PUERTO ESCONDIDO, Oaxaca.- Este lunes, la Jurisdicción Sanitaria Costa informó que se agregan cuatro casos nuevos al panorama epidemiológico, acumulando 988 pacientes de COVID-19 en 38 municipios; a su vez, el coordinador de Epidemiología, Yahir Méndez Ramírez, indicó que, al corte del día 18, son 60 los casos activos distribuidos en 13 municipios, entre éstos San Pedro Mixtepec y San Pedro Pochutla, que registran 10 cada uno, Santiago Pinotepa Nacional 9, Villa de Tututepec 7, Santa María Colotepec y Santa María Huatulco 6 respectivamente.
“Tuvimos un incremento importante en el número de casos, se debe a que se incorporó la variable de casos confirmados por variable epidemiológica y casos confirmados por dictaminación clínico epidemiológica; estas variables ya se estaban reportando, sin embargo, no se habían agregado al panorama epidemiológico; los 60 casos activos están en aislamiento y en seguimiento epidemiológico”, señaló.
Agregó que las últimas defunciones corresponden a tres masculinos y se notificaron en los cortes del 13 y 15 de octubre, dando un total de 82 defunciones; corresponden a un masculino de 57 años de edad, de Pinotepa de Don Luis con comorbilidades de diabetes, hipertensión e insu,ficiencia renal crónica; otro de 59 años de Santiago Jamiltepec que padecía diabetes y la última, un masculino de 78 años, residente de San Pedro Mixtepec sin comorbilidades aparentes.
Se acerca la Costa a mil casos de coronavirus; hospital de Pinotepa al 100 por ciento de su capacidad
PUERTO ESCONDIDO, Oaxaca.- Este lunes, la Jurisdicción Sanitaria Costa informó que se agregan cuatro casos nuevos al panorama epidemiológico, acumulando 988 pacientes de COVID-19 en 38 municipios; a su vez, el coordinador de Epidemiología, Yahir Méndez Ramírez, indicó que, al corte del día 18, son 60 los casos activos distribuidos en 13 municipios, entre éstos San Pedro Mixtepec y San Pedro Pochutla, que registran 10 cada uno, Santiago Pinotepa Nacional 9, Villa de Tututepec 7, Santa María Colotepec y Santa María Huatulco 6 respectivamente.
“Tuvimos un incremento importante en el número de casos, se debe a que se incorporó la variable de casos confirmados por variable epidemiológica y casos confirmados por dictaminación clínico epidemiológica; estas variables ya se estaban reportando, sin embargo, no se habían agregado al panorama epidemiológico; los 60 casos activos están en aislamiento y en seguimiento epidemiológico”, señaló.
Agregó que las últimas defunciones corresponden a tres masculinos y se notificaron en los cortes del 13 y 15 de octubre, dando un total de 82 defunciones; corresponden a un masculino de 57 años de edad, de Pinotepa de Don Luis con comorbilidades de diabetes, hipertensión e insu,ficiencia renal crónica; otro de 59 años de Santiago Jamiltepec que padecía diabetes y la última, un masculino de 78 años, residente de San Pedro Mixtepec sin comorbilidades aparentes.
Refirió que la atención hospitalaria en las áreas COVID alcanzó una ocupación del 100 por ciento en el Hospital General de Pinotepa Nacional y que el de San Pedro Pochutla registró 30 por ciento. “Hasta ahora, el hospital de Pinotepa Nacional que tiene el 100 por ciento de ocupación, ha estado dando resolución a los pacientes que han acudido por sospecha de COVID”.
Incrementa demanda de vacunas contra la influenza
A la fecha, la Jurisdicción Sanitaria Costa ha recibido 27 mil 140 dosis de vacunas contra la influenza y han distribuido más de 23 mil dosis que se han aplicado desde la semana pasada. “Hemos visto que hay una demanda de atención importante de la vacuna contra la influenza, las personas están acudiendo y la están solicitando”, observó el epidemiólogo y recordó que está dirigida a grupos de riesgo como son personas de más de 60 años de edad, menores de 5 años, personas de cualquier edad que tengan alguna comorbilidad, mujeres embarazadas, pacientes con VIH, cáncer o con alguna otra enfermedad y al personal de salud.
La Red Costeña de Municipios por la Salud reporta, a través del delegado de atención regional Jesús Irving Mendoza, que Santa María Colotepec mantiene filtros sanitarios así como cierre de sus playas -entre Bahía Principal y El Puertecito- hasta el 31 del mes; este ayuntamiento acumula 54 casos positivos. Igualmente mantienen filtros San Miguel Tlacamama, con 5 casos acumulados; Santa María Huazolotitlán, con 4 casos y San Andrés Huaxpaltepec que suma 3 positivos.
En tanto, la Patrulla COVID habilitada por San Pedro Mixtepec, recorre la demarcación verificando el uso obligatorio del cubrebocas por 30 días, so pena de distintas sanciones. De acuerdo a su red social oficial, al día 18 han detenido 176 personas; 9 optaron por trabajo comunitario; 140 pagaron multa de 150 pesos, que destinarán a una causa social y otros 27 figuran con “sanción corporal”. Este ayuntamiento acumula 183 casos positivos.
* 988 casos de COVID-19 acumula la Costa
* 82 personas han muerto por esta enfermedad
Mediante las redes sociales oficiales en Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, informarón que las autoridades estatales reanudarán la búsqueda de personas dentro de la presunta fosa clandestina ubicada en Tres Centurias en el estado hidrocálido
Reanudarán búsqueda de personas en fosa de Aguascalientes | OSVG
Aguascalientes. – El pasado 17 de octubre de fue localiazada una fosa clandestina en la localidad de las Tres Centurias, en lo que señalan es un predio del Gobierno de Aguascalientes, la cual presuntamente durante el sexenio pasado fue usada como una pensión de vehículos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo al Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, dentro del predio presuntamente podrían localizarse cádaveres, en lo que señalan tiene las características de ser una fosa clandestina, por lo que solicitan a las autoridades correspodientes para la extracción de los posibles cuerpos que se encuentran dentro del territorio.
La sospecha de que en el lugar fueran localizadas dentro del sitio, viene luego de un señalamiento presentado por familiares de personas desaparecidos, quienes señalan que existe la posibilidad de que en el sitio del territorio pueden encontraste restos de personas en calidad de desaparecidas.
Ante la probable existencia de cuerpos, los familiares interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Aguascalientes, con el objetivo de que se realicen las diligencias correspondientes para la localización y extracción de cuerpos del sitio, así como en el caso de que se encuentren indicios puedan ser anexados a la carpeta de investigación.
De acuerdo a los medios locales, señalan que en el predio donde se señala la existencia de los restos humanos; en el sitio se encuentran realizando obras el Gobierno del Estado por lo que ya se hizó la solicitud para que se detengan las obras mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
Asimismo, en otra investigación que se realizó en días pasados en donde se hacía la búsqueda en otro municipio de Aguascalientes, en la intención de localizar a un joven que se encuentra desaparecido desde diciembre del 2016, en el cual se encontraron restos óseos que se encuentran en investigación pericial para determinar si corresponden a la persona que buscan.
Reanudaran la búsqueda
Luego de que reportaran a través de las redes sociales oficiales del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de Aguascalientes, que las autoridades trataban de sacar a los familiares del sitio conocido como el complejo ferrocarrilero Tres Centurias, en donde se inciaron labores de búsqueda el día 17 de octubre, y se reiniciarán el miércoles 21 para realizar los trabajos de localización.
“Por indicaciones de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos y Fiscalía, y para proteger la seguridad de las todas las personas involucradas en la búsqueda, las labores se reanudarán el próximo miércoles. Les mantendremos al tanto de la información. Gracias a todas las personas quienes están al pendiente de la seguridad de todas y a los medios de comunicación por su presencia” lo cual fue publicado en redes sociales del OVSG.
La labores fueron suspendidas por recomendación de las autoridades y los familiares de las personas desaparecidas señalaron que se reiniciarían a partir del miércoles con el objetivo de realizar el hallazgo de restos de las personas reportadas como desaparecidas.
“Debido a la pasividad de la autoridad y con previo aviso a la fiscalía, el Observatorio decidió por cuenta propia hacer la intervención directa este sábado pasado comenzando por llamar al 911. Casi de forma inmediata llegaron al velódromo varias patrullas de la Policía Municipal y Estatal, más tarde acudió personal de la Policía Ministerial y la Guardia Nacional”, compartió el Observatorio a través de sus redes sociales.
El OVSG señalaron que durante el inicio de las labores los familiares fueron agredidos por las autoridades del estado de Aguascalientes, mientras trataban de realizar los trabajos de búsqueda en el predio.
Independiente de esta intervención, el observatorio en conjunto con el Colectivo de Personas Desaparecidas estaba realizando búsquedas de personas desaparecidas de manera bimestral, aunque durante la pandemia habían cesado un poco, pero la intención es retomarlas.
TOLUCA, Edomex. (apro).- La activista Kenia Hernández fue detenida por segunda ocasión en cuatro meses, la noche del pasado domingo, a la altura de la caseta de peaje Amozoc, en Puebla, y remitida al penal de Almoloya de Juárez en el Estado de México. La defensora de los derechos indígenas fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en marzo pasado por Autovías Concesionadas Mexiquenses S.A. de C.V. en la causa penal 630/2020, por la presunta comisión del delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia. José Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), advirtió que la coordinadora del colectivo “Zapata Vive” es una presa política. La detención ocurrió alrededor de las 21:00 horas del 18 de octubre. Sus acompañantes narran que fue arbitraria, sin mediar orden de aprehensión, y que la activista fue golpeada por los hombres que se la llevaron, presumiblemente integrantes de la Guardia Nacional, quienes reconocieron que iban por ella. La orden de aprehensión, detalló Lara Duque, le fue mostrada dos horas después, durante varias horas no se supo de su destino, y fue presentada como detenida la madrugada del lunes. La audiencia de imputación, prevista para este martes, fue pospuesta a falta de intérprete; sin embargo, la autoridad estatal requirió de decenas de elementos policiacos para resguardar los juzgados, ante la posibilidad de que integrantes de colectivos de defensores se manifestaran a las afueras para exigir la libertad de la también feminista. Paralelamente, integrantes del colectivo “Zapata Vive” se apostaron frente a Palacio de Gobierno Estatal en demanda de “Kenia Libre”. Lara Duque resaltó que la situación jurídica de la activista se formalizará el próximo domingo que se cumplan las 144 horas que tiene la autoridad para presentar pruebas, además de que deberá facilitar un traductor de la lengua amuzga.
La primera captura Hernández había sido detenida el 6 de junio pasado, en la caseta de cobro La Hortaliza, de la carretera Toluca-Valle de Bravo, acusada de robar, presuntamente con apoyo de un revólver, una cartera con 500 pesos a dos personas, identificadas como José Daniel “N” y Shirley “N”, quienes iban a bordo de una camioneta. Entonces las víctimas se apoyaban en una investigación particular de la empresa Concesionaria Mexiquense (Conmex), operadora del Circuito Exterior Mexiquense (concesionada a OHL, ahora Aleatica). Tras 5 días en reclusión, fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia, pero el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ecatepec determinó que podía enfrentar la acusación en libertad. La defensora lamentó que para su vinculación la juez sólo valoró los elementos de la Fiscalía, no los de la defensa, entre ellos los testimonios para probar que al momento que ocurrieron los hechos se encontraba en su domicilio de resguardo, pues es beneficiaria del mecanismo de protección desde el año pasado. Aquella ocasión tampoco le fue mostrada ninguna orden de aprehensión al momento de su captura, sino un par de horas después la expusieron desde un teléfono celular y carecía de firma. “Es algo totalmente fabricado”, señaló. Kenia Hernández ha sido objeto constante de hostigamiento por su labor como oficial de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en el Estado de Guerrero, por participar en el Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos, en el Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Violaciones Graves a Derechos Humanos, y en la Dirección Política Nacional de Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano.
Detenciones arbitrariasSegún Lara Duque, en los últimos años, las autoridades del Estado de México han recurrido a las detenciones arbitrarias y a la imputación de delitos en contra de “personas que les son incómodas, que son humildes o que mantienen condiciones desfavorables para defenderse”. Aseguró que de las “más de 30 mil personas privadas de su libertad en prisiones mexiquenses, unas 20 mil reclaman ser liberadas debido a denuncias por irregularidades en el proceso penal o por montajes en los arrestos”.
El Viejo Antonio mira la fogata resistiendo a la lluvia. Bajo el chorreante sombrero de paja enciende, con un tizón, su cigarrillo forjado con doblador. El fuego se mantiene, escondiéndose a veces bajo los troncos; el viento le ayuda y con su aliento aviva las brazas que enrojecen de furia.
El campamento es el nombrado “Watapil”, en la llamada “Sierra Cruz de Plata” que se yergue entre los húmedos brazos de los ríos Jataté y Perlas. Corre el año de 1985 y octubre recibe al grupo con una tormenta, presagiando así sus mañanas. El alto almendro (que renombrará a esa montaña en la lengua insurgente), compasivo mira a sus pies a ese puñado pequeño, pequeñísimo, insignificante, de mujeres y hombres. Rostros demacrados, pieles enjutas, brillante la mirada (tal vez la fiebre, la porfía, el miedo, el delirio, el hambre, la falta de sueño), las ropas marrón y negro desgarradas, las botas deformes por los bejucos que pretenden mantener las suelas en su sitio.
Con palabra pausada, queda, apenas perceptible entre el ruido de la tormenta, el Viejo Antonio les habla como si a sí mismo se llamara:
“Para el color de la tierra vendrá de nuevo el Mandón a imponer su palabra dura, su YO asesino de la razón, su soborno disfrazado de limosna.
Vendrá el día en que la muerte vista sus ropas más crueles. Adornados sus pasos con engranes y chirridos, la maquina que enferma los caminos, mentirá diciendo que trae bonanza mientras siembra destrucción. Quien se oponga a ese ruido que aterra a plantas y animales, será asesinado en su vida y su memoria. Con plomo la una, la otra con mentira. La noche será así más larga. Más dilatado el dolor. Más mortal la muerte.
Los Aluxo´ob alertarán entonces a la madre y así dirán: “Viene la muerte, madre, matando viene”.
La tierra madre, la más primera, se despertará entonces -sacudiéndose el sueño de loros, guacamayas y tucanes-, reclamará la sangre de sus guardianes y guardianas, y, dirigiéndose a su prole, así dirá:
“Vayan los unos a burlar al invasor. Vayan las otras a llamar a la sangre hermana. Que no les espanten las aguas, que no los desanimen fríos ni calores. Abran caminos donde no los hay. Remonten ríos y mares. Naveguen las montañas. Vuelen lluvias y nubes. Sean noche, día sean, de madrugada vayan y alerten al todo. Que muchos son mis nombres y colores, pero uno es mi corazón, y mi muerte será también la del todo. Que no se avergüence entonces su piel del color que le he dado, ni de la palabra que en sus bocas he plantado, ni de su tamaño que cerca me tienen. Que yo les daré luz en la mirada, abrigo en sus oídos y fuerza en sus pies y brazos. No teman los colores y modos distintos, no los caminos diferentes. Porque uno es el corazón que les he heredado, uno el entendimiento y una la mirada”.
Entonces, bajo el asedio de los Aluxo´ob, las máquinas del engaño mortal se descompondrán, rota su soberbia, su avaricia rota. Y los poderosos traerán de otras naciones a los lacayos que componen la muerte descompuesta. Se revisarán las entrañas de las máquinas de muerte y encontrarán la razón de su desandar y así se dirán: “están llenas de sangre”. Tratando de explicar la razón de esa terrible maravilla, así anunciarán a sus patrones: “no lo sabemos por qué, sólo lo sabemos que es sangre que heredera es de la sangre originaria”.
Y, entonces, lloverá la maldad sobre sí misma en las grandes casonas donde el Poderoso se embriaga y abusa. Entrará la sinrazón en sus dominios y, en lugar de agua, manará sangre de los manantiales. Sus jardines se marchitarán y se marchitará el corazón de quienes le trabajan y sirven. El poderoso traerá entonces a otros vasallos para usarlos. De otras tierras vendrán. Y nacerá el odio entre iguales alentado por el dinero. Habrá peleas entre ellos, y vendrán la muerte y la destrucción entre quienes comparten historia y dolor.
Quienes antes trabajaban la tierra y en ella se vivían, convertidos ya en sirvientes y esclavas del Poderoso en los suelos y cielos de sus antepasados, verán llegar las desgracias a sus casas. Se perderán sus hijas y sus hijos, ahogados en la podredumbre de la corrupción y el crimen. Volverá el derecho de pernada con el que el dinero mata la inocencia y el amor. Y las crías serán arrebatadas de los regazos de las madres y su carne nueva será tomada por los grandes Señores para saciar su vileza y ruindad. Por razón de los dineros el hijo levantará la mano contra sus padres y el luto vestirá sus casas. La hija se perderá en la oscuridad o en la muerte, matada su vida y su estar por los Señores y su dinero. Enfermedades desconocidas atacarán a quienes vendieron su dignidad y la de los suyos por unas monedas, a quienes traicionaron a su raza, su sangre y su historia, y a quienes levantaron y propagaron la mentira.
La Ceiba madre, la sostenedora de mundos, gritará tan fuerte que hasta la sordera más alejada escuchará su clamor herido. Y 7 voces distantes se le acercarán. Y le abrazarán 7 brazos lejanos. Y 7 puños distintos se le unirán. La Ceiba Madre levantará entonces sus naguas y sus mil pies patearán y desacomodarán los caminos de hierro. Las máquinas de ruedas se saldrán de sus caminos de metal. Las aguas desbordarán de ríos y lagunas, y el mismo mar bramará con furia. Se abrirán entonces las entrañas de suelos y cielos en todos los mundos.
Entonces la más primera, la tierra madre, se elevará y reclamará con fuego su casa y su lugar. Y por sobre las soberbias edificaciones del Poder, avanzarán árboles, plantas y animales, y con sus corazones vivirá de nuevo el Votán Zapata, guardián y corazón del pueblo. Y el jaguar caminará de nuevo sus rutas ancestrales, reinando de nuevo donde quisieron reinar el dinero y sus lacayos.
Y el poderoso no morirá sin antes ver cómo su ignorante soberbia se derrumba sin apenas hacer ruido. Y en su último aliento conocerá el Mandón que ya no será más, si acaso un mal recuerdo en el mundo que se rebeló y resistió a la muerte que su mandar mandaba.
Y esto dicen que dicen los muertos de siempre, los que morirán de nuevo pero entonces para vivir.
Y dicen que dicen que se conozca esta palabra en valles y montañas; que se sepa en cañadas y llanuras; que lo repita el pájaro tapacamino y así advierta los pasos del corazón que anda hermano; que la lluvia y el sol lo siembren en la mirada de quienes habitan estas tierras; y que el viento la lleve lejos y anide en el pensamiento compañero.
Porque cosas terribles y maravillosas por venir, verán estos cielos y suelos.
Y el jaguar caminará de nuevo sus rutas ancestrales, reinando de nuevo donde quisieron reinar el dinero y sus lacayos.”
Se calla el Viejo Antonio y, con él, la lluvia. Nada duerme. Todo sueña.
-*-
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
SupGaleano
México, Octubre del 2020.
Del Cuaderno de Apuntes del Gato-Perro: Parte II.- Los cayucos.
Os recuerdo que las divisiones entre países sólo sirven para tipificar el delito de «contrabando» y para darle sentido a las guerras. Es claro que existen, al menos, dos cosas que están por encima de las fronteras: la una es el crimen que, disfrazado de modernidad, distribuye la miseria a escala mundial; la otra es la esperanza de que la vergüenza sólo exista cuando uno se equivoca de paso en el baile, y no cada vez que nos vemos en un espejo. Para acabar con el primero y para hacer florecer la segunda, sólo hace falta luchar y ser mejores. Lo demás se sigue solo y es lo que suele llenar bibliotecas y museos. No es necesario conquistar el mundo, basta con hacerlo de nuevo. Vale. Salud y sabed que, para el amor, una cama es sólo un pretexto; para el baile, una tonada es sólo un adorno; y para luchar, la nacionalidad es sólo un accidente meramente circunstancial.
Don Durito de La Lacandona, 1995
El SubMoy estaba diciéndole a Maxo que tal vez habría que probar con madera balsa (“corcho” le dicen acá), pero el ingeniero naval alegaba que, puesto que más ligera, peor la iba a arrastrar la corriente. “Pero dijiste que no hay corriente en el mar”. “Pero qué tal que hay”, se defendió Maxo. El SubMoy les dijo a los otros comités que seguía la siguiente prueba: cayucos.
Se pusieron a labrar varios cayucos. Con hachas y machetes fueron dándole forma y vocación marina a troncos cuyo destino original era leña para el fogón. Como el SubMoy se ausentó unos momentos, fueron a preguntarle al SupGaleano si le ponían nombre a las embarcaciones. El Sup estaba mirando cómo el Monarca revisaba un viejo motor de diesel, así que respondió distraído: “Sí, claro”.
Se fueron y empezaron a calar y a pintar en los costados nombres racionales y mesurados. En uno se leía: “El Chompiras Nadador y Brinca Charcos”. Otro: “El internacionalista. Una cosa es una cosa y otra cosa es dont fuck me, compadre”. Uno más: “Orita vengo, no me tardo mi amor”. El de allá: “Pos va en su cuenta, pa´ qué me invitan”. Los del puy Jacinto Canek bautizaron el suyo como “Jean Robert”, que era así su modo de hacerlo acompañar el viaje.
En uno más alejado se alcanzaba a leer: “Ya para qué llorar si lo que sobra es agua salada”, y a continuación se extendía: “Este barco fue hecho por la Comisión Marítima del municipio autónomo rebelde zapatista “Nos critican que les ponemos un nombre muy largo a los MAREZ y Caracoles, pero nos vale”, de la Junta de Buen Gobierno “También”. Producto perecedero. Fecha de caducidad: depende. Nuestras embarcaciones no se hunden, sino que caducan, no es lo mismo. Contrataciones de fabricantes de cayucos y musiqueros en el CRAREZ (no incluye marimba ni equipo de sonido –porque qué tal que se hunden y luego no reponen-, pero sí le echamos muchas ganas a la cantada… bueno, más o menos. Depende, pues). Este cayuco sólo cotiza en las bolsas de resistencia. Continuará en el próximo cayuco…”, (claro, había que dar la vuelta alrededor del cayuco y en las paredes internas para leer completo el “nombre”; sí, tiene usted razón, el submarino enemigo va a tardar tanto tiempo en transmitir el nombre completo de la nave a hundir que, cuando termine, la embarcación ya habrá atracado en las costas europeas).
El asunto es que, mientras labraban los troncos, se corrió el chisme. El amado Amado le contó al Pablito que le contó al Pedrito que le informó a Defensa Zapatista que lo consultó con la Esperanza que le dijo a la Calamidad “no le digas a nadie” que lo contó a sus mamaces que lo dijo en el grupo de “como mujeres que somos”.
Cuando le dijeron al SupGaleano que venían las mujeres, el Sup se encogió de hombros y le pasó al Monarca la llave que llaman española, de media pulgada, mientras escupía pedazos de la boquilla de su pipa.
Al rato llegó el Jacobo: “Oí Sup, ¿va a dilatar el SubMoy?”
“Ni idea”, respondió el SupGaleano mientras miraba desconsolado su pipa rota.
Jacobo: “¿Y tú lo sabes cuántos van a viajar?”
El Sup: “Todavía. La Europa de abajo no ha respondido cuántos pueden recibir. ¿Por qué?”
Jacobo: “Pues es que… mejor ven para que miras”.
El SupGaleano rompió otra pipa mirando la “flota” zapatista. En la ribera del río, los 6 cayucos con nombres estrafalarios, alineados, estaban llenos de macetas y flores.
“¿Y eso?”, preguntó el Sup sólo por trámite.
“Es su carga de las compañeras”, respondió Rubén resignado.
El Sup: “¿Su carga?”.
Rubén: “Sí, vinieron y nomás decían “esto se va a ocupar” y fueron dejando esas plantitas. Y luego vino una niña que no sé cómo se llama pero preguntó que si el viaje tarda en llegar, o sea que si dilata en que llegamos donde vamos. Le pregunté por qué, que si es que van sus mamaces o qué. Me dijo que no, que era porque quería mandar un árbol, así chiquitillo, que de repente, si dilatamos en el viaje, pues ya llega ya crecidito y podemos echar pozol a la sombra si se pone muy fiero el sol.”
“Pero si todas son iguales”, alegó el Sup (refiriéndose a las plantas, claro).
No, dijo la comité Alejandra. Ésta es estafiate, para el dolor de panza; ésa es tomillo; aquella es hierbabuena; allá manzanilla, orégano, perejil, cilantro, laurel, epazote, zábila; ésta es para si tienes diarrea, ésta para quemaduras, ésa para mal de sueño, allá para si duele tu diente,acá la de cólicos, ésta se llama “sánalo todo”, otra de allá para el gómito, también momo, yerba mora, cebollín, ruda, geranios, claveles, tulipanes, rosas, mañanitas; y así.
Jacobo se sintió obligado a aclarar: “Ya que terminábamos un cayuco, cuando volteamos a ver, ya estaba lleno de monte. Otro, y otra vez lleno. Ya llevamos 6, por eso pregunto si seguimos haciendo más, porque igual los van a ir llenando.”
“Pero si mandan todo eso, ¿dónde van a ir los compañeros?” quiso razonar el Sup con una compañera, coordinadora de mujeres, que cargaba en los brazos dos macetas y un pichito en su rebozo terciado a la espalda.
“Ah, ¿a poco van a ir hombres?”, dijo ella.
“Como sea, tampoco van a caber las mujeres”, alegó el Sup “al borde de un ataque de nervios”.
Ella: “Ah, es que nosotras no vamos a ir en barco. Nosotras nos vamos a ir en avión, para que no nos gomitamos. Bueno, siempre sí un poco, pero menos.”
Sup: ¿Y quién les dijo que ustedes en avión?
Ella: Nosotras.
Sup: ¿Pero de dónde la sacaron toda esa palabra que me estás diciendo?
Ella: “Es que llegó la Esperanza en la reunión de como mujeres que somos y nos informó que todas vamos a morir miserablemente si vamos con los malditos hombres. Entonces lo pensamos en asamblea y llegamos en el acuerdo de que no tenemos miedo y estamos muy dispuestas y decididas a que los hombres mueren miserablemente y nosotras no.
Ya hicimos la cuenta y vamos a rentar el avión que compró el Calderón para el Peña Nieto y que los malos gobiernos de ahora ya no saben cómo hacer. Dicen que 500 pesos el boleto por persona. Ahorita van apuntadas 111 compañeras, pero creo faltan los equipos de fútbol de las milicianas. Así que, si sólo vamos 111, serían 55,500.00 pesos, pero mujeres y pichitos sólo pagan la mitad, entonces 27,750. Falta descontar el IVA y la bonificación por gastos de representación, así que digamos que unos 10 mil pesos por todas. Eso si el dólar no se devalúa, entonces pues menos. Pero, para no estar alegando por la paga, les vamos a dar al buey de mi compadre, que está igual que no digo quién, pero qué le vamos a hacer, así son todos los machitos.
El SupGaleano quedó callado de una vez, tratando de acordarse dónde diablos dejó la pipa de emergencia. Pero cuando lo miró que las mujeres empezaron a acarrear gallinas, gallos, pollitos, cuches, patos y guajolotes, le dijo al Monarca: “Rápido, llámale al SubMoy y dile que es muy urgente que venga”.
La procesión de mujeres, plantas y animales se alargaba más allá del potrero. Les seguía la fila de la pandilla de Defensa Zapatista: la columna de la horda la abría el Pablito, que ya en modo “si no las vences, úneteles”, llevaba un su caballo, seguido del amado Amado con una su bicicleta –con la llanta ponchada-. Luego el gato-perro arreando un hato de ganado. Defensa y Esperanza medían los cayucos calculando si entraban las porterías. El caballo choco llevaba en el hocico una red con botellas de plástico. Calamidad pasó cargando un cuchito que chillaba aterrado, temiendo que lo arrojaran al río para rescatarlo luego… ¿y no?
Cerraba la columna alguien que se parecía extraordinariamente a un escarabajo, con un parche pirata en el ojo diestro, un alambre retorcido en una de las patitas –a manera de garfio-, y en otra una especie de pata de palo, aunque no fuera más que una astilla de alguno de los bejucos labrados. El extraño ser, blandiendo una laminita de cubre bocas, declamaba con elogiable entonación: “Con diez cañones por banda, / viento en popa, a toda vela, / no corta el mar sino vuela / un velero bergantín. / Bajel pirata que llaman / por su bravura “El Temido”, / En todo el mar conocido / del uno al otro confín.”.
Cuando regresó el Subcomandante Insurgente Moisés, jefe de la expedición en ciernes, encontró al SupGaleano sonriendo inexplicablemente. El Sup había encontrado otra pipa, ésta sin romper, dentro del bolsillo de su pantalón.
Alejandro Romo/Newsweek Aguascalientes
19 octubre 2020
Desde el mediodía de este lunes iniciaron las acciones de búsqueda de personas desaparecidas en las inmediaciones del velódromo de Aguascalientes en el Complejo Tres Centurias, de donde familiares y activistas recibieron información y posibles indicios de que podrían haber restos de personas que fueron víctimas de desaparición forzada entre los años 2010 y 2015.
Luego de que el sábado se frustrara el operativo de búsqueda que se pretendía realizar, este día acudieron al sitio elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezados por el comisario de la Policía Ministerial, Juan Muro Díaz, además de integrantes de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos Estatales.
Al llegar a las instalaciones del velódromo, las autoridades tendieron un cerco de seguridad, en el que se prohibió el acceso a los medios de comunicación, para que en la zona sólo permanecieran las brigadas de búsqueda, los miembros de los colectivos y los familiares de las personas desaparecidas.
Tras la autorización del gobierno estatal, se comenzaron los trabajos.
Para ello se abrió una parte de las láminas que se encontraban en la parte superior del pozo en donde se cree que pudieran encontrarse los restos de una o más personas desaparecidas.
Posteriormente, los elementos de Protección Civil ingresaron un dron amarrado a varias cuerdas para proyectar en una cámara lo que se encontraba al interior de la fosa.
De esta forma se corroboró que la profundidad del lugar era superior a los 50 metros, encontrando una gran cantidad de basura y residuos en el fondo.
Debido a las condiciones que se observaron en el dispositivo, la brigada de búsqueda comunicó a los familiares que antes de realizar un descenso de rescate sería necesario medir la presencia de gases al interior del pozo, y evitar poner en riesgo a los elementos de bomberos.
Por lo anterior, se determinó posponer el descenso al fondo del pozo para el próximo miércoles a las ocho de la mañana, a fin de gestionar a la empresa Veolia Aguascalientes la incursión de un explosímetro que permita medir el nivel de explosividad de los gases que pudieran estar acumulados.
La coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), Violeta Sabás Díaz de León, informó que mientras tanto, el lugar se quedará resguardado con un cerco de seguridad y vigilancia policíaca, para evitar que se puedan manipular posibles indicios para la localización de personas.
“En lo que se consiguen los equipos van a quitar una parte de la plancha de metal para que se pueda ventilar el espacio y sea menos riesgoso para los bomberos, mientras tanto se va a dejar la cadena de custodia con una patrulla para que nadie pueda acceder”.
Asimismo, se procedió a retirar una parte de la estructura metálica para ventilar el fondo del pozo y reducir el riesgo para los bomberos que descenderán.
“En el fondo hay muchísima basura, se observan muchas bolsas, nosotros desconocemos las condiciones en las que pudieran estar, si logramos localizar a la persona que se menciona que se pueda encontrar ahí, por eso es indispensable que los bomberos puedan descender y con esto asegurarle a las familias si se encuentra algo”.
La activista mencionó que una vez que concluyan las investigaciones en el pozo, se realizará la búsqueda en un segundo punto del complejo, en las instalaciones del Grupo Modelo, en donde también se tienen indicios de que pudiera haber restos de personas desaparecidas, para lo cual ya se iniciaron las gestiones ante el gobierno estatal, la empresa y el arrendatario.
“Primero vamos a agotar este punto y posteriormente vamos a acudir al segundo punto, en la cervecería Modelo, donde tenemos mayores indicios de que ahí pueda haber restos, afortunadamente ahí no va a ser un trabajo físico tan extenuante porque no se tienen que retirar láminas, pero ya estamos gestionando las autorizaciones para acordar con fiscalía para que también pueda estar en resguardo”, concluyó.
En Guadalajara el horror se ha incrementado en los últimos meses. Ahí, cualquier vivienda puede ser usada para desaparecer gente. La localización de estos sitios aumentó más del 150% en 2019, en comparación con las fincas localizadas en 2018, mientras los reportes de personas desaparecidas superaron el 200% en el mismo lapso
Jonathan Ávila, Francisco Campos, Darwin Franco y Dalia Souza / Zona Docs
En la madrugada el 2 de mayo de 2019 “Pedro” cayó desvanecido en un cruce de calles cercano al centro de Guadalajara, en el occidente mexicano. Su cuerpo reflejaba heridas provocadas por arma blanca de las que emanaba sangre, que se mezclaba con el sudor producido por la agitación al correr a la velocidad que le permitían las piernas del lugar en el que había permanecido cautivo.
Kilómetro y medio lo separaba de la casa ubicada en la calle Río Bravo, de donde 30 horas más tarde liberaron a otras nueve personas. En el jardín habían enterrado a siete más.
Esta historia forma parte de una investigación realizada por ZonaDocs, en alianza con la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) y muestra cómo Guadalajara ha vivido una escalada de terror en los últimos años.
La finca donde escapó “Pedro” forma parte de las 28 localizadas que se localizaron en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en 2019, y que ahora son conocidas como “sitios de exterminio”. Este concepto es una resignificación de las familias de personas desaparecidas en México para “dar cuenta de la multiplicidad de mecanismos de eliminación y tratamiento de los restos humanos y cuerpos”, como refiere Carolina Robledo, coordinadora del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense.
Se les denomina “de exterminio” porque es donde se tienen cautivas a personas privadas ilegalmente de su libertad, se les somete a tortura física en condiciones de hambre y muchas veces son asesinadas, condenadas a ser inhumadas de manera clandestina en una fosa o cohabitan con cuerpos en descomposición.
La localización de estos sitios incrementó 154% en 2019, en comparación con las fincas localizadas en 2018. Asimismo, hubo un incremento de 700% en el número de hallazgos de segmentos de cuerpos en bolsas plásticas, lo que refleja la sofisticación en la técnica de la violencia en medio de una confrontación criminal que ha dejado expuesta a la población de esta metrópoli.
También durante 2019 se registraron 466 personas asesinadas y localizadas en la vía pública en los nueve municipios que integran la ZMG. De éstas, 137 mostraban huellas de tortura y al menos 70 se encontraban atadas, tal y como reportaron las autoridades al encontrar personas privadas de su libertad en los sitios de exterminio al momento de su localización.
Según las investigaciones de Carolina Robledo, este tipo de mecanismos de administración de cuerpos y el exceso de exposición de los crímenes de exterminio “revela signos de una enorme crueldad que no solo se ejerce sobre los cuerpos, sino que se ejerce sobre la población entera gracias a la instalación de terror”.
A la par de la proliferación de sitios, Jalisco fue catalogado por las autoridades federales como el estado con el mayor número de personas desaparecidas en el 2019. Tan sólo en los primeros cuatro meses, los reportes de personas desaparecidas incrementaron 227% con respecto al mismo periodo del 2018, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), administrado por autoridades federales de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Esta crisis en materia de personas desaparecidas que atravesó el gobierno estatal de Jalisco fue contenida, según diversas fuentes consultadas para esta investigación, mediante una operación para eliminar cifras de personas desaparecidas.
La orden fue dada por el fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, a la fiscal especial Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, designada en enero de ese año. Las personas encargadas realizaron operativos de llamadas, pero cuando no respondían las llamadas se dio de baja la carpeta de investigación. Así lo revelan ex funcionarios de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y otros funcionarios del actual Gobierno de Jalisco, cuyos nombres fueron reservados por su seguridad.
Con esta operación el número de personas localizadas incrementó enormemente en el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, una plataforma estatal lanzada en marzo de 2019 para “hablar con la verdad”, según la explicación del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
Sin embargo, las familias de personas desaparecidas en la entidad han señalado su desconfianza sobre este registro, ante la incidencia de casos que llegan todos los días a ser reportados y porque han destacado que saben que no todas las carpetas están incluidas en ese registro.
Frente a la incertidumbre en las cifras y la proliferación de sitios de exterminio, los colectivos de búsqueda en Jalisco han hecho un llamado a la sociedad para que, de manera anónima, denuncie la violencia y se localicen más sitios de exterminio. Con esto, tienen la esperanza de encontrar a su familiar desaparecido, pidiendo que “regrese en las condiciones que sea, pero saber dónde está”, como dijo Mónica, integrante del colectivo de familiares de personas desaparecidas Por Amor a Ellxs.
***
Si quiere ver conocer más sobre esta investigación ingrese aquí:
*Esta investigación fue realizada por Jonathan Ávila, Francisco Campos, Darwin Franco y Dalia Souza paraZonaDocs en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
Chihuahua.- No importa de cuál municipio se trate, la respuesta es la misma: “el maíz se murió”, “el que se logró, nomás pa’ semilla queda”, “a quien le pegó, no le alcanza para la casa, menos para la comunidad”.
Así, en las comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara se habla con tristeza de la cosecha que perdieron por la falta de lluvia y advierten que, por la falta de alimento, muchas personas se verán obligadas a migrar para sostener a sus familias.
Sus voces no tienen eco en la guerra por el agua que inició por la presa El Granero en enero. En especial durante los últimos dos meses, cuando los efectos de la sequía fueron más evidentes en el territorio estatal.
En agosto, por ejemplo, en el municipio de Bocoyna era reiterativa la sorpresa de sus pobladores respecto a la falta de hongos y diariamente sumaban el tiempo que llevaban sin lluvias. Se habló, además, de la cantidad de víboras muertas que encontraban en su caminar por los cerros.
Ese mes inició con la noticia de la declaratoria de emergencia que pedía el gobierno de Chihuahua por la sequía y se confirmaba con la preocupación de que, desde el 2012, no habían tenido meses tan secos.
Cuando se le pregunta cómo están las cosas por su pueblo, Meregildo Reyes se lleva lentamente las manos a la cabeza y respira tranquilo: “Se murió casi todo… parecía que se estaba componiendo para el frijol, pero llegó el hielo la semana pasada y también lo mató”.
En Baqueachi, Carichí, de donde él es originario, hay aproximadamente 700 familias que siembran para autoconsumo. El que es bueno para sembrar, platica Meregildo, le alcanza hasta para vender, pero ahora pueden advertir que la mayoría tendrá que salir a trabajar fuera.
La helada que cayó en la última semana de septiembre, tampoco es buena señal porque es considerada negra, es decir, que la temperatura alcanza para matar las plantas, pero sin aportar humedad para la tierra.
El monitor de sequía del Servicio Meteorológico Nacional alertó que, de los 67 municipios de la entidad, 52 presentaban condiciones de condiciones de sequía y en 12, se presentaban condiciones de anormalidad en las lluvias en el periodo de enero a julio.
De ellos, 10 municipios presentan la condición de “anormalmente secos” a partir del mes de marzo y, 9 más, se incorporan a condiciones de sequía a partir de la segunda quincena del mes de junio y durante todo el mes de julio.
La preocupación creció en septiembre, cuando la mayor parte de las cosechas de autoconsumo se perdieron junto con la esperanza que guardaban las comunidades indígenas al inicio de año, cuando vieron en la humedad que dejó el invierno la posibilidad de producir lo necesario para sus familias en el panorama de la contingencia por el Covid-19 que los llamaba a permanecer aislados.
Otro de los impactos económicos y sociales que traerá la sequía, será el aumento de incendios forestales provocado a la falta de humedad y las altas temperaturas que se pronostican para 2021.
Al 15 de septiembre, en la Sierra Tarahumara se etiquetaron en sequía severa a los municipios de Balleza, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo y Guazaparez. En moderada se encuentran Batopilas, Cusihuiriachi, Urique y Uruachi. En la categoría de anormalmente seco se encuentran Bocoyna, Carichí, Madera, Maguarichi, Moris, Temósachi.
Pero en el discurso oficial, se ha limitado al daño para los productores y agricultores de la región centro-sur del estado que han mantenido su exigencia al gobierno de México de frenar la extracción del agua de las presas para salvar el ciclo del próximo año.
La lucha por el agua almacenada en las presas no le ha hecho justicia a nadie, pero el silencio que guardan los actores políticos que la han encabezado, es una muestra más del abandono histórico en el que se encuentran los habitantes de la Tarahumara.
En la comparecencia que tuvo el gobernador Javier Corral ante el Congreso del Estado, la Sierra tampoco fue tema de discusión, únicamente se mencionó para recordar que en esa zona se cosecha el agua que almacenan las presas.
Además, la falta de humedad y las altas temperaturas ponen en riesgo al bosque al generar condiciones para que aumenten los incendios forestales.
Catalina Motochi es una joven rarámuri que vive en El Pinito, municipio de Urique. Es madre de dos niñas y actualmente trabaja en un proyecto para rescatar el albergue que recibe a niños y niños indígenas de por lo menos 10 comunidades cercanas.
Desde su perspectiva, el próximo año será muy complicado para las familias de esta región ya que, además de tener poca comida, la suspensión de apoyos alimentarios por la contingencia de Covid-19, demanda más ayuda, pues varios de los niños, niñas y adolescentes son alimentados en los centros educativos y albergues.
Si a ello se suma la falta de maíz y frijol en las comunidades, la demanda de alimentos afectará significativamente a la dinámica familiar en varias de las comunidades indígenas, lo que provocará una mayor migración a las regiones de producción agrícola.
De Guachochi a Bocoyna la alerta se repite. Guillermo Palma, integrante de la fundación Construcción de Mundos Alternativos Ronco Robles (Comunarr) advirtió que la emergencia para la Sierra Tarahumara será peor a la 2012.
“Todavía no estamos viendo los alcances de esto. Si de por sí la cosecha no alcanza, aunque estuviera bueno el temporal de lluvia hay que completarlo consiguiendo despensa, la tierra es escasa, es muy deficiente en nutrientes y, ahora, si le sumamos a esta situación de sequía esto se va a poner muy grave y eso afecta mucho a la vida comunitaria”
Externó que el panorama será difícil incluso para las comunidades que han sido autónomas y han logrado construir una soberanía alimentaria, al observar cambios como la falta de hongos en agosto y el aumento de temperaturas entre mayo y agosto.
Cifras de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado ya advierten pérdidas de 90 por ciento de la producción de temporal, la cual está conformada por 447 mil hectáreas de maíz, frijol, avena y sorgo forrajero.
En los municipios serranos hay una superficie promedio de 30 mil hectáreas de maíz y frijol, que constituye la fuente principal de la alimentación de las comunidades indígenas y mestizas. La falta de lluvia durante el periodo de polinización del maíz ha provocado que no llene la mazorca completa lo que ocasiona daños en la producción.
El municipio que tiene mayor superficie de siembra es Guachochi con 8 mil 400 hectáreas de maíz en grano sembradas y 910 de frijol, seguido por Bocoyna con 5 mil 157 hectáreas de maíz y 436 de frijol.
En Carichí se sembraron 2 mil 365 hectáreas de maíz y 910 de frijol; mil 124 de maíz y 205 de frijol en Urique, así como 963 de maíz y 274 de frijol en Batopilas.
“Quienes no dependen mucho de la ayuda externa sobre alimentación, me refiero a aquellas (comunidades) que han podido seguir siendo lo que son, lo que queremos ser en el mundo rarámuri, lo van a ver difícil porque no hay agua. Con la pandemia, muchos pensamos en regresar a sembrar la tierra abandonada porque da seguridad, pero no contábamos con que no hay agua”
El daño que traerá la sequía a las comunidades indígenas escala también a su vida comunitaria. Palma explica que, desde su cosmovisión, los rarámuri trabajan juntos para ofrecer su cosecha al Onorúame, dios que los tiene sobre la tierra.
Compartir es una de las bases de las comunidades rarámuri para la supervivencia, ya que todos aportan con su trabajo y su tiempo. Si hay abundancia, es de todos, pero, lo mismo ocurre con la escasez: si una familia logra levantar una buena cosecha y las demás no, se comparte entre todos haciendo fiesta.
Cuando el alimento no alcanza, las familias comienzan a migrar y ahí comienza la fractura de la dinámica en la vida comunitaria ante el abandono de su territorio y, en la mayoría de los casos, de su cultura. Al no tener reuniones, ya no comparten el alimento, la palabra, sus preocupaciones ni la vida.
Sin agua, no es posible sembrar, sin cosecha no hay ofrendas para pedirle por la lluvia, para que haya comida y salud; al cambiar su contexto de vida comunitaria, no hay quien pueda trabajar la tierra, no hay tesgüino, las familias pierden sus tradiciones, su lengua y eso debilita al onorúame.
“Al Onorúame le gusta que le ofrezcamos lo que producimos. No podemos ofrecerle un maíz que no conocemos, no sabemos qué enfermedades trae, no sabemos si fue hecho con la explotación del hombre por el hombre. En cambio, lo que nosotros producimos, eso sí le gusta. Es una relación cíclica. Quien nos tiene sobre la tierra, necesariamente necesita que le demos de beber y comer para que tenga fuerza. Si no lo hacemos así, si no le regresamos lo que nos dio en forma de cosecha, él no va a tener fuerza y por tanto no va a poder mandarnos la lluvia, la nieve, salud, porque nosotros mismos lo hemos debilitado por no regresarle lo que nos ha dejado”
“Nosotros hemos dejado de cumplir. Ese compromiso que tenemos con él. Ya no hacemos danza, olvidamos el idioma, olvidamos la manera de comunicarnos con el territorio, nos vamos olvidando de caminarlo, de transitarlo, de vivirlo, entonces, esa es una explicación muy rarámuri, aunque sabemos que hay factores lejanos… Desde cómo vemos nosotros la realidad, es casi apocalíptica”
En su andar por la Tarahumara, cuenta, nunca había visto un panorama tan adverso e irreversible, pues, aunque los pueblos indígenas en varias partes del mundo han logrado conservar su territorio y recursos naturales, hay factores externos que les impide continuar con su labor.
A pregunta expresa, mencionó que el único camino posible para sobrevivir es fortalecer el sentido comunitario y, a la par, aprovechar elementos occidentales como la escritura para documentar la vida como es ahora y que su cultura no se pierda en el tiempo.
Respecto a las políticas públicas que se han implementado en la Sierra Tarahumara como el programa Sembrando Vida y aquellos programas asistenciales que continúan con la entrega de despensas por parte del Gobierno del Estado, opinó que hace falta que las instituciones entiendan la visión del mundo indígena.
Mencionó que la mayoría de los programas que llegan a las comunidades, tienen un enfoque empresarial que habla de un progreso ajeno a las comunidades, por lo que “programas irán y vendrán, pero si no hay un acercamiento real a la vida y lógica de los pueblos, sólo se continúa con la colonización”
“Si somos expulsados o exterminados por medio de programas, proyectos, la colonización que no ha terminado, se acelera mucho más este apocalipsis, si no existiera un rarámuri habitando un lugar donde hay agua, bosque, animales para cazar, no podría existir la vida”
Alejandro Romo/Newsweek Aguascalientes
17 octubre 2020
La mañana de este sábado, integrantes del Colectivo “Buscando personas, verdad y justicia” y del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) acudieron a las instalaciones del velódromo del Complejo Tres Centurias de Aguascalientes para llevar a cabo una brigada de búsqueda de sus seres queridos que se encuentran en calidad de desaparecidos desde hace más de cinco años.
Lo anterior, luego de que hace varios días los familiares recibieron información, fotografías y más indicios de que en una zona del complejo deportivo –que en la anterior administración estatal fungió como pensión para los vehículos de la Fiscalía General del Estado- podría haber restos de personas desaparecidas de Aguascalientes y Jalisco en el periodo de 2010 y 2015.
Con la esperanza de encontrar indicios sobre sus seres queridos, los familiares y activistas rodearon un pozo soldado en su parte superior de láminas de acero oxidado, pero que por unas rendijas se pudo ingresar una cuerda, calculando la profundidad en más de 50 metros.
Por lo anterior, se informó al servicio de emergencias 911 para que al lugar pudieran acudir los bomberos y elementos de Protección Civil, con maquinaria y equipo especializado para poder retirar la superficie de acero y descender hasta el fondo del pozo.
Minutos después comenzaron a llegar al lugar elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal e incluso varias unidades de la Guardia Nacional, quiénes acordonaron el lugar para preparar la zona que se iba a intervenir.
Pronto, los minutos se volvieron horas y no llegaban al lugar los bomberos ni los elementos con la maquinaria necesaria para iniciar los trabajos de búsqueda.
Únicamente arribaron al lugar agentes del ministerio público de la Fiscalía General del Estado, quiénes comenzaron a realizar observaciones con linternas Spotlight de alto alcance, para luego tomar fotografías y alejarse del lugar sin dar información a los familiares y activistas sobre lo que habían observado.
Pasado el mediodía, el comportamiento de los elementos policíacos, que en un inicio había sido de acompañamiento y empatía, se modificó al extender el cordón de seguridad hasta el acceso al estacionamiento, alejando así a los medios de comunicación a más de 50 metros de distancia del lugar donde se realizaría la búsqueda, advirtiendo que en caso de no acatar la medida no se iniciarían las labores, a pesar de que hasta ese momento tampoco habían llegado los bomberos con el equipo de rescate.
Tras tras tensas discusiones, jaloneos y empujones entre los policías municipales y los medios de comunicación, se desalojó la zona, dejando al interior únicamente a los familiares de las personas desaparecidas.
En ese instante se presentó en el lugar un particular de nombre Salvador López, quien dijo ser el director administrativo del Velódromo Aguascalientes, quien ordenó que las corporaciones policíacas se fueran del lugar, ya que se trataba de una “propiedad privada” a la que no tenían acceso para ingresar y realizar los trabajos de búsqueda.
Lo anterior, a pesar de que el velódromo es una infraestructura pública, dependiente del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), y de que durante la semana se informó al secretario general de gobierno del Estado, Juan Manuel Flores Femat, y a la Fiscalía General del Estado sobre la realización de los trabajos de búsqueda en la zona.
Al tiempo que desalojaban a los medios de comunicación, el presunto funcionario público afirmó a los familiares que si decidían quedarse ya no se les dejaría salir, por lo cual tuvieron que suspender la brigada de búsqueda que se tenía proyectada para este día.
Por lo anterior, la coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), Violeta Sabás Díaz de León, informó que se presentará una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (CDHEA) por las vulneraciones que se tuvieron por parte de las instituciones policíacas y de procuración de justicia para permitirles realizar las acciones de búsqueda.
Asimismo, la integrante del observatorio, Mariana Ávila Montejano, advirtió sobre el riesgo que existe de que los presuntos indicios del lugar puedan ser manipulados por terceras personas, ya que se retiró el cordón de seguridad que habían establecido los elementos policíacos para proteger el pozo que se iba a intervenir.
“La autoridad quiere trabajar de manera ilegal, o no sabemos lo que esté ocultando, porque se retiraron y no van a continuar labores hasta que nosotros nos retiremos, entonces al no haber condiciones para nosotros nos vamos a retirar en este momento y vamos a exigir la búsqueda e investigación en este espacio”, concluyó.
Hasta el término de esta redacción, ni la Fiscalía General del Estado ni el Gobierno Estatal se han pronunciado al respecto.
Más de 10 restos óseos que presumiblemente pertenecen a un individuo, fueron localizados por integrantes de tres colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, además de autoridades y un grupo de estudiantes que participaron en el apoyo de localización de restos humanos.
Lo anterior fue el resultado de una jornada realizada durante todo el día sábado, en la zona Sur de Mexicali, donde los más de 30 integrantes de la comitiva participaron en un trabajo de campo en terrenos baldíos y sitios despoblados, donde sospechaban que podían localizarse restos humanos.
Alrededor de las 10 de la mañana iniciaron la búsqueda donde caminaron por horas en diversos puntos del municipio. Sin embargo, fue alrededor de las 14 horas cuando detectaron lo que parecían ser restos óseos de humano, en pleno terreno despoblado.
Tras marcar un perímetro se le solicitó el apoyo a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que iniciaran las diligencias y recuperaran los restos, así como definir un perímetro para focalizar la búsqueda.
Más de 10 restos fueron hallados de lo que parece ser una vértebra, un fémur, entre otras piezas. Sin embargo, no se puede establecer si corresponden a una persona hasta que no se hagan los exámenes correspondientes.
Este operativo continuará el día de mañana domingo 18 de octubre, y se extenderá a otros municipios de la entidad, como parte de las labores en las que también participa la Comisión Nacional de Búsqueda.
Revelan que la compañía La Natividad y Anexas afectan a su río.
La comunidad indígena zapoteca de Capulálpam de Méndez denunció que la compañía minera La Natividad y Anexas está causando un grave impacto social y ambiental por la explotación y el saqueo de minerales en sus tierras comunales.
En una videoconferencia, acompañado del presidente municipal, Pedro Arreortúa Méndez, y de otras autoridades, el presidente del comisariado de Bienes Comunales, Néstor Baltazar Hernández Bautista, informó que la compañía minera ha contaminado el río Capulálpam y diferentes fuentes de agua por el derrumbe de tres presas de jales con desechos de plomo y arsénico.
Además, expuso que la explotación minera ha provocado la desaparición de trece acuíferos e incluso, ha contaminado el río Grande, en perjuicio de 26 comunidades indígenas de la Sierra Norte.
Aparte de esto, Hernández Bautista observó que la compañía minera está poniendo en grave riesgo de desaparición a la última área de acuíferos donde la comunidad se abastece de agua potable, esto por el inicio de un nuevo programa de saqueo de minerales en la región.
Destacó que Capulálpam de Méndez, como comunidad indígena con personalidad jurídica agraria, no ha autorizado manifestaciones de impacto ambiental a la compañía minera, ni ha otorgado permisos de operación en su territorio comunal.
Asimismo, el presidente del comisariado de Bienes Comunales resaltó que la comunidad indígena ha solicitado hablar con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, para conocer las razones de la operación de la compañía minera, a pesar de la contaminación generada en su territorio comunal.
De esta manera, subrayó que la Semarnat, junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), discrimina no solamente a Capulálpam de Méndez, sino a las comunidades indígenas de la Sierra Norte porque no han detenido el grave impacto ambiental, a pesar de las denuncias.
“Exigimos al Presidente y a la secretaria María Luisa Albores González, así como a Conagua y Profepa, que nos informen qué hacen para detener ese etnocidio”, terminó.
“No hemos tenido respuesta de la secretaria, a pesar de que hemos reiterado la urgencia de la reunión”, anotó finalmente Néstor Baltazar Hernández Bautista.
– Comunidades zapotecas denuncian discriminación del gobierno federal y estatal al negarles el derecho de audiencia
– Empresa minera ya desapareció 13 mantos acuíferos y su contaminación afecta a 26 pueblos de la Sierra Juárez.
OAXACA, Oax.- Autoridades municipales y agrarias de Capulálpam de Méndez denunciaron que la Semarnat, Profepa y Conagua discriminan a las comunidades indígenas zapotecas de la Sierra Juárez al negarles el derecho de audiencia y permitir que la compañía minera La Natividad y anexas opere clandestinamente en claro desacato a una sentencia que dictó el Juzgado Tercero de Distrito en octubre de 2019.
Y agregaron: “Capulálpam y las comunidades de la Sierra exigimos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, así como a Conagua y Profepa que nos informen qué hacen para detener ese etnocidio”.
Los inconformes alegan racismo y discriminación por parte de las autoridades federales y estatales ya que “el trato que hemos recibido es como de cuarta porque no podemos tener derecho de hablar de persona a persona porque somos indios”.
De igual forma, cuestionaron al gobernador Alejandro Murat porque “nos discrimina el gobierno de Oaxaca como en los tiempos de la colonia, aunque ahora se recrudece mas porque nos ignoran y pisotean privilegiando los intereses de las empresas del extractivismo”.
Muestra de ello es que la empresa minera La Natividad, aprovechándose de la pandemia por el covid-19, desacata el mandato judicial y sigue operando clandestinamente con la complacencia de las autoridades federales y estatales, en perjuicio de mas de 26 comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca.
En una conferencia virtual, el presidente municipal de Capulálpam de Méndez, Adrián Pedro Arreortúa Méndez y el de Bienes Comunales, Nestor Baltazar Hernández Bautista, denunciaron que por varios años su comunidad zapoteca ha denunciado el grave impacto social y ambiental causado por el saqueo de minerales en sus tierras comunales llevado a cabo por la compañía minera La Natividad y anexas.
Capulálpam ha denunciado ante Semarnat, Conagua, Profepa y el gobierno de Oaxaca el derrumbe de tres presas de jales con desechos contaminados al Río Capulálpam; la contaminación con plomo y arsénico de fuentes de agua; la desaparición de 13 acuíferos debido a las obras mineras; contaminación del Río Grande que cruza la Sierra Juárez y afecta a varias comunidades indígenas en la región, sin embargo, hay una inacción gubernamental.
Ahora, Capulálpam ha denunciado que un nuevo programa de saqueo de minerales pone en grave riesgo de desaparición la última área de acuíferos de donde la comunidad se abastece de agua potable.
Por tal razón, solicitaron hablar con la titular de la Semarnat María Luisa Albores González para que nos informe por qué Minera Natividad opera a pesar de que Capulálpam ha denunciado las consecuencias mencionadas, sin embargo, no han tenido respuesta alguna aunque enviaron un oficio el pasado 30 de septiembre.
Insistieron en que “como comunidad indígena con personalidad jurídica agraria no hemos autorizado manifestaciones de impacto ambiental a Minera Natividad permisos para que dicha minera opere en nuestro territorio comunal”.
Pese a ello, “no hemos tenido respuesta de la Secretaria Albores González a pesar de que le reiteramos la urgencia de dicha reunión. Hacemos un llamado a la Secretaria para que nos reciba”.
Recalcaron que Semarnat, Profepa y Conagua discriminan a las comunidades indígenas de la Sierra Juárez porque no han detenido el grave impacto ambiental a pesar de las denuncias presentadas.
Cabe mencionar que las autoridades de Capulálpam de Méndez informaron que en 2015 interpusieron una demanda de amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante la autorización de varias concesiones mineras en su territorio ancestral, entra ellas a la empresa Canadiense Endeavour Silver y a la compañía Natividad.
Y es que la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía asignó dichas concesiones a las mineras mencionadas para la exploración y explotación de oro, plata y otros minerales “sin haber consultado a la comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez como prevé el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Y en octubre de 2019, el Juzgado Tercero de Distrito ordenó cancelar las concesiones mineras, las cuales han sido desacatadas, por lo que hicieron un llamado al Poder Judicial Federal para que reactive ese proceso jurídico, ya que “mientras la empresa trabaja, los procesos judiciales se alargan y Capulálpam, el pueblo mágico puede convertirse en el pueblo trágico”, finalizaron.
Tres bebés murieron casi al nacer en el Hospital de la Familia, un hospital privado en Chihuahua. Las familias se encontraron en el duelo y decidieron iniciar un proceso para obtener justicia
Texto y fotos: Karen Cano
Tras nueve meses de gestación, José Jasiel nació el 10 de mayo del 2020 en el Hospital de la Familia (FEMAP), pero murió casi de inmediato. Sus padres acusan al nosocomio de negligencia médica y exigen justicia para su hijo.
Cuando el bebé asomó su cabeza por entre las piernas de su madre el doctor que atendía el parto lo empujó y lo devolvió al útero, porque aún no se encontraban en el quirófano. Con su acción le provocó la muerte por asfixia, denuncian la mamá y el papá del niño.
“Hasta me gritó, cuando él regresó al bebé me cerró las piernas y me dijo que no las abriera y que no pujara, que ahí no era para aliviarme, que tenía que esperarme a entrar a quirófano, pero yo ya no aguantaba, lo agarré y él se enojó y me dijo que lo soltara.
“Cuando ya nació el bebé empezó a gritarles a todos que se apuraran, que vinieran a cortar el cordón y ya se fueron, y ahí me dejaron con hemorragia, ya hasta después volvieron por mí y como a los 10 minutos me dijeron que ya había fallecido, que supuestamente había estado 20 minutos vivo, pero eso no es cierto”, relata Johany Salas, de 21 años, mamá de José Jasiel.
Ella y su marido ahora reclama justicia por su hijo. Lo hacen junto a otras dos familias que también culpan de negligencia al hospital de Femap por la muerte de sus bebés durante el parto: otro niño y una niña. Una familia más denuncia daño cerebral para su hija durante el nacimiento.
Organizarse para denunciar
Las cuatro familias decidieron unirse y buscar que se haga justicia para sus hijos. Este miércoles un par de abogados acudieron en su representación a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Ciudad Juárez para interponer una queja en contra de la institución médica.
“Aunque se trata de un hospital privado, no está exento de supervisión, por lo cual se tiene que realizar justicia al respecto y que se le apliquen las sanciones debidas por parte del Servicio Estatal de Salud”, declaró Carlos Gutiérrez Casas, abogado y uno de los asesores de este grupo de padres y madres.
Ante las acusaciones, La Verdad buscó la postura del hospital de FEMAP, sin embargo, a través del departamento de Trabajo Social se respondió que el responsable de atención a medios se encontraba incapacitado, por lo que no se darían declaraciones al respecto.
Duelo el Día de las madres
El Día de las madres Johany llegó al Hospital de la Familia (FEMAP) a las siete de la tarde, acompañada de su marido, José Enríquez de 43 años.
Todo estaba en orden para la pareja, quienes aseguran que mes a mes daban seguimiento médico a la gestación de su segundo hijo, su primogénita tiene cinco años.
José explica que apenas llegando al hospital le pidieron a su esposa que se pusiera a caminar, pues consideraban que aún faltaba para que iniciara el alumbramiento; mientras eso ocurría, a él le cobraron por adelantado los servicios que se le iban a prestar.
“El doctor Sáenz que atendió el parto me pidió el pago por adelantado, le dije que me diera unas horas para completarlo, él se molestó y me exigió el deposito dos veces, quiero pensar que por eso hizo el acto, tal vez pensó que no le íbamos a pagar”, relata José.
Al momento de estar ahí, Johany se percató que otra de las madres atendidas en labor de parto era trabajadora del hospital, y sintió que todas las atenciones se volcaron hacia ella, siendo este otro factor que les dejó con la percepción de que no fueron debidamente atendidos.
“Nosotros siempre vimos que el bebé se movía (en el vientre), nunca hubo una complicación, ahí le pusieron que muerte por asfixia al nacer, yo les dije que no concuerdo con eso porque yo lo vi 9 meses y ella nunca se complicó, no coincide. De hecho, a mí (el doctor) me regañó, de que no la llevaba a revisar y me preguntó qué si tenía ultrasonidos, y le dije que sí”.
Mientras José terminaba de reunir el dinero que le estaba siendo solicitado, dice que recibió la noticia de que su bebé había nacido y que a los minutos había muerto, presuntamente por problemas en su sistema respiratorio.
“Se contradijeron todos, ahí le pusieron que 20 minutos vivo (en el acta de defunción), a mí me dijeron que nació a las 9:55 y que murió a las 10, y la versión que me dio el doctor es que tenía problemas respiratorios”, relata el hombre.
Luego de escuchar la versión de su esposa, ambos tuvieron la certeza de que lo que había ocurrido era una negligencia, comenta durante la conferencia de prensa donde anunciaron la queja que interpusieron ante la CEDH contra el hospital.
En medio de su duelo, dice que en junio pasado tuvieron conocimiento, a través de redes sociales, de una madre que también tuvo su parto dentro del mismo hospital, y que denunciaba malos tratos y omisiones.
En su caso, ella decidió firmar su acta voluntaria y llamar una ambulancia para llevar a su hija recién nacida y aún con vida a otro nosocomio donde fue atendida.
Sin embargo, debido a la presunta falta de atención en el alumbramiento, la niña tuvo problemas con la oxigenación y ahora tiene una discapacidad, razón por la cual tendrá que ser atendida de por vida con terapias especiales.
Al mensaje de la mamá de la bebé que quedó con secuelas por el trato que recibió durante el parto en el Hospital de la Familia respondieron otras dos familias de otros dos bebés que también murieron en medio de una serie de supuestas irregularidades, en marzo y en junio.
Las cuatro familias decidieron unirse y buscar justicia para sus hijos. Este miércoles 14 de octubre, un par de abogados acudieron en su representación a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para interponer una queja en contra de la institución.
Morir al nacer
Otro de los bebés que murió fue Ulises, él no alcanzó a nacer. Su madre, una menor de edad, narra que durante la mañana del día de nacimiento se le rompió la fuente, por lo que acudió al hospital con su esposo.
Toda la tarde de ese día estuvo en labor de parto, luego duró toda la madrugada con 8 de dilatación. Fue hasta la mañana del día siguiente cuando alguien llegó y reviso al bebé aún dentro del vientre.
Durante la revisión médica se determinó que su frecuencia cardiaca variaba y que ella ya se encontraba muy fatigada; su bebé tuvo que salir por la fuerza, sin embargo, fue reportado como muerto al nacer. A ella le dijeron que su hijo falleció porque había comido excremento.
Esto mientras que, al padre, que no abandonó el hospital, se le informó que el cordón umbilical había perdido comunicación con la madre lo que provocó la muerte del bebé. Para ambos, esta es una irregularidad que muestra una negligencia.
Durante la conferencia de prensa se denunció que tres de los cuatro partos exhibidos ocurrieron durante la madrugada, y que consideran que las madres no fueron atendidas a tiempo ni de forma debida porque el hospital no contaba con un doctor de guardia.
Carlos Gutiérrez Casas, uno de los asesores de este grupo de padres y madres, dijo que la intención es llevar estos casos a todas las instancias disponibles, para que se cuestione y sancione el proceder del personal del hospital.
Otro de los abogados de los casos, Aarón González, dice que el primer acercamiento fue con el FEMAP, pero ellos sólo se limitaron a ofrecer atención psicológica a los padres de familia, la cual fue rechazada.
Gutiérrez Casas comenta que el nosocomio de FEMAP se ostenta como un organismo altruista, y que de hecho recibe donaciones por parte del estado, por lo que con más razón es necesario una vigilancia de su actuar hacia los pacientes, especialmente en el caso de estas víctimas.
“Todo esto sucedió porque no existen los protocolos debidos, no los cumplieron o no sabemos si quiera si los tienen” afirma.
En compañía de algunos de los padres de los bebés exigió públicamente a la CEDH que no evada su responsabilidad para proteger a un hospital privado.
“Sabemos quién lo administra, pertenece a una familia poderosa y por lo cual no permitiremos de ninguna manera que queden absueltos o impunes en esta situación de la que hablamos”, afirma sin abundar en nombre.
En la página electrónica del nosocomio aparece como presidenta vitalicia Guadalupe Arizpe de De la Vega, quien es mamá de Alejandra de la Vega Arizpe, empresaria y secretaria de Innovación y Desarrollo Económico en el gobernador Javier Corral Jurado, quien al igual que su hermana Guadalupe aparece como parte del consejo directivo de esta institución médica.
Toda esa historia es ajena para José, papá de José Jasiel, quien dice aún no supera el duelo por la muerte de su bebé.
Se le cuestiona si con su denuncia busca una indemnización, pero el hombre asegura que solo quiere que su sufrimiento no se repita en otros padres.
Aunque asegura que la situación generó a su familia gastos no contemplados como los pagos por servicios funerarios y de sepultura, más que una compensación monetaria lo que quieren es que otras familias no pasen por el dolor que su esposa y él están viviendo.
“Que corran al doctor a mí no me sirve de nada, a nosotros no se nos puede reparar el daño, pero a otras familias si puede ayudarles (que lo quiten)”, dice.
Mexicali.- El Valle de San Pedro es un panteón clandestino, expresó Fernando Ortigoza, coordinador de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos en Baja California, quién dio a conocer que durante la pandemia se han localizado 90 cadáveres y restos óseos en la entidad.
Durante la mañana de este jueves se localizaron tres cuerpos en este valle que se localiza al oriente de Tijuana, en las inmediaciones con Tecate.
En un operativo militar se detectaron los cadáveres por lo que se dió aviso a la Fiscalía General del Estado. Además de soldados y policias, en los trabajos de rastreo participaron 17 personas de tres colectivos de búsqueda de personas, de los nueve que trabajan en esta entidad del noroeste mexicano.
Se detectaron tres cadáveres pero creemos que hay más, dijo al tiempo de informar que de los 90 casos hay 25 en proceso de identificación a través del análisis del ADN y resultaron positivos ocho personas por lo que sus cadáveres y restos óseos fueron entregados a sus familias.
De acuerdo a Ortigoza, un hombre que mantiene la búsqueda de su hijo y coordina está instancia oficial, en la zona aledaña del fraccionamiento Urbi Villa del Prado se han localizado más de la mitad de las víctimas, aunque también en la zona de Milenio o en puntos del municipio de Tecate.
La protesta fue antecedida por una corta marcha que salió del parque de la Revolución y concluyó en el edificio universitario, donde en su explanada, las feministas colocaron cruces color rosa con consignas de justicia y el cese al acoso de mujeres estudiantes
Celia Niño / UDGTV
El grupo Feministas Autónomas realizó una protesta en la explanada de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara por el asesinato de Noelia Nitzayé de la Torre Muñoz, mujer de 26 años egresada del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y quien contaba con reporte de desaparición desde el pasado 8 de octubre cuando por la mañana salió de su casa en la zona de Federalismo y Periférico con rumbo a su trabajo pero nunca llegó, y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado viernes 9 del mismo mes.
La protesta fue antecedida por una corta marcha que salió del parque de la Revolución y concluyó en el edificio universitario, donde en su explanada, las feministas colocaron cruces color rosa con consignas de justicia y el cese al acoso de mujeres estudiantes, mientras que al pie de las puertas de ingreso, instalaron un altar de muertos en honor a Noelia, ex alumna de la licenciatura en Química.
Esta movilización también incluyo la exigencia de justicia para el caso de Daniela, la estudiante de la carrera de medicina que en enero de 2019 fue agredida sexualmente por un grupo de compañeros de clase apodados “los tornillos”.
Texto y Fotos: Arturo Contreras Camero / Pie de Página
Desde el lunes tres comunidades otomíes y una mazahua ocupan una parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Piden que el gobierno de la Ciudad de México responda sus demandas de vivienda, mismas que llevan esperando desde hace 20 años. El titular de la dependencia federal, Adelfo Regino, abrió este jueves una invitación al diálogo
“¡Ya llevamos 500 años y 28 más resistiendo! Podemos quedarnos más así”, dice con sorna Isabel Valencia. Frente a ella, la fachada de las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) está cubierta de pintas con las siglas EZLN y pósters de Zapata. “Si quieren tardarse, que se tarden, allá donde vivo no tenemos lo necesario para pasar la pandemia. Cuando llueve tenemos que esperar hasta las tres de la mañana para que se baje la suciedad que sale de las coladeras y poderse acostar uno en ahí en la calle”. Isabel Valencia lleva viviendo así más de dos décadas.
El pasado 12 de octubre, a 528 años de que Cristóbal Colón llegara a las costas de América, cuatro grupos indígenas, todos unidos bajo el amparo del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno, tomaron las oficinas del INPI. El rechazo del gobierno a un diálogo y a brindarles atención une sus reclamos. A algunos los han ignorado por 23 años, a otros por 3. Buscan una opción de vivienda asequible, que les permita seguir viviendo en la ciudad.
“Nos dicen que somos necios, que no entendemos; si llevamos años de que nos prometen y se van, llega otro y hace lo mismo. Esta 4T, nos dijo cuando llegó, que nos esperemos un poquito, porque se estaba haciendo la transición”, remata Isabel, detrás de ella un grupo de niñas y niños toma clase en una mesa en la calle, personas entran y salen del edificio con cara de estar muy ocupados.
