Pablo Puerto/Yucatán a la Mano
La empresa acusada de saqueo de arena y devastación de una zona de mangle en un predio de 43 hectáreas, conocido como Chakas, en Champotón, Campeche, ya ha sido sancionada por autoridades ambientales.
En una tarjeta informativa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el desarrollo turístico Perla del Mar incumplió con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que le autorizó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La dependencia refirió que en 2011 recibió diversas denuncias ciudadanas por tala de manglar y extracción de arena en la zona.
El 4 de octubre de ese año, indicó, se emitió una orden de inspección en la que se detectó que, a pesar de que la empresa contaba con una autorización en materia de impacto ambiental, el proyecto había sido modificado sin haber solicitado la autorización respectiva.
Ante ello, el 30 de abril de 2012 la delegación de la Profepa impuso a la empresa una multa por un millón 299 mil 954 pesos y efectuó la clausura temporal parcial de las obras.
La resolución sancionatoria fue impugnada vía recurso de revisión ante la Profepa, la cual declaró su desechamiento.
Posteriormente, explicó la Profepa, se interpuso un juicio ante el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien dictó sentencia reconociendo la validez de la resolución; esta sentencia se encuentra firme, toda vez que fue negado un amparo el 6 de octubre de 2016.
El 9 de mayo de 2012, la Profepa presentó denuncia penal por remoción de 31.5 hectáreas de vegetación sin autorización de cambio de uso de suelo, sin embargo, no se ejerció la acción penal, dado que el Ministerio Público Federal consideró que el predio es urbano.
En tanto que el 15 de mayo de 2013, la Procuraduría presentó otra querella debido a que la empresa no cumplió las medidas correctivas, consistentes en obtener la autorización de impacto ambiental.
La organización Champotón por el Medio Ambiente acusó que el desarrollo turístico Perla del Mar ha devastado el área con la excesiva extracción de arena y conchuela.
La Fiscalía General de Coahuila reconoció que Marco Tulio Perdomo Guzmán,, el migrante hondureño asesinado el pasado 31 de julio, es inocente pues nunca agredió al policía que le disparó y que hubo un uso excesivo de fuerza letal.
El titular de la dependencia, Gerardo Márquez Guevara, deslindó de cualquier hecho delictivo a Marco Tulio, de 29 años, a quien la misma Fiscalía en una primera versión señaló de haber disparado en contra de los agentes.
“La víctima de este homicidio es inocente, porque en ningún caso se advierte alguna agresión a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal que participaban en un operativo relacionado con la localización de personas dedicadas a la venta de narcóticos y en el que se reitera, no hubo participación de elementos de ninguna corporación federal”, señaló la Fiscalía.
“La Fiscalía reconoce la inocencia y la calidad de víctima a Marco Tulio “N”, por lo que lamenta la comisión de estos hechos que involucran a un agente ministerial por uso excesivo de la fuerza letal”, agregó.
La Fiscalía cumplimentó este sábado una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con ventaja contra Juan Carlos “N”, policía de Investigación Criminal, quien disparó contra Marco.
“La investigación nos ha indicado la responsabilidad de uno de los seis elementos identificados como participantes de un operativo”, explicó la Fiscalía, que añadió cuenta con datos suficientes para acreditar la probable participación del elemento policiaco en el asesinato de Marco Tulio.
La familia de Marco Tulio denunció que no han recibido ayuda de las autoridades. Desde que el joven murió a balazos en presencia de su hija de ocho años y no han recibido noticias oficiales.
Ni su gobierno ni el mexicano se han puesto en contacto con ellos, asegura Nancy, su sobrina, que reside a 15 minutos de Brisas del Mar, la aldea que abandonó Marco Tulio hace mes y medio con el objetivo de alcanzar Estados Unidos.
Con pancartas desfilaron hasta el atrio de la Catedral
Carolina Viveros/ VANGUARDIA MX
Decenas de migrantes centroamericanos cargando orgullosamente las banderas de sus países de origen y en su mayoría cubiertos de sus rostros, desfilaron hasta el atrio de la Catedral de Santiago en una misa especial que encabezó el Obispo Fray Raúl Verá López, en donde llamó a la justicia después del asesinato de un hondureño a manos de un grupo de policías de la Fiscalía.
Niños, jóvenes y adultos, portaban pancartas y fueron elevadas al cielo, en ellas se leía “No más muertes de migrantes”, “Somos migrantes no delincuentes”, “Marco Tulio no murió, lo asesinaron”.
Muchas de las pancartas hicieron alusión a la inexistente Cuarta Transformación a la se refiere el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues decenas de cartulinas expresaban “No hay 4T” y “los migrantes no son el problema”. Incluso, el Obispo de Saltillo, aseguró que la muerte de Marco Tulio se debe a las malas decisiones y estrategias del Gobierno Federal, que dijo, no ha cambiado a pesar de la alternancia.
Finalmente, el prelado reconoció la labor de la Casa del Migrante y el apoyo de miles de Saltillo sea quienes día a día trabajan con la población migrante que “no es un problema para Saltillo, sino son personas que necesitan de nuestra atención”.
XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).-Jorge Celestino Ruiz Vázquez, reportero de El Gráfico de Xalapa en el municipio de Actopan y alrededores fue asesinado la noche del viernes cuando se encontraba en una tienda de abarrotes de su propiedad en la congregación de La Bocanita.
Ruiz Vázquez ya tenía antecedentes de amenazas e intimidaciones, su labor en El Gráfico de Xalapa consistía en la cobertura informativa de los municipios de Actopan, Alto Lucero, La Antigua, entre otros.
Se trata del primer comunicador asesinado durante la administración del morenista Cuitláhuac García Jiménez en la entidad.
Del 2011 a la fecha, 24 periodistas han sido asesinados en Veracruz -19 de ellos durante el sexenio del priista, Javier Duarte- y 4 reporteros se encuentran desaparecidos.
En sus redes sociales, el gobernador, Cuitláhuac García tuiteó:
Anteriormente, la vivienda de Ruiz Vázquez ya había sido baleada por sujetos desconocidos.
El informe policial homologado indica que ayer a las 21:25 horas a la comandancia de Actopan, alertó de múltiples detonaciones de arma de fuego en la tienda de abarrotes La Bocanita, propiedad del comunicador.
El cuerpo de Ruz Vázquez fue trasladado al Semefo de Xalapa para practicarle la necropsia de rigor.
El Secretario de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado informó que tras la ejecución del reportero se desplegó un operativo en busca de él o los sicarios.
“Reafirmando el compromiso de velar por la seguridad de los veracruzanos, se inició un despliegue de búsqueda para dar con el o los responsables de manera inmediata”, expuso.
El delegado del gobierno federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón, rechazó que sea obligación gubernamental dar protección a todos los periodistas que son víctimas de amenazas.
LES ESCRIBIMOS MUJERES Y HOMBRES DE OAXACA, EN TIEMPO DE SIEMBRA DE MILPA, CULTIVO DE MAÍZ, CALABAZA Y FRIJOL QUE DESDE NUESTROS ANTEPASADOS HACE POSIBLE LA SUPERVIVENCIA Y LA RESISTENCIA DE NUESTROS PUEBLOS HASTA EL DÍA DE HOY. NUESTRA PALABRA VIENE DEL SUR DE MÉXICO, DESDE NUESTROS TERRITORIOS COMO PUEBLOS MIXTECOS, ZAPOTECOS, TRIQUIS, MIXES, CHATINOS, CHINANTECOS, HUAVES, MAZATECOS, AMUZGOS, NAHUAS, ZOQUES, CHONTALES, CUICATECOS IXCATECOS, CHOCHOLTECOS, TACUATES, AFRODESCENDIENTES Y TZOTZILES.
CONSIDERANDO QUE OAXACA ES UNO DE LOS ESTADOS CON MAYOR BIODIVERSIDAD, CON UNA EXTRAORDINARIA RIQUEZA CULTURAL DE 16 LENGUAS Y CULTURAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS, DONDE LOS GOBIERNOS NEOLIBERALES ESTÁN ENTREGANDO CIENTOS DE MILES DE HECTÁREAS DE TERRITORIOS INDÍGENAS EN CONCESIÓN A EMPRESAS MINERAS, EÓLICAS, EXPLOTADORAS DE AGUA E INCLUSO A MAFIAS MADERERAS, Y ACTUALMENTE CONTEMPLAN COMO PROYECTOS DEL SEXENIO: EL MEGAPROYECTO DEL CORREDOR TRANSÍSTMICO, EL LLAMADO “TREN MAYA”, EL PROYECTO INTEGRAL MORELOS, Y UNA OLA DE MEGAPROYECTOS DE MUERTE QUE SE PRETENDEN LEGITIMAR CON LA FARSA Y SIMULACIÓN DE CONSULTAS A LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
NOSOTR@S DECIDIMOS CONTINUAR CON LA DEFENSA DE NUESTRAS TIERRAS, TERRITORIOS Y ESPACIOS DE VIDA TANTO EN NUESTROS PUEBLOS COMO EN LAS CIUDADES, TEJIENDO REDES DE SOLIDARIDAD, FORTALECIENDO NUESTRAS LUCHAS Y RESISTENCIAS. POR LO CUAL Y EN SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA
EN AMILCINGO, MORELOS LOS DÍAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019;
CONVOCAMOS
A LA ASAMBLEA NACIONAL ENTRE LOS PUEBLOS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA/CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO Y LOS ADHERENTES A LA SEXTA, REDES DE REBELDÍA Y RESISTENCIA, ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS QUE SE ORGANIZAN Y LUCHAN CONTRA EL PATRIARCADO, EL CAPITALISMO Y LOS MALOS GOBIERNOS “EL ISTMO ES NUESTRO”, A REALIZARCE LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN JUCHITÁN, OAXACA.
PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONFIRMAR SU ASISTENCIA, FAVOR DE ESCRIBIR AL
CORREO: cni-istmo@riseup.net.
POR FAVOR TRAER CASA DE ACAMPAR, COBIJA, REPELENTE, VASO, PLATO HONDO Y CUBIERTOS.
Redacción / El Horizonte
Periodistas llevaban se podían leer mensajes como “Somos prensa, no disparen”, “La verdad no se mata matando periodistas” y “Ni uno más”
Periodistas de esta ciudad y del municipio de Acayucan protestaron este sábado luego del asesinato de Jorge Ruiz Vázquez, reportero del diario Gráfico de Xalapa, registrado en Actopan.
En el puerto, trabajadores de medios de comunicación se manifestaron en el zócalo y exigieron el esclarecimiento del crimen.
En las cartulinas que los periodistas llevaban se podían leer mensajes como “Somos prensa, no disparen”, “La verdad no se mata matando periodistas” y “Ni uno más”.
En entrevista con medios, uno de los periodistas señaló que la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía, Seguridad Pública y el gobierno del estado sabían de las amenazas que recibió Ruiz Vázquez.
Por su parte, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) lamentó el homicidio y detalló que, previo a los hechos, el periodista había denunciado en octubre y noviembre del 2018 ante la Fiscalía de Veracruz ataques en su domicilio, presuntamente ordenados por el alcalde de ese municipio, José Paulino Domínguez.
Dijo que las amenazas se dieron por diversas publicaciones realizadas en su contra, por lo que se inició la carpeta de investigación Cl/114/2018/PC y se dictaron las medidas de protección correspondientes.
Sin embargo, en febrero de 2019 se quejó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la falta de avances en la indagatoria y en mayo de 2019, esta remitió a la Comisión el oficio CEDH DAV/2156/2019, solicitando la asesoría jurídica, iniciándose los trámites del procedimiento de atención, mismos que se formalizan el 5 de junio de este año.
Derivado de lo anterior, indicó la CEAPP, se realizaron diversas acciones para impulsar el avance de las indagatorias, lo que incluyó un acuerdo para realizar una ampliación a sus declaraciones ante la Fiscalía, sin que ésta se hubiera concretado por causas ajenas a esta Comisión.
Agregó que desde la víspera se ha establecido una comunicación y coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, para las diligencias necesarias y las medidas que procedan.
Asimismo, la Comisión exigió a las autoridades investigadoras indagar a profundidad en lo relacionado con su actividad periodística y los señalamientos del comunicador respecto del alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez.
Chihuahua.- A las familias que conformaron la comunidad rarámuri urbana Sierra Sur, les prometieron una iglesia, una escuela y un centro comunitario, pero, a tres años de que se establecieron en la capital de Chihuahua, no tienen ni servicios básicos.
En representación de la comunidad, Estela Aguilar Palma denunció que las más de 35 familias que viven en el asentamiento rarámuri no han recibido apoyos para tener una vida digna en la ciudad.
«Hay mucha necesidad, aquí vivimos sin drenaje, sin luz, no hay agua potable… Nos llevan agua en pipas dos veces por semana, pero a hay casas a las que no alcanza a subir y no siempre viene completa (la pipa). El agua es vida, es salud, si no tenemos eso, no se puede vivir»
Después de varios meses de lucha por un terreno, en 2016 se le autorizó a la comunidad un espacio detrás del Cerro Grande para que pudieran establecerse. El costo por vivienda variaría entre los 10 mil y 12 mil pesos.
Aunque las familias han cumplido con esos pagos, explicó Estela, en la Secretaría de Gobierno los pusieron en lista de espera.
En total son 35 viviendas, sin embargo, por casa llegan a vivir hasta tres o cuatro familias, por lo que estiman que en una casa habitan hasta 10 personas.
«Nosotros luchamos por los terrenos con ayuda de otras personas hasta que conseguimos el lugar. La construcción la hemos pagado poco a poco, se avanza en lo que se puede, pero no podemos hacer mucho solos»
Estela es una mujer rarámuri joven que nació en la capital. Aunque reconoce que no conoce para Guachochi, de donde su familia es originaria, ha visto cómo la migración de la Sierra a la ciudad ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años.
La constante de las familias que viven en este asentamiento, comentó, es que deciden dejar su comunidad por falta de oportunidades como alimento o trabajo y, en algunos casos, por seguridad.
«Hay muchos que se están viniendo para acá porque allá no hay trabajo. En la Sierra nunca ha habido oportunidades, pero ahora la situación es más difícil. Hemos buscado (ayuda) en gobierno, pero nomas nos dijeron que lo iban a ver, ya ni le hemos movido, supimos que nos pusieron en lista de espera»
Los trabajadores afectados continuarán con las protestas hasta que se solucione su problema
Francisca Martínez / El Debate
Sinaloa.- Personal del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 26, realizó ayer una huelga de brazos caídos para dar a conocer su inconformidad ante una serie de acuerdos que tomaron desde el Tribunal Superior Agrario, sin conocer sus necesidades.
Los trabajadores afectados dieron a conocer que les hicieron llegar un oficio en el que se establecía que a partir del 01 de agosto dejarían de recibir prestaciones y el pago de sus horas extras, por lo que consideraron injusto que tomen acuerdos sin su consentimiento.
Notificación
La delegada del Sindicato de Tribunales Unitarios Agrarios en Culiacán, Margarita Ontiveros, expresó que en cuanto regresaron de sus vacaciones les llegó el oficio, además les retirarían los vales de despensa que reciben de manera mensual.
“Por las decisiones que está tomando el Tribunal Superior Agrario es el que nos manda. Nos quitaron algunas prestaciones, y no estamos de acuerdo, entonces estamos en paro nacional”, indicó la líder sindical.
La delegada del Sindicato expresó que aparte de los trabajadores del tribunal, se sumaron los actuarios; es decir, los que notifican las demandas que entran al Tribunal y llevan los oficios a las dependencias, pues a ellos también les retiraron parte de sus prestaciones que por derecho les corresponde.
Explicó que esta huelga que están realizando consiste en acudir a su área de trabajo, pero sin trabajar, por lo que las personas que vayan no serán atendidas, incluso comentó que a partir del lunes dan inicio las audiencias, por lo que podrían ser muchos los afectados.
Situación nacional
Los afectados comentaron que estarán en esa situación hasta que se resuelva su demanda, ya que no pueden dejar pasar eso, debido a que son personas sindicalizadas y no pueden tomar esta determinación sin tomarlos en cuenta.
Los trabajadores enviaron un mensaje Tribunal Superior Agrario, con el fin de que les devuelvan sus prestaciones, ya que consideraron injusto que de un día a otro se les retire sin ninguna explicación.
“Que sean justos. Todavía es hora que no nos dan el aumento de sueldo, y quitándonos esas prestaciones, pues no”.
Con este tipo de acciones, el Tribunal Agrario se sumó a la manifestación nacional que se realizó en todo el país, ya que fue una medida pareja para todos los trabajadores. Comentaron que la huelga continuará hasta que se solucione el problema.
Una nueva marcha en contra del aumento a la tarifa del transporte público tuvo lugar la tarde de este sábado en el centro de Guadalajara. Los manifestantes tenían la consigna de no caer en provocaciones, por lo que solamente recurrieron a los gritos y a las consignas en contra del que calificaron como “gobierno represor” de Enrique Alfaro Ramírez.
Minutos después de las cinco de la tarde, la manifestación partió del cruce de Federalismo y Juárez con rumbo hacia la plaza Liberación. Fueron alrededor de unas 200 personas las que comenzaron a andar, según los cálculos de la Policía Vial y de Bomberos de Guadalajara.
“¡Si aumentan los precios, aumentan las protestas!”; “¡Fuera Alfaro!”; “¡No se va a caer, lo vamos a tumbar!”, eran de las principales advertencias que los manifestantes lanzaban, al tiempo que pedían a la gente que se uniera. “¡A ti que estás mirando, también te están ch…!”
Juan Vázquez Ocampo, uno de los organizadores, informó que además de las movilizaciones, están por promover amparos individuales y masivos.
Javier Ibarra, otro de los coordinadores, anticipó que el martes próximo tendrán listo el formato de los amparos para comenzar a elaborarlos y fijar la fecha en la que los presenten. “Una vía es que el pueblo entienda que tiene que movilizarse y la otra vía es en el Poder Judicial”, dijo Vázquez.
Las personas que presenciaban apoyaban en su gran mayoría a los manifestantes. “Estoy de acuerdo, es que subieron mucho el camión y luego con mal servicio, le afectó a mi familia, imagínate los que ganan el mínimo”, admitió María López.
Hacia las seis de la tarde, el contingente llegó hasta las puertas del Palacio de Gobierno, donde expusieron los tres principales puntos de su demanda: que no se autorice el aumento a 9.50 pesos; que la tarifa se reduzca en principio a seis pesos; y que el transporte colectivo regrese a manos del gobierno.
“Fundamentalmente echar abajo al aumento, ya si logramos echar abajo el aumento, ya tendrían que venir una serie de actos que es que el estado se haga ya cargo del transporte público, porque ahorita el 95 por ciento de los camiones urbanos que circulan están concesionados”, explicó Vázquez Ocampo.
“Han dejado el transporte público en manos de los particulares. En la Ciudad de México, mayoritariamente quien ofrece el servicio es el gobierno y vemos las tarifas de dos pesos, cuatro pesos y cinco pesos en la Red de Transporte de Pasajeros”.
Tras la protesta, un grupo de representantes del gobierno ofrecieron organizar mesas de trabajo el próximo miércoles a las 15:00 horas para atender sus demandas con el apoyo de especialistas, lo cual finalmente fue aceptado por los manifestantes.
Abientalistas del colectivo Playas Libres han denunciado que el conflicto en playa La Lancha continúa y ahora, han declarado que existe un intento por secar el estero que en esta área existe, y que alberga vida marina así como manglar, todo para supuestamente construir un desarrollo inmobiliario.
Playas Libres envió un comunicado al portal Aristgui Noticias en el que afirman que se ha colocado un enrocamiento desde el 2009 “que impide el flujo del agua a una vena del estero, fue realizado por personal contratado por la empresa Grupo DINE, utilizando maquinaria pesada misma que ingresó por la playa, con la finalidad de secar una laguna salobre de una hectárea para llevar un proceso de cambio de uso de suelo y desarrollar el área”.
Por su parte, Indalecio Sánchez, ambientalista del Colectivo Costa Verde, comparte las denuncias de Playas Libres y afirma que ha existido una ausencia de medidas de vigilancia y sanción por parte de las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Nnaturales (SEMARNAT), así como abusos por parte de la firma.
“Es increible lo que le permiten los gobiernos a los desarrolladores con poder económico”, dijo el ambientalista a Carmen Aristegui, alegando que el abuso ha llegado a tal grado de construir sin permiso alguno un acceso alternativo a la playa, talando selva, e incluso han colocado asadores para los turistas.
Además, relató, Grupo DINE habría incurrido el año pasado en el cierre de a playa al colocar un muro y malla ciclónica, resguardados por por personal de seguridad privada armados con toletes y gas lacrimógeno. Sin embargo, en noviembre durante una protesta estos obstáculos fueron derribados.
Empresa NIEGA ACUSACIONES
Grupo DINE, empresa responsable de una concesión para la protección del estero en La Lancha, según se ha definido a sí misma, negó por su parte en un comunicado, tambén enviado a Aristegui Noticias, haber bloqueado el acceso a dicha playa ni intentar secar el estero:
“El acceso a la playa se mantiene abierto, público y libre a todos sus visitantes. No tenemos nada que ver con la colocación de piedras que han afectado el ciclo hidrológico del manglar. La zona federal del estero en La Lancha fue concesionada para uso exclusivo de protección, por lo que no hay uso ni explotación del lugar”.
Dos periodistas mexicanos fueron asesinados a bala en 24 horas. Van tres en menos de una semana. Desde el 1° de diciembre de 2018, fecha en la que AMLO asumió la presidencia, han muerto 13 reporteros violentamente.
El reportero Jorge Celestino Ruiz, del diario El Gráfico de Xalapa, fue atacado a tiros en el municipio de Actopan, en la región centro del estado de Veracruz, confirmó a la AFP el alcalde de la ciudad, Paulino Domínguez. “Se trató de un ataque con armas de fuego directo a él”, dijo el alcalde en conversación telefónica.
Una fuente policial que pidió el anonimato dijo a la AFP que la casa de Ruiz “fue atacada a balazos” en octubre pasado por lo que el comunicador sentó una denuncia para que el hecho fuera investigado.
En esa ocasión, también “lanzaron disparos contra su vehículo para intimidarlo”, agregó la fuente que, sin embargo, no precisó los motivos ni los posibles autores de tales agresiones. Colegas de la zona dijeron que, tras la denuncia, Ruiz esperaba que el gobierno de Veracruz le brinde medidas de protección y que evitaba firmar sus artículos con el fin de mantener un perfil bajo ante los riesgos.
Édgar Alberto Nava, también asesinado
El crimen de Ruiz ocurre menos de 24 horas después de que Édgar Alberto Nava, director y editor del portal de noticias La Verdad de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero (sur), también fuera asesinado en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.
El martes, el cadáver de Rogelio Barragán, director del portal periodístico Guerrero Al Instante, de la misma entidad, fue hallado en la cajuela de un automóvil abandonado en el vecino estado de Morelos (centro). El miércoles, las oficinas del periódico impreso y digital El Monitor de Parral, de la localidad del mismo nombre en el norteño estado de Chihuahua, fueron atacadas con bombas incendiarias.
Tras el atentando, el director del diario dijo a medios mexicanos que se trató de una amenaza para que dejen de publicar noticias políticas y policiales la cual pensaban acatar para preservar su integridad.
Hasta el jueves, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) contabilizaba el asesinato de ocho periodistas en México en lo que va de 2019 y de más de un centenar desde el año 2000.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) agotó la línea de investigación del Caso Narvarte, preguntando al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y al ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, “si ellos tenían odio contra Rubén” o “si participaron en el multihomicidio”.
David Peña, coordinador jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, explicó que las autoridades encargadas de las líneas de investigación del homicidio de Rubén Espinosa y el feminicidio de Nadia Vera, Mile Virginia, Yesenia Quiróz y Alejandra Negrete, no profundizaron en las amenazas que Espinosa y Vera denunciaron meses previos.
“Vienen a nosotros y nos dicen, ya les fuimos a preguntar, ya desahogamos la línea de Veracruz. Hasta al gobernador le preguntamos y dijo que no, que no tenía nada que ver, qué más podemos hacer. En esa lógica de lo absurdo se desahogó la línea de Veracruz”.
Las preguntas que le hicieron en la PGJDF a Duarte fueron: ¿Usted conocía a Rubén?, ¿Usted tenía odio o animadversión en su contra?, ¿Usted supo que fue asesinado? y si tenía algo que agregar.
Sus respuestas fueron: “No conocía a Rubén, tampoco tenía odio o animadversión contra él”. Se enteró que fue asesinado a través de medios de comunicación y no agregó nada.
Mientras que al ex secretario, Bermúdez Zurita se le cuestionó: ¿Conocía a Rubén Espinosa?, ¿Usted sabía que murió?, ¿Tenía algún odio o animadversión en su contra?, ¿Usted participó en el asesinato? y ¿tiene algo que agregar?.
El ex funcionario estatal de Veracruz respondió que sí conocía a Rubén, sí se enteró que murió, no tenía odio contra el fotoperiodista, que tampoco participó en el crimen y no agregó nada.
La mañana del jueves primero de agosto, a cuatro años del crimen en un departamento de la colonia Narvarte, familiares de las víctimas e integrantes de Artículo 19 presentaron la plataforma “Memoria y verdad” que ya está vigente en la web.
En la conferencia, donde estuvo presente Indira Alfaro, madre de Yesenia Quiróz Alfaro; Angy Martín, hermana de Mile Virginia Martín; Patricia Espinosa, hermana de Rubén Espinosa; Leopoldo Maldonado, Subdirector de Artículo 19 y David Peña, coordinador jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social; detallaron que la plataforma cuenta con información de la investigación hasta el momento.
Ni Perdón Ni Olvido
A través de https://casonarvarte.articulo19.org/ se muestra una novela gráfica narrando cómo las víctimas fueron revictimizadas por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y que en mayo del 2016 -diez meses después del multihomicidio- abogados, familiares y activistas exigieron al entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, -actual senador- llamar a declarar al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y a su “gente” del gabinete.
Pero meses antes, el 10 de agosto de 2015, Duarte expresó públicamente, a través de una carta, que tenía disposición para colaborar en la investigación. Su “colaboración” se dio antes del 12 de octubre del 2016, cuando pidió licencia al Congreso de Veracruz para salir del cargo como mandatario estatal y huyó del país.
En tanto, Arturo Bermúdez Zurita fue citado a declarar como testigo en tres ocasiones.
