En año y medio, doña Silvia no sólo perdió a su hijo, también la estabilidad económica y hasta su voz. Todo quedó enterrado bajo una pila de papeles y la indiferencia de la burocracia.
La potosina Silvia Castillo es una de las tantas voces que reclaman justicia en México. La semana pasada, frente a la Secretaría de Gobernación, se desnudó y envuelta en una bandera clamó por justicia por el asesinato de su hijo Alan, de 22 años, cuyo crimen ocurrido en 2019 intentan atribuir a presuntos vínculos con la delincuencia.
Desde hace año y medio, doña Silvia no encuentra la paz y sigue peleando con las dependencias encargadas de encontrar y castigar a los responsables.
Tras meses metida en procesos burocráticos interminables en San Luis Potosí, en donde siempre faltaba un papel, una carta o algún permiso, doña Silvia entendió que debía meterse de lleno en la investigación para que avanzara, así que dejó su negocio, su casa y empeñó gran parte de sus cosas – incluyendo el anillo de graduación de su hijo mayor – para poder solventar el viajar a la Ciudad de México para visitar varias dependencias.
Un año después se enteró de los derechos que tenía como víctima, incluido su hospedaje, alimentos y transporte para llegar a la capital.
“Me siento desnuda ante tanta corrupción, ante tanta injusticia que tenemos que vivir uno como madre pobre, que no tiene los medios, que no tiene dinero, que no es escuchada por las autoridades de su estado y luego de su país que es México. Por eso he hecho muchas barbaridades pidiendo justicia”, dijo doña Silvia, quien el martes 22 de septiembre se desnudó y envuelta en una bandera clamaba por justicia frente a la puerta de Secretaría de Gobernación.
En sus propias indagatorias, doña Silvia se enteró que la noche en que desapareció su hijo, en marzo de 2019, los muchachos que salieron con él a una fiesta fueron los que atribuyeron el ataque al Cartel Jalisco Nueva Generación, provocando que las autoridades vincularan a su hijo con la delincuencia y con una persona que ya estaba en la cárcel. Por eso, doña Silvia siente que ellos mienten, pues asegura que su hijo ni conocía a esas personas.
“Si mi hijo hubiera andado en malos pasos, lloro y me callo el hocico. Hubiera tenido más resignación. Porque yo, al menos, como madre no soy alcahueta. Soy madre de dos profesionistas, Alan tenía muy buen trabajo, tenía la prepa. Siempre les he dicho y educado para ser hombres de bien”, dijo.
Aunque el proceso es desgastante, engorroso y frustrante, doña Silvia asegura que no dejará de buscar justicia para su hijo, con el apoyo o las mismas trabas que le ha puesto el gobierno.
“Al gobierno le falta empatía en todos los niveles. Tanto como al Presidente, como a los servidores públicos, gobernadores, como a los de justicia, a las instituciones y también derechos humanos. Que yo les digo derechos inhumanos. Les falta mucha empatía por las víctimas. Como mexicana siento horrible”.
Doña Silvia dice que jamás dejará de estar orgullosa de su hijo.
“Estoy orgullosa de ser la madre de Alan Francisco Ibarra Castillo. Te amo mucho bebé y por ti por ti hasta la victoria”.
Agencia SIM / Noticaribe
PLAYA DEL CARMEN, MX.- Un grupo de unas 100 mujeres se manifestaron esta tarde en la plaza cívica 28 de Julio frente al Palacio Municipal, para exigir la despenalización del aborto.
La protesta es parte de una movilización en varias ciudades de Quintana Roo, para marcar este 28 de julio, que es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.
Portando pañoletas verdes, color del movimiento, las mujeres elevaron cartulinas, además de escribir mensajes en el suelo y colgar mantas, todas con mensajes alusivos a su causa, como “aborto legal, justicia social”.
También colocaron un pañuelo verde de gigantescas dimensiones frente al acceso al Palacio Municipal, con vallas desde hace meses, debido a la actual contingencia sanitaria.
Toda esta manifestación transcurrió de manera pacífica y sin incidentes.
En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, distintos colectivos feministas del estado de Colima se dieron cita en el jardín Libertad para dar lectura a un posicionamiento respecto a una maternidad libre y voluntaria.
En dicho encuentro les recordaron a los legisladores locales que “es su obligación ejercer sus cargos de manera laica, sin indicaciones morales, y que se garantice el cumplimiento de nuestros derechos humanos”; asimismo, apuntaron que “estamos hartas de vivir en un estado en el que no interesa la vida de las mujeres, donde todas estamos en riesgo de ser violentadas dentro o fuera de casa”.
Durante su discurso, lamentaron que “las infancias del estado crecen temerosas y educadas bajo creencias ignorantes que restringen su desarrollo integral, así como sus derechos sexuales y reproductivos”.
En ese tenor, recordaron el caso del docente de una conocida secundaria que fue señalado por fotografiar y grabar a sus alumnas durante generaciones, el cual no había sido denunciado públicamente por temor a represalias; sin embargo, desde que alzaron la voz, ninguna autoridad ha hecho nada al respecto.
Finalmente, recordaron una recomendación hecha al Estado mexicano, donde se señala que “se debe armonizar, de acuerdo con los tratados internacionales, el derecho a las mexicanas de acceder a un procedimiento de aborto que sea seguro y legal, porque como todas sabemos, los abortos se seguirán llevando a cabo, lo que significa obligar a las mujeres a que se realicen este procedimientos en condiciones que pueden poner en riesgo su vida, afectando con esto a los sectores más vulnerables, que son las mujeres de escasos recursos”.
Pese al llamado hecho en diversas ocasiones a los legisladores federales y al gobierno estatal, para que intervengan y mejoren la pésima situación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Colima, ninguno se ha hecho nada, la cosas siguen igual, según lo señaló la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salid sección 30 (SNTSA), Dolores González Meza.
“El ISSSTE sigue en las mismas condiciones a pesar de que hemos estado reiterando el llamado tanto del Gobierno del Estado como de los diputados federales y senadores, para que intervengan ante el director general para que puedan llegar en tiempo y forma los insumos y los equipos que se requieren para la atención de los pacientes”, expresó.
Detalló que faltan insumos y equipos no solo para atender a los pacientes Covid-19, sino a todos los enfermos derechohabientes que llegan requiriendo atención médica y de los medicamentos que ya tienen convenidos para sus tratamientos mensuales.
“Vemos que hay mucha problemática y nadie se mete a poder ver con las autoridades nacionales para que se puedan mejorar las condiciones”, expuso.
González Meza se dijo extrañada que es ella la única dirigente la cual ha estado cuestionando y denunciando la problemática de dicho instituto, “no he visto que los compañeros del SNTE estén haciendo los suyo, esa presión para que puedan reaccionar las autoridades y hacer bien las cosas, porque como están trabajando, con una serie de inconsistencias y de situaciones políticas, que han venido a atrasar el sistema de salud en el ISSSTE”.
La dirigente sindical de la Secretaría de Salud consideró que tanto sanadores como diputados federales, son quienes tienen mayor posibilidad de ser escuchados y atendidos por parte del Gobierno Federal, y que malo que no se ocupen de la situación, porque es algo que está afectando no solamente a los trabajadores derechohabientes, sino a las familias de los trabajadores también.
Dolores González les recordó que ya viene el proceso electoral y más de alguno, buscando otro cargo, dirá que está de lado de los trabajadores, pero los van a desmentir, porque cuando se necesita su intervención no hacen nada.
“El hecho de que intervengan hablaría muy bien de ellos, sin embargo, ni siquiera hacen eso”, apuntó.
Los legisladores federales colimenses no se han acercado a los trabajadores a través del Sindicato, pero tampoco a las autoridades del ISSSTE ni a nivel local ni nacional, apuntó.
El coordinador estatal de la Guardia Nacional en la entidad, Domingo Tito Bahena Salgado, dijo esperar que las instalacionesde la Guardia Nacional, que están en construcción en cuatro municipios del estado, se entreguen a más tardar el próximo 31 de diciembre.
El funcionario federal informó que en este momento están en construcción cuatro de las cinco instalaciones para albergar a los elementos de la Guardia Nacional en diferentes municipios del estado: en Manzanillo, en el predio que fue donado por el Gobierno estatal; en Armería, en un predio donado por un particular, al igual que en Tecomán, y el cuarto en Coquimatlán.
En cuanto al avance de dichas obras, dio a conocer que actualmente se tiene un 5% de la construcción aproximadamente, “y esperamos que el 31 de diciembre nos entreguen las instalaciones de esas cuatro primeras construcciones”.
El coordinador estatal de la Guardia Nacional en la entidad, mencionó que el quinto predio está en trámite de donación en Cuauhtémoc por parte de Gobierno del estado, “esperamos que, como bien lo menciona el gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, se pueda donar en estos meses para de inmediato proceder a su construcción y puedan terminar los cinco, como fue la indicación y el proyecto, que aquí se construyan esas cinco compañías de Guardia Nacional”.
Detalló que los cuarteles tendrán una capacidad de 120 a 130 elementos de la Guardia Nacional, quienes coadyuvarán en el esfuerzo de seguridad.
De igual manera, aseguró que existe coordinación entre los tres niveles de Gobierno, SEDENA, Marina, autoridades estatales y municipales.
Colima, México, Avanzada (28/09/2020).- Jennifer y Leslie no se conocieron, pero las dos desaparecieron en el municipio de Colima después de abordar un taxi. Hasta la fecha, sus familiares las siguen buscando, mientras que los avances en la Fiscalía del Estado son prácticamente nulos.
La primera desapareció en 2020 y la segunda en 2017. Las dos son mujeres jóvenes, delgadas, con cabello negro y largo.
La mamá de Jennifer, Gabriela Farías declaró que en Colima habría redes de trata de personas, sin embargo, la autoridad no ha reconocido la situación a pesar de la constante desaparición de mujeres.
El 18 de abril de este año, Jennifer de 20 años de edad, 1.65 metros de estatura y complexión delgada, fue a la casa de una amiga en la colonia Bosques del Sur en la capital del estado, donde abordó un taxi y hasta la fecha se desconoce su paradero.
Por su parte, Leslie de 24 años de edad desapareció en Colima el primero de marzo de 2017 y a tres años de ese suceso, las noticias que se tienen para localizarlas son prácticamente nulas.
La joven estudiaba Derecho en una Universidad Privada y el primero de marzo de 2017 iría con unas amigas a realizar una tarea; pidió un taxi, llegó por ella, lo abordó y jamás han vuelto a saber sobre ella.
En información que se difundió en el 2017 en medios de comunicación, se informó que un joven llamó al padre de Leslie para decirle que la tenían en un rancho, pero después se la llevarían a otro lugar.
Hasta el 31 de diciembre de 2019 existían 364 mujeres desaparecidas, la mayoría menores de 30 años de edad. A nivel nacional, en ese mismo periodo existían 15 mil 835 mujeres desaparecidas, según el Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas que presentó la Secretaría de Gobernación en el 2019.
Piden que se legisle para que el aborto sea un derecho de las mujeres, pues en Nayarit explicó que sólo se puede abortar por violación
Mildra Benítez Robledo / Realidades de Nayarit
Tepic, Nayarit.- En el marco de la “despenalización del aborto en toda América Latina y el Caribe”, que se celebra el 28 de septiembre, el domingo por la tarde integrantes de diversos grupos colectivos se reunieron en Congreso del Estado en donde colocaron algunas calcas.
En relación a este tema una de las asistentes que prefirió omitir su nombre, explicó que el objetivo ademas de llevar información, fue exigir que se legisle, para que el aborto sea un derecho de las mujeres, pues en Nayarit, explicó que sólo se puede abortar por violación, porque representa un riesgo para la salud o la vida de la madre y por acto imprudencia.
Razón por la cual lo que están solicitando es que a las mujeres se les permita decidir si quieren o no ser madres, dado que considera que hacerlo es un derecho y la decisión que se tome bajo ninguna circunstancia debe de ser cuestionada por nadie.
De igual manera, comentó que aunque los legisladores locales han mostrado interés en el asunto en realidad no se han tenido avances , para que el aborto sea una decisión de la mujer y los Servicios de Salud, brinden las condiciones, para que quien requiera el servicio, pueda acceder sin ser estigmatizada.
Para concluir, la manifestante, añadió que aún cuando el gobierno se niegue a que las instituciones de Salud practiquen el aborto, continuarán apoyando el aborto y consiguiendo el medicamento que se requiere, para que las mujeres, puedan seguir ejerciendo su derecho.
Colima, México, Avanzada (28/09/2020).- En Colima, las autoridades sostienen que no hay redes de trata de personas para explotación sexual, sin embargo, los familiares de los desaparecidos difieren de la versión oficial.
El pasado 23 de septiembre en Guadalajara, familiares de los desaparecidos dejaron claro qué podría estar pasando en el estado colimense: “A las mujeres se las llevan para la trata de personas y a los hombres, no sabemos”.
Señalaron que tienen información de que a las mujeres de Colima, principalmente de Quesería en Cuauhtémoc son raptadas y se las llevan a municipios del sur de Jalisco, presuntamente para ser explotadas sexualmente.
Relataron que el 25 de julio de 2019, una joven que fue secuestrada en Quesería, logró robar un celular de unos de sus raptores e informó que la tenían en una finca de Tonila en Jalisco, donde aparentemente se encontraban otras mujeres.
Sin embargo, la autoridades de Jalisco tardó varias semanas en acudir al domicilio que se les había proporcionado y cuando llegaron al lugar, ya no había rastros de las personas.
La joven estaba embarazada cuando fue raptada en Quesería y tenía 19 años de edad.
No es el único caso, Gabriela Farías, madre de Jennifer Gabriela Romero Farías de 20 años de edad, quien desapareció cuando abordó un taxi en la capital del Estado, señaló que a las mujeres las podrían estar raptando para la trata de personas.
El primero de septiembre de 2020, en el noticiero nacional de Denisse Merker se publicó un reportaje en el que se mencionó que las mujeres desaparecidas en Colima comparten rasgos en común: son jóvenes, bonitas y podrían ser presas de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual.
En ese mismo reportaje, la encargada de la Comisión de Búsqueda de Personas en el estado de Colima, Rosa Evelia Pérez Valdivia declaró que la mayoría de las mujeres jóvenes que han desaparecido son del puerto de Manzanillo, “después resulta que ya fue enganchada por grupos de trata y están esclavizadas de diferentes formas”, dijo.
De acuerdo a familiares de desaparecidos en Colima, la mayoría de las desaparecidas son entre menores de edad y 28 o 29 años de edad.
LectorMx
Mérida, Yucatán.- Proyectistas del Tren Maya, así como de granjas avícolas y porcícolas y de desarrollos habitacionales deben tomar en cuenta el suelo kárstico de la península de Yucatán, ya que es vulnerable a derrumbes o colapsos y a los efectos de la contaminación, advirtieron expertos.
Al anunciar la IV Reunión Anual de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Karst (AMEK), los días 26 y 27 de octubre próximos, los investigadores explicaron que hay colapsos de suelos kársticos que provocan hundimientos en toda de orografía peninsular.
Ha habido desplomes pequeños de unos cuantos metros, que han formado cenotes, pero también grandes del tamaño de una o dos hectáreas que han propiciado lagunas como ya ocurrió en Quintana Roo, plantearon en conferencia de prensa virtual.
Francisco Bautista, presidente de la agrupación, recordó el hundimiento en el tramo carretero Playa del Carmen-Tulum en junio pasado –al que se suma el de Cancún-Playa del Carmen en 2015–, de ahí que el Tren Maya, dijo, debe tener tramos de suelo muy fuertes, sólidos, sin riesgos de colapsos.
El experto alertó de la necesidad de realizar de manera preventiva estudios de introspección y de suelos, ya que un colapso puede provocar desastres y pérdidas de vidas humanas.
De igual manera, subrayó la vulnerabilidad del suelo en la ciudad de Mérida y calificó como “una ocurrencia” pretender construir en el Centro Histórico un tramo subterráneo del Tren Maya ante la presencia mantos freáticos a escasa profundidad.
Tendría que ser un tramo de Tren Maya subacuático como existe en ciudades de Europa, apuntó, y en todo caso consideró inviable el propósito de construir un tramo en el subsuelo de seis o siete kilómetros de largo, del oriente de la ciudad a los actuales los terrenos de La Plancha.
El presidente de la AMEK también subrayó lo susceptible del suelo kárstico de la península de Yucatán a los efectos de la contaminación por derrames de bioquímicos y heces fecales de granjas avícolas y porcinas.
Ante ello, informó que un grupo interinstitucional de especialistas trabaja en la elaboración de un mapa a nivel peninsular que contenga los sitios menos vulnerables a la contaminación y puedan ser aprovechados por futuras inversiones del sector pecuario y, de esa manera, proteger los cenotes, ríos subterráneos y otros cuerpos de agua.
José Antonio Vieyra Medrano, director del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, Campus Morelia, habló de la necesidad de revisar las normas sobre uso de suelo para evitar aquellas zonas o áreas que no son aptas para el desarrollo urbano y que pudieran estar sujetos a actos de corrupción.
También de la pertinencia de trabajar en la conservación de los ecosistemas y vigilar aquellas prácticas de cambios de uso de suelo que no estén reguladas.
Bartolo Rodríguez Santiago, director del Centro de Investigación Regional Sureste del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), subrayó la fragilidad del subsuelo kárstico por la prevalencia de carbonato de calcio, magnesio y yeso, susceptible de erosión.
Celebró la realización del próximo encuentro entre expertos, ya que permitirá establecer futuros programas de trabajo tendientes a la conservación, cuidado y difusión de la importancia del subsuelo. Igual se pronunció por exhaustivos estudios de impacto ambiental en proyectos tanto agrícolas como pecuarios.
Durante el encuentro virtual, se dio a conocer el VI Curso Internacional de Verano en Edafología Aplicada sobre Suelos Tropicales de México que se impartirá en línea para la parte teórica, con una semana de trabajo presencial en el estado de Yucatán.
Mediante el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sólo serán recibidos 40 estudiantes de licenciatura y posgrado para formarlos en el manejo de suelos. Toda la información del curso y del IV encuentro podrá ser consultada en la página en Facebook de la AMEK.
Alejandra Ruiz/El Sol de San Luis
28 septiembre 2020
El color de la lucha: Mantas y pañuelos se colgaron en puentes peatonales, desde Villa de Pozos, hasta Soledad de Graciano Sánchez
Foto: Patricia Calvillo/El Sol de San Luis
San Luis se pintó de verde, el color de la furia y de la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres; mantas, carteles y pañuelos gigantes enunciaron consigas que demandan la Interrupción legal del embarazo, un derecho humano que le ha sido negado en innumerables ocasiones a las mujeres potosinas.
Foto: Patricia Calvillo/El Sol de San Luis
Este 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, debido a esto diversas colectivas, activistas, organizaciones civiles y defensoras de los Derechos Humanos se dieron cita, en los puntos de mayor visibilidad de la entidad para exigir mediante una magna pañuelada su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.
Foto: Patricia Calvillo/El Sol de San Luis
Av. Fleming, Av. Juárez, puente 5 de Mayo, Jardín de Soledad, Secundaria Graciano Sánchez Romo, Puente acceso Norte en San Felipe, Puente de ” La Concha”, Puente Periférico/Chapultepec, Parque Morales, Cruce periférico y el Asta bandera de la Zona Universitaria, fueron algunos de los puntos donde se colocaron mantas y pañuelos gigantes, que se pronunciaban a favor del aborto legal.
Foto: Patricia Calvillo/El Sol de San Luis
La activista Carolina Quintanilla, analizó este acto como un proceso de lucha para exigir lo que por años les ha sido arrebatado a las mujeres, el dominio sobre sí mismas y su cuerpo, “los pañuelos es una actividad que ya se ha hecho en diversas ocasiones con el fin de visibilizar la exigencia a un derecho que se nos sigue negando en SLP. En esta ocasión, las jóvenes se organizaron para abarcar la mayor parte de la zona urbana de la capital, desde el municipio de Villa de Pozos hasta Soledad de Graciano Sánchez, abarcando también la zona centro, zona universitaria, y colonias como Morales, Lomas, Jacarandas y la zona sur de la Capital”.
Foto: Patricia Calvillo/El Sol de San Luis
“Las mantas y pañuelos, se colgaron en puentes peatonales de grandes avenidas, afuera de iglesias y de hospitales. El mensaje debe llegar lejos y debe señalarse también a las instituciones que se han encargado de violentar nuestros derechos. Es por ello que se eligieron lugares estratégicos y muy simbólicos como las instancias de la CEDH, hospitales del IMSS y la Ciudad Judicial”.
Foto: Patricia Calvillo/El Sol de San Luis
Con este simbólico accionar se deja de manifiesto que son cada vez más mujeres potosinas las que se suman a estas acciones a favor de la despenalización del aborto, pues con anterioridad este tipo de activismo era pequeño y muy reducido.
Foto: Patricia Calvillo/El Sol de San Luis
La violencia que atraviesa a las mujeres, menciona Quintanilla, también ha sido un factor importante para que ellas se replanteen las agresiones que les atraviesan por el simple hecho de ser mujeres, un punto de partida para asumir que además de tener derecho a una vida libre de violencia, también tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.
Foto: Patricia Calvillo/El Sol de San Luis
La campaña “28 de septiembre” es una propuesta que nace en la década del año 1990, como un acto simbólico de liberación de vientres de mujeres esclavas de latinoamérica y el Caribe.
Foto: Patricia Calvillo/El Sol de San Luis
Históricamente se sabe que las mujeres de muchos países aún no acceden al derecho democrático a recibir una salud pública gratuita e integral, derechos humanos, justicia social y equidad de género, importantes para acceder a un aborto seguro y legal; de ahí, la imperiosa necesidad de generar políticas públicas para poder despenalizarlo.
DATOS
La tasa anual de abortos inducidos en México es de 33 abortos por cada 1,000 mujeres de 15–44 años; una cifra ligera- mente superior al promedio que se reporta para América Latina (31 por 1,000). A nivel nacional, ocurren aproximada- mente 44 abortos por cada 100 nacidos vivos
El municipio, entre los que tienen más muertes por Covid-19
La capital sinaloense acumula mil 026 decesos por el coronavirus, suficiente para estar dentro de los 10 municipios de México con mayor cantidad de fallecimientos. Esto, con corte al miércoles 23 de septiembre.
Según estadísticas de la Secretaría de Salud a nivel federal, Culiacán mantiene una tasa de letalidad del 15 por ciento, la cuarta más alta a nivel nacional apenas detrás de Mexicali, Ecatepec y Nezahualcóyotl.
Y las cifras se siguen contando y la cantidad precisa de fallecimientos es imposible de calcular. Los datos proveídos por la Secretaría de Salud del estado a diario presentan un desfase considerable.
Por ejemplo, el mismo miércoles 23 de septiembre registró siete muertes por el virus SARS-CoV-2 en Culiacán, dos de ellas ocurridos el jueves 10, prácticamente dos semanas atrás.
Ese jueves, el reporte de la Secretaría reportó 14 decesos repartidos en Mazatlán, Guasave, San Ignacio, Elota y Concordia. Ninguno en Culiacán. El registro de muertes se sigue “dosificando” en Sinaloa.
En el tercer fin de semana de septiembre la Secretaría de Salud registró el deceso número mil en Culiacán producto del Covid-19. El sábado 19 de septiembre, el informe oficial estatal reportó 11 fallecimientos por el virus, seis de ellos en Culiacán.
Y como ha sido la constante desde finales de abril, los decesos reportados ocurrieron algunos hasta una semana atrás. Esto, según ha explicado en diferentes ocasiones el secretario Efrén Encinas Torres, no se debe a algo deliberado sino a deficiencias en las capturas en la plataforma que cada institución médica tiene para el proceso.
El eje Culiacán-Mexicali
Culiacán y Mexicali son las dos ciudades del noroeste de México que acumulan la mayor cantidad de decesos y tienen una tasa de letalidad muy alta.
La capital sinaloense, según los datos de la Secretaría de Salud, cuenta con 999 mil 591 habitantes de los cuales, con corte al 23 de septiembre, han resultado contagiados del virus SARS-CoV-2 6 mil 851 de ellos.
Esto significa que apenas el .69 por ciento ha resultado contagiado por el coronavirus, sin embargo, el 15 por ciento de ellos han fallecido, lo cual contrasta con la gran capacidad hospitalaria que presuntamente se ha desplegado en Culiacán con más de 500 camas Covid-19.
INGRESOS A HOSPITALES. Muchos viajes sin retorno.
Para la capital de Baja California, con una cantidad de habitantes menor a 800 mil habitantes tiene a prácticamente el 20 por ciento de los casos confirmados, fallecidos. Es decir, con corte al 23 de septiembre en Mexicali se han enfermado el 1.11 por ciento de su población.
Otro municipio del noroeste que aparece entre los de mayor letalidad por el virus es Hermosillo, capital de Sonora.
Con casi 985 mil habitantes se han confirmado 10 mil 309 casos de Covid-19 al 23 de este mes con 930 defunciones.
En el estado, los municipios con mayor cantidad de muertes por el virus SARS-CoV-2 con corte al 23 de septiembre son Ahome con 622, Mazatlán con 500, Guasave con 392, Salvador Alvarado con 127 y Navolato con 114.
Entre esos cinco municipios acumulan el 56.7 de los decesos mientras que Culiacán por sí solo el 33.14 por ciento.
Podrían ser más
Un día reportan seis, al día siguiente sólo cuatro, al siguiente otros seis. Es la constante en el informe del estatus “Covid” en Sinaloa. Diario, ya sea el secretario Efrén Encinas Torres o alguno de los funcionarios de Salud en el estado, brindan esta información que durante septiembre ha significado una calca diaria.
Por ejemplo, el 21 de septiembre reportaron en Sinaloa 82 nuevos contagios y 14 decesos, 39 de los casos y tres decesos se reportan en Culiacán; al día siguiente, martes 22, se reportaron 82 casos y 16 decesos en el estado de los cuales 40 contagios y siete decesos fueron en Culiacán; y para el miércoles 23 reportan 81 casos y 15 decesos, 42 contagios y 13 decesos en Culiacán.
Es decir, en promedio durante septiembre Sinaloa acumula 90 nuevos contagios diarios y 39 decesos, de los cuales el 30 por ciento estarían en la capital del estado tanto en casos como en decesos.
Y esta inconsistencia ha originado desconfianza. Fuentes tanto de hospitales de la Secretaría de Salud como del Instituto Mexicano del Seguro Social señalan que las cifras no corresponden. La sospecha es que diario en la capital se estarían originando más de 50 nuevos casos y al menos 15 decesos.
En la edición 919 se consignó un exceso de muertes en el estado. La cifra de muertes por Covid-19, acta por acta, supera a las reportadas por la Secretaría de Salud. Incluso a nivel federal revelan que el exceso de muertes es de 2 mil 701 casos, los cuales podrían estar directamente asociados al virus.
Una fuente del IMSS reveló a este semanario que al menos desde el viernes 18 al martes 22 de septiembre, los certificados de defunción en el Hospital General Regional número 1 se habían terminado. No había modo de levantar ese documento durante esa fecha.
Y es en ese hospital en donde se concentra el mayor número de fallecidos en Culiacán con 572 muertes hasta el 6 de septiembre, fecha de la última actualización del reporte diario epidemiológico de la Secretaría de Salud del estado.
Después de que se manejaran promedios de casi 30 muertes diarias entre junio y julio, agosto lo bajó a 20, ahora septiembre maneja una estadística en 13 fallecimientos a la par de un semáforo amarillo para las siguientes dos semanas, y con ello la apertura de prácticamente todos los sectores.
Mientras tanto, los decesos se siguen dosificando en la estadística de la Secretaría de Salud
Mexicali.- Seis disparos de armas largas, incluidas AR-15 y AK-47 (Cuerno de chivo) quitaron la vida del activista kumiai, Oscar Eyraud Adams al ser baleado en el patio de su hogar en Tecate, durante la tarde de este jueves.
Fuentes consultadas señalan que en la ejecución del defensor de la cultura indígena y del agua participó un comando armado con al menos 8 personas y dos vehículos que irrumpieron en su casa ubicada en el callejón Libertad, entre las calles Aldrete y Carranza, en donde quedó abatido a unos metros de la puerta de entrada.
De acuerdo a un reporte forense, el cadáver de Eyraud Adams presentó seis perforaciones de entrada y salida producidas por arma de fuego, repartidas en la cabeza, tórax y abdomen.
La investigación se perfila a que el activista salió de su casa cuando irrumpieron los sicarios y lo mataron de frente para dejarlo tendido en el patio.
En total fueron 13 los casquillos percutidos que se localizaron en la escena del crimen.
Activistas advirtieron que Adams, de 34 años de edad, luchaba por la autodeterminación de la comunidad kumiai y los derechos al agua por lo que mantenía la exigencia a la Comisión Nacional del Agua, para obtener concesiones de pozos otorgados a empresas y particulares en menoscabo a la comunidad indígena. Entre los acaparadores de agua, denunció a la empresa cervecera Heineken que consumo varios millones de agua de pozos de Tecate con el aval de Conagua.
Es otro caso de los más de 80 asesinatos de defensores del medio ambiente y el territorio desde 2012, la mayoría pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, además de ser «consecuencia de la política criminal del Estado mexicano que, mientras siembra violencia y destruye los tejidos comunitarios, entrega nuestros recursos y territorios a capitales privados, nacionales y extranjeros», señalaron colectivos de defensa de derechos humanos.
«La lucha por la defensa de agua y el territorio nos ha arrancado a compañero por qué nos quieren callar sembrando terror», señalaron activistas locales que participaron en movilizaciones al lado de Adams..
Oscar es el primer activista en defensa del Agua que que es asesinado en el Narco Estado de Baja California, acusó el activista Mauro Cuevas, quién se pronunció contra la impunidad que se genera ahora con Morena, al igual que en los tiempos de Calderón y Peña.
El representante de la Secretaría federal de Seguridad Ciudadana en las Mesas de Seguridad de Baja California, Isaías Bertín, dijo que un comando irrumpió en la casa del activista y lo acribillaron con armas largas y cortas.
Sin dimensionar que se trata de un líder indígena defensor del agua, el gobernador Jaime Bonilla se limitó a preguntarle al delegado federal si era familiar de la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, con quién tiene un enfrentamiento desde hace dos meses al acusarla de no trabajar y tener una policía corrupta.
El funcionario federal respondió que también se investiga esa relación familiar, aunque la alcaldesa de Morena reconoció que la víctima es su familiar aunque advirtió que no mantenía una relación directa.
La Guardia Estatal de Seguridad e Investigación se mantiene silente sobre este crimen que provocó reacciones entre los activistas de los pueblos originales de Baja California que alertaron sobre el asesinato de Adams, «quien mantenía actualmente sus acciones enfocadas en defensa del agua y territorio», señaló Diana Tlazocamiathi.
Integrantes de varias organizaciones civiles, incluidos los Jóvenes ante la Emergencia Nacional, exigieron justicia por el «cobarde asesinato» de Óscar Eyrud Adams, defensor del agua y del territorio del pueblo indígena kumiai, uno de los cinco pueblos indígenas originarios de Baja California.
El activista se dedicó en los últimos meses a denunciar la falta de agua en la comunidad de Juntas de Neji y el acaparamiento de pozos por parte de grandes usuarios en el municipio de Tecate, señalaron.
Además de la lucha contra los acaparadores de agua, Oscar Eyrud Adams introdujo proyectos productivos agrícolas en su comunidad pero fracasaron por la falta de agua
El activista asesinado fue solidario con el levantamiento de los jornaleros de San Quintín, la lucha magisterial contra la Reforma Educativa, la movilización contra la cervecera Constellation Brands en Mexicali y la lucha por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, así como por la miles de desaparecidos en México.
De acuerdo con el SESNSP, la capital de Michoacán es el sexto municipio del país con más carpetas de investigación iniciadas por feminicidio
El feminicidio de Jessica González Villaseñor, una joven profesora de educación básica, ha conmocionado a la sociedad del estado mexicano de Michoacán (Foto: EFE/Ivan Villanueva)
Infobae, 26 de septiembre de 2020.
Colectivos feministas del estado de Michoacán convocaron a continuar este sábado 26 de septiembre las jornada de protestas y así exigir justicia para el caso de Jessica González, quien fue reportada como desaparecida el pasado lunes y encontrada sin vida durante la tarde del viernes.
La convocatoria de la Red Colectivas Feministas Michoacán especificó como punto de reunión la Fuente de las Tarascas, ubicada en el Centro Histórico de la capital de la entidad federativa, y de ahí realizar una marcha al primer cuadro de la ciudad y terminar en el Palacio de Gobierno.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Morelia es el sexto municipio del país con más carpetas de investigación iniciadas por feminicidio.
El feminicidio de Jessica González Villaseñor, una joven profesora de educación básica, ha conmocionado a la sociedad del estado mexicano de Michoacán, pues este viernes su cuerpo fue encontrado, avivando la llama de las protestas en las últimas horas debido a la saña con la que el crimen fue perpetrado.
Con el hashtag #UnidosPorJessica las protestas se han extendido a redes sociales (Foto: Twitter/@pauoropezza)
El cuerpo de la joven de 21 años fue hallado en una zona boscosa del sur de Morelia, ciudad capital de Michoacán, informó este viernes un equipo de investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Según los primeros exámenes practicados al cuerpo, Jessica presentaba heridas en diversas partes del cuerpo y se presume que fue estrangulada y el caso podría investigarse como feminicidio. La joven recientemente se había graduado como profesora de educación básica, pero a causa de los efectos de la pandemia de la COVID-19 impartía clases virtuales desde Morelia a un grupo de alumnos que le fue asignado, en el vecino estado de Guanajuato, centro de México.
El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, informó que la principal línea de investigación apunta a un joven que se encuentra en calidad de prófugo y con quien fue vista por última vez hace cuatro días, en un centro comercial de Morelia.
Familiares y amigos de Jessica denunciaron la desaparición de la docente durante la noche del 21 de septiembre, tras perder comunicación con ella, por lo que la Fiscalía elaboró y difundió una célula de búsqueda del protocolo “Alerta Alba”.
Investigadores de la FGE utilizaron binomios caninos y hasta un helicóptero para rastrear la zona boscosa sur de Morelia, última ubicación que marcó el localizador de su teléfono móvil (Foto: Twitter@rosvigo88)
La desaparición de la joven llevó a su familia a realizar diversas protestas en el Centro Histórico, así como a las afueras de la residencia oficial Casa de Gobierno, donde despacha el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.
Investigadores de la FGE utilizaron binomios caninos y hasta un helicóptero para rastrear la zona boscosa sur de Morelia, última ubicación que marcó el localizador de su teléfono móvil.
De acuerdo con peritos del Servicio Médico Forense (Semefo), el cuerpo de Jessica presenta características que hacen suponer que fue asesinada hace tres días, es decir, horas después de su desaparición.
Jessica (Foto: Twitter/@Yuritzi92858611)
Colectivos feministas y organizaciones sociales protestaron la noche del viernes 25 de septiembre en el Centro Histórico de Morelia.
“¡No somos todas, nos falta Jessica”, fue una de las consignas de los manifestantes que conjugaron a los familiares y amigos de la víctima, colectivos feministas y ciudadanos que se reunieron exigiendo justicia y amagando con radicalizar sus acciones en busca de que la Fiscalía esclarezca el crimen y detenga al o los presuntos responsables.
En México se registraron 34,608 homicidios dolosos y 1,012 feminicidios (asesinatos por razón de género) durante el 2019 y, según las cifras ofrecidas por autoridades de seguridad hace una semana, con datos aportados por las 32 fiscalías estatales, los feminicidios aumentaron de 74 en julio a 78 en agosto.
Oscar denunció como grandes extensiones de tierra en su comunidad estaban secas por la falta de agua, lo que había provocado una migración de pobladores hacía la ciudad de Tecate.
Facebook: Óscar Eyraud
En sus últimos meses de vida el activista Óscar Eyraud Adams se dedicó a denunciar la falta de agua en la comunidad Kumiai de Juntas de Nejí y el acaparamiento de pozos por parte de grandes usuarios en el municipio de Tecate, Baja California.
“Era una persona muy noble y comprometida con su comunidad”, expresó uno de los amigos del activista de 34 años, quien el jueves 24 de septiembre por la noche fue asesinado en el municipio de Tecate, Baja California, a manos de un grupo de hombres armados.
Los asesinos utilizaron armas de grueso calibre, y armas cortas. Testigos aseguran que los hombres armados lo mataron en su casa ubicada en la colonia Romero, donde las autoridades encontraron al menos 13 casquillos de bala de diferentes calibres.
Óscar era un joven defensor del agua en su comunidad. El pasado 31 de agosto, el periódico Reforma lo entrevistó sobre el conflicto del agua en Juntas Nejí, donde se ubican los indígenas Kumiai.
Ahí, Óscar habló de como grandes extensiones de tierra en su comunidad estaban secas por la falta de agua, lo que había provocado una migración de pobladores hacía la ciudad de Tecate.
Además, le hizo un llamado a la titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, para que al momento de dar los permisos de agua primero los considerara a ellos “antes que a las grandes empresas consumidoras de agua”.
Óscar luchó por varios años para impulsar proyectos productivos para su comunidad, “principalmente producción agrícola para fines comerciales y de autoconsumo, para que los jóvenes kumiai como él no tuvieran que migrar a la ciudad en busca de empleo, y con ello poder preservar su cultura, territorio y cosmovisión indígena. La mayoría de estos proyectos fracasaron justamente por la falta de agua”, expusieron en una carta los integrantes de Jóvenes ante la Emergencia Nacional.
Óscar fue uno de los integrantes de su comunidad que emigró a Tecate. Desde hace un año, aproximadamente, se mudó a la ciudad a vivir con un tío.
En Tecate, siguió apoyando a su comunidad, pero también a través de redes sociales pedía justicia por los asesinatos ocurridos en la ciudad (98 en este 2020), además de apoyar diferentes causas y luchas sociales.
El 15 de septiembre, a través de su cuenta en Facebook, Óscar subió una serie de fotografías de una manifestación en Tecate realizada por familiares y amigos de Miguel Topete, joven asesinado en abril en el interior de un negocio de comida donde laboraba desde hacía 8 años.
“El reclamo social por la gran ola de violencia que vive Tecate por parte de los familiares y amistades de las víctimas de asesinato del municipio de Tecate, Baja California, México”, escribió para acompañar las fotografías de la manifestación.
“Óscar era muy tranquilo. Noble. Decíamos que era como un niñote por su personalidad. Apoyaba muchas causas y diversas luchas”, recordó un amigo del activista, quien pidió ser entrevistado de manera anónima.
En Baja California se unió a la manifestación de jornaleros de San Quintín; apoyó a la CNTE contra la Reforma Educativa; en Mexicali apoyó las protestas y manifestaciones contra la cervecera Constellation Brands, además de apoyar la lucha por encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y por miles de personas desaparecidas en México.
“Por la forma en que lo asesinaron no vemos una conexión con su activismo, pero eso es algo que las autoridades tendrán que investigar”.
Óscar era, en palabras de sus mejores amigos, “un joven alegre, inquieto, solidario y comprometido con su comunidad y con el país. Su asesinato nos desgarra profundamente. No debe quedar impune”.
“Ante su cobarde asesinato, sólo nos retumba fuertemente la palabra justicia”, lamentaron Jóvenes ante la Emergencia Nacional, quienes en su carta recordaron que con el asesinato de Óscar “van 80 de defensores del medio ambiente y el territorio asesinados en México desde 2012, la mayoría pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas”.
Este 26 de septiembre, el cuerpo de Óscar será llevado a Juntas Nejí donde será velado. Como parte de la ceremonia el cuerpo será llevado a los lugares emblemáticos de su vida y de la comunidad.
“Pues la verdad es que no sabemos qué está pasando, lo único que sabemos es que mataron de manera sangrienta a Óscar y luego nos enteramos que mataron al cuñado, tenemos mucho miedo”, dijo un miembro de la familia de Eyraud Adams, activista a favor de la comunidad Kumiai quien tenía una disputa histórica con las autoridades por el agua, y familiar lejano de la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra.
“Yo no veo que él (Óscar) estuviera involucrado en algo malo, lo único que sabemos es que siempre luchaba por el agua”, afirmó una amiga del activista.
A las 19:07 horas del 24 de septiembre, un grupo de asesinos ingresó al patio de la casa donde vivía Eyraud en el callejón Libertad, en el municipio de Tecate, y le dispararon con 3 rifles y una pistola, 13 casquillos percutidos fueron encontrados en el lugar. Y 18 horas después, a las 13:06 del día 25, las autoridades recibieron otra llamada de emergencia porque Óscar Sotelo, cuñado de Adams, había sido baleado en el interior de un expendio de cerveza ubicado en el kilómetro 14 de la carretera Tecate-Ensenada, en la colonia Nueva Hindú, sección Cerro Azul, y murió en el hospital.
Al revisar los datos de la víctima, las autoridades descubrieron que estaba emparentado con la víctima del día anterior. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó a ZETA que hasta el momento ambos homicidios se están investigando por separado, porque no se han encontrado indicios que estén relacionados.
“Yo nomás pido que se haga justicia y que se investigue a fondo, porque la verdad tenemos miedo de que pasen más cosas”, afirmó uno de los primos de Óscar Eyraud Adams.
En una entrevista con ZETA, Zulema Adams Pereyra, alcaldesa de Tecate, confirmó que Óscar Eyraud Adams era su primo lejano, pero no lo trató de manera personal, aunque convivió con parte de su familia cuando era joven.
“Es que muchos –Adams- estaban en Nejí –poblado Kumiai- y casi no bajaban a Tecate y nosotros casi no subíamos a Nejí, pero sí era un pariente lejano”, explicó la alcaldesa de Tecate.
A pesar de no haber convivido Óscar Eyraud Adams, la presidenta municipal de Tecate dijo saber que era activista, que luchaba por los derechos de la Kumiai y que andaba metido en defender el agua para las comunidades indígenas.
Con relación a la muerte de Daniel Sotelo, la funcionaria confirmó que era cuñado de Óscar, aunque tampoco lo conocía y señaló que su esposa se apellida Adams, pero tampoco la conoce.
“Yo estoy muy sorprendida, sobre todo con el primero, con Óscar, porque iban dos camionetas, en el informe preliminar, que tiene la Policía Municipal, es que dos camionetas fuerzan el garage y entran por ahí, y que él –Óscar Eyraud Adams- estaba en el patio, llevaban armas largas.
Fotos: Gerardo Andrade
“Hemos indagado en qué andaba metido, y todo lo que sale es el tema del agua y el derecho a los Kumiai, no hemos podido obtener más información”, dijo Zulema Adams Pereyra.
La alcaldesa de Tecate mencionó que luego del asesinato de Eyraud Adams, también fue amenazada por medio de un perfil falso de Facebook, dijo que no denunció ante una autoridad, pero reforzó su seguridad.
“Recibí una amenaza donde decía somos 12 y vamos por ti el lunes, me amenazaron por Facebook de un perfil falso y subieron una foto del que parece el cuartel militar de Tecate, la foto, fue lo que me dijeron”, indicó la funcionaria.
A partir del mes de julio del 2020, después de que la presidenta denunciara haber sido amenazada por funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla por temas políticos, se generó una evidente ruptura, sin embargo, la alcaldesa aseguró que el Ayuntamiento continúa trabajando coordinado en materia de seguridad, y celebró que la Fiscalía General del Estado (FGE) regresara a las “Mesas de Seguridad”, de las cuales se había retirado por cerca de dos meses.
“Se necesita una coordinación de los tres niveles de gobierno, no nomás únicamente del municipio, si no de los tres niveles de gobierno porque nosotros estamos bajos en cuestión de policías”, concluyó Adams.
Autoridades en Baja California confirmaron el asesinato en Tecate de Daniel Sotelo, cuñado del asesinado activista Óscar Eyraud Adams.
El segundo crimen ocurrió un día después del asesinato de Óscar Eyraud a manos de un grupo armado.
El crimen de Sotelo, de 32 años de edad, se registró en el interior de un establecimiento de abarrotes propiedad de la familia.
Lee: ¿Quién era Óscar Eyraud, activista Kumiai que defendía el agua en BC y fue asesinado?
De acuerdo con la Agencia Estatal de Investigación los hechos se registraron alrededor de las 13 horas del viernes, en la colonia Nueva Hindú Sección Cerro Azul de Tecate.
Los policías que acudieron al lugar encontraron con vida a Daniel, quien fue trasladado por Cruz Roja hacia el hospital del IMSS en prioridad roja, pero falleció posteriormente.
Daniel Sotelo era cuñado de Óscar Eyraud, activista de 34 años, originario de la comunidad indígena Kumiai de Juntas de Nejí, quien meses antes de su asesinato se dedicó a denunciar el acaparamiento de pozos de agua por parte de grandes usuarios en el municipio de Tecate, Baja California.
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El jueves pasado, asesinaron al defensor del territorio Óscar Eyraud Adams, kumiai de Tecate, Baja California. Él denunció el despojo de agua de las trasnacionales, y la negativa de Conagua de permitirles un pozo. Buscaba la libre determinación para su pueblo.
Óscar Eyraud Adams siempre tenía ganas de aprender. Defendía las codiciadas tierras del pueblo Kumiai en Tecate, Baja California. El nació en la comunidad Juntas de Neji, en un lugar que se llama Rancho los baños. Sus amigos lo recuerdan siempre preocupado por la tierra que cultivaba. Una persona que siempre les expresó orgullo de su cultura y tradiciones.
En el último mes denunció públicamente la corrupción en las concesiones actuales de la Conagua en la región. Con ello evidenció la negativa de la Comisión a permitirles a los habitantes kumiai hacer un pozo que alimente los cultivos de la comunidad. Óscar lo denunció en todos los territorios que pisó: Sin agua, la comunidad Kumiai de Tecate corre el riesgo de desaparecer.
Mostró ante las cámaras de un periódico de circulación nacional la tierra árida en dónde antes había árboles frutales:
“Todo esto desapareció por falta de agua; porque no tenemos la suficiente agua, pues. No tenemos un permiso para extracción de agua con un pozo, y quisiéramos que Blanca Jimenez la titular de Conagua nos considerara antes que a las grandes empresas consumidoras de agua. Heineken tiene más de 12 pozos, y el acuífero está sobreexplotado”.