Isabel dice que ha vivido toda su vida en la ciudad, llegó cuando tenía 4 años, con su familia, provenientes de Santiago Mezquital, en Querétaro. Venían buscando una mejor vida. Cuando llegaron rentaban un cuartito muy pequeño en el que apenas cabían, a veces no les alcanzaba para pagar la renta, hasta que el 19 de septiembre del 85 el edificio donde rentaban se desplomó.
“Era muy difícil encontrar dónde rentar, a veces era muy caro, a veces muy lejos, a veces no nos dejaban en un lugar por los niños, ya ve que son familias muy grandes. Por la necesidad de no tener dónde vivir y de decir no hay para la renta, vimos todo lo que se había caído y dijimos vámonos para allá. Y fuimos habitándolo poquito a poco y fueron llegando más hermanos otomíes, dijimos vamos a ayudarnos y vamos a apoyarnos, vamos a estar aquí para ver lo que sea necesario. Hasta hoy, desde el día que decidimos quedarnos ahí, no hay una respuesta (de las autoridades”.
En 1997 Isabel y su familia llegaron al inmueble de Zacatecas 74, en la colonia Roma. Su caso es similar al del predio en Guanajuato 209, también en esa colonia; al de Roma 18, en la colonia Juárez y al de Avenida Zaragoza 1434, en Pantitlán, según explica Filiberto Margarito Juan, uno de los dos concejales de estas cuatro comunidades indígenas de la ciudad.
“Tomamos este edificio y así va a estar hasta que nos den respuesta sobre la expropiación de los predios de Zacatecas y Guanajuato, así como de una dotación de vivienda para las 80 familias de Roma 18 y para las familias Mazahuas de Pantitlán”, asegura. “La verdad es que aquí vivimos mejor, aquí hay agua, hay luz, hay cocina, hay para hacer todo lo demás. En el campamento llueve y hace frío.”
Los otomíes piden al gobierno de la Ciudad de México (desde hace más de 20 años) que expropie los terrenos de la colonia Roma para que el Instituto de Vivienda, que desarrolla vivienda social, construya lugares a los que las familias indígenas puedan acceder mediante créditos. Para el caso de Pantitlán y la Juárez, piden vivienda de interés social dentro de las cercanías de sus actuales hogares.
INPI abre diálogo
La mañana del jueves el Instituto de los Pueblos Indígenas publicó una carta en la que asegura que un día antes esa institución así como la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos local habían acudido a establecer comunicación con los pueblos otomíes.
«El miércoles 14 de octubre se plantea una mesa de trabajo al grupo en cuestión a fin de brindar la información acerca de los avances en la atención de la problemática planteada respecto al derecho de la vivienda además de ofrecerles una reunión personal con el titular del instituto Adelfo Regino Montes para ser atendidos”, dice el comunicado.
Al respecto, las comunidades indígenas aseguran que conocieron el comunicado apenas el jueves por la mañana, por medio de redes sociales y planean emitir una respuesta este viernes. Mientras tanto, los pueblos otomíes planean llevar a cabo un foro en las instalaciones tomadas al que se invitaron a distintas personalidades del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno.
Su okupa, sin embargo, no alcanza todos los rincones del edificio. Solo el vestíbulo de recepción, donde las paredes están tapizadas de pósters con motivos de la lucha indígena y personalidades como Samir Flores, defensor medioambiental asesinado en Huexca, Morelos. Detrás de ella, en el cubículo de las escaleras, es donde duermen los hombres, en las esquinas de los descansos se pueden ver unas colchonetas de hule espuma sin forro y unas mantas viejas. Arriba, en la primera planta un letrero dice “Entrada solo mujeres”. Detrás de la puerta, entre los pasillos de los cubículos, los escritorios y las computadoras hay algunas bolsas para dormir. “No hemos tocado nada del material de oficina de equipo”, dice Filiberto. Es cierto, más que una okupa, parece que los funcionarios oficinistas hubieran trasnochado en la oficina por un proyecto muy demandante. Abajo, en el estacionamiento hay una cocina improvisada y unas cuantas sillas, el resto del inmueble permanece en silencio.
Por ahora solo 15 de los más de 60 camiones recolectores de basura, se encuentran circulando por la ciudad
Cancún.- Desde hace varias semanas se ha hecho evidente que en distintos puntos de la ciudad no ha pasado el camión de la basura y esta se ha ido acumulando siendo un latente peligro de salud, además de que genera mal aspecto para la ciudad.
Sin embargo la crisis de la basura continúa y es que durante la noche del miércoles, alrededor de 200 trabajadores de la empresa Inteligencia México, contratada por Solución Integral de Residuos Solidos (Siresol) para la recolección de la basura en Cancún, se fueron a paro laboral.
Entre los problemas que exigen que les den una solución están la falta de pago del reparto de utilidades, descuento en su salario injustificado e incluso algunos fueron víctimas de tres supervisores quienes para garantizarles su puesto, les pedían favores, regalos y dinero en efectivo, también exigen un horario fijo ya que trabajan más de 12 horas diarias.
Además denunciaron que no cuentan con equipo de trabajo, como guantes o botas e impermeables y que se encuentran expuestos a enfermedades
Por ahora solo 16 de los 60 camiones recolectores de basura, se encuentran circulando por la ciudad
Elementos de la Policía Quintana Roo tuvieron que intervenir durante la manifestación que se realizó en el “encierro” ubicado en la Ruta 5 de Cancún, luego de que se diera un conato de enfrentamiento entre los trabajadores y personal administrativo.
La inconformidad de la comunidad zapoteca, por un proyecto eólico de Electricité De France. Foto: Especial.
OAXACA, Oax. (apro).- La comunidad indígena de Unión Hidalgo presentó una demanda civil ante la Corte de Paris, Francia, en contra del gigante energético Electricité de France (EDF), el cual pretende imponer el parque eólico Gunaa Sicarú en ese territorio zapoteco sin su consentimiento, situación que viola sus derechos humanos.
La demanda que es acompañada por las organizaciones Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla su obligación de respetar derechos humanos.
Según la ley francesa, desde 2017 establece el deber de vigilancia y cumplimiento a derechos humanos, misma que se retomó para evitar que se sigan cometiendo mayores violaciones en contra de esta comunidad indígena asentada en el Istmo de Tehuantepec, en estado de Oaxaca.
Te recomendamos: Oaxaca: Los desplazados por la industria del viento
Resaltaron que esta demanda civil es la primera acción legal en su tipo iniciada por una comunidad indígena, la cual tuvo que acudir a instancias extranjeras ante la falta de respuesta de la empresa y el gobierno mexicano.
La defensora de derechos humanos de Unión Hidalgo, Rosalva Martínez, manifestó que “este es un llamado claro para que EDF termine sus abusos, cambie su mal comportamiento y deje de buscar imponer a toda costa su proyecto. El que un parque eólico se desarrolle violando los derechos humanos no es justo ni en México ni en Francia ni en ninguna parte del mundo”.
A su vez, Alejandra Ancheita, de ProDESC, y Miriam Saage-Maaß, de ECCHR, resaltaron que “las autoridades mexicanas han fallado en garantizar el derecho al consentimiento de la comunidad. Pero EDF también es responsable y tiene incluso una mayor responsabilidad en contextos de violaciones sistemáticas como México”.
“Hasta ahora, nadie le había exigido rendición de cuentas por sus actuaciones; la demanda presentada constituye una gran oportunidad para ello. Es tiempo de que EDF cumpla”, puntualizaron.
La demanda es apoyada públicamente por diversas organizaciones francesas, europeas e internacionales, tales como CCFD-Terre Solidaire, Sherpa, Les Amis de la Terre France, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, SOMO, OECD Watch y Fair, Global and Green Alliance (FGG).
Estos organismos de derechos humanos en México y a nivel internacional se han pronunciado en torno a la situación de riesgo de las y los defensores de Unión Hidalgo, por su labor de defensa relacionada con el proyecto de EDF, requiriendo acciones inmediatas de las autoridades y la empresa.
Cabe mencionar que ProDESC acompaña desde 2011 el proceso de defensa de la comunidad de Unión Hidalgo y l ECCHR ha colaborado desde 2018 en el proceso de litigio transnacional.
Insistieron en que EDF sería responsable por contribuir a violaciones serias a los derechos de la comunidad, al fallar en la identificación de riesgos y la implementación de medidas de protección en el desarrollo de su proyecto eólico Gunaa Sicarú.
Y es que la empresa firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas respecto a tal proyecto.
Estas omisiones de EDF llevaron a una escalada de violencia en contra de defensoras y defensores de derechos humanos de la comunidad, quienes son estigmatizados, amenazados y atacados por grupos cercanos a la empresa.
Mencionaron que Unión Hidalgo buscó justicia en México a partir de un amparo presentado por personas defensoras y en octubre de 2018 un Juzgado Federal en México falló históricamente en favor de la comunidad y ordenó a las autoridades Mexicanas el desarrollo de una consulta que cumpliera los más altos estándares internacionales.
Sin embargo, la actuación de la empresa y la de sus socios comerciales locales no cambió. Asimismo, desde 2017 miembros de la comunidad buscaron un diálogo con la empresa, sin éxito. Inclusive, en 2018 presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Francia, sin obtener resultados positivos.
Es por ello que la comunidad tuvo que acudir hasta la Corte de París demandando el respeto a sus derechos.
Las organizaciones también documentaron que de las 35 estaciones migratorias que hay en el país, solo dos llevan un registro diario de la temperatura de las personas detenidas.
Cuartoscuro
Manu Ureste/ ANIMAL POLÍTICO
A pesar de que desde marzo de este año se han registrado contagios por el nuevo coronavirus en estaciones migratorias mexicanas, y a que al menos un migrante murió como consecuencia de un contagio, ni el Instituto Nacional de Migración (INM), ni ninguna autoridad sanitaria, hacen con regularidad pruebas Covid a los migrantes detenidos.
Así lo denunciaron organizaciones de la sociedad civil en un informe sobre los efectos de la pandemia en la población migrante y solicitante de refugio en México, en el que también documentaron que de las 35 estaciones migratorias que hay en el país, solo dos llevan un registro diario de la temperatura de las personas detenidas, y solo una, la de Saltillo, tiene servicio médico las 24 horas.
En cuanto a los insumos para evitar los contagios, el estudio apunta que el suministro de jabón y agua en los centros de detención es “muy limitado”, y que en estaciones como Las Agujas, uno de los centros más grandes del país ubicado en la Ciudad de México, el reparto de cubrebocas es escaso.
Asimismo, aunque el INM comenzó en abril pasado a vaciar las estaciones ante las recomendaciones sanitarias de autoridades mexicanas y organismos internacionales, los agentes migratorios continúan realizando miles de detenciones en plena pandemia, mientras prevalece el hacinamiento en las estancias migratorias provisionales.
Por su parte, el INM, en respuesta a una solicitud de entrevista de Animal Político, aseguró por medio de una tarjeta informativa que, pese a lo documentado en el informe, sí lleva registros de temperatura -sin precisar en qué estaciones-, y sí realiza acciones para la “limpieza de manos, sana distancia, y uso de cubrebocas y tapete para higienizar los zapatos”.
“Cada día se implementan tareas de limpieza y acciones de desinfección, prevención, control y supervisión en todos los inmuebles del Instituto”, resaltó el INM en su comunicado.
Medidas de higiene insuficientes
Ayer miércoles, las organizaciones civiles Sin Fronteras, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y Asylum Access, entre otras, presentaron el informe Sobre los efectos de la pandemia de Covid 19 en las personas migrantes y refugiadas’.
En el estudio se plantea que, históricamente, las estaciones migratorias enfrentan problemas de higiene y de hacinamiento por la gran cantidad de migrantes detenidos cada año en México por transitar sin documentación en su camino a Estados Unidos: tan solo en 2019, hasta 182 mil 940 personas extranjeras pasaron por los centros de detención mexicanos, según datos de la Secretaría de Gobernación.
Por ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el 17 de marzo de este 2020, al inicio de la pandemia, medidas cautelares para que el INM garantizara “la integridad física, psicológica y el estado de salud y la vida, de las personas migrantes”, incluyendo en esa garantía a quienes están en los centros de detención.
El Instituto, por su parte, respondió en un comunicado a finales de abril señalando que dio salida “a algunas personas migrantes” alojadas en las estaciones, a fin de evitar el hacinamiento y cumplir con las medidas cautelares de la CNDH.
Sin embargo, Alejandra Macías, directora de Asylum Access, advirtió que el INM continúa haciendo detenciones de migrantes, a los que recluye en estaciones, como las de Villahermosa, Tabasco, Iztapalapa, Ciudad de México, y Tijuana, Baja California, donde “no se están respetando las medidas de higiene y de prevención del Covid”.
Esta organización civil también detectó que, al menos en la estación migratoria de las Agujas, en la Ciudad de México, la distribución de cubrebocas entre la población migrante es deficiente.
Alejandra Macías contó que en una visita en septiembre pasado a la estación de Las Agujas los migrantes entrevistados refirieron que estaban usando un cubrebocas que les dio la autoridad migratoria, pero de Estados Unidos. Y que, después de haber pasado por un periplo en el que estuvieron recluidos hasta en tres diferentes centros de detención en México, a su llegada a la estación de Iztapalapa aún seguían usando el mismo cubrebocas porque la autoridad mexicana no les proporcionó insumos nuevos.
Por su parte, Gretchen Kuhner, directora del IMUMI, apuntó ante una pregunta de Animal Político que “en las estaciones migratorias no están haciendo pruebas de Covid de forma sistemática”, por lo que puede existir un subregistro de personas migrantes contagiadas en las estaciones. Kuhner dijo que tampoco hay reportes de si elementos del INM se han contagiado de Covid en los últimos ocho meses de pandemia.
Este medio buscó al INM para preguntarle si se están llevando a cabo pruebas Covid en sus estaciones.
Pero en la tarjeta informativa remitida a este medio no dio respuesta a esta pregunta concreta, aunque sí dijo que “se cuenta con personal médico para atender cualquier sospecha de contagio al interior de sus inmuebles” y que están promoviendo “todas las acciones que permitan salvaguardar la integridad de su personal y de todas las personas migrantes mexicanas y extranjeras que asisten a sus instalaciones”.
Miedo a los contagios masivos
En paralelo a la falta de higiene y de insumos para evitar contagios, el informe señala que se han detectado casos de Covid en varias estaciones.
Por ejemplo, en agosto pasado se detectó un caso de coronavirus en un migrante cubano retenido en la estación de Ciudad Juárez, en Chihuahua, “sin que las autoridades tomaran las medidas necesarias para su liberación, generando focos de infección entre el resto de la población migrante”.
Y el 11 de septiembre pasado, por otro caso, la CNDH responsabilizó al INM de la muerte el 22 de abril de un migrante salvadoreño con Covid que estaba detenido en la estación de Tijuana, Baja California.
No obstante, las autoridades del INM han negado los contagios en las estaciones. De hecho, el 6 de agosto de este año, cuatro meses después de la muerte por Covid de este migrante, el INM apuntó en otro comunicado que no tenía hasta esa fecha “registro alguno” de contagios entre la población migrante alojada en estaciones o estancias provisionales.
Graciela Rodríguez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explicó que por la falta de medidas de higiene y de sana distancia, y por el temor a los contagios masivos, este año han tenido lugar múltiples protestas, motines, e incendios al interior de diversas estaciones migratorias.
Una de esas protestas sucedió el 31 de marzo en la estación de Tenosique, en Tabasco, en la que 14 migrantes resultaron lesionados y un solicitante de asilo guatemalteco, Rolando Barrientos, murió por asfixia tras un incendio registrado cuando otros migrantes protestaban por las condiciones de encierro.
Otras protestas estallaron entre marzo y abril pasado en las estaciones migratorias de Villahermosa, Tabasco, Tapachula, Chiapas, Hermosillo, Sonora, y en Piedras Negras, Coahuila.
En todas las protestas, el informe refiere que el elemento común que las detonó fueron las condiciones de hacinamiento y la falta de higiene, y “la desesperación y el miedo ante la posibilidad de contagio de Covid-19”.
Albergues sin agua y sin espacio para sana distancia
Por otra parte, las organizaciones civiles señalan que múltiples albergues de la sociedad civil han mantenido abiertas sus puertas durante la pandemia, aunque sin el apoyo gubernamental y con complicaciones severas para atender a personas migrantes debido a la falta de agua, material sanitizante, y de espacios adecuados para mantener la sana distancia.
Además, el personal voluntario que trabaja en estos albergues no cuenta en su mayoría con los insumos básicos para evitar contagios, como cubrebocas, guantes, o productos para la desinfección de las instalaciones.
Mientras tanto, las autoridades migratorias de Estados Unidos no han detenido las deportaciones, a pesar de los brotes de Covid registrados en sus centros de detención. Situación que ya ha tenido consecuencias en México: el 20 de abril pasado, un migrante fue deportado a pesar de ser portador de Covid y contagió a al menos 14 personas en un albergue de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Ante esta situación, Ana Saiz, directora de Sin Fronteras, explicó que entre abril y mayo diversas organizaciones civiles promovieron diez amparos para proteger la vida y la salud de las personas migrantes en el contexto de la pandemia, de los cuales siete fueron favorables.
No obstante, concluyó Saiz, las resoluciones de los jueces “han sido incumplidas sistemáticamente por las autoridades mexicanas, principalmente por el INM y el gobierno federal, restando importancia a la figura del juicio de amparo al no cumplir con su finalidad, la protección”.
Miles de jornaleros trabajan en la pizca de la fresa en los ranchos del Valle de San Quintin. Foto: Antonio Nava.
CIUDAD DE MÉXICOhttps://www.proceso.com.mx/653035/el-gobierno-federal-debe-pedir-perdon-jornaleros.- En México hay esclavos. Aunque se abolió la esclavitud en México hace mucho, y la Constitución -letra muerta, por cierto- la prohíbe, ella existe en pleno siglo XXI. La viven, entre otros, los jornaleros y jornaleras agrícolas de nuestro atribulado país. Son campesinos, millones, en pobreza extrema la mayoría, muchos de ellos sin parcela de subsistencia que cultivar para mal comer. Son indígenas y mestizos, hombres, mujeres, embarazadas, niños, niñas. Una ominosa trata de personas esa, la sufrida por ellos.
Sus derechos y dignidad, como hojas secas y caídas de otoño, son pisoteados a taconazos por explotadores. Se les estigmatiza y condena como si fuera ese su destino natural, fatal. Y no lo es, nunca lo es.
Motivaron este artículo: un oportuno y serio reportaje de Gloria Leticia Díaz, en Proceso, sobre la invisibilidad de los jornaleros para el gobierno, y otros textos desgarradores sobre el tema, a raíz de la pandemia y del olvido.
Migran de los Estados pobres del sur de la República al centro y norte del país, o al extranjero. Chiapas, Oaxaca, Guerrero…, exportadores netos de esclavos, parias, seres humanos desechables, sombras que viajan en camiones de segunda durante días para llegar, extenuados, a los campos de agricultura intensiva de inhumanos, crueles patrones y capataces. Huyen desesperados de la miseria, el hambre, la falta de oportunidades, de apoyos reales. Su lema: migrar o morir. Migrar o morir, lema trágico. inconcebible en tiempos supuestamente civilizados.
Muchos emigran acompañados de su familia; muchas mujeres son madres solteras que trabajan, dejando a su bebé de meses en los surcos, bajo el sol candente, expuesto el inocente a innumerables riesgos para su salud e integridad. Pero no hay de otra ni para él ni para la joven madre, encorvada en la pizca de jitomate.
Son millones los jornaleros agrícolas mexicanos. Se habla de 8 o 9 millones, incluyendo sus familias. Con frecuencia trabajan también los menores; éstos, si no trabajan, se quedan en sus pocilgas para cuidar a los más pequeños, sin escuela, sin porvenir, con un poco de frijoles en su vientre si acaso. De ellos y ellas depende la exportación masiva de frutas y verduras para goce de extranjeros.
Los que se alimentan de tales productos de la tierra, deberían saber que ello es gracias al trabajo forzado de esclavos mexicanos, muchos de ellos niños y niñas. Una infamia, de la cual son responsables las empresas explotadoras y sus enganchadores y capataces, el gobierno y la sociedad, indiferentes a dicha tragedia. Una irresponsabilidad, una inconsciencia de dimensiones dantescas. Una afrenta a la civilización y al decoro nacional. Racismo puro contra indígenas y mestizos, hermanos nuestros.
Carecen de derechos pues se les dice cínicamente que no son sujetos de los mismos, según declaraciones de una jornalera, madre soltera entrevistada recientemente; en su inmensa mayoría no tienen acceso a seguridad social. Carecen de contratos escritos, salarios decorosos, condiciones saludables en los cuartos donde vegetan por desgracia, de agua suficiente para beber y asearse, de servicios mínimos de salud.
Viven hacinadas hasta 4 personas en cuartuchos de 15 metros cuadrados, algunos con techumbres de plástico, sin puertas, cuya renta tienen que pagar; o en galerones insalubres con un baño en precarias condiciones para un sinnúmero de jornaleros y familias. Galerones, especie neoliberal impune de campos de concentración -tolerados por las autoridades municipales, estatales y federales.
El régimen federal morenista canceló de tajo el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), alegando malos manejos. Esa eliminación significó una burda vulneración de derechos humanos de millones de personas en desgracia, según señalamiento de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, el año pasado. En lugar de corregir sus graves fallas y luego fortalecerlo, lo borró del mapa insensiblemente, para desconsuelo de los jornaleros, y sin sustituirlo con apoyos reales, suficientes, institucionales, para estos millones de seres humanos en extrema vulnerabilidad.
Las becas no son suficientes, las promesas y verborrea cotidianas, tampoco; Sembrando Vida se queda cortísimo, pues muchos de ellos no tienen tierras. Están abandonados a su propia suerte, son parias, extranjeros humillados en su patria misma, explotados, invisibilizados.
Y con la pandemia mortífera, todo se agravó para los jornaleros. Obligados a dejar sus pueblos, tienen que trabajar en lugares lejanos, sin poder cumplir con las recomendaciones sanitarias más básicas, sin acceso a la salud pública, sin apoyo de sus patrones e intermediarios, explotadores profesionales.
Ante este panorama desolador, el gobierno federal -tan afecto a exigir perdones, para distraer, de terceros por hechos sucedidos hace siglos- y la sociedad misma, debieran para empezar, pedir hoy perdón de rodillas a los jornaleros y a sus familias; y después apoyarlos, ampararlos de verdad con protección legal idónea y real, con un programa específico y suficiente para ellos y ellas, con un presupuesto de cientos de millones de pesos para elevarlos del polvo.
Y simultáneamente, recordar agradecidos, la labor insigne de los misioneros católicos del Siglo XVI que vinieron de España, de Gante, para amparar a los indígenas: Motolinía, Tata Vasco, Pedro de Gante y tantos otros varones justos y sabios que sirvieron generosamente al indígena. Recordar las venerables y protectoras Leyes de Indias que otorgaron en teoría y práctica, privilegios y derechos a los diferentes pueblos originarios, muchos de ellos sometidos en su momento, a la esclavitud y sangrientas, bárbaras Guerras Floridas por parte del imperio azteca.
Por ello, es necesario, inteligente, ético, meditar muy bien a quién exigir perdones. Somos como nación, fruto del encuentro entre indígenas y españoles; desconocerlo ha sido y es suicida porque nos debilita y sujeta al verdadero adversario, el anglo sajón, feliz con la falta de conciencia cultural e histórica de tantos mexicanos; aceptarlo como hecho incontrovertible, con sus luces y sombras, es lo sensato, lo leal a lo que somos, lo que asegura nuestra identidad, recobra nuestra propia personalidad, hecha de dos estirpes altivas donde nunca medraron los bueyes como decía un poeta, y garantiza un porvenir venturoso para el pueblo.
Habrá que exigirlos -los perdones- al gobierno de Estados Unidos por enjaular niños migrantes pobres en el Siglo XXI; por el muro ignominioso e insultos a los mexicanos de parte del siniestro, vulgar e ignorante trumpismo; por habernos arrebatado medio territorio, la mitad del inmenso y rico que nos dejó España al independizarnos, con sus ciudades fundadas por misioneros católicos como Junípero Serra, español, en la Alta California.
Te puede interesar: Poesía vs. política
Pero, al contrario, el régimen actual como los anteriores en mayoría, como el juarista del XIX con su oprobioso Tratado McLane-Ocampo y antidemocrática larga estancia en el poder, está ligado por interés faccioso al linaje yanki, protestantoide, de fuerte tufo masónico desde la Independencia, depredador, racista, hoy ultra neoliberal, ajeno a las profundas tradiciones del México mestizo y Guadalupano. Una cosa es la buena, respetuosa vecindad y otra, la sumisión.
En suma, la situación amarga, trágica de los millones de jornaleros, exige una solución inmediata, de fondo, por parte del régimen, y una toma de conciencia de parte de la ciudadanía toda. La hora que vive el país, es apremiante, no para frivolidades, ocurrencias, divisiones, enconos, cuando niños y niñas con cáncer carecen de medicamentos en hospitales públicos, cuando millones de mexicanos y mexicanas sufren de esclavitud, de la trata de trabajadores agrícolas, de otras tratas abominables, y de miserias de más de la mitad de la población. Y México hablando de rifas, penachos, encuestas, consultas, estatuas retiradas, pleitos de vecindad en Morena, liberales y conservadores.
Es tiempo de que todos asuman sus responsabilidades frente a la historia, sobre todo el gobierno federal y sus afines élites económicas neoliberales, una de las cuales, por cierto, mezquina y esclavista, propuso que el ahorro para las pensiones debería recaer exclusivamente en ¡los trabajadores!, según información de Proceso del día 13 de octubre. De no asumirlas, su alegada transformación es solamente una burda caricatura que, en su momento, borrará el viento sin piedad.
Dedico este texto con admiración inmensa a la memoria de los misioneros que envió España en el Siglo XVI para proteger a los indígenas, y de las Leyes de Indias. Y con respeto y afecto a los jornaleros y jornaleras agrícolas de temple heroico, deseando de corazón que pronto sus derechos humanos sean respetados por todos.
José Ramos / Por Esto!
Alrededor de 70 trabajadores de la educación se manifestaron este miércoles en las instalaciones de la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ), para exigir que se les cumpla con el contrato firmado dentro del programa Escuelas de Tiempo Completo.
Jorge Humberto Guerrero Sosa, docente y director de telesecundaria, señaló que el recurso del programa está etiquetado para el ejercicio 2020; sin embargo, días atrás se les notificó que a partir del 16 de octubre estarán excluidos del programa y por lo tanto dejarían de recibir el recurso correspondiente.
Explicó que los recursos que reciben por parte del programa Escuelas de Tiempo Completo se utilizan principalmente para los comedores de los alumnos, apoyo alimenticio, material didáctico, mantenimiento de la infraestructura y también para estímulos económicos a los docentes.
Aseguró que dicho recurso era fundamental para muchas escuelas ubicadas en zonas rurales donde los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podían recibir alimentación.
La secretaria general de la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), María José Padilla Rivero informó que son alrededor de 500 escuelas de tiempo completo, de las cuales 139 tienen comedor.
Detalló que además de la afectación que tendrán los docentes al dejar de recibir los estímulos económicos habrá cientos de familias afectadas por que los niños dejarán de recibir alimentos durante su horario de labores escolares.
“No nos den mas pero tampoco nos quiten” pidió.
Finalmente, exigió que se transparenten los recursos y se le detalle qué va a suceder con ese recurso que no se va a aplicar después del 16 de octubre, pues se trata de dinero que esta etiquetado para utilizarse hasta el 31 de diciembre del 2020.
-Piden la suspensión del parque Gunaa Sicarú.
-Es la una acción legal inédita presentada por una comunidad indígena contra empresa francesa EDF.
-Pueblo zapoteca vs eólica
OAXACA.- La comunidad indígena de Unión Hidalgo presentó hoy una demanda civil ante la Corte de ParÍs, Francia, en contra del gigante energético Electricité de France (EDF).
Esta empresa pretende imponer el parque eólico Gunaa Sicarú en ese territorio zapoteco sin su consentimiento, situación que viola sus derechos humanos.
La demanda es acompañada por las organizaciones:
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC)
European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR).
Solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla su obligación de respetar derechos humanos.
Según la ley francesa, desde 2017 se establece el deber de vigilancia y cumplimiento a derechos humanos.
Misma que se retomó para evitar que sigan cometiéndose mayores violaciones en contra de esa comunidad indígena asentada en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.
Resaltaron que esta demanda civil es la primera acción legal en su tipo iniciada por una comunidad indígena
Tuvo que acudir a instancias extranjeras ante la falta de respuesta de la empresa y el gobierno mexicano.
La defensora de derechos humanos de Unión Hidalgo, Rosalva Martínez, manifestó que:
“Este es un llamado claro para que EDF termine sus abusos, cambie su mal comportamiento y deje de buscar imponer a toda costa su proyecto.
“El que un parque eólico se desarrolle violando los derechos humanos no es justo ni en México ni en Francia ni en ninguna parte del mundo”, reclamó.
A su vez, Alejandra Ancheita, de ProDESC, y Miriam Saage-Maaß, de ECCHR, resaltaron que “las autoridades mexicanas han fallado en garantizar el derecho al consentimiento de la comunidad.
“Pero EDF también es responsable y tiene incluso una mayor responsabilidad en contextos de violaciones sistemáticas como México”.
“Hasta ahora, nadie le había exigido rendición de cuentas por sus actuaciones; la demanda presentada constituye una gran oportunidad para ello.
“Es tiempo de que EDF cumpla”, puntualizaron.
La demanda es apoyada públicamente por diversas organizaciones francesas, europeas e internacionales, tales como:
-CCFD-Terre Solidaire,
-Sherpa,
-Les Amis de la Terre France,
-El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos,
SOMO,
-OECD Watch y Fair,
-Global and Green Alliance (FGG).
Estos organismos de derechos humanos en México y a nivel internacional se pronunciaron por la situación de riesgo de las y los defensores de Unión Hidalgo.
Están preocupados por la labor de defensa relacionada con el proyecto de EDF, requiriendo acciones inmediatas de las autoridades y la empresa.
ANTECEDENTES
ProDESC acompaña desde 2011 el proceso de defensa de la comunidad de Unión Hidalgo y l ECCHR ha colaborado desde 2018 en el proceso de litigio transnacional.
Insistieron en que EDF sería responsable por contribuir a violaciones serias a los derechos de la comunidad.
Falló en la identificación de riesgos y la implementación de medidas de protección en el desarrollo de su proyecto eólico Gunaa Sicarú.
Porque la empresa firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo.
Afectó el carácter previo, libre e informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas respecto a tal proyecto.
Estas omisiones de EDF llevaron a una escalada de violencia en contra de defensoras y defensores de derechos humanos de la comunidad.
Fueron, y son, estigmatizados, amenazados y atacados por grupos cercanos a la empresa.
Mencionaron que Unión Hidalgo buscó justicia en México a partir de un amparo presentado por personas defensoras.
En octubre de 2018 un Juzgado Federal en México falló históricamente en favor de la comunidad.
Ordenó a las autoridades mexicanas el desarrollo de una consulta que cumpliera los más altos estándares internacionales.
Sin embargo, la actuación de la empresa y la de sus socios comerciales locales no cambió.
Desde 2017 miembros de la comunidad buscaron un diálogo con la empresa, sin éxito.
Inclusive, en 2018 presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Francia, sin obtener resultados positivos.
Es por ello que la comunidad tuvo que acudir hasta la Corte de París demandando el respeto a sus derechos.
ST / Meganews
Con fuerza, continúa el rechazo de vecinos de la Estación Antigua y Cuatro Caminos en contra de la construcción del tren maya en la zona. Molestos aseguran que no habrá poder humano que los convenza de salir de sus casas en esta marcación, que con esfuerzo y sacrificio levantaron, además del valor sentimental que ello representa.
Repudiaron y reclamaron el hecho de que en su visita a Campeche para supervisar el tramo 2, Escárcega-Calakmul, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no los haya tomado en cuenta.
Comentaron que AMLO ni siquiera se acercó a recibir los argumentos de los vecinos que se niegan a dejar su patrimonio.
Indignados aseguran que los únicos cuidados que se muestran a favor de la construcción del Tren Maya, son los que no tiene sus casas edificadas en el tramo y que sus bienes no se les verán afectados.
También advirtieron serías movilizaciones y amenazaron que ni siquiera la fuerza pública los podrá desalojar.
“Esto se va poner feo, la gente está molesta, familias enteras y pescadores, estamos dispuestos a pelear, no es tan fácil que nos quiten y reubiquen solo para que pase el Tren Maya.”
No saldrá de casa por el Tren Maya
Don Felipe Campos, que por más de 7 décadas ha vivido en el lugar dio a conocer que las autoridades nunca han acudido a mediar el asunto, que no hay certeza de dónde serán llevados.
Además de que por su edad, aseguró que ningún tren lo hará dejar su vivienda.
“Desde hace más de 74 años vivo aquí, y no es justo que de la noche a la mañana nos vengan a quitar a las casas, ya somos grandes, estamos acostumbrados a nuestro estilo de vida cercano casi al centro de la ciudad” dijo el hombre.
Tambipen comentó que por esa zona pasa su camión y le queda cerca mi taller.
“Dicen que van agarrar 20 metros y afectaría mi propiedad, vamos a quedar encerrados yo de plano no estoy de acuerdo”, finalizó.
MayaPolitikon
“Tengo sesenta años y jamás había visto inundaciones como estas que padecemos hoy”, dice Cecilio Cisneros, un ejidatario de Ixil cuyo comisariado encabeza la resistencia a la entrada de parques eólicos en el territorio.
¿”Hacia dónde quieren que corra el agua, si le han bloqueado el paso hacia la costa?”, se pregunta. Y advierte: “Esto es sólo el comienzo: pronto nos va a llegar el agua salada”.
Según Cecilio, que dirige el Consejo de Vigilancia del ejido, la construcción del parque eólico de Progreso ha causado un enorme daño al comportamiento natural de las aguas. Ahora las aguas se estancan y empeoran las inundaciones. “Revisa internet. Hay videos donde se ve lo que le hicieron al suelo”, dice.
“Vimos lluvias intensas con Gilberto, con Isidoro y Wilma, y si bien hubo inundaciones estas desaparecieron rápidamente”, cuenta Cecilio durante una conversación telefónica.
Es éste un aspecto de la problemática que plantea su ejido en un documento entregado el lunes 12 pasado en la Unidad de enlace federal y coordinación con entidades federativas, Yucatán. “Ahora en ixil, gracias a estos acaparadores que han vendido a empresas eólicas, entre otras más; gracias a sus parques eólicos que bloquean las corrientes de agua existentes en el subsuelo, evitando el flujo y salidas del agua, lugares como Ixil quedan inundados. Lógicamente, el agua no tiene libre paso en nuestro subsuelo quedándose estancada en zonas bajas como Ixil; nuestro pueblo y nuestra gente está pagando las consecuencias de ello”.
Una docena de comisariados entregaron en el mal llamado Día de la Raza sendos documentos en la Subsecretaría precitada, y cada cual explica los problemas que afrontan sus ejidos y que no son atendidos como debe ser.
Durante toda la conversación, el interlocutor de Mayapolitikon se mantuvo en su hamaca porque bajar de ella es peligroso. El agua en su casa, dice, alcanzaba esta tarde unos 15 cm (“ya bajó”) pero salir a la calle es casi imposible.
Como muchas comunidades de Yucatan, Ixil se inundó a causa de las lluvias de Delta durante su paso por la Península. En algunos lugares de Ixil el agua alcanzó hasta un metro de altura, según testimonios de lugareños.
Cecilio Cisneros creció en Ixil y conoce el territorio como la palma de su mano. Es testigo desde hace casi una década cómo el ejido a sido jaloneado por los intereses de los especuladores de tierras. Aún hoy día es una visita indeseable en las oficinas del Registro Agrario Nacional porque no permite que sea subestimado por los funcionarios.
Adrian Javier Flores Nieves/La Jornada Aguascalientes
13 octubre 2020
Cerca de media centena de habitantes de la comunidad El Cariñan, en Aguascalientes, se manifestaron este 12 de octubre frente a las oficinas del Instituto del Agua del Estado (Inagua), exigiendo que se les provea adecuadamente del recurso vital, ya que llevan dos meses sin una distribución eficiente porque el pozo que suministraba se encuentra descompuesto, aunado a eso, se les dio una multa de la que no tenían conocimiento.
Lorenzo Rivera fue uno de los manifestantes que fungió como vocero para externar que el servicio que debe de darles el Inagua, no se les ha provisto eficientemente “a últimas fechas se nos informó que el pozo está descompuesto y por lo tanto no estamos recibiendo el servicio, aunque de manera gratuita y a través de pipas, se nos lleva el agua”, pero eso “no es suficiente”. Los tandeos terminan siendo insuficientes pero las necesidades del día a día imperan una respuesta inmediata de las autoridades. Son cerca de 400 los habitantes afectados.
Mientras la manifestación ocurría, algunas personas estaban dentro de las oficinas con el director jurídico del Inagua, César Landeros López, quien en el diálogo les aseguró que en un intervalo no mayor a dos semanas el servicio se restablecería correctamente. A los medios de comunicación no se les permitió el acceso: “no hay nada que no esté bien”, se dijo en la entrada cerrada para la prensa.
Cerca de 100 familias que viven en la comunidad ubicada en la zona aledaña al Tercer Anillo Poniente son las que se quedaron sin agua, no obstante, el Inagua les informó de manera sorpresiva que tenían una deuda de más de un millón 500 mil pesos que termina siendo difícil de subsanar.
César Landeros declaró a los medios de comunicación que buscarán la manera de cancelar los adeudos provocados por el desentendido en el suministro de agua, sin embargo, “eso no es sencillo, porque podemos incurrir en una responsabilidad”.
“En estos días se descompuso el pozo; hay que repararlo y, además, regularizar la situación”. Prosiguió: “lo que haremos en los próximos dos días con la firma de un contrato y al mismo tiempo cancelar cualquier adeudo para que todo se desarrolle de manera normal”, abundó el funcionario de la dependencia estatal.
Los inconformes dieron a conocer que ya antes el director del Inagua había prometido visitar El Cariñán para conocer la problemática que se vive ahí, pues existen muchas personas de la tercera edad o que están enfermas y que no pueden trabajar, a las que se les dificulta realizar los pagos. La visita nunca se llegó a consumar. Aunque se les dijo que la multa asciende al millón y medio mencionado, agregaron, no se les ha planteado algún convenio. Tampoco han tenido en su poder un documento que avale la supuesta multa que se les está imponiendo.
Carteles colgados en el último piso del INPI: Samir Flores y Emiliano Zapata. Foto: Colectivo Grieta.
Colectivo Grieta, 12 octubre de 2020
En el marco de la “Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra, contra la guerra al EZLN, los pueblos y comunidades Indígenas”, compañeras y compañeros de la comunidad Otomí de la Ciudad de México acompañadas por diversas organizaciones sociales, tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), sobre avenida Coyoacán, exigiendo el cese a la guerra y hostigamiento en contra de las comunidades zapatistas y la solución a la precaria situación que vive la comunidad Otomí de la Ciudad de México desde el sismo de 2017.
Imágenes de la toma del INPI. Fotos: Colectivo Grieta.
El INPI se cubrió de mantas con los rostros del General Emiliano Zapata y del líder comunitario morelense Samir Flores Soberanes, asesinado el 20 de febrero de 2019; también mantas con los 7 principios del mandar obedeciendo. Una manta decía: “El zapatismo no es partido, es un entero. Porque la dignidad no se negocia, no se vende, no se traiciona. ¡Fuera paramilitares de territorio zapatista!” Las paredes del INPI se pintaron con demandas y consignas: “528 años de despojo… NADA que celebrar! ¡Fuera paramilitares de Chiapas!” y “Vivienda digna para la comunidad Otomí residente en la ciudad de México!”
Imágenes de la toma del INPI. Fotos: Colectivo Grieta.
El ambiente de la acción fue festivo, los colectivos y organizaciones montaron la mesa para la rueda de prensa, colgaron mantas que recuerdan a compañeros desaparecidos, que rechazan la imposición de megaproyectos, y echaron a andar el sonido. La primera canción que sonó fue “La Maldición de Malinche” en voz de Amparo Ochoa.
La rueda de prensa comenzó poco antes de las 13 hrs. Un compañero de la Coordinación metropolitana anticapitalista y antipatriarcal presentó a las y los compañeros que hablaron. Afirmó que después de 528 años de resistencia y rebeldía, a más de 5 siglos de desprecio y genocidio, de intento de eliminar la cultura, la lengua, tradiciones y vida de los pueblos originarios, decidieron tomar las instalaciones del INPI para que los escuchen.
Rueda de prensa de la toma del INPI. Foto: Colectivo Grieta.
En la rueda de prensa hablaron: Mari Mejía, concejala del Concejo Indígena de Gobierno del CNI por parte de la comunidad Otomí de la Ciudad de México; Sarah Hernández de Santiago Mexquititlán, comunidad Otomí en Querétaro; Isabel Valencia de la comunidad Otomí de la Ciudad de México; y Filiberto Margarito, concejal de la comunidad Otomí de la Ciudad de México.
Rueda de prensa durante toma del INPI. Foto: Colectivo Grieta.
Mari Mejía empezó su participación en otomí. Después tradujo al castellano. Dijo que hoy tomaban el INPI, como hace un año habían salido a marchar, como hace 500 años resistían. Afirmó que siempre que los pueblos originarios se manifiestan, los gobiernos en turno les prometen solución. Pero todos mienten, nunca hay solución, siguen viviendo en la calle. Afirmó que no se van a ir del INPI hasta que se solucionen sus demandas. Exigió una mesa de diálogo con Claudia Sheinbaum (jefa de gobierno de la Ciudad de México) y con Adelfo Regino (titular del INPI).
Por su parte, Isabel Valencia denunció cómo el gobierno les está despojando de sus tierras con mentiras, y cómo ellos están luchando por cuidar la madre tierra y por vivienda. Contó que en la lucha por vivienda, el gobierno siempre les da largas. Además, afirmó que Claudia Sheinbaum y Adelfo Regino dicen que ´primero los pueblos´; pues ahora los pueblos les contestan: aquí estamos los pueblos y no tenemos nada, no hay apoyo. Denunció que todo el dinero que tiene el gobierno lo invierte en sus megaproyectos de muerte, como el Tren Maya, pero cuando los pueblos piden ser escuchados, el gobierno los humilla, les quita sus celulares porque les dicen que no pueden grabar. Al igual que Mari Mejía, Isabel Valencia exigió el esclarecimiento del asesinato de Samir Flores.
También participó Sarah Hernández, otomí de la comunidad de Santiago Mexquititlán, comunidad en Querétaro, de donde gran parte de los otomís de la Ciudad de México han sido desplazados. Contó cómo ella y Estela Hernández han sufrido persecución política, represión y están amenazadas de muerte. Afirmó por ello que no confían en ninguna institución. Contó que en Santiago Mexquititlán también están en un proceso fuerte de lucha y de resistencia. Hay un proyecto que quiere gentrificar a Santiago Mexquititlán, hacerlo un lugar para turistas, pero ese proyecto amenaza con destruir el templo comunitario, que es el origen de la comunidad de Santiago. Contó cómo las grandes empresas entran y talan los bosques, pero que si ellos o ellas suben por leña al monte, los golpean; lo mismo con el agua, ellos no tienen agua pero ven bajar de los montes pipas llenas. Además contó que empiezan a sonar rumores de que hay intereses de desaparecer su panteón comunitario y poner hoteles de lujo en esas tierras. Frente a ese horizonte de despojo, Sarah Hernández afirmó que la esperanza es la autonomía de los pueblos. Cerró su participación gritando la consigna “¡Fuera militares de Chiapas! Y ¡Chiapas, Chiapas no es cuartel!”
Después llegó el turno de Filiberto Margarito, quien leyó un comunicado escrito por la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México. Afirmó que la toma del INPI se había decidido en asamblea. En su comunicado exigieron el fin del hostigamiento y los ataques en contra de las comunidades zapatistas, denunciaron la guerra contrainsurgente y los megaproyectos de muerte, entre los que mencionaron el Proyecto Integral Morelos, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y el corredor Interoceánico. A través del comunicado también llamaron a hacer de la toma un espacio de encuentro para todas las resistencias. Hacia el final exigieron la expropiación de los predios de Guanajuato 200, Zacatecas 74 y Zaragoza 1434, además de dotar 80 viviendas para la comunidad de Roma 18, plaza artesanal para la comunidad Otomí, servicios de salud, respeto para el trabajo de las mujeres y su autonomía, y garantizar educación para los distintos niveles de la comunidad.
Un compañero de la Coordinadora Metropolitana mostró un par de documentos sellados por las administraciones pasada y actual, respectivamente. En dichos documentos se muestra que el gobierno se comprometió a expropiar el predio de Zacatecas y entregarlo a la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México. Lo único que hacía falta era publicarlo; sin embargo, nunca se hizo. Ahora, frente a la pregunta de por qué no se ha hecho público, les contestaron que esos documentos ya expiraron. Con ese tipo de acciones, los distintos gobiernos han dado largas a los pueblos, mostrando que no hay ninguna diferencia entre la autodenominada 4T y las administraciones que le antecedieron.
Foto: Colectivo Grieta. Documentos de compromiso de expropiación de predios.
Después tomaron la palabra distintas organizaciones que acompañaron y apoyaron la acción. Hablaron representantes de la Coordinación de colonias de Ecatepec, del Congreso Popular Social y Ciudadano, de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio “El Istmo es nuestro”, quienes denunciaron el megaproyecto de muerte del Corredor Interoceánico; un representante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, compañeros de Guerrero y un compañero de la CNPA.
Al finalizar la rueda de prensa, se invitó a los medios presentes a filmar el estado en que se encontraban las instalaciones al momento de la toma para que se hiciera público. En los siguientes videos se muestra el estado de las instalaciones.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) exigió protección para Filiberta Nevado Templos y otros defensores del bosque de Zacacuautla, y responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de Hidalgo y al ayuntamiento de Acaxochitlán, de la integridad de la activista ante la persistencia de las amenazas de muerte en su contra. De acuerdo con Rema, en su defensa del bosque Filiberta Nevado y sus compañeros se han confrontado con talamontes que se apropiaron ilegalmente de un predio de 55 hectáreas donde se encuentra el manantial que abastece de agua potable a la comunidad de Zacacuautla. Los defensores del bosque “han sido difamados y criminalizados (…) y han tenido que enfrentar 15 averiguaciones y tres encarcelamientos ilegales”, puntualizó. En 2004 –recordó– fue asesinado el activista Samuel Cruz Hernández, “uno de los líderes más destacados en la defensa de los bosques de Zacacuautla”, hechos que no han sido esclarecidos “gracias a que las autoridades estatales y federales han guardado un silencio cómplice y han ignorado las denuncias, las exigencias y las movilizaciones de los ambientalistas de Acaxochitlán”. Añadió: “El gobierno de México, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado una y otra vez estar a favor del medio ambiente, de los pobres y de que el agua es una prioridad para el pueblo, sin embargo, hasta el momento sólo se ha limitado a observar cómo los pueblos indígenas y campesinos son despojados de sus montes y, en consecuencia, de la vida misma”. En tal sentido, Rema responsabilizó a los tres niveles de gobierno “de cualquier agresión que puedan sufrir las defensoras y los defensores de los bosques de Zacacuautla”. La organización ambientalista demandó a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, “que ponga a trabaja a la Profepa, pare la tala ilegal en Acaxochitlán y castigue a los responsables”, y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, le exigió implementar lo antes posible medidas de protección cautelar para Filiberta Nevado Templos y los defensores del bosque. Además, que se sancione “con todo el peso de la ley a la mafia de talamontes que hoy amenaza de muerte a una ambientalista y a un monte que le proporciona agua y que le proporciona vida a un pueblo”. Rema explicó que la familia Canales Templos, identificada como talamontes, cuenta con un “escritura apócrifa” para obtener autorizaciones y permisos gubernamentales para el aprovechamiento forestal por 10 años, en las 55 hectáreas del bosque “que se apropiaron ilegalmente”. De igual manera, precisó que en 2013 Filiberta Nevado y sus compañeros defensores del bosque “comprobaron ante la Semarnat que la explotación forestal realizada por la familia Canales Templos estaba plagada de irregularidades y lograron la revocación de los permisos y las autorizaciones”. Y denunció que la familia Canales Templos, vinculada a “la Sosa Nostra, un grupo político-mafioso de origen priista, aunque actualmente se dice morenista”, amenazó en días pasados a Filiberta Nevado y a los activistas, luego de que algunos de sus integrantes fueron notificados por la Fiscalía General de la República de que estaban acusados por su actividad ilegal. Destacó que en días pasados los talamontes realizaron disparos frente a la casa de Filiberta Nevado, quien recibió mensajes donde se advertía que si alguno de los integrantes de la familia Canales Templos es encarcelado “la vamos a correr del pueblo, la vamos a quemar o la vamos a matar”. “Le preguntamos al señor presidente: ¿Dónde está la Cuarta Transformación? Porque a la comunidad de Zacacuautla, al municipio de Acaxochitlán y al estado de Hidalgo no ha llegado”, finalizó la organización.
“Que me quieren demandar, demándenme, hagan lo que les dé la gana, yo tengo licenciados chingones, a mí no me van a ganar, demándenme si quieren, pero no me van a ganar” fueron las palabras que utilizó Ricardo Moyano, dueño de la zapatera Stefmary antes de liquidar a sus empleados con zapatos, hornos de microondas y máquinas que se utilizaban para la maquila de zapatos.
Sofía Ávila / Zona Docs
Desde el mes de marzo, se les informó a los empleados y empleadas de la empresa Calzado Stefmary, S.A de C.V., que, debido al contexto de pandemia, las ventas estaban bajando y por lo tanto se les iba a recortar el sueldo:
“Con lo de la pandemia nos hicieron una junta para decirnos que por la contingencia los pedidos bajaron y pues que nos olvidáramos de los bonos, que íbamos a ganar nuestro sueldo mínimo. Yo ganaba mil 540 semanal y fue tan así que mi sueldo después fue de mil 300” compartió Magdalena una de las ex trabajadoras de esta empresa.
No obstante, las exigencias laborales eran las mismas que antes de la pandemia, Magdalena comparte que las condiciones de trabajo siempre fueron injustas, pues les hacían trabajar largas jornadas que no respetaban horarios, en su caso particular, entraba a trabajar a las 7:00 a.m. y salía a las 5:00 p.m. Sin embargo, en diversas ocasiones le obligaban a ella y a sus compañeras y compañeros a quedarse a trabajar hasta a las 9:00 p.m. o, incluso más tarde.
También, había cambios en la nómina y los patrones se justificaban con que no había dinero para pagarles, además, según relató Magdalena, sufrían un maltrato psicológico constante por parte de uno de los dueños de la empresa, pues no recibían un trato digno como empleados.
En la empresa, la mayoría eran mujeres trabajadoras, madres solteras y adultas mayores que necesitaban este empleo para subsanar sus necesidades básicas y las de sus familias; lamentablemente, estas situaciones fueron utilizadas por los empleadores para someterlas a malos tratos y mala paga:
“Nos hacían, así como ellos querían, si había un embarque nos hacían trabajar hasta que el embarque saliera, así fuera hasta las nueve de la noche ahí teníamos que estar, y pues era tiempo por tiempo, ya al día siguiente pues a lo mejor no íbamos por el tiempo que nos habíamos quedado, en otras ocasiones no había trabajo y nos regresaban, a las 8 o 9 de la mañana acabábamos de llegar y van para atrás, nos traían como títeres, cuando a ellos les convenía, no respetaban nada”.
Magdalena señaló que las prestaciones de ley que tenían eran: el seguro social, bonos, sus días de descanso y vacaciones, no obstante, este último año no les dieron las vacaciones de diciembre y tampoco les otorgaron sus bonos, pues los dueños argumentaron que había mucho trabajo y poco dinero. Según les prometieron, ambas prestaciones les iban a ser “repuestas” después del mes de febrero, pero con la llegada de la crisis sanitaria lo único que recibieron en lugar de sus bonos y vacaciones fue una baja en su salario.
Para el mes de abril muchos trabajadores renunciaron debido al recorte en sus sueldos, mientras que, a otros les despidieron, sin embargo, no les finiquitaron en su totalidad, de tal manera que, los trabajadores tenían que ir constantemente a la empresa a ver cuándo iba a estar listo su cheque.
A varios trabajadores no les pagaron sino después de varios meses y, en el inter, los traían a “vuelta y vuelta”, la decisión que se tomó en la administración de la empresa fue no dejar entrar a quienes iban a cobrar su finiquito si no tenían cita previa y por lo tanto les restringían la entrada.
“Los corrieron, pero les decían que fueran por su finiquito hasta tal fecha, y cuando llegaban les decían que no hay nada todavía, no había salido su pago y pues apuras vueltas los traían y la gente pues triste, enojada, desconsolada” compartió Magdalena
Para el mes de septiembre el 80% de los trabajadores y trabajadoras ya habían sido despedidos o habían renunciado y los pocos que quedaban se quejaban de los malos salarios que “ya no les ajustaban”.
“La gente empezó a buscarle por otro lado porque ya era difícil, un despuntador de ganar dos mil pesos a pagarle mil 300 pues si estaba complicado, prácticamente los estaban obligando a que se fueran, y los que pagaban infonavit hasta 500 pesos nomás rayaban y pues que haces con eso, nada” comentó Magdalena.
A quienes despedían les obligaban a firmar un convenio en el que los trabajadores declaraban que la empresa Stefmary no tenía ningún adeudo con ellos y que las condiciones de trabajo habían sido dignas, no obstante, este convenio lo firmaron sin haber recibido su liquidación, puesto que, se les dijo que por el momento no tenían dinero y les iban a liquidar como se pudiera y cuando se pudiera.
Para completar las mencionadas liquidaciones de los más de 400 empleados, les ofrecían calzado, microondas o máquinas de las que utilizaban en la empresa y se les advirtió que aprovecharan, porque quizás después ya no habría ni eso
“Cuando estábamos firmando el convenio nos preguntaban que cuantos años llevábamos trabajando y nos decían te tocan tantos pesos y tantos pares de zapato, tómalo o déjalo porque es lo que hay ahorita y al rato ya no va a haber nada” denunció Magdalena.
Muchos se reusaron a acceder a este método de pago y acudieron al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pero la respuesta que les dieron fue poco satisfactoria y terminaron por acceder a las condiciones que les dieron los empleadores.
Los dueños, al enterarse que los trabajadores estaban buscando demandar a la empresa, les amenazaron y advirtieron que a ellos no les iban a ganar porque ellos tenían buenos abogados que los defendieran:
“Que me quieren demandar, demándenme, hagan lo que les dé la gana, yo tengo licenciados chingones, a mí no me van a ganar, demándenme si quieren, pero no me van a ganar” fueron las palabras que les dijo Ricardo Moyano, dueño de la empresa a sus empleados, recordó Magdalena.
Hasta ahora, Magdalena sigue esperando su liquidación después de haber firmado el convenio hace ya varias semanas, pero comenta que “esto se va a tardar” porque todavía hay muchos trabajadores a quienes despidieron antes que a ella y que todavía no les pagan.
Colima, México, Avanzada (13/10/2020).- A dentro del Congreso del Estado se desarrollaba la sesión para homenajear a la Universidad de Colima por su 80 aniversario, afuera del recinto, se congregaban varias mujeres que exigían un alto a la violencia y a la impunidad que permea en el territorio estatal.
A dentro del recinto legislativo se encontraban diversos representantes populares y autoridades, entre ellas, el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez, afuera, mujeres jóvenes, estudiantes, profesionistas que pedían una cita con el mandatario colimense. No tuvieron éxito.
La lluvia sorpresiva de este lunes acompañó el grito de “Alerta” de varias mujeres que se apostaron a las afueras del Congreso del Estado para exigir resultados inmediatos ante el aumento y asesinato de mujeres.
Las manifestantes buscaron ingresar a la sesión solemne en el Congreso del Estado donde estaría el gobernador dirigiendo un discurso por el 80 aniversario de la Universidad de Colima, sin embargo, elementos de la policía estatal que resguardaban la entrada principal y sus alrededores, les impidieron el paso.
En la explanada del Palacio Legislativo, las manifestantes en su mayoría jóvenes, señalaron que en Colima a las mujeres las desaparecen, las asesinan y los crímenes permanecen en la impunidad.
Ante la negativa de los policías, las mujeres continuaron con sus protesta y en su discurso expusieron que en la entidad hay tres víctimas de feminicidio por cada 100 mil habitantes “convirtiéndonos en el estado con la tasa más alta de feminicidio en el país”.
Explicaron que la Red de Desaparecidos reportó que de 300 casos que se tienen contabilizados este año, el 70 por ciento son de mujeres, además señalaron que el confinamiento ha llevado que el maltrato familiar aumente en un 60 por ciento, de acuerdo a las cifras de la ONU.
La construcción del “Tren Maya” es una violación a los derechos humanos de los pueblos originarios, acusan organizaciones indígenas de la Península de Yucatán, como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), ya que hasta ahora, cuando ya se ha iniciado con los trabajos, no se cumplió con informar sobre las afectaciones a los territorios que traerá consigo el megaproyecto.
Los integrantes de la organización señalan que cuando se cuestiona a los indígenas sobre la obra, estos dicen no saber nada, quienes la dirigen no han entablado comunicación con los pueblos originarios; incluso algunos pobladores mayas ni si quiera están enterados de que en sus comunidades se construirá un tren.
En el marco del 12 de octubre Día de los Pueblos Indígenas, fecha en la que se conmemoran 528 años de la lucha de los pueblos originarios contra el colonialismo, denunciaron que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) utiliza la presión política para perjudicar las acciones legales de defensa del territorio que estas organizaciones emprenden.
Así sucedió cuando presentaron un amparo para detener la construcción del tren por la falta de información al respecto, ya que el Fonatur se quejó con la jueza del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Campeche, bajo el argumento de que dañaban el interés público, por lo que la medida cautelar sólo procedió en Xpujil, pero la obra continuó en otras zonas.
Divisionismo entre los pueblos
El inicio de la obra ha traído consigo problemáticas sociales como el divisionismo de los pueblos, ya que cuando las autoridades acuden a los comisarios para conversar sobre el tren, reunir firmas para solicitar o permitir algún acuerdo, algunos sólo toman en cuenta a una o dos personas, y dicen que esta minoría representa a toda una comunidad. Incluso se ha comprado que incluyen firmas de personas fallecidas, “algunos comisarios están coludidos con los políticos”, detalló Ernesto Martínez, uno de los integrantes del CRIPX que realizaron ayer una asamblea informativa.
Ante la aparición de contra organismos como el “Pro Defensa del Tren Maya”, señalan que aquellos que se dicen a favor de la construcción son simpatizantes del partido oficial y que tienen esa postura por conveniencia política.
Por tal motivo, expresaron que su principal objetivo no es desunir a las comunidades pues esa ha sido la estrategia para no hacer valer sus derechos, sino entablar el diálogo para que se aclaren los impactos ambientales, económicos y sociales que oculta la mega-obra ferroviaria.
Precisaron que todas las acciones de los grupos de defensa contra la imposición del Tren Maya se han hecho apegadas al marco jurídico de las leyes mexicanas, por lo que su pelea es pacífica. Su único objetivo, como se leía en una de sus pancartas, es frenar la división de los pueblos de la Península y dar a conocer a la sociedad el atropello que significa este megaproyecto.
Desinformación
Según miembros de estas organizaciones, no tomar en cuenta las comunidades indígenas sobre la realización del proyecto, así como la desinformación sobre las afectaciones que provocará en las zonas que ellos habitan, es el motivo de su lucha que quieren dar a conocer para romper el cerco mediático sobre su postura.
“Venimos a decirle a los gobiernos, a la sociedad, que nuestra lucha continua, se fortalece, cada vez que encontramos esa razón que es la defensa de la vida y que es al amor por el territorio en el que nos encontramos que es el legado de nuestros ancestros”, dijo Ángel Dzul, indígena de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
Por su parte, Ernesto Martínez, miembro del CRIPX, mencionó que el proyecto está mal llamado Tren Maya, ya que los pueblos originarios no lo planearon ni diseñaron, mucho menos van a ser los inversores que se lleven las ganancias, “es un insulto a nuestros ancestros y a nuestra cultura”, agregó.
En este tenor, Alfredo Díaz, dijo que violan incluso tratados internacionales, como sucede en el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que fue firmado por varios países, entre ellos México, en Ginebra, Suiza, en 1989.
Este acuerdo mundial declara entre otros aspectos, el derecho de los pueblos indígenas para participar con soberanía, de acuerdo a su cultura, en la toma de decisiones con el Estado sobre la modificación del territorio que habitan; les garantiza el acceso a la información sobre las acciones de la federación en sus comunidades y además, protege el cumplimiento de estos derechos.
Como ejemplo de estas omisiones, se habló de la consulta ciudadana sobre el Tren Maya, consulta que nunca llegó a las comunidades indígenas para que sus miembros puedan informarse y votar si era benéfico o perjudicial.
Lucha por la vida
Esto expresaron diversos organismos defensores de los derechos de los pueblos originarios de los tres estados que forman parte de la Península de Yucatán, que se reunieron ayer por la mañana en Xpujil, Calakmul, unidos a la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra, Contra la Guerra al EZLN, los pueblos y comunidades indígenas que promovió el Congreso Nacional Indígena (CNI) en diversos estados del país.
Los ponentes aseguraron no estar en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, están en contra del sistema económico porque dijeron no sentirse representados, sino excluidos y minimizados.
Asimismo, puntualizaron que se ha intensificado el acoso por parte del gobierno o personas ligadas a las autoridades, pues tras el robo de documentos, equipo e información financiera en sus instalaciones el pasado septiembre, también han encontrado amenazas escritas contra algunos integrantes.
En el marco del Día de la Raza, indígenas del norte de Sinaloa y sur de Sonora se manifestaron en contra de la planta de amoniaco que se pretende construir en Topolobampo.
La manifestación, a la que se sumaron integrantes del Colectivo ‘Aquí no’, inició con una caravana que partió del entronque de la avenida Macario Gaxiola y la carretera Internacional México 15, en la salida nororiente de Los Mochis, cuyo recorrido concluyó en la puerta de acceso a los terrenos de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente.
Ahí se celebró un mitin en el que los Pueblos Originarios refrendaron su lucha contra el proyecto, al que consideran un potencial riesgo para el ecosistema local y para su subsistencia.
Alma Leticia Gastélum Buitimea, vocera del Consejo Consultivo de la Nación Yoreme-Mayo, señaló que aunque hay suspensiones judiciales para el proyecto, se sigue viendo avance en obras secundarias.
“Estamos inconformes, molestos, por todas las arbitrariedades que siguen sucediendo en esta planta de amoniaco. Ya hace un tiempo nosotros habíamos estado aquí, manifestándonos de igual manera, ¡y qué nos encontramos!, que han seguido trabajando con esta planta, hay más instalaciones, y estamos totalmente en contra de que se siga construyendo esta planta de amoniaco, ya que para nosotros es una destrucción”, expuso.
“Esto no va a parar aquí, esto es un inicio, vamos a seguir luchando, porque quieren imponernos algo que nosotros no lo vamos a aceptar”, sentenció.
Por su parte, el gobernador tradicional de Ohuira, Felipe Montaño Valenzuela, reclamó que mientras las autoridades celebran el Día de la Raza se siguen violentando los derechos de los pueblos indígenas.
“No es momento de festejar el 12 de octubre. El gobierno dice que es día de la raza, pero es mentira, es día de la invasión, de la conquista que nos hicieron esas personas que llegaron de otros continentes para hacer el exterminio de los Pueblos Originarios. Sin embargo, aquí estamos, y estamos reclamando nuestros derechos, estamos reclamando lo que es nuestro, lo que siempre nos ha pertenecido y que se nos ha arrebatado en el transcurso de los años”, expresó.
“Esta lucha es una muestra para el gobierno, de que no estamos exterminados, de que existimos. No como dijeron en su momento Malova y Labastida, que se quiso poner la planta aquí porque no hubo pueblos originarios”, agregó.
El líder indígena insistió en que ya no es momento de consultas, en respuesta al posicionamiento que ha reiterado el Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la posibilidad de poner el proyecto en una consulta ciudadana, y recalcó que esa fase está fuera de tiempo, puesto que de forma previa se debió consultar a los Pueblos Originarios, como establece el Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
HERMOSILLO, SON.- Decenas de integrantes de la etnia binacional Tohono O’odham, asentados en la frontera entre Arizona y Sonora, fueron atacados con balas de goma y gases lacrimógenos por elementos de la Patrulla Fronteriza cuando protestaban contra la construcción del muro fronterizo entre Lukeville, Arizona y Sonoyta-Sonora.
Este 12 de octubre, cuando se celebra el Día de la Raza en México, integrantes de la etnia del desierto mantenían su protesta contra el muro del presidente Donald Trump para frenar la inmigración hacia Estados Unidos.
Nativos Tohono y activistas fueron repelidos por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (US Custom and Border Protection -CBP- por sus siglas en inglés) y algunas personas fueron detenidas.
A través de videos difundidos en redes sociales, los manifestantes denunciaron que fueron atacados por defender sus sitios sagrados destruidos por la agresiva construcción del muro.
“La pared nos está rasgando. Estamos heridos de muerte aquí a lo largo de las fronteras de Arizona. Nuestros corazones están rotos, vamos a persistir y estaremos juntos”.
“Soy un miembro de la comunidad preocupado que llama acerca de los Tohono O’odham y los aliados que fueron arrestados en el puesto de control de la patrulla fronteriza de Lukeville esta mañana. Llamo para exigir su liberación inmediata y que todos los cargos contra ellos sean retirados”, se publicó.
“Hasta que eso pase, exijo que sean tratados con respeto y dignidad, se les dé buena comida y agua limpia, máscaras y desinfectante, permitan su derecho a una llamada telefónica, y se les permita usar el baño correcto cuando lo pregunten”.
Luego se hizo el llamado a unirse a la resistencia para defender sus reservas se les pide que lleven agua, máscaras, aperitivos y señales.
Además, que se cubran tatuajes y usen alias para no ser identificados.
Los Tohono O’odham están defendiendo sus áreas sagradas como un oasis en Quitobaquito, a menos de 50 metros de la frontera entre México y Estados Unidos.
Se trata de una de las pocas fuentes naturales de agua en la región.
La construcción ya ha profanado los cementerios cercanos, acusaron.
El Departamento de Seguridad Nacional renunció a 41 leyes para acelerar la construcción – leyes promulgadas para proteger a las especies en peligro de extinción y a los sitios culturales y espirituales indígenas.
Además, es una amenaza directa y una negación de nosotros como pueblos indígenas y está en contra de nuestros derechos escritos y acordados por Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su Declaración en 2007 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente los artículos 10, 11 y 12, revelaron.
Entre dos naciones
Así quedaron, divididos en territorio pero no de corazón, cuando en 1853, el exgobernante de México, Antonio López de Santa Anna, vendió La Mesilla a Estados Unidos; la mayor parte quedó en Arizona.
Hoy en día hay alrededor 28 mil indígenas Tohono conocidos también como pimas o pápagos; cerca de en 3 mil están en Sonora.
Los indígenas del desierto, comparten 120 kilómetros de frontera, los ríos Gila, Colorado y Sonoyta; además de usos, costumbres, espiritualidad y misticismo.
En esa vastedad de territorio común hay dunas y tierra seca; gran variedad de flora como matorrales, pitahayas, ocotillo, cactus, sahuaros y la reserva de la Biosfera de El Pinacate, en Puerto Peñasco, donde realizan parte de sus ceremonias sagradas; fauna en peligro de extinción como coyotes, venados, águilas y búhos.
Año con año realizan la caminata de la sal desde Sells, Arizona hasta una playa de Caborca; peregrinaciones del lado americano a la iglesia de San Francisco en Magdalena de Kino; danza de la lluvia en el oasis de Quitobaquito, Arizona y ceremonias sagradas a su creador I’Itoy, en El Pinacate en Puerto Peñasco, entre otras costumbres y tradiciones que los unen de ida y vuelta
Redacción Quadratin / 12 de octubre de 2020
MORELIA, Mich., 12 de octubre de 2020.- K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo autónomo e independiente, constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades originarias, manifestaron conjuntamente lo siguiente:
El 12 de octubre de 2020 no es el día del “descubrimiento de América”, nosotros no fuimos descubiertos, nuestros territorios eran conocidos, habitados, nombrados y gobernados por los pueblos originarios desde miles de años antes del arribo de los conquistadores, nuestras tierras fueron invadidas y saqueadas, no descubiertas, tampoco es “día de raza” porque las razas no existen, ni biológica, ni científicamente toda vez que todos procedemos de una misma especie, y ni mucho menos es el “día de encuentro de dos mundos” porque fue un proceso de invasión, conquista, sometimiento y explotación de culturas ancestrales, para nosotros es el Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los Pueblos Originarios.
Bajo este marco el 12 de Octubre realizamos una movilización general mediante la tomas de carreteras en nuestros territorios en los siguientes puntos: 1.- Carretera Pátzcuaro-Uruapan en San Juan Tumbio, 2.- Carretera Morelia-Zacapu en Naranja, 3.- Carretera Nahuatzen-Paracho en Aranza y 4- Carretera Cheran-Zamora en Santo Tomas.
Pliego Petitorio:
1.- Alto a la guerra contra el EZLN, los pueblos y comunidades indígenas.
2.- Respeto a la autodeterminación, autogobierno y autonomía de los pueblos originarios. Presupuesto directo para los pueblos indígenas.
3.- Respeto a los sistemas ancestrales de seguridad y de justica de las rondas comunales y los jueces tradicionales.
4.- Retiro de la escultura “los escultores” del acueducto de Morelia, toda vez que representa el colonialismo, la explotación, la esclavitud y el genocidio de comunidades originarias. 5.- Solución a la problemática de las comunidades indígenas de Michoacán.
El Gobierno Federal y Estatal no han cumplido con las obligaciones y compromisos con los pueblos indígenas, por lo que exigimos una mesa de trabajo resolutiva.
¡Viva Juchári Uinápekua!
El 12 de octubre es una fecha emblemática en toda Latinoamérica, ya que mientras los menos festejan un encuentro de dos mundos que trajo una supuesta “prosperidad”, los más, entre ellos, los pueblos originarios y los pobres de América Latina y México, la recuerdan como el inicio del sufrimiento que han padecido por décadas, de la destrucción de sus culturas milenarias y, del despojo de sus tierras y de todos los bienes materiales e inmateriales que poseen.
Y, es ahí, en el recuerdo del dolor y el despojo que han padecido desde hace 528 años, donde los pueblos rememoran las luchas que han enfrentado, donde honran a sus muertos y, donde surge la digna rabia y se construye rebeldía para seguir resistiendo los embates del capitalismo y de los malos gobiernos.
Esos gobiernos que hoy, aun en un contexto de pandemia, no se detienen y avanzan con sus planes de despojo, cómo los afirma Samantha Cesar quien forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), “aunque el nuevo gobierno en su discurso prometía ser de izquierda, ser el cambio, la realidad es que continúa aplicando una política neoliberal extractivista cada vez más agresiva hacia los pueblos, ya que insisten en implementar sus proyectos, como el tren maya, y el que se hayan cerrado los juzgados durante esta contingencia, nos ha dejado en una situación de indefensión legal”, dice Samantha para Avispa Midia, quien también forma parte de la Asamblea de resistencia de Amilcingo, Morelos y del frente de Pueblos en defensa de la tierra y el agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Por su parte, Mario Quintero de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, comenta para Avispa Midia que, “ no ha habido un cambio de gobierno, ni de política, ni de estructura que tenga algún beneficio para los pueblos indígenas, ni en general, ya que este gobierno en su estructura económica continúa con sus procesos de privatización de los servicios públicos y de ofertar los territorios de los pueblos indígenas y originarios a los grandes capitales nacionales e internacionales. Así lo vemos cuando en este contexto de pandemia, el gobierno federal está avanzando con los grandes proyectos, como el de la minería, el corredor interoceánico, Dos Bocas, el Aeropuerto Santa Lucía y más. Lo cual nos pone en peligro y en alerta”.