Meses después, el 3 de febrero del 2017, fue recluido en el Penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, ubicado a unos minutos de Xalapa, por el presunto delito de desaparición forzada y enriquecimiento ilícito, permaneciendo hasta el 5 de diciembre del 2018 por pagar una fianza de un millón de pesos.
Por el momento, Bermúdez sigue en las calles y Duarte de Ochoa continúa preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, exigiendo ser liberado y enviando cartas a medios de comunicación, citando que es un “preso político” por diferencias con el ex secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
A ello se suma que desde que ocurrió el crimen se filtró información a medios de comunicación: fotos, dictámenes iniciales y resultados de las necropsias.
El 5 de agosto, cinco días después del crimen, se difundieron imágenes en video de una cámara de videovigilancia que mostraba a los tres presuntos responsables del crimen, salir del edificio.
La persecución hacia Nadia y Rubén desapareció para enfocarse en Mile y Yesenia, argumentando la versión que los hechos estaban relacionados con narcomenudeo y trabajo sexual.
La cadena de custodia fue insuficiente a partir de la primera inspección, se permitió que entraran personas ajenas a la investigación, incluso que sacaran cosas. La escena del crimen fue tan alterada que cuando el examen dactilar arrojó resultados algunas huellas pertenecían a uno de los propios policías.
Los familiares de Mile, Yesenia, Alejandra, Nadia y Rubén continúan exigiendo justicia, pues ya esperaron procesos electorales, cambios de gobierno y promesas de campaña.
“Pararon la investigación del caso para indagar en quienes filtraron información. Las víctimas esperaron campañas, la transición de gobierno y ahora que tomen “el tren” de la función pública”, agregó Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19.
Brenda Rodríguez, voluntaria quien recibió a la hija del migrante centroamericano que fue asesinado este miércoles en Saltillo, recuerda que la plática de la menor se centró en la inocencia y en el sueño que tiene por reunirse con su madre en Estados Unidos.
“Iban felices y entusiasmados. El señor era muy cuidadoso y muy cercano con su hija desde que llegaron”, dijo.
La menor de quien se ha resguardado el nombre por motivos de seguridad, llegó con su padre el mismo día, solicitando ropa y la ayuda humanitaria que regularmente se les brinda.
“Venían cansados, la niña necesitaba un baño y ropa. Ellos decidieron que solamente iban de paso”, cuenta.
Mientras que el padre estaba siendo registrado por las personas de la entrada a la Casa, Brenda recibió a la menor para entregarle lo necesario.
Marco y su hija, se acompañaron con otra mujer y su hijo durante su cruce por México, y fue juntos que decidieron continuar el viaje en la misma tarde del miércoles donde se registraron los hechos que le quitaron la vida al centroamericano de 29 años.
De acuerdo con Brenda, tanto la menor como su padre, estaban a la espera de reunirse con su madre en EU, misma con quien la Casa del Migrante ha exigido que sea reunificada la menor.
Tanto la Pronnif como la Comisión de Atención a Víctimas acudieron por la mañana de este jueves para brindar la atención necesaria; sin embargo, se sabe que la menor no fue informada sobre el fallecimiento casi instantáneo de su padre al recibir una bala, pues aunque ella misma vio el acto, no supo más de su padre, Marco.
De acuerdo con la Casa del Migrante, será esta misma institución quien deberá estar al cuidado tutelar de los menores hasta que su consulado haga las gestiones necesarias, en las que deberán de buscar a la madre en EU, o bien, buscar a los parientes en Centroamérica tanto de ella, como del niño de dos años que el grupo migrante dejó en una papelería.
Organizaciones civiles comunales; refirieron sobre las expectativas sobresalientes con respecto a la marcha de inconformidad contra la intención de hacer minería abierta en el Cerro del Gallo. Anuncian nuevas estrategias.
Por Roberto Gutiérrez Torres /Zona Franca, 2 de agosto de 2019
Dolores Hidalgo, Gto. Defender el territorio, cuidar el agua de la Cuenca de la Independencia, sensibilizar a la población sobre el daño ambiental que provocará la extracción minera a cielo abierto en el Cerro del Gallo, de la comunidad San Antón de las Minas, perteneciente a este municipio, son los ejes de lucha continua contra este proyecto que estarán ejerciendo los habitantes de más de 20 comunidades cercanas.
Mercedes Páramo, Rocío González e Ixchel Moreno integrantes de la Coalición por la Defensa de la Cuenca de la Independencia (Codecin) y Guardianes de la Cuenca de la Independencia, declararon que después de la marcha realizada hace unos días en esta ciudad, la respuesta es positiva y es el principio de una lucha para tomar conciencia.
Foto: Roberto Gutiérrez
La marcha del pasado domingo 21 de julio congregó alrededor de dos mil personas de todos los estratos sociales y de los diferentes municipios que integran la Cuenca de la Independencia.
Hay dos acciones pendientes entregar a la autoridad estatal y federal un documento pormenorizado de todos los daños que causaría este proyecto en el territorio, por lo que este próximo viernes, sábado y domingo, durante la veinteava edición de la Feria de Consumidores y Productores comunales a desarrollarse en el parque Álvaro Obregón la Alameda, estarán recopilando firmas y brindando pláticas a la gente para mantener la negativa a este proyecto; así como un foro sobre el tema el próximo domingo 4 de agosto a las 13 horas.
México endureció su política migratoria infografía HispanTV, 02 de agosto de 2019
Álvaro Fontana/ HISPAN TV
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció que el número de migrantes que llegan a Estados Unidos provenientes de México cayó en un 39,9 % desde mayo pasado.
En la misma conferencia de prensa, el titular de la Cancillería mexicana exigió al Gobierno estadounidense el compromiso y aporte millonario para poner en marcha el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica; las remesas podrían disminuir un 7,6 % por año debido al endurecimiento de las políticas de EE.UU., y por la eventual eliminación del estatus de protección temporal (TPS) que incluye centroamericanos
Ebrard sostuvo “que, si México se ha comprometido a invertir 100 millones de dólares en Centroamérica, a Estados Unidos le corresponderían proporcionalmente 2000 millones de dólares, lo que permitiría crear más de un millón de empleos en la región”.
Para poder lograr esta reducción tan significativa, México ha recurrido a la detención masiva de extranjeros que circulan por territorio mexicano; de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Migración (INM), en 45 días , del 1 de junio al 15 de julio , un total de 39 267 migrantes fue detenido por las autoridades, y de ellos, 31 146 fueron deportados a sus países de origen. También y como parte de los anuncios se informó que se está preparando una conferencia Internacional de países donantes para el plan de desarrollo integral para Centroamérica y el sur de México , así como la presentación de un protocolo para brindar atención a los menores.
Sin embargo, lo que en apariencia parece ser un avance se ve opacado por la información. El mismo endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, ya pone en riesgo, la única salida de las economías de los países del Triángulo Norte de Centroamérica: las millonarias remesas; el reciente informe, en el que Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible (CLACDS) del INCAE publicaron recientemente el libro “El futuro de Centroamérica: Retos para un desarrollo sostenible”, en el que el tema migratorio abarca un capítulo, lo describe con enorme claridad.
El trabajo detalla que en Estados Unidos hay al menos 3 millones de migrantes del Triángulo Norte y que sus remesas representan, el 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador y Honduras, y el 12 % del de Guatemala. Según el estudio, los salvadoreños en Estados Unidos en el año 2017 correspondían al 23 % de la población total de su país, y en el caso de Honduras y Guatemala suponían el 8 % y el 6 %, respectivamente.
En el mismo sentido, surgieron distintos puntos de vista y la misma Cancillería mexicana desestimó las declaraciones del embajador de Honduras en México, Alden Rivera, quien aseguró que “hay cientos de hondureños secuestrados en México. Como parte del apoyo anual para el plan de desarrollo, el gobierno espera tener anualmente la autorización de la Cámara de Diputados para destinar una partida del Fondo Yucatán a la generación de empleos en Centroamérica.
Trascendieron las declaraciones del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (CCINM) que llamó a la administración federal a apegarse a la legislación mexicana y a los principios internacionales de respeto irrestricto a la dignidad humana y proteger a los migrantes. Lo anterior, en el marco de las distintas diligencias que aparentemente se han llevado a cabo por personal militar y de la Guardia Nacional, entre otros, en albergues de la sociedad civil para migrantes. Hecho que —consideró el consejo— exhibe actitudes negativas por parte de las autoridades.
También la organización internacional Save The Children expresó preocupación respecto a las condiciones en las que se encuentran miles de niños que emigran en México, quienes esperan solos o acompañados una resolución sobre su situación migratoria. En un comunicado, estimó que uno de cada tres migrantes que ingresan al país de forma irregular es niño, niño o adolescente.
La entidad advirtió de que el viaje, las detenciones y la separación de sus familias provocan en los niños, niñas y adolescentes la liberación en altas cantidades de la hormona del estrés conocida como cortisol. Esto, indicó, puede afectar el organismo de niñas y niños, ya que se reducen centros cerebrales como el hipocampo, una estructura necesaria para la memoria y el procesamiento emocional. n futuro, la gente seguirá migrando
Desde Guatemala, la académica Úrsula Roldán coincide en que la disminución de los cruces irregulares en la frontera México-Estados Unidos se debe a la coyuntura actual, por lo cual en el mediano plazo las cifras podrían aumentar, aunque tendrá que ver con la sostenibilidad de las medidas restrictivas que ha impulsado Estados Unidos. Roldán explica que los migrantes se informan de lo que ocurre alrededor de la migración por medio de las redes de tráfico de personas, quienes a su vez esperan los momentos idóneos para volver a migrar. Añadió que otras podrían optar por buscar rutas no controladas y hacer la travesía en zigzag para no ser detectadas por la Patrulla Frontera.
Como parte de las distintas medidas en la política migratoria, los presidentes de México y de Honduras, Andrés Manuel López Obrador y Juan Orlando Hernández, formalizaron el acuerdo en el que el gobierno mexicano se compromete a apoyar al hondureño en un programa de empleo que ayude a reducir la migración forzada. Para las autoridades mexicanas, esta forma parte de un plan que fue presentado el pasado 20 de mayo conjuntamente con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en colaboración con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para combatir las causas de la migración en la región.
Esto comenzó entre México y El Salvador el pasado 20 de junio, cuando López Obrador y el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, anunciaron el establecimiento del programa “Sembrando vidas en ese país centroamericano.
Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, viene haciendo todo lo que está a su alcance para detener a los inmigrantes. Si se recuerda inclusive con amenazas comerciales ha logrado que el gobierno de mexicano realizara el despliegue de la Guardia Nacional en sus fronteras norte y sur. Esta fuerza ahora trabaja en contenerlos. Simultáneamente en Guatemala, el gobierno decidió a la presión y se convirtió en un ” tercer país seguro”, mientras que en EE.UU. continúan las amenazas y búsqueda de migrantes para lograr mayores deportaciones.
Por: Álvaro Fontana, Director de SOS Discriminación, especialista en temas migratorios
La detención de dos infantes de marina de Estados Unidos acusados de tráfico de migrantes acentúa la preocupación de que grupos criminales en la frontera entre México y Estados Unidos estén tras los soldados estadounidenses, ofreciéndoles dinero fácil por actuar como coyotes.
Los infantes de marina fueron arrestados el 3 de julio luego de que agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieran su vehículo en una autopista de California, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Sentados en el asiento trasero iban tres migrantes que habían ingresado ilegalmente al país, según una denuncia penal federal a la que tuvo acceso el New York Times.
La información obtenida de los dos soldados, asignados a Camp Pendleton, a solo 90 kilómetros al norte de la frontera mexicana, llevó al posterior arresto de 18 infantes de marina y un marinero en la base militar. Se los acusa de varios delitos, desde tráfico de migrantes hasta infracciones por uso de narcóticos, según Associated Press.
Este no es el primer caso de participación de personal castrense estadounidense en redes de tráfico de migrantes.
El año pasado, cuatro soldados activos asignados a Fort Hood, Texas, fueron condenados por tráfico de migrantes en un punto de inspección fronterizo. Los migrantes estaban ocultos bajo equipo militar.
También en 2018, un Centinela de la Guardia Nacional en California fue sorprendido transportando migrantes mexicanos ilegales cerca de San Diego.
Dos soldados se declararon culpables en 2016 de transportar a un par de migrantes indocumentados en la parte trasera de su vehículo para pasar un punto de control fronterizo en Falfurrias, en la frontera entre Texas y México.
En la mayoría de los casos, los soldados no tenían una función activa en el patrullaje de la frontera estadounidense con México. La Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos, que incluye la vigilancia fronteriza, es la fuerza que protege todas las fronteras estadounidenses, aunque en el pasado se han desplegado Centinelas de la Guardia Nacional e infantes de marina en los límites entre México y Estados Unidos.
Las recientes capturas muestran que los soldados y otras autoridades estadounidenses en la frontera son atractivos como aliados para los grupos criminales que participan en el tráfico de migrantes.
Un vocero de la Patrulla Frontera de Estados Unidos declaró a AP que “las redes de coyotes han estado tentando a soldados, agentes de policía, agentes de la Patrulla Fronteriza y otros para que trabajen con ellos como conductores”, pues es menos probable que se detenga e interrogue a una figura militar al volante de un camión.
Para algunos puede ser difícil resistirse al dinero fácil. Uno de los infantes de marina acusados de tráfico de personas declaró que le ofrecieron US$1.000 por recoger a los migrantes, según la denuncia federal. La mayor parte de los detenidos en Camp Pendleton, base localizada en una conocida ruta de tráfico de migrantes, eran infantes de marina subalternos enlistados, según se dijo, cuyo salario por lo general oscila entre US$2.000 y US$3.000 mensuales. Pero incluso ese señuelo puede fallar, pues muchas veces los coyotes prometen más dinero por más viajes, pero nunca pagan, señaló AP.
También existe la preocupación de que la política migratoria estadounidense esté exacerbando el problema. Las medidas duras en la frontera, implantadas por la administración del presidente Donald Trump han llevado a aumentar los cobros a los migrantes por coyotaje y los trayectos por zonas más peligrosas.
Como resultado de eso, los grupos criminales pueden estar buscando cualquier ventaja posible, y la complicidad de un agente estadounidense sería algo muy valorado.
Por esta razón, es posible que las autoridades quisieran que otros infantes de marina estuvieran muy enterados de las detenciones en Camp Pendleton, pues las capturas se hicieron cuando los soldados se reunieron en formación.
Acusan lugareños de Tucta y La Loma que sólo les llevan tapabocas, trípticos, y paracetamol para el dolor.
Román Hernández Román / Tabasco HOY
Nacajuca, Tabasco
Como deficiente, califican pobladores de la ranchería La Loma el servicio de brigadas médicas enviado por Pemex, empezando con el reparto de 60 fichas al día, con horario de ocho de la mañana a dos de la tarde, además sólo estarán tres días para atender a 700 habitantes de esta localidad.
“A consecuencia de la fuga de aceite que se registra a 200 metros de la comunidad, el olor pestilente hace que los habitantes respiren veneno puro, lo que tendrá consecuencias a largo y mediano plazo”, señaló el delegado municipal, Sebastián Jiménez Méndez.
Hay consecuencias como son vómitos, irritaciones en piel, infecciones en garganta principalmente en niños y adultos mayores; la preocupación es el consumo de agua, muchas personas por no tener recursos económicos toman agua de pozos artesianos, pero el derrame de aceite hace que esta práctica sea peligrosa, ya que el aceite está contaminando los mantos acuíferos del subsuelo.
José Isabel Jiménez señaló que pide que realmente den medicamentos buenos, ya sólo dan paracetamol, como si fuera el medicamento milagroso que cura todas las enfermedades”.
Se enfrentan pasantes de Medicina a inseguridad y carencias son condiciones con las que tienen que lidiar a diario.
Por: José Antonio Castro Murillo/ AM León Guanajuato, 02 de agosto de 2019
Los jóvenes entregaron un pliego petitorio al Gobernador. Foto: Omar Ramírez.
León.- Josué y Martín son dos pasantes de Medicina que laboran en comunidades de Guanajuato a cambio de 116 pesos diarios.
Tras casi siete meses de servicio, la inseguridad y carencias son condiciones con las que tienen que lidiar todos los días.
“Son muchas injusticias y eso es lo que se busca cambiar, que sea un trato más digno y no que nos vean como mano de obra barata”, dice Martín Moreno.
Atienden de 16 a 18 pacientes
“El problema principalmente es toda la carga de trabajo que se nos da, similar a la de un empleado o un médico adscrito, pero es una beca muy ‘representativa’ que no es proporcional”, agrega.
Los jóvenes comentan que las fallas en servicios básicos son comunes , además “si algún medicamento caduca o hay algún problema con eso, nosotros tenemos que pagar. Muchas veces el medicamento que nos llega no es el que nosotros pedimos”.
Estos médicos deben atender de 16 a 18 pacientes de 8:00 am a 4:00 pm, aunque terminan por cubrir jornadas de 24 horas de lunes a viernes.
Inseguridad en comunidades
Josué Hernández ha prestado su servicio en Cañada de Caracheo en Cortazar, donde “las condiciones son inseguras, no se mencionan pero que existen, me habían mandado a una comunidad y luego me movieron a otra donde no había médico titular”.
“La realidad es que la Secretaría a nivel de la jurisdicción local hace con el pasante lo que quiere, lo utilizan como un suplente”.
Las condiciones de inseguridad son frecuentes, “recientemente mataron a balazos a una persona a tres cuadras del Centro donde estoy, después hubo mensajes con amenazas de muerte que dejaron afuera del lugar, no contra nadie del Centro, eran para otras personas de ahí, pero son situaciones que inquietan”, dice Josué.
Beca insuficiente
Aunque estas condiciones también han llegado a afectar a los médicos directamente, “donde me asignaron había antecedentes de que intentaron envenenar a otro compañero anterior a mí”.
Todo esto a cambio de una retribución que a lo mucho lleva a 3 mil 500 pesos mensuales, que es la beca que reciben los que están en el máximo de los tres niveles que hay en el tabulador para pasantes.
Los vecinos de la Flores Magón dicen estar cansados de tener que despertar a las 03:00 horas para ver si les llega el líquido
Mazatlán, Sinaloa.- Habitantes de la colonia Flores Magón, Lomas del Ébano y sus alrededores sufren la falta de agua desde hace más de dos meses.
Esto provoca que los vecinos se limiten a realizar sus actividades diarias, como lavar trastes y ropa, expresa Rosa Irene, residente de la colonia Flores Magón. Afirma que ha llamado a la paramunicipal para expresar su problema, pero que no recibe ninguna solución al respecto.
“Llamo y sí me atienden, pero me dicen que más vecinos tienen que hablar.”
La mujer se ha visto en la necesidad de reciclar el agua que usa.
La molestia
Los colonos dicen sentirse cansados del trato que reciben del departamento de Jumapam, debido a que puntualmente cada mes tienen que realizar su pago por un líquido que no les llega a sus hogares.
“El recibo llega siempre y tengo que pagar porque si no, me la van a cortar, pero igual no hay”
Las calles Óscar Ortiz y Ofelia Guevara también se ven afectadas por el desabasto de agua.
Los padres tienen que estar pendientes para que los menores no sufran golpes de calor por la falta del agua para que se bañen y refresquen.
Medidas
En la colonia Lomas del Ébano, don José Luis, un panadero con más de 20 años en el oficio, dice que debido a los altibajos del desabasto de líquido, tuvo ahorrar y comprar un tinaco para tener donde almacenar el agua y trabajar sin tener que perder días de labor.
“No tuve de otra, si no, mi negocio se cae, pero los que no tienen tinaco sufren más”, expresa, ya que, según él, su panadería lo mantiene activo y productivo.
Jumapam
La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado continúa trabajando en las problemáticas que aquejan a los ciudadanos en los diferentes puntos de la ciudad.Tan solo la semana pasada, Ismael Tiznado, gerente de Jumapam, y Faustino Maldonado Arellano, superintendente de CFE, acordaron trabajar juntos ante las lluvias e inundaciones que se están presentando en la ciudad.
Sin embargo, la población que se ve afectada por el desabasto de agua potable solicita atención al problema y un mejor trato de parte del departamento para darle seguimiento a los reportes que se dan.
A diferencia de lo que sucede en las colonias populares, la Jumapam ha presumido en las redes sociales la solución de la escacez de agua en las zonas hoteleras, para lo cual, durate las últimas tres semanas mantvo reuniones con un comité de empresarios del sector pesquero.
Las aguas negras escurren en la entrada del nosocomio, lo que preocupa al personal médico
María Ibarra / El Debate
Escuinapa.- Colapsa la red de drenaje del hospital general, lo que ha generado la preocupación de su personal ante el riesgo sanitario que esto puede generar.
La administración carece de los recursos suficientes para efectuar el pago de manera permanente a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae), dependencia que les ha aplicado una cuota de 3 mil pesos por desazolve.
Un grupo de trabajadores del hospital general manifestó su preocupación por el colapso de la red de drenaje, ya que desde hace varios días, las aguas negras que genera este nosocomio se estaban exponiendo al aire libre en la entrada principal.
“Estamos muy preocupados porque los desechos que se generan en las instalaciones del hospital son muy delicados y tóxicos. Se solicitó el apoyo a Jumapae para desazolvar, pero están cobrando carísimo, 3 mil pesos por cada desazolve que se necesite”, expresó uno de los empleados.
Después de escuchar la denuncia de los trabajadores, se acudió a la dirección de la clínica para solicitar información, pero su personal está de vacaciones y el departamento de recursos humanos proporcionó los detalles.
Las tarifas
María Teresa Rojas Medina, encargada de recursos humanos, reconoció el problema registrado en la red de drenaje. Se solicitó el apoyo de Jumapae y la primera vez que brindó el servicio cobró 3 mil pesos.
“Tenemos un problema con las aguas negras, al parecer tenemos un mal funcionamiento del drenaje que se instaló en la institución. Se solicitó el apoyo al Ayuntamiento con el camión vactor para hacer el desazolve. De hecho vino ayer (miércoles) por la tarde para realizar estos trabajos”, explicó Rojas Medina.
Comentó que es la tercera ocasión que se presenta el colapso de la red de drenaje, ya que al parecer es una falla al interior del nosocomio.
“Nuestra preocupación al registrar fallas en la red de drenaje aumenta ya que el hospital tampoco cuenta con agua potable y el municipio no nos abastece. Para cubrir esta vital necesidad, es necesario comprar pipas de agua, tres diarias, lo que genera un gran desembolso para el nosocomio, y ahora con este problema del drenaje, los costos aumentarán al estarnos cobrando 3 mil pesos, ya que serán trabajos que se requiere estar haciendo cada 15 días”, explicó la administrativa.
Daños mayores
Mencionó que ingenieros vinieron de Culiacán para revisar el drenaje del hospital y confirmaron que el colapso generado es por desperfectos en la red.
“Nuestra preocupación es porque podemos tener problemas al rebosarse los drenajes del área interna y tenemos los quirófanos, los aislados, el área de hospitalización, y la contaminación generaría la suspensión de cirugías y demás”, alertó.
Rojas Medina aprovechó este medio para solicitar el apoyo al Ayuntamiento con el servicio de desazolve por lo menos cada 15 días, porque con la cantidad pacientes y familiares que acuden, la red se satura con mayor facilidad.
Con las lluvias, el hidrocarburo se esparció y ha causado muerte de fauna y flora de ese ecosistema.
Francisco Triano Coronel /Tabasco HOY
Cunduacán, Tabasco
Habitantes de la ranchería Cumuapa primera sección de esta demarcación, denunciaron este día que desde hace casi un mes existe una fuga de hidrocarburo en drenes aledaños a la batería Samaria-Luna I, el cual amenaza con expandirse a tierras ejidales de la localidad.
Al respecto, un grupo de campesinos originarios de la ranchería Cumuapa segunda sección de este municipio, denunciaron que hace aproximadamente un mes se registró una fuga de hidrocarburo en las instalaciones de la batería Samaria-Luna I, por lo que el crudo esparcido se expandió hacia unos drenes que se encuentran a un costado de la referida batería, originando la muerte de especies nativas como quelonios y reptiles.
Lo más preocupante, señalaron, es que con las lluvias que ya se han presentado en las últimas fechas, el crudo ya se esparció a varios metros sobre un dren, donde evidentemente ya ha causado la muerte de la flora y la fauna que existía en este ecosistema, todo eso, sin que nadie le diga o reclame a los representantes de la empresa Petróleos Mexicanos.
Matamoros, Tamaulipas. – Los habitantes de ejidos que se ubican en la carretera que conecta con la Playa Bagdad, se manifestaron este viernes a la altura de El Refugio y bloquearon la carretera para presionar a las autoridades a eliminar este punto de revisión, porque han cometido actos de extorsión en contra de los pobladores.
La mañana de este día personas de La Bartolina, Huizachal, Longoreño y Gomeño, iniciaron una protesta tras aumentar los casos de presunta corrupción por parte de los elementos de la corporación estatal.
Juan Carlos Carranza, residente de La Bartolina, expuso que a su hijo le han cobrado porque no cuenta con licencia de conducir y los montos que les han impuesto son de hasta 500 pesos, de acuerdo a otros casos que se han difundido.
Señaló que la petición es que quiten el retén que se encuentra en la vía, con la finalidad de que cese el hostigamiento contra los habitantes de ejidos.
Mencionó que este tipo de actos podrían afectar la actividad turística que se suscita en la Playa Bagdad, por lo que es importante que se solucione la problemática.
En estos momentos aún se encuentran las personas bloqueando la carretera.
Nayra Rivera / E-Consulta
Xalapa, Ver. – Integrantes de la Casa del Migrante Mons. Guillermo Ranzahuer González emitieron un comunicado en el que acusan a elementos de la Guardia Nacional de irrumpir de manera arbitraria en sus instalaciones.
Los hechos se registraron, de acuerdo con lo narrado en el documento, el pasado 27 de julio al medio día cuando seis elementos militares entraron al albergue que resguarda a 133 migrantes, entre ellos mujeres embarazadas y niños.
Los uniformados aprovecharon que un pipa cargaba gas para entrar sin autorización, argumentaron que habían sido enviados porque ahí se encontraba la Estancia Migratoria. No presentaron orden de un juez y tampoco usaron la fuerza, aseguraron en el comunicado.
Los uniformados aprovecharon que un pipa cargaba gas para entrar sin autorización, argumentaron que habían sido enviados porque ahí se encontraba la Estancia Migratoria. No presentaron orden de un juez y tampoco usaron la fuerza, aseguraron en el comunicado.
