añadieron que la mayoría de los vecinos no cuenta con un tinaco o depósito particular de agua, debido a que no habían tenido dicha problemática.
“Pues ahora vamos a tener que hacer el gasto porque nos mal acostumbraron, es que como aquí nunca había faltado, pues no era necesario”, detalló.
Otra de las denuncias que realizaron los inconformes es que hasta el momento no saben los horarios en los que llega el agua, debido a que en ocasiones hay en la mañana y otras en la tarde.
“No sabemos cuando va a llegar, si supiera uno que día va a venir en la tarde y cuando en la mañana pues sería más fácil”, comentó.
Según información de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, alrededor del 75 porciento de la ciudad recibe tandeos de agua, alrededor de 50 colonias reciben el servicio en pipas, ya que no cuentan con red de agua potable.
No obstante, según consta en archivos periodísticos, los tandeos son una maniobra que realiza la JMAS con el fin de que el servicio llegue a todas las colonias.
A pesar de que Veracruz y el Estado de México buscan reforzar sus estrategias para combatir la violencia de género contra las mujeres y niñas, son las entidades con mayores registros de feminicidios infantiles.
A pesar de que Veracruz y el Estado de México buscan reforzar sus estrategias para combatir la violencia de género contra las mujeres y niñas, son las entidades con mayores registros de feminicidios infantiles.
Desde hace cinco años, el Estado de México cuenta con una declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, sin embargo, es de los estados con mayor número de feminicidios a nivel nacional desde el 2015.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y mayo de este año 50 menores de 17 años han sido víctimas de feminicidio, y es el Estado de México la que tiene la cifra de víctimas más alta.
La declaratoria de alerta de género señala que “se deberán elaborar protocolos de actuación y reacción policial en materia de violencia de género y personas desaparecidas”, y hace mención general a los casos de delitos vinculados a la violencia de género y se focaliza, en particular, en la investigación de los feminicidios.
Desde el 2015, el Estado de México se convirtió en la primera entidad con declaratoria de Alerta de Violencia de Género dictándole 18 medidas y 50 acciones enmarcadas en tres ejes: seguridad, prevención y justicia, con el objetivo de buscar garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
En el marco del próximo 31 de julio del 2019, fecha en la que se cumplirán cuatro años de la emisión de la alerta, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) publicó un informe en el que analiza la funcionalidad del mecanismo.
Establece que el principal problema es la negativa de las autoridades de abordar la violencia feminicida como una problemática sistémica, reduciéndola a situaciones aisladas, así como la ausencia de coordinación y corresponsabilidad de las instancias involucradas para atender la violencia feminicida.
Por otra parte, indica la necesidad de definir estrategias específicas contra la trata y desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en el territorio mexiquense.
Mientras que desde junio del 2018 la asociación civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC solicitó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres declarar una segunda alerta de género en la entidad por desapariciones de mujeres y niñas.
Esta alerta comprende siete municipios del estado: Toluca de Lerdo, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco; hasta el momento la declaratoria de alerta continúa en proceso.
Por otra parte, Veracruz es el estado con mayor número de feminicidios en los primero cinco meses del año, al contabilizar 76 casos (21% de estos delitos a nivel nacional), y se posiciona como la segunda entidad con mayor incidencia de feminicidios de niñas y adolescentes entre cero y 17 años de edad. Hasta mayo pasado, se han contabilizado 389 víctimas de feminicidios en todo el país.
La entidad cuenta con dos alertas de género, la primera por violencia feminicida y la segunda por agravio comparado.
El pasado 15 de mayo el OCNF y organizaciones de la sociedad civil solicitaron una tercera declaratoria para la entidad, en esta ocasión por desapariciones y señalaron que, tan sólo entre enero y febrero del año en curso, se contabilizaron 47 desapariciones de mujeres.
Los solicitantes sostuvieron que, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del estado, a la fecha hay 750 mujeres desaparecidas en la entidad, en su mayoría mujeres menores de 17 años de edad.
En ese sentido, solicitaron que se fundamenten los alcances y consecuencias de la determinación de la solicitud de declaratoria para garantizar la atención urgente de desaparición de niñas y mujeres.
Finalmente, el mapa de la activista María Salguero, que se encuentra actualizado hasta el mes de julio, registró 755 feminicidios en el país, de los cuales 65 fueron de mujeres menores de 17 años, siendo la edad de cero a 12 la que comprende mayor número de víctimas.
Según Salguero, en los primeros siete mese del año se han cometido 39 feminicidios de niñas menores de 12 años y 26 de adolescentes entre 13 y 17 años de edad.
El sargazo que se acumula en las playas del Caribe mexicano es un problema grave y es resultado en gran medida de la agroindustria y la deforestación en regiones como la Amazonia o África. Sus peores consecuencias no son la merma al turismo mexicano, sino la afectación de ecosistemas del Océano Atlántico. La solución, resumen especialistas, no es local, sino regional y planetaria
Por Lydiette Carrión/Pie de Página
Foto: Cecilia Suárez / Archivo
En México, la discusión sobre el sargazo en las playas del Caribe se centra en las afectaciones al sector turístico: las playas de arena blanca y mar celeste se tornan en mareas cafés y costas pestilentes. Pero éste no es un problema únicamente hotelero o económico: las consecuencias más importantes son las ambientales que implican la contaminación de playas, la destrucción de arrecifes, la muerte de fauna y flora marina de zonas enteras del mar.
Su valor ambiental no tiene traducción en moneda alguna. Por eso, lo que ocurre en el Caribe “es muy grave y requiere atención urgente”, concluye la doctora en Ciencias del Mar, Lorena Durán.
La mecánica del problema
Martín Merino Ibarra es investigador titular “C” del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. En entrevista telefónica resume con sencillez la mecánica que permite que se pase del mar celeste a la marea café.
“Por irnos a la biología básica: las microalgas son productos primarios, es decir, fijan la luz [fotosíntesis] y dan de comer al resto del ecosistema”.
Para que proliferen, se requiere básicamente dos cosas: luz y agua, ambos abundantes en el mar. “Lo único que limita la proliferación de algas son los nutrientes disponibles en el agua”, y de éstos los principales son el nitrógeno y el fósforo.
En la capa superficial de los océanos tropicales, el nitrógeno y el fósforo se encuentran de manera limitada. Pero, en todo el planeta, los seres humanos, “con nuestro consumo exacerbado, estamos añadiendo nutrientes y haciendo a los ecosistemas acuáticos más productivos”, explica Merino.
La palabra “productivo”, en este contexto, significa lo siguiente: exceso de nitrógeno y fósforo.
Aguas fertilizadas
Enormes regiones de bosques y selvas son desmontados para plantar monocultivos –por ejemplo, la palma africana, en México; la soja, en Sudamérica, por nombrar unos– y éstos son fertilizados intensiva e indiscriminadamente con nitrógeno y fósforo.
Aquí viene otro elemento clave: la deforestación. Originalmente, los bosques y tierras previas retenían los nutrientes. Los árboles mantienen una capa nutritiva arraigada en la tierra. Pero la agricultura intensiva y los monocultivos en general no constituyen un sistema saludable. Y éstos no sólo representan pérdida de biodiversidad y servicios ambientales en tierra. En estos terrenos erosionados o devastados, los nutrientes de la tierra son “lavados” con cada lluvia y llegan, primero a los ríos y luego al mar.
El otro factor que llena de nutrientes el mar son los desagües. Las aguas negras, llenas de materia fecal y orgánica (pocas veces tratadas) se vierten a los ríos y llegan al mar, donde las bacterias descomponen la materia orgánica liberando fósforo y nitrógeno.
Con todos esos nutrientes, las algas no tienen limitante para crecer. A este aumento significativo de nutrientes, en el lenguaje científico se le llama eutroficación.
Veneno y asfixia
En ambientes muy productivos, como puede ser la selva, donde hay muchos nutrientes y muchas especies compitiendo por espacio, las plantas se sienten atacadas entre sí, y algunas de ellas, para defenderse, despiden toxinas.
Lo mismo ocurre en el mar y los lagos, cuando las algas crecen de forma indiscriminada. Algunas algas producen toxinas como elementos de defensa, explica Merino. Estas toxinas se pueden acumular en la cadena trófica, generando mortalidad de peces y causando afectaciones también a los humanos que consumen el agua y dichos organismos.
Mientras tanto, la cobertura total de la superficie por las algas puede impedir que la luz del sol llegue al fondo del mar, y como consecuencia se hace imposible la fotosíntesis en pastos marinos y arrecifes, y éstos mueren. Al limitarse la producción de oxígeno disponible en el agua, también puede ocurrir que peces y otros organismos que requieren oxígeno también mueran.
Pero ésta no es la última fase del problema. Una vez que el mar está saturado de algas, éstas también comienzan a morir y a descomponerse. Y las bacterias que se alimentan de sus restos agotan aún más el oxígeno en el agua.
Sin oxígeno en el agua no pueden vivir peces, ni arrecifes, ni algas, ni ningún organismo pluricelular. En otras palabras, el proceso de eutrofización puede ser devastador al excluir la vida más compleja en el sistema en el que ocurre.
—¿Entonces se podría decir que el sargazo es ocasionado por la agroindustria y la contaminación?— Es una pregunta para el investigador Martín Merino.
—Esa es la raíz del problema.
Zonas muertas
Estos procesos de eutroficación son más evidentes en cuerpos de agua pequeños. En el mar, por su tamaño, no es tan evidente. Pero ya hay algunas zonas muertas debido a la actividad humana. Una de ellas, por ejemplo, está en la desemboca el Río Mississippi, en el estado de Louisiana, en Estados Unidos. Al arrastrar los nutrientes de la agroindustria de prácticamente medio país, la descarga de este río genera una de las zonas muertas más grandes del mundo.
Otro punto rojo en el mapa de las zonas muertas en los mares es la descarga del Río Amazonas y del Orinoco. Ambos, cargados de nitrógeno y fósforo producto de la deforestación, los monocultivos. En el caso del aumento del sargazo en el océano Atlántico, se atribuye un papel importante a estos ríos.
Caribe en peligro
En 2017, Brigitta Van Tussenbroek, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, publicó junto con otros colegas la investigación: “Impactos severos de las mareas cafés ocasionadas por Sargazo en las comunidades de pastos marinos cerca de la orilla” (Severe impacts of brown tides caused by Sargassum spp. on near-shore Caribbean seagrass communities).
En el artículo, se detalla que desde mediados de 2014 hasta el final de 2015, el Caribe mexicano experimentó un mayor influjo de sargazo que se acumuló en las orillas, lo que devino en material putrefacto en las playas, y mareas cafés en la cercanía. Cuando las algas se pudren en el mar, disminuye sustancialmente el oxígeno en el mar, así como la luz que se filtra y cambia el ph del agua. Además aumentan las cantidades de nitrógeno y de fósforo.
De acuerdo al estudio, este cambio de las condiciones ocasionó que los pastos marinos en las aguas someras del Caribe mexicano, que originalmente eran dominados por una variedad conocida como “hierba de tortuga” (Thalassia testudinum), fueran reemplazados por algas limosas o calcáreas. Con ello se perdió entre el 61 y el 99.5 por ciento de la biomasa de pastos marinos en las áreas investigadas.
La hierba de tortuga alimenta tortugas, peces y otras especies. Realiza fotosíntesis y carga de oxígeno el mar. Con la muerte de los pastizales, concluye el estudio, los arrecifes de coral cercanos murieron total o parcialmente. “La recuperación de los pastos marinos puede llevar años o décadas”; o los cambios pueden ser permanentes si la llegada masiva de sargazo prevalece, apunta.
Problema planetario, solución planetaria
En la prensa mexicana, y en las discusiones gubernamentales, el tema del sargazo se ha discutido únicamente como un atentado contra el turismo. Y la postura –que fue duramente criticada– del presidente Manuel López Obrador fue la de que no era un problema grave.
Las propuestas giran en torno a retirar el alga que llega a las playas y aguas litorales, e incluso aprovechar económicamente esta materia para producir energía, productos cosméticos y otras cosas más. Si bien es verdad que esto puede paliar el problema, no lo resuelve.
“El sargazo no es solamente un problema local, sino de toda la cuenca del Atlántico. La solución debe ser planetaria”, explica Martín Merino. El investigador propone “hacer un sistema mundial de control de descargas. Necesitamos administrar colectivamente cuánto nitrógeno y fósforo se puede arreojar al océano”.
Referencias
Para este reportaje, se contó con la ayuda de los siguientes investigadores, quienes proporcionaron no sólo entrevistas, sino material científico.
Martín Merino (Investigador titular “C”. Instituto de Ciencias del MAr y Limnología, UNAM)
Emiliano Monroy Ríos (Bioquímico, investigador en cenotes)
Lorena Durán (Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, Puerto Morelos)
Sabuesos Guerreras solicitan apoyo para sus búsquedas
Mario Núñez Lozada / El Debate
Culiacán.- La lucha y esperanza para encontrar a sus hijos o familiares desaparecidos une cada día más fuerte al grupo de Sabuesos Guerreras.
El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas inició ayer el Sabuesotón, a un lado de catedral, por la avenida Álvaro Obregón, con el fin de recabar apoyos para el grupo de rastreadoras, que realizan constantemente búsquedas en distintos lugares.
Invitación
Las activistas hicieron la invitación a la ciudadanía en general para que se unan y no esperen a que pase algo grave en sus familias, para que aporten su granito de arena, que es para el bien de todos.
María Isabel Cruz Bernal, líder de Sabuesos Guerreras, dijo que al ser madres rastreadoras no reciben ningún peso por parte del gobierno, por lo que ponen todo su esfuerzo y empeño, trabajando cada una por su cuenta propia.
Necesidades
Asimismo, pidieron la solidaridad de las personas para que las apoyen con lo que puedan, ya sea económicamente o con algunos víveres como agua, sombreros, guantes, cubrebocas, repelentes, bloqueador solar o todo lo que las personas deseen. “Si una silla no les sirve, una silla para nosotros en el campo es oro puro, una mesa, una carpa”.
Es mucho el esfuerzo y el trabajo pesado que realizan en las labores de búsqueda, por lo que las activistas mencionan que necesitan del apoyo de los demás. También recordaron que hacen el trabajo que les corresponde a las autoridades, y que al crearse la Comisión Estatal de Búsqueda, ellas fueron excluidas; sin embargo, no se van a rendir, ya que lo hacen por amor y por sus hijos, expresó. “No nos importa un cheque que estén dando, nosotros lo que queremos es encontrarlos”, afirmó.
Las recaudaciones seguirán para el día de hoy domingo con el mismo horario del día de ayer, de las 08:00 hasta las 18:00 horas.
Por último, la activista María Isabel recalcó a todas las personas que ya tienen o no un familiar desaparecido que no esperen a pasar por esa situación para ponerse en sus zapatos, ya que es un dolor que no se le desea a nadie.
“Yo creo que este dolor es como ir matando a una familia poco a poco, de que se vaya desintegrando todo, por ello no deben esperar a tener un familiar desaparecido para que se solidaricen”, finalizó.
El Ayuntamiento de Culiacán ha hecho la donación de un terreno que se ubica cerca del aeropuerto, mientras que la federación la construirá
Estefania López Corral / El Debate
Culiacán, Sinaloa.- En las inmediaciones del aeropuerto internacional de Culiacán se construirá una unidad habitacional para los elementos de la Guardia Nacional, informó el alcalde Jesús Estrada Ferreiro.
Especificó que el terreno donde tendrá lugar el complejo ya fue donado por el Ayuntamiento, en cumplimiento con todas las disposiciones de escrituración para la donación.
Obra
Aclaró que el Gobierno federal será el que lleve a cabo la construcción de la base, haciendo uso de recursos de la Guardia Nacional o bien de la propia Secretaría de Seguridad Pública y que el Ayuntamiento de Culiacán no tendrá alguna intervención de índole económica en el proyecto.
“En la federación se harán cargo de la construcción, nosotros solo dimos el predio a la Guardia Nacional y de más ya no hemos sabido”, mencionó.
El presidente municipal expresó que desconoce si la Guardia Nacional sigue haciendo presencia en la capital sinaloense, pues desde que se anunció su llegada ya no se ha sabido de ella.
“Ya donamos el terreno, con todo y escrituras, ya nada más haremos eso, la GN se encargará de construir”, detalló.
Además, comentó que de los 2 mil que se prevía que arribarían a El Sauz, no conoce la cifra de cuántos más podrían estar laborando en Culiacán.
Recursos: A Culiacán sí le llegan las participaciones federales
En contraste a la situación económica que atraviesa el Gobierno estatal por una reducción de recursos federales, el presidente municipal de Culiacán precisó que las participaciones federales sí están llegando al municipio.
Activistas y opositores a la construcción de la mini hidroeléctrica en el río Los Horcones, han expuesto una serie de fotografías en las que se puede apreciar el impacto a ecosistema que, de momento, las obras han generado, hasta su último día de actividades el pasado martes cuando fueron suspendidas tras ser clausuradas por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental.
Según se muestra en las fotografías, la roca sobre la afluente del río, que usualmente es de tamaños gigantes y con bordes redondeados por el paso de la erosión, apariencia que caracteriza a este río, ha sido literalmente molida en fragmentos pequeños y cortantes, a través del uso de explosivos y maquinaria pesada.
Pobladores y activistas llegaron a la zona, ahora clausurada, para evaluar los efectos de la construcción y comprobaron que las excavaciones y el despeje del terreno, que incluyó la tala de algunos árboles, pero sobre todo la remoción de tierra y rocas, ya estaban en una etapa muy avanzada. En las fotografías se aprecia como aún hay agujeros para la colocación de explosivos en otras rocas y señalética que indica su utilización.
Fue el pasado martes 9 de julio cuando un grupo de al menos 100 activistas se manifestaron bloqueando la carretera federal 200, exigiendo el cese inmediato de las obras para el levantamiento de una mini presa hidroeléctrica sobre el río Los Horcones, a cuya empresa responsable, Hidroeléctrica de Occidente, acusaron de no revelar los detalles del proyecto.
Ante la presión de los ciudadanos manifestados, el gobierno de Cabo Corrientes llamó al inspector de la PROFEPA, quien fue escoltado por los inconformes hacia las obras y acto seguido, clausuró oficialmente el proyecto. El bloqueo podría ser temporal ya que según lo han dado a conocer personajes implicados en el activismo contra la presa, como el regidor vallartense la firma posee permisos federales y actuaría legalmente para proseguir con sus planes.
Viviana Garrido, Mariela Vanessa y Pamela Gallardo, desaparecidas en diferentes hechos en CdMx. Foto: Especial, SinEmbargo
Sugeyry Gándara/ SIN EMBARGO
La reciente desaparición y asesinato de Daniela Ramírez Ortiz, de 18 años, colocó en el ojo público las desapariciones de jóvenes mujeres en la Ciudad de México. Pamela Gallardo, Mariela Vanessa y Viviana Garrido, son casos que también han trascendido por las condiciones o circunstancias en que desaparecieron y porque sus familiares han mantenido vigente sus búsquedas y sus exigencias de localización. Pero de las tres chicas aún no se sabe nada.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) reconoce en su portal de Datos Abiertos al menos 15 feminicidios registrados en la Alcaldía de Tlalpan desde 2016 a mayo de 2019: 5 registrados en el año 2016, 5 en 2017, 4 en 2018 y 1 en lo que va de 2019. Además, la Ciudad de México es la que, en número absolutos, concentra el mayor número de denuncias del delito de trata de mujeres entre el año 2017 a mayo de 2019. El año 2017, reportó un total de 92 denuncias de víctimas; 2018, 136 víctimas y de enero a mayo de 2019 la capital acumula un total de 49 casos.
Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- Pamela Gallardo Volante, 23 años, Mariela Vanessa Díaz Valverde, 21 años, y Viviana Garrido Ibarra, 32 años, son tres jóvenes mujeres que desaparecieron en la capital del país, en distintos hechos, y hasta la fecha sus familias siguen en un laberinto lleno de incertidumbre, pues aún no tienen un rastro de ellas y denunciaron también escasos avances en las indagatorias.
La reciente desaparición y asesinato de Daniela Ramírez Ortiz, de 18 años, después de abordar un taxi en Xochimilco y alertar por mensajes de WhatsApp que era secuestrada, colocó de nuevo en el ojo público las desapariciones de mujeres en la Ciudad de México.
Los casos de Pamela, Mariela Vanessa y Viviana, también han trascendido por las condiciones o circunstancias en las que desaparecieron y porque sus familiares han mantenido vigente sus búsquedas, sus exigencias de localización, así como las denuncias de la revictimización que han sufrido. Sin embargo, las historias de estas chicas son sólo una parte de las cientos de mujeres desaparecidas que hay en la capital del país y de las miles que permanecen ausentes en el país.
De las más de 40 mil personas desaparecidas que se tiene registro en México, al menos 9 mil 327 son mujeres, de acuerdo a las cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) actualizadas hasta abril del año pasado. Se estima que en la Ciudad de México hay al menos 342 mujeres desaparecidas.
PAMELA GALLARDO
Guadalupe Pamela Gallardo Volante lleva un año con ocho meses desaparecida. La joven de 23 años de edad fue vista por última vez el 4 de noviembre de 2018 en un festival de música electrónica Soultech, al que asistió con su novio en el kilómetro 13.5 de la autopista Ajusco-Picacho, en la Alcaldía de Tlalpan. Desde entonces, no se ha vuelto a saber más de la joven.
Hasta ahora, la familia no tiene ningún rastro de la chica, y las investigaciones no parecen avanzar, comentó a SinEmbargo Esteban Gallardo Volante, hermano de Pamela.
“La verdad seguimos en la misma situación. Ya han mandado a citar a unas personas, porque ya habían encontrado el teléfono de mi hermana, y pues no, al final no dio para ningún dirección”, señaló.
El familiar dijo que la investigación no ha mantenido un ritmo regular debido al constante cambio o rotación de servidores públicos dentro de la Procuraduría General de Justicia capitalina. Ejemplificó que hace apenas un mes despidieron al secretario del anterior Fiscal de desapariciones, y que será el próximo lunes cuando la familia de Pamela conocerá al nuevo fiscal que llevará el caso.
“Hoy ya llegamos al tercer Fiscal y es básicamente volver a contar la historia, a establecer otras líneas de investigaciones, y ver que tipo de trabajo quiere hacer, si quiere aportar algo. El próximo lunes a penas nos van a presentar con él”, dijo.
Pamela Gallardo Volante tiene 23 años de edad. Es dinámica y alegre. Trabajaba como mesera mientras se tomaba un tiempo en lo que decidía si estudiaba leyes o criminología. Foto: Especial
ALERTA POR LA SEGUNDA OSAMENTA EN PARRES
Daniela Ramírez –la más reciente joven desaparecida por la zona del Ajusco y sus alrededores– cumplía 51 días de desaparecida cuando las autoridades capitalinas “intensificaron” su búsqueda y montaron un operativo en la zona de Parres Guardia, el último lugar donde arrojó su señal de celular y donde la joven alertaba que era llevada por un taxista.
La diligencia se realizó luego de que el caso de Daniela –que llevaba dos meses en presunta investigación – se viralizó en redes sociales después de un reportaje de SinEmbargo, publicado el 6 de julio, donde se mostraron las capturas de pantalla de los últimos mensajes y llamada de auxilio de la joven.
El 9 de julio, la Procuraduría General de Justicia informó que elementos de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas peinaron la zona. En el operativo en Parres se encontraron dos osamentas, unos brakets, así como algunas prendas de vestir. Personal policíaco filtró a reporteros de nota roja que una parte de los restos humanos al parecer pertenecían a Daniela Ramírez, incluso antes de informar oficialmente a la familia de la joven.
Posteriormente, un hombre cercano a la familia, aseguró a medios de comunicación que los restos pertenecían a la chica, pues presuntamente se había reconocido las ropas y los brakets.
Sobre la segunda osamenta poco se ha dado a conocer al respecto, sin embargo, en algunos medios se comenzó a especular y a relacionar a Pamela Gallardo con el caso, debido a que desapareció por la zona.
Esteban Gallardo, hermano de Pamela, comentó a SinEmbargo que al enterarse de la localización de los restos en Parres, la familia de Pamela solicitó a la Procuraduría capitalina una confronta del ADN.
“Sí hay alerta porque es una situación que debe atenderse porque al final son dos osamentas las que hallaron […]. Nosotros cuando nos enteramos de eso, cuando yo me enteré de la noticia, de inmediato le pedimos a nuestro MP la solicitud de la confronta de ADN”, dijo.
No obstante el joven denunció que las autoridades nuevamente no muestran celeridad y prioridad al caso, pues al parecer quieren realizar el examen hasta septiembre.
“Dijeron que apenas van mandar las solicitudes para ver si se hace la confronta, cuando es un tema de urgencia”, expresó el familiar.
La segunda osamenta hallada no tenía prendas, según tiene conocimiento Esteban. “No sabemos en qué situación se encuentra la otra y en que grado de descomposición pueda estar, si está muy deteriorado, si requiera más trabajo, pero ahí el tema es muy claro: al estar en esa zona, al estar en la zona de Tlalpan, ahí las confrontas de ADN urgen”, reiteró el joven.
La familia de Pamela, desde los primeros meses de la desaparición, entregó a la Procuraduría capitalina un diente de ella –que tenían en su casa–, para obtener su ADN.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) reconoce en su portal de Datos Abiertos al menos 15 feminicidios registrados en la Alcaldía de Tlalpan desde 2016 a mayo de 2019: 5 registrados en el año 2016, 5 en 2017, 4 en 2018 y 1 en lo que va de 2019.
La mayoría de los feminicidios en Tlalpan –al menos 11– se registraron en diversos puntos de la zona que rodean las carreteras Picacho–Ajusco, Picacho Valle Valdivia, carretera México–Ajusco y la Autopista Sur Cuernavaca
Los puntos verdes son los lugares en los que se han reportado feminicidios en Tlalpan. Foto: Especial obtenida de mapa de datos de la PGJ-CdMx
En cuanto a homicidios dolosos, la Procuraduría capitalina reporta que en el municipio de Tlalpan se han cometido al menos 260 asesinatos, desde 2016 a mayo de 2019 . La mayoría de los asesinatos se concentran en la zona San Miguel Topilejo (33 casos); San Andrés Totolpec (19 casos) y Santo Tomás Ajusco (17 casos) y San Miguel Ajusto (11 casos).
LA DESAPARICIÓN DE PAMELA
El 4 de noviembre de 2017, Pamela concluyó temprano su jornada laboral en el restaurante Javier, ubicado en la delegación Gustavo Madero. Luego regresó a casa para alistarse y salió alrededor las 17:30 horas junto con su novio Jesús hacía el evento de música electrónica.
Como no era la primera vez que Pamela acudía a este tipo de eventos, la familia no la esperó ese mismo día, pues desde hace tres años, la joven asistía a festivales que duraban al menos 24 horas y retornaba al día siguiente, entre las cinco y siete de la tarde.
Un día después, María del Carmen Volante –madre de Pamela– trató de comunicarse con ella, pero su celular estaba apagado. Llamaron al novio, enviaron mensajes y cerca de las seis de la tarde, Jesús respondió a uno de los WhatsApp enviados e informó que ya estaban por retornar. Cayó la noche y Pamela no regresó a casa.
La mamá insistió con el novio por la madrugada, fue entonces que él le informó que habían peleado y no sabía dónde estaba ella.
El lunes 6 de noviembre, Esteban Gallardo –hermano de Pamela– acudió a interponer la denuncia en la Delegación Tlalpan y en la Gustavo A. Madero, sin embargo en el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) le indicaron que debía de esperar 36 horas.
El novio declaró ante el Ministerio Público, el 11 de noviembre de 2017, que discutió con Pamela entre las 2 y 3 de la tarde del domingo. Que después ella se formó en la fila para tomar uno de los camiones que ofrecía el evento, que él se movió para ir a buscar una silla y a partir de entonces le perdió el rastro.
La familia de Pamela no confía en la declaración del joven, quien indicó que el mensaje que le envió a la madre de Pamela fue alrededor de las tres de la tarde pero que por la red llegó cerca de las seis de la tarde, según expresó Esteban.
El hermano de la joven reiteró que desde el inicio y hasta la fecha, las diligencias y acciones de las autoridades son muy tardías. Ejemplificó que el teléfono de Pamela fue localizado desde hace ya varios meses, y aún así, las autoridades no se movilizaron de inmediato para buscar indicios a raíz de su teléfono.
“Cuando ya se había localizado el IMEI del teléfono de mi hermana, se tardaron siete meses en realizar algunas acciones, cuando el primer Fiscal y el anterior Subprocurador ya habían sugerido que localizar su celular era una situación crucial y contundente para accionar por esa linea de investigación”, reprochó el joven.
MARIELA VANESSA
Mariela Vanessa Díaz Valverde, alumna de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acumula un año y casi dos meses desaparecida y hasta el momento, tampoco hay rastros de su paradero.
La joven, descrita por su familiares como una chica introvertida, tímida y “muy reservada”, desapareció la mañana del 27 de abril de 2018 cuando salió de su casa, ubicada en al colonia Fuego Nuevo en la Alcaldía Iztapalapa. Su hermana menor, que estaba en cama, escuchó cuando la joven se marchó alrededor de las ocho de la mañana. Desde entonces es como si se la hubiera tragado la tierra.
Los últimos datos de geolocalización indicaban que Mariela Vanessa estuvo en uno de los accesos al Cerro de la Estrella, dice su familia. En ese lugar se realizaron algunas búsquedas pero los binomios caninos de la Policía capitalina no encontraron ningún rastro.
Las autoridades instalaron una mesa de trabajo que daría avances de manera mensual, platica Gabriela Díaz –hermana de la joven–, pero desde en meses anteriores –a raíz del cambio de Gobierno en la capital del país– no se han realizado las reuniones de manera periódica.
“Hace poco tuvimos una reunión, pero no hay lineas de investigación, nosotros estamos pidiendo también la búsqueda de su equipo celular, pero todavía tampoco hay avances en eso”, expresó Gabriela Díaz.
Gabriela coincide con Estaban que las rotaciones o modificaciones constantes de servidores públicos retrasan los casos, lo que genera un desanimo y desgaste a los familiares de las víctimas.
“Nosotros, yo particularmente, estoy desanimada, a veces crees que las autoridades te van a ayudar, pero la verdad es que no pasa nada, y eso me hace sentir muy decepcionada”, dijo.
Finalmente, Gabriela espera que con la instalación de la nueva Comisión local de Búsqueda de Personas, esto venga a dar un nuevo aire y se refleje en apoyo a la búsqueda de personas desaparecidas.
“Sí hay una esperanza que lo que no hicieron en la Fiscalía, sí lo hagan en la Comisión”, añadió.
Mariela Vanessa Díaz, estudiante de segundo semestre de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de México, es una chica introvertida, tímida y “muy reservada”, a quien le gusta escribir. Foto: Especial
VIVIANA GARRIDO
Viviana Garrido Ibarra desapareció la tarde del pasado 30 de noviembre en la Ciudad de México, durante el trayecto del trabajo a su casa. La joven madre e ingeniera bioquímica fue vista por última vez cuando bajó de un microbús en la Calzada de Tlalpan para tomar el Metro en la estación Ermita; sin embargo, jamás llegó a su hogar.
Viviana es egresada de la carrera de Ingeniería Bioquímica Industrial de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en Iztapalapa y llevaba dos años trabajando en un laboratorio.
El día de su desaparición era viernes, ella salió de su empleo ubicado en Santa Úrsula Copa a las cinco de la tarde y tomó una ruta de microbús junto con una compañera.
Al llegar a las cercanías del Metro Ermita, Viviana bajó del camión mientras su la colega siguió en el camión. Eso es lo último que se base de ella.
En los primeros meses de la desaparición de Viviana, sus familiares denunciaron que la Procuraduría capitalina minimizó el caso al no relacionar su desaparición con la probable comisión de algún delito, es decir, que no ha considerado otras líneas de investigación que no sean solo la ausencia de la mujer.
Los allegados de Viviana descartaron tajantemente la posibilidad que se fue por su voluntad, como se los han aludido las autoridades. Juana Garrido, hermana de la joven, ha dicho que la ingeniero es una mujer trabajadora dedicada a su empleo, a su hija menor de edad, e incluso con su comunidad.
A más de ocho meses de la desaparición, los avances son escasos y la familia sigue sin indicios del paradero de Viviana.
“Realmente no tenemos avances significativos”, expresó Juana, la hermana de la víctima.
Viviana vestía con pantalón de mezclilla azul marino, chamarra con gorro color negro, tenis negros con suela blanca y llevaba una mochila negra. No obstante, la joven no portaba dinero, tarjetas bancarias, ni identificaciones al momento de su desaparición porque se le quedó su cartera en su trabajo. Foto: Especial
PREOCUPA OLA DE DE DESAPARICIONES
La ola de desaparición de mujeres en México no es nueva y la preocupación que ha generado no se limita sólo a familiares de las víctimas, la comunidad y colectivos de búsqueda.
Organismos internacionales han mostrado inquietud por el fenómeno desde hace tiempo, tal es el caso del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que en su último informe de observaciones al Estado mexicano manifestó el pasado 24 de julio 2018 su profunda preocupación por “la alta incidencia de desapariciones forzadas que afectan a las mujeres, ya sean víctimas directas, cuando son ellas las desaparecidas, o indirectas”.
Al respecto, también destacó su preocupación que hay por la “conexión entre el aumento de los números de desapariciones de mujeres, en particular muchachas, en todo el país y el fenómeno de la trata de personas.”
“Al Comité le preocupa que las víctimas de la trata de personas sean sometidas no solo a la explotación sexual y laboral, sino también que se les obligue a servir, entre otras cosas, como contrabandistas y esclavos sexuales. El Comité reitera su preocupación por la falta de uniformidad en la tipificación como delito de la trata a nivel estatal, y observa con preocupación que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. También le preocupa que el Estado parte no tenga un sistema en vigor para registrar los datos desglosados sobre la incidencia de la trata de personas y no haya abordado el problema de las operaciones internas de trata de personas”, agregó.
El organismo internacional alertó por “las barreras persistentes que siguen impidiendo la aplicación efectiva del mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres a nivel federal, estatal y municipal; y los escasos datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer desglosados por tipo de violencia y relación entre el autor y la víctima”.
Cabe señalar que la Ciudad de México es la que, en número absolutos, concentra el mayor número de denuncias del delito de trata de mujeres entre el año 2017 a mayo de 2019. El año 2017, reportó un total de 92 denuncias de víctimas; 2018, 136 víctimas y de enero a mayo de 2019 la capital acumula un total de 49 casos.
Entre las víctimas rescatadas, algunos permanecieron privadas de su libertad desde durante tres meses, mientras que otros llevaban hasta dos años y medio en el lugar. Foto: Fiscalía General del Estado de Chihuahua
Las víctimas relataron a las autoridades que eran despertados desde las seis de la mañana para ir a trabajar en los cultivos y en la noche los metían a una cueva, en donde eran vigilados por sujetos armados que se encargaban de golpearlos y amenazarlos si intentaban fugarse.
Redacción/ Sin embargo
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- La Fiscalía General del estado de Chihuahua rescató a 21 hombres que permanecían cautivos en una cueva en el municipio de Ocampo, los cuales fueron atraídos con engaños y secuestrados por presuntos miembros del crimen organizado para obligarlos a trabajar en la siembra y cosecha de amapola y mariguana.
En un comunicado, la dependencia detalló que entre las víctimas rescatadas, algunos permanecieron privadas de su libertad desde durante tres meses, mientras que otros llevaban hasta dos años y medio en el lugar.
Las víctimas relataron a las autoridades que eran despertados desde las seis de la mañana para ir a trabajar en los cultivos y en la noche los metían a una cueva, en donde eran vigilados por sujetos armados que se encargaban de golpearlos y amenazarlos si intentaban fugarse.
En el operativo para rescatar a estas 21 personas participaron más de 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigación, los cuales iniciaron el operativo desde el pasado martes. Foto: Fiscalía General del Estado de Chihuahua
Según información de la dependencia, las personas aseguradas eran originarios de distintas partes de la República Mexicana y fueron atraídos hasta zonas de difícil acceso en el estado de Chihuahua para preparar predios para la siembra de amapola y marihuana.
Dos de las víctimas rescatadas contaban con reporte de desaparición en la localidad de Cuauhtémoc y dos más en la ciudad de Chihuahua, regiones en las que los cautivos fueron enganchados bajo la promesa de trabajo en la colocación de cercos con un pago de 350 pesos diarios.
En el operativo para rescatar a estas 21 personas participaron más de 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigación, los cuales iniciaron el operativo desde el pasado martes, trasladándose hasta el lugar conocido como “La Gallina” de la sección de Yoquivo, municipio de Ocampo.
Durante esta acción también fue asegurada una camioneta marca Chevrolet modelo 2005, la cual era utilizada para llevar víveres, así como también un radio de comunicación con el que los cuidadores mantenían comunicación con otros sujetos.
La Fiscalía detalló que entre las víctimas rescatadas, algunos permanecieron privadas de su libertad desde durante tres meses, mientras que otros llevaban hasta dos años y medio en el lugar. Foto: Foto: Fiscalía General del Estado de Chihuahua
Finalmente, la Fiscalía General del Estado informó que lleva a cabo las indagatorias por el delito de trata de personas y se dará vista al Ministerio Público Federal por lo que se refiere a Delincuencia Organizada y Narcotráfico.
Migrantes en un punto de control. Foto: AP / Salvador Gonzalez
Lourdes Cárdenas/ PROCESO
La advertencia de Donald Trump sobre el inicio de operativos para detener “a miles” migrantes para sacarlos de Estados Unidos provocó miedo entre estas comunidades. Sin embargo, también movilizó a las organizaciones defensoras de migrantes, y las autoridades de las ciudades santuario aclararon que no colaborarán con la autoridad migratoria en esas medidas. Por ello se prevé que la resistencia a las deportaciones sea muy fuerte, sobre todo en California.
SAN FRANCISCO, California (Proceso).- Lo más preciado para Blanca Marroquín, una joven guatemalteca, son sus dos hijos de cinco y siete años. La sola idea de ser separada de ellos la aterroriza.
“Mi mayor miedo es que me quiten a mis hijos –dice en referencia a la posibilidad de ser arrestada y deportada por agentes de inmigración este domingo 14–, pero he aprendido a no tener miedo y sé que tengo derechos como inmigrante”.
Marroquín salió de Quetzaltenango, Guatemala, en enero pasado y permaneció cinco días en un centro de detención para migrantes en California, junto a su madre y sus dos hijos. En febrero fue liberada y pudo trasladarse a San Francisco, donde espera ser llamada a la corte para iniciar su proceso de asilo. Tiene un grillete en el tobillo y sus datos están registrados en el servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En teoría, Marroquín podría ser uno de los muchos objetivos de las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump para deportar a miles de inmigrantes en varias ciudades de Estados Unidos. Esos operativos están programados para iniciar este domingo 14, reportó The New York Times, que citó a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.
Según el periódico, las detenciones serán realizadas por agentes de ICE durante varios días y pueden incluir deportaciones “colaterales”, es decir, de personas que estaban junto al objetivo de la deportación. La medida tendrá lugar sobre todo en Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleáns, Nueva York y San Francisco.
“El objetivo son familias que recibieron orden de deportación en los últimos 10 meses”, dice Sarah Pierce, analista del Migration Policy Institute. Explica que la administración puso los casos de esas familias en expedientes de resolución acelerada y la mayoría de ellos terminaron en órdenes de deportación, no en la corte. Añade que posiblemente la mayor parte de esos expedientes corresponden a familias provenientes de Centroamérica.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2228, ya en circulación)
Ante el temor que han externado los ciudadanos, el alcalde les asegura que la minera no ha solicitado el cambio de uso de suelo, es decir, no comenzarán a extraer mineral en un futuro cercano
Roberto López / Periódico Correo, 08 de julio de 2019
Dolores Hidalgo.- El Cerro del Gallo se localiza dentro de la propiedad San Antón de las Minas, abarca un área de 20 mil 270 hectáreas y consta de 13 concesiones mineral contiguas, con vetas de oro y plata de alta ley.
Para el delegado de Santa Bárbara, José Márquez Camacho, la explotación de la mina dañaría no sólo a la comunidad, sino a toda la región y los municipios vecinos, “porque se envenenaría el agua de la cuenca, que es la que va hasta San Miguel y luego a Comonfort”.
Aclaró que la empresa no ha empezado a trabajar, pero que entre los habitantes de las comunidades está la duda de cómo les va a afectar la explotación del Cerro del Gallo. Recordó que desde hace tres años han estado barrenando para sacar muestras del cerro.
Incluso organizaciones ecológicas, como el Centro de Desarrollo Agropecuario, ya han intervenido y presionado para que la compañía canadiense no explote la zona ante la posibilidad de un daño ecológico irreversible.
Sin permiso de uso de suelo
El alcalde Miguel Ángel Rayas reveló que ya se reunió con personas de varias comunidades sobre el tema de la mina en el Cerro del Gallo.
“Ellos están preocupados porque nos decían que estaban temerosos de que empezaran a detonar, pero yo les comentaba que, a la fecha, en desarrollo urbano no ha asistido ningún representante de la mina a pedir un cambio de uso de suelo”.
Reconoció que ve la preocupación de los pobladores, “y nosotros a quien tenemos que proteger y estar, es con los ciudadanos”.
Dijo que la empresa está en su derecho de pedir información y acercarse, “pero en el Ayuntamiento todos estamos comprometidos y muy interesados a que todo se lleve bajo la tesitura de los reglamentos y la ley”.
Esto informa la minera
“Es el tipo de proyecto que históricamente hemos operado bastante bien y se sitúa justo dentro del nivel de habilidades de nuestro equipo. Los recursos y reservas conocidos de mineral solo representan una porción muy pequeña de la tenencia minera controlada a través de varios objetivos de exploración en San Antón”, asegura Bob Rose, vicepresidente de Servicios Técnicos de Argonaut Gold en el portal de internet de la empresa.
En la página de la minera también se informa que Argonaut Gold adquirió el proyecto Cerro del Gallo en noviembre de 2017, por 15 millones de dólares y en mayo de 2012, los expropietarios del proyecto efectuaron un estudio de factibilidad que reveló que la zona puede producir 95 mil onzas de oro, a un costo en efectivo estimado de 700 dólares por onza (una ganancia de alrededor de 66.5 millones de dólares, o mil 330 millones de pesos).
Colgaron una lona para exigirle al Gobierno Federal que liquide conforme a derecho por su despido injustificado
Los trabajadores de la subdelegación de Profeco colocaron una lona afuera de sus oficinas, ubicadas en el Centro Histórico de Manzanillo, para exigir al Gobierno Federal que se les liquide conforme a derecho tras su despido.
El jueves por la mañana, el delegado estatal Manuel Álvarez Cos acudió a las instalaciones de la dependencia pero no les informó a los trabajadores qué ocurrirá con sus empleos o liquidaciones, pues argumentó que no sabe nada al respecto.
Debido a lo anterior, los empleados mantienen su postura y reiteraron que tampoco la representante del Gobierno Federal, Indira Vizcaíno, se ha acercado para darles información, pues argumentan que es ella quien “palomea” la lista de despidos.
En una lona que cuelga del segundo piso del edificio donde venía operando esta dependencia, los trabajadores exigen que se les liquide conforme a derecho por su despido injustificado.
Viviana Garrido, Mariela Vanessa y Pamela Gallardo, desaparecidas en diferentes hechos en CdMx. Foto: Especial, SinEmbargo
Sugeyry Gándara/SinEmbargo
La reciente desaparición y asesinato de Daniela Ramírez Ortiz, de 18 años, colocó en el ojo público las desapariciones de jóvenes mujeres en la Ciudad de México. Pamela Gallardo, Mariela Vanessa y Viviana Garrido, son casos que también han trascendido por las condiciones o circunstancias en que desaparecieron y porque sus familiares han mantenido vigente sus búsquedas y sus exigencias de localización. Pero de las tres chicas aún no se sabe nada.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) reconoce en su portal de Datos Abiertos al menos 15 feminicidios registrados en la Alcaldía de Tlalpan desde 2016 a mayo de 2019: 5 registrados en el año 2016, 5 en 2017, 4 en 2018 y 1 en lo que va de 2019. Además, la Ciudad de México es la que, en número absolutos, concentra el mayor número de denuncias del delito de trata de mujeres entre el año 2017 a mayo de 2019. El año 2017, reportó un total de 92 denuncias de víctimas; 2018, 136 víctimas y de enero a mayo de 2019 la capital acumula un total de 49 casos.
Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- Pamela Gallardo Volante, 23 años, Mariela Vanessa Díaz Valverde, 21 años, y Viviana Garrido Ibarra, 32 años, son tres jóvenes mujeres que desaparecieron en la capital del país, en distintos hechos, y hasta la fecha sus familias siguen en un laberinto lleno de incertidumbre, pues aún no tienen un rastro de ellas y denunciaron también escasos avances en las indagatorias.
La reciente desaparición y asesinato de Daniela Ramírez Ortiz, de 18 años, después de abordar un taxi en Xochimilco y alertar por mensajes de WhatsApp que era secuestrada, colocó de nuevo en el ojo público las desapariciones de mujeres en la Ciudad de México.
Los casos de Pamela, Mariela Vanessa y Viviana, también han trascendido por las condiciones o circunstancias en las que desaparecieron y porque sus familiares han mantenido vigente sus búsquedas, sus exigencias de localización, así como las denuncias de la revictimización que han sufrido. Sin embargo, las historias de estas chicas son sólo una parte de las cientos de mujeres desaparecidas que hay en la capital del país y de las miles que permanecen ausentes en el país.
De las más de 40 mil personas desaparecidas que se tiene registro en México, al menos 9 mil 327 son mujeres, de acuerdo a las cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) actualizadas hasta abril del año pasado. Se estima que en la Ciudad de México hay al menos 342 mujeres desaparecidas.
PAMELA GALLARDO
Guadalupe Pamela Gallardo Volante lleva un año con ocho meses desaparecida. La joven de 23 años de edad fue vista por última vez el 4 de noviembre de 2018 en un festival de música electrónica Soultech, al que asistió con su novio en el kilómetro 13.5 de la autopista Ajusco-Picacho, en la Alcaldía de Tlalpan. Desde entonces, no se ha vuelto a saber más de la joven.
Hasta ahora, la familia no tiene ningún rastro de la chica, y las investigaciones no parecen avanzar, comentó a SinEmbargo Esteban Gallardo Volante, hermano de Pamela.
“La verdad seguimos en la misma situación. Ya han mandado a citar a unas personas, porque ya habían encontrado el teléfono de mi hermana, y pues no, al final no dio para ningún dirección”, señaló.
El familiar dijo que la investigación no ha mantenido un ritmo regular debido al constante cambio o rotación de servidores públicos dentro de la Procuraduría General de Justicia capitalina. Ejemplificó que hace apenas un mes despidieron al secretario del anterior Fiscal de desapariciones, y que será el próximo lunes cuando la familia de Pamela conocerá al nuevo fiscal que llevará el caso.
“Hoy ya llegamos al tercer Fiscal y es básicamente volver a contar la historia, a establecer otras líneas de investigaciones, y ver que tipo de trabajo quiere hacer, si quiere aportar algo. El próximo lunes a penas nos van a presentar con él”, dijo.
Pamela Gallardo Volante tiene 23 años de edad. Es dinámica y alegre. Trabajaba como mesera mientras se tomaba un tiempo en lo que decidía si estudiaba leyes o criminología. Foto: Especial
ALERTA POR LA SEGUNDA OSAMENTA EN PARRES
Daniela Ramírez –la más reciente joven desaparecida por la zona del Ajusco y sus alrededores– cumplía 51 días de desaparecida cuando las autoridades capitalinas “intensificaron” su búsqueda y montaron un operativo en la zona de Parres Guardia, el último lugar donde arrojó su señal de celular y donde la joven alertaba que era llevada por un taxista.
La diligencia se realizó luego de que el caso de Daniela –que llevaba dos meses en presunta investigación – se viralizó en redes sociales después de un reportaje de SinEmbargo, publicado el 6 de julio, donde se mostraron las capturas de pantalla de los últimos mensajes y llamada de auxilio de la joven.
El 9 de julio, la Procuraduría General de Justicia informó que elementos de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas peinaron la zona. En el operativo en Parres se encontraron dos osamentas, unos brakets, así como algunas prendas de vestir. Personal policíaco filtró a reporteros de nota roja que una parte de los restos humanos al parecer pertenecían a Daniela Ramírez, incluso antes de informar oficialmente a la familia de la joven.
Posteriormente, un hombre cercano a la familia, aseguró a medios de comunicación que los restos pertenecían a la chica, pues presuntamente se había reconocido las ropas y los brakets.