Sin duda, los proyectos impulsados por el actual gobierno trastocan, como hace 528 años, a los pueblos originarios del país, ya que no solo se concentran en una región específica, sino que, intervienen varios puntos de la República, así lo comenta Mario Quintero “respecto al corredor interoceánico, durante la pandemia se han hecho dos decretos, uno que “ordena crear este organismo descentralizado que va a administrar la región y que va a estar polígonada como el corredor interoceánico. El cual, por ahora, está avanzando del lado de Veracruz, incluidos el Puerto de Coatzacoalcos, Acayucan, Zayula. En el Istmo están haciendo trabajos de modernización, que incluyen la instalación de una nueva línea de transmisión que va a salir de Unión Hidalgo hacia Ciudad Ixtepec y que contempla el proyecto de energía eólica, de Electricité de France, de Gunaá Sicarú, así como otros dos proyectos de energía eólica que ya están proyectados y que sabemos que incluirán otros más. Este ramal de línea de transmisión es parte de una línea de transmisión más grande, que por ahora la están haciendo en partes, pero que será de 1270km y que irá de Ixtepec, el Istmo de Oaxaca, hasta Yautepec, Morelos”.
En Morelos, un Estado en el que se pretende echar a andar una termoeléctrica, y en donde, hace más de un año fue asesinado el indígena Samir Flores, la situación se ha tornado difícil para los ejidatarios de Ayala, ya que el hostigamiento por parte del gobierno no cesa y, en los últimos meses se ha incrementado la presencia del ejército y de la Guardia Nacional en la termoeléctrica, lo cual los pone en un estado de alerta constante por una posible represión hacia los pueblos que han estado luchando.
Al respecto, Samantha comenta que “el Proyecto Integral Morelos ha intentado avanzar e industrializar la zona, ahora solo quedan 200 mts de la construcción del acueducto en Ayala, pero desde hace cuatro años existe el campamento de los ejidatarios de Ayala deteniendo está construcción. Sin embargo, después del asesinato de Samir, ha habido más hostigamiento, más compra de las autoridades, más presión a las autoridades ejidales para que presionen a sus asambleas para que desistan de los amparos ganados y para que desistan de continuar con el campamento”.
Samantha también agrega que ,”aunque tengamos amparos y la ley esté a nuestro favor, continúa el hostigamiento y la intención por parte del gobierno para que el proyecto siga, ya que hace más o menos mes y medio, en una rueda de prensa, Andrés Manuel dijo que ya no había ningún amparo y que ya todo estaba resuelto legalmente y que el proyecto iba, lo cual es mentira”.
Si bien, los procesos de resistencia continúan desde las comunidades, la imposición de los megaproyectos genera divisionismo, violación de derechos, despojo, pobreza y violencia dentro de los pueblos. Mario Quiroz afirma que “el Istmo enfrenta un contexto complicado ya que hay actores que parecen aliados pero atacan a las organizaciones, hay una campaña de división por parte del Estado y las empresas, lo que pasó en San Mateo del Mar dejó una clara huella sobre lo que pretenden hacer en las comunidades que se están oponiendo, y estos es desestabilizar e imponer sus proyectos a toda costa”.
Ante este contexto de violencia y despojo que se vive en el país, el Congreso Nacional Indígena (CIG) ha convocado a sumarse a una jornada nacional de movilización en defensa de la Madre Tierra, ya que hoy más que nunca es importante entrelazar las diferentes luchas de resistencia que se viven en el país, y con ello, la voz de todos los pueblos y de todas las luchas resuene a lo largo y ancho del país con fuerza.
Samantha desde Morelos asevera que “la iniciativa del CNI y del EZ de llamar a acciones dislocadas en todo el país es una forma de manifestarnos no solo por la invasión de hace 528 años, sino para decir que el colonialismo no ha salido, que está presente en estos proyectos extractivistas, en estas visiones de la explotación de los recursos naturales de la Madre Tierra, y que la invasión continua hasta ahora, con las empresas transnacionales y con todos los megaproyetos”.
El activista Quiroz por su parte, desde el Istmo, menciona que el llamado del CNI “busca visibilizar y mediatizar lo que está pasando en los pueblos indígenas en estos momentos, sobre todo en este contexto de pandemia en el que se han dado muchos ataques paramilitares contra compañeras, compañeros, organizaciones y, de toda la violencia que se ha reactivado desde la llegada de Obrador con el anuncio de todos estos grandes proyectos. En Chipas hay hostigamiento y hay una guerra contra las y los compañeros zapatistas, sabemos que este gobierno quiere golpear a los compañeros así como a todos los que integramos el CNI. Pero como decimos si nos tocan a una, uno, nos tocan a todas, todos, así que la respuesta ante ello es buscar estrategias nacionales para poder detener esta serie de ataques”.
Diversos pueblos y colectivos a lo largo del país se han sumado a la convocatoria nacional del CNI y, justamente, como una medida para hacer visible el despojo y la violencia que está sucediendo, no solo en comunidades zapatistas con la paramilitarización, sino en el resto del país, “como parte de la ofensiva hacía los pueblos”, agrega Samantha.
En Michoacán han llamado a un encuentro de comunidades integrantes del CNI y un acto político-cultural, además el colectivo COMUNA PUREPECHA ha organizado un conversatorio titulado “12 de octubre día de la dignidad, resistencia y lucha de los pueblos originarios”. Mientras que en Ciudad de México, mujeres y hombres del pueblo Otomí, tomron las intalaciones del Instituto Nacional de pueblos Indígenas (INPI).
En Guadalajara también se ha convocado a reunirse en las calles; en Oaxaca, la asamblea oaxaqueña en defensa de la tierra y el territorio han convocado a un panel virtual y a una marcha-mitin y plantón ante las oficinas de la CFE en Matías Romero; la comunidad Xpujil, Calakmul, en Campeche así como el pueblo nahua de Zacatepec, Puebla, también se han sumado al llamado, así como otros muchos pueblos y colectivos.
Y, aunque los gobiernos querían que hubiese silencio, los pueblos no se callarán, porque la violencia, la miseria y los atropellos no cesan; porque los grandes proyectos han sido diseñados, como muchos otros, con base a la explotación de la gente; porque la extracción de los recursos naturales dañan a la Madre Tierra; porque es necesario exigir que sean respetados los derechos de los pueblos y, porque hoy más que nunca es urgente levantar la voz acompañando la consigna de los pueblos organizados en torno al CNI ¡Basta de Imposiciones y Simulación! ¡¡ Basta de Despojos y Violencia!!
SAMAHIL, Yuc., .- Integrantes del Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida, denunciaron públicamente la agresión que sufrió el señor Wilberth Chuil Quintal el pasado viernes a manos de tres sujetos, presuntamente por no querer vender sus terrenos a especuladores de tierras.
“Ya se habían cancelado los proyectos eólicos, pero el gobierno los quiere reactivar, entonces este señor es como su negrito en el arroz porque no quiere vender sus terrenos y por eso lo están agrediendo” declaró a Quadratín Cecilio Cisneros, integrante del Frente donde se agrupan representantes de 32 ejidos.
De acuerdo con la información proporcionada, la agresión se registró el pasado viernes por la mañana en el propio rancho del señor Chuil Quintal, quién presenta lesiones en diferentes partes del cuerpo y por lo que ya interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y que quedó registrado con el número de expediente UNATD-27-GM-00-1231.
Don Cecilio, apuntó que este clima de violencia por la venta de tierras es propiciado por Rafael Acosta Solís, el ex comisario Silverio Chacón Koyoc y la ex tesorera Irma Yam.
Según refirió, todo el problema, por el que también han sido víctimas de amenazas otros ejidatarios, es porque Acosta Solis, presuntamente quiere que retiren una demanda interpuesta ante el Tribunal Agrario y mediante la cual impiden a esta persona apropiarse de más de mil 512 hectáreas para instalar 6 mil 271 paneles solares.
En el marco de la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra, contra la guerra al EZLN, los pueblos y comunidades Indígenas. Mitin UCIZONI RESISTENCIA CIVIL DEL ISTMO en Estación Ferrocarril de Matías Romero Oaxaca #diadelaresistencia #dignidaddelospueblos.
Bloqueo carretera panamericana, desviación Tezoatlán, Oaxaca 12 de octubre de 2020
En el marco de la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra, contra la guerra al EZLN, los pueblos y comunidades indígenas. Bloqueo carretero por compañeros de MAÍZ, en carretera panamericana 190 m, desviacion Tezoatlan. #diadelaresistencia #EZLN #CNI #CIG
Bloqueo a CFE en Oaxaca 12 de octubre 2020
En el Marco de la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra, contra la guerra al EZLN, los pueblos y comunidades indígenas. Organizaciones de #Oaxaca bloquean accesos a CFE Oaxaca. #diadelaresistencia #dignidaddelospueblos #EZLN #CNI #CIG
Bloqueo de UCIZONI en ruta transístmica, Oaxaca 12 de octubre 2020
Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra, contra la guerra al EZLN, los pueblos y comunidades indígenas. Acciones por parte de compañeros de UCIZONI en Oaxaca, bloqueo carretero en ruta transistmica. #diadelaresitencia #dignidaddelospueblos #EZLN #CNI #CIG
Consideran que “no basta un perdón” sino que debe traducirse en eliminación de leyes que amparan despojo de sus territorios
“Advierten: “mientras no haya leyes justas que respeten nuestros pueblos, no habrá paz para el gobierno”
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Comunidades y Pueblos Indígenas exigieron al Estado Mexicano la cancelación de los megaproyectos de muerte porque “no basta un acto de perdón, esto debe traducirse eliminando las distintas leyes que amparan y han legalizado el despojo en nuestros territorios, como las leyes energéticas, la ley de Aguas y la ley Minera”.
En el marco del Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio realizó hoy una jornada de lucha como la toma de oficinas de la Conagua y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como marchas, bloqueos carreteros y protestas en la Casa Oficial del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
Como parte del Movimiento Indígena Oaxaqueño, tejiendo resistencias desde las autonomías frente al extractivismo, la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio emitió el Pronunciamiento: “¡Ya Basta!” donde advierten que “mientras no haya leyes justas que respeten nuestros pueblos, no habrá paz para el gobierno”.
En esta jornada del 12 de octubre, la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) realizó tomas en oficinas de la CFE en Matías Romero donde exigió “no al cobro excesivo de energía eléctrica, la interconexión de la línea Uxpanapa, la renacionalización de la industria eléctrica y abajo a la reforma energética”.
A estas acciones se sumó un plantón ante oficinas CFE en la capital del estado, Estación Sarabia e Ixtepec, así como una marcha y bloqueo en las vías en la región.
Además, la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA) clausuró “simbólicamente” las oficinas de la Comisión Nacional del Agua donde condenaron al Estado Mexicano por las omisiones legislativas en materia de derechos indígenas.
También exigieron el cumplimiento a los acuerdos pactados entre las 16 comunidades zapotecas y la Conagua del día 12 de octubre de 2019.
Mientras que otras organizaciones bloquearon la avenida Juárez para realizar un plantón frente a la Casa de Gobierno, en la capital de Oaxaca.
En el pronunciamiento pidieron al Estado Mexicano que tiene que replantearse de forma honesta una nueva relación con nuestras Comunidades y Pueblos Indígenas.
Al mismo tiempo mandaron un mensaje a las comunidades que “luchan contra la imposición del corredor interoceánico, el tren maya; los Chimalapas y los Valles Centrales de Oaxaca que están en una lucha permanente contra las Compañías de la muerte: las Mineras; le decimos que estamos juntos en esta lucha porque tenemos claro, que defendemos el derecho que tenemos a la vida misma”.
Los pueblos originarios denunciaron que el gobierno federal y estatal siguen representando los mismos intereses de los dineros que rigen y someten la voluntad del mundo, violentando sistemáticamente sus derechos a la libre determinación y procesos de autonomía, socavando siempre sus sueños y esperanzas, así como su manera respetuosa de relacionarse con la tierra y el territorio, “imponiendo a sangre y fuego y con la protección de las leyes los proyectos extractivistas que generan división del tejido comunitario, confrontación y muerte”.
Reiteraron que “el Estado no representa los intereses de nuestros pueblos originarios, ellos velan por los intereses del gran capital, sus dueños y amos, por ello, el día de hoy les recordamos que construimos nuestra propia autonomía y ejercemos nuestra libre determinación, a pesar del Estado Mexicano, por ello decimos ¡Ya basta!”.
“No queremos simulación, ni el uso indebido e irrespetuoso por parte del Estado de nuestras prácticas y espiritualidades, lenguajes que solo generan confusión, confrontación y discriminación al romantizar nuestras formas de vida como pueblos originarios”, finalizaron.
Representantes de distintas comunidades indígenas se reunieron en el jardín de San Sebastián de Analco en la ciudad de Guadalajara con motivo de la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra. En el lugar, externaron sus exigencias sobre los asuntos que aún permanecen pendientes de subsanar para sus pueblos: salud, educación y justicia, así como el cese a la guerra en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otras comunidades del Congreso Nacional Indígena (CNI).
También, utilizaron el espacio para hablar sobre las y los indígenas urbanos, y las formas en las que han conseguido adaptarse al cambio cultural que implica migrar de sus comunidades a la ciudad, en este caso a la capital del estado de Jalisco: Guadalajara.
Christian Noe Cantero Mora / Zona Docs
“Desde la ciudad, los pueblos indígenas estamos levantando un presente digno para nuestras familias, caminamos a pesar del racismo, la discriminación, la humillación y la explotación. Hoy aquí estamos y seguimos firmes”, leyeron en el comunicado de Ciudad Intercultural, una iniciativa ciudadana integrada por las comunidades originarias de Jalisco.
“Dentro del marco de esas jornadas a los indígenas urbanos se nos ocurrió que podríamos armar una concentración, justamente porque nunca se había planteado esta idea de reunirnos de manera autónoma, pero no para pedir limosnas del gobierno, sino para demostrar que los procesos organizativos que estamos llevando a cabo cada pueblo, se pueden enlazar y hacerse cada vez más grandes”, afirmó Fortino Domínguez Ruedas, Concejal de Los Zoques de Guadalajara ante el Consejo Indígena del Congreso Nacional Indígena (CNI).
La educación, fue otro tema a tratar durante el diálogo que sostuvieron las y los representantes indígenas dentro de la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra. Al respecto, señalaron que, a pesar de la existencia de los marcos jurídicos internacionales y nacionales que abogan por las lenguas originarias y las culturas indígenas, éstas “se han quedado en letra muerta”. Por lo que, requirieron la adecuación de los planes curriculares en todos los niveles educativos:
“La enseñanza-aprendizaje de nuestras lenguas debe implementarse tanto en zonas rurales como zonas urbanas” se puntualizó en el comunicado.
Y es que, Fortino Domínguez Ruedas, explicó que resulta “absurdo” que en las escuelas sólo se enseñe en español; más aún, cuando en el caso de Guadalajara, convergen un gran número de habitantes de los pueblos indígenas del país. Para el Concejal de Los Zoques de Guadalajara, éste es uno de los mayores desafíos que presenta el “Mundo Indígena”:
“Por ejemplo, si hay 68 pueblos indígenas en este país, y la gran mayoría viven en esta ciudad, habría que entender que en la ciudad existen 68 formas diferentes de tortilla. Es absurdo que en las escuelas solamente se nos enseñe en español, ese también es el desafío que está planteando el mundo indígena. Es necesario construir otras formas de estar acá”.
Según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), en el año 2017, cerca de 56 mil 938 personas hablaban alguna lengua indígena, entre las cuales se encuentran: Huichol, Náhuatl, Tarasco, Mixteco, Otomí, Zapoteco, Mazahua, Huasteco, Maya, Totonaco, como las más habladas.
Finalmente, uno de los temas más importantes dentro del espacio de diálogo fue el sistema de justicia y el encarcelamiento injustificado de las y los defensores de la naturaleza, así como, la guerra que se mantiene contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
En ese sentido, hicieron mención sobre la inexistencia de leyes que defiendan a personas indígenas, además de la falta de traductores dentro de los juicios que se llevan a cabo en su contra y en los que, según afirmaron: “sólo se habla y se lee en español”:
“Somos encarcelados y encarceladas por defender nuestras tierras, tierras que son nuestras, nuestros bosques, nuestros mantos freáticos, nuestras montañas sagradas que han sido ofertados al mejor postor, ¿Acaso nosotrxs no tenemos derecho la capacidad de tener nuestros propios sistemas de justicia? ¿Acaso tenemos que seguir callando más las injusticias hacia nuestros pueblos? ¿Acaso no tenemos derechos humanos y que podemos dignificar nuestras lenguas y nuestras culturas? Paremos ya el etnocidio y el ecocidio que se está haciendo en nuestros pueblos. Hoy nuestros hermanos y hermanas están siendo juzgados y juzgadas sin un perito traductor e intérprete”, precisaron en el comunicado.
“Ese día que los perdí mi vida se fue con ellos. No me voy a rendir nunca, nunca me voy a rendir, y los voy a buscar hasta el fin de mi vida y con mi vida de ser necesario”, asegura Cecilia Flores Armenta, madre rastreadora en Sonora con dos hijos desaparecidos: Marco Antonio y Alejandro Guadalupe.
Cecilia es fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora que reúne a alrededor de 200 integrantes, quienes buscan a 600 personas desaparecidas en la última década en este estado del noroeste mexicano.
El Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora ha encontrado los restos óseos de cerca de 200 personas y fosas clandestinas en distintos municipios de la entidad fronteriza con Arizona, Estados Unidos.
Picos y palas son sus herramientas principales; con recursos propios o con el mismo apoyo de la comunidad, el Colectivo se desplaza hasta distintas zonas desérticas para buscar a sus familiares.
Nogales, Sonora, es una de las ciudades donde más restos han localizado: cerca de 40 personas se hallado en los últimos 6 meses.
Texto: Daliri Oropeza / Fotos: Daliri Oropeza y Presidencia / Pie de Página
Hay una reincidencia del poder judicial de negar los derechos de los pueblos que cuidan el territorio, acusan abogados especializados. Señalan que estas negligencias y trampas son las más utilizadas durante la actual administración federal
La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíimbal ha interpuesto por lo menos cuatro demandas de amparo contra el megaproyecto Tren Maya pero los jueces los desecharon.
Las habitantes de Yucatán, integrantes de esta asamblea, denunciaron públicamente que los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito en ese estado violentaron sus derechos, les negaron el acceso a la justicia y a defenderse bajo el argumento de que carecen de “interés legítimo” sobre el territorio. A pesar de vivir en uno de los estados donde construyen el megaproyecto, que supervisó este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Presentamos un amparo contra el tren mal llamado maya y nos dicen que no tenemos interés jurídico y legítimo. ¿Qué alternativas nos dejan?, no vamos a pedirles limosna, les pedimos que nos dejen vivir”, denunció Pedro Uk, activista y poeta maya que participa en Múuch Xíimbal durante una conferencia de prensa.
Esa misma decisión por parte de jueces se repite con el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa de Morelos, el cual les dijo a los ejidatarios de la rivera del río Cuautla que carecían de “interés legítimo” para defender el agua, que además obtuvieron por decreto presidencial.
El motivo del juez para sobreseer el amparo (poner fin al procedimiento sin llegar a una resolución sobre el fondo) fue considerar que los ejidatarios, usuarios y propietarios del agua, no tienen interés legítimo ni interés jurídico para iniciar un juicio de amparo, porque no demandan a través de la Asociación Civil Asurco. Esta AC es solo la concesionaria, no la dueña.
Poner en duda el interés legítimo o jurídico resulta un procedimiento jurídico que no trata de fondo lo que las personas quejosas reclaman. Se queda en ver el interés que tienen para demandar. Como esta, hay varias maneras que los juzgados y tribunales aplican a quienes buscan ampararse ante los megaproyectos que realiza la gestión autonombrada “cuarta transformación”.
A decir de distintos abogados especialistas en disputas de territorio, el sistema jurídico carece de cuestiones básicas para hacer justicia a quienes cuidan del agua, la siembra, y los modos de subsistencia elementales de los pueblos indígenas.
Estos caminos legales que desgastan, en donde se niega discutir el interés de fondo, van de la mano de tiempos largos de procesos jurídicos, en donde juegan los recovecos de la ley, acusan los abogados. Y agregan que hay una falta de reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas que juega de cajón, y ahora con la pandemia, todo trámite se ha extendido, complicado.
En el día de la resistencia de los pueblos indígenas, distintos abogados en entrevista describen las artimañas, las trampas legales y las negligencias en la ejecución de la justicia en nuestro país, cuando se trata de defensa del territorio.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la supervisión del Tren Maya en el Tramo 4, Izamal-Cancún. Foto: Presidencia
Negar el derecho a defenderse: interés legítimo y jurídico
El abogado y exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México Jorge Fernández Souza destaca que hay todo un andamiaje o plataforma constitucional y legal para defensa de los derechos humanos, individuales o colectivos. Pero reconoce que aún con ella, a la hora de la práctica se complica su ejecución y se pone en entredicho la defensa de los derechos humanos en todos los niveles, incluyendo el nivel de los órganos jurisdiccionales.
“No hay evolución positiva”, dice el abogado Fernández sobre la aplicación de la ley y la constitución, “la evolución positiva que hay en el texto (de las leyes) no se refleja en la práctica, ese es el punto”.
En la práctica, algo que es preocupante, sobre todo el caso de los pueblos, dice Fernandez Souza, es la argumentación de la no existencia del derecho a defenderse.
“Cuando una persona presenta una demanda, también de amparo, lo primero que tiene que ver quién va a juzgar, primero un juez y después un tribunal colegiado, está integrado por tres magistrados, lo que tienen que ver es si la persona tiene interés jurídico, interés legítimo para defenderse.
“Si tiene interés, entonces se entra a estudiar el caso. Si no tiene interés, no se estudia. Y lo que ha estado pasando es que es muy delicado. Presentan los pueblos una demanda de amparo como vimos con los ejidatarios. La afectación por cuestión del agua a la termoeléctrica que les va a afectar en las aguas que usan del río Cuautla para su servicio agrícola. El juez analiza y dice: ‘no tienes interés jurídico porque a quien se le dio la concesión del agua es una figura, a una asociación y tú eres ejido’; y les niegan el interés jurídico. Es totalmente incorrecto”.
Los abogados entrevistados coinciden en que se debe analizar caso por caso. Fernandez Souza habla sobre lo que sucedió con los ejidatarios de la rivera del río Cuautla.
“El interés legítimo en este caso es muy, muy importante. Porque la Constitución lo que dice: pueden interponer el amparo las partes agraviadas que tengan un interés jurídico, pero que también tengan el interés legítimo. El interés legítimo depende de su especial situación frente al orden jurídico. Un ejido aunque no sea el concesionado del agua, pero va a ser afectado por la reducción del flujo de agua o por la contaminación del agua, evidentemente tiene interés legítimo. El orden social le da el interés legítimo para defenderse”.
El exmagistrado Jorge Fernández Souza asegura que el caso anterior es el de los amparos de la asamblea Múuch Xíimbal: “va a afectar los derechos de los pueblos indígenas por la cuestión ambiental. No tienes interés legítimo porque el Tren Maya no va a pasar en tu comunidad, no va a pasar en la puerta de mi casa pero va a pasar a unos kilómetros, sí va a afectar el medio ambiente. Va a afectar el agua, sus tierras. Interés legítimo tendría cualquier pueblo, inclusive cualquier grupo de personas que habite allá”.
El abogado advierte que con estos artilugios legaloides: “¿Qué es lo que pasa cuando los jueces o magistrados niegan el interés para defenderse? No entran al estudio como se dice en la jerga de los abogados, en la jerga jurídica, no entran al estudio del fondo. Simplemente niegan el derecho a la defensa, ese punto es muy, muy importante”.
Laberínticos tiempos de los juicios
De acuerdo con la abogada Elisa Cruz Rueda, asesora del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, los tiempos jurídicos se incrementaron con la pandemia. Hay negligencias, pues mientras les aplazan la entrega de cualquier trámite por el Tren Maya, el megaproyecto sigue avanzando con su construcción y la remodelación de las vías ya existentes.
Desde mayo, en las ventanillas les dijeron que no les podían recibir el recurso de revisión por el amparo que interpusieron, la razón fue la pandemia de covid-19. En seguida, en junio, el poder judicial anunció que estaría trabajando de manera virtual por la pandemia.
Sin embargo, aunque el abogado que lleva las demandas del CRIPX realizó ante el SAT los trámites de firma electrónica —para interponer de manera virtual los requisitos extendidos por la pandemia—, cuando intentaron interponer el recurso de revisión de manera virtual les dijeron que tenían que esperar a que terminara la emergencia sanitaria. El megaproyecto sigue en construcción e incluso el fin de semana pasado el presidente fue a supervisar las obras a la península.
“Al mismo tiempo que le aplazan al CRIPX el recurso de revisión, en Campeche, las personas en riesgo de desplazamiento forzado por vivir cerca de las vías del tren presentaron un recurso de amparo, y a ellos sí se los aceptaron en ventanilla. es una parte de negligencia, mala fe, desconocimiento de lo que tienen que hacer ahorita”, exclama la abogada.
De por sí, con el análisis para el interés jurídico o legítimo se extienden los juicios para demostrar primero si tienen derecho a defenderse, antes de tratar el tema por el cual quieran interponer el amparo.
“Ese es otro problema, los tiempos son larguísimos, los tiempos de litigio, pero muy, muy largos, y luego los usan para analizar si los quejosos pueden defender sus derechos”, recalca Jorge Fernandez Sousa.
El ideal: el reconocimiento de la personalidad jurídica
Uno de los argumentos que el abogado Francisco López Bárcenas ha visto que se utiliza de manera legal contra los pueblos indígenas, que están intentando ampararse, es la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica.
Éste es un atributo de los pueblos para que puedan reclamar sus derechos, los cuales están reconocidos por la Constitución. Este nivel constitucional lo alcanzan por la firma que hace México del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se considera la libre determinación de los pueblos, su identidad y derechos.
“Lo que he visto es que reiteradamente desconocen esa personalidad y la argumentan en que las leyes que regulan la materia sobre la cual están litigando que puede ser minería, que puede ser territorio, que puede ser tierra, recursos naturales no habla de que los pueblos indígenas puedan reclamar, es una visión muy estrecha y además muy, muy errónea”, insiste López Bárcenas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo, recuerda el abogado mixteco, que los pueblos pueden reclamar sus derechos por ellos mismos, a través de sus propias autoridades.
“Los derechos indígenas, muchos, no están regulados en la legislación nacional. Sobre todo los territorios y los recursos naturales no están regulados en la Constitución ni en las leyes mexicanas, de ahí se agarran para decir que ellos no tienen derecho, es una visión muy estrecha porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1º. y el artículo 133, establecen que los tratados forman parte del Sistema Jurídico Mexicano”, describe López Bárcenas.
La personalidad jurídica es un atributo que la ley reconoce a todas las personas físicas o morales, es decir, empresas, pueblos, asociaciones para que puedan reclamar ellos los derechos que tienen reconocidos en la ley y en el caso de amparo para que puedan ir a reclamar ellos los derechos que tienen reconocidos en la ley. Sin embargo, hay una constante omisión de esta personalidad actualmente, de acuerdo con lo que describe López Bárcenas.
“En el caso de los pueblos indígenas, los muertos tienen derechos: tienen a estar en el panteón, tienen derecho a venir a visitar a los vivos en las fechas que su cultura lo dice. ¿No? ¿Entonces esos cómo se representan? A través de algún representante, justamente, podríamos decirlo: los no nacidos tienen personalidad, los muertos que regresan también”, asegura el abogado mixteco.
“Si se siguen cerrando las puertas, los canales de la defensa jurídica entonces pues los pueblos quedan como también se dice en el ámbito jurisdiccional: en estado absoluto de indefensión, no tienen con qué defenderse”, asegura el abogado Jorge Fernández Sousa.
“El juicio de amparo, si nos vamos a un ejercicio teórico del amparo colectivo, como pueblos, además de estas complicaciones, sería difícil enfrentar a gente como la organización “Pro Tren Maya”. Denunciaron al CRIPX porque, según ellos, se ostentaban como representantes de las comunidades de Calakmul. Pedir una representación como pueblos tiene conflictos que aún no se resuelven. El pluralismo jurídico plantea un escenario a futuro, y que si existe, implicaría más que facilitarle, retos más fuertes a los pueblos. Se tendrían que unir”, asegura la abogada Elisa Cruz.
Francisco López Bárcenas asegura que ante la incertidumbre de tener derechos para defender los derechos, “yo no haría llamado a los jueces, yo haría el llamado a los pueblos. A los pueblos porque tienen que hacer estrategias donde le salga más caro al Estado su justicia, sus decisiones. No más caro a los jueces; que sea más caro al Estado no reconocerlos”.
La entidad está fuera del panorama nacional en cuanto a los entierros e inhumaciones clandestinas, pese a los hallazgos denunciados por los familiares de las víctimas organizados en colectivos.
Foto: Ricardo de la Torre
Por Javier Bravo (SoyBarrio) / Animal Político, 11 de octubre de 2020
Guanajuato está ubicado en el segundo lugar dentro del historial de reportes de personas desaparecidas a nivel nacional. De acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, del 1 de septiembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020, el estado sumó 1 mil 216 casos denunciados, lo que aun deja sin resolver la precisión sobre la cifra estimada de 2 mil 430 víctimas.
También persiste la falta de un dato estatal de fosas clandestinas. El reporte actualizado mantiene a Guanajuato fuera del panorama nacional en cuanto a los entierros e inhumaciones clandestinas, pese a los hallazgos explorados y denunciados por los familiares de las víctimas organizados a través de los colectivos de búsqueda.
Son precisamente estos últimos los que se topan con la realidad, mientras el gobierno estatal y federal definen las cifras oficiales que se dan a conocer.
El 7 de octubre representantes de colectivos, junto con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, denunciaron el acoso de sujetos desconocidos, durante las acciones de búsqueda que realizaron en el municipio de Valle de Santiago. La tardanza de la Fiscalía General del Estado, nuevamente fue señalada por las familias.
Las cifras
La actualización federal indica las entidades con mayor número de Personas Desaparecidas y no Localizadas es estos dos últimos años. Jalisco es ubicado en el primer lugar con 3 mil 568 casos, que corresponden al 25.82%, le sigue Guanajuato con el 8.80%.
Tamaulipas tiene 1 mil 206 reportes que representan el 8.73% nacional, seguido de la Ciudad de México con 1 mil 191 casos que serían el 8.62%.
En ese mismo reporte, la Comisión Nacional de Búsqueda, dio cuenta de 14 jornadas de exploración en Guanajuato y cinco búsquedas concretas.
Aunque no se precisó si estos datos contenían el de las personas que continúan en calidad de desaparecidas, o si su extracción proviene de la plataforma pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que el estado con mayor crecimiento de desapariciones es Guanajuato.
De manera general expuso que actualmente hay en México 77 mil personas en calidad de desaparecidas, según los registros que tienen desde 2006. Guanajuato ocupa el segundo lugar nacional tomando en cuenta el número de investigaciones abiertas que tienen las fiscalías locales.
“Jalisco tiene la cuarta parte de desaparecidos, pero el dato más significativo es el crecimiento de las denuncias en Guanajuato que no figuraba en las estadísticas”, señaló Encinas.
Por su parte, la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, dio a conocer que Guanajuato no podrá acceder al subsidio federal para destinarlo a los trabajos de búsqueda mientras el Gobierno del Estado no asigne al menos el 10%.
En la entidad se ha solicitado al Gobierno Federal 13 millones de pesos del subsidio, petición que se analiza en la Secretaría de Gobernación.
“Sin la aportación estatal, no se entrega, es una de las condiciones, el compromiso del gobierno estatal”, dio a conocer.
Respecto a los trabajos que ha tenido la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana destacó que en el 99% de los sitios en Guanajuato han encontrado hallazgos.
Mientras tanto… El riesgo de la búsqueda
La Fiscalía General del Estado informó que desde el martes 6 de octubre por la tarde se reportó la localización de restos óseos en la comunidad Malpaís. De acuerdo con la autoridad responsable de investigar, personal llegó para confirmar que había restos que “corresponderían a una sola persona” al interior de una pileta en construcción.
Durante la tarde del miércoles, colectivos de búsqueda denunciaron en redes sociales que estaban a la espera del personal de la Fiscalía de Guanajuato para seguir con los trabajos, pero no llegaron.
Incluso acompañaron el reclamo con otra denuncia por hombres sospechosos que vigilaban la zona mientras esperaban a los peritos de la Fiscalía.
El jueves 8 de octubre, regresaron a Malpaís en Valle de Santiago, después de horas de espera, llegó personal de la Fiscalía y se localizaron más restos, sin que al momento se haya ofrecido mayor información.
Familiares de personas desaparecidas y autoridades también regresaron a la zona de la presa El Conejo, en Irapuato, donde hace unos días localizaron ocho fosas clandestinas, para retomar los trabajos de búsqueda.
“Es muy importante recordar cuando se habla del número de restos comparado con otros estados que en Guanajuato no se habían encontrado, pero porque no se habían hecho búsquedas”, advirtió.
Colectivas feministas instalaron sus denuncias en las rejas del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) de Guadalajara, en solidaridad con la acción del “Mega Tendedero Nacional de la Vergüenza”.
Reunidas todas el pasado sábado 10 de octubre, las asistentes denunciaron que: “la ineficiencia en los procesos, los trámites burocráticos, la falta de personal, la poca capacitación, hacen que quienes debieran ayudar a las víctimas estén incurriendo en actos que no contribuyen la justicia”.
Ximena Torres / Zona Docs
Entre cinta, carteles, coraje y sororidad, representantes de varias colectivas feministas tapatías montaron sus denuncias y las de sus compañeras en las rejas del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) de Jalisco, ubicado en la colonia Jardines Alcalde en Guadalajara.
El propósito principal de la concentración, realizada el pasado 10 de octubre, fue mostrar la inconformidad que las mujeres sienten frente a la ineficiencia e indiferencia que las autoridades del CJM muestran en los procesos de denuncia. Pues como aseguraron las participantes, son “revictimizantes, cansados y terminan como un carpetazo más”.
Y es que, si bien el CJM es el órgano estatal encargado de “proporcionar atención integral a las mujeres víctimas de delitos relacionados con violencia de género” así como, de procurar la impartición de justicia pronta y expedita para quienes han sido víctimas de éstos, quienes han sido sus usuarias señalan lo contrario.
“¿Dónde hay justicia?” “Yo era la víctima no la delincuente” “Aquí revictimizan”, fueron algunas de las consignas que se leyeron y escucharon.
La actividad se realizó en el marco del “Mega Tendedero Nacional de la Vergüenza”, una acción para denunciar situaciones de acoso, abuso y otras experiencias de violencia contra las mujeres que no han recibido justicia.
La concentración contó con un espacio de micrófono abierto para que las mujeres que han sido víctimas de estos delitos externaran sus experiencias y sus demandas. De esa manera compartieron sus testimonios, procesos de denuncia, quejas y exigencias hacia el CJM y sus autoridades.
En su intervención, una de las mujeres presentes compartió con sus compañeras algunos consejos para realizar el proceso de denuncia. Desde pedirle a los y las funcionarias que “no den tus datos personales al agresor”, pues, aunque señaló que “resulta obvio”, esta es una acción recurrente de parte de las autoridades que vulnera y pone en riesgo a las mujeres; hasta llevar más de dos testigos. Particularmente, en caso de ser madre, recomendó llevar a sus hijos o hijas al momento de la denuncia.
Otra de las participantes expuso la poca empatía de los y las trabajadoras que se encargan de las denuncias de abuso sexual:
“Cuando trabajaba aquí, se les hizo gracioso poner todos los expedientes de las mujeres que habían denunciado una violación en una caja con la descripción de putas”.
Y con lágrimas en los ojos, abrazos y los puños en alto, las mujeres organizadas entonaron los coros de la melodía “Canción sin Miedo” de la artista Viri Quintana, con el propósito de ser escuchadas por las autoridades del Centro.
Las exigencias al CJM
“Las mujeres de Jalisco que hemos sido víctimas de violencia y nos hemos visto en la necesidad de acudir al CJM para iniciar el proceso de denuncia, nos damos cuenta de que la institución se ha visto rebasada por la gran cantidad de mujeres que necesitan atención. Los procesos son ineficientes y se han llenado de conductas burocráticas innecesarias que más que ayudar a la agilidad sólo revictimizan a las mujeres, haciéndolas pasar por un proceso que más que un levantamiento de denuncia de una víctima podría compararse con un proceso interrogatorio hacia un criminal”.
Esta y otras denuncias se incluyeron en el pliego petitorio que leyeron las colectivas participantes en el tendedero. Posteriormente y unidas como el Frente Feminista de Jalisco, lo entregaron a la Directora General en Delitos por Razón de Género y Trata de Personas del Centro de Justicia para las Mujeres, Mariela Martínez Lomelí.
Entre las exigencias a las autoridades, las mujeres incluyeron los siguientes puntos:
Agilidad en dictámenes psicológicos.
Capacitación feminista a todo el personal, ya que la capacitación actual ya demostró ser inútil para concientizar y sensibilizar a las y los servidores públicos que trabajan en la institución.
Que se revisen las condiciones laborales de las y los servidores públicos dentro de la institución para que se regulen conforme a derechos humanos.
Que se abra una convocatoria feminista para ocupar cargos en el CJM.
La creación de un Observatorio Ciudadano feminista dentro de la institución.
Que las primeras atenciones a las víctimas sean dadas por mujeres feministas.
Que las instalaciones cuenten con todos los servicios que las víctimas puedan necesitar, como un centro de copiado, wifi abierto y espacios para descanso.
La reestructuración de los procesos y recursos humanos, con la finalidad de hacer más eficiente el procedimiento de denuncia y acortar los excesivos periodos de espera que tienen que soportar las víctimas.
Que se sancione o destituya a las y los funcionarios que manipulen, intimiden, maltraten (o ejerzan cualquier forma de revictimización) a las mujeres que acuden a denunciar.
Cada uno de estos puntos fueron revisados por Mariela Martínez y otros dos funcionarios del CJM en la Unidad de Investigación de Delitos y la Dirección del Centro: Elías Moreno Tafolla y Jorge Baltazar Pardo.
La y los servidores públicos aceptaron que la institución en la que trabajan está rebasada y reconocieron algunas deficiencias en ella. Explicaron, por ejemplo, que el CJM tiene capacidad para atender a 80 mujeres cada día, pero actualmente recibe entre 200 y 250 usuarias diariamente.
Además, Mariela Martínez no negó la posibilidad de que algunos de los y las servidoras públicas del CJM hayan tenido conductas revictimizantes que violenten la dignidad y los derechos de las usuarias. Sin embargo, se dijo en disposición de atender las exigencias presentadas, con el fin de asegurar un mejor y más eficiente proceso de justicia para las jaliscienses víctimas de violencia.
Tras la revisión del pliego petitorio, las colectivas y servidores públicos acordaron reunirse para plantear de manera más clara la capacitación feminista propuesta; Mariela Martínez y su equipo se comprometieron a contactar a las mujeres que se manifestaron con los departamentos y direcciones del CJM y otras instituciones que podrían darle mejor seguimiento a algunas de sus exigencias; y como prioridad, atender las denuncias de omisiones y violencia hechas en el tendedero.
En varios de los puntos los tres representantes del Centro de Justicia aseguraron que “ya están trabajando”. Ante eso, las mujeres firmantes del pliego respondieron que estarán atentas a los avances que se reflejen en un trato digno para las usuarias víctimas de violencia y la impartición de justicia en cada uno de los casos.
No debe permitirse que el organismo que debe impartir justicia obstaculice y vulnere los derechos de las víctimas. Por eso, “necesitamos que las condiciones en la institución (CJM) sean adecuadas y entendidas desde una perspectiva feminista, contribuyendo a mejorar el trato a las víctimas”, dice también el pliego petitorio del Frente Feminista de Jalisco.
Miles de personas haitianas quedaron varadas por la pandemia en Tapachula, Chiapas. Debido al largo retraso en sus autorizaciones oficiales están formando una nueva comunidad en el lugar. Quinta y última entrega de Migrar bajo las leyes del covid
Texto: Rodrigo Soberanes*
Fotos Javier García / Quinto Elemento Lab y Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo/ PIE DE PÁGINA
TAPACHULA, CHIAPAS.- Covid-19 frenó en la frontera sur mexicana la marcha desde Chile de una niña haitiana de pocos meses de nacida. La Nena sobrevivió a seis días sin comer –días en que bebió solo agua con sal o azúcar– durante una caminata de dos semanas a través de la selva de Colombia y Panamá a finales de 2019.
La Nena, su madre y su padre permanecen desde enero de 2020 en un limbo causado por la llegada de la pandemia. La travesía comenzó en la desértica ciudad de Arica, norte de Chile, en noviembre de 2019, y sigue pausada en la selvática ciudad de Tapachula, Chiapas, a más de cinco mil kilómetros y casi doce meses de distancia.
El caso no es excepcional. Centenares sino miles de migrantes haitianos se han convertido en parte del paisaje de Tapachula en estos meses. Se les ha podido ver caminando desde primeras horas de la mañana por el centro de la ciudad comercial, principalmente en las inmediaciones del mercado Sebastián Escobar, donde muchos trabajan vendiendo chips de telefonía, frutas y verduras.
Sergoi pasea a su hija en una carriola por las calles de Tapachula, tras buscar un punto con señal abierta de wifi. Foto de Javier García
También se les podía encontrar en las colonias de la periferia, congregados en lugares con wifi abierto y dentro de cuarterías donde el alquiler se paga por día, semana o mes, en circunstancias de hacinamiento y precariedad.
En octubre de 2019, un año después de la primera caravana migrante que, nutrida por miles de personas centroamericanas, entró en estampida a México, empezó a crecer la presencia haitiana en la frontera sur. No eran personas solas, sino familias que fueron llegando para integrarse al panorama multicultural que estaba instalado en Tapachula, la segunda ciudad en importancia de Chiapas, la más cercana a Guatemala.
A partir de marzo de 2020, con el azote de la pandemia, el flujo migratorio centroamericano disminuyó notablemente y el paisaje de la ciudad cambió. El regreso de personas guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas a sus países de origen dejó a la vista una numerosa población haitiana en las calles.
Su presencia se notaba al recorrer las calles a principios de agosto, cuando visitamos la ciudad en plena pandemia. Frente al mercado de Tapachula, sentados en el suelo junto a las manualidades, las verduras, ajos y brebajes curativos que tienen a la venta, un grupo de personas haitianas escuchaba reggae cantado en creole. Una de ellas, Katiana Joshef, alcanzó a decir en su inexperto castellano que ella y sus amigos estaban ahí, llegados desde Chile, porque “el presidente Piñera habla mal de Haití”.
Desde el Cono Sur llegó también Julién, un emprendedor ha itiano atraído por las noticias sobre la reciente creación de un asentamiento de sus compatriotas en Tapachula que se encontraban esperando la resolución de sus trámites migratorios, y que vio una oportunidad de negocio: a una cuadra del parque central puso un restaurante que sirve arroz con frijoles, bacalao a la criolla o plátano, pollo y cerdo fritos (o griot, su nombre en la carta), además de una barbería especializada en cabelleras afrocaribeñas.
“Los haitianos somos inteligentes, hacemos negocios como los chinos”, dijo con orgullo el nuevo empresario.
Una mujer haitiana recibe un corte de cabello en una barbería instalada por un ciudadano haitiano en Tapachula. Foto de Javier García
Una mujer haitiana recibe un corte de cabello en una barbería instalada por un ciudadano haitiano en Tapachula. Foto de Javier García
Fermina Rodríguez Velasco, técnica en Integración Social del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFMC), una organización que da atención a la población migrante y refugiada en la frontera sur, explicó que, debido al COVID-19, la atención humanitaria se ha dado por teléfono. El número de llamadas a partir de marzo fue mayoritariamente de personas haitianas. El registro de esas llamadas que lleva la organización, a falta de censo oficial, permite tener una idea aproximada de la cantidad de personas de una u otra nacionalidad que llegan a esta región.
Son personas que -como narran los capítulos anteriores de la serie Migrar bajo las reglas del covid-, viajaron a pie por rutas escondidas, retomaron los viajes colgados en los techos de trenes, encontraron cerrados los albergues donde se suele ayudar a la población migrante, sobrevivieron a los ataques de pobladores locales que los consideraban transmisores del virus y a la represión por parte de las autoridades migratorias mexicanas.
“A partir de marzo la gran mayoría de demandas de ayuda humanitaria han sido de personas haitianas. No hay posibilidad de saber cuántas han llegado. Hay familias que vienen de Brasil, Panamá o Chile. Vienen con viajes de seis meses encima y con un estado de salud muy precario”, dijo en llamada telefónica Fermina Rodríguez.
Miles de personas procedentes de Haití han quedado atrapadas por la dilación de los trámites migratorios causada por el covid. Foto de Ángeles Mariscal/Chiapas Paralelo
La historia de La Nena
Años antes de que naciera La Nena, en septiembre de 2016, su madre, Velnays, trabajaba como encargada de una tienda en Puerto Príncipe, capital de Haití. Ahí sufrió un asalto a mano armada.
“Yo pasé como seis años trabajando en un negocio. Entraron cuatro personas ladronas con pistola. Venían a buscar el dinero. Yo tenía la responsabilidad del negocio. Me dijo la persona ‘pasa la plata, pasa la plata’. Uno dijo ‘mátala’, otro dijo que no”, recordó en una entrevista realizada el 31 de julio, en la calurosa habitación que compartía con su pareja y su bebé. Mientras hablaba, Velnays resoplaba y sudaba. Su cuarto contaba con poca ventilación y se le notaba visiblemente incómoda debido al calor.
Decidió entregar el dinero y los asaltantes se fueron. La segunda sorpresa de ese día se la dio su jefe.
“El jefe viene y dice ‘¿cómo pasó la plata? Usted es igual que las personas (ladrones)’. Llamó a la policía”. Según contó, haciendo un esfuerzo por hablar en español, ella respondió: “¿Cómo igual que el ladrón? Mi vida es importante”.
Velnays relató que su exjefe le respondió: “Tu vida es importante para ti. Para mí, no”. Es un recuerdo que le seguía alterando durante la entrevista, en la cuartería ubicada en la zona norte de Tapachula donde vive con su hija y su marido,
Ese altercado y el terremoto de magnitud 7 en la escala Richter que destruyó al país caribeño en 2010. la hizo ser parte de la diáspora haitiana hacia Chile, .
Encontró esa oportunidad cuando Chile envió a sus Fuerzas Armadas como parte de la ayuda humanitaria de la ONU. El vínculo entre los uniformados y la población local pavimentó la preferencia haitiana por viajar a ese país sudamericano además de una legislación antigua (vigente desde la dictadura de Pinochet) que permitía el ingreso sin visa a los ciudadanos de Haití.
En 2016 la diáspora haitiana empezó a sentirse en Chile. Ese año entraron al país 48,783 migrantes provenientes de Haití. Más de los que se habían registrado en los tres años anteriores juntos. En septiembre, Velnays y su pareja Sergoi llegaron a Santiago. Se establecieron en Puente Alto, una comuna periférica de la capital chilena, en un cuarto diminuto
Al año siguiente, en 2017, el número de haitianos que aterrizaron en Chile fue más del doble: 104,782. Un informe reservado de 2017, que estuvo en las manos de la expresidenta Michelle Bachelet, señalaba que “se aprecia que el incremento extraordinario de los flujos de ciudadanos haitianos ha generado una compleja realidad social que afecta a una proporción importante de ellos”. En esa ocasión, se levantó un requerimiento simple para los ciudadanos haitianos que ingresaran al país: una visa consular, que establece un período máximo de estadía en el país y la identificación de las personas.
Pese a ello, el flujo de migrantes procedentes de Haití siguió creciendo: para 2018 ya se habían convertido en la tercera comunidad extranjera más grande del país, con 179.338 personas, solo por detrás de venezolanos y peruanos.
En 2018 Sergoi consiguió trabajo en una oficina del centro de Santiago. Él y Velnays se mudaron a un barrio más céntrico. Según su relato, ese año, en el camino de ida y vuelta al trabajo, vivió dos episodios de discriminación en la calle. Preguntamos, pero se mostró incómodo y no quiso precisar lo ocurrido. De acuerdo al testimonio de Sergoi y Velnays, tras la llegada a la presidencia de Sebastián Piñera en marzo de 2018, los ánimos antiinmigrantes se caldearon. Y ambos empezaron a sentirlo en carne propia.
En abril de 2018, el gobierno de Piñera ideó un plan para regularizar a los extranjeros con la intención de “ordenar la casa”. Al anunciar el aumento de requisitos para postular a visas, dependiendo del país de procedencia, el presidente aseguró que «la inmigración en Chile está fuera de control». A partir de entonces, la gente de Haití necesita una visa para ingresar al país, aunque sea por turismo, con un tope de estadía de 30 días.
Un tercer incidente violento hizo que Sergoi y Velnays decidieran marcharse de Chile: en octubre de 2019, poco tiempo después de nacida La Nena, Sergoi fue asaltado en la calle. Le robaron el celular y dinero. Debido a que era un inmigrante sin papeles, no pudo interponer una denuncia ante los Carabineros, el cuerpo de policía chileno. Hasta ahí llegó su paciencia.
La Nena nació en septiembre de 2019. Su nacimiento está en los registros de algún hospital de Santiago del que sus padres no recuerdan el nombre; su salida de Chile está registrada por la frontera norte de Chacalluta, dos meses después, en noviembre de ese mismo año. Según registros entregados a través de transparencia de la Policía de Investigaciones que se encarga de los pasos fronterizos, como en México lo hace el INM, 268 personas haitianas cruzaron ese puesto fronterizo en 2019. Detrás de estas cifras están personas que encarnan una nueva diáspora haitiana, esta vez hacia el norte del continente.
De acuerdo al relato de Sergoi, la pareja tenía un dinero ahorrado que usaron para comprar pasajes de avión desde Santiago hasta Arica, la última ciudad del norte de Chile. Desde ahí, en noviembre de 2019, avanzaron hacia la línea fronteriza en contraflujo de los migrantes colombianos que llegan caminando de manera clandestina por parajes desérticos no autorizados, donde aún hay una cantidad indeterminada de minas antipersonales colocadas por el régimen de Augusto Pinochet a finales de los años 70.
En Tacna, la ciudad más austral de Perú, llegaron a la terminal de buses, ubicada junto a una pequeña plaza conocida entre la población local como “el muro de los lamentos” porque ahí deambulan personas en tránsito que fueron rechazadas en la frontera.
Sergoi, Velnays y La Nena siguieron en un viaje de 20 horas en autobús hacia Lima. Desde la capital peruana tomaron otro bus hacia la frontera con Ecuador, aproximadamente 20 horas más. Después entraron a Colombia para seguir hasta el norte y, finalmente, enfrentarse al Tapón del Darién, el tramo selvático que corta la carretera Panamericana y es imposible de cruzar a bordo de un vehículo. Un lugar extremadamente peligroso, controlado por grupos armados.
Contrataron a alguien que los guiara. Pagaron 40 dólares por persona, incluyendo a La Nena.
“Pasamos 14 días caminando con la niña. Seis días sin nada para comer, ¡nada, nada! La niña tenía dos meses. Tomaba agua con poquito de sal y un poquito de azúcar. Mucha lluvia, mucha agua siempre. Muchas personas se fueron al río en Colombia para Panamá”, recuerda Sergoi de ese viaje.
Con un precario castellano, pues su idioma natal es creole, su relato se construye con palabras como “mafia”, “pistola”. Frases como “quitaban teléfono”, “tienen muchos hombres y quitaban plata” o “mucho problema con haitiano, todo es muy complicado”.
Velnays también tiene vívido el recuerdo de la falta de alimento para su bebé. “Fui para la selva. Pasé 14 días caminando. Es muy difícil. Seis días no comí nada. Solamente agua, ¡solamente agua! No tenía leche, pañales, nada, nada, nada”, nos dijo.
Sergoi viajó con su familia por tierra desde Chile hasta Tapachula y sigue esperando respuesta a su solicitud de asilo. Foto de Javier García.
Un nuevo país, una nueva normalidad
Tras cruzar en buses Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, la familia llegó a México. El 23 de enero de 2020 quedaron varados en Tapachula, con La Nena sufriendo un intenso cuadro de urticaria, cuando las autoridades mexicanas los confinaron en la Estación Migratoria Siglo XXI durante 23 días. Al salir, a mediados de febrero, el coronavirus ya había llegado a México y el mundo había cambiado.
Realizaron la solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Migrante (COMAR). A la fecha su caso está aún en trámite. A inicios de octubre, esta comisión publicó que en lo que va del año 4241 personas de Haití habían iniciado ese mismo trámite, el segundo grupo más numeroso solo por detrás de los migrantes provenientes de Honduras.
Velnays y Sergoi consiguieron el apoyo económico de la ACNUR por tres meses, lo que les ayudó a mudarse a una cuartería donde viven más personas haitianas, en una colonia dormitorio, que se vacía durante el día porque los trabajos esenciales no paran, y quienes se quedan ocupan la calle porque el calor es imposible. Los tres se instalaron en una habitación pequeña, de aproximadamente tres por seis metros, sin cama ni baño.
De acuerdo con Fermina Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el retraso en la resolución de trámites de la COMAR ha sido determinante para que personas que tenían planes de salir, cuando mucho, seis meses después de su llegada, establecieran su residencia en Tapachula.
En esa interminable espera se vencieron los plazos de los apoyos de la ACNUR. A la tragedia se sumó la crisis económica consecuencia de la pandemia. Con la caída económica de la zona, el alquiler de los cuartos se convirtió en una preocupación para muchos. Familias enteras de migrantes haitianos comenzaron a compartir habitaciones para dividir gastos. Las personas que trabajaban en negocios como restaurantes, fondas o tiendas, quedaron en la calle.
El 24 de agosto murió un joven haitiano de 25 años llamado Demosthene Herold. Tenía síntomas de COVID-19 y, de acuerdo con sus compañeros de vivienda, llevaba varios días sin comer. Su cuerpo fue sacado a la calle para ser recogido por las autoridades.
La ACNUR ha intentado atender la emergencia humanitaria entre la población haitiana varada en Tapachula. Foto de Ángeles Mariscal/Chiapas Paralelo
Desde que en abril se les acabó el apoyo de la ACNUR, ni Sergoi ni Velnays han hallado trabajo fijo.
-¿Cómo vivieron la llegada de la pandemia?
-Pues vivo así -dijo Sergoi y señaló el interior de su precaria y sofocante vivienda-. No tengo nada para vivir por aquí.
En cuanto consigan su permiso de libre tránsito, planean recorrer por autobús los 3,919 kilómetros que los separa de Tijuana, donde está “La pequeña Haití”, un asentamiento creado en 2016 cuando migrantes provenientes de ese país quedaron varados a menos de tres kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Hoy viven ahí más de 20 mil personas procedentes del Caribe.
De momento, La Nena haitiana que sobrevivió a los peligros de Tapón del Darién, y a la incomodidad, la fatiga y el hambre en el camino, está “más o menos”, según el reporte de su madre. Come bien y toma mucha leche, aunque también se fastidia a ratos por el intenso calor selvático de Chiapas. En algún punto de su viaje aprendió a caminar y, al igual que su madre y su padre, está sobreviviendo como puede a la pandemia y a los duros desafíos de la ruta migrante.
*
*Matías Jara, de CIPER, contribuyó con la investigación desde Chile; y en fotografía, Ángeles Mariscal, de CHIAPAS PARALELO.
Rodrigo Soberanes es un periodista mexicano que vive en el estado de Veracruz. Su trabajo se centra en coberturas y reportajes sobre migración y desplazamiento forzado dentro y fuera de México. Se ha especializado en coberturas de comunidades indígenas sobre violencia y territorio, así como en temas sociales y ambientales.
Javier García es fotógrafo y videorreportero desde 1994. En 2007, fundó el Colectivo Audiovisual «Sacbé Producciones», enfocado en la producción de cortometrajes y documentales sobre migración y temas sociales en México. En 2016 dirigió el premiado documental La cocina de Las Patronas, sobre la comunidad de mujeres que asisten a migrantes centroamericanos en Amatlán de Los Reyes, Veracruz.
Quinto Elemento Lab es un laboratorio de investigación e innovación periodística con sede en México. Este reportaje forma parte de la serie de cinco partes “Migrar bajo las reglas del covid”.
La toma, realizada por estudiantes y colectivos feministas, inició cerca de las 15 horas y terminó hacia las 22 horas del sábado.
Las instalaciones del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 4 “Lázaro Cárdenas” fueron tomadas durante siete horas aproximadamente este 10 de octubre. La acción fue realizada por estudiantes y colectivos feministas, para denunciar la violencia y acoso sexual que se viven en este plantel del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
La toma, que inició cerca de las 15 horas y terminó hacia las 22 horas, fue precedida por una convocatoria lanzada a través de redes sociales por el Colectivo Galerna, para llevar a cabo una “manifestación pacífica contra el encubrimiento en el CECyT 4”. Como parte de la manifestación, los estudiantes y las colectivas cerraron un tramo de la Avenida Constituyentes y colocaron una manta en un puente cercano al CECyT No 4.
“Iba todo bien, colgamos mantas en el puente y medios de comunicación estaban presentes. A las 2:53 los policías hicieron su trabajo y quitaron todos los carros al igual que los desviaron, pero ¿qué pasó? Llegaron granaderos, nos sobresaltó ya que todo era pacífico, habían directivos y nosotros estamos conscientes de que ellos fueron quienes los llamaron” (sic), consignó el Colectivo Galerna.
Un par de estudiantes del CECyT No 4, también conocido como Voca 4, contaron a Animal Político que este 2020 han reportado distintos casos de agresiones sexuales y acoso cometidos por profesores y alumnos contra las estudiantes: entre ellos uno de abuso sexual y un intento de suicidio dentro de las instalaciones. Ante este panorama, las estudiantes montaron en marzo un tendedero para exponer la situación e intentaron hacer un paro en distintas escuelas del IPN.
También compartieron que en febrero las autoridades académicas, entre ellos profesores y profesoras, instalaron una mesa de denuncias. Sin embargo, “no hicieron nada, yo vine a denunciar que un tipo de mi salón me mandó mensajes diciendo que me veía de manera morbosa, así literalmente. Yo vine a denunciar, que quería hacer un cambio de grupo porque no me sentía cómoda con él y solamente me pidieron unos datos y dejaron una carta, no hicieron nada”, compartió una de ellas. La misma joven señaló que incluso su padre acudió con ella a denunciar otra situación, pues un profesor la acosaba “él me tocaba las manos, llegaba por atrás de mí y me pegaba su cuerpo”.
Otra agregó que “era irresponsable, o sea, tú venir a poner una denuncia enfrente de todo el mundo, entonces con qué confianza vienes”.
Las protestas contra el acoso y la violencia sexual cobraron fuerza en más centros educativos del IPN entre febrero y marzo de este mismo año. En marzo, por citar un caso, las alumnas del Cecyt 13 “Ricardo Flores Magón” también instalaron un tendedero.
Por esa fecha, el IPN dio a conocer que desde 2017 hasta ese momento se tenían registradas mil 553 denuncias de violencia de género, “de las cuales 368 son formales y mil 185 se realizaron por medio de tendederos colocados en diversas unidades académicas de los niveles medio superior y superior, que en varias casos están dirigidas hacia una misma persona”, reportó el periódico La Jornada.
CDHCM estuvo atenta a la toma
A la toma se acercó personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y estuvieron en comunicación con los estudiantes, quienes hacia las 20 horas le entregaron a este mismo personal un pliego petitorio en el que solicitan a las autoridades del CECyT No 4 emitan un comunicado “diciendo las razones del encubrimiento de la violación e intento de suicidio de una alumna en el plantel”. También demandan, entre otras cosas, que se realicen pláticas sobre acoso, hostigamiento sexual y ciberacoso para capacitar a docentes, alumnos y trabajadores; que se garantice la seguridad de “las y los alumnos que participen en este movimiento”.
Cerca de las 21 horas, los estudiantes y las colectivas feministas (entre ellas algunas integrantes del Bloque Negro que mantiene la toma de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el centro de la Ciudad de México), acordaron la entrega de las instalaciones. Y a las 22 horas empezaron a retirarse. Personal de la CDHCM permaneció en el lugar.
Respuesta del IPN
El IPN emitió un mensaje tras la toma, en el que condena “los destrozos y los daños generados por un incendio provocado en las instalaciones”. También indica que rechaza “categóricamente todo tipo de violencia, especialmente la violencia de género”.
Además, da cuenta de que quienes mantuvieron la toma se retiraron hacia las 22:05 y que colaborará con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.
Ensenada.- Integrantes de la agrupación Siguiendo tus pasos y agentes de la Fiscalía Especializada en Desapariciones, llevaron a cabo una prospección en una fosa ubicada en las inmediaciones del fraccionamiento El Roble, en Ensenada, donde localizaron restos humanos.
El hallazgo fue el viernes 9 de octubre de 2020, a las 12:50 horas, y se presume que los restos corresponden a un hombre de acuerdo con la Unidad de Homicidio Culposos quien se hará cargo de la investigación.
Activistas de la agrupación Siguiendo tus pasos manifestaron inconformidad debido a que Periciales inició diligencias para extraer el cadáver sin autorizar que alguien del grupo estuviera dentro del área, como lo marca el protocolo, pero las familias pidieron una excepción para garantizar que no hubiera daño al cadáver.
“Fue un trabajo de las familias. Y que a pesar de ello el área de Periciales no permitió a las compañeras documentar el levantamiento”, mencionaron a la prensa.
También solicitaron a la Fiscalía que agilice el proceso de identificación para dar una respuesta a las familias de Baja California que buscan a sus desaparecidos.
Recriminaron a la inmobiliaria por la mala calidad del fraccionamiento que provocó las inundaciones, y que el Municipio tiene responsabilidad en este problema porque les otorgó permisos de construcción.
También exigen que no se le autorice a Sadasi que vuelva a construir y vender viviendas en Las Américas.
Mérida, Yucatán, .- Más de 200 vecinas y vecinos de Las Américas enfrentaron a las autoridades del ayuntamiento de Mérida y a la constructora Sadasi, luego de que sus viviendas y calles llevan varios días inundadas por la mala calidad de la construcción del fraccionamiento y las lluvias del huracán Delta
Las y los inconformes realizaron una protesta este sábado, en la que recordaron que debido a esta situación una mujer perdió la vida al sufrir una descarga eléctrica. Están tan molestos, que ingresaron a la fuerza a las oficinas de Sadasi para exigir respuestas.
A la convocatoria de la ciudadanía acudieron algunos integrantes del Ayuntamiento, como el secretario de Participación Ciudadana, Julio Sauma, el director de Servicios Públicos Municipales, José Collado y el secretario del Municipio, Alejandro Ruz, por mencionar algunos. También acudieron la diputada de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea y el representante de la inmobiliaria, de nombre Juan Herrera.
Durante el encuentro, las y los vecinos insistían en la falta de empatía hacia la situación que atraviesan y también que, aunque el Ayuntamiento envió algunas pipas y bombas para desaguar las calles y casas, éstas han sido insuficientes.
“Tenemos cinco pozos que no sirven para nada porque el agua está brotando. Mi hijo es trasplantado de riñón y tenemos popo en los pies por el agua, por lo que salud está en riesgo ¿Usted cree es correcto que hayamos pagado tanto por una casa y que no nos puedan solucionar nada?”, increpó Gina de los Santos, una de las vecinas afectadas.
Y aunque Alejandro Ruz insistió en que estaban trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado y Sadasi para retirar el agua y que “estaban dando la cara”, las personas le recordaban que los permisos de construcción del fraccionamiento Las Américas fueron otorgados por el ayuntamiento, por lo que también tienen responsabilidad en este problema.
“Para que puedan magnificar la situación, vamos a verlo a nuestras casas, porque no es lo mismo pasar por una calle. Y efectivamente, llegaron cuatro pipas con una sola bomba para desahogar, pero se necesitan 20, el problema es grave”, dijo una de las vecinas.
También recriminaron que desde hace tres días que no cuentan con energía eléctrica, que el agua llega hasta sus rodillas y que el sumidero sigue rebosando, por lo que las viviendas son inhabitables.
Por momentos, la reunión fue tensa debido al enojo de las y los afectados, al grado que ingresaron a las oficinas de Sadasi para seguir con los reclamos.
Luego de más de una hora de discusión, las y los vecinos se organizaron en una comisión para realizar un pliego petitorio que las autoridades presentes se comprometieron a firmar.
Cabe mencionar que entre las exigencias previamente manifestadas, solicitaron que se suspenda la venta y construcción de viviendas de Sadasi en el fraccionamiento.
“No pueden avanzar y vender hasta que no se solucione, ustedes (Ayuntamiento) tienen toda la autoridad para suspenderlo y sabemos que están involucrados en esto. Tenemos todo el derecho de hacer esta petición. No hay venta de casas hasta que no se llegue a un acuerdo”, dijo uno de los integrantes antes de ingresar a la reunión.
Será en las próximas horas que se dé a conocer los acuerdos que lograron las autoridades municipales y la constructora Sadasi para solucionar parcialmente este conflicto con las y los vecinos.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte en México (MOCCAM), tras reuniones con artistas, creadores, hacedores y trabajadores de arte y cultura de toda la República Mexicana, da a conocer que coincidieron que “no debe llevarse a cabo en este momento” el megaproyecto Chapultepec naturaleza y cultura. Por lo cual hoy lanzaron un video, como campaña #ChapultepecEsUnEscándalo, donde participan actores y actrices, desde Mónica del Carmen, Daniel Giménez Cacho, Javier Tovarich y Giovanna Zacarías hasta el productor y director de Cine Alejandro Springall, entre otros.
Ahí, al ritmo de la canción comercial Escándalo/Cuando tu te vayas, le solicitan al presidente Andrés Manuel López Obrador “que reflexione, que considere el proyecto Chapultepec naturaleza y cultura”. En cada entidadfederativa, grupos, compañías, colectivos e individuos, subirán a sus redes, canales y sitios oficiales, la misma melodía, “pero bajo las consignas, formas, exigencias y tonos que cada grupo y entidad nos urge ser escuchados, atendidos y con resultados”. La campaña concluirá con un Maratón de Escándalo, que se transmitirá ininterrumpidamente por video conferencia de las 10 hasta las 22 horas del próximo 17 de octubre, donde participaran especialistas, artistas de todas las especialidades, académicos, investigadores, economistas, colectivos, grupos, compañías e invitados especiales de todos los estados de la República, en jornadas de 30 a 60 minutos por entidad Federativa. El acceso será a todo público y gratuito.
También crearon un decálogo de 10 puntos por los cuales consideran que debe reformularse dicho proyecto, quizá hasta que las condiciones generales del país lo propicien o la misma comunidad considere que debe o no realizarse. Son: 1.- No es un proyecto prioritario a nivel federal encaminado a resolver asuntos esenciales en materia de salud, educación, seguridad, reactivación económica permanente y laboral a nivel nacional, en particular del sector cultural. 2.- De forma integral, no es un proyecto prioritariamente cultural, sino un proyecto urbanista, centralista, de movilidad y de nueva infraestructura local. 3.- La infraestructura cultural y artística existente a nivel nacional se encuentra deteriorada y el Estado ha ido renunciado a sus obligaciones que por mandato está para impulsar y financiar la producción y difusión artística, aprovechando plenamente esta infraestructura con el objetivo de atender plenamente a la ciudadanía en todo el país (prioritario).
4.- La misma infraestructura cultural y artística existente en Chapultepec está deteriorada y no es aprovechada e impulsada en todo su potencial. 5.- Opacidad 1: La reasignación de recursos federales al gobierno de la CDMX hace que la Secretaría de Cultura federal funcione como una bolsa para un proyecto no federal, sino local (en la ciudad más atendida en términos de infraestructura y oferta cultural y artística del país). Una bolsa que posiblemente beneficiará a corto y mediano plazo, más que a la ciudadanía local y nacional, a la iniciativa privada con la asignación de contratos y de inversión para trabajadores de la construcción y similares. 6.- Opacidad 2: Es un proyecto con presupuesto asignado/propuesto (ya por dos años de $5,240 millones) sin contar con un plan maestro, plan de ejecución, sin consulta pública, sin estudios de impacto ambiental ni de movilidad y sin procesos de licitación transparentes. 7.- Ante la escasez de recursos (con una caída anual del PIB calculada en 10%) la gran absorción presupuestal de este proyecto (el 25% del PEF 2021 CULTURA), frenará el objetivo principal de la Secretaría de Cultura que es el impulso, la producción, educación, difusión y promoción artística nacional. Por lo anterior, se corre el riesgo de quedar supeditada a la inversión pública en una sola entidad federativa con posibles consecuencias como la disminución del presupuesto anual del INAH, INBAL, Imcine, y la desaparición del programa Cultura Comunitaria y/u obedecer a otros intereses ajenos de los objetivos, ética, espíritu y función de una Secretaría de Cultura federal. 8.- La Secretaría de Cultura, ni en su formato jurídico como Conaculta había ejercido de manera directa los capítulos 6000 y 7000 (inversión y obra públicas en bienes propios), por lo tanto, no es ético y mucho menos prioritario que lo empiece ejercer este año de emergencia económica, sanitaria y laboral. 9.- Se trata de una obra pública grandiosa que pareciera tener más el propósito de engrandecer la figura presidencial a nivel histórico y simbólico que la de atender necesidades culturales y artísticas reales, concretas y ya enunciadas tanto por la ciudadanía como por los gremios artísticos y culturales nacionales; como fueron en su momento la Estela de Luz o la Mega Biblioteca José Vasconcelos, proyecto bien intencionado, pero fallido, con un gran costo al erario. 10.- Este proyecto va en contra de los principios de austeridad republicana y racionalidad en el manejo del gasto público, así como de descentralización, predicados por esta administración.
Tijuana, Baja California, 4 de agosto de 2020. Aspectos generales a las a fueras del Hospital General de Tijuana. Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
En quince días, el secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, pretende iniciar la reconversión del Hospital General de Tijuana a hospital mixto para atender a pacientes No COVID. Sin embargo, el nosocomio no cuenta con infraestructura para evitar contagios cruzados.
Sin un protocolo homologado, trabajando con apenas el 60% de personal médico y con las carencias de infraestructura que padecen los hospitales pertenecientes al Instituto de Servicios de Salud Pública del estado de Baja California (Isesalud) -que desde finales de marzo se reconvirtieron para atender solo a pacientes COVID-, el titular de la Secretaría de Salud del Estado (SS), Alonso Pérez Rico, tomó la decisión de convertirlos en hospitales mixtos, iniciando con los Hospitales Generales de Ensenada y Mexicali.
Esta reconversión, que inició hace tres semanas, se dio a partir de la poca afluencia de pacientes COVID en los nosocomios, tomando en cuenta indicadores como ocupación hospitalaria, atención en clínicas de fiebre y las necesidades de los municipios en comparación con el resto de las instituciones que pueden ofrecer los servicios de salud, explicó Pérez Rico a ZETA.
Tijuana, Baja California, 7 de octubre de 2020. Aspectos generales a las a fueras del Hospital General Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
Pese a que la reconversión se daría a través de un protocolo con el que diseñarían flujos para evitar contaminación cruzada entre pacientes infectados COVID y los No COVID, y una evaluación por el Departamento de Epidemiología y las oficinas centrales de la SS para definir si se harán cambios en la estructura de un hospital o solo es el cambio en los procedimientos, la realidad relatada por trabajadores del Hospital General de Tijuana y Mexicali expone un escenario distinto.
Se buscó una entrevista con los directores de los Hospitales Generales en Tijuana, Ensenada y Mexicali para conocer el trabajo de reconversión en cada uno de ellos, pero las áreas de comunicación de estos dos últimos informaron que se prohibió desde la coordinación de comunicación de la SS. En el caso de Mexicali respondieron: “No (nos) han dicho nada del tema de reconversión”, aun cuando llevan 22 días trabajando como hospital mixto.