Este 2 de agosto se cumplen 6 años del asesinato del activista y defensor ambiental, Noé Vázquez Ortiz, en Amatlán de los Reyes, quien se oponía a la hidroeléctrica El Naranjal y el saqueo de recursos naturales en el estado de Veracruz, ante los graves daños que ello provoca.
El asesinato de Noé sigue en la impunidad, por lo que sus compañeros de lucha, entre ellos integrantes de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, reiteraron su reclamo de justicia y alto a los megaproyectos, como hidroeléctricas, minas a cielo abierto, fracking, que ponen en riesgo el equilibrio ecológico, la vida de diversas especies vegetales y animales, así como la salud y vida de las comunidades humanas.
Noé fue asesinado a pedradas, presuntamente por dos sujetos, mientras preparaba la ceremonia que ofrecería como inicio a la inauguración del décimo aniversario del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas en Defensa de los Ríos (Mapder) en Amatlán de los Reyes, Veracruz, manifestó LAVIDA en redes sociales en este sexto aniversario de los hechos.
“A seis años seguimos gritando:¡ ríos para la vida, no para la muerte!”.
LA LUCHA CONTRA MEGAPROYECTOS
Al respecto, el ambientalista integrante de LAVIDA, Guillermo Rodríguez Curiel, ha deplorado que los defensores de la ecología sean hostigados por realizar una lucha permanente y pacífica que defiende la ecología y la vida como patrimonio natural de las futuras generaciones.
En el estado de Veracruz hay megaproyectos mineros a cielo abierto, hidroeléctricos, energéticos, entre otros, que son, en realidad “proyectos de muerte”, ha referido Rodríguez Curiel. Y es que ya que está demostrado que ese tipo de megaproyectos causan daños irreversibles, esto en un contexto de deterioro alarmante del medio ambiente en todo el planeta, por lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido que si en once años no se revierte el cambio climático, las consecuencias serán irreversibles para la vida en el planeta.
El año 2030 es la fecha límite, de acuerdo con asesores de la ONU, para revertir el cambio climático.
El activista Ted Lewis destaca en entrevista que las amenazas del presidente estadounidense elevan los riesgos de ataques contra los migrantes, sin embargo, lo que en el forno busca el republicano es mantener un resquicio de mano de obra migrante que ayude a sostener la estructura del capital de ese país
Kau Sirenio Pioquinto: texto y fotos:/ PIEDE PÁGINA
El 12 de junio, Donald Trump anunció redadas para detener a más de 2 mil personas sin documentos en Estados Unidos. A pesar de la estridencia del mandatario, el operativo dejó 35 detenciones en todo el territorio estadounidense, sólo 1.75 por ciento de los casos anunciados, pero alertó a defensores de los derechos de migrantes, por las graves consecuencias que acarrean los ataques del discurso del republicano contra esta población.
“El lenguaje extremista de Donald Trump nos va a llevar a masacres y genocidios en Estados Unidos si no detenemos esta política fascista. Desde que él decidió atacar a los migrantes indocumentados lo vimos con preocupación porque políticamente es muy poderoso. Y lo sabemos porque no es la primera vez que esto pasa en la historia universal. Hemos visto que el miedo del otro motiva un movimiento de la derecha de rechazo y finalmente llegar al terrorismo equiparado con Hitler, Mussolini y otros abiertos fascistas”, advierte el activista Ted Lewis.
Lewis, director de la organización no gubernamental Global Exchange, ubicada en San Francisco, una de las ciudades santuario para migrantes desde la década de los 80, descarta que pueda haber una redada masiva, pero advierte que el anuncio de Trump generó miedo y confusión, en un país que depende en buena medida de las personas que llegaron de fuera, ya sea con documentos o sin ellos.
Por esa condición, señala, sería imposible una expulsión masiva de los trabajadores. Lo que buscan los dueños del dinero, agrega, es un sistema que por un lado reprima al migrante pero deje una “ventanita” para que entren a trabajar.
“Se genera incertidumbre laboral y un salario por debajo del mínimo, porque los trabajadores indocumentados no demandan mejores condiciones laborales. Lo que estamos viendo es que Trump quiere dos cosas: migrantes para trabajar, pero que trabajen con miedo”.
Las oficinas de Global Exchange están en el tercer piso del edificio histórico de La Misión, conocido también como la catedral de los derechos de los trabajadores. A la entrada, se aprecian murales que simbolizan las distintas luchas de los trabajadores en San Francisco.
-¿Qué pasaría si se diera una deportación masiva en California?
-El 1 de mayo de 2006 hubo una manifestación masiva, cientos de miles de trabajadores indocumentados en California salieron a las calles a protestar. Ese día fue un caos, se cerró el estado por completo. Creo que ese presagio aún no llega, pero no es necesario que llegue para detener esta política de exterminio.
Lewis dice que esa huelga de 2006 demostró cómo los migrantes indocumentados sostienen la economía de California: “Se presume que 9 de cada 10 trabajadores que laboran en los campos agrícolas son indocumentados, mientras que en servicios secundarios -hoteles y restaurantes-, 7 de cada 10 tienen el mismo estatus migratorio; este análisis llevó a los congresistas de California a legislar para declarar a California como estado santuario”.
Lewis y Global Exchange no sólo se enfocan en trabajadores migrantes, sino que también impulsan campañas de solidaridad con los trabajadores del mundo, sobre todo a aquellos migrantes que han sido desplazados de sus lugares de origen, por la violencia estructural que genera el Tratado de Libre Comercio y otros acuerdos comerciales con los países en desarrollo.
Lewis explica que su organización busca conectar también a los trabajadores con los consumidores de la mercancía que se produce en condiciones deplorables.
“Es importante que los consumidores conozcan el proceso de manufactureo con el fin de que se unan al boicot en contra de las distintas empresas que esclavizan a los jornaleros, cocineros, meseros, obreros, pero que además usa la mano barata de los niños y mujeres”.
Ted cita como ejemplo el caso de la huelga en contra de la uva que impulsó César Chávez en los años 80, experiencia que se tendría que replicar para detener la esclavitud moderna.
“Es necesario explicar a los consumidores de zapatos Nike cómo se fabrican en Asia, empleando a niños en la manufactura de los tenis, a pesar de la edad todos los días están en contacto con químicos altamente tóxicos”.
Para los trabajadores mexicanos indocumentados el principal desafío es reforzar el movimiento promigrante, además de cuidar que no se modifiquen los códigos de conductas de policías locales hacia ellos.
“A diferencia de otras organizaciones, Global Exchange trata de atender el problema desde la raíz. Porque el desplazamiento forzado es producto de la economía global, más allá de la frontera, es necesario voltear a ver cómo el Tratado de Libre Comercio afecta a los trabajadores en los distintos países. Para nosotros fue muy obvio que el TLC y los siguientes tratados con Centroamérica tuvieron el efecto neto de desalojar a la gente en sus países de origen y ponerlos en condiciones vulnerables”, afirma.
Ted Lewis, abierto promotor de la campaña del senador Bernie Sanders en 2015, cuestiona la política migratoria de la Casa Blanca y recuerda que la postura hostil no inició con el actual presidente “Desde el mediado de 1995 empezó la construcción del muro en la región de San Diego por ser la ruta más utilizada por los migrantes, con esto subió el número de muertos en sus intentos por cruzar a Estados Unidos. Lo cierto es que la política global lo que ha hecho es ignorar los efectos de la política económica transnacional para cerrar fronteras. Esto no es nuevo”, remata.
Alrededor de 50 médicos pasantes de diferentes instituciones educativas de Hidalgo se manifestaron en la explanada de Plaza Juárez para protestar por la reducción de las becas que les otorgan, así como de las mismas plazas en un 20 por ciento, por lo que pidieron diálogo con las autoridades federales.
Los inconformes marcharon de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) hasta la explanada de la Plaza Juárez, en donde mostraron una pancarta con la leyenda “La salud somos todos, por una pasantía digna” en la que reclamaron las acciones implementadas por el gobierno federal.
Luis Daniel Cruz Almaráz, médico pasante en Teltipán de Juárez, afirmó que han sufrido un recorte tanto de becas para los médicos como de las becas que reciben, por lo que serán afectados decenas de egresados que están por obtener sus títulos profesionales y que requieren de la experiencia en campo para ello.
Dijo que originalmente se tenía contemplado que comenzarían con la pasantía desde ayer, pero por las modificaciones implementadas por el gobierno federal comenzarán el periodo agosto de 2019, el 15 de este mes e incluso podría haber un nuevo ordenamiento por estas modificaciones.
Los médicos pasantes se sumaron a las protestas que se efectuaron a nivel nacional en distintos puntos del país para exigir al gobierno federal la adecuada prestación de los servicios, garantizar la seguridad en las comunidades más alejadas y marginadas del país.
Los inconformes recordaron que en Hidalgo hay regiones que representan un riesgo para los médicos pasantes como en la Huasteca, principalmente en Huejutla, donde se han presentado casos de secuestros y el pasado 21 de noviembre un médico pasante de la UAEH fue herido por sujetos armados en el Centro de Salud de la comunidad de Pepeyocatitla, ubicada en el municipio de Yahualica.
Con las reducciones de las becas, actualmente los médicos con plazas tipo C reciben mil 500 pesos a la quincena, la B mil 200 pesos y la A es de mil pesos, por lo que serán afectados con estas condiciones.
Otro caso emblemático ocurre en Huajuapan de León, en la región Mixteca, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa construir un hospital de 60 camas al tiempo que le dio un plazo de 18 meses, el cual venció los últimos días de mayo o los primeros días de junio de este 2019.
En una clara violación al derecho a la salud, el gobierno de Murat Hinojosa desacató la sentencia de la SCJN.
A los gritos de Nancy, le siguió un llanto nervioso al ver que su hija nació en la calle sin la atención de salud necesaria porque en el Hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” de Huajuapan de León, no la quisieron atender.
Ángel tuvo que quitarse su suéter para evitar que la recién nacida cayera al suelo: “yo detuve a mi niña hasta que llegó el médico y pedía pinzas (para cortar el cordón umbilical) y ni así se apuraban sus compañeros”.
Ángel, un ayudante de albañil, narró que su esposa comenzó a tener mucho dolor la madrugada del domingo 26 de enero. Nancy, de 21 años de edad, salió de su comunidad desde las 6 de la mañana rumbo al hospital. La checaron y le dijeron que todavía no y se regresaron a su casa.
Pero ahí, la mujer “se puso bien mala, se le reventó la fuente, estuvo sangrando y me la llevé al hospital. La metí cargando y (los doctores) decían que todavía le faltaban cuatro centímetros y me hicieron que la sacara”.
A escasos metros del hospital, Nancy parió auxiliada por su madre y su esposo, mientras que la gente que pasaba por el lugar solicitaba el auxilio de médicos y enfermeras del hospital.
Un video de tres minutos y 10 segundos difundido en YouTube muestra la crudeza del alumbramiento donde se observa a la mujer con su bebé aún con el cordón umbilical, así como la preocupación de la madre por la salud de su niña y la actitud del médico que recomienda tranquilidad, pide una pinza, una camilla y que la gente apague las cámaras.
Este hecho motivó que el gobierno de Gabino Cué anunciara la construcción de un hospital de 60 camas en Huajuapan de León porque el actual ya no se daba a basto.
Ángela, ahora tiene cinco años, cinco meses con 15 días y el hospital no existe, sólo se encuentra un letrero, lomas de tierra, pozas de agua y un criadero de peces.
Por esta razón, el abogado Noel Carmona Rosales manifestó que en su calidad de Director Jurídico del ayuntamiento (2014-2016), junto con los representantes legales del ayuntamiento, Celestino Rivera Galicia y Juventino Guillermo Guzmán Chávez, síndico procurador de justicia y síndico hacendario, respectivamente, interpusieron, el 23 de junio de 2015, la controversia constitucional 38/2015 dado que no se había construido el hospital de 60 camas.
Ya son cinco las primeras piedras que han colocado como inauguración para edificar el Hospital, vienen las autoridades, se toman la foto y se van, por lo que decidieron interponer la controversia donde se llevó a juicio al presidente Enrique Peña y al gobernador Gabino Cué, así como sus secretarios.
El juicio tardó dos años y el 24 de mayo de 2017, la Suprema Corte sentenció:
“Las omisiones atribuidas al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (Alejandro Murat), que se concretan en la omisión de llevar a cabo las obras de ampliación del Hospital General de Huajuapan de León, son violatorias del artículo 115, fracción III, de la Constitución General de la República en relación con el 393 de la Ley General de Salud, el artículo 12 de la Constitución del Estado de Oaxaca y los artículos 3°, 5° y 14 de la Ley Estatal de Salud del Estado de Oaxaca”.
Agregó que, “si bien el Municipio actor no será el encargado de operar el hospital ni de prestar directamente los servicios de salud, lo cierto es que la determinación de ceder parte del patrimonio municipal para efectos de la construcción de un hospital operado por el gobierno estatal, constituye una medida dictada en ejercicio de sus competencias, encaminada a la satisfacción del derecho a la salud de sus habitantes, la cual se ve frustrada por el incumplimiento del Gobierno Estatal”.
En la sentencia determinó que el gobierno del estado tendría entonces 18 meses para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte y entregar el hospital ya en funciones, contados a partir de la notificación de la misma o en su defecto buscar financiamiento para construirlo.
La realidad es que el gobierno del priista Alejandro Murat no ha cumplido con ninguno de las dos opciones.
El portal de noticias Informativo 6 y 7 resaltó que la ex regidora de Participación Ciudadana y Derechos Humanos del ayuntamiento de Huajuapan (2017-2018), Dulce Belén Uribe Mendoza, le dio seguimiento al incumplimiento en la construcción del hospital de 60 camas de Huajuapan.
Explicó que de acuerdo a la información que emanaba de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), el gobierno del estado decidió no continuar con la gestión ante el gobierno federal, interrumpiendo con ello el trámite ante el Fideicomiso del Sistema de Protección Social de Salud.
“En lugar de ello, optaría por establecer un convenio de colaboración con la Fundación Humbert para el Desarrollo Social y de la Biodiversidad A. C., en la que establecerían las bases, términos y condiciones sobre las cuales, la fundación, de forma gratuita, apoyaría económicamente a la entidad federativa”, apuntó.
En el convenio firmado el 31 de agosto de 2015, se estableció que dichos recursos serían para la ejecución de distintos proyectos de infraestructura de salud en el estado, por un monto de 3 mil 007 millones 270 mil 432 pesos, entre ellos, el proyecto de sustitución y ampliación del hospital general de Huajuapan.
Sin embargo, la Corte resolvió que “no sólo no se cumplió con la totalidad de los requisitos para el otorgamiento de los fondos, sino que expresamente el gobierno del estado manifestó su decisión de financiar el proyecto por otra vía, por lo que debe entenderse que la gestión se dio por concluida con el gobierno federal”.
A petición suya, el cabildo de Huajuapan exigió al gobierno estatal, en diciembre de 2018, la citada construcción, cuya última colocación de la primera piedra fue el 5 de febrero de 2014, fecha en que el entonces secretario de salud, Germán Tenorio Vasconcelos, entre protestas del personal de salud, aseguró que no era una colocación de primera piedra, sino que se trataba de un arranque de obra.
En marzo de 2014, Tenorio Vasconcelos hizo el anuncio oficial de que se construiría el hospital de 60 camas que sustituirá al Pilar Sánchez Villavicencio y para ello existían 68 millones de pesos etiquetados y disponibles para iniciar la obra por parte del Gobierno del Estado encabezado por Murat Hinojosa, no obstante, el proyecto rebasaba los 160 millones de pesos y su operación era de más de 5 millones de pesos anuales.
Lo cierto es que el terreno ubicado en la agencia municipal Agua Dulce sólo hay grandes montones de tierra y una laguna donde hasta peces hay.
El subdirector médico Geovanni Ortiz Martínez resaltó que el hospital general Pilar Sánchez Villavicencio trabaja al 150 por ciento de su capacidad.
Detalló que la saturación es constante en la unidad porque deben atender a una población de 95 mil habitantes, pero el área de influencia es de 192 mil personas.
Finalmente, el síndico procurador de justicia del ayuntamiento de Huajuapan, Pablo David Crespo de la Concha, reconoció que en una reunión que sostuvieron con el gobernador Alejandro Murat el pasado martes dos de julio, le pidieron el cumplimiento de esta sentencia de la Corte y en respuesta le dijeron que ya hay una licitación y un proyecto que no existía, sin embargo, todo fue verbal.
Hizo hincapié que van a coadyuvar y no se van a pelear con el gobierno del estado pero si en un mes la Secretaría de Salud no le presenta físicamente el proyecto y las fuentes de financiamiento, procederán a actuar.
En caso de que el gobierno del estado mantenga el desacato a la sentencia de la Corte, el municipio puede solicitar la separación del cargo de las autoridades responsables de cumplir este mandato judicial.
Un testigo del asesinato ocurrido ayer, en el que policías dispararon en contra de un migrante, habló sobre los hechos asegurando que ellos no agredieron a los oficiales y no estaban armados
Migrante testigo de asesinato ocurrido ayer en la colonia San Miguel, donde policías dispararon en contra de un inmigrante hondureño habló sobre los hechos.
El migrante dijo conocer a Marcos, asesinado ayer y con quien se encontraba la noche en el lugar de los hecho. “Escuché cuatro detonaciones y después mataron a Marcos”.
“Nos abrieron fuego como si fueramos animales” dijo el migrante testigo de asesinato de su compañero donde policías afirman el ahora occiso portaba un arma de fuego, motivo por le cual dispararon en su contra al repeler el ataque.
Foto: Vanguardia
Añadió que no fueron ellos los que iniciaron la agresión contra los policías invetigadores, negando que el migrante hondureño se encontrara armado como lo afirma un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
Personal de la Casa del Migrante informó que las personas que llegan al recinto son revisadas para su ingreso y registro, descartando que Marcos se encontrara armado.
El migrante estaba acompañado de su hija de 8 años y su intención era reunise con su pareja en los Estados Unidos.
Un migrante hondureño fue asesinado anoche a tiros presuntamente por policías estatales que lo perseguían junto con otros centroamericanos en la colonia San Miguel, tras poner a salvo a un niño de 3 años, según versiones de testigos, en el sur de la ciudad.
De acuerdo con la Casa del Migrante una niña de 8 años vio cuando fue asesinado su papá. “Venían migrantes corriendo con mujeres y niños, policías de la Fiscalía los venían persiguiendo y les iban tirando balazos”, señalaron vecinos, luego de que se reportó la muerte del hombre de unos 35 años, en un arroyo del sector.
A las 2:00 horas de hoy, la Fiscalía General del Estado no había dado una versión de los hechos, ni había confirmado el homicidio del supuesto migrante y sólo admitieron que abrieron una carpeta de investigación.
Por medio de las versiones de los vecinos, se estableció que alrededor de las 21:30 horas de ayer comenzaron a escuchar gritos pidiendo ayuda y luego observaron a personas que corrían por la calle Emiliano Zapata.
“Eran policías vestidos de civiles, de esos de la Fiscalía, porque con ellos venía una camioneta negra con los logos de esa corporación”, aseguraron los testigos, quienes por temor a represalias pidieron permanecer en el anonimato.
DEJARON A UN NIÑO
En un comunicado, la Casa del Migrante aseguró que los elementos de la FGE mataron al centroamericano luego de una persecución que inició cuando la víctima y al menos otras nueve personas se dirigían al sitio por donde pasa el tren, para intentar irse a Estados Unidos.
El documento, firmado por Alberto Xicoténcatl, director de la casa, explica que los migrantes dejaron al niño en una tienda para ponerlo a salvo. También señala que en el grupo iban familias y que varios de los centroamericanos fueron detenidos, entre ellos, una mujer y su hija.
Funcionarios que forman parte del grupo de WhatsApp presentaron una denuncia anónima por la conversación ofensiva contra migrantes africanos. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro.
José Ignacio De Alba y María Fernanda Ruiz/ PIE DE PÁGINA/ SIN EMBARGO
En un chat entre funcionarios que atienden migrantes, Martha Yolanda López Bravo, Procuradora Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que pertenece al Sistema Nacional DIF, se refirió a los migrantes africanos que protestaban en un albergue en Chiapas como “caníbales”. La denuncia fue recibida desde el 5 de julio en el Sistema Nacional DIF, en la Secretaría de Gobernación y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero hasta ahora ninguna dependencia se ha hecho cargo.
Ciudad de México, 1 de agosto (Pie de Página).– La Procuradora federal de Protección a Niñas Niños y Adolescentes, Martha Yolanda López Bravo, escribió en un chat de WhatsApp de enlace con servidores públicos comisionados para atender menores migrantes en Chiapas que los migrantes africanos son “caníbales”.
El mensaje fue enviado la tarde del 18 de junio. Lo que siguió en la conversación fue la respuesta del Subdirector de Representación Jurídica, Salvador Silva Becerra, quien escribió “jajaja no me vallan (sic) a ver con ojos de rostizado”, haciendo referencia al hambre de los migrantes.
La conversación tuvo lugar cuando algunos funcionarios de la Procuraduría estaban dentro de la extensión de la Estación Migratoria Siglo XXI que se instaló en la Feria Mesoamericana y luego de que un grupo de indocumentados africanos se amotinó en el lugar y algunos lograron escapar.
Foto: Especial vía Pie de Página.
El 5 de julio, funcionarios que forman parte del grupo de WhatsApp presentaron una denuncia anónima por la conversación ofensiva ante la Contraloría Interna, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación. Pero hasta ahora ninguno ha dado respuesta.
De hecho, esta información fue entregada a Pie de Página 25 días después de que se presentó la denuncia y cuando ninguna de las instancias que selló de “recibido” tomó alguna medida al respecto.
La carta está dirigida a María del Rocío Pérez, titular del SNDIF, los denunciantes consideran que “es sumamente preocupante que dichos Servidores Públicos se encuentren en una institución federal encargada de garantizar y restituir los derechos de las personas en situación de migración”. Además, piden que se realicen las indagatorias necesarias se tomen las medidas para cesar a ambos funcionarios.
Pie de Página se comunicó con la responsable de la oficina de Comunicación Social de SNDIF para pedir una posición sobre la denuncia dirigida a a su directora. La respuesta fue: “no tengo idea, al área de Comunicación Social no nos ha llegado nada”.
La Procuradora Yolanda López Bravo, autora del mensaje, es la encargada de procurar la protección de infantes y adolescentes en México, además en sus manos está la atención médica y psicológica de los menores de edad según el artículo 122 de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Además, la Procuradora López es parte del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Este comité se encarga del cumplimiento del Código Ético y de conducta de los funcionarios públicos.
Por su parte, Rocío Pérez participará este miércoles, en la presentación conjunta que harán el SNDIF y la Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la niñez) el “Modelo de cuidados alternativos para niñas niños y adolescentes solicitantes de asilo y refugiados en México: guía para su implementación”.
Armando Guzmán/Proceso
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó esta mañana que continúa la atención a la fuga de hidrocarburo en un oleoducto ubicado en un área despoblada de la comunidad indígena La Loma, del municipio de Nacajuca.
La empresa productiva del estado refirió que, como parte de las medidas de urgente aplicación, se suspendió temporalmente la operación del ducto y se colocaron barreras de contención que mantienen confinado el producto, evitando su dispersión, al tiempo que se inició su recuperación.
Por su lado, el director de Protección Civil, Jorge Mier y Terán, reconoció que el derrame de hidrocarburo es grave, tan así, que la población bloqueó el sitio de la fuga y sólo pudieron tener acceso a partir del domingo.
Pemex detalló que se avanza en el desfogue del remanente del hidrocarburo que queda en la línea, para que, una vez concluido este proceso, se inicie de inmediato la reparación del ducto y el análisis para determinar las causas del incidente.
Precisó que para las labores de atención fue necesario acondicionar el terreno para facilitar el ingreso de personal y equipo especializado, que se encuentra resguardado por elementos de Seguridad Física de Pemex, así como del Ejército Mexicano.
Respecto de las quejas de comunidades aledañas, por los fuertes olores que perciben, la empresa productiva señaló que desde ayer la Unidad Médica Móvil de Pemex brinda servicios a los habitantes del área.
“En todo momento Petróleos Mexicanos ha mantenido una permanente comunicación con la comunidad en coordinación con las autoridades gubernamentales para la atención de esta problemática”, puntualizó.
Por su lado, la alcaldesa morenista de Nacajuca, Janicie Contreras García, informó que el siniestro ocurrió desde el miércoles 24 y que, por seguridad, 15 personas –entre ellos siete niños– fueron desalojados de la comunidad La Loma y enviados al Casino del Pueblo.
Dijo que se respira un fuerte olor a hidrocarburo en la zona del incidente y que, según Pemex, las operaciones de restauración durarán alrededor de 10 días.
Reclaman 200 pasantes condiciones dignas; piden que las becas sean proporcionales a la carga de trabajo que tienen, y mayor seguridad.
Por: Redacción AM León Guanajuato 01 de Agosto de 2019
Participaron al menos 200 personas. Foto: Omar Ramírez.
León.- Decenas de estudiantes y pasantes de medicina del estado de Guanajuato, se manifestaron en las calles de León, en protesta por las condiciones bajo las cuales ejercen su profesión como pasantes.
Su recorrido incluyó la Calzada de los Héroes. Foto: Omar Ramírez.
Se trató de una movilización en apoyo a la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social, organización que ya ha mantenido reuniones con autoridades federales, pero que ayer hizo entrega de un pliego petitorio.
Bajo el lema #LaSaludSomosTodos, los pasantes exigieron atención para el pliego petitorio mencionando que además dos de ellos entregaron al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en su visita al nuevo Hospital General de León. Marchan sobre las banquetas
Poco después de la 1:00 de la tarde, cerca de 200 médicos y estudiantes de medicina avanzaron desde el Forum Cultural por banquetas y camellones para no obstruir la vialidad, hasta llegar a Presidencia Municipal.
Portaron carteles en los hacían mención del paro nacional. Foto: Omar Ramírez.
Entre consignas como ‘Medicina marchando también está curando’, ‘Ninis con sueldo, pasantes sin presupuesto’, y ‘En salud, cero austeridad’, el grupo avanzó a través
En el documento que entregaron solicitan organización de mesas de trabajo conjuntas con autoridades de los tres niveles de gobierno para acordar la asignación de plazas y las afectaciones que puede haber en las becas que reciben ante el recorte de presupuesto. Las peticiones
Igualmente solicita asegurar las formas de pago para los pasantes de diferentes ramas que atienden en centros de salud, condiciones de seguridad y la creación de una comisión especializada en el Senado y Cámara de Diputados en la cual haya integrantes del gremio.
de la Calzada de Los Héroes y posteriormente en la calle Madero por cerca de 45 minutos.