Sobre la segunda osamenta poco se ha dado a conocer al respecto, sin embargo, en algunos medios se comenzó a especular y a relacionar a Pamela Gallardo con el caso, debido a que desapareció por la zona.
Esteban Gallardo, hermano de Pamela, comentó a SinEmbargo que al enterarse de la localización de los restos en Parres, la familia de Pamela solicitó a la Procuraduría capitalina una confronta del ADN.
“Sí hay alerta porque es una situación que debe atenderse porque al final son dos osamentas las que hallaron […]. Nosotros cuando nos enteramos de eso, cuando yo me enteré de la noticia, de inmediato le pedimos a nuestro MP la solicitud de la confronta de ADN”, dijo.
No obstante el joven denunció que las autoridades nuevamente no muestran celeridad y prioridad al caso, pues al parecer quieren realizar el examen hasta septiembre.
“Dijeron que apenas van mandar las solicitudes para ver si se hace la confronta, cuando es un tema de urgencia”, expresó el familiar.
La segunda osamenta hallada no tenía prendas, según tiene conocimiento Esteban. “No sabemos en qué situación se encuentra la otra y en que grado de descomposición pueda estar, si está muy deteriorado, si requiera más trabajo, pero ahí el tema es muy claro: al estar en esa zona, al estar en la zona de Tlalpan, ahí las confrontas de ADN urgen”, reiteró el joven.
La familia de Pamela, desde los primeros meses de la desaparición, entregó a la Procuraduría capitalina un diente de ella –que tenían en su casa–, para obtener su ADN.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) reconoce en su portal de Datos Abiertos al menos 15 feminicidios registrados en la Alcaldía de Tlalpan desde 2016 a mayo de 2019: 5 registrados en el año 2016, 5 en 2017, 4 en 2018 y 1 en lo que va de 2019.
La mayoría de los feminicidios en Tlalpan –al menos 11– se registraron en diversos puntos de la zona que rodean las carreteras Picacho–Ajusco, Picacho Valle Valdivia, carretera México–Ajusco y la Autopista Sur Cuernavaca.
Los puntos verdes son los lugares en los que se han reportado feminicidios en Tlalpan. Foto: Especial obtenida de mapa de datos de la PGJ-CdMx
En cuanto a homicidios dolosos, la Procuraduría capitalina reporta que en el municipio de Tlalpan se han cometido al menos 260 asesinatos, desde 2016 a mayo de 2019 . La mayoría de los asesinatos se concentran en la zona San Miguel Topilejo (33 casos); San Andrés Totolpec (19 casos) y Santo Tomás Ajusco (17 casos) y San Miguel Ajusto (11 casos).
LA DESAPARICIÓN DE PAMELA
El 4 de noviembre de 2017, Pamela concluyó temprano su jornada laboral en el restaurante Javier, ubicado en la delegación Gustavo Madero. Luego regresó a casa para alistarse y salió alrededor las 17:30 horas junto con su novio Jesús hacía el evento de música electrónica.
Como no era la primera vez que Pamela acudía a este tipo de eventos, la familia no la esperó ese mismo día, pues desde hace tres años, la joven asistía a festivales que duraban al menos 24 horas y retornaba al día siguiente, entre las cinco y siete de la tarde.
Un día después, María del Carmen Volante –madre de Pamela– trató de comunicarse con ella, pero su celular estaba apagado. Llamaron al novio, enviaron mensajes y cerca de las seis de la tarde, Jesús respondió a uno de los WhatsApp enviados e informó que ya estaban por retornar. Cayó la noche y Pamela no regresó a casa.
La mamá insistió con el novio por la madrugada, fue entonces que él le informó que habían peleado y no sabía dónde estaba ella.
El lunes 6 de noviembre, Esteban Gallardo –hermano de Pamela– acudió a interponer la denuncia en la Delegación Tlalpan y en la Gustavo A. Madero, sin embargo en el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) le indicaron que debía de esperar 36 horas.
El novio declaró ante el Ministerio Público, el 11 de noviembre de 2017, que discutió con Pamela entre las 2 y 3 de la tarde del domingo. Que después ella se formó en la fila para tomar uno de los camiones que ofrecía el evento, que él se movió para ir a buscar una silla y a partir de entonces le perdió el rastro.
La familia de Pamela no confía en la declaración del joven, quien indicó que el mensaje que le envió a la madre de Pamela fue alrededor de las tres de la tarde pero que por la red llegó cerca de las seis de la tarde, según expresó Esteban.
El hermano de la joven reiteró que desde el inicio y hasta la fecha, las diligencias y acciones de las autoridades son muy tardías. Ejemplificó que el teléfono de Pamela fue localizado desde hace ya varios meses, y aún así, las autoridades no se movilizaron de inmediato para buscar indicios a raíz de su teléfono.
“Cuando ya se había localizado el IMEI del teléfono de mi hermana, se tardaron siete meses en realizar algunas acciones, cuando el primer Fiscal y el anterior Subprocurador ya habían sugerido que localizar su celular era una situación crucial y contundente para accionar por esa linea de investigación”, reprochó el joven.
MARIELA VANESSA
Mariela Vanessa Díaz Valverde, alumna de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acumula un año y casi dos meses desaparecida y hasta el momento, tampoco hay rastros de su paradero.
La joven, descrita por su familiares como una chica introvertida, tímida y “muy reservada”, desapareció la mañana del 27 de abril de 2018 cuando salió de su casa, ubicada en al colonia Fuego Nuevo en la Alcaldía Iztapalapa. Su hermana menor, que estaba en cama, escuchó cuando la joven se marchó alrededor de las ocho de la mañana. Desde entonces es como si se la hubiera tragado la tierra.
Los últimos datos de geolocalización indicaban que Mariela Vanessa estuvo en uno de los accesos al Cerro de la Estrella, dice su familia. En ese lugar se realizaron algunas búsquedas pero los binomios caninos de la Policía capitalina no encontraron ningún rastro.
Las autoridades instalaron una mesa de trabajo que daría avances de manera mensual, platica Gabriela Díaz –hermana de la joven–, pero desde en meses anteriores –a raíz del cambio de Gobierno en la capital del país– no se han realizado las reuniones de manera periódica.
“Hace poco tuvimos una reunión, pero no hay lineas de investigación, nosotros estamos pidiendo también la búsqueda de su equipo celular, pero todavía tampoco hay avances en eso”, expresó Gabriela Díaz.
Gabriela coincide con Estaban que las rotaciones o modificaciones constantes de servidores públicos retrasan los casos, lo que genera un desanimo y desgaste a los familiares de las víctimas.
“Nosotros, yo particularmente, estoy desanimada, a veces crees que las autoridades te van a ayudar, pero la verdad es que no pasa nada, y eso me hace sentir muy decepcionada”, dijo.
Finalmente, Gabriela espera que con la instalación de la nueva Comisión local de Búsqueda de Personas, esto venga a dar un nuevo aire y se refleje en apoyo a la búsqueda de personas desaparecidas.
“Sí hay una esperanza que lo que no hicieron en la Fiscalía, sí lo hagan en la Comisión”, añadió.
Mariela Vanessa Díaz, estudiante de segundo semestre de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de México, es una chica introvertida, tímida y “muy reservada”, a quien le gusta escribir. Foto: Especial
VIVIANA GARRIDO
Viviana Garrido Ibarra desapareció la tarde del pasado 30 de noviembre en la Ciudad de México, durante el trayecto del trabajo a su casa. La joven madre e ingeniera bioquímica fue vista por última vez cuando bajó de un microbús en la Calzada de Tlalpan para tomar el Metro en la estación Ermita; sin embargo, jamás llegó a su hogar.
Viviana es egresada de la carrera de Ingeniería Bioquímica Industrial de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en Iztapalapa y llevaba dos años trabajando en un laboratorio.
El día de su desaparición era viernes, ella salió de su empleo ubicado en Santa Úrsula Copa a las cinco de la tarde y tomó una ruta de microbús junto con una compañera.
Al llegar a las cercanías del Metro Ermita, Viviana bajó del camión mientras su la colega siguió en el camión. Eso es lo último que se base de ella.
En los primeros meses de la desaparición de Viviana, sus familiares denunciaron que la Procuraduría capitalina minimizó el caso al no relacionar su desaparición con la probable comisión de algún delito, es decir, que no ha considerado otras líneas de investigación que no sean solo la ausencia de la mujer.
Los allegados de Viviana descartaron tajantemente la posibilidad que se fue por su voluntad, como se los han aludido las autoridades. Juana Garrido, hermana de la joven, ha dicho que la ingeniero es una mujer trabajadora dedicada a su empleo, a su hija menor de edad, e incluso con su comunidad.
A más de ocho meses de la desaparición, los avances son escasos y la familia sigue sin indicios del paradero de Viviana.
“Realmente no tenemos avances significativos”, expresó Juana, la hermana de la víctima.
Viviana vestía con pantalón de mezclilla azul marino, chamarra con gorro color negro, tenis negros con suela blanca y llevaba una mochila negra. No obstante, la joven no portaba dinero, tarjetas bancarias, ni identificaciones al momento de su desaparición porque se le quedó su cartera en su trabajo. Foto: Especial
PREOCUPA OLA DE DE DESAPARICIONES
La ola de desaparición de mujeres en México no es nueva y la preocupación que ha generado no se limita sólo a familiares de las víctimas, la comunidad y colectivos de búsqueda.
Organismos internacionales han mostrado inquietud por el fenómeno desde hace tiempo, tal es el caso del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que en su último informe de observaciones al Estado mexicano manifestó el pasado 24 de julio 2018 su profunda preocupación por “la alta incidencia de desapariciones forzadas que afectan a las mujeres, ya sean víctimas directas, cuando son ellas las desaparecidas, o indirectas”.
Al respecto, también destacó su preocupación que hay por la “conexión entre el aumento de los números de desapariciones de mujeres, en particular muchachas, en todo el país y el fenómeno de la trata de personas.”
“Al Comité le preocupa que las víctimas de la trata de personas sean sometidas no solo a la explotación sexual y laboral, sino también que se les obligue a servir, entre otras cosas, como contrabandistas y esclavos sexuales. El Comité reitera su preocupación por la falta de uniformidad en la tipificación como delito de la trata a nivel estatal, y observa con preocupación que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. También le preocupa que el Estado parte no tenga un sistema en vigor para registrar los datos desglosados sobre la incidencia de la trata de personas y no haya abordado el problema de las operaciones internas de trata de personas”, agregó.
El organismo internacional alertó por “las barreras persistentes que siguen impidiendo la aplicación efectiva del mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres a nivel federal, estatal y municipal; y los escasos datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer desglosados por tipo de violencia y relación entre el autor y la víctima”.
Cabe señalar que la Ciudad de México es la que, en número absolutos, concentra el mayor número de denuncias del delito de trata de mujeres entre el año 2017 a mayo de 2019. El año 2017, reportó un total de 92 denuncias de víctimas; 2018, 136 víctimas y de enero a mayo de 2019 la capital acumula un total de 49 casos.
Protesta por el asesinato de Javier Valdez frente a SEGOB: Fernando Santillán
Samantha Páez / Periodistas de A Pie
* El 24 de julio el gobierno estatal presento el Diagnóstico de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el estado de Puebla
Puebla es el tercer lugar en agresiones a periodistas a nivel nacional, esto de acuerdo con la estadística del primer semestre de 2019 de la Red de Periodistas de a Pie, cuya base es información hemerográfica.
Tan sólo en julio pasado hubo un ataque con arma de fuego contra el domicilio de una periodista en Tehuacán y horas antes dos reporteras más fueron amenazadas por taxistas en esa misma ciudad.
Infografía: Lucía Vergara
En ese contexto, el gobierno estatal presentó el Diagnóstico de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el estado de Puebla, que se basa en la aplicación de 72 encuestas a personas defensoras y periodistas, así como revisión de notas periodísticas y la realización de mesas temáticas.
Los resultados de la encuesta revelan que 45.8% de las personas encuestadas consideran que sí son frecuentes las agresiones, a pesar de ello siete de cada diez consideraron que existe una seguridad regular para ejercer su trabajo y el 61% consideró regular el nivel de amenaza que puede llegar a sufrir por el ejercicio periodístico o por la defensa de derechos humanos.
Asimismo, es la policía municipal a quien menos tienen confianza personas defensoras y periodistas, seguido de funcionarios municipales y la policía estatal. En tanto que la policía federal, el gobierno estatal y la Policía federal tienen un nivel de confianza regular.
En cuanto a los posibles agresores, tanto periodistas como personas defensoras, ubicaron a la delincuencia organizada como la principal fuente de riesgo, después al gobierno municipal, al gobierno estatal y a los lectores. Siendo las principales agresiones las verbales, que incluyen las amenazas, insultos y vejaciones.
Falta profundidad al diagnóstico
Jade Ramírez Cuevas, Coordinadora de Redes y Libertad de Expresión de Periodistas de a Pie, dijo que tras revisar el documento encuentra que le faltó profundidad, ya que se encarga de resumir y recapitular información que ya había sido evidenciada por organizaciones locales y nacionales que también han documentado la situación en el estado.
El diagnóstico cumpliría con informar a las personas que no están familiarizadas con la situación de violencia que viven periodistas en Puebla; sin embargo, no tiene información detallada sobre cómo están compuestos los medios de comunicación, es decir, cuántos son medios autogestivos, cuántos medios independientes, cuántos colectivos y cuántos grandes consorcios. También cuál es la relación de estos medios con los poderes que hay en el estado.
Para Jade Ramírez el diagnóstico tiene respuestas interesantes, pero no profundiza en el tema para entender lo que pasa en el estado, porque si bien a nivel nacional sí hay riesgo por la cobertura de megaproyectos, ésta no es la única fuente de agresiones: también la hay por el robo de hidrocarburo y la corrupción.
— Lo que sí nos queda claro que puso en riesgo a los periodistas de Puebla y a los foráneos que iban a coberturas a cubrir el huachicoleo, fue eso y también la corrupción y la agenda política también los pone en riesgo, pero no entiendo cómo una pregunta sencilla como esa no se preguntó.
Los datos no coinciden
Mayra López Pineda, del Área de Protección y Defensa de Artículo 19, mencionó en entrevista que lo primero que le salta a la vista es que todo es que la percepción del riesgo en el estado -según el diagnóstico- es regular, cuando la tendencia a nivel nacional es que la percepción es mala.
— Por lo general en todo el país, si tú le preguntas a los periodistas cuál es la amenaza por su labor periodística, por la defensa de los derechos humanos, etc., te van a decir que es mala.
Otra cuestión que mencionó la integrante e Artículo 19, es que la clasificación amenaza como regular no se explica, es decir, no se
detalla qué se considera como una amenaza regular.
En cuanto a la relación de confianza para con las instituciones, también le resultó sorpresivo que se considere regular o que hay “algo de confianza”, porque da la impresión de que tiende más a hablar bien del propio gobierno, que a detectar errores o riesgos de periodistas y personas defensoras.
Ciudad de México, 12 de julio.- La guerra de exterminio de los grupos narcoparamilitares en contra de las comunidades nahuas de la región de La Montaña baja de Guerrero se ha recrudecido en los últimos días. Tan solo entre el 8 y el 10 de julio de este año fueron levantados y ejecutados brutalmente por el grupo delincuencial “Los Ardillos” cuatro delegad@s del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera, de los cuales dos eran mujeres. Estos asesinatos ocurren a unos días de la llegada a la región de la Guardia Nacional, la cual fue anunciada “con bombo y platillo” por las autoridades estatales y federales, mismas que –denuncian los miembros del Concejo Indígena y Popular Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)– han sido omisas frente a esta “emergencia humanitaria”. Estas ejecuciones se vienen a sumar a las de José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales e Isaías Xantenco Hauejote, miembros de esta organización martirizados apenas en junio pasado.
La reanudación de las ejecuciones se desató el 8 de julio, cuando David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas, indígenas nahua de la comunidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, fueron levantados en el crucero del Jagüey –de acuerdo con testigos– por miembros de “Los Ardillos”. Sus cuerpos fueron arrojados “en la localidad de Chautla”, donde fueron localizados al día siguiente. Ambos eran delegados del CNI en Guerrero, promotores locales del CIPOG-EZ y preparaban el recibimiento de la caravana que con ayuda solidaria entraría en los próximos días en la zona.
Dos días después fueron levantadas, desaparecidas y “asesinadas cobardemente” Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón, quienes también se desempeñaban como delegadas del CNI en Guerrero y promotoras del CIPOG-EZ. A ellas –exponen los denunciantes– “incluso las bajaron del transporte público” en el mismo crucero, el cual es controlado por “Los Ardillos”. Los cuerpos de estas dos indígenas fueron encontrados “alrededor de las cinco de la tarde” en la cabecera municipal de Chilapa, en “la colonia Corral de Piedra”, donde está desplegada la Guardia Nacional, cuyo “arribo no ha representado cambio alguno frente a la violencia de los grupos” del crimen organizado.
Lo anterior fue denunciado en conferencia de prensa en la Ciudad de México por indígenas de algunos pueblos originarios o residentes en la región centro del país pertenecientes al CNI, quienes leyeron un comunicado dirigido al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al CNI, al Concejo Indígena de Gobierno, al pueblo de México y a la Sexta nacional e internacional. En esta misiva el CIPOG-EZ refirió que los habitantes de 22 comunidades indígenas ubicadas en la zona de Chilapa viven cercados por las bandas narcoparamilitares de “Los Ardillos” y “Los Rojos” y que los niños y jóvenes continúan sin poder ir a la escuela debido al recrudecimiento de la violencia desatada por estos narco-caciques regionales solapados por el presidente municipal priísta de Chilapa Jesús Parra García y el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores: “El actuar de los tres niveles de gobierno evidencia su complicidad por acción u omisión y tal parece que lo que buscan es crear un escenario de tolerancia para que los grupos narcoparamilitares desmantelen las organizaciones indígenas que buscamos construir nuestro propio destino, lejos de la esclavitud y cacicazgo”. “Quieren desarticular y exterminar a los pueblos organizados”, exponen.
Conferencia de prensa de delegados del CNI de pueblos nahuas, otomíes y purépechas radicado en la Ciudad de México. Los acompaña María de Jesús Patricio Martínez.
La cacería implacable e impune a la que se ven sometidos los pueblos indígenas organizados de la región y la saña y brutalidad con la que han sido ejecutados y descuartizados varios de ellos, buscan destruir la voluntad de los pueblos mediante la creación de un clima de terror bien planificado. La articulación de esta estrategia de acoso y exterminio –prosigue el comunicado– tiene un elemento más en las “investigaciones y seguimiento” que realiza el grupo delincuencial “Los Ardillos” en contra de “varios promotores estatales y regionales del CIPOG-EZ y el CNI, de forma particular contra nuestro hermano na savi Jesús Plácido Galindo”, a quien dicen que “están buscando por todo el estado, para despedazarlo”. En su comunicado los pueblos nahuas responsabilizan a los gobiernos municipal, estatal y “al gobierno federal de MORENA a cargo de Andrés Manuel López Obrador, por la integridad física de nuestro hermano” Jesús Plácido “así como de todas y todos los promotores” del CIPOG-EZ, pues “cada una de estas autoridades han sido informadas directamente por diversas vías desde hace más de un mes de esta alarmante emergencia. Al gobierno de AMLO le solicitamos específicamente que aplique las medidas de seguridad correspondientes por ley, de forma urgente debido a la gravedad de la situación, y hasta el momento a más de un mes de la solicitud continúa siendo omiso”.
Finalmente, en otro comunicado dirigido a los pueblos de México y del mundo, ante el incremento de la violencia y al no haber condiciones de seguridad para la Caravana por la paz, la vida y la justicia en Guerrero, que estaba programada para llevar artículos de primera necesidad a las comunidades asediadas, ésta se suspende, pero no se cancela, por lo que el CIPOG-EZ llama “a permanecer atentos y solidarios a la palabra de las comunidades indígenas que luchan para detener esta guerra en contra los pueblos originarios”, así como a apoyar el acopio de alimentos no perecederos y medicamentos “que se ha venido recolectando en la calle Dr. Carmona y Valle No. 32 en la colonia Doctores, Ciudad de México,” y a depositar “a la cuenta bancaria a nombre de Alicia Castellanos Guerrero, BBVA Bancomer, No. de Cuenta: 0471079107, Clabe Bancaria: 012540004710791072, SWIFT BCMRMXMM, ABA: 021000128, enviando copia del depósito con nombre, teléfono o dirección al siguiente correo: aliciac.2145@gmail.com; y manifestando que dicho donativo va dirigido a las comunidades participantes en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG- EZ)”.
En la Ciudad de México se ejecutan en promedio 3 mil desalojos al año con elementos de la fuerza pública, de acuerdo con una solicitud de información a la Secretaría de Seguridad Pública local realizada por la Coalición Internacional por el Hábitat en América Latina, y la Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico, la cual también detectó más de 600 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina por los robos de pertenencias, golpes contra personas de la tercera edad y abuso sexual contra las personas desalojadas.
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– Ricardo Dorantes, de 77 años, despertó minutos antes de las seis de la mañana del lunes 8 de julio y se asomó desde la azotea del edificio en Chilpancingo 79, colonia Hipódromo en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Vio a unas 100 personas aproximarse por la avenida Baja California. El desalojo “ya iba en serio”, pensó. Despertó a su esposa y empezó a oír cómo subían por las escaleras rompiendo puertas.
“Eran un hormiguero”, dijo cuando se le entrevistó sentado en una silla rodeado de sillones, mesas, colchones, clósets y refrigeradores arrojados a la calle. Vigilaba que no se robaran más las pertenencias de sus vecinos. “Abrieron los roperos, saquearon documentos; todo. Buscaban dinero y alhajas. Eso se llama rapiña”.
Beatriz Torres, quien nació en el edificio y llevaba viviendo ahí 35 años, se bloqueó después de que tumbaron su puerta. “Mi hija de seis años empezó a llorar horrible. Me empecé a poner muy nerviosa, no sabía qué hacer”. Le robaron un celular, la parrilla, la licuadora y los trastes.
Las 15 personas que vivían en los seis departamentos se quedaron sin hogar. También perdieron su fuente de trabajo los empleados de los tres locales comerciales, una papelería, una taquería, y un restaurante.
Muebles arrojados a la avenida Chilpancingo, en la Alcaldía de Cuauhtémoc de la CdMx, luego del desalojo realizado esta semana. Foto: SinEmbargo.
La escena de desalojo forzado y violento se ha repetido en diversos edificios de la Ciudad de México, un fenómeno agudizado durante la gestión del ahora Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, de acuerdo con lo observado por la Coalición Internacional por el Hábitat en América Latina (HIC-AL) y las plataformas de vecinos afectados del Centro Histórico y la colonia Juárez, zonas donde despertó la especulación inmobiliaria, mezclada en ocasiones con irregularidades en la posesión jurídica de los inquilinos aprovechada por terceros.
En la capital del país se ejecutan en promedio 3 mil desalojos al año con elementos de la fuerza pública (sin contar golpeadores privados), de acuerdo con una solicitud de información a la Secretaría de Seguridad Pública local realizada por la HIC-AL, y la Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico, la cual también detectó más de 600 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina por los robos de pertenencias, golpes contra personas de la tercera edad y abuso sexual contra las personas desalojadas.
“El desalojo sobre todo en el sexenio previo ha sido llevado a cabo con uso de la fuerza pública (granaderos) o cargadores privados que sacan a las personas de mala forma”, dijo María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat.
“Estamos ante juicios simulados y corrupción que puede empezar desde los notarios que se prestan a falsificar documentos para ‘comprobar’ la propiedad a los inquilinos que quieren desalojar, seguir a veces por los jueces y los actuarios que no notifican, y además en el Registro Público de la Propiedad”, expuso sobre los modus operandi observados.
Dentro de la fórmula, la Procuraduría General de Justicia capitalina ha detectado a notarios públicos apócrifos, funcionarios del Registro Público de la Propiedad coludidos, además de representantes de inmobiliarias y golpeadores.
“En la época de Mancera existía una oficina gubernamental que avisaba cuáles eran los espacios vacíos o con problemas de propietario en la Ciudad para que se apropiaran estos grupos”, comentó Silvia Emanuelli de HIC-AL.
La Procuradora local Ernestina Godoy Ramos informó en su primera conferencia de prensa, el 6 de diciembre, que aseguraron el edificio en la calle Manuel Márquez Sterling 15, en el Centro, rentado irregularmente por la ex Secretaría de Gobierno de la Ciudad donde laboraba personal contratado por la PGJ, y la hipótesis es que operaba como un centro de espionaje.
Además de teléfonos y computadoras desarmadas, las autoridades de la PGJ hallaron un plotter y blue prints (planos) que indican la localización de “bienes montrescos”, es decir, inmuebles abandonados, con problemas de propiedad o cuyos habitantes son personas de la tercera edad.
“Desde el Gobierno de la Ciudad de México, con recursos públicos, se utilizó la estructura del Gobierno para despojar a personas de su legítimo derecho sin debido proceso”, recriminó Sergio González, de la Plataforma Vecinal y Observatorio de la colonia Juárez, donde han detectado desde 2014 que el Grupo inmobiliario Reurbano de Rodrigo Rivero Borrel y el Grupo Kaluz de la familia Del Valle Ruiz (Bx+ y Mexichem) han sido parte de los desalojos en la colonia Juárez y aledañas.
El colectivo GeoComunes trazó un mapa de 81 casos de desalojo violentos de vivienda solo en la Alcaldía Cuauhtémoc de 2014 a 2017, con aportación de organizaciones civiles. Imagen: GeoComunes.
El edificio de Chilpancingo 79 en Hipódromo estaba intestado desde que se murió el dueño en la década de los 80, quien no dejó clara la propiedad. Además del centenar de personas, llegaron el actuario, el apoderado y un supuesto dueño, miembro de la Fundación Gabriel Pastor en Puebla, una casa de descanso para adultos mayores. Ricardo dijo que se identificaron y ya llevaban notificando desde septiembre de 2017, pero otro vecino afectado, Horacio, aseguró que el actuario no le mostró ningún documento.
Los habitantes de Chilpancingo 79 sospechan que el grupo los desalojó a las 6 de la mañana para adelantarse al amparo que prolongaría la orden de desalojo, pero que se concedería hasta las 9 de la mañana dentro del Juzgado de Distrito en materia civil del Distrito Federal.
A unas calles del edificio, sobre la misma Avenida Baja California, María Cristina Vázquez Chavarría, integrante del Comité Vecinal de la colonia Hipódromo, fue asesinada dentro de su casa, en Cholula, 140. Las autoridades encontraron el 1 de julio su cuerpo con signos de tortura. Había recibido amenazas previas.
El edificio de Chilpancingo 79 en Hipódromo estaba intestado desde que se murió el dueño en la década de los 80, quien no dejó clara la propiedad. Además del centenar de personas, llegaron el actuario, el apoderado y un supuesto dueño, miembro de la Fundación Gabriel Pastor en Puebla, una casa de descanso para adultos mayores. Ricardo dijo que se identificaron y ya llevaban notificando desde septiembre de 2017, pero otro vecino afectado, Horacio, aseguró que el actuario no le mostró ningún documento.
Los habitantes de Chilpancingo 79 sospechan que el grupo los desalojó a las 6 de la mañana para adelantarse al amparo que prolongaría la orden de desalojo, pero que se concedería hasta las 9 de la mañana dentro del Juzgado de Distrito en materia civil del Distrito Federal.
A unas calles del edificio, sobre la misma Avenida Baja California, María Cristina Vázquez Chavarría, integrante del Comité Vecinal de la colonia Hipódromo, fue asesinada dentro de su casa, en Cholula, 140. Las autoridades encontraron el 1 de julio su cuerpo con signos de tortura. Había recibido amenazas previas.
Primero se opuso a la Torre Baja 370, proyecto de Ghetto Arquitectos, que se construía a lado de su edificio habitacional, con irregularidades por agregar ocho pisos más de los permitidos.
Los vecinos lograron que la obra fuera cancelada y se iniciara la demolición de los excedentes. Después señalaron la presencia de delincuentes dentro de la obra negra, quienes se saltaban a la azotea de su edificio y se robaban ropa del cuarto de servicio.
Solo esta semana, además de Chilpancingo 79, el Observatorio de vecinos del Centro Histórico detectó otros dos desalojos en Filipinas, colonia Portales (Alcaldía Benito Juárez); en General Pedro Anaya, en la colonia San Pedro Churubusco (Alcaldía Coyoacán), y amenaza de desalojo en el Edificio Trevi, en la Alcaldía Cuauhtémoc porque la empresa Público Trabajo busca instalar oficinas.
LA DEUDA DEL CONGRESO
Diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobaron en febrero el artículo 60 de la Ley Constitucional de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, que contó con la participación de colectivos de vecinos con la intención de evitar desalojos con violencia sin el debido proceso o a través de los juicios simulados. No obstante, después de una ola de críticas, al término de mayo modificaron el artículo.
Entre opinólogos y legisladores se dijo que presuntamente privilegiaba el derecho a la vivienda sobre el derecho a la propiedad privada y otorgaba garantías a inquilinos morosos para no ser desalojados.
Sergio González, de la Plataforma Vecinal y Observatorio de la colonia Juárez, dijo que interpusieron amparos para que el artículo regrese a su origen.
El primer texto decía que para evitar que los desalojos forzosos violen el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo solo en casos excepcionales.
De ser el caso, los desalojados tienen el derecho a no ser discriminados, evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza, recibir la indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales y contar con las debidas garantías procesales.
Desalojo en Isabel la Católica 99 en junio. Foto: Cuartoscuro.
Además las autoridades debían garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen.
“Los desalojos están plagados de irregularidades”, afirmó. “Es muy grave que los diputados de la CDMX no estén defendiendo los derechos humanos”.
Desde la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, afirmó María Silvia Emanuelli, “no estamos viendo que el Gobierno de la Ciudad de México vea el desalojo como un tema prioritario”.
Juan David Castilla / Pie de Página
Un juez deberá resolver el amparo contra daños ambientales irreversibles que provoca la construcción de un hotel y un centro hípico para el turismo en Tlalnelhuayocan, Veracruz. Vecinos de la comunidad denuncian que el bosque mesófilo de la alta montaña está en riesgo. Estos proyectos ya cuentan con sanciones por tala indebida e irregularidades en su documentación
Una parte del camino antiguo a la comunidad Rancho Viejo, municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, fue privatizado para construir un hotel en medio del bosque mesófilo de montaña.
Los árboles adornan y dan sombra al camino real que une a la mencionada población con Briones, una zona del municipio de Coatepec, considerada de alta plusvalía.
Desde la carretera antigua, que comunica a Xalapa con dicho Pueblo Mágico, pueden apreciarse árboles de más de 15 metros de altura.
Se trata de encinos, marangolas, magnolias, pipinques, hayas y liquidámbares, característicos del bosque también conocido como bosque de niebla, el más rico y diverso en vida silvestre.
Entre la vegetación hay grandes residencias que fueron construidas o adquiridas por empresarios, exfuncionarios y políticos.
En la desviación a Rancho Viejo, el problema es latente. Existen proyectos que resultan una amenaza para el bosque mesófilo, donde las plantas y animales generaran calidad de vida para las personas, pues depuran el aire y regulan el clima.
La riqueza ecológica se respira. El canto incesante de las aves armonizan el recorrido sobre un tramo de terracería, localizado entre este tipo de bosque que habita sólo el 1 por ciento de la República Mexicana.
Lucro
Varios kilómetros adentro, después de pendientes pronunciadas y un angosto sendero que se encuentra a un costado del barranco, fueron colocadas rejas para controlar el acceso.
Lo que era un camino público pasó a manos de un hotelero, cuya intención es atraer turistas y generar una derrama económica.
El camino real, una vía antigua en el medio terrestre utilizada como una ruta con alto valor estratégico, fue bloqueado con un camión de volteo. Ni los peatones pueden acceder, pues es angosto y el torton abarca lo ancho.
Sólo queda un muro de piedra con estructura antigua, que ahora sirve como barda perimetral del terreno.
Para llegar al Hotel Rancho la Niebla, ubicado en el kilómetro 1.8, abrieron un nuevo camino. Con retroexcavadoras removieron varios metros del suelo para habilitar el ingreso de los vehículos.
Una lona negra cubre parte de la obra que se lleva a cabo en el lugar. Los albañiles se alertan con gritos por la presencia de desconocidos.
Continúan sus labores. Se observan materiales de construcción y maquinaria.
Tala clandestina
La obra se encuentra dentro del municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, donde el ayuntamiento autorizó el proyecto desde el 21 de septiembre de 2018.
El argumento fue que se trataba de una “mera remodelación” al interior de una propiedad privada que no afectaba su entorno.
Sin embargo, el 13 de noviembre del mismo año, la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente emitió una resolución en el expediente administrativo PMAVER/DJ/EXP-139/2018, en la que sancionó al desarrollador por “tala indebida”.
La autoridad municipal cayó en contradicciones, pues la obra trascendió a sus límites territoriales.
Material de construcción afuera del hotel.
La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), a cargo de María del Rocío Pérez Pérez, no emitió el previo y correspondiente estudio o dictamen de procedencia de impacto ambiental.
Lo anterior representa un delito, de acuerdo con el Título XI, Capítulo I, del Código Penal del Estado de Veracruz.
Se habla de que la obra se está efectuando sin el aval de las autoridades.
Vigilancia policiaca personalizada
Aunado a esto, el hotelero cuenta con vigilancia policiaca de manera personalizada.
El pasado 17 de enero, vecinos de Briones, Plan de la Cruz, La Pitaya, Zoncuantla, Mariano Escobedo, La Calera, Consolapa, colonia Benito Juárez, Xopantla, El Guayabal, Arboledas y La Orduña protestaron en la carretera antigua a Coatepec.
En aquella ocasión, los ciudadanos exigieron seguridad ante la ola de robos, asaltos, secuestros y extorsiones, registrada en la zona.
La gente logró con esa manifestación que hubiese presencia de la Policía Montada de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado.
La situación fue aprovechada por el empresario, quien es propietario de hoteles en Veracruz, Quintana Roo y otros estados, toda vez que cedió a los elementos de la Policía Montada un espacio dentro de su propiedad, que pudiesen utilizar como módulo de respuesta.
En el camino Briones-Rancho Viejo, se observa el lugar. Eran las 16:00 horas, cuatro caballos estaban atados afuera y, adentro, los elementos de la Fuerza Civil esperaban acostados en sus camas cualquier llamado de la ciudadanía.
La gente de la zona está molesta por esto. Ante cualquier hecho delictivo, el tiempo de respuesta es inadecuado, porque los policías están en medio del bosque.
Incluso, parecieran elementos de seguridad privada, contratados para el resguardo del Hotel Rancho la Niebla, propiedad de un particular.
Centro Hípico Briones
El hotel no es el único proyecto que se lleva a cabo en la zona y que atenta contra el bosque de niebla.
Frente al Club Hípico Briones, donde Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, acudía hasta tres veces por semana, está por concluirse otro centro de equinoterapia, pensión para caballos y clases de equitación.
Se trata del Centro Hípico Briones, cuya obra presenta avances importantes y también se encuentra dentro del bosque mesófilo de montaña.
Un muro de contención marca donde comienza la obra, en la calle Limonarias número 7.
El suelo fue removido varios metros para construir una caballeriza y una explanada para las actividades de equitación.
Desde afuera se observan tres o cuatro caballos encerrados, mientras los camiones de volteo ingresan con materiales.
Para Ricardo Contreras Osorio, presidente de la Asociación de Vecinos del Pixquiac-Zoncuantla, ambos proyectos son considerados como la entrada a fraccionadoras para el crecimiento desmedido de la mancha urbana.
“Los proyectos no han tenido el aval de proyectos previos o información previa que permita estudiar el tipo de impactos que podrían tener”.
Construcción del Centro Hípico Briones Foto: Juan David Castilla
Quebranto legal
Tras décadas de defender el bosque, la sociedad organizada logró que, el 5 de enero de 2015, el Gobierno de Veracruz decretara siete fragmentos de bosque como área natural protegida: el archipiélago de bosques y selvas de la región capital.
Esto fue publicado en la Gaceta Oficial, donde se detallan los siete polígonos ubicados en la zona establecida como reserva ecológica restrictiva en la actualización del programa de ordenamiento urbano de la zona conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec- Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan.
En la imagen la linea amarilla es el límite entre Coatepec y San Andrés Tlalnelhuayocan. Según el INEGI ambos están en Tlalnelhuayocan.
Tres años después, el gobierno estatal también consolidó el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Regional de la Región Capital de Xalapa, que protege los bosques y espacios rurales.
Lo anterior quedó asentado en la Gaceta Oficial del Estado, el 27 de abril del 2018, que consideró dicha área dentro de las unidades de gestión ambiental, número 89 (Restauración Agroforestal donde está el Hotel Rancho la Niebla) y 93 (Preservación Naturaleza donde está el Centro Hípico Briones).
Cabe destacar que el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Regional de la Región Capital de Xalapa ordena la superficie de 11 municipios: Acajete, Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Jilotepec, Naolinco, Rafael Lucio, Teocelo, Tlalnelhuayocan, Xalapa y Xico.
Además, fue formulado por la Secretaría de Medio Ambiente (gobierno estatal) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (gobierno federal) por incluir una fracción del Parque Nacional Cofre de Perote (en la parte oeste del municipio de Xico).
Daños irreversibles
Sin embargo, pese a la normatividad vigente, desde hace dos años, particulares desarrollan en la zona una serie de proyectos inmobiliarios.
Las construcciones afectan severamente la biodiversidad y los servicios que el ecosistema brinda, sobre todo el agua.
Al menos así lo han manifestado investigadores del Instituto de Ecología A. C. (Inecol), cuyas instalaciones también se encuentran en la zona.
Carteles de venta de terrenos y propiedades se ven a lo largo del camino.
Es evidente que obras de la envergadura e impacto en el uso de suelo como las descritas, no pueden identificarse con la finalidad de conservación, preservación y mantenimiento que la zona del bosque de niebla le han conferido los ordenamientos legales mencionados.
Tampoco pueden considerarse como de utilidad pública (pues obedecen ambas a intereses eminentemente particulares); lejos de favorecer al mantenimiento de la flora y fauna endémica propician su fragmentación y, sobre todo, implican un impacto ambiental no sustentable por ser irreversible.
La asociación civil Reserva de Briones y la Asociación de Vecinos del Pixquiac-Zoncuantla llevan más de 13 años enfocados en la conservación del medio ambiente y la preservación de las especies endémicas de la zona.
Ambas agrupaciones están integradas por vecinos de la zona de La Pitaya, Mariano Escobedo, 6 de enero, Briones y el camino a Rancho Viejo.
En varios foros han manifestado su inconformidad hacia los dos desarrollos mencionados, pues los han considerado anticonstitucionales, ya que violentan el derecho a un medio ambiente sano, al igual que el derecho al agua establecidos en el artículo Cuarto constitucional.
Manifestación de vecinos.
Resistencia vecinal
Los vecinos decidieron agotar también las instancias legales para la defensa ecológica.
Por ello, promovieron juicios de amparo, en busca de la suspensión definitiva de la construcción del nuevo hípico y el hotel.
Los juicios fueron radicados en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estados Veracruz, con sede en Xalapa, bajo los números 1210/2018 y 1159/2018, respectivamente.
Los expedientes se iniciaron desde noviembre de 2018 y hasta la fecha no han sido resueltos.
Después de varios diferimientos, las audiencias constitucionales fueron programadas para los días 20 y 27 de junio, respectivamente, pero hasta el momento no se ha dictado sentencia.
El atentado al bosque de niebla quedará en manos de un juez.
Angélica Guerrero / Notimex / Independiente de Hidalgo
Temen que por su oposición al proyecto sean intimidados o asesinados como uno de sus compañeros
Pobladores y defensores de comunidades originarias aseguraron que no dejarán que se “eche a andar” la termoeléctrica de Morelos y exigieron que su seguridad quede garantizada para evitar que “se repita la historia” como en el caso de Samir Flores, activista asesinado que era conocido por oponerse a ese proyecto.
Representantes de organizaciones, reunidos en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, solicitaron que el caso del homicidio del activista del poblado de Amilcingo, Temoac, en Morelos, sea investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y no como un asunto local.
“Queremos que la investigación sea federal y no tenemos respuesta hasta el momento a nuestras peticiones, ningún nivel de gobierno nos ha escuchado”, manifestó Eliezer Zamora Pérez, concejal del Congreso Nacional Indígena (CNI).
Reveló que activistas de diversos estados y especialmente de Morelos, Puebla y Tlaxcala temen por su seguridad ante la negativa que han expresado sobre la termoeléctrica de Huexca.
“Aun así estamos decididos a que no vamos a permitir que la echen a andar, a donde lleguemos, si el presidente dice ‘a donde tope’, pues nosotros también le decimos a donde dé, daremos todo como integrantes de tierras zapatistas en Morelos”, dijo a Notimex.
Eliezer Zamora, quien también es originario de Amilcingo, recordó que durante campaña, el entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador prometió detener la termoeléctrica, mientras que ahora como mandatario la ve como uno de los principales proyectos de su administración.
“Los únicos beneficiarios van a ser los inversionistas. En Morelos no la queremos porque van a industrializar y devastar nuestro territorio; nosotros queremos seguir con nuestras tierras, conservar nuestros usos y costumbres y ahora ya tenemos una bomba de tiempo encima”, explicó.
Derrame de ácido sulfúrico en el mar de Cortés. Foto: Especial
HERMOSILLO, Son. (proceso.com.mx).- La imprudencia ambiental con la que opera Grupo México está documentada en 127 infracciones federales que van desde derrumbes en sus minas hasta macroderrames de tóxicos.
La organización de Grupo Poder ofrece un compilado de una catorcena de desastres ambientales registrados desde principios de este siglo.
El estudio mostrado por Grupo Poder tiene como inicio la más reciente fuga de ácido sulfúrico sobre el Mar de Cortés, en la Terminal Marítima de Guaymas, donde una fuga en las válvulas de trasvase provocó el derrame de tres mil litros de concentrado de ácido sulfúrico.
La doctora en Ecología y Biodiversidad, Reina Castro Longoria, explicó que para dimensionar el impacto ambiental del más reciente de los derrames el agua tendrá que ser analizada para establecer que la contingencia está controlada al menos un año.
La también investigadora y catedrática de la Universidad de Sonora señaló que el ácido sulfúrico es “mortal” para las especies marinas en esta bahía, sobre todo si el tóxico entra en contacto con el sedimento porque se liberan los metales pesados: Fierro, plomo, manganeso, mercurio, y zinc.
Además expuso que el ácido sulfúrico vertido se contuvo en la bahía guaymense por cuatro o cinco días porque es el “tiempo de residencia” del agua marina en esta zona y a partir del pasado viernes “ya se exportó contaminación a mar abierto”.
A unos 11.4 kilómetros al noroeste, se encuentra una de las “cunas” del Mar de Cortés, el estero de El Soldado, una área natural protegida desde 2006 y desde el 2 de de febrero de 2011 fue designado como Sitio Ramsar Humedal de Importancia Internacional bajo la Categoría de Monumento Natural.
“El estero de El Soldado es un patrimonio sonorense, uno de los últimos oasis de manglar en el noroeste de México. Un sitio ideal para la reproducción, refugio, crianza y alimentación de gran diversidad de especies residentes y migratorias. Asimismo se caracteriza por poseer tres especies de mangle: mangle negro (Avicennia germinans), mangle rojo (Rhizophora mangle) y mangle blanco (Laguncularia racemosa).”, detalla el portal oficial de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES).
De acuerdo con las palabras de la doctora Castro Longoria, a casi una semana del siniestro, no se ha presentado un estudio sólido sobre las consecuencias reales de este derrame y tampoco se conocen las acciones de remediación a corto plazo durante la fase de contingencia.
Largo historial
En 2006, 65 trabajadores de Grupo México quedaron atrapados en Pasta de Conchos por una explosión debida a la acumulación de gas metano. La mina tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. La empresa suspendió el rescate un año después y los cuerpos continúan sepultados.
Para 2010, una ruptura en la presa de “jales” de la mina de plata de Bolaños, propiedad de Grupo México desde 1993, provocó que se vertieran desechos tóxicos (mercurio, plomo y arsénico) al Río Bolaños en Jalisco. Esto generó alta mortandad en peces y afectaciones a la vida de las poblaciones ribereñas.
Un año después, en 2011, el gobierno regional de Tacna en Perú compila un reporte que demuestra que la empresa contaminó las aguas de Quebrada Honda con cadmio y metales pesados contenidos en su presa de jales en Toquepala.
El mayor desastre ambiental en la historia de la minería moderna se registró el 6 de agosto de 2014, cuando la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, afectando a más de 22 mil personas. Los efectos de este derrame aún son incalculables.
Unos meses después, todavía en 2014, un tren cargado con 240 toneladas de ácido sulfúrico provenientes de Buenavista del Cobre, se descarriló y volcó a escasos metros del río Santa Cruz, en Nogales, Sonora.
Daños internacionales
La fundidora y refinería de cobre de Southern Copper en Ilo, Perú, ha rebasado en más de cuatro ocasiones el límite máximo permisible de emisiones de dióxido de azufre.
Los habitantes de Ilo han sufrido a lo largo de 20 años problemas respiratorios y altos índices de mortalidad asociadas a tumores, circulación sanguínea y enfermedades del aparato respiratorio.
En 2015, se solicitó una pena de más de 2 años para el presidente de Southern Copper Corporation, Óscar González Rocha, y el pago de 1 millón de dólares, por el delito de contaminación ambiental culposa. La empresa rebasó los límites permisibles en la emisión de partículas de arsénico y vertió agua contaminada al mar en Perú.
México, su favorito
El 12 de febrero de 2016, cinco trabajadores pierden la vida en un accidente en la mina de carbón “Charcas” en San Luis Potosí, a causa del rompimiento de un cable que transportaba 8 toneladas de material.
En ese 2016, dentro de la mina La Caridad, de Grupo México, volcó un carro-tanque que derramó 10 mil litros de ácido débil en el municipio de Nacozari de García, Sonora.
Y hace apenas unos meses: la SCJN sentencia ante un amparo de la comunidad de Bacanuchi, en Sonora, que Grupo México violó el derecho a la participación de la comunidad, al no haberle informado sobre la construcción de una presa de jales de más de 6 mil 500 hectáreas.
El compilado de Grupo Poder concluye con una solicitud: “Queremos que ya no se sumen más desastres e historias de violaciones a los derechos humanos a este hilo. Queremos que esta forma de enriquecerse, el estilo Germán Larrea, pare para siempre. Queremos que las comunidades tengan justicia, reparación, no repetición”.
IMÁGENES DE MENORES MIGRANTES QUE MURIERON EN SU TRAYECTO A EU COLOCADAS EN PUENTE INTERNACIONAL ENTRE CIUDAD JUÁREZ Y EL PASO, TEXAS. FOOTOGRAFÍA: REY R. JAUREGUI
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Las nuevas políticas migratorias en México vulneran aún más a las infancias migrantes que cruzan por el país. El Estado mexicano carece de una metodología para medir de forma eficaz las violencias que enfrentan los niños y niñas en su paso por el territorio nacional
Texto: María Ruiz / Pie de Página
Foto: Archivo/ Rey R. Jauregui /La Verdad
Ciudad de México –No existen cifras exactas sobre cuántos niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes pasan por México; esta carencia de cifras genera problemas para conocer los niveles de vulnerabilidad y violencias a las que se enfrentan en su camino, aún así, la presencia de traficantes, cárteles, secuestradores y extorsionadores dejan en claro que migrar por México es de alto riesgo para menores.
“Es un problema el registro de cuántas personas migran por México, sobre todo porque la cifra oficial se basa en eventos de personas detenidas por autoridades migratorias pero son eventos, no personas; una misma persona que fue detenida, deportada y luego regresó a México se vuelve a contar en la estadística anual”, explica Rosalba Rivera, gestora de casos de niñez migrante del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) sobre la estadística migratoria construida a partir de los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración (INM).
El INM maneja la cifra de 8 mil 569 niños, niñas y adolescentes migrantes que pasaron por México en lo que va del 2019 pero conocer la cifra real hasta ahora ha sido imposible, y conocer cuántos de ellos han sufrido violencia más. Esto, explica Rosalba, se debe a que no hay forma de medir esas cifras, ya que ninguna autoridad en la frontera revisa quién entra de manera irregular.
Las personas que han sido víctimas de violencia tampoco denuncian, por lo mismo de que están de manera irregular y por el miedo a no querer ser deportados, tampoco tenemos evidencias para asegurar cuántos niños han sido víctimas de violencia, añade la gestora.