HGT, SIN INFRAESTRUCTURA PARA ATENDER PACIENTES NO COVID
Hasta la mañana del miércoles 7 de octubre, el Hospital General de Tijuana (HGT) reportó una ocupación del 32%, con 54 pacientes hospitalizados -17 de ellos conectados a un ventilador- distribuidos en los primeros dos pisos del nosocomio y el área de urgencias, que desde hace seis meses alberga a pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2 (que provoca la enfermedad COVID-19).
Las proyecciones del secretario de Salud son que en dos semanas comience la reconversión del HGT a hospital mixto, situación que no convence del todo al director, Alberto Reyes Escamilla, quien opinó que lo óptimo sería adecuar otro hospital para atender por completo a los pacientes COVID y no mantenerlos en el mismo edificio con pacientes que tengan otras enfermedades.
“El doctor Pérez Rico quiere que nos volvamos mixtos, pero no tenemos la estructura del hospital para ofrecer una seguridad a los pacientes No COVID al mezclarlos con pacientes COVID, aunque ya se empezó a ampliar la estructura de los elevadores, los técnicos calculan que van a tardar de seis a ocho meses en quedar listo, además, todavía no se ha empezado a instalar el aire acondicionado en los pisos donde hace falta, es cierto que dijeron que ya iban a empezar a trabajar, pero todavía no empiezan”, compartió Reyes Escamilla.
Tijuana, Baja California, 7 de octubre de 2020. Aspectos generales a las a fueras del Hospital General Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
Destacó que para atender a pacientes que no estén contagiados de COVID será necesario que el HGT cuente con un sistema de presión positiva o negativa, aire acondicionado y con los pisos preparados para aislar a pacientes, como son Urgencias, Ginecobstetricia y Área de Cirugías. Al momento se está trabajando el tema en papel, pero en la práctica no hay ningún avance.
En opinión del director del HGT, dado que las tasas de ocupación de pacientes con coronavirus es menor en comparación de los meses con más contagios, se debería buscar otro espacio que pueda atender únicamente a enfermos de COVID.
“Tenemos un promedio de consultas de 120 diarias, heridas por arma de fuego de dos a cuatro al día, entre tres y cinco pacientes accidentados todos los días, politraumatizados son cinco por día; toda esa población es a la que no estamos atendiendo y la necesidad es urgente, porque los otros hospitales son insuficientes, tanto ISSSTE, Issstecali como el Hospital General de Tecate y Rosarito, porque muchas veces no tienen anestesiólogo o cirujano o personal para tratar a los enfermos”, enfatizó el director del HGT.
En referencia al personal médico -cerca del 30%- que se fue a resguardo por ser población de riesgo, manifestó que están volviendo paulatinamente, aunque muchos han pedido su jubilación por el temor a infectarse. Reyes Escamilla espera que una vez que vuelvan todos, se busque enviar al personal vulnerable a hospitales que no manejen pacientes COVID en lo que se define el tema del HGT.
El también médico señaló que la necesidad de buscar otra instancia que atienda a los pacientes COVID únicamente, es porque se debe cuidar la salud tanto del personal médico, como de los ciudadanos que necesiten recibir atención médica y procuren el servicio con la confianza de no infectarse. Sin embargo, se mantendrá respetuoso de la decisión de la SS.
Otra de la preocupaciones del director es la ola de ciudadanos que acudan a solicitar consulta médica, que en los últimos meses no se han podido atender por no contar con los recursos, por lo que la falta de personal representará un obstáculo en este proceso de reconversión.
Al hablar de posibles brotes por COVID, Reyes Escamilla no tiene temor en asegurar que es una alta posibilidad, no solamente por la falta de infraestructura que tiene el HGT, sino porque la población continúa sin apegarse a las medidas para disminuir contagios. Por ello, es firme al recalcar que se debería buscar que algún hospital de ISSSTE o Issstecali reciba solo pacientes enfermos de coronavirus para continuar atendiendo al grueso de la población como antes de la pandemia.
REBROTE LATENTE EN HGM, DENUNCIA PERSONAL MÉDICO
Ante la negativa de entrevista con el director del Hospital General de Mexicali (HGM), se buscó el testimonio del personal médico que ha trabajado durante el periodo de transición de hospital COVID a hospital mixto. Los trabajadores entrevistados solicitaron conservar sus nombres y cargo en anonimato por temor a represalias.
Quienes actualmente laboran en el HGM detallaron a ZETA que comenzaron como hospital mixto desde hace 22 días, atendiendo a toda clase de pacientes, sin que las barreras físicas ni las pruebas para detectar un posible contagio asintomático sean suficientes, por lo que temen un brote en pacientes que no estén enfermos del letal patógeno.
“Continuamos atendiendo a pacientes COVID, a la par de pacientes sin este padecimiento, trabajando como hospital mixto. El área de urgencias se dividió en dos partes, se conforma de tres consultorios, pero solo dos están funcionales, uno es utilizado como el primer filtro para los pacientes con COVID y en el otro se atienden a personas que acuden por otra enfermedad. Si llegan pacientes contagiado de coronavirus en un estado grave, se internan en el segundo piso, pero si llegan a hospitalización sin la necesidad de un respirador, se mandan a la unidad militar”, explicó uno de los trabajadores.
Tijuana, Baja California, 7 de octubre de 2020. Aspectos generales a las a fueras del Hospital General Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
El HGM consta de cuatro pisos, en el primer piso están los pacientes en recuperación después de estar los 14 días de su cuarentena presentando síntomas graves. El segundo piso alberga a los pacientes que fueron conectados a un ventilador mecánico, el tercero se está manejando para cirugías, pero antes era Traumatología, que actualmente se atiende en el hospital de la Universidad Autónoma de Baja California, y en el cuarto piso se atiende a pacientes de pediatría.
Para evitar cadenas de contagios, los médicos han comenzado a atender a la mitad de pacientes. Antes de la contingencia se recibían cerca de 12 pacientes y ahora solo se atiende a la mitad. Sin embargo, hay preocupación porque el aire que circula en el hospital se distribuye por un mismo tubo que recorre los cuatro pisos, por lo que temen que pudiera ser un foco de contagios.
“Han llegado pacientes siendo normales por otras patologías y entran directamente a área normal y hasta que se le hacen todos los estudios correspondientes se detecta que también tienen COVID-19, pero normalmente no se sabe. La verdad no ha sido una buena estrategia hacer el hospital mixto, porque como te decía, a veces llegan pacientes con otras patologías que se tienen que operar de urgencia y solo se le hacen las pruebas para que ingrese a la cirugía y no hay tiempo de hacer una tomografía para detectar si tienen el virus, ahora ya comenzaron a hacerlas porque se detectaron muchos pacientes que eran asintomáticos”, detalló otro de los empleados del HGM.
Agregaron que dentro del hospital, las divisiones físicas son líneas rojas y amarillas para que el personal sepa qué tipo de paciente hay en cada área, pero a veces están atendiendo a un paciente COVID y a menos del metro y medio pasa la camilla con otro paciente No COVID. Aunque todavía no tienen conocimiento de pacientes No COVID que se hayan contagiado, varios de sus compañeros médicos y enfermeros se han reinfectado.
FALTA DE PERSONAL, TALÓN DE AQUILES DEL IMSS
Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el jefe de Servicios de Prestaciones Médicas en Baja California, Clemente Zúñiga, informó que ante la demanda de atención médica, los hospitales que estaban destinados solo para pacientes COVID tuvieron que mantenerse como hospitales híbridos, por lo que han atendido a pacientes de todo tipo, pero con algunas restricciones. El principal problema al que se enfrentan es la falta de especialistas.
“Al seguir la población requiriendo atención por otras enfermedades, y a pesar de estar considerado como COVID, la estructura del Hospital Regional Número 1 permitió aislar pisos para dedicarlos a COVID y seguir atendiendo a pacientes con otras necesidades de salud como el área de Urgencias”, compartió Zúñiga.
Actualmente, el primer piso del Hospital Regional Número 1 está destinado a pacientes con coronavirus, quienes ingresan por un acceso distinto para evitar el contacto de pacientes no afectados por el virus. El servicio de Urgencias y los últimos tres pisos están disponibles para atender e internar a pacientes con otros padecimientos.
Uno de los objetivos a alcanzar en el Hospital Regional Número 1 de Tijuana y el Hospital General de Zona 30 en Mexicali, dependiendo de cómo avance la pandemia, es enviar a los pacientes COVID a que sean atendidos a los módulos que fueron construidos a las afueras de los nosocomios, para que de esa manera, todos los pisos de los hospitales queden libres de SARS-CoV-2.
“La gran ventaja es que una vez que el tema de la pandemia disminuya lo suficiente, podremos con estas extensiones hospitalarias sacar todo el tema respiratorio a esas áreas y permitir una recuperación completa de los hospitales al tema no COVID. Ahorita la Clínica 20 ya no es COVID, pero ocupamos el Hospital Número 1 porque su capacidad resolutiva en cuanto a la complejidad de casos que atiende es el mayor en el Estado, por eso ocupamos de sus servicios, porque hay mucha población que nos espera y no nos pueden esperar tanto tiempo”, indicó el jefe de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS en Baja California.
Sin embargo, aceptó que el problema a enfrentar es la falta de personal médico, por lo que siguen trabajando en cómo evitar que los médicos que atienden a un paciente en recuperación No COVID sea el mismo que atienda a los pacientes infectados, para evitar contagios cruzados.
“Ahí está mi dificultad para la apertura, no puedo tener al mismo médico para las dos áreas, y por supuesto, no puedo mezclar a los pacientes en el mismo piso para que el médico los atienda en una continuidad. Las dificultades de la recuperación estriban en la misma dificultad que tuvimos desde antes de la pandemia: médicos. De la que se sufre en todo el país, que es la necesidad de especialistas que atiendan a los pacientes contagiados”, declaró Zúñiga.
La falta de personal son urgenciólogos, intensivistas y médicos internistas. Durante la contingencia se ha contratado a un promedio de mil trabajadores entre personal de enfermería y médicos generales para todo Baja California.
Respecto a Mexicali y Ensenada, destacó que en estos municipios los hospitales siempre trabajaron como híbridos porque son los únicos de especialidades en estas ciudades y no pudieron ser COVID al cien por ciento, aunque en Mexicali sí necesitaron sacar las urgencias del hospital cuando tuvieron un alto número de pacientes hospitalizados.
Del Hospital General de Zona Número 8 de Ensenada, dijo que continúa como híbrido porque para el IMSS no está considerado como un municipio con casos a la baja aunque tenga menos casos diarios, porque no han observado una tendencia permanente a la baja.
Actualmente el Hospital General Zona 30 de Mexicali atiende en dos pisos a pacientes COVID, así como en el área de urgencias; mientras que en el Hospital General de Zona 8 de Ensenada, atiende a pacientes COVID en Urgencias y en un solo piso del nosocomio. En el resto de los pisos de ambos hospitales, la atención está dirigida a pacientes con otras enfermedades.
Colima, México, Avanzada (09/10/2020).- En diez años, creció seis veces la superficie del estado de Colima concesionada a la minería, de acuerdo con el documento Panorama minero del estado de Colima, de la ahora extinta Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía del gobierno federal.
Conforme a esa fuente, en 2004 la superficie del territorio colimense concesionada era 7.39 por ciento, por un número de 117 concesiones mineras, mientras que para 2013 el panorama era otro, con una cobertura concesionada de 42.37 por ciento y 311 títulos de concesión.
“Comparativamente entre 2004 y el mes de Julio del 2013, se observa un incremento en el número de concesiones que corresponde a 311 y un cubrimiento de superficie de 231 mil 141 hectáreas; esto obedece en gran medida a que las compañías mineras nacionales y extranjeras ante la situación de los precios altos de los metales, se dieron a la tarea de explorar con mayor detalle.”
Sin embargo, en 2014 y 2015 el número de concesiones bajó alrededor de un 3% con respecto al 2013, y en los años 2016 y 2017 no hay registros.
De acuerdo con las modificaciones a la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de abril de 2005, actualmente se considera el modelo de la Concesión Única.
La Secretaria de Economía tiene información disponible en internet como Datos Abiertos-Cartografía Minera, el total de concesiones en el Estado hasta diciembre
del 2017 es de 278 concesiones vigentes en un área de cobertura de 208 mil 757 hectáreas.
En las regiones mineras de la entidad, el mineral predominante son los yacimientos de fierro que vienen ligados a manganeso, en menos proporción se encuentra cobre, plata, plomo, zinc, oro y en las arenas negras de las playas existe fierro y titanio.
De acuerdo con el estudio de la Secretaría de Economía, se revela que la principal actividad minera del estado de Colima se encuentra en Minatitlán, en la zona de Las Pesadas, Chanqueahuil, El Meco, así como Las Truchas-Playitas, El Gato, en el distrito Peña Colorada.
En esa misma región se encuentran el Distrito Cerro Náhuatl, la zona de El Astillero, El Arrayanal y la Sidra Los Laureles, con los prospectos mineros El Astillero, Llanitos y La Carbonera; El Arrayanal y el Ocote; y Los Laureles, La Sidra y La Muñera.
Las principales minas en explotación actualmente son Peña Colorada, con 16 mil toneladas de producción de mineral de hierro diariamente, y El Jaguar, con un estimado de 20 mil a 30 mil toneladas de hierro al mes.
Repartidores de distintas aplicaciones como Rappi, Didi y Uber Eats se manifestaron de forma pacífica en Guadalajara, Jalisco, para exigir que las plataformas les garanticen tarifas justas, seguridad y apoyo en caso de robo, pues actualmente trabajan en total inseguridad y bajo condiciones precarias de trabajo.
En el marco “Paro Mundial de Repartidores” colocaron una manta en la Glorieta de las y los desaparecidos de Jalisco para recordar a los seis compañeros que han perdido la vida y denunciar que las aplicaciones dejaron en el desamparo a sus familiares.
Mariana Parra / Zona Docs
Llegan a tu casa en moto o bicicleta para llevarte la comida que pides desde aplicaciones como Rappi, DiDi o Uber Eats; sin embargo, es poco lo que sabemos de las condiciones laborales en las que trabajan o de la desprotección que padecen en caso de tener un accidente o robo; por ello, decenas de repartidores se sumaron desde Guadalajara al Paro Global en contra de la precarización laboral de quienes trabajan para llevarnos la comida a casa.
Países como México, Estados Unidos, Canadá, Nigeria, Japón, Alemania, Francia y España, se sumaron a esta convocatoria con el objetivo para ejercer presión a las empresas, pero también al gobierno para que se les reconozca su situación laboral y, en consecuencia, puedan tener, al menos, un mínimo de prestaciones.
En Guadalajara, el colectivo que integran algunos trabajadores de diversas plataformas, convocó a una manifestación pacífica que comenzó a las tres de la tarde a las afueras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, ubicada en Calz de las Palmas 96.
Ahí, los repartidores Sergio Jimenez y Jesús Sandoval, ingresaron a las instalaciones con el fin de presentar un pliego petitorio para la dignificación laboral de los trabajadores independientes al servicio de las plataformas digitales.
Mientras tanto, el resto de los repartidores esperaban con carteles que tenían la leyenda: “Si le cobras al cliente lo justo, ¿Por qué no me pagas lo justo?”.
Los repartidores que se manifestaron aseguraron que los robos por parte de usuarios van en aumento, pues les quitan celulares, dinero e, incluso, en ocasiones los dejan sin motocicleta; por ello, exigieron a las aplicaciones un sistema de verificación para asegurarse de la identidad de los usuarios y, así, llevar un registro de ellos.
También solicitaron que, por medio del Gobierno de Jalisco, se les otorgue hasta el 100% o un pago simbólico en caso de resultar lesionado por robo durante las horas que laboren para las aplicaciones; así como la creación de un fondo en caso de muerte, desaparición forzada, o accidentes a causa del mal estado de las calles, esto con el fin de cubrir los ingresos básicos de la familia del repartidor.
Un minuto de silencio por los caídos
Una caravana de repartidores recorrió en motocicleta Av. Chapultepec, se detuvo al llegar a la Glorieta de las y los desaparecidos. Con el casco puesto y letreros de “Ni uno menos” “Basta de suspensiones, bloqueos y despidos” y “No más robo de propinas”, reconocieron a los seis compañeros que perdieron la vida mientras cumplían con su trabajo.
“Pedimos las tarifas justas, un seguro que nos garantice que si cualquier compañero en un accidente llega a perder la vida nuestra familia no se va a quedar desamparada, por eso colocamos esta manta el día de hoy aquí, van seis repartidores que pierden la vida en la zona metropolitana de Guadalajara y las plataformas no responden y nuestras familias quedan plenamente desamparadas”, señaló Jesús Sandoval repartidor de una de las aplicaciones.
Los 23 repartidores presentes guardaron un minuto de silencio frente a la manta que colocaron en memoria de sus compañeros y para finalizar la manifestación rompieron el silencio con aplausos.
Por último, Sergio Jimenez comentó a ZonaDocs que la Secretaría del Trabajo solicitó registrar una dirección del colectivo de repartidores para hacerles llegar la información de lo acordado una vez que desde la dependencia gubernamental llegue a un acuerdo con las empresas involucradas (Rappi, DiDi, Uber Eats, etcétera).
En lo que va de la pandemia han habido cuatro protestas internacionales convocadas por repartidores de estas plataformas para exigir mejores condiciones de trabajo.
Las vías del tren, antes abandonadas, volvieron a ser la ruta de viaje de la población migrante. Esta cuarta entrega de Migrar bajo las leyes de covid, documenta cómo personas migrantes sortean el contagio, la discriminación, los pueblos cerrados y los nuevos obstáculos impuestos por autoridades mexicanas
Texto: Rodrigo Soberanes
Fotos y videos: Javier García / Quinto Elemento Lab/ PIE DEPÁGINA
TIERRA BLANCA, VERACRUZ.- Las maniobras de la locomotora para ir acomodando vagones atraían a personas salidas de las sombras y los escondrijos de los alrededores de las vías férreas de Tierra Blanca, Veracruz. Eran migrantes atentos a cazar el tren para seguir su camino.
“Nosotros venimos cuidándonos. La gente migrante tiene su precaución. Llevamos gel, venimos lavándonos las manos, bañándonos bien”, comentó detrás de su cubrebocas Roberto Gómez Hernández, de nacionalidad hondureña. Estaba al pie de las vías, con una mochila como único equipaje y un impermeable improvisado con una bolsa negra diseñada para guardar basura.
Gómez pasa de los 40 años y ejerce de líder de un puñado de migrantes que se fueron encontrando durante su recorrido desde la frontera sur mexicana hasta este peligroso punto de la ruta migratoria en Veracruz.
“Ahorita como venimos en el tren, venimos todos sucios”, se excusó Roberto Gómez de manera espontánea, consciente de que la presencia de la población migrante no es bien vista entre los locales debido a los rumores que los señalan como portadores del virus. Enseguida mostró su frasco casi vacío de gel antibacterial.
Un migrante se cubre de la lluvia en espera del tren al lado de las vías en Tierra Blanca.
Mientras los maquinistas continuaban las maniobras de ensamblamiento de vagones cayó la noche y llegó una lluvia que atenuó el sofocante calor de la zona cañera de Tierra Blanca, que espantaba a los viajeros de permanecer ahí. El otro factor era la inseguridad. Se trata de una zona conocida por los secuestros y violentos asaltos. A estos riesgos se le sumaba la posibilidad de agarrar el virus que también asesina.
Las medidas sanitarias en Tierra Blanca -el albergue cerrado, el primer cuadro de la ciudad y sus principales calles también cerradas y bajo estricta vigilancia policial- mostraban la gravedad de los contagios en esta zona del sur veracruzano, un paisaje repetido en los lugares que el grupo de migrantes liderados por Gómez había atravesado.
A mediados de julio de 2020, Roberto Gómez alcanzó una comunidad guatemalteca llamada La Técnica, al borde del río Usumacinta, frente a la frontera de México. Para llegar ahí, debió recorrer al menos siete horas en terracería trepado sobre uno de los pequeños camiones que salen de pueblos con nombres bíblicos del extenso departamento de El Petén.
Esos camiones suelen detenerse en sitios donde polleros esperan reunir un cargamento de personas. También son interceptados por camionetas que recogen a sus clientes, quienes cambian de transporte a toda prisa y se pierden veloces en algún paraje fronterizo.
Un tren realiza maniobras en Tierra Blanca, Veracruz, un lugar con fuerte afluencia de migrantes.
Un tren realiza maniobras en Tierra Blanca, Veracruz, un lugar con fuerte afluencia de migrantes.
Cuando el grupo liderado por Roberto Gómez cruzó el río Usumacinta, del lado mexicano, entró a la comunidad de Frontera Corozal, zona de vestigios arqueológicos para los turistas, pero de controles sanitarios y migratorios para los viajeros sin visas.
“Entre Guatemala y México había una brigada de médicos, ahí nos chequearon y todo, nos tomaron la temperatura, nos dieron pastillas. Ahí caminamos tres días hasta Palenque (Chiapas). Ahí está fuerte la migra, lo corretean a uno y ahí agarramos el tren hasta acá”, contó el hondureño el 24 de julio cuando nos topamos en las vías..
Pese a la amenaza del COVID-19 la migración forzada no se ha detenido, aunque sí ha cambiado e impuesto nuevas dificultades a quienes se atreven a cruzar México en busca de la frontera con Estados Unidos, como constató Gómez y su grupo.
“El covid es real, es un virus que está a nivel mundial y uno sinceramente tiene que irse adaptando. El covid vino a quedarse, no se va a ir. Uno no puede estar esperando a que se vaya porque no se va a ir. ¿Qué vamos a hacer quedándonos en Honduras muriendo de hambre?”, explicó Gómez humedecido bajo la lluvia. Su improvisado impermeable de hule no lo protegía.
En ese momento, su grupo estaba formado por cuatro inquietos hombres que aparecían y desaparecían del paisaje, en un vaivén incesante de la esquina de la purificadora donde les regalaban agua y comida, la búsqueda de sombras, el chequeo de las maniobras en las vías. Con el paso de las horas una veintena de personas se unirían.
“Ahí vamos, con poco de nervios pero ahí venimos. Por lo que veo, esa enfermedad existe. Se han dado varios casos, ha habido muchas personas infectadas. Las personas lo toman a juego”, dijo Kevin José Enrique Reyes, un joven integrante del grupo conocedor de que en Tierra Blanca el semáforo epidemiológico estaba en rojo. El peligro máximo de contagio.
Un grupo de migrantes se resguarda de la lluvia en Tierra Blanca esperando la hora de salida del tren hacia el norte del país.
Tras los pasos de la migración
Antes de llegar a Tierra Blanca, el tren pasó por Medias Aguas, una comunidad del municipio de Sayula de Alemán señalada como foco de secuestros. Es una zona ganadera donde se juntan dos rutas migratorias: las que comienzan en el norte de Chiapas y cruzan Tabasco -la que tomó Roberto Gómez- y la que inicia en el sur de Chiapas.
Ahí, sobre las vías, se encontraba el joven paramédico de la Cruz Roja, Francisco Javier Beatriz, quien comentaba con los guardias de la estación el descarrilamiento de un tren apenas unos días antes, la tercera semana de julio. Fueron ocho vagones que transportaban varillas de metal, le dijo uno. Ningún migrante resultó lesionado porque, de pura suerte, no viajaban sobre el techo de los vagones volcados.
El descarrilamiento hizo visible la presencia de la migración en trenes de carga -según el paramédico- porque, al estar cerradas las vías por las obras de reparación, los polizontes que viajan en los trenes comenzaron caminar por las vías. Una escena que no se veía desde la llegada de las caravanas migrantes a finales de 2018.
“Aquí en Medias Aguas estuvimos atendiendo persona por persona, migrante por migrante. Hubo un aproximado de 70. Hicimos restauración de contacto con llamadas a sus domicilios en Centroamérica. Se les apoyó con víveres, suero y medicamento”, contó durante nuestra entrevista. El cansancio, la sed y el hambre que presentaban las y los viajeros obligaron a dar esta respuesta de emergencia.
La brigada del paramédico Beatriz venía atendiendo a lo largo de cinco municipios en este sofoco sin brisa a migrantes que -según sus cálculos- tienen “un 90% más de vulnerabilidad” frente al covid que las personas establecidas en casas o albergues. .
“Hasta el momento no nos ha tocado ni un migrante con síntomas de covid. La verdad, nos sorprende, porque sabemos que son personas que están vulnerables a contagiarse. Toman agua de donde pueden, comen y descansan donde pueden”, dijo.
El descarrilamiento y los hallazgos de migrantes en lugares que ya no eran frecuentados reveló lo que ya sospechaban personajes claves en la atención humanitaria: el COVID-19 volvió a empujar a muchos a viajar colgados de los trenes. En tramos como este, esta peligrosa modalidad se convirtió en la principal opción de transporte.
Con este cambio se desvanecía la manera segura de traslado, inaugurada en octubre de 2018, cuando integraban caravanas en las que miles de personas caminan juntas, sin pagar coyotes y esconderse. Ahora tenían que volver a la soledad, la clandestinidad y, con ello, volvían a enfrentarse a riesgos que se creía habían quedado en el pasado.
Una persona, quien lleva años monitoreando el tránsito de migrantes y pidió ocultar su nombre, dijo que en marzo la organización donde trabaja contó cerca de mil personas viajando en trenes. Cuando la pandemia estaba en su pico máximo de contagio -entre abril y junio- no vieron más de 10 por mes. Sin embargo, a finales de julio ya notaban un repunte de personas migrantes sobre los vagones. Habían contado más de 200.
En Tierra Blanca, aunque el albergue no daba hospedaje a personas migrantes, sí ofrecía comida y agua a quienes después se podía ver apoltronados en algún rincón sombreado de la ciudad, resguardandose del calor.
La noche del 24 de julio, los migrantes guiados por Gómez fueron saliendo de los rincones de Tierra Blanca. El grupo fue creciendo y cerca de la media noche podía verse una veintena de personas esperando bajo algún techo, protegiéndose de la lluvia, a que el tren enfilara hacia el norte.
A 187 kilómetros de ahí, Gloria García Zamora, presidenta del Comité de la Cruz Roja en Acayucan, notó también que la población migrante llegó con “un poco de temor” por el rechazo social aunque, ella sabe que “en términos generales también están tomando las consideraciones de las secretaría de Salud”. Usan cubrebocas, se lavan las manos y toman otras medidas de higiene.
Los dos voluntarios de la Cruz Roja coincidieron en que la población migrante tomó su “sana distancia” con respecto a gente mexicana que encontraba en el camino. Esa toma de distancia la orilló a buscar las vías del tren y caminos despoblados, donde realizaban caminatas kilométricas de varios días. Como si fueran apestados.
Cuando inició la pandemia, en México ocurrieron episodios violentos contra los migrantes. El 27 de febrero una turba enardecida de habitantes de Oluta amenazó con linchar a 74 salvadoreños liberados de la estación migratoria de Acayucan, que fueron acogidos en el albergue Monseñor Guillerno Ranzahuer. La policía se vio forzada a intervenir para protegerlos. El 3 de marzo, un grupo de migrantes resguardados en un auditorio de Palenque, Chiapas fue desalojado de forma violenta. Los migrantes sobrevivieron, pero sus pertenencias fueron quemadas por la turba.
La Casa del Migrante Monseñor Guillermo Ranzahuer se encuentra en un paraje oculto de Ayaucan. Su director, José Luis Reyes Farías, nos explicó sentado en un potrero frente al refugio que el miedo al contagio por la pandemia, el rechazo de la población local y el aumento de controles migratorios aventaron a las y los migrantes a lo que llamó “la ruta de la oscuridad”.
Obligados a viajar en trenes de carga y a cruzar selvas, potreros, ríos, lagos y hasta el mar, rodeando a las autoridades que quieren detenerlos, y sus revisiones carreteras y evitando también la desbordada desconfianza en los pueblos que encuentran en su camino, según Reyes.
Hacia las “rutas de la oscuridad”
Siguiendo por la ruta migratoria hacia el sur, ya en el estado de Oaxaca, la postal de calles y negocios cerrados, sumados a la reducida y silenciosa presencia de personas en las calles, incluso en horarios laborales, mostraban que el temor al covid era cosa seria en los municipios de Matías Romero, Juchitán e Ixtepec, la cintura de la República. El cambio con respecto a Veracruz y sus ruidosos negocios en ebullición era notorio.
La entrada de personas a Ixtepec era controlada en un puesto de medidas sanitarias.
Para entrar a la ciudad de Ixtepec había que pasar un puesto de sanitización donde cada persona debe dejarse tomar la temperatura. En el caso de vehículos procedentes de la zona de Juchitán, los ocupantes tenían que justificar su presencia con un buen motivo -cuestiones de trabajo, visitas al doctor, citas importantes- de lo contrario, policías y funcionarios municipales impedían la entrada.
El albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec y fundado por el famoso padre Alejandro Solalinde, cerró el 6 de abril aunque no habían detectado casos sospechosos entre sus usuarios. Cuando se instaló el semáforo rojo en la zona permitió quedarse a los pocos migrantes que se encontraban dentro. Por seis meses no permitió nuevos ingresos y sólo ofrecía orientación jurídica, pero fuera de las instalaciones.
“En un principio en marzo y abril hubo una reunión entre el Comité Municipal de Ixtepec y el albergue. Al comité se hacían llegar esos comentarios, en el sentido de que temían que el albergue fuera un foco de infección”, explicó la asesora jurídica del albergue, Diana Mendoza. “Si de por sí ya antes existía un rechazo, lo del virus lo marcó más. No tendría por qué ser así. El virus es comunitario, ya está en el municipio”.
En las calles de la ciudad de Ixtepec era frecuente ver señales de advertencia colocadas por las autoridades.
En la ruta del sureste mexicano, además del oaxaqueño albergue Hermanos en el Camino, en Chiapas cerraron sus puertas los Albergue Belén (que al momento de esta publicación ya acepta 20 personas al día) y El Buen Pastor, de Tapachula; la Casa del Migrante Hogar de la Misericordia, de Arriaga; en Veracruz, el Albergue Decanal Guadalupano, en Tierra Blanca. Todos ellos formaban una especie de oasis de descanso en el camino de la migración forzada.
Por el momento, ante la pinza que forman la xenofobia, el virus y los retenes, grupos como el liderado por el hondureño Roberto Gómez no tienen más opción que las peligrosas rutas de la oscuridad.
“Es lamentable y duele no poder dar el acceso al espacio seguro que ellos requieren”, nos confió la asesora jurídica Diana Mendoza.
Un sentimiento compartido por todas las personas que en esta zona llevan años intentando hacer que la travesía de aquellas personas forzadas a huir de sus países sea, al menos, un poco menos arriesgada, menos trágica, y algo más llevadera.
La pandemia hizo que los migrantes volvieran a los trenes
La pandemia causó que la población migrante buscara “caminos oscuros” para seguir hacia el norte ante el endurecimiento de las medidas de control del gobierno mexicano y el rechazo social que han ido encontrado en las poblaciones que cruzan. Las vías del tren, antes abandonadas, volvieron a ser la ruta utilizada por algunas personas migrantes.
Rodrigo Soberanes es un periodista mexicano que vive en el estado de Veracruz. Su trabajo se centra en coberturas y reportajes sobre migración y desplazamiento forzado dentro y fuera de México. Se ha especializado en coberturas de comunidades indígenas sobre violencia y territorio, así como en temas sociales y ambientales. Javier García es fotógrafo y videorreportero desde 1994. En 2007, fundó el Colectivo Audiovisual «Sacbé Producciones», enfocado en la producción de cortometrajes y documentales sobre migración y temas sociales en México. En 2016 dirigió el premiado documental La cocina de Las Patronas, sobre la comunidad de mujeres que asisten a migrantes centroamericanos en Amatlán de Los Reyes, Veracruz. Quinto Elemento Lab es un laboratorio de investigación e innovación periodística con sede en México. Este reportaje forma parte de la serie de cinco partes “Migrar bajo las reglas del covid”.
Supongamos que es posible elegir, por ejemplo, la mirada. Supongamos que usted puede librarse, así sea por un momento, de la tiranía de las redes sociales que imponen no sólo qué se mira y de qué se habla, también cómo mirar y cómo hablar. Entonces, supongamos que usted levanta su mirada. Más arriba: de lo inmediato a lo local a lo regional a lo nacional a lo mundial. ¿Lo mira? Cierto, un caos, un desbarajuste, un desorden. Entonces supongamos que usted es un ser humano; vaya, que no es una aplicación digital que, velozmente, mira, clasifica, jerarquiza, juzga y sanciona. Entonces usted elige qué mirar… y cómo mirar. Pudiera ser, es un supositorio, que mirar y juzgar no sean lo mismo. Así que usted no sólo elige, también decide. Cambiar la pregunta de “eso, ¿está mal o bien?”, a “¿qué es eso?”. Claro, la primera cuestión lleva a un debate sabroso (¿todavía hay debates?). Y de ahí al “Eso está mal –o bien- porque yo lo digo”. O, tal vez, hay una discusión sobre qué es el bien y el mal, y de ahí a los argumentos y citas con pie de página. Cierto, tiene usted razón, eso es mejor que recurrir a “likes” y “manitas arriba”, pero le he propuesto cambiar el punto de partida: elegir el destino de su mirada.
Por ejemplo: usted decide mirar a los musulmanes. Puede usted elegir, por ejemplo, entre quienes perpetraron el atentado contra Charlie Hebdo o entre quienes marchan ahora por los caminos de Francia para reclamar, exigir, imponer sus derechos. Puesto que usted ha llegado a estas líneas, es muy probable que se decante por los “sans papiers”. Claro, también se siente usted en la obligación de declarar que Macron es un imbécil. Pero, obviando ese rápido vistazo hacia arriba, usted vuelve a mirar los plantones, campamentos y marchas de los migrantes. Usted se pregunta por el número. Le parecen muchos, o pocos, o demasiados, o suficientes. Ha pasado de la identidad religiosa a la cantidad. Y entonces usted se pregunta qué quieren, por qué luchan. Y aquí usted decide si acude a los medios y las redes para saberlo… o les escucha. Suponga que les puede preguntar. ¿Les pregunta usted su creencia religiosa, cuántos son? ¿O les pregunta por qué abandonaron su tierra y decidieron llegar a suelos y cielos que tienen otra lengua, otra cultura, otras leyes, otro modo? Tal vez le respondan con una sola palabra: guerra. O tal vez le detallen lo que esa palabra significa en su realidad de ellos. Guerra. Usted decide investigar: ¿guerra dónde? O, más mejor. ¿por qué esa guerra? Entonces le abruman con explicaciones: creencias religiosas, disputas territoriales, saqueo de recursos o, simple y llanamente, estupidez. Pero usted no se conforma y pregunta por quién se beneficia de la destrucción, del despoblamiento, de la reconstrucción, de la repoblación. Encuentra los datos de diversas corporaciones. Investiga a las corporaciones y descubre que están en varios países, y que fabrican no sólo armas, también autos, cohetes interestelares, hornos de microondas, servicios de paquetería, bancos, redes sociales, “contenido mediático”, ropa, celulares y computadoras, calzado, alimentos orgánicos y no, empresas navieras, ventas en línea, trenes, jefes de gobierno y gabinetes, centros de investigación científica y no, cadenas de hoteles y restaurantes, “fast food”, líneas aéreas, termoeléctricas y, claro, fundaciones de ayuda “humanitaria”. Usted podría decir, entonces, que la responsabilidad es de la humanidad o del mundo entero.
Pero usted se pregunta si el mundo o la humanidad no son responsables, también, de esa marcha, plantón, campamento de migrantes, de esa resistencia. Y llega entonces a concluir que, puede ser, es probable, tal vez, es un sistema íntegro el responsable. Un sistema que produce y reproduce el dolor, a quienes lo infligen y a quienes lo padecen.
Ahora vuelva usted la mirada a la marcha que recorre los caminos de la Francia. Suponga que son pocos, muy pocos, que sólo es una mujer que carga un su pichito. ¿Le importan ahora su creencia religiosa, su lengua, sus ropas, su cultura, su modo? ¿Le importan que sea sólo una mujer que carga su pichito en brazos? Ahora olvídese de la mujer por un momento y enfoque su mirada sólo en la criatura. ¿Importa si es varón o hembra u otroa? ¿Su color de piel? Tal vez descubra usted, ahora, que lo que importa es su vida.
Ahora, vaya más allá, después de todo ya llegó usted hasta estas líneas, así que unas más no le harán daño. Ok, no mucho daño.
Suponga que esa mujer le habla y usted tiene el privilegio de entender lo que le diga. ¿Usted cree que ella le exigirá que le pida perdón por el color de su piel de usted, su creencia religiosa o no, su nacionalidad, sus antepasados, su lengua, su género, su modo? ¿Usted se apresura a pedirle perdón por ser quien es? ¿Espera que ella le perdone y usted regrese a su vida con esa cuenta saldada? ¿O que ella no le perdone y usted se diga “bueno, al menos lo intenté y estoy sinceramente arrepentido de ser quien soy”?
¿O teme que ella no le hable, que sólo le mire en silencio, y usted sienta que esa mirada le pregunta “¿Y tú, qué?”?
Si llega usted a este razonamiento-sentimiento-angustia-desesperación, entonces, lo lamento, usted no tiene remedio: usted es un ser humano.
-*-
Aclarado así que usted no es un bot, repita el ejercicio en la Isla de Lesbos; en el Peñón de Gibraltar; en el Canal de la Mancha; en Nápoles; en el río Suchiate; en el río Bravo.
Ahora mueva su mirada y busque Palestina, Kurdistán, Euskadi y Wallmapu. Sí, lo sé, marea un poco… y no es todo. Pero en esos lugares, hay quienes (muchos o pocos o demasiados o suficientes) también luchan por la vida. Pero resulta que conciben la vida ligada inseparablemente a su tierra, a su lengua, su cultura, su modo. A eso que el Congreso Nacional Indígena nos enseñó a llamar “territorio”, y que no es sólo un pedazo de tierra. ¿No tiene la tentación de que esas personas le cuenten su historia, su lucha, sus sueños? Sí, lo sé, tal vez sea mejor para usted recurrir a Wikipedia, pero ¿no le tienta el escucharlo directamente y tratar de entenderlo?
Regrese ahora a eso que está entre los ríos Bravo y Suchiate. Acérquese a un lugar que se llama “Morelos”. Un nuevo acercamiento de su mirada al municipio de Temoac. Enfoque ahora la comunidad de Amilcingo. ¿Mira usted esa casa? Es la casa de un hombre que en vida llevó el nombre de Samir Flores Soberanes. Frente a esa puerta fue asesinado. ¿Su delito? Oponerse a un megaproyecto que representa muerte para la vida de las comunidades a las que pertenece. No, no me equivoqué en la redacción: Samir es asesinado no por defender su vida individual, sino la de sus comunidades.
Más aún: Samir fue asesinado por defender la vida de generaciones que aún no son ni pensadas. Porque para Samir, para sus compañeras y compañeros, para los pueblos originarios agrupados en el CNI y para nosotras, nosotros, nosotroas, zapatistas, la vida de la comunidad no es algo que transcurra sólo en el presente. Es, sobre todo, lo que vendrá. La vida de la comunidad es algo que se construye hoy, pero para el mañana. La vida en la comunidad es algo que se hereda, pues. ¿Usted cree que la cuenta se salda si los asesinos –el intelectual y el material- piden perdón? ¿Piensa que su familia, su organización, el CNI, nosotr@s, quedaremos conformes con que pidan perdón los criminales? “Perdónenme, yo lo señalé para que los sicarios procedieran a ejecutarlo, y siempre he sido un boquiflojo. Veré de corregirme, o no. Ya les pedí perdón, ahora quiten su plantón y vamos a completar la termoeléctrica, porque si no, se va a perder mucho dinero” ¿Usted supone que eso esperan, esperamos, que por eso luchan, luchamos? ¿Para que pidan perdón? ¿Que declaren “disculpen, sí, asesinamos a Samir y, de paso, con este proyecto, asesinamos a sus comunidades. Ya pues, perdónenos. Y si no nos perdonan, pues no nos importa, el proyecto se tiene que completar”?
Y resulta que los mismos que pedirían perdón por la termoeléctrica, son los mismos del Tren mal llamado “Maya”, los mismos del “corredor transístmico”, los mismos de presas, minas a cielo abierto y centrales eléctricas, los mismos que cierran fronteras para detener la migración provocada por las guerras que ellos mismos alimentan, los mismos que persiguen al Mapuche, los mismos que masacran al Kurdo, los mismos que destruyen Palestina, los mismos que disparan a los afroamericanos, los mismos que explotan (directa o indirectamente) a trabajadores en cualquier rincón del planeta, los mismos que cultivan y enaltecen la violencia de género, los mismos que prostituyen a la niñez, los mismos que le espían a usted para saber qué le gusta y venderle eso -y si no le gusta nada, pues hacen que le guste-, los mismos que destruyen la naturaleza. Los mismos que quieren hacerle creer, a usted, a los demás, a nosotr@s, que la responsabilidad de ese crimen mundial y en marcha, es responsabilidad de naciones, de creencias religiosas, de resistencia al progreso, de conservadores, de lenguas, de historias, de modos. Que todo se sintetiza en un individuo… o individua (no olvidar la paridad de género).
Si se pudiera ir a todos esos rincones de este planeta moribundo, ¿qué haría usted? Bueno, no sabemos. Pero nosotras, nosotros, nosotroas, zapatistas, iríamos a aprender. Claro, también a bailar, pero una cosa no excluye a la otra, creo. Si hubiera esa oportunidad estaríamos dispuest@s a arriesgarlo todo, todo. No sólo nuestra vida individual, también nuestra vida colectiva. Y si no existiera esa posibilidad, lucharíamos por crearla. Por construirla, como si de un navío se tratara. Sí, lo sé, es una locura. Algo impensable. ¿A quién se le ocurriría que el destino de quienes resisten a la termoeléctrica, en un pequeñísimo rincón de México, le podría interesar a Palestina, al Mapuche, al vasco, al migrante, al afroamericano, a la joven ambientalista sueca, a la guerrera kurda, a la mujer que lucha en otra parte del planeta, al Japón, a China, a las Coreas, a Oceanía, a la África madre?
¿No deberíamos, en cambio, ir, por ejemplo, a Chablekal, en Yucatán, al local del Equipo Indignación, y reclamarles: “¡Ey! Ustedes son de piel blanca y son creyentes, ¡pidan perdón!”? Casi estoy seguro de que responderían: “no hay problema, pero esperen su turno, porque ahora estamos ocupad@s en acompañar a quienes se resisten al Tren Maya, a quienes sufren despojos, persecución, cárcel, muerte.” Y agregarían:
“Además tenemos que atender la acusación que el supremo nos hace de que estamos financiadas por los Iluminatti como parte de un complot interplanetario para detener a la 4T”. De lo que sí estoy seguro es que usarían el verbo “acompañar”, y no los de “dirigir”, “mandar”, “conducir”.
¿O deberíamos mejor invadir las Europas al grito de “¡ríndanse cara-pálidas!”, y destruir el Partenón, el Louvre y el Prado y, en lugar de esculturas y pinturas, llenar todo de bordados zapatistas, especialmente de cubre bocas zapatistas –que, dicho sea de paso, son eficaces y bonitillos-; y, en lugar de pastas, mariscos y paellas, imponer el consumo de elotes, cacaté y yerba mora; en lugar de refrescos, vinos y cervezas, pozol obligatorio; y quien salga a la calle sin pasamontañas, multa o cárcel (sí, opcional, porque tampoco hay que exagerar); y exclamar “¡A ver, esos rockeros, marimba obligatoria! ¡Y desde ahora puras cumbias, nada de que reggaeton (¿le tienta, verdad?)! ¡A ver tú, Panchito Varona y Sabina, los demás a los coros, arránquense con “Cartas Marcadas”, y en loop, aunque nos den las diez, las once, las doce, la una, las dos y las tres… y ya, porque mañana hay que madrugar! ¡Oyes otro tú, ex rey pies-en-polvorosa, deja en paz a esos elefantes y ponte a cocinar! ¡Sopa de calabaza para toda la corte! (lo sé, mi crueldad es exquisita)?
Ahora dígame: ¿usted cree que la pesadilla de los de arriba es que les obliguen a pedir perdón? ¿No será que lo que les puebla el sueño de cosas horrendas es que desaparezcan, que no importen, que no se les tome en cuenta, que sean nada, que su mundo se desmorone sin apenas hacer ruido, sin nadie que les recuerde, que les erija estatuas, museos, cánticos, días de guardar? ¿No será que les da pánico la posible realidad?
-*-
Fue de las pocas veces que el finado SupMarcos no recurrió a un símil cinéfilo para explicar algo. Porque, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarles, el difunto podía referir las etapas de su corta vida, cada una, a una película. O acompañar una explicación sobre la situación nacional o internacional con un “como en la película tal”. Claro, más de una vez tenía que recomponer el guión para que se ajustara a lo narrado. Como la mayoría de nosotros no habíamos visto el filme referido, y no teníamos señal para consultar en los celulares la wikipedia, pues le creíamos. Pero no nos desviemos del tema. Esperen, creo que lo dejó escrito en alguno de esos papeles que saturan su baúl de los recuerdos… ¡Aquí está! Va pues:
“Para entender nuestro empeño y el tamaño de nuestra osadía, imaginen que la muerte es una puerta que se cruza. Habrá muchas y variadas especulaciones sobre lo que hay detrás de esa puerta: el cielo, el infierno, el limbo, la nada. Y sobre esas opciones, decenas de descripciones. La vida, entonces, podría ser concebida como el camino hacia esa puerta. La puerta, la muerte pues, sería así un punto de llegada… o una interrupción, el impertinente tajo de la ausencia hiriendo el aire de la vida.
A esa puerta se llegaría, entonces, con la violencia de la tortura y el asesinato, el infortunio de un accidente, el penoso entornar la puerta en una enfermedad, el cansancio, el deseo. Es decir, aunque la mayoría de las veces se llegaba a esa puerta sin desearlo ni pretenderlo, también sería posible que fuera una elección.
En los pueblos originarios, hoy zapatistas, la muerte era una puerta que se plantaba casi al inicio de la vida. La niñez se topaba con ella antes de los 5 años, y la cruzaba entre fiebres y diarreas. Lo que hicimos el primero de enero de 1994 fue tratar de alejar esa puerta. Claro, hubo que estar dispuestos a cruzarla para lograrlo, aunque no lo deseáramos. Desde entonces todo nuestro empeño ha sido, y es, por alejar esa puerta lo más posible. “Alargar la esperanza de vida”, dirían los especialistas. Pero vida digna, agregaríamos nosotr@s. Alejarla hasta lograr colocarla a un lado, pero muy adelante del camino. Por eso dijimos al inicio del alzamiento que “para vivir, morimos”. Porque si no heredamos vida, es decir camino, ¿entonces para qué vivimos?”
-*-
Heredar vida.
Eso es precisamente lo que le preocupaba a Samir Flores Soberanes. Y eso es lo que puede sintetizar la lucha del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, en su resistencia y rebeldía contra la Termoeléctrica y el llamado “Proyecto Integral Morelos”. A sus demandas de detener y desaparecer un proyecto de muerte, el mal gobierno responde argumentando que se perdería mucho dinero.
Ahí, en Morelos, se sintetiza la confrontación actual en todo el mundo: dinero versus vida. Y en ese enfrentamiento, en esa guerra, ninguna persona honesta debería ser neutral: o con el dinero, o con la vida.
Así que, podríamos concluir, la lucha por la vida no es una obsesión en los pueblos originarios. Es más bien… una vocación… y colectiva.
Vale. Salud y que no olvidemos que perdón y justicia no son lo mismo.
Desde las montañas de Los Alpes, dudando qué invadir primero: ¿Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia, Eslovenia, Mónaco, Liechtenstein? Nah, es broma… ¿o no?
El SupGaleano practicando su “gómito” más elegante.
México, Octubre del 2020.
Del Cuaderno de Apuntes del Gato-Perro: Una montaña en alta mar. Parte I: La balsa.
“Y en los mares de todos los mundos que en el mundo son,
se miraron montañas que se movían sobre el agua y, con el
rostro negado, mujeres, hombres y otroas sobre ellas”.
“Crónicas del mañana”. Don Durito de La Lacandona. 1990.
Al tercer intento fallido, Maxo quedó pensativo y, después de unos segundos, exclamó: “Quiere lazo”. “Te lo dije”, obvió Gabino. Los restos de la balsa flotaban dispersos, chocando unos con otros al gusto de la corriente del río que, haciendo honor a su nombre de “Colorado”, se pintaba del barro rojizo que arrancaba de las orillas.
Llamaron entonces a un escuadrón miliciano de caballería, que llegó al ritmo de la “Cumbia Sobre el Río Suena”, del maestro Celso Piña. Fueron empatando los lazos e hicieron dos tramos largos. Mandaron a un equipo del otro lado del río. Amarrados sus lazos a la balsa, ambos grupos podrían controlar el trayecto del navío sin que acabara deshecho, arrastrado el manojo de troncos por un río que ni siquiera se daba por enterado del intento de navegación.
El despropósito en curso surgió después de que se decidió la invasión…, perdón, la visita a los cinco continentes. Y pues ya ni modos. Porque, cuando se votó, y al final el SupGaleano les dijo “están locos, no tenemos barco”, Maxo respondió: “hacemos uno”. Rápido empezaron a hacer propuestas.
Como todo lo absurdo en tierras zapatistas, la construcción del “barco” convocó a la banda de Defensa Zapatista.
“Las compañeras van a morir miserablemente”, sentenció Esperanza, con su ya legendario optimismo (en algún libro la niña encontró esa palabra y entendió que era para referirse a algo horrible e irremediable, y la usa al contentillo: “Mis mamaces me peinaron miserablemente”, “La maestra me puso tache miserablemente”, y así), cuando al cuarto intento, la balsa se desmadejó casi inmediatamente.
“Y los compañeros”, se sintió el Pedrito obligado a añadir, dudando si la solidaridad de género era conveniente en ese destino… miserable.
“Nah”, replicó Defensa. “Compañeros como quiera repones, pero compañeras… ¿dónde vas a encontrar? Compañera, de veras compañera, no cualquiera”.
La pandilla de Defensa estaba colocada estratégicamente. No para contemplar los avatares de los comités para construir el barco. Defensa y Esperanza tenían tomada de las manos a Calamidad, quien ya había intentado dos veces lanzarse al río para rescatar la balsa, y en ambas fue tacleada por el Pedrito, el Pablito y el amado Amado. El caballo choco y el gato-perro fueron arrollados desde el arranque. Se preocupaban innecesariamente. Cuando el SupGaleano vio que llegaba la horda, asignó 3 pelotones de milicianas en la orilla del río. Con su habitual diplomacia y sin dejar de sonreír, el Sup les dijo: “Si esa niña llega al agua, todas mueren”.
Después del éxito en el sexto intento, los comités probaban cargando la balsa de lo que llamaron “cosas esenciales” para el viaje (una especie de kit de supervivencia zapatista): un costal de tostadas, panela, un costalillo de café, algunas bolas de pozol, un tercio de leña, un trozo de nailon por si llueve. Quedaron contemplando y se dieron cuenta de que algo faltaba. Claro, no tardaron en traer una marimba.
Maxo fue donde el Monarca y el SupGaleano revisaban unos diseños de los que les contaré en otra ocasión y dijo: “Oí, Sup, quiere que les mandes carta a los del otro lado: que busquen lazo y que lo empatan para que esté un buen de largo, y lanzan hasta acá y entonces desde las dos orillas vamos moviendo el “barco”. Pero quiere que se organizan, porque si cada quien lanza una cuerda por su lado, pues nomás no llegan. Quiere que los empatan pues, y organizados”.
Maxo no esperó a que el SupGaleano saliera de su desconcierto, y tratara de explicarle que había una gran diferencia entre una balsa hecha con troncos amarrados con bejuco, y un barco para cruzar el Atlántico.
Maxo se fue a supervisar la prueba de la balsa con toda la impedimenta. Discutieron quién subía para probar con personas, pero el río latigueaba con un rumor tétrico, así que optaron por hacer un muñeco y trincarlo en medio de la embarcación. Maxo era como el ingeniero naval porque, hace años, cuando una delegación zapatista fue a apoyar el campamento Cucapá, se metió al Mar de Cortés. Maxo no explicó que casi se ahoga porque el pasamontañas se le pegó a nariz y boca y no podía respirar. Cual viejo lobo de mar explicó: “es como un río, pero sin corriente, y más doble, un buen tanto, como la laguna de Miramar”.
El SupGaleano estaba tratando de descifrar cómo se dice “lazo” en alemán, italiano, francés, inglés, griego, euskera, turco, sueco, catalán, finlandés, etc., cuando la mayor Irma se acercó y le dijo “ponle que no están solas”. “Ni solos”, agregó el teniente coronel Rolando. “Ni soloas”, aventuró la Marijose, que llegó para pedir a los musiqueros que hagan una versión del Lago de los Cisnes pero en cumbia. “Así, alegre pues, que se bailen pues, que no esté triste su corazón”. Los musiqueros preguntaron qué cosa es “cisnes”. “Son como patos pero más bonitillos, como que estiraron mucho su pescuezo y así quedaron. Que sea que son como jirafas pero caminan como patos”. “¿Se comen?”, preguntaron los musiqueros, que sabían que ya era la hora del pozol y sólo habían llegado para dejar la marimba. “¡Cómo crees!, los cisnes se bailan”. Los musiqueros se dijeron que una versión de “pollito con papas” podría servir. “Lo vamos a estudiar”, dijeron, y se fueron a tomar pozol.
Mientras tanto Defensa Zapatista y Esperanza convencían a Calamidad de que, puesto que el SupGaleano estaba ocupado, su champa estaba vacía y era muy probable que hubiera escondido un paquete de mantecadas en la caja del tabaco. Calamidad dudaba, así que tuvieron que decirle que allá podrían jugar a las palomitas. Se fueron. El Sup les vio alejarse, pero no se preocupó, era imposible que encontraran el escondite de las mantecadas, ocultas bajo bolsas de tabaco hongueado, y, dirigiéndose al Monarca y señalando unos diagramas, le preguntó “¿Estás seguro de que no se hunde? Porque se ve que va a estar pesado”. El Monarca quedó pensando y respondió: “De repente”. Y luego dijo, serio: “pues que lleven vejigas, así flotan” (nota: vejigas = globos).
El Sup suspiró y dijo: “más que un barco, lo que necesitamos es un poco de cordura”. “Y más lazo”, añadió el SubMoy, que iba llegando justo en el momento en que la balsa, hasta el tope de carga, se hundía.
Mientras en la orilla el grupo de Comités contemplaba los restos del naufragio y la marimba flotando patas arriba, alguien dijo: “suerte que no subimos el equipo de sonido, ése es más caro”.
Todos aplaudieron cuando salió a flote el muñeco de trapo. Alguien, previsor, le había puesto, bajo los brazos, dos vejigas infladas.
Los comisarios ejidales señalan que firmaron, presionados por un despacho, un contrato que ellos creían era para que se les pagaran los derechos de vía por el tren, no para acordar la expropiación de los terrenos.
Sin saber bien qué firmaban, ni haber visto un avalúo ni negociado el precio, sin conocer el alcance de la afectación real y sin la asesoría y el acompañamiento de la Procuraduría Agraria, comisariados ejidales de Campeche firmaron contratos de ocupación previa a la expropiación, presuntamente presionados por una empresa a la que Fonatur le encargó las gestiones de los derechos de vía para el Tren Maya.
El 12 de mayo de 2020, José García Góngora, presidente del comisariado del ejido Cinco de Febrero, en el municipio de Champotón en Campeche, llegó junto con Manuel González Juárez y Fermín Gómez Feliciano, secretario y tesorero del ejido hasta la sede del gobierno federal en ese estado para cobrar un cheque.
Pensaron que era el pago de los derechos de vía que su ejido no había recibido antes como compensación por el paso sobre sus tierras del Ferrocarril del Sureste, lo que ahora es el tramo 2 del Tren Maya. Los tres salieron del palacio federal con un cheque por 2 millones 283 mil pesos, como pago por 26 hectáreas.
Pero no fue por los derechos de vía que el gobierno federal les adeudaba. Fue la indemnización por la ocupación previa de sus tierra en tanto se concreta el proceso de expropiación para el Tren Maya.
Así quedó asentado en un contrato que representantes de Fonatur y del despacho Barrientos y Asociados les hicieron firmar. García Góngora asegura que no supieron lo que firmaron.
“No nos dejaron leer el contrato con calma. Nos dijeron aquí está el cheque, fírmele y después les vamos a dar las copias. Nos las dieron meses después, a finales de agosto, y ya fue ahí cuando supimos que firmamos un contrato de ocupación previa con miras a la expropiación y que aunque nosotros esperábamos dos pagos, uno por los derechos de vía ya existentes y otro de indemnización por la nueva ocupación y las afectaciones, no nos iban a dar más que esa cantidad”, explica el comisario de Cinco de Febrero.
El derecho de vía es un pago que se le hace en este caso a los ejidos como compensación por el paso de una vía de transporte por sus tierras, pero los terrenos no se expropian aunque en realidad los pobladores no los pueden usar.
La ocupación previa es la compensación por el uso de terrenos mientras se hace y concluye el proceso de expropiación, que debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Animal Político solicitó varias veces una entrevista a Fonatur para hablar de los procedimientos de preexpropiación en Champotón, Campeche, por el Tren Maya y para saber por qué se contrató a Barrientos y Asociados y si el despacho seguirá al frente de estos procesos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo ningún respuesta sobre la entrevista.
Fonatur solo envió una breve tarjeta informativa a este portal en la que consignó: “El proceso de liberación de derecho de vía se mantiene en la zona de Champotón sin cambios. Existen diversas tensiones debido al esclarecimiento del trazo definitivo y los procesos anexos de indemnización por uso de vía.
Este proceso es complejo y requiere de diversas etapas de negociación con la población impactada por la rectificación de la vía y las empresas constructoras. Fonatur está vigilante de la situación y ruega a la población local paciencia. Todos los procesos serán hechos en estricto apego a la ley y con el beneficio último de la población local”.
Para fines prácticos, explica Naayeli Ramírez-Espinosa, abogada e integrante de la Red de Litigio Estratégico de la Península de Yucatán, derecho de vía y expropiación tienen el mismo efecto. “El punto es que el comisariado y los ejidatarios esperaban dos pagos”.
Algo muy similar describe Armando Pech, presidente del comisariado ejidal de Miguel Colorado. Él también refiere que llegó hasta lo que conocen como el Palacio Federal, donde están las oficinas de representación de Bienestar, Fonatur y el resto de las dependencias. También a él lo hicieron ir allá ese 12 de mayo, junto con el secretario y el tesorero del ejido, a cobrar un cheque. También firmó un contrato que no entendió bien a bien que era.
“Como citaron a representantes de varios ejidos del municipio por donde pasa la vía del tren, de unos ocho o diez ejidos, nos dijeron aquí está el cheque por los derechos de vía y firmen pronto porque no nos podemos tardar mucho por la pandemia. No pudimos leer bien y nomás firmamos”, cuenta Pech.
Al comisario de Miguel Colorado tardaron mucho más en darle las copias del documento que había suscrito, hasta mediados de septiembre, cuando por fin las pudo tener y leyó con calma, se dio cuenta que era un contrato de ocupación previa a la expropiación.
Ramírez-Espinosa señala que además de ese engaño para darles un solo monto hubo varias irregularidades graves en los procesos para la firma de los contratos.
La principal es que el despacho contratado por Fonatur, Barrientos y Asociados, solicitó a los comisariados ejidales convocar a una asamblea, en noviembre de 2019, para que en esta los ejidatarios les cedieran el poder para hacer, en su representación, las gestiones para el pago de los derechos de vía y la indemnización.
Esto, explica la abogada, es contrario a la Ley Agraria, en la que se establece que la asamblea es la autoridad máxima y por lo tanto ese tipo de procedimientos se deben hacer en asamblea. Es ahí donde se deben aprobar los convenios, los montos, las afectaciones, y con la presencia de la Procuraduría Agraria que fue la gran ausente.
En el contrato de ocupación previa que firmaron los comisariados ejidales de Cinco de Febrero y Miguel Colorado, del municipio de Champotón, y del que Animal Político tiene copia, está asentado que el trámite y firma del documento se hizo en presencia de un representante de esta procuraduría, que debe fungir en estos casos como asesor, apoyo y defensas de los ejidos.
En el documento dice que las partes “acordaron celebrar el presente acto ante la presencia de la Procuraduría Agraria, por conducto de la maestra Dulce Dolores Pali Casanova, en su carácter de representante estatal de esa institución en el estado de Campeche”.
Pero Pali Casanova no estuvo ese día acompañando a los comisariados en el palacio federal de Campeche. Su firma, de hecho, no aparece en el contrato.
Luis Hernández Palacios, titular de la Procuraduría Agraria, confirma que no hubo acompañamiento por parte de esta institución en los procesos para la ocupación previa de tierras en los ejidos de Cinco de Febrero y Miguel Colorado, como tampoco la hubo en al menos otros cinco en Campeche, de lo que ellos tienen documentado.
El procurador asegura que no estuvieron porque Fonatur no les avisó. Hernández Palacios ataja que aunque se ha dicho que sí los invitaron pero no acudieron porque no estaban trabajando en campo por la pandemia, eso es falso.
“No estuvimos porque no nos invitaron”, sostiene Hernández Palacios. Y no los invitaron a pesar de que debieron, por Ley, y de que había un acuerdo firmado al respecto.
El 16 de abril, la Procuraduría Agraria y Fonatur firmaron un convenio de colaboración en el que se destaca que ellos asesorarán a los núcleos agrarios en los diversos actos jurídicos que se realicen para el proyecto del Tren Maya, entre estos los de ocupación superficial o derecho de vía.
Hernández Palacios afirma que en otros casos se han coordinado con la dirección jurídica de Fonatur, a cargo de Alejandro Varela Arellano (quien sí estuvo en la firma de los contratos con Cinco de Febrero y Miguel Colorado como lo atestigua su firma al calce), y esos procesos para actualizar los derechos de vía han resultado bien.
Pero, dice el procurador, “tenemos información de que Fonatur tiene contratado a un despacho para que lleve estos convenios, que es la empresa Barrientos y Asociados, y aunque es mandataria de Fonatur no ha sentido la obligatoriedad de cumplir con el convenio que corresponde”.
BYA Barrientos y Asociados es un despacho especializado en ofrecer servicios para tenencia de la tierra y liberación de derechos de vía.
El 14 de agosto de 2019, Fonatur firmó con ellos un contrato por un monto máximo de 62 millones 408 mil pesos. Después se hizo un convenio modificatorio, el 16 de diciembre de 2019, para ampliar su vigencia hasta el 31 de marzo de 2020. Y luego otro, para alargarlo hasta el 30 de septiembre de 2020.
El contrato y sus convenios señalan que se deben ejecutar diversos actos técnico-jurídico- administrativos que garanticen la correcta adquisición del derecho de vía, para evitar problemas de índole social, legal y político, que podrían repercutir en el actuar del gobierno federal.
Por tal motivo, se requieren los servicios complementarios de apoyo consistentes en el estudio previo denominado: “Trabajos técnico – jurídicos para la identificación y liberación de áreas de afectación para la construcción del derecho de vía del proyecto denominado Tren Maya”, mediante el cual el Prestador de Servicios brinde el apoyo en todo el proceso desde la revisión de la situación actual de cada predio”.
El pago será exigible conforme a las superficies de terreno liberadas por metro cuadrado.
Más irregularidades en el precio de su tierra
Además de que no supieron qué firmaron, los comisarios se quejan de que no hubo un acuerdo para establecer el precio que les pagaron por metro cuadrado previo a la expropiación. Tampoco vieron un avalúo por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
“Después de que la asamblea otorga al comisariado ejidal el poder para hacer estas gestiones, nosotros le entregamos a Fonatur, en una reunión en Felipe Carrillo Puerto para la consulta indígena, más o menos una semana después de la asamblea, una lista de peticiones y entre esta iba la de recibir 10 pesos de indemnización por metro cuadrado. Nunca tuvimos un avalúo del Indaabin. Nosotros buscamos, preguntamos y decidimos eso”, cuenta García Góngora.
El comisario asegura que un representante de Barrientos y Asociados fue a buscarlo después a su casa y le aseguró que les pagarían los 10 pesos solicitados.
“Ya nunca tuvimos reuniones con ellos, menos con Fonatur, en una asamblea. Venían así a buscarme a mi casa los del despacho este”.
En los contratos que firmaron los comisarios no aparece el desglose de cantidad por metro cuadrado, solo una cantidad total por número de hectáreas.
“Con la cantidad del cheque hicimos la división por hectárea y por metro cuadrado y nos da que nos los pagaron a 8.60 el metro, eso no es lo que pidió la asamblea”, denuncia García Góngora.
Además, agrega, “nosotros pensamos que ese cheque, y lo que estábamos firmando, era el pago de los derechos de vía que nunca nos habían pagado. Eso nos dijeron. Por eso la asamblea aceptó que lo recogiéramos. Dijimos pues si nunca nos han dado nada, pues qué bueno que nos paguen eso. Y resulta que no es eso, que es la indemnización por la ocupación previa y la expropiación. Nosotros pensamos que eso sería otro pago”.
En Miguel Colorado hay la misma inconformidad. Armando Pech también denuncia que no entendieron qué les estaban pagando. Tampoco vieron un avalúo previo, ni se negoció el precio en asamblea, entre las partes, para aceptar y después firmar.
“No tuvimos asesoría de nadie. La procuraduría nunca se presentó”, señala Pech.
Los planos del proyecto para tener más claridad de qué tantas tierras y propiedades les iban a afectar tampoco los vieron, afirma el comisario de Miguel Colorado.
“En la asamblea de noviembre Fonatur y Barrientos aseguraron que se afectarían solo 20 metros de un lado de donde ya está la vía y 20 metros del otro. Pero nunca hemos visto los planos de afectación. Y hemos visto ahora que andan haciendo mediciones en 40 metros de un solo lado de la vía, donde ya afectarían hasta un cementerio, y los muertos no reclaman, pero las familias sí”.
La abogada Naayeli Ramírez-Espinosa señala que todo lo hecho es un abuso. “Les dijeron que les iban a pagar lo que nunca les habían pagado, lo que les debían pues. Separaron a los comisarios de las asambleas. Llegaron y les extendieron un cheque y les dijeron fírmele aquí”.
Eso, sentencia Ramírez-Espinosa, “es tomar ventaja de alguien que necesita el dinero en plena pandemia. Es una presión indebida, porque muchas de las personas de los ejidos trabajaban en la ciudad, en Campeche, y se quedaron sin poder trabajar y sin ingresos. Así que hay una presión para hacerlos caer en tratos que no les son convenientes”.
Solos ante los trámites…que desconocían
El comisariado y los ejidatarios de Cinco de Febrero buscaron el apoyo de la Procuraduría Agraria. “Fuimos a buscar a la licenciada Dulce Dolores Pali Casanova, la representante estatal. Nos dijo que a ella no le habían avisado nada, que nunca le giró invitación Fonatur ni Barrientos para las reuniones y que no iba a firmar los contratos porque no estuvo presente, que ella los desconocía”.
El procurador agrario, Luis Hernández Palacios, confirma a Animal Político, que están evaluando los casos y la documentación de los procesos en tres ejidos: Bacal, China y Tenabo, también en Campeche. En otro ejido de Champotón, en Felipe Carrillo Puerto, ya se logró la reposición de la asamblea donde se le cedió el poder al comisariado para hacer las gestiones.
“El comisario ya aceptó incluso devolver el dinero del pago, para que sea la asamblea la que determine y en consecuencia se hagan los pagos individuales de forma prorrateada”.
En el caso del ejido Cinco de Febrero ya se solicitó esa misma reposición ante Fonatur “y estamos en espera de respuesta. “Si esa respuesta no es satisfactoria para los integrantes del núcleo agrario, procederemos a proporcionar la asesoría jurídica para emprender una acción legal, porque el procedimiento no incluyó a la asamblea, así que se tiene que reponer y realizar el pago conforme a lo que se acuerde ahí”. En Xbacab también está esto en revisión.
De Miguel Colorado, el procurador señala que no han recibido solicitud para revisar el proceso. Armando Pech dice que en asamblea, el ejido decidió buscar el apoyo de un gestor agrario que les aseguró que llevaría el caso a la procuraduría.
Los comisarios de Miguel Colorado y de Cinco de Febrero se quejan de que la forma de proceder del despacho Barrientos y Asociados ya ha generado mucha desconfianza y problemas en los ejidos.
“Como no nos daban las copias del contrato, la gente empezó a desconfiar de nosotros. Hay ejidos donde ya destituyeron a los comisarios y los denunciaron, como en Felipe Carrillo Puerto. Al comisariado del ejido Cinco de Febrero, por ejemplo, nos dieron dos cheques, uno grande por los más de 2 millones y otro por 230 mil pesos que nos dijeron era para el comisariado por el pago de nuestras gestiones, que porque no teníamos sueldo”.
Pero después, narra, cuando los ejidatarios empezaron a desconfiar de los procesos y los pagos y se lanzaron a reclamar a las oficinas de Barrientos y Asociados, les dijeron que esos montos eran el pago por las probables afectaciones adicionales del proceso a bardas o árboles.
“Lo bueno es que nosotros ingresamos esa cantidad también a la cuenta común del ejido y cuando nos reclamaron les dijimos a los ejidatarios ahí está el dinero, repártanlo, sino imagínese. Si lo gastamos, luego cómo lo regresamos y cómo reclamamos. Ya hubiéramos estado hasta el cuello”.
Akejandro Romo/Newsseek Aguascalientes
8 octubre 2020
Integrantes de organizaciones ambientales de la entidad promoverán amparos ante instancias federales para tener acceso a la información sobre la construcción de la VI Etapa A del relleno sanitario de San Nicolás y el avance del municipio de Aguascalientes en las correcciones de los procesos del manejo de residuos sólidos urbanos que dieron lugar a una clausura parcial de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA) en el mes de julio.
El biólogo y presidente de Facultad A.C., Adolfo Muñoz Torres, señaló que se buscará la intervención de las autoridades federales para conocer si hubo omisiones en el desempeño de funcionarios estatales y municipales que provocaron las irregularidades administrativas y técnicas en la operación del basurero, y que a pesar de eso, se autorizó la apertura de una nueva etapa.
“Ante este panorama, informamos que presentaremos los amparos correspondientes por la falta de respuesta de la autoridad, exigiremos la reparación de los daños ambientales que existan y también procederemos ante la Función Pública y solicitaremos la intervención del Sistema Estatal Anticorrupción, aunque los que ahí trabajen dependan del gobierno del estado; no podemos mantenernos al margen de lo que está pasando, por eso procederemos por la vía legal a partir de la próxima semana”.
A inicios de julio, la PROESPA clausuró las etapas IV, V, VI y VI-A luego de que se certificaran fallas en el proceso de compactación de los residuos sólidos y en el manejo de los lixiviados que podrían estar causando graves afectaciones a los mantos acuíferos.
Desde entonces, las organizaciones ambientalistas giraron oficios al ayuntamiento de Aguascalientes, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA) y a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), pero de todas sólo se les dio acuse de recibo de los documentos pero no la información sobre el avance de las acciones para solucionar las anomalías del relleno sanitario.
“Seguimos esperando información, se les pidieron aspectos muy puntuales para que no divagara alguna autoridad en sus respuestas, que fueran muy puntuales, pero no hemos recibido respuesta, no nos han dicho absolutamente nada”, señaló la consultora jurídica ambiental, Rebeca Castillo.
De igual manera, dijeron desconocer la suspensión del Centro de Valorización de Residuos Sólidos del relleno sanitario, cuyo contrato fue otorgado por el municipio de Aguascalientes a la empresa PIMSA S.A. de C.V. y que posteriormente fue cancelado por la falta de trámites administrativos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Desconocemos totalmente el proceso porque no hemos tenido la oportunidad de estar ahí, nos hubiera gustado poder estar en la inauguración de la etapa del relleno, para ver cuál es la condición en la que se encuentra integralmente el relleno sanitario”, comentó Adolfo Muñoz.