La marcha avanzó por la calle Madero. Foto: Omar Ramírez.
“Condenamos la agresión y destrucción ocurridos la madrugada del 31 de mayo en las localidades de Rebollero y Rio Minas, pertenecientes a la comunidad binizza de San Pablo Cuatro Venados en el municipio de Zachila, Oaxaca, a manos de un grupo armado, que con violencia destruyeron la casa de decenas de familias.
“Un numeroso grupo de personas llegó a la localidad disparando armas de grueso calibre y acompañados de maquinaria pesada, tras muchos disparos derribaron las casas, obligando a salir y refugiarse en el monte a las y los compañer@s, entre los que se encontraban menores de edad.
“Derribaron 24 viviendas, quemaron maíz y otros granos almacenados como semillas para la siembra, quemaron las pertenencias personales de la comunidad como ropa y zapatos. Además, se robaron ganado, plantas generadoras de energía y bombas de agua.
“Reiteramos que nuestra madre tierra no está en venta al gran capital ni a nadie, nuestra existencia no se negocia y por lo tanto tampoco la resistencia de nuestros pueblos” Comunicado del CNI-CIG y el EZLN ante la violencia desatada contra los pueblos originarios, junio de 2019.
Colectivo Grieta, 31 de julio, 2019
Entre la muchas voces que se hicieron oír en el Segundo Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno realizado en San Juan Volador, Pajapan, Veracruz, están las de la mujeres de San Pablo Cuatro Venados, municipio de Zaachila, Oaxaca. Este grupo de compañeras binizza (zapotecas) fue nombrado por su propia comunidad para llevar su palabra y denunciar frente a todas las mujeres las agresiones de las que han sido víctimas por defender la tierra y la vida en su territorio. Las compañeras hicieron que se oyera su palabra clara y decidida en las distintas mesas de trabajo y discusión para tratar de compartir su experiencia organizativa y entender que su lucha contra de la minera Canadiense Arco Resources Corp, que busca extraer el oro del sus montañas, no es una lucha aislada sino que se inserta en un contexto mucho más amplio de lucha por la vida frente a los proyectos de muerte que el capitalismo pretende imponer.
En entrevista, estas compañeras de la ranchería Rebolledo explicaron que esta lucha les ha valido el desconocimiento de las autoridades agrarias y municipales de su propia comunidad, así como de los vecinos de Cuilapam de Guerrero, a quienes denuncian por haber negociado un antiguo conflicto agrario en favor de intereses externos. “Nos expulsaron de la asamblea por rebelarnos, ha sido mucha discriminación y abuso de autoridad hacia nosotros”, narra una compañera.
Señalan que detrás de esto hay intereses de empresas mineras que tienen el apoyo de los gobiernos estatales y municipales, y explican cómo desde el poder se han generado estos conflictos para enfrentar a los pobladores de la zona y poder irrumpir en su territorio. De la misma forma expusieron cómo las autoridades, tanto de San Pablo como de Cuilápam, han llevado a cabo una campaña de desprestigio en su contra, acusándolos de forma por demás absurda de “invadir” tierras en las que han vivido sus padres, abuelos y tatarabuelos: “Nosotros tenemos nuestras actas de nacimiento, somos descendientes de comuneros (…) entonces no entendemos cómo nuestro mismo comisariado puede llamarnos invasores frente a nuestro pueblo, y para luego querer desalojarnos”, explica otra compañera y agrega: “mi esposo también ya fue comisariado en 2002, 2003. Pero ahorita, con eso de que él se rebela en contra de lo que está haciendo nuestra autoridad, ya no tiene derecho de ir al pueblo: ‘Usted sálgase, usted ya no venga acá a la asamblea’, dice que lo increpan.
El tan anunciado e ilegal desalojo llegó con el grave ataque que los pobladores de Rebollero sufrieron el 31 de mayo de 2019 –luego de un primer intento de desalojo en abril de 2018–, cuando más de quinientas personas irrumpieron violentamente en el poblado de Rebollero y Río Minas disparando armas de grueso calibre. Los atacantes, provenientes de Cuilápam, permanecieron ahí todo el día disparando, incendiando, robando y arrasando con las retroexcavadores hogares, herramientas, semillas, animales, enseres domésticos, ropa y todas las demás pertenencias reunidas durante años de trabajo. “Yo no sé si le echaron lumbre, pero todo lo hicieron un revoltijo con la máquina: las tortilleras, los toros, los borregos, las gallinas, las vacas… Teníamos un panel solar con el que cargábamos los celulares. ¡Todo se lo cargaron! Se lo llevaron”.
Por su parte, los medios de comunicación estatales –como documentó Ñani Pinto en Avispa Midia– se hicieron eco de la versión de los agresores y publicaron que “comuneros de Cuilápam de Guerrero habían desalojado a presuntos paracaidistas y usurpadores de tierras”.
Como resultado de este ataque, decenas de familias tuvieron que refugiarse en la montaña donde se mantienen hasta estos momento viviendo en el monte, “bajo lonas (…) estamos cuidando nuestras tierras”, porque –dicen convencidas– “no se las vamos a dejar”.
Las compañeras de San Pablo Cuatro Venados alertan también que la empresa minera canadiense ya está limpiando los terrenos donde pretende instalarse. “Cuando alguien baja a la plaza bien bonito que platican, que el empresario ya fue al pueblo (…) que dijo el ingeniero que no se preocupen, que van a componer el camino (…) Por eso queremos que todo esto se difunda”. Por otra parte, vinculan las agresiones de parte de una parte de los pobladores de Cuilápam de Guerrero al interés que existe entre los pobladores este municipio por lotificar y vender las tierras comunales. “Mire, pues yo como lo entiendo es que ese ataque en particular para que nosotros salgamos de ahí es porque Cuilapám tiene […] interés en lotificar nuestro cerro. Porque hay muchos letreros en ese pueblo de Cuilapám […]. Quieren vender la tierra los de Cuilapám y nosotros no. Por eso quieren que nos salimos de ahí”.
Respecto a las afectaciones a la naturaleza que en la zona causará la extracción de mineral, las mujeres de San Pablo Cuatro Venados comentan que están conscientes de la destrucción que esta mina va a traer a sus tierras, como “todo lo que está abajo lo quieren echar para arriba” y cómo el agua que ellos se han esmerado en mantener limpia se va a contaminar, no sólo para ellos, sino incluso para quienes ahora quieren vender sus tierras. A pesar de la actitud de quienes quieren lotificar y vender, las compañeras ponen sus esperanzas en la organización de los pueblos de la región: “hay muchos pueblos vecinos, pero no sabemos si se unen a la lucha”, mientras otra compañera agrega que “la gente de Santa Inés del Monte está platicando que van a apoyar para que se cierre la mina”. Otra mujer cuenta: “Luego les platico a las personas de San Miguel Peras, que está más arriba en la serranía y dicen que sí están de acuerdo de cerrar. Parece que San Pedro Ixtlahuaca también está de acuerdo. Con los que no hemos platicado es con Jalapa del Valle y San Andrés Ixtlahuaca”.
La fuerza de seguir luchando
En palabras de las entrevistadas, asistir al Segundo Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno es para ellas un aliciente para continuar con su resistencia: “mi comunidad me nombró para participar y entendí pues que es un momento de lucha, de lucha dura, ¿no? Porque no es nada fácil. Y que es una lucha fuerte porque no es de ahorita arreglarlo. Nada más aquí es un aviso para difundir esta información y para seguir ora sí que fuertes en nuestros hogares y en nuestra comunidad. Y no dejar nuestra comunidad porque es el único patrimonio que tenemos. Eso es lo que voy a informarle a mis compañeros (…), que pues no dejamos de luchar”.
Otra más reflexiona: “lo que aprendí y lo que oí es un alivio (…) recibimos fortaleza y pláticas. Y nos desahogamos, porque traemos un resentimiento, como una pena que nos está quemando por dentro, que queremos saber quién nos apoya. Que nos dice está bien o no está bien lo que estás haciendo”, dice una compañera. Otra más reflexiona:
Finalmente, otra compañera concluye: “luchas por tus hijos, por tus hijas, por tus nietos, por lo niños que vienen. Porque es tu pueblo, ahí naciste, ahí creciste. Entonces con todo esto que vienen y nos atacan, y destruyen nuestras casas. Y uno dice: ´ya destruyeron nuestras casas, entonces hay que irse, a donde haya paz´. Pero ahora con este encuentro digo no, no nos vamos a ir y vamos a seguir adelante hasta donde Dios diga […] Entonces gracias a todas las compañeras que están aquí, nosotras aprendimos que nuestro pueblo y nuestra tierra lo vamos a defender. Es la fuerza de seguir luchando”.
Mujeres reunidas en el Segundo Encuentro Nacional de Mujeres del CNI-CIG. Foto: Colectivo Grieta.
Culiacán, Sinaloa.- Derechohabientes y familiares que se encuentran en el área de Urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Navolato denunciaron que las instalaciones se encuentran en condiciones deplorables y sucias.
Al recorrer el lugar, se observa que los bebederos que fueron instalados para que los pacientes y los acompañantes pudieran tomar agua potable se encuentran sucios y con basura; mientras que los pisos tenían lodo, y en la sala de espera había un fuerte aroma a desechos.
Los usuarios señalaron que ya están acostumbrados a que la sala de espera luzca de esta manera, pero cuando se han quejado les dicen que no hay tanto personal para limpiarla de manera frecuente, lo que ven mal, ya que llegan persona desangrándose o con vómitos, y pueden pasar horas para que alguien haga el aseo.
“Sabemos que es un lugar donde entra mucha gente, pero cada tiempo determinado pueden estar limpiando, aunque sea para que no tenga un aspecto sucio”, dijo Esther Verdugo.
La unidad del Seguro Social de este municipio tiene mucha demanda de la población, y consideran que el espacio de la sala de espera es insuficiente porque hay pacientes que tienen que esperar afuera, sin un lugar donde sentarse, sufriendo calor y, en ocasiones, hasta lluvias.
Sin citas
Otra de las molestias que señalaron fue que en el área de consultas de Medicina General hay pacientes que llegan desde las 05:00 horas para hacer fila, y al llegar las 08:00 horas, tiempo en el que se recogen las fichas, solo les dan turno a dos o tres personas, y el resto es enviado a unifila, donde tienen que pasar hasta tres o cuatro horas más para que se les asigne turno.
Los pacientes señalaron que es una injusticia que tengan que pasar ocho horas para ser atendidos, además de que las citas telefónicas o por Internet son asignadas hasta dos semanas después, no de un día para otro.
“Hay quienes se enferman de repente, y si hace por teléfono la cita, para cuando llega el día la persona ya se alivió; y si viene uno sin cita, tiene que madrugar para alcanzar turno”, dijo Ofelia Medina.
Espacios
Debido a esto, piden que se abran espacios para quienes acuden sin citas al Seguro Social, ya que —señalan— las plataformas digitales afectan a quienes de un día para otro pueden presentar enfermedades, como gripes, calenturas o infecciones, pues para ser atendidos sufren un calvario, por lo que al no encontrar un espacio en el Seguro Social tienen que acudir al servicio privado o a las farmacias, donde ofrecen consultas gratis.
El municipio de Culiacán fue el que más incidencias tuvo con 52 hechos
Redacción / El Sol de Mazatlán
Culiacán, Sin.- El mes de Julio ha sido el más violento del 2019, cerrando con 82 homicidios dolosos, de acuerdo a datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, superando los meses de enero y mayo con 81 casos respectivamente.
En comparación con el mes de junio, el cual culminó con 73 muertes violentas, Julio presentó un aumento de nueve hechos, y la disminución de ocho en comparación con el año anterior.
Del total de los hechos, 52 sucedieron en Culiacán, seguidos por Ahome con nueve y Mazatlán con ocho casos. Salvador Alvarado y Guasave presentaron tres incidencias respectivamente, mientras que Navolato, Mocorito y El Rosario tuvieron dos muertes cada uno, y por último con un solo caso esta Escuinapa.
Por su parte, los municipios que registraron saldo blanco en Julio fueron nueve, siendo la mitad los que presentaron una disminución, y otros se mantuvieron en blanco siendo Angostura, Badiraguato, Choix, Concordia, Cosalá, El Fuerte, Elota, San Ignacio y Sinaloa de Leyva.
Los homicidios del mes representan un promedio de 2.64 muertes por día, siendo los días nueve y 28 los más violentos del mes, con seis hechos, cinco de ellos en Culiacán y el restante en Salvador Alvarado, en el primer día, mientras que en el segundo se cometieron dos homicidios en Culiacán y Mazatlán respectivamente, y los restantes se registraron en Ahome y Escuinapa.
De esta manera Sinaloa cierra con 522 homicidios en lo que va del 2019.
En el caso de los feminicidios, el mes tuvo seis hechos, uno menos en comparación con el año anterior, quedando Julio con 26 casos, cuatro menos en comparación con el año anterior y 23 casos menos en comparativa con el 2017, cuando se inició la alerta de género.
Estudiantes de enfermería del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifiestan este jueves para exigir mejoras laborales y respeto a sus derechos, en Ciudad de México (México). Los pasantes, que provienen de las escuelas Nacional de Enfermería y Obstetricia del IPN y Superior de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, señalaron que además el gobierno les ha quitado sus becas de 300 pesos (15,5 dólares) mensuales, los cuales utilizan para realizar su trabajo. EFE/Sáshenka Gutiérrez
EFE
CIUDAD DE MÉXICO.- Estudiantes de enfermería del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestaron este jueves en la Ciudad de México para exigir mejoras laborales y respeto a sus derechos.
Centenares de manifestantes exigieron a las autoridades una explicación sobre cómo asignan las plazas y los pagos, entre otros temas.
EFE/Sáshenka Gutiérrez
EFE/Sáshenka Gutiérrez
EFE/Sáshenka Gutiérrez
EFE/Sáshenka Gutiérrez
EFE/Sáshenka Gutiérrez
Los practicantes, que provienen de las escuelas Nacional de Enfermería y Obstetricia del IPN y Superior de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, señalaron que además el Gobierno les ha quitado sus becas de 300 pesos (unos 15,5 dólares) mensuales, los cuales utilizan para realizar su trabajo.
“Nos urge iniciar el servicio porque es una contribución a la sociedad, no nos aceptan en los hospitales y eso es preocupante”, dijo uno de los manifestantes a medios de comunicación.
Entre sus demandas, los enfermeros pidieron la dignificación de la profesión y una adecuada prestación de los servicios, así como homologar el salario entre plazas y garantizarles calidad de vida digna durante su servicio, así como establecer un plan federal para la mejora de condiciones de los centros de salud.
Los denunciantes dijeron que aunque las autoridades de salud habían manifestado que los recortes de presupuesto impuestos por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no les iban a afectar, actualmente no hay plazas para realizar su servicio social, además de que siguen las carencias en insumos y las instalaciones están deterioradas.
Esta denuncia se une a la que realizaron en días pasados los pasantes de medicina del país, quienes habían amenazado con realizar este jueves un paro de labores en protesta por la reducción de presupuesto en salud que ha llevado a la disminución de becas y en algunos casos la eliminación.
Salud ya atiende peticiones de médicos pasantes
Al respecto, la Secretaría de Salud aseguró este jueves en un comunicado que ya atiende las exigencias de los médicos pasantes, aunque no se ha manifestado al respecto de los enfermeros.
Explicó que será la Consejo Nacional de Salud (Conasa) quien dé respuesta a los pasantes en materia de seguridad, prestaciones de ley y respeto a los horarios laborales.
Del mismo modo, establecerán una mesa para explicar las reglas para la asignación de plazas, su categoría y pago.
Y se comprometieron a revisar los riesgos que corren los pasantes en zonas peligrosas y las condiciones de infraestructura, mobiliario y medicamentos que enfrentan.
El ministerio dijo que gestionará la creación de una comisión especializada en el Senado, en la Cámara de Diputados y en otros organismos para el planteamiento, discusión y creación de un nuevo modelo de servicio social.
Finalmente, insistió en que hará lo posible para garantizar el pleno derecho a la salud de la población.
Colectivo Grieta, 31 de Julio de 2019
San Juan Volador, Veracruz.- En el II Encuentro de Mujeres del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno convergieron mujeres de 24 pueblos indígenas de 28 Estados del país, así como compañeras provenientes de 13 países del mundo, así como colectivos y organizaciones. Para que este encuentro pudiera llevarse a cabo fue indispensable la labor de las mujeres organizadas de San Juan Volador, Veracruz, comunidad que fue la sede del mismo. Una parte de esas mujeres nos narró su historia de lucha, contándonos cómo la propia organización del encuentro sirvió para reforzar sus vínculos, aprender de otras compañeras y de la propia fuerza de su comunidad. Este encuentro se realizó los días 27 y 28 de julio de 2019, en la comunidad de San Juan Volador, en la zona serrana cercana al Istmo de Tehuantepec, en Veracruz. La alegría organizativa que subyace la propia alegría de organizarse contra el capitalismo y el patriarcado.
El encuentro fue convocado en torno a las preguntas ¿cómo podemos responder a la violencia desde una visión antipatriarcal y anticapitalista, construyendo vida ante tanta muerte? y ¿cómo construimos desde nuestras realidades y nuestras herramientas un tejido común que nos permita fortalecer la organización en y entre nosotras, nuestros pueblos, colectivos, barrios y organizaciones? Los acuerdos de este encuentro, cuyo referente es el EZLN y en el que participaron cientos de mujeres, incluyen el de “Mapear y compartir los distintos despojos en nuestros territorios y barrios, asi como evidenciar como impactan en la vida de las mujeres. Visibilizarlos y fortalecer la defensa de los derechos de nuestros pueblos”. Pero su camino no empezó los días del encuentro sino que viene de más atrás.
Las mujeres de San Juan Volador cuentan que comenzaron organizándose: “En nuestra comunidad tenemos amenazas de concesiones mineras, extracción de hidrocarburos, parques eólicos, zonas industriales y concesiones de agua e hidroeléctricas. Ante eso nos organizamos a nivel comunitario para rechazar los proyectos”. Empezaron organizánose por asambleas comunitarias, poco a poco, hasta que tuvieron 84 actas de asamblea donde dicen “rechazamos estos megaproyectos que vienen a acabar con nuestra vida comunitaria”.
Al principio el tema era la defensa del territorio, veían que era importante el trabajo propiamente como mujeres, pero las compañeras cuentan que “no les daba la vida”. Todo cambió a partir del primer encuentro de mujeres que luchan que se llevó a cabo en territorio zapatista en marzo de 2018, pues “a partir de la lucecita que nos entregaron, a partir de eso nosotras como mujeres del CNI y del CIG, quedamos en acuerdo de regresar a nuestras regiones a hacer trabajo con compañeras y una tarea es difundir la ley revolucionaria de las compañeras zapatistas, no para copiarla, pero sí para que nos inspirara, para tener una base, una idea de cómo empezar a coordinación de mujeres indígenas de la sierra”. Por eso se organizaron como Coordinación de Mujeres de la Sierra del Movimiento Regional Indígena en Defensa y respeto por la vida.
Después, cuando las compañeras zapatistas avisaron que por las agresiones paramilitares y de los diferentes niveles del gobierno no podrían ser la sede del segundo encuentro de mujeres, las compañeras de San Juan Volador se reunieron a platicar, a organizarse, a ver si proponían o no a la comunidad. Por eso lo llevaron a una instancia de organización de la comunidad: a la “reunión de servidores”, en la que participan también los hombres. “Propusimos que se lleve a cabo el encuentro de mujeres y por eso nosotras aquí en San Juan Volador lo platicamos”. Dicen las compañeras que este encuentro vino a ponerlas a hablar entre ellas, a organizarse, a ver si proponían o no a la comunidad, “si estamos teniendo la iniciativa hay que tener la iniciativa de proponer una comunidad de la Sierra también”. Luego siguieron, aprovechando los diferentes espacios de la vida comunitaria, en las iglesias, en las reuniones de fiestas y de tareas comunitarias, en la escuela preescolar donde una de ellas tiene a sus hijos, de casa en casa y familia por familia, así fueron construyendo la organización para recibir a mujeres de muchas partes de México y del mundo.
Foto: Colectivo Grieta
Un territorio asediado, una comunidad que resiste
El encuentro permitió visibilizar muchas luchas y resistencias de diferentes partes, colectivos y espacios en los que las mujeres se organizan, se encuentran y luchan. Lo mismo sucede en San Juan Volador. Las compañeras no quitan el dedo del renglón, explican que los megaproyectos del gobierno como el corredor transítmico ponen en riesgo la existencia misma de la comunidad: “el gobierno nos está atacando porque quiere meter su industria y los ventiladores, supuestamente con una consulta, pero no es así porque no nos está dando la magintud del daño que se va a hacer. Este encuentro nos sirve también porque ya no nos vamos a callar la violencia que vivimos, por parte del gobierno y del machismo”.
En este territorio hay dos pueblos, el nahua y el popoluca, toda la parte sur colinda con el Istmo de Tehuantepec, ese que el gobierno actual se empeña en reconfigurar a través del Corredor Transístmico y así destruir una región cultural ancestral; es decir, que se encuentran en el extremo norte de uno de los megaproyectos insignia con los que la llamada 4T pretende hacer avanzar el capitalismo neoliberal en México. Y en cierta forma, San Juan Volador podría simbolizar una puerta de entrada al Istmo frente a la cual las compañeras organizadas empiezan a montar guardia. “El megaproyecto del corredor transístmico, en del istmo tiene repercusiones en nuestra región porque el tren que van a hacer y las zonas libres que pretenden instalar es un corredor que es en la zona baja y ahí nos afecta. Se relaciona con nosotras en la Sierra porque aunque quizá ahorita no vienen directo a nuestro territorio, pero al instalarse las zonas libres que vienen maquiladoras, industrias, etc, requiere al menos de 25 años de concesiones del agua, y ¿de dónde van a agarrar esa agua? De la sierra, de aquí que somos los que la suministramos”.
Pero no sólo es la instalación de las zonas libres, sino el despojo de recursos y los peligros que tiene subordinar a las comunidades al “progreso” neoliberal. “Si pretenden [llevar a cabo] toda esa zona de industrias, obviamente van a querer nuestras minas que están en el corazón de la montaña. Ya hay una concesión de 82 hectáreas de plata, y con eso todo lo que implica el proyecto del corredor: gasoducto, concesión de agua… nuestros hijos siendo los esclavos de ellos, una vida de explotación y de esclavismo. Todo eso nos va a empezar a arrastrar la industrialización. Quizá ahorita este actual gobierno nos tiene como que todo está bien, que no pasa nada, que hay muchos beneficios, pero a costa de qué? a costa de nuestra muerte. No sólo una muerte comunitaria, sino una muerte física” explicó otra compañera, mostrando la conciencia que tienen del sistema.
Foto: Colectivo Grieta
Es frente a estas amenazas que San Juan Volador empieza un proceso de organización y resistencia frente al capitalismo, sin depender de los partidos ni de los gobiernos y ubicando que la defensa de la vida comunitaria es central frente a las promesas que con distintos tonos de gris -o pardo, en la moda actual- pinta el sistema. Así otra compañera explicó “Aquí aún estamos tranquilos, pero si nos vamos por ese lado de que quieren venir otras industrias sí nos afectaría bastante. Este pueblo desde pescadores que trabajan en el mar, en la laguna, y si bien se puede decir que la llegada de la industria sería tener otros tipos de trabajos, costaría eso, nuestra libertad, porque vendrían también otras cosas. Aquí no hay secuestros y todo eso, podemos todavía andar en nuestro pueblo caminando tarde y no pasa nada. Quizá no tenemos todo lo de la ciudad, como parques y cines, pero también en un pueblo nos podemos unir más.”
Superar el machismo: la fuerza del encuentro con otras mujeres
En San Juan Volador aunque las mujeres participaban de los trabajos comunitarios, no siempre se sintieron con fuerza de hablar y participar de otros procesos de su pueblo. Sin embargo, explican ellas, desde el primer encuentro internacional de mujeres que luchan, convocado por las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 2018, su forma de organizarse se transformó, “este encuentro vino a provocarnos eso de empezar a juntarnos como mujeres”. Esto hizo posible que en febrero de 2019, cuando las zapatistas anunciaron que no podría realizarse en su territorio el segundo encuentro de mujeres , ellas propusieran a su comunidad como sede.
Lo hablaron en la asamblea y hombres y mujeres aprobaron la realización del encuentro, aunque eso no implicó que todos participaran, por lo que su trabajo fue arduo. “Durante las novenas [preparándose para una procesión religiosa], en la asamblea, casa por casa, estuvimos motivando a las personas”. Dicen que a veces sintieron miedo, pero que pudieron constatar que la solidaridad está presente aún en la vida comunitaria. “Pedimos el apoyo de los hombres. Nosotras no estamos solas, hay compañeros que no son machistas, que ya entienden que debemos trabajar juntos, que no nada más el hombre. No son muchos, pero a mi parecen son bastantes”.
Refiriéndose al trabajo de poner señalizaciones para llegar al encuentro en lugares que aún estaban lejanos al lugar del encuentro -y que llamó la atención de las asistentes- dijeron: “en las carreteras fue con el colectivo que estamos promoviendo todo eso, con el Movimiento Regional, el centro de derechos humanos, así nos repartimos. Fueron las compañeras que anduvieron pegando en las carreteras, y aquí fueron los hombres. Me sorprendí porque aquí andaban haciendo el rondín, los compañeros checaron, te facilitan mucho, y eso es bonito de la organización. El pasado domingo hicimos todo un aseo aquí y sí hubo esa comunidad, los vendedores con puestos se anotaron, ellos dieron la faena en limpieza para poder vender. Las mamás se fueron a las escuelas a promover con los directores, en la iglesia, fue como operación hormiga y eso, a lo negativo, lo fue aplastando”. Las dimensiones del evento impresionaron no solo al colectivo de mujeres que tomó la tarea central de la organización, sino a toda la comunidad, y eso fue sumando a más y más, las compañeras entrevistadas coincidían en que lo importante fue también ver que como comunidad y como mujeres en particular pueden organizarse y hacer cosas como este encuentro.