–¿Cuáles son las consecuencias de no tener estas cifras?
“Una consecuencia en macro sigue siendo la impunidad con las bandas de tráfico, de trata, de extorsionadores. Otra consecuencia es en la vida de las personas, para los niños son experiencias que pueden ser traumáticas para el resto de su vida”, cuenta Rivera.
El Estado mexicano a través del Sistema Integral de Protección a NIños, Niñas y Adolescentes asumió el compromiso de establecer una base de datos de niños migrantes, las condiciones en las que viajan, si han sido víctimas, pero no es algo que se esté llevando a cabo.
“Es muy difícil, tendría que haber un cruce de muchas instituciones que estén coordinadas en salvaguardar los derechos de los migrantes, una intención coordinada de parte de las instituciones de diferentes sectores para hacer una base de datos conjunta para la que se requerirían metodologías de recaudación de datos: ir a las casas de migrantes para saber cómo están, qué condiciones tienen”, ejemplifica Rivera.
El Comité de los Derechos del Niño del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, en las Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados en México, exhortó al Estado mexicano a recolectar datos desagregados para conocer e identificar casos de NNA migrantes, refugiados y desplazados.
“Las estadísticas permitirían diseñar esquemas de alerta temprana para resolución de conflictos; para detectar qué entornos presentan niveles de riesgos más altos y para asignar recursos de manera más eficiente para la implementación de atención a la violencia”, contó Christian Skoog representante de UNICEF en México en la presentación del informe: Panorama Estadístico de la Violencia contra NIñas, Niños y Adolescentes en México, donde también se habló de contar con registros de la situación de niños sin cuidados parentales en situación de migración.
Rosalba señala las violencias que viven los menores al pasar por el país:
Los que vienen acompañados son los que viven violencias de las más graves: extorsiones, secuestros, discriminación y xenofobia; los niños no acompañados llegan con la idea de que en la frontera norte van a pasar si sirven a las bandas de tráfico de drogas a cruzar en mochilas droga. Incluso les pagan para que convenzan a otros adolescentes a trabajar con ellos. Como entran al tráfico de drogas también tienen el riesgo de consumo, ya les pagan con droga o con dosis y pueden tener problemas de adicción que no tenían, señala la especialista.
Otra de las violencias es que al llegar a México, al no tener CURP ni estar dentro del sistema, no pueden acceder a servicios de salud, becas, programas sociales de gobierno y se enfrentan a violencia estructural que los excluye.
Los cambios recientes en la política migratoria, además, conllevan más detenciones y con eso nuevos riesgos:
“El tema de la política migratoria ha puesto más acento en la detención, estar hacinados en las estaciones migratorias sin una certeza de cuánto tiempo van a estar ahí, sin una certeza de sus derechos, con la incertidumbre de estar en un lugar desconocido en zonas prácticamente carcelarias para los niños es una violencia muy fuerte que marca sus vidas”, apunta Rosalba Rivera.
Para la activista actualmente el riesgo para los menores es alto porque la vigilancia de la Guardia Nacional ha hecho que recorran caminos más complejos o que sigan a traficantes por zonas más riesgosas donde no hay organizaciones que estén cerca por si necesitan acompañamiento: “El riesgo es que los traficantes ahora tengan un negocio más gordo. Incrementa el negocio para ellos e incrementan los riesgos para las personas, sobretodo para los niños” reflexiona.
“El riesgo es que los traficantes ahora tengan un negocio más gordo. Incrementa el negocio para ellos e incrementan los riesgos para las personas, sobretodo para los niños” reflexiona.
Antes que migrantes son niños
En el nuevo contexto de México respecto a la migración, para Rosalba la seguridad de los NNA migrantes deberá ser una responsabilidad mucho más seria para el Estado mexicano y para las organizaciones:
“A México le va a tocar brindar la protección que anteriormente Estados Unidos (EU) brindaba, aunque no en el discurso, ya que los niños lograban pasar, había muchas opciones con las que Estados Unidos les daba seguridad. Ahora como va a ser más difícil que los niños se quedarán en México. Ver si lo que se necesitan son programas para conseguir autonomía o familias de acogida no solamente pensar en la opción a corto plazo de tener albergues”.
Imumi señala la urgencia de que no existan niños, niñas ni adolescentes en detención, porque ven que la tendencia de la nueva política va por esos caminos lo que los pone en situaciones deplorables, además de violar la ley mexicana y los acuerdos internacionales que ha firmado.
“La detención de niños es de las violencias más grandes y de las consecuencias más fuertes”, advierte Rosalba.
Loma de Bácum impugnará el resolutivo del Juzgado Séptimo de Distrito que les negó el amparo en contra de la consulta al pueblo indígena; lo que validaba la instalación del gasoducto de la compañía IENova al sur de Sonora, pero “irán hasta las últimas consecuencias en defensa del territorio yaqui”, advirtieron.
Guadalupe Flores Maldonado, abogado e integrante de la Tribu Yaqui de Loma de Bácum, manifestó que el resolutivo no significa que la empresa reanudará sus operaciones luego de que fueran suspendidas por el proceso legal interpuesto por este pueblo el 4 de abril de 2016, mientras que las otras siete comunidades yaquis apoyaban a la empresa.
“El resolutivo que da la juez no es en contra nuestra, es sobre cómo se hizo la consulta”, explicó Flores, “que dice que sí fue limpia y donde está exonerando a las dependencias estatales y federales, pero no a la empresa; dice que la consulta se hizo bien, pero nunca dice que la empresa ya debe trabajar”.
El juicio de amparo 312/2016 dice que se cumplió a cabalidad con la intervención de la Tribu Yaqui en la consulta “durante las primeras etapas del desarrollo del proyecto y con la suficiente antelación al comienzo de las actividades de ejecución”.
Por medio de un comunicado, miembros de los siete pueblos de la Tribu Yaqui a favor -encabezados por Miguel Ángel Cota Tórtola, representante de Loma de Guamúchil- celebraron el fallo del Séptimo Juzgado de Distrito, al sobreseer el juicio de Loma de Bácum, pues consideraron que no es violatorio de garantías, de derechos, ni representa la pérdida de la soberanía sobre el territorio ancestral.
“La juez ha determinado no otorgar el amparo de la justicia federal a este grupo y sobresee el juicio, pues considera que las actividades de consulta que se llevaron a cabo y en las que nosotros participamos fueron suficientes y que el consenso alcanzado fue el necesario”, expone el documento.
Luego, hicieron un llamado a los integrantes de Loma de Bácum a trabajar en unión con el resto de la Tribu Yaqui, para empezar a obtener los beneficios que, aseguraron, traerá el proyecto.
Flores Maldonado sostuvo que tienen diez días hábiles para impugnar el resolutivo en el Tribunal y, de no obtener resultados favorables, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Somos una nación soberana y no dependemos del Estado mexicano porque, con esta resolución, estamos viendo que aplica las leyes como un instrumento en contra de los pueblos indígenas, como aparato represivo, entonces iremos hasta las últimas consecuencias”, dijo.
El resolutivo se trata de un “tropiezo” que ya se veía venir para la empresa, consideró, por lo que Loma de Bácum se mantendrá en la misma tónica de defensa por las vías legal y física en el territorio.
“Creen que nosotros no les vamos a hacer nada, pero los yaquis somos eternos y defendemos nuestro territorio con nuestra propia vida”, concluyó.
El Gasoducto Sonora de la compañía IENova -filial de Sempra Energy- tiene un total de 833 kilómetros y es un megaproyecto con el que se busca transportar gas natural mediante un ducto que iría desde la frontera con Estados Unidos hasta Sinaloa.
La disputa se debe a que pasaría por una fracción de las 485 mil hectáreas que conforman el territorio yaqui, quien no autorizó en su totalidad la instalación que se concesionará por 30 años.
Organizaciones sociales presentaron un informe sobre la Alerta de Género en el Edomex, a 4 años de ser declarada.
México.- Organizaciones defensores de derechos de los mujeres denunciaron que a casi 4 años de la primera declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), el gobierno del Edomex “no sabe qué es violencia de género”. En las acciones emprendidas para combatir el feminicidio el gobierno estatal solo ha emprendido acciones como “poda de pasto con perspectiva de género” o “pinta de bardas con perspectiva de género”.
El próximo 31 de julio se cumplen 4 años desde que se declaró la AVG en 11 municipios del Estado de México.Sin embargo el paso del tiempo solo ha evidenciado la negativa de las autoridades para abordar la violencia feminicida como una problemática sistémica y cada caso se sigue viendo como un hecho aislado.
“Hay resistencia de las autoridades para atender la problemática, lo que reproduce acciones de omisión. negligencia, corrupción e impunidad que no va a revertirse sin que los gobiernos rindan cuentas y sean sancionadas por acciones u omisiones en los casos”.
MARÍA DE LA LUZ ESTRADA
En la presentación delDictamen Ciudadano sobre la AVG del territorio mexiquense, coordinado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), activistas explicaron que dicho dictamen se realizó por la ausencia de un mecanismo de seguimiento del gobierno federal.
Entre los resultados, María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, dijo que revela la ausencia de coordinación y corresponsabilidad de las dependencias encargadas de atender este tipo de violencia; y que las recomendaciones de la Alerta se volvieron un catálogo de accionesalejadas del contexto que viven las mujeres en ese estado.
“Las medias que se implementaron son muy cortas y lejanas a la realidad lo que su vez impide que avances como la Unidad de Análisis y contexto, se implementarán de manera eficaz, además de continuar con la violencia institucional hacia las víctimas”.
MARÍA DE LA LUZ ESTRADA
Que Alertas no acaben con la vida de mujeres
Las 43 organizaciones defensoras de mujeres que conforman el OCNF exigieron a los gobierno Federal, Estatal y Municipal garantizar que el mecanismo de Alerta de Violencia de Género salve la vida de las mujeres y no revictimice, a nivel nacional.
Además recomiendan informes certeros de las acciones, su funcionalidad e impacto en la sociedad; que la federación coordine los trabajos contra la violencia, misma que debe ser conjunta, permanente y coordinada; y sobre todo, personal calificado con perspectiva de género.
A 4 años de la emisión de la primera AVG, con 56% del territorio nacional bajo la alerta, Estrada refirió que el informe sirve como una acción urgente y necesaria para 19 declaratorias del país.
¿Qué son las Alertas de Violencia de Género?
El Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es una respuesta temporal para ubicar territorios y marcos legales que violentan y discriminan a las mujeres, y evitar mayor descomposición del tejido social. Fue creado en 2007 con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Los aportes de dicho mecanismo radican en la visibilización de la violencia feminicida que existen en la mayoria de México; además permite entender contexto y necesidades específicas de cada estado o municipio donde se declara.
“Es un mecanismo novedoso para obligar a las autoridades a garantizar una vida libre de violencia y reconocer que la violencia es fenómeno generalizado. Por eso no se debe desvirtuar, sino señalar a los responsables de no implementarla, en este caso el Estado”, finalizó Estrada.
Noventa comuneros con sus familias cumplen 40 días viviendo y durmiendo a la intemperie, con la zozobra de que en cualquier momento pueden ser objeto de una agresión armada. En plena canícula, soportan los rayos del sol y las lluvias nocturnas apenas con lonas de plástico como única protección. Alrededor de 50 menores de edad no tienen más que sufrir con sus padres el drama de ocultarse en el monte, entre la maleza y los árboles, atentos a los comandos armados que merodean por el territorio. Su comunidad, Rebollero y Río Minas, del núcleo agrario San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, Oaxaca, fue arrasada el pasado 31 de mayo.
Uno de los representantes de la comunidad, Galdino Reyes Hernández, asegura a Contralínea que se contaban por cientos las personas que ingresaron intempestivamente a esta comunidad binnizá en la madrugada de aquel viernes. Accionaron armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas: fusiles de asalto R15 y AK47 y pistolas escuadra 9 milímetros.
Las pruebas fehacientes de que esta agresión armada ocurrió fueron dejadas por los mismos agresores. No sólo hay fotos de los cartuchos percutidos y las casas incendiadas. Tan impune se saben estos integrantes del grupo paramilitar que, para magnificar el terror causado, subieron a las redes sociales videos con las casas en llamas y se captaron ellos mismos ingresando por decenas, corriendo y disparando sus armas de fuego. Los videos siguen circulando por Facebook.
Además, una investigación de Avispa Midia, a cargo de Ñani Pinto, documentó desde el lugar de los hechos el despojo. Testimonios y fotografías dan cuenta de la agresión armada: cientos de cartuchos percutidos, 24 casas derribadas y quemadas; troje, corrales y granjas saqueados; milpas destruidas (https://bit.ly/2LTgYzT).
Hombres, mujeres y niños de la comunidad huyeron y se resguardaron en el monte. Desde lejos vieron cómo incendiaban sus viviendas y con trascabos destruían cada una de ellas.
Galdino Reyes explica a Contralínea que estos 90 comuneros no han podido reconstruir sus viviendas porque los agresores regresan continuamente. Entonces los binnizá tiene que ponerse a salvo de nuevo en el monte. Es claro que la intención es que abandonen el lugar, que desistan de ocupar ese territorio… porque hay planes para esas tierras. Y son planes mineros.
El pretexto para desalojar a los comuneros de sus tierras es un añejo conflicto agrario entre las comunidades Cuatro Venados y Cuilápam. Sin conocimiento de las asambleas respectivas ni los trabajos formales para una determinación de este tipo, los comisariados de cada una de las partes “acordaron” que Cuatro Venados entregaría un polígono de tierra a Cuilápam. Y resulta que en ese polígono se encuentra la comunidad Rebollero y Río Minas. Lo anterior, a pesar de que los 90 comuneros cuentan con las actas de posesión de la tierra.
En el fondo del conflicto están cuatro concesiones mineras, de acuerdo con la investigación de Avispa Midia, por miles de hectáreas para la explotación de oro. Reyes Hernández dice a Contralínea que los terrenos aledaños ya están siendo lotificados por los agresores. Considera que quieren desplazar a los legítimos dueños para que esos terrenos puedan ser entregados a las mineras y a los especuladores de tierras.
En estos momentos, los binnizá sólo han podido erigir entre el monte una carpa con lona de plástico. “No podemos andar libremente. Nos escondemos. Nos ven y nos quieren cazar”, señala Reyes Hernández.
Explica que han tocado todas las puertas. Hasta una carta le fue entregada al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Siguen en el desamparo. No han recibido respuesta de ninguno de los tres niveles de gobierno. Tampoco hay defensores de derechos humanos que se les hayan acercado.
“Necesitamos hasta sicólogo, sobre todo para los niños, pues quedaron muy afectados desde que tuvimos que huir cuando quemaron las casas”, explica.
La comunidad está adscrita al Congreso Nacional Indígena. Resiste con la solidaridad de esta organización.
Se trata de un caso más de los que está lleno el México rural e indígena. Que luego de una tragedia mayor –que deseamos que no ocurra–, las autoridades no se llamen a sorpresa. Están avisadas. Está claro: una comunidad está siendo cazada para que dejen sus tierras. Veremos si ya considera oportuno el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas recibir a los comuneros agredidos y si en la “cuarta transformación” hay quienes sepan prevenir una masacre anunciada hasta en las redes sociales.
Ante el Presidente, acusan al Fiscal, Petronilo Díaz Ponce de encubrir desapariciones forzadas y levantones. Familia exige que aparezca con vida el joven Alexander Emmanuel López, presuntamente “levantado” por elementos de la Fiscalía. Le reprochan al gobernador, Antonio Echevarría García, su falta de interés por la vida de los nayaritas
Verónica Ramírez / Realidades
Ante el Presidente de la República, exhiben al gobierno de Nayarit como autor de desapariciones forzosas y levantones cometidos en el municipio de Bahía de Banderas presuntamente por elementos de la misma Fiscalía General del Estado.
Durante la conferencia de prensa mañanera con integrantes de medios de comunicación nacionales y locales, la periodista de aquella región, Patricia Aguilar del Portal NoticiasTV.com, dio a conocer estos hechos violentos que involucran a elementos de la Fiscalía en la desaparición de un joven de nombre Alexander Emanuel López Rodríguez de 26 años.
Detalló que el pasado 12 de mayo durante la visita que hizo el Presidente de México a Bahía de Banderas, el joven se le acercó a López Obrador para solicitarle seguridad y protección por la serie de amenazas de muerte recibidas por elementos policiacos, por el simple hecho de luchar para esclarecer el caso de su padre, el licenciado Ignacio López quien está encarcelado por secuestro, delito presuntamente, fabricado por la misma autoridad y aún adentro de la cárcel es extorsionado.
El padre encarcelado fue preso por ser uno de los férreos defensores de un grupo de ejidatarios que pelean la propiedad de un terreno en Valle de Banderas en San Clemente de Lima con elevado valor catastral dado a su interés de ser explotado para emporios turísticos.
El licenciado Ignacio López, aún desde la cárcel intentó interponer una denuncia con pelos y señales de las personas que aún dentro de la cárcel, lo están extorsionando, denuncia que por cierto, no fue recibida por la Fiscalía porque involucraba a varios comandantes de esa área.
Como siempre sucede, la autoridad le dio largas al asunto, y con dificultad, le dieron una cita para dialogar con el gobernador hasta dentro de dos semanas más.
Pero no habían transcurrido ni una semana después de la denuncia ante el Presidente quien confiado pensó que el Gobierno de Nayarit atendería el asunto, cuando a los dos días, el joven recibió una amenaza de muerte en caso de insistir en seguir con el tema.
Y fue el 17 de mayo cuando al joven “lo desaparecieron” y hasta el momento, no se sabe nada de su paradero y de acuerdo a los vecinos fue levantado presuntamente por los mismos elementos de la Fiscalía General de Nayarit.
Es decir, presuntamente son los mismos elementos de la Fiscalía quienes levantaron y desaparecieron a este joven sin que hasta el momento, no se le ha dado seguimiento.
Y es que a decir de la periodista Patricia Aguilar, dentro de la Fiscalía existe un grupo de gorilas encargados de los levantones y desapariciones forzosas aunado a la gran corrupción que priva en la Procuraduría Agraria de Nayarit, comisariados ejidales y los tribunales unitarios agrarios.
“Cuando estaba escuchando que estaban hablando de delitos, mencionan solamente lo que tiene que ver con la droga, más no mencionan que también tenemos delitos, muerte, asesinatos, desaparecidos y secuestrados por delitos de los conflictos agrarios. Y esto lo estamos viviendo en Bahía de Banderas, que es donde a mí me consta”, mencionó Paty al principio de su participación.
Las nuevas políticas migratorias en México vulneran aún más a las infancias migrantes que cruzan por el país. El Estado mexicano carece de una metodología para medir de forma eficaz las violencias que enfrentan los niños y niñas en su paso por el territorio nacional.
Texto: María Ruiz
Foto: Archivo/ Ximena Natera
La falta de cifras exactas sobre cuántos niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes pasan por México dificulta conocer los niveles reales de vulnerabilidad y violencias a las que se enfrentan.
“La cifra oficial se basa en eventos de personas detenidas por autoridades migratorias pero son eventos, no personas; una misma persona que fue detenida, deportada y luego regresó a México se vuelve a contar en la estadística anual”, explica Rosalba Rivera, gestora de casos de niñez migrante del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) sobre la estadística migratoria construida a partir de los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración (INM).
El INM maneja la cifra de 8 mil 569 niños, niñas y adolescentes migrantes que pasaron por México en lo que va del 2019 pero conocer la cifra real hasta ahora ha sido imposible, y conocer cuántos de ellos han sufrido violencia más. Esto, explica Rosalba, se debe a que no hay forma de medir esas cifras, ya que ninguna autoridad en la frontera revisa quién entra de manera irregular.
Las personas que han sido víctimas de violencia tampoco denuncian, por el miedo a ser deportados, y no hay evidencias para saber cuántos niños han sido víctimas de violencia, añade la gestora.
-¿Cuáles son las consecuencias de no tener estas cifras?
“Una consecuencia en macro sigue siendo la impunidad con las bandas de tráfico, de trata, de extorsionadores. Otra consecuencia es en la vida de las personas, para los niños son experiencias que pueden ser traumáticas para el resto de su vida”, dice Rivera.
El Estado mexicano a través del Sistema Integral de Protección a NIños, Niñas y Adolescentes asumió el compromiso de establecer una base de datos de niños migrantes, las condiciones en las que viajan, si han sido víctimas, pero no es algo que se esté llevando a cabo.
“Es muy difícil, tendría que haber un cruce de muchas instituciones que estén coordinadas en salvaguardar los derechos de los migrantes, una intención coordinada de parte de las instituciones de diferentes sectores para hacer una base de datos conjunta para la que se requerirían metodologías de recaudación de datos: ir a las casas de migrantes para saber cómo están, qué condiciones tienen”, ejemplifica Rivera.
El Comité de los Derechos del Niño del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, en las Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados en México, exhortó al Estado mexicano a recolectar datos desagregados para conocer e identificar casos de NNA migrantes, refugiados y desplazados.
“Las estadísticas permitirían diseñar esquemas de alerta temprana para resolución de conflictos; para detectar qué entornos presentan niveles de riesgos más altos y para asignar recursos de manera más eficiente para la implementación de atención a la violencia”, contó Christian Skoog representante de UNICEF en México en la presentación del informe: Panorama Estadístico de la Violencia contra NIñas, Niños y Adolescentes en México, donde también se habló de contar con registros de la situación de niños sin cuidados parentales en situación de migración.
Rosalba señala las violencias que viven los menores al pasar por el país:
Los que vienen acompañados son los que viven violencias de las más graves: extorsiones, secuestros, discriminación y xenofobia; los niños no acompañados llegan con la idea de que en la frontera norte van a pasar si sirven a las bandas de tráfico de drogas a cruzar en mochilas droga. Incluso les pagan para que convenzan a otros adolescentes a trabajar con ellos. Como entran al tráfico de drogas también tienen el riesgo de consumo, ya les pagan con droga o con dosis y pueden tener problemas de adicción que no tenían, señala la especialista.
Otra de las violencias es que al llegar a México, al no tener CURP ni estar dentro del sistema, no pueden acceder a servicios de salud, becas, programas sociales de gobierno y se enfrentan a violencia estructural que los excluye.
Los cambios recientes en la política migratoria, además, conllevan más detenciones y con eso nuevos riesgos:
“El tema de la política migratoria ha puesto más acento en la detención, estar hacinados en las estaciones migratorias sin una certeza de cuánto tiempo van a estar ahí, sin una certeza de sus derechos, con la incertidumbre de estar en un lugar desconocido en zonas prácticamente carcelarias para los niños es una violencia muy fuerte que marca sus vidas”, apunta Rosalba Rivera.
Para la activista actualmente el riesgo para los menores es alto porque la vigilancia de la Guardia Nacional ha hecho que recorran caminos más complejos o que sigan a traficantes por zonas más riesgosas donde no hay organizaciones que estén cerca por si necesitan acompañamiento: “El riesgo es que los traficantes ahora tengan un negocio más gordo. Incrementa el negocio para ellos e incrementan los riesgos para las personas, sobretodo para los niños” reflexiona.
“El riesgo es que los traficantes ahora tengan un negocio más gordo. Incrementa el negocio para ellos e incrementan los riesgos para las personas, sobretodo para los niños” reflexiona.
Antes que migrantes son niños
En el nuevo contexto de México respecto a la migración, para Rosalba la seguridad de los NNA migrantes deberá ser una responsabilidad mucho más seria para el Estado mexicano y para las organizaciones:
“A México le va a tocar brindar la protección que anteriormente Estados Unidos (EU) brindaba, aunque no en el discurso, ya que los niños lograban pasar, había muchas opciones con las que Estados Unidos les daba seguridad. Ahora como va a ser más difícil que los niños se quedarán en México. Ver si lo que se necesitan son programas para conseguir autonomía o familias de acogida no solamente pensar en la opción a corto plazo de tener albergues”.
Imumi señala la urgencia de que no existan niños, niñas ni adolescentes en detención, porque ven que la tendencia de la nueva política va por esos caminos lo que los pone en situaciones deplorables, además de violar la ley mexicana y los acuerdos internacionales que ha firmado.
“La detención de niños es de las violencias más grandes y de las consecuencias más fuertes”, advierte Rosalba.
Sanjuana Martínez es directora de la agencia de noticias Notimex. En la imagen, con el presidente López Obrador el día que fue propuesta para el cargo. Foto: Notimex
Vicente Gutiérrez/El Econoista
Un grupo de periodistas y trabajadores de Notimex (Agencia de Noticias del Estado Mexicano) que fueron despedidos de manera injusta decidieron en un acto de buena fe y por intervención de la Presidencia de la República sentarse a dialogar con las autoridades de la institución con el objetivo de llegar a un arreglo civilizado y de reconciliación con la empresa.
“Pero Sanjuana Martínez Montemayor, directora general de Notimex, rompió las negociaciones y no respetó lo acordado de no ‘litigar en los medios’ y el jueves 11 a las 14:00, declaró en entrevista con Julio Astillero que todo era organizado por un grupo al que ella quiere encasillar como los 14 rijosos, porros y golpeadores de Notimex”, informaron los trabajadores.
En plena negociación, aseguran que “se puso la entrevista en vivo frente a los directivos y se les pidió una explicación sobre las agresiones y su falta de respeto al acuerdo de no agresión y reconciliación como ellos le llamaron y los licenciados Fernández Peña y Canché Chan se concretaron a decir que no podían hacer nada contra su directora general ni para evitar que hablara”.
Sin embargo, continuó el diálogo, se acordó que el periodista Alejandro Garza, subdirector en la Agencia o por lo menos ejerciendo esas funciones, presente en la reunión, no redactaría un despecho informativo tendencioso y sin apego a la verdad como el emitido por Notimex el día anterior, elaborado por otro subdirector del área editorial, Alejandro Salas, sólo se redactaría una minuta.
Se llegó al acuerdo de que los ahí presentes se comprometían a asistir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que se liquidara a todos los despedidos al 100% y se entregara un cheque certificado ante las autoridades por las cantidades pactadas, previo ofrecimiento que fue mostrado a cada uno.
La comisión de empleados despedidos entregó, en la reunión, una lista de 40 personas que deberían entrar a negociar a partir de este día y durante la próxima semana para que conocieran sus propuestas de liquidación entre las 10:00 y las 14:00 horas, acompañados de representantes de la comisión Negociadora de Periodistas y Trabajadores Despedidos de Notimex.
“Desafortunadamente, hoy durante la mañana, el licenciado Fernández Peña desconoció este acuerdo, negó el acceso a los representantes de la comisión para acompañar a los empleados despedidos durante sus negociaciones y exigió que ingresara uno por uno, sin acompañantes, a lo que no accedieron varios compañeros”.
En dos casos, los compañeros que tenían cita a las 11:00 horas fueron recibidos después de las 13:00 horas con el argumento de que el licenciado Fernández Peña no estaba y luego con el pretexto de que estaba en una junta, lo anterior debido a que se les dijo que sí estaba pues él, minutos antes, fue quien negó el acceso a los compañeros de la Comisión”, relatan.
Y continúan con “la sorpresa fue cuando dos compañeras accedieron a subir solas tras conocer los acuerdos a los que llegó la comisión en las dos juntas previas del miércoles 10 y jueves 11 de julio”.
En esa reunión les informaron los ofrecimientos, que no correspondían al 100% de liquidación y cuando se le hizo notar al abogado José Hernández que existía un acuerdo de liquidación al que, un día anterior, se llegó con la comisión de los extrabajadores, el funcionario de Notimex respondió textual: “no existe ningún acuerdo para liquidar al 100%, les mintieron sus compañeros, no hay nada al respecto”.
“Los periodistas y empleados de Notimex afectados reclamamos la reinstalación en nuestras plazas de trabajo o una liquidación al 100% como marca la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo, así como respeto a nuestros derechos laborales y humanos”.
Pero la directora de Notimex violó el pacto y ante esta situación se rompieron las negociaciones.
“Los trabajadores despedidos injustificadamente demandamos del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su intervención para que la señora Sanjuana Martínez Montemayor acate sus instrucciones y se llegue de manera seria, comprometida y respetuosa a una reconciliación en un lugar neutral que puede ser la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y dejen de engañar a los trabajadores de Notimex cesados de manera injustificada, así como de mal informar a los medios y al pueblo de México”, finaliza la carta.
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México
A la sexta nacional e internacional
A las redes de resistencia y rebeldía
A las redes de apoyo al CIG
Territorio Comunitario, Guerrero, 12 de Julio de 2019
Los hombres, mujeres, niños, niñas, abuelitos y abuelitas que integramos el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata, nuevamente tenemos que levantar nuestra voz para denunciar la omisión de las autoridades municipales, estatales y federales frente a la emergencia humanitaria que se recrudece en el territorio comunitario de la Montaña Baja del estado de Guerrero. Los grupos narcoparamilitares continúan asesinando a nuestros promotores y promotoras del CIPOG-EZ y delegados del CNI, demás han iniciado una campaña de amenazas contra nuestra organización, con el fin de exterminar y desarticular a los pueblos organizados.
El lunes 8 de Julio del 2019 los indígenas nahua David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas, promotores locales del CIPOG-EZ y delegados del CNI en Guerrero originarios de la comunidad de Ayahualtempa, del municipio de José Joaquín de Herrera, de acuerdo a los testimonios de los vecinos el grupo narcoparamlitar «Los Ardillos» los levanto en el crucero del Jagüey y aparecieron asesinados al día siguiente en la localidad de Chautla, que se ubica antes del arco de entrada a Chilapa, y a unos kilómetros de la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, este lugar donde es de conocimiento público controlada por este grupo.
El miércoles 10 de Julio del 2019 las indígenas Nahua Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón promotoras locales del CIPOG-EZ y delegadas del CNI en Guerrero, fueron asesinadas cobardemente, con el mismo modo de operar. Fueron levantadas y desaparecidas en el crucero del Jagüey, donde incluso las bajaron del transporte público y alrededor de las cinco de la tarde se encontraron sus cuerpos sobre una brecha de terracería en la colonia Corral de Piedra de la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez. En esta zona existe presencia de la Guardia Nacional, aunque desde su arribo no ha representado cambio alguno frente a la violencia de los grupos narcoparamilitares.
Desde el viernes 5 de Julio del 2019 y a la fecha fuimos informados que el grupo narcoparamilitar «Los Ardillos» realiza investigaciones y seguimiento en contra de varios promotores estatales y regionales del CIPOG-EZ y delegados del CNI, de forma particular contra nuestro hermano Na Savi Jesús Placido Galindo, a quien dicen; están «buscando por todo el estado, para despedazarlo.» Las amenazas vía telefónica también fueron ratificadas por transportistas de la Montaña Alta y otras regiones del estado, así como por comisarios de la Montaña Baja quienes dieron aviso a promotores de la organización para que pudieran alertar a sus compañeros.
El asedio a las comunidades indígenas nahua integrantes del CIPOG-EZ no ha cesado, los retenes narcoparamlitares continúan y en ellos registran a la población que se dirige a las cabeceras municipales. Los gobiernos Estatal y Federal anunciaron con bombo y platillo la llegada de la Guardia Nacional, pero en los hechos no vemos mayor seguridad, no vemos el desmantelamiento de los grupos narcoparamilitares, no vemos que se haga justicia a nuestros hermanos y hermanas brutalmente asesinados y asesinadas.
Nuevamente insistimos y reiteramos que hacemos responsables a los gobiernos del municipio de Chilapa de Álvarez a cargo de Jesús Parra García, al gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores, ambos militantes del PRI y al gobierno federal de MORENA a cargo de Andrés Manuel López Obrador; por la integridad física y la vida de nuestro hermano y promotor estatal Na Savi Jesús Placido Galindo y así como de todas y todos los promotores del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata. Ya que cada una de estas autoridades han sido informadas directamente por diversas vías desde hace más de un mes, de esta alarmante emergencia. Al gobierno de AMLO le solicitamos específicamente que aplique las medidas de seguridad correspondientes por ley, de forma urgente debido a la gravedad de la situación, y hasta el momento a más de un mes de la solicitud continua siendo omiso.
Los niños y jóvenes de las 22 comunidades del CIPOG-EZ que se encuentran sitiadas por los grupos narcoparamilitares continúan sin ir a la escuela, desde el kínder, hasta la preparatoria. Además del terror psicológico que están viviendo nuestras comunidades, el estado de Guerrero y en especifico las comunidades indígenas y campesinas pobres continúan siendo sometidas bajo un régimen de sangre y esclavitud moderna. El actuar de los tres niveles de gobierno evidencia su complicidad por acción u omisión y tal parece que lo que buscan es crear un escenario de tolerancia para que los grupos narcoparamilitares desmantelen a las organizaciones indígenas que buscamos construir nuestro propio destino, lejos de la esclavitud y el cacicazgo.
Nuestro único delito es defender la vida, defender la tierra, defender el territorio, luchar por la reconstitución integral de nuestros pueblos, luchar por abrirle camino a la vida, en medio de la muerte que nos impone este sistema. La sentencia de muerte para nuestros hermanos y hermanas José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, David Domingo Alonso, Marcelino Pedro Rojas, Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón, fue intentar construir un futuro digno y en paz para sus pueblos, en medio de de «la finca» que han construido los grupos narcoparamilitares en coordinación con los malos gobiernos, para someter bajo fuego a las comunidades indígenas, aprovechando la miseria y la marginación en la que sobreviven.
La guerra de exterminio en contra de los pueblos indígenas organizados se intensifico a partir del inicio de este 2019, apenas era el 20 de enero cuando fue asesinado el integrante del Concejo Indígena Popular de Oaxaca – Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM); Gustavo Cruz Mendoza comunicador indígena que luchaba por su pueblo y por defender su territorio en la región Chinanteca de Oaxaca. A cinco meses de este cobarde asesinato el pasado 20 de junio del 2019, también fueron asesinados; Regulo Jiménez Pulido, Fidel Cruz Mendoza y Mario Cruz Jerónimo, familiares del difunto Gustavo y colaboradores del CIPO-RFM, estos crímenes continúan en completa impunidad.
El 20 de Febrero fue asesinado nuestro hermano indígena Nahua Samir Flores Soberanes de la comunidad de Amilcingo en Morelos. Samir fue integrante activo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, quienes mantienen una digna lucha contra la termoeléctrica y el gasoducto en Huexca. Samir también era comunicador indígena, era un compañero bien organizado junto con su comunidad y comunidades de la región, y ese fue su delito.
Desde Marzo a la fecha en las comunidades indígenas Otomís del Estado de México que resisten contra el proyecto carretero Autopista Toluca-Naucalpan, se han incrementado las agresiones, las amenazas, los grupos de golpeadores pagados, las incursiones de la Policía Estatal protegiendo a las empresas constructoras y nuevamente la omisión de los malos gobiernos. Pese a que la lucha jurídica la han venido ganando, la ilegalidad, la corrupción y la impunidad se imponen conjuntamente con la fuerza pública y la violencia, para aislarlos y consolidar este largo proceso de despojo, que beneficia a altos grupos empresariales y políticos, frente a la destrucción del bosque, el agua y la vida.
Desde el 15 de Marzo inicio una huelga de hambre que continua hasta el día de hoy y suman ya 121 días que nuestros hermanos presos indígenas organizados en el estado de Chiapas están luchando por su libertad de esta forma. Ellos han sido detenidos sin orden de aprehensión y fueron obligados a confesar bajo tortura delitos que no cometieron, entre tantas otras injusticias, que continúan narrando y denunciando. Nuestros hermanos indígenas en huelga de hambre: La Voz Verdadera del Amate: Abraham López Montejo, Germán López Montejo, en el penal de El Amate (Cintalapa). De La Voz de Indígenas en Resistencia Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz en el CERSS 5, (San Cristóbal de las Casas) y de Viniketik en Resistencia: Marcelino Ruíz Gómez, Baldemar Gómez Hernández, en el CERSS 10, (Comitán de Domínguez). Y hasta el momento ninguna autoridad a dado solución a sus justas demandas, solo han encontrado en los malos gobiernos oídos sordos.
En Abril del 2019 nuestros hermanos del EZLN denunciaron como se ha incrementado la militarización y la guerra contrainsurgente en contra de las comunidades zapatistas. Claramente dijeron; «Ahora, además, miembros del Ejército Federal y Fuerza Aérea se adentran en las montañas y aparecen en las comunidades diciendo que viene la guerra y que sólo están esperando órdenes de “mero arriba”.» Su único delito de nuestros hermanos zapatistas, ha sido solamente luchar por las demandas justas de los pueblos indígenas de todo México y dar un ejemplo de como organizarse y defender la vida de los pueblos originarios frente a la guerra de exterminio.
En Mayo fue asesinado un joven indígena y tres quedaron heridos en la comunidad indígena de Zacualpan en el estado de Colima, donde están organizados en el Concejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan. Estos hechos fueron realizados por el crimen organizado y la tolerancia de los tres niveles de gobierno, así lo denunciaron nuestros hermanos.
Estos son solo algunos de los casos que conocemos y recordamos hoy, porque entendemos que la guerra de exterminio ahora nos está golpeando muy fuerte en Guerrero, pero que se extiende por todo nuestro país y va cobrando vidas, muchas vidas. Aunque haya cambiado de piel el gobierno, continua protegiendo los intereses de los de arriba, a costa de nuestras vidas. Por eso reiteramos hoy que el CIPOG-EZ no se va a rendir, sigue y seguirá luchando por la vida y la dignidad de los pueblos originarios, a pesar de que enfrente tenemos un sistema de muerte y destrucción que insiste en exterminarnos.
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos.
¡Justicia para José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, David Domingo Alonso, Marcelino Pedro Rojas, Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón, integrantes del CIPOG-EZ y el CNI-CIG!
¡Justicia para Gustavo Cruz Mendoza, comunicador indígena asesinado del CIPO-RFM!
¡Viva la resistencia indígena Otomí del Estado de México contra la autopista Toluca-Naucalpan!
¡Libertad para Fidencio Aldama de la tribu Yaqui!
¡Justicia para la comunidad indígena de Zacualpan!
¡Alto a la guerra contrainsurgente en contra del EZLN!
¡Nunca más un México sin nosotros!
Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)
Al pueblo de México
A los Pueblos del mundo
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A las Redes de Apoyo al CIG
A la Sexta Nacional e Internacional
A los medios de comunicación
El Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno, denunciamos la persecución que las bandas de la delincuencia organizada denominadas Los Rojos y Los Ardillos, ambas protegidas por los malos gobiernos, realizan de manera creciente en contra de las comunidades que son parte del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata, amenazando de muerte a nuestros compañeros y compañeras que se organizan para recibir a la caravana a la que convocamos el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como parte de la Campaña por la Vida, la Paz y la Justicia en la Montaña de Guerrero.
Denunciamos la escalada de agresiones armadas en contra de las comunidades que, en ejercicio de su autonomía, se organizan para construir desde abajo la paz y la justicia en las comunidades indígenas de la montaña baja, en todo el estado de Guerrero y en todo el país.
Con la complicidad del mal gobierno, con su silencio y protección que hacen todos sus partidos políticos y niveles a las bandas narco paramilitares, hacen posible que se siembre el terror y el luto por los territorios de los pueblos originarios, donde las decisiones colectivas de los pueblos siguen diciendo que no quieren la muerte que el capitalismo ofrece a cambio de la vida, que no quieren ese poder que con armas gobierna en favor del capitalismo y su corrupción.
En vista de todo lo anterior y al no haber garantías de seguridad para la libre organización en las comunidades en la región que, con dignidad y determinación, no cesan en la construcción de las grietas que rompan el cerco de muerte, sino que por el contrario se arrecia la guerra en su contra; el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata y la Comisión de Coordinación del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno, damos a conocer nuestra determinación de posponer la Caravana por la Vida, la Paz y la Justicia en la Montaña de Guerrero, llamando a redoblar esfuerzos para apoyar acopio que se ha venido recolectando en la calle Dr. Carmona y Valle No. 32 en la colonia Doctores, Ciudad de México, con alimentos no perecederos y medicamentos, así como la cuenta bancaria a nombre de Alicia Castellanos Guerrero, BBVA Bancomer, No. de Cuenta: 0471079107, Clabe Bancaria: 012540004710791072, SWIFT BCMRMXMM, ABA: 021000128, enviando copia del depósito con nombre, teléfono o dirección al siguiente correo: aliciac.2145@gmail.com; y manifestando que dicho donativo va dirigido a las comunidades participantes en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG- EZ).
Llamamos a permanecer atentos y solidarios a la palabra de las comunidades indígenas que luchan para detener esta guerra en contra los pueblos originarios, en contra nuestra resistencia y nuestra rebeldía.
Atentamente
Julio de 2019
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
En el discurso del gobierno mexicano, la región sureste es representada como el escenario para “combatir” a la pobreza y marginación. Por ello, las autoridades federales han reforzado el llamado a las inversiones tanto nacionales como extranjeras para detonar el “desarrollo” de la península de Yucatán.
En contraste, las comunidades campesinas e indígenas mayas han denunciado que los planes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sólo exacerban la actual devastación y despojo, detonadas en las últimas décadas por el crecimiento desmedido de la industria inmobiliaria, el agronegocio, la producción de energías renovables y el turismo a gran escala.
“En la península se han talado miles de hectáreas de árboles para instalar parques eólicos; las granjas de hasta 50 mil puercos canalizan la suciedad a sus cenotes sagrados; los menonitas han convertido en desierto a sus selvas altas y silenciado a sus aves para la siembra de soya transgénica con maquinaria; y el turismo verde que busca cenotes y sitios arqueológicos los ha expulsado de su propia tierra”, manifestó Pedro Uc, habitante de la comunidad de Buctzotz e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xiinbal, en Yucatán, durante conferencia de prensa el pasado 4 de julio.
En dicho evento, diversas organizaciones sociales presentaron presentaron una herramienta de visualización cartográfica realizada por investigadores del colectivo Geocomunes para el análisis de los proyectos implementados en la península de Yucatán.
“El tren maya viene a coronar esa serie de despojos”, enfatizó Ángel Sulub del Centro Comunitario Ukúuchil k ch’i’ibalo’on, en Quintana Roo, quien a la par de otros voceros de comunidades mayas de Yucatán y Quintana Roo denunciaron el despojo causado un modelo de desarrollo basado en la depredación de los bienes naturales en la región, a costa de la vida de todos sus habitantes.
El “desarrollo” que despoja
Durante décadas, las comunidades de la Península de Yucatán han sido testigos del crecimiento urbano motivado por la implementación de “polos de desarrollo”. En particular, cinco lugares en distintos estados mexicanos (Ixtapa, Huatulco, Los Cabos, Loreto y Cancún) fueron reordenados de acuerdo a las políticas denominadas Centros Integralmente Planeados (CPI) ideados desde el Banco de México a finales de la década de los 60s y ejecutados con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial durante los años 70s.
“El gran capital aumenta sus ganancias moviéndose de un sector a otro, adecuando el territorio a sus necesidades y afectando las dinámicas sociales a través de ingenierías del conflico que permitan el acaparamiento de la riqueza. Todas estas transformaciones involucran la inversión y establecimiento de nueva infraestructura de transporte, energética y habitacional. El conjunto de estas adecuaciones, obras y planes configura un mismo megaproyecto que se expande por toda la península”, enuncia el análisis El megaproyecto para la península de Yucatán, del colectivo GeoComunes, el cual acompaño la presentación de las herramientas cartográficas.
Para impulsar el sector turistico fue fundamental el CPI de Cancún, el cual recibió mayor presupuesto desde la la creación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Turismo en la década de los 70s, organismos gubernamentales que hoy promueven la implementación del “tren maya”.
“Ahora vemos lo que está pasando allá: el narcotráfico, la violencia, los asesinatos, los feminicidios y nuestros jóvenes trabajando en los grandes hoteles, sirviendo a quienes los desprecian y teniendo que sonreír un montón para ganar una propina”, refirió Wilma Esquivel Pat, otra de las participantes en la conferencia de prensa.
En este contexto, las inversiones se redirigieron en sectores relacionados al turismo, como el ramo inmobiliario, además de la construcción de megaproyectos eólicos y solares.
Por poner un solo ejemplo, los proyectos de generación eléctrica desplegados en la península son mayoritariamente privados, de los cuales 11 son parques solares y 12 son proyectos de parques eólicos que pretenden acaparar una gran extensión de tierras.
Aunado a ello,la imposición del “tren maya” plantea ampliar el transporte turístico y crear polos de desarrollo inmobiliario alrededor de cada estación, con lo cual el impacto del megaproyecto rebasa por mucho el discurso reduccionista oficial el cual señala que sólo habrá impactos ambientales en el paso de vía de los trenes.
Al mismo tiempo, el tren de carga asociado intensificará el modelo de agroindustria exportadora pese a la evidencia de que la expansión de la agroindustria ha motivado la mayor tasa de deforestación de todo el país en la península de Yucatán.
Legalizar el despojo
En el análisis de las comunidades de la península queda claro que las industrias referidas, pese a despojar y devastar el medio ambiente, han adquirido legalidad mediante la reingenieria estatal de finales del siglo pasado.
“El primer ciclo de expansión urbana fue posible gracias a la incorporación del suelo ejidal al desarrollo urbano impulsado por la Ley Agraria de 1992 y la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) de 1993. La nueva LGAH de 2016 ha favorecido un segundo ciclo de expansión urbana, de naturaleza vertical, con base en el modelo de ciudad compacta”, asevera el informe elaborado por GeoComunes.
La reforma del sector eléctrico en 1993 que permitió la generación privada de energía eléctrica impulsó una primera expansión de la capacidad de generación; veinte años después, la Reforma Energética de 2013 y principalmente la subasta eléctrica de 2016 impulsan el auge de la producción de energía renovable en manos de la inversión extranjera.
En este contexto, los nuevos parques industriales y los proyectos de energías renovables avanzan en el caparamiento de tierras ejidales, además de incentivar la especulaciónd de la tierra. A ello se suma la devastación producto de la agroindustria, principalmente con el cultivo de soya transgénica.
De acuerdo al análisis presentado en julio del 2019, fue a partir del año 2011, en el contexto de la implementación del Proyecto Transversal Trópico Húmedo, cuando reinició un nuevo ciclo que promovió cultivos de soya transgénica y palma aceitera.
En ese mismo año, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) autorizó a la empresa multinacional Monsanto la siembra de soya transgénica en los estados de Yucatán Campeche y Quintana Roo.
Para 2014, comunidades de campesinos mayas argumentaron violaciones a su derecho de tener un medio ambiente sano, por lo que interpusieron amparos ante jueces federales. En 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de las comunidades mayas debido a que se omitió la realización de consultas a las indígenas para saber si estaban a favor o en contra de estos proyectos.
No obstante las sentencias que impiden el cultivo de soya transgénica, en 2017 comunidades mayas de Holpechén, Campeche denunciaron que para entonces ya existía la siembra ilegal de más de 23 mil hectáreas del cultivo con semillas de Monsanto.
Debido al cultivo intensivo de soya transgénica han sido derribados la mitad de los terrenos forestales del municipio de Hopelchén, Campeche.
De acuerdo a información de la plataforma Global Forest Watch, desde el auge de la agricultura mecanizada en 2001 hasta 2019, sólo entre Campeche y Quintana Roo se han deforestado casi un millón de hectáreas de selva.
El ritmo de pérdida forestal en estos dos estados de la península se aproxima a 1,400 hectáreas de selva cada semana.
Los responsables
Entre los años de 1985 y 2017, la superficie en la península de Yucatán sembrada con soya creció de 1.8 a 52 mil hectáreas. Actualmente el 95% de los cultivos se concentran en dos municipios de Campeche (Hopelchén, Campeche), dos de Yucatán (Tekax y Tizimín) y uno en Quintana Roo (Bacalar).
La expansión del agronegocio de la soya fue impulsada en la península de Yucatán a aprtir de 2013 por una triple asociación empresarial que ha beneficiado a industrias nacionales y extranjeras.
*Proteínas y Oléicos de Jacobo Xacur Eljure. La empresa compra la soya a las comunidades menonitas-mecanizadas de Campeche y la procesa en su planta ubicada en Mérida para abastecer a la industria alimentaria de Yucatán.
*Enerall, propiedad de Alfonso Romo (actual jefe de la Oficina de la Presidencia), concentra toda la cadena productiva en una misma empresa. Primero exportó el modelo de bicultivo (maíz en invierno y soya en verano) a Tizimín y desde 2017 se asoció con la norteamericana Cargill para aprovechar la soya en su planta procesadora de semillas localizada en Cabichén.
*Grupo Kuo, de Fernando Senderos Mestre. Principal comprador de soya en la región y quien la procesa en su planta de Kekén en Umán, la cual alimenta a más de 120 granjas porcícolas de su propiedad ubicadas en Yucatán, además de abastecer de alimentos procesados a los mercados de México y los Estados Unidos.