El pueblo Kumiai carece de agua para su siembra. Óscar participó recientemente en reuniones asamblearias y organizativas para la libre determinación del pueblo Kumiai; para defender el agua, ante el constante asalto de las corporaciones. Siempre estaba al pendiente de que vinícolas, extranjeros o “vivillos» locales, como les llamaba, no le quitaran terreno a la comunidad.
Él estaba comisionado por su comunidad Kumiai Juntas de Nejí para investigar sobre el derecho a la libre determinación y la autonomía. Ante la amenaza que viven por la falta de agua, indagó sobre los tratados internacionales que les respaldaran. También se acercó a los abogados agrarios del Congreso Nacional Indígena.
“Sin pelos en la lengua”, como lo recuerdan sus amigos, tenía ya más de dos años sumergido en el tema del agua y su escacez en el territorio Kumiai. Se dedicó a denunciar la sobre explotación de los mantos por parte de empresas trasnacionales y el desabasto de agua que sufre su comunidad Kumiai Juntas de Nej.
Denunció las omisiones de los gobiernos local, estatal y federal ante el derecho al agua. Así como la falta de interés de las autoridades por las cuestiones de los pueblos indígenas de Baja California.
En ese contexto se enmarca la extracción del agua de la vinícola LA Cetto en el Valle de Guadalupe. Esta empresa se ha apoderado de terrenos en la región Kumiai de manera discrecional.
En los últimos días, estaba formalizando una denuncia social a través de diversos medios por la explotación del agua.
“Oscar siempre andaba duro con la crítica al gobierno farsante, que es bien sabido por todos que el gobierno no deja trabajar más que a los narcos. Y pues con el tema del agua hay muchos intereses de por medio, intereses políticos, transnacionales por las empresas de cerveza, y pues económicos ni se diga”, describe Mauro.
Óscar Eyraud Adams en territorio kumiai. Foto: cortesía amistades.
Correoso, como su tierra
“Mostraba siempre su inconformidad con el gobierno por el abandono al que tienen sometidos a los integrantes del pueblo Kumiai, a esa situación de olvido que los está llevando a su extinción”, asegura el activista Mauro Cuevas Luna.
Óscar siempre se mostraba orgulloso de ser Kumiai, conocía muy bien las tierras áridas de Tecate, las solía caminar para contemplar los antiguos asentamientos de su pueblo. Constantemente rememoraba a sus antepasados. Hizo varios compromisos con sus amistades de llevarlos a conocer “una que otra rareza Kumiai poco conocida”.
“Se perdía en la sierra”, asegura el activista Adrián Zapata.
Él lo recuerda “correoso, igual que el clima de la Baja California”. El modo en que luchaba por su pueblo era haciéndolo visible. Exigiendo que se respetaran sus derechos y su existencia, aunque la lengua se esté perdiendo.
“Lo recuerdo siempre preocupado por el futuro de su comunidad, negado al exterminio kumiai”, describe la activista Diana Tlazohkamati.
La lucha por el agua tenía que ver también con la defensa de su propio origen. Óscar era consciente de la relación de su pueblo con el agua, por eso, el activista Adrián Zapata la describe como “literalmente y metafóricamente, una lucha única, pionera, arrojada. Se enfrentó sólo a la peor y más mortal guerra en el mundo, la de la defensa el agua”.
De acuerdo con Diana, su lucha es importante porque buscaba poner en manos de quién realmente sepa utilizarla, el agua para el bien común: el pueblo kumiai.
Él denunció las “tácticas de despojo del Estado contra los pueblos originarios para disolver prácticas comunitarias, que impulsarán la economía y su tejido sociocultural kumiai. Que el gobierno estaba interesado tanto en su despojo que ellos sabían que no podían ingresar con seguridad por ejemplo a un hospital porque temían ya no salir con vida.”, asegura Diana.
En su mente, siempre estuvo una escuelita para una educación digna, para su comunidad, que rescatara los saberes de sus ancestros.
De norte a sur, anduvo Óscar
Oscar participó activamente en diferentes movimientos sociales durante el sexenio de Peña Nieto, en todo el país. Así le tocó, varias veces convivir con pueblos que abren caminos para ejercer la libre determinación.
Sus amigos lo recuerdan codo a codo con las comunidades purépechas de Cherán, aprendiendo de las fogatas de las mujeres que hacen guardias día y noche. Aprendió cómo este pueblo sacó al crimen organizado de sus bosques.
Cuentan historias de cuando Óscar estuvo en el paro Laboral de Jornaleros en San Quintín, platicaba con todas las familias.
Cuentan de su participación en las mega marchas de maestros de la CNTE en contra de la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto. O en la colecta y entrega de víveres al plantón de maestros de Nochixtlán, después de la represión en Oaxaca. Circulan en todas las redes fotos del apoyo incondicional que tenía con las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
También participó en la campaña nacional para la denuncia de Desapariciones forzadas, tejiendo trabajo con organizaciones en búsqueda en campo. Hace unos días organizó brigadas para la búsqueda de jóvenes desaparecidos, y el caso de una madre de Ayotzinapa que vive en Mexicali.
Lo recuerdan al pie del cañón en las jornadas de apoyo y demanda de liberación de la defensora del territorio kumiai Aurora Meza en todo el estado. Ella fue acusada de robar un caballo por no querer vender sus tierras a un político priísta.
A lo largo de sus actividades políticas, estaba atravesada la exigencia por los derechos indígenas. La activista Diana Tlazohkamati lo recuerda como “una persona de gran corazón. Sumándose con una gran entrega a acciones nacionales y locales.
Su amistad
Mauro Cuevas admiraba a Óscar por que “cuándo había que decir algo nunca se quedaba callado. Era aferrado. Un pinche guerrero Kumiai, siempre preocupado por su comunidad y sus amistades. Sincero, inteligente, de acción. Buen amigo, de esos con los que te avientas todo el día risa y risa; plática y plática; y que nunca te dejan abajo”.
Tijuana, Baja California, 20 de septiembre de 2020. ARCHIVO: Aspectos generales de los trabajadores de la industria maquiladora. Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
En julio, la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana sondeó a 120 de sus empresas afiliadas, en las que se detectó que el 98% tuvo por lo menos un empleado con resultado positivo a COVID-19. El 23 de mayo, el secretario estatal de Salud afirmó que empresas con contagios o defunciones por COVID serían cerradas. A la fecha no hay reportes de clausuras
La pandemia generada por la enfermedad COVID-19 ha golpeado principalmente a la clase trabajadora de Baja California que está entre los 20 y 64 años de edad, y representa 15 mil 472 pacientes infectados (83%) de los 18 mil 702 casos que han dado positivo al virus SARS-CoV-2 en todo Baja California. Una parte labora en el sector industrial.
En cuanto a defunciones, la población de 20 a 64 años ha tenido mil 973 decesos (57%) de las 3 mil 432 muertes que se reportan en la entidad.
A pesar que en un inicio -a través de su secretario de Salud, Alonso Pérez Rico-, la administración de Jaime Bonilla Valdez informó que harían una exhaustiva inspección y cierre de empresas esenciales o no esenciales que tuvieran un caso confirmado o un deceso por COVID para evitar cadenas de contagios, estas acciones nunca se llevaron a cabo.
Hasta el 21 de agosto -última actualización por parte de la Secretaría de Salud-, en BC había registro de 6 mil 891 trabajadores contagiados confirmados, de los que solo 274 estaban clasificados como obreros; el resto fue mencionado como “empleados” y “otros”.
Pese a estos datos, no se ha reportado el cierre de alguna empresa en la región ni tampoco se reportan brotes porque los empleadores prefieren enviar a sus trabajadores al hogar sin realizar los estudios correspondientes o dar aviso a las autoridades sanitarias, poniendo en riesgo la salud del resto de la plantilla laboral.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en Baja California hay un millón 410 mil 500 personas con trabajo fijo. De esa cifra -hasta 2018- se sabe que 422 mil 816 corresponden a la industria manufacturera esencial y no esencial.
Tijuana, Baja California, 20 de septiembre de 2020. ARCHIVO: Aspectos generales de los trabajadores de la industria maquiladora. Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
EL COMPROMISO DE TRABAJO QUE PÉREZ RICO NO CUMPLIÓ
El 23 de mayo, el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, aseguró en la transmisión del gobernador Jaime Bonilla:
“Las empresas que están teniendo ahorita, independientemente que sean esenciales o no esenciales, cuando eventualmente trabajen las no esenciales, vamos a implementar la siguiente política. Cuando tengan un caso, una defunción, un grupo importante de trabajadores enfermos, van a ser visitados no nada más por la Coepris, sino también por el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud y no podrán reiniciar operaciones hasta que el Departamento de Epidemiología lo libere”.
Sin embargo, a cuatro meses de la declaración, ninguna empresa ha sido clausurada ni se han continuado las visitas de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) a cargo de David Gutiérrez Inzunza, que actualmente se encuentra enfocado en la guerra sucia del gobierno estatal en contra del Ayuntamiento de Tijuana, dejando de lado los operativos para revisar que las empresas esenciales y no esenciales estén cumpliendo cabalmente con los protocolos de trabajo.
LA OPACIDAD DEL IMSS
Conocer la cifra de trabajadores que han dado positivo a COVID-19 en Baja California no es un tema posible de conocer por dos razones: la industria manufacturera se ha mostrado recelosa en brindar la información de casos confirmados tanto a las cámaras y asociaciones que les representan; así como a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), por lo que no hay forma de conocer esos datos, bajo el argumento que son “privados”, de cada empresa.
Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se negó a brindar el total de las incapacidades por la COVID-19. La solicitud hecha con casi tres semanas de anticipación a esta publicación, nunca se generó al interior de la instancia que en BC está a cargo de la delegada Desireé Sagarnaga Durante, según lo informado a ZETA.
Esta no es la primera vez que la delegación oculta datos respecto a la pandemia que se vive en Baja California. Previamente, al solicitar información sobre el número de trabajadores del IMSS que han recibido prestaciones como el Bono COVID, se negaron a darla, como también no han respondido sobre el número de fallecidos o por qué la cifra de pruebas realizadas no coincide con lo capturado en la plataforma nacional.
98 % DE LAS EMPRESAS HAN TENIDO POR LO MENOS UN CASO CONFIRMADO: ESTUDIO
Durante julio, la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana (ARHITAC) realizó un estudio para conocer la situación de sus asociados en el tema de la pandemia: de 280 empresas que integran la Asociación Civil, solo 120 respondieron el cuestionario que mostró que el 98% de las empresas ha tenido personal infectado por el letal patógeno, sin que ninguna haya sufrido algún cierre como lo advirtió en su momento el titular de la Secretaría de Salud.
Heriberto Galindo, presidente de ARHITAC, indicó que esta encuesta abarcó a empresas de manufactura de exportación de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, y estuvo enfocada en tres ejes: las acciones que realizan cuando tienen sospechosos COVID, el protocolo para cuando ya el trabajador está confirmado, y la compensación para población vulnerable que se encuentra en resguardo.
Tijuana, Baja California, 20 de septiembre de 2020. ARCHIVO: Aspectos generales de los trabajadores de la industria maquiladora. Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
“Son el 98% de empresas que nos hemos enterado que ha habido al menos un caso confirmado de COVID, la información (del total de contagios) la quisimos mantener bajo confidencialidad, no se las preguntamos para que sea información que cada empresa maneje, nosotros manejamos la que proporciona el IMSS para evitar entrar en disputas o desacreditaciones de la información”, refirió Galindo.
De esta encuesta, descubrieron que el 47% de las empresas con un caso sospechoso, son enviados con incapacidad a sus casas y el 51% con permiso COVID con goce de sueldo. De tener algún trabajador con resultado positivo, el 58 % de las empresas solicitan se tramite la incapacidad en IMSS y el 32% solo los envía a casa, mientras que el 7.5% les pide incapacidad y que tramiten el permiso COVID.
Respecto a las personas que ya pasaron los 14 días de síntomas pero continúan sin recuperarse por completo, el 44.17 % permite que el trabajador siga en casa, el 35.83% solicita una incapacidad a sus empleados y el 16 % otorga capacidad al 60% de su salario y pide otra prueba de confirmación.
Por último, el directivo informó que la encuesta dejó como resultado que el 53% de los empleadores consultados ya no le paga a los trabajadores que no son considerados población en riesgo, según los nuevos criterios de vulnerabilidad.
ENTRE 10 Y 15 % DE EMPLEADOS SON POBLACIÓN EN RIESGO: COPARMEX
El coordinador de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Roberto Quijano Sosa, considera que por parte del sector industrial se ha trabajado en evitar que se den contagios al interior de las empresas, apegándose a una serie de indicaciones solicitadas por la Secretaría del Trabajo y la Coepris, como la instalación de filtros sanitarios a la entrada del personal, aplicación de medidas de seguridad como gel antibacterial, contratación de médicos que realicen estudios a los trabajadores, entrega de Equipo de Protección Personal (EPP) y acondicionamiento de distanciamiento social.
“Si tienes 350 mil empleados en la industria maquiladora, los que resultaron vulnerables fue entre el 10 y 15% de la población de las empresas; si hay una empresa con mil empleados, cerca de 120 son vulnerables. Considero que debe haber entre 15 mil y 20 mil empleados vulnerables”, detalló respecto a la población en riesgo que existe en el sector industrial.
Manifestó que se han topado con escenarios en los que empleados que siguen en resguardo, en lugar de cuidarse han utilizado el tiempo de cuarentena para salir de vacaciones o cambiar de empleo, sin dejar de percibir el salario íntegro que paga la empresa donde están contratados y que le permitió ausentarse.
“Las empresas cuestionan mucho esa condición de enfermedad y que no respeten la cuarentena, porque el empleado se está contagiando en el transporte público, en sus casas y en su vida personal, cuando sale a reuniones o a fiestas y no guarda la sana distancia, no tiene higiene ni protección, sobre todo en el transporte, donde se están dando los contagios. Y me consta porque voy a las empresas, las inspecciono, y hay protocolos para evitar los contagios”, señaló el coordinador de la Coparmex.
Además, enfatizó que la responsabilidad recae en la autoridad municipal que no se ha decidido por regular el tema del transporte público ni ha reforzado los operativos en unidades de transporte para vigilar el cumplimiento de las normas de distanciamiento y el uso adecuado de cubre bocas.
Por otra parte, aceptó que a la fecha se han presentado contagios al interior de las empresas de manufactura, los cuales no han sido considerados como brotes, pero sí se ha enviado a resguardo a líneas enteras de producción y algunas áreas de trabajo, sin llegar al cierre completo de las empresas.
NUEVOS CRITERIOS PARA EVALUAR VULNERABILIDAD PODRÍAN AFECTAR A POBLACIÓN EN RIESGO
El 27 de julio, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaron los nuevos Criterios para las Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad que Tienen Mayor Riesgo de Desarrollar una Complicación o Morir por COVID-19 en la Reapertura de Actividades Económicas en los Centros de Trabajo, con los que se evaluará a los empleados que se venían considerando como población en riesgo, y, de no entrar en estos, tendrían que volver a su trabajo.
El secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan, indicó que la normativa continúa similar a como estaba, solo que ahora, con estos criterios se tiene definido el perfil de una persona clasificada como población en riesgo.
“Ahora ya definen la vulnerabilidad de estas personas que pueden tener estas enfermedades, entonces ahora resulta que no todos son vulnerables y no deben trabajar, sino los que están clasificados los parámetros que establece la autoridad federal. El 80% de los que son vulnerables o considerados como tal, deben regresar a trabajar”, expuso el funcionario estatal.
Aquellas personas consideradas vulnerables deben acreditarse ante el médico de la empresa, el IMSS o cualquier institución de salud, pero si no pueden comprobar que su enfermedad no está controlada, entonces deben volver a sus actividades; de lo contrario el empleador no tendrá obligación de pagarles.
Escobedo agregó que si una persona que actualmente tiene una enfermedad controlada y en dos o tres meses se sale de control y entra en la clasificación de vulnerable y lo puede comprobar, tendrá que volver al resguardo con el pago de su salario por parte de la empresa.
Acotó que la cuestión de la semaforización dependerá de las actividades que ya estén autorizadas por el gobernador Jaime Bonilla, citando como ejemplo que si un casino que según el sistema de semaforización tendría que estar activo hasta el semáforo en Verde, pero ya tiene permiso de operar, entonces los trabajadores vulnerables que no entren en los actuales parámetros, deberán volver a sus trabajos.
Este último hecho pone en desventaja a todos los trabajadores de actividades no esenciales que ya están activos y su apertura corresponde a otros colores del semáforo, como Amarillo o Verde -diferente al Rojo que continúa vigente en Baja California-. Según estos criterios, toda persona deberá volver presencialmente a sus trabajos cuando el semáforo esté en Verde, aun cuando sea vulnerable bajo los nuevos criterios.
Algunos de los nuevos criterios son, por mencionar algunos: estar en el tercer trimestre de embarazo; incapacidad por maternidad durante el periodo de lactancia; Índice de Masa Corporal mayor a 40 para personas con obesidad; personas mayores de 60 años sin comorbilidades; hemoglobina glicosilada menor a 8% para pacientes con diabetes mellitus descontrolada.
En Baja California hay cerca de 348 mil 186 pacientes diagnosticados con hipertensión y 188 mil 449 con diabetes mellitus entre la Secretaría de Salud y el IMSS, y 5 mil 855 personas diagnosticadas con obesidad -solo por la Secretaría de Salud- entre los 25 y 64 años.
Al 17 de septiembre de 2020, la Secretaría de Salud informó que 961 pacientes que han muerto tenían una comorbilidad; 946 defunciones se dieron en personas con dos comorbilidades; 531 de los fallecidos registraban tres comorbilidades; 163 defunciones se dieron en aquellos que padecían cuatro comorbilidades y 99 tenían antecedente de más de cinco enfermedades crónicas.
Bono COVID, falsa promesa de Pérez Rico y SNTSA
Desde mayo del año en curso, un rumor comenzó a recorrer los pasillos del Hospital General de Tijuana (HGT): la promesa de un Bono COVID para los trabajadores que estuvieron al frente de la contingencia provocada por la pandemia del coronavirus. Tema que desde junio y julio, Alonso Pérez Rico, titular de la Secretaría de Salud en Baja California, manejó como una prioridad que estaba gestionándose con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Un par de días después del 28 de agosto -fecha en que el director de Insabi, Juan Antonio Ferrer, tuvo una reunión con la Secretaría de Salud del Estado-, Pérez Rico aseguró que habían recibido la indicación de hacer la solicitud directamente a la Federación y que en el lapso de una semana tendrían una respuesta sobre el monto que recibiría cada uno de los empleados del sector médico. Fue la réplica más certera del funcionario estatal, que meses atrás, dijo desconocer en qué consistiría dicha bonificación.
A partir del 1 de septiembre, personal de los tres turnos del HGT recibieron la visita de la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) Sección 24, Yaninne Rendón Machuca, quien les informó los adelantos en temas del escalafón, los avances del aire acondicionado, elevadores y calderas, y el seguimiento del anhelado Bono COVID.
“En reunión con el secretario de Salud se tocó el tema del Bono COVID, el cual sabemos por boca del encargado del Insabi a nivel nacional, que es un bono ya aprobado, debe estar llegando el recurso económico en septiembre para que se pague. El monto y el día en que se va a pagar tendremos que verlo en una mesa de trabajo con las tres secciones. El Bono COVID se va a pagar a todos, incluyendo personal de contrato, es decir base, homologados y regularizados 1, 2 y 3, y el personal de contrato o compañeros que hayan permanecido durante la pandemia, que se enfermaron y tuvieron que resguardarse, pero estuvieron en parte de la pandemia”, les informó Rendón Machuca a través de un mensaje de voz vía WhatsApp.
Para el 14 de septiembre se anunció un ultimátum al titular de la Secretaría de Salud en Baja California. La líder sindical firmaba un documento en el que exigía una respuesta a siete peticiones, entre estas, establecer fecha y monto del Bono COVID; de lo contrario, el 20 de septiembre se declararía en paro. La reunión quedó establecida para el día 18 del mes, sin que se diera información sobre los acuerdos alcanzados.
Sin embargo, el domingo 20, los trabajadores de primera línea del HGT recibieron una noticia que no esperaban: no habría Bono COVID para ninguno de ellos, a cambio se les prometía una extensión a sus vacaciones solo para empleados de base, en tanto los de contrato no obtendrían dicho beneficio.
Lo supieron por medio de un comunicado del SNTSA subido en la página de Facebook, detallando que el bono que el Presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado y que la Secretaría de Salud estatal había comenzado a gestionar, era solo para trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social porque ellos no contaban con el bono Concepto 30 de riesgo bajo, mediano y alto que se paga a los trabajadores de la Secretaría de Salud.
El mensaje no fue bien recibido por los trabajadores que ese domingo anunciaron paro de labores, solicitando la presencia de su líder sindical, desaprobando y tomando como una burla el actuar de Pérez Rico hacia la clase trabajadora de la Secretaría.
Horas después de hablar con el director del HGT, Alberto Reyes Escamilla -quien el 1 de junio informó ante medios de comunicación que la entrega del bono era un hecho- y con la secretaria general Rendón Machuca, esta les hizo llegar un nuevo audio.
“Buenas noches compañeros delegados, el día de hoy por la tarde, 20 de septiembre de 2020, tuvo a bien informarnos de parte del secretario de Salud y nuestro gobernador, Jaime Bonilla, que van a hacer una aportación estatal de 5 mil pesos, el martes se nos informará la fecha de pago y cómo será pagado este bono, ellos están conscientes de lo que se ha pasado y de lo que se ha vivido”, rezaba el mensaje en voz de la representante sindical.
Contario a este mensaje alentador, durante la transmisión en vivo del lunes 21 de septiembre, el gobernador y el secretario de Salud negaron que existiera presupuesto para un bono que beneficiara al personal que por seis meses estuvo atendiendo a pacientes COVID.
“Aquí es muy claro que siempre tenemos que ser sinceros con la gente, en realidad nunca ha estado presupuestado -el bono- por parte del Estado, nosotros recibimos un Estado quebrado, ya muchos lo saben y no quiere decir que es falta de reconocimiento, al contrario: simple y sencillamente no está presupuestado, y fuera que tengamos un ingreso extraordinario, no veo cómo se pueda solventar un compromiso que nunca se ha hecho, cuando menos por parte del gobierno del Estado.
“No tengo yo contemplado un bono dentro del esquema financiero porque no tenemos los recursos, entonces tendríamos que buscar nosotros para que eso funcionara, que el Gobierno Federal nos ayudara con eso, que nada más quede claro eso. Para mí es noticia esto del bono porque nunca ha salido de mi boca”, indicó el mandatario durante la transmisión.
Por parte de Pérez Rico, se dio a conocer que en la última semana de septiembre viajaría a Ciudad de México para buscar un recurso con el Insabi, pero adelantó que no se comprometía a nada, además, resaltó que de haber un bono, no sería para los 419 médicos y enfermeras contratados por el Insabi y que el de empleados con contrato de Isesalud se tendría que analizar.
Sin embargo, durante su participación frente al Congreso del Estado de Baja California, el jueves 24 dijo que la reunión con el Insabi sería para determinar la reconversión de los hospitales COVID.
Según datos de Pérez Rico, mil 800 empleados de la secretaría que dirige, estuvieron al frente de la salud de los bajacalifornianos durante los últimos seis meses, y serían candidatos para obtener ese bono de ser autorizado por la Federación.
Insabi desmiente a secretario de Salud
Fuentes al interior del Insabi en Ciudad de México, informaron que la dependencia federal no contempla emitir posicionamiento alguno porque de ellos nunca salió el anuncio de un bono de esa naturaleza, además, que hasta el momento la situación solo se ha presentado en Baja California, donde la Secretaría de Salud, por su iniciativa generó el falso rumor.
Además, refirieron que del recurso que se entregó a la entidad en ningún momento se estableció que alguna parte estuviera destinada a este bono, únicamente para temas de infraestructura como lo solicitó en reuniones Alonso Pérez Rico.
De igual manera, explicaron que al personal contratado por el Insabi no se le ha dicho que serán beneficiados con alguna bonificación o las prestaciones que indica el contrato.
Baja California.- El activista indígena Kumiay, Óscar Eyraud Adams, defensor del agua y la autodeterminación de los pueblos originarios en el Municipio de Tecate, en Baja California, fue acribillado la noche del jueves, informaron familiares y sus compañeros activistas.
Esta es la primera vez que un activista es asesinado en la historia reciente de Baja California.
El pasado 31 de agosto, Grupo REFORMA publicó una entrevista de Adams, en la que reclamó por la falta de agua en su comunidad y cómo esto podría impactar a la etnia Kumiay, al grado de desaparecerla.
“Todo esto (sembradíos de árboles frutales) desapareció por falta de agua, porque no tenemos suficiente agua, no tenemos un permiso para la extracción, quisiéramos que se nos considerara antes que a las grandes empresas consumidoras de agua”, señaló en ese entonces Adams.
“Esos títulos (de agua) deberían ser para la comunidad indígena antes que para las empresas y las personas que tienen el poder adquisitivo solo por tenerlas”, destacó, “eso pone en peligro la cultura, a esta comunidad”.
Un familiar de la víctima comentó a Grupo REFORMA que supo por testigos que alrededor de las 19:00 horas local (21:00 horas del centro de México) dos camionetas con vidrios polarizados llegaron hasta la casa donde residía Adams, ubicada en la zona Centro, a unas cuadras del Palacio Municipal, y de estas descendieron agresores que asesinaron a Adams.
“Fuimos a la casa y batallamos para que las autoridades nos dieran información”, contó el familiar, “él vivía con su tío y él fue el que nos confirmó que se trataba de Óscar”.
Apenas hace un año, el activista se mudó a la ciudad de Tecate ante la falta de oportunidades económicas para subsistir en su tierra, la comunidad de Juntas de Nejí, al noreste de Baja California, a unos 100 kilómetros del Municipio fronterizo de Tecate.
“Él (Adams) estaba muy preocupado por todas las problemáticas en torno a la etnia”, platicó su familiar, “decía que había mucha impunidad en todo, sobre la comunidad y las injusticias que había, incluyendo a la ciudad de Tecate, con la inseguridad, (pero) esto no nos lo esperábamos, no supimos ni cómo reaccionar, él tenía años siendo activista”.
“No comentó nada de amenazas, pero en sus redes sociales sí había gente que le ‘tiraba’, pero ¿cómo saber si por un comentario de esos haya pasado esto?”, cuestionó.
En su última publicación de la tarde de este jueves en redes sociales, Adams hizo un llamado a la lucha social.
“Manifiesta tu preocupación por el agua y las desapariciones, por las comunidades indígenas”, la frase está acompañada de un letrero que dice ‘buscando lluvia en el desierto'”.
Activistas de Baja California compartieron la noticia de la muerte de Adams y subrayaron su lucha en favor de los pueblos originarios.
“Les compartimos la lamentable noticia que nuestro compañero Óscar Eyraud Adams , originario de la comunidad Kumiay, luchador social por los derechos de los pueblos originarios y solidario en luchas nacionales, quien mantenía actualmente sus acciones enfocadas en defensa del agua y territorio, ha sido asesinado”, escribió Diana Aranguré, activista de Mexicali.
“Óscar estaba dispuesto a luchar en busca de la autodeterminación de la comunidad Kumiay, y el uso de concesiones de agua que les había negado la Conagua”, continuó, “la lucha por la defensa de agua y el territorio nos ha arrancado a compañeros porque nos quieren callar sembrando terror”.
Óscar Eyraud Adams es familiar de la Alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra.
En entrevista con Grupo REFORMA, el activista aseguró que no tenía comunicación con ella, y siempre optó por ser luchador social.
La Fiscalía General del Estado, la Alcaldía de Tecate y la Guardia Estatal confirmaron el asesinato de una persona alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, pero no identificaron a la víctima.
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El agricultor Jaime Torres confirmó que efectivos de la Guardia Nacional (GN) dispararon contra él y su esposa, Jéssica Silva Zamarripa, cuando regresaban a su casa después de participar en la toma de la presa La Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos, para impedir que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) siga extrayendo el líquido.
Con las cuerdas vocales dañadas y la parte izquierda inmóvil, Jaime Torres, cuya esposa perdió la vida en el incidente, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar a los elementos de la GN y que se informe bien sobre lo que sucede en la región con los agricultores.
“Estoy yendo a terapias todos los días a Chihuahua, me van a hacer una operación más adelante, conforme evolucione”, dijo a la prensa local desde su casa, en la comunidad Lázaro Cárdenas del municipio de Meoqui.
“No los provoqué (…) dispararon de pura espalda (…) todo fue muy rápido (…)”, respondió a una y otra pregunta de los medios de comunicación.
Jaime Torres estuvo acompañado por sus tres hijos y detalló ante los medios lo que sucedió el pasado martes 8.
La versión de la Guardia Nacional, según su titular, Luis Rodríguez Bucio, es que los agricultores se atravesaron cuando los agentes perseguían a otras personas que supuestamente tomaron granadas y armas del personal de la corporación cuando protestaban en La Boquilla. Fueron tres los detenidos.
En la conferencia mañanera del pasado viernes 18, en Palacio Nacional, el funcionario manifestó que los agricultores amenazaron a los elementos de la GN con lanzarles las granadas y que otros agricultores les cerraron el paso.
Sin embargo, Jaime Torres negó que ellos se hubieran atravesado o provocado a los agentes.
“Nosotros veníamos en caravana de Boquilla. Todos nosotros, o sea los agricultores. Todos los agricultores traíamos una leyenda de ‘Sin agua no hay vida’. Cuando veníamos llegando a Delicias, pasó un carro, un carro chico con la leyenda ‘Sin agua no hay vida’ y lo iban custodiando dos camiones de la Guardia Nacional. El carrito bajó a una intercepción y nosotros lo seguíamos para ver qué estaba pasando, para brindarle ayuda, porque llevaba la leyenda de nosotros, cuando empezaron a disparar. Todos veníamos”.
De acuerdo con la víctima, les dispararon por atrás y ya no supo más. No escuchó disparos, sólo sintió caliente su hombro izquierdo e imagina que sí hubo muchos testigos, porque fue en una gasolinera donde ocurrió todo.
“Los compañeros iban cerca, atrás de nosotros. Es que yo me bajé y pues dispararon, ya no pude nada más (…) Nosotros no traíamos armas. Yo no escuché nada, yo sólo escuché los disparos que me dieron a mí. Yo nomás sentí mi cuerpo caliente de aquí (el hombro), fue todo lo que escuché”.
Jame Torres ya rindió su declaración ante el Ministerio Público de Chihuahua, según su abogado, Javier Robledo, quien estuvo presente en la rueda de prensa.
“Efectivamente (declaró) estando en el hospital, dada la importancia de su declaración porque es vital, es fundamental para la integración de la carpeta de antecedentes. Pues se recibió la visita del Ministerio Público de Chihuahua, que estaba actuando en auxilio de la representación social de ciudad Delicias. Hay muchos elementos que ya forman parte de la carpeta de investigación que integró el Ministerio Público de Delicias, trabajaron rápido”, apuntó el abogado.
Y sostuvo que hay suficientes elementos para determinar, presumir válidamente que no fue un ataque el que repelió la GN y tampoco un accidente.
“Los avances que tenemos ahorita, pues fueron los datos de que se recabaron los elementos balísticos y demás, elementos propios que integran una carpeta de investigación (…) nos dieron apertura, estuvimos ahí presentes en algunas actuaciones, en algunas diligencias, pero tenemos también conocimiento que, dada la naturaleza de la Guardia Nacional, pues probablemente vaya a ser atraído el caso por la Fiscalía General de la República.
“Debo decirles que en el Ministerio Público federal no hemos tenido acceso todavía a alguna carpeta, estamos esperando que la Fiscalía Centro-Sur, el titular, el subprocurador, pues turnen la carpeta de investigación al Ministerio Público federal, para apersonarnos como asesores jurídicos y coadyuvar”, dijo.
Robledo manifestó que desconoce si ya declararon los elementos de la GN que tripulaban las dos unidades involucradas en el hecho delictivo.
“Desconocemos si los han entrevistado por parte de la Policía Ministerial federal, desconocemos si se ha hecho algún tipo de ensayo pericial a las armas, a las unidades. Entonces estamos esperando ya que formalmente la competencia sea aceptada por el fuero federal, para apersonarnos en dicha carpeta de investigación”.
Agregó que hay elementos de la GN que han buscado a la familia y al abogado, y han estado al pendiente de los gastos del hospital.
“Desde luego que ellos quisieran pues que ya se arreglara, incluso han propuesto por ahí algún convenio, pero no es el momento, no es la cuestión económica, no es primordial, no es primero. No es momento para decir ‘está bien, vamos a olvidarnos de las cosas por cierta cantidad’”.
La exigencia de la familia y de la sociedad es que se haga justicia y que respondan los efectivos involucrados, por el homicidio y las lesiones de Jaime Torres, externó el defensor.
A su vez, Jaime Torres dijo que ha sido muy duro pasar por esta situación y lo que le queda es seguir adelante con sus tres hijos. Llamó al pueblo de Chihuahua a seguir adelante con la lucha, no dar marcha atrás y, principalmente, que no sea en vano la muerte de su esposa Jéssica, quien tenía 36 años.
Sobre el presidente, remarcó: “está mal lo que está haciendo, no le está llegando la información correcta a él, o no sé qué es lo que está pasando. Está haciendo pelear pueblo contra pueblo (…) que retire a la Guardia Nacional y ya, que se informe bien de lo que está pasando porque no se está informando bien”.
La Jornada Baja California / Juan Pablo Guerra Cuéllar.
Los grupos aseguran estar desesperados por recibir una audiencia con el gobernador. Foto Juan Pablo Guerra Cuéllar.
Tijuana, 24 de septiembre.- Tres colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos se reunieron a las afueras de la oficina del gobernador Jaime Bonilla Valdez en las instalaciones del centro de gobierno para intentar mantener una reunión con él y exponerle sus demandas.
Los grupos aseguran estar desesperados por recibir una audiencia con el gobernador, sin embargo, fueron recibidos por el secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano, quién les informó que el mandatario estatal se encontraba en la Ciudad de México, y se sorprendió cuando le informaron que aún no tenían agendada una reunión con autoridades pertinentes respecto a sus casos.
Los integrantes de los colectivos ‘Buscando a Tolano’, ‘Madres buscando sus tesoros’ y ‘Buscando desaparecidos Rosarito-Ensenada’, se reunieron, de acuerdo con sus miembros, para apoyar a Bárbara Martínez, la mujer que ha estado excavando en la denominada Casa Campos en busca del cuerpo de su hijo, quien desapareció hace más de dos años.
Denunciaron que tenía información sobre una supuesta orden de aprehensión en su contra y otra para uno de sus colaboradores, aunque no estaba segura de si estás órdenes eran por allanamiento de morada y daño a propiedad privada, debido a los trabajos de excavación y búsqueda en la propiedad ubicada en la calle Rosales de la colonia Campos.
Al momento que llegaron, Fernando Serrano, delegado de la Secretaría General de Gobierno (SGG) en el municipio les informó que el gobernador se encontraba en la Ciudad de México y no los podía atender, sin embargo, los recibió sorprendido ante la falta de una cita con las autoridades competentes.
Diez representantes de los colectivos presentes entraron a la reunión con el delegado, a la espera de una solución a sus casos y asesoría legal en el supuesto de que existan órdenes de aprehensión.
Una trabajadora de Isesalud fue asesinada con arma de fuego al interior de una clínica de la Secretaría de Salud del Estado en la delegación de Vicente Guerrero, al sur de Ensenada.
Alrededor de las 08:20 horas de este jueves se reportó al 911 que hubo detonación de una pistola en una de las áreas del Centro de Salud de la IV Jurisdicción Sanitaria, ubicado sobre la calle San Borja.
De acuerdo al reporte policiaco, agentes municipales al arribar al lugar tuvieron que romper una puerta cerrada con seguro para acceder a donde se escucharon las detonaciones de fuego. En el cuarto yacían en el piso sobre un charco de sangre un hombre y una mujer.
Trascendió que la víctima es Lucero Rubí Ojeda Huerta de 29 años de edad , quien laboraba en la oficina de Extensión de Cobertura como promotora de la Salud.
El victimario, que se presume se trata de su ex pareja sentimental, ingresó a la clínica por la puerta trasera vestido de blanco como si fuera enfermero y se dirigió directamente al área donde se ubicaba Lucero Rubí.
La trabajadora de la salud fue trasladada de emergencia a la clínica 69 del IMSS para recibir atención médica, mientras que la persona del sexo masculino fue llevado al mismo nosocomio. Ambos fueron reportados sin vida.
Según datos preliminares, el hombre habría disparado en contra de la promotora de la salud y después activó el arma en su contra.
La Fiscalía inició las indagatorias correspondientes y junto con policías municipales y estatales cercaron el área donde se encuentra el Centro de Salud.
En BC se han registrado más de 24 asesinatos de mujeres que fueron tipificados como homicidios por razón de género, es decir son investigados como Feminicidio.
Colectivos de búsqueda, suspendieron las excavaciones en la casa ubicada sobre la calle Rosales y la rampa Pinos, de la colonia Campos, donde el 27 de noviembre del 2019 se encontró un cadáver, y se presume que hay más cuerpos.
Una de las más interesadas en las pesquisas es la señora Bárbara Martínez quien aseguró, que un hombre implicado en el homicidio de su hijo -César Ezequiel Rico de la Serda Martínez, desaparecido el 25 de octubre del 2018-, le dijo que el cadáver estaba en ese predio.
La señora Martínez aseguró que suspendieron porque del interior de la Fiscalía General del Estado le informaron de manera anónima, que estaban preparando órdenes de aprehensión en su contra, y de su compañero Jesse Varajas, del colectivo “Buscando a Tolano”, por los delitos de allanamiento de morada y daños en propiedad privada.
“Pues no se me hace justo que a mí me quieran meter presa por buscar a mi hijo y las personas, los presuntos culpables, pues estén sueltos”, dijo la mujer.
Ricardo Iván Carpio Sánchez, el Fiscal de Unidades Especializadas, Ricardo Iván Carpio Sánchez rechazó sospecha: “Eso de las órdenes de aprehensión es negativo.
“Lo que sí, es que Protección Civil colocó sellos rojos porque el inmueble está en riesgo de derrumbe. Y sellos naranjas en las construcciones aledañas. Lo que indica que no se debe excavar y eso molestó razonablemente a los colectivos, que igual entraron.
“Tal vez lo piensan porque entraron a la casa a pesar de los sellos y los agentes que los acompañaban lo documentaron. Pero fue por protocolo, para evitar problemas administrativos y legales. Los familiares están molestos por los tiempos de espera, lo entendemos, pero buscamos que las búsquedas se hagan en las condiciones más seguras posibles”.
La señora Martínez ingresó al predio a partir del 12 de septiembre en compañía de representantes de varios colectivos, y desde entonces han excavado varias partes del predio, en donde hay una vivienda de madera y una casa en obra negra, por lo que solicitaron a la autoridad que derrumbe las construcciones para agilizar la búsqueda.
Los mismos activistas aseguraron que nadie ha reclamado el predio, ya que era utilizado por grupos del crimen organizado para enterrar a personas.
José Fernando Ortigoza Mugarte, presidente de la asociación “Unidos por los Desaparecidos de Baja California” informó este mismo jueves 24 de septiembre solicitarán en el Palacio de Gobierno, una reunión con el Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez.
La intención es obtener un escrito legal donde se informe, con fechas, los pasos que realizará la FGE para esclarecer si en la “Casa Campos” hay cuerpos, y cuando se pretende derrumbar las casas.
“Hoy nos retiramos de aquí de la Casa Campos, pero nos vamos hacia Palacio de Gobierno para ver cuál va ser la decisión que van a tomar (Gobierno Estatal), cuánto tiempo, necesitamos que nos den un escrito en donde nos digan en un año, 6 meses, 5 meses la vamos a tumbar -casas- y ya se puede entrar a esa casa”, dijo Ortigoza Mugarte.
El presidente de la asociación “Unidos por los Desaparecidos de Baja California”, aseguró que la FGE no ha dado ningún resultado, el trato hacia los familiares de las víctimas no es cordial y ni siquiera se les han entregado los expedientes de las investigaciones que se han realizado.
MÉRIDA, MX.- A pesar que desde el pasado 15 de septiembre se dio a conocer la falta de pago a personal médico que fue contratado para los hospitales emergentes y atender a personas enfermas por coronavirus (COVID-19) en Yucatán, hoy siguen sin recibir ni salario ni respuesta.
Se trata de más de 200 trabajadores, entre personal médico y de enfermería que han reportado no contar con sus pagos desde que se abrieron las puertas del Centro de Convenciones Siglo XXI Yucatán y el Hospital de Valladolid y cada vez las protestas son más evidentes.
En este sentido, se han dedicado estos días a hacer denuncias a través de sus redes sociales, en donde a través de pancartas, informan que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no ha reportado sus contratos y por ende no les pueden pagar.
De igual forma, la Secretaría de Salud del Estado no ha fijado un posicionamiento sobre los hechos, esto a pesar de que el personal médico ha pedido información en diversas ocasiones.
Hace cinco meses, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció sobre habilitar hospitales emergentes en el estado para prevenir la saturación de pacientes enfermos de COVID-19 y aunque fue un hecho celebrado incluso por autoridades ajenas a la entidad, hoy en día, quienes laboran diariamente en estos establecimientos, denuncian falta de pago.
En el Siglo XXI hay más de 140 enfermeras y enfermeros trabajando por más de 12 horas diarias y que no han recibido la recompensa económica por lo que hacen.
El otro caso se trata de más de 70 personas que están en el Hospital de Valladolid, quienes incluso viajan desde Mérida y otros municipios para poder presentarse a sus jornadas laborales.
Colima, México, Avanzada (24/09/2020).- En Colima, a las mujeres las asesinan, torturan, queman y mutilan. Algunas veces, las agreden con arma de fuego, en otras con armas blanca e incluso, con piedras, ladrillos o varillas.
La entidad se ha convertido en un espacio inseguro para la población en general, pero especialmente para las mujeres, quienes en muchas ocasiones pierden la vida dentro de sus propias casas.
En lo que va del año, en el estado se han cometido 68 feminicidios y prácticamente todos permanecen en la impunidad, al igual que los homicidios dolosos en general.
Recientemente se informó que Colima es una de las entidades con la tasa más alta de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes y con una impunidad del 100 por ciento.
Lo anterior de acuerdo a la investigación que realizó el portal “Animal Político” quien señaló que de enero a junio de este año, en Colima no se resolvió ninguna carpeta de investigación por homicidio doloso.
En relación a los feminicidios, el Centro de Apoyo a la Mujer (CAM) demandó a la Fiscalía General poner fin a la impunidad que envuelve a los crímenes de mujeres.
A través de un posicionamiento público, el mismo centro especificó que en el estado, asesinan por igual a niñas, jóvenes y mujeres adultas, Esta terrible violencia contra las mujeres “parece no tener fin” expuso.
Tan sólo el pasado domingo, María Herlinda de 24 años de edad, madre de una niña de seis años, fue asesinada por su ex pareja. Desde el 2018, Herlinda denunció la violencia que sufría. De acuerdo a notas periodísticas, la joven estaba embarazada cuando el agresor la atacó hasta quitarle la vida con un arma blanca.
Colima, México, Avanzada (24/09/2020).- Con una tasa de 105 asesinatos por cada 100 mil habitantes durante 2019, según cifras del Instituto Nacional de estadística y Geografía (Inegi), el estado de Colima superó significativamente a El Salvador, ubicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el país más violento del mundo, con una tasa de 61.8 homicidios por cada 100 mil habitantes en ese mismo año.
Mientras tanto, según la ONU, México como país se colocó en el lugar 12 de la tabla de los países más violentos del mundo, con una tasa de 27 casos por cada 100 mil habitantes.
Con base en las cifras del Inegi, en Colima se registraron durante el año anterior 812 asesinatos, cifra sólo superada por la de 2017, cuando se contabilizaron 867 casos.
Las estadísticas del Inegi revelan que en 2019 se registraron 36 mil 476 homicidios en México. Es decir, una razón de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa similar a la registrada en 2018.
Estas cifras se derivan de la estadística de defunciones registradas, a partir de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, los cuales son generados por las entidades federativas y que son recopilados mensualmente por el INEGI. Las fuentes informantes que tuvieron al menos un registro de homicidio corresponden a 405 Oficialías del Registro Civil, 259 Agencias del Ministerio Público y 106 Servicios Médicos Forenses.
A partir de 2015, el INEGI capta información de presuntos homicidios directamente de los Servicios Médicos Forenses por medio de los certificados de defunción que emiten para las muertes accidentales y violentas. Además, capta datos en las Oficialías del Registro Civil a través de actas y certificados de defunción. Esta información se complementa con la proporcionada por las Agencias del Ministerio Público mediante cuadernos estadísticos.
Los homicidios forman parte de las defunciones accidentales y violentas, cuya clasificación se determina con base en las afecciones y lesiones (causas), la presunción del tipo de defunción y el motivo de la lesión, registrados por el certificante en el certificado de defunción. Las primeras dos son fundamentales para distinguir entre un presunto homicidio, un presunto accidente o un presunto suicidio, aunque en algunos casos el certificante carece de elementos suficientes para identificar la intencionalidad del hecho ocurrido.
Después de retirar dinero en un banco e intentar enviarlo a sus familiares en Haití, dos haitianos fueron detenidos por la policía de Ciudad de México y remitidos al Ministerio Público. La comunidad haitiana en México reclama una detención arbitraria por su perfil racial
Jean Holny Janvier y Jhon Kerry Borno, migrantes haitianos, fueron detenidos a las seis con diez minutos de la tarde del miércoles 23 de septiembre. Con ellos cargaban 23 mil pesos y algunas tarjetas bancarias. Habían retirado el efectivo para enviarlo a sus familiares en Haití, pero no pudieron. Saliendo del banco la policía de la ciudad los detuvo y los llevó al Ministerio Público a bordo de la patrulla DF-505Z1.
“Ayer ellos querían enviar un dinero, fueron al cajero dentro del banco de Coppel, sacaron 20 mil pesos ahí en la caja, con su identificación. Querían mandar el dinero a Haití, pero no había servicio para hacer la transferencia” comentó en entrevista Wilner Metelus del Comité Ciudadano en defensa de los Afromexicanos.