Derivado de esto, la secretaria de Servicios Públicos del municipio capital, Miriam Tiscareño Rodríguez, señaló que se buscarían otras alternativas para la disposición final de los residuos sólidos urbanos de la capital y de los otros 10 municipios que utilizan el relleno sanitario, entre ellas la implementación de un proceso de embalaje seco de los recursos.
Ante esta posibilidad, la asesora en residuos sólidos de IMEXA, María Esther Figueroa, refirió que al igual que el centro de valorización, este método resultaría muy costoso para el municipio de Aguascalientes y no atendería a las necesidades de la población.
“Un embalaje seco consiste en la compactación de la basura a 500 kg. por metro cúbico y luego se cubre de tierra, con una ingeniería capaz de comprimir y contener los lixiviados y el biogás, y eso se cubre; en los países como el nuestro no es recomendable porque no tenemos ni el dinero y además nuestra basura contiene mucha materia orgánica y va a generar mucho biogás y lixiviados, nosotros un 60% de materia orgánica en nuestros residuos”.
Por ello, mencionó que la mejor opción es el relleno sanitario, siempre y cuando se subsanen las irregularidades en su operación y se vuelva a tener en las condiciones que lo llevaron a ser el mejor tiradero de residuos sólidos urbanos de Latinoamérica.
“Un embalaje seco es costosísimo en su operación, si un relleno sanitario que es bajo en su costo de operación no se hace, el problema está en eso, métodos hay muchos, pero no tenemos un sitio, ahorita este sitio está copado, ya llegó a su máximo, nosotros seguimos generando mil toneladas diarias de basura y ya se debería estar viendo una situación a largo plazo”, concluyó.
Hace poco más de un año, el 25 de septiembre del 2019, se celebró en el Estado de Oaxaca una votación que dio fin a la criminalización de las mujeres por decidir sobre terminar con embarazos no deseados.
Con la modificación al artículo 12 de la Constitución local, así como a los artículos 312, 313, 314, 315 y 316 del Código Penal estatal, la nueva ley despenalizó la interrupción del embarazo o aborto hasta las 12 semanas de gestación, siendo Oaxaca el segundo estado del país en otorgar a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos.
Uno de los grandes cambios que ha permitido la ley es evitar que mujeres sean encarceladas por interrumpir su embarazo. Hasta antes de la modificación, en Oaxaca 20 mujeres habían estado presas por abortar y, había 49 carpetas de investigación relacionadas con abortos. Un año después, una de ellas sigue presa.
Si bien la nueva ley ya evita que mujeres sean encarceladas por interrumpir un embarazo durante los primeros 3 meses (cabe recordar que, en caso de que un embarazo se interrumpa después del plazo permitido, la nueva ley contempla sanciones de tres a seis meses de prisión, y hasta 10 años de cárcel a quien obligue a una mujer a abortar), todavía no existen garantías para que el acceso al aborto sea real, gratuito y respetuoso para todas las mujeres.
“Con la despenalización, la apertura que hay en materia legal para que las mujeres ya no seamos criminalizadas a la hora de tomar la decisión de interrumpir un embarazo hasta la semana 12 de gestación es el gran cambio. Ahora, el reto es hacerlo realidad, que todas las mujeres podamos tener un acceso real a ese derecho”, expresa para Avispa Midia la integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) Oaxaca, de la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca y de la Red de Mujeres Mixes, Mayra Morales Aldaz.
Hasta el momento, de acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca, sólo ocho abortos han sido practicados de manera oficial, y todos en una sola institución, el Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”.
“Además, nos hemos encontrado con casos donde mujeres han ido a solicitar información y se les niega, o se les brinda de forma errónea, equivocada, o se les emiten juicios de valor, se les juzga”, menciona Morales Aldaz.
Sin embargo, es importante recordar que las instituciones de salud no son las únicas en practicar y acompañar interrupciones de embarazos: existe una diversidad de redes de acompañantes autónomas.
Zoila Ríos Coca es médica y partera en la casa de partos “Diosas de la Oxitocina”, ubicada en la ciudad de Oaxaca. Como parte de su trabajo, ella y sus compañeras también acompañan interrupciones de embarazos. De hecho, es algo que ella ha estado haciendo desde hace más de 20 años, mucho antes de la despenalización. Para ella, la ley ha tenido impactos positivos a lo largo de los últimos 12 meses.
“Ya se puede hablar del tema de manera más libre. Cuando ofrecemos nuestros servicios, ya podemos hacer público que acompañamos interrupciones de embarazo. Ya hay organizaciones civiles que conocen nuestro trabajo y nos mandan mujeres”, señaló en entrevista con Avispa Midia.
También, comenta que la despenalización facilita la colaboración con otras organizaciones, por ejemplo, organizaciones que acompañan interrupciones de embarazos en la ciudad de México, y comparten sus experiencias para mejorar el trabajo. “Y también otra cosa importante es que, si tenemos a mujeres que no tienen el recurso para pagar el tratamiento, ya nos lo dan de manera gratuita. Pero todavía falta mucho por hacer”, indica.
Ciudad de Oaxaca Movilización 2019. Foto por Santiago Navarro F.
Derecho a la información
De acuerdo con muchas mujeres que llevan tiempo haciendo trabajo de sensibilización y acompañamiento a procesos de aborto, uno de los principales desafíos hoy en día es el de la información. Todas las mujeres deben de enterarse del cambio legislativo, pero también tener acceso a “información clara, precisa, real, certera, basada en evidencia científica, laica” acerca del proceso de abortar. “Desde un marco de derechos, tenemos que acceder a la información”, expresa Mayra Morales Aldaz.
“Hay que dar información real. Se siguen difundiendo ideas como “es riesgoso, te vas a morir o ya no te vas a volver a embarazar”. Incluso a las mujeres que acompaño les digo, si tienes una duda no te metas al internet porque ahí hablan de situaciones que ni siquiera son reales, o muy poco comunes. Yo llevo mucho tiempo acompañando esos procesos, y nunca he visto ninguna complicación. Es parte de lo que tenemos que hacer, comunicarles a las mujeres que son procesos seguros”, insiste por su lado la doctora y partera Coca.
Sin embargo, recalcan que para muchas el hecho de hablar sobre el aborto puede ser delicado.
“Todavía nos encontramos a muchas mujeres a las que les cuesta hablar del tema, pero principalmente por el estigma que existe en torno al mismo. No es que les haya costado tomar la decisión, sino que hablarlo es lo que las detiene por miedo a ser juzgadas muchas veces. Eso es parte de los retos que tenemos a nivel social”, aclara Morales Aldaz.
Rosselia Gutierrez es una mujer Ikoots originaria de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec. Desde hace 17 años trabaja con mujeres y jóvenes del Istmo en temas de derechos sexuales, reproductivos y aborto, como integrante de la Ddeser Oaxaca. “Aquí en la comunidad es difícil hablar del aborto: sí, se realiza, pero no se habla. Pero es importante decir que en las comunidades indígenas al igual que en las urbanas existe el aborto. Entonces buscamos estrategias, pensando en cómo llegarles a las mujeres para que nos tengan confianza. Para empezar a hablar del tema tuvimos que iniciar hablando de salud materna, embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual, y a partir de ahí empezamos a tocar el tema”, contó en un conservatorio transmitido el 26 de septiembre por la colectiva oaxaqueña Mujeres de la Sal.
“Hay de desestigmatizar el tema del aborto. El aborto es algo que ha ocurrido en todas las sociedades, en la historia de la humanidad, pero tiene un peso ahí, un peso religioso, un peso que viene de fuera. Es una cuestión donde las abuelas, nuestras ancestras conocían métodos para interrumpir los embarazos, para cuidar los cuerpos de las mujeres, pero, queda en la parte oculta. Y al no hablar de ello se queda como si fuese un secreto que todo el mundo sabe. Es fundamental que las mujeres podamos decidir sobre nuestro primer gran territorio que es nuestro cuerpo”, detalla Morales Aldaz.
Poner atención a la palabra que se usa es algo importante en este caso. “La palabra “aborto” puede tener mucha carga, a veces es necesario utilizar otras palabras”, explica la doctora Coca.
“Aquí, en Ikoots no decimos “aborto”, decimos algo como “te acompaño para que no estés sola y te llegue tu luna (tu periodo) tranquila, que te baje tu menstruación de nuevo”, comparte al respecto la señora Gutierrez.
Finalmente, la partera y doctora Zoila Ríos Coca puntualiza que también hace falta información sobre la diversidad de maneras que existen para realizar un aborto: además del famoso medicamento llamado Misoprostol – el cual está a la venta de manera libre en farmacias – existen alternativas naturales.
“Falta difundir información sobre alternativas a los medicamentos que se pueden encontrar en las diferentes regiones, en este caso hierbas que puedan desencadenar una interrupción de manera natural y no farmacológica. Obviamente ahí las instituciones tendrían que ver para que las parteras o médicas tradicionales que conocen este tipo de procesos lo puedan hacer sintiéndose respaldadas”, precisa.
Movilización en Oaxaca 2019. Foto por Santiago Navarro F.
¿Acceso al aborto sin acceso digno a la salud?
La cuestión del acceso al aborto para todas está vinculada a una diversidad de otras problemáticas, entre ellas la del acceso a servicios de salud. Como lo recalca la integrante de la Ddser de raíz Mixe, Mayra Morales Aldaz, “es complicado porque de por sí en muchas comunidades el acceso a servicios de salud está muy restringido. Definitivamente hay grandes retos no solo en cuanto a nuestra salud sexual y reproductiva, sino en la salud en general. Con la falta de información y de infraestructura básica, las comunidades más alejadas, que históricamente han sido las más marginadas, continúan siéndolo, que son las comunidades en contextos rurales, las comunidades indígenas o afromexicanas. Es muy importante que se atienda de forma integral”.
Según datos del Inegi de 2019, de los 3 967 889 habitantes del Estado de Oaxaca, 634 862 no tenían acceso a servicios de salud. Y cuando tienen algún tipo de acceso a la salud, no hay garantía de que este sea digno.
Viridiana Bautista García, de raíz Mixteca, es psicóloga, psicoterapeuta, defensora de los derechos sexuales y reproductivos, actualmente es coordinadora de la Red Oaxaqueña de Mujeres Indígenas Trenzando Saberes y acompañante de mujeres que deciden interrumpir su embarazo, entre otras actividades. En su experiencia, ha sido testiga de la discriminación que existe en las instituciones de salud, en particular para mujeres indígenas, como efecto directo del racismo persistente.
“Hay mujeres que hacen 2 horas, 3 horas de viaje para llegar a un centro de salud y tener atención por alguna violencia sexual, llegan y el personal de salud les niega el servicio porque no viene limpia, porque viene sudando, porque viene con tierra. ¿Pero cómo no vas a venir con tierra? Que te digan eso “señora no la podemos atender porque viene sucia”, de verdad da mucho coraje”, denuncia.
Por otro lado, insiste en que esas violencias no sólo ocurren en contextos rurales. “No nos olvidemos de las mujeres indígenas que vivimos en contextos urbanos, donde el acceso a servicios de salud tampoco está garantizado, y por lo tanto el acceso a una interrupción del embarazo tampoco existe de manera digna, humana. Los centros de salud no están condicionados para una atención humanizada para nosotras”, aclara, antes de precisar que también se ejercen violencias contra otras mujeres, en particular, mujeres lesbianas y/o discapacitadas.
Movilización en Oaxaca 2019. Foto por Santiago Navarro F.
Abortos respetuosos, amorosos y con pertinencia cultural
Una interrupción de embarazo no puede realizarse con violencia, sino que debe ser acompañada de manera respetuosa y amorosa.
“El acompañamiento no sólo es en lo físico, se hace desde lo emocional”, comparte la partera y médica Coca. De hecho, cuenta que la parte emocional es esencial para que la interrupción se realice de manera segura y saludable, ya que una incomodidad puede provocar reacciones con los medicamentos, por ejemplo “se pueden exacerbar el frío, nauseas, vómito, diarrea”.
La mayoría de las interrupciones que acompaña se realizan en las instalaciones de la casa de partos donde trabaja. “Trabajamos como para un parto: las mujeres se van a su casa hasta que se sientan estables, se quedan el tiempo necesario. Luego las apoyamos con una cita a los 8 días para saber cómo está el útero, vamos aclarando dudas. Y estamos al pendiente hasta el mes o mes y medio en general, cuando regresa su menstruación”, detalla. A algunas, las acompaña a nivel emocional con terapia floral. Otras pocas piden un baño y una cerrada de cadera para finalizar el proceso.
Para que el proceso sea sano y digno, también debe de haber respeto a nivel cultural.
“Hace falta que se tome en cuenta realmente la cosmovisión de las mujeres indígenas”, resalta la compañera Ikoots, Rosselia Gutierrez. Por eso, es importante trabajar con las parteras, ya que “ellas hablan la lengua y tienen ese entendimiento con las mujeres, esa sensibilidad para que las mujeres de la comunidad sigan con confianza, se acerquen, que no les dé miedo”, expresa.
Para trabajar el tema del acceso al aborto a nivel estatal es imprescindible establecer un diálogo con mujeres de todas las regiones tomando en cuenta sus contextos y saberes.
“Es muy importante partir de los conocimientos que ya tienen las comunidades, que se establezca un diálogo con las mujeres de las comunidades, que parta de su experiencia, sus conocimientos. Pero en temas de salud, algo que pasa mucho es que se les dice a las personas lo que es bueno y lo que es malo para ellas sin respetar esta cosmovisión que tienen acerca de su cuerpo, de su territorio, siempre decirles “yo sí sé lo que es bueno para ti, y eso es malo” sin escuchar primero, sin entender el contexto. Muchas veces se parte de que en las comunidades los usos y costumbres son lo peor y de que aparte no saben nada de estos temas, cuando ni siquiera se ha establecido este diálogo, y cuando lo hacemos nos damos cuenta que las mujeres tienen sus propias concepciones y más bien el problema es que no se habla, por una diversidad de razones”, detalla Mayra Morales Aldaz.
“Aunque estemos en la ciudad venimos de ahí, tenemos estas raíces, y hemos ido adquiriendo otros conocimientos que es importante que conozcan otras mujeres, pero insisto, en una relación entre iguales y no de superioridad o de “nosotras aquí lo sabemos todo y traemos la respuesta a todo”, insiste.
Viridiana Bautista García expresa por otro lado, retomando discusiones de la Red de Mujeres Indígenas Trenzando Saberes, que en caso de trabajar con personal de las instituciones de salud, es esencial también contar con intérpretes preparados para atender mujeres cuya lengua no sea el español.
“No le podemos dejar a la mujer la responsabilidad de que consiga quien esté interpretando lo que ella quiere decir. Entonces se requieren intérpretes sensibilizados, y remunerados también, que no trabajen gratis, que se le dé un pago digno a ese personal. Y que haya información en cuanto a prevención, atención y seguimiento en lenguas, pero con pertinencia cultural”, expresa.
El Estado sigue siendo responsable
Hoy en día, “hace falta que las mujeres sepan que tienen una diversidad de opciones para ejercer su derecho, y hace falta mucho trabajo también a nivel cultural y social, no todo depende del sector salud pero lo que le corresponde es no negar el servicio, y que lo brinden con calidad y con calidez humana”, resume Morales Aldaz.
Zoila Ríos Coca insiste por su parte en que “hubo un avance en el sector salud, porque ahora quieran o no, ya tienen que dar acceso al servicio”.
Sin embargo, a un año de la despenalización, la reforma de la legislación sigue incompleta: hasta el momento no se ha modificado la Ley Estatal de Salud.
“Hay una reforma pendiente en la Ley Estatal de Salud que es la que puede permitir que haya presupuesto, que haya personal capacitado para brindar el servicio. Actualmente, el aborto está despenalizado, pero no hay lineamientos, no hay un documento que le indique al sector salud cómo es que se tiene que llevar a cabo el procedimiento, desde la información hasta la canalización, ya que si es que en una unidad no se puede brindar el servicio deberían de saber a dónde referirla y a dónde llegue esa mujer, saber cómo se brinda ahora sí este servicio. Todos estos pasos a seguir es lo que no está claro todavía”, explica Morales Aldaz.
Aunque el camino se vea largo, el panorama es esperanzador, principalmente porque son muchas las mujeres comprometidas con seguir luchando para hacer de este derecho una realidad.
“Nos hemos encontrado en este camino con mucha gente muy comprometida, y desde hace mucho tiempo de hecho, que sea gente organizada dentro de procesos organizativos formales, organizaciones constituidas, o mujeres organizadas de otras maneras. Y dentro de las instituciones también, así como hay objetores de consciencia, que antepone sus creencias personales, sus prejuicios, sus valores, también hay gente muy comprometida, es algo que hay que reconocer”, expresa Mayra Morales Aldaz.
La doctora y partera Coca expresa por su lado que es importante “hacer sincronía” con las personas que, dentro de las instituciones, quieren hacer acciones. “Es cuestión de paciencia, muchas cosas se pueden lograr. Las mujeres que andamos en este tipo de procesos somos muy necias y tenemos que seguir. El Estado es responsable”, afirma.
Sin embargo, recuerda que a la par, es importante seguir impulsando y fortaleciendo iniciativas desde la autonomía, como es el caso de la casa de partos “Diosas de la Oxitocina” de la cual es parte.
“Nosotras no tenemos recursos de financieras, no tenemos ningún proyecto que nos esté pagando sueldos ni la casa que estamos rentando, intentamos ser un proyecto autónomo. Gestionamos nuestros recursos a través de cuotas de recuperación consciente. Creo que eso es algo que es importante seguir impulsando, porque si no, si no tienes un recurso que te esté financiando, entonces ya no haces nada. Entonces creo que sí también hay que visibilizar los proyectos autónomos, de hecho, ya hay muchos”, concluye.
La estudiante fue asesinada hace siete meses en Salamanca. | Foto: Especial
Las organizaciones exigen a las autoridades de Guanajuato continuar con las indagatorias sobre la muerte de la estudiante de 23 años.
Azucena Rangel / Milenio, 08 de octubre de 2020.
Colectivos feministas, activistas y mujeres utilizaron las redes sociales para exigir avances en la investigación de la muerte de Nadia, quien fue asesinada hace siete meses cuando se dirigía a su casa en Salamanca, Guanajuato. Con el hashtag #JusticiaParaNadia, cientos de mujeres, organizaciones y activistas publicaron mensajes en Facebook y Twitter para pedir que se continúen las indagatorias.
El colectivo Sorelles acusó que a pesar de que el Fiscal del Estado, Carlos Zamarripa, implementó una línea de investigación sobre el asesinato, el caso sigue sin tener una resolución.
En la página Change.org, se realizó una petición que tiene el objetivo de reunir más de 15 mil firmas para exigir a las autoridades de Guanajuato mostrar avances en las investigaciones. Nadia Rodriguez, de 23 años y estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana León, fue asesinada el 8 de marzo en Salamanca, Guanajuato, cuando regresaba a su domicilio después de acudir a una fiesta. De acuerdo con las primeras investigaciones, la estudiante fue interceptada por varios hombres armados, quienes dispararon en contra del vehículo en que viajaba Nadia.
Días antes de su muerte había expresado en redes sociales su apoyo al movimiento feminista, pero sobre todo a la lucha de en contra de la violencia a la mujer.
“Si algún día soy yo, sepan que jamás me rendí, que pelee hasta mi último aliento y en su imagen siempre este presente que disfrute mi vida, que reí que baile hasta cansarme… porque si algún día soy yo, quiero ser la última” escribió.
COLIMA, Col. (apro).- Pobladores de la comunidad indígena de Canoas, acompañados de integrantes de una decena de organizaciones sociales, realizaron este jueves una marcha contra la actividad minera en su territorio y exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no autorizar el proyecto Rufus 5, promovido por la empresa Hematite S.A. de C.V. con el propósito de explotar un yacimiento de hierro en esa zona.
Portando pancartas y lonas, coreando consignas como “¡Agua sí, mina no!”, participaron además en la protesta habitantes de poblados vecinos de Canoas que también resultarían afectados, como El Ciruelito, Puertecito de Lajas, El Llano de la Marina, Cedros y Lomas de Ávila Camacho, todas del municipio de Manzanillo.
Entre las organizaciones solidarias marcharon el Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan –comunidad que en 2014 logró detener un proyecto de extracción de oro en sus inmediaciones–, Frente en Defensa del Maíz, Coordinadora Socialista Revolucionaria, Verde Colima y Colectivo Ciencia para el Pueblo.
Después de un recorrido por varias avenidas céntricas de esta ciudad, custodiados por agentes de Vialidad y una patrulla de la Guardia Nacional, los manifestantes llegaron a las instalaciones de la Delegación de la Semarnat, donde fueron atendidos por el encargado del despacho, Carlos Manuel Alcaraz Mendoza, y el subdelegado de Gestión, Pablo Zamorano de Haro.
Desde julio pasado, la minera de capital canadiense solicitó permiso a la dependencia federal para extraer mineral de hierro a través del método de cielo abierto en 28.59 hectáreas en el predio El Agostadero, aledaño a las tierras ejidales de Canoas, municipio de Manzanillo, bajo el amparo del título de concesión 234218.
Carlos Manuel Alcaraz dijo a los manifestantes que el proyecto aún se encuentra en etapa de evaluación y les informó que está prevista una visita próxima a Canoas, por parte de personal de la Semarnat y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), para realizar una consulta a la comunidad en torno al proyecto minero, como lo disponen las leyes en materia indígena e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El presidente del Comisariado Ejidal de Canoas, Raymundo Campos Muñoz, quien estuvo acompañado por Salud Valencia Ramos, secretaria de la mesa directiva, y Lourdes Ochoa Figueroa, comisaria municipal, expresó al funcionario que esa población no quiere más consultas, puesto que ya en dos ocasiones en asamblea ejidal y vecinas se declararon como territorio libre de minería y posteriormente entregó las actas protocolizadas ante notario público.
Alcaraz Mendoza trató de convencer a los manifestantes de que es necesario realizar la consulta para cumplir con todas las formalidades del procedimiento y, sin alcanzar acuerdos claros en ese sentido, convinieron que los funcionarios de la Semarnat avisarán con días de anticipación la fecha de la visita al pueblo.
No obstante, en un pronunciamiento leído por Salud Valencia ante funcionarios y periodistas, los manifestantes exigieron que se reconozca públicamente el rechazo de la comunidad indígena de Canoas al proyecto minero Rufus 5 y a cualquier proyecto minero relacionado con su territorio susceptible de afectar sus derechos e intereses.
Con base en experiencias locales, como la minera Peña Colorada en Minatitlán, así como casos nacionales e internacionales, consideraron que la minería es una actividad detonadora de problemas ecológicos y de desestructuración, ya que los impactos que sufren los territorios por las labores de exploración y explotación de las empresas mineras se traducen en depredación de los recursos naturales, impactan negativamente en el equilibrio ecológico, dañan la salud de las personas y generan inestabilidad social.
“Estos daños, en mayor o menor medida, contribuyen a la contaminación y agotamiento del agua, la contaminación de suelos, el desgajamiento de cerros, la contaminación por ruido, la intrusión en zonas naturales protegidas, la explotación y el transporte clandestino de minerales, la desestructuración territorial, además que se relacionan con amenazas a opositores, desapariciones y muertes de lugareños, según diversas investigaciones”.
Recordaron que Colima ostenta, con el 41% de su territorio, el primer lugar nacional en superficie territorial concesionada para actividades mineras, aunque aclararon que una concesión minera no es igual a un proyecto minero, sin embargo, las concesiones son el primer paso para la exploración y eventual extracción de minerales.
En el caso del proyecto que se pretende desarrollar en la región de Canoas, expusieron que las 28.59 hectáreas del predio a explotar por 16 años tienen una cobertura
vegetal que corresponde en un 68.27% a la selva mediana subcaducifolia y un 31.73% al bosque de encino, por lo que su remoción representaría la muerte de 11,454 árboles de 39 especies distintas y el desplazamiento de la fauna.
“Esto significa además la erosión del suelo, la contaminación por polvo producto de la actividad minera y la disminución en la captación de agua subterránea”.
A las 23:24 horas de este miércoles 7 de octubre, Protocolo Alba informó a través de sus redes sociales que Dafne Anahí Vázquez Benítez, de 26 años, fue localizada. La joven se encontraba desaparecida desde el 18 de septiembre pasado, luego de salir de su casa en la colonia La Azucena en el municipio de El Salto.
Su madre pudo confirmar a ZonaDocs que la joven se encuentra con vida y está recibiendo atención médica.
Aquel 18 de septiembre, fueron desaparecidas también: Kenia Duarte Pérez de 20 años y su amiga, Karla García Duarte de 22 años, ambas salieron de sus casas en la colonia Mesa Colorada Oriente en el municipio de Zapopan, rumbo a una fiesta; según relataron algunos vecinos a sus familiares, se les vio por última vez en el lugar conocido como las cinco esquinas cerca de las 11:15 p.m. Hasta el momento se desconoce su paradero.
En una acción sin precedentes, las fichas de búsqueda de las tres jóvenes trans fueron publicadas el pasado jueves 1 de octubre en las redes sociales del Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres en el estado; esto, tras la denuncia pública de los casos y la insistencia de la organización Unión Diversa de Jalisco, quienes advirtieron, además, que la desaparición de estas tres mujeres jóvenes trans evidencia el estado de vulnerabilidad que enfrenta este sector de la población en Jalisco.
Denuncian contra la ONU
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. y Unión Diversa de Jalisco (UDJ) solicitaron al Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (Comité CED) emitir Acciones Urgentes para que el Estado mexicano tome, de forma urgente, todas las medidas necesarias para buscar y localizar a dos mujeres trans desaparecidas en el estado de Jalisco.
“Debido al tiempo transcurrido desde la desaparición de las dos jóvenes y ante la ausencia de resultados en los procesos de búsqueda de las víctimas e investigación del delito, IDHEAS y la UDJ, con base en el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, decidieron acudir a las Naciones Unidas para denunciar los casos y exigir la pronta localización de las víctimas”, afirmaron las organizaciones en un comunicado.
Las organizaciones solicitaron al Comité CED:
Exhortar al Estado mexicano a realizar todas las acciones de búsqueda necesarias y adecuadas para determinar el paradero y la suerte de las mujeres desaparecidas, asegurando la inclusión de un enfoque diferenciado y de género y la aplicación del principio de no discriminación, tomando en consideración la identidad de género de las víctimas y su consideración especial de vulnerabilidad.
Asegurar una efectiva coordinación entre los procesos de búsqueda y de investigación penal, así como el acceso periódico de las familias a la información sobre las diligencias realizadas y los resultados obtenidos, entre otros aspectos.
Las desapariciones de las mujeres trans suceden en un contexto de violencia contra la comunidad LGBTTTIQ en México, particularmente en contra de las mujeres trans, quienes viven en condiciones de extrema estigmatización, precarización y marginación.
Óscar Rivas, al término de su travesía a pie, en el albergue de Las Patronas donde se recuperó durante dos meses.
En esta segunda parte de Migrar bajo las leyes de covid, en la que un periodista y un fotógrafo recorrieron la frontera sur mexicana entre julio y agosto, encontraron a Óscar*, un migrante salvadoreño que caminó más de 800 kilómetros en plena pandemia, vivió como ermitaño, se alejó de las aglomeraciones para evitar el contagio y los brotes de xenofobia, y encontró los albergues cerrados
Texto: Rodrigo Soberanes/ Fotos y videos: Javier García / Quinto Elemento Lab/ PIE DE PÁGINA
CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS.- “Vengo de El Salvador y caminé mucho”, se presentó Óscar Rivas*, un campesino de 53 años que inició su marcha en invierno de 2019 y recibió la primavera de 2020 en México en plena pandemia. Luego de caminar sobre vías del tren, terracerías, carreteras y potreros a más de 1 mil 200 kilómetros de casa y dormir al aire libre sobre piedras, procurando evitar el contacto con otras personas.
Rivas dejó su casa de San Salvador el 24 de diciembre de 2019, tenía entonces 52 años de edad. Antes de emprender la ruta migratoria había intentado vivir del trabajo en el campo, en la construcción y en la guerra, como soldado combatiente durante el conflicto civil de su país.
Al inicio, el viaje fue veloz. A los cinco días de paso rápido por Guatemala dejó atrás el Triángulo Norte de Centroamérica. Podía viajar en transporte público sin temor a que lo detuvieran. Los primeros casos positivos por covid estaban del otro lado del mundo, en Asia y Europa. Durante esos días recorrió casi 500 kilómetros sin sobresaltos.
Esa forma de viajar se terminó en cuanto cruzó el río Suchiate y entró a México por Ciudad Hidalgo, Chiapas. En territorio mexicano el Instituto Nacional de Migración (INM), apoyado por Policía Federal, a veces del Ejército, dificulta el tránsito de personas como él, en circunstancias de migración forzada. Las detienen, confinan y deportan.
Óscar Rivas nos contó su historia al final de su travesía desde un punto de la ruta migratoria donde finalmente encontró un techo y pudo quedarse un tiempo para recuperarse.
“Reforzaron los puestos de seguridad de Migración, la Guardia Nacional. Todo eso se les dificulta a las personas para avanzar. Entonces uno tiene que hacer el esfuerzo sea como sea”, afirmó Óscar, quien estaba sorprendido por el aumento en la vigilancia que percibió hacia personas viajando sin documentos. No era novato, ya una vez antes había intentado emigrar.
Las carreteras no eran opción, entonces buscó las vías del tren, no para subirse a un vagón -en su viaje previo, durante 2019, presenció un asalto con disparos y desbandada de migrantes hacia el monte- sino para seguir a pie la ruta regular del migrante: las vías del ferrocarril.
Tramo ferroviario en un despoblado ubicado entre Tierra Blanca y Amatlán, por donde pasó caminando Óscar.
Inició su marcha para llegar a Villa Comaltitlán, a 98 kilómetros de la frontera donde vivía una familia conocida. “Tenía una mochila, no traía unos buenos zapatos, venía enhuarachado”, explicó Óscar: estaba en plena travesía sin dinero y únicamente con una muda de ropa como equipaje. Tardó tres días en llegar.
Es un tramo de la vía del tren a un costado de la Sierra Madre, atravesando por numerosos ríos y riachuelos que se abren paso desde las montañas hacia el mar. A su derecha encontraba las montañas coronadas con nubes o neblina, hacia la izquierda tenía un paisaje extendido hacia la playa.
Era mediados de marzo de 2020 y la pandemia estaba en marcha. La Organización Mundial de la Salud no tardaría en declarar emergencia internacional por la propagación del COVID-19, con casi 8 mil contagios y 170 muertes en China. Mientras tanto, en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informaba sobre el inicio del proceso de preparación de la estrategia para combatir el nuevo coronavirus.
Comer iguanas, dormir a la intemperie
Óscar se internó por tramos de selva mediana y baja con parajes de manglares, lagunas costeras, y esteros. A su alrededor tenía una vasta cantidad de fauna conformada por especies de aves endémicas y migratorias, incluso, por el jaguar. De ahí en adelante, las condiciones naturales del camino, junto con su capacidad de supervivencia aprendida en el ejército salvadoreño, le dieron la posibilidad de sobrevivir durante su travesía, que sucedió en su mayoría alejada de lugares poblados. Esa fue su “sana distancia”.
Cuando Óscar estaba en la guerra, en las montañas de El Salvador, había días en que el helicóptero que llevaba el alimento, no llegaba. Por eso comía animales asados y hierbas del monte hervidas con sal.
“Si traigo con qué matarme un pajarito, lo cocino y me lo como. Por ahí abundan muchas iguanas. Me hacía una lumbre y ya, me las comía asadas en una estaca. Con el hambre todo sabe bueno. Esto fue cuando ya me quedé sin dinero”, relató tres meses después del fin de su travesía.
Años atrás, durante la guerra, en las ocasiones en que el helicóptero no llegaba, hacía caminatas de hasta 15 días y llegó a pasar, según contó, hasta tres meses “durmiendo en el monte”.
Para dormir, tanto en el conflicto armado como en su travesía por el sur de México, en medio de la pandemia, buscaba un descampado donde no hubieran demasiadas piedras amontonadas u otros recovecos que pudieran ser guaridas de animales. Por el mismo motivo, evitaba quedarse bajo los árboles. Pequeñas planicies con hierba crecida alrededor eran el lugar ideal.
El mejor horario para descansar era antes de que comenzara a oscurecer, alrededor de las 17:30, porque así podía controlar mejor sus condiciones de seguridad. Normalmente, a las 04:00 de la mañana ya estaba en marcha sobre las vías.
En una ocasión durante la guerra -contó Óscar- se separó de su pelotón cerca de un poblado, dejó su zona de seguridad porque olió tortillas recién hechas. Cuando volvió con ellas, sus superiores lo castigaron por haber pasado por alto una táctica del enemigo, que envenenaba soldados luego de atraerlos de forma parecida a como Óscar fue atraído por el aroma a maíz recién cocinado. Fue así como aprendió a no salirse de su zona de seguridad.
-¿Utilizaste esa enseñanza para no exponerte a autoridades y pobladores durante tu viaje?- preguntamos.
-¡Exactamente! Exactamente…
Llegó a principios de enero a Villa Comaltitlán, Chiapas, un caluroso y pequeño municipio costeño de actividad cañera y comercial, donde trabajó dos meses en la construcción. Decidió quedarse ese tiempo porque se enteró del avance del Covid y de las dificultades que enfrentaban otros migrantes para seguir su camino.
“Escuché las noticias y estaban diciendo de eso. Venía una caravana que no la dejaron pasar por lo mismo, me quedé de mientras dos meses trabajando”, explicó.
El 30 de enero se instaló el Comité Nacional para Seguridad en Salud, una instancia creada para atender la emergencia sanitaria. El 28 de febrero México registró su primer caso positivo por covid-19. Óscar empezó su camino de nuevo a pie a inicios de marzo y el mundo ya era otro. No encontró albergues para migrantes donde poder dormir, asearse y descansar. Estaban cerrados debido a la contingencia.
Siguió su camino por las vías, que tienen un trazo paralelo a la carretera donde, de haber sido ser una persona con papeles, podría viajar sin el riesgo de ser asegurado por el INM en uno de los nueve puestos de control que hay entre Tapachula y el límite de Chiapas con Oaxaca.
“Habían muchos puestos [de control migratorio] y tenía que venir sacándoles la vuelta”, recordó el salvadoreño. Humedales, potreros y terracerías iban quedando atrás mientras transcurría su marcha, paso a paso, hacia norte del continente.
Puesto de control migratorio del Instituto Nacional de Migración ubicado en las inmediaciones de Acayucan, Veracruz.
Después de más de 50 kilómetros de marcha, pasó por Mapastepec, donde en 2018 se ubicó un campo de 3 mil 500 refugiados de la primera caravana migrante. Una parte de ellos fueron reubicados antes de la pandemia en un centro de detención instalado en Tuxtla Gutiérrez. Para Óscar, a estas alturas, tras recorrer unos 450 kilómetros, el calzado ya era un problema. Necesitaba zapatos nuevos.
Óscar siguió su marcha apartado de los puestos de control migratorio, que ejercían la vigilancia con mayor intensidad a raíz de la emergencia por la covid-19. Caminó por las vías, alimentándose de iguanas y comida que conseguía de manera esporádica en algún caserío, aseándose en los ríos y durmiendo en recovecos descampados, a merced de la lluvia y los zancudos.
“Cuando me agarraba la noche buscaba en el monte, y para bañarme, los ríos. Es que por Chiapas y parte de Oaxaca hay muchos ríos. Traigo mi jabón y mi pasta de dientes. Lavaba mi ropa porque sólo traía dos cambios”, contó.
Era, en parte, como estar en la guerra. Así que esa experiencia, que le dejó una lesión de bala en la parte izquierda del tórax, le sirvió para realizar una marcha de aproximadamente 870 kilómetros por parajes deshabitados, esquivando ciudades y poblados donde los casos positivos de covid iban creciendo junto con el rechazo a la presencia de migrantes, quienes eran percibidos entre los pobladores como vectores de contagio.
“Lo que aprendí ahí [en la guerra] nunca se me olvida y siempre lo pongo en práctica para bien porque tengo entrenamiento en sobrevivencia y eso me ayuda mucho. Dormíamos en el monte todos mojados, salíamos al lodo. Eran los zancudos y todo eso”, recordó.
Las vías lo llevaron a Arriaga, Chiapas, una población que en los últimos años ha sido un lugar importante en la ruta migratoria. Al llegar ahí, Óscar ya se encontraba a más de 700 kilómetros de casa.
En Arriaga, Chiapas, hay una calma total en las vías del tren, donde antes la presencia migrante era notable.
Durante décadas, a Arriaga llegaban miles de migrantes cada semana después de una peligrosa caminata desde Tapachula. Habían hoteles y posadas para migrantes, tiendas con comida típica de diversas regiones, oficinas de las embajadas de El Salvador y Honduras. Toda una economía local alrededor del fenómeno migratorio. Desde que en 2005 el huracán Stan inhabilitó el paso de los vagones en el tramo que une Guatemala con la frontera del lado mexicano, es ahí, en Arriaga, donde comienza el viaje en tren para los migrantes.
El albergue de Arriaga, con cupo para unas 100 personas, suele estar siempre rebasado, pero sigue cerrado hasta hoy. Nadie contesta el teléfono. La pintura blanca de su fachada luce vieja y descuidada, al igual que sus puertas rojas de lámina, que entre las rendijas dejan ver hierbas crecidas y superficies empolvadas en el interior. Un lugar abandonado.
Las fuerzas, sus huaraches y sus habilidades de supervivencia le alcanzaron a Óscar para salir de Chiapas y llegar a Chahuites, Oaxaca. En este punto, tras 324 kilómetros de viaje dentro de territorio mexicano, está el peor recuerdo de su travesía: las ampollas y el sangrado de los pies. En la guerra nunca le faltó el calzado, en la ruta migratoria, sí.
“Lo más difícil de todo el viaje fueron las ampollas, llegué a Chahuites sangrando de los dedos y los talones”, contó.
En Chahuites, trabajó dos semanas y compró unas botas de trabajo negras, con suela gruesa, nuevas, que le costaron 450 pesos, unos veinte dólares americanos. Las conserva. Están impregnadas de polvo de cemento y aún las utiliza.
En ese tramo de su viaje -según relató- ya había perdido la cuenta de los días. La cuenta que no se le escapa es la del número de personas migrantes que vió en ese en esa parte del camino, ocho exactamente.
Estaba a 405 kilómetros de distancia del que, sin saberlo aún, sería su destino: el albergue veracruzano de Las Patronas. Pero antes de llegar a Veracruz pasaría por Oaxaca.
La Jornada de Sana Distancia en México por el COVID-19, que empezó el 23 de marzo, ya estaba en marcha.
870 kilómetros después
En la comunidad de La Patrona, municipio de Amatlán, en el centro de Veracruz, el grupo de mujeres que desde hace 25 años da alimentos y brinda albergue a la población migrante, conocido como Las Patronas, ya notaba el cambio en las dinámicas de la ruta migratoria.
Había preocupación y confusión entre los grupos que se encargan de la ayuda humanitaria en las rutas migratorias. Norma Romero, líder de Las Patronas, entendió, gracias a la información que llegaba desde el sur a través de sus contactos, que la situación de los migrantes se había complicado aún más.
“De por sí mucha gente ya había discriminado al migrante porque decían que la mayor parte de las enfermedades que se habían visto eran enfermedades que ellos traían. Después decían que venían a robar el trabajo. Ya habían antecedentes en contra de migrantes, luego con la pandemia, la militarización vino a ocasionar más problemas y ponerlos más en riesgo”, dijo Romero entrevistada en el comedor de Las Patronas, a finales de julio.
En Ixtepec, Oaxaca, el albergue Hermanos en el Camino cerró su oferta de acogida. Por aquí pasó Óscar.
Allá en la ruta migratoria de donde llegaban noticias a Las Patronas, estaba Óscar caminado hacia Ixtepec, Oaxaca, en la cintura de la República, donde visitó el albergue Hermanos en el Camino, del famoso padre Alejandro Solalinde, en busca de descanso. Pero, igual que el de Arriaga, lo encontró cerrado.
“En Ixtepec me quise quedar pero nomás estuve tres horas y me vine en la noche”, dijo.
Hermanos en el Camino tiene una puerta al costado de la vía férrea y otra -la principal- en una calle paralela. Ambos sitios suelen tener un intenso tránsito de personas que entran y salen. Es una presencia migrante que se extiende hacia las vías, donde están los vagones, y hacia el centro de Ixtepec. A finales de julio, cuando lo visitamos, no había nadie afuera.
Cuando Óscar pasó por ahí cuatro meses antes de nuestra llegada, vio a una treintena de personas migrantes en las inmediaciones del albergue que, como él, no pudieron entrar. No interactuó con ellas, arrancó en la oscuridad y amaneció en Matías Romero, lo que significa que atravesó 61 kilómetros de camino sobre las vías en una noche.
Mientras tanto, Norma Romero, líder de Las Patronas, escuchaba penurias de boca de migrantes y llamadas preocupadas de otras personas defensoras de Derechos Humanos que dan ayuda humanitaria en la ruta migratoria.
“Algunos [migrantes] nos decían que llegaban en autobús, algunos nos decían que no tenían dinero y llegaban caminando. Está el cierre de los albergues, que afecta mucho, en el cansancio, la comida, el aseo personal”, dijo cuando la encontramos.
En épocas normales, a lo largo del trayecto desde la frontera hasta Las Patronas, en el camino recorrido por Óscar, las y los migrantes encuentran por lo menos seis albergues en donde, en otras circunstancias habría encontrado refugio. Pero en ese momento estaban completamente cerrados o sólo ofrecían alimentos y medicina fuera de sus instalaciones.
A Norma Romero le inquietaba el cierre de los albergues. “No vimos bien esa idea de que se cerraran los albergues. Si queremos saber cuántos migrantes vienen contagiados, ¿cómo vamos a enterarnos?”, explicó, sentada en una mesa vacía del comedor, ya entrada la noche. Para ella, esas medidas sólo descontrolaron invisibilizó la travesía migrante empujándola a rutas más peligrosas,y descontroló la ayuda humanitaria.
Es el caso de Óscar, quien recorrió rutas peligrosas y en ningún momento recibió ayuda humanitaria.
Su relato sobre el resto del viaje es breve. Desde Oaxaca enfiló rumbo a Veracruz y pasó, por ejemplo, por la comunidad de Medias Aguas, un pequeño poblado del que se oye hablar hasta Centroamérica por su fama de peligroso.
Visitamos esa comunidad con una comitiva de la Cruz Roja para constatar las circunstancias de la población en tránsito que, como Óscar, pasa por ahí ya sea caminando o sobre el tren. En una esquina de la comunidad, el conductor frenó, dijo que no podíamos seguir porque estábamos entrando a territorio controlado por la delincuencia y giró de inmediato hacia la entrada del pueblo.
El siguiente punto de parada en la ruta migratoria es Tierra Blanca, a 218 kilómetros. Ahí -que es otro lugar insigne de la ruta por la cantidad de migrantes que llegan ahí desde hace décadas- Óscar pasó de largo. El albergue estaba cerrado por el covid y sólo se ofrecía comida en la puerta.
El campesino y exmilitar dejó esas tierras calientes y siguió camino hacia las montañas del centro de Veracruz donde, algún día de abril, en algún paraje surcado por vías del tren, encontró a un grupo de cuatro personas que se habían ido juntando en el camino. A uno de ellos -recordó- “lo había correteado la Guardia Nacional y por eso se había ido a las vías”.
Después encontró un inmenso ingenio azucarero con un poblado construido a su alrededor, llamado Motzorongo, un lugar entre montañas al que se llega por las vías o por una vieja carretera desgastada por los vehículos de carga.
Óscar sostiene una coa durante su jornal en un predio sembrado con caña de azúcar, en Amatlán, Veracruz.
Había completado 431 kilómetros de marcha a pie desde Ixtepec esquivando a la pandemia y puestos de control. Un viaje de 870 kilómetros en total desde que salió de la frontera sur de México.
Según contó Óscar, trabajadores del ferrocarril le hablaron de Las Patronas, famosas por alimentar diariamente a migrantes que cruzan colgados de los techos de los trenes desde hace 25 años, y se ofrecieron a llevarlo en una camioneta adaptada que rueda sobre las vías en labores de reparación. Terminó su viaje a pie.
Pasó por una enorme estatua de Cristo que, en tiempos anteriores a la pandemia levantaba el ánimo a las multitudes migrantes que viajaban por ahí en trenes, se acercó al pie de la Sierra de Zongolica por parajes exuberantes, zonas de ductos y robo de combustible y emblema de la pobreza. Recorrió 45 kilómetros más en un suspiro. Le dijeron que preguntara por Norma Romero.
En un momento de abril, cuya fecha exacta escapa a su memoria, la travesía terminó: Las Patronas lo recibieron con arroz, frijoles y pan; hospedaje y cuidados médicos. Veracruz estaba en fase roja por el Covid. Óscar hizo dos cosas: se curó los pies maltratados y mandó a arreglar sus botas negras para ir a trabajar a un campo cañero.
La primavera le alcanzó para reunir un dinero y, a partir de ahí, ya con 53 años de edad, cumplidos el 20 de junio, seguir su viaje en transporte hacia el centro de México. Ahora ya está donde quería.
*El nombre de Oscar Rivas fue cambiado a solicitud suya para proteger su identidad.
Rodrigo Soberanes es un periodista mexicano que vive en el estado de Veracruz. Su trabajo se centra en coberturas y reportajes sobre migración y desplazamiento forzado dentro y fuera de México. Se ha especializado en coberturas de comunidades indígenas sobre violencia y territorio, así como en temas sociales y ambientales.
Javier García es fotógrafo y videorreportero desde 1994. En 2007, fundó el Colectivo Audiovisual «Sacbé Producciones», enfocado en la producción de cortometrajes y documentales sobre migración y temas sociales en México. En 2016 dirigió el premiado documental La cocina de Las Patronas, sobre la comunidad de mujeres que asisten a migrantes centroamericanos en Amatlán de Los Reyes, Veracruz.
Quinto Elemento Lab es un laboratorio de investigación e innovación periodística con sede en México. Este reportaje forma parte de la serie de cinco partes “Migrar bajo las reglas del covid”.
Julia Ramírez trabaja para que todo funcione en el refugio a pesar de la poca afluencia de personas migrantes.
Las Patronas, mujeres que hace 25 años dan agua y comida a migrantes que viajan en el tren, habilitaron durante la pandemia una capilla que se convirtió en el único albergue a cientos de kilómetros a la redonda. Ahora la comida que tenían para donar se acumula y los pocos viajeros que reciben llegan muy maltrechos. Tercera entrega de Migrar bajo las leyes de covid
Texto: Rodrigo Soberanes/ Fotos y videos: Javier García / Quinto Elemento Lab/ PIE DE PÁGINA
AMATLÁN, VERACRUZ.- Una pequeña capilla recién construida en el comedor de Las Patronas -ubicado en Guadalupe La Patrona, Amatlán de los Reyes, Veracruz- para que las personas migrantes tuvieran donde orar, se convirtió en el único refugio disponible para las personas migrantes que llegan después de largos recorridos en medio de la pandemia del COVID-19.
La capilla se inauguró el 14 de febrero de 2020, día del 25 aniversario de Las Patronas.
La famosa cocina ubicada en el centro de Veracruz, donde diariamente se ha preparado comida para multitudes de migrantes, ha ido cambiando a lo largo de sus 25 años de historia. Pasó del fogón de leña a las hornillas de gas. De las ollas pequeñas a los grandes recipientes. De un par de cocineras a nutridos grupos de voluntarias.
Al lado de la cocina se construyeron cuartos para ofrecer hospedaje a voluntarias y voluntarios, así como albergue a migrantes en casos puntuales. La última reforma ha sido la construcción de una capilla de piedra, financiada por la orden franciscana, que se inauguró el 14 de febrero de 2020, día del vigésimoquinto aniversario de Las Patronas.
La capilla recién construida es un lugar de refugio para los migrantes que llegan a Las Patronas debido a que el resto de los albergues de la región están cerrados.
Sin que lo supieran, al inaugurar la capilla estaban estableciendo el que se convertiría en el único albergue para migrantes abierto en cientos de kilómetros a la redonda. Días después de su inauguración, cuando ya habían noticias que hablaban sobre los estragos en América del virus originado en China, los demás centros de ayuda humanitaria para la población en tránsito comenzaron a cerrar sus puertas.
De hecho, el mismo día de la inauguración el gobierno de México inició un diagnóstico de la capacidad hospitalaria ante la inminente llegada del virus y el 28 marzo inició la Jornada de Sana Distancia, que fue el instrumento de las autoridades para pedirle a la población que se quedara en casa.
El 2020 había comenzado con un fuerte incremento del flujo migratorio, según muestran las cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR). Durante los tres primeros meses, la COMAR había registrado un incremento del 34% de solicitudes de refugio recibidas con respecto al mismo periodo del 2019.
“Eso quiere decir que las tendencias de incremento continuaban este año. Se sabía del covid pero todavía no impactaba en México”, dijo el coordinador de la COMAR, Andrés Ramírez Silva.
Pero el cierre de las fronteras en el norte y el sur de México trajo “un cambio tremendo” que se reflejó en abril, cuando la cifra de solicitudes bajó en 86 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.
La disminución de las peticiones, en opinión de defensoras y defensores de Derechos Humanos consultados en distintos puntos de la ruta migratoria, no significa que la migración haya parado, sino que un brusco cambio de escenario obligó a la población en tránsito a hallar otros caminos y soluciones.
La nueva normalidad de Las Patronas
Desde mediados de marzo Las Patronas cerraron la entrada a las habitaciones donde se da hospedaje a hasta 30 personas, y mantuvieron la preparación de comida para quien llegara a pedir alimento. La capilla, ubicada fuera de las bardas que delimitan el espacio de la cocina y el albergue, pasó de ser un lugar de culto a un lugar de cuarentena donde ese mismo mes fueron llegando sus primeros inquilinos viajeros.
Las medidas se hicieron estrictas: La toma de temperatura al entrar, el confinamiento dentro de la capilla por 14 días, el uso separado de trastes, el lavado de ropa, manos e higiene personal son algunas de las reglas impuestas en el albergue.
“Se quedan en la capilla porque tenemos que cuidarnos nosotras también”, explicó Julia Ramírez el 23 de julio, a nuestro paso por el refugio. Acababa de atender a un guatemalteco que había llegado caminando.
Julia Ramírez le llevó un plato con arroz, frijoles y una pieza de pollo, y un vaso con agua. El migrante comió sentado en una galera fuera de la cocina. Norma Romero, la fundadora del lugar, le ofreció que entrara a la capilla a descansar pero él prefirió seguir. Después de dejar sus datos registrados en la libreta donde Las Patronas llevan el control de personas atendidas –José Luis Basurto, nacido el 13 de enero de 1989– siguió su camino.
“Hemos visto que los migrantes nos llegan caminando. Ahorita con esta enfermedad hay muchos albergues que cerraron. Aquí viene uno que otro caminando y los recibimos con reglas de higiene”, contó Julia Ramírez Rojas, integrante del grupo humanitario, desde la cocina de las Patronas, donde habían más bolsas con pan de las necesarias y las grandes ollas para el arroz estaban en desuso.
“Esto nos agarró de sorpresa a todos”, dijo Norma Romero, iniciadora del grupo. Con un cuarto de siglo de experiencia, las voluntarias tenían ante sí un escenario totalmente nuevo. “No estábamos preparadas para este tipo de situaciones”.
Una llamada para saber qué pasa
En el comedor de Las Patronas los alimentos que reciben en donaciones se acumulan ante la poca llegada de migrantes.
El pasado 23 de julio, Norma Romero, con numerosas interrogantes sobre la situación en la ruta migratoria, tomó el teléfono e hizo una llamada a otra persona que se dedica a dar ayuda humanitaria en la ruta.
-Aquí han pasado de regreso algunos que dicen que donde está muy duro es en Orizaba otra vez. Están teniendo muchos asaltos- dijo la voz al otro lado de la línea.
-Es que ahí ya no hay nadie que apoye. Por eso yo digo, bueno, ¿ahora cómo le hacemos?, nos vamos enterando de lo que ellos nos van diciendo- replicó Norma Romero.
-Sí, así está ahorita. Coatzacoalcos nada más está dando comida. En Oluta, como tienen refugiados y están en cuarentena, nada más están dando de comer por afuera a los que pasan. Palenque estuvo cerrado y están empezando a atender a los que están lastimados. Salto de Agua –en el norte de Chiapas, en otra ruta migratoria– sí está funcionando, creo que están recibiendo por una noche nada más. Es que esa zona está muy contaminada. ¿A ustedes no les ha tocado ningún caso?
-No, nos ha tocado nada, bendito sea Dios.
-Bendito Dios, qué bueno.
-¿Ustedes están bien?
-Sí, en el equipo se enfermaron dos personas pero no por el albergue, sino que la pescaron por afuera. Dentro del albergue gracias a Dios hasta ahora no. Ahí vamos, aunque aquí en la ciudad de Tierra Blanca la pandemia está en el pico.
-Está complicado. No hay que desanimarnos, hay que ayudar en lo que podamos, ¿no?
-Pues sí, claro que sí. Yo hasta donde sé sí ha afectado bastante, en Oluta hubo un caso dentro del albergue, en Coatzacoalcos también, en Palenque tuvieron algunos casos. A mi me dijeron que está muy, muy difícil. Sé que está muy difícil en la zona de Tapachula, que hay mucha gente contaminada. Hay mucho riesgo en el viaje.
-Nosotros con los que llegan estamos poniéndolos en cuarentena porque se quedan, se les da alimento pero no pueden ingresar al albergue, hay que estar a las vivas con ellos. Es importante tomar nuestras debidas precauciones- respondió Norma Romero.
Esta región, donde Las Patronas ofrecen alimento y comida a los viajantes, lleva años siendo un foco rojo por los ataques a migrantes. Es uno de los tramos de la ruta migratoria de donde salió la información que usó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar en 2009 la maquinaria de secuestro de migrantes que se instaló en la región.
“Esto no se puede paralizar”
A diferencia de lo que ocurría antes de la pandemia, durante la contingencia llegaban al comedor de Las Patronas personas solas o en grupo muy pequeños, luego de caminar distancias enormes. Hasta antes de marzo lo habitual eran grupos de decenas de migrantes llegados en trenes de carga.
“Están pasando muchas cosas de las cuales tenemos que estar muy atentas. Esto tiene que seguir, no se puede paralizar”, dijo Norma Romero, en referencia al descontrol en la ayuda humanitaria causado por la contingencia.
En las habitaciones había dos migrantes hondureños llegados antes de la pandemia que se quedaron a trabajar en los campos cañeros de Amatlán, en espera de la resolución de sus trámites de refugio en la COMAR.
Desde la llegada de la covid-19, el comedor de Las Patronas redujo su actividad y luce en completa calma.
También, relataron las voluntarias, han debido a atender a personas mexicanas expulsadas de sus comunidades de México por las carencias económicas causadas por la pandemia.
Julia Ramírez contó que el tren ya no pasaba con frecuencia durante el día. Había empezado a pasar por las noches, y pese a que que iban migrantes sobre los vagones, no podían salir a su encuentro y entregarles comida. Los migrantes iban extenuados y eso podría causar una caída a la hora de intentar alcanzar las bolsas con agua y comida con el tren en movimiento. “Ya van cansados y se nos pueden caer del tren”, explicó Ramírez.
Las grandes ollas para cocinar cantidades industriales de arroz y frijol que antes alimentaban a cientos de personas al día se encontraban en desuso. El rol de actividades en la cocina que cuelga en una pared ya no se sigue al pie de la letra porque la carga de trabajo había disminuido drásticamente.
Ante la falta de afluencia de población migrante aprovecharon para dar mantenimiento a sus instalaciones.
Antes del covid, según explicó Norma Romero, “eran dos trenes a los que se les daba atención diario y ahí iban los migrantes, posteriormente [con la llegada de la pandemia] empezamos a ver que los trenes comenzaron a cambiar de horarios”. En la nueva situación lo habitual era un único tren diario a la medianoche. Ha habido momentos, dijo Romero, “en que no vimos trenes en una semana”.
Según explicó Juliar Ramírez, antes de la pandemia recibían una llamada desde Tierra Blanca -la parada anterior- cuando salía un tren con migrantes para que estuvieran preparadas con la comida. “El tren se hace tres horas de Tierra Blanca para acá. Hay que hacer el arroz, el frijol y empaquetar”, explicó.
Desde la aparición del covid en la zona esa llamada dejó de llegar, al igual que los trenes. La cuenta atrás de tres horas se detuvo. Las patronas, que preparaban hasta 12 kilos de arroz diarios, empezaron a hacer un par de kilos, y a dejar el café enfriar. Lo calientan, se vuelve a enfriar y lo vuelven a calentar en espera de migrantes que lleguen a tocarles la puerta.
Rodrigo Soberanes es un periodista mexicano que vive en el estado de Veracruz. Su trabajo se centra en coberturas y reportajes sobre migración y desplazamiento forzado dentro y fuera de México. Se ha especializado en coberturas de comunidades indígenas sobre violencia y territorio, así como en temas sociales y ambientales.
Javier García es fotógrafo y videorreportero desde 1994. En 2007, fundó el Colectivo Audiovisual «Sacbé Producciones», enfocado en la producción de cortometrajes y documentales sobre migración y temas sociales en México. En 2016 dirigió el premiado documental La cocina de Las Patronas, sobre la comunidad de mujeres que asisten a migrantes centroamericanos en Amatlán de Los Reyes, Veracruz.
Quinto Elemento Lab es un laboratorio de investigación e innovación periodística con sede en México. Este reportaje forma parte de la serie de cinco partes “Migrar bajo las reglas del covid”.
*Convirtió al Colegio Intercultural en su caja chica. | *Exigen a Murat la destitución de la priista que vive de las y los indígenas.
OAXACA, Oax.- La prórroga terminó. La huelga estalló en los 48 Bachilleratos Interculturales de la entidad.
La base trabajadora del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO), decidió ponerse en huelga este miércoles 7 de octubre.
La huelga es por el incumplimiento a su contrato colectivo y para exigir la salida inmediata de la directora Emilia García Guzmán y sus familiares. Bachilleratos Interculturales
Aseguraron que hicieron de esa institución su “caja chica” al desviar 33 millones 576 mil 466 pesos de los Bachilleratos Interculturales.
Así denunció la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, Fabiola Ruiz Guerra.
También exigieron al gobernador:
“Alejandro Murat, tu pusiste a Emilia García Guzmán (ex diputada del PRI), ahora la quitas, y que se lleve a los directores de área y toda su familia”.
Rechazo al diálogo
Alrededor de 360 trabajadores calificaron de irresponsable a la priista porque no se presentó a la última audiencia conciliatoria.
Se negó a tratar de solucionar el conflicto laboral y con ello evitar afectar a alrededor de cinco mil estudiantes de 48 Bachilleratos Integrales Comunitarios.
Tras colocar las banderas rojinegras, la base trabajadora inconforme manifestó que:
“Ya es tiempo de cerrar la caja chica de Emilia, ya es tiempo de renovar el CSEIIO.
“El dinero del CSEIIO, se debe ocupar para la educación de los jóvenes de comunidades indígenas.
“No para llenar los bolsillos de la exdiputada local y federal, quien busca juntar un fondo para postularse nuevamente para una diputación”.
Detallaron que las plantillas docentes, administrativa y servicios generales que laboran “en los 48 Bachilleratos Integrales Comunitarios, queremos formar jóvenes rectos, justos y perseverantes.
“Que luchen por emanciparse de la demagogia partidista tradicional, es por eso que esta huelga es un ejemplo para ellos, y luche por lo que les corresponde”.
Ofrecimientos
Mencionaron que en la mesa de negociación en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la parte patronal presentó como ofrecimiento:
-4.3 % directo al salario y noticias oaxaca
-1.7 % a prestaciones.
La líder sindical y el resto del Comité Ejecutivo y la Comisión de Acompañamiento rechazaron la propuesta, con la consigna: “nivelación salarial” y “no falacias”.
Al pliego de demandas ahora exigen “la salida inmediata de Emilia García Guzmán y sus familiares por lucrar del erario público y desvío de recursos”.
Recursos solo para familiares
Detallaron que la LXIV Legislatura del Estado autorizó 24 millones 375 mil 991 pesos para salarios de Mandos Medios y Superiores.
Sin embargo, solo su equipo y familia se duplicaron el sueldo, modificando el calendarizado de la Secretaría de Finanzas por 42 millones 707 mil 396 pesos.
Esto significa que la directora General gana diariamente 1 mil 853 pesos y 73 centavos.
Y un trabajador de base que viaja a comunidades indígenas gana un sueldo raquítico de 464 pesos con 58 centavos.
“Casi lo que se gasta en transporte para llegar su centro de trabajo”.
Denunciaron que ¿cómo es posible que tenga en nómina a su esposo, hija, nietos, compadre, ahijado y demás familiares cercanos?
La nueva transformación del país exige abatir estos actos y por esto la huelga en los Bachilleratos Interculturales.
Mencionaron que otro ejemplo del mal manejo del CSEIIO por esta profesora es la falta de transparencias en la aplicación de recursos.
Incurre así en actos de corrupción por el desvío por la cantidad de 33 millones 576 mil 466 pesos.
En el rubro de ingresos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del ejercicio fiscal 2019.
Fueron devengados por la dependencia, tal como lo presenta en el TOMO V – B de los Resultados Generales en el Ejercicio Fiscal 2029 del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.
Documentos de Fonatur revelan que en 294 de los 724 kilómetros ya en construcción hay casas junto a los rieles; vecinos afectados de Campeche exigen reubicar trazo y que no los expulsen de sus hogares
Sobre las baldosas rojas, en sillitas plegables negras y elaborados sillones blancos de metal, una decena de vecinas de los barrios Camino Real, La Ermita y Santa Lucía, en Campeche, se preocupan por su futuro. Sobre la mesa, una serie de carpetas, con títulos como Fotos de casas antiguas, Recibos de pagos de impuestos de 1950, Censo 1930 o Descarrilamientos del año 2000. Son las armas en la batalla que este colectivo mantiene contra el Tren Maya y lo que las autoridades llaman “relocalización consensuada”. Ellos prefieren nombrarlo como “desalojo forzoso”.
A un metro y medio de este hogar de pescadores se ve el problema. Un par de rieles que atraviesan por más de 2 kilómetros los tres barrios, afectando a casi 300 casas y negocios. Su derecho de vía lo quiere usar el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para construir el Tren Maya. Por razones de seguridad no puede haber viviendas ni inmuebles a 20 metros de cada lado del eje, que estará vallado. Según documentos oficiales del Fonatur obtenidos por EL UNIVERSAL, 294 de los 724 kilómetros ya en construcción tienen “invasiones”, con mil 718 puntos en esa franja de 40 metros.
Es decir, en 40% del trazo hay una problemática potencial como la de estos barrios o la del pueblo de Candelaria, en el sur de Campeche: vecinos que opinan que “desalojo forzoso” es un término más adecuado que “relocalización consensuada”. EL UNIVERSAL recorrió los más de 500 kilómetros que separan Palenque de Mérida para mutar estos números en personas.
“De aquí no me voy”
La decena de vecinas opinan lo mismo que Guadalupe Gutiérrez, una mujer de 63 años y cabeza de esta defensa de hogares. “No somos invasores. Yo aquí nací. Somos ya cinco generaciones de mi familia. Aquí rezo a mis muertos, aquí vivieron mis abuelos y de aquí salieron mis hijos. De aquí no me voy”, dice en el zaguán de su casa, pintada de morado.
“En 1938, cuando se hace la conectividad ferroviaria de Yucatán con el resto de la República, mi abuelo donó terrenos y nos hicimos hasta donde las autoridades nos dijeron que nos tocaba habitar. No somos invasores, estamos aquí antes de que llegara el tren”. Enseña hojas de copias de documentos de finales del siglo XIX.
Su hogar y el de sus dos hermanas están en Santa Lucía, a los mismos escasos dos metros de la vía del tren. Caminar con ella por los rieles, entre los que hay flores y plantas de los rieles, es un sinfín de saludos. Vecinos que hablan de tiendas antiguas, de casas que llevan ahí toda la vida, de tejido social, de que votaron por la 4T y sienten traición. Las viviendas son de una planta, sólidas, algunas de arquitectura colonial.
“Nuestra propuesta siempre ha sido la relocalización de las vías del ferrocarril. ¿Por qué no puede haber un libramiento fuera de la ciudad y tienen que desplazarnos? —argumenta—. Tuvimos una reunión con Fonatur y fue ríspida. Dijeron que el tren iba a pasar sí o sí”.
En junio de 2020, el Fonatur aseguró que planteará soluciones adecuadas con cada familia de Campeche que tenga una propiedad en el derecho de vía del Tren Maya y que trabaja con ONU Hábitat, a la que paga 5 millones de dólares, para elaborar un Protocolo de Relocalización Consensuada. Los vecinos aseguran haber recibido visitas “intimidantes” por personas que se identificaron como miembros del Fonatur y ONU Hábitat, quienes les preguntaban dónde se reunían y quiénes eran los líderes.
“Muchas de las poblaciones por las cuales pasa la vía de tren ya existían desde antes de la concesión a finales del siglo XIX, es decir, se puso sobre poblaciones ya existentes”, explica Kalycho Escoffié, jurista por la Universidad Autónoma de Yucatán.
“Estos tres barrios son históricos de Campeche, consolidados, pagan impuestos”, argumenta. “No son asentamientos informales como dicen a veces las autoridades, que van a los barrios y les dicen a los vecinos que ellos ‘invadieron’ las vías del tren. Con eso pretenden convencerlos de que no tienen el derecho a su favor y que llevan las de perder”.
Kalycho Escoffié lleva el amparo que ha presentado el colectivo de los Tres Barrios de Campeche contra Fonatur, la Presidencia de la República y la Secretaría de Turismo para detener las obras y que lo que se relocalice sean las vías del Tren Maya y no las personas. El juzgado, cuenta, otorgó una suspensión para que Fonatur, con ONU Hábitat, no pudiera seguir realizando visitas a los barrios para hacer el censo de afectados y predios mientras se resuelve el proceso judicial.
“Pero durante la pandemia, de repente los vecinos vieron a operarios hacer labores topográficas en las vías de los barrios. Se acercaron a los operarios y les decían que venían de Telmex, que es Grupo Carso, de Carlos Slim”, asegura. Slim y sus empresas se encargan del Tramo 2 del Tren Maya, donde está Campeche.
“Fonatur dice que es un proceso de relocalización, pero esto es una violación de derechos humanos, ya que presionarles para que salgan de sus casas sin un procedimiento legal es un desalojo forzoso”, explica.
El discurso de las autoridades de denominar “invasiones” a las personas que viven en el derecho de vía se refleja en el documento oficial de donde sale ese inventario que, de los 724 kilómetros, 294 tienen “invasiones existentes” con mil 718 puntos. Estas páginas pertenecen a los más de mil 500 folios de Ingeniería Básica para los tramos 1, 2, 3 y 4, realizados por un contrato de 346 millones de pesos.
Al respecto, Fonatur reiteró a EL UNIVERSAL que se reubicará a los vecinos y decidió no contestar qué ocurrirá en caso de que algunos se nieguen a abandonar sus hogares. “Si bien un cambio de ruta podría existir, ello eliminaría la posibilidad de un beneficio directo para los habitantes de estas colonias”, contestó.
Partir un pueblo a la mitad
El pueblo de Candelaria, en el sur del estado de Campeche, casi frontera con Tabasco, comparte ese problema. A lo largo de más de 2 kilómetros y medio los rieles parten del río y dividen en dos el pueblo. En el área de 40 metros dentro del derecho de vía hay un museo, el centro de la población y pequeños negocios. Según datos publicados por Fonatur, son 400 los dueños afectados.
Entre ellos está Joaquín Aguilar, un aguador de 59 años. Compró el terreno a otro vecino por 10 mil pesos y durante 20 años levantó, pedacito a pedacito, este hogar de una sola planta. El techo es de lámina de zinc, dice orgulloso. Viven “10 gentes”: su esposa, sus hijos y sus nietos.
“En diciembre [de 2019] nos convocaron a una reunión a todos los que estamos en derecho de vía. Fuimos más de 500 gentes. Presentaron el tren, diciendo que se iba a buscar la manera de que no nos afectara ni nos perjudicara. ‘En el peor de los casos, lo que les puede pasar es que se les reubique’, eso dijeron. Su tono fue muy agradable y como que entendimos que el tren se iba a desviar”, recuerda Aguilar.
“Luego llegó una segunda reunión, meses después, y allí ya hablaron, con un tono más agresivo, directamente de reubicación, ya que iba a ocupar 20 metros a cada lado de la vía. ‘Se tienen que quitar’, dijeron”, y sentencia: “Siento que las autoridades nos engañaron, nos traicionaron”.
En la minuta de una de las reuniones que mantuvo Fonatur con varios grupos de vecinos se lee que estaba presente además el despacho de abogados Barrientos y Asociados, que firmó en agosto de 2019 un contrato con Fonatur por 62 millones de pesos para la “Liberación de Áreas de Afectación para la Constitución del Derecho de Vía del Proyecto Denominado Tren Maya”.
Los vecinos plantearon sus dudas y desacuerdo con los “reasentamientos humanos” y “al respecto, se mencionó que el trazo del TM no será modificado y seguirá la ruta de las vías férreas existentes, por ello la importancia de reubicar a las familias con viviendas o comercios en el derecho de vía”, dijo Fonatur.
“¿Qué intención de negociar tienes cuando ya como autoridad has decidido el proyecto y que la relocalización va a ocurrir sí o sí?”, se pregunta Kalycho Escoffié, quien da asesoría legal a las comunidades. “Tú te vas de tu casa, ese es el acuerdo”. También plantea una duda: “Si esto pasa en Candelaria, ¿qué no estará pasando en sitios más pequeños?”.
Uno de esos lugares más chiquititos es el poblado El Águila, en Tabasco, a menos de 30 kilómetros al norte de Tenosique. Al lado de un cruce de las vías y la carretera está Daniel Panadero, de 45 años. Trabaja una tienda de abarrotes de su familia. Les han dicho que los van a reubicar, pero no sabe dónde.
“¿Y si me alejan del cruce y pierdo toda la clientela? No estoy en contra del tren, sólo no quiero que me reubiquen. En el pueblo hay varios negocios y seis familias que viven dentro del derecho de vía. Sólo una persona se mudó dentro hace poco para tratar de aprovecharse”, comenta.
Dice que el tren va a pasar sí o sí y siente que no tiene más opción que aceptar el derribo de su tiendita y rezar para que su nueva ubicación sea igual de buena.
Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020 en Jalisco desaparecieron 3 mil 568 personas y se exhumaron 605 cuerpos de diversas fosas clandestinas, esto colocó al estado como la entidad federativa con mayor incidencia en ambos delitos.
La Fiscalía del Estado de Jalisco asegura que no hay por qué alarmarse, pues estos datos son así porque Jalisco es de las entidades que reportan puntualmente ambas estadísticas delictivas.
Darwin Quintero / Zona Docs
En los dos últimos años, Jalisco se convirtió en la entidad federativa con mayor número de personas desaparecidas al registrar 3 mil 568 denuncias; así mismo encabezó el listado del mayor número de personas exhumadas de fosas clandestinas con 605 cuerpos; así se dio a conocer en la actualización del Informe de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas realizado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el cual se presentó en Palacio Nacional, el 7 de octubre.
Oficialmente en el país existen 77 mil 171 personas desaparecidas; de éstas 11 mil 267 desaparecieron en Jalisco.
Conforme a los datos de la Segob y la CNB, que se nutren de la información que les entregan fiscalías y procuradurías estatales, las 3 mil 568 personas que desaparecieron en Jalisco, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2020,representaron el 26% de todas las desapariciones ocurridas en México.
En el recuento histórico, Jalisco concentra el 15% de todas las personas desaparecidas del país.