Apenas el pasado 5 de marzo del 2019, ejidatarios de Hopelchén cedieron a la presón de agricultores menonitas y aprobaron la renta y el posterior desmonte de por lo menos 4 mil hectáreas de selva alta, en las pocas reservas forestales que aún quedan en el municipio, considerado el más deforestado del país.
Dicha zona se encuentra en los límites del Municipio de Calakmul, Campeche, y José María Morelos, en Quintana Roo y será utilizada para la siembra de sorgo.
Sin embargo, días después del derrumbe de hectáreas de selva, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reveló que no existen permisos para cambio de uso de suelo en la región mencionada, por lo que anunciaron la persecución de los culpables.
Maquinaria utilizada para la deforestación del mes de marzo, 2019.
Al mismo tiempo, existen denuncias de que se está desmontando sin permiso en las comunidades de Xmabén, Tres Valles, Nuevo Durango y Monte Verde. Prudencio Ek, Emiliano Chi, Jacinto Coj e Ismael Ku Chi, entre otros ejidatarios acusan a las autoridades ejidales encabezadas por el comisario Carlos Lara Dzib, José del Carmen Chan Cú, secretario general; Francisco Chi Ojeda, tesorero, y Víctor Tax Pérez, de vigilancia, de ser los directamente responsables de la destrucción de la selva.
Los jornaleros oaxaqueños y guerrerenses que van a trabajar a los campos de Guanajuato cumplen una importante función en la economía de esta entidad, pero viven en condiciones precarias. Estas familias, que se acomodan en campamentos temporales, presentan necesidades que hasta ahora los tres niveles de gobierno no han satisfecho, sobre todo en cuanto a seguridad, educación de los menores y alimentación.
BARRETOS, Gto. (Proceso).- Cristina abre la reja y cruza el patio de la estancia caminando muy despacio hasta donde está su hijo jugando con otros niños. Se deja caer en la primera silla que ve; el cansancio está en sus pies, en su cuerpo, en sus ojos.
Son las seis de la tarde y acaba de dejar el campo donde corta chiles desde hace más o menos un mes. Normalmente comienza a las siete de la mañana y termina a las cinco de la tarde. Pero como llovió en la mañana, comenzaron hasta las nueve.
“Hoy no tengo ganas de cortar”, murmura mientras mira sus pies descalzos. Aun así alcanzó a llenar ocho arpillas con chiles; en días mejores suelen ser 10 o más.
Originaria del poblado de San Jerónimo, en Tlacoachistlahuaca, viajó a esta comunidad perteneciente a León en su recorrido con el grupo de migrantes agrícolas guerrerenses que, más o menos entre abril y julio, trabajan en estas y otras tierras de Guanajuato desde hace ocho años. Ella ha venido los últimos cinco o siete años.
En la mano, Cristina trae una bolsa de plástico con fármacos que le dio un médico de la Secretaría de Salud estatal. Una brigada llegó este día (martes 18 de junio) al campo y pudo revisar a varios jornaleros y jornaleras. A ella le recetaron Fluoxetina y Soltrim. El primero es un antidepresivo: “Es que a veces me entra como miedo o algo así”.
–¿Miedo de qué?
–No sé… por tantos corajes.
La mujer está instalada con su pareja y su hijo en un campamento en esta misma comunidad de Barretos. No tiene papeles y no los ha conseguido por una razón: “No me acuerdo cuándo nací”.
Algunas familias se juntaron para rentar una bodega, pero la de Cristina y otras cuatro o cinco no alcanzaron lugar o no tuvieron para pagar, así que levantaron sus tiendas con techos de hule azul y negro a un lado del galerón, donde descansan en las cobijas sobre la tierra y el pasto.
En la tienda apenas caben los tres. Hay un garrafón de agua medio vacío, una pelota de plástico verde, un par de cobijas, algo de ropa. Otro plástico cubre a medias algunos trastes y el montón de leña de un rudimentario fogón.
Algunas familias llegaron antes que el grupo de Cristina y se salieron de la bodega porque los primeros días no tuvieron agua ni luz. A unos metros, en un tinaco negro con logo de la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría del Bienestar) y su eslogan del sexenio pasado, inalcanzable: “Vivir mejor”. A veces llena ese tinaco una pipa que manda el gobierno municipal de León.
En la bodega se quedan algunas mujeres, como Imelda, que acaba de parir en el hospital comunitario. Pero no descansarán. Dada la inseguridad que afecta esta y otras regiones del estado, ellas hacen labor de vigilancia: “Si no, roban todo”.
Barretos pasó de ser una zona segura a un lugar que los grupos de migrantes pasan de largo. Prefieren buscar en otra parte casas en renta, porque aquí se han reportado, en los años recientes, muchos robos cometidos por jóvenes de la localidad. Los pobladores reconocen que hay un severo problema de adicciones.
Marginación y delincuencia
En la estancia Casa Na’Valí, el niño de Cristina juega con el grupo que es cuidado durante las tardes por dos mujeres de esta comunidad, Vicky y Araceli. El sitio fue abierto por la asociación civil Centro de Desarrollo Indígena Loyola para atender a los hijos de los migrantes agrícolas en esta temporada. La comunidad prestó la casa ejidal y la asociación costeó pintura, vidrios nuevos, malla perimetral y lámparas.
Otras mujeres, contratadas por la asociación, atienden en el horario matutino a 20 o 25 niños y niñas. El programa incluye a jóvenes que prestan su servicio profesional para dar atención escolarizada por las mañanas, y una dieta especial para paliar la desnutrición que presentan la mayoría de los menores.
El Centro de Desarrollo Indígena Loyola es una de las principales organizaciones civiles que atienden a esta población en el estado. Hace cuatro años convocó a mujeres de Barretos para echar a andar un proyecto de recepción a las familias de indígenas migrantes, a fin de reducir la discriminación que sufren y hacer lo posible por integrarlas, especialmente a las mujeres. Con ellas también se realizan talleres de perspectiva de género sobre el cuerpo como territorio.
“Son dos proyectos relacionados directamente con la población jornalera, con niños y niñas, y las mujeres, que nos parecen los dos grupos más lastimados y vulnerados en todos sus derechos, para acompañarlos. El proyecto de Na’Valí inició como campamentos en los campos, para sacarlos de allí y darles atención educativa y nutrición, y este año con la casa para que estén bajo un resguardo seguro, digno”, explica a Proceso la directora del CDI Loyola, Giovanna Battaglia.
En contraste, la respuesta de los gobiernos en los tres niveles siempre ha sido deficiente y desarticulada, aunque han pasado ocho años desde que se detectó la presencia de los grupos originarios de Guerrero y Oaxaca en los campos de León, San Francisco del Rincón, Romita, Dolores Hidalgo, Silao, Manuel Doblado y Purísima del Rincón.
Con el pretexto de la veda electoral del año pasado y hasta la fecha, el gobierno federal no envía a nadie por aquí, señalan los jornaleros. Ni siquiera porque en censos como el de 2014 ya se contaban más de 3 mil de estos trabajadores en Guanajuato, 30% de los cuales son menores, de acuerdo con un estudio de David Martínez Mendizábal, investigador de la Universidad Iberoamericana en León.
Mónica, otra de las mujeres de Barretos que colabora en la estancia infantil como cuidadora, dice que este año les ha costado trabajo acercarse a las familias, pues casi todas llegan por primera vez. Las que vinieron en años anteriores no volvieron; ella cree que en parte por los robos.
Eso le ocurrió a la familia de Roberto, que sale de Huamuxtitlán, Guerrero, también a cortar chiles en estas tierras. Este año se instalaron en Romita, a unos 22 kilómetros de Barretos, donde consiguieron una casa para que se acomodaran sus padres, él con su familia directa, así como su hermano y su hermana con sus cónyuges e hijos.
“Es la segunda vez que me quedo en Romita –comenta–. A veces me quedo por Barretos, La Arsina, la Loma, por la Aldea. La renta está cara, tres mil pesos. Ya vamos para dos meses. No sé cuánto más dure el jale”.
Pero ahora también Barretos “se puso feo; hay mucho ratero. Entran en el día, cuando uno sale al trabajo. Los cabrones no trabajan porque están en la calle o en la casa. Cuando ven que no hay nadie, entran y se llevan lo que encuentren; lo venden en cinco pesos, diez pesos para su pinche cigarro”.
El año pasado, Roberto y sus hermanos casi sorprendieron a un ratero: “Cuando llegamos nos dijeron los niñitos que el cabrón había ido y los había asustado mucho. Fui a ver a su familia y le encargué que ya no fuera, porque no sabe de dónde somos y a dónde nos movemos. Si vuelve…”.
En el aire queda la advertencia.
Este grupo de migrantes asentados en Romita no ha visto al personal de salud ni a las maestras. Tampoco le tocó recibir el apoyo de 900 pesos por arribo, que entregaba la Sedesol, aunque sus padres todavía lo cobraron el año pasado.
Obstáculos a la educación
Según la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), este año contrató a 47 docentes para atender a un promedio de 500 menores, hijos de jornaleros en 19 comunidades de siete municipios. El 19 de junio eran 514, pero la cifra varía de un día al otro por la movilidad de los grupos.
Al personal le paga el estado, porque este año el gobierno federal no autorizó plazas ni contrataciones. También aquí se consiguen los libros de texto, pero no en sus lenguas (mixteco, náhuatl y tlapaneco), porque la Secretaría de Educación Pública no atendió la solicitud para enviarlos.
“No tenía yo idea de este problema cuando llegué a Guanajuato. Yo vengo de la Ciudad de México, completamente ajena a estas formas de operar, aunque se sabe que se mueven de un lado a otro, pero sin tener la percepción directa de qué es eso”, reconoce en entrevista con Proceso Yoloxóchitl Bustamante, exdirectora del Instituto Politécnico Nacional y designada titular de la SEG en septiembre pasado por el gobernador panista Diego Sinhué Rodríguez.
Según datos del propio CDI Loyola, en la región 1, con cabecera en Dolores Hidalgo, la SEG ha logrado un impacto en la cobertura educativa, mientras que en el resto de las zonas los resultados son irregulares.
La dependencia se enteró de este proceso por la delegada de la zona, Montserrat Bataller Sala, quien llegó en 2015. Desde entonces supo de la presencia de grupos numerosos hijos de jornaleros y habilitó horarios y personal para darles clases, que ahora abarcan desde educación inicial hasta secundaria.
Dos empresas chinas y una china-canadiense aceptaron colaborar con la delegada para habilitar o construir escuelas en las comunidades de El Ramillete, Montelongo y Jamaica, en Dolores Hidalgo. Incluso acordaron condicionar el empleo a los jornaleros: se lo dan sólo si los niños se inscriben a clases. De esa forma se les brinda atención a los menores prácticamente todo el año, no sólo durante los tres o cuatro meses en que sus familias se mueven de Guerrero y Oaxaca a Guanajuato.
Los primeros centros de atención se instalaron en Río Laja 1 y la comunidad de San Gabriel. En 2015, el primer año, tuvieron una cobertura de 130 niños y niñas en el turno vespertino en las propias escuelas de las comunidades.
Al año siguiente, el patrón en San Gabriel echó a las maestras y ya no permitió que se atendiera a los niños; desde entonces ha negado que haya menores en sus tierras, aunque las docentes saben que eso no es verdad. “Nuestros maestros cuestionaron las condiciones en las que estaban viviendo estos niños, se preocupan por la higiene, la alimentación, y los sacaron. Ya lo reportamos y van a entrar autoridades a ver eso”, dice la delegada de la SEG.
Ambas funcionarias admiten que se enfrentan a varios retos: el modelo educativo nacional, que no sirve para atender a esta población; la poca articulación entre los estados que reciben a jornaleros; la necesidad de ofrecer atención integral, es decir, que incluya actividades recreativas, físicas y culturales, además de ampliar el acceso a las niñas ante la resistencia de sus familias a que continúen sus estudios después de los 10 años; además de la problemática de la sexualidad temprana, a través de la cual los adolescentes adquieren el estatus de jefes de familia y pueden trabajar.
En San Francisco del Rincón, más de 90 de estos migrantes ocupan el albergue Benito Juárez, construido entre 2015 y 2016 por el gobierno federal con recursos del Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas (PAJA). Muchos provienen de Cochoapa el Grande, Guerrero, donde –dice uno de ellos– “no hay trabajo, nada”.
El lugar es sostenido por el gobierno municipal, que le paga 2 mil pesos al encargado, quien se queja del vandalismo de algunos vecinos.
Hay varios cuartos, cada uno con dos o tres familias, y dos áreas comunes con literas. Los que no caben se instalaron en tiendas de hule en el patio, junto a las tres mesitas donde dos jóvenes maestras egresadas de la carrera de Pedagogía dan clases por la tarde a unos cuantos de los más de 30 niños y niñas que actualmente viven ahí.
En las áreas comunes, sobre el pasillo que forman las filas de literas, dos carpas de malla cubren a dos muchachas hincadas en cartones cubiertos de cobijas. Lupita tiene dos recién nacidas a las que alimenta por turnos; y Martina, de 17 años, acaba de dar a luz una niña a la que quiere llamar Cecilia.
Las tres niñas nacieron a fines de mayo, en esas carpas…
Este reportaje se publicó el 7 de julio de 2019 en la edición 2227 de la revista Proceso
en el Proyecto Templo Mayor trabajan 21 especialistas en arqueología, restauración, antropología física y arquitectura. Foto: Iván Stephens
Alida Piñón/El Universal.
Aunque se trata de uno de los proyectos arqueológicos más reconocidos en México y el mundo, los especialistas del Proyecto Templo Mayor trabajan en la precariedad.
l equipo de 21 especialistas que integran el Proyecto Templo Mayor (PTM), del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dirigido por Leonardo López Luján, cuenta que viven en una incertidumbre laboral inédita porque, ante la austeridad que impuso la administración pública federal, existe la posibilidad de que llegue el día en que no sean recontratados o que se les plantee un recorte en sus gastos operativos.
Leonardo López Luján, especialista en las sociedades prehispánicas del centro de México. /El Universal
“Siempre hemos trabajado con las uñas, en el filo de la navaja. Si despiden a alguien o si nos bajan más el poco recurso que tenemos, el Proyecto ya ni siquiera es viable; bajo la cortina. Ya resolvimos lo urgente que vivimos durante el primer trimestre cuando no teníamos ningún recurso, pero ahora estamos en un momento sin buenas perspectivas por una austeridad que, creo, está mal entendida porque se está sacrificando a la ciencia. En todo el mundo se entiende la importancia de la ciencia, en México no sé quién asesora al señor presidente de la República. Estamos en una situación inédita; en mis 55 años de edad no había visto nada parecido”, dice en entrevista López Luján, responsable del PTM desde hace 28 años (aunque trabaja en éste desde 1981).
El arqueólogo, considerado uno de los más importantes especialistas en la política, la religión y el arte de las sociedades prehispánicas del centro de México, ofrece un recorrido por la zona de trabajo de su equipo, localizada en el cruce de República de Guatemala y República de Argentina, en el Centro Histórico, al pie del Templo Mayor de México-Tenochtitlán.
Está orgulloso de cada uno de los integrantes del PTM y está preocupado. En diciembre pasado, la administración del INAH le envió la lista con los nombres de su equipo y le pidieron que señalara quién no era indispensable. “La devolví y les dije que no la podía llenar porque no sólo todos son vitales para seguir trabajando; necesitamos otros 20 o más para hacer nuestro trabajo de manera óptima. ¿A quién querían que despidiera?, ¿a la fotógrafa cuyo trabajo es importante por el registro científico?, ¿a una de las antropológas físicas que recibe mil 500 pesos al mes como apoyo porque tuvimos que dividir un salario para pagarle a tres?, ¿corro a la arquitecta que hace los mapas?”, cuestiona.
El 2019 empezó con una crisis financiera porque durante enero, febrero y marzo no recibieron recursos ni para cubrir los gastos operativos ni para pagar la nómina. La situación fue tan grave que en febrero los trabajadores se manifestaron afuera del Palacio Nacional para exigir presupuesto y certeza laboral porque de los 21 empleados que forman parte del Proyecto del Templo Mayor, sólo López Luján cuenta con una plaza, los demás están por honorarios, algunos de ellos firman contrato cada tres meses, otros cada seis y otros anualmente.
Foto: El Universal
Algunos de ellos, como uno de los arqueólogos, deben trabajar en otros oficios como el comercio para poder cubrir sus gastos. Los salarios del equipo van de mil 500 a los 16 mil 500; ninguno de ellos cuenta con antigüedad, jubilación, vacaciones, aguinaldo y otras prestaciones.
De los 20 trabajadores, 13 son profesionistas como arquitectos, arqueólogos, restauradores, pero son contratados como personal administrativo y apenas desde el año pasado accedieron al ISSSTE; siete más están en el esquema de la partida 3391 que corresponde a servicios profesionales, científicos y técnicos integrales; ninguno tiene seguro social.
En ese primer trimestre, López Luján y otro compañero, solicitaron préstamos a familiares y amigos para poder pagar todos los gastos. Hoy, dice el arqueólogo, las deudas están cubiertas y los pagos van al corriente pero persiste la incertidumbre laboral.
“Esta situación ya la habíamos vivido en otros años, pero ahora todavía es más complicado. Nuestro gasto operativo es bajísimo: 150 mil pesos anuales, lo usamos para comprar cosas como madera, cal, materiales como cucharillas, instrumentos de excavación, químicos para la restauración, cajas para depositar objetos. Es un presupuesto que hemos tenido desde hace años, con la inflación cada vez nos alcanza para menos cosas”.
Y añade: “No soy experto en políticas públicas, pero sí puedo percibir que estamos más lejos de las prioridades nacionales y es dramático. Mis autoridades han sido muy receptivas, nos han tratado bien, pero me dijeron que teníamos que sumarnos a la austeridad republicana; les respondí que desde que yo llegué a trabajar estamos en austeridad, lo que nos están pidiendo no es nuevo, la austeridad es nuestro estado normal”.
Tan normal que llevan años trabajando con sus propios equipos de cómputo, con microscopios prestados, con mesas hechas con tubo y mamparas o con vidrios de vitrinas de exposiciones que ya no se usaban y fueron acondicionadas como escritorios, con refrigeradores que les fueron donados.
“Esta es la ciencia en México, estos son los lujos y los privilegios que dicen que tenemos. Del INAH sólo tenemos un archivero y otro mueble, lo demás lo hemos construido o lo hemos conseguido y comprado”, dice López Luján.
Historias de vida. Tomás Cruz fue testigo de uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la arqueología mexicana: la Coyolxauhqui, hallada en 1978, desde entonces ha trabajado en el Templo Mayor en decenas de excavaciones y se ha convertido en uno de los especialistas más destacados del PTM.
Tomás Cruz trabaja en el Templo Mayor desde 1978 y ha sido testigo de los más importantes hallazgos. /Foto: El Universal
Se formó en las tierras profundas de nuestra historia mexica, sus estudios académicos llegaron hasta sexto año de primaria, debido a su vasta experiencia enseña a decenas de estudiantes y es brazo derecho de los arqueólogos que trabajan en la zona.
Tomás tiene 65 años, es zapoteco, al igual que varios de sus compañeros, es originario de Santa Ana Yareni, municipio que se localiza en la región de la Sierra Norte en el estado de Oaxaca. Ahora radica en Chimalhuacán, su salario es de alrededor de 10 mil pesos menos impuestos. Ahora mismo trabaja en las excavaciones de una ofrenda azteca, la 178, en donde fue hallada una hembra jaguar que estaba cubierta con una capa de corales de cuatro especies diferentes, además de conchas, caracoles pequeños, peces globo y numerosas estrellas marinas. Su trabajo, dice, lo hace feliz. “No sé qué vieron en mí los arqueólogos en el 78, me quitaron el pico y la pala y me vine para acá. Ver cómo se destapan las cajas provoca una gran emoción, aquí aprendí toda la historia”, dice Tomás.
El antropólogo Miguel Báez es jefe de departamento, cuenta con maestría y es uno de los que cuenta con el más alto rango salarial de 16 mil 600 pesos. “Yo puedo seguir estudiando, hacer mi doctorado, pero ya llegué al tope de crecimiento que ofrece el INAH. Nuestro sueño es tener una plaza porque nos permitiría aspirar a hacer una carrera en un sitio arqueológico, pero con un contrato de tres o seis meses nos pueden mover a otros sitios, no podemos construir un prestigio y una especialización”, dice.
La restauradora Adriana Sanromán comparte una frase: “Nosotros, como dicen los músicos, siempre andamos buscando el hueso, nuestros contratos no nos permiten otra cosa”.
El PTM, reconoce López Luján, es uno de los proyectos más estables no sólo por la importancia del sitio, también por su ubicación geográfica y porque se trata de la historia de México-Tenochtitlán. Si su equipo está vulnerable, entonces, reconoce, en otras zonas y sitios las condiciones son alarmantes.
A pesar de los operativos que se han implementado en la frontera sur de México, para contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos, durante esta semana aumentó la presencia de adolescentes e incluso familias completas procedentes de otros países de Centroamérica por este municipio.
El responsable de la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Coatzacoalcos, Joel Ireta Munguía indicó que el miércoles llegaron hasta 150 migrantes a la ‘Casa del Migrante’, mientras que el jueves llegaron 50 personas más.
“El incremento de migrantes es visible ante las redadas o tantos muros humanos que pudiera haber, siguen llegando por otras vías o por otros caminos. En junio tuvimos 1098 migrantes, creo que en julio rebasaremos los 1500 porque ha aumentado”, refirió.
Es por ello que exhortó a la ciudadanía a apoyar a este sector vulnerable, pues además de alimentos, también requieren medicamentos, debido a que muchos de ellos presentan enfermedades en las vías respiratorias.
La mayoría de los migrantes son procedentes de Honduras, los cuales llegan en grupos de 50 a 70 personas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central (CICR) lleva a cabo una intervención humanitaria en materia de desaparición de personas y forense en Veracruz, una de las entidades con el mayor número de fosas clandestinas.
El jefe de la Zona Sur del CICR México, Oscar Felipe Chávez, informó de que, como parte de esa intervención, esta organización humanitaria participa como asesor forense de las autoridades en el plan conjunto de intervención en La Guapota, una fosa clandestina ubicada en el municipio Úrsulo Galván.
El representante del CICR explicó que, como resultado de los trabajos de esta asesoría humanitaria, se está implementando este plan en el que han participado la Fiscalía y otras autoridades de Veracruz, y colectivos de familias de personas desaparecidas, para mejorar sus procesos de búsqueda, recuperación, análisis identificación y gestión de restos humanos no identificados.
En un encuentro con periodistas, Chávez explicó que la participación del CICR es parte de un proceso de asistencia técnica y acompañamiento en el marco de la ley estatal en materia de personas desaparecidas, y de la Declaratoria por Crisis Humanitaria que emitió en diciembre pasado el gobierno de Veracruz, con la cual busca atender el problema de personas desaparecidas a consecuencia de la violencia que existe en el estado.
“Se busca unir sinergias, porque es muy complicado responder a esta problemática (…) ningún estado está preparado para atender esta problemática”, dijo.
En la última década, Veracruz ha estado sumido en una lucha entre tres carteles de la droga: Los Zetas, El Golfo y Jalisco Nueva Generación y por la acción en su contra por parte de efectivos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Policía Estatal, así como por otro tipo de violencia que ha provocado la desaparición de cientos de personas.
Y en los últimos ocho años suman de manera oficial al menos 601 fosas clandestinas en territorio veracruzano, con 518 cuerpos, 560 cráneos y 53 mil 606 fragmentos de cuerpos de personas, tanto hombres, mujeres y niños.
Entre esas fosas se encuentra la conocido como Colinas de Santa Fe del puerto de Veracruz, donde fueron ubicados 298 cuerpos de personas sepultadas de manera ilegal por delincuentes.
Con un grupo multidisciplinario, el CICR asesora además sobre la implementación en materia de desapariciones, en el programa emergente por crisis de violaciones graves a derechos humanos, y en la atención a colectivos de familiares de desaparecidos en las áreas jurídica, forense y psicosocial.
También apoya el CICR a las autoridades de Veracruz en materia forense a autoridades ministeriales y colectivos de familiares de personas desaparecidas, protocolos, y en la gestión de información de los casos mediante el uso de bases de datos con información ante mortem y post mortem.
Una de esas tareas se ha concentrado en los trabajos de búsqueda en una fosa clandestina localizada en el norte de Veracruz, donde hay indicios de restos humanos en 72 lugares.
Se trata del procesamiento de 72 áreas ubicadas en el predio “La Guapota” del municipio de Úrsulo Galván, las cuales fueron ubicadas en abril pasado, donde por por era vez en México la CIRC realiza acompañamiento para elaborar un plan general.
Una abogada jurídica, sicologa (para acompañar acompañamiento a familiares y colectivos), un asesor forense y un generalista de la CIRC acompañan en materia humanitaria las labores oficiales y de ONGs de búsqueda de restos humanos.
De manera oficial en esa fosa laboral elementos de la Fscalía General del Estado, de las Comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda de Desaparecidos; la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y Colectivos.
“Se busca a nivel general un asesoramiento, es un Plan de Intervención de buenas prácticas forenses que pueda ser aplicada en otros puntos”, precisó José Raúl Pérez García, asesor forense del Comité.
Se trata de un predio de 2 kilómetros que fue usado por grupos de la delincuencia organizada para llevar a cabo inhumaciones clandestinas, por lo que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) vigilarán la zona.
Es una intervención de este tipo que por vez primera se realiza en México, pues en Guerrero la CICR asesoró en materia de cuerpos bajo resguardo de autoridades forenses y en Coahuila sobre restos en panteones.
Activistas ambientales del estado de Veracruz confían en que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, hará lo correspondiente para impedir la operación de mineras tóxicas en la entidad.
Durante la visita a Xalapa, del funcionario federal, los defensores ambientales tuvieron un acercamiento con él para hablar sobre la preocupación ante afectaciones severas de la minería que pretende concretarse en el estado.
Y es que las mineras siguen operando en los municipios de Actopan y Alto Lucero, ya que están explorando cobijados por la permisiva y perversa Ley Minera de México, que data de los años ochentas, indicó Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambienta (LAVIDA).
En una década, el proyecto minero Caballo Blanco ha cambiado de empresa en empresa, y unos kilómetros abajo está su proyecto hermano denominado El Cobre, en ambos casos de trata de minas a cielo abierto, lo cual es sumamente grave en una geografía como la veracruzana, con complejos ecosistemas, en un cerro que funge como barrera natural antihuracanes, a escasos 3 kilómetros del mar y 2 de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, refirió.
Ante ello es necesario que más que buenas intenciones, los actuales gobiernos estatal y federal que se han pronunciado en contra de los proyectos ecocidas que ponen en grave la seguridad ambiental en un contexto de crisis ecológica en el mundo, la negativa hacia la minería a cielo abierto se materialice mediante decretos, por ejemplo.
Al respecto, Rodríguez Curiel acentuó que Veracruz requiere un decreto que proteja mar, selva y sierra, pues mientras tanto la amenaza de la minería a cielo abierto está latente y peligra, por lo tanto, el mar, la selva y el bosque y, con ello, la vida de diversas especies vegetales y animales.
En este escenario, la sociedad civil organizada en defensa ambiental, pidió al titular de la Semarnat, Víctor Toledo, hacer lo correspondiente para frenar definitivamente los proyectos de minas a cielo abierto en el estado. La petición ha sido hecha también para el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Los funcionarios federal y estatal, respectivamente, se comprometieron a explorar los mecanismos para impedir la operación de las mineras tóxicas, reveló Guillermo Rodríguez Curiel.
“Confiamos en su palabra y seguiremos en resistencia para procurar a la naturaleza para ésta y las próximas generaciones”.
Familiares de Daniela Ramírez identificaron los restos de la joven, hallados en un paraje cercano al poblado de Parres, al sur de la Ciudad de México. En esta zona limítrofe con el estado de Morelos es común la aparición de cuerpos/Foto: Ximena Natera
Texto de Arturo Contreras Camero y Fotos de Ximena Natera/Pie de Página
El hallazgo de los restos de Daniela Ramírez, una joven de 18 años que desapareció hace casi dos meses después de tomar un taxi, en las inmediaciones del poblado de Parres, al sur de la Ciudad de México, es muestra de un fenómeno común en estos parajes donde es frecuente el hallazgo de cuerpos y restos de personas sin identificar.
El pasado miércoles 11 de julio, medios de comunicación capitalinos publicaron el hallazgo de dos osamentas, jirones de ropa y unas botas que fueron identificados por los familiares de Daniela, aún antes de que la Procuraduría les pidiera que los identificara.
Daniela Ramírez desapareció alrededor de las nueve de la noche, después de subir a un taxi con rumbo a una fiesta el pasado 19 de mayo. Durante el trayecto, la joven pidió ayuda a uno de sus amigos por un mensaje en Whatsapp cuando se percató que la ruta a la que enfilaba no era la de su destino. “Ayuda. Creo que el taxi me quiere secuestrar”, decía uno de los mensajes. Inmediatamente después, su amigo inició una búsqueda a través de redes sociales.
El lugar donde desapareció Daniela es muy cercano al último lugar en el que se tiene registro de su presencia, muy cerca de Parres, un poblado rural al sur de la alcaldía de Tlalpan, al pie de la carretera federal México-Cuernavaca, casi en la frontera con ese estado. Esta carretera conecta también con el camino que baja del Ajusco. Es una zona boscosa, poco poblada y con muy poco tránsito.
La otra osamenta que se encontró junto a la de Daniela aún no ha sido identificada, pero se cree que podrían pertenecer a Pamela Gallardo, otra joven desaparecida en la zona el 5 de noviembre de 2017. Pamela salió de una fiesta de música electrónica, un rave, en el Ajusco a unos 20 kilómetros de donde se encontraron los restos.
A partir del hallazgo de estos restos, los abogados del caso de Pamela solicitaron a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México que se realizara una confronta de ADN.
“Sabemos que en esa zona operan distintos grupos delincuenciales. Hay varios conflictos comunitarios, varios grupos de secuestro. Es común encontrar cuerpos. Hay una alto índice de violaciones, y también de trata. Todo eso que ha sido recopilado en la carpeta (del caso de Pamela)”, dice en entrevista Karla Micheel Salas, abogada del Grupo de acción por los Derechos Humanos y la justicia social, que lleva el caso de Pamela.
La abogada asegura que los pobladores de esta zona boscosa, remota y de difícil acceso, le advierten a la gente que se acerca que no caminen solos por estos parajes, porque es una zona de altísima inseguridad, en la que, por la lejanía, pareciera que no existiera autoridad. Además, advierten que estos campos están en constante custodia por diferentes grupos delincuenciales. “Es una zona tan grande que pareciera que no tiene fin”, asegura la abogada salas.
Ejidatarios del lugar confirman la versión de la abogada. Además de la tala clandestina que persiste en estos bosques, entre sus claros hay casas de seguridad que son usadas por diferentes bandas de secuestro para mantener a las personas que capturan.
A pesar de que ya se encontraron los restos de Daniela, la Procuraduría de la ciudad aún no publica ningún avance de la investigación respecto a los responsables de su abducción y muerte. Sin embargo, la madre de Daniela, Margot Ortiz aseguró a medios de comunicación que se está haciendo un buen trabajo en las investigaciones.
La búsqueda de Daniela se realizó cerca del kilómetro 42.5 de la carretera federal México-Cuernavaca, y en ella participaron bomberos y policías apoyados con drones, según datos de la Procuraduría.
Esta carretera, desde hace más de cinco años, ha sido escenario de desapariciones y apariciones inesperadas de cuerpos.
El 18 de marzo fue encontrada en la misma zona el cuerpo de María del Rosario Fabián Montiel, mamá de Bruno, un menor de edad que fue abandonado frente al centro comercial Perisur. Según las autoridades capitalinas, se trató de un secuestro.
El pasado 23 de mayo, pobladores del Ajusco, Parres y Topilejo hicieron una manifestación para reclamar a la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves, por la seguridad en la zona, sobre todo por las decenas de desapariciones que se quedan sin ninguna explicación para la población. “Aquí simplemente desaparecen las personas, las mujeres y no se sabe nada más”, reclamaron a la alcaldes.
El 24 de agosto en Huitzilac, Morelos, un pueblo a escaso 17 kilómetros de Parres, los vecinos encontraron el cuerpo de una persona que estaba siendo devorada por los animales del lugar. Después de que las autoridades de Morelos lo retiraran, no se supo más del caso.
Hace un año, en esos mismos parajes, la policía de la ciudad encontró con vida a César Alejandro Rincón Orta, un académico de la UNAM que desapareció en la colonia Tepepan, en la alcaldía de Xochimilco.
Especialmente, estos bosques fueron objeto de atención hace cinco años por el caso de seis ciclistas secuestrados, tres de ellos triatletas de alto nivel. Poco tiempo después de ese caso, llamó la atención el asesinato de Anayeli Bautista Tecpa, una estudiante de Química de la UNAM, encontrada en la zona.
Tlalpan no es una de las alcaldías a las que llegará la Guardia Nacional, que llegó a la Ciudad de México la semana pasada. Según los planes anunciados, la Guardia patrullará la periferia de la ciudad en sus puntos más conflictivos, pero en su primera etapa sólo abarcará Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. Bifurcación en la carretera Circuito Ajusco. Este lugar marca la entrada a la zona de riesgo en la zona montañosa de Tlalpan, donde en los últimos años, las personas que transitan el lugar han sido víctimas de asaltos, secuestros. Foto: Ximena Natera
Filtraciones que molestan
Las fotografías por medio de las cuales los familiares de Daniela reconocieron a la muchacha, así como parte del expediente del caso, fueron filtradas por personal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a los medios. Hecho que molestó a sus familiares, quienes ahora se niegan a atender a los medios.
“¿Cómo fue que ustedes como medios, profundamente irresponsables, se lanzaron a llamar por teléfono a la madre de Daniela en su dolor?”, cuestionó ante cámaras de los medios, afuera de las oficinas centrales de la Procuraduría, Sergio González, tío de Daniela.
“Este es un llamado a ustedes como medios, sumamente irresponsables. Cómo se filtró la carpeta, es algo que la fiscalía tiene que investigar”.
Ante la insuficiencia de vacunas en Guerrero, donde sólo han recibido el 13.6 por ciento que requiere la entidad, el Gobierno federal no ha emitido una notificación oficial sobre el abastecimiento del faltante.
En entrevista con La Razón el secretario de Salud de la entidad, Carlos de la Peña, aseguró que se encuentran en el borderline, pues “nos enfrentamos ante el riesgo de una epidemia, estamos en ese momento en que me tienes que hacer llegar esas vacunas porque son niños que se pueden quedar sin las vacunas contra el sarampión, contra el tétanos, contra la rubéola, y esos son los riesgos.
“No sabemos en qué momento pueden llegar a presentarse algunos padecimientos”, alertó.
El titular de Salud estatal recordó que las compras se realizan nivel central, a partir de lo definido por los estados: “nosotros definimos cuál es nuestro universo de trabajo, definimos cuál es el universo de niños a vacunar y con base a eso se nos otorga un presupuesto, pero ese presupuesto lo ejercen a nivel central para optimizar el recurso junto con los demás estados y así disminuir los costos, una especie de compra consolidada en lo que se refiere a vacunas”.
Sin embargo, puntualizó que hasta el momento, el Gobierno federal no les ha hecho notificación que responda a la falta de entrega de las vacunas.
“Hasta ahorita no tenemos ninguna notificación oficial, hasta ahora no nos ha llegado ninguna notificación, pero ellos ya tienen la programación, ellos saben cuáles son nuestras necesidades, saben cuál es nuestro presupuesto, entonces nosotros estamos en la espera de que en el segundo semestre podamos tener nuestras vacunas”, subrayó.
De la Peña aseguró que hay una constante revisión epidemiológica en la entidad para evitar una crisis, pero dijo que el llamado para que el gobierno federal entregue las vacunas es precisamente para evitar una situación de ese tipo.
El Dato: Del 13 al 19 de octubre se realiza la Tercera Semana de Vacunación en todo territorio nacional; en Guerrero sólo tienen 13.6% de las vacunas que requiere el estado.
Detalló que hasta el momento, entre 76 y 80 por ciento de estos infantes han sido atendidos en buena medida gracias a los remanentes con los que cuenta Guerrero, sin embargo, refirió que si no reciben las vacunas, los menores de un año no recibirán sus dosis de BCG contra tuberculosis, rotavirus, neumococo, 13 valente, así como difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, polio y Haemophilus influenzae tipo b (Hib).
En tanto, indicó que los menores de cinco años se quedarán sin sus vacunas Triple viral, que abarcan sarampión, rubeola y parotiditis; la de difteria tosferina y tétanos, más las que les corresponden de menores de un año, para completar su esquema de vacunación.
De la Peña comentó que para este año tienen programadas casi tres millones de vacunas y sólo han llegado 402 mil, que es el 13.6 por ciento referido.
El Mar de Cortés vive una contingencia ambiental con el derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico, ocasionado por la fuga de un tanque en la Terminal Marítima de Guaymas, Sonora, lo que va a provocar afectaciones severas en la vida de la flora y fauna marina que quedara desintegrada en un radio que va de uno a 100 kilómetros cuadrados, advirtió el doctor José Antonio Benjamín Ordoñez, profesor investigador y experto en biodiversidad del Tecnológico de Monterrey.
En entrevista para Grupo Imagen, señaló que el ácido sulfúrico es utilizado en la fabricación de explosivos, tintes, pegamentos, fertilizantes con fosfato y baterías de automóvil; además de que es un potente corrosivo que puede provocar irritación severa o daño corrosivo si se inhala.
Cuando este ácido se mezcla con el agua, causa problemas para el medio ambiente, ya que elimina la vida vegetal, debido a que, si los organismos silvestres consumen estas aguas ácidas, pueden sufrir enfermedades o incluso morir, en algunos casos.
Durante su tiempo de vida como reactivo este ácido sulfúrico, es muy peligroso es veneno, si toca a los peces o a cualquier organismo de inmediato lo mata, casi lo desintegra en su tejido, entonces todas las formas sensibles; es decir, todas las formas de vida que están pegaditas a las piedras en el fondo del mar y todo esto prácticamente se barre con este ácido”, explicó.
Destacó que a pesar de todos los esfuerzos que realicen las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Marina-Armada de México (Semar) e incluso la propia empresa trasnacional Grupo México, no podrán limpiar la zona afectada que puede ir de uno a 100 kilómetros cuadrados de afectación
El daño de este puede alcanzar un kilómetro cuadrado así tranquilamente, un kilómetro cuadrado, es mucho en el daño ambiental, pueden ser tres, 10 hasta 100 kilómetros cuadrados, porque va a depender de los compuestos que se tengan disponibles para tener reacciones secundarias, ahora bien, la reacción es casi inmediata al ir cayendo este ácido al agua la reacción es casi inmediata y se generan todos estos tipos de reacciones”, mencionó.
Destacó que por años la empresa transnacional Grupo México, ha dañado el medio ambiente en diversos estados del país, sin que haya dado una sanción ejemplar por la contaminación y afectación al ecosistema dañado.
La contaminación a una zona de la mar de cortés, se da dos meses después del vertimiento de 20 mil litros de agua con sedimentos de una mina propiedad de Grupo México en un río de San Martín, Zacatecas y a cinco años de un derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico sobre el río Sonora, derivado de una fuga en las instalaciones de la minera Buenavista del Cobre, también propiedad de Grupo México.
Respecto a las 15 personas que han sido retenidas en San Dionisio Ocotepec, en Tlacolula, declaraciones de los asegurados revelan que fueron contratados por un empresario para “tirar” a comuneros que quieren rescatar sus terrenos.
El presunto involucrado empresario es Edy Monterrosa Méndez, con quien el pueblo de Dionisio Ocotepec mantiene un conflicto agrario.
Hace dos días, los pobladores de San Dionisio liberaron un comunicado en el cual buscaron aclarar los “rumores y publicaciones dolosas e infundadas” sobre privaciones de libertad de trabajadores de limpieza.
“En diversas ocasiones la propia comunidad ha solicidato al Sr. Edy Monterrosa que presentara documento que acredita su permiso de estancia en el terreno o bien que de manera inmediata desalojara nuestras tierras“, escriben habitantes de la localidad afectada.
El conflicto, según narran en la nota publicada en NSS Oaxaca, se basa en la fuerza armada ejercida por Edy Monterrosa Méndez para autoproclamarse poseedor de tierras tlacolulenses que miden 325 metros cuadrados.
Ante la acción, San Dionisio Ocotepec tomó las armas propias para defender sus propiedades comunales.
“En el caso de la Procuraduría Agraria, hemos visto la parcialidad e interés con que se conduce para apoyar al citado empresario“, justifican los pobladores.
En un audio dado a conocer hoy 11 de julio 2019, la voz de un presunto colaborador de Edy Monterrosa solicita refuerzos en armamento.
El que habla advierte al interlocutor que se comunique con “el jefe” para que “lleve más cartuchos” porque allá “tienen muchas armas y todo”.
“Soy parte del grupo de personas que fuimos abandonados por el señor Edy Monterrosa Méndez en medio de un conflicto que él mismo inicio a raíz de una invasión de tierras…“, narra el protagonista del video.
“Es por eso que quiero exigir al licenciado Andrés Manuel Lopez Obrador, al gobernador del estado y al señor Edy Monterrosa su pronta intervención para firmar el acuerdo de paz que se está solicitando…“, describe.
En adición a las declaraciones hechas, se ha publicado también un video en el que se muestra armamento presuntamente encontrado en un predio que pertenece a Edy Monterrosa donde han estado recluidos los “trabajadores abandonados”.
Vecinos y ecologistas luchan contra la apertura de una explotación minera canadiense. Afirman que contaminará la cuenca que nutre a toda la región
Juanjo Cabello / La Silla Rota, Guanajuato, 11 de julio de 2019
Entrada al pueblo de San Antón de las Minas. Fuente: La Silla Rota
La batalla empezó en San Antón de las Minas y gana adeptos en todo el municipio de Dolores Hidalgo. Vecinos y ecologistas luchan con sus escasas armas contra todo un proyecto minero de la empresa canadiense Argonaut Gold. Una compañía dedicada a actividades de exploración, desarrollo y producción minera.
Vecinos de San Antón de las Minas se oponen al proyecto minero. (Foto: Facebook).
La esencia del debate se encuentra en los procesos que planea usar la compañía canadiense en la explotación de San Antón de la Minas: tajo abierto y lixiviación en pilas. Técnicas muy agresivas que, según los ecologistas, contaminarán la Cuenca de la Independencia que abarca siete municipios. Más de 20 comunidades de la zona trabajan ya con la organización ecologista Acción Colectiva para frenar la mina.
Fuente: La Silla Rota
Argonaut Gold negocia la concesión de más de 20 mil hectáreas en el Cerro del Gallo. Pero la técnica de lixivación, que usa disolventes químicos para la obtención de los minerales, sobre todo cobre, puede contaminar los mantos acuíferos. Este método apila el material sobre el que se vierten los químicos para obtener una concentración del mineral.
La técnica de lixiviación produce graves afectaciones a la salud. Y consume y contamina grandes cantidades de agua, según argumentan los portavoces de Acción Colectiva.
“Una mina a cielo abierto produce polvo con metales pesados, residuos de cianuro de sodio y un drenaje ácido, lo que provoca enfermedades en la piel, en los ojos, abortos, deformaciones genéticas y problemas renales”, argumentan los ecologistas.
El proyecto minero cuenta también con la oposición de los vecinos de San Antón de las Minas. Los procesos con cianuro para extraer oro, plata y cobre contaminarán la cuenca Independencia, acuífero que surte a los municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, San José Iturbide, San Felipe, San Diego de la Unión y Doctor Mora. Lo que podría provocar un desastre ecológico en toda la región, aseguran.
La escasez de agua en esta zona del estado de Guanajuato es otro de los argumentos capitales del frente opositor al proyecto de Cerro del Gallo. No obstante, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya aprobó una concesión para que la empresa canadiense Argonaut Gold puede extraer de la cuenca cerca de un millón de metros cúbicos al año.
Ante el masivo rechazo de los habitantes hacia el proyecto de explotación, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez tuvo que salir al paso de las críticas. El líder estatal instruyó a la secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) y a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) que revisen a fondo el proyecto para hacer un informe sobre su viabilidad.
“Antes de emitir cualquier opinión a favor o en contra hay que revisar el proyecto. Y sobre todo escuchar a todos los pobladores. Tiene que haber un acercamiento con los vecinos. Ya le pedí al secretario de Gobierno que se dé una platicada con ellos. Muchas veces lo que falta es información y es importante que la población esté bien informada de qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer”, afirmó el Gobernador de Guanajuato.
Y es que los vecinos tienen miedo de que los productos químicos utilizados en el proceso contaminen los mantos acuíferos y generen enfermedades. Exigen una garantía de que los químicos que usará la compañía canadiense Argonaut Gold no contaminarán el agua, la flora y la fauna. Y de momento nadie se la ha dado.
Las empresas instaladas en San Salvador el Verde, vierten sus desechos y contaminan el río Acotzala.
Texto y foto: Cecilia Espinoza Galindo / Municipios Puebla
San Martín Texmelucan, Pue.- La contaminación del río Acotzala, debe ser atendida por el Ayuntamiento de San Salvador El Verde, dijo el regidor de Ecología en San Martín Texmelucan, Agustín Castillo, quien dijo que está comuna ha realizado trabajos de saneamiento que han resultado poco eficaces, pues las descargas se realizan en la parte alta.
Agustín Castillo, comentó que tras varios recorridos han confirmado que las industrias que se ubican en Texmelucan están lejos del Acotzala, sin embargo en la parte alta del afluente, empresas textiles vierten sus desechos.
El regidor destacó que se tiene identificada la zona donde se realizan las descargas y que esto se ha realizado en conjunto con personal de SOSAPATEX, que han planteado algunas estrategias para comenzar a sanear el afluente.
Adicionalmente, informó que se está realizando un censo de las queserías que están en las zonas del municipio para que sean notificadas y colaboren con el Ayuntamiento, sin embargo de no haber eco, adelantó que se estarán tomando otras medidas.
Ubican 39 empresas que realizan sus descargas a los ríos.
En el mes de junio, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Texmelucan, dio a conocer que ya se cuenta con un mapeo que permitió contabilizar 39 lugares donde se realizan descargas y que si bien hay plantas de tratamiento, pasarán hasta seis meses para que empiecen a funcionar.
Las descargas las realiza la industria de lácteos, además de que se han detectado algunos lugares como en San Lucas Atoyatenco donde lavan mezclilla y también contaminan, así como una empresa que se dedica al proceso de PET.
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestara que hablará con quienes se encuentran en desacuerdo con el Proyecto Integral Morelos (PIM), “para llegar a arreglos y que haya beneficios que pueda cumplir como presidente”, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala enviaron algunas de las preguntas que están interesados en que responda el mandatario.
Y es que ayer, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador expresó que la operación del gasoducto en Moleros está detenida por juicios y demandas que impiden que avance la obra: “que nos permitan terminar esas obras, porque no fue culpa de nosotros. Estuvieron mal. Eso de los gasoductos fue un exceso, fue un negocio malo para la hacienda pública”.
El PIM incluye dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca; un gasoducto que cruza por Tlaxcala, Puebla y Morelos; una línea eléctrica a la subestación Yautepec y un acueducto desde Cuautla.
El Frente —al que pertenecía el defensor de derechos humanos y ambientales Samir Flores, asesinado el 20 de febrero pasado— destacó, a través de un comunicado:
—¿Por qué cuando usted estaba en campaña dijo que no a la termo, no al gasoducto y no al acueducto, que lo apoyáramos en llegar a la Presidencia para cancelar esos proyectos, y hoy nos dice que se tienen que hacer?
—¿Por qué si la cancelación del aeropuerto es más cara y el PIM que se ha impuesto, es peligroso, es un mal negocio para el Estado y está hecho a base de contratos leoninos, no se puede cancelar?
— ¿Quién mató a Samir? ¿Por qué tres días antes de la consulta? ¿Qué empeño y atención a puesto en encontrar a los culpables, caiga quien caiga? ¿Por qué siguen muriendo defensores de derechos humanos?
— ¿La violación al derecho a la consulta y autodeterminación de los pueblos no merece un castigo en la transformación que usted plantea?
— ¿Cuánto vale una vida, la seguridad de la población? ¿Más o menos de 20 mil millones de pesos?
“Nosotros estamos dispuestos a recibirlo”, indica el documento, sin elementos de seguridad (policía ni ejército); “ni acarreados, ni enviados previos a dividir a la comunidad”.