“Como no pudieron, fueron a enviar el dinero por Elektra, salieron del banco y, nadie sabe cómo, los policías sabían que traían algo de dinero. Les preguntaron de dónde venían y cómo habían obtenido el dinero, y les pidieron que se subieran a la patrulla. Ellos no querían ir, tenían miedo de subirse a la patrulla”, cuenta Metelus.
Foto: Arturo Contreras.
La mañana del jueves siguiente a la detención, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México emitió el comunicado 1968/2020 en el que informa de la detención de los dos hombres: “se les aseguraron varias tarjetas bancarias de las que no acreditaron su legal propiedad, así como dinero en efectivo”.
“Efectivos de la Policía Auxiliar realizaban recorridos de vigilancia en la zona, y se percataron que dos ciudadanos, al parecer extranjeros, manipulaban plásticos y dinero, en las inmediaciones de una sucursal bancaria”, continúa el comunicado. “Se les hallaron ocho tarjetas bancarias, tres identificaciones y dos pasaportes. Al no poder comprobar la legal propiedad de los plásticos crediticios que tenían distintos nombres y domicilios, los hombres de 36 y 21 años de edad, que dijeron ser originarios de Haití, fueron detenidos”.
Jean y Jhon cargaban consigo sus pasaportes y otras identificaciones y tarjetas. Tres de ellas corresponden a documentos de identidad chilenos, dónde solían vivir antes de llegar a México. El resto de las tarjetas corresponden a sus plásticos bancarios personales, dos de ellos emitidos por bancos mexicanos, entre ellos una tarjeta Coppel y otras de bancos chilenos.
“Las credenciales que mostró la policía a la prensa no son tarjetas de crédito, son de su residencia en Chile. Pedimos la intervención de la jefa de Gobierno porque esta es una detención hecha bajo el perfil racial», explica Wilner Metelus.
Esta tarde un grupo de haitianos se manifestó afuera del Ministerio Público número 4 de la alcaldía Gustavo A. Mader, solicitando la liberación de sus compañeros.
Emmanuelle Delicieux vive con Jean Holny Janvier, él confirma que el dinero que su compañero retiró del banco era para su familia en Haití y para los gastos médicos de su esposa, que también vive con ellos y está embarazada.
Emmanuelle presentó en el Ministerio Público los contratos que vinculan las cuentas de donde se retiró el dinero con Jean Holny, su titular; sin embargo, las autoridades del ministerio siguen sin liberar a los dos hombres pues aseguran, deben rendir sus declaraciones.
Emmanuelle explica que afuera de esa sucursal del Banco Coppel, ubicada sobre avenida Calzada de Guadalupe 747, suele haber policías que extorsionan a quienes pasan por ahí. «No sólo haitianos, también detienen a personas que parecen venezolanos y a otras personas”.
La sucursal está en contra esquina de la Basílica de Guadalupe.
Documentos presentados por elementos policiacos.
«Pedimos justicia. Que la fiscalía llame a los policías a denunciar, o a investigar a esos policías. También queremos que nos devuelvan los 23 mil pesos que les quitaron», dice mientras muestra una copia de los recibos del retiro.
Al cierre de esta edición Emanuelle y una decena más de personas esperan afuera del Ministerio Público númro 4 de la Gustavo A. Madero a que las autoridades liberen a sus amigos.
Liberan a haitianos
Jean y Jhon fueron liberados el viernes 25 de septiembre alrededor del mediodía, sin embargo, la policía no les devolvió los 23 mil pesos que les retiraron en el momento de su detención. Ese mismo viernes levantaron una denuncia en el mismo Ministerio Público en el que estuvieron detenidos.
Integrantes de la comunidad haitiana en México protestarán el próximo lunes 28 de septiembre frente a las oficinas de gobierno de la ciudada. Demandarán una disculpa pública por parte de la policía de la ciudad por dañar la imagen de Jean y de Jhon, así como de toda la comunidad migrante y afro en México.
Carlos Arrieta / El Universal, 23 de septiembre de 2020
Morelia.- Familiares y colectivos feministas exigieron este miércoles en Morelia la pronta aparición con vida de Jessica González Villaseñor, una joven de 21 años de edad.
Jessica fue vista por última vez el pasado 21 de septiembre cuando salió de su casa en la colonia Mártires de la Plaza de la capital michoacana.
Su familia presentó la denuncia por desaparición y, acusaron, hasta el momento no hay avances en las investigaciones, por lo que temen por su vida.
En la plaza principal de Morelia, Cristo, el hermano de la joven, señaló que hay una persona implicada como presunto responsable de la desaparición de Jessica.
Denunció que a pesar de que la Fiscalía de Michoacán ya tiene toda la información, la dependencia estatal no ha hecho nada para localizarla.
Foto: Charbell Lucio, El Universal
Afirmó que la FGE ya le envió un citatorio a su domicilio particular y el hombre no se presentó a declarar y que incluso saben que ya huyó junto con su familia.
Contó que en la Fiscalía les informaron que tienen como obligación mandarle seis citatorios antes de pedir la orden de un juez para detenerlo.
Cristo Adán aseguró que también le dieron otras pistas a la FGE y que tampoco han solicitado la orden de un juez para intervenir conversaciones.
Explicó que el sujeto, del que se reserva su identidad por el sigilo de las investigaciones, fue la última persona con la que estuvo la joven licenciada en Educación.
Los familiares pidieron en su conjunto la intervención de las autoridades estatales y municipales para hacer presión en la Fiscalía y localizar, con vida, a Jessica.
Intervienen CEDH
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán exhortó a la Fiscalía estatal a que se realice una investigación puntual, sin dilación, ni cortapisas del caso.
Mediante comunicado, la CEDH dijo a la FGE que espera una investigación inmediata que permita la localización con vida de Jessica.
El organismo se sumó a las voces de familiares, amigos y colectivos que exigen la actuación de las autoridades para la localización de la joven de 21 años de edad.
Reconoció la legítima lucha para obtener una justicia pronta y expedita, que garantice la detención de los responsables de este tipo de delitos y combatan la impunidad.
La Comisión reiteró su preocupación ante los constantes sucesos de desapariciones y homicidios de mujeres en Michoacán.
Ratificó su postura de que las autoridades revisen los mecanismos y protocolos instaurados para la erradicación de la violencia por razón de género en la entidad.
El organismo anunció que se mantendrá pendiente de que se realicen las actuaciones necesarias por las áreas responsables de la persecución e investigación de los delitos.
Ello, a fin de garantizar la certeza jurídica no solo a los familiares de Jessica sino en todos los casos de desaparición y homicidio de mujeres.
“La CEDH ratifica su compromiso en la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres, y hace votos por la aparición de Jessica”, sostuvo la CEDH.
El 27 de junio de 2020, Reyna fue asesinada, calcinada y enterrada en el patio de su domicilio, en una agencia de Huajuapan.
Tras el reciente asesinato de Alejandra, de 27 años de edad, cometido en Huajuapan de León, frente a su hijo, quien fue herido de bala, el municipio se encendió como foco rojo por feminicidios en la región de la Mixteca. En lo que va del año suman tres mujeres a las que se les privó de la vida.
El crecimiento de la violencia contra las mujeres en aquel punto, en donde cabe destacar el año pasado se cometió un ataque con ácido, debe de llevar la revisión del Programa Sectorial Municipal de Huajuapan de León para atender, prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres, señaló Angélica Ayala Ortiz, presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer).
La defensora de los derechos de las mujeres indicó que, si bien la Mixteca concentra el 10 por ciento de los asesinatos violentos de niñas y mujeres en el estado con ocho casos registrados, tres se cometieron en Huajuapan.
“Una mujer más asesinada con arma de fuego, lo que representa un 68 por ciento de todas las muertes violentas ocurridas durante el 2020. Este indignante feminicidio deja en la orfandad al menos a un hijo de 10 años, quien se encuentra herido, víctima indirecta del atroz asesinato”, expuso.
Ante estos hechos -indicó- es urgente realizar una evaluación de sus acciones, identificar aquellas áreas que requieran ser fortalecidas toda vez que en el 2019 ocurrieron dos feminicidios y en lo que va del año ya suman tres más, “por lo que es estratégico coordinar sus acciones para proteger la libertad, la integridad y la vida de las niñas y mujeres de este municipio”.
Antes del feminicidio de Alejandra, el 27 de junio de 2020, Reyna fue asesinada por su hijo y posteriormente calcinada y enterrada en el patio de su domicilio particular, ubicado en la agencia de Agua Dulce, Huajuapan de León.
Ortiz Ayala recordó que del 1 de enero al 22 de septiembre de 2020, un total de 80 mujeres y niñas han sido asesinadas en la entidad; desde la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres son 240, y 463 durante la actual administración local
Por regiones, el Istmo de Tehuantepec sigue encabezando los niveles de violencia feminicida con un 24 por ciento, seguida del Papaloapan y Valles Centrales con un 16 por ciento cada una de estas regiones, mientras otro 15 por ciento corresponde a la región de la Costa.
“Este indignante feminicidio (de Alejandra) deja en la orfandad al menos a un hijo de 10 años, quien se encuentra herido, víctima indirecta del atroz asesinato”. Angélica Ayala Ortiz, presidenta del GESMujer.
PUEBLA. -Ni Almaden Minerals ni los habitantes de Ixtacamaxtitlán se dan por vencidos. La minera canadiense se empeña en extraer oro y plata a cielo abierto en la Sierra Norte de Puebla, y los habitantes insisten en frenarla para proteger el medio ambiente.
Almaden Minerals tiene en Puebla cuatro proyectos para extraer oro y plata: el de Ixtaca es el único en desarrollo; los otros tres: Caldera, El Chato y Nueva España están en la etapa de exploración mediante su subsidiaria Almadex Minerals Limited, según el registro Proyectos Mineros Operados por Compañías de Capital Extranjero de la Dirección General de Desarrollo Minero, actualizado al primer semestre de 2020.
En el Proyecto Ixtaca se calcula una producción anual de 7.06 millones de onzas de plata y 108.500 de oro durante los primeros seis años; se desarrolla en el municipio de Ixtacamaxtitlán, cuyos 24 mil 512 habitantes tienen un alto grado de marginación, entre las comunidades Santa María Zotoltepec y Zacatepec, en la Sierra Norte de Puebla, a unos 25 kilómetros del Parque Industrial Xicoténcatl que cuenta con servicios ferroviarios.
Los habitantes exigieron el pasado fin de semana a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que no autorice la manifestación de impacto ambiental para el Proyecto Minero Ixtaca de la Minera Gorrión, subsidiaria de Almaden Minerals.
Organizados en la Unión de Ejidos y Comunidades de Defensa de la Tierra el Agua y la Vida, Alcolhua, pidieron a la Semarnat que garantice el derecho humano a un ambiente sano, porque “en sus manos está atender la devastación ambiental en nuestro país.”
La reacción se da luego de que Minera Gorrión informara su intención de reanudar la exploración, tras ganar el recurso que interpuso ante la decisión de Semarnat de suspender, en octubre de 2019, el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto que se pretende desarrollar en la Sierra Norte de Puebla para extraer oro y plata.
La minera, de capital canadiense, afirma que “el juzgado señala que todas las decisiones de Semarnat relacionadas con el proceso de autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental no son actos que hayan sido señalados en presente juicio de amparo, y que, por ello, tiene libertad en emitir lo que bajo su responsabilidad y facultad corresponda de jurisdicción.”
La Unión de Ejidos y Comunidades de Defensa de la Tierra el Agua y la Vida, el Consejo Tiyat Tlali y la organización Poder señalan que el proyecto de tajo a cielo abierto, de aproximadamente 1000 metros de diámetro, “ocasionará la reconfiguración total del territorio con daños irreversibles al medio ambiente, a la vida comunitaria.”
La propia minera, agregan, “reconoce que los impactos del proyecto serían irreversibles y que hay riesgo para los factores que componen el ecosistema por lo que no podemos aceptar medidas de mitigación que comprometen el futuro de nuestros pueblos.”
Aseguran que el proyecto “no sustenta la viabilidad de la operación con el uso exclusivo del agua pluvial, ni expone los impactos que conlleva la intervención en los escurrimientos de agua, pues recolectar el agua proveniente de la parte superior de la cuenca supone que la empresa intervenga en la regulación de flujos hidrológicos impactando en la cuenca del río Tecolutla y por lo tanto la cuenca hidrológica prioritaria Tuxpan-Nautla.”
Refirieron que en octubre de 2019 entregaron a Semarnat unas 3 mil 500 firmas contenidas en más de 40 actas de asamblea de comunidades de Ixtacamaxtitlan y el Acta de la 30 Asamblea de los Pueblos Masehual, Tutunakú y Mestizo por la Defensa del Territorio firmada por representantes de 27 municipios de la Sierra Norte de Puebla y la cuenca del Río Apulco. En todas las actas se declara el rechazo al proyecto de la minería a cielo abierto de Almaden Minerals.
En septiembre de 2019 Almaden Minerals aseguró que el Proyecto Ixtaca generará mil empleos y que durante los 14 años de vida útil que tendrá la mina a cielo abierto para extraer oro y plata pagará 50 millones de dólares en impuestos al estado de Puebla y 30 millones de dólares al municipio de Ixtacamaxtitlán.
Ixtaca, parte del Proyecto Tuligtic
El Proyecto Tuligtic, del que Almaden posee 100 por ciento, abarca 14 mil hectáreas que se encuentran 95 kilómetros al norte de la ciudad de Puebla, 150 kilómetros al este de la Ciudad de México y a 120 kilómetros al sureste del depósito de Oro y Plata Pachuca, con una producción histórica reportada de 1.4 billones de onzas de plata y 7 millones de onzas de oro.
Tuligtic fue identificado y adquirido por Almadén en el 2001 durante el programa de exploración regional del este de México a cargo de la compañía. La mineralización en Ixtaca fue descubierta en el año 2010 cuando Almaden realizó una perforación de prueba en la zona.
Entre los años 2010 y 2011 se perforaron 95 orificios más y se demostró que la zona principal Ixtaca es un sistema amplio y robusto de vetas atravesado por múltiples vetillas de alta ley. La perforación también identificó dos zonas adicionales: la Zona Ixtaca Norte y la extensión noreste, señala la minera y en 2014 se anunciaron resultados positivos de la evaluación económica preliminar.
Colima, México, Avanzada (23/09/2020).- Médicos y pacientes del Hospital General de Tecomán sufren el desabasto de medicamentos, material quirúrgico, ventiladores y condiciones adecuadas para poder ofrecer u recibir una adecuada atención.
La desprotección en la que se encuentra este centro se agrava con la pandemia del COVID-19; Tecomán es uno de los municipios con más casos de personas infectadas.
A través de diversas denuncias que recibió AVANZADA, personal adscrito a ese Hospital señalaron que no cuentan analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, “el paciente tiene que ir a comprarlos”, expusieron.
Además, en el área de choque del Hospital no hay ventiladores, ni tomas de oxígeno, no sólo para atender a los sospechosos de padecer COVID-19, también a los pacientes que tienen otras enfermedades pulmonares.
“Estamos tratando de casar las cosas adelante, pero es bien difícil y la estamos pasando mal. No sabemos si la secretaría de salud no baja el dinero para comprar esto o qué está sucediendo”, menciona uno de los trabajadores del Hospital General de Tecomán entrevistador por Avanzada.
Cabe recordar que AVANZADA documentó que hasta el pasado mes de junio, el estado de Colima no había ejercido ni el uno por ciento de los recursos federales destinados para la compra de medicamentos y otros insumos para las personas sin seguridad social.
La información menciona que de los 27 millones 964 mil 437 pesos destinados para la adquisición, distribución de medicamentos y material de curación solo se han ejercido 765 mil 218 pesos, correspondientes al 0.4 por ciento.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud en el Congreso, Guillermo Toscano Reyes se comprometió a investigar las causas por las cuales la administración estatal no ha ejercido la totalidad de los recursos enviados por la federación para la adquisición de estos insumos, sin embargo, hasta el momento no ha informado los avances de las pesquisas.
Colima, México, Avanzada (23/09/2020).- Desde el 2015 y hasta finales de 2019, hay 514 cadáveres de personas asesinadas sin identificar y permanecen en calidad de desconocidos en el Servicio Médico Forense de Colima.
La información se desprende de un reportaje que realizó “Quinto Elemento Lab” y que tituló: “Un país rebasado por sus muertos”, publicado en diversos medios de comunicación en el país.
El texto periodístico señala que en Colima, hay 514 cuerpos que fueron inhumados en fosas clandestinas en diferentes partes del territorio estatal y no han sido identificados y de ellos, 389 terminaron en una fosa en común.
En tanto, 125 cuerpos se encontraban distribuidos en cada una de las cuatro morgues que existen en la entidad y que están a cargo de la Fiscalía General del Estado.
La mayor cantidad de cuerpos sin identificar fue en el 2018, con 123, mientras que en el 2017, hubo 99, en el 2016, 79 y en el 2015, 14. En el 2019 –cuando se descubrieron las fosas de Santa Rosa con más de 70 cadáveres- no se identificaron 73 cadáveres.
En el estado de Colima existen más de mil 200 personas desaparecidas y los familiares de los desaparecidos en diversas entrevistas se han quejado de falta de atención de la autoridad y de lo costoso de los estudios para obtener el ADN y entregarlo a la Fiscalía General del Estado.
En el caso de Colima, no se especifica en qué municipios fueron localizados los cadáveres que no han sido identificados.
Según denunciaron en rueda de prensa convocada en la Glorieta de las y los Desaparecidos en la ciudad de Guadalajara, desde mayo de 2019 han solicitado la colaboración de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco y de su titular, Blanca Jaqueline Trujillo, para llevar a cabo una búsqueda en campo en las zonas colindantes entre ambos estados.
Además de reiterar esta demanda, solicitaron una audiencia donde la funcionaria y su equipo ofrezca asesoría y acompañamiento para analizar las carpetas de investigación de colimenses desaparecidos y desaparecidas en diversos puntos del territorio jalisciense.
Tonila, Ciudad Guzmán, la comunidad de San Marcos en Tonila y Zapotiltic, son algunos de los sitios donde se ha registrado la última ubicación de sus seres queridos.
Advirtieron que, luego de un año cuatro meses de haberle externado esta solicitud, la Fiscal Especializada no ha generado las condiciones para que se lleven a cabo las búsquedas en estas zonas y, por lo tanto, no se ha conseguido ejercer el principio de participación conjunta y coordinación entre dependencias.
Dalia Souza / Zona Docs
La Red Desaparecidos en Colima A.C. viajó a Jalisco para visibilizar la situación de sus familiares desaparecidos, cuya última información de su paradero fue en las zonas fronterizas de Colima y este estado.
Carmen Sepúlveda, madre de Carlos Donaldo Campos Sepúlveda, desaparecido a los 23 años el día 20 de agosto de 2018 en el municipio de Villa de Álvarez, Colima y líder de la organización de familiares, señaló en rueda de prensa este miércoles 23 de septiembre, que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Jalisco, a través de su titular, Blanca Jaqueline Trujillo tiene información concreta sobre esta necesidad que se ha vuelto una solicitud reiterada desde el mes de mayo de 2019.
Como lo habríamos informado en ZonaDocs; el pasado 6 de agosto las familias hicieron llegar a diversas dependencias y autoridades del estado de Jalisco, entre ellas la Fiscalía Especializada, la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Comisión Local de Búsqueda, la Secretaría de Gobierno y la oficina del Gobernador, una serie de oficios haciendo patente una vez más la solicitud de que se les permita hacer valer el principio de participación conjunta y, con ello, realizar acciones de búsqueda y diligencias tendientes a dar con el paradero de sus familiares en Tonila, Ciudad Guzmán, la comunidad de San Marcos en Tonila, Zapotiltic y la Barranca del Muerto, sitios que identifican como una posibles áreas de inhumaciones clandestinas.
Los oficios de colaboración, no sólo se han quedado en el estado de Jalisco, también han hecho llegar la petición de coadyuvancia al Gobierno Federal, a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Búsqueda, quienes tienen conocimiento de esta situación.
La dilación en la respuesta a estas necesidades no sólo impacta las labores de la agrupación de familias, sino también, las de las autoridades ministeriales en Colima, quienes dependen de esta colaboración para llevar a cabo las búsquedas en campo e investigaciones que permitan dar con el paradero de las y los colimenses desaparecidos en la frontera con Jalisco.
Calculan que se trata de más de 60 casos de colimenses desaparecidos y desaparecidas en estos límites, así como, en distintas ciudades y comunidades de Jalisco.
Expusieron que la negativa de la Fiscal Especializada se ha justificado bajo el argumento de que su homólogo en Colima no le ha hecho llegar los documentos y datos “precisos”, sobre los puntos donde se pretende realizar las labores de rastreo. No obstante, la líder de la agrupación aseguró que estos datos le han sido proporcionados, aunque al parecer a la funcionaria no le son suficientes.
Al respecto, reconoció que la información que solicita la fiscal sólo puede corroborarse a través de una investigación en campo, ya que ésta ha sido conseguida a través de llamadas anónimas, además de los testimonios de las personas que han rendido declaración en las carpetas de investigación y expedientes de sus familiares, por ello, necesitan de su colaboración para confirmar o desmentir estas pistas:
“Ella quiere que le diga que “en esta casita están nuestros desaparecidos”, que “en esta cueva ahí debe de haber alguno”, casi quiere que traigamos a la persona que nos está diciendo o a quien se los llevo, si nosotras pudiéramos hacer esto lo haríamos sin colaboración de ella, sin embargo, no podemos hacerlo porque en primer lugar no es nuestro estado. Fiscalía de Colima no puede brincarse a Jalisco”.
LOS CASOS
Aunado al caso del hijo de la señora Carmen Sepúlveda, Carlos Donaldo Campos Sepúlveda, quien fue trasladado de los municipios de Villa de Álvarez a Comala en Colima y, finalmente, a Tonila, se suman otras historias de colimenses cuyo último rastro se encuentra en Jalisco, particularmente de mujeres jóvenes.
Gabriela Farías Hernández, es madre de Jennifer Gabriela Romero Farias, quien se encuentra desaparecida desde el 18 de abril del 2020. Aquel día sus registros de ubicación se concentraron en Zapotiltic, Jalisco cerca de las 10:40 p.m.; para el 19 de abril a las 1:40 p.m. se registró su paso por Ciudad Guzmán, y más tarde ese mismo día, a las 9:25 p.m. su ubicación indicaba que se encontraba en Guadalajara en la zona centro.
“Hay nombres, evidencias que apuntan todo para acá. La fiscal de Jalisco menciona que quiere algo que dé directamente coordenadas, testigos para poder apoyarnos con la búsqueda, a lo cual, yo les puedo decir abiertamente el caso de mi hija”.
Johanna Isabel López Álvarez de 28 años, fue desaparecida en el centro de la ciudad de Colima y de acuerdo con sus familiares, su última ubicación se tuvo en Ciudad Guzmán, Jalisco.
A la par de estas historias, denunciaron que hay otras carpetas de investigación de colimenses desaparecidos cuya última localización fue en Jalisco y que han sido enviadas a la Delegación Regional de la Fiscalía del Estado en Ciudad Guzmán, esto después de que la Fiscalía de Colima se declarara incompetente. Sobre éstas, advirtieron que, las autoridades de Jalisco no han hecho nada o muy poco para localizar a sus familiares.
Tal es el caso de la señora María Verónica Quintero, quien buscando a su hijo Luis Fernando Llerenas Quintero, desaparecido el 18 de septiembre de 2015 en Tonila, Jalisco. Según narró, lo último que sabe de su hijo es que se dirigía a Tonila junto con un amigo quien tenía que desplazarse a esta localidad. Precisó que en febrero de 2020 acudió a la dependencia para saber sobre los avances del caso, sin embargo, al solicitar una copia de su carpeta de investigación, ésta le fue negada:
“La carpeta la mandaron a Ciudad Guzmán. Por recursos económicos uno no puede estarse desplazando, la última vez que fui fue en febrero y pedí una copia de mi expediente y me la negaron, quise que me explicaran algo y no me dieron respuesta de nada, me fui como llegue, sin saber nada”.
Los 15 familiares de la Red Desaparecidos en Colima que viajaron a Jalisco para hacer patentes sus demandas a las autoridades en el estado solicitaron una audiencia con la Fiscal Especializada, Blanca Jaqueline Trujillo para que ésta conozca sus casos y, por fin, concrete las acciones pertinentes para realizar búsquedas, diligencias y acciones de investigación que les permitan traer de vuelta a sus seres queridos.
Para que la sociedad y las autoridades en Jalisco no olviden a sus amores desaparecidos, al finalizar la acción colocaron en la Glorieta de las y los Desparecidos sus lonas de búsqueda con sus rostros e información.
Por la mañana del viernes, policías de la fiscalía estatal arrestaron con violencia, amenazas de tortura y desaparición a 13 mujeres y 7 niños que tomaron pacíficamente la Codhem en Ecatepec, en protesta a la violencia feminicida. Como respuesta, colectivas de CDMX incendiaron el edificio poco después.
ESTADO DE MÉXICO.- La madrugada de este viernes 11 de septiembre las mujeres que tomaron las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ecatepec sufrieron represión. Elementos de la Fiscalía General de Justicia las detuvieron, amenazaron y golpearon.
Una de ellas, Kika Flores, dijo que además de golpearlas, robaron sus pertenencias; entre ellas teléfonos e identificaciones oficiales.
“Nos golpearon, nos metieron en galeras, nos amenazaron con quitarnos a los niños, no nos asistió ningún abogado».
Kika Flores
Kika Flores es activista en el Estado de México y encabeza el refugio para niños y mujeres Fundación Iris. Hace un mes, mataron a su hija Fátima; y hasta la fecha no se sabe quién fue el responsable.
Su narración continúa: «Nos tomaron declaración y nos reservamos nuestro derecho; a mí me ficharon. Fue la presión social la que hizo que nos liberaran, pero cuando nos detienen no saben a dónde llevarnos, nos sacaron en camionetas blancas y negras sin placas. Nos suben y nos empiezan a llevar; no nos decían nada.
«Yo accioné mi botón de pánico porque estoy en el Mecanismo Federal de Defensores; y los que me detuvieron me dijeron que el mecanismo de protección de Alejando Encinas valía pura madre y que aún así nos podían desaparecer”.
Además de las amenazas y el robo, a Kika Flores le amenazaron con quitarle a los niños y niñas que están dentro del refugio Fundación Iris. De hecho los siete menores de este refugio sufrieron hostigamiento y violencia durante las detenciones arbitrarias en las instalaciones de la Codhem.
Horas después, ya en la mañana, se supo que policías pusieron a disposición de la Fiscalía del Estado de México a 13 mujeres de entre 20 y 48 años de edad; además de siete menores de edad de 1 a 14 años de edad.
La Fiscalía señaló que fueron puestas a disposición por “el delito de ocupación ilegal de edificios e inmuebles destinados a un servicio público; ya que ocuparon un inmueble ubicado en ubicado en avenida Morelos número 21 esquina Río Balsas, colonia Boulevares, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México; edificio que corresponde a la Visitadora General Sede Ecatepec de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.
Pequeña desaparición forzada
Dos mujeres que fueron detenidas no estaban en ese listado; y durante varias horas se les buscó, incluso con la intervención de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas; ellas son Aracelia Guerrero y Marian Velázquez Mejía, activistas que se sumaron de manera solidaria a las protestas.
Aracelia agradeció a la cobertura mediática, a las y los colectivos que exigieron su liberación.
“Nosotras fuimos a acompañar, a ver qué había pasado con la detención arbitraria; y nos agarraron los policías afuera y fue violento”.
Aracelia Guerrero
Fabiola Vite, abogada del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dijo que las mujeres fueron acusadas. Pero a su vez exploran la posibilidad de denunciar a las autoridades responsables por detención arbitraria, tratos crueles y denigrantes, amenazas, lesiones, robo.
Kika Flores agregó que también buscan meter una queja en contra del presidente municipalde Ecatepec, Fernando Vilchis, y el fiscal general de Justicia del Estado de México Alejandro Gómez Sánchez, además de exigir la destitución de estos dos funcionarios.
Visitador de la sede Ecatepec al fondo, al momento en el que acepta irse de las instalaciones de la Codhem. / Foto: María Ruiz
Codhem: primero reconoce toma pacífica, luego les manda a la policía
Entre las 9:50 y las 10:20 de la mañana del viernes fueron liberadas las mujeres detenidas en el Centro de Justicia Atizapán de Zaragoza. Manada Periferia solicitó ayuda en redes para que las compañeras pudieran recoger sus pertenencias de las instalaciones de la Codhem y para recibir atención médica, jurídica y emocional.
Manada Periferia publicó en sus redes sociales un video que fue tomado la mañana del viernes afuera del Centro de Justicia de Atizapán, cuando las jóvenes detenidas fueron liberadas. En el video las mujeres denunciaron que les robaron, les golpearon y las mujeres acuerparon a los menores de edad para que no les tocaran los golpes.
“Tumbaron la puerta (los policías) cuando no estaba ni cerrada. Nosotros intentamos detenerlos porque adentro estaban los niños en un salón, parejo, empezaron a golpear parejo, policías mujeres y hombres y a unas de los cabellos, a otras las sudaderas, nos sacaron, nos querían quitar nuestros celulares para no comunicarnos con nuestros familiares”, dice una mujer que se nombra como Magda Soberanes, en el video.
“Notamos que hay expedientes desde el 2016 que no eran revisados; estaban exigiendo que se les atendieran porque son víctimas de abuso sexual, de trata, nos piden apoyo. Codhem sacó un comunicado diciendo que pacíficamente lo habíamos tomado y a la una de la mañana nos mandaron a los policías, que nos jalaron, nos arrastraron y nos subieron a todas”, agregó.
En el video también una mujer señala que las autoridades detuvieron al familiar que fue a preguntar por ella, lo golpearon, le robaron sus pertenencias y lo incomunicaron.
“Yo nada más vine a preguntar la situación, yo no participé en ninguna situación, no me certificaron las lesiones, no dejaron que el paramédico me hiciera sutura, y me robaron dinero. Yo estaba allá afuera”, dijo el hombre herido.
Durante la toma del jueves encontraron los expedientes y las colectivas decidieron resguardarlos. / Foto: María Ruiz
Las mujeres de Ecatepec no quemaron la Codhem
La colectiva Manada Periférica, que tomó las instalaciones y posteriormente sufrió represión, compartió información en su página de Facebook, en la que reiteró que lo más importante ahorita es la seguridad e integridad de sus compañeras; quienes recuperaron su libertad alrededor de las 9:50 y 10:20 de la mañana.
Tamién anunció que algunas de sus integrantes se dirigían a recoger sus pertenencias y necesitaban «acuerpamiento» para garantizar su seguridad.
Al llegar a la visitaduría de Ecatepec se encontraron con funcionarios de la comisión que les impidieron recoger sus cosas y acceder al inmueble. Su principal preocupación son sus identificaciones que se quedaron al interior de la Codhem.
A las 3:27 de la tarde publicaron que las instalaciones de la CODHEM Ecatepec fueron entregadas y decidieron retirarse:
«Seguimos en movimiento pero les urgimos paciencia pues nuestras compañeras están desgastadas, no solo emocional, físicamente»
Aproximadamente a las 4 de la tarde llegaron mujeres de la Ciudad de México, quienes entraron al inmueble de la Codhem y encendieron fuego dentro del inmueble, como respuesta a las agresiones del día anterior. En esta acción no participaron integrantes de colectivas de Ecatepec quienes a las 8 de la noche publicaron que su mayor preocupación es cuidarse y cuidar a sus compañeras agredidas:
«Pedimos sean cuidadosas con la información que publican. Ya no difundan los nombres o información de las compañeras, respetemos su privacidad. Les recordamos que es muy peligroso accionar en el Estado de México, es por eso la importancia de descentralizar la lucha»
Gabriel Soriano/La Jornada Aguascalientes
22 septiembre 2020
Afectaría gravemente a las familias donde los padres tienen largas jornadas de trabajo
Estudiantes se quedarán sin acceso a materias extracurriculares y una alimentación adecuada
Posible eliminación del programa de Escuelas de Tiempo Completo afectará gravemente a los padres que tienen largas jornadas de trabajo, afectado a los estudiantes para tener acceso a materias extracurriculares y una alimentación adecuada.
Este mes, el Gobierno Federal presentó el paquete económico para el próximo año en donde se advierten varios recortes a municipios y estados. A través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se prevé el recorte del cien por ciento de recursos al programa de escuelas de tiempo completo el cual se dedicaba a dar alimento y actividades extracurriculares a estudiantes de educación básica.
Viridiana Amaya Guerrero, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, comentó que oficialmente no hay nada concreto aún y ni siquiera se les ha notificado sobre esto a las escuelas.
Resaltó que, de haber recortes, podría haber afectaciones principalmente a los padres que tienen jornadas laborales largas y a los niños que reciben educación extracurricular y una alimentación sana en las escuelas.
Los docentes ya han tenido contacto también con la AEPF para externar su preocupación en el recorte del presupuesto que les permitían realizar actividades extracurriculares.
Actualmente, en el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), se tienen registradas 568 escuelas de tiempo completo distribuidas entre los once ayuntamientos, según datos del ciclo escolar 2018 – 2019.
Viridiana Amaya espera que ante el IEA ya se esté planeando alguna medida para mitigar este fuerte recorte presupuestal para esta modalidad de educación. Hasta el momento, ante la asociación, no ha llegado una queja por parte de padres de familia.
Rio Doce/Aarón Ibarra
Foto: Riodoce. “Se renta” es el anuncio que predomina en la ciudad más agobiada por la pandemia
La palabra que se acerca a describir la situación de Alba es “tragedia”. El coronavirus es apenas uno de los golpes que ella y su familia recibió. Dedicada al comercio con la venta de tacos de camarón, su negocio es apenas uno de los cientos que no volverán a abrir después de la campaña “quédate en casa”.
“Es una cosa increíble lo que nos pasó, teníamos 32 años ahí”, explica Alba, quien es abuela de dos niños y además cuida a su padre de casi 90 años y su hermana que tiene una enfermedad. Y por si fuera poco, a la ecuación se suma su esposo quien junto a ella atendían el establecimiento.
“Él ahí está pero como te digo, ahorita no conoce a nadie, está como si estuviera criando a un bebé”, comenta. Luego las palabras salen con dificultad. A finales de abril del año pasado, Armando, su esposo, tuvo un derrame cerebral que lo dejó discapacitado en lo absoluto.
La pareja atendía los tacos “La Canasta”. Estaban ubicados en la esquina de Francisco Villa con Lázaro Cárdenas en la colonia Jorge Almada. El nombre lo toman del antiguo monumento que en 1987 quedó destruido tras el paso de un huracán, sin embargo los vecinos del sector aún se refieren al sitio por ese nombre. Al lugar ahora lo adorna la glorieta Cuauhtémoc.
Alba explica las vicisitudes. En enero de 2019 debido a la nueva administración del Ayuntamiento de Culiacán tuvo que mudar su punto y ubicarse en la esquina de Guadalupe Victoria y Francisco Villa, a una cuadra de su lugar original. Pero a partir de ahí todo fue en decadencia.
Los médicos que atienden a Armando, su esposo, suponen que el estrés le causó la embolia. Luego, la pandemia terminó por sepultar el establecimiento. Los tacos de camarón de La Canasta no son más.
Y ella no es la única. En Culiacán la estimación de establecimientos que no volverán a abrir es alta pero aún no se cuantifica. Según el censo económico del INEGI el 40 por ciento de la actividad económica en la capital se dedica al sector terciario y más del 50 por ciento dedicado a los alimentos condimentados o restaurantes.
Así lo confirma el líder de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Culiacán, José Miguel Taniyama Ceballos.
“Según nuestras estadísticas y comparadas con las del INEGI el impacto fue brutal, de los negocios no formales fueron alrededor de 2 mil 500 en Culiacán y de los registrados alrededor de 250 de medianos y grandes, el impacto económico fue devastador, ahorita muchos están buscando de ver cómo rescatan algo”, explica.
Las complicaciones fueron varias. Aquellos que sobrevivieron hubo que adaptarse. Las plataformas electrónicas en un principio fueron aliadas pero ahora, con el 30 por ciento que solicitan del monto total de la venta, dejan de serlo. Hay negocios que incluso anuncian su salida de esos servicios como UberEats o Rappi.
“Es un tema muy complicado, te cobran hasta el 30 por ciento de facturación, estás hablando de la ganancia bruta de la venta de cualquier restaurante”, añade Miguel Taniyama, “creemos que va a ser un tema de largo plazo”.
Por eso el rosario de negocios cerrados se extiende por toda la ciudad. No solamente el centro aunque ahí la escena es más cruda. La imagen de la fonda Din-Dan’s es elocuente. Desde 1992 el sitio manejaba todo tipo de clientela.
Estaba por la calle Ruperto L. Paliza casi esquina con Antonio Rosales. La ubicación era inmejorable.
Pero no sobrevivió. Un letrero de “se renta” adorna la fachada de la finca histórica que ahora queda en el abandono.
Los desayunos, tortas ahogadas, nachos, quesadillas, jugos y licuados no serán más. Estudiantes, empleados, maestros, burócratas, de todo tipo de clientela quedan sin una oferta más.
Pero los establecimientos de ese tipo no fueron los únicos. En la calle Mariano Escobedo, a un costado del Ayuntamiento de Culiacán, una cadena de clínicas dentales. En la azotea del local una muela gigante anunciaba la “clínica dental la zapopana”.
El vitral estaba repleto de imágenes con promociones de limpieza dental e incluso de contratación de personal para el área de ventas. Pero ahora luce vacío. Una manta con la leyenda de se rentan locales y un par de números de teléfono. Adentro también vacío. Tampoco sobrevivió a la pandemia.
Según el titular de la Unidad de Inspección y Vigilancia, Luis Alfonso Meza, no existe un incremento en vendedores ambulantes o en comercio informal que hayan detectado. Aunque sí ha habido mayor actividad en las calles de la periferia pero por otros motivos.
“Se ha incrementado en la periferia vendedores ambulantes por el cierre de los tianguis pero fue algo acordado que la gente de los tianguis, no podían operar por la situación de riesgo pero que les íbamos autorizar a que trabajaran en la periferia como ambulantes pero el aumento por negocios cerrados”, explicó.
La información contrasta con los datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que reporta 93 patrones más en julio de este año con respecto al período de 2019, un incremento de apenas el 0.2 por ciento.
A pesar de que julio significó el mes más difícil en lo que va de la pandemia, con mayor índice de contagios y decesos, el incremento en patrones a nivel estado se notó en los servicios para empresas aunque una caída en sectores como transporte y telecomunicaciones y servicios educacionales y de salud, principalmente. Las cifras para agosto aún no son reveladas.
Y mientras que informes oficiales son dados a conocer, las cifras sobre las pérdidas en Culiacán por los seis meses de cierre de establecimientos no esenciales aún no han sido cuantificadas. Sin embargo, caminar por el centro de Culiacán y en las periferias brinda una imagen muy desalentadora. Locales cerrados y gente vendiendo en las calles. O tratando de vender
MÉRIDA, MX.- Tal como han expuesto más de 100 arqueólogos, académicos e investigadores de México, Brasil, Canadá, Estados Unidos y otros países sobre el riesgo que existe de que el Tren Maya podría destruir algunos monumentos arqueológicos, recientemente fueron canceladas las obras en Campeche, debido a que se hallaron algunos vestigios.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el tramo que atraviesa a los municipios de Hecelchakán y Calkiní, deberá ser detenido en lo que se investiga la profundidad y trascendencia de un reciente hallazgo de vestigios.
Hasta el momento, se encontraron en la zona vasijas, jarras de barro y otros utensilios que podrían remitir a la existencia de estructuras arqueológicas.
Por recomendación del INAH, los trabajos en la zona fueron detenidos y el área entrará en fase de objeto de investigación, ya que aún se desconoce si hay edificaciones cercanas.
Los hallazgos se realizaron mientras se retiraban vías férreas oxidadas, para dar paso a unas nuevas.
Es preciso recordar que más de 100 arqueólogos, académicos e investigadores de México, Brasil, Canadá, Estados Unidos han fijado la postura de estar en contra de este proyecto por esta misma razón, ya que aseguran que en la zona pueden haber edificaciones y vestigios que ni siquiera son conocidos en Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
El desacuerdo es tal que han solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) que tome las medidas necesarias para evitar el desarrollo del Tren Maya, pues aseguran que en el área de influencia del tren hay 30 zonas arqueológicas y tres están inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), las cuales son Palenque, Chichén Itzá y Calakmul, esta última inscrita como Bien Mixto por sus componentes natural y cultural.
Además, que hay también dos zonas de Monumentos Históricos y son tres mil 24 sitios arqueológicos, más otros que aseguran están sin ser descubiertos.
La Verdad
Tras quejas por la implementación de restricciones a los accesos y aforo en el mercado San Benito, así como señalamientos de presunto hostigamiento por parte de policías e inspectores, locatarios y vendedores ambulantes del centro de abasto se manifestaron con el grito de ‘¡Queremos trabajar!’ tras los difíciles meses que ha traído la presente contingencia sanitaria.
Ubicado en el centro histórico de Mérida, el mercado San Benito ha reportado una baja considerable en el número de visitantes lo cual se ha visto reflejado en bajas ventas tanto para locatarios como para vendedores ambulantes.
Los afectados denuncian que esta situación de por sí crítica es empeorada por el constante acoso que sufren por parte de elementos policiacos, quienes argumentando diversas restricciones por la pandemia, no los dejan trabajar pese a que lo único que buscan es el sustento de sus familias, e inspectores que cobran cuotas abusivas bajo la amenaza de confiscarles la mercancía.
Locatarios y vendedores comenzaron su protesta contra el hostigamiento de las autoridades en la rampa del mercado San Benito, ubicado en el centro de Mérida.
Protesta de vendedores recorre el centro de Mérida
La protesta organizada por los vendedores que dependen de este importante centro de abasto inició en la rampa del mercado San Benito con dirección al Palacio Municipal de Mérida donde los manifestantes pidieron que un representante del ayuntamiento escuchara sus peticiones.
Posteriormente los vendedores afectados se trasladaron al Palacio Municipal de Mérida donde, tras formar una comitiva, pidieron ser escuchados por un representante de las autoridades.
Es así que los locatarios y vendedores afectados señalan que su situación es cada vez más precaria por lo que piden a las autoridades municipales una solución que les permita trabajar sin correr el riesgo de ser detenidos o clausurados.
■ Ya es analizado por Semarnat, señala Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas
■ Afirman que la misma empresa dejó a Chalchihuites pobre, cimbrada y sin agua; “quieren traernos devastación, contaminación y enfermedad”
■ La minera en su primera etapa prevé ejecutar 26 plazas para exploración y construcción de 7 accesos con una “barrenación a diamante” en 11.5 hectáreas, con duración de 5 años
Ubicación del nuevo proyecto minero ■ foto: la jornada zacatecas
ALEJANDRO ORTEGA NERI, La Jornada Zacatecas, 21 de septiembre de 2020
“Una nueva amenaza llega a Jiménez del Teul, la minera First Majestic pretende entrar con la exploración para posteriormente echar a andar su proyecto de explotación” publicaron en sus redes sociales el Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas, para dar a conocer que ha ingresado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un nuevo proyecto de exploración minera por parte de la compañía canadiense mencionada.
“Alerta, gente de Jiménez del Teul, ahora quieren traernos la devastación, contaminación y enfermedad de la minera First Majestic, la misma que dejó a Chalchihuites pobre, cimbrada y sin agua. Unámonos contra la instalación de la mina en Jiménez”, se hizo el llamado en la publicación mediante el Facebook del observatorio.
Rafael Castro, un habitante del municipio, advirtió que de llevarse a cabo el proyecto, eventualmente irían a parar al río los residuos tóxicos matando con esto a la flora, la fauna y a las personas. “Aun cuando esa concesión haya sido otorgada por la instancia que sea, los ciudadanos locales que somos quienes seríamos directamente afectados, tenemos el poder de aprobar o desaprobar si se realizan o no”, manifestó.
“En pocas palabras, nosotros unidos podemos impedir que se lleve a cabo ese proyecto de devastación segura, contaminación y alta toxicidad en nuestro municipio. Es como si un extraño se mete a mi casa y quiere construir allí no importando si yo lo apruebe o no”, dijo el mismo Castro en la publicación del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas.
Luego del conflicto por el proyecto Presa Milpillas, el cual se había anunciado como una de las obras más importantes de la administración tellista, y al que no se le asignó recurso alguno en el Proyecto de Presupuesto de la Federación 2021, ahora tendrán que enfrentar la incursión de la minería extranjera mediante la llegada de First Majestic.
Sobre el proyecto, el observatorio informó mediante una captura gráfica del documento que apareció en la Gaceta Ecológica de la Semarnat, que apareció en la sección de ingresos, proyectos y emisiones para la resolución de los procedimientos de evaluación ambiental, un plan ingresado entre los días 10 y 15 de septiembre de 2020 para el municipio de Jiménez del Teul.
De acuerdo con la Gaceta Ecológica 2020, el proyecto inscrito como “Exploración Minera Jiménez del Teul” está impulsado por la minera canadiense First Majestic y su primera etapa consiste en la ejecución de 26 plazas para exploración minera y la construcción de siete accesos con una “barrenación a diamante” en una superficie de 11 hectáreas y media y con una duración de 60 meses, es decir, cinco años.
En esta etapa, de acuerdo a la información publicada en el documento, se pretende obtener información del comportamiento geológico de la zona, para evidenciar con ello el potencial o la presencia de depósitos minerales de importancia para ser considerados y evaluados para su explotación.
Cabe recordar que en noviembre de 2019, mediante un comunicado, La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) denunció “atropellos” de la empresa canadiense a campesinos del ejido San José de Buenavista, en el municipio de Chalchihuites, cuando trabajadores de la mina acudieron al lugar para exigir a los integrantes del Comisariado Ejidal firmaran la convocatoria para la realización de una asamblea en la que se autorizara a la minera a hacer trabajos de exploración, acto que violentó los derechos agrarios y la Ley Agraria.
Los ejidatarios de San José de Buena Vista denunciaron desde 2018 que la Unidad del Toro estaba dejando problemas graves en Chalchihuites como la falta de agua y los temblores que han cuarteado las casas de más de 50 familias, situación que los habitantes de Jiménez del Teul advierten, se puede replicar en su comunidad.
Durante la conferencia mañanera del 9 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado respecto a la falta de atención para solucionar las problemáticas ambientales derivadas de la operación de Minera Cuzcatlán (Fortuna Silver Mines), en la comunidad de Magdalena Ocotlán; sitio en que la empresa derramó residuos mineros en 2018.