La comisión de este delito se ha incrementado de manera significativa en la entidad al registrarse, en los dos últimos años, el 32% de todas las desapariciones ocurrida en Jalisco.
Con datos obtenidos de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) es posible saber que, en el mismo periodo de tiempo, se presentaron 6 mil 625 denuncias donde se reportó la desaparición de 7 mil 546 personas (5 mil 579 hombres y mil 964 mujeres).
De éstas desapariciones, la FEJ asegura haber localizado a 4 mil 071 personas con vida y sin vida a 778. Quedando por localizar a 2 mil 698 personas, lo cual es un número de personas menor al que se dio a conocer por el Gobierno Federal.
A nivel nacional, en los dos últimos años, se registraron 29 mil 789 desapariciones, de éstas se asegura haber localizado con vida a 14 mil 75 personas y sin vida a mil 293. Quedando por localizar 13 mil 821.
Un país y un estado de fosas clandestinas
A nivel nacional se han localizado, hasta el 30 de septiembre de 2020, 4 mil 092 fosas clandestinas de las que se han exhumado 6 mil 900 personas, pero ha sido en los dos últimos años donde la localización de fosas se incrementó al concentrar el 31% de todos los hallazgos y el 28% de todas las exhumaciones registradas de manera histórica.
En el caso de Jalisco, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020, se exhumaron 605 cuerpos de fosas clandestinas, esto corresponde al 68% de todos los cuerpos que se habían localizado en fosas clandestinas desde el 2006: 897 cuerpos.
El hallazgo de fosas de clandestinas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, desde agosto de 2018 a la fecha, ha sido el factor que ha incrementado esta estadística y que, a decir de la Fiscalía de Estado de Jalisco (FEJ), “no significa que estamos en una situación de alerta, sino en un momento donde hay más transparencia en el registro de las fosas que son localizadas“; no obstante “la aclaración” de la FEJ, las 605 exhumaciones realizadas en los dos últimos años colocó a Jalisco como el estado con mayor número de cuerpos exhumados de fosas clandestinas de todo el país.
En el registro histórico, también presentado por la Segob y la CNB, Jalisco concentra el 13% de todos los cuerpos exhumados de fosas clandestinas en México. Después de Jalisco, los otros estados o dependencias con mayor número de cuerpos exhumados son: la Fiscalía General de la República con 797 cuerpos; Sinaloa con 613; Chiahuahua con 595 y Guerrero con 563; todas estas entidades concentran la mitad de todos los cuerpos que han sido exhumados en territorio nacional.
Así mismo se señaló que los estados con más fosas clandestinas localizadas son: Veracruz con 504; Tamaulipas (455); Guerrero (383), Sinaloa (354) y Zacatecas (331).
El que aquí no aparezca Jalisco es significativo porque implica que en menor cantidad de fosas se depositan mayor número de cuerpos, lo cual habla de las huellas de la violencia ejercida contra estas víctimas, las cuales, en su mayoría, aparecen desmembradas dentro de bolsas plásticas como pasó en las fosas del Mirador I y II localizadas en diciembre de 2019 y enero de 2020 en Tlajomulco de Zúñiga.
Sobre la identificación de los cuerpos exhumados de todas estas fosas se informó que de los mil 957 cuerpos exhumados en los dos últimos años se han identificado a 806 personas, pero sólo 449 han sido entregadas a sus familiares.
En el marco de este informe, la Fiscalía del Estado de Jalisco comunicó que actualmente se está trabajando en tres fosas clandestinas ubicadas en los municipios de Zapopan, Ixtlahuacán y El Salto.
En totall, se aseguro que, a la fecha, en éstas se han localizado 37 cuerpos de personas fallecidas no identificadas, 20 cráneos, una osamenta, 59 bolsas con restos humanos y diversos lotes con segmentos o elementos óseos.
La pandemia cambió el flujo migratorio en el sur de México, frontera con Guatemala. Y una de las consecuencias inesperadas fue el tráfico de migrantes a la inversa, hacia el sur, con el negocio de coyotes incluido. Migrar bajo las leyes de covid. Primera de cinco partes
Texto: Rodrigo Soberanes/ Fotos y videos: Javier García / Quinto Elemento Lab/ PIE DE PÁGINA
TECÜN UMAN, GUATEMALA.- Uno de los pasos fronterizos más transitados y bulliciosos del sur de México se quedó en silencio. Desde que a principios de marzo se instaló la pandemia de covid-19 en la región, las conversaciones entre policías y militares en El Carmen, Guatemala, pueden escucharse en Ciudad Talismán, México.
Antes de la pandemia el ambiente en esta zona fronteriza se asemejaba al de un mercado, donde miles de personas circulaban de un país a otro cada día. Cerrada la frontera para el paso regular de personas, el personal que labora ahí sólo tiene que alzar la voz un poco para dejarse escuchar.
En el puerto fronterizo de Talismán, las personas que trabajan en la aduana, la seguridad y en el Instituto Nacional de Migración (INM) utilizaban sus equipos de comunicación para hablar, por ejemplo, de un lado a otro de la calle, como es usual, pero tras la llegada de la covid dejaron de necesitarlos.
Ya no estaban las filas de coches volviendo a Guatemala repletos de mercancías, ni las caravanas de autos chocados que llegaban desde Estados Unidos para su reventa, ni la gente que cruzaba por asuntos personales o de trabajo.
El Ejército de Guatemala resguarda el paso fronterizo y sólo permite a sus ciudadanos la entrada a su país, después de someterlos a un cuestionario y sanitizar sus autos.
Ni siquiera estaban los cambiadores de quetzales y pesos que atosigan al usuario de la frontera.
La imagen era distinta bajo el puente, en el río, donde ciudadanos guatemaltecos cruzan nadando, jalando su ropa dentro de bolsas de plástico, desafiando la fuerte corriente de aquel día del río Suchiate.
También quedó cerrado el paso para autobuses con personas que el INM deporta a puntos Guatemala y a la frontera con Honduras. Pero eso no impidió a esa institución vaciar sus instalaciones, deshaciéndose de las y los migrantes, dejándolos en la calle, a expensas del virus, dentro de territorio mexicano.
Esas son las circunstancias que pudimos comprobar en ese lugar del estado de Chiapas a principios de agosto de este 2020, cuando el semáforo sanitario en México estaba en rojo. Ahí estaban las evidencias de que autobuses con migrantes habían sido abandonados en la frontera.
Talismán luce en completa calma desde el cierre de las fronteras decretado por Guatemala y México.
Un video tomado en abril lo deja claro: una valla de 14 soldados de la Guardia Nacional que resguardaban la frontera de Talismán, avanzó tres pasos hacia un grupo de migrantes que querían aceptar su expulsión de México y cruzar hacia Guatemala. Por un lado, las personas en tránsito tenían los autobuses que los condujeron desde un centro de detención de Tapachula hasta ahí; por el otro, los efectivos armados que no les dejaron pasar.
A espaldas de los soldados estaba el cruce fronterizo de Ciudad Talismán, Chiapas. Del lado guatemalteco se encontraban elementos del Ejército y la Policía Nacional de ese país. Kilómetros adentro, en suelo guatemalteco, cada municipio había instalado puestos de control. En el lado mexicano, los albergues para migrantes estaban cerrados.
La escena se había repetido varias veces desde las cuatro de la mañana de ese y otros días de inicios de abril de 2020, de acuerdo con un testigo en el lugar de esos hechos.
Con las fronteras norte y sur cerradas, a las y los migrantes llevados a Talismán sólo les quedaba la opción de buscar nuevos caminos y destinos en la nueva realidad impuesta en el contexto de la pandemia de covid-19.
El albergue Belén, un proyecto de la Iglesia Católica y el refugio para migrantes más cercano a la frontera, documentó la llegadagjuate constante de personas con cansancio extremo, desaseados y hambrientos que presentaban un cuadro de extrema fragilidad por el cansancio y la incertidumbre del momento.
Venían desde la frontera de Talismán, cuando llegaron ya era noche. Habían caminado más de 12 kilómetros lidiando con las duras condiciones de humedad y calor en la región, y con el rechazo de lugareños a su paso. En el albergue recibieron comida, alcohol en gel y mascarillas y de inmediato se marcharon y volvieron a internarse dentro de la nueva realidad traída por el coronavirus.
“El haberles cerrado la frontera fue muy dramático para ellos porque no podían avanzar ni para delante, ni para atrás. El fenómeno migratorio quedó a la intemperie. Este virus los hizo más vulnerables”, dijo el director del albergue Belén, el padre César Cañaveral, en una entrevista realizada el 1 de agosto pasado.
El sacerdote explicó que el vaivén de personas entre Tapachula y la frontera acontecía sin control ni registro. “El flujo migratorio está sin protección. No se sabe a dónde van ni dónde han estado”, remarcó sentado en su oficina, mientras hacía un alto a los trabajos de remodelación del albergue, que se encontraba prácticamente vacío en esos momentos. Solamente una veintena de personas, en un centro con capacidad para unas quinientas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFMC) documentó que escenas como las vistas en el video fueron comunes: desde la declaratoria de la pandemia, el Instituto Nacional de Migración (INM) optó por vaciar sus instalaciones y dejó personas en diferentes puntos de la frontera con frecuencia.
“El estado liberó personas pero no sabemos qué pasó con ellas. Sabemos que sacaban camiones en la madrugada hacia puntos fronterizos”, dijo Salva Lacruz, quien hasta setiembre de este año era representante de esa organización, con sede en Tapachula, Chiapas.
La escena de las personas llevadas a la frontera fue captada con un teléfono celular. Los videos y fotografías, que pudimos revisar, muestran el momento en que el grupo queda entre agentes migratorios, policías y soldados de México y Guatemala.
Hay testimonios que hablan de ataques xenófobos hacia las personas migrantes ocurridas minutos después, cuando intentaron abrirse paso caminando por Talismán, otra vez de vuelta hacia Tapachula. En uno de los videos se escucha a una persona celebrando que hayan acorralado “a este tipo de gente”.
El INM emitió un comunicado el 26 de abril donde confirmó que la presencia de personas migrantes en Talismán “provocó molestia entre los vecinos de este municipio” en el contexto de la pandemia.
Cerca de ahí, a 35 kilómetros, en la comunidad Frontera Hidalgo, se encuentra un tramo carretero donde, en octubre de 2018, se registraron las icónicas imágenes de la Caravana Migrante que mostraron por primera vez la magnitud de la marcha: kilómetros de carretera cubiertos con miles de personas caminando en el intenso calor hacia Tapachula. El puente tapizado de seres humanos.
Niñas y niños en brazos, carreolas con bebés, mamás y papás consiguiendo agua y comida en cada población, en medio de un mar de hombres jóvenes. Reivindicaciones a coro y a todo pulmón lanzadas por ese inmenso contingente humano expulsado del Triángulo Norte de Centroamérica.
Después de casi dos años, y con la pandemia de por medio, lo que había ahí eran barricadas a la entrada del pueblo y una calma absoluta. Si alguien hubiera querido tomar una fotografía con personas, habría tenido que esperar horas a la caza de alguien caminando por las calles vacías y polvorientas.
La comunidad de Frontera Hidalgo luce vacía y con barricadas en las entradas de las calles.
Cuando se habló de linchar a migrantes
El centro Fray Matías de Córdova ha podido saber que, además de realizar traslados nocturnos y diurnos a la frontera, el INM también ejecutó “deportaciones a la inversa”. Es decir, personas que estaban detenidas en la estación Siglo XXI de Tapachula, aparecieron a 560 kilómetros, en Villahermosa, Tabasco; en Tenosique, a 780 kilómetros; o en Acayucan, Veracruz, a 630 kilómetros.
“Se ha movido gente a la inversa, el INM no explica por qué hace esos destinos largos y penosos”, nos dijo Salva Lacruz.
El pasado 27 de febrero, 76 personas de origen salvadoreño que se encontraban en la Estación Migratoria de Acayucan habían sido sacadas de ahí y llevadas a la calle por el INM. La Organización Internacional para la Migraciones (OIM) y autoridades consulares de El Salvador se movilizaron para conseguir alojamiento.
Acordaron llevarlos a la Casa del Migrante “Monseñor Guillermo Ranzáhuer”, en Oluta, un municipio aledaño que, a diferencia de Acayucan, no es conocido por su actividad comercial en las calles y, más bien, es descrito por lugareños como el lugar donde ganaderos y comerciantes eligen vivir. “Nosotros pensando que si los dejábamos afuera tendrían mayor probabilidad de contagiarse, dijimos: que se queden aquí, los podemos tener aislados. Eso hicimos”, contó el director de esa institución, el sacerdote Ramiro Baxin.
Arturo es un joven salvadoreño de 24 años que vivió esos hechos y aceptó hablar con nosotros bajo condición de anonimato. Él y dos familiares han vivido atrapados por fronteras y disposiciones de los gobiernos, empezando por el día en que fueron detenidos en McAllen, Texas. Como las fronteras de su país ya estaban cerradas, no fueron deportados hasta Centroamérica, sino llevados a Reynosa, Tamaulipas.
Ahí quedaron en manos de las autoridades mexicanas, quienes les llevaron por tierra en un viaje de más de 1 mil 400 kilómetros por tierra hacia el sur, para encerrarlos en otro lugar.
“De Reynosa nos movieron a la estación de Villahermosa. Ahí por lo del Covid no había salida para nosotros los salvadoreños para nuestro país”, contó Arturo, protegido con un cubrebocas y bajo estrictas medidas sanitarias, desde el albergue el 31 de julio pasado.
Después fueron llevadas hacia Acayucan, a 227 kilómetros en dirección al norte. “Todo estaba tardado y la única lógica que ellos hallaban era recolectar bastantes personas y mandarlas a la Estación Migratoria, pero ya después no se pudo tenernos en la estación”, explicó.
Fue así como el INM decidió en febrero ubicar fuera de sus instalaciones a la población migrante que había detenido. Si antes los perseguía para encerrarlos y expulsarlos, ahora los liberaba. A cada quien le entregaron un certificado que indicaba que no tenían síntomas de covid-19 y un permiso de 60 días para estar en el país.
“Legalmente quedamos en la calle. Si acá ellos [en el refugio] no nos recibían, nosotros veíamos cómo le hacíamos. Uno como inmigrante se siente triste porque estamos en un país que no conocemos, no sabemos cómo puede ser la gente. Para conseguir un trabajo necesitamos andar un papel que nos ampare, así es que cuando nos dijeron que nos iban a sacar, nos pusimos tristes”, narró Arturo.
La noticia del traslado viajó más rápido que los autobuses que los llevaron. Al llegar al refugio de Oluta ya habían empezado a circular rumores en redes sociales, donde la población local amenazaba con un linchamiento ante la posibilidad de que los migrantes estuvieran infectados con covid.
“El miedo se extendió por la comunidad, fue un poco triste. Se les percibió como un vector de contagio cuando en realidad eran más vulnerables que las demás personas”, explicó Alberto Cabezas, vocero de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México.
Arturo vivió el episodio de xenofobia ocurrido en Oluta, Veracruz, durante el mes de febrero.
La escalada de tensión culminó con la llegada al lugar de la alcaldesa, María Luisa Prieto Duncan, acompañada de la policía para evitar posibles ataques de parte de los locales contra el albergue o la población migrante.
Ella confirmó el sentimiento de rechazo cuando llegó al refugio a pedir explicaciones sobre la presencia de las personas extranjeras. “Todos tenemos miedo, la gente tiene psicosis, los derechos humanos también son para los olutenses. Anoche muchos de ellos vieron las transmisiones en vivo y vinieron a la primera autoridad que soy yo”, dijo la edil a la prensa local.
“Obviamente se generó la xenofobia, la discriminación, sobre todos los hermanos extranjeros. No querían que los recibiéramos aquí”, recordó cinco meses después durante nuestra entrevista María del Rocío Hernández, administradora del albergue de Oluta. Un inmueble de dos pisos que se encuentra ubicado en un barrio residencial, cuenta con una fachada discreta, sin rótulos y con fuertes medidas de seguridad.
El refugio de Oluta es uno de los pocos del país que en ese momento tenía un lugar especial para poner en cuarentena a los recién llegados con síntomas. Seguía funcionando como refugio de largo plazo para personas que huyeron de sus países por riesgo de violencia. Ahí se les brindaba un espacio para descansar, instalaciones sanitarias para asearse, mascarillas, alcohol en gel, se les tomaba la temperatura y se les instruía en medidas para cuidarse.
En un principio, explicó María del Rosario Hernández, el plan era que estuvieran 15 días y que después volvieran a El Salvador con todas las medidas necesarias.
Pero las fronteras no se abrieron. Comenzaron a pasar los días, semanas y meses, y las personas comenzaron a salir en marzo poco a poco con diferentes destinos. A finales de julio, pocas personas quedaban en el refugio. Desde un pequeño espacio habilitado para visitas -donde era obligatorio lavarse las manos, limpiarse los zapatos, quitarse y asear la ropa y portar cubrebocas- se percibía algún rumor de niñas y niños con sus mamás y el ir y venir del personal voluntario con cubrebocas.
Tras las amenazas de linchamiento, Arturo había vuelto a la frontera norte, esta vez con su permiso de estancia en el país en la mano. Él y sus dos familiares llegaron a Reynosa, pero esta vez no pudieron cruzar a McAllen.
“La migración [el INM] nos agarró ya casi llegando a Reynosa nuevamente. Ahí, para que le voy a mentir, ahí sí nos trataron un poquito mal porque nos rompieron los papeles que nos habían dado. Ese permiso era válido y era expedido por la migración y podíamos movernos para donde nosotros quisiéramos”, relató Arturo.
Según su testimonio, les pidieron 20 mil pesos a cada uno a cambio de dejarlos en Monterrey. “Nosotros les dijimos que no podíamos”, contó.
Arturo y sus dos familiares fueron llevados por tierra a la Estación Migratoria de Acayucan, fueron trasladados al refugio de Oluta, donde los encontramos el último día de julio, mientras esperaban su momento para salir nuevamente hacia el norte.
Contactamos al INM para pedir su versión sobre los hechos ocurridos en la frontera de Talismán (los traslados desde la estación Siglo XXI) y en Oluta (la puesta en la calle de migrantes), pero nunca obtuvimos respuesta. Personal de Comunicación Social nos remitió a los comunicados que han sido publicados, que omiten explicaciones sobre su actuación.
El Instituto Nacional de Migración vació la Estación Migratoria Siglo XXI y envió migrantes a la frontera.
Coyotes hacia el sur
Una de las consecuencias inesperadas de la pandemia es el tráfico de migrantes a la inversa. En julio, el albergue Belén de Tapachula recibió una llamada desde otro refugio ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, frontera con Texas. Una familia migrante hondureña que no pudo cruzar a Estados Unidos estaba a punto de iniciar el viaje de regreso a su país, apurada por una emergencia familiar.
La llamada fue para pedir que recibieran a la familia, que estaba por cruzar México en sentido opuesto, de Chihuahua hasta Chiapas, un trayecto de casi tres mil kilómetros.
“Padre, recíbalos, ya está el coyote esperando. Tienen a sus familiares enfermos y la necesidad se incrementó”, le dijeron a César Cañaveral, director del albergue Belén, desde el otro lado de la línea. No le dieron mayores detalles sobre la emergencia. El albergue hizo los arreglos necesarios para ofrecerles cobijo temporal.
La familia tuvo que pagar los servicios de un traficante para salir de México, cruzar Guatemala y volver a Honduras.
Tras la breve estancia en Belén de Tapachula, el coyote les estaría esperando en Ciudad Hidalgo, donde se encuentra el otro paso fronterizo aledaño a Tapachula, a 35 kilómetros de Talismán, frontera con Tecun Uman.
A inicios de agosto, el intercambio de mercancías en esa zona seguía con el intenso cruce de balsas. Las personas iban y venían por el río en pequeñas embarcaciones pero, a diferencia de lo que ocurría hasta hace pocos meses, no eran migrantes con dirección al norte.
El negocio de los coyotes, para entonces, había cambiado. Tenían ya listas las rutas hacia el sur y los métodos para cruzar a los migrantes en las sombras. El tránsito de regreso. “Desde Guatemala incrementó mucho el tráfico de personas a la inversa, hacia los países de origen. [Los coyotes] Están cobrando una muy buena cantidad”, contó el sacerdote Cañaveral.
Personas cruzan, de norte a sur, el río Suchiate para esquivar las fronteras cerradas entre México y Guatemala en agosto de 2020.Así lucía la orilla guatemalteca del río Suchiate, durante el paso de la caravana migrante en octubre de 2018.
En Tapachula ha ido disminuyendo la presencia de la migración centroamericana desde la llegada del Covid. En el consulado de Honduras había un aviso impreso en una hoja tamaño carta manchada por la humedad donde se advertía que los servicios consulares estaban suspendidos “Hasta nuevo aviso”.
“El flujo migratorio está de cabeza”, concluyó el padre Cañaveral, “Está sin protección”.
***
Rodrigo Soberanes es un periodista mexicano que vive en el estado de Veracruz. Su trabajo se centra en coberturas y reportajes sobre migración y desplazamiento forzado dentro y fuera de México. Se ha especializado en coberturas de comunidades indígenas sobre violencia y territorio, así como en temas sociales y ambientales.
Javier García es fotógrafo y videorreportero desde 1994. En 2007, fundó el Colectivo Audiovisual «Sacbé Producciones», enfocado en la producción de cortometrajes y documentales sobre migración y temas sociales en México. En 2016 dirigió el premiado documental La cocina de Las Patronas, sobre la comunidad de mujeres que asisten a migrantes centroamericanos en Amatlán de Los Reyes, Veracruz.
Quinto Elemento Lab es un laboratorio de investigación e innovación periodística con sede en México. Este reportaje forma parte de la serie de cinco partes “Migrar bajo las reglas del covid”.
Los representantes Noroeste, Revista Espejo y Línea Directa se presentaron ante la delegación de la Fiscalía General de la República para dejar un precedente jurídico y que la FEADLE atraiga el caso
Foto: Noroeste
CULIACÁN, SINALOA.- Luego de ser víctimas de agresiones a los sitios web, los medios de comunicación sinaloenses Noroeste, Revista Espejo y Línea Directa, acudieron a denunciar los hechos ante la delegación de la Fiscalía General de la República y pidieron que la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, atraiga el caso y realice una investigación que sancione a responsables y garantice que no se repita la agresión.
El delegado Víctor Manuel Martínez Mendoza, se reunió con Alejandro Sicairos Rivas, Luis Alberto Díaz y Adrián López Ortiz, de Revista Espejo, Línea Directa y Periódico Noroeste, respectivamente, para escuchar sobre las agresiones a los medios.
Desde el pasado 20 de septiembre, portales de internet de cinco medios de comunicación fueron atacados de manera cibernética, lo que podría ser lo más inusual que ha ocurrido, según Artículo 19.
Noroeste, revista Espejo y Línea Directa son los medios de comunicación que han denunciado desde ese domingo haber sido víctimas de ataques cibernéticos, bajo un modelo en el que los hackers hacen que miles de computadores o dispositivos móviles entren a las páginas al mismo tiempo hasta saturar los servidores y hacer colapsar las páginas.
El semanario Riodoce publicó también el martes que su portal también fue objeto de un ataque cibernético.
“… Los ataques digitales son ataques que han estado incrementado tanto el año pasado como este año; lo que estamos viendo es que en ataques digitales a la prensa sí han aumentado, no obstante, hay diferentes tipos de ataques, no necesariamente son iguales, pero este año, al menos, es la primera vez que se reportan ataques de este tipo al mismo tiempo a varios medios”, señaló Artículo 19 en esa ocasión.
La organización dijo que durante el primer semestre de 2020, reportaron siete ataques a portales, y en caso de que estos se puedan comprobar, sería muy inusual porque todos tendrán sede en Sinaloa.
“Sí está para alertar la situación y te puedo decir que este primer semestre de 2020 se registraron siete ataques de este tipo, de enero a junio, y emitimos un comunicado hace poco con un resumen de los hechos”, dijo.
“Pero llama mucho la atención y sí es importante, a nuestra opinión, se debe alertar a las autoridades de esta situación por lo inusual del ataque y las preocupaciones que vengan, potencialmente en un tema electoral, si este podría ser el enfoque que tampoco estamos seguros”.
Oaxaca reportó ayer una de sus cifras más bajas de nuevos contagios durante la pandemia, de COVID-19, pero su ocupación hospitalaria se incrementó en un cuatro por ciento y hospitales como el de la Niñez Oaxaqueña o el General de Tehuantepec se mantienen al tope de su capacidad.
El reporte de ocupación hospitalaria de los Servicios de Salud de Oaxaca permite saber que mientras este domingo sumaban 222 pacientes hospitalizados, para este lunes aumentó a 231.
Después de dos semanas de estar por primera vez en semáforo epidémico color amarillo que advierte del riesgo moderado de contagio, el 15 de septiembre Oaxaca logró disminuir hasta a 192 el número de personas hospitalizadas, la cifra más baja durante la contingencia.
Ese bajo número de personas hospitalizadas por complicaciones de COVID-19 equivalió a una ocupación del 29.8 %, ya que al 15 de septiembre estaban habilitadas 644 camas, 396 sin ventilador y 248 con ventilador.
El pasado domingo 6 de septiembre, cuando en un mensaje videograbado el gobernador Alejandro Murat elogió los resultados del Reto 40 días por Oaxaca, el cual consistió en usar de manera correcta el cubreboca por ese período, hizo referencia a que el número de pacientes hospitalizados había pasado de 400 a 213.
Lo dicho por el gobernador no concuerda con las cifras reportadas por los Servicios de Salud de Oaxaca, ya que la cantidad más alta de personas hospitalizadas en un día por COVID-19 es de 349, reportada el 31 de julio.
Ese día, de acuerdo con el informe técnico diario, la ocupación era del 51 %, aunque hospitales como el de Pemex en Salina Cruz se reportaba al 100% de su capacidad.
Ayer por segundo día consecutivo el Hospital de la Niñez Oaxaqueña Doctor Guillermo Zárate Mijangos se reportó al cien por ciento de su capacidad, pero su director Roberto Salvador Luna Cruz se negó a hablar al respecto.
Apenas el viernes 2 de octubre, ese nosocomio de especialidades pediátricas sólo reportaba una ocupación del 33 por ciento, en cambio el Hospital Regional de Especialidades se acercaba al 100 por ciento y anoche logró disminuir al 89.3 %.
COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA-COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.
5 DE OCTUBRE DEL 2020.
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno:
A la Sexta Nacional e Internacional:
A las Redes de Resistencia y Rebeldía:
A las personas honestas que resisten en todos los rincones del planeta:
Hermanas, hermanos, hermanoas:
Compañeras, compañeros y compañeroas:
Los pueblos originarios de raíz maya y zapatistas les saludamos y les decimos lo que llegó en nuestro pensamiento común, de acuerdo a lo que miramos, escuchamos y sentimos.
Primero.- Miramos y escuchamos un mundo enfermo en su vida social, fragmentado en millones de personas ajenas entre sí, empeñadas en su supervivencia individual, pero unidas bajo la opresión de un sistema dispuesto a todo para saciar su sed de ganancias, aún y cuando es claro que su camino va en contra de la existencia del planeta Tierra.
La aberración del sistema y su estúpida defensa del “progreso” y la “modernidad” se estrella contra una realidad criminal: los feminicidios. El asesinato de mujeres no tiene color ni nacionalidad, es mundial. Si es absurdo e irrazonable que alguien sea perseguido, desaparecido, asesinado por su color de piel, su raza, su cultura, sus creencias; no se puede creer que el hecho de ser mujer equivalga a una sentencia de marginación y muerte.
En una escalada previsible (acoso, violencia física, mutilación y asesinato), con el aval de una impunidad estructural (“ella se lo merecía”, “tenía tatuajes”, “¿qué andaba haciendo en ese sitio a esa hora?”, “con esa ropa, era de esperar”), los asesinatos de mujeres no tienen ninguna lógica criminal que no sea la del sistema. De diferentes estratos sociales, distintas razas, edades que van desde la niñez temprana hasta la vejez y en geografías distantes entre sí, el género es la única constante. Y el sistema es incapaz de explicar por qué esto va de la mano de su “desarrollo” y “progreso”. En la indignante estadística de las muertes, mientras más “desarrollada” está una sociedad, mayor es el número de víctimas en esta auténtica guerra de género.
Y la “civilización” parece decirnos a los pueblos originarios: “la prueba de tu subdesarrollo está en tu baja tasa de feminicidios. Tengan sus megaproyectos, sus trenes, sus termoeléctricas, sus minas, sus presas, sus centros comerciales, sus tiendas de electrodomésticos –con canal de televisión incluido-, y aprendan a consumir. Sean como nosotros. Para saldar la deuda de esta ayuda progresista, no bastan sus tierras, sus aguas, sus culturas, sus dignidades. Deben completar con la vida de las mujeres”.
Segundo.- Miramos y escuchamos a la naturaleza herida de muerte, y que, en su agonía, advierte a la humanidad que lo peor está todavía por venir. Cada catástrofe “natural” anuncia la siguiente y olvida, convenientemente, que es la acción de un sistema humano la que la provoca.
La muerte y la destrucción no son ya algo lejano, que se limite a fronteras, respete aduanas y convenios internacionales. La destrucción en cualquier rincón del mundo, repercute en todo el planeta.
Tercero.- Miramos y escuchamos a los poderosos replegándose y escondiéndose en los llamados Estados Nacionales y sus muros. Y, en ese imposible salto hacia atrás, reviven nacionalismos fascistas, chauvinismos ridículos y un palabrerío ensordecedor. En esto advertimos las guerras por llegar, las que se alimentan de historias falsas, huecas, mentirosas y que traducen nacionalidades y razas en supremacías que se impondrán por la vía de la muerte y la destrucción. En los distintos países se vive la disputa entre capataces y quienes aspiran a sucederles, escondiendo que el patrón, el amo, el mandón, es el mismo y no tiene más nacionalidad que la del dinero. Mientras tanto, los organismos internacionales languidecen y se convierten en meros nombres, como piezas de museo… o ni eso.
En la oscuridad y confusión que preceden a esas guerras, escuchamos y miramos el ataque, cerco y persecución de cualquier atisbo de creatividad, inteligencia y racionalidad. Frente al pensamiento crítico, los poderosos demandan, exigen e imponen sus fanatismos. La muerte que plantan, cultivan y cosechan no es sólo la física; también incluye la extinción de la universalidad propia de la humanidad -la inteligencia-, sus avances y logros. Renacen o son creadas nuevas corrientes esotéricas, laicas y no, disfrazadas de modas intelectuales o pseudo ciencias; y las artes y las ciencias pretenden ser subyugadas a militancias políticas.
Cuarto.- La Pandemia del COVID 19 no sólo mostró las vulnerabilidades del ser humano, también la codicia y estupidez de los distintos gobiernos nacionales y sus supuestas oposiciones. Medidas del más elemental sentido común fueron despreciadas, apostando siempre a que la Pandemia sería de corta duración. Cuando el paso de la enfermedad se fue haciendo cada vez más dilatado, empezaron los números a sustituir tragedias. La muerte se convirtió así en una cifra que se pierde a diario entre escándalos y declaraciones. Un comparativo tétrico entre nacionalismos ridículos. El porcentaje de bateo y de carreras limpias que determina qué equipo, o Nación, es mejor o peor.
Como se detalla en uno de los textos previos, en el zapatismo optamos por la prevención y la aplicación de medidas sanitarias que, en su momento, fueron consultadas con científic@s que nos orientaron y ofrecieron, sin titubear, su ayuda. Los pueblos zapatistas les estamos agradecidos y así quisimos demostrarlo. Después de 6 meses de la implantación de esas medidas (cubre bocas o su equivalente, distancia entre personas, cierre de contactos personales directos con zonas urbanas, cuarentena de 15 días para quien pudo haber estado en contacto con contagiados, lavado frecuente con agua y jabón), lamentamos el fallecimiento de 3 compañeros que presentaron dos o más síntomas asociados al Covid 19 y que tuvieron contacto directo con contagiados.
Otros 8 compañeros y una compañera, quienes murieron en ese período, presentaron uno de los síntomas. Como carecemos de la posibilidad de pruebas, asumimos que el total de los 12 compañer@s murieron por el llamado Corona virus (científicos nos recomendaron asumir que cualquier dificultad respiratoria sería Covid 19). Estas 12 ausencias son responsabilidad nuestra. No son culpa de la 4T o de la oposición, de neoliberales o neoconservadores, de chairos o fifís, de conspiraciones o complots. Pensamos que debimos haber extremado más todavía las precauciones.
Actualmente, con la falta de esos 12 compañer@s a cuestas, mejoramos en todas las comunidades las medidas de prevención, ahora con el apoyo de Organizaciones No Gubernamentales y de científicos que, a título individual o como colectivo, nos orientan en el modo de afrontar con más fortaleza un posible rebrote. Decenas de miles de cubre bocas (diseñados especialmente para evitar que un probable portador contagie a otras personas, de bajo costo, reusables y adaptados a las circunstancias) se han distribuido en todas las comunidades. Otras decenas de miles más están siendo producidos en los talleres de bordado y costura de insurgent@s y en los poblados. El uso masivo de cubre bocas, las cuarentenas de dos semanas para quienes pudieran estar infectados, la distancia y el lavado continuo de manos y rostro con agua y jabón, y evitar en lo posible salir a las ciudades, son medidas recomendadas incluso a herman@s partidistas, para contener la expansión de contagios y permitir el mantenimiento de la vida comunitaria.
El detalle de lo que fue y es nuestra estrategia podrá ser consultado en su momento. Por ahora decimos, con la vida latiendo en nuestros cuerpos, que, según nuestra valoración (en la que probablemente podemos estar equivocados), el enfrentar la amenaza como comunidad, no como un asunto individual, y dirigir nuestro esfuerzo principal a la prevención, nos permite decir, como pueblos zapatistas: aquí estamos, resistimos, vivimos, luchamos.
Y ahora, en todo el mundo, el gran capital pretende que se vuelva a las calles para que las personas reasuman su condición de consumidores. Porque son los problemas del Mercado los que le preocupan: el letargo en el consumo de mercancías.
Hay que retomar las calles, sí, pero para luchar. Porque, como hemos dicho antes, la vida, la lucha por la vida, no es un asunto individual, sino colectivo. Ahora se está viendo que tampoco es asunto de nacionalidades, es mundial.
-*-
Muchas cosas de éstas miramos y escuchamos. Y mucho las pensamos. Pero no sólo…
Quinto.- También escuchamos y miramos las resistencias y rebeldías que, no por silenciadas u olvidadas, dejan de ser claves, pistas de una humanidad que se niega a seguir al sistema en su apresurado paso al colapso: el tren mortal del progreso que avanza, soberbio e impecable, hacia el acantilado. Mientras el maquinista olvida que es sólo un empleado más y cree, ingenuo, que él decide el camino, cuando no hace sino seguir la prisión de los rieles hacia el abismo.
Resistencias y rebeldías que, sin olvidar el llanto por las ausencias, se empeñan en luchar por -quien lo diría-, lo más subversivo que hay en esos mundos divididos entre neoliberales y neoconservadores-: la vida.
Rebeldías y resistencias que entienden, cada quien con su modo, su tiempo y su geografía, que las soluciones no están en la fe en los gobiernos nacionales, que no se gestan protegidas por fronteras ni visten banderas y lenguas distintas.
Resistencias y rebeldías que nos enseñan a nosotros, nosotras, nosotroas, zapatistas, que las soluciones pudieran estar abajo, en los sótanos y rincones del mundo. No en los palacios gubernamentales. No en las oficinas de las grandes corporaciones.
Rebeldías y resistencias que nos muestran que, si los de arriba rompen los puentes y cierran las fronteras, queda navegar ríos y mares para encontrarnos. Que la cura, si es que la hay, es mundial, y tiene el color de la tierra, del trabajo que vive y muere en calles y barrios, en mares y cielos, en los montes y en sus entrañas. Que, como el maíz originario, muchos son sus colores, sus tonalidades y sonidos.
-*-
Todo esto, y más, miramos y escuchamos. Y nos miramos y nos escuchamos como lo que somos: un número que no cuenta. Porque la vida no importa, no vende, no es noticia, no entra en las estadísticas, no compite en las encuestas, no tiene valoración en las redes sociales, no provoca, no representa capital político, bandera partidaria, escándalo de moda. ¿A quién le importa que un pequeño, pequeñísimo, grupo de originarios, de indígenas, viva, es decir, luche?
Porque resulta que vivimos. Que a pesar de paramilitares, pandemias, megaproyectos, mentiras, calumnias y olvidos, vivimos. Es decir, luchamos.
Y en esto pensamos: en que seguimos luchando. Es decir, seguimos viviendo. Y pensamos que durante todos estos años, hemos recibido el abrazo hermano de personas de nuestro país y del mundo. Y pensamos que, si acá la vida resiste y, no sin dificultades, florece, es gracias a esas personas que desafiaron distancias, trámites, fronteras y diferencias culturales y de lengua. Gracias a ellas, ellos, elloas – pero sobre todo ellas-, que retaron y derrotaron calendarios y geografías.
En las montañas del sureste mexicano, todos los mundos del mundo encontraron, y encuentran, oído en nuestros corazones. Su palabra y acción fue alimento para la resistencia y la rebeldía, que no son sino continuación de las de nuestros antecesores.
Personas con las ciencias y las artes como camino, encontraron el modo para abrazarnos y alentarnos, aunque fuera a la distancia. Periodistas, fifís y no, que reportearon la miseria y la muerte antes, la dignidad y la vida siempre. Personas de todas las profesiones y oficios que, mucho para nosotros, tal vez poco para ell@s, estuvieron, están.
Y de todo esto pensamos en nuestro corazón colectivo, y llegó en nuestro pensamiento que ya es el tiempo ya de que nosotras, nosotros, nosotroas, zapatistas, correspondamos al oído, la palabra y la presencia de esos mundos. Los cercanos y los lejanos en geografía.
Sexto.- Y esto hemos decidido:
Que es tiempo de nuevo para que bailen los corazones, y que no sean ni su música ni sus pasos, los del lamento y la resignación.
Que diversas delegaciones zapatistas, hombres, mujeres y otroas del color de nuestra tierra, saldremos a recorrer el mundo, caminaremos o navegaremos hasta suelos, mares y cielos remotos, buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima.
Iremos a encontrar lo que nos hace iguales.
No sólo la humanidad que anima nuestras pieles diferentes, nuestros distintos modos, nuestras lenguas y colores diversos. También, y sobre todo, el sueño común que, como especie, compartimos desde que, en la África que pareciera lejana, echamos a andar del regazo de la primera mujer: la búsqueda de la libertad que animó ese primer paso… y que sigue andando.
Que el primer destino de este viaje planetario será el continente europeo.
Que navegaremos hacia las tierras europeas. Que saldremos y que zarparemos, desde tierras mexicanas, en el mes de abril del año del 2021.
Que, después de recorrer varios rincones de la Europa de abajo y a la izquierda, llegaremos a Madrid, la capital española, el 13 de agosto del 2021 -500 años después de la supuesta conquista de lo que hoy es México-. Y que, inmediatamente después, seguiremos el camino.
Que hablaremos al pueblo español. No para amenazar, reprochar, insultar o exigir. No para demandarle que nos pida perdón. No para servirles ni para servirnos.
Iremos a decirle al pueblo de España dos cosas sencillas:
Uno: Que no nos conquistaron. Que seguimos en resistencia y rebeldía.
Dos: Que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar, con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso: el asesinato de luchadores sociales, como el hermano Samir Flores Soberanes; los genocidios escondidos detrás de megaproyectos, concebidos y realizados para contento del poderoso -el mismo que flagela todos los rincones del planeta-; el aliento monetario y de impunidad para los paramilitares; la compra de conciencias y dignidades con 30 monedas.
Nosotros, nosotras, nosotroas, zapatistas NO queremos volver a ese pasado, ni solos, ni mucho menos de la mano de quien quiere sembrar el rencor racial y pretende alimentar su nacionalismo trasnochado con el supuesto esplendor de un imperio, el azteca, que creció a costa de la sangre de sus semejantes, y que nos quiere convencer de que, con la caída de ese imperio, los pueblos originarios de estas tierras fuimos derrotados.
Ni el Estado Español ni la Iglesia Católica tienen que pedirnos perdón de nada. No nos haremos eco de los farsantes que se montan sobre nuestra sangre y así esconden que tienen las manos manchadas de ella.
¿De qué nos va a pedir perdón la España? ¿De haber parido a Cervantes? ¿A José Espronceda? ¿A León Felipe? ¿A Federico García Lorca? ¿A Manuel Vázquez Montalbán? ¿A Miguel Hernández? ¿A Pedro Salinas? ¿A Antonio Machado? ¿A Lope de Vega? ¿A Bécquer? ¿A Almudena Grandes? ¿A Panchito Varona, Ana Belén, Sabina, Serrat, Ibáñez, Llach, Amparanoia, Miguel Ríos, Paco de Lucía, Víctor Manuel, Aute siempre? ¿A Buñuel, Almodóvar y Agrado, Saura, Fernán Gómez, Fernando León, Bardem? ¿A Dalí, Miró, Goya, Picasso, el Greco y Velázquez’ ¿A algo de lo mejor del pensamiento crítico mundial, con el sello de la “A” libertaria? ¿A la república? ¿Al exilio? ¿Al hermano maya Gonzalo Guerrero?
¿De qué nos va a pedir perdón la Iglesia Católica? ¿Del paso de Bartolomé de las Casas? ¿De Don Samuel Ruiz García? ¿De Arturo Lona? ¿De Sergio Méndez Arceo? ¿De la hermana Chapis? ¿De los pasos de los sacerdotes, hermanas religiosas y seglares que han caminado al lado de los originarios sin dirigirlos ni suplantarlos? ¿De quienes arriesgan su libertad y vida por defender los derechos humanos?
-*-
El año del 2021 se cumplirán 20 años de la Marcha del Color de la Tierra, la que realizamos, junto con los pueblos hermanos del Congreso Nacional Indígena, para reclamar un lugar en esta Nación que ahora se desmorona.
20 años después navegaremos y caminaremos para decirle al planeta que, en el mundo que sentimos en nuestro corazón colectivo, hay lugar para todas, todos, todoas. Simple y sencillamente porque ese mundo sólo es posible si todas, todos, todoas, luchamos por levantarlo.
Las delegaciones zapatistas estarán conformadas mayoritariamente por mujeres. No sólo porque ellas pretenden así devolver el abrazo que recibieron en los encuentros internacionales anteriores. También, y sobre todo, para que los varones zapatistas dejemos claro que somos lo que somos, y no somos lo que no somos, gracias a ellas, por ellas y con ellas.
Invitamos a que el CNI-CIG forme una delegación para que nos acompañe y sea, así, más rica nuestra palabra para lo otro que lejos lucha. Especialmente invitamos a una delegación de los pueblos que levantan el nombre, la imagen y la sangre del hermano Samir Flores Soberanes, para que su dolor, su rabia, su lucha y resistencia llegue más lejos.
Invitamos a quienes tienen como vocación, empeño y horizonte, las artes y las ciencias a que acompañen, a la distancia, nuestros navegares y pasos. Y que así nos ayuden a difundir que en ellas, ciencias y artes, está la posibilidad no sólo de la supervivencia de la humanidad, también de un mundo nuevo.
En resumen: salimos a Europa en el mes de abril del año del 2021. ¿La fecha y la hora? No la sabemos… todavía.
-*-
Compañeras, compañeros, compañeroas:
Hermanas, hermanos y hermanoas:
Éste es nuestro empeño:
Frente a los poderosos trenes, nuestras canoas.
Frente a las termoeléctricas, las lucecitas que las zapatistas dimos en custodia a mujeres que luchan en todo el mundo.
Frente a muros y fronteras, nuestro navegar colectivo.
Frente al gran capital, una milpa en común.
Frente la destrucción del planeta, una montaña navegando de madrugada.
Somos zapatistas, portador@s del virus de la resistencia y la rebeldía. Como tales, iremos a los 5 continentes.
Es todo… por ahora.
Desde las montañas del Sureste Mexicano. A nombre de las mujeres, hombres y otroas zapatistas.
Subcomandante Insurgente Moisés. México, octubre del 2020.
P.D.- Sí, es la sexta parte y, como el viaje, seguirá en sentido inverso. Es decir, le seguirá la quinta parte, luego la cuarta, después la tercera, continuará en la segunda y terminará con la primera.
El ferrocarril, que puede soportar un incremento de hasta 256% para dejar de ser rentable, sufrió ajustes tanto en trazo como en el uso de combustible para su operación, señalaron
Con clave de cartera en la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda, 2021W3-N 0001, el Tren Maya, una de las obras emblemáticas de esta administración, ya tiene un costo total de 321 mil 384.8 millones de pesos, casi 17 mil 500 millones más de lo originalmente previsto en enero de este año.
El proyecto que tendrá un recorrido de mil 502 kilómetros, 62 kilómetros adicionales al diseño previsto inicialmente, ya cuesta más y es, hasta el momento, menos rentable.
Información del Fondo Nacional del Fomento al Turismo y de Hacienda muestra que el valor presente neto (VPN) del tren bajó de 206.6 mil millones a 189.9 mil millones de pesos y su Tasa Interna de Retorno (TIR) se ajustó de 21.2% a 19.6% en los últimos seis meses.
Las modificaciones al proyecto encarecieron la obra e incluso, en la última actualización a la Unidad de Inversión de Hacienda, el pasado 17 de junio, Fonatur considera que el Tren Maya puede soportar un aumento en inversión de 256% para que deje de ser rentable, “pues 352.2 mil millones de pesos sin IVA —48.4 mil mdp más de lo previsto— haría que el VPN fuera cero”, indicaron.
En los últimos meses, el proyecto ha sido modificado tanto en trazo como, recientemente, en el uso de combustible para su funcionamiento, pues 40% de la ruta será electrificada.
Inicialmente, Fonatur hizo una presentación oficial del proyecto en enero pasado y según la versión pública sostenía que los costos de inversión en obra, equipamiento, reinversión en materiales rodantes y costos de operación y mantenimiento para 30 años sumaban 303.8 mil millones de pesos.
En la versión pública del 17 de junio, Fonatur ajustó los números argumentando que “el monto total de inversión —incluyendo la adecuación de la autopista Mérida-Cancún que compartirá derecho de vía con el Tramo 4 (Izamal-Cancún), la primera gran modificación de la obra— ascienden a 320.6 mil millones de pesos.
Tan sólo la modificación de esta autopista tiene un costo de 9 mil 860 millones de pesos.
Sin embargo, el monto total difiere del reportado por la SHCP en la página de Transparencia Presupuestal por 321.4 mil millones de pesos.
Sin incluir electrificación
En esta nueva revisión del costo total de la inversión de la magna obra no se incluye lo que puede costar electrificar 40% de la ruta del tren, que inicialmente utilizaría diesel UBA para su funcionamiento, tomando en cuenta que será necesario desarrollar la ingeniería básica e incorporar la infraestructura como postes, cableado y catenarias —estructuras auxiliares que sostendrán los cables.
Los tramos de la ruta Mérida-Cancún-Chetumal serán electrificados, es decir 690 kilómetros de ruta, incluyendo vías dobles para servicios múltiples usando trenes híbridos (diesel-eléctrico) y eléctricos.
Éstos pueden operar en su modo eléctrico y en plena vía cambiar de modalidad y prender el motor diesel-eléctrico para tramos sin cableado: “A futuro se podría transitar a locomotoras impulsadas por hidrógeno”, agrega Fonatur.
BEBATE/ JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ GALARZA Y VÍCTOR HUGO TORRES DELGADO
Realizan mujeres feministas nueva manifestación en Mazatlán | Foto: Víctor Torres
Realizan mujeres feministas nueva manifestación en Mazatlán | Foto: Víctor Torres
Realizan mujeres feministas nueva manifestación en Mazatlán | Foto: Víctor Torres
Realizan mujeres feministas nueva manifestación en Mazatlán
Realizan mujeres feministas nueva manifestación en Mazatlán | Foto: Víctor Torres
Realizan mujeres feministas nueva manifestación en Mazatlán | Foto: Víctor Torres
Realizan mujeres feministas nueva manifestación en Mazatlán | Foto: Víctor Torres
Realizan mujeres feministas nueva manifestación en Mazatlán | Foto: Víctor Torres
Realizan mujeres feministas nueva manifestación en Mazatlán | Foto: Víctor Torres
Realizan mujeres feministas nueva manifestación en Mazatlán | Foto: Víctor Torres
Realizan mujeres feministas nueva manifestación en Mazatlán | Foto: Víctor Torres, DEBATE
Mazatlán.- Con una marcha que finalizó en una manifestación afuera del Ayuntamiento, mujeres feministas se inconformaron por agresiones que han sido objeto por parte de elementos de la Policía Municipal en Mazatlán, Sinaloa.
El movimiento, que reunió a más de 100 mujeres, inició con un recorrido por la calle Aquiles Serdán para enseguida concentrarse en la explanada de la plazuela República, justo frente al Palacio Municipal.
“Fuimos todas, fuimos todas”, fue la consigna que gritaron las mujeres a una sola voz, al señalar que si la autoridad municipal pretende proceder jurídicamente contra alguna de ellas, lo tendrá que hacer con todas.
Tras lo ocurrido, personal femenino de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal fue concentrado en el lugar, donde formaron una especie de barrera entre las instalaciones del Ayuntamiento y la manifestación.
Como una protesta pacífica, calificó una de las mujeres inconformes, al señalar que todo se debía a actos de represión que presentaron integrantes del colectivo Perlas del Pacifico, el pasado 28 de septiembre, donde al menos 4 de sus miembros fueron trasladadas a los separos de la corporación preventiva.
Dijo, el movimiento no tiene la intención de ocasionar algún daño y en ningún momento ha convocado a afectar la ciudad, pues al contrario benefician a la población con la impartición de talleres y apoyos a mujeres que han sido víctimas de violencia.
Dijo, es injusta la imagen que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ha querido dar al colectivo Perlas del Pacifico, por lo que señaló que no se dejarán y si tendrán que proceder contra alguna de sus integrantes tendrán que hacerlo con todas.
Acto seguido, diversas mujeres rindieron mensajes, todos encaminados con el mal trato que han sido objeto, todo por guardar silencio, como ocurrió con el trato que fueron objeto en la pasada manifestación, donde fueron reprimidas por la autoridad municipal.
Una a una pasaron a dejar sus pancartas para formar una cruz en señal solidaridad por todas aquellas mujeres que han sido víctimas de la violencia de género, así como también les ofrecieron a las mujeres policías ahí reunidas una rosa en señal de que también a ellas las representan.
En punto de las 19:00 horas tras guardar un minuto de silencio y como ellas lo mencionaron que será el último minuto que callarán ante las injusticias de que son objeto, se retiraron de manera pacífica así como llegaron
Según el estudio de la UAM, el agua de los manantiales cumple con la norma de calidad potable por su bajo contenido en sales. Sin embargo, esta agua “potable” fue recolectada en junio de 2019 del grifo de un comunero de Acopilco. Foto: Nayeli Escalona
Nayeli Escalona / Contralínea
Por años, el pueblo de San Lorenzo Acopilco –en Cuajimalpa– se abasteció con el agua de sus manantiales, pero el gobierno de Claudia Sheinbaum y la gestión del alcalde Ruvalcaba impulsaron un proyecto hidráulico para incorporarlo al Sistema Cutzamala. Comuneros denuncian ello derivó en el despojo del recurso hídrico de la comunidad
Al pueblo de San Lorenzo Acopilco –ubicado en la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México– le quitaron el derecho al agua emanada de sus manantiales: la actual administración de Adrián Ruvalcaba y el gobierno de la Ciudad de México –que encabeza Claudia Sheinbaum– iniciaron el proyecto hidráulico “El destino del agua de los manantiales” y el “Plan Maestro de Abastecimiento”.
Comuneros inconformes denuncian que éste se impuso para supuestamente proveer al poblado con el Sistema Cutzamala, y así hacer frente a una supuesta escasez del recurso, pero en el fondo es para apropiarse del agua de los manantiales.
También señalan que la consulta que “avaló” el proyecto, que los privará del recurso hídrico que posee la zona, fue irregular y no se tomó en cuenta que ésa no es una alternativa sustentable.
Una de las problemáticas que se agregan al desabasto de agua en época de estiaje, es el robo de agua ocasionado por los asentamientos irregulares.
Agua de manantiales, el trasfondo
El abastecimiento de agua es uno de los principales problemas que enfrentan los organismos operadores del agua en la zona metropolitana del Valle de México. En el caso de San Lorenzo Acopilco, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) cuenta con el proyecto citado para satisfacer la demanda del pueblo originario a expensas de sustraer agua que se conduce del Sistema Cutzamala hacia la Ciudad de México (CDMX).
Dicho proyecto consiste en conducir agua del tanque el Contadero al pueblo de Acopilco (únicamente en época de estiaje). Para ello se requiere instalar 3 mil 600 metros de tubería de acero al carbón en las siguientes vialidades: avenida 16 de Septiembre (colonia Contadero), carretera federalMéxico-Toluca (tramo de la colonia Contadero a la entrada de San Lorenzo Acopilco), avenida Monte de Las Cruces (que pasa por las colonias Mina Vieja, Tianguillo y el poblado de San Lorenzo Acopilco) y avenida Leandro Valle (San Lorenzo Acopilco).
Sin embargo, el estudio Aforo y calidad del agua de los manantiales de Acopilco, Cuajimalpa–realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en octubre de 2013– asegura que si bien el proyecto satisface la demanda de agua de los habitantes de Acopilco y de 16 comunidades (incluidas Tlapaca, La Pila y Tepazculco) que sufren del vital recurso en época de estiaje y reduce la inversión en pipas privadas de agua potable; también, agrava el problema para el resto de los habitantes de la Ciudad de México y no contribuye a la sustentabilidad hídrica de la cuenca.
Riachuelo en recorrido hacia Agua de los Leones
Pese a la información científica, la actual administración de la alcaldía junto con Sacmex decidieron dar paso a la introducción del proyecto. En entrevista con Contralínea, el último representante comunero electo de Acopilco, Alfredo Reyes Mejía, asevera que la obra inició antes de consultar al pueblo originario. También, dice, se les negó una petición de información sobre el proyecto hidráulico de agua requerida mediante el oficio de fecha 7 de agosto de 2019.
Frente al descontento y protesta de los vecinos, inmediatamente las autoridades dieron paso a la asamblea para aprobar una consulta supuestamente “previa, libre e informada” –para que Sacmex pudiera continuar con el proyecto–; “en el ámbito de los pueblos originarios fue una consulta amañada la que lo aprobó”, afirma Alfredo Reyes.
Frente a la puesta en marcha del proyecto, algunos comuneros continúan en la incertidumbre por el riesgo que implica que las nuevas redes pudieran ser conectadas a las zonas de recarga o a los tanques de almacenamiento de agua que abastecen sus comunidades, riachuelos y escurrimientos, para que éstas sean distribuidas en asentamientos irregulares y nuevos desarrollos inmobiliarios. Y a sus temores incluyen que el agua del Sistema Cutzamala pudiera venir contaminada.
Los comuneros desconocen el destino que se les dará a los propios manantiales con los que históricamente se han abastecido. Al respecto, Alfredo Reyes señala que “Adrián Ruvalcaba, ha pretendido llevar a cabo el cambio del uso de suelo, con la intención de obtener tanto el agua como los beneficios de los terrenos de uso común”.
Ello, sustentado en lo redactado en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos . Y es que en su punto 4.4, Zonificación del suelo, menciona nuevas formas de distribución de las tierras, donde según los comuneros podrían ocupar el agua del pueblo originario.
Para corroborar dichas suposiciones de intención del proyecto gestionado por la alcaldía de Cuajimalpa y Sacmex, Contralínea solicitó desde el 12 de febrero de 2020 una entrevista con el alcalde Adrián Rubalcava, mediante comunicación social de la alcaldía. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido respuesta.
Igualmente se enviaron cuatro oficios –desde febrero de 2020– a Sacmex para acordar la entrevista periodística –de acuerdo con los requerimientos de comunicación social de esa dependencia. Las peticiones fueron dirigidas al coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes; al subdirector de Diseño de Proyectos de Agua, ingeniero Marco Antonio Reyes Zerzeño; al director de Agua Potable, maestro Sergio Ramos Tapia; y al director de Agua y Potabilización, ingeniero Héctor Manuel Reyes Martínez. Todas, hasta la fecha, permanecen sin respuesta.
Presa en recorrido hacia Agua de los Leones
¿Escasez de agua en San Lorenzo Acopilco?
Los resultados del estudio Aforo y calidad del agua de los manantiales de Acopilco indicaban que la población de esa comunidad aprovechaba los caudales proporcionados por el sistema de manantiales de Los Leones (operado por el Sacmex), del manantial de Agua Bendita, así como de los manantiales Agua de Los Pantanos, el manantial El Tigre, y el manantial La Olla, estos dos últimos operados por los comuneros de Acopilco.
Con ese sistema, la producción de los manantiales durante el periodo de lluvias rebasa por mucho la capacidad de la infraestructura hidráulica para su aprovechamiento, tanto para la captación y conducción, omo para el almacenamiento, anotaba el análisis de la UAM. También indicaba que los excedentes mantienen llenos los cauces de los arroyos de la zona.
De acuerdo con el estudio, en 2013 el abastecimiento de agua de los Leones a la población de Acopilco fue de 30.5 litros por segundo (l/s); este flujo se forma con las contribuciones de los aportes de los manantiales y del arroyo de la cuenca alta de agua de Los Leones (4.9 l/s), así como de los manantiales del Llanito (0.5 l/s). También se tiene la contribución del cauce del arroyo de agua de Los Leones, que aporta 20.9 l/s.
Tuberías operadas por Sacmex
Asimismo, se cuenta con el transvase del agua de los manantiales agua de Ajolotes y Agua de Gallinas (8.4 l/s), del municipio de Ocoyoacac –Estado de México–, que se incorpora a escasos metros arriba de la caja Presa Tres Caminos. Por otro lado, se registró que la contribución de agua a la población de Acopilco, por parte de los aprovechamientos de los manantiales Los Pantanos es de 4 l/s. También se aportan al tanque San Lorenzo Acopilco un volumen de 1.1 l/s por parte del manantial El Tigre.
Siguiendo los datos del estudio, en el penúltimo Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2010, se registró una población de 23 mil 37 habitantes para la comunidad de Acopilco, y la demanda de agua para la población era de 4 millones 607 mil 400 litros diarios, es decir, 53 l/s.
La distribución de agua potable para la población proviene del tanque de almacenamiento San Lorenzo Acopilco, el cual recibe un total de 35.6 l/s. Y durante el estiaje existe un déficit de abastecimiento de 17.4 l/s.
A fin de verificar la afluencia del agua, Contralínea realizó un recorrido [en febrero de 2020] en el sistema de distribución de agua de Los Leones y por algunas tuberías de transvase que conducen el líquido vital del manantial Ajolotes. También revisó el depósito de Los Pantanos.
Presa en recorrido hacia Agua de los Leones
En los dos primeros se observó que existen fugas y algunos obstáculos (piedras y telas) en las cajas de válvulas, que parecieran haber sido puestos a propósito para impedir o reducir el paso del agua al pueblo de Acopilco, como denunciaron a este semanario los propios comuneros.
En el caso del depósito de Los Pantanos, se apreció un problema particular con los deshechos, pues a pocos metros de distancia se encuentra un tiradero. A decir de los pobladores consultados, este basurero es “irregular” o “ilegal”, puesto que camiones sin placas llegan al lugar a descargar. Igualmente, algunos comuneros preocupados por la calidad de sus aguas han intentado documentar los hechos, y los cuidadores del lugar al percatarse, los han agredido.
Por su parte, el estudio de la UAM concluyó que el déficit de abastecimiento durante el estiaje, para la población de Acopilco, puede fácilmente ser compensado si se detectan y reparan las fugas en la red de distribución, para alcanzar una eficiencia de 90 por ciento. Asimismo, puede balancearse reduciendo el requerimiento de agua de 120 a 80 litros por habitante al día durante el estiaje; o se pueden tomar otras alternativas sustentables, como la explotación de otros manantiales, el almacenamiento de excedentes pluviales y el incremento en la recarga del acuífero.
Con lo anterior, se revela que el déficit de agua potable en Acopilco no es generado por la falta de recurso hídrico, sino por su distribución y por la falta de infraestructura, lo cual ocasiona que en época de estiaje el pueblo se quede sin agua y la alcaldía tenga que proporcionar a los habitantes pipas privadas.
Irregularidades en la consulta al pueblo originario
Para aprobar la [primera] consulta indígena en Acopilco sobre la obra hidráulica, se realizó una asamblea el 29 de julio de 2019. Ahí, la alcaldía de Cuajimalpa junto con Sacmex y laSecretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes se reunieron con aproximadamente 600 habitantes del pueblo originario. Y por mayoría de votos, se dio inicio al proceso de consulta.
Sin embargo, Alfredo Reyes explica a Contralínea que “antes de la consulta, ellos ya estaban trabajando [en el proyecto]. Entonces fuimos a preguntar el por qué, si aún no estaba la consulta, no había la certeza de que se hiciera la obra de conducción del agua de Cutzamala”. Pero los comuneros no obtuvieron respuesta y las obras continuaron.
En el marco de la consulta, la alcaldía y el de la capital prometieron que todo se realizaría con la debida legalidad y garantizando las etapas informativas para toda población. No obstante, Alfredo Reyes señala: “jamás nos mostraron el proyecto ni nos informaron de qué va el proyecto integral”.
El 4 y el 5 de octubre de 2019 se realizaron sesiones informativas en varios puntos del pueblo de San Lorenzo Acopilco. “Pusimos muchas propuestas para dar solución al desabasto de agua y ninguna de ellas fue escuchada”, asegura Reyes Mejía. Nada fue tomado en cuenta.
Algunas de las propuestas de los pobladores fueron: la construcción de un tanque en la zona alta, nuevas formas de distribución y la construcción de tinas. “Inclusive un compañero dio una propuesta de hacer un mega taque en el cerro Cruz Blanca para ser abastecido en época de lluvia, y ya después utilizarlo para mitigar la época de estiaje. Entregó un presupuesto por 15 millones de pesos, muy por debajo del presupuesto que tenía el alcalde, y aun así lo hicieron a un lado”, explica Alfredo Reyes.
Señala que, en todo momento, la gente estaba de acuerdo con los proyectos alternos sustentables que ponían para solucionar el estiaje; sin embargo, “la alcaldía se aferró y el único proyecto para el que había presupuesto era para el del alcalde”.
Como resultado de su oposición al proyecto, Alfredo Reyes apunta que quien se ostenta actualmente como representante comunal, Gabino Sandoval Baltazar –apoyado por el alcalde–, mandó a sus seguidores a distribuir volantes en los cuales se le inculpaba del desabasto de agua. Éstos contenían una fotografía, dirección y su número celular.
“Después vino la Asamblea Informativa General en el Salón Comunal, el domingo 6 de octubre de 2019, y en esa ocasión hubo bastantes gritos e intentos de golpearnos. Aquí no hubo etapa deliberativa: simple y sencillamente se accedió a lo comunal” por el ambiente de tensión.
Fue el miércoles 9 de octubre del año pasado cuando se realizó la Asamblea Deliberativa. “Por mayoría autorizaron el proyecto, con 325 votos; y nosotros quedamos con 205 votos”, narra Alfredo Reyes. No obstante, a pesar de que el gobierno de la Ciudad de México enviara a Janet Jiménez como observadora para velar por el cumplimiento de la legalidad de la Asamblea, se detectaron irregularidades como gente armada, compra de votos y mucha gente ajena a la comunidad que participó sin tener autorización.
Al respecto, el último representante comunero electo mencionó que “estaba entrando mucha gente y cuando nos percatamos, me intenté comunicar con la licenciada pero desapareció y jamás me contestó las llamadas. La votación se dio a las 9 o 10 de la noche y aproximadamente se retiraron 170 personas opositoras al proyecto”.
Para el 11 de octubre de 2019 se llevó a cabo la firma del acta, pero Alfredo Reyes decidió no asistir por todas las irregularidades observadas. Además de que la supuesta consulta libre, previa e informada al pueblo de Acopilco se realizó simultáneamente, entre los días 4 al 11 de octubre de 2019, sin que las autoridades de agua informaran la factibilidad de agua con la que cuenta el pueblo, así como el beneficio a la población y la ejecución real del proyecto.
Sistema manejado por los comuneros de San Lorenzo Acopilco
El amparo frente a la consulta “amañada” y la continuación de la obra
Frente a las irregularidades, los quejosos –“Alfredo Reyes y otros, en representación del pueblo originario de Acopilco”– constituyeron un juicio de amparo indirecto frente al juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa el 5 de noviembre de 2019, responsabilizando a la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, a Sacmex y al gobierno de la capital de violentar el derecho a la petición, consagrado en el artículo octavo constitucional, al no dar contestación al oficio de fecha 7 de agosto de ese mismo año.
También se les acusó de violar los derechos consagrados en los artículos 2 –a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas– y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de no respetar lo estipulado en la Constitución Política de la Ciudad de México y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
En el juicio de amparo se mencionó que “se penetra de forma indebida al derecho de petición, y de una respuesta de conocimiento pleno de dicho proyecto de infraestructura (de instalación y conducción) e hídrico (de factibilidad de agua de cuidado de nuestro pueblo originario), respecto a nuestros manantiales y de necesidad de volumen de agua para distribución y a quién beneficia, con un volumen de agua exacto”.
Y sobre la consulta, se recalcó su ilegalidad, pues no tiene “la normatividad reglamentaria para su realización, invadiendo la autodeterminación de un pueblo originario a la libre determinación de administrar sus bienes”.
Con ello, Alfredo Reyes recordó que se detuvo la obra por una semana y después continuó. “Nos echaron abajo el amparo nada más porque se presentó una constancia de los que quedaron electos como Consejo de Pueblo, que nada tiene que ver con las decisiones comunales. Ellos solamente están como un Comité Vecinal”. Dicha situación se debe a que hay una disputa legal respecto a la representación comunal del pueblo de San Lorenzo Acopilco, explica.
Pese a los esfuerzos de los quejosos por detener la obra, el juez Décimo Cuarto de Distrito revocó el fallo de la suspensión definitiva el 4 de diciembre de 2019, en el juicio de amparo 1605/2019. Ello, con el siguiente argumento: “la obra no pretende privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos al pueblo originario, ni mucho menos se les esta privando parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de los recursos acuíferos, les beneficiará en su totalidad, ya que una de las obligaciones de las autoridades y locales es proporcionar el vital líquido”.
Para el juzgador, los quejosos “se ostentan con una personalidad que no tienen y están exhibiendo documentos con los que pretenden acreditar ser representantes del pueblo originario de San Lorenzo Acopilco, pero dicha personalidad se encuentra en contravención a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal”.
Finalmente, como consecuencia del fallo, la obra se retomó. Hasta ahora “el pueblo está padeciendo de agua y siguen metiendo agua con pipas privadas: no hay solución con el supuesto proyecto del alcalde”, señala Alfredo Reyes.
Disputa por la representación comunal de Acopilco
El Tribunal Unitario Agrario afirmó que no hay registro de representación comunal en San Lorenzo Acopilco. A razón de ello, el último representante comunal electo, Alfonso Reyes Mejía –elegido por la asamblea de la Comunidad Agraria e Indígena– demandó que se desconozca a Gabino Sandoval Baltazar –comisariado de 1988 a 1991–, quien se ostenta como representante comunal y, desde 2015, es reconocido por el gobierno de la capital en la toma de decisiones.
El 9 de noviembre de 2014 se realizó una asamblea comunal para solicitar al pleno cambiar la situación jurídica de representación: de comisariado comunal a representación comunal. Con esto, los comuneros actualizaron su representación y quedó al mando Alfredo Reyes Mejía.
Este luchador comunal ingresó su acta de asamblea al Tribunal Unitario Agrario el 30 de enero de 2015; sin embargo, tres días después [el 3 de febrero 2015], Sandoval se presentó en dicho Tribunal con una copia certificada de su acta de asamblea de 1988. De esta forma, anuló el nombramiento de Reyes y logró el suyo. Para Alfredo Reyes Mejía, ese documento está caduco.
Ello ha dejado a la comunidad agraria en un estado de indefensión, incertidumbre y a la determinación de una sola persona de tomar decisiones de forma unilateral, sin respetar a la asamblea de comuneros inscrita en el Registro Agrario Nacional y cuyo registro fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de agosto de 2016 (por defecto de resolución a la insubsistencia de 1992).
Ante ello, Gabino Sandoval Baltazar interpuso el recurso de revisión en el Tribunal Superior Agrario, que a la fecha se encuentra en suspensión de determinar el razonamiento jurídico bajo el expediente 574/2016-8.
El nombramiento de Gabino Baltazar fue considerado ilegal; además de que “ostentaba un cargo público en la alcaldía como director general de Áreas Protegidas y Recursos Naturales; era un servidor público”, afirma Alfredo Reyes Mejía.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Registro Agrario Nacional emitieron un acuse el 18 de junio de 2018 –respondiendo al juicio de amparo 301/2016–, en el cual se determinó que “Gabino Sandoval Baltazar no tiene ni ha tenido acreditada ninguna representación legal en los órganos de representación comunal dentro de la comunidad de hecho San Lorenzo Acopilco, delegación Cuajimalpa, en la Ciudad de México.”
Posteriormente, el 4 de diciembre de 2018, el director general de Asuntos Jurídicos del Tribunal Agrario, con sede en la capital del país, le dio el carácter de representante comunal propietario del Núcleo Agrario de San Lorenzo Acopilco a Alfredo Reyes Mejía –con fundamento en la Ley de Amparo, artículos 15, 121, 209, 237 fracción III y 271, en relación con el 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales–.
Sin embargo, el 1 de abril de 2019, el Poder Judicial de la Federación –en atención al juicio de amparo emitido el 20 de marzo de 2019 [1567/2018]– confirmó que aún no se reconoce la representatividad legal de Alfredo Reyes Mejía, e informó que no se “encontró documento alguno con el cual se acredite que el quejoso Gabino Sandoval Baltazar fue o representa a la comunidad ejidal San Lorenzo Acopilco”.
Actualmente, los comuneros de Acopilco no tienen un representante legal. Ante la disputa, el 4 de febrero de 2020 el Poder Judicial de la Federación notificó a Gabino Sandoval Baltazar y Alfredo Reyes Mejía a una audiencia con la fecha del 20 de febrero de 2020 para dar resolución al incidente de falta de personalidad.
Sin embargo, esa fecha se difirió para el 9 de marzo, pero como fue el día sin mujeres, notificaron la audiencia para el 30 de marzo. Posteriormente, por la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, todo se suspendió. Y mientras la comunidad sigue en la incertidumbre, las obras para la incorporación al Cutzamala avanzan.
“En el proyecto del tren hay elementos que no se consideran. Los políticos se limitan a hablar del impacto de las vías, cuando sabemos que no solo se trata de las vías. Las vías van acompañadas de reubicación de personas, construcción de polos de desarrollo, con la implementación de más agroindustrias, porque uno de los objetivos de esta ruta es el comercio, con la posibilidad de que se traiga más industrias y afectando al ambiente”: Investigadora Científica de Yucatán
Aspecto de la selva de Calakmul desde la Estructura II. La selva que rodea esta zona está en peligro por el mal llamado “Tren Maya”. De esta selva depende la recarga del manto acuífero del que depende toda la Península de Yucatan, donde todas las corrientes de agua corren por el subsuelo. Foto: Colectivo Grieta
Colectivo Grieta
Ciudad de México, 04 de octubre de 2020
Frente al proyecto del mal llamado “tren maya” diversas voces de la comunidad científica han expresado los daños y peligros que traería consigo la realización del proyecto impulsado por el gobierno de la autodenominada 4T. Así, en junio de 2019 un grupo de investigadoras del Centro de Investigación Científica de Yucatán y de la Universidad Autónoma de Yucatán publicaron el artículo “El tren maya ¿Porqué están preocupados los biólogos?”. En paralelo, estas investigadoras, junto con un grupo más amplio de académicos han generado otros documentos donde se analiza la problemática ambiental y social que traería el proyecto de tren del gobierno federal. En días recientes, otros científicos alertaron sobre el riesgo geológico de la Península de Yucatán frente a los megaproyectos. Estas voces, describen una serie de graves problemas ambientales, ecológicos, geológicos y sociales que se ocasionarían, de acuerdo a la información que se conoce, con el proyecto del mal llamado “tren maya”. Para profundizar sobre esta temática, platicamos con la investigadora Casandra Reyes, así como con otras y otros académicos de la comunidad científica de Yucatán, quienes prefirieron reservar sus nombres debido a las presiones de que son objeto al interior de algunos de los centros públicos de investigación para controlar la información que dan a conocer y limitar la que pueda ser crítica respecto a los proyectos gubernamentales.