Manifestantes frente a la termoeléctrica de Huexca. Foto: Margarito Pérez Retana Manifestantes frente a la termoeléctrica de Huexca. Foto: Margarito Pérez Retana
Jaime Luis Brito / Proceso
CUERNAVACA, Mor. (apro).- El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, exigió un diálogo sobre el funcionamiento de la termoeléctrica y el gasoducto, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no podía ignorarse la enorme inversión realizada en el oriente de Morelos.
“¿Cuánto vale la vida? No sabemos. Usted nos habla de dinero, nosotros de dignidad”, cuestionaron al Ejecutivo los integrantes del Frente.En una carta enviada al mandatario, aplaudieron el anuncio que hizo López Obrador esta semana, en el sentido de que hablará con los afectados por la termoeléctrica y el gasoducto: “Adelante, lo esperamos en Huexca, usted ponga la hora y el día, nosotros nos hacemos cargo de la organización y del lugar, y platicamos de manera calmada, tranquila”.
Pero eso sí, subrayaron, “usted nos escucha y nosotros lo escuchamos, de manera pública, ‘nada en lo oscurito’, como usted dijo en su campaña. Usted quiere explicarnos sus razones, adelante, lo escuchamos, pero también es justo que escuche las nuestras y nos conteste de manera honesta y sincera, sin ataques ni descalificaciones de ‘radicales de izquierda que (para usted) son lo mismo que conservadores’”.
En el documento, los opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM) reclamaron al presidente por no dialogar, ya que impone “con toda la fuerza del poder presidencial” y el apoyo de los medios. “Porque nos llamó y llama ultra radicales conservadores, sin antes escucharnos, por eso nosotros sí queremos derecho de réplica, que usted nos escuche y escuche nuestras razones de por qué no al PIM”.
Y preguntaron: “¿Por qué cuando usted estaba en campaña dijo que no a la termo, no al gasoducto y no al acueducto, que lo apoyáramos a llegar a la Presidencia para cancelar esos proyectos, y hoy nos dice que se tienen que hacer?
“¿Por qué si la cancelación del aeropuerto es más cara, y el PIM que se ha impuesto es peligroso, es un mal negocio para el Estado y está hecho a base de contratos leoninos, no se puede cancelar?”.
También lo cuestionaron por el asesinato del activista opositor Samir Flores Soberanes, ocurrido tres días antes de la consulta para definir el futuro de la termoeléctrica, el pasado 20 de febrero: “¿Qué empeño y atención ha puesto en encontrar a los culpables, caiga quien caiga? ¿Por qué siguen muriendo defensores de derechos humanos?”.
Y más: “¿Cuánto vale una vida, la seguridad de la población? ¿Más o menos 20 mil millones de pesos? Perdón que se lo preguntemos, pero es que no sabemos, nunca hemos vendido una vida, porque si usted nos habla de dinero, nosotros sólo podemos hablarle de dignidad”.
Remataron: “Lo invitamos a que venga a nuestra casa, pero lo invitamos a usted, sin policía, ni Ejército, ni acarreados, ni enviados previos a dividir a la comunidad, nada, respete la casa a donde lo invitan, por favor”.
El Relator Especial de la ONU para Libertad de Expresión, David Kaye. Foto: Twitter @Presiencia_Ec
Gabriela Sotomayor/Proceso.
GINEBRA (apro).- El Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, David Kaye, advirtió en entrevista con Proceso que la amenaza de que periodistas y defensores de derechos humanos sigan siendo vigilados con herramientas como el software Pegasus sigue estando presente.
“El espionaje en México sigue siendo una amenaza”, afirmó Kaye en el marco de la presentación de su informe sobre vigilancia digital ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) que sesiona en Ginebra.
Explicó que con la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha observado un cambio significativo con respecto a la libertad de expresión que se distinga de lo vivido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Observó que el nuevo gobierno no ha mostrado avances ni con el fortalecimiento del Mecanismo de Protección para Periodistas, ni mejoras en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), ni tampoco se ha visto ningún resultado con la investigación de espionaje de periodistas y defensores que tuvo lugar en el pasado con el software Pegasus.
“No he visto ningún cambio sustancial en estas cuestiones’’, sostuvo Kaye.
“Creo que los mexicanos no saben si el gobierno de AMLO continúa comprando herramientas como el software Pegasus, o decidieron no adquirirlo, pusieron restricciones sobre su uso, no sabemos’’, dijo el catedrático de la Universidad de California.
“Realmente no sabemos, todo esto se hace en secreto y este es el problema”, remarcó.
Habló sobre el informe que presentó al Consejo sobre vigilancia digital y recalcó que “México es parte de esa historia, hasta que no haya una investigación independiente y transparente sobre los casos de espionaje, el país nunca sabrá exactamente cómo reformar su programa de vigilancia”.
Y sin haber un marco legal que regule el uso y la venta de estos sistemas, “básicamente ahora cualquiera puede espiar, cualquiera puede venderlos, cualquiera comprarlos y cualquiera puede usarlos sin ninguna restricción”, observó Kaye.
En este contexto y a la luz de que este flagelo no atañe solamente al país sino que es un fenómeno que se ha presentado en varios partes del mundo y que transgrede fronteras, Kaye llamó a establecer una moratoria para suspender la venta y el uso de estos programas hasta que no haya un marco legal que los regule.
Antecedentes
Pegasus es un software malicioso desarrollado por la firma israelí NSO Group el cual en teoría debe ser únicamente comercializado con los gobiernos con el fin de llevar a cabo tareas relacionadas a la seguridad nacional. En el sexenio pasado, según datos de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) el malware fue obtenido por la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) la antigua Procuraduría General de la República (PGR) y la Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Sin embargo, según lo documenta la R3D entre enero de 2015 y julio de 2016 se llevó a cabo una operación de espionaje contra periodistas y activistas en México.
El modus operandi de la infección consiste en el envío de un mensaje SMS al objetivo con un texto que busca engañarlo, mediante el uso de técnicas de ingeniería social, para hacer click en un enlace adjunto. Al hacer click en el enlace, el navegador se abre y redirige al objetivo a uno de los sitios web de la infraestructura de NSO Group, dándole la oportunidad al malware de instalarse en el dispositivo gracias a una vulnerabilidad en el sistema operativo. De este modo, el atacante gana acceso a los archivos guardados en el equipo, así como a los contactos, mensajes y correos electrónicos. El malware también obtiene permisos para usar, sin que el objetivo lo sepa, el micrófono y la cámara del dispositivo. Según reportes de The New York Times, cada infección exitosa tendría un costo que oscila alrededor de los $77 mil dólares.
El 9 de noviembre de 2014, Carmen Aristegui, y su equipo de periodistas de investigación publicaron el reportaje “La casa blanca de Enrique Peña Nieto”.
Es en este contexto y además de otras publicaciones incómodas para el gobierno de EPN, desde enero de 2015 y hasta julio de 2016, Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, así como Emilio Aristegui, hijo de la periodista y en aquel tiempo menor de edad, comenzaron a recibir mensajes de texto con enlaces maliciosos vinculados a la infraestructura de Pegasus.
Por otra parte, entre los meses de abril y junio de 2016, tres integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre recibieron mensajes de texto con intentos de infección con Pegasus. Durante el periodo de los ataques, dichas personas estaban activamente involucradas en la documentación y defensa de violaciones de derechos humanos, tales como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la ejecución extrajudicial de civiles por parte del ejército mexicano en el municipio de Tlatlaya, Estado de México; las sobrevivientes de tortura sexual durante el operativo de San Salvador Atenco en 2006 y la discusión de la Ley General contra la Tortura.
En agosto de 2016 la R3D y SocialTIC contactaron al equipo de investigación del Citizen Lab y a Amnistía Internacional, pues sospechaban que el malware Pegasus había sido utilizado en contra de dos activistas y un científico: Alejandro Calvillo, Luis Encarnación y Simón Barquera quienes habían impulsado el impuesto a bebidas azucaradas en México.
Entre agosto de 2015 y abril de 2016, Carlos Loret de Mola, periodista del grupo Televisa fue objetivo de al menos ocho intentos de infección con Pegasus. El 5 de agosto de 2015, Loret de Mola publicó en su columna en El Universal : “Nueva ejecución extrajudicial”. El texto narra los sucesos de Tanhuato, Michoacán, del 22 de mayo de 2015 y en la que expone que el peritaje del Ministerio Público reveló que 70% de las víctimas apareció con un tiro de gracia y que uno de los cuerpos no presentaba impactos de bala, sino que había sido asesinado a golpes.
Asimismo, dos integrantes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) fueron objeto de ataques con el software espía: Juan Pardinas, Director General, en diciembre de 2015 y Alexandra Zapata, Directora de Educación e Innovación Cívica, en mayo de 2016.
Destaca que el 1 de diciembre de 2015, el IMCO presentó el Índice de Información Presupuestal Estatal 2015 en la que señaló que “la mayoría de las finanzas públicas de las entidades federativas del país continúan hundidas en la opacidad, lo que deriva en la posibilidad de disparar la deuda subnacional”. El IMCO calificó a la corrupción como “el lastre de la competitividad de México” y de igual manera, fue promotor de la llamada Ley 3 de 3.
Finalmente, de la ong Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) Salvador Camarena y Daniel Lizárraga fueron blanco de mensajes con enlaces maliciosos vinculados al Pegasus entre mayo y junio de 2016. Lizárraga participó el 3 de abril de 2016 junto con Mago Torres, Sebastián Barragán, Irving Huerta y Rafael Cabrera, en la publicación del reportaje “El constructor de la Casa Blanca de EPN ocultó una fortuna en paraísos fiscales”, como resultado de la investigación de los Papeles de Panamá (Panama Papers). El 24 de mayo de 2016, Animal Político publicó la investigación “El caso de las empresas fantasma de Veracruz”, realizada con el apoyo de MCCI la cual evidencia una red de funcionarios que entregaron contratos a empresas fantasma para el desfalco de recursos públicos.
Ligado a ello Camarena publicó en El Financiero la columna “Javier Duarte, 645 millones por explicar”, donde indica que “la investigación, en cuya realización colaboró MCCI muestra con documentos y testimoniales las irregularidades en que incurrieron quienes hayan diseñado este esquema fraudulento”.
Posteriormente en junio de 2017 los periodistas y activistas afectados presentaron una denuncia de hechos ante la PGR por el caso de espionaje a sus teléfonos y solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En febrero de 2018, durante la audiencia “Inteligencia digital, ciberseguridad y libertad de expresión en América”, celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, R3D acusó la falta de capacidad y voluntad política de la PGR para investigar y resolver el caso.
En agosto de 2018, el Centro Prodh, Artículo 19, Social TIC, El Poder del Consumidor y la R3D interpusieron demandas civiles en tribunales de Israel contra la empresa NSO Group por presunta negligencia y complicidad en actividades de espionaje (#GobiernoEspía) a través del malware Pegasus, desarrollado por la compañía.
El 21 de septiembre de 2018 un reporte del laboratorio canadiense Citizen Lab señala que al menos tres operadores del malware Pegasus habrían estado activos en junio de 2018, y que habría posiblemente 17 infecciones aún vigentes en el país. La investigación sugiere que, a pesar de la exposición pública y denuncia judicial del caso Gobierno Espía, las operaciones de Pegasus no fueron suspendidas, salvo por un breve periodo en 2017 en que la infraestructura fue parcialmente desactivada y posteriormente complementada por nuevos servidores.
Para noviembre de 2018 Citizen Lab revela que los periodistas Andrés Villarreal e Ismael Bojórquez del semanario RíoDoce recibieron ataques con Pegasus diez días después del asesinato de su colega Javier Valdez.
En 2019 en febrero el INAI determina que la PGR violó a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados con el uso de Pegasus, al no cumplir con sus deberes de seguridad y el principio de responsabilidad.
El 3 de abril la titular de la Secretaría de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval reitera en un acto público el compromiso de su gobierno para combatir el espionaje digital.
En mayo el equipo de WhatsApp descubre que una vulnerabilidad en su software fue explotada por Pegasus para infectar equipos sin necesidad de que la persona atacada dé clic en un enlace. Uno de los objetivos de esta nueva técnica fue un abogado que litiga contra NSO Group ante los tribunales de Israel.
Y el 19 de junio de 2019, a dos años de que el NYT revelara la noticia sobre los ataques a periodistas y defensores con el malware Pegasus en México el caso sigue impune.
Un ejemplo paradigmático
En su informe al Consejo de Derechos Humanos Kaye califica el uso del programa espía Pegasus en México como un “un ejemplo paradigmático e indicó que “el análisis de su supuesta utilización en México resulta instructivo”.
Kaye subrayó que además de la obligación primordial de no interferir en la vida privada ni restringir la libertad de expresión, los Estados también tienen la obligación de proteger a las personas contra la injerencia de terceros. En el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se recogen los deberes fundamentales de los Estados, se les impone la obligación de respetar y garantizar los derechos reconocidos en el Pacto a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción.
Y recordó que tanto él y Edison Lanza, Relator Especial sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe conjunto luego de su misión al país instaron al Gobierno a que permitiera una investigación independiente de las denuncias de que se habían utilizado programas espía contra periodistas.
“Hasta la fecha, los esfuerzos por investigar esas denuncias no han aclarado la situación, a pesar de las órdenes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México de que el gobierno revelase la naturaleza de sus contratos para al adquirir el programa Pegasus” reclamó Kaye ante el silencio de la misión de México que estuvo presente en la presentación del informe.
El experto de la ONU insistió en la necesidad de llevar a cabo una investigación sobre el uso de Pegasus en el sexenio pasado y al mismo tiempo expresó su preocupación por la falta de rendición de cuentas y que hasta ahora nadie haya sido juzgado por estos delitos.
El gobierno de AMLO tampoco presenta resultados
Kaye reconoció que existen ciertos programas de vigilancia que se pueden usar para promover el cumplimiento de la ley, pero reiteró que dichas tecnologías se utilizan de manera opaca lo que conlleva una amplia gama de consecuencias negativas.
Como ejemplo Kaye puso el caso del periodista Jamal Khashoggi asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Tal como lo confirmó el laboratorio canadiense Citizen Lab, el periodista fue objeto de vigilancia con el sistema Pegasus, producido y vendido por el Grupo NSO, el cual primero fue insertado en el teléfono móvil de su amigo Omar Abdulaziz, activista saudita.
“Ahora, debido al uso de Pegasus se logró vigilar a Khashoggi y se llevó a cabo un crimen de estado en el que ahora se ve involucrado el mismo príncipe de Arabia Saudita Mohamed Bin Salman”, valoró Kaye quien puso en perspectiva lo que puede llegar a maquinarse con el abuso de estas tecnologías.
Y al retomar el tema del país en donde en lo que va del año han sido asesinados 10 periodistas y al menos 11 defensores de derechos humanos, el relator especial fue categórico: “México tiene una epidemia de violencia contra periodistas, esto no está parando”.
“¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno?”, cuestionó Kaye.
“No es cuestión de que el gobierno lo esté planeando o incluso permita estos asesinatos, pero no hay ninguna repercusión, no hay ninguna investigación y no ha pasado nada que lleve hacia una rendición de cuentas”, deploró.
Para Kaye, si se reúnen todos estos elementos lo que se obtiene “es una amenaza real contra la libertad de expresión” y consideró que todo ello toma un matiz más grave “en el contexto de la creación de la Guardia Nacional y la militarización de la policía”.
En tanto sigue la crisis y la violencia contra periodistas “el hecho de que la FEADLE no ha esclarecido ningún caso y no se ha juzgado a nadie, yo creo que es algo de lo que el gobierno de AMLO debería avergonzarse”, lanzó el titular del mandato de la ONU para la protección de libertad de expresión.
Kaye destacó que es particularmente grave “siendo un país democrático, con instituciones para aplicar el estado de derecho y (la situación) es terrible”.
En su opinión el gobierno de Palacio Nacional debe esforzarse en encontrar mejores formas para proteger a los periodistas en el terreno, sobre todo en el interior del país y dotar de más fondos al Mecanismo de Protección y mejorar la forma en que funciona, pero sobre todo debe haber una voluntad real de hacer justicia.
En cuanto a una posible visita a México, Kaye reconoció que el gobierno de la 4T sostiene un diálogo abierto con la oficina de ONU-DH, dijo que de momento no lo tiene contemplado, pero no descartó solicitar una nueva visita al país.
Compara a AMLO con Trump
Al ser cuestionado sobre el hecho de que el presidente López Obrador suele señalar, nombrar, desacreditar, ridiculizar a periodistas, columnistas o editorialistas que manifiestan desacuerdo a algunas de sus acciones y sobre sus continuas críticas e incluso ataques contra algunos de los diarios más importantes del país, Kaye lamentó este tipo de conducta comparándola con la actitud que tiene el presidente de Estados Unidos contra la prensa.
“No es tan diferente de Donald Trump llamando a la prensa por nombres y atacando a periodistas”, observó Kaye.
Dejó claro que no es así como un gobierno debe responder a la prensa o periodistas que no lo favorecen. Los gobiernos pueden decir que se está en desacuerdo sobre todo si presentan los hechos y los datos para sustentar su postura, “sin necesidad de atacar a los reporteros”.
En su opinión algunos políticos actúan como si fueran las víctimas y como si no tuvieran una enorme plataforma de la que pueden disponer, pero los políticos, sobre todo los de alto nivel como un líder de estado, “tienen una tribuna mucho mayor para hablar y para ser escuchados de la que puede tener cualquier periodista”.
Al comentarle que AMLO defiende su “derecho de réplica”, Kaye se mostró en desacuerdo: “No creo que sea una repuesta apropiada decir que tiene el derecho de réplica, no debe ser así”.
Para Kaye, además de la epidemia de crímenes contra periodistas siguen siendo “cuestiones muy serias” la militarización de la policía, la publicidad oficial que se le da como un regalo a los medios afines, una cuestión que al parecer no se ha terminado de resolver, así como el hecho de algunos informes sobre restricciones a la prensa para cubrir historias que tienen que ver con la situación de los migrantes en la frontera norte.
“Lo más severo es la falta de seguridad de los periodistas, parte de ello está relacionado a la guerra contra el narco, eso lo entiendo, pero el hecho de que el gobierno está fallando en proteger a sus ciudadanos es muy grave, cuando su responsabilidad primordial es la protección de su población”, remató.
Urgen acciones de AMLO contra vigilancia
Por otra parte, el director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) Luis Fernando García, dijo a Proceso que tanto AMLO y miembros de su gabinete han declarado que se acabaría el espionaje y han expresado su compromiso de que habría cambios y reformas que impidan que esto pueda volver a suceder.
“Es urgente que las palabras expresadas por el gobierno se traduzcan en hechos lo más pronto posible”, llamó García quien asistió a un debate sobre espionaje digital celebrado en la sede de la ONU en Ginebra en el que también participó Kaye.
“Es importante que el gobierno asuma compromisos sobre la recomendación reiterada de organismos internacionales de que se lleve a cabo la investigación del caso Pegasus por un organismo independiente, hasta ahora no ha habido un pronunciamiento del gobierno de AMLO en que se acepte esa recomendación”, subrayó García
“Es urgente que AMLO fije una postura frente al llamado del Relator Especial de la ONU para Libertad de Expresión ante el Consejo de Derechos Humanos en torno a una moratoria de la adquisición de este tipo de herramientas sobre todo frente a la creación de un nuevo cuerpo de seguridad como la Guardia Nacional y una reformulación de estrategias de seguridad”, instó el titular de R3D.
Indicó que antes de que se desplieguen nuevas herramientas y nuevas tecnologías de vigilancia debe haber un marco regulatorio propicio “para evitar que haya abusos intencionales o no intencionales con órdenes de arriba o sin órdenes de arriba a nivel federal o a nivel local”.
“Esperamos muestras claras y voluntad política al menos en estas dos cuestiones, una investigación independiente y la moratoria hasta que no haya un marco regulatorio para venta y uso de estas tecnologías”, recalcó García.
“Se necesitan muestras concretas de avances”, urgió el defensor de los derechos digitales.
.La cancelación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas ha dejado en el “abandono” a casi tres millones de personas que anualmente migran de sus lugares de origen hacia el norte del país. Investigadores, académicos y organizaciones civiles advierten lo anterior y denuncian que mientras el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador atiende con diligencia a los indocumentados centroamericanos, la situación de los trabajadores mexicanos del campo se convierte en una tragedia nacional.
Gloria Leticia Díaz / Proceso, 11 de julio de 2019.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Marginados por generaciones, tratados como “invisibles” o “desechables”, los jornaleros que cada año abandonan sus hogares en el sur para migrar a los campos agroindustriales del norte están fuera de los planes del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno canceló los programas que atenuaban su condición de miseria.
Los afectados suman dos millones 71 mil 483 trabajadores –son nueve millones con sus familias–, señalan los dirigentes de este sector, quienes denuncian los efectos de la desaparición del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) que operaba la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y que en el sexenio pasado tuvo presupuestos anuales de 300 millones de pesos en promedio.
Si bien las organizaciones defensoras de los derechos de los jornaleros, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2016 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su recomendación general 36/2019, reconocieron y expusieron las deficiencias del PAJA, persiste la alerta sobre la situación de por sí ya vulnerable de este sector de la población, que ha quedado desamparado en el arranque del nuevo gobierno.
La Secretaría del Bienestar (que sustituyó a la Sedesol) no ha informado sobre las alternativas de apoyo para los casi tres millones de trabajadores del campo, universo calculado con base en información de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009.
De acuerdo con datos de la extinta dependencia, el PAJA inició operaciones con 290.66 millones de pesos y su última asignación fue de 296.49 millones, que fue aplicada en 186 mil 175 localidades con población jornalera y receptora de trabajadores agrícolas en 142 municipios de 27 estados.
Entre las subvenciones que se les otorgaban destacan la ayuda económica para el arribo a los campos, que era de entre 800 a mil 150 pesos por familia, y las becas, que ascendían hasta 650 pesos por hijo. También tenían apoyo alimenticio y albergues con servicios básicos, y eran afiliados al también desaparecido Seguro Popular.
En su informe sobre la Cuenta Pública de 2016, la ASF reportó que la Sedesol “no contó con una cuantificación de los jornaleros agrícolas y sus familias”, y aun cuando la dependencia otorgó los subsidios, el diseño de las reglas de operación del programa “presentó inconsistencias y no fue posible evaluar la contribución del PAJA al fortalecimiento del cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencian sus capacidades”.
El PAJA y otros programas de la Sedesol fueron objeto de recorte por el actual gobierno. Así lo dio a conocer públicamente la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, el 17 de enero último.
Cuatro días después, en entrevista con el diario La Jornada, la funcionaria explicó los defectos de los apoyos sociales y de su aplicación: se desconoce “quiénes son y dónde viven” los beneficiarios, y el programa “obedeció mucho al apoyo de los más ricos”. Agregó que el nuevo gobierno no desatendería a los jornaleros y que se diseñaría otro plan, pero hasta la fecha no existe una estrategia oficial en favor de ese grupo.
Recomendación
Dirigida a las secretarías de Bienestar y del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a los gobiernos estatales y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la recomendación general 36/2019 de CNDH propuso la elaboración de un diagnóstico nacional sobre la situación de los jornaleros agrícolas, la generación de programas sociales que garanticen sus derechos, la conformación de un registro único de empresas agrícolas receptoras, el desarrollo de instrumentos para prevenir delitos y recibir denuncias, la aplicación de esquemas de vigilancia en materia de condiciones laborales y vivienda dignos, y que se garantice la prohibición de que los menores de edad trabajen en el campo.
Específicamente, a la secretaria Albores le solicitó aplicar la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, “diseñar un programa que integre el enfoque de derechos humanos”, delimite las responsabilidades de las autoridades de los tres niveles de gobierno y “considere la instalación y, en algunos casos, la mejora de los albergues para el alojamiento” de los trabajadores y de las Unidades de Servicios Integrales a nivel nacional.
Para Celso Ortiz Marín, investigador de la Universidad Autónoma Intercontinental de Los Mochis, Sinaloa, el gobierno de López Obrador “se olvidó de los jornaleros agrícolas”.
También integrante de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas Internos, conformada por 11 organizaciones sociales, académicos y defensores independientes, cuestiona lo que él llama la consigna federal de “primero mato y después averiguo”, así como la obsesión gubernamental de que todo está corrupto.
“El gobierno de la 4T –puntualiza– está dejando fuera a los sectores altamente vulnerables, como los trabajadores agrícolas, que son ciudadanos invisibles porque muchos de ellos no tienen acta de nacimiento ni credencial de elector.”
Ortiz Marín considera que el gobierno de la “Cuarta Transformación” no tiene por qué ser tajante al “borrar todo para después construir”; al contrario, dice, debe llamar al diálogo.
El académico coincide en que el PAJA se vició en su operación y perdió su misión, pero “teníamos la esperanza de que ahora sí habría una política hacia los jornaleros. Esperábamos trabajar y construir algo que respetara sus derechos. A seis meses (del nuevo gobierno) no vemos nada”.
Lamenta que en lo que va del año se esté desdibujando el avance que consiguieron los defensores de los derechos humanos, académicos y la sociedad civil cuando en los noventa el Estado mexicano volteó hacia los jornaleros –indígenas 40% de ellos–, que provienen de los estados más pobres.
“Ya revisamos las reglas de operación de los programas sociales y este año no habrá apoyo para los jornaleros. La mirada está puesta en los centroamericanos, en los que se van a Estados Unidos. No existe una mirada hacia los migrantes internos que salen de sus comunidades por pobreza, despojados por los megaproyectos”, asegura.
Ortiz indica que al menos la mitad de la mano de obra para el campo proviene de las entidades más empobrecidas, como Chiapas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca, y advierte que la situación toma dimensiones de una “tragedia nacional” con la desaparición de los apoyos sociales y la carencia de alternativas para atender a esta población, que genera volúmenes de productos que en su mayor parte, el 80%, se exportan.
El investigador expone otro ejemplo del “trato de desechables” que padecen los trabajadores del campo: “En la zona norte de Sinaloa –mi área de estudio– anualmente mueren de tres a cinco personas; entre ellos hay niños que son atropellados por la maquinaria”.
Sorpresa y lamento
El reclamo de las organizaciones sociales al gobierno de López Obrador tiene fundamento. Margarita Nemecio Nemesio, quien también colabora en la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas Internos, explica que se reunieron con la ahora secretaria de Bienestar el 20 de junio de 2018 –antes de las elecciones presidenciales del 1 de julio– y después el 3 de septiembre último en la oficina de transición del entonces presidente electo, y le plantearon sus expectativas en favor de los trabajadores del campo.
En los encuentros también estuvo Ariadna Montiel, ahora subsecretaria de Bienestar, “y no se vislumbraba la desaparición de los programas sociales como el PAJA; al contrario, se nos dijo que habría un cambio para mejorarlo”, refiere Nemecio.
La activista social afirma que desde antes de que Albores González asumiera el control de la dependencia sabía de la situación del programa. “Le explicamos que tenían que allegarse de mayor información para entender el tema; no sabían cómo operaba el PAJA”.
Así que para los integrantes de la red nacional de jornaleros fue una sorpresa cuando la funcionaria anunció la eliminación de los apoyos en la conferencia de prensa del 17 de enero último, a la que no asistieron los activistas y especialistas porque, sostienen, no fueron invitados.
Un mes después, el 18 de febrero, la organización de Nemecio le envió una carta a Albores González en la que le expusieron la ausencia de una política específica para atender al sector; también le advirtieron que no sólo persisten los problemas que dieron origen al PAJA, sino que se agravan.
Le explicaron asimismo la necesidad de renovar el programa, preservando los aciertos que tuvo, y le hicieron notar que 60% de los jornaleros agrícolas, de origen mestizo, no pueden ser atendidos por el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), como se propuso. Además, le solicitaron otro encuentro, pero no se realizó.
En una carta firmada por el director adjunto de la secretaria Albores, Luis Carlos Chávez, fechada el 22 de febrero, la petición fue remitida con el director general de Atención de Grupos Prioritarios, Carlos González Torres.
La organización civil respondió a las autoridades con otro escrito el 15 de marzo: “Hasta ahora no hemos encontrado una mención en los lineamientos generales de la Secretaría de Bienestar, ni en las reglas de operación de los programas sociales de esta dependencia, que señale cuáles son las acciones y el trato directo con los jornaleros, cuál es el presupuesto asignado a este grupo vulnerable para su atención, y dónde está el ejército de trabajadores sociales que se va a acercar a ellos para registrar sus necesidades y demandas.”
En otro mensaje, del 29 de mayo último, la red expresó su “preocupación e indignación tras no identificar en la reestructuración de esta secretaría una política específica para la atención de los jornaleros y sus familias”.
La omisión fue confirmada en el Plan Nacional de Desarrollo. La organización no gubernamental expuso que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) existe sólo una alusión a los jornaleros agrícolas cuando el gobierno se refiere a los que “participan en la movilidad laboral con Canadá”, programa que recibirá un presupuesto de 35 millones de pesos administrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Nemecio Nemesio cuestiona el hecho de que en la reforma laboral recientemente aprobada tampoco se haya aludido a la población jornalera agrícola, excluyéndola de la seguridad social.
La figura de las jornaleras tampoco aparece en la Secretaría de la Mujer. Con la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se abolió la estrategia para atender a los hijos de los trabajadores agrícolas, “invisibles” de igual modo en el programa de Educación Indígena que sí trataba la Comisión Nacional de Fomento Educativo.
Tampoco están considerados en los lineamientos del INPI; lo mismo ocurre en la Ley General para Niñas, Niños y Adolescentes. “La única niñez migrante que existe es la extranjera; no los menores que pertenecen a las familias jornaleras”, agrega la activista.
Nemecio destaca otro defecto de los distintos niveles de gobierno: “No quieren aceptar la movilidad interna agrícola, compuesta por los más vulnerables, que migra para abastecer un sector que perpetúa la explotación laboral…
“Lo grave no es que desaparezca el programa, que ya sabíamos que tenía muchas fallas, sino que la Cuarta Transformación abona a invisibilizar una población dentro de la agenda pública. Al parecer le está abonando a que siga siendo una mano de obra explotada”, agrega.
Xalapa, Veracruz.- Esta mañana, La Policía Estatal desalojó a 40 familias humildes del Fraccionamiento «Villas de Xalapa» con uso excesivo de la fuerza, a golpes, empujones y usando sus instrumentos de coacción: escudos, toletes, bastones.
Las familias no se encontraban ahí de invasoras, ni nada que se le parezca, sino que compraron su patrimonio de buena fe; sin embargo, fueron defraudadas, y mediante un juicio viciado, Humberto Camacho, representante de la empresa KADIC S.A, logró despojarlos de su patrimonio.
¡Alto a la represión contra antorchistas de Veracruz! -Demandaron los afectados. «Exigimos intervención inmediata del Gobierno del Estado», publicaron en las redes sociales.
La empresa dirigida por Larrea informó que el derrame registrado ayer no generó daño a alguna persona. Foto: Especial.
Redacción/ SIN EMBARGO
La empresa aseguró que dio aviso a la Administración Portuaria Integral de Guaymas y a la Secretaría de Marina, dependencia que estuvo presente en el lugar y al constatar que la situación estaba controlada determinó que no era necesario activar un plan de emergencia.
Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– El fallo de una de las válvulas en la Terminal Marítima de Guaymas, Sonora, de Grupo México, cuyo propietario es Germán Larrea, causó que se derramaron 3 mil litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés.
La empresa dirigida por Larrea informó en un comunicado que el derrame registrado ayer no generó daño a alguna persona y afirmó que se aplicaron medidas de atención y la situación fue controlada rápidamente.
“El día de hoy en nuestra Terminal Marítima de Guaymas, aproximadamente a las 15:00 Hrs se presentó un evento que ocasionó el vertido de ácido sulfúrico por el fallo de una válvula que ocasionó la liberación de 3 (tres) m3 del tanque que recibe las purgas de las líneas de embarque”, informó Grupo México.
La empresa aseguró que dio aviso a la Administración Portuaria Integral de Guaymas (API) y a la Secretaría de Marina, dependencia que estuvo presente en el lugar y al constatar que la situación estaba controlada determinó que no era necesario activar un plan de emergencia.
“Desde ayer [8 de julio] se está procediendo con el trasvase del ácido del contenedor a una pipa y se está trabajando ya en neutralizar la solución”, detalló Grupo México.
El administrador general de API Guaymas, Abraham Larios Velázquez, confirmó a Milenio que el derrame se debió a una fuga en las válvulas y detalló que personal de Grupo México cerró las va?lvulas e iniciaron actividades de rebombeo para evitar que una cantidad importante de a?cido sulfu?rico se derramara, pero la sustancia sí llegó al mar.
“Grupo México es el responsable de esta falla y los eventuales daños deberán ser reparados a la brevedad por esa empresa”, precisó al diario Larios Velázquez.
Un video difundido en redes sociales muestra cómo el ácido sulfúrico fue directo al mar.
Tan solo el pasado 13 de mayo otro caso de contaminación por el Grupo México se registró en Zacatecas. Habitantes de San Martín denunciaron que el río de su comunidad había sido contaminado desde hace días por un derrame de material tóxico producido por una mina de la empresa.
El derrame de la mina San Martín llevaba más de tres días y la afectación repercutió en dos mil habitantes de la comunidad, además de aquellos que se encontraban río abajo como lo son las localidades de San Antonio de Belén y Carretas, las cuales utilizan el agua para consumo humano y doméstico, denunciaron habitantes.
De acuerdo con las denuncias, el derrame contenía reactivos como cianuro, sulfato de zinc, sulfato de cobre, y desemboca en los sembradíos frutales y demás cultivos de granos básicos.
El grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) denunció el hecho e hizo un llamado para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendiera la contaminación n y acusaron que las autoridades de la región ocultar información.
SILVIA ALVARADO | NTRZACATECAS.COM, 11 de julio de 2019
Zacatecas.- Autoridades estatales son omisas en la elaboración de un censo de jornaleros agrícolas e ignoraron los derechos de los trabajadores e infantes que pasan hasta 11 once horas en las cosechas, siendo Fresnillo y Villa de Cos donde se concentra el 85 por ciento de ellos.
De acuerdo con el último estudio realizado en 2011 por la Unidad Académica de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), e incluido en el Plan Estatal de Desarrollo 2017–021, entre ambos municipios había seis mil 200 jornaleros en la temporada que va de abril a agosto.
Dicho análisis realizado hace ocho años, reflejó que Río Florido, San José de Lourdes, San Gabriel y el Salto, en Fresnillo, así como Bañón y Chaparrosa, Villa de Cos, tienen a más de 80 por ciento de familias nucleares (padre, madre e hijos) y extensas (tíos, primos y abuelos).
El resto se ubica en Cuauhtémoc, Ojocaliente, Luis Moya, Calera de Víctor Rosales, Noria de Ángeles, Loreto, Villa Hidalgo y Ojocaliente.
Provenientes de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa y Jalisco, son en su mayoría de etnia huicholes y Tepehuana, quienes desde los ocho hasta los 41 años se dedican a la pizca de chile, tomatillo, ajo, lechuga, zanahoria, cebolla y uva.
Fueron los propios peones quienes evidenciaron ser víctimas de abusos, sin que haya intervención de autoridades que constanten las condiciones de trabajo y los doten de servicios de salud, educación y alimentación.
Relataron que la labor inicia desde las siete de la mañana hasta pasadas las 17 horas, por lo que se ven obligados a hacer aproximadamente de 22 a 60 botes (19 litros) que les son pagados desde tres hasta cuatro pesos, incluyendo el arrastre.
La “tarea” a cumplir es llenar un camión de 15 toneladas por el que se establece un salario y, con suerte, realizar entre los jornaleros de dos a tres tareas por día.
Desde bodegas hasta corrales son adaptados por sus patrones como cuartos donde permanecen hasta 10 familias desde abril hasta septiembre, algunos de ellos con servicios básicos como luz y agua.
Señalaron a los llamados enganchadores como quienes actúan de manera desfavorable, “desinformándolos” sobre las condiciones de vivienda y el trabajo a desempeñar
Los niños, aunque aseguran, son del total desinterés para sus jefes, para ellos como familia representan un ingreso más, por lo que no es opción mandarlos a la escuela.
Elizabeth Rodríguez Lezama / La Jornada de Oriente
Tehuacán. Vecinos de la junta auxiliar San Nicolás Tetitzintla, cerraron la avenida José Garci Crespo, a la altura de la avenida Las Palmas, para manifestarse en contra del proyecto de instalación de una tienda departamental de la cadena Wal Mart en la zona que ocupan los bungalows de Peñafiel.
Los inconformes expresaron su preocupación por versiones en el sentido de que el ayuntamiento de Tehuacán ha liberado permisos para que se lleve a cabo la construcción de esa tienda, lo cual implicará un grave daño ecológico porque para ello se pretende derribar a más de 270 árboles que están en esa zona de la ciudad.
Según dijeron se trata de un pulmón de Tehuacán que el ayuntamiento no tiene derecho a quitarle a los ciudadanos, por lo cual exigieron que se cancele definitivamente ese proyecto por parte de las autoridades, porque es deber del gobierno anteponer el bienestar de la ciudadanía a los intereses económicos de los grandes monopolios.
Fueron más de 100 personas las que respondieron a la convocatoria para defender los bungalows, un espacio que ha estado en medio de conflictos primero por su posesión y ahora por la posible construcción en de esa empresa, la cual señalaron los inconformes no será la propietaria del terreno, porque solo se le va a rentar.
Será un ecocidio el que se llevaría a cabo porque se derribarán diversas especies como mezquites, laureles de la india, isotes y otros ejemplares, varios de ellos que tienen ya un tamaño superior a los 5 metros, por lo que advirtieron que van a defender esa riqueza del medio ambiente.
Laura Castuera Arroyo, regidora de Ecología, junto con el director de área, Manuel Pereyra Estrada, se comprometieron con los inconformes a que desde ese departamento municipal no se va a liberar la factibilidad ambiental a favor de la empresa, de modo que incluso si se les dan otros permisos no habrá aval para la construcción.
Manuel Pereyra sostuvo que las autoridades municipales están totalmente comprometidas con el cuidado del medio ambiente por lo que no permitirán que se cometa un ecocidio en esa zona, de modo que pidió el apoyo de los manifestantes para mantener comunicación con el ayuntamiento y así evitar cualquier derribo en el predio.
Indicó que por parte de Seguridad Pública se realizarán rondines contantes en esa zona para vigilar que no se afecte; sin embargo, reconoció que es necesario contar con los vecinos para alertar ante cualquier acción sospechosa, de modo que solicitó unir esfuerzos en ese objetivo.
La empresa minera canadiense Almaden Minerals pretende “acabar con el agua” de más de 120 pueblos mexicanos, de acuerdo a organizaciones civiles de las zonas afectadas.
Pobladores y representantes de las organizaciones probaron ante las autoridades mexicanas que la compañía acabará con las reservas de agua que alimentan a gran cantidad de comunidades de la Sierra Norte, en el estado de Puebla. Según publica Sputnik, pidieron al Gobierno nacional que rechace la mina que aún están en proceso de aprobación.
En una audiencia pública, parte del proceso legal de la revisión y aprobación del emprendimiento, que se realizó el 25 de junio de 2019 en el pueblo de Santa María de Zotoltepec, los detractores argumentaron que la explotación a cielo abierto de un polígono de 1.050 hectáreas (dentro de las 14.000 hectáreas en dos concesiones que la empresa llama Proyecto Ixtaca) terminará en cinco años con las reservas subterráneas de agua de la zona y afectará directamente al río Apulco. La explotación, de hecho, empieza en la cabecera del río que recorre más de 170 kilómetros y brinda agua dulce al Golfo de México.
Todo por el oro
“Lo hemos demostrado con datos, argumentos técnicamente sólidos y con testimonios de la vida de las personas que, le diría, son incuestionables”, dijo a Sputnik, Alejandro Marreros, miembro de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, una de los organizaciones participantes de la reunión.
“Las comunidades han procesado la información y han determinado que el proyecto minero representa una amenaza para su vida, para su lugar. No sólo por la contaminación que significa una mina a cielo abierto, la amenaza más sentida es el asunto del agua, agregó.
Una investigación realizada en 2014 hecha por pobladores y la organización civil mexicana Poder identificó “irregularidades y anomalías que estaba cometiendo la empresa” Almaden Minerals, que recibió la concesion del subsuelo en 2001 y empezó a extraer en 2009. Las comunidades no supieron hasta 2011 que había un proyecto avanzando en su zona, se les ocultó sistemáticamente.
Una de estas anomalías es que la compañía dijo estar haciendo perforaciones hasta 700 metros de profundidad cuando en realidad la ley permite que la profundidad máxima sea de 190 metros.
“Por otro lado, identificamos que la empresa presentó un tipo de información en los boletines para sus inversionistas, en su mayoría en inglés; y otro tipo de información al Gobierno mexicano, concretamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”, dijo Marreros citado por Sputnik.
También, en el documento presentado por la minera para obtener la concesión, en algunas partes aducen que no usarán agua subterránea para explotar y entras partes dicen que sí. “Pero cuando procesamos sus datos vimos que a partir del quinto año pretenden duplicar su producción, por lo que les van a faltar casi 2.000.000 de metros cúbicos de agua cada año a partir de entonces (…) Nosotros demostramos que, para operar, la minera sí requiere agua subterránea”, afirmó Marreros.
Sputnik también publica los siguientes datos de la manifestación de impacto ambiental del Proyecto Ixtaca, presentado por Almaden Minerals:
La mina sostiene que usará 0,7 metros cúbicos de agua para procesar cada tonelada de roca que extraiga de la mina a cielo abierto; pretende procesar 7.600 toneladas de roca al día.
Así, durante los primeros cuatro años de operación, la mina usaría alrededor de 5.400 metros cúbicos de agua al día, «los cuales representan el doble de la cantidad de agua que usan las más de 120 comunidades de Ixtcamaxtitlán en su conjunto», señaló Marreros, «ya nada más ese dato es impresionante».
Ese consumo diario implica la extracción de 1.900.000 metros cúbicos de agua al año, para procesar roca y extraer de ella mineral.
La empresa construirá dos presas, una que almacenará 1.800.000 metros cúbicos de agua y otra de 300.000 metros cúbicos para surtirse de agua para su operación, que juntas le brindan 2.100.000 metros cúbicos de agua.
Al quinto año, la minera anuncia que duplicará la cantidad de roca que procesará, saltando de 7.650 a 15.000 toneladas por día. Eso, lógicamente, implica duplicar el consumo de agua para su producción, que subiría a 4.000.000 metros cúbicos al año.
Puebla, Pue.- En Puebla se tienen registros de al menos 23 fosas clandestinas con cerca de 31 cuerpos exhumados en distintos puntos del estado de 2011 a la fecha, lo que contrasta con lo expuesto por la Fiscalía General del Estado, que asegura que en la entidad no se ha localizado ninguna.
Incluso el dato de la dependencia contradice al gobierno federal que el pasado 14 de mayo reconoció el hallazgo de una fosa con cuatro cuerpos exhumados en la entidad poblana, sin que ahondara del lugar, municipio o fecha del hallazgo.
A través de la solicitud de información 00707319 se pidió conocer el número de fosas clandestinas halladas en Puebla de enero de 2009 al 15 de mayo de 2019, así como detalles de los puntos donde se ubicaron las mismas y la cantidad de cuerpos descubiertos por fosa. En este caso, la respuesta de la Fiscalía vía Infomex, fue de cero registros de fosas en el periodo antes citado.
Sin embargo, el informe Terror y Violencia de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, recopila información de trece fosas clandestinas localizadas entre 2011 y 2015 en Puebla. En el caso de 2011, se señala como puntos de hallazgo los municipios de Chignahuapan y Atlixco, con una excavación cada uno, mismas en las que un total de tres cuerpos fueron exhumados, dos en el primer municipio y uno en el segundo, tratándose de hombres.
La cifra más alarmante se presentó en 2015, con once fosas clandestinas concentradas únicamente en el municipio de Atlixco, donde no se tuvo registro de cuántos cuerpos o restos humanos se descubrieron.
A estos trece casos hay que sumarle los diez que El Sol de Puebla documentó entre 2017 y lo que va de 2019.
Buscan a extraviado y encuentran fosa
El 29 de noviembre de 2017, una brigada de policías y civiles que buscaban a una persona extraviada, se encontraron ante el macabro hallazgo de tres cuerpos putrefactos en dos fosas clandestinas en el municipio de San Salvador Huixcolotla, a 200 metros de la carretera estatal Huixcolotla- Acatzingo. Uno de los cuerpos estaba atado de pies y manos y con la cabeza cubierta por una bolsa. Cerca de ahí la gente también localizó un pozo donde había al menos otro dos cuerpos y varias bolsas negras, donde se dijo, de manera extraoficial, habría más cadáveres.
Otra fosa en Huixcolotla
Dos meses después, el 22 de enero de 2018, dos cuerpos en avanzado estado de putrefacción fueron hallados dentro de una fosa clandestina, ubicada en medio de terrenos baldíos de este municipio, cerca de la carretera estatal Acatzingo-Huixcolotla.
Hallan muerto a plagiado
El 7 de junio de 2018, el cuerpo de una persona fue localizado dentro de una fosa clandestina ubicada en la junta auxiliar de Lomas de Romero en el municipio de Tecamachalco. Se presume que la víctima había sido secuestrada.
El hallazgo lo registró personal de la Fiscalía Especializada en Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), quienes ubicaron la fosa en un área irregular en terrenos de cultivo. De acuerdo con información recabada por este medio, el caso está relacionado con la banda de secuestradores que fue detenida a principios de junio en Tecamachalco y que por su modus operandi estaría vinculada con al menos otros dos casos en la región.
Encuentran enterradas a víctimas de secuestro
Para el 23 de noviembre de 2018, la Fiscalía General del Estado dio a conocer el hallazgo de siete cadáveres de personas que fueron víctimas de secuestro, por parte de una banda que operaba en la zona de Ciudad Serdán y que era comandada por el exdirector de Seguridad Pública Municipal de esa localidad, Marco Antonio N, alias “El Marco”.
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Los cuerpos fueron ubicados en tres fosas clandestinas; el primero de ellos en la localidad La Encrucijada, municipio de Palmar de Bravo; otros tres en el paraje “El Murillo” de Ciudad Serdán y tres más en los alrededores de la misma zona.
Ubican fosa en San José Mihuatlán
Entre el 24 y 25 de enero de 2019, autoridades ministeriales hallaron restos de cuerpos humanos en el interior del pozo ubicado en el paraje El Chupandillo en San José Miahuatlán, sumando seis cadáveres localizados y no se descartaba que se encontraran más en dicho pozo, considerado una fosa clandestina.
Tras una mesa de trabajo y el arribo tanto de peritos de la FGE como del Ejército Mexicano, se acordó la posibilidad de contratar maquinaria para excavación, sin embargo, la utilización de la misma era complicada debido a que el pozo contaba con 70 metros de profundidad, lo cual representaba un riesgo para los cuerpos de rescate.
Descubren fosa en el Mercado Morelos
Tras un operativo implementado por las policías Municipal, Estatal, Ministerial y el Ejército Mexicano en el mercado Morelos de esta capital, el pasado 2 de abril, las autoridades hallaron una fosa clandestina, de donde se presumen habrían sacado los ocho cuerpos con escombro que fueron arrojados a un lado del jagüey de San Salvador Chachapa, Amozoc, la madrugada del 30 de marzo.
Además de que los policías catearon varios locales, descubriendo así varios paquetes con diversas drogas, pero lo que más llamó la atención fueron dos trozos de piernas humanas.
En colonia del Valle hallan cuerpo
Finalmente, la mañana del pasado 5 de julio en la colonia Del Valle, policías ministeriales ubicaron una fosa clandestina con un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Lo anterior tras un reporte ciudadano en el que se alertó un olor fétido proveniente de un inmueble ubicado en la esquina de calles Valle de Puebla, donde también fue localizado un perro negro, vivo, el cual tenía signos de abandono, por lo que fue asegurado por oficiales del municipio. Con los hechos descritos anteriormente, suman un total de 23 fosas clandestinas de 2011 a 2019 en Puebla.
Escolástica Luna, una mujer nahua que emprendió sola la lucha casi imposible de buscar justicia para sus dos hijos, se convirtió en comisaria municipal cuando los hombres de su localidad tuvieron que huir. Hoy, a sus 70 años, recibe adiestramiento para defender a su comunidad del asedio criminal.
Texto y fotografía: Luis Daniel Nava / Amapola Periodismo Transgresor en Pie de página
Era la mañana de un domingo de febrero del 2008. En el auditorio del entonces Fideicomiso para el Mejoramiento Integral y el Desarrollo de las Artesanías Derivadas de la Industria de la Palma (Fidepal), en la cabecera de Chilapa, la organización campesina Movimiento Social de Izquierda que encabezaba Ranferi Hernández Acevedo realizaba su asamblea.