El 10 de septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó la solicitud para obtener permisos ambientales a través de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Regional, trámite con el que esta minera pretende ampliarse.
“Sí, es cierto lo que planteas. En Oaxaca, en una gira, no sé cuándo exactamente, pero sí me hicieron un planteamiento, me esperaron en la carretera para denunciar lo de esta mina que contamina, que afecta en Oaxaca y le pedí al secretario de Medio Ambiente que fuera, creo que estuvo, no sé si es este caso u otro, porque hay varios”, dijo el presidente ante el cuestionamiento. El 28 de junio de 2019, la comunidad de Magdalena Ocotlán realizó un cierre carretero en el trayecto del convoy presidencial, para informar de manera directa la problemática.
Pese a que el Ejecutivo Federal afirmó que el caso tendría atención personal de la titular de SEMARNAT, María Luisa Albores, el permiso ambiental para la ampliación del proyecto minero en el Valle de Ocotlán, se encuentra en trámite.
SAN JOSE II -así nombrado por la empresa canadiense- “enmarca diferentes obras y actividades del sector minero” y corresponde a la operación minera para la explotación plata y oro en mina subterránea.
De acuerdo con los informes técnicos publicados por Fortuna Silver Mines, el yacimiento ubicado en San José del Progreso se encuentra prácticamente agotado, por ello le es indispensables ampliar los permisos ambientales para así extender la explotación de minerales en otros municipios circundantes: “en los últimos años la capacidad de producción aumentó y por ende la necesidad del desarrollo de nueva infraestructura y ampliaciones de algunas obras ya existentes.
Las obras que enmarca este proyecto se encuentran íntimamente relacionadas a la actividad minera y todo lo que en ella se engloba, desde infraestructura para la ventilación de túneles de la mina, hasta áreas destinadas para la preparación de muestras para el control del proceso de beneficio, e incluso áreas de planeación y capacitación de personal.”
Cabe mencionar que existe una multitud de denuncias públicas por las afectaciones al tejido social de las comunidades, un operativo policíaco-militar para imponer a la minera en mayo de 2009, denuncias comunitarias de asesinatos vinculados con la instalación de la mina, un derrame químico ocurrido en octubre de 2018 y otro denunciado en julio de 2020, la muerte de un trabajador en sus túneles en agosto de 2019 y denuncias de presión a comunidades cercanas para que se abran “respiraderos” de los túneles.
La solicitud menciona también “en este sentido, el proyecto se concibe como una aglutinación de obras mineras que dan sostén y contribuyen de manera integral al seguimiento de las actividades en la mina San José” y que dichas obras ocuparán una superficie de 16.8833 hectáreas distribuidas en diferentes polígonos.
Las denuncias que han llegado de diferentes maneras hasta la presidencia de la Republica, que van desde cartas que no obtuvieron respuesta, un cierre carretero durante una gira presidencial, hasta la denuncia periodística en una conferencia matutina, centran su atención en impedir la autorización de permisos ambientales que permitan a la empresa canadiense extenderse en los municipios donde posee al menos 91 mil hectáreas concesionadas, el anterior titular de SEMARNAT Víctor Manuel Toledo había otorgado su palabra a las comunidades del Valle de Ocotlán de que tales permisos no serían autorizados, a tan solo unos días de su renuncia “por estrés” y de la instrucción del ejecutivo federal de revisar el tema, dichos permisos se encuentran en trámite en SEMARNAT.
Campesinos de la Cañada, Mixteca Oaxaqueña, Mixteca Poblana, Valle y Sierra Negra, se plantaron a las afueras de la empresa PATSA como medida de presión para impedir que las aeronaves que presuntamente utilizan químicos para impedir que llueva, sean sancionadas y reguladas, ya que las pérdidas que han tenido en sus cultivos superan los miles de pesos.
José Luis Leyva Machuca, delegado del Movimiento de Autogestión Social Campesino Indigena Popular (MASCIP) manifestó que la protesta se realizó en dos puntos, en Patsa y en el Aeropuerto de Tehuacán.
Cabe señalar que, al cabo de unos minutos, el representante de los Avicultores en Tehuacán, Jorge García de la Cadena Romero, salió a dialogar con los campesinos inconformes y les expresó que ellos están a favor del agua, por eso colaborarán en las investigaciones necesarias hasta esclarecer lo de las supuestas bombas antigranizo.
También se le entregó un documento que firmó para comprometerse a llevar a cabo todo lo que esté al alcance para investigar lo relacionado con la problemática, asimismo se acordó una plática en el C5 de Tehuacán para tomar acuerdos.
Por último, los inconformes prendieron fuego a una piñata de avioneta que hace alusión a la aeronave que sobrevuela los cielos de las distintas zonas como medida de protesta.
Durante la conferencia mañanera del 9 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado respecto a la falta de atención para solucionar las problemáticas ambientales derivadas de la operación de Minera Cuzcatlán (Fortuna Silver Mines), en la comunidad de Magdalena Ocotlán; sitio en que la empresa derramó residuos mineros en 2018.
El 10 de septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó la solicitud para obtener permisos ambientales a través de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Regional, trámite con el que esta minera pretende ampliarse.
“Sí, es cierto lo que planteas. En Oaxaca, en una gira, no sé cuándo exactamente, pero sí me hicieron un planteamiento, me esperaron en la carretera para denunciar lo de esta mina que contamina, que afecta en Oaxaca y le pedí al secretario de Medio Ambiente que fuera, creo que estuvo, no sé si es este caso u otro, porque hay varios”, dijo el presidente ante el cuestionamiento. El 28 de junio de 2019, la comunidad de Magdalena Ocotlán realizó un cierre carretero en el trayecto del convoy presidencial, para informar de manera directa la problemática.
Pese a que el Ejecutivo Federal afirmó que el caso tendría atención personal de la titular de SEMARNAT, María Luisa Albores, el permiso ambiental para la ampliación del proyecto minero en el Valle de Ocotlán, se encuentra en trámite.
SAN JOSE II -así nombrado por la empresa canadiense- “enmarca diferentes obras y actividades del sector minero” y corresponde a la operación minera para la explotación plata y oro en mina subterránea.
De acuerdo con los informes técnicos publicados por Fortuna Silver Mines, el yacimiento ubicado en San José del Progreso se encuentra prácticamente agotado, por ello le es indispensables ampliar los permisos ambientales para así extender la explotación de minerales en otros municipios circundantes: “en los últimos años la capacidad de producción aumentó y por ende la necesidad del desarrollo de nueva infraestructura y ampliaciones de algunas obras ya existentes.
Las obras que enmarca este proyecto se encuentran íntimamente relacionadas a la actividad minera y todo lo que en ella se engloba, desde infraestructura para la ventilación de túneles de la mina, hasta áreas destinadas para la preparación de muestras para el control del proceso de beneficio, e incluso áreas de planeación y capacitación de personal.”
Cabe mencionar que existe una multitud de denuncias públicas por las afectaciones al tejido social de las comunidades, un operativo policíaco-militar para imponer a la minera en mayo de 2009, denuncias comunitarias de asesinatos vinculados con la instalación de la mina, un derrame químico ocurrido en octubre de 2018 y otro denunciado en julio de 2020, la muerte de un trabajador en sus túneles en agosto de 2019 y denuncias de presión a comunidades cercanas para que se abran “respiraderos” de los túneles.
La solicitud menciona también “en este sentido, el proyecto se concibe como una aglutinación de obras mineras que dan sostén y contribuyen de manera integral al seguimiento de las actividades en la mina San José” y que dichas obras ocuparán una superficie de 16.8833 hectáreas distribuidas en diferentes polígonos.
Las denuncias que han llegado de diferentes maneras hasta la presidencia de la Republica, que van desde cartas que no obtuvieron respuesta, un cierre carretero durante una gira presidencial, hasta la denuncia periodística en una conferencia matutina, centran su atención en impedir la autorización de permisos ambientales que permitan a la empresa canadiense extenderse en los municipios donde posee al menos 91 mil hectáreas concesionadas, el anterior titular de SEMARNAT Víctor Manuel Toledo había otorgado su palabra a las comunidades del Valle de Ocotlán de que tales permisos no serían autorizados, a tan solo unos días de su renuncia “por estrés” y de la instrucción del ejecutivo federal de revisar el tema, dichos permisos se encuentran en trámite en SEMARNAT.
De nuevo, denuncian despidos irregulares de maestras y maestros de Telebachillerato.
Mérida, Yucatán, – Personal del Telebachillerato Comunitario de Yucatán denunció que a 300 docentes y a cinco administrativos no les renovaron sus contratos en este ciclo escolar, pero no fue por las afectaciones del Covid-19, más bien todos los puestos han sido ocupados por presuntos operadores políticos del Partido Acción Nacional (PAN).
Una de las afectadas, cuyo nombre fue cambiado por temor a represalias, señaló que en junio, después de hacer la planeación, tener la matrícula de estudiantes y horarios listos, le informaron que no necesitarían más de sus servicios.
“El problema es que la gente que contratan son operadores políticos sin vocación magisterial y finalmente quienes salen perjudicados son los estudiantes. Hubo unos que daban la vida y más por la comunidad y ni merecieron reubicación; si el Gobierno del Estado quiere meter a un operador político, está bien, pero que reubique al maestro que es un fregonazo”, explicó Ana.
En su caso particular, existieron arbitrariedades, por ejemplo, le fueron bajando de puesto, pero no de responsabilidades, por el mismo sueldo.
Y finalmente, cuando le comunicaron que no renovarían su contrato, el entonces coordinador de este sistema, Irving Pinto Aké, solo atinó a decirle que eran órdenes de arriba. “Maestra, ha sido una excelente trabajadora, nos dejó planeado lo del siguiente semestre, pero sabe qué, ya no la podemos recontratar por órdenes de arriba”, fue lo que le dijo.
Ana se desempeñaba como administrativa y estaba a cargo de los 198 Telebachilleratos del Estado, en donde, a pesar de la pandemia y de los obstáculos tecnológicos, las y los maestros acudían a las comisarías para repartir las hojas de las tareas. Hoy, algunos de ellos fueron despedidos
También explicó que la plantilla total es de 594 docentes y cada semestre quitan a 100 y luego 50. Explicó que lo hacen de manera paulatina para que todos los nuevos que ingresen sean panistas. (Foto de Archivo)
De enero a julio tuvo 20 víctimas; solo la superan Tijuana, Juárez y Culiacán
El Informe sobre violencia contra las mujeres, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reporta que, entre enero y julio del 2020, se registraron en la ciudad de San Luis Potosí (gobernada por Xavier Nava), nueve feminicidios, lo cual la ubica en el lugar número tres de las ciudades de México con mayor incidencia de este delito. Mientras que el estado se coloca en la novena posición con 20 asesinatos de mujeres.
Las ciudades que ocupan el primer lugar son Tijuana (14) y Juárez (14); en segundo puesto está Culiacán (10) y en la tercera plaza, empatada con Monterrey, se ubica la capital potosina. En el caso de todo el estado, San Luis fue superado por el Estado de México (80), Veracruz (54), Ciudad de México (43), Nuevo León (39), Puebla (39), Jalisco (34), Morelos (25), Oaxaca (23), Baja California (22) y empató con Chihuahua (20).
San Luis Potosí superó a ciudades que históricamente se han distinguido por sus altos índices de violencia feminicida como Iztapalapa, Tlalpan, Ecatepec y Puebla. Otro municipio potosino aparece en el listado de las 100 ciudades con mayor número de feminicidios, es Ciudad Valles (a cargo de Adrián Esper), con dos casos registrados.
En lo que va del año, en México se han registrado 549 feminicidios y se tiene una incidencia de este delito de 0.84 víctimas por cada 100 mil habitantes, San Luis eleva esa cifra hasta 1.36, que lo coloca en el cuarto lugar, por detrás de Morelos (2.38), Colima (1.78) y Nuevo León (1.39).
Otro de los delitos contra mujeres en los que San Luis ocupa uno de los primeros puestos, es el de abuso sexual, donde nuestro estado se coloca en el octavo lugar con 103 casos, solo por debajo de Nuevo León (615), Chihuahua (335), Sonora (316), Ciudad de México (294), Baja California (282), Guanajuato (183) y Quintana Roo (110). Sin embargo, al medir la incidencia por cada 100 mil habitantes, San Luis Potosí pasa al séptimo nivel con 3.6 por 100 mil mujeres.
Amarrada, Marcela Alemán dijo que siente rabia y mucha indignación por tener que “venir a suplicar justicia de esta manera”. Foto: Twitter
Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segunda ocasión, Marcela Alemán, madre de la menor que fue víctima de abuso sexual en un colegio de San Luis Potosí, decidió recurrir a otra medida extrema para exigir justicia.
Esta vez se amarró a una de las rejas de la Secretaría de Gobernación, después de que la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, se reunió con familiares de víctimas, quienes mantienen tomada la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el Centro Histórico de esta capital.
En declaraciones a periodistas, Alemán dijo que siente rabia y mucha indignación por tener que “venir a suplicar justicia de esta manera”, cuando las autoridades deberían de acercarse a ella para solucionar su caso.
La mujer insistió en que recurrir a ese tipo de acciones no tiene ninguna otra motivación que la de encontrar justicia. Aseguró que no lo hace con la intención de recibir dinero o una despensa, sino para llamar la atención de las autoridades sobre el delito cometido contra su hija, cuando tenía apenas cuatro años de edad.
“Quiero justicia y que esos malditos que violaron a mi bebé paguen, porque no puedo vivir con esto, y menos mi hija: no tiene vida, está desde las 3 de la mañana sin dormir por temor, y no es justo”, reclamó.
A principios de septiembre, Alemán se amarró a una silla después de reunirse con la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y con esa actitud alentó a feministas a apoderarse días después del inmueble de la calle de Cuba.
José Juan García / Notiver
Integrantes de colectivos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se unieron al II Festival de las Resistencias que se convocó a nivel nacional en apoyo al Congreso Nacional Indigenista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Los jóvenes activistas se reunieron en la plaza de la Soberanía la tarde del sábado, donde se contó con la participación del colectivo de desaparecidos “María Herrera”, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida), de la comunidad LGBTTTI, del Comité de Defensa del Río La Antigua, cantantes, entre otros.
Durante el festival, los organizadores recordaron a Samir Flores Soberanes, campesino náhuatl, activista, integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y del Congreso Nacional Indígena, opositor a la termoeléctrica de Huexca, en Cuautla, Morelos, quien fue asesinado el 20 de febrero del 2019.
Al respecto, la vocera de la Red de Resistencia y Rebeldía de la ciudad de Veracruz, Tina Madrigal, dijo que el II Festival de las Resistencias incluyó actividades que se efectuaron del 16 al 20 de septiembre y se convocó a diferentes colectivos para que informasen a la población acerca de sus actividades.
“Es una convocatoria a favor de los pueblos del EZLN y de Samir, las Redes de Resistencia lanzaron la convocatoria y nosotros decidimos hacer el Segundo Festival de las Resistencias, también fue el año pasado en el mismo mes; más que nada era reunir colectivos para que la gente estuviera informada, para que los colectivos formaran redes, finalmente todos estamos luchando por la vida, derechos humanos”, expresó.
La entrevistada aseguró que la Red de Resistencia y Rebeldía planea una actividad mensual a invitación del Congreso Nacional Indigenista, por lo que la próxima se organizará para octubre.
Cabe mencionar que los organizadores del II Festival de las Resistencias instalaron un mercadito solidario en la plaza de la Soberanía con la finalidad de promover el consumo local.
– También reclamaron por el despojo de tierras por empresas transnacionales
– Megaproyectos del Estado afectan al territorio y a la vida humana: CNI
– Gobiernos simulan mesas de paz, pero jóvenes siguen siendo asesinados: Oscar Espino
Integrantes del Congreso Nacional Indígena se plantaron en la plaza Sebastián Lerdo para reclamar los ataques paramilitares a las comunidades zapatistas en Chiapas y el despojo a los pueblos originarios de Veracruz por empresas trasnacionales.
Al respecto, Oscar Espino, miembro del CNI, región Totonacapan, dijo que esto es una exigencia a nivel nacional, donde se impulsa “la segunda acción global contra la guerra al EZLN, los pueblos y la vida: Samir Vive”.
“Ha habido una serie de ataques a comunidades zapatistas, comunidades del Aldama, Chiapas, y también en las comunidades de Tila, Chiapas, ha habido ataques armados por grupos paramilitares que han estado siendo solapados por el gobierno mexicano”.
Señaló que los mega proyectos en contra de los recursos naturales del Estado de Veracruz no han sido cancelados y continúan repercutiendo a gran parte de la entidad, no sólo en territorio, sino también a la vida humana.
“Tenemos el mal llamado Tren Maya, el corredor Transístmico, los proyectos de hidroeléctricas, gasoductos. En Veracruz hay una serie de despojos a las comunidades indígenas, sigue el plan de trasvase del río Pánuco, hay un plan de trasvase del Cazones, el gasoducto Tuxpan-Tula y demás”.
Además, lamentó que la violencia originada por el crimen organizado y las corporaciones policiacas no cese.
“Denunciamos la violencia de los grupos del crimen organizado y de las corporaciones policiacas que siguen cobrando la vida de jóvenes en todo Veracruz, mientras los gobiernos de cuarta, simulan con su soberbia mesas de construcción de la paz, y al mismo tiempo las y los jóvenes siguen siendo secuestrados, desaparecidos y asesinados”, concluyó.
Xalapa, Ver.- En el norte del estado de Veracruz hay más de 300 pozos con fracking y más de cinco mil campos petroleros que siguen derramando las aguas congénitas, sobre los afluentes y cultivos.
Lo anterior fue dado a conocer por el integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), Óscar Espino Vázquez durante la entrevista en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada en la ciudad de Xalapa.
También enlistó que hay proyectos que ponen en peligro al ecosistema de las regiones del Totonacapan y la Huasteca.
“Hay gasoductos que vienen de Texas a Tuxpan y de Tuxpan a Tula y Atotonilco. Gases venteados que no son medidos y que siguen contaminando a nuestras comunidades con pozos que están a 200 metros de las casas y de las escuelas”.
Refirió que hay arroyos con más de cuatro años contaminados y que siguen con derrames de hidrocarburos, además de explosiones en el Totonacapan con el Activo Integral Aceites Terciarios del Golfo (AIATG) y Altamira.
Son tan sólo algunos temas ambientales que fueron denunciados desde el frente del Palacio de Gobierno de Veracruz ante el riesgo que hay para al menos 50 municipios de la zona norte veracruzana.
POZA RICA, Ver., 20 de septiembre de 2020.- Familiares de desaparecidos denuncian amenazas de parte de exelementos policiacos que propiciaron la desaparición de integrantes de sus familias y de quienes no saben nada desde hace 10 años; además acusaron que los expolicías en su momento fueron respaldados por jueces corruptos que los pusieron en libertad, por lo que ahora se sienten en riesgo.
Nohemí Martínez Martagón, madre del joven Luis Alberto Calleja Martínez, quien desapareció de la avenida 20 de Noviembre un 18 de septiembre de 2010, indicó que en estos hechos tuvieron que ver los elementos federales Antonio Ordoñez Cabrera y Víctor Ángel García.
El primero fue liberado por un juez a quien acusaron de corrupción, de nombre Javier López Roera, en tanto que el ex elemento de la Policía Federal advirtió que “si regresa a la cárcel nos íbamos a enfrentar”; por su parte Víctor Ángel se encuentra privado de su libertad en una cárcel de Oaxaca, cumpliendo una condena de 35 años.
“Yo sólo le pido a Dios que un día nos dé esa dicha de traer a nuestros hijos vivos o muertos a nuestras casas, para tener paz, le pido a las autoridades que nos apoyen, pero nosotros no descansaremos hasta encontrar a nuestros hijos, salimos a campo con pico y pala, apoyados por nuestro Colectivo María Herrera”.
Los familiares indicaron que en su momento, y después de los hechos de la desaparición de su hijo, solicitaron la intervención del exalcalde Pablo Anaya Rivera, de quien en ningún momento se dio la intervención.
Los familiares del Colectivo María Herrera insistieron en la necesidad de dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se ponga atención a este tipo de casos relacionada con la desaparición de personas que han sido documentados desde 2006 en esta ciudad.
En la esquina de la calle Francisco I Madero y 20 de Noviembre de la colonia “Emiliano Zapata”, en el municipio de Jojutla, sobre el camellón aún está la casa donde Felipe Contreras Ocampo vivió y aún vive Martha una de sus hijas. Foto Estrella Pedroza.
Texto y fotos: Estrella Pedroza
Jojutla, Morelos, uno de los municipios más afectados por el sismo de 2017, enfrenta el abandono de tres años por los distintos gobiernos, y la devastación sanitaria por la pandemia de covid-19. Una doble tragedia. Aquí las historias
OJUTLA, MORELOS.- Leónides Figueroa Villa murió tres veces: primero cuando lo perdió todo en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Luego, cuando las autoridades virtualmente le abandonaron a su suerte y la tercera, la definitiva, cuando sufrió un infarto.
Se fue de este mundo sin cumplir el anhelo de asegurar un lugar seguro para su familia.
El 24 de junio habló con su hija Rocío. Fue una despedida. “No van hacer la casa. Ya no creas nada, ni te van ayudar. Ya no estés esperanzada” le dijo.
Dos semanas después, el 8 de julio, su corazón se detuvo. Murió casi al instante.
La historia de Leónides es un retrato de la cruda realidad que enfrentan cientos de familias en Jojutla, Morelos, una de las zonas más afectadas del país por el sismo de magnitud 7.1 que causó la muerte a 370 personas.
En Jojutla, a 130 kilómetros en el sur de Ciudad de México, más del 80 por ciento de las casas, edificios e iglesias colapsaron o resultaron dañadas. Muchos de forma grave.
Ese mediodía Leónides, de 83 años de edad, vio cómo su patrimonio se diluía. El esfuerzo de toda una vida quedó en escombros.
Fotografía y cartel donde Leónides reprochaba la falta de apoyo del gobierno en 2018. Él no recibió FONDEN. Foto Estrella Pedroza.
De ocupación campesino, con intenso trabajo como productor de arroz y otros cultivos en tierras rentadas, había comprado una casa donde vivía con uno de sus nietos, en la zona más céntrica de la colonia “Emiliano Zapata”.
El mismo barrio que fue bautizado como “La Zona Cero” por la gran cantidad de viviendas destruidas. De hecho la manzana donde estaba la casa del anciano prácticamente se hizo polvo.
Leónides salvó la vida porque cuando la tierra empezó a sacudirse estaba en un terreno donde su hija Rocío y dos de sus nietos construyeron tres casas pequeñas.
Sobraba espacio para tener algunos cultivos en los que el patriarca se entretenía.
Por fortuna la familia Figueroa no perdió a nadie, pero se quedaron sin nada.
“De puro milagro alcanzamos a salir. Pero todo se cayó”, dijo el anciano durante una charla a mediados de noviembre de 2018.
A pesar de la tragedia, con dignidad y optimismo, el patriarca y su familia afrontaron su nueva realidad.
Su hija y los nietos buscaron que fueran incluidos en el censo de damnificados que hizo el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Pero cometieron algunos errores. Lo supieron después. Uno de ellos fue que Rocío anotó la casa de su padre en la lista de afectados, pero lo hizo con su nombre.
Lo mismo hizo con la vivienda que construyó en el terreno de su padre. Había, entonces, dos propiedades a su nombre en el censo de afectados.
La burla de los políticos
Un problema grave. El Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), señalado desde el inicio de padecer serias fallas, entregó sólo un subsidio por daño parcial a los Figueroa, a pesar de que demostraron haber perdido todo.
La nueva agonía no detuvo al anciano quien, apoyado por sus nietos y amigos, empezó la reconstrucción de su casa. Apenas pudo edificar una habitación con baño y cocina, porque el dinero se esfumó en poco tiempo.
En algún momento se encendió una luz de esperanza. El fideicomiso Unidos por Morelos, creado por el exgobernador Graco Ramírez, ofreció ayuda a la familia para terminar sus casas.
Una promesa incumplida. En el proceso electoral de 2018 las autoridades locales lanzaron un ultimátum: o aceptaban el dinero para reconstruir sólo una vivienda, o nadie recibiría nada.
No había de otra. Los Figueroa recibieron el dinero con la esperanza de avanzar en la vivienda del abuelo.
El 1 de julio de 2018 Leónidas votó por los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): Andrés Manuel López Obrador para presidente, y Cuauhtémoc Blanco como gobernador.
Pensó que el proyecto de la Cuarta Transformación le apoyaría para recuperar su casa. No fue así. La ayuda no llegó y en noviembre de ese año el anciano cedió su vivienda, todavía en obra negra, a su hija mayor.
Leónides se quedó a vivir en una carpa que luego se convirtió en galera de madera, cartón y láminas de metal. Allí murió, decepcionado de dos gobiernos.
“Mi papá decía que nos dejaron solos porque no les importamos” recuerda su hija.
Rocío está convencida de que su padre, aunque padecía varias enfermedades, murió de tristeza e impotencia por no recuperar el patrimonio de su familia.
Y también de rabia por haber sido utilizado por los políticos, como sucedió con muchos en Jojutla.
Desde 2018 “la única vez que regresan es para tomarse la fotografía en las conmemoraciones de un año más del sismo”, comentan los damnificados que aún no tienen casa.
Por el abandono se han visto obligados a rentar casas en otras localidades, hacinarse con sus familiares o sobrevivir en carpas o viviendas improvisadas.
Leónides el día entrevista en la casa improvisada donde vivieron tras el sismo. Foto: Estrella Pedroza.
“No corrigieron nada”
Griselda Contreras Hernández, presidenta de la Comisión Ciudadana de Damnificados del Estado de Morelos, calcula que la reconstrucción tiene un avance de entre 35 o 40 por ciento.
La Comisión Ciudadana de Damnificados del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Jojutla, en cambio, reportan un avance del 75 por ciento.
En ambos casos hay una coincidencia: que lo hecho se consiguió fundamentalmente con el respaldo de fundaciones privadas porque las autoridades no responden.
“Nos abandonaron. El Programa Nacional de Reconstrucción que anunció López Obrador en diciembre del 2018, aún no funciona porque retomó el censo mal hecho por la administración de Peña Nieto”, asegura la activista.
Lo mismo piensa el alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante. Lo que se ha avanzado es gracias a diversas fundaciones y algunas acciones del gobierno federal. Del gobierno del ex futbolista Blanco no hay prácticamente nada.
Sin embargo, el problema principal es que se incumplió con la promesa de corregir errores del FONDEN, como catalogar daño parcial en viveindas destruidas. También hubo problemas para incluir en las listas a personas que vivían en terrenos familiares pero no pudieron acreditar la propiedad individual.
Tampoco logró apoyar a quienes fueron defraudados en los programas de reconstrucción. “No lo corrigieron y peor aún, la burocracia continuó, al grado de seguir extraviando expedientes y dejar pasar meses para dar una respuesta”, subraya Griselda Contreras.
Un abandono que es aún más explícito por parte del gobierno de Cuauhtémoc Blanco que “se ha esfumado”, añade.
Lo más triste, dice Ana Jiménez expresidenta de la Comisión Ciudadana de Damnificados del Estado de Morelos, “es que poco a poco las personas damnificadas comienzan a morir y con ellos se muere, en algunos casos, la posibilidad de tener el apoyo de vivienda”.
“En muchos casos si fallece el propietario o propietaria no hay forma de transferir el apoyo” gubernamental, reconoce.
Ocurre sobre todo cuando muere el esposo. “Regularmente en esta zona ellos (los hombres) son los propietarios y muchas de las compañeras se han quedado sin nada”.
Aunque hay una gran diferencia en los cálculos entre los reportados por la Comisión Ciudadana de Damnificados del Estado de Morelos y del Ayuntamiento de Jojutla que reporta un avance del 75 por ciento.
En esta casa improvisada murió Leónides, sin ver que le cumplieran las promesas de reconstruir su vivienda. Foto Estrella Pedroza
Covid-19: la doble tragedia
Por si no fuera suficiente la pandemia de covid-19 empeoró la de por sí difícil vida de los damnificados de Jojutla.
Muchas familias han enfrentado la emergencia sanitaria en condiciones precarias, con desempleo y nuevos duelos por la pérdida de seres queridos.
Ese fue el caso de la familia Contreras. Aunque en el sismo sobrevivieron todos sus integrantes y perdieron parte de su patrimonio, tenían el alivio de seguir con vida y saludables.
Pero la pandemia los alcanzó. El pasado 19 de mayo murió Felipe Contreras Ocampo, tras dos semanas de luchar contra covid-19.
Felipe Contreras Ocampo, nunca perdió el optimismo. Foto Estrella Pedroza.
“Su salud estaba muy deteriorada”, reconoce Griselda, una de sus hijas. Durante el sismo una barda le cayó encima y desde entonces se agudizó la diabetes e hipertensión que padecía.
A eso se sumaron las incomodidades de vivir más de un año y medio en una carpa dentro de “La Zona Cero”. Luego se mudó a una casa sin ventanas, puertas y con piso de tierra.
Felipe no perdía el optimismo, recuerda su familia, y cada vez que agregaba algo a su vivienda se ponía feliz y animaba a sus hijos para seguir su ejemplo.
No fue suficiente. “Vimos cómo después del sismo se fue avejentando y sus fuerzas y defensas también” recuerda su hija.
“Creemos que si no hubiera padecido tanto con el sismo hubiera dado la batalla a la covid y no se habría ido tan pronto”.
Pero la tragedia no abandona a la familia Contreras. Una semana después de la muerte del anciano falleció uno de sus hijos, también llamado Felipe.
Dejó dos hijos pequeños y a su esposa. Tampoco pudo concluir la reparación de su vivienda, afectada por el sismo de 2017. Como su padre murió por covid-19.
“Fueron atendidos en el hospital de Jojutla pero ya no había respiradores, buscamos en otros hospitales pero todos estaban saturados o tenían espacio sin respirador y no pudimos hacer más”, recuerda su hermana Griselda.
Ahora la familia Contreras Hernández enfrenta dos tragedias: la lenta reconstrucción de su patrimonio. Y el dolor de enfrentar la pandemia, los estragos emocionales por el duelo, con la certeza del abandono oficial.
Imagen de archivo de una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato. Foto: Especial
Verónica Espinosa / Proceso, 19 de septiembre de 2020 GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).– Familiares de personas desaparecidas localizaron restos óseos y balas de grueso calibre en dos zonas rurales de Irapuato y Villagrán durante búsquedas realizadas el lunes 14 y el viernes 18.
Personal de las comisiones de Búsqueda nacional y estatal, de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y por Particulares, entre otras instancias, acompañaron a las familias en el transcurso de la semana en la búsqueda efectuada en un punto del ejido “La Nopalera” en Villagrán, con resguardo de fuerzas federales y del estado.
La Comisión Estatal de Búsqueda informó que un área del ejido fue delimitada después de un primer reconocimiento efectuado hace unas semanas, para proceder a la localización de cuerpos o restos humanos.
“Se realizaron acciones de reconocimiento preliminar con dron y limpieza del área; recorridos con binomio canino para las localizaciones de posibles puntos para escarbar y localizar algún indicio, además de búsquedas con varilla”, se informó.
También se excavaron pozos de sondeo manual y se utilizó maquinaria pesada, además de que para la búsqueda en un arroyo se efectuaron labores de bombeo de agua.
“Entre los hallazgos, se encontraron diversos restos óseos y elementos balísticos tipo escopeta, mismos que fueron puestos a disposición y resguardados por parte de la Fiscalía Especializada para su análisis”, confirmó la Comisión Estatal en un comunicado.
En la búsqueda participaron personas que buscan a varios integrantes de su familia. Según el diario AM, hay al menos 18 personas desaparecidas de esta familia desde hace dos años.
En Irapuato, otro sitio de hallazgos
De manera paralela, integrantes del colectivo “A tu encuentro” acudieron a un punto conocido como “La cañada de la muerte”, en la comunidad de Aldama, en Irapuato, en donde localizaron ropa, zapatos, casquillos de diversas balas y otros objetos.
A esa revisión fueron acompañados por personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Comisión Estatal y corporaciones federales.
“Los integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda, apoyados de un dron de alta tecnología, sobrevolaron la zona para tomar evidencia de posibles puntos de búsqueda”, según se informó.
Bibiana Ojeda, integrante del colectivo “A tu encuentro” y quien coordina la comisión de búsqueda de dicho colectivo, aclaró que se pidió al gobierno estatal que estas familias no sean acompañadas por Fuerzas de Seguridad Pública del estado, hasta que elementos de esta corporación retiren una denuncia penal que interpusieron contra integrantes del colectivo después de la protesta efectuada el 10 de julio en la ciudad de Guanajuato en la que dicha corporación reprimió a dichas familias.
“Nos parece absurdo llevarlos como seguridad cuando nos han estado acosando; solicitamos que en todas nuestras búsquedas no tengan nada qué ver”, dijo Bibiana Ojeda.
Aclaró que quienes estuvieron reconociendo esa zona de “la Cañada de la Muerte” fueron las familias; “el personal de la Comisión Estatal se pasó la mayor parte del tiempo sentado”, dijo.
“Ya nosotras como colectivo nos estamos organizando como los puntos de búsqueda y lo más probable es que regresemos. Nos deben dos fechas (de búsqueda) y estamos esperando que antes de que termine la semana nos den respuesta”, pidió.
Acusan a los policías municipales de golpes, maltratos sicológicos, agresión sexual y hasta de robo de celular durante su detención en la marcha feminista; en conferencia de prensa rompen el silencio y advierten que siguen más fuertes que nunca
Ciudad Juárez – Hincadas, seis mujeres integrantes de colectivos feministas juarenses permanecen quietas, con la cabeza agachada y las manos atadas hacia atrás, unas con listones morados y otras con esposas metálicas, mientras que sus compañeras exponen la violencia de la que fueron víctimas el pasado 5 de agosto, cuando fueron arrestadas por elementos de la Policía Municipal.
Una a una, las manifestantes contaron cómo fue que durante una protesta que se realizaba en el Centro Histórico, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) las arrestaron con exceso de fuerza que causó en algunas lesiones, además de maltrato sicológico y agresión sexual.
“Nosotras estamos cansadas de esta represión, decidimos que ya no nos vamos a callar, les venimos a decir ahora aquí que, si tocan a una, vamos a responder todas”, sentenció una de las participantes en la rueda de prensa que convocaron para exponer su postura.
Otra manifestó miedo a represalias personales luego que las autoridades tienen sus datos personales y fotografías: “tememos por nuestra seguridad”.
Los hechos que denunciaron ocurrieron el pasado sábado alrededor de las 17:00 horas, en una manifestación convocada por las colectivas Mujeres en Rebelión y Juárez Feminista para protestar contra los abusos policiacos en varios estados del país, principalmente el que ocurrió en León, Guanajuato, contra un grupo de mujeres.
A la par con la convocatoria informativa, las participantes, que vistieron de negro con el rostro cubierto, realizaron un performance para simular la situación que vivieron el 5 de septiembre.
“Estaba al frente del contingente… vi como agredían a las compañeras… al acercarme un policía directamente me aventó, mi cabeza se estampó contra el pavimento… cuando logró incorporarme me vuelve a aventar la persona, de 1.90 de estatura y obeso, me ahorca hasta dejarme en puntillas y sin poder respirar”, contó.
Enseguida la llevaron hasta una patrulla, agregó, pero como no podía subirse a la unidad debido a la dificultad que tenía para moverse, los agentes la tundieron a patadas hasta que logró abordar.
Otra de las manifestantes denunció que fue víctima de violencia física, sicológica y sexual: “un oficial me dislocó la rodilla izquierda para después tratar de humillarme por ser lesbiana… me golpeó la cara después de amenazarme de muerte… el mismo oficial que ahorcó a mi compañera me tomó detrás del cuello hasta casi dejarme sin conocimiento para poder subirme a la patrulla”.
Una más recordó que, al arrestarla, los policías le dijeron que sus derechos “se los pasaban por los huevos” y que la tocaron en lugares donde no debieron de hacerlo.
“Ellos me agredieron y me dijeron que nos iban a desaparecer; sin embargo, aquí seguimos más fuertes que nunca”, anunció.
Otro testimonio es de una mujer que estaba al frente del contingente organizándolo, cuando de repente observó que varias de las participantes estaban recibiendo ataques físicos por parte de los elementos policiacos, por lo que se acercó a defenderlas.
Enfatizó que ellas no atacaron a los agentes, sino que todas se defendieron de ellos porque a algunas las estaban ahorcando.
Una denunciante se exaltó al contar su experiencia de ese día.
“A mí me estrellaron contra una patrulla, me comenzaron a pellizcar el abdomen, me comenzaron a golpear en el abdomen, me comenzaron a levantar la blusa para tocar mi pecho izquierdo, esto no se puede quedar así…”, alcanzó a decir antes de quedar abrumada mientras es consolada por la mujer que está a su izquierda.
Durante la movilización del sábado pasado, indicó otra víctima, se encontraba atrás del contingente para esperar que las más pequeñas siguieran al contingente.
En un momento determinado se vio rodeada por al menos cinco policías, quienes la detuvieron sin informarle la razón del acto a pesar de que constantemente los cuestionaba el porqué. Por respuesta sólo tuvo golpes y empujones contra la patrulla.
“Me dijeron que iba a valer verga, con esas palabras, y que mis amigas no estaban ahí para apoyarme ya”, contó.
Se la llevaron prácticamente a rastras hacia la unidad, con las esposas muy apretadas y enredadas con la mochila que cargaba, lo cual no le permitió subir las piernas para abordarla.
“Me aventaron de la cabeza… golpeó con el interior de la unidad haciéndome sangrar y rompiéndome el labio, de todos modos la agente mujer, junto con un agente hombre, me empujaron hacia adentro de la unidad y caí entre el asunto y la pared”, menciona.
Todo lo demás, agregó fue sicológico, la tortura de sus compañeras, silenciarlas, amenazarlas, decirles que les iban a dar “un rondín, que nos iban a desaparecer”.
Una integrante de la colectiva Hijas de su Maquilera Madre dijo que acudió a la manifestación para documentar el evento, pero se dio cuenta que un número exagerado de elementos municipales e incluso mandos ya estaban en la zona desde antes de que iniciara.
Acusa que un comandante, de apellido Caro, le quitó un teléfono que estaba usando para grabar la detención de sus compañeras, el oficial reseteó el aparato y cuando lo recuperó se dio cuenta de que toda la información que traía ahí fue borrada.
También le quitaron su teléfono personal, el que ya no pudo recuperar a pesar de que insistió en que le fuera devuelto, al quejarse sólo le indicaron que acudiera al Departamento de Asuntos Internos a interponer una denuncia.
EXIGEN A CABADA INVESTIGAR REPRESIÓN POLICIAL
En la misma rueda de prensa la abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), Karla Palacios, dio a conocer que la represión de las mujeres da un mensaje claro: la tendencia es el desprestigio de quienes emiten una opinión diferente, que están en la vía pública y participan de la denuncia de las agresiones en contra de mujeres.
La violencia y la tortura, el acoso contra ese sector de la población, el hostigamiento y persecución deben ser señalados, la normalización de estas conductas, de quienes son responsables de la seguridad, constituyen una violación grave de los derechos humanos de las víctimas, afirmó.
Consideró importante señalar que el CDHPN ha denunciado desde hace más de ocho años los delitos y violaciones a derechos humanos que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) comete de manera reiterativa.
“Le exigimos a Armando Cabada (presidente municipal de Ciudad Juárez) que se comprometa a investigar de manera pronto, imparcial, independiente, exhaustiva y con enfoque de género las denuncias de tortura y violencia sexual, así como los malos tratos que denunciaron los colectivos de mujeres que luchan en contra de la brutalidad policiaca”, expresó.
Las exponentes no permitieron preguntas por parte de la prensa y dieron por terminado el acto, que se realizó en la explanada de un restaurante ubicado en la avenida Paseo Triunfo de la República, casi esquina con Adolfo López Mateos.
Megastar Development Corp, Inomin Mines, G79 Gold79 Mines Ltd, Minaurum Gold se unen a la lista de más de 400 concesiones vigentes en Oaxaca.
En este espacio revelamos que la empresa transnacional Minaurum Gold tiene la intención de avanzar sobre las tierras de la selva de los Chimalapas, con una “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 Unidades de Barrenación”. Sin embargo, no es la única empresa interesada en territorios del estado de Oaxaca, y esto lo demuestra la intensa actividad de trasferencia, adquisición y compra de concesiones mineras realizada durante el mes de agosto de 2020, por las mineras G79 Golden 79 Mines Ltd, Inomin Mines y Megastar Development.
Medios especializados en el sector minero transnacional, publicaron el 5 de agosto: “Aura Resources Inc. se complace en anunciar que de conformidad con una resolución aprobada por su junta directiva el 28 de julio de 2020, la Compañía cambió su nombre a “Gold79 Mines Ltd.”, de esta manera concesiones mineras establecidas en Oaxaca cambian el nombre del titular, sin que esto sea regulado por el gobierno federal y las instituciones encargadas del sector.
Ver también: ¿Por qué crece el rechazo local y global a la minería en la selva de los Chimalapas?
Para tener idea de lo que ocurre con una sola concesión minera, el territorio de Taviche concesionado, con otras delimitaciones, nombres de lote u asociaciones derivadas para muestreos y exploraciones; ha estado en manos o interés de las siguientes empresas: Aura Silver Resources Inc, Intrepid Mines Ltd, Pan American Silver Corp, Minaurum Gold, Newstrike Capital Inc, Maverix Minerals, Fortuna Silver Mines.
Gary R. Thompson, ahora presidente de G79 Gold79 Mines Ltd declaró: “Estoy emocionado de asumir el cargo de presidente y convertirme en un accionista importante de Gold79. Nuestro objetivo es crear valor para los accionistas aumentando nuestro sólido equipo técnico y haciendo un seguimiento de los éxitos de exploración anteriores. Tres de nuestros proyectos prioritarios “.
El “Higo Blanco”
Entre los territorios que la nueva empresa minera presume como proyectos, se encuentran 986 Hectáreas de los municipios de San Pedro Taviche y San Jerónimo Taviche. El proyecto minero llamado Higo Blanco, ubicado en Taviche Oaxaca, es “propiedad” en 80% de otra empresa minera, llamada Minaurum Gold y 20% “propiedad” de G79 GOLD79 MINES LTD, las exploraciones realizadas con anterioridad en los años 2009 y 2011, señalan que existe una mineralización “robusta” de plata, significa que por cada tonelada de territorio, la empresa obtendrá de medio gramo a 1 gramo de plata, lo que en términos de explotación minera es redituable, además en el territorio existe oro aún en menor proporción por tonelada.
La Gitana y Peña Blanca
Inomin Mines por su parte compró los proyectos denominados La Gitana y Peña Blanca ubicados en Oaxaca, a la empresa Gunpoint Exploration en agosto de 2020, pagando con un millón de acciones, 25 mil dólares en efectivo y una regalía de 1.5% del valor de la explotación a la anterior empresa posesionaria de la concesión, lo que significa un beneficio directo para sus propietarios e inversionistas, dado que las acciones de la empresa dieron un salto de 700% en su valor financiero, sin embargo esta transacción no deja un solo centavo en el territorio concesionado ni para la administración del gobierno federal.
En La Gitana, 38 barrenos perforaron las tierras de Yautepec encontrando oro y plata. Peña Blanca por su parte a unos escasos kilómetros presenta mineralización de oro y plata dentro de un sistema que alcanza una extensión de 9km.
Inomin Mines aún tiene que detallar sus planes para los proyectos, pero dijo que “sistemas mineralizados que no han sido sometidos a pruebas en Peña Blanca requerirán seguimiento.”, es decir se torna inminente una ola de exploraciones mineras en este territorio.
Rama de Oro, Magdalena y Yautepec
Megastar Developmen Corp por su parte anunció también en agosto de 2020, “que ha modificado los acuerdos de opción mediante los cuales la Compañía puede adquirir una participación íntegra del 100% en los proyectos Rama de Oro, Magdalena y Yautepec (los “Proyectos”), ubicados en el estado de Oaxaca, México, mediante la extensión de las fechas de vencimiento para los gastos de exploración en cada Proyecto.”
Los gastos por el proyecto Rama de Oro fueron de US $ 350,000, los compromisos de gastos de Magdalena y Yautepec, ascendieron a US $ 310,000 y un agregado de US $ 12,500 al vendedor, quien es un director de otra Compañía minera, es decir un total de 672 MIL 500 Dólares, un equivalente a 14 millones 721 mil 25 pesos mexicanos, de los cuales una vez más ni la administración federal, ni las comunidades afectadas reciben un solo centavo.
“Nos complace tener la flexibilidad del tiempo adicional para cumplir con los compromisos de exploración en nuestros proyectos, dados los desafíos del mercado de 2019 y las restricciones de COVID-19 de 2020”, declaró Dušan Berka, CEO de Megastar. Esperamos reanudar el trabajo de campo para seguir avanzando en nuestros éxitos de exploración en las primeras etapas de estos proyectos de primer nivel “.
La forma de actuar de las empresas transnacionales es bien sabida, una combinación de corrupción, tratos clandestinos con autoridades que venden a sus pueblos, presiones de otros órdenes de gobierno sobre las comunidades, tanto desde el ámbito estatal y federal, hasta llegar al hostigamiento, la amenaza, la represión auxiliándose de fuerzas estatales y no estatales, hasta llegar al asesinato.
La empresa señala que en los territorios de Oaxaca, “los representantes de Megastar están volviendo a interactuar con los líderes comunitarios en cada una de las tres áreas del proyecto. Mientras tanto, se están finalizando los planes para las próximas etapas del trabajo de campo que darán seguimiento al exitoso trabajo de exploración realizado en 2019. La Compañía asesorará a los accionistas una vez que se haya establecido un plazo firme para este trabajo.”
En plena pandemia en un ambiente de creciente violencia y crisis económica en Oaxaca, las mineras transnacionales siguen generando ganancias con base a las concesiones mineras bajo su control. El oro batió un récord al transarse en US$2.061,50/oz en la sesión matutina del 7 de agosto en Londres, mientras que la plata alcanzó un máximo de siete años al cerrar en US$28,33/oz esa misma jornada.