Foto: Colectivo Grieta
Y el encuentro trajo otras voces, que fueron conocidas en el encuentro, voces de mujeres de lugares lejanos o de lenguas diferentes. Una de ellas explica, “yo me siento agradecida por esas mujeres que vienen desde lejos a compartirnos muchas vivencias, experiencias, a lo mejor hasta tristezas. Entonces de ahí podemos despertar y decir pues ellas qué están viviendo….” y en las palabras de la compañera está la idea de que la tranquilidad que todavía tienen en esta comunidad, donde la mayoría todavía se dedica a la pesca, está siendo amenazada por los proyectos de muerte que ofrece el sistema. Y aunque están algunos puntos de diferencia también el encuentro funciona como un espejo que permite visibilizar problemas comunes y tender puentes: “Yo decía, tal vez ella es una profesionista, no está pasando por la misma situación que yo, pero me vengo a dar cuenta que sí, que ellas también viven una situación de capitalismo y de patriarcado, que mediante sus jefes son explotadas también así como una que está en la casa. Yo quisiera que este encuentro fuera más seguido para que tuviéramos esa fuerza, porque es una fuerza tan grande que nos ayuda a seguir más unidas y a podernos expresar”, señaló una de las entrevistadas.
Luchar y resistir para preservar el futuro
Para las mujeres que organizaron la sede de este II Encuentro es claro que el camino del gobierno solo garantiza la destrucción y que para luchar contra ese camino han tenido que combatir el machismo en sus propias comunidades: “Aquí donde las mujeres, a pesar de que salimos a luchar por nuestros hijos, por poder heredarles algo a nuestros hijos, a veces somos criticadas y esa es la realidad de nuestro pueblo. Y también somo olvidadas por el gobierno, aunque nos prometan en las campañas, carecemos de medicinas, de doctor…”. Pero el camino de arriba no es el único posible y por eso la reflexión de las compañeras apunta hacia la organización, hacia tejer redes como las que resultaron de los acuerdos del encuentro: “frente a eso yo platicaba con mi vecina, pues vamos a organizarnos, a prepararnos, a aprender a atender, a suturar una herida, a recuperar medicina tradicional, vamos a trabajarlo, aprender primero auxilios; no depender de ese gobierno que viene y te engaña y te dice sí te voy a dar y luego estamos iguales o hasta peor.”
Entre los programas del gobierno que señalaron como más nocivo está el llamado “Sembrando vida”, impulsado y pregonado por el actual mal gobierno: “es mentira eso de “sembrando vida” porque aquí han venido a dar dinero, pero para tirar un montón de árboles, y uno ve los animales que vivían ahí y ¿adónde se van? No es nada de sembrando vida. Y además es a unas cuantas personas nada más. Le están pagando a la gente por recolectar semillas y por tener limpia la parcela y hacer abonos, pero todo es para el gobierno. Supuestamente es para no contaminar y no usar líquidos. Pero el programa está ocupando mucho agua y muchas parcelas, porque piden que uno primero limpie parcelas de 2 o 3 hectáreas en las que se troza los árboles que ya están ahí”.
Pero la cuarta vuelta de tuerca del neoliberalismo en México se topa con la decisión y convicción de luchar de estas mujeres, que en medio de la zozobra que provoca la destrucción capitalista han decidido luchar, por un lado no participando en los programas de gobierno “Hasta hoy no he tenido ningún programa, gracias a dios, porque así no le debo nada al gobierno, así estoy bien. Así no estoy de esclava con el gobierno, porque eso es un esclavismo, porque sí te da pero te quita muchas cosas. Yo por eso no dependo.”
Foto: Colectivo Grieta
Sobre todo, el encuentro significó para ellas la posibilidad de encontrarse con otras mujeres, de ir más allá de lo que se ofrece desde arriba y construir su propia lucha como mujeres. Una demostración en sí misma de lo que la organización y el trabajo comunitario independiente pueden lograr. Y les deja una gran esperanza: “Esperanza de que lo malo pueda erradicarse y que podamos juntarnos, unirnos en la comunidad, aunque a veces estemos en desacuerdo, llegar a un punto y tener esa capacidad para entendernos unas con otras como comunidad, como mujeres.”
El camino hasta San Juan Volador estuvo muy bien señalizado, por la organización colectiva. De ese encuentro salieron acuerdos, experiencias, rutas para defender la vida y preservar el futuro. Y eso, también en la propia comunidad, deja a un colectivo de mujeres más fuerte, porque su corazón camina ya junto al corazón de otras mujeres de abajo y a la izquierda. Juntas, lo resumen en la declaración final de este encuentro:
“Hemos avanzado en el camino de organizarnos y articularnos, continuamos fortaleciendo esta red de mujeres que luchamos, ratificamos nuestra decisión de seguir vivas para acabar con el sistema capitalista patriarcal que nos esta asesinando.
Somos protagonistas de la transformación hacia adentro y hacia fuera, somos las vainas llenas de semillas, somos los frutos de los árboles de raíces profundas, es tiempo de desgranar la mazorca y volvernos semillas. Llevemos la luz que nos entregaron las compañeras zapatistas y ahora nuestras compañeras de San Juan Volador y seamos el sonido del caracol para que resuene en cada rincón a donde vayamos para llamar a mas mujeres a organizarse”.
Cd. Victoria, Tam.- Los trabajos de búsqueda de cuerpos y restos humanos en fosas clandestinas son inútiles cuando existen en Tamaulipas más de dos mil cuerpos sin identificar en fosas comunes.
Este día se inició en Reynosa la búsqueda de desaparecidos por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y con la participación de familiares.
De enero a la fecha han sido denunciadas en este municipio 228 desapariciones. En todo el estado la cifra se eleva a 495 en los últimos ocho meses.
Guillermo Gutiérrez Riestra, coordinador del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas, señaló que se debe tener sumo cuidado pues no se deben crear falsas expectativas a los familiares, se debe comprender la angustia de los familiares y por tanto proceder con responsabilidad.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Procuraduría de Justicia del Estado debieran primeramente lograr la identificación de los más de dos mil cuerpos no identificados que se encuentran depositados en fosas comunes en diversos municipios de la entidad, dijo el activista.
Citó como ejemplo que en el Cementerio Forense localizado en el municipio de Miguel Alemán fueron depositados 268 cuerpos, de los cuales únicamente han sido identificados 20 desde hace dos años.
“No tiene objeto seguir localizando fosas clandestinas, sacando cuerpos, si continúan sin ser identificados”, comentó.
Mencionó que existe una crisis en el servicio forense, pues durante muchos años esta área de la procuración de justicia no se le presto la atención necesaria. Existen graves rezagos como la falta de equipo, laboratorios, técnicos especialistas y demás.
Y añadió: “La situación llega hasta el hecho de que los cuerpos en fosas clandestinas hay cientos a los cuales no le han sido tomadas muestras de ADN, así como tampoco ha cientos de familiares que han presentado la denuncias de desaparecidos tampoco les han sido tomadas muestras”.
La Comisión Estatal de Búsqueda efectuara trabajos durante dos días en el municipio de Reynosa, en cinco predios, en los cuales se presume existen fosas clandestinas.
La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas informó que durante los últimos ochos años han sido localizadas 384 fosas clandestinas con mil 110 restos humanos, en 30 municipios.
De acuerdo con los datos proporcionados por la dependencia apenas un 15 por ciento de estos restos han logrado ser identificados y entregados a sus familiares.
A nivel estatal San Fernando es el municipio donde se detectaron la mayor cantidad de restos humanos enterrados de forma ilegal, con 201 casos, de los cuales 42 solo fueron huesos lo que recolectaron las autoridades.
Los datos proporcionados por la Procuraduría de Justicia indican que el segundo municipio con mayor cantidad de fosas ilegales es Güemes, en donde se contabilizan 59 entierros clandestinos, donde se encontraron 107 cuerpos que se encontraban en ejidos, a un costado de la carretera Victoria-Zaragoza o sobre el margen del río Corona.
El promedio de edad de las personas encontradas en un entierro ilegal en Tamaulipas es de 35 años, ya que existen casos de jóvenes de 14 años de edad, o adultos de hasta 47 años, tal como lo revelan los datos de la Procuraduría.
Cd.Victoria, Tamaulipas.-La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) condenó el recrudecimiento de la violencia contra mujeres periodistas registrada en México en lo que va del 2019, entre ellos la agresión de la periodista víctorense Shalma Castillo Castro, esto después de evidenciar en su trabajo profesional las fallas del Presidente municipal de esta capital, Xicotencatl González Uresti.
En el señalamiento público se detalla que a partir del 9 de julio, la periodista Shalma Castillo Castro del periódico El Diario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, ha sido víctima de una campaña de desprestigio con violencia de género.
De acuerdo a la Organización Artículo 19, personas desconocidas difundieron imágenes manipuladas, de carácter misógino y sexualizado, para simular que se trataba de la comunicadora. Ella había denunciado en sus publicaciones presuntos actos de corrupción en la asignación de contratos de obra a empresas inexistentes, en la administración del presidente municipal Xicotencatl González Uresti.
Cabe mencionar que el alcalde de la capital en lo que lleva su gobierno a mantenido una relación de choque con trabajadoras/es de la información; en el caso de Shalma Castillo, ha llegado a ser agredida físicamente por la jefa de prensa del ayuntamiento Gloria Montalvo Padilla.
Para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las mujeres periodistas enfrentan una doble situación de riesgo y los actos de violencia contra éstas, tienen impactos diferenciados por el género que se manifiestan en distintas formas, que van desde el asesinato, la violencia sexual, hasta la intimidación, abuso de poder y amenazas basadas en el género.
En este contexto, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género expresó su solidaridad con las víctimas y reitera el llamado al Estado Mexicano para que instrumente las medidas efectivas y con perspectiva de género, que garanticen la vida, seguridad, integridad de las periodistas, las condiciones para el ejercicio pleno de su profesión así como el acceso a la justicia, prevención, investigación, sanción a los agresores materiales e intelectuales, reparación de los daños y la no repetición de más ataques a la libertad de expresión.
La Coordinación Colegiada de la Red Internacional, que agrupa a periodistas de 36 países, durante la reunión que sostuvo el pasado fin de semana, lamentó el estado de la libertad de expresión en México, país en el que, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han asesinado a 149 periodistas desde el año 2000 a la fecha y de los cuales 16 eran mujeres.
Chihuahua –Ante el intento de división de las comunidades rarámuri Baqueachi y Huahuachérare, ambas del municipio de Carichi, las asambleas ejidales ratificaron a Estela Ángeles Mondragón como su representante legal.
A inicios de junio, tras una serie de publicaciones que pusieron en duda el trabajo de la abogada, se dio a conocer que existen dos denuncias en su contra. Una de ellas es por la supuesta malversación de 16 millones de pesos en la comunidad de Huahuachérare.
Tras la noticia, se convocó a asamblea para exponer a cada comunidad la situación. La primera fecha fue el 23 de junio en Baqueachi, en donde Ángeles Mondragón externó su preocupación a los habitantes y explicó que llegó al lugar acompañada de agentes de la Fiscalía Especializada en Violaciones a Derechos Humanos como medida de seguridad. No obstante, por falta de quórum se citó a una segunda reunión.
En Huahuachérare la asamblea se celebró el 30 de junio con la presencia de las autoridades indígenas, la comunidad y el apoyo de un intérprete. En su intervención, Ángeles Modragón les informó porqué había policías y les presentó los documentos para comprobar el destino del dinero.
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Chihuahua –Ante el intento de división de las comunidades rarámuri Baqueachi y Huahuachérare, ambas del municipio de Carichi, las asambleas ejidales ratificaron a Estela Ángeles Mondragón como su representante legal.
A inicios de junio, tras una serie de publicaciones que pusieron en duda el trabajo de la abogada, se dio a conocer que existen dos denuncias en su contra. Una de ellas es por la supuesta malversación de 16 millones de pesos en la comunidad de Huahuachérare.
Tras la noticia, se convocó a asamblea para exponer a cada comunidad la situación. La primera fecha fue el 23 de junio en Baqueachi, en donde Ángeles Mondragón externó su preocupación a los habitantes y explicó que llegó al lugar acompañada de agentes de la Fiscalía Especializada en Violaciones a Derechos Humanos como medida de seguridad. No obstante, por falta de quórum se citó a una segunda reunión.
En Huahuachérare la asamblea se celebró el 30 de junio con la presencia de las autoridades indígenas, la comunidad y el apoyo de un intérprete. En su intervención, Ángeles Modragón les informó porqué había policías y les presentó los documentos para comprobar el destino del dinero.
En ese sentido, pidió someter a votación su permanencia como representante legal, pues recordó que cuando comenzaron los litigios para la recuperación de las tierras en ambas comunidades se firmó un poder que, como un contrato, ellos podían decidir conservar o romper.
En los documentos presentados por la abogada se puede constar que se solicitó a la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Imelda Carlos Basurto, «para solicitar que el cheque por los 16 millones de pesos se cancele y se expida en favor de la persona moral denominada ejido HUAHUACHERARE» y no de las cuatro personas que, en un principio, aparecían en el cuerpo del título de crédito: Estela Ángeles Mondragón, Francisco Felipe Chávez, José Mauricio Calzadillas y José Patricio Chávez.
“Yo no tengo 16 millones de pesos, si los tuviera no tendría porque estar aquí. El dinero debe estar donde debe estar. No lo tengo yo y nunca lo he tenido (…) yo lo único que les pido es que no se dividan. cuando un ejido se divide vienen los problemas y no son buenas las divisiones”.
Después de varios minutos de debate, la mayoría de la comunidad votó a favor de que Ángeles Modragón siguiera como su representante legal y, al concluir la asamblea, le dieron la mano a la abogada.
En Baqueachi se reunieron nuevamente el domingo 7 de julio. En esta comunidad, a la abogada se le acusa de recibir un cheque por 250 mil pesos, así como la propiedad de 20 vaquillas y dos toretes.
La dinámica de la asamblea fue similar y, al momento de la votación, Ángeles Modragón fue ratificada como representante legal de la comunidad en la que, después de 25 años de lucha, se recuperaron cerca de 21 mil hectáreas de tierras que fueron invadidas por ganaderos de la región. La presencia de los agentes de seguridad en las reuniones no es un asunto menor.
El triunfo de los litigios agrarios derivó en el asesinato impune de Ernesto Rábago Martínez, compañero de Ángeles Mondrágon, así como una serie de atentados contra su familia y amenazas de muerte.
En ese contexto, la abogada cuenta desde 2012 con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunado a que es beneficiaria del Mecanismo para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La abogada Estela Ángeles Mondragón. Fotografía: Cortesía
ONG’s y activistas rechazan
campaña de desprestigio
Con más de 200 firmas, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como activistas, emitieron un comunicado en el que rechazan la campaña de desprestigio en contra de la abogada en uno de los medios impresos de mayor distribución en el estado.
La información a la que hacen referencia fue publicada el domingo 28 de julio en el Heraldo de Chihuahua con la nota titulada “Lucran activistas con litigios ejidales”. Añaden que en la versión impresa el encabezado fue “Están amenazados de muerte si denuncian. Despojan a indígenas de sus tierras”.
Además, expresan su preocupación por las dos denuncias contra la abogada, al afirmar que una de las personas entrevistadas por el medio local “ha sido quien ha instigado la presentación de estas denuncias, lo cual es particularmente grave en uno de los estados de la República Mexicana con mayor número de ataques a personas defensoras de derechos humanos”.
“El caso de Estela Ángeles sería el primero de criminalización de una persona defensora de derechos humanos por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. En su informe sobre Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación sobre el uso indebido del aparato penal del Estado en contra de defensoras y defensores de derechos humanos [el cual] no sólo interfiere con su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, sino que también afecta el rol protagónico que éstos tienen en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho”
En ese sentido, solicitaron:
Primero: Que el diario El Heraldo de Chihuahua rechace la publicación de las notas que denuestan y difaman la labor de personas defensoras de derechos humanos y reconsidere la información que publicará próximamente como segunda parte del reportaje
Segundo: Que el Mecanismo de Protección emita un comunicado reconociendo la importante labor que ha realizado Estela Ángeles Mondragón y solicite información a las autoridades de Chihuahua sobre las acciones que están realizando para proteger a la beneficiaria.
Tercero: Que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua haga una revisión rápida de las denuncias presentadas y las concluya por falta de elementos suficientes para tramitarlas.
Cuarto: Que, en el marco de sus atribuciones, la CIDH solicite información al Estado mexicano en relación al cumplimiento de la medida cautelar MC 208/10 y la urja a implementarla adecuadamente.
Quinto: Que, de acuerdo con su mandato, las Relatorías sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y de pueblos indígenas tanto de la CIDH como del sistema de Naciones Unidas soliciten información urgente al Estado mexicano sobre la situación de la defensora Estela Ángeles Mondragón.
HUAJUAPAN DE LEÓN, Oax. (pagina3.mx).- En Oaxaca, el derecho a la salud es una utopía. Los patios y banquetas siguen convertidas en salas de expulsión o quirófanos para las mujeres embarazadas sin hospitales.
Algunas mujeres de plano terminan en la tumba y pasan a formar parte de las estadísticas por muerte materna ante el abandono de hospitales en construcción o por el incumplimiento de las autoridades en turno.
Pese a que se emitieron recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hubo pronunciamientos de organismos internacionales y hasta se formuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ninguna autoridad federal ni estatal han acatado tales determinaciones.
Las historias de Irma López Aurelio, una indígena mazateca, y de Nancy Salazar López, una mixteca, lo revelan.
Fueron noticia mundial por haber parido afuera de una clínica rural y un hospital.
Mientras que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Gabino Cué Monteagudo pretendieron silenciar su negligencia con promesas y colocación de primeras piedras para edificación de hospitales, al día de hoy esos discursos se han convertido en una cadena de mentiras edificadas en actos de corrupción y solapadas por las autoridades en turno, llámese Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Murat Hinojosa.
Sabino, hijo de Irma, acaba de cumplir cinco años y 9 meses. La fotografía de su nacimiento cimbró las estructuras de Salud en el país y mostró la cruda realidad en que vive la población de Oaxaca, particularmente, de los pueblos originarios.
Alrededor de las 07:30 horas, del 2 de octubre de 2013, Irma acudió al Centro de Salud Rural del municipio San Felipe Jalapa de Díaz, en la región mazateca, al presentar dolores de parto.
Al no recibir atención, Irma salió al patio del Centro de Salud Rural y ahí sin ninguna asistencia médica y sin medidas de salubridad parió a Sabino. La imagen muestra el rictus de dolor de la mujer mientras que el cuerpo del recién nacido ya está sobre el pasto aunque los mantenía unidos el cordón umbilical.
La fotografía impactó en el mundo y el gobierno de Peña Nieto y Cué Monteagudo anunciaron, para lavar su imagen, la creación de un Hospital en la región para atender a 150 mil habitantes mazatecos, chinantecos, cuicatecos y hasta mixtecos.
A casi seis años de la promesa, Sabino acaba de concluir su educación inicial al asistir a la ceremonia de clausura del jardín de niños, mientras que el Hospital prometido quedó inconcluso.
El presidente municipal de Jalapa de Díaz, Arturo García Velásquez, reconoció que el Hospital Básico Comunitario se quedó un avance del 50% y “desafortunadamente desde el 2011 no se le ha dado continuidad. Hasta esta fecha hemos hablado con el gobierno del estado para la terminación y equipamiento del hospital porque el tema de personal médico ya está asignado porque es un hospital de alta prioridad por los casos que se han presentado”.
Hizo hincapié que tan sólo “en 2017, solamente en Jalapa de Díaz se registró el 15 % de muertes maternas ocurridas en la entidad y el 10 % de los partos fortuitos. Aún así no ha sido tema prioritario para el gobierno del estado. En 2017 tuvimos seis partos fortuitos sólo en Jalapa de Díaz y cuatro muertes maternas”, puntualizó.
“Estamos invirtiendo recursos municipales pero nos faltan recursos del gobierno del estado y de la federación para concluir el hospital ahora falta la sensibilidad del presidente López Obrador y del gobernador Alejandro Murat para que cumplan con sus compromisos de campaña”, puntualizó.
Considera que este problema “es de sentido común, si el problema de aquí es de partos fortuitos y muertes maternas, entonces, ahí le tienes que meter pero no sé qué tiene el gobernador que andar inaugurando nuevos hospitales y querer hacer nuevos cuando los que están inconclusos no les da continuidad, yo ahí veo una falta de lógica”.
Y “aquí lo que tenemos es puro anuncio del gobernador pero todavía no está en la bolsa de obras que se van a ejecutar. No sé qué piensan sus analistas o asesores que tiene el gobernador porque si no le metes donde tienes el problema para que quieres hacer mas”.
Por lo pronto, adelantó que “de hecho la ciudadanía está en un punto álgido y ya estamos en la disposición de tomar oficinas y bloquear carreteras si es necesario porque desafortunadamente el gobierno solo entiende a base de presión”.
El proyecto del Hospital requería, en el 2016, una inversión estimada de 18 millones de pesos para tener un área de consulta externa con 5 consultorios, un quirófano y otra área de hospitalización con 12 camas, área de Gobierno, urgencias y tococirugía, auxiliares de diagnóstico (laboratorio clínico e imaginología), servicios generales y residencia médica.
Sin embargo, Secretaría de Salud federal (SSA) señaló en su reporte anual del Plan Maestro de Infraestructura Física (PMI), presentado en junio de 2017; que este proyecto no continuará. Sin embargo, no dio las razones.
La construcción de este hospital comenzó en el año 2007, en las gobiernos de Felipe Calderón y del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y se suspendió en 2011, sin embargo, con el parto fortuito de Irma se reactivó en 2013 en las administraciones de Peña Nieto y Gabino Cué.
Hoy nuevamente los retoma Alejandro Murat pero no tiene fecha de arranque ni presupuesto.
Por el caso de Irma, en enero de 2014, la CNDH emitió al gobierno del estado la recomendación 1/2014, sin embargo, la atención hacia Irma y su familia no ha mejorado.
GASPAR COBO ( DE CAMISETA CAFÉ), SENTADO AL FRENTE DE UN GRUPO DE HOMBRES DE SU COMUNIDAD MAYA-IXIL EN GUATEMALA. FOTOGRAFÍA: CORTESÍA
En su travesía por Chihuahua, los defensores mayas enfrentaron corrupción policial, la presencia de cárteles, privación de su libertad y amenazas de desaparición. Ahora se encuentran en un centro de detención en la zona de El Paso, Texas, donde esperan el proceso de asilo político
Rocío Gallegos/ LA VERDAD
Ciudad Juárez – Un sobreviviente del genocidio en Guatemala y un activista ambiental, que huyeron de la persecución del Ejército de su país, cruzaron por México hasta llegar a esta localidad fronteriza, por donde la noche del lunes pasaron a Estados Unidos y solicitaron asilo político.
Se trata de Francisco Chávez Raymundo, víctima de la dictadura de Efraín Ríos Montt (1982-1983); y Gaspar Cobo Corio, un defensor ambientalista, ambos pertenecientes a la etnia maya- ixil. Ahora, los dos se encuentran en un centro de detención migratoria, bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
Sus casos fueron dados a conocer por su abogado migratorio, Carlos Spector, en conferencia de prensa en El Paso, Texas, donde expuso que Chávez y Cobo son activistas de derechos humanos reconocidos internacionalmente e indios mayas-ixiles que sufrieron persecución a manos del ejército guatemalteco, por eso se vieron obligados a dejar su país, pero en su huida fueron víctimas de policías en el estado de Chihuahua.
El abogado Carlos Spector y la directora de cine Pamela Yates en conferencia de prensa en El Paso, Texas. Fotografía: Cortesía
“Cuando llegan a Parral, son acosados por la policía municipal de Parral y con pistola les exigen dinero a los pasajeros que venían en el camión, a 9 de los inmigrantes que venían, ellos tienen que pagar dinero a la policía de Parral, luego el guía, coyote, los lleva a Juárez, los encarcela en una casa por 40 días, no tienen comida, a fin de cuentas, escapan”, denunció Spector.
Chávez y Cobo llegaron a Ciudad Juárez el 15 de mayo, aquí fueron amenazados de que si escapaban los iban a encontrar y matar, aun así, escapan y llegan a un lugar, donde les dan protección y los ponen en contacto con un grupo de derechos humanos que apoya a migrantes, llamado Dhía, que los canaliza a un albergue, de acuerdo con los datos proporcionados por la oficina de Spector.
Ya en un lugar seguro, los defensores guatemaltecos deciden poner una denuncia ante el Ministerio Público en Ciudad Juárez.
Ahí se quejan de la policía de Parral, pero los agentes no les creen y les dicen: “que los únicos que cometieron un delito son ustedes que trataron de sobornar y ese es un delito muy muy grave en México, por eso, si insisten si vamos a apalancarlos (detenerlos) pero a ustedes”, narra Spector.
“No reciben protección del gobierno mexicano, sino asaltos y amenazas y con esos argumentos, según la ley norteamericana actual, pueden presentar su caso ante el gobierno de Estados Unidos y no esperar su turno para su audiencia aquí en esas condiciones”, agregó. Tendrían que esperar hasta 12 meses, su número en la lista de migrantes en Juárez era de 17 mil y algo y ahora están en los 12 mil.
Spector dijo que el viernes 26 de julio acudieron al puente internacional Paso del Norte para solicitar su ingreso a Estados Unidos y presentar su petición de asilo, pero los agentes de CBP les dijeron que no, porque no había espacio para recibirlos.
La noche del lunes 29 de julio regresan al puente y los agentes estadounidenses deciden, después de discutir, que si son un caso con mérito y los dejan entrar, pero son detenidos para seguir con el procedimiento, comentó su abogado.
Por todo lo que han enfrentado, el señor Chávez y el señor cabo buscan ser admitidos Estados Unidos, su libertad condicional y ser presentados lo más rápido posible ante la Corte para solicitar asilo, se indica en los datos que la oficina de Spector entregó a CBP.
“El hecho de que están detenidos mínimamente nos pone en la oportunidad de exigir que los suelten. Es lamentable, pero es importante que les permitieron ingresar a Estados Unidos e iniciar su proceso de solicitud de asilo”, agregó el abogado en la conferencia de prensa.
Una ruta entre corrupción policial y cárteles
La historia de abusos que enfrentaron en el estado de Chihuahua quedó exhibida en una queja que Chávez y Cobo interpusieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el pasado 19 de julio.
De acuerdo con su testimonio, recibido por el visitador general Santiago González Reyes, el incidente con los policías de Parral ocurrió el pasado 13 de junio.
“Veníamos en una camioneta color rojo y en esa camioneta veníamos como 9 nueve personas inmigrantes, dos mujeres, una niña y los demás hombres, como a las 11:00 p.m. nos para la policía cerca de una gasolinera antes de llegar a Parral y le preguntan al piloto de la camioneta que a dónde se dirigían… y dice que baje el vidrio y nos aluza la cara… y nos dijo ‘ustedes tienen cara de indios, no mamen piches indios ustedes no son de aquí”, narran en el oficio número CJ SGR 219/2019.