A la escena entró una mujer delgada, morena, alta, con vestido colorido, el traje tradicional de su pueblo, Rincón de Chautla, para tomar la palabra. Era la primera vez que lo hacía en público. Se hizo de valor para exigir la libertad de dos de sus hijos que estaban recluidos en el penal de Chilapa desde dos años atrás.
Era Escolástica Luna, una mujer nahua que había emprendido sola una lucha casi imposible: buscar justicia. En una de las bolsas de su vestido llevaba una cámara fotográfica que utilizaba para dejar registro de su labor, también para no perder evidencias.
Del miedo a dirigirse a un público desde un micrófono, doña Escolástica pasó a participar en ese 2008 como oradora en un mitin por el aniversario de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas en Coyuca de Benítez perpetrada en junio de 1995 por parte de la policía de Guerrero, gobernado por Rubén Figueroa Alcocer.
A partir de entonces participó en movilizaciones en Tlapa, Chilpancingo, Acapulco, Iguala y en la Ciudad de México, además consiguió para su comunidad el rastreo de su camino de entrada empinado y agreste, fertilizante y lámina para las viviendas de todas las familias.
“En ese tiempo yo nunca salía de mi casa, siempre estaba en mi casa pero ya que fueron a encerrar a mis hijos tuve que salir a muchas partes, ni una oficina de Chilapa conocía”, recuerda.
Dos años atrás, sus hijos Bernardino y David Sánchez Luna fueron detenidos junto con otros seis pobladores de Rincón de Chautla, acusados del asesinato de dos hombres originarios de Zacapexco, una comunidad vecina.
El 10 de mayo del 2006 por la noche, recuerda bien Escolástica, policías ministeriales llegaron hasta la comunidad para detener a David Sánchez; los demás pobladores fueron detenidos por la misma acusación cuando acudieron a visitarlo al reclusorio en Chilapa. Otros dos pobladores contaban con órdenes de aprehensión.
“Dicen que según ellos (sus hijos y vecinos) acá arriba, en el monte, mataron. Fue mentira porque no les pudieron comprobar, pero se tardaron dos años con 10 meses en la cárcel”, dice la mujer.
Escolástica ni siquiera había entrado a una oficina en Chilapa, desconocía los laberintos de la burocracia. No se imaginaba lo difícil que es pedir justicia en este país.
En esos días en la comunidad sólo quedaron niños, mujeres y algunos ancianos. A Escolástica la nombraron comisaria municipal y, además de exigir la libertad de sus hijos, también demandó mejoras, servicios, obras para su pueblo.
El conflicto
En 2010, cuenta Escolástica Luna, los líderes de Zelocotitlán pidieron a los comisarios de Zacapexco y Rincón de Chautla firmar un acta para entrar al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede). El proyecto incluía hacer un campamento en un lugar conocido como Yerbabuena.
“No quisieron firmar los comisarios (de Zacapexco y Rincón), no sellaron, por eso empezó este problema. Pero nosotros ya sabíamos cómo trabajaban (los de Zelocotitlán), que a uno que no quiere ir lo secuestran y lo matan, por eso preferimos la Policía Comunitaria”. En septiembre de 2014, Rincón de Chautla, colonia Emperador, Papaxtla, Zacapexco y Zompeltepec del municipio de Chilapa; Ayahualtempa y Tlachimaltepec del municipio José Joaquín de Herrera conformaron su policía comunitaria adherida a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Como se negaron a trabajar con ellos, continúa Escolástica, los pobladores de Zelocotitlán comenzaron con el acoso.
“Aquí ya venían unos de otros pueblos, echaban balazos. Los de Zelo nos empezaron a exigir que trabajáramos con ellos pero nosotros no quisimos, como el pueblo no quiso empezaron los problemas. Decían que si queríamos trabajar con ellos entonces iba haber paz pero no quisimos”.
En 2015, los pobladores de Zelocotitlán también se aglutinaron a un grupo armado autodenominado Policía Comunitaria Por la Paz y la Justicia, a quien las autoridades acusan de la desaparición de al menos 16 jóvenes en Chilapa cuando unos 300 hombres armados irrumpieron para detener a supuestos integrantes de una organización criminal.
El saldo desde diciembre de 2018 a la fecha ha sido el asesinato de 20 personas y una docena de desaparecidos.
El 19 de diciembre, en la localidad Paraíso de Tepila, un matrimonio fue asesinado; el grupo Paz y Justicia acusó a los policías de la CRAC-PF del crimen. La comunidad ahora convertida en un pueblo fantasma estaba dividida entre los dos grupos y con este hecho no han cesado las hostilidades.
Ese mismo día, los policías comunitarios de Paz y Justicia incursionaron y expulsaron de Paraíso de Tepila a los integrantes de la CRAC-PF, además de instalar un retén en el crucero de Rincón de Chautla; fue en este momento, según las autoridades de la CRAC, que desaparecieron 12 personas, sólo tres adultos:
Rosaría Ignacio Melchor, de 60 años de edad; Alberto Espiridión Ignacio, de 40 años; Antonia Andraca Celedonio de 36; Ángel Espiridión Andraca, de 17; Rosaria Espiridión Andraca, de 15 años; Sergio Espiridión Ignacio, de 12; Jorge Espiridión Andraca, de 12; Emiliano Espiridión Andraca de 9; Juanita Espiridión Andraca de 7; Elena Espiridión Ignacio de 6; Zacarías Espiridión Andraca, de 6 y Anita Espiridión Andraca de 3 años.
El 27 de enero por la mañana 10 policías del grupo Paz y Justicia fueron emboscados y asesinados cuando se dirigían al retén en el crucero de Rincón; más tarde se reforzaron e intentaron entrar a la comunidad donde fueron repelidos por la CRAC-PF; ahí fallecieron otros dos integrantes de Paz y Justicia.
El 4 de mayo, fueron asesinados en el bulevar de Chilapa un consejero regional de la CRAC-PF y su acompañante en el bulevar de Chilapa; y el 16 del mismo mes fue asesinada una pareja de San Jerónimo Palantla en las inmediaciones de ese pueblo.
El 11 y el 17 de mayo, Rincón de Chautla y Zacapexco saltaron a la escena nacional con la difusión de dos videos donde niños, niñas y mujeres aparecen recibiendo adiestramiento en el manejo de armas con rifles de madera y escopetas para integrarse a las filas de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF y defenderse.
La mañana del viernes 24 de mayo, en la carretera Chilapa-Tlapa fueron hallados en bolsas negras los restos de un comandante regional y de un policía comunitario de la CRAC-PF; un día antes habían salido de Xicotlán a comprar víveres a Chilapa.
Ante la presión social por la difusión de esos videos y los hechos de violencia, la autoridades por fin reaccionaron. En el entronque que conduce a Rincón de Chautla y Zacapexco, soldados del Ejército instalaron un puesto de vigilancia.
Los gobiernos de Chilapa y de Guerrero voltearon a verlos unos días. Les mandaron un profesor de primaria y medicinas, y empezó la construcción de unas gradas de la cancha.
Para Escolástica es insuficiente. Dice que se necesitan escuelas desde preescolar hasta secundaria con desayunos escolares, una clínica de salud con por lo menos un personal de enfermería y la pavimentación de unos cinco kilómetros desde Zacapexco al crucero que va a la entrada de Rincón. También una tienda de abasto popular.
El adiestramiento
De la detención de sus hijos han pasado 13 años. Esta tarde de junio del 2019 Escolástica está sentada en medio de la cancha multiusos de Rincón de Chautla. Ya tiene 70 años.
Junto con otras mujeres recibe el adiestramiento en el manejo de las armas, no para hacer daño, dice, sino para defender a su comunidad del asedio de una organización criminal que opera en esa región de Chilapa.
Como en aquella asamblea, Escolástica tiene un vestido verde con listones delgados color naranja bordados, un mandil amarillo con vivos azules que le cubre la parte frontal del cuerpo, un suéter rojo que tiene el logotipo de una escuela privada y unos huaraches de plástico.
Permanece sentada con la espalda recta y en su mano derecha sostiene una escopeta; con la mano izquierda de piel áspera y de venas marcadas hace ademanes que acompañan sus dichos.
“Lo que buscamos es defender a nuestra familia. Yo le voy a entrar para defenderlos”, dice segura.
Agrega: “Quiero que las mujeres también aprendan pero no para hacer mal, para hacer el bien de su pueblo, de sus hermanos, de los niños, para que sepan defenderse.
“Nos organizamos para podernos defender, porque ya el gobierno creo que como dicen no se alcanza o no quiere apoyarnos, pero nosotros mismos nos podemos apoyar, tanto hombres y mujeres”.
Desde enero y de manera gradual, Rincón de Chautla se convirtió en una isla enclavada en medio de cerros: sus pobladores no pueden viajar a los dos centros de abasto de la región, Chilapa y Hueycantenango, porque hay presencia de personas armadas que ya han asesinados a varios de ellos. No pueden salir a comprar.
Tampoco pueden entrar comerciantes a abastecer alimentos, bebidas ni ropa. Ya nadie entra a vender, ni los camiones de las refresqueras.
“Ni por la ropa, no podemos ir a Chilapa, ni a Hueyca. Ni modo, se va acabar la ropa y ya no podemos salir”, expresa Escolástica.
Por el conflicto armado que viven, a Rincón de Chautla se fueron los pocos profesores, los médicos no porque nunca han tenido ni una casa de salud.
“Si los niños tuvieran maestros, pues que estudien; pero ya que no tienen maestro que aprendan a defenderse”.
Este aislamiento lo están resistiendo al límite: el pueblo vive con una dieta básica de alimentación y se curan con remedios naturales.
“Lo bueno de nosotros es que sembramos, tenemos maíz, tenemos frijol, lo que nos falta es sal, jabón”.
Desde esos episodios de diciembre de 2018, los pobladores de Rincón de Chautla no han parado de pedir seguridad a las autoridades y hasta al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, los representantes del gobierno les respondían que no había justificación ni evidencias para que acudieran a esa zona.
“¿Para cuando ya me mataron van a venir?, ¿ya a qué viene el gobierno?”, reclama la mujer a la inacción gubernamental.
Escolástica es de las fundadoras de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, en los primeros años y en 2018 fue la coordinadora de este grupo.
Después de la charla, Escolástica regresa con las demás mujeres que viven en su pueblo y que también permanecen armadas. Ya han marchado por la cancha y ahora se preparan para hacer guardias de vigilancia.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Consulta aquí la publicación original.
Pobladores de Xochicuautla refirieron que la constructora de Grupo Higa está trabajando ilegalmente.
Nancy Gómez / SDP Noticias
México.- Pobladores de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, denunciaron hostigamiento en su contra por parte de la policía estatal y de trabajadores de la constructora Teya, perteneciente a Grupo Higa, mismos que pretenden reiniciar los trabajos de construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan.
A través de un comunicado acusaron que desde el pasado 1 de julio, los trabajadores de Higa ingresaron de manera ilegal a la zona de construcción con maquinaria pesada, accion resguardada por los elementos de la policía estatal.
Recordaron que actualmente están vigentes dos amparos que avalan la suspensión definitiva del proyecto para proteger el bosque de Xochicuautla, por lo que exigieron la inmediata salida de los trabajadores.
“Denunciamos que la empresa Higa volvió a contratar golpeadores para amedrentar a quienes subimos a defender e impedir el paso de la maquinaria. Por lo que hacemos responsables a la empresa y a la policía estatal de las amenazas de los golpeadores. Nosotros solo defendemos lo que es nuestro, el derecho a la vida, al agua y nuestros bosques”.
COMUNIDAD XOCHICUAUTLA
Xochicuautla reclama devolución de tierras
Los pobladores indígenas otomíes afectados por el proyecto, están demandado al presidente Andrés Manuel López Obrador, la devolución y restauración de su territorio luego de que venciera el plazo de cinco años que Enrique Peña Nieto concedió a Constructora Teya para la construcción de dicha autopista privada que está inconclusa.
De acuerdo con los pobladores, en 2010 fue impuesto el decreto para la construcción de la autopista sin que fueran consultados, como lo establecen los tratados internacionales, y que se realizó en complicidad del gobierno estatal y empresas privadas.
Acusaron que el proyecto destruyó su forma de vida, los caminos ancestrales, el agua y el bosque que alimenta los mantos acuíferos de Toluca y el Valle de México.
Protestan en Palacio Nacional
La mañana de este miércoles, pobladores de Xochicuautla se manifestaron en Palacio Nacional para exigir alto a los trabajos de la carretera privada Toluca-Naucalpan y respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Refirieron que es necesaria la intervención del Gobierno Federal porque la administración estatal de Alfredo del Mazo está reprimiendo a los opositores y protegiendo a los trabajadores de Higa.
En Edomex han avalado leyes para proteger a periodistas (Foto especial)
Sofía Sandra San Juan/El Sol de Toluca
Periodistas de los valles de Toluca y México, así como de la zona Oriente, se pronuncian por un “Alto a las agresiones, no queremos periodistas asesinados en Edomex” y anuncian la entrega de un documento en el que se exige también el respeto irrestricto a la libertad de expresión.
“Los periodistas del Estado de México no esperaremos un saldo trágico para levantar la voz ante las recientes agresiones que han sufrido periodistas, comunicadores, fotoperiodistas y camarógrafos en los municipios de Toluca, Tezoyuca, Nezahualcóyotl, Ecatepec y La Paz”, señalan.
El pliego está dirigido al Ejecutivo federal y estatal, a los Congresos de la Unión y al mexiquense, a las comisiones Nacional y estatal de los Derechos Humanos, así como a los 125 ayuntamientos y a la opinión pública en general, en donde se condenan seis hechos donde resultaron agredidos reporteros, fotógrafos y camarógrafos de diversos medios de comunicación.
Los periodistas mexiquenses aseguran que el Gobierno del Estado de México y los gobiernos municipales mencionados no han brindado la mínima atención a estos casos de agresión, pero reconocen el apoyo de la organización Artículo 19 y de la Codhem a través del inicio de quejas de oficio, aunque lamentaron que no puedan intervenir directamente para conseguir justicia para los periodistas agraviados.
En el Estado de México, recordaron, está en proceso la aprobación de una Ley para Protección de Periodistas, pero aún falta que los legisladores la revisen y comprueben si sus mecanismos de protección son los adecuados para detener la ola de violencia en contra de este gremio.
Demandas:
-Alto a las agresiones en contra de periodistas y respeto a la Libertad de Expresión.
-El gobierno del Estado de México debe crear y aplicar los protocolos de seguridad que a nivel federal están vigentes para la seguridad y protección a periodistas.
-Los 125 Ayuntamientos del Estado de México deben capacitar a sus cuerpos de seguridad y personal administrativo para garantizar el derecho a la información de los periodistas y fotoperiodistas, con base en los artículos 6° y 7° Constitucional.
– Acompañamiento a periodistas agredidos por parte de la Comisión de Atención a Victimas del Estado de México (CEAVEM).
-Los medios de comunicación deben aplicar sus protocolos para la seguridad de sus reporteros.
Postura de la Codhem
Es de mencionar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), a través de su presidente, Jorge Olvera García, expresó su total apoyo a la postura de los trabajadores de los medios de comunicación y a cada uno de los puntos incluidos en su texto, al tiempo de refrendar el apoyo institucional para la defensa de sus derechos humanos, de información, expresión y laborales.
Indicó que además de atender las quejas que formalmente presente los periodistas en las oficinas de esa Defensoría de habitantes, la Comisión inicia una queja de oficio cuando conoce de hechos que transgredan los derechos humanos de quienes trabajan en los medios de comunicación, pues realizan una labor que es de trascendental importancia para la sociedad en su conjunto.
Resaltó que a través del pronunciamiento emitido por la Codhem el pasado martes, el cual fue dado a conocer por diversos medios de comunicación, hizo un llamado a las autoridades de los tres poderes y de los niveles estatal y municipal no sólo para proteger la labor informativa de los reporteros, fotógrafos y camarógrafos sino a brindarles las garantías necesarias para llevar a cabo su trabajo en un ambiente de paz y seguridad.
Nueva protesta de trabajadores de Canal Once en Palacio Nacional. Foto: Germán Canseco
Neldy San Martín/Proceso
El adelgazamiento de los medios públicos golpeó ahora a Notimex, la agencia de noticias del Estado. Con el argumento de que se aplican la ley de austeridad y un memorándum presidencial, la dirección general ha cesado a un centenar de trabajadores. Algunos de ellos concedieron a Proceso entrevistas en las que afirman que los despidos son injustificados, no se les liquida adecuadamente y se les somete a presión policiaca, lo que contradice las declaraciones del presidente López Obrador al respecto.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El despido de decenas de trabajadores de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano con el argumento de las medidas de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, evidenció el manejo de la agencia noticiosa que encabeza la periodista Sanjuana Martínez.
En una carta enviada al presidente el pasado 1 de julio, trabajadores denunciaron el despido injustificado de 100 personas, entre ellas 70 integrantes del sindicato, 10 de honorarios, siete de confianza, seis directores de área y seis subdirectores, y aseguraron que “nadie de los despedidos de base ha tenido una respuesta clara sobre su liquidación”.
Proceso entrevistó a una docena de trabajadores despedidos, quienes confirmaron la versión: los notificaron con un oficio, del que este semanario tiene copia y en el que se les informa que la medida es en cumplimiento del memorándum presidencial del 3 de mayo relativo a las nuevas medidas de austeridad. Los que no quisieron firmar su baja no recibieron información sobre su liquidación y se les dijo que sólo con su rúbrica se les entregaría su fondo de ahorro, mientras a los que firmaron les ofrecieron 60% de lo que les corresponde por ley.
El viernes 5 este semanario buscó la versión de Sanjuana Martínez vía telefónica en la dirección general de Notimex, y dejó dos mensajes con la persona que respondió las llamadas, Lilia Manzano –quien aparece en la página gubernamental Nómina Transparente como jefa del Departamento de Control–, pero no tuvo respuesta.
Un día antes Martínez dijo en entrevista con Julio Hernández López, Astillero, en Radio Centro, que 87 personas fueron despedidas “en atención al memorándum que emitió el titular del Ejecutivo con fecha 3 de mayo, y en respeto y apego irrestricto a la Ley de Austeridad Republicana”.
Sin embargo, el memorándum señala que los recortes se tienen que hacer sin afectar a trabajadores de base, mientras que la Ley de Austeridad Republicana todavía se encuentra en vías de aprobación en el Congreso y en ningún artículo del proyecto de ley se menciona el despido de trabajadores.
En un comunicado emitido el 30 de junio, titulado “Notimex desmiente a extrabajadores”, que se publicó en la página de la agencia, se asegura que las “liquidaciones son apegadas a la ley” y que “en ningún momento se ha retenido ni condicionado el fondo de ahorro”, pero en un audio que un trabajador proporcionó a Proceso se escucha a una mujer del área jurídica cuando le ofrece 60% de su liquidación.
En otro audio, una funcionaria de la agencia informa por teléfono a una empleada que para obtener su fondo de ahorro debe firmar “un convenio de finiquito”.
Jacqueline Ramos estaba a una semana de cumplir 15 años como reportera de Notimex cuando fue despedida, el 19 de junio. En entrevista dice que le preocupa cómo va a pagar la educación de su hijo ahora que se quedó sin trabajo.
“Me parece lo más cruel del mundo, porque cuando se habla de la austeridad se habla de los millones que se están ahorrando y no de las familias que se están acabando. Mi hijo va a la escuela y no sabe cómo he temblado pensando qué voy a hacer con él el próximo año escolar”, dice a la reportera mientras abraza al niño de 11 años.
A Isaí Ángeles lo corrieron el 5 de abril, después de 28 años en la empresa. Estaba contratado por honorarios. Tenía cinco años en la Dirección de Operaciones Internacionales como editor de contenidos, luego de ser corresponsal en Nicaragua, Honduras y Panamá.
“El contrato vencía el 30 de junio, pero me entregaron un documento en el que me lo rescindían. El contrato establecía que en caso de no renovarlo nos tenían que avisar con 30 días de anticipación y no lo hicieron, violaron el contrato –cuenta–. En mayo presenté una demanda contra Notimex.”
Javier Divany Bárcenas, sindicalizado, cubría la fuente política, aunque en las últimas semanas le asignaron la policiaca. Expresa que, contrario a lo que dice el presidente, la clase trabajadora es la que está sufriendo las medidas de austeridad y él lo vivió en carne propia, “porque en la última reunión teníamos cinco jefes nuevos parados ahí”.
“A mí me dejó sin trabajo Andrés Manuel López Obrador y aquí lo dice”, refiere al señalar el oficio en el que se le notificó que Notimex daba por terminada la relación laboral: “Se solicita su baja en razón de las medidas de austeridad y control presupuestario contenidas en el memorándum de fecha 3 de mayo de 2019 suscrito por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Andrés López Obrador”.
De acuerdo con el reporte de rendición de cuentas de conclusión de la administración 2012-2018, la agencia noticiosa mexicana tenía en agosto del año pasado 328 plazas activas, de las cuales 223 eran de personal sindicalizado, 71 de mandos medios y superiores, 34 plazas de personal de confianza y 46 contratos de personal de honorarios asimilados.
El presupuesto programado para Notimex este año es de 209 millones de pesos, de los que 130 millones son para servicios personales, que incluyen salarios, prestaciones, seguridad social, fondo para la vivienda y aportaciones para el retiro, según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
Objetivo: el sindicato
Durante 18 años encabezó el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex Conrado García Velasco, quien ya renunció a su cargo de secretario general.
En la entrevista que Sanjuana Martínez dio a Radio Centro el jueves 4 justificó los despidos de 14 sindicalizados como parte de su cruzada contra la corrupción y señaló que Conrado García recibía “mensualmente entre 300 mil y 500 mil pesos” bajo el concepto de “apoyo”.
Trabajadores consultados por Proceso aseguran que el líder sindical tenía secuestrada a la agencia de noticias y que cuando el presidente nombró a Sanjuana Martínez como directora general, y luego la ratificó el Senado, confiaron en que al fin se terminaría con las irregularidades en el sindicato, pero señalan que nunca imaginaron que la directora buscaría desmantelarlo.
“Nos sentimos agraviados, desilusionados y traicionados por las actuales decisiones que se han tomado, que hoy nos han dejado sin empleo, sin oportunidades reales de trabajo y sin sustento para nuestras familias”, se lee también en la carta que enviaron al presidente el 1 de julio.
Nancy Mora, quien era editora en el área de fotografía cuando fue despedida tras 18 años en la empresa, dice en entrevista que la mayoría de los sindicalizados no estaba de acuerdo con las prácticas del dirigente.
“Teníamos la esperanza de que se iba a acabar con todo lo que pasaba al interior de Notimex, pero lo que ocurrió es que empezaron los despidos, y si bien vimos que comenzó a despedir gente cercana al líder sindical, Conrado, comenzó a arrasar con todos”, relata.
Por eso aclara su posición: “Que se investigue a quien se tenga que investigar, estamos de acuerdo, pero no en que se nos castigue a los demás”.
El reportero despedido Armando Pineda manifiesta que con la renuncia de Conrado García el sindicato realizó una asamblea y lo eligió como su nuevo secretario general. “Tuvimos una votación de 60% de los compañeros a pesar de un clima de terror, la gente subía a votar con miedo”, asegura.
“Ya con toma de nota expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión social, la señora (Sanjuana Martínez) dijo que era un proceso amañado y me desconoció. A pesar de que tengo mi toma de nota no me reconoce como secretario general. De hecho, en respuesta me corrió”, añade Pineda.
Presión policiaca
El jueves 4 el presidente López Obrador salió en defensa de Sanjuana Martínez en su conferencia matutina en Palacio Nacional. “Ya parece que quienes vienen del periodismo este que les estoy explicando van a usar a un policía”, dijo.
–Sí, hay videos –respondieron los reporteros.
–¿Cómo se llama nuestra compañera que está en Notimex? Ah, sí, es Sanjuana, sí. Entonces, no, no, no, no, no, no, estoy absolutamente seguro que es mentira. O sea, es incapaz –insistió el mandatario.
–Hay videos –le gritaron.
–Sí, pero eso no se hace. No lo haría Sanjuana –reiteró López Obrador.
En las horas siguientes comenzó a circular en las redes sociales un video en el que un policía auxiliar escolta a la editora de información nacional Ana Rueda, con 13 años de antigüedad en la agencia, al momento de ser corrida el pasado 12 de junio.
En el video Rueda le advierte al policía que no es una delincuente y lo graba con su teléfono celular. “Esto es una violación a mis derechos humanos”, dice.
En un oficio fechado ese día y firmado por el subdirector de Administración, Juan Antonio Canché Chan, con copia a Sanjuana Martínez, se solicita al director general de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México que a Ana Rueda “no se le permita el acceso bajo ninguna circunstancia a las instalaciones que ocupa Notimex”.
A su vez, Jatsiri Vargas cuenta que se ausentó cinco días de su trabajo como redactora en Notimex por la muerte de su abuelita y cuando regresó la esperaba un policía en la entrada. Canché Chan le pidió el acta original de defunción; como no la tenía en ese momento, la despidió.
“Hablé al sindicato y a mi jefa inmediata para decirle que no iba a poder ir esos días, porque teníamos que ver lo de mi abuelita. En el sindicato me dijeron que por contrato me corresponden cinco días y le mandé al sindicato la copia del acta de defunción de mi abuela; ellos la hicieron llegar a la administración.
“El policía jamás se me despegó, siempre estuvo ahí conmigo desde que entré. Me llevaron a la oficina de la subdirección, ahí estuve como una hora y no me dejaban moverme de ahí. Me dijeron ‘necesitamos el acta original de tu abuela para sustentar los días que faltaste’, pero yo no traía el acta original. ¿Quién va a traer un acta original?”
Jatziri llamó a su familia para que le llevaran el documento, pero mientras esperaba y seguía siendo vigilada por el policía, el subdirector le dijo que ya se había tardado mucho y por eso estaba despedida.
La joven redactora, con apenas dos años y medio en la agencia, no ha tenido noticias de su liquidación, pero no ha querido ir a preguntar después de que la trataron como una delincuente: “Todos vieron que el policía me estaba siguiendo para todos lados. Me sentí muy mal, como si me hubieran violentado”.
Austeridad en China
Mientras la austeridad republicana arrasaba con los trabajadores de Notimex, su directora general, cuyo sueldo es de 122 mil pesos brutos (85 mil netos), solicitó viáticos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para viajar a Rusia, Bulgaria y China.
El 23 de mayo, el director de Administración y Finanzas de la agencia, Alejandro Ramírez, envió un oficio, del que Proceso tiene copia, a Roberto Carlos Hernández Cordero, secretario particular del secretario Carlos Urzúa, para “solicitarle que en caso de considerarlo procedente gestione la autorización presidencial de las comisiones al extranjero de servidores públicos de Notimex”.
La lista la encabezan tres viajes para Martínez: del 9 al 12 de junio para una visita a la agencia de noticias rusa TASS en Moscú; del 13 al 16 de junio para el Sexto Congreso Mundial de Agencias de Noticias en la ciudad de Sofía, y del 24 al 29 de junio para la inauguración de una asociación de información económica llamada BREIP, a cargo de la agencia de noticias china Xinhua, en Beijing. En esta última iría acompañada de Sandra de Nazaré Fernandes, directora de Comercialización, quien según su currículum tenía experiencia en ventas de empresas de belleza como Guaguacoa Hair Company y Sally Beauty Supply, además de un curso impartido por la Escuela de Magia del Amor llamado “Asumiendo la vida con sabiduría”.
Las solicitudes de esos viajes fueron rechazadas. De hecho, los de Bulgaria y China aparecen en la lista de los 276 viajes al extranjero solicitados, del 10 de mayo al 3 de junio, por funcionarios públicos y que fue difundida el 4 de junio por la Presidencia para sostener los dichos que esa mañana hizo López Obrador en Palacio Nacional, cuando aseguró que se debía “detener” la “inercia” de hacer “turismo político a costillas del erario”.
El 22 de abril, un mes después de rendir protesta en el cargo, Sanjuana Martínez viajó a China para participar en una reunión de medios informativos. El viaje quedó documentado en sus redes sociales. Publicó fotos de la Gran Muralla China, la Ciudad Prohibida de Beijing y la Plaza Tiananmen.
En ese viaje estuvo acompañada por su amiga Irma Gallo, quien antes fue reportera del Canal 22 y ahora es directora del Departamento de Producción en Notimex.
Habitantes de la Villa San Manuel acusaron tener más de 30 días sin el vital líquido
Martín Castillo Cervantes/El Heraldo de Tabasco
Huimanguillo,.- Habitantes de Villa San Manuel cerraron la entrada a dicha comunidad en reclamo de la falta de agua potable.
Los lugareños muestran su inconformidad ante Ceas ya, que desde hace más de 30 días no cuentan con el vital líquido.
Comentaron que en repetidas ocasiones ya han acudido a la dependencia antes mencionada sin embargo les comentan que, les den un tiempo para conseguir el material para repararla bomba la cual es al parecer que se rompió.
Los manifestantes quienes no tienen líder indicaron, que cansados de tantas promesas no les quedó más remedio que cerrar el acceso a la villa san Manuel y de esta forma presionar a ver si les hacen caso.
Dejaron en claro que, no se moverán del lugar hasta que no quede resuelto su problema ya, que están cansados de promesas y más promesas por parte de Ceas.
Tlapa, 9 de julio. Trabajadores del hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) pararon labores para exigir a las autoridades de salud del estado y federal que atienda las necesidades y mantenimiento del inmueble, ya que existe una contaminación de la cisterna de agua por la filtración de aguas negras del drenaje por lo que se han cancelado todas las cirugías programadas ante una posible infección.
Alrededor de las 7 de la mañana los trabajadores del hospital Issste iniciaron un paro de labores dejando únicamente el área de urgencias funcionando, esto para presionar a las autoridades de salud del estado y federal para que atiendan urgentemente la crisis que vive el nosocomio.
Manuel Sambrano Bernal delegado sindical informó que el personal del hospital decidió realizar el paro de labores debido a que las autoridades no han hecho caso al problema de las instalaciones.
Uno de los problemas es que la planta de energía del hospital se encuentra puenteada con cables y no con fusibles, además de que la subestación eléctrica no funciona en caso un apagón, esta se tienen que encender manualmente.
El hospital tiene más de tres años sin ofrecer el servicio de rayos x, mismo que las autoridades se han negado a sustituir argumentando la falta de presupuesto.
“Tenemos problemas en el laboratorio, no tenemos reactivos para tomar muestras, los derechohabientes tiene que pagar sus reactivos cuando vienen a tomarse alguna muestra y esto mismo genera un malestar en los usuarios”, indicó.
Para los trabajadores del hospital el problema más grave es el drenaje del hospital que se encuentra saturado y en esta temporada de lluvias ha provocado que las aguas negras se filtraran a la cisterna de agua que abastece a todo el hospital.
“En estas condiciones el hospital no puede laborar debido a un posible brote de infección por la contaminación del agua, la misma agua estancada ha provocado la propagación de los sancudos, justo en esta temporada en la que hay un gran brote de dengue y el hospital por sus malas condiciones esta siendo un punto de creación de mosquitos”, resaltó.
Manuel Sambrano Bernal el hospital no cuenta con personal de intendencia para realizar la limpieza del hospital, por lo que cada personal asea su área pero para los baños el directivo tiene que pagar un personal de vez en cuando para hacer la limpieza.
Concluyó mencionando que por las condiciones de higiene y contaminación del agua los directivos de hospital habían decidido cancelar todas las operaciones programadas y referirlas a otro hospital, hasta que se atienda la problemática.
Exigen que se detenga el proyecto canadiense de extracción a cielo abierto por los graves riesgos que implica para la salud y el medio ambiente y sobre todo el acuífero de la Cuenca de la Independencia
Por Roberto Gutiérrez Torres / Zona Franca, 9 de julio de 2019
Dolores Hidalgo, Gto. Representantes y habitantes de 20 comunidades y activistas de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, Acción Colectiva Socioambiental, A.C. y la Red Mexicana de afectadas/os por la minería, en conferencia de prensa, se opusieron al proyecto del Cerro del Gallo y exigen a las autoridades municipales encabezadas por Miguel Angel Rayas Ortiz, que no otorguen los permisos para el cambio del uso de suelo.
Además de solicitarles que se informen sobre lo dañino del proyecto, en la salud, contaminación del agua, y el medio ambiente que estaría perjudicando en siete municipios los cuales consumen agua del acuífero denominado cuenca de la Independencia.
Cerro del Gallo. Foto: Zona Franca
El Proyecto
La empresa canadiense Argonaut Gold pretende desarrollar su Proyecto Cerro del Gallo en las inmediaciones de la Cuna de la Independencia. De realizarse, su proyecto abarcaría un área total de más de 20 mil hectáreas y los minerales extraídos serían beneficiados con cianuro de sodio mediante la técnica de lixiviación en pila que suele producir graves afectaciones a la salud de las poblaciones cercanas, así como el uso y contaminación de grandes cantidades de agua.
En el contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del “Acuífero de la Independencia”, el acaparamiento de grandes volúmenes de concesiones de agua subterránea por empresas y la aguda escasez para los habitantes de las comunidades rurales, la empresa minera canadiense Argonaut Gold pretende iniciar las operaciones de su Proyecto Cerro del Gallo, a ubicarse en el territorio de la comunidad de San Antón de las Minas, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Dolores Hidalgo.
Este Acuífero abarca el territorio de siete municipios del norte de Guanajuato, desde San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide y San Miguel de Allende.
La sobreexplotación del Acuífero es tan grave que el agua está siendo tomada más allá de los límites de extracción sustentable, ello se constata con los pozos que existen en la región que alcanzan entre 400 y 700 metros de profundidad.
El agua extraída a esas profundidades, contiene un exceso de elementos químicos como el arsénico y el fluoruro, los cuales son altamente dañinos para la salud de toda la población.
Por tales razones, los habitantes de las comunidades cercanas al Proyecto Cerro del Gallo han manifestado su rechazo absoluto a la explotación minera de Argonaut Gold, ya que ello conllevaría a la violación de sus derechos humanos, el desplazamiento involuntario de muchos habitantes, impactaría negativamente su economía, y comprometería la calidad de vida de las familias en el presente y en el futuro.
Así mismo en esta fase de concientizacion hacia la población en general se tiene programada una marcha para el próximo 21 de Julio en punto de las 9:30 partiendo desde la alameda hacia el Jardín Principal.
Karla Gabriela Gómez Torres / Quadratín Colima, 09 de julio de 2019
COLIMA, Col., 9 de julio de 2019.- Asesores técnicos y beneficiarios se mostraron preocupados ante una posible falta de seguimiento a sus proyectos por la ausencia de personal en diferentes beneficios, para el campo, para lagunas, esteros, playas, y bosques.
Esto después de que el pasado 1 de julio de este año, ante la actual política de austeridad del Gobierno de la República, la Conafor dio de baja al 67 por ciento del personal en las gerencias estatales, correspondiente a 394 plazas eventuales.
Reunidos para manifestar su preocupación, los beneficiarios coincidieron en señalar que si sus proyectos no son revisados a tiempo por falta de personal, incumplirán con el objetivo de restauración ambiental y con ello no se obtendrían beneficios ecológicos.
Señalaron que pueden caer en la modalidad de incumplidos, se iniciaría un proceso legal en su contra para devolver los recursos recibidos y hasta podrían ser sancionados por la misma Conafor y no recibir apoyos en futuras convocatorias.
Javier Enciso Figueroa, asesor técnico externo de la Conafor, manifestó su preocupación ya que han quedado pendientes muchos trámites, desde revisiones de predios en campo, hasta procesos de pago de apoyos.
Enciso Figueroa señaló que existen proyectos a largo plazo que se encuentran en riesgo ante una posible falta de seguimiento puntual. “Nos preocupa mucho la falta de personal administrativo y operativo, porque tenemos varios pendientes, por lo que les pediríamos a los encargados a nivel federal, que reconsidere esta situación”.
Guillermo Cabrera Gaspar, beneficiario de la zona de Tinajas, manifestó que los proyectos de reforestación y mantenimiento de áreas reforestadas corren riesgo de verse afectados, ya que deben comenzar con la temporada de lluvias.
“Estamos en tiempo de plantar, y si no lo hacemos a tiempo, ya de qué va a servir al último, ya que no llueva”, puntualizó Cabrera Gaspar.
Luis Ruelas Mancilla, asesor técnico externo de la Conafor destacó que la asesoría del personal es vital para que los proyectos lleguen a buen término ambiental, así mismo, dijo que son un respaldo para que los beneficiarios no tengan sanciones.
Mostró el declarante, preocupación por los proyectos del programa de Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en la zona oriente de Colima, ya que se ubican en terrenos con alto grado de degradación ambiental.
“Con esos proyectos queremos recuperar esa vegetación y si no hacemos los trabajos en tiempo, forma y de acuerdo a los lineamientos del programa, pues vamos a fallar, nuestros beneficiarios pueden ser sancionados y no queremos que pase eso”, sentenció Luis Ruelas.
Finalmente, los beneficiarios y asesores técnicos coincidieron en señalar que la mejor opción en las recontratación del personal debido a su experiencia en campo y trámites administrativos.
Las comunidades le exigen al gobierno que no otorgue ningún tipo de permisos. Foto: Roberto López
Afectaría al acuífero que integra siete municipios del norte; aseguran que sería una violación a sus derechos humanos y obligaría al desplazamiento
Roberto López / Periódico Correo, 09 de Julio de 2019
San Miguel de Allende.- El grupo Acción Colectiva, la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectados por la Minería ofrecieron una rueda de prensa sobre las consecuencias de que la empresa canadiense Argonaut Gold explote el proyecto del Cerro del Gallo, en la comunidad San Antón de las Minas. Anuncian que podría haber un daño irreversible a la salud, la fauna y el medio ambiente.
Los ponentes señalaron la explotación de la mina a cielo abierto implicaría un daño al acuífero que integra siete municipios del norte de Guanajuato, desde San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide y San Miguel de Allende, donde ya existe sobre explotación con pozos que extraen agua a 400 y hasta 700 metros de profundidad, agua que incluso ya presenta exceso en los niveles de arsénico y fluoruro.
El riesgo es que el proyecto arranque, señalaron, es que pueda generar graves afectaciones al equilibrio ecológico de la zona, como ya sucede en otras minas a cielo abierto que existen en México, como la del cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. La operación de la mina forzosamente necesitaría extraer grandes cantidades de agua y arrasaría por completo con el cerro dejando un cráter.
Además, también está el proceso de cianurización de las enormes cantidades de material extraído para separar los minerales, lo que podría afectar todo tipo de seres vivos.
Habitantes de las comunidades cercanas han manifestado su rechazo al proyecto, no sólo por las razones ya citadas, sino porque aseguran que sería una violación a sus derechos humanos y obligaría al desplazamiento involuntario de muchos habitantes. Por esto, las comunidades le exigen al gobierno municipal que no otorgue ningún tipo de permiso ni autorización a la empresa Argonaut Gold.
Gustavo Lozano Guerrero, de la organización Hermandad de la Cuenca de la Independencia expuso que, en el proyecto minero Los Filos, ubicado en el ejido Carrizalillo, Guerrero, por la empresa canadiense LeaGold, todos los días emite polvo con metales pesados, cianuro de sodio y drenaje ácido.
Este proyecto gigante abarca también el poblado de San Miguel Ixtahuacán, Guatemala; y Valle de Siria, Honduras. Se trata también de una mina a cielo abierto que hoy mantiene enfermos a los habitantes de localidades cercanas y con graves padecimientos a los trabajadores.
Gustavo Lozano dijo que es importante desmitificar que el trabajo de una mina a cielo abierto, no produce consecuencias. Incluso señaló que en muchos casos, las minas están doblegadas al crimen organizado.
El proyecto del cerro del Gallo, planea explotar 20 mil 270 hectáreas para extraer oro y plata.
En México, las industrias contaminan impunemente aire, agua y suelo con sustancias altamente tóxicas que producen enfermedades terminales. Miles de personas mueren por la complicidad de autoridades federales, estatales y municipales. Por ejemplo, en las inmediaciones del río Atoyac, en Tlaxcala y Puebla, la mortandad por cáncer es 13.5 veces más alta que la media nacional. Ahí no hay médicos ni medicinas: la gente costea los tratamientos y se empobrece aún más.
Primera de dos partes
Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala. Vinieron los mitos del cáncer, así es como Isabel Cano Flores recuerda los primeros rumores que se corrieron en Villa Alta, donde habita desde que nació hace 67 años. Entonces, los enfermos generaban sospecha y estigma, hasta que cada familia contó con al menos una víctima de la contaminación industrial.
Doña Chave, como le dicen en el pueblo de cariño, entrelaza sus manos antes de contar que en 2010 tuvo la más amarga y triste experiencia de ese padecimiento: “Mi hija enfermó de leucemia”. Aunque en aquella época, dice, era ignorante del tema médico, ahora habla con soltura del tipo de cáncer que sufrió Zulma: leucemia mieloide crónica.
Con esa enfermedad vino el calvario, pues a pesar de que la incidencia de cáncer sobrepasa la media nacional en Tlaxcala, en la entidad gobernada por el priísta Marco Antonio Mena no hay médicos especialistas ni hospitales de segundo y tercer nivel.
Zulma y su madre se vieron forzadas a recorrer el estado en búsqueda de un hematólogo; luego, el vecino Puebla y, finalmente, llegaron a Guadalajara, donde por fin la joven tuvo atención especializada. Pronto fue diagnosticada con leucemia y trasladada a la Ciudad de México.
“No soy una persona empleada: empecé a vender todo”. El dinero que obtuvo por el terreno que le heredaron sus padres no alcanzó para solventar viajes, hospitalización, medicinas y quimioterapias, así que recurrió a préstamos con diversos usureros. Ahora, en su deuda no sólo cuenta los miles de pesos que le prestaron, sino también las bolsas de sangre que le exigían en el hospital y entre sus planes futuros está conseguir donadores para saldarla. “A pesar de eso, ella no se pudo salvar”.
La desgracia sobrevino por ser vecina del río Atoyac, el tercer afluente más contaminado del país. Además de perder a su hija, doña Chave ha visto cómo se apagan las vidas de su hermana, a causa de un tumor cerebral, y de su madre, quien tiene una afección pulmonar.
Su familia no es la única afectada: entre 2002 y 2016, en los municipios cercanos a la cuenca del Atoyac-Zahuapan murieron 25 mil 737 personas a causa de cáncer, refieren datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sistematizados por la organización Coordinadora por un Atoyac con Vida y el maestro Octavio Rosas Landa, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El río
La contaminación del Atoyac no es desconocida para los gobiernos federal y estatales: a éste se le considera como el tercer río más contaminado de México. En sus orillas, en la frontera de Tlaxcala con Puebla, se respira un olor dulce y al mismo tiempo putrefacto, similar al agua mezclada con suavizante de ropa estancada por semanas.
A las afueras de la caseta de monitoreo que instaló la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para supuestamente medir los niveles tóxicos de esta corriente, el hedor es tan intenso que lastima las fosas nasales y pronto se transforma en un dolor de cabeza constante.
Su paso se marca por la fetidez y el tono: a veces verduzco, luego azulado y más adelante café. Sin ningún signo de vida, atraviesa Tlaxcala y Puebla contaminando todo a su paso: los reservorios de agua limpia por el efecto de la filtración, los cultivos, la atmósfera…
Y es que en el corredor industrial por lo menos 1 mil empresas, de las 20 mil que operan en la zona, no cuentan con plantas de tratamiento o éstas no funcionan adecuadamente, lo que ha ocasionado que este afluente tenga al menos 25 sustancias nocivas y sea un foco de infección no sólo para el cáncer, sino también para la hepatitis y el cólera, señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la UNAM en el Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, de mayo de 2018.
Análisis del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua revelan un escenario mucho peor: en el Atoyac hay presencia de unas 1 mil sustancias químicas disueltas que, al mezclarse, producen reacciones todavía más tóxicas.
La investigación conjunta de la CNDH y la UNAM reconoce que las aguas del Atoyac están altamente contaminadas con componentes químicos como plastificantes, pesticidas (Aldrin) y compuestos policíclicos aromáticos, como el trifenilo y el crisano; así como con compuestos volátiles como el tolueno, hexano y hexclorobeneno, usados en las industrias textiles, farmacéuticas y automotrices; y tintes y colorantes provenientes de las textileras que tornan de diferentes colores el río y que afectan la fotosíntesis de los organismos.
Además se tienen registros de presencia de arsénico, clasificado como un cancerígeno demostrado en humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La exposición a través del agua de este metal produce, al menos, cáncer de vejiga, pulmón y piel.
La OMS detalla que el arsénico se utiliza como agente de aleación y para el procesamiento de vidrio, pigmentos, textiles, papel, adhesivos metálicos y protectores de la madera y municiones. Entre las 20 mil industrias que operan en la cuenca hay petroquímicas, farmacéuticas, textiles, alimenticias, metalmecánicas y automotrices, que a cada segundo descargan al río sus desechos sin control.
Aunado a lo anterior, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene un registro sobre la calidad del agua que abarca de 2012 a 2018. Para el año pasado, la dependencia federal documentó que la presencia de plomo se extendió por más de 20 puntos a lo largo de la cuenca Atoyac y sus afluentes: Xochia, Zahuapa y Atenco.
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-2013, “el plomo puede afectar a casi todos los órganos y sistemas del organismo causando varios efectos no deseados, como son: perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia; incremento de la presión sanguínea; daño a los riñones; aborto espontáneo; perturbación del sistema nervioso; daño al cerebro; distintos tipos de cáncer; disminución de la fertilidad”.
La Norma agrega que “la exposición a los compuestos de plomo en cualquiera de sus formas constituye un riesgo para la salud ya sea que se ingiera en alimentos, agua, polvo o tierra contaminados con dicho elemento, o se respire, a través de polvos o vapores emitidos por industrias, fundidoras, refinerías, vehículos automotores, etcétera”.
El registro de la Semarnat detalla la calidad del agua en torno a la demanda química de oxígeno: un parámetro que mide la cantidad de sustancias químicas disueltas en los cuerpos de agua. Para 2018, más de 22 puntos de la cuenca tenían una calidad del agua altamente contaminada y ningún lugar posee una demanda química de oxígeno aceptable.
Las mayores responsables de esto son unas 400 industrias medianas y grandes: son las que gastan más recursos naturales, consumen más agua y generan más contaminación, señala el maestro Octavio Rosas Landa, quien ha hecho estudios independientes junto con otros investigadores con base en información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi.
Las muertes de la contaminación industrial
Todas las enfermedades asociadas científicamente a las sustancias tóxicas que vierten las industrias al río Atoyac o liberan al ambiente a través de sus grandes chimeneas han afectado a los pobladores aledaños. Miles han muerto por ello, porque aquí todo está contaminado: el agua, el aire y el suelo y, con ellos, los alimentos vegetales y animales.
En 2017, en la zona fallecieron 2 mil 335 personas por diversos tipos de cáncer. Esto equivale a 13.5 veces más que el índice nacional de mortandad a causa de esa misma enfermedad, señala en entrevista el investigador Rosas Landa.
El estudioso de la contaminación acuífera y su relación con enfermedades terminales agrega que las sustancias químicas que descargan las 20 mil 400 industrias asentadas en el corredor del río Atoyac transformaron la principal fuente de agua de los habitantes de Puebla y Tlaxcala en el causante de sus muertes.
Con base en datos del Inegi, la investigación de la Coordinadora por una Atoyac con Vida y el académico Rosas Landa demuestra que a nivel nacional fallecieron por cáncer 1 millón 64 mil 572 personas entre 2002 y 2016. Y agrega que mientras en el país muere 0.54 personas por kilómetro cuadrado, en los municipios de Puebla y Tlaxcala que están en contacto directo con el río fallecen 7.35 personas por kilómetro cuadrado.
Las cifras van en aumento, expresa el economista y geógrafo Rosas Landa: “en 2002, en esa zona murieron 1 mil 400 personas por cáncer; para 2016, la cifra llegó a 2 mil 114 personas; y en 2017 es peor: 2 mil 335 personas fallecieron por la contaminación de una cuenca relativamente pequeña, que mide 3 mil 600 kilómetros cuadrados”.
Las zonas más afectadas son aquellas cercanas a la cuenca del Atoyac y en específico al corredor industrial Quetzalcóatl, donde llegan las descargas de las industrias. Se trata de los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en Puebla, y de Tepetitla de Lardizábal y Nativitas, en Tlaxcala.
En la comunidad de Villa Alta, que pertenece al municipio de Tepetitla de Lardizábal, se tienen tasas de mortalidad que superan entre nueve y 23 veces la media nacional, advierte el investigador Octavio Rosas.