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En Canadá se complacen con el anuncio de una nueva empresa minera, en Oaxaca los pueblos se mantienen a la expectativa sobre qué sucederá en sus territorios. “Nos están sentenciando a una muerte segura” afirmaron en su denuncia las autoridades de Magdalena Ocotlán, al señalar la contaminación ambiental por un derrame químico el pasado 10 de julio de 2020 y el anterior ocurrido en octubre de 2018, que legalmente para la empresa Fortuna Silver Mines solo tuvo por sanción, una multa por 800 mil pesos de parte del actual gobierno federal, la expansión de las mineras mantiene en alerta a las poblaciones de los Valles Centrales.
El Panorama Minero del Estado de Oaxaca, documento publicado en los últimos días de 2018 por la actual administración del gobierno federal, reconoce 427 concesiones mineras vigentes; mientras estas no sean canceladas, la especulación financiera, que genera ganancias económicas para las corporaciones continuará, a la vez los pueblos que son afectados y muchas veces concesionados sin siquiera saberlo, seguirán en la incertidumbre sobre qué ocurrirá con su territorio y por ende con la vida de sus habitantes, Oaxaca es un claro ejemplo de esta situación.
A tres años del terremoto del 19S, la Comisión para la Reconstrucción solo ha entregado 86 de 370 viviendas multifamiliares y 2 mil 260 de 7 mil 294 unifamiliares, de acuerdo con su última actualización. Hartos de la lentitud en las obras y en la sanción a 12 empresas bajo investigación, damnificados protestan este sábado para exigir la salida del Comisionado César Cravioto y que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum retome las mesas de diálogo.
Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– “No fue el sismo, fue la mala construcción“, acusa una lona colgada en el edificio ubicado en Tlalpan 550, al sur de la Ciudad de México, a tres años del temblor de septiembre de 2017. Las 390 familias que habitaban el inmueble, con menos de diez años de antigüedad, exigen un proyecto integral para iniciar la rehabilitación por parte de Mexpresa, sanción a los responsables y cancelación de hipotecas. La constructora señalada Arquitectoma, que se autodescribe como una de las inmobiliarias más respetadas del país por la calidad y la atención, esinvestigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
“Especialistas que vieron el edificio desde octubre de 2017 nos comentaron que no fue el sismo, sino la mala construcción. Un dictamen lo demostró”, dijo la habitante Verónica. En el Gobierno local anterior les dieron 117 millones de pesos, pero dos vecinos administradores del inmueble, ya denunciados, cometieron fraude ante la falta de transparencia. El Comisionado para la Reconstrucción actual, César Cravioto Romero, fue informado sobre la serie de irregularidades, “pero es una persona muy soberbia, poco profesional, poco empático, nos da el avión y ha dejado mucho qué desear”, comentó.
La semana pasada, hartos de la lentitud, unos 50 vecinos bloquearon la avenida para que les asignen presupuesto y les notifiquen los avances. No fue la primera protesta. “La gente ya está desesperada queriendo ver resultados. Si todos estamos padeciendo, hay muchos que lo padecen más por enfermedades y hay quienes ya fallecieron. Hay muchos pendientes técnicos, jurídicos, financieros y administrativos. Estamos sin un proyecto integral, sin transparencia y pagando hipotecas; ahorita ya hay embargos”, expuso.
Lonas colgadas en el edificio Tlalpan 550, al sur de la Ciudad de México. Foto: Facebook Tlalpan 550.
Este mediodía, el colectivo Damnificados Unidos programó una misa en el Multifamiliar Tlalpan, donde aún hay seis familias en dos campamentos, en memoria de las más de 300 víctimas del terremoto que golpeó al Valle de México, Morelos, Puebla, Guerrero y Oaxaca, así como para los que han muerto en espera, incluyendo 11 personas por la COVID-19. Luego de un minuto de silencio, marcharán hacia el Zócalo capitalino para reiterar su petición que han manifestado durante meses de retrasos y abusos de empresas: volver a casa, ahora en medio de una pandemia, a través de una reconstrucción que no implique endeudamiento a los vecinos ni ser “botín del cártel inmobiliario”.
También exigen la destitución del Comisionado César Cravioto, quien en 2018 prometió concluir en dos años, y que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo retome las reuniones suspendidas desde marzo para que los siga informando de manera transparente.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado las investigaciones a las empresas que construyeron los inmuebles en Tlalpan 550 (Arquitectoma), Insurgentes Norte 1260 (Dekah Inmobiliaria) y Zapata 56 (Canadá Building), donde murieron dos personas, los cuales tuvieron afectaciones por el sismo por procesos constructivos “que se hicieron de manera irregular o poco eficiente”, de acuerdo con la Comisión para la Reconstrucción.
“Todos los procesos de rehabilitación y reconstrucción tendrían que ser auditados y fiscalizados al tratarse de recursos públicos. Pero lo que es dramático es que incluso las empresas que reconocen que hay que sancionar no lo hacen. Apenas se interpusieron las denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Pero el presidente del Tribunal nos confesó que de los 15 expedientes, solo le han llegado 11, porque hay cuatro que la Comisión no ha terminado de solventar”, afirmó Israel Ballesteros, del colectivo Damnificados Unidos CDMX. “Pero ninguna de las 15 carpetas ha sido dictaminada por los magistrados, es decir, el Tribunal no ha determinado que están sustentadas para iniciar el procedimiento. A eso lo llamamos simulación. No tienen mano dura sobre empresas que claramente han cometido irregularidades”, lamentó.
El edificio en Insurgentes 1260 no tenía más de dos años de antigüedad y resultó afectado por el sismo del 19S. Foto: Damnificados Unidos CDMX.
Por su parte, la Secretaría de la Contraloría General trabaja en la investigación a compañías que han participado de manera negligente en el proceso de rehabilitación o reconstrucción de Tlalpan 550, Multifamiliar Tlalpan (DPE, Soluciones Integrales, REM, GAPSA, sin considerar a CAS), Río Lerma 45, Coquimbo 909, Aluminio 166 (Diseño Arquitectónico y Construcciones), Vicente Suárez 123 e Insurgentes Norte 476 (Darmi, también denunciada por fallas en Rincón del Sur 15).
Yukari, damnificada del edificio Insurgentes 476 donde habitaban 28 familias, dijo que debían haber regresado desde verano del año pasado, pero Darmi les entregó sin funcionar el elevador, dejó daños en pisos, puertas, electricidad, así como fallas estructurales y hubo sobrecostos. El inmueble tiene siete pisos y, en el último, viven dos personas en silla de ruedas y otra con discapacidad. La Comisión para la Reconstrucción, para “presionar” y que acepten regresar pese a las irregularidades, les retiró el apoyo de renta de 4 mil pesos mensuales y ahora cargan doble presión por los caseros. Damnificados de la alcaldía Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc acusaron lo mismo: ya no reciben el apoyo y deben negociar con los arrendatarios.
“Estamos angustiados porque se nos van acumulando las rentas. Pero nosotros nos negamos a regresar. Derivado del sismo reciente de junio de este año, salieron más vicios ocultos como grietas en la fachada y una columna se cuarteó. El Comisionado dijo que ya no se puede liberar más recursos. Nosotros solo queremos que nos den la certeza sobre los vicios en la reconstrucción”, afirmó la vecina. Sin embargo, la constructora Darmi sigue sin ser sancionada.
AVANCES Y RETRASOS EN RECONSTRUCCIÓN
En los dos años de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la Comisión para la Reconstrucción ha entregado más de 5 mil viviendas reconstruidas o rehabilitadas. Este año se invirtió poco más de 3 mil 500 millones de pesos para reconstrucción y rehabilitación, la cual no paró en su totalidad pese a la COVID-19.
Al último corte de avances al 31 de julio, actualizado en el portal solo por la presión de Damnificados Unidos CDMX, de 370 inmuebles de vivienda multifamiliar pendientes, van 196 intervenidos (52 por ciento), 86 entregados y se iniciaron obras de rehabilitación o reconstrucción en 31 para los dos últimos meses.
“Es un bajísimo índice de viviendas entregadas. Es penoso y grave que hayan tenido que esperar a nuestra denuncia desde junio para actualizar la información y han avanzado solo porque pedimos la destitución del Comisionado Cravioto”, dijo Israel Ballesteros, del colectivo Damnificados Unidos CDMX. “Es un avance solo de 24 por ciento en entregas y de las ocho unidades habitacionales (104 edificios) no han entregado ninguna y solo han empezado obras en 14 edificios”.
A septiembre de 2020, siguen dos campamentos de familias en el Multifamiliar Tlalpan. Foto: Cuartoscuro.
Entre agosto y septiembre, la Comisión se compromete a entregar 21 multifamiliares de la Ciudad de México. Sin embargo, el edificio seminuevo dañado en Avenida Insurgentes Norte 1260, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, iba a ser entregado en julio, por lo que 165 familias siguen esperando. El pasado sábado 12 de septiembre, los vecinos bloquearon la vía para protestar por el retraso de la empresa Demesa. Ese mismo día, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el Comisionado César Cravioto entregaron reconstruido a 24 familias el edificio de Rancho del Arco 32, en Alcaldía Coyoacán.
Para el último trimestre de este año, se promete entregar 31 inmuebles multifamiliares en las alcaldías Benito Juárez, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo.
Respecto a las viviendas unifamiliares, de 7 mil 294 activas, van 2 mil 260 terminadas (30 por ciento) y 3 mil 305 en proceso de obra (45 por ciento).
“Un 30 por ciento a tres años de distancia es muy poco, sobre todo porque en septiembre de 2018 el Comisionado dijo que se tardaría dos años en terminar la reconstrucción. De las más de 7 mil unifamiliares censadas, reconocen que en 330 aún no saben si serán rehabilitadas, reconstruidas o reubicadas. A tres años de distancia, ni siquiera tienen un estudio; no saben con certeza el estado”, lamentó Ballesteros, daminificado del Multifamiliar Tlalpan que ya pudo regresar a su edificio 3B, donde el departamento 210 sigue sin concluirse y la habitante no recibe el apoyo para renta desde febrero.
Protesta de damnificados del 19S en julio de este año. Foto: Cuartoscuro.
En tanto, se ha avanzado en el 74 por ciento de las demoliciones necesarias (nueve están en proceso y faltan siete). En 17 inmuebles, al no poder acreditar propiedad o legítima posesión, se optó por la vía de la expropiación para que el Gobierno de la Ciudad de México lo regule y restituya. Es el caso de Coquimbo 911, Zapata 56, Dr. Lucio 103, entre otros. Asimismo, familias de 314 inmuebles serán reubicadas a un predio en la Alcaldía Tláhuac.
Sin embargo, el colectivo Damnificados Unidos tiene recelo frente a las cifras de avances, porque antes de su actualización se manejaban otros números tanto de viviendas multifamiliares como de unifamiliares censadas. “¿Cómo dejaron de ser viviendas afectadas si lo eran en 2019? Están simulando avances, porque la manera en como incrementan el porcentaje es borrando viviendas en el portal para la reconstrucción”, consideró Ballesteros.
Alrededor de 7 mil 900 familias en zonas rurales en Colima no cuentan con televisor para tomar clases a distancia, cifra de acuerdo a INEGI, donde precisó que el 11 por ciento de la población colimense habita en la zona rural.
La Secretaría estatal de Educación reportó un total de 134 mil 611 alumnos en el estado, por lo que cerca de 14 mil 807 toman las clases desde zonas rurales, y la mitad de estos no cuenta con la tecnología elemental para ello.
Además, alrededor de 18 mil hogares en zonas rurales no disponen de una computadora, mientras que otros 17 mil tampoco tienen acceso a una conexión a internet
OTHÓN POMPEYO BLANCO, QRoo, Ante el acoso y hostigamiento del que son objeto, vendedores ambulantes realizaron una manifestación frente al Palacio Municipal de Othón Pompeyo Blanco para exigir la destitución del director de Fiscalización, Reglamento y Vía Pública, Emmanuel Magaña.
Dijeron que a pesar de los compromisos de mantener el diálogo para que puedan regularizar su situación por los efectos de la pandemia del Covid 19, los inspectores se han dedicado a hostigarlos y aplicar multas.
Además señalaron que los inspectores se han dedicado a aplicar cuotas de recuperación para dejarlos trabajar.
En forma reiterada, los comerciantes fijos y semifijos han denunciado la actuación del director de Fiscalización quien, incluso, durante la pandemia, retiró a vendedores con el uso de la fuerza pública municipal.
Durante su manifestación, los inconformes rechazaron la intención de la autoridad municipal de reubicar a los vendedores localizados en el boulevard Bahía y la explanada de la bandera a un callejón cercano al congreso del Estado ya que por lo reducido del espacio corren el riesgo de contagio de Covid 19.
Dijeron que continuarán con sus manifestaciones hasta tené respuesta a la demanda de destitución del director de Fiscalización, Emmanuel Magaña.
La presidenta de Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), Angélica Ayala Ortiz. Foto: @GES_Mujer.
OAXACA, Oax. (apro).- La paciencia se agotó y, ante la ausencia de sensibilidad, capacidad y voluntad política para atender las demandas de justicia por la violencia feminicida, las autoridades se enfrentarán a un incremento de acciones ciudadanas como resultado de una falta de confianza en las instituciones, advirtió la presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), Angélica Ayala Ortiz.
“Los discursos y las promesas no contendrán a mujeres, familias víctimas de violencia y de violencia feminicida, así a como colectivas feministas que exigen justicia y alto a la impunidad”, abundó, al dar a conocer que 79 niñas y mujeres han sido asesinadas en Oaxaca en lo que va del año.
De acuerdo con el Monitoreo de Violencia Feminicida del GESMujer, durante la actual administración de Alejandro Murat Hinojosa, 462 mujeres han sido asesinadas de manera violenta, 247 de ellas desde que se lanzó la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para 40 municipios de Oaxaca, el 31 de agosto de 2018.
Según Ayala Ortiz, la toma de oficinas gubernamentales, como ocurrió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es una expresión de la desesperación y el hartazgo que existe ante declaraciones oficiales que no se transforman en acciones contundentes para investigar, detener y judicializar a quienes violentan e incluso asesinan de manera violenta a las niñas y las mujeres.
Entonces, si las autoridades encargadas de prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las niñas y las mujeres no actúan, se enfrentarán a un incremento de acciones ciudadanas, recalcó.
La indignación volvió a cobrar fuerza por los dos feminicidios ocurridos recientemente en la Costa y el Istmo, con lo que se incrementó a 27% el porcentaje de asesinatos de niñas y mujeres en su propia casa, lugar donde deberían estar seguras y protegidas.
“Es de alta gravedad que casi la tercera parte de los asesinatos violentos hayan ocurrido en el hogar durante 2020, lo que obliga a cuestionar sobre la calidad de las acciones de prevención, atención y sanción que les corresponde a las autoridades realizar”, mencionó Ayala.
Precisó que Santa María Petapa, municipio sin AVG, es el lugar donde se privó de la vida a una mujer que al parecer tenía una historia de violencia con su pareja sentimental y, de acuerdo con el monitoreo de violencia feminicida que realiza GESMujer, suman ya tres casos en ese municipio del Istmo de Tehuantepec, desde la declaratoria AVG.
Con el indignante asesinato violento de otra mujer en Puerto Escondido, abundó, se acumulan cinco casos en el municipio de San Pedro Mixtepec, con AVG.
“Desafortunadamente, con o sin AVG, la violencia feminicida se sigue expresando, lo que es una llamada de atención a las autoridades, por lo que tendrán que hacer una evaluación de los servicios que se encuentran presentes en los lugares donde ocurren los asesinatos violentos”, apuntó la activista.
Las integrantes del movimiento feminista que cada día acompañan casos de violencia de género, que de manera consistente se encuentran con barreras de acceso, afirmaron que la violencia feminicida sí se puede prevenir “si se aprende a identificar las señales, se aplica el protocolo de atención y se actúa con medidas de protección, pero primero se requiere voluntad y capacidad, las cuales están ausentes”.
Ayala finalizó: “Como GESMujer reconocemos que existe una indignación social por la gravedad de la violencia hacia niñas y mujeres, una violencia que, al no ser contenida ni sancionada, sigue incrementando el riesgo de una violencia feminicida”.
Bloquean la carretera Mérida-Tixkokob para exigir justicia, luego que una patrulla de la SSP arrolló a un joven que ayer perdió la vida.
Mérida, Yucatán, .- El joven Marvin Giménez Madrigal fue arrollado por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el domingo pasado y lamentablemente falleció ayer en el hospital O´Horán, por lo que esta mañana su familia bloqueó la carretera Mérida- Tixkokob en señal de protesta. Exigen justicia.
“Me lo mataron, lo dejaron tirado en el hospital como un animal, pues decían que eran una persona desconocida, a pesar de que yo ya les había dado su nombre. Además, la Policía está negando que lo atropellaron, estaban huyendo los sinvergüenzas, corruptos, asesinos”, declaró la señora María Santos Madrigal Sánchez, madre del fallecido.
Junto con otros familiares cerraron la mencionada vía, provocando un importante congestionamiento vial, mientras que elementos policiacos tratan de convencerlos de que se retiren. Ella muestra una cartulina que dice: “Policías estatales mataron a mi hijo y los están encubriendo”.
Recordó que la patrulla que provocó el siniestro es la número 6619 del Sector Oriente y que, de acuerdo con testigos, conducía a exceso de velocidad y con las luces apagadas, por lo que su hijo no se percató que venía sobre la carretera.
Entre lágrimas, Madrigal Sánchez relató que desde que ocurrió la tragedia, la SSP ha cometido una serie de irregularidades, pues hasta el momento no tiene reportes de que algún elemento policiaco esté detenido por estos hechos.
También dijo que Marvin no fue trasladado al nosocomio en una ambulancia, pues de acuerdo al personal médico llegó en una patrulla, además de que estaba inconsciente. De hecho, rechazó la versión oficial de la corporación que decía que el joven estaba estable.
Para colmo, días después del siniestro recibió una llamada de la aseguradora que le exigía que pague 15 mil pesos por los daños ocasionados a la patrulla en el accidente.
Madrigal Sánchez también acusó a la Policía Estatal de Investigación (PEI) de borrar la fotografía que le tomó a las placas de la patrulla que arrolló a su hijo. “Me vinieron a ver y me pidieron mi teléfono, luego me di cuenta que lo borraron, pero lo que no sabían es que yo ya lo había impreso, me queda claro que se están encubriendo”, agregó.
El bloqueo inició desde temprana hora y la familia exige que se castigue a los elementos policiacos que provocaron la muerte de Marvin y que dejen de cometer irregularidades.
Aseguran que fueron contratados bajo engaños y que la SSY no les ha registrado ante el Insabi, por eso aún no han cobrado.
Mérida, Yucatán, Al reclamo por la falta de apoyo de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) en la pandemia, se suman otras 63 personas que forman parte del área de Enfermería del hospital provisional de Valladolid, quienes desde hace más de un mes no han cobrado un solo peso de su salario.
En entrevista, uno de los enfermeros afectados por la situación lamentó que fueron contratados con engaños por las autoridades sanitarias.
“Nos hablaron como el 30 de julio para darnos un contrato del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para la lucha contra el Covid-19, pero nos indicaron que trabajaríamos para la Secretaría de Salud de Yucatán. Nos dividieron para el hospital temporal del Siglo XXI y Valladolid y a algunos nos pidieron exclusividad, incluso hubo quienes renunciaron a sus trabajos”, explicó.
Cabe mencionar que la mayoría del personal de Enfermería se traslada todos los días desde Mérida, Tizimín y otros municipios aledaños y realizan jornadas de 12 horas divididos en dos turnos, con una rotación de tres días.
Además, al igual que ocurrió con el personal que trabaja en el Siglo XXI descubrieron que el Insabi no recibió sus expedientes, por lo que hace 15 días llamaron a las oficinas centrales para tratar de averiguar qué sucede.
“Y nadie se ha hecho responsable de esto, en las oficinas de la Secretaría de Salud (coordinados) te arman tu expediente para mandarlo al Insabi y marcamos para saber por qué no nos pagaban y resulta que el coordinador de Mérida no ha enviado ningún expediente de nuevos ingresos”, relató otro enfermero.
Producto de la precariedad económica en la que están viviendo y el riesgo de contraer Covid-19, enfermeras y enfermeros han caído en crisis nerviosas, ya que no cuentan con otros ingresos para mantener a sus familias, por tal razón decidieron hacer pública la situación que están viviendo.
Hasta ayer por la noche, en el hospital temporal de Valladolid, había 26 pacientes internados, bajo el cuidado y responsabilidad del personal de Enfermería. “Nosotros estamos más pegados a los pacientes y recibimos toda esa carga emocional, más aún que las y los doctores”, puntualizó.
En la última llamada que tuvieron con las oficinas del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) les dijeron que están a la espera de sus documentos para ingresarlos a la plataforma y liberar su salario.
Como hemos informado, una situación similar atraviesan en el hospital del Siglo XXI, en donde 145 trabajadores siguen sin cobrar.
Colima, México, Avanzada (18/09/2020).- Colima es una de las entidades con la tasa más alta de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes y con una impunidad del 100 por ciento.
Lo anterior se desprende de la investigación que realizó el portal “Animal Político” quien señaló que de enero a junio de este año, en Colima no se resolvió ninguna carpeta de investigación por homicidio dolosos.
En su investigación señala que Colima, junto con Michoacán, Zacatecas y Baja California apenas dictaron 21 sentencias de homicidio doloso.
No obstante, después refiere que de esas cuatro entidades, existen casos extremos como en Colima, “la entidad con la mayor tasa de homicidios en el país, cuya Fiscalía reportó no haber resuelto ni una carpeta de investigación por homicidio doloso en el primer semestre del año, ni tampoco haber detenido o procesado exitosamente a alguien por ese delito”, refiere la investigación.
Animal Político refirió que la información la obtuvo a través de las solicitudes de transparencia que presentó en los estados de Colima, Michoacán, Guanajuato, Baja California y Zacatecas, que son las entidades con las mayores tasas de violencia homicida en el país.
La misma investigación refiere que los niveles de impunidad en cuatro de las entidades del país mencionadas en párrafos anteriores, son superiores al 99 por ciento, pero en Colima prácticamente es del 100 por ciento.
“Los datos proporcionados de la Fiscalía del estado no sólo arrojan que Colima es el sitio más violento, sino también el más impune en cuanto a homicidios. En su respuesta a la solicitud de transparencia: 00261620, reportó cero carpetas de investigación judicializadas por homicidio y cero personas procesadas por este delito de enero a junio” expone Animal Político.
“Esta organización», señala Rosa Sánchez, vecina del barrio de San Francisquito, “materializa la unión entre las mesas concheras y los vecinos del barrio; pues desde hace siglos compartimos nuestro territorio, el cual hoy se ve amenazado por la gentrificación.”
QUERÉTARO.- En el marco de los festejos de la Santa Cruz de los Milagros, festividad sagrada para las y los danzantes concheros, integrantes de diversas mesas concheras y habitantes del barrio de San Francisquito –ubicado en el centro histórico de la capital queretana– anunciaron la creación de una Confederación Indígena para el ejercicio del autogobierno en su territorio.
“Para nosotros ser indígena no tiene nada que ver con un color de piel, sino es la preservación de nuestras tradiciones, de nuestras danzas y nuestros ritos. Así como el respeto y la identidad que tenemos con nuestros territorios” señaló Rafael Téllez, vocero de las mesas concheras que integran la Confederación.
Las y los integrantes de la Confederación Indígena del barrio de San Francisquito explican: Este órgano de gobierno se sustenta en el derecho que los pueblos originarios tienen para ejercer su libre autodeterminación, así como la autonomía. Estos derechos están contenidos en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Epicentro de la tradición conchera
En 1531 el ejército colonial español libró una batalla contra guerreros otomíes en el cerro del sangremal. Este se encuentra en el centro de la capital queretana; y hoy comprende los barrios de la Cruz y San Francisquito. Este hecho es considerado el mito fundacional de la ciudad; y por siglos ha sido rememorado por las y los danzantes concheros cuando exaltan a la santa cruz de los milagros.
“Nosotros tenemos muy en claro que es aquí, en el sangremal –hoy San Francisquito– donde nace la tradición conchera”; así lo expresa Miguel Martínez Cardona, capitán general de una de las mesas de danzantes más antiguas del país. “Y por ello, aún después de la ocupación colonial, nuestro barrio siguió albergando y preservando las sagradas formas de la danza. Y aún con los genocidios que se perpetraron contra nuestro pueblo, seguimos preservando nuestra identidad originaria, la cual hoy se ve amenazada por los intereses políticos y empresariales que han desencadenado la gentrificación en nuestro barrio y la ocupación de otros pueblos originarios.”
Querétaro y la gentrificación
En abril del 2016, el municipio de Querétaro firmó un acuerdo de cooperación con ONU-Hábitat para integrar a la entidad en la Iniciativa de Ciudades Prósperas (ICP), la cual tiene como finalidad el diseño de políticas públicas orientadas hacia un desarrollo urbano sustentable, y de la cual deriva la estrategia de territorialización Q500.
Esta estrategia se ha traducido en la modificación del uso de suelo habitacional a mixto; en la construcción de complejos residenciales en zonas periféricas y céntricas; así como en la construcción de infraestructura vial con un esquema de inversión pública y privada. De este modo, se prioriza las zonas urbanas con “potencial de desarrollo”.
Si bien estos fenómenos ya ocurrían con antelación, se aceleraron desde la implementación de la estrategia Q500. Esto, aunado al crecimiento económico de la entidad, ha impactado en las relaciones socio espaciales. Querétaro se ha convertido en uno de los nichos industriales con mayor crecimiento a nivel nacional, y por ende las demandas de vivienda y servicios han aumentado exponencialmente.
Diversos analistas señalan que, durante la última década, la apuesta del sector inmobiliario en la entidad se ha concentrado en incrementar la oferta de vivienda residencial, residencial plus y premium; concentrando el 95% de la inversión en la capital del Estado y la zona metropolitana. Además, de acuerdo a datos presentados por la Secretaría de Economía en el 2019, Querétaro ocupó el primer lugar de los estados del Bajío con mayor Inversión Extranjera Directa; destacando el rubro de Reinversión de Utilidades. Esta consiste en inyectar capital a nuevas empresas y/o fortalecer las ya existentes. Asimismo, se destacó que el tipo de actividad que más ingresos aporta al Producto Interno Bruto de la entidad son las de tipo terciario; es decir: actividades empresariales enfocadas a la prestación de servicios como la educación, la salud, la cultura, el turismo, la recreación y las comunicaciones.
Esto ha propiciado que algunas zonas de la capital –particularmente aquellas que se ubican en el primer cuadro de la ciudad–, enfrenten un proceso de despojo y desplazamiento. Esto a partir de fenómenos como el incremento en los precios de productos y servicios de primera necesidad: el transporte y los alimentos. También con el aumento de los costos en los impuestos a servicios públicos como la electricidad, el agua potable y el predial.
Resistiendo contra la gentrificación
La socióloga norteamericana Ruth Glass ha definido este fenómeno de desplazamiento urbano que sufren los habitantes de bajo poder adquisitivo como gentrificación; y señala que este es propiciado, principalmente, a través de la revalorización del espacio que hacen corporaciones transnacionales, empresas privadas, paraestatales o públicas. En síntesis es la sustitución de la población de un espacio – regularmente de un estrato social bajo – por otra con mayor poder adquisitivo.
“Nosotros hemos visto que en San Francisquito está aconteciendo un fenómeno con estas características”, señala Braulio Ayala, danzante conchero. “En los alrededores del barrio han construido complejos residenciales y grandes centros comerciales, así como galerías de arte dentro del barrio que no tienen ningún vínculo con los vecinos o las problemáticas de acá. Y tras años de funcionamiento han generado afectaciones a las vecinas y vecinos, que van desde problemas de vialidad y la modificación de usos de suelo, hasta el incremento en costos de renta o el valor catastral de las propiedades.”
Al estar ubicado en el primer cuadro de la ciudad, y poseer una rica cultura a base de sus tradiciones y costumbres, el barrio de San Francisquito es un gran objetivo para el sector inmobiliario y turístico de la región; lo cual ha puesto en alerta a sus habitantes desde hace un par de años.
“Nosotros nos estamos organizando desde hace más de dos años”, señala Rosa Sánchez. “Pues además de defender al barrio nos estamos haciendo cargo de las actividades que el estado debería atender, pero que parecen no importarle en San Francisquito. Por eso estamos asumiendo las tareas de limpieza y seguridad, así como alternativas para las y los jóvenes que tienen adicciones o problemas familiares. De igual forma realizamos actividades culturales, conciertos, proyecciones de cine; que permiten ir fortaleciendo el tejido comunitario de nuestro barrio para evitar que la gente venda sus casas y se sienta agusto viviendo en San Pancho.”
La organización vecinal de San Francisquito fue consolidándose a través de una asamblea barrial, integrada por vecinas y vecinos de los cuatro sectores en los que tradicionalmente se divide el barrio, así como por danzantes de varias mesas concheras; quienes desde el año pasado han optado por una ruta hacia el reconocimiento del barrio como comunidad indígena urbana para proteger sus tradiciones y su patrimonio.
Concheros y vecinos en defensa del sangremal
En el 2019, el gobierno del estado anunció la construcción de un eje de transporte en el primer cuadro de la ciudad, concretamente en la Avenida Zaragoza. Esta es una de las avenidas más concurridas en la ciudad – la cual conecta el centro histórico con la carretera federal 57.
Inmediatamente después, la asamblea del barrio de San Francisquito manifestó su inconformidad, pues afectaría el territorio sagrado donde se realizan las danzas concheras en el mes de septiembre, además de afectar económicamente los comercios de la zona y el medioambiente.
Las mesas concheras del barrio protagonizaron una serie de movilizaciones durante todo el año, y pudieron detener la obra. También impulsaron acciones legales en conjunto con las y los vecinos de san francisquito para defender su territorio sagrado, e impulsar el reconocimiento del barrio como una comunidad indígena urbana.
“Nosotros comenzamos a hablar con los vecinos, a asesorarnos jurídicamente y a repensar nuestra identidad”, señala Rafael Téllez. “Pues durante muchos años el gobierno se había aprovechado de nuestra ignorancia, y había intentado gentrificar nuestro barrio. Sin embargo, lo que no entienden es que san pancho no se vende, pues aquí hay tradición, hay arraigo a nuestro territorio, y no vamos a dejar que nos lo arrebaten o nos desplacen.”
Rafael también señala que fue esta lucha la que comenzó a configurar la organización que nacería en el barrio; pues aunque comparten el mismo territorio, las necesidades de las mesas concheras y de los vecinos no son las mismas. “Ante esto– agrega, –y basados en el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios, optamos por constituir legalmente una confederación indígena que sea un órgano de autogobierno del barrio; y donde tanto concheros y vecinos estaremos representados a través de un concejo indígena que verá sobre la protección de las tradiciones, la defensa de nuestro territorio y el fortalecimiento del tejido social y comunitario en el barrio.”
Hasta el momento, más de 500 vecinos de San Francisquito y alrededor de siete mesas de concheros se han sumado a la confederación, contando actualmente con un esquema participativo de toma de decisiones, donde se elegirán en asambleas por sector a las y los representantes que integrarán el concejo indígena del barrio; y quienes estarán obligados a consultar con la comunidad cualquier decisión o proyecto a implementarse en San Francisquito.
“Nosotros vamos a defender a nuestro cerro del sangremal”, señala Miguel Martínez, “pues nos compete a nosotros mismos decidir sobre nuestro territorio. Han pasado muchos años y siempre las autoridades han querido lucrar con nuestras tradiciones y espacios sagrados, como ahora con la pandemia, que tanto el clero y el gobierno quisieron aprovechar la contingencia sanitaria para coartar la autonomía de las mesas concheras, pero se les olvida que sólo los guardianes de las sagradas formas de la danza podemos determinar qué hacer o no hacer respecto a la tradición.”
El mensaje es claro entre quienes integran la confederación: San Francisquito no se vende. Y en un acto histórico, se configura el primer autogobierno barrial de la entidad; guiado por el sonido del ahuéhuetl y los caracoles apuntando hacia los cuatro vientos, construyendo la autonomía como alternativa al despojo.
Esta publicación es cortesía del autor y del sitio: San Pancho TV
Reabrirán las puertas para atender a los menores migrantes, bajo las más estrictas medidas sanitarias, en las que solo se podrán albergar temporalmente a seis. INTERNET
Josué Rodrpiguez/ VANGUARDIA MX
La dirección explicó que la reapertura es justo a tiempo, pues durante los meses de septiembre, octubre y noviembre es cuando más se registra una mayor cantidad de menores migrantes}
Piedras Negras, Coah.-El albergue para menores migrantes Casa YMCA, anuncio el reinicio de sus actividades, luego de que, al inicio de la pandemia, cerró sus puertas tras la declaratoria de la autoridad sanitaria para prevenir contagios del COVID-19.
El director del organismo, Rafael Martínez, dio a conocer que luego de cinco meses, reabrirán las puertas para atender a los menores migrantes, bajo las más estrictas medidas sanitarias, en las que solo se podrán albergar temporalmente a seis menores que sean deportados.
“Durante el tiempo que estuvo sin operar la Casa MCA, se aprovechó para realizar algunas adecuaciones como un cuarto especial para aquellos menores que pudieran presentar síntomas de COVID-19, lo mismo modificaciones para que haya suficiente distancia entre cada uno de los dormitorios”, subrayó.
Finalmente explicó que la reapertura es justo a tiempo, pues durante los meses de septiembre, octubre y noviembre es cuando más se registra una mayor cantidad de menores migrantes porque aprovechan que el clima es mucho más benéfico que en emporada de intenso calor como es en junio, julio y agosto.
Las alumnas del Tec de Monterrey señalan que el Protocolo para la Atención de Violencia de Género de la institución es tardado, las víctimas no se sienten apoyadas y prefieren no denunciar. Protestarán de manera virtual a través de zoom durante sus clases.
Regina López Puerta
Regina López Puerta/ ANIMAL POLÍTICO
Cansada de sentirse insegura caminando a través de los pasillos de su propia escuela y encontrarse con la persona que la violentó, Alejandra, a quien llamaremos así para proteger su identidad, alumna del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey decidió denunciar en redes sociales.
“Cuando yo lo vi, en Jardín de las Carreras (a mi acosador) y lo vi caminando con su novia, dije, no puedo creer que la gente lo vea y diga ‘es un ejemplo a seguir’. No quiero que la gente sepa mi historia porque no quiero que me vean a mí caminando, quiero que lo vean a él y digan, él es un acosador”, dijo.
La marcha del 8 de marzo y el paro del 9 fueron dos fechas cruciales para ella. Durante esa semana encontró al estudiante que la había acosado caminando por el campus y decidió que era el momento de exponerlo.
Dos días después, el 11 de marzo, Alejandra denunció por Twitter que Roberto la había acosado. Horas después, su publicación comenzó a llenarse de réplicas con testimonios de acoso de otras alumnas que señalaban al mismo estudiante.
Seis meses después de la denuncia en Twitter, la agrupación Feministas del Tec y el grupo HeForShe Tec campus Monterrey emitieron una serie de comunicados en los que exigían la destitución de Roberto estudiante de la carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas (IIS) y miembro de uno de los grupos representativos más influyentes de la institución, el Programa de Liderazgo Empresarial (PLEI).
“Conscientes de que muchas de nuestras compañeras ya han denunciado violencia sexual mediante las vías formales, y se les ha silenciado, nos posicionamos públicamente. Es de nuestro interés que nuestras compañeras puedan completar sus estudios en una institución que resguarde su seguridad e integridad en todo momento”, señalaron en su comunicado las alumnas de la agrupación feminista.
Recordaron la política de cero tolerancia asumida por la institución en contra la violencia de género y los nueve compromisos adoptados en 2019 como parte de la campaña HeForShe en los que aseguran la prevención y atención a la violencia de género en el Tec.
Debido a la pandemia de COVID-19, las alumnas de todos los semestres decidieron realizar una protesta virtual para denunciar que el protocolo tiene deficiencias.
Diseñaron imágenes para utilizar como fondo en zoom durante sus clases en línea con la leyenda “mis amigas tienen que compartir espacios con sus acosadores y violadores”. La protesta virtual inició este 17 de septiembre y se llevará a cabo durante las clases de las siguientes semanas.
La Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey, se sumó a la petición de las alumnas para sancionar a los estudiantes señalados. Expresó también su solidaridad con las víctimas, colectivos, y grupos estudiantiles, también solicitó a las autoridades de la institución reevaluar y revisar el protocolo de género.
“Exhortamos a la Oficina de Género y Departamento de Asuntos Disciplinarios del Campus Monterrey a revaluar el proceso señalado en el Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención de Violencia de Género”, mencionaron en el comunicado.
La respuesta de la institución
El Tec de Monterrey respondió a través de un comunicado en el que invitó a las alumnas a seguir el Protocolo de Actuación para la Prevención y la Atención de la Violencia de Género, que desde 2017 está en vigor para la institución.
Reiteraron que “este tipo de violencia requiere mecanismos específicos que aseguren la no revictimización y prioricen el valor del testimonio de las y los sobrevivientes, a la vez que eviten la difamación de las y los implicados; nuestro protocolo los considera e incluye”.
Así mismo señalaron que el protocolo se ha ido transformando con la participación activa de la comunidad y que desde su implementación ha sido una herramienta formal para la resolución de múltiples casos y ha contribuido a generar una cultura de no violencia en la comunidad.
Desde su implementación en el año 2017 se han denunciado 204 casos, 56 han sido atendidos mediante el Protocolo, sólo 27 fueron reconocidos como válidos y de esos, 21 fueron sancionados.
De los 26 campus a nivel nacional, solamente 10 tienen una Oficina de Género para llevar a cabo el proceso
Se buscó al Departamento de Comunicación Nacional del Tecnológico de Monterrey para conocer su versión de los hechos y su plan de acción, hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
Un protocolo con errores
De acuerdo con el documento, que se puede consultar en internet, el Protocolo está diseñado para prevenir, atender y sancionar actos de violencia de género ocurridos entre integrantes de la comunidad universitaria, a fin de que prevalezcan los principios y valores establecidos en la Visión y Misión de la Institución.
Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de varias alumnas, el Protocolo ha demostrado ser ineficiente.
Gabriela se acercó a denunciar su caso de abuso sexual al protocolo en octubre y recibió dictamen hasta abril, seis meses después de haber iniciado el proceso. A pesar de que presentó suficientes evidencias y los datos de testigos para facilitar la investigación, la institución se negó a reconocer que el abuso existió y en la resolución argumentaron que “hubo una falta de comunicación en cuanto a los límites de la relación en pareja”.
“Me dijeron que no encontraron evidencias de violencia sexual. Me di cuenta de que ni siquiera escucharon mi testimonio porque la recomendación que emitieron fue que asistiera a terapia, lo cual yo mencioné repetidas ocasiones en mi testimonio que ya llevaba más de un año acudiendo”, mencionó al compartir su experiencia.
La colectiva Los Ojos de Medusa, conformada por feministas del Tec campus Monterrey, realizó un análisis detallado sobre el Protocolo de Género y encontró que el 68% de las personas que habían denunciado, no se sintieron apoyadas ni escuchadas por el Comité encargado de llevar a cabo el proceso en la institución. Encontraron también que el documento tiene por lo menos 15 errores de ortografía y gramática, aún cuando fue revisado por un grupo de autoridades de la universidad.
Asimismo aplicaron una encuesta a 195 personas para conocer su experiencia con el Protocolo de Género. Preguntaron cuáles eran los motivos por los que las personas no se acercaban a denunciar formalmente y encontraron que dentro de las razones había: miedo de que no se le aplicaran sanciones al agresor, falta de conocimiento sobre dónde denunciar, falta de confianza en el proceso, revictimización, culpa y creencia de que el proceso es muy burocrático.
“Yo no le recomendaría a nadie denunciar con el protocolo. Fue un proceso muy desgastante y muy revictimizante. Hoy en día me arrepiento de haberlo denunciado porque no gané, ganó el patriarcado (…). Él (acusado) siguió mandándole mensajes a mis compañeras y en cada entrenamiento yo tenía que seguir aguantando sus gritos, que me tocara y me agarrara, no de manera sexual, pero jalándome con fuerza”, menciona Catalina, otra alumna que sufrió hostigamiento por parte de su entrenador en un equipo deportivo de la institución.
Tenía esperanzas de que al presentar la denuncia se le retirara de su posición y así evitar más daño para ella y sus compañeras.
– El Estado Mexicano junto a los particulares que participan en el proyecto del “tren maya” pueden ser acusados de violación de derechos humanos
Colectivo Grieta, 17 de septiembre de 2020
Ciudad de México.- Como han expresado en diferentes foros integrantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’Xíinbal, la defensa del territorio incluye el camino jurídico, el cual es accidentado y tortuoso, y no lo ven como su gran esperanza; sin embargo, ven que es necesario recorrerlo. Por ello, como parte de su lucha en defensa del territorio y frente a las trabas y obstáculos que han encontrado por parte del aparato judicial, los luchadores en defensa del territorio han realizado ejercicios de análisis y reflexión. Así, el pasado viernes 4 de septiembre la Asamblea Múuch‘Xiinbal efectuó el primero de una serie de conversatorios en torno a las estrategias legales en la lucha contra el mal llamado “tren maya”. En este conversatorio el abogado Francisco López Bárcenas presentó una exposición sobre los alcances y limitaciones de la lucha jurídica contra este megaproyecto del gobierno de la 4T y sobre la importancia de la organización política de las comunidades indígenas.
En primera instancia, se señaló que se debe tener claro que si bien en un momento determinado el litigio de un amparo en particular puede ser contra una secretaría o dependencia de gobierno en particular, políticamente la lucha que están dando las comunidades del pueblo maya es contra el Estado Mexicano. Es el Estado Mexicano quien a través del proyecto del mal llamado “Tren Maya” atenta contra los derechos de las comunidades. En este sentido, si bien FONATUR es el brazo promotor del megaproyecto capitalista, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas son responsables de que se haya violado el derecho de los pueblos a la consulta sobre el tren y la SEMARNAT es responsable en lo inmediato por no presentar en tiempo y forma la Manifestación de Impacto Ambiental. Pero es necesario ubicar que la lucha es contra el Estado en el sentido de que los tres niveles de gobierno están operando en función de los intereses del capital buscando imponer el tren.
En el conversatorio, el abogado López Bárcenas se señaló que el gobierno mexicano confunde, intencionalmente, el territorio indígena con propiedad indígena y no son lo mismo. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo explica que el territorio es la totalidad del espacio, incluyendo el ecosistema, que los pueblos indígenas usan o utilizan, sin importar si lo usan de manera permanente, si viven ahí o incluso si los indígenas son los propietarios (frente al sistema de propiedad en México). El ejemplo más claro de esto es el pueblo wixárika y el territorio de Wirikuta en San Luis Potosí, que se ubica a cientos de kilómetros de las tierras donde vive este pueblo: “cada año realizan allí peregrinaciones, la tierra no es de ellos, hay ejidatarios allí que son propietarios de la tierra, así como pequeños propietarios. Y sin embargo el Estado mexicano se ha visto obligado por la lucha social a tomar algunas medidas para proteger el derecho del pueblo wixárika a ese territorio, para realizar sus peregrinaciones”. En el caso de la península de Yucatán habría una similitud en la medida en que con el proyecto del tren de la 4T están en juego lugares sagrados, por el acceso a bienes naturales, por el acceso a caminos, etc.
Se recordó también que el fundamento del derecho al territorio no es un documento, no es que el Estado declare que un espacio le pertenece a los pueblos. El fundamento del derecho de territorio es una relación cultural, porque los derechos indígenas son históricos y son culturales. Los pueblos indígenas tienen derecho al territorio porque son anteriores a la existencia de los Estados Nacionales y son distintos culturalmente. Esto lo ha tenido que reconocer incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al referirse al convenio 169 OIT, se señaló que este convenio es un tratado internacional, firmado por el presidente y ratificado por el senado. Por ello, aunque la clase política se ha negado a modificar las leyes para adecuarlas a ese convenio, existe un peso del mismo, pues “es un documento que forma parte del sistema jurídico mexicano. El artículo 1º de la Constitución dice que los derechos y en este caso los derechos indígenas deben interpretarse conforme a lo que diga la constitución y éstos tratados, buscando dar la protección más amplia. Si hay alguna ley nacional, algún decreto, reglamento o algún mandato de alguna autoridad que se opongan a estas disposiciones, no deben aplicarse. Como bien se ha argumentado, el decreto que faculta a FONATUR para iniciar la obra del tren, atenta contra a existencia de los pueblos, atenta contra su territorio, contra su derecho a la consulta, atenta contra el derecho a su propio desarrollo y contra la identidad cultural de los pueblos y por tanto no debería aplicarse. Ahí el juez (que rechazó la demanda de amparo) actúo incorrectamente y hay que ver que dice su superior”.
Los asistentes a este conversatorio que forma parte del foro “Racismo en el sistema de justicia y defensa del territorio maya”, preguntaron al abogado sobre si la jurisprudencia internacional puede servir de apoyo para la lucha en defensa de los derechos de los pueblos mayas. Al respecto López Bárcenas señaló: “la jurisprudencia no es otra cosa que los criterios que marcan los tribunales cuando interpretan los tratados internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolviendo muchos casos que se le han presentado, ha emitido una jurisprudencia importante, pero además la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que como México forma parte del convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia que se emita por la CIDH respecto a los derechos de los pueblos es obligatoria para el Estado mexicano, aun si no ha sido parte de los juicios, así que es una vía relevante también”.
Al final del conversatorio se explicó que la nueva ley de amparo en México permite que también los particulares que ejecutan realizan una acción o ejecutan una obra con la aprobación, permiso o encargo del gobierno mexicano, puedan ser acusados de violación de derechos. En el caso del mal llamado tren maya, entonces es posible acusar de dicha violación de derechos hacia los pueblos indígenas, no solo al gobierno de la 4T, sino también a las empresas que han sido asignadas para ejecutar el megaproyecto.
La Asamblea Múuch ‘Xiinbal anunció que continuará con estos conversatorios los viernes de las siguientes semanas a las 19:00 hrs. Éstas actividades se podrán seguir a través de su canal de youtube.
Pie de página / Texto: Rosa R. y Daliri Oropeza / Fotos: Cortesía colectivo Matzá
Clausura de los polígonos de concesiones mineras en los Chimalapas. Foto: colectivo Matzá.