Señalan que los agentes le dicen al piloto: “tu te vas a quedar y ellos se van a ir a su país”. En eso les pidió sacar todo el dinero que tenían, solo uno de ellos les dio unas monedas, que rechazaron y amagaron con llamar a migración.
En eso el piloto bajó de la unidad y cuando discutía con los agentes, “llegaron al lugar unas camionetas con unos señores armados, pero no traían uniformes y ellos se arreglaron con los oficiales”, expusieron.
“Y nosotros preguntamos al piloto que quienes eran ellos y el piloto nos dijo que eran gente de la mafia y después de eso nos dejaron ir”, narraron ante la CEDH.
De acuerdo con su testimonio, Chávez y Cobo llegaron a Ciudad Juárez el 15 de junio. “Nos llevaron a un lugar que le llamaban bodega y ahí había muchas personas, niños y mujeres, esa bodega solo era un terreno con paredes y sin techo, pero no había agua ni comida”.
Dicen que cuando reclamaron por las condiciones en las que se encontraban, amenazaron con desaparecerlos y por ello el 10 de julio escaparon del lugar y se refugiaron en la Catedral, hasta que se contactaron con la agrupación Derechos Humanos Integrales en Acción (Dhía) e intentaron poner su queja ante le Ministerio Público, donde fueron rechazados, por lo que solicitaron la intervención de la CEDH.*
¿Quiénes son Chávez y Cobo?
Francisco Chávez Raymundo. Es un sobreviviente del genocidio guatemalteco. En 1982 el ejército de Guatemala atacó su pueblo y mataron 35 civiles incluyendo a su padre. Él tenía 6 años cuando el ejército lo secuestró junto a su hermana en un campo militar por aproximadamente seis años. Se convirtió un testigo clave testificando en contra del general Ríos Montt en su juicio por genocidio y crimines cometidos en contra los Maya-ixil en 1982 y 1983. Ha dedicado su vida a denunciar estas atrocidades y ahora busca asilo en Estados Unidos debido a la persecución del ejército militar por su opinión política y afiliación con la comunidad Maya-Ixil. Su historia se narró en el documental El Buen Cristiano (2016).
Gaspar Cobo Corio. Es un defensor ambientalista y de derechos humanos, así como portavoz de su comunidad indígena que busca detener el interés minero de extracciones ilegales de minerales de sus ancestros nativos. Su activismo en Guatemala se ha encontrado con fuerza bruta por el Ejército guatemalteco creando desde muchos puntos de vista una crisis de derechos humanos.
Roberto Gallardo, integrante AMMPSS, aseguró que hasta el momento ningún integrante del gobierno federal ha buscado un acercamiento con ellos; aseguran que el movimiento va más allá de las becas
Perla Miranda / El Universal
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia matutina que las becas para los pasantes de medicina sí llegará, el gremio no desistirá del paro nacional y la marcha programados para mañana, puesto que el movimiento va más allá de las becas.
“Mañana los 54 mil egresados de medicina a nivel nacional deberían iniciar su servicio social, pero no será así porque no hubo una buena asignación de plazas en los estados, el movimiento va más allá de las becas, no solo es por dinero, sino para que vean y sepan las condiciones en las que laboramos”, comentó con EL UNIVERSAL Roberto Gallardo, integrante de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social (AMMPSS).
El joven que realiza su pasantía en Baja California Sur lamentó los comentarios del mandatario y aseguró que hasta el momento ningún integrante del gobierno federal ha buscado un acercamiento con ellos.
“Al decir que las becas no se recortan, el presidente da a entender que nuestra marcha y paro nacional no tienen razón de ser, pero no es así, en todo el país, los compañeros que dejarán las aulas para hacer su servicio social están en la incertidumbre porque no saben en dónde lo harán, el presidente dice que sí hay recursos, pero en los servicios estatales dicen lo contrario y en el aire quedamos nosotros”.
Roberto Gallardo adelantó que la marcha de los médicos pasantes iniciará mañana en punto de las 10:00 horas y partirá del Zócalo capitalino a la sede de la Secretaría de Salud, sin afectar las vialidades.
“La marcha será a nivel nacional y buscaremos no afectar el tránsito, que quede claro que no queremos dañar a la gente, ni a los pacientes. En la Ciudad de México se reunirán los compañeros en el zócalo, a las 10 partirán a la secretaría de salud y su ruta será por la calle de Madero hasta Reforma, pero reitero, respetando la vialidad”.
Sobre el paro de labores mencionó que éste ya inició y detalló que en los Centros Rurales solo se brinda atención de urgencias y se surte medicamento a enfermos crónicos.
“El paro ya está establecido, en las unidades rurales sólo se atienden urgencias, la atención no prioritaria será cancelada, los pacientes de enfermedades crónicas si pueden ir por su medicamento, porque debo insistir en que no hacemos este movimiento con la intención de afectar a alguien, menos a los derechohabientes”.
Karen Arteaga integrante del comité de comunicación de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes dijo en entrevista que respaldarán y acompañarán a sus colegas.
“La cuestión de los recursos suele ser el detonante de los movimientos, pero no se trata de eso, sino de que sean escuchados, que se conozca la realidad de los pasantes, de los residentes, y encontrar sinergias para mejorar las condiciones del servicio social”.
Eliana Gilet/Sputnik
Expertos mexicanos crearon un ‘geovisualizador’ de la Península de Yucatán en el que puede seguirse el desarrollo de los proyectos productivos. Los resultados muestran cómo cambió la zona maya en 30 años y advierten sobre lo que puede pasar en el futuro con uno de los proyectos de AMLO.
El geovisualizador es producto del trabajo conjunto entre el Consejo civil mexicano de silvicultura (cuidado de bosques y montes) y el colectivo de geógrafos Geocomunes, quienes tienen una nutrida experiencia en la elaboración de cartografías de conflictos en la zona.
Sputnik conversó con Adrián Flores, uno de los investigadores de este proyecto, quien explicó cómo se propusieron mapear el avance de distintos proyectos productivos, turísticos y de infraestructura, que venían gravitando en este estado del sureste de la República, epicentro del pueblo maya mexicano.
El hallazgo fue comprobar cómo el Tren Maya —uno de los proyectos centrales del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)— consagrará un modelo industrial, inmobiliario y turístico que cambiará la cara de la Península.
¿Qué nos dice un geovisualizador?
Por un lado, los geógrafos Adrián Flores y Yannick Deniau sistematizaron la información cartográfica en torno a cuatro ejes, según distintos sectores de la economía: agroindustrial, industrial, infraestructura y turismo y producción de energías renovables.
Flores explicó que además de la información sobre el avance de esos cuatro ejes, en el mapa se presenta la sistematización de información ya existente.
Así, incluyeron el trazado de las tierras ejidales (de propiedad común), las bases de datos del Registro Público de Agua y la información incluida en el mapa de la deforestación de Hansen y Google. También la información incluida en los planes de ordenamiento territorial de la zona y otros elementos normativos oficiales como los límites territoriales y zonas protegidas de la biósfera.
Así, el geovisualizador está compuesto por dos partes:
una que surge de la investigación cartográfica de los cuatro sectores económicos más el transversal que significa la aparición del proyecto del tren maya;
y otra, que presenta información oficial que permite apreciar las tensiones que han surgido en el territorio en 30 años de avance de los sectores del primer punto.
Dónde y cuándo: las preguntas clave
Para los geógrafos, el trabajo se guió a partir de las preguntas básicas con las que también se hace periodismo: dónde y cuándo se instalaron o expandieron los proyectos de cada uno de los cuatro sectores durante los últimos 30 años.
Para ello, el geovisualizador trae la novedad de haber incluido una línea de tiempo que permite apreciar esta dimensión temporal, clave para entender la velocidad de cada proyecto y la firmeza o no de su consolidación.
Cada uno de los puntos de la investigación tiene información sobre las dimensiones del proyecto. Así que, por ejemplo, detalla la cantidad de megawatts que produce un proyecto de generación eléctrica o la extensión de una nueva carretera.
La novedad de la investigación de Geocomunes es que su geovisualizador incluye quiénes son los beneficiados y quienes los afectados por la expansión de la zona económica sobre el territorio comunal o de uso común.
¿Qué descubrieron con esta investigación?
La localización de la expansión de cultivos de soja, palma de aceite, caña y sorgo les permitió identificar la existencia de un circuito del agronegocio, basado en el cultivo de soja en la Península.
“La soja termina en plantas procesadoras de alimento para consumo humano o de mascotas, ubicadas en las ciudades de Mérida y Cancún; así como para alimentar este nuevo tipo de plantas de producción de carne de cerdo y pollo para la exportación”, señaló Flores. “Yucatán es uno de los principales exportadores de estas carnes a Japón y Corea”, agregó.
Flores explicó a Sputnik que aunque tradicionalmente ya se producía carne de cerdo en la península maya mexicana, el desmedido incremento del área dedicada para el cultivo de soja ha puesto en jaque a las empresas monopólicas de la región.
“La familia Loret de Mola está perdiendo el monopolio que tenía en Yucatán en la producción de carne de cerdo, permitido por el crecimiento de 2.000 a 50.000 hectáreas del cultivo de soja en la península a partir del año 2005, que dio paso a una nueva industria del cerdo, basada en la soja”, agregó.
Flores indicó que este avance está dominado por el Grupo Kuo que tiene sus plantas procesadoras Keken, que han despertado el rechazo de los pueblos mayas de la Península. La otra empresa importante que empuja el avance de la frontera sojera en la zona maya es EnerAll, que —según explicaron las fuentes— está vinculada a Alfonso Romo, el empresario que ocupa el papel de secretario de la Presidencia de López Obrador.
En el segundo de los sectores cartografiados, los investigadores de Geocomunes evidenciaron el vínculo que hay entre las construcciones con destino turístico y la consecuente creación de viviendas de interés social para ubicar a los trabajadores que los servicios necesitan, que han formateado ciudades extremadamente segregadas por todo la península.
“La segregación está marcada por las autopistas. Es un tema complejo porque cada ciudad tiene sus propias lógicas, pero del lado del mar está la zona turística y hacia la selva, las viviendas para los trabajadores de la industria”, explicó Flores.
Tal vez el ejemplo más claro de este formato es la construcción de Cancún, cuya fundación en 1975 bajo este mecanismo ‘turístico’ de organización territorial le granjeó un crecimiento rapidísimo en 25 años. Las ciudades de la Riviera Maya siguieron este patrón a partir del año 2000, explicó Flores.
Por otra parte, los proyectos de generación de energías renovables se asentaron en el norte de la Península de Yucatán a partir del año 2013, cuando la Reforma Energética del Gobierno de Enrique Peña Nieto permitió la participación de empresas privadas en el país.
El secreto detrás del Tren Maya
“Ese proyecto es el elemento de infraestructura que está opacando ese avance previo (que puede apreciarse ahora en el geovisualizador) pero que va a consolidar la expansión de los cuatro sectores que viene dándose en los últimos 30 años”, explicó Flores.
Mientras el tramo del tren que operará en la zona del Golfo tiene una clara vocación industrial (es el único cuya gestión sigue siendo estatal) y el tramo del Caribe está pensado para el avance de los capitales turísticos, no se tiene claridad aún de qué pasará con el fragmento del tramo selva, que hará pasar la línea del Tren Maya por la reserva de la Biósfera de Calakmul.
“La cuestión más delicada de este proyecto es la creación de 15 centros urbanos junto con las estaciones”, indicó Flores a Sputnik. “Este es el verdadero eje del proyecto del Tren Maya: no el propio tren sino la apertura de espacios para la especulación del suelo. Eso ya está ocurriendo”, explicó.
“En cuanto el sector industrial e inmobiliario detengan su participación económica en la construcción del Tren Maya, el sector turístico es el mejor receptáculo de esos capitales flotantes”, indicó la fuente. “Así ha pasado en los últimos 30 años y el Tren Maya es un proyecto mucho más amplio para consolidar este modelo”, concluyó.
Sergio Prieto y el colectivo de investigadores de la Península llamado Articulación de Yucatán también colaboraron con Geocomunes en esta investigación.
Con 222 casos en el Estado de México, en promedio, se registra la muerte violenta de una mujer al día.
De enero a junio se han iniciado 42 carpetas de investigación por feminicidio y 180 homicidios dolosos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En 2015 se registraron 29 casos en el primer semestre del año, mientras que en 2016, 2017 y 2018 se presentaron en el mismo lapso 37, 38 y 37.
En la lista de los primeros 100 municipios con delitos de feminicidio se encuentran 10, entre ellos Ixtapaluca, Toluca, Tultitlán, Chalco, Izcalli, Ecatepec y Valle de Chalco.
Entre los feminicidios registrados en ese periodo está el Teresa, de 38 años, quien el lunes pasado fue hallada sin vida, cubierta con una cobija y con lesiones en un predio de Cacalomacan , en Toluca.
CASOS
Apenas quince días antes, Brenda Cruz, de 21 años, desapareció en la comunidad de El Capulín en Amanalco. Pocos días después fue encontrada sin vida en Almoloya de Juárez.
En junio, en una construcción en obra negra fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer, en San Diego de los Padres, en Toluca, con huellas de violencia física y sexual.
En mayo pasado Katherin, de 22 años, fue encontrada muerta en el municipio de Aculco, luego de permanecer en calidad de desaparecida durante varios días.
Gaby, de tan solo 14 años, originaria de Temoaya, fue asesinada y abandonada en un terreno de Otzolotepec, donde fue encontrada el 13 de enero.
PAJAPAN, VERACRUZ.- En medio del grueso tallo de una enredadera circular hay una red de pescar. Diversas mujeres la sostienen a la orilla del mar. Desde ahí, quienes guían el ritual para la buena pesca, lo dedican en esta ocasión a dar una bienvenida y hacer una petición.
Ellas vinieron desde 23 pueblos originarios, desde 28 estados de México, desde 12 países. Son 623; representan muchas más. Mujeres del Congreso Nacional Indígena y colectivos que simpatizan con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Están regidas por las preguntas: ¿cómo podemos responder a la violencia desde una visión antipatriarcal y anticapitalista? y ¿cómo construimos desde nuestras realidades y herramientas un tejido común para fortalecer la organización?
Cinco puntos cardinales
“Agradecemos a la madre tierra, les damos la bienvenida en nuestro territorio, para que en el encuentro podamos trabajar y fortalecernos como mujeres, y podamos entre todas hacernos como esta red, poder estar agarradas y seguir caminando, seguir enfrentando las luchas, haciendo las resistencias pero sobre todo, construyendo las rebeldías”.
Mujeres de San Juan Volador
Resuena el caracol. Las mujeres náhuatl de San Juan Volador lanzan la oración para el Encuentro de Mujeres que inicia.
De nuevo el caracol, las flautas y el tambor ante cada uno de los cinco puntos cardinales de la cosmoexistencia indígena.
En el oriente a las mujeres asesinadas, en el poniente por las mujeres que lideran las luchas, en el norte las mujeres que tienen logros y avances, en el sur las que tienen experiencias y las comparten y en el centro, a todas las mujeres que tienen sueños para lograr un mundo mejor.
En el centro de la red se encuentra lo que hace vida para nosotras, aseguran ante el mar, hay flores, frutas, pescados, plantas, tierra, agua, “lo que tiene la madre tierra y lo que es un ejemplo para nosotras, representa esperanza, colocamos las imágenes de las personas que nos inspiran, es un altar que celebra la vida”, están los retratos de la comandanta Ramona y Bety Cariño en medio de esa red.
Al terminar, suena una guitarra y un pandero. Cantan en náhuatl, una canción que después recitan en castilla:
“Como la espiga que brota hacia arriba, así queremos un mundo de armonía y transformar esta vida tan cruel, como semillas sembradas de justicia.
Como el árbol llenito de naranjas, iluminado por el sol de la fe,vamos hermanas unidas a sembrar en nuestro pueblo la vida y la hermandad.
Como los granos unidos en mazorcas hoy nos reunimos con todos los pueblos, para cantar y celebrar nuestra fe, con la esperanza de hacer un mundo nuevo”.
Cantos de las mujeres de San Juan Volador
Foto: Daliri Oropeza
Las preguntas
Tras la ceremonia, las mujeres se distribuyen en círculos, al menos unos diez, desperdigados por todo el centro de San Juan Volador. Unas están en la iglesia, otras a la sombra del tamarindo, o bajo las carpas colocadas o en el domo de la comunidad. La voz de la etnia mestiza acapara la palabra (el castellano). Pero eso no es un impedimento para que las indígenas denuncien y compartan sus modos tradicionales.
Escuchan atentas todo tipo de ideas, colores, texturas, pensamientos y edades.
Este Encuentro “es como llegar y tomar agua de un pozo, pues el hecho de ser mujeres y todas las experiencias que se juntan en estos espacios, el escuchar varias formas y modos de luchas que llevan cada quien en sus lugares, el cómo lo están viendo desde la ciudad, desde fuera en otros países, que estamos viendo un enemigo en común, pero juntarnos nos da fuerza y vamos a seguir trabajando, donde estemos”:
María de Jesús Patricio, vocera de los pueblos del Concejo Indígena de Gobierno.
Desde la experiencia
Ellas, las que participan, comprenden mejor el modo de trabajo en red del Congreso Nacional Indígena desde hace 22 años. éste se encuentra basado en asambleas plenarias y mesas de trabajo en las que se tratan temas específicos. Pero en los encuentros de mujeres, no han sido temas, sino experiencias.
Mujeres de Oaxaca denuncian el extractivismo de saberes en el pueblo mazateco, el turismo depredador, que hacen en sus territorios, también la construcción de minas en la sierra, y el despojo ilegal por medio de las autoridades municipales.
Narran las mujeres magonistas agrupadas en el Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO-RFM), y cuentan cómo se agrupan por comunidades –y no por organizaciones– para enfrentar el machismo y alentar la participación de la mujer con cooperativas de siembra o de textiles y unir más a los pueblos.
Las mujeres de Tlahuitoltepec comparten: se unieron entre tejedoras y así evitan el abuso en los precios de sus bordados. O las comunidades mixtecas comparten cómo las cooperativas de distintas técnicas, sea siembra, apícolas, medicinales o de tejido, impulsan la economía solidaria; y ya reconocen que la mujer aporta a la familia con trabajo también, no solo en la crianza o en las labores del hogar. Es un avance que estén aquí y que los maridos no se hayan enojado, asegura una integrante de la cooperativa de tejedoras.
Las de Guerrero denuncian el asedio por parte de halcones y sicarios en comunidades de la Montaña y la costa de aquel estado, y que han asesinado a ocho integrantes del CIPOG-EZ. Aún así continúan con su labor de promotoras, a través de la educación y de la siembra para comunicar a las comunidades sus derechos.
El encuentro se rige por la siguiente premisa: compartir el conocimiento; y así complementar lo que ya se tiene al interior de cada organización. Así, el tejido se fortalece. Obsequiar lo que se tiene: la técnica o la sabiduría ancestral.
Las mujeres acordaron luchar contra el capitalismo a través de la comida; denunciaron la invasión los productos empaquetados y las repercusiones que tienen en la salud. Además de ponerle un alto a los flujos de capital que solo dañan.
“Cuando estoy entre mujeres se me activa ese sexto sentido, le hago caso y todo me sale bien”.
Una mujer joven, de la ciudad, llamada Noriko,
Foto: Daliri Oropeza
De la denuncia a la acción
De acuerdo con la antropóloga social Márgara Millán, hay un salto cualitativo del primer encuentro a este, ya que las mujeres pasamos de la denuncia al qué hacer, cómo lo hacemos y desde dónde lo hacemos. Ahora hay redes más horizontales en el modo de relacionarse de las participantes y ya no se ven rurales por un lado y urbanas por el otro, ya hay una mayor compresión de la otra y un mayor entendimiento de los contextos en que vivimos.
Los acuerdos condensados en asamblea plenaria son:
– Crear una red de mujeres para compartir saberes ancestrales, talleres de autodefensa integral, jurídica, física, emocional y acompañamiento, para rescatar rescatar y fortalecer identidades.
– Tener un espacio para otras narrativas: arte, espiritualidad, danza y crear de espacios de no violencia.
– Que las redes permitan articularnos mediante actividades comunes a nivel regional o transversal o nacional.
– Fomentar espacios que integren el autocuidado en organizaciones, alentar el uso de la medicina tradicional y de creación de herramientas de sanación.
– Mapear y compartir los distintos despojos en nuestros territorios y barrios, evidenciar cómo impactan en la vida de las mujeres. Visibilizarlos y fortalecer la defensa de los derechos de nuestros pueblos.
– Generar una plataforma de saberes, oficios y habilidades para compartirla por correo.
– Fomentar y fortalecer, en la medida de nuestras posibilidades la soberanía alimentaria y la economía solidaria. Dar prioridad al consumo local y consciente. Dejar de consumir lo que el capitalismo produce.
– Buscar tener espacios de comunicación e información y fortalecer radios comunitarias para romper el cerco de desinformación.
– Fortalecer nuestras identidades mediante recuperación de memoria histórica colectiva, saberes, medicina y vestimenta tradicionales.
– Construir en consenso conceptos para crecer las luchas.
En los acuerdos no se alcanzan a ver los detalles de los modos de luchas expresados, advierte Millán. Los cuales son mucho más complejos; aún así muestran un punto de encuentro. El encuentro es un parteagüas de la organización de las mujeres desde abajo, reconoce Millán.
Los acuerdos están regidos por principios, también acordados por consenso. Por ejemplo, el respeto a las diferencias, el decir, hacer y mantener, como principio ético, a su vez el compromiso de replicar los Encuentros de mujeres como nuestros espacios políticos, y tener como referente de lucha y resistencia es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“Somos protagonistas de la transformación hacia adentro y hacia fuera, somos las vainas llenas de semillas, somos los frutos de los árboles de raíces profundas, es tiempo de desgranar la mazorca y volvernos semillas”.
Declaratoria del Encuentro.
Foto: Daliri Oropeza
Nadie sola
Las más de 600 mujeres están codo a codo, debajo de la noche estrellada en medio de un campo donde intentan pasar, de vela en vela, la luz encendida del fuego que ahora chisporrotea en la tierra. Las mujeres náhuatl de San Juan Volador las sitúan en forma de caracol, en medio, prenden la fogata y ellas interpretan una canción para estas mujeres del campo y la ciudad que participan en el encuentro.
“Por nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros territorios, las invitamos a cantar esta canción, vamos a cantar todas juntas”.
La acción recuerda la luz que encendieron las mujeres zapatistas cuando organizaron el Primer Encuentro de Mujeres que Luchan en el Caracol de Morelia, masivo en México, con por lo menos 8 mil participantes.
Retiembla el pandero y la voz del caracol se enciende hacia el cielo y entonan: “danos un corazón, fuerte para amar, danos un corazón, fuerte para luchar”.
Es un momento en el que no dejaron que el viento apagara su luz. La lograron tener todas encendidas al mismo tiempo.
Las mujeres de San Juan Volador
En este pueblo de la costa, el primero que desemboca desde la sierra de Santa Marta, el proceso de organización no ha sido fácil. Reciben a las cientos de mujeres en su comunidad, pero de acuerdo con Maribel, quien articula las comunidades nahuas y popolucas en la sierra de Santa Marta,
“En el camino de defensa del territorio y como mujer me he enfrentado a mi misma, de tomar día a día esa decisión y renovarla, y continuar, porque no es fácil, a veces nos atacan, compañeros que sabemos empezaron a golpear, pero este encuentro llega en el momento justo donde nos reconforta. Por eso les decía que hicieran esa labor en las familias de promover que se integren, que no nos dividamos, aunque los varones estén golpeando. Nosotras debemos saber que no son ellos, es este sistema capitalista patriarcal depredador”.
Maribel, mujer de San Juan Volador
A esta problemática se suma el contexto de la región, que vive en constante asedio por el reclutamiento obligatorio de sicarios por parte del crimen organizado, aunado al despojo de tierras para la siembra. Además, la extrema marginación, los nulos servicios de salud y lo olvidada que está la comunidad por parte de los tres niveles de gobierno.
Las mujeres cantan contentas y muestran su alegría a la luz de las velas. Terminan con porras: “¡que vivan, que vivan, que vivan las mujeres!”. Las risas y emociones prolongadas parecen cantos que poco a poco llegan a su nivel mínimo, pero prevalecen a lo largo de la noche, junto con los abrazos y la satisfacción de haber tenido un día fructífero de trabajo, desembocan en una ola de expresiones artísticas, recital de poesía y cantos, danza, zapateado para las jaranas que evocan fandangos feministas y rap colectivo.
Foto: Daliri Oropeza
Esperanza renovada
Patricia, mujer docente de ciudad Neza que ha participado en todos los encuentros de mujeres e incluso realizó con colectivos el del oriente del Estado de México en Chimalhuacán, llegó dudosa porque aseguraba que siempre falta el paso para la acción. A su pensar, lo sucedido en este encuentro abre la puerta apara comenzar a accionar.
El encuentro va a fortalecer la organización de las mujeres en San Juan Volador, piensa Maribel, de San Juan Volador, “las compañeras se metieron a los grupos y veo que sí las movió, las sacudió y tengo confianza que siga creciendo la participación de compañeras y articulándose.
A nivel organizativo fue muy importante lo que hizo la comunidad de San Juan Volador, pues es la primera vez que el Pueblo recibe en sus casas a las mujeres que viajan para participar, asegura Márgara Millán.
Ese abrazo colectivo, comunitario, fue notorio. Ninguna de las mujeres presentes se encuentra sola, todas estuvieron en el apapacho conjunto, en el llamado del caracol a la organización y a la rebeldía. Los talleres y conservatorios sobre la ley de mujeres zapatistas, técnicas ancestrales de salud, la importancia de la organización de mujeres, reforma educativa, bordado, y una interminable lista de compariciones desde sus conocimientos, provocaron el diálogo de saberes que llevó a la solidez de los acuerdos.
Las que más fueron abrazadas son las mujeres familiares víctimas de feminicidio, de desaparición forzada y asesinatos de sus hijos e hijas.
La presencia ausente
Alicia Gallegos tomó el micrófono: “A todos los lugares que voy le grito a mi hijo, ¡Natán, ¿dónde estás?!”. El Grito cimbra la tierra y el domo en donde las cientos de mujeres escuchan sentadas. Es una mujer de Poza Rica que por primera vez participa en un encuentro así, y está agradecida con el espacio.