El proyecto del tren y el agravamiento del cambio climático
Se suele pensar que el clima determina la presencia de las selvas y bosques, pero se reconoce poco el papel de dichas selvas y bosques en la regulación del clima. Las investigadoras señalan que los árboles de las selvas también regulan la temperatura del ambiente porque captan la radiación del sol y liberan vapor de agua de sus hojas al transpirar, lo cual también disipa el calor del sol.
“La península de Yucatán ha sufrido una gran deforestación la cual data desde el siglo pasado, en los últimos 5 años esta deforestación se ha acelerado con los megaproyectos que incluyen las llamadas energías alternativas, la agroindustria y más recientemente el proyecto del tren. Es decir, desde antes del tren la península tiene un serio problema de pérdida de biodiversidad. Por eso cuando empezamos a escuchar del tren por la prensa, porque el famoso proyecto ejecutivo hasta hoy nadie lo ha visto. Y nos preocupamos más cuando vimos las declaraciones de ONU hábitat sobre los polos de desarrollo y los objetivos de esos polos de desarrollo, pues aunque ellos afirmen que serían “ciudades sustentables’, eso es muy difícil de implementar en la realidad”. Comenta una de las investigadoras.
El incremento en la tala, ya sea por la construcción misma del tren o bien por el incremento en los monocultivos agroindustriales podría tener consecuencias graves para la región, pues los estudios científicos han demostrado que la pérdida de árboles hace que el clima se vuelva mucho más caluroso.
“En cuanto al clima, la temperatura se está incrementando. Las temperaturas mínimas se están incrementando y los patrones de lluvias están cambiando. La deforestación que sí traería el tren maya agravaría este cambio climático. La ciudad de Mérida es hoy 1.5 ºC más caliente que hace diez años. En la parte de las zonas de selva, incluso con vegetación secundaria, nosotros hemos hecho mediciones y ahí se ve cómo la temperatura en las zonas arboladas puede ser hasta 10 ºC más baja cuando hay vegetación, comparándola con las zonas que han perdido la cobertura de árboles.”
Monos araña en la selva tropical de la reserva comunitaria de Punta Laguna, Yucatán. La cobertura de los árboles no solo da refugio a la fauna nativa, sino que ayuda a regular la temperatura del ambiente de la región. Foto: Colectivo Grieta
El gobierno federal ha planteado una especie de doble discurso en el que se presenta como una obra que solo implica unas vías férreas cuando se habla ante ambientalistas, mientras que cuando se habla ante los empresarios se insiste mucho en que se buscará crear los llamados “polos de desarrollo”.
“Obviamente de entre los polos de desarrollo el qué más nos puso en alerta y causó preocupación es el polo de desarrollo que se pretende establecer en Calakmul, en la zona de Calakmul que es el uno de los macizos forestales más importantes de México e incluso de América Latina. Calakmul no solo es importante para conservación de la biodiversidad, sino para el funcionamiento ambiental de toda la península, porque el abastecimiento de agua de la Península depende en gran medida del agua que cae en Calakmul. De la lluvia que cae en Calakmul el agua se distribuye a través del subsuelo hacia las costas del norte, del este y oeste de la península”. Señala otra académica.
En el megaproyecto del mal llamado tren maya se ha planteado desde el inicio que se espera llevar masivamente turistas hacia la zona de Calakmul. Las investigadoras han señalado que el incremento de demanda y consumo de agua que esto implicaría tendría consecuencias adversas no solo en las comunidades locales que dependen de esa agua para sus actividades agrícolas, sino también en el resto de la península. No hay que olvidar que la mitad de la Península de Yucatán se encuentra más al norte que la Ciudad de México, y la costa norte de la misma está tan al norte como la Ciudad de Aguascalientes, por lo que las lluvias son más estacionales y escasas (aún así desde los tiempos de Fox, los inquilinos de palacio nacional se refieren a la península como “el sur”). Durante la entrevista, una de las científicas recordó que el abastecimiento de agua ya es un problema para las ciudades del norte de la península, especialmente para Mérida:
“Cuando escuchamos del gobierno o leemos en la Manifestación de impacto ambiental que el objetivo es generar un turismo ‘tipo Cancún’, pues ya tenemos el antecedente de qué tipo de desarrollo se quiere realizar. En Calakmul se reciben alrededor de 44 mil personas al año, mientras que en Cancún se reciben millones de personas al año. En Calakmul el agua es escasa y la gente de un turismo al estilo de Cancún estaría buscando albercas, bares, etc. y obviamente la tala no solo se concentraría en el polo de desarrollo sino que podría extenderse mucho más. En el caso de Mérida, generar, como se pretende un nuevo polo de desarrollo solo agravaría la situación del agua, en especial en cuanto a la contaminación”.
En la parte norte de la península de Yucatán el problema más fuerte tiene que ver con la contaminación del agua del subsuelo. El terreno de esta parte de la península es el karst, en el que la roca caliza del suelo tiene “mucha porosidad, lo cual hace que todo lo que cae al subsuelo se filtra hasta el subsuelo, contaminando el agua. Muchas de las agroindustrias que se están estableciendo en la región no cuentan con las medidas necesarias y ya hay varios estudios que han documentado los riesgos que esto está significando para la contaminación de los acuíferos de los que dependen las ciudades. La capacidad de carga de esta región ya está llegando a su límite y el tren maya amenaza con llevarnos a rebasarlo”, explicó Casandra Reyes.
Fragmentación y destrucción de la selva
El gobierno federal ha insistido mucho en que el mal llamado tren maya usará vías o derechos de vía ya existentes. Sin embargo, en sus artículos, las investigadoras señalan que en la realidad varios tramos de esas vías previamente existentes estaban prácticamente en desuso, con lo que la vegetación había vuelto a cubrir parte de esas vías. De esta manera, se había restablecido la conexión entre poblaciones de plantas y animales a lo largo de los años. Uno de los riesgos ahora es que el proyecto del tren contempla volver a poner en funcionamiento esos tramos, fragmentando la selva y convirtiéndose en una barrera para plantas y animales.
Además, en otros tramos, donde existe escaso tráfico ferroviario, el proyecto de tren que impulsa López Obrador es un tren de alta velocidad, mucho más agresivo que el tráfico actual: hoy en día por esas vías transitan trenes dos o tres veces al día, a 15 km por hora, mientras que el proyecto de tren plantea que éste viaje a 120 km por hora cuando transporte mercancías y a 160 km por hora cuando trasporte pasajeros. No hay que olvidar que de acuerdo a la Manifestación de Impacto Ambiental se prevé que, inicialmente, el tráfico de trenes sea de un convoy cada 20 minutos . Y de manera aún más grave, los datos que el propio gobierno de la 4T ha presentado ante capitalistas del ramo ferrocarrilero en el congreso ExpoRail 2020 en Quintana Roo, indican que el sistema tendría capacidad para que transite un tren cada 5 minutos, con lo que el riesgo para la fauna de la región sería aún mayor.
Al respecto una académica señala: “Aunque el gobierno señale que es a través de los derechos de vía ya existentes, sabemos que la obra implica talar árboles a 10 metros de cada lado, que si bien al principio dijeron que no se talaría ni un árbol, eso es imposible de realizarse. Además por el trazo van a tener que reubicar un buen número de viviendas y esas viviendas obviamente tendrían que construirse talando partes de la selva.”
Pero además, una vez que se conoció la Manifestación de Impacto Ambiental del primer tramo del proyecto del mal llamado tren maya comenzó a hacerse evidente la verdadera dimensión del impacto del proyecto. Así Casandra Reyes, quien lleva años estudiando la ecología de las plantas de la Península señala que:
“Aunque en teoría utilicen las vías ya existentes, primero van a tener que actualizarlas, porque no pueden usar las vías de ahorita que son para un tren lento que pasaba dos o tres veces al día. Ahora están pensado en un tren mucho más rápido con algunos tramos donde habrían dos vías corriendo paralelas, con trenes que pasen continuamente. Aún con los supuestos pasos de fauna que planean, los cuales son insuficientes, es claro que habría un impacto muy fuerte degradando las comunidades naturales de plantas y animales de la zona.”
“Nosotras pensamos que una planeación responsable debería ser para todo el proyecto en su conjunto (y no por tramos como se ha presentado), porque están interconectados todos los ecosistemas y los mantos freáticos, entonces la afectación en un lado va a ser afectación en otro. Y también vemos que tendría que evaluarse no solo el proyecto del tren per se, sino la acumulación del efecto de todos los proyectos que han venido sucediendo, de granjas porcícolas, de aerogeneradores, de parques fotovoltaicos, etc.”
“Esta MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) solo habla de las vías y no de todo el aumento de población que va a venir con los polos de desarrollo. Nosotros siempre hemos dicho que lo que más nos preocupa son los polos de desarrollo. Porque ahí tienes mucha más gente, más infraestructura y eso es un impacto mucho mayor que el tren, aunque ya estamos viendo que el tren también va a tener un impacto negativo muy fuerte al fragmentar todos estos ambientes naturales”.
Por su parte, otra bióloga consultada señala: “Se ha mencionado que en la península de Yucatán no hay selvas, no solo por el director de Fonatur, incluso por el propio presidente que ‘ya no hay selvas’, López Obrador dice que cuando su hijo le preguntó, él le contestó que Yucatán ya no hay selvas. Pero ahí están los estudios que ha hecho CONABIO sobre la biodiversidad de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo y la cartografía del INEGI TF-6 donde se muestra que la superficie de vegetación arbolada que existe en la península es muy grande. Gracias a estas superficies es que tenemos captación de agua, gracias a esa vegetación secundaria (tipo acahual maduro) la gente del campo obtiene materias primas para artesanías, madera, frutas, etc, y se mantiene la biodiversidad de la región.”
Ave en el bosque tropical en las inmediaciones de Cobá, QRoo. El presidente López Obrador niega la existencia de esta selva, y sin embargo, las aves aún llegan a ella. Foto: Colectivo Grieta
“Estos megaproyectos que se pretende implementar sin cuidados ni conciencia ambiental pondrían en riesgo a un mayor número de especies, así como los servicios ambientales de los que dependemos todos.”
La investigadora recordó que la cueva de los murciélagos, que se ubica en Calakmul, es uno de los dos lugares en el mundo (el otro está en Malasia) donde se tiene un “volcán de murciélagos” del cual por las tardes los murciélagos salen en masa a cazar insectos, a comer néctar, a polinizar plantas, etc. Esta cueva ya sufrió algunos derrumbes por las obras de ampliación de la carretera Chetumal-Escárcega y ahora el riesgo es que ese tramo del tren maya (asignado a la SEDENA) termine de afectar la viabilidad de esa población de murciélagos, la cual no solo es un elemento de biodiversidad relevante en sí mismo, sino que brinda indirectamente beneficios a las poblaciones locales al controlar poblaciones de insectos y al polinizar plantas a muchos kilómetros a la redonda.
“Una de las zonas que nos preocupa mucho es Calakmul, por la fragilidad del área donde pasaría el tren, que es donde se encuentra una de las cuevas de murciélagos más importantes del continente americano. Esta cueva ya sufrió derrumbes cuando se amplió la carretera Chetumal-Escárcega y obviamente la construcción de otra vía impactaría en ella.
Estos murciélagos, de los cuales se estiman una población de más de tres millones de murciélagos en este sitio. Esos murciélagos regulan la población de insectos en toda esta región. Hay alrededor de 7 especies de murciélagos en esa cueva. Los murciélagos son especies claves en estos ecosistemas por la cantidad de insectos que comen cada noche, sin ellos, podrían presentarse incluso incrementos en la incidencia de plagas a escala regional.”
Foto: Christopher González. Tomada de www..mexiconewsnetwork.com
Esta realidad no se refleja en la Manifestación de Impacto Ambiental pues en ella, quienes la elaboraron plantean que el megaproyecto del tren solo afectaría áreas muy pequeñas, sin justificar o sustentar tal afirmación en evidencia científica: “al final literalmente dicen que seleccionaron las áreas más pequeñas que les dio el modelo, sin ninguna explicación de por qué lo hicieron; no hay un análisis en realidad de flujos de agua de los ecosistemas, de la capacidad de carga”, señala la Dra. Casandra Reyes. En resumen, es una MIA hecha a modo.
Ave en el bosque tropical en las inmediaciones de Cobá, QRoo; el tren impulsadopor el gobierno dela 4T pondría en riesgo su hábitat. Foto: Colectivo Grieta.Coatíes atraviesan un camino en medio de la selva de Campeche. Para éstos y otros mamíferos una vía férrea con un tráfico de de trenes a 120 km por hora cada 20 minutos sería una barrera que pondría en riesgo a las poblaciones de la zona. Foto: Colectivo Grieta.
El tren contra los agroecosistemas mayas
La destrucción de la naturaleza por el capital es, al mismo tiempo, una afectación a la vida de las comunidades que dependen de ella. De la naturaleza dependen los campesinos para producir los alimentos que todos consumimos y, como se señala en uno de los documentos que han publicado sobre el impacto del tren en el norte de la península de Yucatán la milpa maya “no es solo un espacio agrícola, sino que es una forma de relación con la naturaleza que tiene muy claro que en sitios tropicales y estacionales se requiere biodiversidad para su supervivencia”.
Al respecto, una ecóloga de la zona nos comenta: “En el caso de Calakmul, donde se tiene una de las selvas mejor conservadas, los comisariados ejidales están preocupados porque a raíz de las delimitaciones de la reserva ellos tienen limitado lo que pueden hacer en las zonas de amortiguamiento, lo cual los llevó a depender mucho de la producción de miel. El cambio climático ya ha afectado los periodos de floración y ello a su vez ha afectado a la producción de miel. En particular el comisario ejidal de Conhuas ha expresado su preocupación de que si entra el tren, la llegada de gente puede afectar la producción de miel al alejar a las abejas o alterar aún más su actividad. La pretensión de que el tren entre 20 kilómetros dentro de la reserva de Calakmul hasta la caseta de la CONANP aumenta la preocupación de los campesinos de la zona.”
“Esta situación se repite en diferentes zonas, donde el cambio ambiental global ha alterado los patrones de lluvia y donde seguir deforestando en zonas como Izamal o Valladolid para los llamados polos de desarrollo, aumentaría la problemática ya existente. En casi toda la Península de Yucatán la producción de miel es una de las principales actividades para los ingresos de las personas. Eso es también lo que está en juego con el megaproyecto del tren”.
El tren pretende convertir a los campesinos y apicultores mayas en el mejor de los casos en empleados de un turismo efímero que asistiría como espectador en primera fila al colapso ambiental de la península de Yucatán. Se trata de una forma más de la guerra que el capitalismo tiene en contra de formas de vida más diversificadas, donde las comunidades defienden el territorio porque defienden su vida. Justamente al referirse a las estrategias de supervivencia de las comunidades mayas, Casandra Reyes apunta:
“La entrada de los cultivos transgénicos hace unos 10 años marcó un parteaguas porque fue la primera vez que se dio una articulación de las comunidades de los tres estados de la Península de Yucatán en defensa de su apicultura ya que el polen de los transgénicos afecta directamente la capacidad de venta de su miel a mercados europeos. Dicha organización logró hacerle frente a los transgénicos, ganando juicios y propiciando decretos que protegen la zona. La cultura maya sigue ahí, sigue en torno a la milpa, en torno a la apicultura, en torno a los solares. Es un sistema con varias patas, en el que la agricultura es una, el solar o traspatio de las casas es otra, la apicultura es otra y la recolecta y caza vendría siendo otra pata.”
Jitomates nativos creciendo en un traspatio en Calcehtok, Yuc., su morfología característica, su resistencia a enfermedades así como el tipo de sabor que confieren a los guisos locales los vuelven muy apreciados. La importancia biocultural y de soberanía alimentaria de los cultivos de traspatio es enorme para las comunidades mayas.
Así, las investigadoras ubican a la naturaleza y a la vida de las comunidades como parte de una misma cosa, de una relación. Por eso la lucha en defensa del territorio es siempre una lucha por la vida. Eso es lo que está en juego.
Como académicas, nosotras necesitamos más de las asambleas y del movimiento social que ellos de nosotras
Para las investigadoras el análisis y la crítica del megaproyecto del tren ha ido de la mano con una experiencia, nueva, la de relacionarse con las asambleas, con las comunidades mayas y con los espacios organizativos que defienden el territorio, así una de ellas nos dice:
“En nuestro caso hemos intentado participar en las revisiones de las Manifestaciones de Impacto Ambiental y de estar atentas a la forma en que toman las decisiones los gobiernos, revisando documentos, emitiendo opiniones. Cuando nos enteramos del proyecto y nos dimos a la tarea de ver qué estaban haciendo otros grupos, otras personas por fuera de la academia al respecto de esto. Ahí comentamos lo que nosotras sabemos de estos aspectos ambientales, del manto acuífero, etc., no tanto porque seamos expertas, sino porque sabemos de las investigaciones que otros académicos hacen sobre eso temas. En todo caso a mi lo que me sorprende es que no haya más personas participando, sobre todo cuando hay muchos investigadores que ya tienen trabajos respecto a la problemática ambiental”.
En el mismo sentido, Casandra Reyes habla de una sensación ambivalente. Por un lado, nos dice que es muy deprimente ver el nivel colapso ambiental que ya está sucediendo en toda la región con los megaproyectos que se han realizado. Pero al mismo tiempo nos explica que poder aportar desde su conocimiento a los espacios organizativos significa una posibilidad que no tenían antes: “Frente al surgimiento de organizaciones civiles y sociales como Articulación Yucatán y Muúch Xiimbal, como académicos lo que nos pasó es que no pudimos negar ya más la importancia de lo que pasaba a nuestro alrededor y decidimos que teníamos que darle tiempo y espacio a esta lucha en la agenda. Ellos empezaron a decir que querían apoyarse en ‘los académicos amigos’, o ‘los académicos solidarios’ y ahí me cayó el veinte de que para los pueblos la mayoría de los académicos no son amigos y no son solidarios y seguramente tienen razón en su percepción.” “Algo que me llamó la atención fue que cuando publicamos el artículo de por qué están tan preocupados los biólogos frente al tren maya, este texto recibió mucha atención. Y pienso que fue porque fuimos las primeras en decir lo que otros ya estaban pensando y que nadie se atrevía poner en escrito y a sustentar con datos, esa oposición al tren desde el cuidado al medio ambiente. Pero lo que más me llama la atención es que otros académicos no digan nada cuando es evidente lo que está pasando.”
Otra académica concluye: “En este caso yo me atrevería a decir de los movimientos sociales, que nosotros como investigadores los necesitamos más a ellos de lo que ellos nos necesitan a nosotros. Porque son grupos que se informan bien, que luchan por sus derechos. Nosotros como servidores públicos estamos muy limitados en nuestro alcance para emitir opiniones o para llegar más gente o incidir realmente en la toma de decisiones. La gente de las asambleas, de las organizaciones de la sociedad civil tiene otra realidad, a través de ellos podemos tener una participación como científicos y podemos contribuir realmente a lo que pueda pasar o pueda hacerse respecto a la realidad ambiental. Por eso yo creo que los necesitamos más a ellos que ellos a nosotros.”
El panorama ambiental derivado del megaproyecto del mal llamado “tren maya” es oscuro. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, el ejercicio de comunicación y diálogo de algunas científicas y científicos con el movimiento social y con las comunidades que defienden sus territorios, ha sido, sin duda, una experiencia alentadora. Son muchas las vías y los puntos de partida desde los que se construye la resistencia y más importante que su origen será el camino que puedan construir juntos. En ese sentido, el megaproyecto del mal llamado “tren maya” suma ya otra derrota pues donde buscaba fragmentar, ha terminado uniendo en la resistencia. De esta resistencia seguirá floreciendo la vida en el sureste y en el oriente de México.
El gobierno federal anunció que este año pondrá en marcha la termoeléctrica de Huexca, Morelos, pero varios amparos siguen poniendo una pausa temporal al megaproyecto
El 10 de septiembre el gobierno federal anunció que la termoeléctrica de Huexca, Morelos, comenzará a operar a finales de este año. Esta es parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), que contempla también un acueducto y el Gasoducto Morelos, el cual pasa por la zona del volcán Popocatépetl en Puebla. Sin embargo, el proyecto no podría echarse a andar por varias suspensiones legales y amparos todavía en curso.
En Puebla, el trazo del gasoducto atraviesa por zonas de alto riesgo por la actividad volcánica, identificadas por el Centro Universitario Para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) desde hace al menos cinco años.
Ante el peligro de la obra, hay al menos ocho comunidades que se ampararon en Puebla y Morelos, cuyos juicios no han sido resueltos. Así pues, la obra no puede echarse a andar hasta que haya un veredicto.
Esto contradice lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en rueda de prensa: “Consideramos que está ya todo resuelto, que no hay ya problema legal; se resolvieron todos los amparos”.
La lucha legal sigue
Juan Carlos Flores Solís, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos–Puebla–Tlaxcala (FPDTA-MPT), dijo en entrevista para LADO B que en el caso del estado de Puebla existen tres amparos más en la zona del volcán, de las comunidades de Zacatepec (en Juan C. Bonilla), Calpan y Atzala.
Dichos amparos están en etapa de desahogo de pruebas periciales especializadas de temas como afectaciones al medio ambiente, antropología social, geología y seguridad industrial; aún no tienen fecha de resolución.
El abogado explicó que para la mayoría de estos amparos todavía no se cuenta ni siquiera con los peritos oficiales, pues son difíciles de encontrar en estos temas específicos, por lo que no hay fecha para poder definir cuál será el veredicto.
En el caso de las cuatro comunidades amparadas de Atlixco (Santa Lucía Cosamaloapan, San Isidro Huilotepec, San José el Recreo y San Jerónimo Caleras), lo que pasó fue que el recurso legal no suspendió la obra, sino que el amparo reconoció que el gasoducto representaba un riesgo real para la población, por estar en la zona de peligro del volcán Popocatépetl.
Tanto la empresa constructora como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se inconformaron de la resolución, y a partir de septiembre de 2019 se tuvo que iniciar un proceso de consulta indígena a las comunidades directamente afectadas.
Si bien en dos lugares ya se concluyó el proceso de consulta que resultó a favor del gasoducto, en Santa Lucía Cosamaloapan los pobladores corrieron a la Secretaría de Energía (Sener), rechazando el procedimiento.
Foto: Cortesía
En el caso de San Isidro Huilotepec, la defensa legal de las comunidades insiste en que la consulta debe ser acerca del gasoducto y los permisos, pues el amparo fue interpuesto por la obra en sí, y no por las medidas que tomarán la empresa y el gobierno para disminuir los impactos negativos, que resultó al final, ser el motivo de la consulta.
Teresa Castellanos, integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM), del FPDTA-MPT, Huexca en Resistencia y delegada del Consejo Nacional Indígena (CNI), dijo a LADO B que aunque las autoridades afirmaron que el proceso legal ya está definido y nada detiene la obra, todavía hay otros amparos que sí lo hacen.
Y antes de iniciar cualquier actividad, el amparo debe ser resuelto en su totalidad. En el tema legal, el gobierno federal no puede echar a andar el PIM por ocho suspensiones de obra, todas en Morelos, incluyendo el incumplimiento de amparo de Atlixco, que funcionaría como una suspensión más.
El 17 de septiembre, el FPDTA-MPT emitió un comunicado informando que se interpusieron cuatro incidentes de violación a las suspensiones de amparo del PIM, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de la CFE, Manuel Barttlet Diaz y la directora de la Conagua, Blanca Elena Jiménez Cisneros”, entre otros funcionarios y funcionarias.
Este incidente implica que las autoridades responsables tienen que explicar los hechos señalados de violar la suspensión, y si se demuestra que no se está cumpliendo con la misma, tendrán un día hábil para “rectificar su actuar” o de lo contrario enfrentar sanciones.
Esto, a raíz de las declaraciones de López Obrador, Bartlett y Jiménez, quienes dijeron que todos los amparos del PIM ya se habían resuelto. El amparo 1185/2019 del ejido de Amilcingo sigue en etapa de desahogo de pruebas, al igual que los amparos 1180/2019 y 162/2020, que determinan que no se puede desviar el cauce del río Cuautla, y el 1823/2014, que también versa sobre la conservación del río.
Morelos, el último bastión contra el trazo
Gasoducto Morelos. Zacatepec, Juan C Bonilla / Foto: Marlene Martínez
El plantón en Apatlaco, Morelos, es la resistencia física final contra el PIM. Hay cerca de 250 metros sin conectar del acueducto para abastecer a la termoeléctrica, que aún no pueden ser enterrados para llegar hasta la presa.
“Los campesinos no están dispuestos a ceder esa agua, porque también les pertenece”, dijo Teresa Castellanos.
Una de las cosas que piden, de acuerdo con la delegada del CNI, es un diálogo directo con el presidente de México. Una hora completa en la mañanera, dijo Teresa: media hora de nuestros argumentos, media hora de los suyos.
Actualmente, los ejidos afectados en Morelos están en proceso de hacer asambleas y de organizarse, continuando, dijo la activista, la lucha legal para detener la obra que ha causado ya afectaciones.
Las comunidades también han denunciado actos de intimidación en el plantón de Apatlaco, y temen que continúen las represalias.
A través de Susana González, conocemos cómo es que la menstruación hace más difícil la supervivencia en las calles.
Cada mes, Susana González debe decidir entre comer o comprar una toalla femenina. Ella vive en la calle, lo cual ya considera una de las situaciones más complicadas por las que una persona pueda pasar, pero menstruar, dice, hace mucho más difícil su supervivencia. “Vivir tu menstruación en la calle es bien difícil”, dice a Efe Susana, quien desde hace 24 años vive en situación de calle en Ciudad de México.
Afirma que aunque procura reservar algo del dinero que recibe por la limpieza de tubos en el trolebús de la capital mexicana, en ocasiones es complicado para ella y algunas compañeras conseguir las compresas que les ayudan a gestionar su periodo menstrual. Las mujeres en situación de calle, reconoce Alexia Moreno, coordinadora de la Asociación El Caracol, tienen que elegir cuando están menstruando entre utilizar el poco dinero de su trabajo para adquirir toallas sanitarias o comprar algo de comer.
En México no existe una institución gubernamental a la que las mujeres indigentes se puedan acercar para obtener toallas sanitarias o puedan tener un lugar donde asearse. Esto pese a que sólo en Ciudad de México se estima en seis mil las personas en situación de calle, de las cuales 12 por ciento son mujeres, según las últimas cifras proporcionadas por el Gobierno de la capital mexicana.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el número de personas que vivían en la calle hasta el 2011, último año del que se tienen cifras, era de más de 14.9 millones, aunque no se especifica cuántas son mujeres. Alexia Moreno asegura que este número, debido a la crisis por coronavirus, puede estar aumentando.
Sobrevivir o comprar toallas
Las mujeres que viven en la calle tienen que luchar todos los días por sobrevivir y, además, batallar durante su periodo por conseguir toallas sanitarias y un lugar dónde asearse. Susana señala que durante su periodo acude a baños públicos para lavarse o a veces junta dinero que le alcanza para rentar la habitación de un hotel y poder darse un baño.
En general, dice Moreno, el acceso al agua es uno de los problemas más severos para las personas en situación de calle, pues deben ir a un albergue, o muchas veces la toman de fuentes o espacios públicos. “(Tienen acceso) en puestos de comida con los que a veces colaboran y les permiten tomar agua y comer o en mercados públicos. Ahora con el tema de covid-19 todo está cerrado”, manifiesta.
Susana asegura que aunque trata de mantenerse limpia, el estigma es una de las barreras que impide que pueda tener acceso al agua, el cual es primordial en los días que tiene su menstruación. “De por sí la gente te etiqueta como mugroso (sucio) pero no saben que no es que queramos estar mugrosas, sino que simplemente a veces no hay un lugar donde podamos bañarnos”, dice.
Ha recurrido a pedazos de tela
Reconoce que en ocasiones, cuando no logra tener acceso a toallas higiénicas, ha recurrido a pedazos de tela para evitar manchar su ropa. Algo que la hace mucho más vulnerables a infecciones y enfermedades más graves. Moreno considera que las toallas higiénicas siguen siendo artículos de lujo “y entonces son caras y es muy difícil gestionar un proyecto o gestionar un apoyo que pueda permitir que esos productos les lleguen a ellas”.
En México, el precio promedio de un paquete con diez toallas sanitarias ronda los 25 pesos (1.1 dólares), el cual no alcanza para un periodo menstrual completo de 3 a 5 días pues diariamente se ocupan entre 4 y 6 compresas. Susana comenta que, en promedio, diariamente gana entre 70 y 100 pesos (3.1 y 4.42 dólares), a veces un poco más, lo cual le debe alcanzar para comer, asearse y comprar sus diferentes insumos. “La mayoría trabajamos en el metro pero ya no nos dejan trabajar y la banda tiene que andar buscando el pan y todo”, afirma.
Falta información
A decir de Alexia Moreno, la menstruación es todavía un tabú para las mujeres en situación de calle. Gabriela Olvera Pérez vive desde los 14 años en situación de calle. Tiene cinco hijos, dos son mujeres y aunque asegura que trata de hablar con ellas sobre la menstruación, reconoce que muchas veces no sabe cómo hacerlo. “Ya les digo que va a llegar cierta edad que les va a llegar su menstruación, que tienen que tener mucha higiene, a diario bañarse”, afirma.
Es por ello que la Asociación El Caracol ha creado cursos en los que explican a las mujeres en situación de calle que este es un proceso normal, además de que han promovido iniciativas para que el Gobierno ponga al alcance de manera gratuita este tipo de implementos para las personas más vulnerables.
Moreno destaca la importancia de colocar el tema en las agendas feministas y luego las agendas públicas para empezar a hacer visible que estas mujeres necesitan un acompañamiento diferenciado. “Es evidente que no gozan de los mismos derechos y privilegios que las que tenemos una casa, que tenemos acceso a formación académica y demás”, finaliza.
Mujeres piden a políticos y gobernantes pasar de los mensajes a las acciones a favor del derecho de las mujeres a una vida sin violencia
Foto: Mariana Luna, El Sol de Morelia
Zuhey Medina | El Sol de Morelia, 03 de octubre de 2020
Morelia, Michoacán (OEM Infomex).- En lo que va de este 2020 se han asesinado a 161 mujeres en Michoacán, de las cuales sólo 13 han sido tipificadas como feminicidios, señalaron las integrantes de Red Colectivas Feministas de Michoacán, quienes emitieron la noche del viernes un posicionamiento ante “la violencia en escalada” contra las mujeres en la entidad.
“Dicen que protestar en las calles no ‘son formas’ pero la indignación, la rabia y la solidaridad de la sociedad ayudó a la localización de Jessica y tras confirmarse su muerte, la exigencia de justicia inundó las redes, las calles, y apresuró la detención y presentación de su presunto feminicida, Diego Urik Mañon Melgoza”, afirman las feministas.
Foto: Cortesía | Cuartoscuro
Las activistas por los derechos de las mujeres exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE), que en el caso de Jessica González se integre correctamente la carpeta de investigación para que el Poder Judicial del Estado de Michoacán proceda con un juicio ejemplar para Diego Urik M.
“Exigimos que el caso sea visto desde la perspectiva de género y que la impunidad no sea un ejemplo más para fomentar que los feminicidas sigan violentando a las mujeres y niñas sin castigo”, aseveraron.
Foto: Carmen Hernández | El Sol de Morelia
Asimismo, exigieron a las autoridades federales, estatales y municipales que generen las condiciones de seguridad para las mujeres, así como pasar de los mensajes a las acciones “contundentes” para parar la violencia feminicida, de las que acusaron “todos los poderes son responsables”.
“No queremos más mensajes de políticos y gobernantes, lamentando los crímenes que acaban con nuestras vidas y cortan nuestros sueños.”
Las mujeres exigen además acciones contundentes “para parar esta violencia feminicida, de la que todos los poderes son responsables: el ejecutivo por no garantizar nuestra seguridad, el legislativo por no legislar con perspectiva de género y el judicial por no emitir las sanciones correspondientes y ser omisos ante la violencia que vivimos”.
ALEJANDRO CASTAÑEDA/NTRZACATECAS.COM, 02 de octubre de 2020
OJOCALIENTE. Habitantes de San Juan de Carboneras desmintieron al alcalde, Daniel López Martínez, sobre un supuesto acuerdo para la defensa de los manifestantes y reiteraron que no levantarán el bloqueo a la mina El Coronel, hasta que tengan certeza de que la empresa Frisco, de Carlos Slim, resarcirá los daños a su comunidad.
El plantón cumplió un mes y los líderes comunales enfatizaron que no se moverán hasta que haya remediación ambiental, se les paguen las afectaciones a sus casas por los trabajos en las vetas y el corporativo se comprometa a monitorear la salud de la población.
“Hemos aguantado hambres, fríos, calores y hasta ahorita la empresa minera nomás nos ha mandado al gobierno a amenazarnos con demandas. Aquí los vamos a esperar hasta que resuelvan el problema”, sentenció uno de los dirigentes.
Foto: Hugo Leandro, NTR Zacatecas
Quienes participan en el plantón se negaron a identificarse, pues reprocharon que personal del gobierno del estado acudió recientemente para mostrarles una lista de nombres que han señalado como representantes del movimiento, y se les advirtió que fueron denunciados por la protesta.
Los inconformes montaron un campamento con lonas y troncos cerca del bloqueo, donde pasan la noche, y se organizan por guardias para impedir que algún trabajador de la mina ingrese.
Foto: Hugo Leandro, NTR Zacatecas
Explicaron que las viviendas de la comunidad están cuarteadas, debido a las detonaciones y barrenaciones que realizan a menos de 2 kilómetros del límite comunal.
“Ellos sólo les quieren poner cemento, pero las casas ya están partidas, van a seguir detonando y hasta nos las van a tumbar. Cimbran las puertas y las ventanas, necesitamos que reflexionen sobre lo que nos están haciendo”, declaró uno de los habitantes.
Además, culparon a la minera de la muerte de fauna y flora, también de secar la Presa del Águila y de perjudicar la salud de los pobladores, sobre todo de niños y personas de la tercera edad. Argumentaron que los daños no son recientes y que, desde la llegada de la mina hace 14 años, comenzaron a sentir los estragos, “el polvo de los molinos”.
“Desde hace nueve años venimos como comunidad para solicitarles que monitorearan nuestra salud, pero siempre nos trajeron a puras vueltas”.
Sin beneficios
De abril a junio, el flujo operativo de la minera Frisco aumentó 26 por ciento con respecto al mismo trimestre de 2019, al sumar 696 millones de pesos, pese a una baja en su producción.
“El tonelaje procesado en el segundo trimestre de 2020 se redujo 22 por ciento, al compararlo con 2019”. Las unidades con menor contribución fueron Ocampo, El Coronel y Asientos.
Según lo publicado en Reforma, la empresa reportó que, en El Coronel, “disminuyó su tonelaje procesado, debido a la estrategia de explotación selectiva que se inició en la unidad a finales del segundo trimestre de 2019, concentrándose principalmente en obtener mayores leyes y a reducir costos de operación”.
Pese a ello, analistas destacaron que ésta fue una de las firmas en la Bolsa Mexicana de Valores que superaron el precio objetivo y, para septiembre, lograron recuperarse de la tendencia negativa que registraron previo a la pandemia. Sin embargo, los pobladores cercanos a El Coronel reclaman que el desarrollo prometido por la empresa no llega a las comunidades.
San Juan de Carboneras es una localidad donde habitan 130 familias que se dedican, en su mayoría, al cultivo de frijol y maíz, “pero desde que está la empresa hay tierras que se han quedado sin sembrar, porque ya no crece nada”, lamentaron sus habitantes.
Subrayaron que las comunidades no se han visto beneficiadas con la llegada de la mina. Recordaron que en un inicio había 40 plazas de trabajo para los habitantes, pero con el paso de los años los despidieron, hasta dejar únicamente a siete trabajadores.
Foto: Hugo Leandro, NTR Zacatecas
Los manifestantes insistieron en que las localidades aledañas no son favorecidas, por lo que cuestionaron las ganancias que se obtienen de la extracción, en comparación con el impacto en la zona. “No son ni para pavimentar una calle, acá no llega el impuesto minero y mucho menos algo de la empresa: estamos en el olvido”.
Expusieron que tenían una pequeña presa, El Águila, que era además un lugar de esparcimiento, pero se contaminó, comenzó a morir la fauna de alrededor “de un día para otro”, hasta que la minera extrajo el agua mediante bombas y secó el área.
“La contaminación es tremenda, hay un salpullido que le sale a los niños, es rojo, como resequedad, también con la gente mayor, les hemos comprado cremas y no se les quita”. Sin embargo, especificaron, carecen de recursos para atenderse con médicos especialistas, por lo que piden que la minera se haga cargo de estos gastos y se revise a cada familia para descartar problemas graves en las personas.
“Queremos esos análisis de salud, que paguen los daños que han ocasionado en todas las casas y queremos una reforestación, porque han afectado mucho a la flora”, afirmaron.
Los inconformes puntualizaron que no permitirán la intervención del gobierno, “mucho menos la del municipal”, ni aceptarán firmas de compromiso con la compañía. “Lo que queremos son acciones en nuestra comunidad, porque la minera se burla hasta de su propia firma”, arguyeron.
Por último, los manifestantes recalcaron que no tienen miedo de la presión por parte de las autoridades, por lo que advirtieron: “aquí vamos a estar y estamos dispuestos hasta dar nuestra propia vida por salvar a San Juan de Carboneras”.
Noticaribe / Agencia SIM
CANCÚN, MX.- Un grupo de trabajadores de la concesionaria del servicio de basura, Inteligencia México, se inconformó hoy, al no recibir todavía el pago de su quincena ni explicarles la situación algún representante de la empresa. Reunidos afuera del encierro, acusaron que de 60 vehículos, sólo funcionan 15.
Hablando bajo condición de anonimato, por el temor a represalias, dos trabajadores detallaron que al surgir una inconformidad con anterioridad, llegaron al encierro unas personas armadas, que golpearon a uno de los trabajadores y les advirtieron que no podían lanzarse a paro.
“No nos han pagado ni nos dicen cuándo ocurrirá; tenemos familia, vivimos al día, pagamos pasaje y no hemos faltado. No nos negamos a laboral, pero queremos que nos pagen lo que ya trabajamos”, comentó uno de los inconformes.
En total, son 350 personas que no han cobrado su quincena todavía, además de no recibir sus prestaciones de ley, a pesar que les descuentan supuestos impuestos que esta empresa, propiedad del ex edil de Benito Juárez, Carlos Canabal Ruíz, jamás entera con el fisco.
“Retienen el Infonavit y no lo pagan; algunos que han reclamado obtienen ese dinero de regreso, pero no es así la cosa”, mencionó otro. “Nos quitan impuestos, pero no nos dan recibos timbrados, porque no lo declaran”.
A pesar de tener tres cuartas partes de la flota vehicular averiada, por falta de piezas, los trabajadores acusaron que la paramunicipal Siresol “ni siquiera se aparece”. Es la misma situación con otras autoridades de gobierno, pues ni Infonavit, IMSS o algún otro inspector acude a verificar la situación. Ellos sospechan que es por la influencia del dueño, quien también posee un periódico.
“Vienen de Fiscalización, pero jamás sancionan”, indicó el primer trabajador.
Tepic, Nayarit. Viernes 02 de octubre del 2020.- Trabajadores enardecidos por la falta del pago de su quincena, le dan al gobernador Toño Echeverría García donde más le duele: en el bolsillo, al tomarle las instalaciones de la Embotelladora de El Nayar e impedir la salida de camiones cargados de coca colas para su distribución y venta, a las que le llamaron veneno para la salud.
Un enardecido Frente Auténtico de Sindicatos Independientes (FASI) conformado por organizaciones de trabajadores, ingresaron a las instalaciones de esta empresa propiedad del gobernador Antonio Echevarría García y su familia, que con mucho es la principal empresa del grupo “Álica”.
Este movimiento desquició el tráfico vehicular de la capital nayarita dado a que cerraron la avenida de Los Insurgentes desde la Central Camionera hasta las instalaciones de la embotelladora para colocar varias carpas donde resguardarse del sol durante el plantón a los cerca de mil trabajadores que luchan por el pago del salario devengado.
En un plan especialmente trazado por los dirigentes, los cuatro accesos a la empresa refresquera fueron cerrados con una valla humana, impidiendo la entrada y salida de los camiones, incluida la tienda que vende directo al público.
NUNCA EN LA HISTORIA DE NAYARIT LOS BURÓCRATAS HABÍAN DEJADO DE RECIBIR SU QUINCENA
Los dirigentes de los sindicatos independientes tronaron en contra del gobernador Antonio Echevarría García porque nunca en la historia de Nayarit se había retrasado el pago del sueldo de los trabajadores por dos días, se metieron con lo más sagrado que tenemos: el salario y la familia, señalaron los trabajadores, por eso al tomar las instalaciones de la Coca-Cola quisieron llegarle también donde más le duele al gobernador, al bolsillo.
Durante las últimas 48 horas, viven con la incertidumbre y el nerviosismo de saber si van a poder llevar el sustento familiar, además de que deberán pagar intereses a tarjetas, automóviles y un sinfín de deudas que deben cubrir.
RECHAZAN INTERVENCIÓN DE POLÍTICOS OPORTUNISTAS
Dejaron en claro que el movimiento de lucha no es respaldado por ningún partido ni políticos oportunistas que quieran colgarse de este movimiento y más ayuda el que no estorba.
LE CUESTIONAN A TOÑO, ¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO DE LOS NAYARITAS?, YA QUE LA DEUDA ACTUAL DEL ESTADO ES DE 10 MIL MILLONES DE PESOS
En este estallido sindical, los rebeldes solicitan una explicación de cómo se llegó –en los últimos sexenios-, de tener una deuda de 83 millones a 10 mil millones de pesos porque jamás han mostrado dónde quedó el dinero de los ciudadanos
ADVIERTEN TRABAJADORES QUE TOÑO Y SU TÍO EL LÍDER DEL CONGRESO, POLO DOMÍNGUEZ, QUIEREN HACER UN FOBAPROAZO PARA OBLIGARLOS A PAGAR OTRA VEZ EL FONDO DE PENSIONES
Ante los integrantes de los sindicatos, se dio a conocer la trácala más grande que pretende hacer el gobierno de Nayarit a la clase trabajadora peor que la Ley Burocrática, mucho peor.
“Hoy el gobernador, por enésima ocasión en complicidad complicidad otra vez su servil tío, el líder Congreso quieren hacer el FOBAPROA de las pensiones de los burócratas, quieren borrón y cuenta nueva. Que los burócratas volvamos a pagar otro fondo de pensiones como fue en el 97”, explicó Antonio Bautista.
Esta negociación en lo obscurito que idean ambos poderes tiene el objetivo de que los burócratas paguen su propia pensión y se las vuelvan a entregar al gobierno para su manejo, como se hizo en el pasado pero para volver a robársela.
“No entendemos cómo el desvergonzado líder del Congreso pretende buscar la candidatura a la gubernatura cuando es tan inmoral y corrupto en aceptar este tipo de sucios acuerdos que lesionan tanto a los trabajadores de Nayarit, y no podemos permitir que mientras cientos de compañeros no se pueden pensionar o jubilar, se esté haciendo mal uso del dinero que quincena a quincena nos descuentan”, recalcó el líder sindical.
La falta de pago, las mentiras de que “no hay dinero” y esta serie de injusticias fue el motor que hizo posible que el FASI emprendiera la toma de la Coca Cola desde temprana hora del mismo jueves, decisión que fue aplaudida por los nayaritas ya que la empresa Coca-cola es la única que durante todo el tiempo de la pandemia no cerró sus puertas a pesar de que hubo trabajadores infectados de COVID, según lo expresaron los sindicalizados.
LA CIUDADANÍA SE SUMÓ A LA PROTESTA DE LOS BURÓCRATAS
La gente les llevó comida y agua a los trabajadores que estaban protestando frente a la Coca-Cola, y les brindaron todo su respaldo a la valiente decisión de tomar las instalaciones de la empresa del gobernador y su familia que han sido unos saqueadores de los recursos de los nayaritas, considerando a los Echevarría como el cáncer de Nayarit.
EXISTE LA AMENAZA DEL GOBERNADOR DE PRESENTAR DENUNCIA CONTRA LOS TRABAJADORES ANTE LA FISCALÍA
El líder sindical informó que la embotelladora El Nayar, propiedad del gobernador y su familia, amenazó con interponer una denuncia por haber tomado las instalaciones alegando que tuvieron pérdidas económicas cuando ningún trabajador intervino para que se pararan las líneas de producción.
Plantearon los trabajadores que el Fiscal sea el puente de comunicación porque en materia de procuración de justicia le toca a él.
En lo que va del 2020 se han registrado nueve casos
Por: Roberto Rocha
Desde 2015, 46 mujeres han sido detenidas y por tanto criminalizadas por abortar en el estado de San Luis Potosí. Mientras que, aunque en los últimos años han surgido varias iniciativas que han tenido como fin despenalizar el aborto en el estado, ninguna ha logrado prosperar en el Congreso local.
En 2020, durante los primeros ocho meses del año, se han registrado nueve carpetas de investigación en el estado por el delito de aborto, de acuerdo con lo registrado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. De mantenerse el mismo ritmo en los cuatro meses restantes, este año sería el que más detenciones ocurrirían por abortos en San Luis Potosí.
En 2015 se registraron cinco detenciones por aborto, ocho en 2016, siete en 2017, diez en 2018 y siete en 2019, además de los nueve de los primeros ocho meses de 2020.
En cambio, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México registra que, igual desde 2015, en esa entidad de la República, 92 mujeres residentes de San Luis Potosí se han practicado Interrupciones Legales de Embarazos, un procedimiento que en la capital del país se realiza de forma gratuita.
De acuerdo con una estimación de las investigadoras Fátima Juárez y Susheela Singh, de la organización Guttmacher Institute, por cada cada mil mujeres residentes de San Luis Potosí y en edad reproductiva en 2009, 28.6 habrían practicado abortos inducidos, lo que representaría 17 mil 561 interrupciones de embarazos en un año.
De entre esos casos, 4.3 mujeres por cada mil potosinas en edad reproductiva habría tenido complicaciones de salud a causa del aborto, que, en 2009, habría significado un total de 2 mil 606 mujeres con problemas ocasionados por inducir abortos por embarazos no deseados.
El alto número de mujeres afectadas en su salud a causa de la realización de abortos clandestinos es uno de los puntos más promovidos en las iniciativas que buscan despenalizar el aborto en San Luis Potosí.
Sin embargo, hasta la fecha, el Código Penal de San Luis Potosí solo considera no castigable el aborto cuando sea resultado de un accidente de la mujer embarazada, que el embarazo se deba a una violación o inseminación indebida y cuando la mujer embarazada corra peligro de muerte en caso de no provocarse el aborto.
Colectivos de familiares de desaparecidos señalan que en el gobierno de Antonio Echevarría García sigue habiendo muchos “levantones” y no hay avances de parte de la Fiscalía de Nayarit a cargo de Petronilo Díaz Ponce, para la localización de los desaparecidos
Verónica Ramírez / Realidades de Nayarit
Tepic, Nayarit.- Jueves 01 de octubre del 2020.- Crecen los “levantones” en Nayarit, aunque las autoridades lo nieguen en este mismo año, hay casos de desaparición forzosa y son buscados incansablemente por sus familiares, reconoce la dirigente del Colectivo “Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros” Virginia Garay Cázares.
“Lamentablemente esto no para, sigue habiendo desaparecidos, siguen los famosos levantones y estamos luchando para encontrarlos”.
Este Colectivo está integrado por 32 familia, algunas de las cuales tienen hasta dos personas desaparecidas quienes permanecen en unidad en esta búsqueda del Colectivo, la cual nadie la va a detener. Incluso, algunos elementos ya encontraron a su familiar y siguen apoyando a los demás.
Guerras en Busca de Nuestros Tesoros, no se quedan de brazos cruzados en espera a que a la autoridad se le quite lo pachorrudo y han delineado una estrategia de difusión en diversos puntos de la entidad para dar con algún dato o una pista que les permita dar con el paradero de los desaparecidos.
“Nosotros hacemos difusión de volantes, trabajos de búsqueda, localización de fosas clandestinas”, cualquier acción que aporte datos a la investigaciones que realizan con sus propios esfuerzos.
Pero al mismo tiempo en que difunden las imágenes de sus tesoros desaparecidos, hacen un bien a la comunidad mediante el “basura challengeer”, donde emprenden labores de limpieza de los espacios de recreación familiar.
“Cuando realizamos difusión de volantes, limpiamos un área verde o parque de la colonia donde vamos a pegar y difundir nuestros volantes con fotografía de los desaparecidos”, explica Garay Cázares.
Es una muestra de solidaridad con la ciudadanía quienes por medio de llamadas anónimas o información en su página oficial de Facebook Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros, les han permitido obtener información para dar con el paradero de los desaparecidos.
Desde hace 19 años en el municipio de Ixtacamaxtitlán existe un movimiento de resistencia en contra de los proyectos mineros Tuligtic e Ixtaca. El fin de semana se empezó de nueva cuenta a vivir un clima de tensión y violencia, ya que el presidente municipal Víctor Herrera Pozos, sin el consenso de las comunidades y sin cumplir con las normas, empezó un proceso para remover a seis jueces de paz de comunidades que corresponden a las áreas en donde se encuentran las minas de oro y plata que busca explotar la canadiense Almaden Minerals.
Ese movimiento se ha interpretado como un intento de remover a las autoridades comunitarias que han acompañado al movimiento de resistencia a la explotación a cielo abierto de abundantes yacimientos de oro y plata, que se buscan hacer a través de la filial mexicana Minera Gorrión.
El fin de semana el edil de ese municipio Víctor Herrera mandó un documento sin firma a los jueces de paz de las comunidades de Santa María, Zacatepec y Loma Larga para convocarlos a una reunión en la cual les comunicaron que llegó el periodo para que entreguen sus cargos y se elija a sus reemplazos. Ver foto adjunta.
Las tres comunidades en cuestión son donde curiosamente se asientan las minas de oro y plata que, desde el año 2014, pretenden ser trabajadas por Gorrión.
Al mismo tiempo se dio a conocer que en próximos días se hará lo mismo con los jueces de Tecoltemic, Tateno y la Unión, que son las comunidades colindantes a las minas.
A los jueces les faltan ocho meses para concluir sus periodos como servidores públicos y, además, no se consultó a las comunidades sobre los relevos.
Por esa razón esos movimientos se han tomado como una provocación del alcalde, que todo mundo percibe como una autoridad que trabaja a favor de los intereses de Almaden Minerals.
Y que pareciera que la empresa canadiense sabe que próximamente le podrían autorizar el manifiesto ambiental que le falta para iniciar la extracción de los minerales y por esa razón, ya está buscando quitar de su camino a autoridades que le resultan incomodas.
No es la primera vez que los intereses económicos de las empresas mineras rompen con la estabilidad del municipio.
En 2003 se supo que había un reparto de 400 mil pesos mensuales a las autoridades municipales para que realizaran labores sociales tendientes a crear un ambiente entre la población a favor de los proyectos Tuligtic e Ixtaca.
Al anterior alcalde Eleazar Hernández lo acusaron los pobladores de que las principales obras públicas de su gobierno las había financiado Minera Gorrión, como una manera de tener de su lado al ayuntamiento.
Ahora parecen regresar esas practicas que dividen y confrontan a la población.
Lo que está en juego no es algo menor. El proyecto minero en juego abarca una extensión de 14 mil hectáreas y el potencial a explotar sería de 73 millones de toneladas de oro y plata.
Tepic, Nayarit.- Jueves 01 de octubre del 2020.- Desesperados por la falta del pago quincenal, el aumento salarial retroactivo, y la segunda parte de la Compensación Nacional Única, el magisterio estatal tronó en contra del gobierno de Toño y tomaron las calles para reclamar el salario devengado.
Indignados el grupo denominado Movimiento Justicia Sindical cerraron la avenida México, la tarde de este miércoles y amenazan con radicalizar sus acciones de no recibir su dinero. Temen que se haga efectiva la amenaza de que el gobierno de Toño Echevarría este tronado y no les pague el salario.
De forma simultánea una comisión de este movimiento, se encontraba en la ciudad de México para hacer patente su molestia en contra del gobierno de Nayarit por pisotear los derechos de las maestras y maestros con una manta que a la letra dice:
“Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, los trabajadores de la educación agremiados a la sección 49 del SNTE de Nayarit, que comparten la filosofía de la 4T, solicitan su apoyo y vigilancia para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma, los pagos, las prestaciones y el derecho a una pensión y jubilación”.
Aquí en la capital nayarita, los profesores reiteran que nadie trabaja de “a gratis”, y visiblemente molestos a través de pancartas y gritos presionaron a la autoridad que se hace “pato” para cubrir sus adeudos.
El dinero lo están “jineteando” y con la negativa a sus prestaciones, violan los derechos de los trabajadores de la educación, sostienen al mismo tiempo que critican el actuar de su dirigente Ladislao Serrano por solapar las anomalías del gobierno.
Como se recordará, la quincena pasada en la página oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas apareció el comprobante de la Compensación Nacional Única borraron de la plataforma.
Además del disgusto por la falta de pago que siempre se realiza de manera extemporánea, demandan a los pseudo líderes sindicales del SNTE que haya claridad en los talones de pago porque les aplican “extraños.
Citan como ejemplo que en el primer pago de la Compensación Nacional Única, les aplicaron el ISR, lo que nunca sucedía y no les extraña que en la segunda parte hagan lo mismo, sin dar explicaciones de estos movimientos.
El Movimiento Justicia Sindical, también reclama que cada quincena les descuentan el concepto “adente” relativo al deceso de algún compañero, pero nunca les informan cuántos maestros fallecen ni qué se hace con ese dinero y es que son tantos los descuentos que pareciera que hay muchísimos maestros fallecidos.
Finalmente, reiteran su molestia por la manera en que el gobierno y con una evidente complicidad con los dirigentes del sindicato, se les aplican descuentos con cualquier pretexto y cada quincena están con el Jesús en la boca, temiendo que no les van a pagar.
En breve presentarán una propuesta ante del Congreso del Estado para que el código penal dé los lineamientos de estos delitos y endurezca las penas para quien los comete
El miércoles, activistas y organizaciones en pro de los derechos humanos presentaron una solicitud ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para que les brinde una opinión técnica con la que, posteriormente, puedan enviar al Congreso una iniciativa ciudadana para modificar el código penal y tipificar los crímenes de odio en contra de personas LGBT+ en el estado.
Andrés Costilla, dirigente de la organización Amigos Potosinos en Lucha Contra el Sida, explicó: “hemos hecho un análisis a lo largo de la historia en San Luis Potosí, donde destaca que se han cometido crímenes de odio contra esta comunidad y muchas veces esos crímenes no se tipifican de la manera adecuada. Si bien, en el código penal actual se especifican los crímenes de odio por diferentes motivos: religión, condición de salud, por status social, orientación social, por identidad de género, queda ambiguo o no queda bien especificado cómo es que se perpetúa. Entonces al momento de que un juez revisa el código no tiene los elementos suficientes de interpretación o qué características tendría un crimen de este tipo y muchas veces queda como homicidios simple, homicidios dolosos, o en riña”, destacó el activista.
En la propuesta participan varios activistas del estado, así como organizaciones como Inclusión e igualdad AC, Amigos potosinos en lucha contra el sida, el Comité Organizador de la marcha LGBT en San Luis Potosí. Costilla destacó de una posible alianza con más personas, como un abogado y una egresada en Criminología que están interesados en participar y que también tiene una propuesta. “Nos estamos acercando para ver si podemos hacer algo en común que es una iniciativa ciudadana respaldada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, con la mesa de atención a la diversidad sexual”.
En la reunión con el fiscal especializado en materia de Derechos Humanos, Francisco Pablo Alvarado Silva, y Esteban Pérez Mendieta, jefe de Unidad de Protección a Migrantes, Grupos Vulnerables, de la Diversidad Sexual, Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos con activistas de las poblaciones LGBTTTI se les planteó el panorama de México dentro de Latinoamérica, donde nuestro país ocupa el segundo lugar en crímenes de odio contra integrantes de este grupo.
“Necesitábamos la reunión con el fiscal especializado en Derechos Humanos para armar la propuesta y que después sea presentada en el Congreso del Estado como una iniciativa ciudadana que viene respaldada por estas instituciones con opiniones técnicas favorables. El fiscal nos ayudaría a emitir una opinión favorable, es decir, revisando el código penal y la propuesta, el punto es ver que sí existe esta necesidad para adecuar el código penal y se tipifiquen, el fiscal tiene que exponer por qué existe esta necesidad de acuerdo a la experiencia en su institución y por qué se requiere una iniciativa de esta naturaleza”.
El activista mencionó que el objetivo es lograr que se castigue con penas más duras a quienes cometen crímenes de odio, además de honrar la memoria de las víctimas:
“Hace más de un año afuera del Greko mataron a un joven, al parecer fueron taxistas, el juez determinó que fue un crimen en riña, cuando había elementos para calificarlo como un crimen de odio: como que el lugar de donde se encontraba es abiertamente gay o que fueron varios sus atacantes”.
Costilla se refirió a otro ejemplo: “también está el caso de una menor de edad que se identificaba como persona trans, Giovanni. Fue hace un año, y hasta ahora se detuvo a los presuntos responsables de este crimen y como aún no tenía su cambio de identidad, pues no entra como un feminicidio, pero tampoco está la figura del transfeminicidio en el código penal, entonces no queremos que quede impune”.
Andrés Costilla dijo que para catalogar un crimen de odio a esta comunidad se necesitan conocer las características de cómo se cometió:
“Muchas veces puede ser un crimen simple, pero cuando se comete una tortura, o cuando les ponen unas marcas visibles en la piel que puede decir ‘puto’ u otras palabras, podemos hablar de un crimen de odio, o cuando hay una saña inusual como al apuñalar muchas veces”.
El activista indicó que aunque en el estado están tipificados los crímenes de odio son generales y no en una situación específica como lo es a la comunidad gay.
Costilla agregó que luego de esta reunión ya tienen un diagnóstico de problemáticas de las poblaciones LGBT+, en la que Alvarado Silva destacó que lo que se busca en la FGE es que sea eficaz y eficiente, además de que estuvo de acuerdo con seguir colaborando en la propuesta.
“Ya en varios estados se han estado trabajando activistas colegas a través de la coalición mexicana LGBT y en San Luis Potosí queremos modificar nuestro código penal y ampliarlo y tener esos elementos para que se pueda explicar abiertamente”.
Por último, detalló que la iniciativa ciudadana se presentaría en un mes ante el Congreso de San Luis Potosí, una vez revisadas las cuestiones finales, donde tendrán una asesoría de técnica legislativa donde se les revisará que la propuesta esté presentable:
“La enviaremos al Congreso para que sea dictaminada, ver en qué comisión será enviada, que seguramente será en la Comisión de Justicia y ver a qué otra la envían, y una vez dictaminada de manera favorable, la suban al pleno para ser votada”.
A cuatro años del transfeminicidio de Paola Buenrostro su asesino sigue libre. Desde entonces la activista Kenya Cuevas lucha por conseguir justicia para su amiga y para todas las mujeres trans que históricamente han sido violentadas y criminalizadas
Cuatro años se cumplieron desde que Paola Buenrostro fue asesinada en la esquina de Juan Aldama y Puente de Alvarado, en la delegación Cuauhtémoc de Ciudad de México.
Paola se encontraba con tres de sus compañeras de trabajo cuando un hombre pidió sus servicios. Era un exmilitar que en cuanto subió a su coche y avanzaron le disparó.
Esa noche estaba con ella su compañera y amiga Kenya Cuevas:
«Esa noche nos jugamos la ruleta de la muerte entre cuatro personas y le tocó a Paola. Ella dio su vida para dar un giro en la historia de las mujeres trans asesinadas en México y hacer un cambio de paradigma. Desde aquel momento no paré de luchar contra las autoridades que nos negaron nuestro derecho a la identidad y a acceder a la justicia cuando detuvieron y liberaron al homicida de Paola por falta de pruebas».
Para recordar su transfeminicidio este miércoles sus amigas y compañeras cerraron la circulación de Puente de Alvarado y muchas de quienes estuvieron esa noche reinterpretaron la pérdida.
Kenya cuenta que es un acto de protesta para revivir ya que después de cuatro años no ha cambiado nada y el responsable del transfeminicidio de Paola sigue libre.
Kenya Cuevas parando el metrobús durante la protesta en memoria de su amiga y compañera Paola Buenrostro
Estos cuatro años de lucha han sido arduos pero en ellos también han encontrado luz:
«El transfeminicidio de Paola vino a educarnos a todas, todos, todes. Yo misma he aprendido con ella. Ella me enseñó el camino de la lucha que hasta la fecha no le veo fin porque la Comisión de Derechos Humanos emitió la recomendación a la fiscalía, ésta la aceptó y la reparación del daño sigue congelada y el transfeminicida de Paola sigue libre» escribió la activista en su comunicado.
-¿Qué es lo que han aprendido en estos cuatro años, Kenya?
«Los aprendizajes principalmente han sido aprender a vivir. A pesar de que vivíamos y teníamos un lugar en la sociedad, aprendimos a salir de las calles, a gritar, a luchar, a visibilizar pero también a educar y a educarnos con esta sociedad para que no nos sigan agrediendo. Vamos a seguir trabajando para que esto se logre. Yo se lo prometí a Paola en su tumba y me duele mucho que nadie de las autoridades se sensibilice, pero aún así seguiré luchando».
Compañeras de Paola Buenrostro la recordaron con un altar y un performance en Puente de Alvarado.
Kenya Cuevas no solo lucha por los derechos de Paola Buenrostro, lucha por los de todas las mujeres trans. Por ello fundó en 2018 la Casa de las Muñecas Tiresias, donde acompaña y apoya a trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, personas que viven con VIH, sin importar su identidad, orientación sexual o expresión de género.
En diciembre de 2019 consiguió un inmueble que le fue donado para volverlo refugio de mujeres trans, el primero en Ciudad de México. Un espacio que busca ser un hogar y un lugar para que crezcan como merecen. Para Kenya Cuevas el transfeminicidio de Paola también visibilizó la soledad que genera el odio a la búsqueda de libertad sexual y de género:
«Velamos a Paola dos noches con la expectativa de localizar a su familia y darles tiempo de despedirla cuando por fin lo logramos recibimos una negativa como respuesta. Para muchos padres y madres es impensable que sus hijos varones quieran vestirse como mujeres, maquillarse y jugar con muñecas, y para nosotras, las mujeres trans, es casi inevitable renunciar a nuestra identidad, por eso debemos huir de nuestras casas y renunciar al afecto de una familias. Muchas veces optamos por desaparecer y borrar cualquier rasgo pero el dolor lo llevamos cargando en nuestras relaciones y en la falta de amor a nosotras mismas».
Ahora la Casa Hogar Paola Buenrostro funciona como un espacio de amor, crecimiento y libertad:
«Un lugar donde las mujeres que llegan pueden encontrar afecto, empatía pero sobre todo un espacio de oportunidad donde pueden decidir recuperar los derechos que les fueron arrebatados por defender su identidad, dónde pueden visualizarse más allá del trabajo sexual. Porque eso es lo que nos hace falta a las mujeres trans. La oportunidad de ser un hogar, de aprender, de recibir educación, de vivir una vida como el resto de las personas privilegiadas cuyo sexo biológico no les jugo en contra de su identidad», expreso Kenya en su comunicado oficial.
Kenya Cuevas en la esquina donde vio por última vez a su compañera y amiga Paola Buenrostro. Para Kenya la justicia por su amiga será porque será.
Actualmente el caso de Paola Buenrostro cuenta con orden de aprehensión pero no con una línea de investigación. Por lo que la detención del transfeminicida no se ve cercana. La organización Equis explica la búsqueda jurídica de justicia:
«Conseguimos una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Esta recomendación reconoce que Kenya y sus compañeras son discriminadas por el aparato de justicia y recomiendan un protocolo de actuación, que se tipifique el transfeminicidio, se dé capacitación al personal para casos de transfeminicidio y que se repare a Kenya como víctima de este delito y también a Paola», explica la abogada Viridiana Valgañón, de la organización Equis Justicia para las mujeres.
Este 30 de septiembre del 2020 se supone que la fiscalía daría una disculpa pública por la falta de buenas prácticas y debido proceso en el caso de Paola Buenrostro pero la pandemia de la covid-19 y la falta de voluntad política impidieron que esto pasara.
-¿Qué es lo que obstaculiza la justicia en los casos de transfeminicidio en México?
«Pues son muchísimos obstáculos. El contexto de las mujeres trans, al ser tan adverso, hace que las condiciones del trabajo sean muy pocas y terminen en el trabajo sexual y uno de los primeros obstáculos para encontrar justicia para los transfeminicidios en México es la estigmatización por parte del Estado para las trabajadoras sexuales. No se les toma en cuenta, si hay un delito que se comete en su contra no se investiga, no se les toma en serio y al contrario, normalmente se revierten en su contra. Por otro lado está la constante discriminación de la que son objeto. Si llegan a las fiscalías las van a nombrar como masculino, no van a reconocer su identidad.
“En tercer lugar, en el caso de transfeminicidios, la mayor parte de las carpetas desvían la investigación, las alargan y la mayor parte de las mujeres trans no cuentan con recursos económicos para pagar acompañamiento legal y eso hace que los casos se queden estancados. Tampoco hay personal capacitado para realizar peritajes, pruebas y testimonios para la comunidad trans», explica la abogada.
Añade que el tema económico es otro obstáculo que se encuentran en esta búsqueda de justicia:
«El caso de Paola es representativo. Son cuatro años para lograr aprehender a este sujeto… ¿Quién podría pagar cuatro años de asesoría legal? Que el acceso a la justicia esté vinculado a quien tiene dinero y quien no es muy grave. Todo ese cuadro nos lleva a la impunidad eterna para las mujeres trans».
OAXACA, Oax.- Trabajadores de Salud de las jurisdicciones sanitarias de las regiones de la Costa, Cuenca del Papaloapan e Istmo de Tehuantepec realizaron paros de labores.
Ello luego que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa incumplió su palabra de otorgar un bono de cinco mil pesos por estar al frente de lucha contra la pandemia por covid-19.
Y es que según un oficio de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), el gobernador se comprometió a que el viernes 25 de septiembre se “dispersará la cantidad de cinco mil pesos a todos los trabajadores que hayan estado laborando durante la pandemia”, sin embargo, es la fecha que no hay depósitos.
Ese compromiso lo asumió el gobernador ante la amenaza de un paro estatal.
Pero ante el incumplimiento desde este martes y hoy miércoles, los trabajadores de Salud comenzaron a realizar paros de 24 horas en todos los centros de salud, clínicas y hospitales de los Servicios de Salud de Oaxaca para exigir el pago del bono covid-19.
Las protestas llegaron hoy a las oficinas de los Servicios de Salud donde se concentraron los inconformes para exigir su bono donde sobresalió una pancarta con el mensaje:
“De aplausos y reconocimientos no comemos”.
Otras cartulinas fueron colocadas en la entrada de las oficinas donde sobresalía: “¡¡¡Exigimos se cubra el pago del bono covid a todos los trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca!!!”, “No al hostigamiento a los trabajadores de los Servicios de Salud” y “Gobierno incumple con el pago del bono por covid”.
Ante estas irregularidades, el pasado 20 de septiembre, el Congreso de Oaxaca solicitó al gobernador que se transparente y haga público los ahorros y ajustes presupuestales que ha economizado por la suspensión de servicios y actividades por la pandemia de la covid-19.
Mediante un punto de acuerdo presentado por el legislador, César Enrique Morales Niño, se explica que con el cierre de oficinas desde mediados de marzo, el titular del Poder Ejecutivo estatal generó ahorros en agua, luz, teléfono, así como los gastos millonarios que se pagan por transportación de la base trabajadora que acude a las ciudades judicial y administrativa.
En esta misma circunstancia se encuentran los ahorros que ha derivado la cancelación de eventos festivos y sociales que cada año Oaxaca realiza como atractivo turístico y cultural.
Además, expone que en el Presupuesto de Egresos 2020, se contempló un gasto corriente de casi 54 mil millones de pesos; pero dicho gasto no ha sido ejercido como fue presupuestado por el cierre de las oficinas públicas.
Ante esto, se advierte que se tratan de ahorros millonarios, que hasta la fecha el gobernador del estado no ha informado que ha hecho con ese dinero, a dónde lo destinó, o a qué sectores ha beneficiado.
Por lo anterior, el punto de acuerdo demanda que el dinero que se ha ahorrado por el Ejecutivo debe ocuparse para la reactivación económica de los sectores más desprotegidos y necesitados, así como para enfrentar la desaceleración económica. También, que se haga pública la bolsa de ahorros y reasignarla al combate urgente de la crisis que ha generado la actual pandemia.
A su vez, el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIPO) ordenó a la Secretaría de Finanzas, de los Servicios de Salud y de la Secretaría de Administración entregar información relacionada con la pandemia por Covid-19.
En la resolución al recurso de revisión, el IAIPO ordenó a la SEFIN turnar la solicitud a todas las áreas que pudieran tener competencia para generar o poseer la información solicitada respecto a descuentos a empleados (fundamento legal, porcentaje, fecha en que iniciaron, nombres de quienes les han descontado) desde que inició la contingencia por Covid-19.
En la resolución al recurso de revisión R.R.A.I. 0262/2020/SICOM, se ordenó a la SEFIN turnar solicitud a áreas que puedan tener la información respecto a las instituciones públicas que se hayan visto afectadas en sus ingresos por la emergencia económica y sanitaria provocada por el Covid-19, a fin de elaborar un informe sobre si están viendo sus ingresos compensados en términos de las disposiciones legales aplicables; en caso de no haber generado dicha información, su Comité de Transparencia debe generar la declaratoria respectiva.
Al resolver el recurso de revisión R.R.A.I. 0252/2020/SICOM, el Consejo General del IAIPO ordenó a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), deberá turnar la solicitud a todas las áreas que puedan poseer o generar un informe sobre los recursos económicos y materiales dirigidos a la atención de la pandemia por Covid-19, el informe debe incluir por qué y cómo se destinan dichos recursos.
Y respecto a la resolución al recurso de revisión R.R.A.I. 0274/2020/SICOM, el pleno del IAIPO ordenó a la Secretaría de Administración pronunciarse respecto a la solicitud sobre el informe del presupuesto que se tenía para las festividades de junio y hacia donde están siendo dirigidos los recursos debido a la cancelación de estos eventos por la pandemia.
En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Economía Graciela Márquez Colín y el director general de minas, Eduardo Enrique Flores Magón y López, realizaron declaraciones respecto al avance de una minera canadiense en la selva de los Chimalapas en Oaxaca, llevaron a cabo afirmaciones que se basan en falta de información oficial, indiferencia hacia el rechazo de las comunidades afectadas e incluso –de manera grave- desconocimiento del sector del cual ambos funcionarios se encuentran encargados.
La falta de transparencia de la información del sector queda evidenciada en el equívoco de las declaraciones realizadas el 28 de septiembre de 2020, dado que no es posible encontrar el padrón completo en versión publica, de títulos de concesiones mineras existentes en nuestro país en ningún portal oficial, dicha información está dispersa, por lo que es necesario recopilarla y contrastarla con diferentes fuentes.