Este colectivo de jóvenes de los Chimalapas tienen una esperanza y un objetivo: que no entre la minería para seguir existiendo. La minera canadiense Minaurum Gold busca entrar a explorar uno de los territorios con mayor biodiversidad en México.
En lengua Zoque, matzá significa «primera estrella de la mañana”. Es el nombre que un grupo de jóvenes de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, hombres y mujeres, escogió para nombrar a su colectivo. Nacieron hace 6 años. Su creación responde a la preocupación sobre los riesgos en su territorio por las concesiones mineras que otorgó la Secretaría de Economía.
Hoy, encienden la alerta. Aseguran que el pueblo zoque de San Miguel Chimalapa ya definió en asamblea que no quieren el proyecto minero. El 13 de agosto, la Gaceta ecológica de la Semarnat publicó que la empresa canadiense Minaurum Gold solicitó ante la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) permiso de exploración.
Con la emergencia sanitaria en la región más biodiversa del país, se suspendieron todas las fiestas tradicionales, sobre todo mayo y junio. Eso provocó un desgaste económico. Sin embargo, con la amenaza de la posible exploración minera, la asamblea se reactivó. Firmaron un acta donde reiteraban su decisión de no dar permiso a la empresa minera canadiense de explorar en su territorio, a lo que la delegación de Semarnat en Oaxaca les contestó que se podría hacer una consulta.
La urgencia se incrementó en la región de los Chimalapas por una serie de bloqueos carreteros. En un principio, cinco agencias municipales solicitaban recursos del fondo municipal. Los bloqueos que los mantuvieron encerrados por 21 días se tornaron en exigencias con banderas políticas. Mientras, la tensión no ha bajado en los zoques.
A esto se suma el arranque de la rehabilitación del tren del proyecto Corredor Interoceánico, banderazo que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador también durante la pandemia. En 2019, durante las consultas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas sobre el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, en el foro realizado en Santa María Chimalapas declaró ante los funcionarios: «no queremos estos proyectos”. Ven un vínculo en la intención de poner la infraestructura logística y la extracción de minerales.
Después de estos hechos, integrantes del colectivo Matzá decidieron participar en una entrevista. Deciden firmarla en colectivo.
Matzá alerta sobre las graves consecuencias ecológicas y sociales que estos proyectos mineros traerían, no solo para la Selva de los Chimalapas, sino para toda la región del Istmo.
Ríos en los Chimalapas. Foto: colectivo Matzá.
En la Secretaría de Economía están registradas cuatro solicitudes de concesiones mineras en trámite. Estos cuatro polígonos suman 107 mil 384 hectáreas abarcando toda la extensión de 134 mil hectáreas de la comunidad agraria de San Miguel Chimalapa, e incluso abarca parte de Santa María Chimalapa.
La esperanza ante la invasión del territorio
—¿Qué avivó que los habitantes de los Chimalapas volvieran a sus asambleas en este momento de la pandemia?
Los problemas de servicios, en específico de luz, ya que tormentas tropicales tumbaron la electricidad. También un bloqueo que hacen las agencias municipales, llevamos días sin poder transitar a La Venta o Juchitán.
Todo esto coincidió con la convocatoria que hicimos como colectivo a las autoridades municipales. Una concentración para informar sobre la publicación de la solicitud del permiso de exploración minera de Minaurum Gold. Convocamos a la gente, quien ya estaba inconforme previamente y se trataron estos temas urgentes.
Esta solicitud de la minera sí es una alerta. Quiere decir que están por dar el siguiente paso, que es la perforación. Quieren hacer 20 hoyos en los montes. Esto representa un paso muy grande para la empresa. Invadir nuestro territorio, entrar en el terreno directamente.
Sentimos la urgencia de levantar documentos, de hacer la entrega formal a Semarnat para que tengan en cuenta nuestra posición: no queremos la exploración ni la explotación. No estamos pidiendo una consulta. Nosotros estamos ejerciendo el derecho al territorio, a la libre determinación. A decidir sobre nuestros territorios.
Sabemos que la concesión ya ha sido otorgada por la Secretaría de Economía. Aún si la Semarnat niega este permiso, la concesión se queda, pero nuestra apuesta en sacar la concesión de raíz.
—¿Cuánto tiempo tienen defendiendo la tierra de la minería, de esta posible invasión? ¿Cuál es la esperanza que tienen con esta defensa?
Desde el 2014 realizamos el primer foro en el que las autoridades agrarias, municipales de San Miguel Chimalapas, colectivos, organizaciones y autoridades agrarias zapotecas e ikoots firmaron un pronunciamiento de rechazo total al proyecto minero denominado “Santa Marta”.
En 2016, fue un momento de coyuntura minera. La asamblea del pueblo tomó la decisión de hacer un recorrido en el terreno concesionado y revisar la zona donde están asignados los polígonos.
Clausura de los polígonos de concesiones mineras en los Chimalapas. Foto: colectivo Matzá.
Trabajadores de las mineras ya habían hecho exploraciones, detonaciones y sacado muestras. Pensamos que quizá lo hicieron en otros años, cuando nadie estaba enterado. Que lo hacían a escondidas con la autoridad comunal.
Entonces declaramos el territorio libre de minería, clausuramos el polígono, junto con compañeras de Ixhuatán, Zanatepec y de la propia comunidad de Chimalapas, sin meter ningún documento en ninguna instancia.
Sin embargo, han habido muchos problemas porque la comunidad cercana a los polígonos, La Cristalina, ha recibido dinero y una camioneta por parte de la minera.
Hoy, en el pronunciamiento de las autoridades agrarias y municipales, se desconoce esa supuesta acta que firma La Cristalina para otorgar permiso de entrada a la minera. Se desconoce porque están violentando nuestra tenencia comunal.
Lo que implica este documento, que salió a la opinión pública en días pasados, es reafirmar la tenencia comunal de la tierra. La decisión no puede pasar solo por unos cuantos habitantes de los Chimalapas, sino que tiene que ser la asamblea con las autoridades agrarias y municipales las que decidan.
Lo que estamos evitando es que fracturen nuestra tenencia comunal de la tierra, como pasó en Juchitán o en otras experiencias del Istmo. Donde desde finales de los 70 no cuentan con comisariado de bienes comunales. Queremos evitar que se sobrepongan intereses personales en nuestra comunalidad agraria.
Nuestra esperanza: que no entre la minería para seguir existiendo en estas tierras íntegramente.
La esperanza que tenemos es que no entren a nuestro territorio. Mantener nuestros ríos, nadarlos, habitar el territorio, crecer, seguir existiendo en estas tierras íntegramente. Sin contaminación, sin las enfermedades que la minería pueda traer, esa es nuestra esperanza y objetivo, que no entre la minería para seguir existiendo.
La relación del pueblo zoque con el territorio no es negociable
—¿Qué relación tiene la población zoque con la cuenca que afectaría esta minera canadiense?
—Los ríos son la vitalidad, la vida, de los pueblos. Los ríos son el sentido de nuestra existencia histórica en distintas dimensiones. Desde la espiritual hasta de la propia existencia. Soñamos y hablamos con los ríos. Habitamos los ríos. No se puede vivir sin agua.
La presencia del agua es central en nuestra vida. Nuestros asentamientos como pueblos zoques, zapotecos, que también están a las orillas de los ríos. No es casualidad. Es una forma de vida que se ha instalado desde hace miles de años.
Hay una relación que no es sólo ambiental, de cuidado de preservación. Es parte íntima de nuestra forma de vida, nuestra forma de gobierno, nuestra forma de habitar el mundo. Y no es negociable.
No se puede concebir de otro modo. Los ríos han sido el elemento que nos ha vinculado no solo al interior de la comunidad. Es el río el que nos vincula aquí en San Miguel pero también con los pueblos de afuera, zapotecos e ikoots.
Ríos en los Chimalapas. Foto: colectivo Matzá.
Nos ha tocado ir a San Francisco del Mar. Nos dimos cuenta que el vínculo que tenemos viene desde el río que nace de los Chimalapas, al río que llega a su laguna, Baja desde nuestro pueblo.
El río nos une en términos vitales, la minería sería catastrófica no sólo para región delimitada de los Chimalapas sino que para todos los pueblos que se abastecen de estas montañas.
Nosotros vemos que en medio de los polígonos mineros pasan estos dos ríos, el Ostuta y el Río Espíritu Santo, que es el que pasa cerca de nuestro pueblo.
Los impactos de la exploración minera no se limitan a siete mil hectáreas. La oposición de los pueblos ikoots a la minería en los Chimalapas responde a que ellos no están exentos de las repercusiones.
Esta oposición se enlaza con su lucha contundente para evitar que los parques eólicos lleguen a su territorio. De igual manera, la minería devastaría sus formas de vida, impactaría sus lagunas y con ello la pesca, una de sus bases alimenticias. Se estaría trastocando la base alimenticia de toda una región pues los cimientos van a desmantelar los nidos de los peces, todo un ecosistema.
—¿Hay una relación de estos proyectos mineros con el corredor transístmico o interoceánico?
—La infraestructura de comunicación entre el Golfo de México y el Pacífico está pensada para el transporte de estos minerales que quieren extraer. Hay un vínculo directo entre la extracción de minerales con la infraestructura de transporte.
Esta infraestructura de transporte del proyecto transístmico o interoceánico puede responder al proyecto minero. Así como los parques eólicos pues la energía tiene una relación directa con las empresas mineras. Las investigaciones de Geocomunes dan información al respecto.
En términos energéticos y en términos de transporte está vinculado, entendiendo que el corredor interoceánico no es una sola infraestructura sino el despliegue de zonas industriales, oleoductos, gasoductos.
En las supuestas consultas sobre el Corredor Interoceánico que encabezaron Rafael Marín Mollinedo y el INPI, en marzo de 2019, jamás dieron información sobre minería en los Chimalapas.
Preguntamos como pueblo directamente qué pasaba con el proyecto minero y nunca dieron respuestas claras, nunca afirmaron que tuviera una relación, lo cual es muy grave. Por ejemplo en nuestro caso, cuando vinieron dijeron que el tren no nos iba a afectar porque hablaban sólo de la remodelación de un tren. Pensamos que es una inconsistencia ante esta gran de falta de información sobre cómo están manejando este corredor.
Si nosotros no íbamos a ser afectados, nos preguntamos por qué venían a hacer este foro. Aquí en Chimalapas leímos un documento a nombre de las autoridades agrarias y Comisión agraria de San Miguel donde expresamos que aquí no queremos minería.
Revitalizar el tejido social y la lengua
Encuentro zoque. Foto: colectivo Matzá.
—¿Qué es lo que temen si entran estos megaproyectos?
—Que aumente la violencia que se ha estado desplegando en toda la región.Se trata de formas muy violentas que no habíamos visto antes, y para el caso de Chimalapas hasta ahora, lo que queremos evitar es que la minera entre con violencia como lo ha hecho en otras regiones o incluso como lo hemos visto en la zona zapoteca con la llegada de los parques eolicos y despues del sismo que azoto a la región.
En Chimalapas la violencia siempre ha estado en conflictos agrarios, tensiones, como no hemos dejado que entre la minería no hemos visto ese impacto directo.
No queremos ver ese impacto que tienen los zapotecos. Queremos evitarlo, que no se llegue a esa fase. Queremos que se tumben las cuatro solicitudes que están en trámite en la Secretaría de Economía.
—¿Cuál es la propuesta que tienen como pueblo zoque para mantener la biodiversidad y la cultura originaria?
—Seguimos revitalizando nuestra forma de vida comunal sostenemos nuestro territorio y viceversa, para seguir sosteniendo el territorio hay que sostener la forma de vida comunal.
Como colectivo Matzá promovemos la revitalizacion de nuestra lengua zoque e historia. Lo que hacemos es regresar a la raíz, tener talleres de diálogo cultural. También hemos realizado murales comunitarios participativos platicando esta pregunta de cómo queremos vivir como pueblos para expresar cuales son nuestras problemáticas y nuestras aspiraciones.
Nosotros pensamos que somos un territorio muy biodiverso, no sólo para la región sino para el mundo mismo. Proveemos de agua y de oxígeno. Pero muchos jóvenes tienen que irse a trabajar a Estados Unidos o a las ciudades, migrar. No hay escuelas, ni universidades, nos parece injusto que las y los jóvenes no tengan posibilidad educativa, no pensando como una sociedad letrada pero como una posibilidad para la juventud.
En este territorio que hoy está concesionado, no nos negamos sólo por «negarnos al desarrollo», por vivir enclaustrados. Una «conservación por la conservación» de áreas naturales.
Imaginamos propuestas de investigación educativas, de ciencia para la vida, para una alternativa para los jóvenes y para nuestro pueblo. Lo que nos motiva no es la oposición por la oposición. Es lo que queremos para ese territorio.
Tenemos ese sueño, queremos que existan esos ríos limpios, queremos apostarle a forjar nuestra propia ciencia, centros educativos, tenemos una biodiversidad impresionante. Hay otras zonas que son biodiversas patentadas, tenemos un territorio sumamente rico y no queremos solo conservarlo sino trabajar desde aquí.
Entre las últimas iniciativas y frente al permiso de exploración publicado en la Gaceta de la Semarnat, el 27 de agosto los pueblos firmaron e hicieron público un documento dirigido a la Semarnat y a la opinión pública.
El pasado 8 de septiembre, se hizo público el Manifiesto Internacional por la defensa de la Selva Chimalapas dirigido a López Obrador para que “niegue definitivamente el permiso de exploración para el megaproyecto minero “Santa Marta”, promovido por la empresa canadiense Minaurum Gold Inc. y para que no se otorguen otras cuatro solicitudes de concesiones mineras.
Esas cuatro se encuentran en trámite en la Secretaría de Economía para extraer oro, plata, cobre, y plomo. Este mismo manifiesto va respaldando la decisión que el pueblo zoque ya ha tomado. No estamos solicitando una consulta, estamos ejerciendo nuestro derecho al territorio y a la libre determinación, No a la Mina, SI a la Vida!
Yecapixtla Morelos 22 febrero 2019.- Opositores al funcionamiento de la Central de Ciclo Combinado de la Comisión Federal de Electricidad, construida en la salida sur del pueblo de Huexca, marchan del centro de esta comunidad a la entrada de la termoeléctrica. Protestan por el asesinato del líder opositor Samir Flores Soberanes, perpetrado la madrugada del miércoles en la comunidad de Amilcingo, a la vez que exigen que sea cancelada la consulta sobre el funcionamiento la central que se realizara este fin de semana.
Gabriela Hernández
PUEBLA, Pue. (apro).- El Frente de Pueblos Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPMPT) informó que este jueves interpuso cuatro incidentes de violación a suspensiones de amparo que estarían cometiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador; el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Barttlet Díaz, y la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Elena Jiménez, entre otros funcionarios.
Lo anterior, luego de que el mandatario anunció que ya no hay impedimento legal para que el gasoducto Morelos entre en operación en diciembre próximo.
De acuerdo con el FPMPT, están vigentes suspensiones que protegen los derechos al agua de los ejidos de Ayala, así como las tierras del ejido de Amilcingo sobre el gasoducto y la integridad ambiental del Río Cuautla que reclama la comunidad de Huexca, en el estado de Morelos.
“Si se demuestra que las autoridades están violando o no cumplen con la suspensión, como es el caso, el juez de Distrito les requerirá que en el término de 24 horas rectifiquen su actuar o de lo contrario se dará vista al Ministerio Público Federal sobre el delito de incumplimiento de suspensión, lo que amerita una pena de tres a nueve años de prisión”, advierten los opositores al gasoducto.
Explican que el incidente promovido es “por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión” contemplado en los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo, y obliga a las autoridades responsables para que, en el plazo de tres días a partir de su notificación, respondan sobre las acusaciones que les hacen.
A los 10 días hábiles de la interposición de estos cuatro incidentes se tendría que realizar las respectivas audiencias.
“El presidente (López) Obrador, el director de la CFE y de la Conagua tendrán que informar ante el juzgado federal por qué han dicho que todos los amparos se han resuelto, cuando existen vigentes suspensiones”, recalcan.
Y advierten que los pueblos y ejidos “que se defienden contra la imposición del PIM (Proyecto Integral Morelos) agotarán todos los recursos legales que tengan para proteger su vida y patrimonio, pero si el poder del gobierno pretende pasar por encima del llamado Estado de Derecho y corromper aún más al Poder Judicial y a falsos representantes, para aparentar acuerdos y diálogos, será el pueblo entonces quien, por sus propios medios, haga valer sus derechos”.
En el amparo 1185/2019 del ejido de Amilcingo, el 5 de diciembre de 2019 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito confirmó la suspensión de plano del funcionamiento del gasoducto Morelos.
“…dicha suspensión se encuentra vigente y el amparo apenas está en periodo de desahogo de pruebas, por lo que su resolución definitiva podría tardar dos años más aproximadamente”, explica el FPMPT.
En el caso de la protección al agua de los ejidos, en los amparos 1180/2019 y 162/2020 también se dictaron suspensiones de plano “para el efecto de que no se altere, modifique, desvíe y/o cambie” el rumbo de las aguas del río Cuautla, hasta que se resuelva en definitiva el juicio.
Por último, en el caso de las aguas contaminadas de descarga de la termoeléctrica hacia el Río Cuautla reclamadas en el amparo 1823/2014, la defensa argumenta que se ha incumplido con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) al aumentar el volumen de agua que recibe la planta tratadora.
PUEBLA, Pue. (apro).- Minera Gorrión, subsidiaria de la empresa canadiense Almaden Minerals, informó que obtuvo a su favor una resolución judicial en contra de la determinación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de suspender el proceso de evaluación de impacto ambiental de su proyecto de mina a cielo abierto en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla.
En un comunicado, la empresa pidió a la Semarnat reanudar el proceso de evaluación que suspendió en octubre de 2019, para que emita un resolutivo sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de su proyecto de extraer oro y plata en esa localidad.
Precisó que el pasado viernes 4 el Juzgado Segundo de Distrito en Puebla resolvió que la dependencia no es parte de un juicio de amparo que fue interpuesto desde 2015 por parte de pobladores de Ixtacamaxtitlán en contra de la minera.
Cuando Víctor Toledo estuvo al frente de la Semarnat resolvió dejar en suspenso la resolución de la MIA en torno a la mina, bajo el argumento de que estaba en proceso la resolución definitiva del amparo.
En abril de 2019, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, falló a favor de la comunidad nahua de Tecoltemi –dentro del juicio de amparo 445/2015–, la cual alegó que la Secretaría de Economía entregó dos concesiones a la minera canadiense sin consultar a la población indígena.
Sin embargo, Almaden Minerals ha continuado el litigio contra esa localidad, pero a la vez ha exigido a las autoridades expedir los permisos, al señalar que en su momento actualizó su sistema de concesiones para no afectar los terrenos del ejido Tecoltemi.
Según la minera, el Juzgado señaló que todas las decisiones de la Semarnat relacionadas con el proceso de autorización de la MIA del proyecto Ixtaca no son actos que hayan sido señalados en el juicio de amparo, y que por ello tiene libertad de emitir lo que bajo su responsabilidad y facultad corresponda.
Organizaciones como Fundar, el Consejo Tiyat Tlali y la Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida, han acompañado la resistencia en contra de este proyecto minero que igual ha reclamado la inconstitucionalidad de artículos de la Ley Minera, al asegurar que ésta permite la entrega de territorios a las empresas sin consulta previa.
Pero Almaden Minerals ha basado su defensa en que las nuevas concesiones están incluso alejadas de la localidad que tramitó el amparo.
MÉRIDA, Yuc. (apro). – Estudiantes de la Facultad de Medicina arremetieron de nuevo contra las autoridades de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en esta ocasión por el reciente suicidio de una de sus compañeras en la clínica de Tahdziú, donde realizaba su residencia.
Por causas presuntamente relacionadas con su carrera, la joven pasante, K.J.G.K., de 25 años de edad y originaria de Mérida, se quitó la vida el pasado 15 de septiembre en su consultorio del centro médico de Tahdziú, municipio que por cierto figura entre los más depauperados del continente.
El caso desató la ira e indignación del alumnado que nuevamente colmó las redes sociales de acusaciones y reproches contra las autoridades de la UADY y su Facultad de Medicina por el desinterés y la falta de apoyo hacia sus estudiantes.
Aunque el deceso de la chica se hizo público el 15 de septiembre, fue hasta el día siguiente cuando la Facultad de Medicina emitió un pronunciamiento al respecto.
En un comunicado, la Facultad de Medicina expresó que sentía “profundamente conmovida por el fallecimiento de la médico pasante K.J.G.K., quien prestaba su servicio social en la Unidad Médica de Tahdziú”.
Aseguró que autoridades universitarias en coordinación con personal de la Subdirección de Salud Mental y Enseñanza de la Secretaría de Salud “ya se encuentran realizando las acciones pertinentes”.
“La pérdida irreparable de una joven médico nos llena de consternación y enluta a toda la comunidad de la Facultad”, reiteró.
Argumentó que “la Medicina es una carrera ardua, dura y demandante que nos exige el máximo de nuestras capacidades”, y afirmó: “en la Facultad así lo entendemos y por ello nuestro departamento psicopedagógico brinda todos los días apoyo a nuestros estudiantes para prevenir momentos de crisis”.
Finamente, refrendó su compromiso “con la formación integral, humanista y responsable de los estudiantes”, por lo que solicitó a jefes de enseñanza y docentes “mantener una comunicación cercana con los estudiantes y poner a disposición de quien así lo requiera, los servicios de los profesionales que laboran en el departamento psicopedagógico de nuestra dependencia”.
No obstante, tal pronunciamiento atizó la cólera del alumnado, que puso en tela de juicio los dichos de sus autoridades a las que, con la campaña “UADY, yo no te creo nada”, reprocharon una retahíla de situaciones que padecen los y las estudiantes de esa máxima casa de estudios.
En el caudal de quejas de los estudiantes de medicina figuran diversos tipos de violaciones a los derechos humanos, explotación, presión excesiva, maltrato, acoso.
“El departamento de psicopedagogía es una burla, lo digo desde mi pellejo y lo sé por el de muchos compañeros. ‘Si no puedes date de baja’, esto se le ha dicho una y otra vez a los estudiantes, a todos los que en algún momento tienen una crisis.
“¿Dónde está el lado humanista? ¿Dónde quedó la empatía? ¿Se sienten conmovidos? ¿Qué tal si hacen algo al respecto con esos doctores que solo humillan a sus internos? ¿O qué tal con esos docentes que por tener cabello de otro color o tatuakes no te bajan de p*ta? ¿Por qué no hacen algo con todo el personal que es machista y misógino?”, refutó una alumna.
“No se hagan Facultad de Medicina. Nadie pone a un pasante de Ingeniero Civil a supervisar SOLO la construcción de un puente. Ninguna carrera pone a su pasante a estar 24 HORAS X 6 DÍAS A LA SEMANA APARTADO DE TODO CONTACTO SOCIAL QUE NO SEA SU TRABAJO”, recriminó otro de los inconformes.
Y aseguró que la médico fallecida pidió ayuda y “le dijeron que se quedara”.
En abril pasado, la Facultad de Medicina entró en conflicto con sus pasantes luego de que siete de ellos interpusieron una demanda de amparo por haber sido dados de baja de la escuela por negarse a regresar a las instituciones a las que habían sido adscritos debido a la falta de garantías de seguridad para reducir el riesgo de contagiarse de covid-19.
Paola Cervantes – Alberto Fernández / Meridiano.MX
El pasado 16 de septiembre un grupo de mujeres arribaron a las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit donde realizaron una manifestación tanto al exterior y al interior del lugar donde plasmaron mensajes con aerosol para pedir justicia, la CDDH externo un comunicado donde aperturan el dialogo en la búsqueda de justicia.
Marcela Alemán hace un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el caso no quede impune
Marcela Alemán, madre de una niña que fue violada a los cuatro años y ahora tiene siete, llegó desde San Luis Potosí a la Ciudad de México a exigir justicia amarrada a la puerta de acceso de la Secretaría de Gobernación: “no salgo de aquí hasta que no haya justicia”, dijo.
“Ya estoy agotada como madre, no tengo vida. Mi hija vive con el temor de los violadores asquerosos, que merecen la pena de muerte”
A través del programa de radio “Así las cosas” con Loret de Mola, la mujer confesó que este viernes, 18 de septiembre, su hija Lía cumple ocho años y lo único que le prometió es justicia.
“Va a ser su cumpleaños y lo único que le prometimos es justicia, no vamos a dejar de luchar toda su familia y yo”, declaró en entrevista con Loret de Mola.
La mujer, quien se dedica al comercio, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el caso no quede impune, pues acusó que el Estado de San Luis Potosí le ha negado el acceso a la justicia y “es por eso que estoy aquí atada”.
⛔️ Marcela Alemán, quien se ató a una silla en CNDH, ahora se amarró en Segob pic.twitter.com/oYez8JZlne
“Mi hija tiene la identificación plena de sus violadores, cuenta con todas las pruebas: dictamen médico, psicológico, todo”, expresó.
Además, explicó que la menor tiene mucho miedo y no duerme: “no es una niña normal, tengo que ser enfermera, psicóloga, maestra, todo para ella. Ya estoy agotada como madre, no tengo vida. Mi hija vive con el temor de los violadores asquerosos, que merecen la pena de muerte”.
Por ello, aseguró que se quedará afuera de la Segob hasta que funcionarios la reciban y la escuchen: “yo lo único que pido es que Lía pueda acceder a la justicia, que se aplique la ley”.
Luego de siete horas, fue liberado el paso en la carretera Felipe Carrillo Puerto-Valladolid, que ejidatarios de Tihosuco mantenían bloqueada en exigencia a la indemnización de 145 hectáreas expropiadas por la SCT hace 56 años.
El próximo martes una comisión de ejidatarios sostendrá una reunión en Chetumal con autoridades del Tribunal Unitario Agrario (TUA), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gobierno del Estado y Poder Legislativo.
Como se sabe, este jueves aproximadamente 300 ejidatarios de Tihosuco colocaron piedras, troncos y mantas, para impedir el flujo vehicular.
Durante las primeras cuatro horas se permitió el paso a enfermos o gente que tenía cita médica. Después del mediodía el bloqueo fue total.
Centenas de vehículos que transportaban a miles de personas e insumos diversos quedaron varados. Hubo pasajeros que dejaron los autobuses y se trasladaron a pie y por sus propios medios.
Noticias Cancún
Una comisión de autoridades de la SCT y Secretaría de Gobierno (SG) se reunieron con los inconformes, quienes después de las 15:00 horas, aceptaron liberar la carretera.
Se acordó sostener reunión, el martes, con representantes del Tribunal Unitario Agrario (TUA) con autoridades de la SCT y estatales para analizar el tema y buscar alternativas que beneficien a los ejidatarios.
Carretera libre
Luego de siete horas, los ejidatarios de Tihosuco, liberaron la carretera Felipe Carrillo Puerto-Valladolid.
La inconformidad deriva porque ejidos de la Zona Maya, donde quedará la ruta del Tren Maya, fueron indemnizados por las expropiaciones hechas por el Gobierno Federal.
Tihosuco, al no estar incluido en la ruta el Tren Maya no fue beneficiado.
Los 809 ejidatarios exigen la indemnización de 145 hectáreas de terreno expropiadas hace 56 años por la SCT, tiempo en el cual ha habido usufructo. Por cada hectárea solicitan un millón de pesos.
El presidente del Comisariado Ejidal, Alfredo Tun Batún, advirtió que no cederán en torno al monto de la indemnización.
De no lograrse acuerdo el martes próximo, volverán a bloquear la carretera Felipe Carrillo Puerto-Valladolid, donde a diario se registran hasta 30 mil movimientos de diversos transportes, según la Policía Federal.
Xareni Márquez Chora, becaria / CORRIENTE ALTERNA/ CULTURA UNAM
Bryan tiene 17 años, es hondureño y desde que tenía siete años y hasta principios de 2020 trabajó en el campo: cultivaba arroz, frijol, maíz, jitomate y cebolla. Al terminar su jornada iba a casa a comer con su mamá y pasaba el resto del día jugando futbol, pero en menos de una semana, “casi sin pensarlo”, decidió migrar con su primo en la caravana que partió el 14 de enero de Honduras.
Llegó a la frontera con México después de cuatro días, entró al país entre empujones, pero personal del Instituto Nacional de Migración lo detuvo tres horas más tarde, lo encerró en sus oficinas estatales un día y una noche, y luego fue trasladado a la Ciudad de México, a la estación migratoria Las agujas, en Iztapalapa. “Se miraba como si fuera un presidio”, pensó al llegar, con miedo.
A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas resoluciones son de aplicación obligatoria en México, determinó que “los Estados no pueden recurrir a la privación de libertad de niñas y/o niños” bajo ninguna circunstancia, ni siquiera “para cautelar los fines de un proceso migratorio”, sólo en el primer semestre de 2020, cinco mil 949 menores de edad han sido ingresados en estaciones migratorias mexicanas, según los registros de la Secretaría de Gobernación (Segob), Bryan fue uno de ellos.
“La justificación del porqué privan de la libertad a las personas –explica Diana Martínez, de laInternational Detention Coalition– es para que no se escapen” mientras enfrentan el proceso administrativo migratorio que suele terminar con la deportación.
“La lógica de migración” que aplican las autoridades mexicanas, resalta la especialista, “es la detención y deportación” a rajatabla, sin ningún enfoque de derechos humanos, sin analizar las situaciones específicas de la niñez migrante y sin determinar cuál es la mejor forma de proteger sus intereses, que por ley deben ponderarse por encima de cualquier otra consideración.
En el caso de los niños migrantes, explica por su parte Alejandro de la Peña, coordinador del área de atención psicosocial de Sin Fronteras (institución de asistenci aprivada) la prioridad para las autoridades debería ser la identificación de sus necesidades de alojamiento, de seguridad y de refugio, pero lo que en realidad se prioriza es privarlos de la libertad para que no continúen su recorrido por territorio nacional.
En México, sin embargo, tres normativas distintas coinciden en que la migración irregular de niñas, niños y adolescentes no configura un delito, por lo que no hay razón para privarlos de su libertad (son la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley de Migración y el reglamento de esta misma ley). Según esas normativas, en todos los procedimientos privará el interés superior de la niñez sobre cualquier otro principio normativo.
Pese a ello, los menores migrantes que son interceptados en su camino por autoridades mexicanas son sometidos a medidas punitivas al igual que los adultos, abunda Diana Martínez, porque “el sistema piensa que lo importante es que el niño sea extranjero. Pero no estamos hablando de un tema migratorio: estamos hablando de un tema de protección a la niñez, y lo migratorio es algo accesorio”.
NIÑEZ MIGRANTE: RECLUSIÓN DISFRAZADA
Luego de ser detenido en Chiapas, y puesto en detención en las oficinas estatales del INM por 24 horas, sin que nadie le explicara su situación o lo que iba a suceder, Bryan fue puesto a bordo de un “bus lleno de menores”, que fueron trasladados a la capital del país, donde se ubica una de las principales estaciones de detención para migrantes del país, Las Agujas.
“Cuando llegamos nos metieron adentro, nos quitaron todo, teléfono y todo, sólo nos dejaron entrar con dos mudas y entonces nos tiraron… nos metieron… donde estaban los menores. A mí me tuvieron como cuatro días ahí encerrado”.
Bryan cuenta que cuando estuvo en la estación se sintió “bien”, no porque fuera un lugar “agradable y cómodo”, sino porque contaba con comida y algunos satisfactores que no disfrutaba en su vida cotidiana en Honduras. “Me gustaba porque sólo la pasaba durmiendo y viendo tele, pero nada más por eso… de ahí a otra cosa, pues no”.
La estación migratoria de Las Agujas, detalla Alejandro de la Peña, cuenta con un área para concentrar a niños, niñas y adolescentes, que está separada de la población adulta también recluida, pero no se trata de un espacio adecuado para retener a menores de edad. De hecho, enfatiza el especialista, ningún lugar de ninguna estación migratoria podría considerarse adecuado, ‘porque ellos no tienen que estar detenidos, así de claro”.
De acuerdo con la Ley de Migración, cuando una niña, un niño o un adolescente migrante no acompañado “sea puesto a disposición del Instituto”, éste deberá canalizarlo al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) “mientras se resuelve su situación migratoria”. No obstante, las cifras reportadas por la Segob prueban que los menores de edad no son alojados de forma inmediata en albergues especializados, sino conducidos a centros de detención para migrantes adultos.
Familias centroamericanas retratadas en México, en el puente Internacional Zaragoza, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Foto: Nacho Ruiz / Cuartoscuro
Tal como explicaron tanto Martínez como De la Peña, en la mayoría de los casos, además, las mismas disposiciones que buscan proteger la integridad familiar son aprovechadas para favorecer la privación de la libertad de menores, cuando van acompañados de sus padres, ya que la misma Ley de Migración establece que en estos casos las familias deben permanecer unidas.
En estos casos, en vez de que los núcleos familiares sean conducidos a albergues, donde los menores de edad puedan ser atendidos adecuadamente, padres, madres e hijos son recluidos en estaciones migratorias. De hecho, la Corte Interamerciana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto y sostiene que la unidad familiar no es criterio suficiente para privar de la libertad a la niñez migrante y a sus acompañantes.
No obstante, de los cinco mil 949 ingresos de menores registrados en estaciones migratorias durante el primer semestre del 2020, dos mil 638 casos correspondieron a niños, niñas y adolescentes detenidos junto con sus familias.
En 2016, el DIF y el Consejo Nacional de Población (Conapo), justificaron esta irregularidad en el trato a la niñez migrante, argumentando falta de capacidad en albergues oficiales o falta de recursos para brindarles la atención especializada que requieren, por lo que los menores de edad “suelen ser atendidos en las estaciones migratorias del INM” o en módulos especiales “los sistemas DIF han instalado dentro de dichas estaciones”. La detención, no obstante, persiste.
Para la niñez migrante, resume De la Peña, “las estaciones migratorias son lugares de encierro”.
“Digamos que si las ves, no están tan feas porque no son una jaula como las de Trump, pero lo grave es: el encierro, el estar con un montón de personas y que toda tu actividad está controlada”. Estas tres características hacen de estos lugares “una cárcel” en términos sociológicos, y el procedimiento de encierro “para un adolescente, niño, niña, o para cualquier persona, es una experiencia violenta, porque por mucho que las detenciones puedan ser conforme a derecho, por mucho que pueda ser con un trato cordial, se trata de una imposición de la voluntad de otro frente a la tuya, por medios coercitivos”.
En la misma sintonía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó en su informe 2019 sobre la Situación de las estaciones migratorias en México, que estos espacios “siguen patrones operativos de centros de reclusión penal”, como el sometimiento “a rutinas propias de centros de reinserción social, basado en un esquema de protección de la seguridad nacional en detrimento de la seguridad humana y de respeto a sus derechos humanos”.
Cuando el Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas visitó las estaciones de Tijuana, Saltillo y Monterrey en 2016, constató las “condiciones difíciles” para la niñez migrante, ya que los menores de edad “tenían que permanecer en los cuartos todo el día sin realizar ningún tipo de actividad ni salidas al aire libre”, quienes podían jugar lo hacían en lugares sucios y fríos, algunos otros vivían hacinados en espacios donde no retiraban los pañales usados y las mamás de bebés que lloraban mucho dijeron que las amenazaron con enviar a sus hijos al DIF.
ALGÚN DÍA DESAPARECERÁN LAS FONTERAS
Cuando Bryan salió de Honduras, su plan era llegar a la casa de su prima, que vive en Tapachula, Chiapas e instalarse ahí, “pero al final de cuentas me pasé de donde es”, dice entre risas desde la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada (Cafemin); Bryan fue acreedor a una alternativa a la detención y aunque al principio no le gustaba mucho el lugar, ahora lo encuentra “bonito”.
El joven está en espera de que el gobierno mexicano le conceda la condición de refugio por razones humanitarias y cuando cuando esto ocurra, afirma, quiere irse de la Ciudad de México y trabajar en algún lugar del interior de la república, todavía no sabe a dónde. Quizá regrese a Honduras algún día, afirma, porque “me hace bastante falta mi país, mi familia”. Desde finales de enero ha convivido con personas de su edad o más jóvenes en México, y ellos le mostraron la música de Santa Fe Klan, un rapero de Guanajuato que tiene canciones que “me gustan bastante”, y de entre ellas una destaca, la que dice “yo no pierdo la esperanza de que vuelva, que esas fronteras algún día desaparezcan”.
No colabora. Familiares de víctimas acusan que la Comisión Estatal de Búsqueda no tiene acceso a los expedientes de la Fiscalía.
Francisco Rodríguez/ VANGUARDIA MX
Aseguran que obstruye la información argumentando que se trata de la secrecía de expedientes
TORREÓN, COAH.- La Comisión Estatal de Búsqueda de Coahuila no tiene acceso a información de los expedientes de las desapariciones, lo que imposibilita su trabajo de investigar, expuso María Elena Salazar, integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec).
María Elena, madre de Hugo González Salazar, desaparecido en Torreón, señaló que la Fiscalía de Personas Desaparecidas obstruye la información argumentando que se trata de la secrecía de expedientes.
“La información está cautiva en una dependencia que es la de investigación. Si no trabajan los dos en conjunto jamás vamos a encontrar a los nuestros. Hay mucha obstrucción en no querer colaborar”, comentó María Elena.
Mencionó que la Comisión Estatal de Búsqueda está trabajando con los casos y desapariciones del día a día, pero no con las desapariciones de larga data, esencialmente porque la Fiscalía no abre la información.
Silvia Ortiz, representante del colectivo Vida, respaldó que si no existe coordinación entre las instituciones, se seguirá batallando para investigar.
Dawn Wooten sentada en el parque el 2 de septiembre de 2020. Foto: Cortesía de Dawn Wooten
Eugenia López/ AVISPAMIDIA
Diversos grupos de defensa y apoyo legal en los Estados Unidos presentaron este lunes 14 de septiembre una denuncia contra personal contratado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), no solo por ignorar los protocolos contra el COVID-19 en sus instalaciones, sino también por haber realizado esterilizaciones de mujeres migrantes detenidas de manera masiva e injustificada.
“Pensé que esto era como un campo de concentración experimental”
La denuncia se basa en las declaraciones de Dawn Wooten, quien trabajó como enfermera en el Centro de Detención del Condado de Irwin (ICDC), operado por la empresa privada de prisiones LaSalle Corrections, en el estado de Georgia.
Wooten señala que en el centro se realizan histerectomías (extirpación de parte o de la totalidad del útero) en mujeres que informan tener ciclos menstruales abundantes o dolorosos, muchas veces sin su conocimiento.
Según el testimonio de la enfermera, el ICDC solía recurrir a un ginecólogo externo a las instalaciones, el cual decidía realizar las histerectomías de manera casi sistemática.
“Todo el mundo que ve tiene una histerectomía, todo el mundo. Incluso le quitó el ovario equivocado a una joven. Se suponía que debían extirparle el ovario izquierdo porque tenía un quiste ahí, pero él le sacó el derecho. Ella estaba enojada. Tuvo que volver para extirparse el izquierdo y terminó con una histerectomía total. Ella todavía quería hijos, pero ahora tiene que volver a casa y decirle a su esposo que ya no puede tener hijos…”, detalla Wooten en su denuncia.
Una mujer migrante detenida en el ICDC explicó por su parte a la organización “Project South” que había hablado con cinco diferentes mujeres que habían sido sometidas a una histerectomía entre octubre y diciembre de 2019.
“Cuando conocí a todas esas mujeres que habían tenido cirugías, pensé que esto era como un campo de concentración experimental. Era como si estuvieran experimentando con nuestros cuerpos”, expresó la denunciante.
Decisiones peligrosas frente a contagios por COVID-19
Por otra parte, la queja también documenta acciones peligrosas tomadas por la gerencia de ICDC. Se señala, por ejemplo, múltiples casos de empleados que tienen que seguir trabajando aunque tengan síntomas de COVID-19, aún cuando se encuentran a la espera de los resultados de su prueba. Aunado a ello, la denuncia señala una tendencia a ocultar información a los empleados e inmigrantes detenidos sobre quién resulta positivo por el COVID-19.
Como lo señala la demanda, estas denuncias llegan unos meses después de que se informara que otro Centro de Detención, el Centro Correccional Richwood, también operado por LaSalle Corrections, estaba usando tácticas similares, “incluida la exigencia de que los empleados que pueden ser positivos al COVID-19 trabajen, la ocultación de quién ha dado positivo al COVID-19, la mezcla de individuos expuestos al COVID-19 con aquellos que no lo están, y más”, relataron informantes anónimos.
ICE: “Acusaciones anónimas deben tratarse con escepticismo”
Ante la denuncia, que fue presentada ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional por los grupos de defensa “Project South”, “Georgia Detention Watch”, “Georgia Latino Alliance for Human Rights” y “South Georgia Immigrant Support Network”, las autoridades de ICE afirmaron tomar “todas las acusaciones en serio”.
Sin embargo, la agencia también afirmó que “las acusaciones anónimas y no comprobadas, hechas sin ningún dato específico que verifique los hechos”, deben tratarse con escepticismo.
En entrevistas con Avispa Midia, promotores y firmantes del Manifiesto Internacional en Defensa de los Chimalapas explican por qué es importante respaldar la resistencia Zoque frente a proyectos mineros.
La minera canadiense Minaurum Gold Inc. quiere abrir una mina de oro y cobre en la selva de los Chimalapas, una de las regiones más biodiversas del país al sureste de México. Con la reactivación del proyecto “Santa Martha” (uno de sus ocho proyectos mineros en México) Minaurum Gold busca apropiarse de 6,410.35 hectáreas para su explotación en territorio comunal y ejidal enclavado entre los municipios indígenas de San Miguel Chimalapa y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.
Para ello, el 23 de julio del presente año, la Minera Minaurum Gold, S.A. de C.V. filial de la homónima en Canadá, solicitó permiso a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para comenzar con “la exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 unidades de barrenación”. Así consta en el punto 31 de La Gaceta Ecológica de la misma institución, publicada el 13 de agosto del mismo año.
Ante ello, las autoridades municipales, agrarias y comunales de San Miguel Chimalapa se han opuesto públicamente al nuevo intento de Minaurum Gold de explorar y explotar minerales en su territorio. En un posicionamiento presentado el 4 de septiembre de 2020 a la SEMARNAT, dichas autoridades manifestaron su rechazo total a cualquier actividad minera y exigieron el respeto a la comunidad Zoque y a sus derechos como pueblos indígenas y dueños ancestrales de sus territorios.
En contexto ⇒ Pueblo Zoque hace frente a exploración y explotación minera en los Chimalapas
No es la primera vez que las y los pobladores de la región se movilizan en contra de los intentos de Minaurum Gold por explotar la selva de los Chimalapas. En febrero de 2016, jóvenes de San Miguel Chimalapas y de San Francisco Ixhuatán clausuraron simbólicamente la concesión minera denominada “Jackita” en donde advirtieron el uso de explosivos en años anteriores.
Años más tarde, en 2018, autoridades de los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, hicieron un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir que Minaurum Gold respete sus derechos como pueblo originario. Además, como su último posicionamiento lo establece “nuestra comunidad en su conjunto, ha expresado, a través de diferentes asambleas generales y oficios emitidos y firmados por anteriores autoridades municipales y comunales de administraciones pasadas nuestro rechazo total a la exploración y explotación minera en todo nuestro territorio comunal y municipal”.
Manifiesto Internacional
En ese contexto, más de 450 personas, y más de 70 organizaciones y colectivos, de cerca de 25 países diferentes firmaron un Manifiesto Internacional en Defensa de los Chimalapas en el que expresan su preocupación por “evitar la desaparición de las regiones más biodiversas del planeta”. También manifiestan su apoyo y solidaridad internacional con la defensa del territorio del pueblo zoque, “porque salvar la selva de Los Chimalapas es dar un paso más en la defensa del planeta, la vida y la humanidad”.
Además, le demandan a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, que el gobierno junto a los organismos internacionales “respete y reconozca los derechos inalienables de propiedad comunal del territorio (incluyendo el subsuelo) por parte de los pueblos indígenas Zoques”, así como, “que articulen las medidas necesarias para el reconocimiento de los valores ecológicos y bioculturales de este territorio”. Asimismo, solicitan a la SEMARNAT que niegue definitivamente el permiso de exploración antes referido, y que la Secretaría de Economía no otorgue las demás concesiones mineras que se encuentran en trámite.
¿Cuál es la importancia internacional y global de defender la selva de los Chimalapas?
Alberto Matarán Ruiz es profesor de urbanismo y ordenación del territorio en la Universidad de Granada, España, y pertenece a grupos de investigación que apoyan y promueven este llamamiento; entre ellos, el Grupo de Investigación Sobre Estudios Decoloniales en el Sur en la Universidad de Granada, y el Grupo de Investigación sobre Transiciones Socioecológicas.
En su opinión, “la defensa de la selva y de los espacios de gran biodiversidad es un elemento clave para el mantenimiento de la biosfera, de Gaia. El equilibrio de nuestro planeta depende básicamente del buen estado de estas zonas”. En ese sentido, para él no hay excusas que valgan “la destrucción de los lugares de alta biodiversidad donde se fija una mayor cantidad de CO2 y en donde además se produce una parte importante de las aguas potables o dulces del planeta”.
En ese sentido coincide con Daniel Tapia Montejo, de Múnich, Alemania, quien colabora con la oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia; un colectivo internacionalista que tiene más de 35 años trabajando con grupos en México, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Colombia.
Daniel advierte que “un lugar que es único en el mundo con una biodiversidad increíble, va a ser amenazado por un proyecto minero de este tipo. El valor de lo que realmente se perdería ahí, de vida, de cultura, de medio ambiente, es muchísimo mayor al valor económico que se le pueda sacar a los minerales que hay abajo”. Pare él, es una cuestión de solidaridad, “es importante apoyarlos en primer lugar porque ellos son quienes se están oponiendo al proyecto, y me parece que tienen toda la razón del mundo al oponerse a un proyecto que para ellos no les parece que sirve, (…) con eso es suficiente, están en todo su derecho de valorar que no quieren un proyecto así en su territorio”.