Belén González aseguró que “el dolor se siente donde quiera”. Asegura en uno de los conversatorios del encuentro que ella salió a marchar por los 43 normalistas de Ayotzinapa y al día siguiente, los policías se llevaron a su hijo en Coatzacoalcos.
Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín quien fue víctima de feminicidio, Asegura en este conversatorio que no hay justicia para quienes asesinan mujeres, e incluso los pueden dejar libres. Ella sigue en la. Usquedas legal de justicia.
La madre de César, normalista desaparecido de Ayotzinapa, denunció que pese a que entraron al cuartel, aún falta mucho que aclarar por parte del ejército mexicano. “No descansaremos hasta saber la verdad y encontrar a nuestros hijos”, están por cumplirse 5 años de la desaparición forzada de los estudiantes.
Dos mujeres afrodescendientes parte del colectivo estadounidense Black Lives Matter denunciaron que sus hijos fueron asesinados en California, por policías que solo dispararon porque su piel es negra. Agradecieron el espacio para poder alzar la voz con su denuncia.
Las presentes corean al unísono, “¡no están solas!”, no están solas.
Las semillas que pidieron en el ritual inicial quedan esparcidas cuando cada una regresa a su comunidad, barrio, pueblo o ciudad. Las mujeres nahuatl piden atender el llamado a la acción del caracol.
“El encuentro nos lleva a buscar formas de cómo vamos a acabarlo (el patriarcado y el capitalismo), cada quien desde donde estamos. Es un poco difícil como mujeres porque todavía veo que cuesta trabajo, pero cada vez veo que ya hay más aceptación de los diferentes colores, de las diferentes formas que tenemos”.
Marichuy.
Fotos de periodistas mexicanos asesinados en los últimos años, durante una protesta en Ciudad de México, en febrero de 2016 (Ronaldo Schemidt/AFP)
Redacción/Infobae
El cuerpo del periodista Rogelio Barragán fue encontrado la tarde de ayer con varias lesiones en el rostro y la cabeza. El director del portal Guerrero al Instante se sumó a las estadísticas de agresiones contra informadores y se convirtió en el octavo comunicador asesinado a causa de sus actividades laborales durante este año y el 11 en la administración de López Obrador.
La Fiscalía General del estado de Guerrero informó que el cadáver de Barragán fue hallado por elementos de la Coordinación General de Servicios Periciales, dentro de la cajuela de un auto color Jetta gris estacionado en la calle Circunvalación, en la colonia Benito Juárez del municipio guerrerense de Zacatepec.
De acuerdo con las autoridades estatales, la madre de la víctima reconoció el cuerpo de Rogelio, quien murió a los 47 años de edad.
El portal de noticias Guerrero al Instante lamentó su muerte a través de su perfil de Facebook: “Dios te tenga en su santa gloria, un fuerte abrazo hasta el cielo”.
El auto fue abandonado una noche antes, pero los vecinos lo reportaron hasta la tarde siguiente. (Foto: Twitter)
Los vecinos de la zona informaron que el automóvil donde encontraron el cuerpo fue abandonado desde la noche del lunes, sin embargo, hicieron el reporte ante las autoridades hasta la tarde del 30 de julio.
“Tenía más de 10 años de trabajo periodístico, sobre todo de nota roja”, dijo para la agencia AFP la representante de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) Balbina Flores. Asimismo, señaló que el perfil de Barragán era el de un reportero que “enfrentaba riesgos”.
Rogelio Barragán se convirtió en el noveno comunicador asesinado a causa de sus actividades peiodísticas durante este año y el 11 en la administración de López Obrador.
La organización en defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, documentó que desde el año 2000 hasta junio de este año han sido asesinados 127 periodistas mexicanos, en posible relación con su labores periodística. Del total, 117 son hombres y 10 mujeres.
Pero ¿quiénes fueron los otros siete periodistas que han sido asesinados durante este 2019?
Rafael Murúa Manríquez Murúa dirigía la radio comunitaria RadioKashana (Facebook)
El auto del director de Radiokashana fue encontrado la tarde del 20 de enero en la ciudad de Santa Rosalía y alrededor de las 17:28 horas. La Procuraduría General de Justicia del Estado reportó que el cuerpo de Murúa Manríquez se encontró en el kilómetro 40 del tramo carretero Santa Rosalía-San Ignacio, en el municipio de Mulegé, en Baja California Sur.
Los peritos de la procuraduría indicaron que el cuerpo presentaba varias perforaciones en el tórax y se confirmó que se trataba del comunicador de 34 años.
En noviembre pasado, Rafael Murúa denunció que había recibido amenazas luego de criticar a Felipe Prado Bautista, alcalde de Mulegé, en los primeros 50 días de su administración.
Intentos de censura, calumnias y amenazas de muerte fueron denunciadas por Rafael Murúa, quien no buscaba acusar directamente a nadie, sino ejercer su libertad de expresión.
Jesús Eugenio Ramos Rodriguez
Fue asesinado la mañana del 9 de febrero mientras desayunaba en un hotel ubicado en el municipio Emiliano Zapata, en Tabasco.
“Chuchín” Ramos, como era conocido, estaba con un grupo de amigos en el Hotel Ramos, ubicado en la avenida Chiapas, alrededor de las 07:00 horas de hoy cuando fue atacado por tres hombres.
Tras el ataque, los acompañantes de Jesús Ramos lo trasladaron al área de urgencias del hospital municipal, donde el personal médico informó a familiares y amigos sobre la muerte del periodista.
Reynaldo López La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que fueron detenidos tres responsables del asesinato del periodista Reynaldo López (Foto: @fgjesonora)
El automóvil en el que viajaban Reynaldo López, locutor de un programa de radio musical, y Carlos Cota, ex conductor de deportes de Televisa, fue atacado el 16 de febrero por un comando cuando circulaban sobre bulevar Serna y calle California, en la colonia Las Pilas, en Hermosillo, Sonora.
Reynaldo López falleció y Cota resultó herido en el ataque, por lo que fue trasladado al Hospital General del Estado en Hermosillo, en estado de gravedad con heridas en la cabeza y en diversas partes del cuerpo.
Reynaldo López falleció y Cota resultó herido en el ataque, por lo que fue trasladado al Hospital General del Estado en Hermosillo en estado de gravedad con heridas en la cabeza y en diversas partes del cuerpo, hasta el momento se desconoce su estado de salud.
Santiago Barroso Los sujetos armados tocaron a la puerta de la casa de Barroso y cuando éste les abrió fue atacado a balazos (Foto: Twitter)
El periodista Santiago Barroso falleció la noche del 15 de marzo en un hospital de Sonora, después de que fue atacado en su domicilio por sujetos armados.
La Red Sonora de Periodistas informó del deceso del comunicador, nacido en San Luis Río Colorado.
De acuerdo con los reportes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, los sujetos armados tocaron a la puerta de la casa de Barroso y cuando éste les abrió fue atacado a balazos.
Santiago Barroso recibió tres proyectiles alrededor de las 21:10 horas: uno en la clavícula izquierda y dos más en el abdomen, pero aún pudo solicitar ayuda vía telefónica.
Omar Iván Camacho Mascareño Foto: Facebook
El comunicador trabajaba en una estación de radio y tenía un portal con información de deportes, de nombre “Évora Sport”.
Omar Iván trabajo durante de la transmisión radiofónica de la serie entre Garbanceros de Guamúchil y Diablos Rojos de Cubiri de la liga de beisbol Arturo Peimbert Camacho.
Fuentes refieren que al salir del evento deportivo que cubrió la noche del 24 de marzo, sus familiares perdieron contacto con Omar por lo que comenzaron a buscarlo.
Fue después de las 19:00 de la noche cuando la policía local recibió el reporte del hallazgo de un cuerpo que se encontraba en las inmediaciones de la autopista Benito Juárez.
Telésforo Santiago Enríquez Telésforo Santiago Enríquez, profesor y comunicador, fue emboscado en su automóvil (Foto: archivo)
El fundador de la radio comunitaria El Cafetal, en Oaxaca, fue asesinado el 2 de mayo. El comunicador mexicano Telésforo Santiago Enríquez fue privado de su vida en Juchitán, de acuerdo con información oficial.
El Cafetal de San Agustín Loxicha, en Oaxaca, fue creada por Santiago Enríquez para llevar información a los indígenas del estado al Sur de México, lugar donde fue asesinado el comunicador.
De acuerdo con autoridades judiciales del estado de Oaxaca, Telésforo Santiago Enríquez, profesor y comunicador, fue emboscado en su automóvil en una zona de la ciudad de Juchitán, donde recibió varios disparos que le causaron una muerte inmediata.
Norma Sarabia Afuera de su casa fue atacada por un grupo armado (Foto: Twitter)
Un grupo armado asesinó afuera de su casa a la periodista Norma Sarabia, quien trabajó por más de 15 años en el diario Tabasco Hoy. En su domicilio, ubicado en Huimanguillo, el municipio más grande del estado, fue donde unos hombres la atacaron.
Sarabia se unió así a la lista de periodistas asesinados en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México.
Dos sujetos armados y a bordo de una moto le dispararon en diversas ocasiones cuando estaba por ingresar a su vivienda. Tan pronto llegaron las autoridades, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Huimanguillo, quienes están a la espera de los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el barrido criminalístico y el levantamiento del cuerpo.
Sarabia compartía en Facebook noticias de ejecuciones violentas, al ser su fuente de información la nota roja. Pero también denuncias sobre situaciones irregulares, como la última en que acusó las condiciones del plantel de la Universidad Popular de la Chontalpa; lo que se convirtió hoy en su última publicación en esa red.
Plenaria del Segundo Encuentro de Mujeres, San Juan Volador, Veracruz. Foto: Colectivo Grieta
Colectivo Grieta, 31 de julio 2019
Los días 27 y 28 de julio del 2019 se llevó a cabo el Segundo Encuentro Nacional de Mujeres del CNI/CIG en la comunidad de San Juan Volador, al sur de Veracruz. El encuentro da continuidad a aquél que se llevó a cabo en la comunidad de San Lorenzo Nenamicoyan en el Estado de México en julio del año pasado. A través de un país hundido en una dolorosa guerra contra la vida, en donde día a día se cuentan las fosas, las muertas, las desaparecidas, mujeres de la mayor parte de los estados de la república viajaron largas horas en carretera para llegar a la comunidad que abrió sus puertas para que las mujeres pudieran reunirse y compartir dolores, preocupaciones pero sobre todo fuerza y experiencia de lucha para seguir con la tarea encomendada por las mujeres zapatistas de no permitir que la luz de la resistencia se apague.
La comunidad de San Juan Volador, encabezada por un grupo de mujeres que asumieron el reto de llevar a cabo el encuentro en su localidad, recibió con calidez, hospitalidad, pero sobre todo con organización, a 625 mujeres de 27 estados de la República Mexicana y 12 países del mundo quienes se reunieron a platicar, bailar, llegar a acuerdos y seguir tejiendo la red de la resistencia. Asistieron compañeras de los pueblos originarios Afromexicano, Binizzá, Chinanteco, Chol, Coca, Mazahua, Mazateco, Mepha, Mixe, Mixteco, Nahua, Nuntaj+yi (popoluca), Ñusavi, Otomí, Popoloca, Purépecha, Rarámuri, Tarahumara, Tepehua, Tojolabal, Triqui, Tzotzil, Tzeltal y Yaqui de los estados de Veracruz, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Yucatán, Nuevo León, Coahuila, Baja California Norte, Baja California Sur, Colima, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Sonora, Jalisco, Michoacán, Puebla, Morelos, Aguascalientes, Chihuahua y San Luis Potosí. Además, llegaron compañeras de Argentina, España, Estados Unidos, Francia, Chile, Grecia, Canadá, Colombia, Ecuador, Brasil, Alemania e Italia.
El encuentro se inauguró por la tarde del día 26 de julio con una ceremonia para agradecer a la madre tierra y dar la bienvenida a las asistentes a su mar, su costa y su territorio. La inauguración se hizo alrededor de una red de pesca que sirvió como símbolo para el encuentro. Las mujeres de San Juan Volador invitaron a ser como esa red y a estar “agarradas y poder seguir caminando, seguir enfrentando estas luchas y seguir haciendo las resistencias, pero sobre todo seguir construyendo las rebeldías”.
Siguiendo la tradición de esta región nahua-popoluca se ofreció cada uno de los puntos cardinales a distintas causas y personas. El oriente, “lugar del padre sol que motiva a organizarse y a defender los derechos y la vida” se dedicó a las hermanas y a los hermanos caídos en el camino, “a los que han enseñado que otro mundo es posible”. En el poniente “lugar de la tierra, de la oscuridad de la muerte pero también de la esperanza de un nuevo día y de la continuidad de la vida en la tierra” se invitó a las mujeres a ser “como luciérnagas y dar luz en medio de la oscuridad y de la violencia”. Este punto cardinal se dedicó a las hermanas que, día con día, renuevan sus ánimos para luchar. Los siguientes dos puntos, el norte de donde vienen “los aires fríos que traen desgracias a los pueblos” y frente al cual pidieron “un corazón fuerte” para vencer el frío que inunda los corazones de los seres humanos y el sur, donde se une el cielo con la tierra, y lo sagrado con lo humano, se dedicaron respectivamente a las hermanas que tienen logros y avances en la lucha y a las mujeres que sueñan y construyen un mundo mejor. La ceremonia se cerró invitando a la mujeres a llevar juntas esta ofrenda al mar y con esto se dio inicio a dos días de trabajo, compartición y celebración.
Concejalas a la orilla del mar. Foto: Colectivo Grieta“Caracol, tambor y flauta”: ceremonia a los puntos cardinales. Foto: Colectivo GrietaMujeres llevando la red al mar. Foto: Colectivo Grieta
Los trabajos del día 27 se centraron en la discusión en mesas en donde mujeres de varias geografías y procesos se encontraron para platicar en torno a las preguntas de ¿cómo se puede responder a la violencia desde una visión antipatriarcal y anticapitalista, construyendo vida ante tanta muerte? y ¿cómo se construye desde distintas realidades y con distintas herramientas un tejido común que permita fortalecer la organización en pueblos, colectivos, barrios y organizaciones?. Mujeres de diversas “latitudes, geografías y edades” se reunieron y se encontraron como espejos de realidades distintas con dolores y miradas compartidas sobre la manera en que el sistema capitalista patriarcal va destruyendo la vida a su paso y sobre cómo han hecho para enfrentarlo. Entre estas voces de las mujeres que asistieron se oyeron las palabras enviadas por las mujeres de Rojava (Kurdistán), las de madres que se han organizado y luchan por encontrar a sus desaparecidos en la región de Coatzacoalcos y quienes siguen luchando sin claudicar por encontrar a los 43 de Ayotzinapa, las mujeres de Honduras, quienes sufren una terrible violencia provocada por las políticas neoliberales en sus regiones que orilla a la gente a abandonar su país, las compañeras de Black Live Matters quienes combaten la violencia a través del apoyo mutuo en sus comunidades en varios estados de la unión Americana, las mujeres zapotecas de la comunidad de Cuatro Venados en el municipio de Zachila en Oaxaca quienes denunciaron el violento despojo de tierras al cual se han enfrentado en días recientes, así como las mujeres mixes organizadas por la defensa de su lengua y cultura, las mujeres istmeñas, mayas y morelenses que luchan contra distintos proyectos de muerte que buscan acabar con sus pueblos y transformar la geografía de sus distintas regiones, entre muchas otras.
Colectivos de madres de desaparecidos. Foto: Colectivo Grieta
Al término de la discusión en mesas de trabajo se realizó una plenaria para llegar a acuerdos sobre los puntos discutidos en las mesas. Entre los acuerdos alcanzados y vertidos en la declaratoria final del encuentro, destacan la necesidad de construir redes para compartir saberes ancestrales y formas de autodefensa integral (jurídica, física, emocional y acompañamiento), dichas redes deberán permitir la organización regional, transversal o nacional; la tarea de mapear los procesos de despojo en los lugares de cada quien; además, acordaron mantener la lucha no partidista con el referente de lucha y resistencia del EZLN.
Para cerrar los trabajos de este primer día, ya caída la noche, las compañeras de San Juan Volador invitaron a las asistentes a formar un caracol y entregaron velas a las asistentes para recordar la invitación de las mujeres zapatistas de no permitir que se extinguiera la luz de resistencia y rebeldía de la mujeres. Las compañeras expresaron su deseo de también haber compartido esa luz de resistencia con las mujeres que viajaron hasta su comunidad para conocerlas y reconocerse. La ceremonia fue animada por una canción de lucha compuesta por las mujeres de San Juan Volador. Posteriormente se llevó a cabo un evento cultural de música y baile en donde el hip hop, la poesía, y la música tradicional se fundieron para celebrar la diversidad de formas de resistir como mujeres que somos.
Caracol de luz. Foto: Colectivo GrietaJarana, palabra y baile. Foto: Twitter @MujeresKluchanMujeres bailando. Foto: Twitter @MujeresKLuchan.
El día 28 se dio pie a la compartición de saberes organizados en talleres y conversatorios simultáneos que fueron desde el diálogo con la mujeres de la organización estadounidense Black Lives Matter, el conversatorio entre mujeres familiares de víctimas de feminicidio y madres de desaparecidos, pasando por talleres de medicina tradicional, reciclaje, expresión corporal entre otros.
Los trabajos de este segundo día concluyeron con las palabras de la compañera Marichuy del Concejo Indígena de Gobierno con las que invitó a las asistentes a regresar a sus comunidades y seguir fortaleciendo el proceso organizativo desde sus lugares ya que “solamente esos procesos que vamos a ir construyendo desde donde estamos, es lo que va ir acabando con este sistema de muerte, porque ya no queremos seguir siendo despojados, ya no queremos seguir escuchando que hay más muertas y muertos, desparecidas y desaparecidos y que solamente nosotras las mujeres organizadas que luchan, podemos revertir todo eso”.
La Declaratoria Final del 2ndo Encuentro Nacional de Mujeres del CNI, afirma que la mujeres que luchan son protagonistas de la transformación del mundo hacia adentro y hacia fuera: “somos las vainas llenas de semillas, somos los frutos de los árboles de raíces profundas, es tiempo de desgranar la mazorca y volvernos semillas. Llevemos la luz que nos entregaron las compañeras zapatistas y ahora nuestras compañeras de San Juan Volador y seamos el sonido del caracol para que resuene en cada rincón a donde vayamos para llamar a mas mujeres a organizarse.”
Taller de medicina tradicional. Foto: Twitter @olitademarrrr
En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 11 periodistas en México
CUERNAVACA. La tarde de este martes fue descubierto el cadáver de Rogelio Barragán, director del medio de comunicación digital Guerrero al Instante, en la cajuela de un automóvil Volkswagen Jetta Bicentenario color gris.
El hallazgo se hizo aproximadamente a las 17:00 horas en la calle 21 de marzo de la colonia Benito Juárez, del municipio de Zacatepec, Morelos, donde vecinos reportaron a la policía que el vehículo con placas de circulación HCM-21-96 del estado de Guerrero había sido abandonado horas antes.
Al acudir a investigar, elementos policiacos descubrieron el cadáver, de aproximadamente 55 años de edad, a quien sus asesinos además le desfiguraron el rostro, al parecer con ácido.
Los uniformados dieron parte al personal de la Fiscalía Regional Sur Poniente para el inicio de las investigaciones y el levantamiento. Más tarde, el cuerpo de Rogelio fue identificado por su madre, de acuerdo con la Fiscalía, que rechazó brindar más datos debido a la integración de la carpeta de investigación.
“Descansa en paz nuestro compañero Rogelio”, publicó Guerrero al instante en su página de Facebook. En la Fiscalía de Guerrero no se indicó de ningún reporte de desaparición de la víctima.
En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 11 periodistas en México, dos durante 2018 y nueve en lo que va de este año. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH), la cifra asciende a 150 desde el 2000, por lo que ha resaltado que México es el país latinoamericano con el mayor número de homicidios en este rubro, lo que justifica que se considere el ejercicio de la actividad periodística como de alto riesgo.
La asamblea comunal realizada el 21 de julio violó la suspensión legal; Xavier Nava, la empresa y otras autoridades deberán informar sobre los temas abordados en la reunión a un juez federal
Mediante un amparo, los comuneros de San Juan de Guadalupe contrarios a la asociación con la empresa Espacios en el Horizonte, consiguieron ayer que se frene el proyecto inmobiliario encabezado por el empresario Carlos “El Chato” López Medina.
El comunero Juan José García Granja había promovido desde el año pasado el juicio de amparo 1009/2018. Cuando se citó a la asamblea comunal del pasado 21 de julio, en la que López Medina logró asociarse con los comuneros de San Juan de Guadalupe, García Granja abrió un incidente de violación a la suspensión de plano que había sido concedida el 11 de marzo de este año, en el que se establecía que “no se ejecuten o se sigan ejecutando los actos que conlleven la privación de derechos agrarios sobre las tierras de uso común propiedad de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, hasta en tanto se notifique a las autoridades la resolución que decida el fondo del asunto”, según consta en la página web del Consejo de la Judicatura Federal.
Pese a la suspensión de plano, otorgada por el juez octavo de distrito en San Luis Potosí, el 21 de julio se realizó la asamblea comunal, en la que los asistentes aprobaron la asociación en participación de la comunidad de San Juan de Guadalupe con la empresa Espacios en el Horizonte, para el aprovechamiento de casi 2 mil 69 hectáreas.
Debido a que la asamblea violó la suspensión, el mismo juez octavo de distrito ordenó ayer que un grupo de autoridades, entre las que se incluye al alcalde Xavier Nava Palacios, el comisariado de Bienes Comunales de San Juan de Guadalupe, entre otros; además de la empresa Espacios en el Horizonte, expliquen en un periodo de 72 horas cuál fue su participación en la reunión del 21 de julio pasado.
El alcalde Xavier Nava Palacios, a través de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, deberá rendir un informe respecto del operativo policiaco que se realizó el 21 de julio en el salón comunal de San Juan de Guadalupe, así como las incidencias ocurridas en dicho operativo.
La empresa Espacios en el Horizonte deberá manifestar su participación en la asamblea general de comuneros que permitió la asociación entre su propietario, Carlos “El Chato” López Medina y la comunidad de San Juan de Guadalupe. Una fuente consultada por La Orquesta aclaró que la explicación de la empresa inmobiliaria deberá incluir también el pago de 27 mil pesos como contraprestación a los comuneros que votaron en favor de la sociedad.
El Comisariado de Bienes Comunales de San Juan de Guadalupe tendrá que exhibir ante el juez octavo de distrito, las constancias de los oficios dirigidos a la Procuraduría Agraria, en los que se le solicitó asistir a la asamblea del 21 de julio pasado.
Además, el Consejo de Vigilancia de la comunidad de San Juan de Guadalupe deberá informar las incidencias ocurridas en esa asamblea y el acta de la misma.
Los notarios públicos Fernanda González Zorrilla y Huitzilihuitl Ortega Pérez, con números 11 y 36, respectivamente, así como la Dirección del Notariado de San Luis Potosí, tendrán que remitir al juez los documentos que acrediten los hechos ocurridos en la asamblea.
El Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, ambas en sus delegaciones de San Luis Potosí, así como el Instituto Municipal de Planeación, también deberán rendir informes respecto a su participación en la asamblea del 21 de julio.
De acuerdo con Carlos Covarrubias Rendón, asesor legal de los comuneros contrarios a la venta de la comunidad de San Juan de Guadalupe, esta resolución del juez octavo de distrito convierte en “nula de pleno derecho” la asamblea del 21 de julio, pues se trata de “una simulación”, dijo.
“La Sedatu, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria no van a validar nada, porque no estuvieron en la asamblea. No fueron invitados. El proyecto de Carlos López Medina es un fraude y los títeres que logró en el comisariado van a derrumbarse al interior de la comunidad”, señaló Covarrubias Rendón.
Investigación y redacción: Daniela Pastrana / Pie de Página
Fotos: Roger López / Voz Alterna
Rubén Espinosa colocó la placa en uno de los escalones de la Plaza Lerdo: “Plaza Regina Martínez”. Era el 28 de abril de 2015. El rebautismo de la plaza central de Xalapa había sido ideado y convocado por un grupo de periodistas de la capital de Veracruz para conmemorar el tercer aniversario luctuoso de la emblemática reportera, asesinada en su casa en 2012.
Rubén Espinosa, fotógrafo, era parte de un grupo de periodistas que se comenzó a gestar el año del asesinato de Regina y que en los días siguientes se haría público con el nombre de Colectivo Voz Alterna. El grupo buscaba capacitar a periodistas en el estado y funcionar como un medio alterno, donde se pudieran publicar las historias que los medios de Veracruz no cubrían debido al fuerte control que había del gobierno estatal. Pero Rubén ya no vió la salida del colectivo en Xalapa. Cuarenta y dos días después de rebautizar la plaza, anunció su autoexilio del estado que, para entonces, sumaba 13 periodistas asesinados en 5 años.
— ¿Por qué te fuiste?
— Por sentido común —, nos dijo el 9 de julio en el programa de Periodistas de a Pie por Rompeviento TV.
Lo que contó no parecía tan grave: que saliendo de su casa vio a un hombre y que horas después lo volvió a ver en otro lado; un hombre alto, de corte militar, que estaba con otro hombre y que no hicieron nada por disimular que lo estaban vigilando. No le dijeron nada. No lo amenazaron. Sólo lo vieron. Sólo sintió su aliento cuando pasaron junto a él. Pero el contexto del estado, los 13 periodistas asesinados en cinco años, el hostigamiento constante de la policía estatal hacia los reporteros, sus propias amenazas previas, eran suficiente. No quería ser el próximo en la lista de bajas.
“Ayudo más vivo, que muerto”, dijo fuera de cámaras.
Tres semanas después de la entrevista, fue asesinado en la ciudad de México, donde se refugiaba.
Lo mataron junto con cuatro mujeres, tres de ellas (Nadia Vera, Mile Martín, Yesenia Quiroz) vivían juntas en el departamento de la colonia Narvarte donde fue el multihomicidio; la cuarta (Alejandra Negrete) trabajaba ahí.
Los periodistas de todo el país, pero sobre todo, los de Veracruz, quedaron paralizados con la noticia. El asesinato del fotógrafo, de 31 años, se convirtió en el asesinato más largamente anunciado de un periodista en México.