En dichos lugares, la leucemia, insuficiencias renales, abortos espontáneos, púrpura trombocitopenia inmune, malformaciones congénitas, anemias y problemas respiratorios se convirtieron en sus enfermedades cotidianas.
“Cada 4 horas una persona muere a causa de la contaminación por el río Atoyac”, dice a Contralínea Alejandra Méndez, coordinadora del Centro Fray Julián Garcés y de la Coordinadora por una Atoyac con Vida.
“No es algo que nosotros hayamos cuantificado directamente, son datos oficiales que incluso pueden estar subestimados porque depende de cómo se haya registrado el deceso”, señala en entrevista el doctor Omar Arellano Aguilar, experto en evaluación de daño ecológico de la Facultad de Ciencias y quien participó en la investigación.
El costo de las enfermedades
La muerte de Zulma es una lección para doña Chave del precio que han pagado por vivir cerca de un corredor industrial: “dicen [sus médicos] que fue por inhalación de tóxicos, pero ella nunca trabajó en las fábricas”. Intentar salvarle la vida consumió todo de ella, incluidas sus posesiones materiales, por lo que ahora vive en casa de su hermana.
Y es que a pesar de la alta incidencia de enfermedades terminales, en la zona se violan permanentemente los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social y a un ambiente sano, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es por eso que los pobladores han demandado al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en espera de justicia.
Aquí en Villa Alta cada familia tiene al menos una historia trágica marcada por la muerte o la enfermedad, pero también por la profundización de la pobreza que se asocia a éstas: cuando no hay seguridad social, las personas venden lo poco que poseen y se endeudan con tal de atender a sus pacientes.
Por las calles serpenteadas de este pueblo es común ver pasar los cortejos fúnebres, a veces hasta tres por día. “Tenemos dos panteones y los dos están llenos, hay muchísimos muertos, esa es nuestra realidad”, cuenta doña Chave.
“Si avanzamos una cuadra, hay una persona con parálisis; más adelante, una señora con cáncer en la garganta; a la cuadra para abajo, una señora murió por insuficiencia renal. Incluso en una familia murió el papá de leucemia, la mamá de cáncer de mama y el hermano de cáncer de hígado”, asegura.
Zulma, la hija de doña Chave, falleció el 25 de julio de 2011; ese mismo mes, dos de sus amigas también murieron. “Mi hija tenía 36 años; sus compañeras, la misma edad: una murió de cáncer de cuello uterino y la otra de pulmón. Ese mismo mes enterramos a tres jóvenes de nuestro pueblo”.
De 2002 a 2016, las mujeres representaron el 54 por ciento de las muertes por cáncer en la zona, revelan los datos sistematizados por la Coordinadora por una Atoyac con Vida. La mayor incidencia fue de cáncer de cuello uterino y mama.
Samuel Rosado, economista de la UNAM que participó en la investigación del Centro Fray Julián Garcés, observa que “el cáncer de mama y el de ovario son los que más se relacionan con la contaminación industrial. La probabilidad de tener estos tipos de cáncer puede aumentar entre 24 y 35 por ciento si estás a menos de 1 kilómetro de una gran industria manufacturera”. Además del cáncer, en los municipios aledaños al Atoyac las mujeres sufren abortos espontáneos.
“Ésa no es la muerte que uno espera. Tenemos derecho a la vida y a un ambiente sano”, comenta Crescencia Cano Flores, hermana de doña Chave y quien también ha visto cómo la vida de su tercera hermana se degrada poco a poco a causa del tumor cerebral.
Reunidos en casa de doña Crescencia para contar las historias de sus parientes enfermos o fallecidos, vecinos de esta localidad comentan a Contralínea que en el pueblo es cada vez más común escuchar que alguien ha enfermado por tumores cerebrales. Todos afirman padecer fuertes dolores de cabeza principalmente por las mañanas, cuando aumentan las emisiones contaminantes de las industrias.
Gobiernos negligentes
Los altos índices de mortandad por enfermedades terminales asociadas científicamente a las sustancias tóxicas industriales, que sobrepasan por mucho la media nacional, no han sido suficientes para que las autoridades pongan un freno a la contaminación de las empresas y mucho menos para asistir a las miles de víctimas.
La negligencia no sólo es de la Conagua, encargada de regular las descargas industriales al río, sino también de las autoridades sanitarias y medioambientales federales y estatales.
En Tlaxcala, por ejemplo no se cuenta con un sistema de salud que atienda a los miles de enfermos: son las familias las que costean los gastos para el traslado del paciente hasta la Ciudad de México.
Contralínea solicitó conocer la versión de la Secretaría de Salud tlaxcalteca, pero Lorena Flores, funcionaria del área de comunicación social, informó que el director de hospitales, doctor René Farfán, le señaló que ellos no tienen ningún registro de enfermedades como el cáncer ni de su relación con la contaminación en el río Atoyac, motivo por el cual declinó conceder la entrevista.
Esa indolencia para reconocer el problema es a la que se enfrentan, día a día, los habitantes de Tlaxcala, que van de un lado a otro en busca de atención médica y en su entidad no la encuentran. “Sólo tenemos un centro de salud y no hay especialistas en las enfermedades que presentamos. Yo debía comprar medicamentos para mi hija, el más barato me costaba 1 mil 500 pesos y era cada semana”, asegura doña Chave.
En su desesperación, algunos vecinos van de casa en casa pidiendo limosna para poder costear las convalecencias, porque en Tepetitla ni siquiera hay ambulancias públicas.
En Puebla, la otra entidad afectada por la contaminación industrial de la cuenca, la situación no es mejor: los servicios sanitarios no son altamente especializados, a pesar de que en su página de internet la Secretaría de Salud del estado gobernado por Guillermo Pacheco da cuenta de las “enfermedades asociadas con el río Atoyac”.
Entre los padecimientos cita intoxicación por arsénico y por plomo [metales pesados asociados al cáncer], hepatitis A, retraso cognitivo, retraso en el desarrollo, cólera, fiebre tifoidea, ascariasis, esquistosomiasis, paludismo, desnutrición y legionelosis.
Respecto de la entrevista que solicitó Contralínea para conocer cómo enfrentan estos padecimientos de su población, la Secretaría de Salud estatal respondió –a través de Sonia Hidalgo, del área de comunicación social– que no puede dar una postura porque ese tema le corresponde a la Secretaría de Ambiente.
El gobierno federal tampoco aceptó revelar si cuenta o no con una ruta sanitaria para atender la emergencia en la cuenca del Atoyac. A través de su área de comunicación social, la Secretaría de Salud –que encabeza el doctor Jorge Alcocer– aseguró tramitar la solicitud de entrevista sin que al cierre de esta edición, y después de 1 mes de gestiones, haya dado respuesta.
Para el doctor Arellano Aguilar, en la cadena de responsabilidades el sector salud es el más omiso, tanto a nivel federal como a nivel estatal. “No hay atención directa a los afectados, no hay un reconocimiento de que esas enfermedades sean por la contaminación. Los niños se están muriendo, los adultos también. Tenemos una incidencia de leucemia, de insuficiencia renal aguda, y no están siendo atendidas”.
A la fecha, las autoridades estatales y federales han sido incapaces de generar una tipificación y relación de las enfermedades con la contaminación del río Atoyac, a pesar de que desde 2004 hay antecedentes de puntos de acuerdo de las cámaras de Diputados y Senadores para atender la alta incidencia de cáncer y enfermedades asociadas a los tóxicos industriales. Mientras los gobiernos vuelven la mirada a la emergencia, las personas fallecen por miles.
Decenas de evidencias de la responsabilidad industrial
Las evidencias que apuntan a las industrias como las principales responsables de la crisis sanitaria en la zona son muchas. La organización ambiental Greenpeace y el doctor Omar Arellano Aguilar revelaron las diversas sustancias químicas que se encuentran en el río y su fuente claramente apunta a las empresas.
“Tuvimos una lista de sustancias químicas, de compuestos orgánicos volátiles o semivolátiles, que además están asociados a causar alteraciones de tipo hormonal. Encontramos sustancias químicas que son cancerígenas y la particularidad es que los metales pesados [arsénico y plomo, por ejemplo] no se quedan en los sedimentos, sino que al contacto con el ambiente se volatilizan y se dispersan por toda la zona”, indica el investigador.
Agrega que la situación es tan crítica que, cuando realizaban las investigaciones, los pacientes que participaban de manera voluntaria en el estudio fallecían repentinamente. “Es una situación realmente frustrante, pero nos alienta a seguir trabajando en la zona”.
En las inmediaciones del Atoyac, las personas están expuestas a diferentes sustancias contaminantes, algunas declaradas como cancerígenas por la OMS, como es el caso del benceno. Esta sustancia que se utiliza en diversas industrias –como la petroquímica– se disemina en el aire por ser altamente volátil, lo que ocasiona que las personas respiren de manera constante este químico.
Aire, suelo y agua envenenan permanentemente a los pobladores de Tlaxcala y Puebla. Además, según el investigador Octavio Rosas, las pequeñas empresas vierten sus desechos a los canales de riego usados en la agricultura, contaminando los alimentos que consumen los pueblos. “Las sustancias se están filtrando al subsuelo y están contaminando los acuíferos. Es bastante grave porque están contaminando el agua de consumo humano”.
“Las sustancias contaminan canales que utilizan para regar el campo y ahora contaminan también los alimentos”, confirma la directora del Centro Fray Julián Garcés, Alejandra Méndez.
“Yo sueño con el día de poder ver mi río como era antes, cristalino y con peces. Mientras tanto, no quiero que muera más gente. Si mi hermana ha muerto, no quiero que nadie más lo haga”, dice a Contralínea Rebeca Juárez, quien también perdió a su familiar a causa del cáncer.
Muchas industrias, poco control
Para investigadores, defensores de derechos humanos y pobladores, es claro que la impunidad de las industrias para contaminar es producto de omisiones y negligencias de las autoridades del medio ambiente y el agua, sobre todo en el tema de la regulación de las industrias altamente contaminantes.
La actividad de descargas de sustancias químicas a los cuerpos de agua se encuentra regulada por la Norma 001 de la Semarnat, que establece el límite permitido por las industrias para realizar las descargas a los cuerpos de agua.
“Esta Norma establece límites muy laxos, demasiados elevados para cualquier industria: aun cuando vierten contaminantes en el río, están dentro del límite permisible. La Norma tendría que ser ajustada para que haya límites más estrictos; pero si eso pasara, todas la industrias quedarían fuera de la Norma, todas estarían en la ilegalidad. Por eso no lo hacen”, expresa el economista Octavio Rosas.
Esa ineficiencia se demostró en el estudio para la clasificación de los cuerpos del agua realizado por la Conagua en 2005, que determinó que aun con el cumplimiento de la Norma 001-1996, “los límites máximos permisibles de descargas no son suficientes para que los ríos [como el Atoyac] alcancen la calidad de agua aceptable”.
A raíz de dicho estudio, esa Comisión expidió la “Declaratoria de clasificación de los ríos Atoyac y Xochiac o Hueyapan y sus afluentes”, que estableció los parámetros que deben cumplir las descargas de aguas residuales.
La autoridad instauró un procedimiento administrativo en los estados de Tlaxcala y Puebla en contra de aquellos que violaran la Norma, lo que derivó en una serie de multas. Sin embargo, después 14 años la muerte de miles de personas por enfermedades asociadas a la contaminación evidencia negligencias.
“Así como se pide una concesión para extraer agua también se pide una para las descargas, pero estos límites no los respetan. La Conagua aceptó en 2011 que están sobrepasados, el problema es que la entidad tampoco cuenta con el personal para hacer diligencias continuas, para estar realmente al pendiente de todas estas industrias”, asegura la antropóloga Paola Vásquez Santos, adscrita al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
El problema también se presenta en la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. De acuerdo con Alejandra Méndez, la institución “sólo cuenta con cuatro inspectores para más de 20 mil industrias”. Esto ha propiciado el aumento de sustancias tóxicas en el río provenientes de las descargas industriales sin ningún tipo de control real.
La coordinadora del Centro Fray Julián Garcés señala que “las autoridades han sido omisas. Nosotros hemos llevado el caso de la contaminación del río en dos ocasiones al Tribunal Latinoamericano del Agua, para denunciar la situación”.
En 2006, ese Tribunal señaló que “los compuestos como floruros, cloruros de metileno, tolueno y cloroformo no están debidamente contemplados en la norma mexicana”. Con la documentación presentada por las comunidades y el Centro, aseguró que para entonces dichos compuestos se encontraban por encima de los parámetros permitidos en otros países.
La defensora Alejandra Méndez agrega que en 2011 se interpuso una queja ante la CNDH por las diversas violaciones a derechos humanos que se deriva de esa contaminación, misma que se resolvió favorablemente a la población. Aunque eso sucedió en 2017, a la fecha la recomendación permanece en estado de incumplimiento.
Identificada con el folio 10/2017, dicha recomendación “establece que el estado en el que se encuentra el río está afectando el derecho a la salud de los habitantes”, reconoce el doctor Rubén Francisco Pérez, coordinador de seguimiento de las recomendaciones de la CNDH. Y es que se encontró que hay omisión por parte de las autoridades federales y estatales para el cumplimiento de las leyes y normas que proporcionan un ambiente sano.
En entrevista con Contralínea, el doctor Pérez asegura que la recomendación tenía dos grandes tipos de acciones para las autoridades: primero, las autoridades debían llevar a cabo obras de saneamiento del río para proporcionarle un ambiente sano a los habitantes; y, segundo, debían firmar un convenio de colaboración tanto federal, como estatal y municipal. “Este convenio de colaboración es un instrumento importante para el cumplimiento de la recomendación, porque va a darle orden a las acciones que hagan las autoridades”.
Sin embargo, a 2 años de emitida la recomendación, eso no ha ocurrido. El doctor Rubén Pérez asegura que esta situación de retraso se debe a la “movilidad política de la zona”. Resalta el fallecimiento de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, los cambios en las autoridades, federales y estatales, en las presidencias municipales e incluso el incendio en las instalaciones de Conagua en la Ciudad de México.
“Todos estos movimientos administrativos y políticos han retrasado la firma del convenio que es una acción central dentro de la recomendación”, afirma el coordinador de seguimiento de las recomendaciones de la CNDH.
Aun así, el funcionario asegura que sí se han llevado a cabo acciones para mejorar la situación del río: seguimiento a las concesiones y permisos de las industrias, plantas para potabilizar el agua y campañas de información.
El subdirector de la Dirección de Agua de la Conagua, Agustín Félix asegura que a raíz de dicha recomendación la autoridad realizó procesos de fiscalización: “Visitamos cerca de 80 empresas a las cuales se les impuso las sanciones respectivas”. No obstante, en la zona operan más de 20 mil.
Más aún, el doctor Félix afirma que el nivel de contaminación del río se debe a las grandes descargas municipales y no a las industrias. En contravía, investigaciones académicas y la propia recomendación demuestran que la contaminación se incrementa en las zonas de las descargas de las industrias, los llamados corredores industriales.
“Nosotros sabemos que la contaminación es causada por las fábricas y estas deberían estar obligadas a tratar sus aguas”, expresa Rebeca Juárez, habitante del municipio de San Rafael y promotora, junto con otros vecinos, de la queja ante la CNDH.
Las industrias
El corredor industrial de Quetzalcóatl inicia en el municipio de San Baltazar Temaxcala, en Puebla, y termina en Tlaxcala. Ahí existe un monitor de contaminación de Conagua que utiliza un recolector de muestras poco eficiente para regular la contaminación: al ser poco tecnológico y antihigiénico ocasiona que se registren otras sustancias lo que altera los resultados, consideran los expertos consultados.
En el lugar donde se ubica la caseta de la Conagua se observa, en el medio de la corriente del río, un recipiente amarrado de manera improvisada con una cuerda que recolecta las muestras con las cuales la institución valora que las descargas industriales cumplen con la norma y que la contaminación es producto de las descargas municipales, es decir de los habitantes.
Al respecto, la senadora Verónica Delgadillo, del partido Movimiento Ciudadano, señala que es imprescindible reformar el artículo 10 de Ley de Responsabilidades Ambientales para corregir este daño.
Asegura que es una total irresponsabilidad la actuación de las diversas autoridades encargadas de sancionar a las empresas que contaminan las fuentes de agua. “El 45 por ciento de las cuencas hídricas del país tiene un grado bajo de contaminación, el 24 por ciento están altamente contaminadas y sólo el 18 por ciento de las descargas industriales reciben tratamientos”.
La senadora exige “que haya sanciones para todos: las autoridades que están siendo omisas en el seguimiento y también para las empresas públicas o privadas, que están siendo irresponsables en sus descargas”.
Estatus de la Recomendación 10/2017
Dictada hace 2 años, la Recomendación 10/2017 avanza a pasos de tortuga. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos proporcionó información a Contralínea donde se evidencia el cumplimiento que ha dado cada autoridad responsable.
A Conagua, por ejemplo, se le formularon 16 recomendaciones y hasta la fecha ninguna se ha cumplido. El tema no es menor: la Comisión está encargada de consolidar el convenio con las demás autoridades, pero éste “aún está en proyecto el documento de trabajo de convenio”.
La recomendación resalta los estudios hechos por la Conagua alrededor del río, principalmente los índices de calidad del agua que la autoridad federal hizo en los años 1999 a 2007, en el que se hace evidente que 54 por ciento del agua no es apta para ningún tipo de uso debido a su alto nivel de contaminación.
En total, la CNDH formuló 159 recomendaciones a las distintas autoridades, de las cuales sólo se han cumplido nueve.
Los manifestantes rechazan la renovación de los permisos de construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo y exigen ser atendidos por el alcalde Billy Chapman
Lupita Gámez / El Debate
Los Mochis, Sinaloa.- En señal de total rechazo a la decisión del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno de renovar los permisos de construcción de la planta de fertilizantes que se realiza en el Puerto de Topolobampo, integrantes del movimiento Aquí No, se dieron cita en el Palacio Municipal.
Con fuertes gritos de “Aquí No” exigían que el alcalde saliera del despacho y los recibiera; sin embargo esto no se dio, ante ello, la advertencia fue clara, no dejarán las instalaciones del recinto oficial hasta que los atienda.
Los manifestantes fueron claros al señalar que el objetivo es claro, no quieren esta empresa, pues afirman, esto ocasionará graves problemas de salud a los habitantes de las comunidades pertenecientes de la sindicatura.
Se han registrado 19 asesinatos contra mujeres; tan sólo en Tepic, en los últimos tres meses, la cifra es de 7 feminicidios
El gobierno del panista, Antonio Echevarría no ha sido capaz de frenar los asesinatos de mujeres a pesar de que un juez le ordenó pusiera en marcha la alerta de género que de nada ha servido
Verónica Ramírez / Realidades
Tepic, Nayarit.- Martes 09 de julio del 2019.- De los siete municipio de Nayarit con alerta de violencia de género contra las mujeres, Tepic registra el mayor número de feminicidios registrados en lo que va del año, pese a las políticas públicas implementadas por la autoridad.
Como se recordará, desde el año del 2017, la Secretaría de Gobernación emitió esta alerta que incluye a los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Ixtlán del Río, Del Nayar, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic, además de exigir acciones concretas en los municipios serranos.
La Agente del Ministerio Público, Cintia Karina López Medina, adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Feminicidio informó en conferencia de prensa el pasado 10 de abril del 2019, que sumaban 11 feminicidios, por lo que la cifra actual podría ascender a 19 feminicidios.
Los feminicidios siguen a la alza en Tepic, tan sólo en los últimos tres meses, se registran siete asesinatos de mujeres, algunos de ellos ya tipificados como feminicidio por las autoridades competentes, reconoció el Secretario del Ayuntamiento, René Herrera.
El también presidente del Sistema para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en el municipio capitalino, reprueba este incremento de asesinatos e informa sobre las acciones preventivas aplicadas en la presente administración.
En el caso específico del feminicidio de Marisela Mojarro, localizada sin vida en la colonia El Tecolote, dijo desconocer si existían acontecimientos de violencia previos en el domicilio de la mujer asesinada.
“Es importante la denuncia porque si no la hay, aunque existan diez reportes del mismo domicilio y no haya una denuncia, una carpeta de investigación, no se le puede dar seguimiento”, explicó René Herrera.
Específicamente, la policía municipal es únicamente preventiva, y ante los llamados de auxilio de la población, por protocolo, no pueden ingresar a los domicilios aunque haya un hecho de violencia.
Es decir, sólo acuden a los llamados del 911 para atender los llamados de auxilio de la población pero si el problema es al interior, es muy difícil que el cuerpo policiaco ingrese y tome cartas en el asunto.
Las dependencias de los tres niveles de gobierno están obligados a colocar este tema en la agenda para erradicar la muerte y violencia contra la mujer en la ciudad.
El colectivo Sabuesos Guerreras halló al menos tres cuerpos y restos óseos en el poblado Chapeado, en Costa Rica, Sinaloa
Hernán Alfaro / El Debate
Culiacán, Sinaloa.- Esta mañana fueron localizados restos humanos como osamentas, huesos y un cuerpo en estado de descomposición en una fosa clandestina situada en el poblado de Chapeado, en Costa Rica, Sinaloa.
El hallazgo fue realizado por el colectivo Sabuesos Guerreras, que a las 09:17 horas comenzaron la búsqueda en un área llena de monte situada en el poblado antes mencionado.
En menos de diez minutos, a las 09:26, encontraron diversos restos humanos, particularmente osamentas y huesos.
Alrededor de las 12:24 horas, localizaron un calzado deportivo que resultó ser parte de un cuerpo enterrado.
Hasta el momento han encontrado al menos tres cuerpos en avanzado estado de descomposición, huesos y restos óseos.
PUERTO VALLARTA, Jal., 9 de julio de 2019.-Un centenar de personas, habitantes de la localidad Boca de Tomatlán, en el municipio de Puerto Vallarta mantienen cerrada la Carretera Federal 200, en protesta por la construcción de una minihidroeléctrica sobre el río Los Horcones.
Es a través de un panfleto que los inconformes quienes se instalaron desde las 9:00 de la mañana sobre la carretera piden el apoyo de los vecinos para detener la minihidroeléctrica.
“Estimado vecino de Puerto Vallada y Cabo Corrientes; considerando que: La empresa Energía Verde Meyer S.A. de C.V. construye una hidroeléctrica que de acuerdo a las cartografías oficiales del estado de Jalisco, del INEGI y del CONABIO se está llevando a cabo en el municipio de Puerto Vallarta de forma Ilegal y amparada con permisos de Cabo Corrientes. Ante los resultados poco alentadores que se han obtenido a los recursos legales hasta ahora interpuestos (Amparos, denuncias a los municipios de Cabo Corrientes y Puerto Vallarta, así como la misma PROFEPA) por acciones de flagrancia, al construir en terrenos sin permisos validos o utilizar terrenos no incluidos en los permisos que la compañía ostenta, la afectación a la selva y al cauce del río, el uso de explosivos sin la debida información a la comunidad, así como la ausencia de reconocimiento de los derechos de la comunidad y del ejido fundado desde el 5 de Julio de 1937, al no consultar ni proporcionar información técnica y precisa del proyecto”, detalla el escrito.
Al sitio acudió el secretario general de ayuntamiento de Puerto Vallarta, Francisco Vallejo Corona, en representación del alcalde, Arturo Dávalos Peña, quien trató de dialogar con los quejosos que al punto de las 11:00 abrieron por 5 minutos la carretera para que pasen los vehículos por esta parte ubicada en la localidad de Boca de Tomatlán. Cerrando de nueva cuenta la carretera.
En el lugar hay presencia de elementos policiacos del municipio, estado y federación.
De la misma forma los quejosos presentaron a las autoridades un pliego petitorio para liberar la vialidad.
Estamos exigiendo:
1. Que la PROFEPA realice de inmediato la inspección a la obra objeto de la denuncia con folio 1406550 y de no presentar los permisos correspondientes de la obra en cuestión realice su clausura, sin menoscabo de otras sanciones a que por ley sea meritoria.
2. Que el juez correspondiente, emita la resolución del amparo interpuesto de forma coherente a las irregularidades presentadas por el Municipio de Cabo Corrientes.
3. Que el municipio de Puerto Vallara realice de forma inmediata la inspección a la obra objeto de la denuncia con folio 0001042 y de no presentar los permisos municipales correspondientes, realice en el acto la clausura de la obra, sin menoscabo de otras sanciones a que por ley sea meritoria.
4. Que no se proporcionen nuevos permisos de construcción a la empresa en tanto esta no presente sus proyectos constructivos técnicos y los estudios que los sustentan y que puedan ser avaluados por la misma comunidad de Boca de Tomatlán. Agradecemos su comprensión y solidaridad en este grave asunto que afecta el patrimonio natural de todos.
FIRMA NUESTRA PETICIÓN PARA SALVAR Al RÍO LOS HORCONES — Entra a www.change.org y busca «Horcones» Este folleto está disponible en línea por la página de Facebook «Río Los Horcones Sin Límite».
Señalan dificultades para surtir medicamentos en las farmacias de la institución
Redacción / El Informador
Beneficiarios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), señalaron que han sufrido dificultades para que se les surtan medicamentos en las farmacias de la institución.
“Desde diciembre no dan casi nada de medicamento. Lo que uno necesita no lo hay, son medicamentos que son caros y uno no puede pagarlos”, señaló Hilda Carrillo, quien acudió a la farmacia del Ipejal ubicada sobre la avenida Federalismo, donde no se le surtieron al 100 % los medicamentos que necesita para tratarse de anemia y depresión.
Una historia similar fue la de Mayra López, quien por tercera ocasión en un par de semanas salió con las manos vacías de la farmacia, pues no tenían uno solo de los medicamentos que requiere para tratarse el síndrome intestinal que padece. Mayra, quien también requiere de insulina, contó que pudo obtener este medicamento la última vez que fue a solicitarlo, pero esto fue luego de que no se le proporcionara por más de un mes. Agregó que su padre, quien padece de insuficiencia renal, lleva siete meses sin que se le proporcionen los medicamentos que requiere.
“Yo uso insulina, la metformina. Esta vez que vine, sí me dieron, pero a veces no hay y me tengo que esperar”, contó Jorge Trujillo.
El hombre, quien además de diabetes, también padece hipertensión, no obtuvo la dosis recetada de Timolol (gotas para disminuir la alta presión dentro de los ojos). Con respecto a la insulina, mencionó que van alrededor de cuatro veces en que no ha encontrado el medicamento en el Ipejal, por lo que se ha visto obligado en adquirirlo él mismo.
A finales de mayo, el titular del Ipejal, Iván Argüelles, dijo que el desabasto de medicamentos en las farmacias del instituto era de 45 %, y agregó que estaban en proceso de solucionar el problema. Este medio trató de contactar a Argüelles para conocer la situación actual en el abasto de medicamentos, pero la solicitud no fue atendida.
La semana pasada, el extitular del Ipejal, Fidel Armando Ramírez Casillas, y otros dos servidores públicos de la institución, así como tres representantes de la empresa Abisalud fueron vinculados a proceso por presunto fraude.
“El día 8 de julio usted (AMLO) anunció que hablará con los afectados del PIM (Proyecto Integral Morelos) que nos va a ir a ver de manera directa y que nos explicará las cifras del proyecto, que buscará convencernos que el proyecto se tiene que concretar, que no podemos convertir en chatarra los millones invertidos”, informó el Frente Unido Todos Somos Cacalotepec.
Lo vamos a esperar en la Huexca… déjenos adelantarle unas preguntas que tenemos: ¿Cuánto vale una vida, la seguridad de la población? ¿Más ó menos de 20 mil millones de pesos? Perdón que se lo preguntemos, pero es que no sabemos, nunca hemos vendido una vida, porque si usted nos habla de dinero, nosotros solo podemos hablarle de dignidad.
Esto debido a la intención del Presidente de la República de reiniciar las operaciones del Gasoducto Integral Morelos ante la alta actividad volcánica que se presenta en la zona de los municipios conurbados y del ixta-popo.
El Frente todos Unidos por Cacalotepec se caracteriza por la lucha de las causas sociales desde la integración del gasoducto Morelos en 2010, así como la remoción de grupo Proyecta, el cual pretendió quitarles terrenos en San Andrés Cholula también está adheridos grupos de Morelos y Tlaxcala que han impedido la continuación de la obras del PIM por ser un riesgo a la vida y al propio patrimonio.
Por Alejandra Barriguete; Gráficos: Omar Bodadilla/ LA VERDAD DE JUÁREZ/ MCCI
Mientras decenas de miles de migrantes cruzan México para llegar a Estados Unidos como nunca antes y el gobierno mexicano tiene un acuerdo con Donald Trump para detener esta ola, en Chihuahua y otros cuatro estados fronterizos los delegados de migración vienen de la academia o la iniciativa privada
Cuando México enfrenta el reto más grande en tiempos recientes en materia migratoria, las entidades que son la primera línea de acción del Estado en este tema están llenas de novatos.
Cinco de los delegados de entidades fronterizas del Instituto Nacional de Migración son novatos en temas migratorios, vienen de la academia o la iniciativa privada, y un sexto en un estado de paso de migrantes -Hidalgo- tampoco tiene experiencia en el tema.
De enero a mayo de este año el Instituto Nacional de Migración ha detenido 76 mil 944 extranjeros, 41 por ciento más que el mismo periodo de 2018. Esto además de 51 mil 969 migrantes retornados a sus países en los primeros cinco meses del año.
En medio de la situación migratoria, Oaxaca, uno de los estados con mayor paso de migrantes, no tiene titular de migración, sólo una delegada interina.
Los delegados sin experiencia en migración o incluso procuración de justicia, están en Chihuahua, Sonora y Nuevo León en el norte o Campeche y Quintana Roo en el sur, además de Hidalgo.
De los 32 delegados estatales –que perciben sueldos de entre 30 y 77 mil pesos mensuales– , 14 sí trabajaron previamente en el Instituto Nacional de Migración, pero otros que se desempeñan en estados clave carecen de experiencia.
El delegado de Chihuahua, Héctor Antonio Padilla Delgado, es académico desde hace dos décadas, afiliado a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, cuenta con investigaciones sobre migración y militarización en la frontera, pero nunca había tenido un cargo operativo o en el gobierno. Chihuahua además de ser un paso de migrantes al norte, es uno de los dos estados que recibe peticionarios de asilo en Estados Unidos que esperarán en México.
En Quintana Roo, otra académica, Araceli Fernández, trabajó hace dos décadas en la dirección jurídica de la Secretaría de Desarrollo Económico del entonces Distrito Federal, posteriormente montó un negocio familiar y llegó a la delegación de migración después de ser docente y directiva en la Universidad TecMilenio por 12 años.
Sonora, por donde históricamente cruzan miles de migrantes por el municipio de Altar, tiene como delegado a Julio César Navarro, que antes de este cargo fue asesor estatal en la asamblea legislativa del Distrito Federal y secretario de organización y asesor en el comité estatal de Morena. En su currículum no hay trabajo alguno relacionado con migración.
En Hidalgo, -un estado clave por estar en el paso del tren conocido como La Bestia y donde hay una estación migratoria- el delegado Rubén Augusto Muñoz fue secretario particular de un diputado en la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federa, luego contendió por una diputación local con el Partido Acción Nacional en 2015. Hasta 2018 fue secretario general de la presidencia municipal de Pachuca.
La delegada de Baja California Sur Ana Teresa Valdivia es experta en temas ambientales. Fue procuradora de medio ambiente en Jalisco, catedrática de derecho ambiental en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en la Universidad Westhill, además de ser litigante en materia administrativa y ambiental.
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Mientras decenas de miles de migrantes cruzan México para llegar a Estados Unidos como nunca antes y el gobierno mexicano tiene un acuerdo con Donald Trump para detener esta ola, en Chihuahua y otros cuatro estados fronterizos los delegados de migración vienen de la academia o la iniciativa privada
La Verdad reproduce este trabajo con autorización de MCCI
Por Alejandra Barriguete
Gráficos: Omar Bodadilla
MCCI
Cuando México enfrenta el reto más grande en tiempos recientes en materia migratoria, las entidades que son la primera línea de acción del Estado en este tema están llenas de novatos.
Cinco de los delegados de entidades fronterizas del Instituto Nacional de Migración son novatos en temas migratorios, vienen de la academia o la iniciativa privada, y un sexto en un estado de paso de migrantes -Hidalgo- tampoco tiene experiencia en el tema.
De enero a mayo de este año el Instituto Nacional de Migración ha detenido 76 mil 944 extranjeros, 41 por ciento más que el mismo periodo de 2018. Esto además de 51 mil 969 migrantes retornados a sus países en los primeros cinco meses del año.
En medio de la situación migratoria, Oaxaca, uno de los estados con mayor paso de migrantes, no tiene titular de migración, sólo una delegada interina.
Los delegados sin experiencia en migración o incluso procuración de justicia, están en Chihuahua, Sonora y Nuevo León en el norte o Campeche y Quintana Roo en el sur, además de Hidalgo.
De los 32 delegados estatales –que perciben sueldos de entre 30 y 77 mil pesos mensuales– , 14 sí trabajaron previamente en el Instituto Nacional de Migración, pero otros que se desempeñan en estados clave carecen de experiencia.
El delegado de Chihuahua, Héctor Antonio Padilla Delgado, es académico desde hace dos décadas, afiliado a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, cuenta con investigaciones sobre migración y militarización en la frontera, pero nunca había tenido un cargo operativo o en el gobierno. Chihuahua además de ser un paso de migrantes al norte, es uno de los dos estados que recibe peticionarios de asilo en Estados Unidos que esperarán en México.
En Quintana Roo, otra académica, Araceli Fernández, trabajó hace dos décadas en la dirección jurídica de la Secretaría de Desarrollo Económico del entonces Distrito Federal, posteriormente montó un negocio familiar y llegó a la delegación de migración después de ser docente y directiva en la Universidad TecMilenio por 12 años.
Lo mismo en Yucatán, donde la delegada María Antonieta Saldívar fue directora regional de Conacyt y académica en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, sus estudios se enfocan en la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, pero no en temas migratorios.
Sonora, por donde históricamente cruzan miles de migrantes por el municipio de Altar, tiene como delegado a Julio César Navarro, que antes de este cargo fue asesor estatal en la asamblea legislativa del Distrito Federal y secretario de organización y asesor en el comité estatal de Morena. En su currículum no hay trabajo alguno relacionado con migración.
En Hidalgo, -un estado clave por estar en el paso del tren conocido como La Bestia y donde hay una estación migratoria- el delegado Rubén Augusto Muñoz fue secretario particular de un diputado en la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federa, luego contendió por una diputación local con el Partido Acción Nacional en 2015. Hasta 2018 fue secretario general de la presidencia municipal de Pachuca.
La delegada de Baja California Sur Ana Teresa Valdivia es experta en temas ambientales. Fue procuradora de medio ambiente en Jalisco, catedrática de derecho ambiental en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en la Universidad Westhill, además de ser litigante en materia administrativa y ambiental.
El delegado de Nuevo León Rubén Francisco Zazueta viene de la iniciativa privada. Tiene experiencia en áreas de producción y calidad y fue gerente de logística y distribución en Victor Equipment de México -una empresa de elaboración de equipo para corte y soldadura- entre 2002 y 2004, posteriormente fue responsable de regulación y fiscalización de concesiones y titulaciones en la Comisión Nacional del Agua de 2004 a 2012 y en los cinco años consecuentes fue administrador general de logística y distribución de la empresa de auditoría y servicios contables, Promotora Sultana S.A de C.V.
Oscar López Chan, delegado de Campeche, había estado en el gobierno estatal como subsecretario de desarrollo regional de 2012 a 2015 . Fue profesor investigador de la facultad de ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Campeche y hasta hace un par de meses fue subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Fue tesista de maestría del excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén.
Oaxaca es uno de los estados que mayor flujo de migrantes tiene -según el INM solo en los primeros cuatro meses del año el número de centroamericanos repatriados desde allí creció 127 por ciento-, sin embargo, la oficina regional tiene a una interina en el puesto, luego de que Jacobo Rodríguez renunció el 17 de enero para unirse al gabinete del gobernador Alejandro Murat. Información del portal de transparencia muestra que el puesto sigue vacante y que Anabel Lorenzo Robles funge como encargada de oficina.
Oaxaca es uno de los estados que mayor flujo de migrantes tiene -según el INM solo en los primeros cuatro meses del año el número de centroamericanos repatriados desde allí creció 127 por ciento-, sin embargo, la oficina regional tiene a una interina en el puesto, luego de que Jacobo Rodríguez renunció el 17 de enero para unirse al gabinete del gobernador Alejandro Murat. Información del portal de transparencia muestra que el puesto sigue vacante y que Anabel Lorenzo Robles funge como encargada de oficina.
El INM cambió al delegado de Veracruz el cuatro de julio supliendo a Edgard González Suárez -quien no contaba con experiencia en temas migratorios- con Raúl Alberto Paredes Hernández, contraalmirante en retiro. El Comisionado Nacional Francisco Garduño Yáñez declaró que el nombramiento surge de la necesidad de que el INM tenga mayor colaboración con la Secretaría de Marina.
El artículo 70 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación establece como atribuciones de los delegados federales del Instituto Nacional de Migración resolver, ordenar y ejecutar las deportaciones de los extranjeros, así como la salida de las estancias o estaciones migratorias.
Les corresponde también la resolución y traslado de extranjeros a estaciones migratorias o estancias provisionales.
Rincón de Chautla, junto a otras 16 comunidades nahuas que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC- PF) viven en medio de una pugna desde hace 13 años. En esta última etapa, de diciembre de 2018 a la fecha 20 personas fueron asesinadas y 12 desaparecidas. Explican que la delincuencia pretende vaciar la zona.
Texto: Vania Pigeonutt
Fotografía: Luis Daniel Nava
Rincón de Chautla, Chilapa
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Niños con uniformes escolares corren alrededor de la comandancia de la Policía Comunitaria de la comunidad de Rincón de Chautla, a una hora de Chilapa. Los niños juegan al combate y se disparan con unas pistolas de madera que les hicieron para entrenarlos.
Los policías comunitarios llegan a la cancha de usos múltiples y también lo hacen las mujeres de esta pequeña comunidad y de otras tres vecinas: Zacapexco, Alcozacan y Ayehualtempa. Sus trajes amarillo canario, rosa mexicano, anaranjado y verde limón alegran esta mañana nublada y fría. Mientras las mujeres desfilan en la cancha de usos múltiples portando sus rifles, los niños juegan.
Rincón de Chautla, junto a otras 16 comunidades nahuas que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC- PF) viven en medio de una pugna desde hace 13 años. En esta última etapa, de diciembre de 2018 a la fecha, de acuerdo a recuentos periodísticos, 20 personas fueron asesinadas y 12 desapariciones forzadas. Explican que la delincuencia pretende vaciar la zona.
Es lunes 10 de junio del 2019. Ha pasado casi un mes del video que se viralizó en internet en el que cinco niños y tres niñas, de entre siete y nueve años, marchan como militares y luego de la posición de firmes uno de ellos lee un comunicado.
–Como pueblo no vamos a dejarlos solos. Es nuestra palabra contra la de los sicarios. Nos matan un comunitario y vamos por 10 sicarios… Los niños y niñas que hoy somos sobrevivientes de los ataques sanguinarios seguimos en la lucha, porque sabemos que van a regresar y van a atacar a nuestra policía, –dijo un niño de unos ocho años frente a las cámaras en el video que compartió la misma Policía Comunitaria.
Y ya son casi seis meses de la irrupción de hombres armados con rifles a la comunidad. Ese día, según reportes oficiales, hubo 12 muertos. Todos de fuera. La gente de Rincón de Chautla asegura que se defendió de una nueva agresión de una organización criminal.
En esta comunidad nahua, son los niños y las mujeres quienes llevan las huellas indelebles de los asesinatos, desapariciones y encarcelamientos de sus papás, hermanos, tíos, primos y amigos. Desde 2006, los niños y las mujeres cobran un papel activo en la defensa de su pueblo, enclavado en Chilapa, uno de los municipios con más muertos y desaparecidos después de Chilpancingo y Acapulco.
Hoy los niños no entrenan. Quizá no lo hagan más. El policía comunitario Policarpo Rodríguez, de 59 años, cuenta con un español accidentado, que hay posiciones encontradas acerca del entrenamiento de los niños. Después del video del 12 de mayo y la atención mediática recibida, el único maestro de la comunidad –porque las dos maestras más no van ante la situación de riesgo–, fue quien les pidió dejar fuera a los niños.
–Fue algo desesperado, porque estamos desesperados, –reconoce Rodríguez.
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Rincón de Chautla está en una colina. Desde el mirador del crucero que lleva tanto a Chilapa como a José Joaquín de Herrera (Hueycatenango), se observan árboles frondosos que acompañan el camino agreste de tres kilómetros. Pinos y maleza del campo. Cuesta abajo, se ve la tierra rojiza como el color de los ladrillos de las casas. Mientras todos se organizan en la cancha, cuatro mujeres ponen a asolear maíz encima de dos petates de palma.
Es el día 14 después de los hechos del 27 de mayo. Las mujeres de los petates de palma cuentan que la comida es escasa. El punto geográfico de su comunidad obliga a ir a Chilapa o a Hueycatenango por víveres. Dicen que esa es su desgracia. En cada lado operan diferentes grupos de la delincuencia organizada que les impiden traer comida.
Los niños juegan mientras los grandes platican de lo que ha pasado en el pueblo. Juegan y pasean alrededor de los testimonios de cómo fue desde el 2006, Rincón Chautla, un refugio pero también lugar donde han contado asesinatos. Acá está gente de Paraíso Tepila, una comunidad vecina cuyas familias se desplazaron desde el 19 de diciembre, fecha en la que hombres armados irrumpieron y desaparecieron a 12 integrantes.
Policarpo Rodríguez, uno de los policías comunitarios desplazados de Paraíso Tepila, no se acostumbra a extrañar a sus 12 familiares: no quedó rastro de ellos desde el 19 de diciembre del 2018. Este 10 de junio luce angustiado portando su rifle.
El señor, a quien no le disgusta que le tomen fotos, dice que civiles armados del Movimiento por la Paz y Justicia –a quienes identifica con el grupo “Los Ardillos”–, instalaron en diciembre pasado retenes en la carretera Chilapa-Hueycatenango, y en el crucero de Paraíso Tepila raptaron a sus 12 familiares, todos salían huyendo, tres eran niños.
Un acontecimiento tras otro. Por eso fueron las señoras quienes alzaron la mano para ser entrenadas y accedieron que sus hijos recibieran esa educación marcial. Para ellas sólo hay dos opciones: se defienden o se van.
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Las mujeres se arremolinan a contar sus historias. Dos de ellas están viudas por los últimos acontecimientos de mayo. En específico sus maridos fueron asesinados y despedazados el 23 de mayo.
En la cancha, cargando a su bebé de tres meses está Justina Arriveño Bartolo. Tiene 23 años de edad y una tristeza que le sale por los ojos y le quita el cabello. Es viuda y ahora madre soltera: piensa constantemente en el futuro de su bebé y el de su hija de cinco años de edad, quien aún piensa que su papá regresará.
Su esposo Isaías Xanteco Ahuejote de 25 años de edad fue asesinado junto a Bartolo Hilario Morales de 39 años de edad, quien había sido coordinador de la CRAC-PF. El 24 de mayo los restos de ambos fueron localizados sobre la carretera Chilapa-Tlapa a la altura de un lugar conocido como Las Antenas. Esto sólo 20 días después de los asesinatos de José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, en Chilpancingo el 5 de mayo.
Todos adheridos al Congreso Nacional Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La organización exigió justicia por esas muertes y los hechos en la zona.
Para Justina, quien tiene una voz baja y delgada, iban tras Bartolo Hilario Morales. Él le había pedido un viaje a su esposo. Isaías era chofer. Saldrían de su colonia Tula, a sólo 10 minutos de Rincón Chautla. Ella le dijo que no fuera, que pasar por Hueycantenango era difícil. El control territorial ejercido en la última década era una advertencia por sí misma. Fue.
Justina cree que “quizás al señor ya le traían algo”. Su suegro le dijo a su esposo que no fuera, que no importaba que le hubiesen pagado el viaje redondo. Le dijo claro: “no te vayas con ese señor, a ese señor ya sabemos que lo quieren agarrar”. Isaías necesitaba llevar el sustento a su casa. La situación de escacez empezó desde el año pasado: no era viable salir de la zona indígena a Chilapa. Por eso Isaías estaba ideando con otros choferes una nueva ruta: Alcozacán-Chilapa.
El jueves 23 de mayo cuando Isaías le prometió a Justina que no habría problema, ese día desapareció. Ella no tiene celular. Salió a las 12 del día, pero fue hasta las 18:00 horas cuando la familia se alarmó. Su suegro y sus hermanos intentaron marcarle sin éxito. Mandaba directo a buzón. Isaías solía darse una vuelta a su colonia, en sus jornadas de chofer.
No hubo aviso de nada. Hasta que sus cuñados vieron vía Facebook que habían raptado a dos hombres, Justina pensó que podía ser Isaías. Lo último que le dijo que la ruta saldría de Colotepec, otra comunidad cercana, y varios choferes ya estaban formando otra organización de carros.
“No se dedicaba a otra cosa. Sí, ya la había hecho de policía comunitario, en 2016 lo metieron y cambió en 2017, pero eso ya había pasado, él nomás estaba de chofer trabajando la ruta. Tenía 28 años”, relata al tiempo que abraza a su hija y se seca las lágrimas al contestar que no sabe qué hará sola.
Para ella no fue fácil tomar la decisión de aprender a matar. Apenas habían pasado 20 días del asesinato de Lucio Bartolo y Modesto Verales. Para Justina la angustia del jueves se prolongó hasta el domingo 26, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) entregó a ella y a la esposa de Bartolo, los cuerpos para sepultarlos.
“Podríamos estar tranquilos, porque ahorita estamos viviendo con miedo. Queremos vivir tranquilos”, repite. Ella, junto a Albina Ocotlán, viuda con seis hijos, por la muerte de Bartolo. Están en la cancha esperando indicaciones de sus siguientes acciones. Parece que las autoridades creen que el nombre del Rincón debe estar a tono con su condición de marginalidad. Calculan ser unas 140 familias, todas necesitando despensas, certezas y justicia.
Del carro donde iban sus maridos no se sabe nada, coinciden Albina y Justina. Ni eso le han podido entregar. Justina vive sola. No cuenta más que con el apoyo de su mamá, quien saca unos pesos de lavar ajeno y hacer cintas de palma soyamiche.
No puede trabajar, con la niña pequeña es complicado ir al campo. “Recogemos de todo. Sembramos milpa, ahorita este trabajo hay aquí. De las ocho de la mañana, de las cinco a las seis. Como está chiquita no sale tanto, le doy pecho”, cuenta que por esas labores del campo recibe 100 pesos en una jornada completa.
Como Albina, Pascuala Germán de 55 años, desplazada de Paraíso Tepila; María Valentina de 47 años de edad, y Escolástica Luna: “estaría dispuesta de defenderme, es para el bien de mis hijas, ¿quién las va a cuidar si no tienen papá?”.
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El 12 de mayo, los policías mayores se organizaron y enseñaron a los niños posiciones básicas de tiro y portación de armas: es lo único que se aprecia en el video difundido, siete días atrás en el bulevar de Chilapa fueron encontrados dentro de una camioneta muertos dos policías comunitarios.
El gobierno del priista Héctor Astudillo Flores reaccionó tres días después. Envió a una comisión de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno acompañados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Guerrero (CEDHG). Para el 15 de junio se comprometieron a responder las demandas de las 17 comunidades, en total con 18 mil habitantes según cálculos de la gente: no ocurrió ni de cerca.
“Invocamos al derecho que tienen los niños a un esparcimiento, a un desarrollo que tenga que ver con el respeto a la dignidad de ellos mismos”, dijo el ombudsman guerrerense, Ramón Navarrete Magdaleno. “No podemos permitir que haya niños en esa actividad, en esas tareas de seguridad”, advirtió tajante. Se comprometió a revisar de inmediato el tema: tampoco ocurrió.
Desde 2006 han protagonizado pugnas entre grupos que ellos identifican con “Los Ardillos” porque, según cuentan, quieren desplazar a todos. Hay una mina de carbón, hectáreas dispuestas para la agricultura y son paso directo para hacer negocios con otros municipios; además, desde hace casi dos décadas también es una zona amapolera.
David Sánchez Luna está coordinando la reunión de este 10 de junio en Rincón. Él, junto a su hermano Bernardino fueron detenidos de manera injusta junto con otros seis pobladores de Rincón de Chautla en 2006, acusados de un doble homicidio.