Vilma Almendra, mujer del pueblo Nasa y del pueblo Misak, vive al sureste de Colombia en donde trabaja la tierra junto a mujeres indígenas, negras y campesinas. Para ella es vital sumarse internacionalmente a la denuncia de San Miguel Chimalapa:
“Porque si logran destruir esas miles de hectáreas de tierra comunal, en donde hay una cantidad de reservorios de agua dulce, estarán matando un pedacito de la Madre Tierra. Para nosotras y nosotros tan importante es defender, denunciar, y apoyar al pueblo de Chimalapa en su defensa de su territorio, como debe sernos urgente también defender el territorio Zapatista, así como debe ser tan urgente defender el Wallmapu, así como debe ser tan urgente defender aquí a la Liberación de la Madre Tierra y a los pueblos que están siendo asesinados. (…) es una lucha que tiene que ser global, por la defensa de la vida toda, que nos garantice no sólo la pervivencia como pueblos originarios, sino que garantice la pervivencia de la libertad a toda la humanidad”.
¿Es esto una forma de Colonialidad?
En su página web, la corporación canadiense Minaurum Gold Inc. presume acaparar 103 mil 718 hectáreas de territorio concesionado o en trámite, en tres estados de la república mexicana. Así como ésta, existen muchas otras empresas mineras, mayoritariamente canadienses y estadounidenses que acaparan grandes extensiones de territorio mexicano para la explotación de minerales. Según el análisis de Geocomunes titulado “Extractivismo minero en México: impactos vs acumulación capitalista”, el 13.5% del territorio nacional ha sido concesionado a empresas mineras, y de este, 2.24 millones de hectáreas de territorios indígenas han sido entregadas.
Para Alberto Matarán es claro que esto es “una continuidad de los procesos de colonialismo que en el caso de el caso de América comenzaron a partir de 1492 -y en el caso de otros territorios comenzaron en otra época- evidentemente con diferentes tipos de dominio: en este caso es un dominio económico con otro tipo de violencia diferente al que se ejercía en el momento inicial del colonialismo, pero es una continuidad de ese tipo de uso, la subalternizacion del territorio”.
Además, apunta que es curioso que “mucha de esta minería está relacionada con lo que nosotros denominamos el colonialismo verde, es decir, son minerales pensados para las transiciones energéticas y la transición ecológica en los países del Norte Global, pero a costa de denominar o marcar como zona de sacrificio zonas del sur global, como México; zonas que serían destruidas para mantener el nivel de consumo de países del Norte Global, y el nivel de bienestar en alguno como por ejemplo Canadá o países europeos”.
Por otra parte, Daniel Tapia agrega, “yo aquí en Alemania normalmente trabajo como arbolista, y basta que haya indicios de que hay un cierto tipo de cascarudo en un árbol para que ese árbol esté protegido y no puedas talarlo en un jardín o en un parque; entonces ponte a pensar ¿porque es tan fácil agredir un medio ambiente tan sensible como el de los Chimalapas ahí, y acá en Europa te protegen un solo árbol? Yo creo que es cuestión de colonalismo; sus recursos aquí no los tocan, tienen sus paisajes, sus tierras, y sus lugares, pero si van a destrozar a otros los lados”.
Armando de la Cruz Cortés, Chontal, es abogado integrante en Oaxaca de la asociación civil Tequio Jurídico. Entre otras labores, han dado seguimiento y acompañamiento a comunidades chontales en la defensa de su territorio frente a concesión mineras otorgadas a la misma Minaurum Gold.
En su opinión, de cara a estos proyectos está en riesgo “el sustento de la vida comunitaria, de la vida colectiva y la existencia misma de las comunidades que han establecido que la madre tierra y el territorio es la fuente de vida. Estos territorios están siendo muy perseguidos por proyectos extractivos que están despojando a comunidades de su territorio; no les están pidiendo autorización ni permiso para que estos proyectos puedan darse. En ese sentido yo creo que se vuelve necesaria la exigencia y la defensa del territorio frente a esas imposiciones del Estado y de las empresas, sobre todo porque es una forma de defender la vida, de defender la existencia como pueblos indígenas en Oaxaca y México”.
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Igualmente, Vilma Almendra señala, “Las autonomías que quedamos en los territorios estamos ahí; con contradicciones o no, estamos ahí, a pesar de cinco mil años de patriarcado, casi seiscientos años de colonización, un poquito más de doscientos años de Estados; ahí estamos todavía, hay lenguas, hay plantas que se saben para que son, hay una cantidad de formas ancestrales que nos han garantizado estar aquí ahora, y tener una palabra para caminar”. Por ello insiste, “es vital entender, conocer y defender los territorios originarios, porque creemos que son lo único que queda frente a todo este modelo capitalista, colonial, patriarcal y racista”.
¿Por qué se están reactivando proyectos mineros en el Istmo de Tehuantepec? ¿Tiene que ver con la construcción del Corrdeor Interoceánico o Transístimico?
El pasado 25 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera obra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En la propia descripción del proyecto se estipula que: “El Programa toma como eje de la dinámica económica el concepto de Corredor Multimodal Interoceánico para aprovechar la posición geoestratégica del Istmo de Tehuantepec y competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte. (…) A lo largo del Istmo se crearán zonas libres para atraer inversiones del sector privado, las cuales se dotarán de infraestructura y se garantizará el abasto de energía, agua, conectividad digital y otros insumos básicos para cubrir las necesidades de las empresas y de la población trabajadora”.
Sobre el tema, Armando Cruz vislumbra, “los empresarios mineros seguramente ven en este proyecto oportunidad para implementar sus proyectos y para seguir saqueando la región. (…) Hablando de los proyectos de Minaurum Gold y Zalamera, parece que se están ubicando como paralelo a dónde está el proyecto transístmico; es decir, parte de la costa, la costa Chontal-Istmo, subiendo hacia esa zona de Matías Romero y luego yéndose hacia Chimalapas, entonces hay como un paralelo en términos de los proyectos y las concesiones otorgadas”.
Por otra parte, Eufemio Felipe Jiménez, originario de San Francisco Ixhuatán en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, expone que funcionarios públicos están llegando a las comunidades “a mostrar maquetas de proyectos para las comunidades, pero en realidad es manipular a la gente para firmar y sellar, y legitimar como consultas que se hicieron del corredor interoceánico”.
En su opinión, “es más de lo mismo: las mismas formas de llegar a ilusionar a nuestras comunidades: nos dicen “miren ahora si vamos a tener proyectos, ahora si vamos a crecer, a hora si vanos a mejorar”. Todo esto nosotros no lo creemos, porque no son proyectos que se hayan construido con la gente; nuestras formas de organización colectiva, nuestras formas de tomas de decisiones es a través de la asamblea, a través de nuestras cooperativas, a través de autoridades ejidales; y son tres espacios diferente de autoridad en donde la gente se reúne y tiene que plantearse ahí -desde lo que tenemos en nuestro territorio- que se tiene que fortalecer nuestra economía comunitaria, o salir otras formas economía”.
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En relación con este tipo de grandes obras, Alberto Matarán agrega: “Parece ser que tanto al Corredor Interoceánico como otras grandes infraestructuras y megaproyectos que se están diseñando sobre todo en América Latina -aunque no sólo-, tienen un horizonte claramente extractivista. Aunque parezca que es infraestructura para el desarrollo de determinados territorios, busca algún tipo de extractivismo. Puede ser extractivismo agrario, minero como éste, o puede ser extractivismo en relación con los cuerpos: con la utilización de mano de obra barata”.
También plantea que en estos momentos de escasez y de crisis del capitalismo global, acentuado por la pandemia, parece haber una necesidad de “seguir alimentando la mega-máquina, es decir, de construir por construir”. En su opinión, “ahora mismo dejan de ser rentables muchas de las actividades económicas que desarrollan muchas de las inversiones que se estaban generando; entonces, la rentabilidad se busca solamente en los procesos constructivos, aunque luego no sean eficientes, ni tenga sentido; como por ejemplo, un corredor ferroviario compitiendo con un canal como el canal de Panamá”.
¿Qué hace a los Chimalapas una región tan particular, y cuál es la importancia regional en su defensa?
Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la selva de los Chimalapas tiene “un lugar muy alto en las prioridades de conservación a nivel nacional”. Esta región, “ha sido reconocida como uno de los principales reservorios de diversidad biológica que hay en el país. Los niveles tan altos de precipitación que caracterizan el área han servido de base para sugerir que la región puede haberse comportado como un refugio florístico”.
Además, Eufemio Felipe quien además es coordinador operativo de dos bachilleratos comunitarios en territorio Ikoot de San Francisco del Mar, así como coordinador de uno de los centros universitarios de la nueva Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO), explica que, “en la zona Oriente del Istmo conviven y se relacionan fuertemente tres culturas y territorios: La Ikoot, la Zapoteca y la Zoque de la montaña. En esa zona Oriente hay un intento por entubar el territorio, y estamos muy cercanos entre comunidades. (…) De lo que hemos investigado es que, una vez que comiencen a hacer la explotación minera, los daños ecológicos, ambientales, sociales y económicos, van a estar también sobre nuestras comunidades”.
Al menos dos ríos importantes y una serie de arroyos cruzan la extensión en donde la corporación canadiense busca extraer oro y cobre: El río Zanatepec, y el río Ostuta. Eufemio expone que, “las concesiones mineras están en el nacedero del Río Ostuta. Este río nace en Territorio Zoque pero el río atraviesa los pueblos de Zanatepec, Reforma de Pineda, Ixhuatán y San Francisco del Mar, y desemboca en la laguna inferior. Nosotros, las comunidades de la zona Oriente del Istmo, trabajamos y dependemos totalmente de la agricultura y de la pesca”.
A ello agrega: “si se lograra instalar esta minera y empezaran a realizar esta explotación, el daño sería gigantesco para nuestra gente, pues los sembradíos de mango, de maíz, de sandía, de melón, de calabaza y de chile van a ser muy afectado, y también la pesca. El camarón, el pescado y la jaiba es alimento básico de nuestras familias en toda la zona. Por eso nos resistimos a las empresas mineras”.
En el mismo sentido, una joven habitante de San Miguel Chimalapa, estudiante de nivel superior, cuyo nombre se reserva por su seguridad, expresa que “la selva de los chimalapas es un lugar en donde yo crecí y en donde aprendí a amar la naturaleza. En donde aprendí a respetar y a interesarme cada día más por la relación que existe entre todas las especies. Aquí existen animales y plantas que cumplen una función específica”.
Con preocupación, continúa: “La minería utiliza elementos químicos altamente tóxicos, esto estaría envenenando a nuestro suelo, a nuestra agua, a nuestros arbolitos; todos esos lugares en los que nosotros vemos belleza, que nosotros respetamos y que hemos apreciado durante estos años; como para que de la noche a la mañana se destruya toda esta. Es por eso que los Chimalapas decimos: no a la mina, sí a la vida”.
Edificios públicos en diversos puntos de Mexicali, amanecieron este miércoles 16 de septiembre, con pintas de las protestas feminista iniciada la noche previa, en el Centro de Gobierno de Baja California, durante la ceremonia del grito por el 210 Aniversario de la Independencia de México.
Algunas personas se inconformaron por lo que consideraron como “actos vandálicos”. Pero también un gran sector de la sociedad respaldó el movimiento, como un recordatorio al gobierno y a la sociedad de la violencia de género imperante en la Capital del Estado. Las apoyaron, como manifestaciones que buscan crear consciencia y presionar a los bajacalifornianos en general a visibilizar esta problemática, que no es nueva.
La noche del 15 de septiembre, mientras el gobernador Jaime Bonilla Valdez y sus funcionarios, conmemoraban el 210 Aniversario de la Independencia de México, los colectivos feministas dieron su “Anti grito”, en el cual solicitaban el cese a la violencia contra la mujer y la urgencia de emitir una alerta de género en Baja California, entidad donde se han documentado más de 163 mujeres asesinadas en los primeros ocho meses del año, pero que sólo 25 de estos crímenes se han contabilizado como feminicidios.
Históricamente, Baja California se ha ubicado en el quinto o sexto lugar nacional, en denuncias de carácter sexual.
Los colectivos feministas protestaron primeramente en el Centro de Gobierno, donde se instaló un gran dispositivo de seguridad para proteger a funcionarios de primer y segundo nivel del Gobierno Estatal, quienes acudieron a los festejos del Grito de Independencia. Convertido en un acto para pocos.
Posteriormente, el grupo de aproximadamente 70 mujeres, se desplazó por diversos puntos de Mexicali, como el monumento a Benito Juárez, la Vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Baja California, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), entre otros sitios icónicos, donde expresaron mensajes despectivos contra las autoridades por la ineficiencia en la protección de las víctimas.
“La policía no me cuida”, “México Feminicida”, “urge alerta de género”, fueron algunos de los mensajes replicados en varios escenarios, los cuales fueron la estela de la lucha feminista.
Otra de las imágenes pintorescas se dio en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, donde fue “tachado” parte de su nombre y fue sustituido como “Facultad de machitos”,
Algunas instituciones como la máxima casa de estudios, se movilizaron rápido para borrar los mensajes plasmados en los logos de la institución. Lo mismo sucedió en la explanada exterior del Ayuntamiento de Mexicali.
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- En el marco de la jornada de protestas denominado “La Antigrita”, organizaciones feministas realizaron una marcha de la fuente de las Ocho Regiones al zócalo de Oaxaca para denunciar la violencia feminicida y la incapacidad gubernamental para atender esta problemática que las ha llevado a tomar la sede la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Como reporteras acudimos a la convocatoria de la marcha antigrita, donde rechazan la presencia de compañeros; dimos cobertura, ese es nuestro trabajo y resulta que somos agredidas. Yo estoy a favor de la lucha, tal vez no grito, no rompo, yo escribo las historias de las agredidas pic.twitter.com/sthHFykO9e
Durante la marcha, la reportera del periódico El Imparcial de Oaxaca, Melina Hernández, fue golpeada mientras cubría la manifestación de las feministas, además de que realizaron destrozos en cajeros automáticos bancarios y realizaron pintas a negocios, fachadas y vehículos.
Antes de la marcha, un grupo de mujeres colocó en las estatuas de mujeres de la Fuente de las Ocho Regiones pañuelos color morado en el cuello y en el brazo, alusivos al movimiento feminista al tiempo que ondearon sus banderas tricolores –verde, blanco y morado- con la consigna: “¡Ni una mas!”.
La marcha partió de la Fuente de las Ocho Regiones con una lona y la consigna: “No hay Independencia donde hay feminicidios”.
La columna de integrantes del movimiento feminista avanzó sobre la calzada Porfirio Díaz y Avenida Juárez hasta llegar al zócalo de Oaxaca y a su paso corearon: “¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!”.
En varios negocios, fachadas de viviendas y automóviles hicieron pintas con los mensajes: “Alto a los feminicidios”, “ladrones”, “Aborta la patria”.
Como no han recibido su sueldo desde que abrieron el hospital temporal, anoche protestaron, no entraron a trabajar al área Covid.
Mérida, Yucatán.-Desde el 12 de julio, que abrió sus puertas el hospital temporal en el Centro de Convenciones Siglo XXI para recibir a pacientes con Covid-19, el personal de Enfermería no ha recibido un solo pago de su salario.
Se trata de 145 personas afectadas, quienes se encargan de verificar el ingreso y cuidar a las y los pacientes. Por tal razón, este 15 de septiembre, el turno de la noche que labora de 5:30 de la tarde hasta las 12:00 decidió protestar y no ingresó a trabajar al covitario.
En entrevista para Haz Ruido, uno de los afectados explicó la incertidumbre que viven, pues nadie le da solución al tema económico. La Secretaría de Salud estatal (SSY) se excusa porque ingresaron a través de la convocatoria de México contra el Covid-19 del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
“La doctora Guadalupe Vega, encargada del área de Enfermería, dijo que no nos podía obligar a entrar porque no nos han pagado. Y el Insabi ya nos dijo que no hay ningún empleado de Yucatán en su plantilla, en pocas palabras el Siglo XXI no existe para el Gobierno Federal”, relató.
Esta situación del salario solo afecta al personal de enfermería, pues los camilleros, médicos y demás trabajadores reciben puntualmente sus pagos quincenales.
Otro de los reclamos es justamente porque a las y los enfermeros los obligan a permanecer dentro del área Covid las seis horas del turno, exponiéndose a un mayor riesgo de contagio. “En cambio los médicos solo entran, checan al paciente y corren indicaciones y a nosotros nos obligan estar dentro del área, por ahora el trabajo no es mucho, pero el riesgo es mayor”, agregó.
Entre las funciones que realiza el personal de Enfermería está verificar los signos vitales, proporcionar los medicamentos en los horarios indicados y si el paciente no puede caminar, llevar el cómodo y mantenerlo limpio.
Y a pesar de su imprescindible labor, recalcaron, las autoridades estatales no se han interesado por gestionar ante el Insabi su salario o crear un vínculo para saber qué ocurre con los pagos.
“Cuando presionaron para abrir el hospital del Siglo XXI, comisionaron a personal de contrato de la Secretaría de otros hospitales para empezar a armar e ingresar pacientes; luego hicieron una convocatoria y cuando íbamos a las instalaciones nos enviaban el link de la página de México contra el Covid”, explicó otro de los enfermeros afectados.
Actualmente, debido a que el hospital ha recibido pocos pacientes se dividió a las y los enfermeros en ocho grupos de 16 a 17 personas que se reparten en cuatro turnos. Trabajan escalonados, es decir, un día sí y un día no, pero aunque acudan al nosocomio temporal, solo la mitad ingresa al área Covid y los otros deben permanecer a hacer sus horas.
Incluso, ayer solo habían 12 pacientes para el turno de la noche, de los cuales uno fue dado de alta. A la protesta de anoche no se sumaron dos enfermeras porque cuentan con base de la Secretaría de Salud y si reciben su salario en tiempo y forma.
Este martes, integrantes de colectivos feministas marcharon en calles de la ciudad, vestidas de negro, y a pesar de los fuertes rayos del sol, mientras sostenían una lona blanca donde aseguraban que “no hay independencia donde hay feminicidios”.
A su vez, vistieron a las estatuas de las fuentes de las Ocho Regiones con paliacates de color violeta, como distintivo del feminismo, y verdes, de pro aborto, que colocaron las chicas que se reunieron en este punto para dar el “antigrito de Independencia”.
La marcha, cuyo destino fue el atrio del templo de Santo Domingo, salió poco después de las cuatro de la tarde dando inicio a una serie de pintas con consignas como “No más”, “alto a los feminicidios”, “aborta la patria”, entre otros, los cuales fueron hechos en las paredes de los comercios ubicados sobre la calzada Porfirio Díaz.
Incluso, en una agencia de automóviles, las integrantes de los colectivos pintaron consignas como “ladrones” y una letra “A” encerrada en un círculo, símbolo del anarquismo, esto sobre los vehículos que se encuentran expuestos al aire libre.
El contingente de alrededor de cien mujeres, la mayoría cubiertas con cubrebocas o pañuelos, continúo por una de las calles principales de la capital oaxaqueña, pero al llegar al parque Juárez “El Llano”, se detuvieron.
Con ellas, un grupo de seis paramédicas las acompañaban, quienes también cantaban las consignas, aunque, más que ir para ofrecer sus servicios en caso de que fuese necesario, iban para apoyar la iniciativa.
Poco a poco la tarde fue cayendo, pero la fuerza de las jóvenes para gritar y señalar al “gobierno feminicida”, no lo hizo, ni para recordar a cada una de las mujeres que han sido asesinadas o sufrido agresiones, como fue el caso de la saxofonista María Elena Ríos.
Cantan para denunciar
La lluvia comenzó; sin embargo, continuaron su camino hasta llegar al atrio del templo de Santo Domingo donde las jóvenes se reunieron para entonar la “Canción sin miedo”, de Vivir Quintana, la cual habla de los feminicidios, las desaparecidas y llama a las mujeres y al Estado a tomar acción contra estos flagelos.
Cabe recordar que esta canción fue lanzada el 7 de marzo pasado en el marco del Día Internacional de la Mujer en el cual cientos de mujeres salieron a las calles a manera de protesta para denunciar todas las formas de violencia de género, acción que se repitió en esta ocasión.
Tras ponerse de acuerdo, manteniendo su distancia, con paraguas en mano o impermeables, las mujeres feministas comenzaron a entonar los versos de la canción en la que también invitaron a las paramédicas a participar.
“A cada minuto de cada semana, nos roban, amigas, nos matan, hermanas; destrozan sus cuerpos, desaparecen. ¡No olvide sus nombres, por favor, señor Presidente!”, cantaron a todo pulmón las chicas, que aunque conformaban un grupo más pequeño, tuvieron la atención de turistas y personas que se encontraban en el lugar.
Después de cantar un par de veces, el pequeño grupo se esparció, no obstante, cada una se llevó la tarea de reunirse esta vez a través de Facebook en punto de las 22:50 horas para volver a entonar “Canción sin miedo”, esto previo al Grito oficial de Independencia que realizó el Presidente desde Palacio de Gobierno.
A la fecha aún no se sabe el porqué del desabasto, ya que las cuadrillas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) no han encontrado el problema pese a que solo es una cuadra de afectación.
Los habitantes del lugar narraron que desde el viernes interpusieron los reportes correspondientes, pero fue hasta el lunes que el Siapa envió una cuadrilla de trabajadores a revisar la zona. Los empleados no encontraron el problema y se retiraron con la promesa de que ayer quedaría resuelto el desabasto.
Ayer acudió otra cuadrilla, inicio un diagnóstico del asunto y el resultado fue el mismo: no se encontró la causa.
Vecinos de la zona detallaron que el personal del Siapa les dijo que lo ideal era abrir la calle para revisar toda la tubería, aunque también les aclaró que si accedían se tendrían que encargar de pagar la reparación y no el Siapa. De lo contrario, tendrían que seguir a la espera de que el líquido volviera.
Al fijarse dicha condicionante, los afectados acudieron a este medio de comunicación para hacer público lo que consideraron como una injusticia. “El Siapa es el responsable de que tengamos agua potable, los pagos los tenemos todos al corriente”, expresó uno de los habitantes.
Los habitantes también expusieron que desde el inicio de semana han solicitado pipas, pero el Siapa se ha negado a proceder bajo el pretexto que hay más colonias afectadas y no alcanzan a surtir a todas las zonas.
El 5 de mayo del 2020 dejó de latir corazón Jaime Montejo, ahora vive en cada acción, legado de emancipación y lucha que la Brigada le ha otorgado a las personas que se dedican al trabajo sexual.
Velar por salud sexual y los derechos de las trabajadoras que se dedican al sexoservicio es posible incluso después de la muerte, así lo hace Jaime Montejo Bohorquéz con el cómic “Trabajo sexual en tiempos de COVID-19”, donde se explica qué es, cómo actúa el Sars-COV-2, medidas de preventivas frente a la enfermedad, así como mitos y realidades.
El 5 de mayo del 2020 dejo de latir corazón del encargado de comunicación y fundador de la organización civil Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer Elisa Martinez, aunque Jaime Montejo vive en cada acción, legado de emancipación y lucha que la Brigada le ha otorgado a las personas que se dedican al trabajo sexual.
Días antes de que Montejo Bohorquéz enfermara de COVID-19 escribió: “quisiéramos estar en cuarentena, sobre todo quienes tenemos padecimientos crónicos cómo diabetes, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, VIH o cáncer, entre otros más, pero no podemos dejar de garantizar un piso mínimo de soporte vital, a quienes le debemos la existencia de nuestra organización”.
Tres días antes de ingresar al Hospital General Jaime Montejo recorrió 18 hospitales buscando atención médica, él junto con su compañera de vida, Elvira Madrid Romero, presidenta de la Brigada, se habían contagiado de COVID-19. El punto exacto donde contrajeron el virus se desconoce pero pudo haber sido cualquier de los sitios donde brindaron atención a las trabajadoras sexuales pues estuvieron entregando despensas, comida preparada, medicamentos y atendiendo a quienes se sentían mal en la vía pública, el repentino cierre de hoteles donde vivían y laboraban personas dedicadas al comercio sexual orillo a ellas y a sus familias a las calles quedando totalmente vulnerables frente a la pandemia. No obstante Elvia y Jaime nunca abandonaron a la población a quienes deben 30 años del trabajo de la Brigada.
Foto: somoselmedio.com
La presentación de Comic
Vitoreando un “Jaime no murió el estado lo mato” y un con un “Jaime, Jaime rarara”, las trabajadoras sexuales terminaron con la lectura colectiva del cómic que retrata en su portada sus últimos días de Montejo, donde portan una careta protectora mientras le explica las trabajadoras sexuales qué es y cómo deben protegerse del Coronavirus.
El cómic es un homenaje a la vida y lucha de Jaime, en sus páginas se explica “el coronasutra” que son siete posturas sexuales cómodas y seguras para evitar la exposición al COVID-19, en cada una se mantiene una distancia de más de un metro y medio entre los participantes en el acto sexual y se evita el contacto con la cara. El Kamasutra adaptado a los tiempos de COVID ha sido una técnica que la Brigada ha difundido para que las trabajadoras sexuales puedan seguir laborando sin sobre exponerse al virus.
En las viñetas del cómic un condón caricaturizado y protegido con su respectivo cubrebocas explica que hacer en caso de vivir con una persona contagiada de SARS-Cov-2, aclara rumores alrededor de a las mascotas y advierte de los peligros al ingerir dióxido de cloro.
Al final del cómic Jaime Montejo sugiere consultar la página de la Organización Mundial de la Salud para ampliar la información respecto al Coronavirus. La editorial de la Agencia de Noticias Noti-Calle (medio que fundo Jaime) fueron las últimas líneas que escribió Montejo y ahora quedaron plasmadas en la historieta: “si el Estado no satisface esas necesidades básicas entre las nadie, la organización comunitaria horizontal sin cacicazgos ni clientela debe defender el libre desarrollo de su vida, a costa de su propia integridad, ya que nada tenemos que perder”, escribió Montejo Bohorquéz.
Campaña de cómics
La Brigada Callejera encontró en los cómics la fórmula adecuada para lograr que poblaciones vulnerables leyeran sobre diversos temas. Desde el 2004 la organización Brigada Callejera inició la campaña «La trata no es cuento: Disfruta, aprende y actúa. Cómics contra la trata». Con la estrategia de las historietas contra la trata la organización no gubernamental busca combatir y prevenir el tráfico sexual.
Los cómics abordan temas como: la trata de personas, el trabajo sexual, los feminicidios, el uso del condón y las enfermedades de transmisión sexual. El título de «Trabajo sexual en Tiempos de Covid-19» ya se puede consultar en línea y en los apoyos de despensas a trabajadoras sexuales o consultas en la Brigada Callejera se regala el impreso entre las asistentes que hoy a casi de seis meses de la declaratoria de la emergencia sanitaria en México siguen buscando cómo subsistir frente a las carencias que ha dejado la pandemia.
Guadalajara, 16 de septiembre. Esta tarde en la Glorieta de los y las Jaliscienses Ilustres, en Guadalajara, mujeres realizaron «La Antigrita» donde exigieron justicia por los feminicidios y las desapariciones en este estado.
Las colectivas feministas que se reunieron en este lugar, realizaron intervenciones a las estatuas y gritaron consignas mostrando los nombres y fotografías de mujeres víctimas de feminicidio o desaparecidas.
Lorena García / La silla rota Veracruz
En manifestación portaron banderas de México y quemaron un muñeco de tela que representaba al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador
Veracruz, Ver.- Congregadas en el Zócalo de Veracruz, activistas de los derechos de las mujeres realizaron el “antigrita”, para protestar por las víctimas de violencia feminicida en México y el Estado.
“Vivan las madres que han buscado a sus desaparecidas, vivan las madres que luchas por exigir justicia, vivan nuestras ancestral que lucharon por nuestros derechos, vivan las heroínas de nuestra historia” expresaron.
En manifestación portaron banderas de México y quemaron un muñeco de tela que representaba al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
A la vez lanzaron vítores por todas las mujeres que han luchado por los derechos de sus iguales a lo largo de la historia.
Las manifestantes acudieron vestidas de negro con insignias moradas y verdes, además de cartulinas y pancartas donde exigían justicia y respeto a los derechos de la mujer.
A la vez demandaron a las autoridades aplicar el estado de derecho para las mexicanas y brindarles seguridad, respetar sus derechos humanos y dar justicia por las víctimas de violencia.
En la quema del muñeco gritaron a coro: “no se va a caer, lo vamos a tirar” y “jarocha, alertas”.
Elementos de la Marina Mercante explican porque no apoyan la militarización que para ellos resulta inminente tras las reformas planteadas
Veracruz, Ver.- La militarización del transporte marítimo podría ser inminente tras las reformas propuestas al Congreso de la Unión, las cuales promueven cambios en la Ley orgánica de la Administración Pública Federal en Navegación y Comercio Marítimos y de Puertos, opinaron marinos mercantes y pilotos navales de Veracruz quienes se manifestaron inconformes y preocupados.
Una de las razones principales por las que concuerdan en que es un “riesgo” dicha militarización, son las múltiples señalamientos que exhiben violaciones a derechos humanos perpetrados por militares, quienes cuentan con “un fuero militar” que impide que la corrupción avance, aseguró el secretario del Trabajo de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales, Antonio Rodríguez Fritz.
De continuar el proceso de militarización, explicó, más sectores de la industria productiva de México llegarían a manos de militares, como lo fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y ahora con la Marina Mercante.
“¿Qué va a seguir después?, los medios de comunicación, el transporte ferroviario ya tiene militares, el transporte aéreo tiene militares en el aeropuerto, el transporte marítimo lo quiere pasar a la Armada de México, carreteras a la SEDENA, estamos viendo cómo se están entregando” aseveró Rodríguez Fritz.
Por ello, marinos y pilotos Mercantes buscarán participar en el Parlamento Abierto que se realiza en el Congreso de la Unión, donde manifestaran los puntos que sustentan su inconformidad, sin embargo sabe que serán pocas voces las voces que permitirán ingresar a ese espacio.
“Es inaceptable que un tema que significa la militarización de nuestra patria tenga sólo una o tres personas de la sociedad civil que puedan hablar” reprochó.
Por Esto!
Agrupaciones feministas de Yucatán tomaron de manera simbólica las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (CODHEY) como protesta por la violencia de género que se viven en la entidad. Criticaron que las autoridades no han tomado acciones para evitar que se cometan asesinatos de mujeres.
Con pancartas en mano, las inconformes bloquearon la entrada principal del edificio ubicado en la Colonia México de la capital yucateca.
Incluso, usaron una cinta amarilla para representar la toma de las mencionadas oficinas. También gritaron consignas como “señor, señora, no sea indiferente. Matan a las mujeres en la cara de la gente”.
Las manifestantes consideraron que las autoridades yucatecas no han tomado las medidas necesarias para combatir la violencia de género en el estado.
Cabe mencionar que en lo que va del 2020, ocho mujeres han sido asesinadas en Yucatán. De estos casos, 5 fueron tipificados como feminicidios por parte de la Fiscalía General del Estado.
Esta movilización se une a las protestas similares realizadas en todo el territorio nacional, luego de que en días pasados fueran tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ubicadas en la Ciudad de México, por madres de víctimas de feminicidios y niñas que fueron abusadas sexualmente.
Pie de página / Texto: Daniela Rea / Fotos: Cuartoscuro / Video: Gabriela Jaúregui.
Hace un año la saxofonista María Elena Ríos fue atacada con ácido y los responsables no han sido castigados. Un grupo de mujeres cantó para acompañarla y exigir la detención de Juan Antonio Vera Hernández, quien sería el segundo autor intelectual del crimen.
El 9 de septiembre de 2019 la saxofonista María Elena Ríos fue atacada con ácido, en el estado de Oaxaca. A un año del ataque -que le hizo perder piel de su rostro, pecho, brazos y piernas- los responsables no han sido castigados.
Por eso, por ese ataque, por la impunidad, el grupo de mujeres El Palomar, músicas como Malena, y las mujeres de Colectiva Presentes acudieron la mañana de este lunes a las oficinas de la representación del gobierno de Oaxaca, en la colonia Anzures de Ciudad de México, para exigir justicia, para cantar, para decirle a Malena que no está sola.
“El feminicidio se encuentra impune y nos pone en peligro a todas. Exigimos que la Fiscalía de Oaxaca y el fiscal Rubén Vasconcelos se haga responsable y cumpla la orden (de aprehensión) contra (Juan Antonio) Vera Hernández (hijo del ex diputado y segundo autor intelectual del crimen). ¿Por qué no se ha cumplido la orden de aprehensión? ¿Por qué la Fiscalía protege a Vera Hernández?”, leyeron en un pronunciamiento las mujeres de Colectiva Presentes.
En su pronunciamiento las mujeres de Colectiva Presentes retomaron las palabras de María Elena Ríos: “En México ser mujer pareciera ser una desgracia, no encontramos apoyo en las instituciones”.
Posteriormente, Verónica Ortiz, integrante del coro de mujeres El Palomar, dijo a Pie de Página:
“Ha pasado un año desde que atacaron a Male y a nosotras, lo que nos parece importante es mostrar nuestra solidaridad con ella, que sepa que no está sola y que mujeres de su profesión, de su comunidad que es la música, estamos con ella. Este es un gesto de amor, acompañamiento, solidaridad”.
“Nos indigna mucho lo que ocurrió y más que no nos escuchen y que este crimen esté impune, porque quien lo perpetró no está detenido, (está) impune, porque el que lo perpetró no está detenido, hay orden de aprehensión que no se ha cumplido. Eso es indignante y quisimos reunirnos y expresar esto, nuestra indignación porque no hay justicia”, explicó Verónica.
“En el contexto de inseguridad e impunidad para las mujeres sentimos que es un momento de estar en un lugar muy definido, es una responsabilidad muy grande poder expresar dónde estamos y nuestra postura en contra de la violencia que vivimos como mujeres y nuestro rechazo a que esto continúe y nuestro llamado a que las autoridades cumplan con su trabajo. Sentimos eso, que es un momento de manifestarse, de decir dónde estamos paradas como mujeres y nosotras como El Palomar, estamos paradas del lado de las mujeres, de la justicia ante lo que han sufrido a su integridad moral, física”.
Las oficinas donde fue el encuentro estaban rodeadas de policías. Ahí, Vivir Quintana y El Palomar cantaron en honor a Malena y todas las mujeres víctimas de violencia.
Ex diputado priista y su hijo, agresores
El responsable del ataque es el empresario y ex diputado priista Juan Antonio Vera Carrizales, quien fue jefe de María Elena y la había amenazado en constantes ocasiones.
El 26 de diciembre de 2019, un juez emitió una orden de aprehensión por tentativa de feminicidio en contra de Vera Carrizal, quien al día siguiente interpuso un recurso de amparo para evitar su detención. Ese mes también fueron detenidos dos autores materiales, Ruvicel H. R y su papá Ponciano H., quienes habrían recibido 30 mil pesos para rociar el ácido en contra de la joven.
En abril del 2020 fue detenido el ex diputado priista Vera Carrizal. A la fecha, otro de los autores sigue libre, se trata de Juan Antonio Vera Hernández, hijo del ex diputado y quien habría sido el segundo autor intelectual y contra quien existe una orden de aprehensión.
El 18 de julio fue la última vez que Araceli Rodríguez, madre de Daniel Rodríguez Sandoval, tuvo noticias de él. Se dirigía junto con Bryan Medina a Teocaltiche con motivos de trabajo. No regresaron y al día de hoy, dos meses después, se desconoce el paradero de ambos.
Los familiares se han encargado de realizar investigaciones y búsqueda por su cuenta ya que las autoridades no tienen avance alguno en el caso.
“No nos han dado ninguna respuesta en Fiscalía (del Estado). Les hemos llevado información, les hemos llevado todo y no tenemos ninguna respuesta. Ya va para dos meses (de la desaparición de) nuestro hijo y no tenemos ninguna noticia de nada. No sabemos si en realidad están investigando o no están investigando”.
Señaló la madre de Daniel que, ante la negativa de la autoridad por trabajar en la búsqueda de su hijo, apelan a la ciudadanía y es por esto que realizan manifestaciones. Piden a las personas colaborar en la búsqueda no solo de Daniel y Bryan, sino de los miles de desaparecidos que hay en el estado.
“Este ya es el pan de cada día. No solamente es mi hijo, no solamente es el chavo con el que se fue. Es muchísima gente la que está desapareciendo y es todos los días. Solamente manifestándonos nos escuchan, nos han dicho que no nos manifestemos, que no hay la necesidad de esto, pero si no tenemos respuesta, vamos a tener las manifestaciones”.
Los familiares de Daniel y Bryan han viajado incluso al municipio de Teocaltiche y comunidades cercanas en búsqueda de sus desaparecidos, sin embargo, la respuesta ha sido nula. La última comunicación fue el 18 de julio a las 5 de la tarde, afirmaron que el vehículo en el que viajaban se descompuso. A partir de ahí, no se supo nada.
Tuvieron indicios en redes sociales de haberlos visto en Jalostotitlán, un municipio cercano a Teocaltiche, sin embargo, no los encontraron ahí tampoco y las autoridades municipales se negaron a colaborar en la búsqueda, denunciaron. El viernes se cumplirán dos meses y los familiares no pierden la esperanza, pese a la actitud de la burocracia jalisciense.
Samuel Estrada/El Universal San Luis Potosí
15 septiembre 2020
Durante los meses de confinamiento estricto, derivado de las recomendaciones sanitarias por pandemia por Colvid-19, incrementaron las denuncias por desaparición de personas en San Luis Potosí, así lo reveló el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Jesús Juárez Hernández.
Precisó “nosotros esperábamos que bajaran los reportes, puesto que finalmente habría más personas en sus casas, pero en realidad subieron alrededor de un 10 por ciento, estamos recibiendo actualmente entre 70 y 80 reportes por no localización mensuales y durante los meses del confinamiento se llegaron a recibir entre 80 y 100”.
Dijo además que evidentemente se concentran más los reportes en la zona metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí, pero en realidad si se reciben reportes de todas las regiones del estado, en el caso por sexo y edad hay una mayor prevalencia de reportar desapariciones de mujeres hasta en un 60 por ciento y varones un 40 por ciento.
Añadió que la mayoría de los reportes son de mayores de edad, los reportes de menores de edad no localizados son minoría y regularmente tienen más que ver con controversias de tipo familiar.
En su informe, la Comisión también destacó que las desapariciones relacionadas al crimen organizado corresponde a 5 por ciento del total de denuncias.
Este martes, organizaciones feministas tomaron simbólicamente las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Morelos para exigir un alto a los feminicidios, la desaparición de mujeres y la violación de jóvenes y niñas, así como la falta de legislación para aprobar el aborto en todo el país y en la entidad.
Las activistas de la Red Colectivas del Estado de Morelos marcharon ataviadas de negro, verde y morado desde la zona de Buena Vista al norte de la capital morelense y recorrieron la avenida Emiliano Zapata, cargando una bandera morada y pendones con consignas que claman justicia y “Ni una menos”.
“No olvidamos a ninguna”, refería una de las cartulinas. “Esto es pelear como niña”, “el Gobierno no me cuida, me cuidan mis amigas”, “no están perdidas, fueron desaparecidas para ser prostituidas”, entre otras frases, fueron las que resaltaron durante la movilización.
Al mismo tiempo hicieron pase de lista de las mujeres que participaron durante la lucha de la Independencia de México y enunciaron “a cada una de las heroínas que nos dieron matria”.
También llamaron al fiscal general, Uriel Carmona Gándara, a dar resultados oportunos en los casos de feminicidios, desaparición de mujeres y violaciones ocurridas en la demarcación.
Asimismo, sumaron la exigencia para esclarecer el asesinato del activista indígena Samir Flores Soberanes, quien era opositor a la termoeléctrica en Huexca, Yecapixtla.
También reclamaron que se otorgara sentencia mínima a los feminicidas de Mariana Leticia “N”, de 21 años, quien era estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y fue asesinada brutalmente en mayo de 2019 por dos excompañeros, esto por negarse a tener relaciones sexuales con ellos.
En este acto, las organizaciones reprocharon la agresión policiaca hacia sus compañeras activistas que se manifestaron en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de México.
Al bloquear los accesos de la FGE, el contingente de feministas cubrió una patrulla de la Policía Morelos con la bandera morada. Después colocaron en la entrada un letrero grande color purpura con la leyenda: Justicia, nosotras no olvidamos, nosotras no perdonamos y colocaron algunas cartulinas en contra del machismo, acompañados del hashtag #FuimosTodas.
Actualmente, Morelos suma más de 400 feminicidios desde 2015 a la fecha y tiene ocho municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), por lo que autoridades estatales y organizaciones civiles han pedido a la Federación que la AVG, sea emitida en todo el estado.
Orizaba, Ver.- La búsqueda de los desaparecidos en Veracruz es simulada, pues ni el gobierno estatal ni las instituciones que fueron creadas para ello los buscan, aseveró Ana Lilia Jiménez Sandoval, integrante del Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba.
Por ello, pese a la emergencia sanitaria que prevalece, y porque las personas desaparecidas también son parte de la sociedad, convocó a una marcha este próximo domingo 30, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
El punto de reunión, dijo, será el atrio de la parroquia de Santa Gertrudis, junto al Cementerio Municipal de donde saldrán a las 12 horas. Caminarán por la Avenida Oriente 6 hasta llegar al Poliforum.
A quienes quieran participar les piden llevar una lona o fotografía de su ser querido desaparecido. “A nosotros nos hacen falta, por eso, hoy nuevamente tomamos las calles para gritar justicia y que les queremos de vuelta”, dijo.
La marcha, puntualizó, la harán con todas las medidas que requiere la pandemia, es decir, es obligatorio para quienes participen en ella usar cubrebocas, guardar la sana distancia y se les pide, además, llevar gel antibacterial para su uso personal.
Desde que comenzó la pandemia, hace seis meses, los cientos de familias que resienten la desaparición de alguno de sus miembros suspendieron la búsqueda de los mismos porque no existen las condiciones óptimas que les permitan continuar su lucha, sin embargo, ahora exigirán a las autoridades que hagan su trabajo.
CHILPANCINGO, Gro. (apro). – Feministas tomaron las oficinas de la delegación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Guerrero, así como la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) para exigir justicia ante la ola de violencia contra mujeres y la omisión de los representantes de estos organismos frente a casos de víctimas de feminicidio y desaparición forzada.
La protesta simultánea se realizó esta mañana en el puerto de Acapulco y la ciudad de Chilpancingo, donde las manifestantes clausuraron de forma simbólica las oficinas de la CNDH y la Codehum.
Actualmente, la Codehum la preside Ramón Navarrete Magdaleno, un personaje que ha sido exhibido públicamente por su sometimiento al gobernador Héctor Astudillo Flores y el silencio que guarda ante las constantes violaciones a los derechos humanos en la entidad.
“Las mujeres no podemos y no estamos dispuestas a seguir callándonos, exigiremos nuestros derechos y si las instituciones que están encargadas de garantizarlos no sirven, nosotras las tomaremos”, sentenciaron las inconformes.
A través de un comunicado, las feministas exigieron a los representantes de los organismos dar acompañamiento y continuar la investigación de los casos de mujeres vulneradas en sus derechos humanos por servidores públicos.
Así como acompañar a familiares de desaparecidas y aplicar el protocolo de género en las búsquedas que se realizan en fosas clandestinas.
“Es caótico buscar a una desaparecida entre cientos de cadáveres de hombres muertos en sus guerras”, indica el comunicado de los colectivos feministas.
También, demandaron transparencia en los recursos millonarios que envía el gobierno federal a Guerrero para el tema de la Alerta de Violencia de Género que opera directamente el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
Incluso, pidieron la destitución del personal de Fiscalía General del Estado (FGE), que se niegue a emitir una ficha de búsqueda de una mujer desaparecida.
Las manifestantes recordaron que esta acción en Guerrero forma parte del movimiento Okupa que surgió en la Ciudad de México tras la toma de las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico de la capital de la República ante el hartazgo de las feministas al ver recrudecida “la violencia patriarcal y la constante impunidad en la que operan los machos, llámese estado mexicano, instituciones de impartición de justicia, o defensorías de los Derechos Humanos”, indicaron.
“Hartas de solo ser piezas de ajedrez en su tablero, nos convocamos a ocupar poco a poco los espacios, las mujeres tenemos derecho a tener derechos y en un estado omiso será difícil conseguirlo. Ni perdón ni olvido”.
Luego, hicieron un llamado a la rebelión contra el Estado y anunciaron que las feministas en el país y el estado de Guerrero están en resistencia.
El próximo año, el gobierno mexicano mantendrá el gasto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en proyectos que requieren fractura hidráulica del subsuelo, técnica también conocida como fracking.
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió no usar fracking para extraer petróleo y gas, la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) recibirá 4,755 millones de pesos (mdd) para el proyecto Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec), detalló la empresa en su programa de inversiones, de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2021.
El área se ubica en los estados de Veracruz y Puebla. Incluye 29 campos productivos de aceite y gas asociado. Se divide en ocho sectores: Soledad-Coyotes, Aguafria Coapechaca, Tajin-Corralillo, Presidente .Aleman-Furbero, Sitio-Tenexcuila, Amatitlán-Agua Nacida, Coyol Humapa y Miquetla-Miahuapan.
El gobierno autodenominado como “La Cuarta Transformación” también presupuestó 2.4 millones de pesos para un proyecto de aceite y gas en rocas lutitas en las provincias petroleras de Sabinas, BurroPichachos, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y Chihuahua.
“Su objetivo es evaluar los plays no convencionales de aceite y gas en lutitas de edad Cretácico y Jurásico”, precisó PEP.
El documento señaló que este proyecto prevé un potencial petrolero (recursos prospectivos) por 60,200 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
Aunque se trata de un desembolso marginal, hacia 2022, Hacienda contempla otorgarle a este proyecto 14,486 millones de pesos (mdp).
López Obrador se ha opuesto a la extracción de hidrocarburos con fractura hidráulica por las grandes cantidades de agua que requiere. Múltiples organizaciones no gubernamentales han acusado a la industria del fracking de provocar contaminación de mantos acuíferos, inyección de químicos tóxicos en el subsuelo, incluso sismos.
El político tabasqueño se comprometió a no emplear dicho método de extracción durante su primer día como presidente. Incluso, un año después presumió que el compromiso número 75 se había cumplido.
“A la fecha, no se ha recurrido a métodos como el fracking”, declaró el poder ejecutivo en un documento sobre el avance de sus compromisos presidenciales.