Centrando su atención en el cobro de impuestos a las mineras, el director general de minas agregó, “hay tres solicitudes en trámite”, “no son concesiones no existen concesiones ahí, está solamente el trámite y con la dinámica que tenemos ahorita pues obviamente no se va a dar la concesión”, por su parte Graciela Márquez sentenció “y mucho menos tienen una Manifestación de Impacto Ambiental, para tener una Manifestación de Impacto Ambiental tienes que tener una concesión, sino tienes una concesión no puedes ir a tocar la puerta a Semarnat”, al parecer los funcionarios desconocen que ese “Toc toc” en la puerta como se explicará a detalle en esta nota, se dió el 23 de julio de 2020.
Los 4 títulos de concesión minera que se encuentran en línea, como concesiones mineras vigentes en el sistema CARTOMINMEX, (que fue actualizado en su formato en el mes de septiembre de 2020) son los siguientes, y sus vigencias terminan entre los años 2055 y 2062.
Concesión Minera:
Título 231753
Lote MAR DE COBRE
Municipio Santo Domingo Zanatepec
Estado Oaxaca
Fecha de Solicitud febrero 14, 2008
Superficie (has.) 5.610,47
Titular Original MINERA CASCABEL, S.A. DE C.V.
Concesión Minera:
Título 226906
Lote EL CHINCUYAL
Municipio Santo Domingo Zanatepec
Estado Oaxaca
Fecha de Solicitud julio 24, 2005
Superficie (has.) 260,00
Titular Original COOPERATIVA LA CRUZ AZUL, S.C.L.
Concesión Minera:
Título 225472
Lote JACKITA
Municipio Santo Domingo Zanatepec
Estado Oaxaca
Fecha de Solicitud enero 24, 2005
Superficie (has.) 1.499,88
Titular Original MINERA ZALAMERA, S.A. DE C.V.
Concesión Minera
Título 241870
Lote MAYA FRACCION II
Municipio San Pedro Tapanatepec
Estado Oaxaca
Fecha de Solicitud agosto 21, 2012
Superficie (has.) 2.445,00
Titular Original MAYA MINAS Y MINERALES, S.A. DE C.V.
Por otro lado “Mar de Cobre” con número de título 231753 aparece en un documento de la Coordinación General de Minería, Dirección General de Regulación Minera, Dirección de Control Documental en el año 2016 donde se le requiere la presentación del “Informe Estadístico Sobre la Producción, Beneficio y Destino de Minerales o Sustancias Concesibles”, el cual se solicita solo a propietarios de concesiones mineras, en este caso la concesión se vincula a MAG SILVER con el nombre en México de Minera Cascabel, este lote minero también abarca tierras de San Miguel Chimalapas abarcando 5 mil 610 hectáreas, la concesión se aprobó el 17 de abril de 2008 y termina su vigencia el 16 de abril de 2058.
De la misma manera el Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM) en el registro de “Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero” el número 717 registra el proyecto minero Santa Marta de Minaurum Gold con la concesión de Oro y Cobre.
La concesión minera 241870 aparece registrada el 27 de marzo de 2013, por 2 mil 455 Hectáreas que también incluyen territorio de los Chimalapas, la vigencia de dicha concesión termina en 2063.
Para comprobar la información y con la intención de que los funcionarios del gobierno federal, el público en general y especialmente las comunidades afectadas tengan la información adecuada, en torno del intento de la minera de posicionarse de tierras del Istmo de Tehuantepec incluida la Selva de los Chimalapas, incluimos los enlaces que vinculan a las páginas oficiales y la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
La Gaceta Ecológica en su AÑO XVIII, Publicación No. DGIRA/028/20SEMARNAT/DGIRA Ciudad de México, a 13de agosto del 2020, en su rubro “4) Proyectos ingresados en las delegaciones federales de la Semarnat, del 06 al 12 de agosto de 2020 (incluye extemporáneos)”
El proyecto ingresado con número 31, señala que está ubicado en el Municipio de San Miguel Chimalapa, con el número de expediente 20OA2020MD038, -el cual no se encuentra disponible para su descarga pública- solicitud a nombre directamente de la empresa canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V., para iniciar la exploración minera Santa Martha, la Manifestación de Impacto Ambiental fue ingresada el 23 de julio de 2020.
En su resumen se señala que 20 elementos integran esta solicitud de exploración minera llamado Santa Martha, “con pretendida ubicación en el municipio de San Miguel Chimalapa, distrito de Juchitán y región del Istmo, Oaxaca, consistente en la exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 unidades de barrenación.”
Para cerrar su participación Eduardo Enrique Flores Magón y López afirmó: “Entonces, hay que hablar con los compañeros zoques y decirles que no se preocupen que no existe hay ninguna concesión” lamentablemente las evidencias oficiales y los reportes financieros y técnicos de la empresa canadiense, indican que si hay una preocupación urgente, tal ha sido la reacción de San Miguel Chimalapa; que una comisión del municipio solicitó la MIA Particular en la delegación de SEMARNAT en Oaxaca, la cual les fue negada.
Las comunidades se encuentran en zozobra desde hace años, los conflictos por las tierras frente al avance de las mineras se extienden desde Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Colima, Puebla, Guerrero Veracruz, Chiapas y en comunidades de la Mixteca, Sierra Norte y Sur, Cañada, Istmo de Tehuantepec y de los Valles Centrales de Oaxaca, si la respuesta se mantiene en declaraciones por la mañana e inexactitudes de los encargados del sector, esta conflictividad se acentuará de manera definitiva.
Benito Cetina / Por Esto!
Campesinos siguen sin doblegarse y continúan su lucha para rescatar las tierras ejidales que fueron adjudicadas de manera turbia por los dueños de la granja porcícola ubicada en el kilómetro 4 de la vía Chapab-Ticul. También piden aclarar la invasión de la granja tirando a flor de tierra sus desechos dentro del ejido.
El grupo de campesinos se reunió en la Casa Ejidal donde expusieron los avances que se han tenido sobre estas tierras y las evidencias que muestran que esta extensión de más de 100 hectáreas son propiedad de los ejidatarios.
El señor Hipólito Cumí líder moral de los campesinos, señaló juntamente con otros ex comisarios ejidales la carpeta básica del ejido y el plano del mismo donde claramente se detalla que esas tierras son pertenecientes al núcleo ejidal señalado en el documento de resolución presidencial de 1925 y ratificado en el trabajo realizado por Procede en 1994.
Los hombres de campo buscan aclarar cómo fue que estas personas que vendieron estas tierras se “adueñaron” de ellas y cómo fue que el notario público número 8 de la ciudad de Mérida aceptó firmar dicho documento avalando esta venta sin antes indagar, señalaron los inconformes.
Ante más de 100 campesinos, los representantes ratificaron su compromiso de continuar en la lucha, Ismael Salazar Teh, señaló que esas tierras las defenderá pues es herencia para sus hijos y nietos, señalando que esta extensión de tierra se trabajó en el año de 1994 y nunca apareció dueño.
“Estas tierras las pelearé y defenderé por ser herencia para mis hijos y nietos, no permitiremos que adinerados nos quiten lo poco que tenemos y recalco que no me venderé por nada del mundo”, señaló el líder.
Los cuatro comisionados solicitaron a la asamblea no claudicar que será una lucha contra el poder y el dinero como se pudo notar el pasado 17 de septiembre cuando el ingeniero Canul de las oficinas agrarias de Tekax ordenó desconocer a los campesinos; sin embargo, señalan que tienen elementos para defenderse y saldrán victoriosos, piden a sus compañeros ejidatarios seguir apoyando la causa.
Entre otras inconformidades, se señaló en la asamblea el escurrimiento de las aguas negras de la granja, pues días anteriores se pudo constatar que están tirando los desechos a flor de tierra dentro del mismo ejido sin los tratamientos adecuados.
Señalan que se pedirá la intervención de Hernán Cárdenas López de la Delegación de la Semarnat Yucatán, igual que a la Maestra en Ciencias Saína Medina Rodríguez Gómez, secretaria de Desarrollo Sustentable de Yucatán, para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.
Agregan que esta solicitud es con fundamento en el artículo sexto y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la revisión de la granja porcícola ubicada en la vía Chapab-Ticul por el mal manejo de sus desechos que producen los animales pues a pesar de la distancia entre la población, llega el mal olor que produce.
De igual manera señalan que las afectaciones que se genera por tirarlos a flor de tierra sin darles los tratamientos necesarios como se establece en los desechos de estas granjas porcícolas.
Eutiquio Alvarado ex comisario ejidal pidió a los campesinos levantar la voz, pues la pestilencia afecta a la población cuando los vientos sureños arrastran el mal olor de los desechos.
“Aparte de estar robándose las tierras, están contaminando el aire y el manto freático ya que la tubería de desechos y aguas negras están dentro del ejido dejando correr todo a flor de tierra debajo de arbustos y árboles”, enfatizó.
“No les basta con querer quedarse con nuestras tierras, ahora fui testigo de cómo tiran todo sus desechos de manera directa bajo nuestro monte”, señaló.
En el lugar se pudo constatar con imágenes de como la tubería de desechos está debajo del monte llegando a 300 metros dentro del ejido y quedando todo a flor de tierra.
Señalan que esto se necesita supervisar por autoridades competentes porque están contaminando de manera directa ya que no existe ningún filtro de estas aguas.
Esperan que las autoridades correspondientes puedan tomar cartas en el asunto para aclarar quien les firmó el documento de impacto ambiental ya que esta granja no tiene una fosa séptica suficiente para tantos desechos y esto repercute en la salud de los campesinos que trabajan por esos rumbos.
Algunos parcelarios señalan que el hedor de la granja se siente cuando están trabajando, ya se vuelve insoportable y ahora saben que esto es debido a que los desechos están a flor de tierra.
Esperan que este problema se pueda solucionar lo más pronto posible para evitar enfermedades ocasionadas por estos malos manejos de los desechos de estos animales.
Colima, Col.- En Colima opera “una red de trata de mujeres”, según un reportaje que este miércoles publica el periódico El Universal, bajo el titulo “Dinero y trabajo, ganchos de la trata de mujeres”.
En un reportaje, firmado por el reportero Raúl Torres, refiere que son alrededor de 388 mujeres que se encuentran desaparecidas en el estado, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En su caso, se sospecha que —al igual que muchas jóvenes— es víctima de una red de trata.
Desde 2018, la Red de Desaparecidos en Colima, asociación integrada por personas que buscan a sus familiares, detectó un patrón que se repetía con frecuencia en los reportes que recibía: mujeres de 19 a 28 años con características físicas similares.
El registro nacional indica que, de 2018 a la fecha, se denunciaron las desapariciones de 110 mujeres, de las cuales, 63 tienen entre 15 y 29 años.
Desde que inició el registro, en 1997, ha habido 388 desaparecidas en la entidad; 206 (53%) se encuentran en ese rango de edades.
“Se han acercado con nosotras varias mamás. Coinciden las edades y físicamente [las descripciones de las jóvenes desaparecidas]. Las amigas de algunas han confirmado cómo las enganchaban y también coinciden las cantidades de dinero”, señala Eva Verduzco, una de las fundadoras de la Red de Desaparecidos.
Como en todo el país, quienes buscan a sus desaparecidos en Colima han tenido que investigar por su cuenta.
En los casos de algunas de estas jóvenes, los informes anónimos y los registros de las últimas llamadas y ubicaciones de sus teléfonos apuntan al corredor que se forma entre las cabeceras municipales de Tonila y Tuxpan, municipios de Jalisco.
Por la información con la que cuentan, tanto la asociación como la fiscalía de Colima han solicitado el apoyo de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco para buscar un posible sitio de inhumaciones clandestinas en la zona limítrofe entre ambos estados.
Aunque desde mayo de 2019 hay oficios en los que constan las peticiones, las autoridades de Jalisco no cooperan.
“La fiscal Blanca [Trujillo, titular de la dependencia], exige coordenadas y que las personas que nos han proporcionado la información de manera anónima vayan a levantar las denuncias, y eso no va a pasar”, mencionó Verduzco.
FEMINICIDOS, OTRA CARA DE LA VIOLENCIA
De los 65 homicidios dolosos perpetrados contra mujeres en Colima entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2020, sólo 10 se han tipificado como feminicidio, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Aun así, la estadística se ha disparado este año y coloca a la entidad en segundo lugar nacional por el número de casos por cada 100 mil habitantes (2.54), sólo por debajo de Morelos (2.57).
El SESNSP indica que, en el mismo periodo de 2019 se cometieron 59 homicidios dolosos y cuatro feminicidios, por lo que, en comparación, el incremento en feminicidios es de más del doble.
Para Carmen García, vicecoordinadora nacional del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), las autoridades son omisas en la aplicación de leyes y se quedan cortas en acciones preventivas.
Como ejemplo, expone el caso de Manzanillo, que registra altos índices de violencia contra las mujeres y no se incluyó en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género que emitió la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2017.
Cifras del secretariado indican que, de 2016 a 2019, en Manzanillo se cometieron 15 feminicidios, mientras que en lo que va de 2020 suman siete. Además, en este municipio han ocurrido 108 de las 388 desapariciones de mujeres en el estado.
El contralmirante Domingo Bahena Salgado, coordinador estatal de la Guardia Nacional, confirmó que serán 130 elementos mixtos los que albergue el nuevo edificio de esa corporación con sede en el municipio de Tecomán y que se estima esté concluido antes del 31 de diciembre de este año.
Señaló que la obra ubicada en los terrenos colindantes a la glorieta de Los PerritosBailarines rumbo a Cerro de Ortega, lleva un avance del 8.2% y constará de oficinas para el comandante de la compañía avanzada, una cancha de basquetbol, área para transportes y espacio suficiente para los 130 efectivos que resguardarán la zona.
Respecto al área de acción del pelotón en Tecomán, explicó que tienen a cargo el municipio hasta sus límites con Michoacán, en Coahuayana, así como una parte del municipio de Ixtlahuacán y hasta el límite con Armería, donde habrá otra compañía.
En total, el estado de Colima tendrá 5 compañías avanzadas, pues además de Tecomán se contará con una en Manzanillo, Armería, Coquimatlán, y se tiene en proyecto una última en el municipio de Cuauhtémoc.
Texto: Redacción Pie de Página / Foto: Archivo Heriberto Paredes
El CRIPX, organización defensora de derechos humanos que fue señalada por el gobierno federal de recibir dinero «para oponerse a a la construcción del Tren Maya», denunció el robo de información y equipo, y la amenaza a uno de sus integrantes
El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) denunció que el 20 de septiembre le fue sustraída a la administradora de la organización información financiera, equipos y tarjetas bancarias, y tres días después otro de sus integrantes recibió una amenaza a través de un mensaje por WhathApps.
La organización ubica el robo y la amenaza en el contexto estigmatización y criminalización por parte del Estado mexicano “por nuestra oposición organizativa, real, profunda y con identidad cultural, por los impactos a generar a nivel comunitarios, cultural, social, ambiental, productivo y turístico, del mal llamado ‘Tren Maya’”.
El pasado 28 de agosto, en la conferencia presidencial, el gobierno federal acusó que organizaciones civiles y medios periodísticos eran financiados por fundaciones internacionales para oponerse al Tren Maya, entre las asociaciones señaladas estaba el CRIPX.
Tres días después el CRIPX y dos organizaciones más exigeron una disculpa por parte del presidente, a quien acusaron de criminalizar la labor de décadas de defensa de derechos humanos.
En su pronunciamiento de este martes, la organización denunció también que pese a haber solicitado información para analizarla y ayudarse a tomar decisiones Fonatur y otras dependencias gubernamentales les han proporcionado información parcial, limitada, sesgada, poco clara.
La organización acusó que pese a haber acudido a la mayoría de eventos públicos a los que han sido convocados en torno al tren y participar con comentarios en la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental la respuesta de Fonatur ha sido de han obtenido “la promoción de grupos de contra ataque a nuestra organización y nuestras personas”.
“Son grupos que dividen a las comunidades, buscan el protagonismo, se autonombran como las únicas, reproducen el discurso de descalificación de Fonatur y del Ejecutivo Federal, confundiendo a los campesinos, indígenas y pobladores en general de la región, por estos modos, caen en la fabricación la mentira, la información a medias, promueven la persecución contra la disidencia, fomentan las falsas promesas de participación y acceso a beneficios sin documentos sobre lo que realmente es el Tren Maya”.
Acusan que el actual gobierno federal repite los métodos de administraciones pasadas ya que no ha presentado información completa, con el suficiente sustento jurídico y no es adecuada culturalmente como marcan los estándares internacionales en materia de Pueblos Indígenas y procesos de consulta.
La organización responsabilizó al gobierno mexicano en todos sus niveles de la integridad física de sus integrantes y del mal uso o manipulación de la información sustraída del equipo robado a la administradora.
“Lo conminamos a dejar de administrar conflictos al dividir las comunidades, promoviendo el encono, el rencor, la criminalización y la estigmatización hacia el CRIPX y hacia otras organizaciones que defendemos los derechos en general, los Derechos Humanos y los derechos de la naturaleza”. Dichas prácticas de división y conflicto no son nuevas y lamentamos profundamente el recrudecimiento de estos mecanismos corruptos que lo único que fomentan es la violencia y la justificación de la violencia institucionalizada. También hacemos responsable al gobierno mexicano en todos sus niveles, del mal uso, manipulación de la información sustraída indebidamente del equipo que le fue robado a la administradora de nuestra organización así como del destino y mal uso de la información financiera que contenía, en este sentido, hemos presentado las denuncias penales para que se investigue y se dé con los responsables de este ataque. Ni un paso atrás en la Defensa de nuestro Territorio No renunciamos a nuestro derecho a la información No a la violencia contra las organizaciones.
Representantes del colectivo Asamblea Maya Múuch Xiimbal y de otras agrupaciones que representan a comunidades indígenas de la Península de Yucatán afectadas por el proyecto Tren Maya advirtieron que el Poder Judicial no está defendiendo sus legítimos derechos.
En rueda de prensa virtual, también señalaron que en los casos en que se admiten denuncias los jueces no emiten órdenes de suspensión de las obras, lo que da carta abierta a los planes de Fonatur de seguir avanzando en la obra.
Con el tema “Violaciones del tren maya y la responsabilidad del Poder Judicial”, en la conferencia participaron Valiana Aguilar y Noemí Martínez, de Múuch Xiimbal.
También Guadalupe Cáceres, de Colectivo Tres Barrios de Campeche; David Lovatón, de Fundación para el Debido Proceso, y Jorge Fernández Mendiburu, de Indignación, A.C.
Estado de indefensión
Noemí Martínez enfatizó que el Poder Judicial actúa de manera insensible e indignante al colocar a las comunidades en un estado de indefensión.
En el mejor de los casos, afirmó, se simula la aceptación de las denuncias, pero no se emiten órdenes para detener los trabajos.
Agregó que Fonatur compró a ONU-Habitat con 55 millones de pesos para despojar a las comunidades de sus tierras y se les releguen sus derechos humanos.
Por su parte, Valiana Aguilar dijo que las comunidades mayas, en su lucha por la defensa de sus tierras, sufren el ataque frontal del gobierno al pretender imponerles una serie de cambios en su estilo de vida que difieren de sus tradiciones y costumbres.
Irreversible daño al medio ambiente
Lo que resulta más grave, agregó, es el irreversible daño que causará el proyecto al entorno ambiental, los recursos naturales y la tranquilidad de las comunidades afectadas.
A su vez, el abogado David Lovatón advirtió la violencia estructurada que el Estado ejerce contra las comunidades mayas al forzarlas a asumir una postura sumisa en la cual no pueden tomar decisiones sobre lo que en derecho les corresponde.
Guadalupe Cáceres cuestionó la actuación de las autoridades judiciales con respecto al proyecto del Tren Maya y la afectación de los derechos de los habitantes de las tierras donde pasarán las vías.
“Somos seres humanos, personas. Algunos llegamos a estas tierras desde hace varias generaciones, antes de la llegada del ferrocarril, no nos pueden tratar como papeles, amparos y documentos”.
Despojo de su patrimonio
“Somos personas que fincaron un patrimonio, hicimos nuestra vida, construimos sueños y esperamos legar todo esto a nuestros sucesores”.
“No es justo que se nos pretenda despojar de lo que en justicia nos pertenece y ni siquiera nos pueden ofrecer alternativas reales para nuestra situación”, subrayó.
En el caso de la ciudad de Campeche, tres colonias resultan afectadas directamente: Santa Lucía, Ermita y Camino real, 293 casas y 3,000 involucradas, precisó.
“Podrían de la noche a la mañana perder su patrimonio y ser reubicados en lugares distantes, sin servicios, con pies de casa e imposibilitados de desarrollar las actividades productivas que hasta ahora consolidaron”.
Opacidad en el Poder Judicial
Por último, Fernández Mendibúru advirtió sobre la opacidad con que se maneja el Poder Judicial en torno a los derechos de las comunidades mayas sobre este tema.
Indicó que toda queja o denuncia es rechazada por “falta de interés legítimo” y hasta los formatos de rechazo parecen idénticos y sistemáticos.
Las excepciones, cuando los jueces otorgan algún tipo de amparo, sufren el acoso y la presión de la autoridad federal, aseguró.
“Los imposibilitan para otorgar órdenes de suspensión de la obra mientras se resuelve la legitimidad del derecho de quienes se sienten afectados”.
Los participantes externaron su convicción de seguir trabajando en la defensa de los derechos de las comunidades mayas y que prevalezca la voluntad de los legítimos dueños de la tierra.
De 2011 a 2016 se registraron 200 denuncias por trata de personas con fines de explotación sexual en Tlaxcala. “Durante el mismo periodo solo se han registrado 13 sentencias condenatorias”, señaló Alma Carina Cuevas, durante la conferencia semanal de Nosotras Tenemos Otros Datos.
Tlaxcala ha sido identificada por académicas, investigadoras y defensoras de derechos humanos, como la entidad federativa con mayor presencia de trata de personas con fines de explotación sexual. En Tlaxcala existen grupos poderosos de trata de personas. Es un lugar de captación, tráfico y explotación de personas con fines sexuales.
De acuerdo con la Investigadora de Tlaxcala, Alma Carina Cuevas, en esta entidad el fenómeno de la trata con fines de explotación sexual ha incrementado. Además, señaló durante la conferencia “Feminicidios, trata y crimen organizado” que la impunidad promueve la permanencia y el aumento de este delito.
La investigadora sostuvo que de 2011 a 2016 se registraron 200 denuncias por trata con fines de explotación sexual, y durante el mismo periodo, solo se han registrado 13 sentencias condenatorias. “Un porcentaje muy alto queda en impunidad”, afirmó.
La cultura machista institucional sostiene al sistema proxeneta
La ponente hizo énfasis en que la cultura machista institucional sostiene a un sistema proxeneta a través de acciones y, sobre todo, omisiones.
También señaló que existe una complicidad entre las autoridades y los tratantes. Esto se observa en el amplio otorgamiento de permisos para lugares como table dance, los cuales son espacios de prostitución disfrazados de bares. Incluso, se dan permisos excesivos para construir hoteles sin una justificación clara.
Sistema proxeneta
El sistema proxeneta es una categoría de análisis del antropólogo Oscar Montiel, quien a través de sus investigaciones logró identificar diversos elementos de la trata en Tlaxcala. El autor identificó que las prácticas de explotación sexual están adaptadas a sistemas de reciprocidad, parentesco y compadrazgo. Esto posibilita la reproducción social de los proxenetas rurales.
El Modus Operandi
De acuerdo con una investigación realizada por el Centro Frey Julián Garcés, y retomada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), existen dos modus operandi de los delincuentes para reclutar mujeres: el primero se trata del enamoramiento. Los varones enamoran y engañan a las mujeres, las convencen de casarse e ir a vivir con ellos y después las obligan a prostituirse. En el segundo, los hombres van a lugares más alejados, como zonas rurales, donde se hacen amigos de otros hombres; los emborrachan y compran a sus hijas o familiares mujeres por 15 mil o 20 mil pesos.
Una encuesta realizada a sexoservidoras por la Asociación para el Desarrollo Integral A.C., confirmó la existencia de redes de trata, principalmente en Tlaxcala y Puebla. El 54% de las mujeres entrevistadas dijo haber iniciado en la prostitución entre los 15 y 21 años de edad, mediante engaños o amenazas de sus parejas. El 32% de las entrevistadas dijo ser originaria de Tlaxcala y Puebla.
El padrote
De acuerdo con el texto Trata de mujeres en Tlaxcala del Inmujeres, la trata de personas en lugares como Tlaxcala requiere una serie de condicionamientos que hacen posible la figura del “padrote”, lo que requiere elementos de la cultura patriarcal, donde se encuentran también sus familias, los dueños de bares y hoteles, así como las autoridades que lo permiten.
Se trata de una compleja red de complicidades entre los hombres de la región, con la que utilizan la trata de personas con fines de explotación sexual como un negocio que se transmite entre las familias.
Huajuapan de León, Oax.- Con pancartas, cajas simulando ataúdes y vestidas de negro, integrantes de Marea Verde Mixteca se manifestaron en la Vicefiscalía Regional para demandar justicia para Joselyn Alejandra Vargas Ortiz, quien desapareciera el 28 de agosto de 2018.
En un manifiesto, recordaron que Joselyn era estudiante de Psicología, y desapareció en la colonia Tepeyac de esta ciudad, entre las 21:00 y las 21:30 horas.
Tras dos años, Víctor Daniel T. S., fue aprehendido por personal de la Vicefiscalía, por su presunta responsabilidad en la desaparición, quedando en prisión preventiva oficiosa, por lo que, a través de su abogado, solicitó una ampliación de término constitucional que se programó para ayer.
“Hasta ahora se desconoce si dicha audiencia se va a llevar a cabo, hay que recordar la poca eficacia de las autoridades ante el caso, ya que el 27 de noviembre de 2019 se informó que, en la zona conocida como Las Campanas, se halló ropa que presuntamente era de la joven, pero nunca se esclareció si era o no de Joselyn, dándole falsas esperanzas a la familia y jugando con el dolor de ellos”, externaron.
Debido a la desactivación de búsqueda de Joselyn, que se hizo pública por parte de la Fiscalía del Estado de Puebla, se puede deducir que hay avances, sin embargo, no se sabe más.
“Lo que sí es claro, es que el caso de Joselyn estuvo plagado de lentitud, ya que después de dos años, de presiones y un largo proceso legal, se ha detenido al presunto culpable”, continuaron.
Aclararon que la detención de la persona no garantiza que haya justicia para Joselyn, ni el esclarecimiento de lo ocurrido, “pero deja en evidencia la falta de importancia y la insensibilidad de las autoridades frente a este y muchos otros casos de feminicidios en el estado”.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), informó la aprehensión de un masculino señalado como probable responsable del delito de desaparición por particulares en agravio de la joven universitaria Joselyn Alejandra V. O., cometido en agosto de 2018.
“El probable responsable identificado como Víctor Daniel T. S., fue aprehendido por Agentes Estatales de Investigación en el estado de Puebla el pasado 23 de septiembre y presentado de forma inmediata ante la autoridad judicial que lo requirió, en cumplimiento a la orden de aprehensión correspondiente”, informó la instancia.
Ayer, luego de que se llevara a cabo la audiencia inicial, el juzgado determinaría si vincula o no a proceso a Víctor Daniel T. S., dependiendo de los elementos de prueba que presente la Fiscalía.
Pie de foto: Joselyn: Protestaron en la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca.
El acto fue convocado por diversas colectivas feministas en el estado, entre ellas el Aquelarre Radical GDL, Mis Amigas Me Cuidan y Mis Amigas Me Acompañan; con un pliego petitorio que será entregado a las y los diputados del Congreso del Estado de Jalisco, exigieron la despenalización del aborto hasta las 12 semanas para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo; la modificación de los artículos 227, 228 y 229 del Código Penal del Estado que criminalizan y sancionan a las mujeres que deciden abortar; la adición de la excluyente de responsabilidad “por causas económicas”; y la expedición de una Ley de Amnistía para las mujeres que han sido sentenciadas y criminalizadas por ejercer su derecho al aborto.
Además, según señalaron desde este 28 de septiembre de 2020, la antes conocida “Plaza Liberación”, será conocida como “Plaza Liberación de las Mujeres”.
Sin embargo, pese a que las mujeres y colectivas en Jalisco han repetido una y otra vez en consignas que “la Policía no les cuida, les cuidan sus amigas”, manifestándose así en contra de la presencia de elementos de seguridad dentro de sus movilizaciones y contingentes, una vez más y frente a la oleada nacional de represión policial a la protesta feminista, más de 300 agentes de seguridad municipal, del estado, de la División Especializada en la Atención a la Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género (DEAVIM) y antimotines, cercaron y flanquearon el paso de la marea verde en las calles de Guadalajara, Jalisco, este 28 de septiembre.
Dalia Souza / Zona Docs
La movilización por el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguroen la capital del estado estaba programa para arrancar en punto de las 5:00 p.m. del Monumento a La Madre rumbo al Congreso del Estado de Jalisco en el centro histórico, sin embargo, desde antes de las 4:00 p.m. los edificios del Poder Legislativo y Palacio de Gobierno ya se encontraban resguardados por policías estatales y vallas metálicas.
Sin que esto les detuviera, a lo largo de su recorrido, más de 700 mujeres jóvenes, niñas y madres, visibilizaron aquello que el Gobierno de Jalisco ha pretendido negarles: el derecho a la libre determinación sobre sus cuerpos y a abortar de manera legal y segura, sin temor a morir en el intento o a ser encarceladas; pues como advirtieron, esta decisión es también un acto de justicia social para todas.
Al grito de “Fuimos Todas” con calcamonías, grafitis, pintas, pancartas y carteles llenaron las calles de la zona centro de Guadalajara con mensajes, información y vías de contacto para llevar a cabo abortos seguros, autónomos y desde casa: “Misoprostol, cuatro pastillas sublinguales cada 4 horas, repite hasta completar 12 pastillas; aborta segura, infórmate no estás sola” podía leerse en las lonas que colocaron en uno de los puentes peatonales frente al popular Mercado San Juan de Dios.
En el centro histórico ya las esperaban también los grupos antiderechos, quienes, formando una valla humana, rodearon la Catedral de Guadalajara con rosarios, sogas y rezos; buscaban proteger de los grafitis la estructura de piedra que “resguarda su Dios”, pero que persigue, señala, castiga y criminaliza a las mujeres que han rechazado el dogma del hombre y que han decidido sobre la “única vida que importa”: la vida de las mujeres, señalaron.
Frente a la resistencia de los grupos antiderechos, quienes en múltiples ocasiones rodearon el edifico emblema del catolicismo en el estado, fue desplegado un grupo de mujeres antimotines que se encargaron de replegar a las manifestantes que se encontraban en las inmediaciones del lugar. Lenchanteé Corona, nombre Drag que representa la lucha política de una de las integrantes de la Batukada Feminista Guadalajara se pronunció al respecto asegurando que este acto por demás violentó evidenció cómo es que el miedo cambió de bando y a quiénes en realidad está resguardando el Estado:
“Ya nos venían siguiendo, como queriendo reprimir en las pintas, pero ya cuando llegamos a catedral que sabíamos que iban a estar los grupos provida fue muy notorio a quienes estaban defendiendo. Nosotras les decíamos: tú estás aquí para cuidarme, no para cuidar una iglesia, ojalá nos cuidaran como cuidan su catedral. Sacar a estar personas antimotines a pesar de que fueran mujeres es un acto super violento, nosotras tratamos de calmarnos, les hicimos frente, cerca, pero con eso nos quedó más que claro que con tantas policías, tanto antimotí, defendiendo a 30 personas y una iglesia está clarito que el miedo ya se cambió de bando”, expresó.
Ya frente a las puertas del Congreso del Estado de Jalisco ubicadas sobre la calle Hidalgo a un costado de Plaza Liberación, pronunciaron algunas plegarias a la Santa Abortera: “Que el aborto no sea la hora de nuestra muerte y que voluntario sea el fruto de nuestro vientre”, repitieron junto al repicar de una campana.
Además, señalando que la legislación del Estado de Jalisco se encuentra muy distante a los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos de las mujeres y, advirtiendo que en el estado se tiene una constitución que no observa, ni establece un ejercicio de proporcionalidad que garantice y respete los mismos, presentaron un pliego petitorio que será entregado a las y los diputados de la LVXII Legislatura, firmado por las colectivas organizadoras del evento y por decenas de mujeres a título personal.
En éste exigieron la despenalización del aborto hasta las 12 semanas para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo; la modificación de los artículos 227, 228 y 229 del Código Penal del Estado que criminalizan y sancionan a las mujeres que deciden abortar; la adición de la excluyente de responsabilidad “por causas económicas”; y la expedición de una Ley de Amnistía para las mujeres que han sido sentenciadas y criminalizadas por ejercer su derecho al aborto.
Para finalizar, las colectivas presentes decidieron que, desde este 28 de septiembre, la conocida Plaza Liberación frente al Teatro Degollado en el centro histórico de Guadalajara, será nombrada “Plaza Liberación de las Mujeres”.
Finalmente, se denunció que durante el evento una de las integrantes de la colectiva feminista Me Cuidan Mis Amigas fue agredida por un fotógrafo, quien con el lente de su cámara golpeó la cara de la joven, luego de que ésta le señalara que no podía grabar y fotografiar a las mujeres que se manifestaban frente a los grupos antiderechos. Habrá que señalar que, el llamado de las organizaciones de mujeres fue a realizar una movilización separatista, donde se solicitó a los diversos medios de comunicación que enviaran reporteras y fotógrafas a realizar la cobertura del acto.
Tiene 25 pacientes hospitalizados y tres en espera de ser referidos de otros nosocomios. Foto: Mario Jiménez Leyva.
Para el Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE en la Ciudad de Oaxaca la COVID-19 sigue siendo una amenaza. Su director, Jesús Gonzalo López Cruz, reportó que se experimenta una saturación, casi similar a la de mayo.
Si bien el nosocomio tiene una capacidad para 32 camas COVID, seis de éstas son para pacientes pediátricos, dos para embarazadas y sólo se dispone de 24 para adultos, cuando la mañana de este martes ya tienen 25 “y tres derechohabientes más en espera de ser referidos, uno del Hospital de Especialidades y otro de Ixcotel”.
La gravedad de la situación llevó a López Cruz a enviar este lunes un oficio al responsable de la representación del ISSSTE en Oaxaca, Eduardo Arredondo Carrasco, para advertir que no se está en condiciones para recibir pacientes de clínicas foráneas ni más pacientes con patología respiratoria (COVID-19) por falta de recurso humanos y espacio físico.
En entrevista, el director del Hospital Presidente Juárez, equiparó el incremento de la ocupación hospitalaria a la que se vivió en mayo, cuando llegaron a tener hasta 34 atender hasta 34 pacientes de COVID-19, la diferencia es que ahora tienen traslados pendientes.
Consideró que el cambio a semáforo amarillo que aplica a partir de este lunes 28 en Oaxaca representó una “liberación” de la advertencia del alto riesgo de contagio, pero trajo un efecto adverso entre la población “condiciona que la gente retorne a la actividad aparentemente normal”, sin que las personas “nos cuidemos o extrememos las medidas de prevención”.
A pesar de que la pandemia sigue activa “vemos mucha gente sin cubreboca, sin lavarse las manos ni guardar la sana distancia”, que son las medidas básicas para evitar contagiarse del virus SARS-CoV-2 que hasta la noche de este lunes ha provocado mil 431 decesos y 16 mil 669 contagios confirmados en Oaxaca.
Javier Hernández Alpízar / Centro de Medios Libres
Las muñecas de trapo multicolor que elaboran las artesanas otomíes han sido aceptadas como ícono del multiculturalismo en la Ciudad de México. Sin embargo, pocos saben que algunas de estas artesanas, con sus hijas, hijos, bebés, sus jóvenes, sus familias y su comunidad viven en la calle, en campamentos bajo tiendas de plástico y lonas.
Recientemente hemos visto a los otomíes salir a manifestarse contra las agresiones paramilitares en Chiapas y contra los megaproyectos como el tren maya, impuestos en territorios indígenas del sureste.
En las marchas de los días 26 de cada mes para pedir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos, caminan los otomíes, especialmente las niñas y mujeres con sus tradicionales blusas brillosas rojas, moradas o verdes portando una bandera negra con una estrella roja.
Sus campamentos en las colonias Juárez y Roma persisten en resistencia a las inmobiliarias que quieren desplazarlos y a funcionarios de gobiernos que pasan y dejan a su sucesor el pendiente de los trámites para declarar predios de utilidad pública los de Zacatecas 74, Guanajuato 200 y Roma 18, para expropiarlos y concretar proyectos de vivienda para los otomíes.
El largo proceso para expropiar sus predios y construir viviendas ha sido obstaculizado por no existir políticas de gobierno dirigidas a ese sector y porque sus predios son codiciados por inmobiliarias como Eduardo S.A. de C.V., la cual se ostenta como dueña de Roma 18 y se quiere beneficiar del desalojo violento del 19 de septiembre de 2018, realizado por cientos de granaderos y por cargadores de civil que golpearon a hombres, mujeres y niños.
Tanto el campamento de la calle Roma, el más precario después del desalojo, como los de Guanajuato y Zacatecas, son refugio de familias que viven hacinadas, compartiendo un par de baños para todas las familias, con escasez de agua o de plano sin ella, los que están en la calle.
El más consolidado, en Zacatecas 74, tiene cuartitos de cuatro por cuatro para una, dos o tres familias cada uno. El más precario, el de Roma, frente al Museo del Chocolate, no tiene agua más que la que puedan acarrear de una llave en un parque o los garrafones que las organizaciones solidarias les han llevado en el contexto de la pandemia.
De los gobiernos, además de represión en el desalojo, han recibido indiferencia, promesas incumplidas y desprecios. Así lo expresa su concejal ante el Concejo Indígena de Gobierno, Filiberto Margarito: “a ellos no les importa si uno se muere de hambre o si uno tiene para comer o si no se baña bien o si uno se baña. Mientras ellos tengan todo para ellos y nosotros nada, es mucho mejor para ellos.”
Cuando los otomíes que hoy se organizan en el Congreso Nacional Indígena (CNI) emigraron de su natal Santiago Mexquititlán, Querétaro, a la Ciudad de México llegaron por familias.
No tenían un lugar donde dormir y se quedaban en donde los encontrara la noche. A la salida del metro, en un mercado o en una terminal, pernoctaban en improvisados campamentos.
Eran constantemente víctimas de abusos, incluso llegaron a robarles niños, nos dijo en entrevista Diego García de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata- Benito Juárez (UPREZ-BJ).
Su primera defensa fue reunirse y pasar la noche juntos para defenderse. Así comenzaron a platicar y tomaron la iniciativa de acercarse a una organización, la UPREZ.
En esa época, los años noventa, ya Diego García participaba en las convocatorias civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tal vez eso propició que decidiera acompañar a los otomíes en su proceso de organizarse y luchar por su derecho a una vivienda adecuada.
Años después, diferentes organizaciones del movimiento urbano popular e incluso organizaciones no gubernamentales se tuvieron que definir en torno a participar o no con el gobierno del PRD en el Distrito Federal. Los otomíes que aceptaron la asesoría de Diego García se separaron de la UPREZ y se pusieron un apellido UPREZ-Benito Juárez.
Las condiciones económicas de los otomíes los hacen insolventes para los mecanismos de crédito de los programas de Estado para vivienda social. Muchos no tienen documentos como la credencial de elector. Sus ingresos por oficios manuales y artesanales y la venta de dulces o juguetes en las calles no equivalen al salario necesario. Ni en México ni en otros países hay programas de vivienda para personas con tan bajos ingresos.
No tenían alternativa, afirma Diego García, decidieron invadir predios desocupados porque los inmuebles estaban dañados desde el sismo de 1985: Zacatecas 74, Guanajuato 200, Roma 18. Este último, frente el Museo del Chocolate, en la colonia Juárez, había sido sede de la Embajada de la España republicana en el exilio durante la dictadura franquista.
Después ocupar los predios ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc, ya organizados como UPREZ-BJ, los otomíes emprendieron el lento proceso de regularizar su posesión ante las autoridades de la ciudad, especialmente el Instituto de Vivienda. En una ruta llena de trámites, costos y dilaciones, el objetivo es lograr que la autoridad reconozca que los predios son de utilidad pública, aptos para expropiarse y adjudicarse para un proyecto colectivo de vivienda social. Lo dicen siempre en sus movilizaciones “vivienda comprada, no regalada”. El recorrido es como en el juego serpientes y escaleras: si un documento es alcanzado, tiene fecha de caducidad para dar el paso siguiente, en caso de no lograrlo, regresas al trámite anterior.
La lucha por una vivienda es el núcleo de su lucha por el derecho a permanecer en la ciudad, en colonias, la Roma y la Juárez, aunque algunos vecinos, autoridades y desarrolladores inmobiliarios piensan que viviendas en esas colonias no son para ellos o quizás que ellos no son aptos para esas céntricas ubicaciones. Así se desarrolla una lucha por el territorio que involucra su derecho a organizarse, a tratar de lograr su autonomía y hacer valer una serie de derechos como los laborales, derecho a la educación, a no ser discriminados y, como es patente ante la pandemia, su derecho a la salud y a la vida.
Que la suya es una lucha por el territorio, lo reconocen de hecho los otomíes al participar en el Congreso Nacional Indígena. Asistieron al Foro en Defensa del Territorio y la Madre Tierra en diciembre de 2019, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Como parte del CNI, tienen dos concejales integrantes del Concejo Indígena de Gobierno (CIG): Marisela Mejía y Filiberto Margarito. Participaron en la campaña de María de Jesús Patricio Martínez para obtener su registro como candidata a la presidencia en 2018. El objetivo de ver a Marichuy en la boleta no lo lograron, pero como parte de esa campaña los otomíes se organizaron con otros colectivos e individuos en la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el Concejo Indígena de Gobierno. Marichuy visitó su campamento de Roma 18 en septiembre de 2018 y, junto con algunos de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, la vocera del CIG expresó su apoyo a la comunidad ñañu y su derecho a permanecer en sus territorios en la ciudad de México.
La lucha de los otomíes no ha consistido solamente en mítines, marchas o en su participación en el CNI. También se han visto obligados a defender sus predios de un desalojo, el 19 de septiembre de 2018, en Roma 18, realizado por aproximadamente 200 granaderos, cargadores y golpeadores de civil. Desahucio que promovieron representantes de la inmobiliaria Eduardo S.A. de C.V. La violencia del desalojo desencadenó un enfrentamiento en el que los otomíes defendieron el predio, que tenían en posesión por ya dos décadas. Los otomíes fueron sacados del predio, pero no abandonaron el lugar. Permanecen en campamento en la calle de Roma. Ahí pasan la pandemia, bajos carpas y lonas.
Los otomíes reconocen que les ha permitido sobrevivir en la cuarentena, además de la autoorganización, la solidaridad material y política de organizaciones y colectivos que les llevan despensa, como reconoce Telésforo Francisco: “Gracias a todos los compañeros que nos han apoyado con los víveres, estamos organizados con el CNI de la comunidad otomí, no queremos que nos discriminen. De mi parte es lo que queremos, que nos apoyen y es esta información para la gente que nos quiera apoyar, para que los niños no se enfermen con la enfermedad que está ahorita, los queremos buenos y sanos porque realmente nos interesan más los niños.”
En Guanajuato 200, han establecido un centro de venta y trueque de sus muñecas artesanales Ar Lele y de café y miel. Es un trabajo para alimentar la resistencia y la defensa del territorio.
La jornada de este 28S inició con la acusación de la jefa de gobierno de que una empresa mantenía la toma de la sede de la CNDH, luego, durante la marcha se dio la contención de las manifestantes que avanzaban hacia el Zócalo.
Habían pasado solo 10 minutos y 700 metros del camino que pretendía seguir una de las marchas por el aborto legal y seguro en la Ciudad de México, cuando la policía la rodeó, montó un encapsulamiento que duró cuatro horas, y dio comienzo a un operativo de represión que provocó la respuesta violenta de las manifestantes.
El fuerte operativo policial ocurrió minutos después de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descalificara la marcha de este lunes y hablara de un presunto vínculo entre un empresario ligado a la gestión de Enrique Peña Nieto y el movimiento feminista.
Las policías vaciaron decenas de extintores para frenar las agresiones, pero también cualquier intento de acercamiento o avance, aún cuando no hubiera fuego por apagar.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se movilizaron mil 700 policías mujeres del Grupo Atenea, equipadas con 165 extintores.
También según cifras oficiales, hubo 600 manifestantes, es decir, casi tres agentes por participante.
Cierran el paso con extintores
A las 2 de la tarde fue la cita en el Monumento a la Revolución, donde llegaron a congregarse unas 300 chicas con pañuelos verdes, la mayoría vestidas de negro y con la cara tapada, que se identifican como Bloque Negro. A las 2:40 empezaron a caminar, causando destrozos a su paso, ante los que policías formaron vallas para proteger edificios o mobiliario. Al llegar al Caballito, ya habían sido agredidas dos agentes con golpes y patadas.
Entonces las uniformadas se colocaron antes del cruce con Balderas para cerrar el paso de Avenida Juárez. En filas, montaron sus escudos para no dejar ningún hueco, mientras otros cientos de elementos cubrían ambos lados de la calle, y otro grupo cerraba también el paso por detrás, en la calle de Humboldt. Dentro de ese ‘encapsulamiento’ quedaron manifestantes, encapuchadas, periodistas y observadoras de Derechos Humanos que formaron escuetas vallas de paz.
Las manifestantes llevaban palos y martillos, tiraron algunos petardos y alrededor de cinco bombas molotov que provocaron quemaduras a algunas de las policías. Según el gobierno capitalino, hubo 43 agentes heridas. Las policías empezaron a responder entonces activando los extintores, que además de apagar el fuego, causan irritación en los ojos y garganta. Aunque solo se reportaron 13 ciudadanas lastimadas y atendidas ahí mismo.
Fue tal la cantidad de extintores activados, que a pesar de ser un espacio abierto y que no estaba saturado por manifestantes, hubo momentos en que la mitad del área se veía completamente blanca, era imposible respirar o siquiera abrir los ojos, y eso afectó a las propias policías. En un momento, las chicas corrieron hacia un extremo y quienes traían agua auxiliaban a las que habían sido afectadas con el gas; mientras que en el otro extremo, sin poder romper filas, decenas de policías tosían sin parar y trataban de hacer pasar el efecto bebiendo o mojándose la cara con botellas de agua que les proporcionaban los elementos que venían de apoyo detrás de ellas.
El encapsulamiento en ese punto duró dos horas con veinte minutos, hasta las 5:10, por lo que en ese tiempo las manifestantes pasaron de las agresiones a solo gritar consignas o pintarlas en el suelo, después interpretaron la “Canción Sin Miedo” de Vivir Quintana, que se ha vuelto una especie de himno feminista, volvían las agresiones o tan solo gritos contra las policías. Hubo un momento en que formaron una línea que a lo largo de varios minutos se iba acercando poco a poco a la línea de escudos, y cuando estaban ya a unos dos metros, sin que mediara ninguna agresión ni fuego, las agentes volvieron a disparar varios extintores para obligar a las chicas a retroceder.
A lo largo de la jornada fue posible ver que no solo había Ateneas, sino también agentes de Tránsito, otras con escudos de la Policía Bancaria e Industrial, y efectivos hombres, de los que la Secretaría negó su presencia hasta que Animal Político mostró fotos, y entonces reconoció que había 50, pero detrás de las vallas metálicas que protegían Bellas Artes y los accesos a las calles que conducen al Zócalo.
Llegan a marcha entre descalificaciones al movimiento feminista
Al llegar a la protesta, el ambiente ya estaba crispado entre las feministas por las descalificaciones que el gobierno, tanto local como federal, ha hecho de los recientes movimientos de mujeres.
Apenas unas horas antes, en la conferencia mensual en la que la Secretaría de Gobernación (Segob) informa de las acciones para combatir la violencia de género, una funcionaria federal acusó que hay grupos feministas cobrando a las víctimas por ayudarlas a tener una atención que es gratuita.
Más temprano, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó a la empresa GINGroup, señalada como “facturera”,de estar financiando a quienes tomaron la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), porque en una de sus audiencias públicas alguien le contó que una empleada de esa empresa fue a donar víveres a la toma.
Apenas el viernes, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener información de que hay gente infiltrada en contra de su gobierno que está utilizando el feminismo para atacarlo.
Y durante el fin de semana ya había sido encapsulada otra manifestación, organizada por el Bloque Negro, que pretendía ir de la CNDH al Congreso. Esto como acción previa al Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que se realiza cada año en 28 de septiembre en ciudades de todo el mundo.
Al final de la jornada de este lunes, hubo una nueva descalificación por parte del gobierno capitalino, que envió un comunicado que iniciaba anunciando que fueron 32 mujeres encapuchadas quienes “boicotearon” la marcha con actos violentos, por lo cual se aplicó el protocolo de actuación policial durante manifestaciones, por el que se encapsuló a todas las manifestantes.
Otras dos horas encapsuladas hasta la Antimonumenta
Después de las más de dos horas sin avanzar en Avenida Juárez y Balderas, en las que algunas chicas se quejaban de que eso era un secuestro e iba en contra del libre tránsito y el derecho a la protesta, llegaron elementos de la Brigada Marabunta, una organización civil que evita confrontaciones en marchas de este tipo.
Esta Brigada sí formó una valla de paz entre manifestantes y policía, y entonces se acordó que se permitiría al contingente avanzar hasta la Antimonumenta por los feminicidios instalada frente al Palacio de Bellas Artes. Ahí esperaba la otra mitad del total de manifestantes que se congregaron para pedir aborto legal y seguro para las mujeres en todo el país, ya que hasta ahora, solo está despenalizado sin restricciones en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca.
Pero esos 500 metros más que avanzó la marcha, los avanzó totalmente encapsulada. Fueron más de 45 minutos los que se tardó en llegar, ya que primero, las policías del frente caminaban de espaldas –lo que provocó que más de una tropezara y cayera–, luego avanzaban las de los lados al paso de las manifestantes, y las del fondo seguían cerrando la retaguardia, de modo que nadie podía salir.
Entre las 6 y las 7 de la tarde, continuó la violencia intermitente, ya que la policía seguía rodeando por un lado al contingente que venía del Monumento a la Revolución y por otro a quienes estaban en un templete instalado en Eje Central, entre quienes había integrantes de la Coordinación 8 de Marzo, del colectivo Pan y Rosas, organizaciones como Asamblea de Barrios y sindicatos como el de Luz y Fuerza, además de otras manifestantes independientes.
Aunque el Palacio de Bellas Artes estaba protegido por vallas metálicas, se apostó frente a ellas una línea de policías, por lo que algunas manifestantes lanzaban botellas, latas de spray vacías, pintura, pedazos de cristales rotos y gritos en su contra. En algunos momentos, de detrás de los escudos eran devueltas las botellas y latas a las manifestantes, por lo que nuevamente hubo intercambios de golpes, y otra vez las policías activaban los extintores uno tras otro, incluso cuando las chicas ya se habían replegado y eran los integrantes de Brigada Marabunta quienes recibían todo el polvo irritante, y ya sin fuego que apagar, a pesar de que las autoridades aseguraron en sus comunicados que solo se utilizan para ese fin.
Finalmente, pasadas las 7 de la tarde y sin mayor explicación, se hicieron a un lado las policías, solo a tapar las calles que llevan al Zócalo, donde está instalado el campamento del Frente Nacional AntiAMLO (FRENA), y acompañando la marcha por las orillas, como en otras manifestaciones.
Entonces las mujeres pudieron marchar coreando consignas feministas, bailando batucada y con pancartas que piden la no criminalización del aborto.
“Las ricas abortan, las pobres mueren”, decía una manta. “El aborto clandestino asesina la libertad”, “Si aborta, la culpa; si eyacula, la disculpa”, “Embarazo no deseado, aborto acompañado” y “Nuestras abuelas nos dieron el voto, nuestras madres el divorcio y nosotras daremos el derecho a decidir”, eran otras.
Con las horas que habían pasado, las mujeres caminaron lo más deprisa que pudieron por Eje Central hasta el metro Garibaldi, en donde doblaron por Reforma hasta llegar a Metro Hidalgo, donde personal les indicó que la estación estaba abierta. Tras comentar un momento, con la noche ya sobre sus cabezas y el contingente mermado, la manifestación se dispersó ya sin ningún incidente, mientras cientos de policías que superaban por mucho la cantidad de mujeres para ese momento siguieron todo el movimiento, hasta que ya no quedó nadie.
Este lunes, en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, se concentraron feministas en la fuente de las 8 Regiones, en la colonia Reforma de la capital oaxaqueña, para salir en una marcha, esto con el objetivo de demandar al Congreso local modificar el artículo 12 constitucional y reformas a la Ley de Salud, para garantizar el acceso seguro y gratuito al aborto.
Poco después de las cinco de la tarde, el colectivo partió con destino a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), pasando por la Calzada Porfirio Díaz donde hicieron pintas y rompieron vidrios de algunos comercios.
Al arribar al edificio de la SMO ubicado sobre la calle Heroica Escuela Naval Militar, las participantes de la marcha rompieron los vidrios y quemaron documentos y equipos de cómputo; esta misma acción la realizaron en las oficinas de Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y en el Instituto Catastral del Estado De Oaxaca y Secretaría de Salud.
Cabe destacar que el pasado 25 de septiembre de 2019 se aprobó la interrupción legal del embarazo hasta antes de la semana 12 de gestación mediante la reforma al Código Penal; no obstante, el colectivo feminista señaló que aún quedan pendientes por atender.
Protesta de mujeres en Oaxaca. Foto: Twitter @ManoVuelta_AC.
OAXACA, Oax. (apro).- A un año de la despenalización del aborto en Oaxaca, el colectivo feministas Marea Verde realizó una marcha en esta ciudad para exigir “que nuestro derecho a decidir sea respetado”.
Con el lema “Por el camino andado y por el que falta recorrer”, las feministas convocaron a las mujeres autónomas organizadas a participar en la movilización, que partió de la fuente de las Ocho Regiones y que a su paso hizo destrozos en negocios de Plaza Parque.
También dañaron cajeros de instituciones bancarias y oficinas gubernamentales, como la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, donde quemaron mobiliario y dejaron el mensaje: “Ana culera”.
Nota relacionada: Mujeres exigen despenalizar el aborto en Puebla
A su paso por la calzada Porfirio Díaz causaron daños a vehículos y negocios, así como al edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social y a instalaciones de los Servicios de Salud. Ahí pintaron frases como: “Aborto legal”, “Oaxaca feminista” y “Autodefensa”.
Otras de las leyendas que dejaron durante la marcha fueron: “Por la soberanía de nuestras cuerpas hoy tomamos las calles”.
Nota relacionada: Manifestación pro aborto deja lesionadas a 13 civiles y 43 policías.
El plan de las autoridades para que el Tren Maya cruce Campeche es reubicar a familias que habitan muy cerca de las vías de lo que había sido la ruta Chiapas Mayab. Una parte de los habitantes dicen que las vías son las que deben irse, porque llegaron a invadirlos hace décadas.
En los barrios de Camino Real, La Ermita y Santa Lucía en Campeche, decenas de familias han vivido durante décadas junto a las vías del tren. Pero ellos llegaron primero, algunos tienen títulos de propiedad de finales de 1800.
Ahora están en riesgo de tener que dejar las viviendas donde nacieron y crecieron, no solo ellos también sus padres y sus abuelos.
El Tren Maya, a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), va a pasar por la zona y las casas estorban. El tramo de la mega obra que pasará por esa zona es el 2, que ya se licitó y ganó el consorcio integrado por Operadora CICSA S.A. de C.V. de Grupo Carso, de Carlos Slim, en convenio de asociación con FCC Construcción S.A.
En esos tres barrios están acostumbrados a vivir a pie de la vía ferroviaria Chiapas-Mayab: hay casas que están a tres o cuatro metros del tendido férreo, que empezó a construirse en 1935.
Las familias han crecido junto con esas máquinas que pasan a unos 40 kilómetros por hora y que han provocado accidentes que van desde los descarrilamientos hasta los atropellados.
“Somos cinco o cuatro generaciones las que hemos vivido aquí. En 1938, a instancias del general Lázaro Cárdenas, hicieron el tendido de vías y no nos dieron un centavo porque según fue un donativo”, dice Doña Guadalupe.
Joaquín Hidalgo Gutiérrez/Cortesía
Con el Tren Maya no habrá forma de convivir, la velocidad que alcanzará será de más de 100 kilómetros por hora y ya está estipulado que en 20 metros de un lado y 20 metros del otro de la vía no puede haber ni casas ni nada. Si el proyecto se hace aquí, las familias tendrían que irse y muchos no quieren.
Los vecinos inconformes tienen una demanda clara: las que deben irse son las vías del tren. Esa es la frase que repiten una y otra vez la decena de vecinos de los tres barrios con los que Animal Político sostuvo charlas telefónicas para entender por qué para ellos no es tan fácil sólo aceptar una casa y andarse para otro lado.
José Medina, hizo su taller mecánico al lado de su casa, en Camino Real. Ya tiene su clientela bien amarrada después de casi 50 años de vivir y trabajar en la zona. A sus 72 años, mudar su negocio a otro lado se le hace imposible. Ya no está en edad de volver a empezar en otro sitio, dice.
También Candelario Pérez tiene en su hogar, aunque él en el barrio vecino de Santa Lucía, su negocio de reparación de aparatos electrónicos. Su esposa, Luz del Carmen Gutiérrez, es jubilada y entretiene las horas del día cuidando los árboles de su patio. Ahí tiene limón, guanábana, caimito, zapote negro y chicozapote, además de muchas plantas.
Las casas, afirman, ya estaban aquí desde antes de 1899 cuando se otorgó la concesión para la construcción de la vía de ferrocarril que conecta la ciudad de Campeche con el resto de la Península de Yucatán. La Revolución detuvo los trabajos, que continuaron después de 1935.
“Nos han querido señalar de invasores. Dicen que las casas invadieron la zona de vías y es mentira. Yo tengo documentos que avalan la posesión de mi familia desde hace 128 años. Pero el gobierno federal pasó la vía por en medio de las propiedades. Según les pidió donar terreno, pero a los que no aceptaron, nomás les echaron las máquinas. Partieron en dos los solares, los patios”, afirma doña Guadalupe.
Juan Gómez, del barrio La Ermita, señala que lo anterior es tan cierto que la propiedad de su familia quedó partida por la vía. “La partieron a la mitad, ahora mi hermano tiene su casa de un lado de la vía y yo del otro”.
Los vecinos se quejan también de que como las autoridades manejaron todo como una donación de terreno de las familias, nunca les han pagado nada ni de derecho de vía ni de indemnización.
“Y ahora no les vamos a recibir ningún dinero. No queremos dinero. Queremos que se lleven las vías que vinieron a invadir las propiedades de nuestras familias. Aquí, en esta casa donde estoy, han vivido desde mis bisabuelos y no había vía, lo que pasaban eran carretas”, señala Aurora Concepción Campos, habitante del barrio Camino Real.
Los pobladores de los tres barrios, que incluso formaron un colectivo para defender sus casas, admiten que hay vecinos que ya aceptaron la reubicación. Pero atajan que son los que llevan menos tiempo viviendo en la zona, sin las raíces echadas que tienen quienes nacieron aquí y heredaron el terruño de sus antepasados.
José Arteo es pescador. Tiene su casa a cinco minutos del mar, en el barrio Camino Real, en la ciudad de San Francisco de Campeche. Carmen Castillo también vive en ese barrio. Se sostiene vendiendo desayunos a los pescadores. Todas las mañanas agarra su triciclo, acomoda la comida y pedalea a la playa. Tarda 10 minutos en llegar.
Además, aseguran, que no son tantos los que ya que aceptaron irse, no son el 80% como dicen las autoridades.
Hay otra cosa que la decena de habitantes repite, palabras más, palabras menos: “no nos oponemos al Tren Maya. Pero hay otros lugares por donde puede pasar la vía y no en medio de la ciudad. Ahora se podría corregir el error de exponer a la gente a vivir junto al tren”.
ONU-Hábitat y el censo
Fonatur dictaminó que la alternativa más viable para mantener en la capital campechana una estación del Tren Maya es la rehabilitación de la vía ferroviaria actualmente en uso, señala un comunicado fechado el 20 de junio.
La modernización de esta vía implica asegurar una distancia con las viviendas aledañas que permita realizar las obras y la operación del tren sin comprometer la seguridad de los habitantes durante y después de la construcción.
De acuerdo con los trazos finales de la trayectoria del tren elaborados por Fonatur, en el caso de San Francisco de Campeche, los predios (que se deberán mover) se ubican en el lado oriente de la vía, en las colonias Camino Real, Benito Juárez, Bellavista y Santa Lucía, donde se encuentra el cerro del Fuerte de San José el Alto, “sin que se requiera afectar las propiedades situadas del otro lado de la vía”, dice el comunicado.
Fonatur asegura en el comunicado que compensará de manera justa y adecuada a todas las familias de Campeche que resulten con su predio impactado como consecuencia de estas obras; por lo cual encargó al Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat, la elaboración de un Protocolo de Relocalización Consensuada.
El cumplimiento de este Protocolo por parte de Fonatur y de las autoridades competentes conlleva que no haya ningún desalojo forzoso y que las familias participen en la toma de decisiones durante todo el proceso y puedan elegir la mejor opción.
Joaquín Hidalgo Gutiérrez/Cortesía
Entre estas, dice el comunicado, destaca la compensación económica y asesoría para la construcción o ampliación de un inmueble en el predio actual, fuera del derecho de vía, que podría aplicarse en muchos de los casos si así lo desean las familias.
El protocolo hecho público por ONU-Hábitat considera la realización de un censo, para hacer un diagnóstico socio-territorial.
Los vecinos entrevistados se quejaron de que la agencia de la ONU siguió adelante con las visitas a las casas en plena pandemia de COVID-19, aunque las autoridades federales determinaron que las encuestas y censos debían parar (Artículo primero, párrafo Vll del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria).
En efecto, el 4 de abril ONU-Hábitat anunció que en coordinación con el gobierno del estado y el municipio de Campeche, se realizarían del 13 al 20 de abril las entrevistas con vecinos, ya sea telefónicas o presenciales, que residen junto a las vías del tren, en las colonias Camino Real, Bellavista, La Ermita y Santa Lucía.
El trabajo de ONU-Hábitat será solo de intermediario. La agencia dijo a Animal Político que esta oficina de la ONU no determinarán a donde se mudarán las personas y solo facilitan las negociaciones, pero no las realiza.
“El papel de ONU-Habitat es escuchar a las familias (entrevistarlas), recoger sus dudas, propuestas e intereses y asegurar que se respeten sus derechos antes, durante y después de la relocalización a cargo de Fonatur.
Respecto a qué pasará con las familias que no quieran mudarse, ONU- Habitat responde que “en los casos en los que la relocalización consensuada no sea posible, los litigios se resolverán a través de las autoridades competentes, sin que la agencia de Naciones Unidas tengan ningún tipo de intervención al respecto”.
Los vecinos inconformes con todo el procedimiento se agruparon en el colectivo “Los tres barrios” y el 17 de abril interpusieron un amparo contra el desalojo.
Argumentando que por la pandemia solo se estaban admitiendo casos urgentes, el juzgado no quiso recibir el amparo, asegura Carlos Escoffié, quien lleva la defensa de los vecinos inconformes. Tuvieron que recurrir entonces al recurso de queja ante el Tribunal Colegiado.
Este órgano les pidió que firmara la demanda no solo una persona, en representación del resto, sino la totalidad de los que quisieran adherirse, y que adjuntaran identificación oficial y comprobante de domicilio.
“Firmaron 226 vecinos de Camino Real, Santa Lucía y La Ermita”, precisa Guadalupe Gutiérrez. Animal Político tiene copia de la lista de esas firmas.
Después de este procedimiento, el 6 de mayo, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Campeche otorgó la suspensión provisional, pero no por la probable relocalización si no solo se pronunció por suspender el censo y las entrevistas presenciales que ya se estaban realizando. El censo continuó por teléfono.
Qué piden los que se quieren ir
El 30 de marzo, ONU-Hábitat hizo públicos los primeros resultados de ese ejercicio.
Hasta el momento, ONU-Habitat, dice el documento, ha contactado con un total de 119 personas (67 mujeres y 52 hombres) de los barrios de Camino Real, Santa Lucía y Bellavista. De ellas, un 84% asegura estar a favor de una posible relocalización, mientras que el 16% revela su disconformidad con esto.
En una tarjeta informativa, Fonatur reconoce que “existen diversas tensiones debido al esclarecimiento del trazo definitivo y los procesos de indemnización”.
Asegura que las reubicaciones se realizarán mediante el diálogo y contemplando en todo momento el bienestar de las personas.
“En los casos en los que se requiera de procesos de reubicación, se analizará caso por caso y se buscará que estos tengan como fin incrementar la calidad de vida de las personas. En los casos de invasiones a derechos de vía o bienes federales, se reconocerá a aquellas familias que por necesidad hayan hecho su vida sobre estos terrenos”.
Entre quienes han expresado su opinión a favor destaca la idea de que el Tren Maya supondrá beneficios económicos para el estado de Campeche y mejorará las condiciones de vida de las familias, así como su seguridad ante posibles descarrilamientos, según el informe.
“Llevo 39 años viviendo en Camino Real. Me duele tener que dejar mi casa. Compré la vivienda, puse mi negocio y vivo de las ventas, de la gente del barrio. Irme a otro lado es volver a empezar, pero estoy consciente de que es para la mejoría de Campeche, para la mejoría de nosotros mismos. El paso del tren rompe los vidrios de la casa y cuartea los techos. Corremos riesgo. Es mejor estar fuera de la vía”, expresa, de acuerdo al informe de ONU-Hábitat México, una de las vecinas.
Otra de las razones para mudarse, se precisa en el documento, es la necesidad de ordenar la situación jurídica de las viviendas, ya que algunas casas pertenecieron originalmente a una única propiedad.
En otros casos, se negocia la posibilidad de una permuta en otra ciudad: “Me ofrecieron trabajo en Ciudad del Carmen, pero allá la renta es más alta, el doble que acá. Aunque pusimos en renta la casa, no nos alcanza. Para nosotros, la opción sería una casa en Ciudad del Carmen”, se asienta en otro de los testimonios del informe de ONU-Hábitat, aunque ninguno se acompaña de nombre.
Para dar su consentimiento a una relocalización, acota el informe, los vecinos entrevistados subrayan la necesidad de que se lleve a cabo una “negociación justa”, que excluya el traslado a casas de interés social retiradas de la zona -“en la periferia”- o la entrega de viviendas con un valor inferior al de la vivienda actual.
Otra de las demandas contempla tener en cuenta necesidades específicas de la población, sobre todo, de quienes se desempeñan en la pesca y requieren movilizarse cerca del área tanto en los momentos de actividad pesquera, como para el resguardo de sus embarcaciones durante eventos meteorológicos.
Joaquín Hidalgo Gutiérrez/Cortesía
Cuando las condiciones sanitarias lo permitan, señala el documento, aplicando los protocolos sanitarios realizados por Fonatur y verificados por la Secretaría del Trabajo, ONU-Habitat organizará asambleas informativas con las familias que residen a lo largo de la vía del tren.
También continuará las entrevistas con vecinos sobre las características de las viviendas y las condiciones socioeconómicas de quienes viven en ellas, así como su disponibilidad a aceptar el proceso de relocalización y, en dado caso, sus preferencias entre las diferentes opciones que cada grupo familiar proponga, para que Fonatur pueda implementarlas.
El 6 de agosto, la defensa de los vecinos presentó una ampliación de la demanda de amparo presentada en abril, esta vez pidiendo que se mueva el trazo del tren y no se inicien los trabajos en la zona que abarca los tres barrios, explica Escoffié.
El juez admitió el amparo el 25 de agosto, pero evitó pronunciarse por si daría la suspensión o no
Hasta ahora, señala Carlos Escoffié, abogado de los afectados, “las familias están en la incertidumbre y el miedo al desalojo porque no se les ha dicho de forma clara quién serían reubicados ni dónde ni cómo”.
El proceso, señala la tarjeta de Fonatur, se mantiene en la etapa de censo. La hoja de ruta será anunciada en los siguientes meses. Y subraya que ONU-Habitat está brindando la asesoría técnica y trae consigo las mejores prácticas internacionales.
OAXACA, Oax.- A un año de la despenalización del aborto en Oaxaca, el colectivo de feministas Marea Verde realizó una marcha separatista.
Partieron de la fuente de las Ocho Regiones y caminaron la calzada Porfirio Díaz para exigir que “nuestro derecho a decidir sea respetado”.
Con el lema “Por el camino andado y por el que falta recorrer” convocaron a las mujeres autónomas organizadas a participar en esta marcha.
A su paso, las feministas dejaron destrozos en negocios de Plaza Parque, daños a cajeros de instituciones bancarias.
También en oficinas gubernamentales como de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), donde quemaron mobiliario y dejaron mensajes pintarrajeados en la pared.
Igual, a su paso por la calzada Porfirio Díaz causaron daños a vehículos particulares, negocios y al edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Así como otra oficina de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) donde dejaron mensajes como “aborto legal”, “Oaxaca feminista” y “Autodefensa”.
Igual hicieron pintas con la leyenda: “Por la soberanía de nuestras cuerpas hoy tomamos las calles”.
Cabe recordar que el 28 de septiembre se estableció como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto.
Esto se debe a que en 1990 se asumió así este día, durante el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina, de acuerdo con organizaciones como Red Nacional de Mujeres (Colombia) y el Observatorio de Violencia (España).
En la ‘Declaración de San Bernardo’, como es conocida, las 200 participantes aprobaron que se declarara esta jornada de lucha por el aborto legal, considerando que miles de mujeres mueren diariamente en América Latina y el Caribe a causa de abortos inseguros.
Las mujeres establecieron que la libertad de decisión sobre el cuerpo propio es un derecho humano esencial.
Colectivas feministas como Marea Verde Mx y GIRE realizan este día campañas con hashtags como #28S, #AbortoLegalYa, #QueSubaLaMarea y #SeptiembreVerde.
A su paso por la Plaza Parque, en la Calzada Porfirio Díaz, integrantes de colectivas feministas que marcharon este 28S por la despenalización del aborto, causaron destrozos pic.twitter.com/Bmmhh75pYc
Al entonar diversos cantos en los que aseguraron que hay un sistema patriarcal que les impide acceder al aborto legal de forma voluntaria, colectivos feministas marcharon de forma pacífica por calles principales de la capital.
La tarde de este 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, decenas de mujeres se unieron para exigir en Tlaxcala la despenalización del aborto.
“Exigimos el derecho a poder decidir individualmente sobre nuestros cuerpos”, “Será ley en Tlaxcala”, “Nosotras parimos, nosotras decidimos”, y “una vida no se salva solo al dejarla nacer”, fueron algunas de las expresiones plasmadas en pancartas y cartulinas.
El contingente de mujeres partió de las Escalinatas de los Héroes, avanzó por calles principales de la capital y al llegar al Congreso local hizo un alto para criticar no solo que en Tlaxcala no se pueda interrumpir de forma segura un embarazo de forma voluntaria, sino que las autoridades no sean capaces de esclarecer las desapariciones de personas y castigar a los feminicidas.
En la puerta principal de Palacio Legislativo, las quejosas colocaron un pañuelo verde en el que escribieron “aborto legal ¡ya!”, para después entonar “canción sin miedo”, melodía considerada un himno feminista mexicano hecho famoso por la cantante chilena Mon Laferte.
En la marcha, las mujeres también se pronunciaron en contra de las desapariciones de mujeres y exigieron justicia para los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, al tiempo que exigieron celeridad a la búsqueda de Daniela Muñoz, la joven de 22 años desaparecida hace más de dos semanas.
“Daniela Muñoz, nos faltas tú… No te conozco pero también me dueles”.
Al final, entregaron a las asistentes información sobre medicamentos, cuidados y técnicas para que puedan abortar, y otorgaron nombre de las asociaciones en Tlaxcala que les pueden dar acompañamiento para hacerlo de forma segura.