Aunque ninguno de los ocho asesinó a los hombres originarios de Zacapexco, estuvieron en la cárcel dos años y 10 meses. Sus esposas y su madre, Escolástica Luna, mantuvieron las actividades de su pueblo y una lucha hasta que lograron que salieran. Ellas lidiaron con las tareas del hogar, los niños y la tierra.
Los policías comunitarios recuerdan que es la segunda generación de niños que asumen este liderazgo. Tres jóvenes que en 2006 vivieron los encarcelamientos injustos y las sepulturas de sus allegados, son policías desde 2016.
David recuerda que hay demandas históricas, pero hoy pide la investigación a fondo de los 12 desaparecidos en la comunidad de Paraíso Tepila, la detención de los responsables que atacaron a su comunidad el 27 de enero del 2019, cancelación de 66 órdenes de aprehensión de la comunidad de San Jerónimo Palantla y liberación de su compañero Godofredo Cortés Reyes de la misma comunidad.
También la devolución de cinco camionetas que quedaron decomisadas por la policía comunitaria de Rincón de Chautla, durante el enfrentamiento del 27 de enero; entrega de apoyo monetario de programa Prospera en la comunidad de Rincón de Chautla y Zapapexco por motivo de amenaza del grupo “Los Ardillos”.
Dice que también les hace falta equipamiento para la CRAC, porque Rincón está a más de una hora de Chilapa y nunca va la policía municipal, ellos han tenido que encargarse de esa tarea de seguridad pública; así como una ambulancia para el traslado de los enfermos, porque no tienen servicios médicos; la construcción de una tienda campesina en Rincón de Chautla, entre otras, que garantizarían por lo menos que su cotidianidad continuara.
“Nos están persiguiendo. Desde 2015 contamos con órdenes de aprehensión. Suman 66 las órdenes a la fecha. Nos lo querían fabricar a 27 más”, explica.
David narra que el 27 de mayo llegaron en camionetas decenas de hombres que identifican con el grupo delictivo “Los Ardillos”, pero ellos repelieron la agresión, por primera vez las mujeres y los niños se colocaron en posiciones de alerta.
El Chino, un supuesto delincuente de ese grupo llegó en una camioneta blindada con las puertas abiertas, cubriendo a los demás. Gritó: “¡venimos a romperles su madre!”. Luego lanzaron rafagas al viento. El pueblo, como su nombre lo dice, está en un rincón cuesta abajo, así que cuando escucharon los disparos, ellos activaron sus armas también.
Esa agresión, según recuerda David, duró una hora y media. Hasta después de las 17:00 horas. Luego intuye que se regresaron heridos. Según sus cálculos unos 88 hombres resultaron heridos, pero la FGE reporta sólo dos muertos de lo que llamó enfrentamiento, y los comunitarios agresión directa.
Desde septiembre del 2014, que Rincón de Chautla, colonia Emperador, Papaxtla, Zacapexco y Zompeltepec del municipio de Chilapa; Ayahualtempa y Tlachimaltepec del municipio José Joaquín de Herrera se adhirieron a la CRAC-PF, escenas como la última han ocurrido con frecuencia. Sólo han contenido las agresiones.
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En el crucero donde fue la agresión en enero está un puesto militar que se instaló a inicios de junio. Los militares aseguran que no han tenido problemas, que a ellos nadie los ha intimidado, mucho menos amenazado.
Abajo está la comunidad pequeña de unas 20 familias, no más de 100 habitantes. Los 10 niños que van a la secundaria, acuden a Zacapexco, una comunidad a 10 minutos de ahí. La primaria es bilingüe y multigrado. Los 20 niños van mezclados de primero a sexto. Los atiende un solo maestro, había otras dos maestras que por miedo decidieron no regresar. El nivel de aprovechamiento escolar es bajo, confiesan los habitantes: los niños han tenido hacen sus actividades académicas al tiempo que se refugian de ataques.
En Guerrero, cerca de 62.5% de la población que vive en situación de pobreza se concentra en 20 municipios, uno de éstos es Chilapa, donde las más pobres son las comunidades indígenas. En 40 por ciento de este territorio no hay drenaje, el mayor grado de escolaridad es la secundaria y hay migración a Estados Unidos por falta de oportunidades, de acuerdo con varios indicadores del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018 de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional.
Los niños que juegan a matarse pertenecen al grupo de nueve de cada diez que hablan alguna lengua y son pobres, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
¿Qué pasa en la comunidad nahua de Rincón de Chautla que sus mujeres y niños han tenido que entrenar para matar?
Joaquín Sánchez Guadalupe, el papá de David y Bernardino Sánchez Luna, responde con orgullo: “pasa que tenemos dignidad”.
TEPIC, Nayarit (OEM-Informex) Con la finalidad de apoyar en los trabajos de seguridad, llega a Bahía de Banderas la Guardia Nacional, sin embargo por el momento no se habrán de extender por los demás municipios de Nayarit.
Así lo señaló el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez Martínez, quien explicó que el país fue dividido en poco más de 230 zonas, de las que 150 han sido marcadas como prioritarias ante la violencia que existe, sin embargo la Entidad como tal no está dentro de estas.
Bahía de Banderas pertenece a la región de Puerto Vallarta, ante ello, el cuerpo de seguridad, tendrá presencia solo en este Municipio, por lo que festejan que aunque sea en una parte mínima de Nayarit haya elementos de la corporación, sobre todo porque es aquí en donde el turismo local, nacional e internacional se concentra.
El Secretario aclaró que la Guardia no viene a suplir a ningún organismo de seguridad, debido a que esta llega a sumar esfuerzos y a coordinarse con las Policía Estatal como Municipal con la finalidad de que se recupere la paz y la tranquilidad en los sitios en donde la delincuencia ha florecido.
El motivo por el que la Guardia no pisará mas zonas nayaritas es que actualmente está dentro de los 10 Estados más seguros de la República Mexicana, es por eso que no habrá agentes, puesto que se están enviando en donde la problemática es mayor.
Para concluir, Jorge Benito Rodríguez recordó a la población que el número de Emergencia 911 está vigente. Hace una invitación a la ciudadanía a que lo utilice adecuadamente.
La inseguridad abruma a los culiacanenses, ya que 6 de cada 10 ha sido victima de la violencia en los últimos seis meses
María ELizalde / EL Debate
Culiacán, Sinaloa.- En los últimos seis meses, seis de cada diez culiacanenses dijeron haber tenido problemas de inseguridad en la ciudad de Culiacán, según una encuesta hecha por EL DEBATE. Para dicho sondeo, la ciudad fue dividida en tres zonas: centro, intermedia y periferia.
Para obtener los resultados, se entrevistaron a mujeres y hombres mayores de edad respecto al problema de inseguridad, quienes señalaron que existen sectores de la ciudad que son difíciles de habitar, debido al incremento en robo a casa habitación y vehículos.
Entre los sectores mencionados estuvieron el fraccionamiento Terranova, donde los habitantes aseguran tener miedo de salir a las tiendas cercanas a sus casas o parques, ya que se han registrado varios asaltos, especificando que la zona donde mayor incidente se ha registrado es cerca del Seguro Social
En un recorrido por este sector pudimos apreciar que en una cuadra con promedio de 15 casas habitadas, al menos cuatro ya fueron víctimas de robo con violencia.
Sin embargo, las familias decidieron no denunciar, ya que aseguran que nadie les pagará por las cosas que les quitaron como los son televisores, dinero en efectivo, computadoras portátiles, ropa, bolsas y hasta un refrigerador.
Otro de los fraccionamientos donde sus habitantes han sido víctimas de asaltos es Cedros, donde los vecinos señalan que los robos son constantes y hay quienes han resultado afectados, incluso, hasta en tres ocasiones en lo que va del año.
Encuesta
En los resultados del sondeo, el 60.95 por ciento de los encuestados dijo haber sido víctima o conocer casos de inseguridad en su colonia.
Entre los tipos de delitos de los que han sido objeto, el 65 por ciento de los casos de inseguridad aseguran ser por robo a casa habitación sin violencia, mientras que el 29 por ciento son delitos a robo de automóvil sin violencia y el 46.87 por ciento dijo haber sido víctima de robo violento mientras caminaba por la vía pública.
Los encuestados señalaron saber de al menos dos afectados nuevos por semana que han sido víctimas de robos en sus colonias. Asimismo, especifican que el robo a vehículo se comete de manera frecuente por las noches o en temporada vacacional.
El 75 por ciento de los robos a casas se realizan en la zona centro del municipio, de los cuales el 12 por ciento de estos se llevan a cabo con violencia.
Mientras tanto, el robo de vehículo con violencia ocurre más en la zona periférica de Culiacán, sector donde el 82% por ciento de los robos a comercio son con agresiones.
Tepic, Nayarit.- lunes 08 de julio del 2019.- Desde el viernes de la semana pasada arribaron a Nayarit 150 elementos de la Guardia Nacional, quienes desde que llegaron se están moviendo en vehículos del Ejército en la capital del estado.
El próximo fin de semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador va a dar el banderazo para ubicar una partida en Nuevo Vallarta.
Los elementos en compañía del ejército están reconociendo el área y los puntos más álgidos del estado.
La Guardia Nacional no le rendirá cuentas a las autoridades estatales, solamente al Gobierno Federal.
Participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la Nación, en los casos y bajo las condiciones dispuestas en esta Constitución y en las leyes”.
La Guardia Nacional también se entiende como una institución híbrida con organización y disciplina militares, pero que estará bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública de carácter civil, cuyo titular es Alfonso Durazo.
Actuará de acuerdo a un rígido protocolo de los Derechos Humanos.
La llegada de este nuevo cuerpo policiaco ha sido bien vista por la ciudadanía que espera que la ansiada seguridad llegue a este estado.
Elementos de la Guardia Nacional asignados a la Quinta Región Territorial, en la que se encuentra Jalisco, continúan con su despliegue por las diferentes bases de la entidad. Esta mañana, los efectivos federales llegaron a la Región Sur con la finalidad de iniciar los patrullajes conjuntos con los oficiales de la Secretaría de Seguridad y las Comisarías locales.
Los trabajos de vigilancia iniciarán con un reconocimiento de las bases municipales, así como reuniones para el intercambio de información con las autoridades locales, esto con el fin de establecer los criterios de coordinación en los puntos estratégicos y con ello brindar mayor seguridad a la población.
Asimismo, informan que gracias a los patrullajes que se llevan a cabo en Puerto Vallarta, autoridades aseguraron dos vehículos, un automotor y una motocicleta 2018 que presentaban irregularidades, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades municipales.
De parte de la Secretaría de Seguridad del Estado, los patrullajes conjuntos con la Guardia Nacional incluyen a los oficiales de la Comisaría de la Fuerza Policial Regional y la Comisaría de la Policía Vial como parte del planteamiento estratégico.
EN GUADALAJARA
Cabe recordar que la Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Comisaría de la Policía de Guadalajara arrancó operaciones formalmente para reforzar la vigilancia y proximidad en la capital de Jalisco.
Este dispositivo arrancó de puntos estratégicos de la ciudad para desplegarse en las tres regiones operativas del municipio, por ejemplo, Centro Histórico y colonias como Americana, Moderna, Lafayette, Providencia y Arcos. Así como Oblatos, Huentitán, Jardines Alcalde, Santa Tere, Polanco, 5 de Mayo y Zona Industrial.
Uno de los objetivos del patrullaje en conjunto es promover y fortalecer la cercanía con las y los tapatíos, donde los elementos de la Comisaría serán el puente de acercamiento entre los elementos de la Guardia Nacional con la población.
De los 100 municipios del país con el mayor número de feminicidios, 15 son de Veracruz, lo que coloca a la entidad en el primer lugar, de acuerdo al reporte de Incidencia Delictiva sobre Violencia Contras las Mujeres emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De enero a mayo de 2019 se han perpetrado en el país 833 mil 457 delitos en contra de mujeres; de los cuales, se reportan en Veracruz 76 feminicidios; 38 en la Ciudad de México; 25 en Puebla; y 22 en los estados de Chihuahua y Nuevo León.
En Veracruz el rango de edad donde se concentran los feminicidios es en mujeres mayores de 18 años en adelante y en mucho menor porcentaje en edad de 0 a 17 años. En el ranking de municipios con mayor número de asesinato de mujeres en lo que va de 2019 se ubicó Ciudad Juárez, Chihuahua, con once delitos; y en el segundo lugar Xalapa, la capital de Veracruz, con ocho.
Otros municipios veracruzanos en los primeros diez lugares está Córdoba con cinco casos; Veracruz puerto, con cinco casos y; en lugares 31 y 32, Coatzacoalcos con 3 y Papantla con 3, respectivamente.
Mientras que en el lugar 65, con dos casos se coloca Agua Dulce y le siguen los municipios de Emiliano Zapa; Minatitlán; Orizaba; Poza Rica; Río Blanco; Tecolutla; Tierra Blanca; Tlalchichico; y Tuxpan.
El documento señala que la tendencia nacional va al alza, en 2015 se contabilizaron 411 feminicidios; en 2016, 600; en 2017, 742; en 2018, 894 y; lo que va de 2019 (enero-mayo) 369 feminicidios.
En cuanto hace a este delito por cada100 mil habitantes Veracruz también es el primer lugar con 1.78 puntos porcentuales; le siguió Sonora con 1.29 puntos porcentuales y; Morelos con 1.25 puntos porcentuales. La tendencia nacional es de 0.57 puntos porcentuales.
Desalojo en avenida Universidad, en Villahermosa, Tabasco. Foto: Twitter @NachoRios1
Armando Guzmán / Proceso
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Policías antimotines desalojaron con violencia y detuvieron a madres de familia que bloqueaban la avenida Universidad de esta capital, en demanda de espacios para sus hijos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).
Desde la mañana, alrededor de 100 alumnos y familiares, en su mayoría mamás, se manifestaron frente a la UJAT para reclamar que les negaran el ingreso a la casa de estudios tras presentar el examen de admisión, principalmente para la carrera de medicina.
Denunciaron que otros aspirantes sí lograron su ingreso porque supuestamente pagaron 50 mil pesos, y fue eso lo que derivó en la inconformidad.
Los manifestantes bloquearon avenida Universidad en ambos sentidos, provocando caos vial.
El secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, llamó a los inconformes a reconsiderar su postura, porque de no hacerlo así, advirtió, se utilizaría la fuerza pública por afectar a terceros.
Los estudiantes no hicieron caso, por lo que al lugar arribaron más de 100 policías antimotines, quienes desbloquearon por la fuerza la avenida Universidad y detuvieron a dos madres de familia, así como a una estudiante de 16 años, quien quedó sin pantalón durante el forcejeo y resistencia para impedir que la arrestaran.
En videos que circulan en las redes sociales se observa el momento en que un policía se lanza encima de una madre de familia y la tumba. Incluso se oye el duro impacto del golpe al caer al suelo.
n tanto, la joven estudiante, que se identificó como “Hortensia”, forcejea desesperadamente en el suelo, grita que la están agrediendo y se mete debajo de una patrulla, de donde es arrastrada y despojada del pantalón, hasta la altura de las rodillas.
Previo a la represión, la joven –llorando y acompañada de su madre– dijo que se “mató estudiando” para presentar el examen de admisión y no pudo ingresar a la UJAT, mientras que otros “por palancas” y presuntos pagos de 50 mil pesos sí pudieron inscribirse.
Con una matrícula de 40 mil alumnos, cada año más de 10 mil aspirantes a una licenciatura presentan examen de admisión, de los cuales sólo 70% son aceptados en la UJAT, por falta de capacidad e infraestructura.
Para el próximo ciclo escolar, que inicia el 12 de agosto, los exámenes se presentaron del 12 al 14 de junio y los resultaron se dieron a conocer ayer.
En uno de los predios ubicados en la colonia Santa María la Ribera, con riesgo estructural y a punto del colapso, sus inquilinos viven otro drama: Ana María Yáñez Barraza, de 59 años, María de los Ángeles Cruz, de 59 años, y Celia Fragoso, de 78 años, además de su hijo Juan Nieves, de 46 años, fueron defraudados por Alicia Corona, quien se ostenta como dirigente y gestora de créditos de vivienda, con el aval del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– En la calle de Fresno 240, colonia Santa María la Ribera, de la Ciudad de México, detrás de una puerta metálica negra, herrumbrosa, se ubica una vivienda en ruinas, de apenas 5 departamentos.
Para acceder a las viviendas hay que cruzar un pasillo angosto, flanqueado por una barda inclinada. La cuarteadura de una pared, recubierta por una delgada capa de yeso, tiene un agujero hondo, que se desmorona al deslizar la yema de los dedos, dejando caer un polvo color ocre al suelo.
En este predio, con riesgo estructural, a punto del colapso, sus inquilinos viven otro drama: Ana María Yáñez Barraza, de 59 años, María de los Ángeles Cruz, de 59 años, y Celia Fragoso, de 78 años, además de su hijo Juan Nieves, de 46 años, fueron defraudados por Alicia Corona, quien se ostenta como dirigente y gestora de créditos de vivienda, con el aval del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).
En la calle de Fresno 240, colonia Santa María la Ribera, detrás de una puerta metálica negra, herrumbrosa, se ubica una vivienda en ruinas, de apenas 5 departamentos. Foto: Erick Baena, SinEmbargo.
Todo comenzó hace 10 años, cuando una de las habitantes de Fresno 240 y 242 (el predio en conjunto abarca ambos números), convenció al dueño de iniciar trámites ante el INVI, para buscar la construcción de un conjunto de departamentos.
Ana María, junto a su esposo, Miguel Ángel Rodríguez Minor, de 61 años, renta el interior 1 desde hace 27 años.
Hace 10 años, Graciela Vizcaíno, quien falleció hace más de un lustro, y Graciela Santiago Pérez, se convirtieron en sus primeros representantes ante el INVI.
“Ellas nos prometieron gestionar la expropiación del predio y, luego, la construcción de viviendas nuevas”, cuenta Ana María.
En 2010, Alicia Corona, recomendada por Graciela Santiago, se presentó con los inquilinos y se propuso como su representante ante el INVI. Llegó con una promesa: gestionar de forma pronta la construcción de una vivienda en ese predio, valiéndose -les aseguró- de los contactos que tenía en dicha institución.
Así empezó la pesadilla inmobiliaria para los habitantes, quienes confiaron en ella y le firmaron un documento que la reconocía como su representante.
Corona inició las gestiones de compra-venta del predio ante el INVI. Guillermo Knochenhauer Müller, propietario del inmueble, afirman los inquilinos, se opuso a la figura de expropiación. Entonces Corona inició las gestiones de compra-venta del predio.
Para que la compra procediera, les aseguró Corona, los vecinos tenían que pagar la cuenta acumulada de agua y predial, deuda que el dueño se negaba a liquidar.
El fraude comenzó cuando una de las habitantes de Fresno 240 y 242 (el predio en conjunto abarca ambos números), convenció al dueño de iniciar trámites ante el INVI, para buscar la construcción de un conjunto de departamentos. Foto: Erick Baena, SinEmbargo.
También les solicitó cubrir el pago de los dictámenes técnicos, además de otros estudios (mecánica de suelos y otros trámites, como antecedentes registrales, libertad de gravamen, entre otros), bajo el argumento de que el instituto no financiaba eso. No obstante, el numeral 4.6.2, de las Reglas de Operación (ROP) del INVI, establece un techo de financiamiento para la realización de diversos estudios.
Por ejemplo, para el Dictamen de Factibilidad Histórica, Artística y/o Patrimonial, se establecen 80 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México (UCCM). El valor de la UCCM “será el que se determine en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México del ejercicio fiscal vigente”. Para 2019 el valor de la UCCM es de 84.49. Si ese estudio se realizara hoy en día, se podrían solicitar hasta 6 mil 759.2 pesos.
Ana María, cuenta, le entregó a Corona la cantidad de 30 mil 191.40. Y no sólo eso, sino que aportó un monto extra:
“A mí me recibió un cheque por 40 mil pesos, para apartar una vivienda adicional a la que me correspondía, pues yo tenía a mi hijo aquí, viviendo conmigo”.
Para acceder a las viviendas hay que cruzar un pasillo angosto, flanqueado por una barda inclinada. Foto: Erick Baena, SinEmbargo.
Después, Corona le dijo que el instituto le había quitado su derecho a una vivienda adicional. En ese sentido, el numeral 5 de las referida normatividad, “Otorgamiento de crédito”, en el apartado “Condiciones generales de aprobación”, especifica que para clasificar la demanda en el Programa Vivienda en Conjunto se seguirán -entre otras- las siguientes reglas:
“Demanda desdoblada. Procede sólo con los ocupantes del predio que con el carácter de cohabitantes constituyen una familia con independencia económica, sea cual fuere el parentesco que tengan con los jefes de familia reconocidos como demanda original, cuando puedan comprobar documentalmente que han habitado en la misma unidad de vivienda durante los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la primera visita de censo aplicada por servidores públicos de este Instituto. Para ello deberán presentar documentación oficial a nombre del cohabitante y éste debe ser distinto del titular original”.
Ana María, como demandante original, tiene derecho a solicitar una vivienda para su hijo, cohabitante. Y Corona, de forma arbitraria, le quitó ese derecho.
Ana María y su esposo aún no terminan de pagar el dinero invertido. Y no sólo han empeñado sus finanzas, sino también su salud. Miguel Ángel, su esposo, padece estenosis, una condición cardiaca que afecta las válvulas del corazón, misma que se ha agravado a raíz del conflicto.
“Nos lavó el cerebro, pues llevamos 10 años con ella, buscando vivienda y no hemos logrado nada”, se lamenta Ana María.
n este predio, con riesgo estructural, a punto del colapso, sus inquilinos, los inquilinos fueron defraudados por Alicia Corona, quien se ostenta como dirigente y gestora de créditos de vivienda. Foto: Erick Baena, SinEmbargo.
***
Celia Fragoso vive en Fresno 240-242 desde 1974. Es la inquilina con más antigüedad en la vivienda. Cuenta que el primer “pago” que le hizo a Alicia Corona fue de 18 mil 340 pesos. Su hijo, Juan Nieves, que durante 20 años ha vivido en el interior 0, también entregó la misma cantidad. Y Celia no sólo habla de memoria, sino que tiene en su poder un documento que comprueba uno de los pagos.
El 23 de mayo de 2013, debajo de la copia de un cheque de caja, Alicia Corona firmó de recibido la cantidad de 25 mil pesos.
AQUÍ LA COPIA DEL CHEQUE:
“Mi mamá -cuenta Nieves- convenció al dueño de que nos vendiera el predio para que el INVI construyera un edificio de departamentos”. Y también cuenta con un documento que acredita su afirmación.
Knochenhauer Müller extendió una carta de derecho de preferencia de compra-venta a Celia Fragoso Díaz. En la carta, fechada el 15 de diciembre de 2008, Knochenhauer Müller externó su deseo de vender el inmueble y garantizó el derecho de preferencia a Fragoso Díaz, “para efectos de que usted si es su deseo compre bajo los términos de la siguiente oferta”. El precio de venta se fijó en 2 millones 500 mil pesos.
AQUÍ LA COPIA DE LA CARTA:
No obstante esa carta, el INVI entregó el inmueble a la asociación civil “Frente Unido de Organizaciones Sociales y Ciudadanos (FUOSYC), perteneciente a la organización Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática (MUP-CND), por conducto de su representante la C. Alicia Corona Díaz, representante de los beneficiarios del proyecto de vivienda en conjunto a desarrollarse”, como se lee en el acta de entrega-recepción para resguardo y custodia del inmueble -de la que SinEmbargo tiene copia-, fechada el 7 de diciembre de 2015.
En el acta aparece la firma de Knochenhauer Müller, en su calidad de “aportante”, legatario de la sucesión testamentaria a bienes de la señora Ángela Müller Montiel, y el nombre de Enrique Heras Mauleón, entonces director de asuntos inmobiliarios del INVI. Con ello, Corona se adjudicó, a través de FUOSYC, su asociación civil, la titularidad del predio.
AQUÍ LA COPIA DEL ACTA:
En ningún momento, afirman los inquilinos, Corona les informó de la existencia de la FUOSYC ni les notificó del acto de entrega-recepción.
“Lo único que nos dijo fue que el INVI iba a comprar el predio, pero que hacía falta aportar una cantidad extra para cubrir con los impuestos de la compra-venta”, cuenta Celia.
Los inquilinos le entregaron, cada uno, 18 mil 640 pesos a Corona, para el pago del terreno. Y así se adjudicó el destino y propiedad de un predio de 495 metros, con un valor catastral de $3,011,661.40. Negocio redondo.
“Si el INVI paga el terreno y los inquilinos los gastos, ¿por qué las institución permite que Alicia Corona se adjudique el predio?”, se pregunta Nieves.
Celia padece cáncer de mama y está en tratamiento. Dice que, a raíz de todo eso, sus problemas de salud se han agravado. Ella era propietaria de una estética y una fonda, mismas que vendió para financiar su vivienda.
Nieves ha sido defraudado por partida doble, pues además de entregarle dinero a Corona, ella lo sacó -sostiene- del padrón de beneficiarios.
En agosto del año pasado, Nieves se encontró con la señora Corona. La encaró:
-Dime la verdad, ¿se van a construir o no las viviendas? Si no se va a construir nada, regrésame todo el dinero que te di.
-¡Cómo crees! El próximo año inicia la construcción. Yo les aviso.
Es julio de 2019 y ellos no han recibido notificación alguna.
A Nieves le preocupa que, ahora, Corona, a través de su asociación, los despoje de su vivienda, los deje en la calle y manipule el padrón de beneficiarios.
“A mí un vecino de la calle me dijo que él le entregó a Corona 170 mil pesos para que le apartara un lugar en el edificio que construirán en nuestro predio. Y eso no se vale”, afirma Celia.
Pablo Sánchez Torres, esposo de Celia y padre de Juan, falleció hace un año 4 meses. Murió con la esperanza de tener una vivienda digna. Este año cumpliría 83 años.
“Mi padre se nos adelantó y mi mamá está enferma, además de que casi todas las vecinas tienen problemas de salud. Parecería que la señora Corona espera que fallezcan todos para que se le allane el camino”, conjetura Nieves.
***
El proyecto de vivienda, explican los inquilinos, contempla la construcción de 16 departamentos y la rehabilitación de 4 más, cuya fachada -de acuerdo a los dictámenes- se considera sitio patrimonial. A la fecha, los inquilinos, demandantes de vivienda, no saben cómo se integrará el padrón de beneficiarios.
El numeral 4.6.2, “Medidas del INVI ante irregularidades cometidas por las organizaciones”, de las ROP, señala que las organizaciones sociales serán sujetos de observación durante la operación crediticia con el INVI, entre otros casos, “cuando intimiden a un solicitante, miembro de la organización, con darlo de baja si no accede a demandas ajenas a la gestión crediticia”. Y, en otro punto, se establecen sancionen en caso de que “realicen cobros por ‘asignación’ de viviendas o créditos”.
En 2010, Alicia Corona, recomendada por Graciela Santiago, se presentó con los inquilinos y se propuso como su representante ante el INVI. Foto: Erick Baena, SinEmbargo.
Corona incurrió en ambas irregularidades: solicitó cobros por asignación de viviendas e intimidó a los inquilinos en numerosas ocasiones. Además les ha exigido que abandonen el inmueble y que, en caso de que se opongan, no respetará el lugar que les corresponde por ley.
La última vez que la vieron les dijo: “Y ni le busquen, porque se quedan sin nada”.
Los vecinos temen que los desalojen a la fuerza, como ocurrió con una familia que habitaba el departamento 3, ubicado al fondo de la vivienda, ahora convertido en terreno baldío.
Tras el desalojo, Corona llegó un día -cuentan los inquilinos-, acompañada de un grupo de hombres, quienes demolieron la vivienda con marros.
Los vecinos sospechan que Corona demolió el departamento 3 para acelerar el proceso de construcción de los departamentos.
En septiembre de 2018, Corona les notificó a los vecinos que tendrían que abandonar el predio, pues la construcción de la nueva vivienda iniciaría a finales de ese año. No mostró documento alguno que respaldara sus dichos.
Corona instaló el pasado 20 de mayo de 2019 una lona afuera del predio. La lona, de vinil, tiene, incluso, el logo del INVI. En ella se lee: “Muy importante. No se deje sorprender por personas ajenas a la organización autorizada por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Frente de Ciudadanos CODA 1963 A.C. No hay lugares disponibles. En este programa de vivienda aquella persona u organización que trate de lucrar con nuestro programa se aplicaran las reglas operación (sic) correspondientes. Cualquier informe del programa dirigirse al INVI o con Alicia Corona”. Y al final, aparece un número de celular.
El INVI ha favorecido a líderes defraudadores, quienes administran los proyectos de vivienda social como propietarios de inmobiliarias particulares. Para muestra, el caso de Alicia Corona.
Cada uno de los inquilinos -calculan- le entregó a Corona más de 100 mil pesos en 9 años. Los vecinos le han solicitado al INVI la revocación de Corona como su representante sin que, hasta la fecha, hayan recibido respuesta alguna.
Los vecinos temen que los desalojen a la fuerza, como ocurrió con una familia que habitaba el departamento 3, ubicado al fondo de la vivienda, ahora convertido en terreno baldío. Foto: Erick Baena, SinEmbargo.
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María de los Ángeles Cruz habita la planta alta de Fresno 242. Hace 8 años el techo de una de las habitaciones colapsó, por lo que tuvo que instalar un techo de lámina y apuntalarlo con vigas de madera.
Ana María, Celia y María de los Ángeles cuentan que, en diversas ocasiones, funcionarios del INVI (a quienes identifican, pero se reservan los nombre, por temor a represalias), les advirtió que no “buscaran problemas con la señora Corona o se quedarían sin vivienda”.
Cada vez que se presentan en el INVI reciben la misma respuesta: nulo interés de las autoridades por su situación.
“Alicia venía y, cuando le pedíamos una explicación, se ponía como energúmena y nos decía: ‘Yo no tengo que darle explicaciones a nadie y menos a ustedes, que son unos ignorantes y no entienden cómo funciona ésto’”, denuncia María de los Ángeles. Ella ha padecido en carne propia los efectos de la estafa: “Soy diabética y, con todo esto, llegué a tener el azúcar hasta 550. De 87 kilogramos que pesaba bajé a 48”, cuenta.
El numeral 4.6.1, de las ROP, señala que serán sujetos prioritarios de crédito, entre otras condiciones, las personas de la tercera edad y los habitantes de viviendas de alto riesgo. En los casos de atención a la población de alto riesgo, como es el caso de los inquilinos de Fresno 240 y 242, “el Director General podrá exentar de alguno de los requisitos a que alude este numeral, asegurando que se cuente, cuando menos, con el Dictamen de Protección Civil correspondiente”.
En 2009, Protección Civil dictaminó que el predio Fresno 240-242 era un inmueble con alto riesgo estructural. Dicho dictamen fue autorizado, a través del oficio spc/sccppp/DGP/001378/2009, por el entonces director general de prevención Óscar Alejandro Roa Flores.
María de los Ángeles habita la vivienda en mayor peligro de colapso. A pesar de reunir las condiciones para exentar alguno de los requisitos, ella lo único que anhela es que el INVI rehabilite su vivienda y le otorgue un crédito que ella pueda liquidar a mensualidades. No ambiciona más.
“O se construyen las viviendas y el INVI corrige esta situación, o la vivienda nos sepultará vivas”, concluye.
Desalojados por antimotines fueron los padres de familia que bloquearon ayer la avenida Universidad, en exigencia a la UJAT a que abra más espacios para la carrera de medicina, para sus hijos que no aprobaron el examen de admisión.
Por más de 6 horas, alrededor de 100 tutores mantuvieron cerrada la circulación vehicular en la zona de la Casa de la Cultura, en donde señalaron que permanecerían hasta que las autoridades les dieran respuesta favorable a su petición.
Una de las inconformes, Sory Ramos, acusó que la universidad está incurriendo en irregularidades, pues según ella, se alteraron los resultados para que privilegien a los hijos de quienes compraron un espacio.
“Todos lo que estamos aquí es porque nuestros hijos no quedaron en la carrera de medicina, y le movieron los resultados a la mayoría de los jóvenes quienes quedaron en un puntaje a una hora, a las 12 de la noche, pero como a la 1 de la mañana les iban moviendo los puntajes, bajándoles de nivel, porque seguramente se sospecha que hubo muchísimos recomendados, como siempre se ha dado aquí en Tabasco”, manifestó.
Hasta el lugar arribó el representante de la Secretaría de Servicios Académicos de la UJAT, Marco García Reyes, acompañado de personal de la Secretaría de Gobierno, para tratar de dialogar con los inconformes y solicitarles una mesa de negociación.
Minutos más tarde, concluyó la reunión sin llegar a acuerdos, en tanto que la autoridad universitaria explicó que hay 35 carreras en donde podrían ser distribuidos, y existen mil 018 espacios disponibles, pero no aceptaron.
Minutos más tarde, concluyó la reunión sin llegar a acuerdos, en tanto que la autoridad universitaria explicó que hay 35 carreras en donde podrían ser distribuidos, y existen mil 018 espacios disponibles, pero no aceptaron.
“Se le dio la información de lo que hay, de la disponibilidad, y se le explicó todo el procedimiento de cómo fue el proceso de evaluación, pero bueno, ellos están en la posición de que a fuerza. – ¿Y no hubo acuerdo entonces? – Ellos no quieren. -¿Y qué va a pasar ahorita? – Bueno, ya depende de ellos, porque no quieren los espacios disponibles. – ¿Qué es lo que va a seguir? – Eso depende de ellos, si ellos quieren continuar ahí pues ya qué le podemos hacer. – ¿Entonces ustedes terminan el diálogo? – Sí, el diálogo ya se dio, pero ellos continúan en esa postura, no hay espacios para lo que ellos quieren”, sostuvo.
También otra de las madres inconformes, Magdalena Félix Hernández, advirtió que de no tener respuesta favorable, agarraría al rector José Manuel Piña Gutiérrez de “piñazos”, además que tanto padres de familia, como alumnos, viajarían a la Ciudad de México para solicitar la intervención del presidente López Obrador.
“Estamos acostumbrados a caminar, y si no nos dan respuesta, hoy mismo nos estamos dirigiendo 900 mil padres y 900 mil alumnos a la Ciudad de México, porque sabemos caminar, somos huarachudos y como dijo ‘El Peje’, me canso ganso si no llegó hasta dónde está él, por eso Piña no nos dio la cara. – ¿No hubo acuerdo entonces? – Ningún acuerdo, porque el señor Piña, de piñazos lo voy a agarrar yo”, advirtió.
No fue sino hasta las 14:00 horas, cuando camiones con cuerpo de antimotines arribaron al lugar para desalojar a los inconformes y liberar la zona, en donde hubieron quienes se resistieron, registrándose empujones tanto de parte de los manifestantes, como de los policías.
Dos mujeres se tiraron al pavimento caliente para evitar que fueran detenidas, tal fue el caso de Hortensia, una alumna que por más de media hora se resistió a ser aprehendida, terminando semidesnuda, por lo que su madre, Francisca Guzmán Potenciando, advirtió que demandará el hecho.
“Un llamado a los derechos humanos y al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que tomen cartas en el asunto, que no es posible que por manifestar sus derechos le hayan pegado, le hayan rota toda su ropa y mire dónde quedó su honor de mi hija, como la golpearon, como la tienen toda lastimada, arañada, le rompieron todo hasta su brasier, su blusa, su pantalón, miren cómo está todo, ahorita ellos empezaron a jalarla, y no se vale que hagan eso con ella, ella es menor de edad y tiene 16 años”, aseveró.
Es de mencionar que tras el desalojo fueron detenidas cinco personas, dos hombres y tres mujeres, quienes se enfrentaron a los uniformados.
Desmienten que ellos como indígenas apoyan la planta de amoniaco en el puerto y se lo van hacer saber al gobernador
Redacción / El Debate
Los Mochis, Sinaloa.- Con un “ya basta”, habitantes yoremes-mayo del ejido Ohuira rechazaron el apoyo a la planta de amoniaco que mostró la comisariada Guadalupe Pacheco a ese proyecto al entregarle una carta al gobernador Quirino Ordaz Coppel cuando visitó Topolobampo.
Reunidos en el centro ceremonial de ese núcleo ejidal, un grupo de pobladores indígenas de ese lugar leyó la información sobre la carta que Pacheco entregó a Ordaz Coppel y se deslindaron de ella.
Desmienten que ellos como indígenas apoyan la planta de amoniaco en el puerto y se lo van hacer saber al gobernador cuando vaya a la comunidad para hablar con ellos sobre ese proyecto.
El grupo de yoremes-mayo fue encabezado por el gobernador tradicional del lugar Felipe Montaño.
Además, otros activistas que se oponen a la planta de amoniaco cuestionaron la postura de la líder ejidal de Ohuira Guadalupe Pacheco. Por ejemplo, Ulises Pinzón señaló que están firmes en oponerse a ese proyecto.
“A lo que nos oponemos es a la ubicación no a la industria”, precisó.
También hay violencia argumentativa, como cuando,
precisamente, las razones de utilidad pública son impuestas
sin una discusión pública más amplia.
“Megaproyectos, infraestructura? y los límites de la democracia delegativa”
de Juan Carlos Domínguez Virgen
La invisibilización de los pueblos que conforman la otra mitad del Anahuac no es reciente, al menos esa es la sensación que representantes de los 12 pueblos originarios de Tecámac externan durante su participación en el foro de rechazo al nuevo aeropuerto en Texcoco o en Santa Lucía, realizado hace unos días en Plantel del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Si bien la discusión se ha centrado en los amparos y resoluciones judiciales de suspensión de obra, especialmente de los interpuestos por #NoMásDerroches, quienes integran los 12 pueblos -menciona Arturo Hernández, de San Pablo Tecalco- visualizan en estas discusiones el forcejeo entre dos grupos de poder: el que pretende que el aeropuerto no se construya en Santa Lucía sino en Texcoco, porque tienen intereses económicos, y el grupo emergente que acompaña a Andrés Manuel López Obrador, que está obstinado en desarrollar el proyecto en Santa Lucía. Sin embargo, afirma Arturo Hernández, ninguno de los grupos está interesado en la biodiversidad ni la pobreza en la que “se va a sumir a los pueblos de Tecámac”.
Los habitantes de Tecámac son testigos de una urbanización no controlada que comenzó a mediados de la década de los setenta y que ha convertido al municipio -a la región- en una parte invisible de la Cuenca de México pero que, sin embargo, es una de las que, “sobre nuestras pobrezas y nuestros bienes de vida” sostiene el desarrollo de un sector pudiente de la sociedad.
En este entorno, la defensa de los bienes comunes y de vida tampoco son recientes para estos pueblos: el crecimiento desorganizado de la región y un consecuente sacrificio de medios propios de los habitantes originarios para cubrir necesidades adheridas a este crecimiento ha roto un entramado social e identitario, que ha procurado mantenerse a través de la organización, por ejemplo, el caso de la defensa de los panteones o la administración comunitaria del agua en un intento de municipalización.
Dentro de esta organización, explicó Esperanza Martínez Hernández, de San Pablo Tecalco, el rechazo que los doce pueblos ejercen contra el aeropuerto no es reciente, incluso participaron en las movilizaciones que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco hizo contra el aeropuerto en Texcoco.
Tecalco, dijo, tiene como zona de recarga de los mantos acuíferos al cerro de Chiconautla, que es afectado con cualquiera de las dos opciones planteadas para el aeropuerto; es una comunidad de donde se extraen materiales pétreos y sitio donde se han desechado lodos tóxicos.
Consulta pública vs consulta indígena
La mañana en que se organizó en Zumpango, por parte de la Sedena y la Semarnat, el foro informativo y de presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental, los 12 pueblos de Tecámac, a través de un pronunciamiento, manifestaron que la consulta indígena -que debe realizarse por ley- no se ha llevado a cabo como lo indica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esperanza Martínez explicó que la negación del Estado a que se les considere a los pueblos como indígenas permite pasar por alto el inciso 9 del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala:
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
IX: Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.
Con este antecedente, los 12 pueblos pugnan por la aplicación de una consulta indígena, no pública, la cual de acuerdo a estándares internacionales, debe contener, como mínimo los siguientes elementos.
En opinión de los 12 pueblos, la consulta pública es vertical, autoritaria y busca imponer una metodología que les es poco común y desconocida, por lo que se considera que la consulta indígena que se realice debe integrar:
1.- Garantía de buena fe durante el proceso de consulta.
2.- Consulta sistemática y transparente.
3.- Con carácter previo.
4.- Ejercicio libre.
5.- Al pueblo o los pueblos consultados se les debe proporcionar información basta y suficiente.
6.- Respeto a la cultura e identidad a los pueblos indígenas.
7.- Pleno reconocimiento de que en el proceso de consulta de los pueblos indígenas estos tienen derecho a determinar sus propias condiciones y requisitos, exigir que el proyecto se ajuste a su concepción cultural y puedan plantar alternativas al proyecto.
8.- Respetar sus propias formas de generar consensos y de desarrollar sus argumentos y la interpretación de sus símbolos e imágenes a través de las cuales desarrollan su cosmovisión.
9.- Respetar los tiempos y ritmos que marcan sus propios procesos de toma de decisiones.
El agua
El abasto de agua en la región de Tecámac ha disminuido a medida que se han construido los complejos habitacionales; actualmente el suministro funciona por tandeo; se ha mencionado que para la operación diaria del aeropuerto se requerirán 6 millones de litros que provendrían del acuífero Cuautitlá-Pachuca, que según datos de la Conagua se encuentra explotado entre 500 y 800 por ciento.
Según información de Hernán Correa Ortiz, profesor-investigador adscrito al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la UACM, menciona que aunque la en la Manifestación del Impacto Ambiental de menciona que no habrá competencia por el suministro de servicios públicos, “el estudio declara la inexistencia de estudios geofísicos para ?identificar las zonas viables para los pozos de inyección. Ni siquiera hace mención a la existencia ni a la necesidad de estudios geohidrológicos de carácter regional y local que evalúen la dinámica o el comportamiento del acuífero. Es cuestionable el hecho de que se asuma viable que mediante la construcción de `pozos de inyección” se “revitalicen los acuíferos´, tal y como se menciona en el informe”.
Dinámica comunitaria
La lógica urbana no se relaciona necesariamente con la forma de vida de los pueblos, por el contrario, se considera que los planes de desarrollo municipal han permitido y hecho más cruel la urbanización de la zona, ya que incentivan la construcción de colonias dormitorio, entendidas como lugares a los que las personas con una vida laboral en la ciudad de México llegan para dormir generado problemas paralelos como el del transporte, falta de escuelas para las familias que permanecen y la propia ruptura social.
La imagen que los habitantes de la zona tienen de su territorio se ha visto modificado: existe un deterioro de las relaciones que se agrava con la negativa de las autoridades por reconocer la organización de los pueblos a través de faenas, comités, asambleas comunitarias e, incluso, mayordomías, con lo que desaparece, aseguró Miguel Meléndez, de Los Reyes, Acozac, el derecho de identidad del pueblo.
La forma de entender la vida y lo que es relevante, o no, en las comunidades es distinto en los pueblos originarios, además son pilares en las formas organizativas de los pueblos; permanecen y se encuentran invisibles hasta que se convierten en un obstáculo para desarrollar proyectos que, se consideró en el foro, no involucran a los pueblos originarios. Al final, el ofrecimiento de empleos y tecnologías que vienen con los proyectos modernizadores representa violencia contra las formas de vida de los pueblos.
Mientras transcurre la batalla legal entre #NoMásDerroches y el grupo que desea desarrollar el proyecto aeroportuario en Santa Lucía, los integrantes de los 12 pueblos de Tecámac llevan a cabo foros informativos en las comunidades donde, se cuestiona la viabilidad, para los pueblos, de construir el aeropuerto.
Expertos también advirtieron que más de cuatro mil animales están amenazados con la construcción de Dos Bocas en Tabasco. SUN /
SUN / El Informador
El Instituto Mexicano del Petróleo alertó que el municipio de Paraíso presenta limitantes para el desarrollo de una refinería, tanto en materia ambiental como social y de infraestructura
Desde hace 11 años el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) alertó que el municipio de Paraíso, Tabasco, presentaba el mayor riesgo para la instalación de una refinería (como la que ahora se pretende construir en Dos Bocas), por lo que en ese entonces declaró que no era recomendable la elección de ese sitio.
El Análisis de Prefactibilidad Ambiental y Socioeconómica de Diferentes sitios para la Localización del Proyecto de Ampliación de Capacidad de Proceso del Sistema Nacional de Refinación (SNR), elaborado por el IMP en 2008, destaca que este municipio, donde se halla Dos Bocas, es el que presenta mayores limitantes para el desarrollo de una refinería, tanto en materia ambiental como social y de infraestructura.
El documento entregado a Petróleos Mexicanos (Pemex) en noviembre de 2008 resalta que Paraíso presenta una “problemática” relacionada con los ecosistemas, que alberga una variedad de especies protegidas o en estatus de peligro, así como vegetación conformada principalmente por pantanos, esteros o mangles.
“El municipio de Paraíso fue el que presentó el mayor riesgo relacionado con la instalación de una nueva refinería, por lo que no es recomendable la elección de este sitio. Esto es debido a que tanto en materia ambiental como social o de infraestructura se encontró la mayor cantidad de limitantes comparado con el resto de los sitios de estudio”, advierte el documento.
El IMP, que es un centro público de investigación especializado en hidrocarburos, evaluó siete municipios al comparar las condiciones ambientales, sociales y económicas para determinar cuál es el mejor sitio para el desarrollo de la refinería. Los lugares analizados fueron Lázaro Cárdenas, Michoacán; Manzanillo, Colima; Minatitlán y Tuxpan, Veracruz; Paraíso, Tabasco; Salina Cruz, Oaxaca, y Tula de Allende, Hidalgo.
Desde ese entonces el IMP alertó del aumento del nivel del mar en la zona ocasionado por el cambio climático, lo cual se deriva de la condición particular del estado de Tabasco y su escasa altura sobre el mar.
Aunque las demarcaciones evaluadas presentan ventajas y desventajas, es el municipio de Paraíso en el que el IMP advirtió sobre los mayores factores de riesgo, en términos ambientales y geográficos; en contraste consideró a Tuxpan como un “sitio adecuado” para la construcción de la refinería por el impulso a la industria que presentaba esa región, así como las vías de comunicación. No obstante, alertaba como un factor de riesgo la riqueza biológica de la región.
El IMP resaltó que la falta de terrenos adecuados para la construcción en Paraíso requiere de “importantes obras para el acondicionamiento del terreno”, debido a las lagunas y pantanos con suelos arcillosos.
Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), destacó que pese a que en 2008 el instituto consideró la vulnerabilidad que presenta el terreno, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador continúa impulsando la obra de Dos Bocas, lo cual manifiesta un desinterés por el ambiente.
“El gobierno federal se tiene que serenar en cuanto al ritmo al que quieren hacer las cosas, eso los puede hacer tropezar, está bien que quieran hacer obras, pero lo tienen que hacer conforme a los tiempos que marcan las leyes. Lo que hemos visto es que el tema ambiental no es una prioridad para la administración”, subrayó.
Comentó que esta obra “comenzó con el pie izquierdo”, pues el año pasado se hizo pública la tala de 220 hectáreas de manglar en Dos Bocas, a fin de preparar el sitio para la refinería, sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental o con una autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, lo cual consideró como “una falta de respeto” a la legislación en la materia.
“Esto hace ver que el respeto al Estado de derecho en materia ambiental no les importa; minimizan instrumentos de política en este sector, como es el caso de la evaluación de impacto ambiental, para haber hecho ese desmonte debieron presentar este estudio”, enfatizó Alanís.
Para Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México, la construcción de la refinería Dos Bocas no sólo generará impactos en el ambiente por todas las especies de flora y fauna que habitan en la zona, sino que contribuirá al calentamiento global, puesto que se generarán emisiones de gases de efecto invernadero.
“Esta obra es incompatible con lo que requiere el mundo ante la emergencia que representa el cambio climático, la justificación para el desarrollo de este proyecto es alcanzar la autosuficiencia energética y el desarrollo del sureste. Pero eso se puede lograr con las energías renovables”, enfatizó.
Especies en peligro por refinería
Más de cuatro mil animales de 119 especies de mamíferos, reptiles y aves estarán amenazados con la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con el documento elaborado por el Instituto Mexicano del Petróleo -centro público de investigación especializado en la industria petrolera-, en la zona donde se desarrollará la refinería se identificaron en un muestreo realizado del 13 de marzo al 1 de abril de este año, cuatro mil 239 individuos pertenecientes a 119 especies de 53 familias.