Nuestro país produce 195,000 barriles diarios de petróleo en campos terrestres gracias a la fractura hidráulica, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Con dolor y rabia denunciamos el cobarde ataque en el que fue asesinado el compañero Pedro Alejandro Jiménez Pérez, del ejido Tila, Chiapas el pasado día 11 de septiembre, cuando el grupo paramilitar Paz y Justicia junto con personas allegadas al Ayuntamiento municipal, atacaron con armas de grueso calibre a la población de Tila que, por acuerdo de la asamblea general, se dirigía a liberar los bloqueos que estos grupos habían instalado en los accesos a la cabecera del ejido para cercar a nuestro pueblo, donde los paramilitares habían destruido un portón de seguridad el pasado 25 de agosto.
Además de ser asesinado el compañero Pedro Alejandro, en dicho ataque resultaron heridos por armas de fuego Medardo Pérez Jiménez, Ángel Vázquez Ramírez y Jaime Lugo Pérez.
Denunciamos que el jefe paramilitar Arturo Sánchez Sánchez, su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez, junto con el presidente municipal Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, se han dedicado a fortalecer y promover la acción de grupos armados para acabar con la autonomía del ejido Tila y despojarlo de un supuesto fundo legal para poner su centro de corrupción y pudrición y abrir la puerta al control narco paramilitar.
Mediante el despojo territorial y con el apoyo de los tres niveles del mal gobierno, quisieran acabar con la autonomía que tanto ha costado al pueblo chol de Tila, el cual es y será reconocido plenamente por el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno.
Estos ataques, se enmarcan en el incremento de la actividad de grupos armados y la proliferación de paramilitares en torno a las comunidades que conforman el Congreso Nacional Indígena en Chiapas y las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que intentan cercar, aterrorizar, desplazar y desmantelar a los pueblos organizados.
El partido Morena-Verde-PRI, que es uno solo, se ha dedicado a apoyar la violencia, a querer sembrar la división, a armar a los enemigos del pueblo y a anunciar, con sus cobardes ataques, la agudización de la guerra; que tiene por objeto acabar con la vida colectiva de los pueblos, con la digna resistencia que protege a nuestra madre tierra y, como CNI-CIG, actuaremos en consecuencia y solidaridad al ejido Tila.
Denunciamos la cínica complicidad del gobierno del estado y el gobierno federal, quienes son responsables de la violencia que crece, y llamamos a al pueblo de México, a los pueblos del mundo a alzar la voz para parar la tragedia que se avecina.
Atentamente
Septiembre de 2020
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más un México Sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno
Ciudad de México, 14 de septiembre de 2020. Casi dos años después de la notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, la investigación penal sigue fragmentada debido a la negativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de aceptar la atracción del caso al fuero federal, denunciaron ayer las sobrevivientes de los hechos y sus representantes legales.
Por esta razón, el pasado 8 de julio las mujeres promovieron un juicio de amparo contra la Fiscalía estatal, exigiendo que la investigación sea unificada en la Fiscalía General de la República (FGR), “la cual tiene competencia sobre la totalidad de los hechos al tratarse de un operativo policial conjunto federal-estatal en el que agentes de ambos fueros colaboraron en la comisión de tortura contra las mujeres”, afirmaron.
“Como se reconoce en la sentencia de la Corte IDH, las mujeres sufrieron delitos a manos de agentes federales y estatales que actuaron de forma coordinada en un operativo acordado, planeado y supervisado conjuntamente por funcionarios federales y estatales; en dicho operativo, la violencia sexual sufrida por las once mujeres no fue aislada, sino que se enmarca dentro de un patrón que se dio a lo largo de todo el operativo”, advirtieron en un comunicado emitido ayer.
Desde septiembre de 2019, la FGR notificó a la Fiscalía de Edomex su ejercicio de la facultad de atracción para unificar el expediente en el fuero federal. Sin embargo, la Fiscalía de Edomex no contestó el requerimiento de la FGR durante casi ocho meses. Tras el envío de una serie de recordatorios, en mayo de 2020 la Fiscalía local contestó formalmente que no reconoce la competencia federal sobre el caso, aduciendo que los delitos cometidos en Atenco no serían conexos. En otras palabras, la teoría de la Fiscalía local sería, esencialmente, que las distintas fuerzas policiales cometieron delitos de forma separada, versión que no corresponde al ampliamente documentado operativo conjunto en Atenco.
“La sentencia de la Corte IDH expone de manera detallada cómo la investigación penal abierta en el Estado de México cuenta con una serie de deficiencias y no ha brindado acceso a la justicia. Ahora, el intento de obstaculizar la unificación de la investigación en la FGR confirma que la Fiscalía local no actúa de manera diligente para procurar la justicia por las graves violaciones cometidas en Atenco”, advirtieron.
El juicio de amparo promovido por las mujeres fue admitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, quien celebró la audiencia constitucional correspondiente el pasado 3 de septiembre de 2020.
“Esperamos que el Estado tome todas las medidas necesarias en este sentido para avanzar hacia su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables de los hechos, tal como indica la sentencia de la Corte IDH”, finalizaron.
Según Artículo 19, en México se agrede a la prensa cada 10.75 horas. Foto: Cuartoscuro.
Redacción / Sin embargo
El mayor número de agresiones provienen de algún funcionario público
A pesar de que el año anterior fue considerado como el más violento para el periodista, con un total de 609 agresiones, los reportes de Artículo 19 reflejan que “hoy se agrede a la prensa cada 10.75 horas”. Es decir, la cifra que se ha alcanzado este 2020 representa un 66 por ciento de la marca total del año pasado.
Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- Las agresiones hacia periodistas y medios de comunicación en México se incrementaron en un 45 por ciento de enero a junio del 2020, según reportó Artículo 19.
A través de un comunicado, la organización detalló que durante el primer semestre de este año se registraron 406 ataques contra la prensa mexicana, lo que representa un alza del 45 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2019, en el que se reportaron 280.
A pesar de que el año anterior fue considerado como el más violento para el periodista, con un total de 609 agresiones, los reportes de Artículo 19 reflejan que “hoy se agrede a la prensa cada 10.75 horas”. Es decir, la cifra que se ha alcanzado este 2020 representa un 66 por ciento de la marca total del año pasado.
⚠️ Cada 10.75 horas se agrede a la prensa en México 🇲🇽.
Esto es resultado del aumento del 45% en agresiones contra periodistas. De enero a junio de 2020 se registraron 406, mientras que en 2019 fueron 280 en el mismo periodo.https://t.co/xVI8vV5dnBpic.twitter.com/4g62k4uJh0
“Como comparativo, este primer semestre de 2020 ya superó el total de agresiones documentadas en todo 2015. De continuar esta tendencia, el 2020 sería el año más violento para la prensa desde que Artículo 19 tiene registro”, se lee en el documento.
Los ataques a reporteros se han reflejado principalmente en amenazas. Tan sólo en este primer periodo del año se registraron 96 amenazas, de las cuales 40 fueron amenazas de muerte. Esta cifra representa un 26 por ciento más que el año anterior.
Las intimidaciones y hostigamientos aumentaron en un 40 por ciento, con una cifra de 91 casos. Particularmente, las campañas de desprestigio se duplicaron, pues en 2019 se anotaron 39 casos en todo el año. Esta vez, sólo en la primera mitad del 2020, se han reportado 36 agresiones.
También se tiene registro de 61 bloqueos informativos y alteraciones de contenido.
Los ataques físicos aumentaron en un 80 por ciento, con un reporte de 47 casos expuestos entre enero y junio de este año. Sin embargo, hay otros casos que no han terminado ahí.
Las agresiones en México se han incrementado en un 45 por ciento. Infografía: Artículo 19.
Tan sólo el 9 de septiembre, fue asesinado el periodista Julio Valdivia, en Tezonapa, Veracruz. Este caso fue el último reportado, el cual se suma a las muertes de María Elena Ferral, ocurrido el 30 de marzo también en Veracruz; Jorge Armenta, el 16 de mayo en Sonora, y Pablo Morrugares, asesinado el 2 de agosto en Guerrero.
En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador se han asesinado a 15 periodistas en total.
ESTADOS MÁS VIOLENTOS
Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo son los estados que encabezan la lista, con más agresiones documentadas. En ellas se concentra el 48 por ciento de las agresiones totales.
En la capital del país la cifra pasó de 27 a 64, en comparación con el mismo periodo del año anterior. La organización especificó que alrededor del 30 por ciento de éstas, fueron cometidas por funcionarios del Gobierno federal.
Agregó que los ataques cometidos por autoridades federales se triplicaron a nivel nacional.
Puebla muestra un alarmante incremento, ya que pasó del décimo lugar de la lista a ser el segundo, con 49 agresiones contra la prensa.
Detalló que en este año Artículo 19 ha emitido siete alertas “vinculadas a agresiones contra periodistas perpetradas por funcionarios públicos en el estado”.
“Comparando con los primeros seis meses del año pasado, Oaxaca reportó un número similar de agresiones pasando de 33 a 32. Veracruz redujo de 33 a 26 los casos documentados. Este último acaba de llegar a 30 asesinatos de periodistas desde el año 2000”, expuso.
¿QUÉ CAUSA LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS?
De acuerdo con Artículo 19, el aumento de estas agresiones se relaciona con la “intolerancia de los funcionarios públicos” al ser expuestos y sometidos al escrutinio público “particularmente vinculado a la pandemia, la represión de protestas, así como la captura del poder público por el crimen organizado”.
“Con 199 agresiones documentadas, casi uno de cada dos agresiones es perpetrada por funcionarios públicos”, añadió.
Otro de los factores que ha propiciado la violencia contra los periodistas es la respuesta y crítica a la que los gobernantes están expuestos por la pandemia de la COVID-19, pues tan sólo en este primer semestre la organización documentó “al menos 68 agresiones contra periodistas y medios durante la cobertura de la pandemia”.
El camino que una mujer tiene que recorrer para obtener medidas de protección, justicia y reparación integral del daño es largo, sinuoso y muy tormentoso porque las autoridades, más allá de brindar una atención y dar un acompañamiento adecuado, hacen que el proceso sea más pesado, narró Karla García, víctima de violencia.
Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).– Karla Diana García tiene cinco carpetas de investigación abiertas en laFiscalía Generalde Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) contra su expareja, quien la golpeó, amenazó e intentó asesinarla. Pero a más de un año de la última agresión, ella sigue sin obtener justicia.
El camino que una mujer tiene que recorrer para obtener medidas de protección, justicia y reparación del daño es largo, sinuoso y muy tormentoso porque las autoridades, más allá de brindar una atención integral y dar un acompañamiento adecuado, hacen que el proceso sea más tedioso y pesado por la apatía, insensibilidad, ineficacia y la revictimización hacia las víctimas de violencia, compartió Karla Diana en entrevista con SinEmbargo.
García, de 36 años de edad, es una de las mujeres víctimas de violencia que se encuentra en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH), en la capital del país, que las colectivas adaptaron como refugio para mujeres víctimas de violencia al que denominaron “Ocupa Casa Refugio Ni Una Más”.
“Mi agresor me violentó emocional y físicamente: me mordió, intentó asfixiarme, intentó atropellarme y se quiso llevar a la fuerza a mi hijo. El hecho de sentir ese miedo constante y que las autoridades no han hecho nada es lo que me tiene aquí (en la “Ocupa Feminista”), dijo a este diario digital.
El hartazgo por la inseguridad, la violencia de género, las malas investigaciones en los casos y la deficiente atención a las víctimas ha desatado, desde el año pasado, múltiples manifestaciones feministas. Sin embargo, la impunidad que persiste en la violencia de género movió a feministas y madres de víctimas a tomar las instalaciones de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
LA HISTORIA
Karla conoció a su expareja en 2017 cuando ingresó a un equipo de futbol americano. Luego de salir por un tiempo, se hicieron novios y decidieron vivir juntos.
“Los dos teníamos una edad necesaria, estabilidad económica y los mismos gustos, eso fue lo que me hizo creer que había encontrado al hombre perfecto, al amor de mi vida y me fui a vivir con él”, narró la joven.
Al inicio de la relación todo parecía marchar bien, pero al poco tiempo del concubinato el agresor celópata comenzó a violentarla. “Él revisaba mi celular y me insultaba. Al principio sólo eran agresiones verbales, me decía que era una india, una puta; siempre me decía que era una puta”, recordó.
Los episodios de violencia aumentaban con el paso del tiempo; cada vez eran más frecuentes y más agresivos. “Cuando yo me embaracé fue el parteaguas de todo, porque me dijo que el niño no era su hijo, que yo era una puta”, platicó.
El embarazo de Karla fue de alto riesgo debido a una agresión del hombre, quien la empujó y lastimó cuando ella estaba en los primeros meses de gestación. Karla intentó alejarse de su agresor y se mudó con sus padres, pero su expareja la buscó con la promesa de cambiar y la chantajeaba diciéndole que el niño merecía una familia y a su padre cerca, hasta que finalmente la convenció y ella regresó.
“Por la idea de querer darle una familia a mi hijo y que tuviera un padre, por eso aguanté muchas cosas, no tenía por qué haber llegado a tanto, pude haber puesto un alto al principio, pero el creer que mi hijo necesitaba una familia me hacía resistir”, compartió la madre.
Pasaron dos semanas y él volvió agredirla físicamente para poder registrar su teléfono. “Íbamos en el auto y él quería revisar mi celular que estaba sonando con insistencia. Era mi mamá, pero como yo en ese momento traía al bebé en brazos, no le podía contestar, pero él insistía en que yo estaba hablando con alguien”, narró.
El hombre le pidió el teléfono a Karla para verificar con quien hablaba y ella se negó. “Al no darle el celular, se acercó a mi mano y me mordió, pero al ver que yo ni así solté el aparato, con su mano estampó mi cabeza contra el parabrisas y ¡yo traía a mi bebé en brazos!”, platicó la mujer, quien resaltó que todo ocurrió mientras él conducía el vehículo.
Karla explicó que las agresiones emocionales para destruir la autoestima de la víctima son un elemento constante en la relación para evitar que la persona se aleje. “Me decía que nadie me iba a volver a querer, que no iba a volver a encontrar a un hombre, o me decía: ‘esta es la vida que te tocó y pues te chingas’”.
Karla compartió su historia de violencia de género y lo complicado que es buscar justicia. Foto: Sugeyry Gándara, SinEmbargo
NADIE ESCUCHA
Karla decidió acudir al Ministerio Público a levantar la denuncia a raíz de esa agresión, pero el trato que recibió de los servidores públicos fue muy desagradable. “Aunado a la violencia, también hay que soportar el trato de algunos ministerios públicos y a veces te encuentras con unos comentarios tan desagradables… te dicen cosas como: ‘¿qué le hiciste para que él te hiciera eso?’, ‘a ver, ¿para qué denuncia si luego va a regresar con él?’”, relató.
La entrevistada comentó que, al compartir su historia con otras víctimas, se ha percatado que “es muy común que las autoridades hagan preguntas o comentarios que revictimizan, lo cual provoca que las mujeres ya no denuncien. “Les da miedo, ya no denuncian y siguen siendo agredidas”, comentó.
Después de la primera denuncia, el hombre volvió a buscar a Karla y la amenazó con quitarle a su hijo si no regresaba. “Hay hombres que te manipulan de una forma muy cañona y regresé con él. En el ciclo de violencia te meten mucho miedo, te dicen que vas a estar sola, que nadie va a volver a quererte y por eso regresas”, explicó.
Colectivos feministas mantienen tomadas las instalaciones de la CNDH en Cuba 60, en el Centro Histórico, en protesta por los casos de feminicidios y violencia de género. Foto: Graciela López, Cuartoscuro
Karla fue víctima de más agresiones, entre ellas un intento de feminicidio. “En una ocasión trató de asfixiarme: me hizo una llave china; yo me desmayé y, cuando me desperté espantada, le pregunté: ‘¿por qué me hiciste eso?’, pero él súper cínico me contestó: ‘¿qué?, a ver, demuéstramelo’, recordó la joven.
García se separó definitivamente del hombre cuando él intentó llevarse a su hijo y atropellarla, después de una discusión.
“Él agarró al niño y se salió. Yo sabía que si se lo llevaba ya no lo volvería a ver hasta obtener la orden de un juez. Entonces, bajé corriendo las escaleras, vi que el niño ya estaba dentro del carro y me puse delante del auto porque no iba a permitir que se lo llevara. Pero a él no le importó, arrancó el auto y yo, por inercia, me aventé al cofre”, dijo.
El hombre avanzó unos metros con ella sobre el cofre, salió del estacionamiento y, ya en la calle, la madre comenzó a gritar para pedir ayuda. Su agresor detuvo el auto, hizo una llamada por teléfono y ella recuperó al niño. “Fue como una película de terror todo el tiempo”, destacó. Desde entonces, se salió de casa y no volvió a ver a su agresor, hasta una audiencia en un juzgado familiar.
Karla explicó que las agresiones se encuentran en cinco carpetas de investigación abiertas por violencia familiar y no en una carpeta que concentrara todo el caso, porque las autoridades no hacen un estudio de contexto.
La mujer lamentó que, a pesar de sostener audiencias con funcionarios de alto nivel y de exigir justicia, las autoridades no mejoran en su atención a las víctimas de violencia. “Yo ya estuve en audiencia con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya estuve en audiencia con la Fiscal Ernestina Godoy, y te hacen creer que te ayudan, pero con el tiempo no hay algo tangible o real que te dé seguridad.”
El sufrimiento que pasan las mujeres que han sido violentadas, dijo la entrevistada, aumenta cuando buscan justicia.
“Las autoridades te marean, te hacen dar vueltas, te traen en trámites, te mandan a hacer papeleos. Si de por sí ya pasamos por la agresión y el sufrimiento, pues todo eso aumenta porque luego vienen los problemas en el trabajo cuando tienes que salir a tantas gestiones; vienen los problemas económicos porque hay que gastar en abogados, en traslados, en papeleo. Buscar justicia es un proceso pesadísimo y las autoridades no ayudan”, destacó.
El pasado 14 de julio, siete expertas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre ellas la Relatora de la ONU sobre violencia contra mujeres, Dubravka Simonovic, denunciaron que los confinamientos ordenados durante la pandemia de COVID-19 han producido dramáticos aumentos en las agresiones en los domicilios, incluyendo feminicidios y ataques sexuales.
“La menor intervención policial, el cierre de juzgados, refugios y servicios esenciales para las víctimas han protegido a los perpetradores y han agravado los riesgos que afrontan mujeres y niñas”, se expuso un comunicado conjunto.
Las estimaciones más recientes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalan que en México se cometen 10.5 asesinatos de mujeres al día, es decir, cada 2 horas y 29 minutos una de ellas es asesinada.
La empresa canadiense Minaurum Gold S.A. DE C.V. pretende perforar las tierras de la Selva de los Chimalapas, en el estado de Oaxaca, así lo determina el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental, ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con fecha del 23 de julio de 2020, donde se señala la pretensión de hacer “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 Unidades de Barrenación”.
La “exploración minera Santa Martha” impulsada por la empresa, se ubica en el municipio de San Miguel Chimalapa con el número de proyecto 20OA2020MD038. El 5 de agosto fue enviado al área correspondiente dentro de la SEMARNAT.
El proyecto de explotación minera, de acuerdo con la descripción de la empresa, se encuentra ubicado a 10 km de la ciudad de Zanatepec y a 125 km del principal puerto de Salina Cruz; incluye la apropiación de 6 mil 410 hectáreas para la extracción de oro y cobre. Estima incurrir en 2 millones 500 mil dólares en gastos de exploración.
Respecto a Los Chimapalas, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) señala: “El estado de conservación de estos hábitat es excelente, conteniendo aproximadamente 300 mil 000 hectáreas de vegetación inalterada. Esta región representa la mayor área de vegetación primaria del trópico mexicano.”
La selva pertenece a los municipios de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa del estado de Oaxaca, desde hace años sus habitantes han manifestado su total rechazo al ingreso de mineras a su territorio, un nuevo intento de imposición minera se activa sobre una de las principales selvas de la República Mexicana, sin que sus pobladores hayan sido alertados de los tramites que se encuentran en revisión en las oficinas del gobierno federal.
De acuerdo a datos de CONABIO: La región de los Chimalapas, incluye la Sierra Atravesada, la Sierra de Tres Picos y la Sierra Espinazo del Diablo y las cuencas de los ríos Corte y el Alto Uxpanapa. Comprende la totalidad de los Municipios de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa así como parte de los Municipios de Matías Romero y San Pedro Tapanatepec colindando al este con el estado de Chiapas.
El fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, en una comparecencia ante integrantes Comisión de Género y Feminicidios del Congreso del Estado. Foto: Twitter @CongresoOaxLXIV.
OAXACA, Oax. (proceso.com.mx).– La Fiscalía General de Oaxaca reconoció que 493 mujeres han sido asesinadas en la entidad del 2017 al mes de agosto de 2020, de las cuales 135 carpetas de investigación se iniciaron por el delito de feminicidio y 343 por homicidio doloso.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Género y Feminicidios del Congreso del Estado, el fiscal general, Rubén Vasconcelos Méndez, alardeó que en Oaxaca “se ha frenado la impunidad y cada vez más responsables de delitos están en la cárcel”, al tiempo que afirmó que lograron resolver el 71.9% de los feminicidios cometidos en los últimos 3 años, cifra sin precedente a nivel estatal.
Respecto al tema de desapariciones de mujeres, informó que de 2018 a 2020, en la entidad se han reportado 437 mujeres como no localizadas, 429 de las cuales han sido localizadas por la Fiscalía, lo que significa una efectividad del 98.16 por ciento.
Vasconcelos Méndez resaltó que rindió un informe de resultados que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha realizado y obtenido en el periodo comprendido de 2017 a 2020, respecto a la atención y acompañamiento a víctimas de delitos por razón de género.
Respecto a las víctimas en orfandad por el delito de feminicidio, el Fiscal General informó que en el periodo 2012-2020, se han atendido a un total de 140 personas, de las cuales 132 son niños, niñas y adolescentes, así como 8 adultos.
Además, en el mismo periodo, se han brindado un total de dos mil 824 servicios a 353 personas adultas víctimas indirectas del delito de feminicidio en el estado.
Saxofonista rociada con ácido, un caso sin resolver
Estas cifras contrastan con las de organizaciones feministas como el Grupo de Estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) y Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad, así como de casos de tentativa de feminicidio como el de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, que a un año del ataque con ácido que sufrió siguen pendientes acciones de justicia, razón por la que han pedido la renuncia del fiscal.
En redes sociales se destacó el hashtag #JusticiaParaMale: El 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos Ortiz, saxofonista de 26 años, fue atacada con ácido al interior de su hogar por Rubicel H.R., quien habría sido contratado por el empresario y exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal y sus cómplices”.
Por lo pronto, Consorcio-Oaxaca exigió al fiscal Rubén Vasconcelos la aprehensión de Juan Antonio Vera Hernández, autor intelectual junto con su padre, del ataque con ácido a María Elena Ríos Ortiz.
A su vez, el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) manifestó que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa se perfila como el de mayor violencia feminicida en la historia reciente de Oaxaca, con 458 casos de mujeres asesinadas.
“Desafortunadamente lo que se puede constatar es que estamos frente a un Estado fallido, pues la actual administración de Alejandro Murat, con poco más de tres años de gobierno, ha acumulado 458 casos, el 86% de la cifra más elevada de los últimos cuatro sexenios”, agregó.
Y es que a dos años de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género se mantiene y se extiende la violencia feminicida en Oaxaca, con un acumulado de 243 niñas y mujeres asesinadas de manera violenta.
Mientras que Consorcio sostiene, con base en datos de la Plataforma de Violencia Feminicida, que del 31 de agosto de 2018 a la fecha, la desaparición de mujeres se ha incrementado 74.5% (349 casos) respecto a los 200 casos registrados antes del decreto, es decir, del 1 diciembre de 2016 al 31 de agosto de 2018, en los 40 municipios que cuentan con Alerta de Género.
En el mismo periodo, los feminicidios se incrementaron 12% (142 casos) en comparación con los 127 registrados durante los primeros años del gobierno actual. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas con arma de fuego (67%) y/o fueron víctimas de un ataque armado (43%).
Foto tomada de la página de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal
“Y cuentan los viejos más viejos que el viento
y la lluvia y el sol le dicen al campesino
cuándo debe preparar la tierra,
cuándo debe sembrar y cuándo cosechar.
Y cuentan que también la esperanza
se siembra y se cosecha.
Y dicen los viejos que el viento,
la lluvia y el sol están hablando
de otra forma a la tierra,
que de tanta pobreza no puede seguir
cosechando muerte,
que es la hora de cosechar rebeldía”.
EZLN (1994)
Arriba, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó el “fin del neoliberalismo”. Esta declaración no tendría mayor importancia de no ser por la profundización de este sistema de muerte durante el presente sexenio. El mal llamado Tren Maya y los otros megaproyectos impulsados por el capataz en turno, nos permiten desnudar la continuidad de la destrucción neoliberal sobre nuestro territorio. Abajo, la organización de los pueblos indígenas continúa y, a través de la reproducción de sus diversas formas de vida, construye resistencias que se articulan para hacer frente a la actual guerra capitalista.
En diferentes documentos y comunicados el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha caracterizado la forma neoliberal de acumulación capitalista como un nueva Guerra Mundial, la Cuarta. Como sus predecesoras, ésta tiene como objetivo central la conquista y administración de territorios. En este nuevo proceso de conquista para la universalización del mercado, la humanidad se ha convertido en el enemigo a destruir por el capital, y su destrucción no implica únicamente su eliminación física sino, sobre todo, la destrucción de formas de vida que se oponen a la lógica del capital. En el caso de nuestro país, la acumulación de la ganancia privada busca la destrucción de la forma de vida de los pueblos indígenas, entre otros, quienes no reducen la tierra ni al ser humano a una vulgar mercancía.
La Cuarta Guerra Mundial opera mediante mecanismos de destrucción/despoblamiento-reconstrucción/reordenamiento para incorporar nuevos territorios a las relaciones capitalistas. Con las reformas salinistas de 1992 al artículo 27 de la Constitución se dio legalidad al despojo de tierras indígenas y campesinas en nuestro país. La posibilidad de privatización de las tierras comunales y ejidales estuvo acompañada de la masiva entrada de productos de la agroindustria estadounidense, cuyo crecimiento se vio estimulado por la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), mismo que se reedita y profundiza en la administración actual con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En esta misma sintonía se aprobó la contrareforma indígena en 2001 por el conjunto de la clase política y los tres poderes de la Unión, quitando en términos jurídicos la posibilidad a los pueblos indios de decidir sobre sus territorios al desconocerlos como sujetos colectivos de derecho.
Este conjunto de reformas no fueron más que la coartada legal de la nueva guerra de despojo que actualmente permite al capataz implementar los megaproyectos de muerte que, disfrazados como “cortinas de desarrollo”, sólo benefician a los bolsillos del capital. Desde el año 2005, los zapatistas señalaron que la propuesta obradorista no representaba más que la continuación de esta Guerra: “La oferta central del programa presidencial de AMLO no es vivir en Palacio Nacional y convertir Los Pinos en la nueva sección del Bosque de Chapultepec. Es «estabilidad macroeconómica», es decir, «ganancias crecientes para los ricos, miseria y despojos crecientes para los desposeídos, y un orden que controle el descontento de estos últimos» […] Si Carlos Salinas de Gortari fue el gobernante ejemplar operador de la destrucción neoliberal en México, López Obrador quiere ser el paradigma del operador del reordenamiento neoliberal. Ese es su proyecto”.
El mal llamado “Tren Maya” fue anunciado en noviembre de 2018 como el “principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible del sexenio de Andrés Manuel López Obrador”, incluso antes de que éste asumiera la presidencia. Esto hace evidente que las “consultas” hechas para su aprobación no fueron más que una simulación. Sin embargo, el tren tiene una historia más larga. En el comunicado “¿Cuáles son las características fundamentales de la IV Guerra Mundial?” de 2003, los zapatistas señalaron:
“La respuesta a la pregunta «¿por qué no ha terminado la guerra de Chiapas?» Se encuentra en este mapa. El Mundo Maya, Guatemala, Belice, Chiapas, partes de Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, está lleno de petróleo y de uranio. Esto es lo que está en juego. En el proceso de fragmentación que hemos apreciado -convertir todo el mundo en archipiélago- el poder financiero quiere una nación especial aquí. “Es un punto importante porque los militares dicen que los zapatistas quieren hacer otro país, la Nación Maya. Nosotros lo investigamos. Es un proyecto del capital financiero internacional: construir un nuevo centro comercial que tenga turismo y recursos naturales. Tienen todo lo necesario para hacer un país de estos tres pedazos de México, de Belice y de Guatemala. Esto es lo que está en juego en la guerra en Chiapas”.
Foto: Cuartoscuro
El proyecto del mal llamado Tren Maya no surgió durante el presente sexenio de la autoproclamada 4T, sino es un proyecto que el capital ha preparado desde hace décadas y que ahora pretende imponer con un consenso que no habían logrado en sexenios anteriores y con el uso de la fuerza militar, ahora legalizada, en contra de las poblaciones que le hagan frente. A esto se refería el Fonatur (organismo gubernamental encargado de la imposición del tren) en el documento dado a conocer el 24 de mayo de 2020 en el que, con relación a los impactos del tren en los pueblos originarios, señaló: “El etnocidio puede tener un giro positivo, el ‘etnodesarrollo’, este puede ser posible si se involucra en el proceso de desarrollo y en la administración de beneficios a las poblaciones indígenas que estarían siendo afectadas por el desarrollo”, o como señaló el propio director de dicha institución, Rogelio Jiménez Pons, con relación a la reorganización territorial que realizará el tren: “No se vale hacer ningún desarrollo si no tiene su zona de la gente más modesta ubicada dignamente en las cercanías de las áreas de producción. Para qué, para que puedan ir a trabajar a pie. Hasta pedir limosna si hace falta, pero a pie”. Estas declaraciones evidencian lo que allá arriba entienden por “cortinas de desarrollo”
Sin embargo, como señalaron los zapatistas en el mismo comunicado de 2003, el sureste en nuestro país: “A parte de estar lleno de petróleo y uranio el problema es que está lleno de indígenas. Y los indígenas, además de no hablar el español, no quieren tarjetas de crédito, no producen, se dedican a sembrar maíz, frijol, chile, café y se les ocurre bailar con marimba sin usar el computer. No son consumidores ni son productores. Sobran. Y todo el que sobra es eliminable. Por eso hacen todo lo posible para que dejen de ser indígenas. Pero no se quieren ir y no quieren dejar de ser indígenas. Es más: su lucha no es por tomar el poder. Su lucha es porque los reconozcan como pueblos indios, que reconozcan que tienen el derecho a existir, sin convertirse en otros”.
La resistencia de los pueblos
La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal es una, entre una gran diversidad de organizaciones, que ha hecho frente al mal llamado Tren Maya. Como otras organizaciones ha sido ignorada y descalificada por el gobierno en turno, por lo que la Asamblea dio a conocer un comunicado el 5 de septiembre del 2020 en el que señala:
“Acusamos al presidente López Obrador de seguir el deplorable y conocido guión de los tiranos al hablar de “oscuros intereses extranjeros” que entorpecen legalmente el avance de su tren, cuando en contraste son claros y evidentes los intereses de capitales nacionales y extranjeros (muchos con antecedentes de corrupción) por participar en el saqueo y desmembramiento del territorio maya”.
La Asamblea se formó hace un par de años, después de dos décadas de trabajo de talleres en las comunidades mayas de Yucatán acerca de los transgénicos. La Asamblea se dedica a la defensa del territorio en contra del despojo impulsado por megaproyectos de parques eólicos y fotovoltaicas, así como de granjas porcícolas y la imposición de monocultivos de maíz y soya. Independiente de partidos políticos y religiones, Múuch´ Xíinbal define como sus principios la defensa de la tierra, la cultura, la lengua y los derechos del pueblo maya, y está integrado por ejidatarios y campesinos de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
La Asamblea tiene como eje el trabajo comunitario de base para la defensa del territorio y la defensa legal del mismo a través del desarrollo de amparos contra los megaproyectos, el cual difunden a través de su página de internet. Un integrante de la Asamblea, Pedro Uc, señala que un anciano maya afirmaba “el hombre maya no debe ni puede tener tierra, no debe ni puede ser propietario de un pedacito de tierra”. Detrás de esta sentencia, se encuentra toda una construcción cultural de relación con el territorio que nos ayuda a comprender la afirmación de que la “lucha de los pueblos es por la vida”.
Foto tomada de la página de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal
Los pueblos mayas tienen como fundamento material de su reproducción el trabajo de la milpa, el cultivo de maíz, frijol, calabaza y chile que permiten mantener la vida comunitaria. La milpa es un espacio de sabiduría ancestral, como compartió Uc en un taller durante las Jornadas “Samir somos todas y todos”:
“La milpa es un espacio pedagógico, es una escuela porque en esa milpa aprendemos por ejemplo de las flores, todas las flores tienen nombre, aprendemos a distinguir los colores, la selva es verde, pero tienen sus tonos intensos verdes, los amarillos de las flores y la miel, las hojas y así una gran cantidad de color, es un arcoíris. En la selva aprendemos sus nombres, pero no sólo eso, entre las hierbas mi padre me decía mira bien esa hierba ya la reconociste, ve sus flores pues esto es medicinal eso te cura la tos, te cura la inflamación de garganta… y caminando entre las hierbas me decía mira bien esta hierba pues esta hierba hay que cuidarla. Seguimos en la milpa y encontramos serpientes y me decía mi papá, tienes que aprender que las serpientes que no son venenosas huyen cuando te ven. Y las serpientes que son venenosas no huyen, pero tampoco atacan. Si por descuido la pisas, entonces te va a morder, pero aquí está la hierba que te cura y se llama igual que la serpiente, la machacas, sacas su jugo y te lo tomas y se acabó. Entonces la milpa es como nuestra universidad.”
Esta relación con el territorio, que va mucho más allá de la alimentación, genera una forma de vida entre los pueblos mayas que pone en el centro el amor por la tierra.
De acuerdo con Uc la milpa “es el corazón de la montaña”. Y es que como señala la historiadora Alejandra García Quintanilla, especialista en la historia del pensamiento maya, es a través de la milpa y el sistema de tumba-roza-quema que los pueblos mayas procuran la conservación de la biodiversidad en tanto conservación de su propia vida como pueblos. En su texto “La biodiversidad de Yucatán en dos miradas” García Quintanilla señala el profundo conocimiento que los mayas han desarrollado sobre su medio y ejemplifica dos formas de la conservación de éste: primero, a través del cuidado de las plantas silvestres que crecen dentro de la milpa, a través de las cuales los mayas aseguran la fertilidad del suelo tropical, pobre y falto de nutrientes. La “tumba” sería más bien una “poda” en la que se protege la existencia de estas plantas para aportar nutrientes al suelo que permitan la fertilidad del mismo. Así para los pueblos mayas yucatecos “no son ´silvestres´, ni ´malas hierbas´, ni ´plantas invasoras´, sino que son las plantas de Yum K´áax, el legítimo dueño de la vegetación y por tanto pertenecen a lo sagrado”.
El segundo ejemplo que nos ofrece García tiene que ver con la relación con los animales a través de la cual se evita la propagación de plagas. A diferencia de los monocultivos promovidos por el capital, la milpa es un sistema de policultivo que, imitando al monte, incorpora una gran diversidad de plantas, lo cual asegura que si un insecto encuentra una planta que le gusta, al lado encontrará otra que no o que lo enferme, evitando que el insecto se quede y se reproduzca convirtiéndose en plaga. Los mayas siembran semillas para los animales “porque ellos tienen derecho a comer”. Sumado al policultivo, el cuidado del monte posibilita la existencia de otros insectos como gusanos o pájaros que ayudarán al control de las poblaciones de insectos. Milpa y monte forman así parte de un todo, por lo que Uc afirma que cuando alguien es obligado u orillado a vender su tierra no afecta únicamente al “propietario” sino a los mayas en su conjunto pues “la Península es territorio maya, es nuestro cuerpo como pueblo”.
Foto: Haizel de la Cruz. Tomada de la página de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal
Esta forma de vida que nos comparte Uc en su texto “La espiritualidad del territorio”, es una herencia de los “dioses-guardianes-comunitarios”, Yuum Cháak, Yuum Iik’, Yuum K’áax, Yuum Báalam, Yuum K’iin, Yuum Áak’ab, Yuum Ka’an, Xunáan Xch’eel, Xunáan Xtáab, Xunáan X-Uj que, de acuerdo a la antigua palabra maya, fueron los responsables de hacer la tierra, los árboles, los animales y los pueblos. Estos guardianes acordaron que la tierra fuera herencia de los mayas siempre y cuando éstos mantuvieran su carácter comunitario para la reproducción de la vida, a través del trabajo y rituales colectivos. Así, dentro de esta construcción, la tierra es entendida como territorio adquiriendo una relación espiritual en la que todos los elementos son fundamentales para la vida, como señalamos en los ejemplos de la milpa. En este mismo sentido, la familia maya “no puede entenderse sin los elementos que conforman la vida, no puede entenderse sin los animales, sin los árboles, sin los bejucos, sin los pájaros”.
Por eso, los árboles tienen un carácter sagrado para los mayas, señala Uc en “Nuestros sagrados árboles mayas“, la raíz de la Xya´axche´ da seguridad a la tierra, sus colores guardan saberes y pensamientos, sus ramas, flores y frutos mantienen la esperanza y su sombra garantiza el descanso. En ella cantan los dioses guardianes a través del ruiseñor y la lechuza cuida del invasor. Este árbol es también a través del cual X Táabay enseña a vivir como mujer y con la mujer. Las flores de la Xts’íits’ilche’ convocan a pájaros y alimentan a avispas y abejas, por lo que es fundamental para la miel y su uso medicinal. El Siipche’ alimenta al cenzontle, protege las viviendas y limpia el alma. El Ch’ooj florece y llama al venado, cuando las demás plantas languidecen durante la sequía en los meses de febrero a mayo, y es utilizado como medicina. Finalmente, la Xchu’um son los ojos de Yuum K’áax. Estos árboles no existen para el capital y cuando existen, su valor es reducido al valor de cambio, como afirma Uc en el mismo texto:
“La llamada Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que elaboran los especialistas para justificar la deforestación de miles de hectáreas de selva en la Península de Yucatán con la intención de construir parques eólicos y fotovoltaicos está basada en un criterio técnico y monetario. Por ejemplo, si hay maderas preciosas como el cedro o caoba, calculan el precio en el mercado y comparan lo que se pierde al desmontar con el costo y beneficio del proyecto, quizá no hace falta hacer estudios tan profundos para imaginar el resultado. Los millones de dólares que se planea generar en el proyecto de energía renovable será siempre muy superior al costo de la selva deforestada”.
Foto: Haizel de la Cruz. Tomada de la página de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal
Estos ejemplos nos ayudan a entender lo que se juega en la imposición del mal llamado Tren Maya y se resumen las contradicciones generadas por esta Cuarta Guerra Mundial. De un lado, el capataz López Obrador impulsando un proyecto que busca la reducción de la vida humana y de la naturaleza a la generación de ganancias para unos pocos, del otro, la defensa de la vida a partir de la reproducción de las prácticas comunitarias de los pueblos mayas. En la defensa de la vida, señala Uc, la forma de vida comunitaria debe convertirse en organización y tejer redes que permitan el control sobre el territorio como primer paso para la construcción de una vida digna:
“cada quien sobre el altar de la comunidad convertida en asamblea ofrenda su palabra, se asegura el territorio por medio del acuerdo, el primer nudo es la palabra que se va formando en red; así mismo se asegura la educación, la vivienda, la justicia, la seguridad, la alimentación entre otros temas que se construyen como el desplante de una mejor calidad de vida. Organizarse es una tarea difícil pero necesaria para crear una alternativa de resistencia en nuestras comunidades”.
Las defensoras comunitarias Sara Hernández Jiménez y Estela Hernández acusan agresiones del ayuntamiento de Amealco, en Querétaro, luego que ellas denunciaron la imposición de obras en su comunidad sin consultar a la población
QUERÉTARO.- El pasado 1 de septiembre, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDHM) emitió dos cartas en donde denuncian las agresiones que grupos estatales y civiles han perpetrado en contra de las defensoras comunitarias Sara Hernández Jiménez y Estela Hernández Jiménez.
En los documentos dirigidos al gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y al presidente municipal de Amealco de Bonfil, Rosendo Anaya Aguilar; la RNDDHM señala que el motivo de las agresiones han sido las denuncias que las defensoras comunitarias han hecho sobre la imposición de las obras que el ayuntamiento pretende realizar sin consultar a la comunidad de Santiago Mexquititlán, y que afectan tanto al territorio como la cosmovisión del pueblo hñöhño.
“Desde la RNDDHM tenemos conocimiento que estos ataques provienen de agentes estatales y civiles, frente a una nula atención a la situación que ambas defensoras han denunciado ante autoridades estatales y federales”.
Por ello, solicitan la intervención de las autoridades para que cesen las agresiones agregan en su contra y limiten la defensa de los derechos humanos, especialmente “aquellas que puedan ser de manera directa responsabilidad de servidores públicos del ayuntamiento”.
La lucha en defensa de la comunidad
Desde el injusto encarcelamiento de su madre en 2006, las hermanas Sara y Estela han sostenido una lucha por la defensa y el respeto de su cultura, su identidad y su territorio.
“Desde que comenzamos a luchar por la liberación de nuestra madre nosotras nos fuimos dando cuenta del estado de abandono institucional que hay en el que nos encontramos los pueblos originarios en México”, dice Estela Hernández.
Desde hace más de 10 años ella se ha encargado de promover y defender los derechos de los pueblos originarios en su comunidad, ubicada en el municipio de Amealco, así como de impulsar un proyecto de educación indígena.
«Comenzamos a tejer relaciones con otras organizaciones para poder ayudar a nuestra comunidad, e iniciamos una campaña para la construcción de una nueva educación indígena aquí en Santiago, recuperando nuestra lengua y nuestros saberes ancestrales; y así fue como han nacido proyectos como el del museo y la biblioteca comunitaria, y de igual forma comenzamos a gestionar desde la comunidad becas para que las niña y los niños pudieran continuar con su educación”, cuenta.
En México, la población indígena muchas de las veces no llega a concluir la educación primaria, de acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y presentado en 2018. Además, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), siete de cada 10 personas indígenas están en situación de pobreza, y tres de cada 10 en situación de pobreza extrema.
“Este contexto nos impulsó a mí y a mi hermana a trabajar proyectos enfocados en la educación indígena y la salud comunitaria, pues ella es enfermera y yo docente –señala a Estela Hernández– . Cuando comenzamos a gestionar beneficios para la comunidad, al gobierno no le gustó, pues prefieren mantenernos en la ignorancia y el rezago para aprovecharse de nosotros en épocas electorales, pero aquí poco a poco fuimos cobrando conciencia de nuestra historia, nuestra cultura y nuestro patrimonio”.
Además del trabajo comunitario que ellas realizan para mejorar las condiciones de Santiago Mexquititlán, desde el 2013, la lucha de las hermanas Hernández Jiménez se ha aglutinado con grandes luchas a nivel nacional, como la lucha en contra de la Reforma Educativa, la consulta sobre la modificación del artículo 2 constitucional y la campaña a la presidencia de Marichuy, a través del Congreso Nacional Indígena.
Esto, sin embargo, les ha significado ser objeto de diversas agresiones físicas y verbales, e incluso ha puesto en riesgo su estabilidad laboral
“En el 2014 fue cuando sufrimos el primer acto de represión, pues a mi hermana la cambiaron de su lugar de trabajo, sin explicación alguna. Esto después de denunciar las irregularidades para el otorgamiento de plazas en el Hospital General de Querétaro.”
Agresiones y criminalización
De acuerdo con Sara y Estela durante más de seis años las agresiones en su contra han sido constantes, y han ido escalando hacia difamaciones y agresiones físicas.
“En mayo del 2019 – recuerda Estela – un grupo de choque dirigido por la actual delegada de la comunidad – Verónica Sánchez golpeó a mi hermana mientras ella estaba ocupándose de sus responsabilidades en el tianguis. Posterior a eso se interpuso una denuncia en la Fiscalía, pero hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna”.
Sara y Estela han interpuesto las denuncias correspondientes en la Fiscalía General del Estado de Querétaro, así como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, instancias que no les han garantizado el derecho a acceder a la justicia, sino que han propiciado un contexto de revictimización y criminalización en su contra.
El 8 de febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó a la comunidad de Santiago Mexquititlán. Durante la visita, Estela Hernández denunció las agresiones en contra de la comunidad a raíz de la defensa de su autonomía.
A partir de esta denuncia, operadores del ayuntamiento intensificaron una campaña de difamación en contra de las autoridades tradicionales de Santiago Mexquititlán, las cuales fueron ratificadas en una Asamblea General el 29 de febrero, y que posteriormente reconoció el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.
“Durante la asamblea del 29 de febrero – denuncia Estela Hernández – un grupo de choque dirigido por la delegada municipal comenzó a gritar acusaciones falsas hacia mi persona, argumentando que soy una ladrona y ‘vividora’, lo cual es totalmente falso, pues el trabajo que hacemos en la comunidad es desde nuestros propios recursos y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”.
A partir de este hecho, las defensoras comunitarias han recibido varios citatorios de la Fiscalía Estatal, donde se les acusa de usurpación de las funciones públicas, así como del delito de daños dolosos. También les han cortado por más de una semana el suministro de agua en la comunidad.
“Esto tan sólo demuestra la complicidad de las instituciones para la procuración de justicia con nuestros agresores, a los cuales identificamos como el gobierno municipal de Rosendo Anaya y al Gobierno del Estado – señala Estela.
Desde el nombramiento de sus autoridades comunitarias, el pueblo de Santiago Mexquititlán ha profundizado las estrategias de defensa de su patrimonio histórico y cultural, así como de su identidad y territorio ancestral.
“Nosotros nos empezamos a organizar para oponernos a la obra que el ayuntamiento quiere realizar en el templo, pero aunque hemos probado con documentos que esta construcción afecta nuestro patrimonio y nuestra identidad, las autoridades competentes no nos han escuchado, o nos han mentido descarademente”, agrega.
Las defensoras comunitarias aseguran que no desistirán de la lucha en defensa de su territorio y su dignidad ya que.
“La dignificación de nuestros pueblos es lo más urgente y lo más importante, porque estamos en vías de extinción. No estamos dispuestos a morir, existimos y queremos seguir existiendo, queremos seguir viviendo. Queremos mejores condiciones de vida no sólo para Santiago Mexquititlán, sino para todos los pueblos originarios del país”.