La primera vez que Rubén Espinosa llegó a pedir ayuda a la ciudad de México fue en octubre de 2013. Un domingo, en un restaurante de la colonia Roma, contó a cuatro integrantes de Periodistas de a Pie una historia que parecía difícil de creer: en el desalojo de maestros de la Plaza Lerdo, el 14 de septiembre, apagaron las luces y comunicaciones de la plaza y la policía uso perros y toletes eléctricos; a maestros y activistas los persiguieron por las calles aledañas; a los periodistas les quitaron sus cámaras. Rubén hablaba de muertos, que nadie podía confirmar (hasta ahora no se han confirmado); él mismo, juraba entonces, había visto a una patrulla aplastar a tres personas frente a la puerta de un banco.
Estaba aterrorizado. Contaba la historia de lo que definió como un “minitlateloco”, en relación con la matanza de estudiantes de 1968. Pero no había pruebas —ni siquiera los nombres de los maestros heridos, aunque otros testigos también lo vieron— y el gobierno estatal de Veracruz negó cualquier exceso durante el desalojo.
La misma historia que platicó ese domingo la contó después a directivos del semanario Proceso, donde colaboraba, y a un grupo de fotógrafos que, en solidaridad, crearon el colectivo FotorreporterosMx.
Con miedo, pero arropado por el apoyo que sintió en el gremio, regresó a Xalapa. Ahí se sumó a un grupo de periodistas que había estado reuniéndose desde 2012 para trabajar en la capacitación de reporteros y fotógrafos. Era la semilla de lo que en 2015 se presentó públicamente con el nombre de Colectivo Voz Alterna.
Rubén tenía contacto con este grupo desde finales de 2012. Entonces, él todavía trabajaba en el área de comunicación social del Ayuntamiento de Xalapa, aunque regularmente mandaba fotografías a Proceso y a Cuartoscuro.
Y en esta dualidad de empleadodegobierno-fotógrafofreelance, que es común en muchos lugares de Veracruz, había recibido la primera amenaza de su vida.
Él mismo lo contó, en una entrevista con SinEmbargo: “Cubrí el del 20 de noviembre del mismo año que asesinaron a Regina Martínez, en el desfile estaba Javier Duarte y no podíamos estar en frente del templete. A los fotógrafos y camarógrafos nos encerraban a los lados. Yo pedí que me dejaran tomar unas fotos y en el momento que me acerco, veo que despliegan una manta que decía: ‘Javier Duarte, el pueblo te tiene en la mira, no perdona ni olvida’. En eso viene un estudiante y me dice que estaban golpeando a unos de sus compañeros. Le di la cobertura y cuando tomo la foto de que estaban deteniendo a los estudiantes, me toma del cuello una persona de la Ayudantía del Gobierno del Estado y me dice: ‘deja de tomar fotos, si no quieres terminar como Regina’”.
Esa no fue la única vez que hubo una referencia a la periodista asesinada ese año. Por las mismas fechas, su nueva jefa en la oficina de comunicación, le prohibió seguir publicando fotos de manifestaciones en Proceso y Cuartoscuro.
“Hubo un cambio en la oficina de comunicación y entró Vicky Hernández; un día, ella le sacó un bultito de revistas donde estaban sus fotos y le dijo: ‘No creas que no te estoy viendo. Acuérdate de Regina, la asesinaron, ¿es lo que tu esperas?’” — cuenta un amigo cercano de Rubén — “finalmente lo corrieron, a principios de 2013. Él estaba molesto porque le querían dar 800 pesos”.
En noviembre de 2013, un grupo de periodistas se manifestó en la comparecencia del secretario de Seguridad Pública ante el Congreso local, Arturo Bermúdez, por las agresiones sufridas en el desalojo de maestros del 14 de septiembre.
“Eso fue algo inédito porque no se había presentado ninguna demanda a nivel federal de agresiones contra periodistas en Veracruz, agresiones”, dice ahora Roger López.
Aunque han pasado más de dos años desde que Rubén Espinosa llegó a pedir ayuda a la ciudad de México, su versión de lo que vivieron esa noche es casi idéntica a la que narró Rubén ese domingo en la colonia Roma. Y es, también, la misma que cuentan otros testigos, que todavía ahora piden el anonimato.
Roger narra, además, las complicaciones que tuvieron por presentar la denuncia: “El que estaba a cargo del caso se llama Édgar Nieves, de FEADLE; al principio nos dijo a Rubén y a mí que había gente aquí de Veracruz que estaba presionando a la PGR para que la demanda quedara atrancada, y que mejor ya no le moviéramos, porque nos íbamos a enfrentar a otra fuerza más dura (…) Después, Édgar Nieves nos dice qué le habló gente de la Secretaría de Seguridad Pública (estatal) para hacer un pacto: ‘miren, me dijeron que pueden llegar a un arreglo, ustedes piden una cantidad a la policía pero eso sí, quieren que se retire la demanda y que aparte pidan disculpas públicas a la policía y así les dan su lana’”.
Ninguno de los cinco reporteros aceptó retirar la demanda. “Ese día (el desalojo) comenzaron todos mis problemas”, reflexiona Roger López.
Para mayo de 2014, lo que sería el Colectivo Voz Alterna “ya era un grupo grande, queriendo hacer algo de capacitación”. Rubén Espinosa ya era un activo del grupo, igual que Roger.
En su siguiente comparecencia ante el Congreso, a finales de 2014, Bermúdez Zurita presumió las sanciones a los excesos (que antes había negado) de la policía durante el desalojo: “fueron sancionados 30 policías, a los cuales se dejó de pagar un mes su sueldo y se les quitó la placa”.
Molesto, Roger López intentó sacar una pancarta en la que decía “Justicia para periodistas”, pero en menos de 30 segundos, un policía vestido de civil se la quitó a la fuerza.
En los años siguientes, los hostigamientos sobre los periodistas en Xalapa no dejaron de crecer. El grupo de periodistas que formaría Voz Alterna, y que para entonces ya pensaba en crear un medio, comenzó a ser vigilado, incluso por gente armada.
El 5 de junio de 2015, Rubén Espinosa recibió una llamada de una estudiante para reportarle que unos hombres habían golpeado terriblemente a ocho compañeros que estaban en una fiesta. Llegó por la mañana y tomó las fotos, que envió a la agencia Cuartoscuro. Dos días después, vio a dos hombres vigilándolo afuera de su casa y en su trabajo. Algo en ellos le dio miedo. Mucho miedo.
“Me mando mensaje, no quería salir de su casa. Le ofrecí que fuera a mi casa en un radiotaxi y no quiso. ‘No tengo varo’, dijo”, cuenta una amiga cercana.
En el colectivo, decidieron que era mejor que se fuera de Veracruz. Rubén pidió un préstamo y tomó un autobús a la ciudad de México. En Xalapa dejó hasta su perro. Era el 10 de junio de 2015. No lo sabía, pero en su vida comenzaba la cuenta regresiva de una muerte anunciada.
En la ciudad de México, buscó la protección de los fotógrafos y de Artículo 19. La mala experiencia con la FEADLE le hacía desconfiar del Mecanismo Federal de Protección a defensores y periodistas. El 16 de junio, en una reunión con Jorge Sánchez (hijo del periodista Moisés Sánchez, asesinado en enero de ese año) y Pedro Canché (periodista de Quintana Roo que estuvo preso 9 meses por cubrir una protesta contra el alza de agua en ese estado), el fotógrafo confesó a sus colegas sus temores: “Tengo perfectamente claro que quien me persigue es el gobernador de Veracruz, Javier Duarte —escribió tiempo después, Canché—. No es un cacique local, es el fan del dictador Franco. Por eso temo por mi vida. Por eso salgo huyendo de ese Veracruz, no quiero ser el número 13, además de que es de mala suerte”.
Denuncian la falta de diálogo en encuentro rumbo a la reforma constitucional, en Cuetzalan
Laura Ruiz / e-consulta
Organizaciones defensoras de los derechos indígenas en Puebla acusaron que el proceso del gobierno federal para sentar las bases de consulta a comunidades indígenas, para la reforma al Artículo 2 constitucional, es una simulación sin posibilidad de diálogo y que deja ver que la propuesta traerá riesgos para ellos.
Así lo señalaron en un comunicado organizaciones defensoras de comunidades contra proyectos extractivos de minas, hidroeléctricas e instalación de industrias agroindustriales, después de una primera reunión realizada el viernes en Cuetzalan,
De acuerdo con el documento, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) se limitaron a presentar su propuesta sin posibilidad de retroalimentación, por lo que tuvieron que pedir que se asentara en actas que se trataba de una actividad informativa que no daba garantías para futuras consultas.
Asimismo, destacan que vieron el reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público como positivo, pero que en la propuesta del gobierno federal continua la advertencia de preponderar el valor de los recursos energéticos de la nación sobre los derechos indígenas relacionados con el territorio.
“Con enorme preocupación denunciamos que el INPI propone en el documento Principios y Criterios para la reforma constitucional al artículo 2, el concepto de derecho al territorio, pero manteniendo la salvedad de dicho derecho en donde hay recursos estratégicos para la nación, es decir, gas, petróleo, recursos para generar energía eléctrica y nuclear entre otros.
“Esto nos parece inaceptable, pues actualmente ya estamos viviendo las consecuencias de la aplicación de una legislación que supedita nuestros derechos a los intereses económicos de grandes empresas extractivas y energéticas y que ha favorecido la criminalización de defensores y defensoras del territorio”, señalaron.
Según las organizaciones, esto abre la posibilidad para que continúen las violaciones a derechos, como ya se ha visto en los casos de la canadiense Almaden Minerals Ltd.que pretende abrir una mina de oro y plata en Ixtacamaxtitlán; el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que busca beneficiar a Walmart; las denuncias penales interpuestas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra indígenas defensores del territorio en Cuetzalan; la instalación de Granjas Carroll en Oriental y los asesinatos de activistas.
Al gobierno federal le piden cesar la simulación como parte del proceso rumbo a la reforma constitucional para consultar a pueblos indígenas mientras que al gobernador entrante Luis Miguel Barbos Huerta le piden no profundizar en las agresiones.
Lar organizaciones firmantes son el Consejo Tiyat Tlali en Defensa del Territorio; la Unión de Cooperativas Tosepan; la Organización Independiente Totonaca (OIT); la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (UNITONA); la Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua y el Consejo Regional Totonaco en Defensa del Territorio.
En la lista también están el Movimiento Independiente Obrero, Campesino y Popular (MIOCUP) CNPA-MN, la organización Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi, elColectivo Tajtomej Taltipak, el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban AC., la Agencia Timomachtikan AC, la organización Comaletzin Tochan AC, la Radio comunitaria Tzinaka y la Brigada de Defensa del Territorio.
La refinería Antonio Dovalí Jaime devastó el medio ambiente en Salina Cruz. Muchos habitantes perdieron sus fuentes de empleo en la pesca y la producción de sal. Por eso, dicen, no pueden desarrollarse proyectos como el Corredor Transístmico sin antes reparar el daño causado por Pemex.
Salina Cuz, Oaxaca. El mar peina la arena y los restos de petróleo se asoman. El aroma del llamado oro negro es penetrante. El progreso prometido con la llegada de Petróleos Mexicanos (Pemex) a este puerto, y la instalación de la refinería Antonio Dovalí Jaime, no parece haber llegado. La generación de empleos cayó precipitadamente, consecuencia de la contaminación que deja la petrolera en este municipio.
Se acabó la pesca y se ha llegado a contaminar la sal que aquí se produce. Cuando hay derrame en alguna de las boyas –como el ocurrido en septiembre de 2017 en la boya tres de la zona de carga de la Terminal Marítima de Pemex– son los propios habitantes quienes se encargan de limpiar la playa, contratados por la exparaestatal. Acuden ante la falta de otras oportunidades, relata Mariano Martínez García, oriundo de este municipio.
Hace casi 40 años, Salina Cruz fue un atractivo de migrantes en busca de mejorar sus condiciones de vida; también de las comunidades indígenas huaves o ikoots. Llegaron de Tehuantepec, Juchitán y pueblos aledaños para salir de la miseria que predomina en el Istmo.
La población fue ocupando este espacio, en el que abundaban los cerros, para formar parte de la industria petrolera. Con la presencia de la empresa, las cooperativas pesqueras se fueron perdiendo, cayeron en la ruina, ante la falta de producto y el incremento de los intereses en los créditos que otorgaba el Banco Nacional Pesquero y Portuario, relata el hombre de 83 años de edad.
Aquí “la vida es muy bonita, pero Pemex nos tiene como fosa séptica”, dice el otrora pescador. Mientras reposa en el patio de su humilde casa, acompañado de su esposa Esther Garfias López, don Mariano habla de cómo ha ido viendo el deterioro de su lugar de nacimiento.
De lo que más lamenta de su tierra es que Salina Cruz ya no es un balneario: la gente ya no puede meterse libremente a la playa porque está contaminada. También comenzó a desaparecer la naturaleza que había aquí. “Antes todo era muy natural: el agua estaba limpia, había frutas como la pitahaya, vivíamos de los animales que criábamos y de la pesca, pero ya no. La pesca se terminó y ya ni podemos criar pollos ‘por salubridad’”.
Antes de que llegara Pemex, dice, había más de 200 cooperativas de pesca y salineras; muchos de los barcos se están haciendo chatarra en el puerto y sólo queda la cooperativa de sal, que también ha sido contaminada por derrames de petróleo.
José Luis Martínez Garfias, hijo de Mariano, sale al paso de la charla y relata que con el derrame más reciente se contaminaron cuatro tanques de sal, situación que afectó a los empleados de la salinera que ya, de por sí, viven al día con el salario que obtienen.
El trabajo en la salinera, dice José Luis, deja en promedio un salario de 2 mil 500 pesos cada 15 días, el bulto de sal es pagado en 50 pesos por persona y la tonelada, en 350 pesos. Cuando las condiciones climáticas son adversas, es difícil que los compradores adquieran el producto porque está húmedo. “El trabajo es poco y pesado”, comenta.
Esta familia es una de las que, indican, otorgaron su voto el año pasado a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador y están a la espera de los beneficios ofrecidos. Del proyecto que promete echar a andar el mandatario en la región, el Corredor Transístmico, saben apenas lo escuchado en las noticias, ignoran a detalle de lo que tratará la obra. Están a favor, porque “es trabajo”, pero primero tienen que arreglar todos los problemas que ha dejado Pemex en el mar y para la salinera, no se puede seguir contaminando todo esto, dice Mariano.
El Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Oaxaca 2019-2028 indica que las principales fuentes de emisiones a la atmósfera son las industrias federales del petróleo y petroquímica. En tanto que la Evaluación de la contaminación en sedimentos del área portuaria y zona costera de Salina Cruz, Oaxaca, México, elaborada por la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, “los sedimentos en el medio acuático juegan un papel fundamental en el transporte y acumulación de agentes tóxicos, y de manera importante de iones metálicos, de tal manera que su efecto tóxico se modifica por las condiciones fisicoquímicas presentes”.
Rehabilitación en marcha
El puerto de Salina Cruz es, nuevamente, centro de atracción para la “modernización” de la región del Istmo, con la rehabilitación de la refinería, el gobierno federal ha indicado que se generarán nuevos empleos y desarrollo para este puerto.
El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, hace énfasis en la modernización de este puerto, a la par que el de Coatzacoalcos, Veracruz, para “impulsar el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano”.
El plan de gobierno indica que su eje será el Corredor Multimodal Interoceánico, que “aprovechará la posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte”.
El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 12 de julio, da cuenta de que “a lo largo del recorrido entre ambos océanos se crearán zonas libres para atraer inversiones del sector privado, las cuales se dotarán de infraestructura y se garantizará el abasto de energía, agua, conectividad digital y otros insumos básicos para cubrir las necesidades de las empresas y de la población trabajadora”.
Manuel de los Reyes, apoyo en el área jurídica de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, comenta que actualmente hay una revisión de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vinculada con la declaración de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), figura “desarrollista” que compara con el proyecto de López Obrador.
A decir del defensor ambientalista, aunque el presidente ha declarado que la figura de las ZEE quedó eliminada en este régimen, es importante obtener el amparo, pues ésta figura proclamada durante la administración de Enrique Peña Nieto y el Corredor Transístmico “corresponden al mismo proyecto de inversión en el Istmo”.
Y es que durante su mandato, Enrique Peña Nieto declaró que se incluyen 2 mil 423 hectáreas “sin restricciones ambientales, de uso de suelo o de otra índole, susceptibles para el establecimiento de secciones de la Zona Económica Especial de Salina Cruz, con base en los criterios de cercanía e integración con la infraestructura portuaria, aeroportuaria, carretera y ferroviaria; el entorno de usos industriales existentes o previos; la proximidad a asentamientos humanos de más de cincuenta mil habitantes que permitan la disponibilidad de mano de obra, así como el acceso disponible o potencial a fuentes de energía, agua, red de drenaje, y tratamiento de aguas y residuos sólidos”.
Domitilo Castillejos es otro de los que se siente afectado por la presencia de Pemex en este municipio. Él es un restaurantero que ha tenido que recuperar su negocio en dos ocasiones, durante los 5 años más recientes. Vive al día: “no nos morimos de hambre con lo poquito que va saliendo”, dice.
El hombre llegó a este lugar hace 53 tres años. Montó el restaurante La Costa del Pacífico, que prometía prosperidad para él y su familia, pero tras la instalación de la refinería fue decayendo. “Acá la vida es muy bonita, lo único es que Pemex contamina, nos tiene como fosa séptica”, comenta el pequeño empresario de 70 años.
Domitilo lamenta como poco a poco se han acabado sus expectativas de crecimiento: “Cuando vine a asentarme, hace 50 años, tenía playa, pero me he tenido que ir recorriendo, se cayó mi negocio, mi casa y tuve que volver a empezar”.
Sobre el Corredor Transístmico, dice, “apenas estoy enterado; quién sabe cuándo lo vayan a hacer y si lo vea, ya estoy viejo; pero lo que siempre hemos pedido a Pemex, que nos ha contaminado y perjudicado, desde hace tiempo hemos pedido una escollera, cuando [Carlos] Salinas de Gortari fue presidente nos lo ofreció, y hasta apareció en su Informe [de gobierno] que lo hizo, pero nunca ocurrió; lo que sí es que el mar nos está tirando nuestro negocio”.
Ante la escasez de clientela, Domitilo también se ha contratado como empleado de Pemex para limpiar el puerto cuando han ocurrido derrames. La petrolera “siempre nos ha perjudicado, no nos ha dado nada: una limosnita de 2 mil o 3 mil pesos por la contaminación”, comenta.
Apenas el 28 de abril pasado, López Obrador pisó este puerto acompañado del gobernador Alejandro Murat Hinojosa; la secretaria de Energía, Rocío Nahle García; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, la senadora Susana Harp Iturribarría, y el presidente municipal de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas Altamirano.
En su discurso no dejó duda de la prioridad que significa para su administración impulsar la rehabilitación de la refinería. Ante trabajadores petroleros, “reiteró que el propósito de este gobierno es rescatar la industria petrolera, por lo que se rehabilitarán seis refinerías y se construirá una más a fin de lograr autosuficiencia en materia de combustibles”.
Vivir al día
El matrimonio de Gilberto Olivera López y Elvia Abasolo Ugalde viven la misma suerte ante la falta de empleo en la región y la contaminación que ha dejado Pemex en la zona. Ellos tienen tres hijos y la manutención es cada día más difícil.
Gilberto sale todas las madrugadas a recolectar ostión en la zona de La Ventosa de este municipio, la cosecha de este producto permite que su familia viva con 180 o 360 pesos a la semana, cuando hay la venta de una o dos docenas de ostras.
Los fines de semana son los días en que mejor les va, pues llegan a obtener hasta 80 pesos en venta, mismos que tienen que ser administrados para los tiempos de adversidad económica; esto es: cuando no llega la clientela o para la época de veda, que inicia el 1 de julio de cada año y se prolonga por 3 meses.
Dos de sus hijos estudian la primaria, pero la mayor ha alcanzado el grado de preparatoria y los gastos han aumentado para la familia. Diariamente, la joven de 16 años utiliza más de 50 pesos en el gasto de transporte, material escolar y alimentos, aunque, en ocasiones, tiene que esperar hasta regresar a casa para comer algo, “porque ya no alcanza”.
“Hay que darles la oportunidad de estudiar para que no tengan el mismo trabajo que uno”, dice Gilberto, quien apenas cuenta con estudios de primaria y le es difícil encontrar otras fuentes de empleo.
Sobre el proyecto que tiene el gobierno federal para modernizar la región, Gilberto y su esposa ignoran de qué se trata; lo que sí saben, dice ella, es que no les han llegado los “apoyos” que tenían antes, sobre todo las becas para sus hijos.
Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, habla al respecto y asegura que en este municipio ya se inició el acercamiento con las comunidades huaves o ikoots, para llevar a cabo la consulta que permitirá llevar a cabo el Corredor Transístmico.
El funcionario público reconoce que el gobierno federal tiene un “diagnóstico complejo” de la región, consecuencia de la serie de problemáticas que enfrentan los habitantes: “incluso, agregaría la conflictividad interestatal Oaxaca-Chiapas, la devastación de la selva de los Chimalapas y conflictividades político electorales todavía en Oaxaca, porque este año es electoral para municipios de usos y costumbres”.
Añade que ellos tienen este diagnóstico y en la administración federal se ha considerado integrar al Programa de Desarrollo del Istmo un concepto integral, “no sólo se tiene que buscar cómo aprovechar la situación estratégica de ubicación de esta región del territorio nacional sino que se tiene que pensar en resolver en su integralidad toda la problemática de los pueblos indígenas, eso incluye: el ejercicio de los derechos territoriales, de consulta, de autonomía y la solución de las conflictividades internas”.
Respecto de la pobreza que existe en este municipio industrializado, la Medición de la pobreza, Oaxaca, 2010-2015, elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indicaba que en 2015 (la estadística más reciente), en el municipio habitaban 100 mil 159 personas; de las cuales, 40 mil 341 (40.3 por ciento), con 2.2 carencias en promedio por persona.
El Coneval mostraba que para 2015, Salina Cruz tenía un registro de 4 mil 541 personas en pobreza extrema, que tienen en promedio 3.6 carencias; la principal: el acceso a la seguridad social.
HUAUCHINANGO, PUE.- Para los integrantes de algunos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, la Fiscalía General del Estado es “omisa o cómplice” de quienes se dedican a estas acciones delictivas, según manifestaron en el primer foro itinerante, que se realizó en Huauchinango con el objetivo de ubicar a familiares de personas desaparecidas.
Durante el evento se citó que en el estado hay 2 mil 73 Carpetas de Investigación iniciadas por los casos de desaparición de personas, sin embargo no hay datos de aproximadamente 6 mil casos de familiares que habrían iniciado alguna averiguación previa, indicó el asesor jurídico de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, Gabriel Hernández Campos.
La comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Puebla, convocó al evento, especialmente a familiares de personas desaparecidas, que no hayan levantado una denuncia y a su vez tengan carpetas de investigación detenidas, “trabajando en colaboración con familiares y autoridades, para acceder a la verdad y a la justicia, cómo lo indica la ley en materia de desaparición forzada y por particulares”.
Se dio a conocer que hasta el momento poco más de 2 mil Carpetas de Investigación existen en la Fiscalía del estado, en cambio, al ser carpetas de investigación, se entiende que se iniciaron entre finales del año 2014 y mediados del año 2016, días en que entró en vigor en la entidad el “Nuevo Sistema Penal Acusatorio” y de ahí hasta la fecha.
Gabriel Hernández Campos, dijo que la institución encargada de procurar la justicia en Puebla no da mayor información sobre la Averiguaciones Previas que se iniciaron al menos 10 años atrás.
Sin embrago, expresó que el fenómeno de la desaparición “forzada” de personas se agudizó en los últimos cuatro años en que fungió como gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y los otros dos años de José Antonio Gali Fayad.
Refirió que en Puebla se invierten las estadísticas nacionales sobre el tema, pues mientras en el país en general existe una desaparición de personas en donde, el 70 por ciento son varones y el 30 restante son mujeres; en Puebla el 60 por ciento son mujeres y la mitad de ese 60 porcentual, son menores de edad.
Además de que en la Fiscalía General de Justicia se re victimiza a las personas, pues contantemente se cuestiona si las mujeres se fueron con alguna pareja sentimental o se insinúa que los desaparecidos estaban relacionados con alguna actividad ilícita.
Calificaron a la Fiscalía de ser “omisa o cómplice de lo que ocurre”, además de que especularon que las mujeres menores de edad que desaparecen, es probable que sean víctimas de la trata o de la pornografía, lamentando que la autoridad no tenga identificadas a las bandas que se dedican a eso.
Gabriel Hernández expresó que los datos que tiene la autoridad no coinciden con la realidad, pues en un recorrido de activismo que ha hecho con los colectivos de búsqueda en 70 municipios del estado con mayor incidencia delictiva, se han encontrado con al menos otros 8 mil casos de desaparición forzada.
Por su parte, la diputada local presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Estefanía Rodríguez, dijo que desde el Congreso se está acompañando la vigilancia de la integración de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el fin de que las personas que lo encabecen sean las que se identifiquen con las causas.
Pronosticó que en un mes aproximadamente esté funcionando la comisión, al igual que se llamó al público en general a que se integren en las acciones que ayuden a localizar a las personas.
En el evento se escucharon historias de distintas familias de diferentes regiones del estado de Puebla y se estimó que entre Huauchinango y Xicotepec, hay un registro aproximado de 30 personas desaparecidas.
(Bernardo Caamal Itzá)/Yucatán a la Mano
Peto, Yucatán
Hace unos días, 17 mototaxistas de la cabecera municipal de Peto solicitaron el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, ante las arbitrariedades cometidas por Edgar Román Calderón Sosa, alcalde de esta villa, y a los ejecutores de sus decisiones, Miguel Carballo Tec. Director de Transporte municipal; Reynaldo Hang Martínez, director de seguridad pública y vialidad municipal y, de la misma forma al director de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Yucatán, informaron la mañana del domingo 28 de julio, en una rueda de prensa a los medios de comunicación.
Los demandantes resaltaron “Estamos cansados de los retenes y pagos ilegales, así como de otras formas de presión, además de otras arbitrariedades orquestadas desde la administración municipal 2012 a 2015 del Prof. Higinio Chan Acosta; 2015 a 2018, Jaime Hernández, y del actual alcalde, Edgar R. Calderón, describiendo la forma cómo las autoridades se inmiscuyen en las organizaciones de mototaxistas, incluso son los que “validan a los delegados” y palomenean, y de esto quienes se atrevan a cuestionar este “modelo de trabajo institucional” son dados de baja con la aparente anuencia de la Asamblea Grupal.
Al denunciar la actuación del director de transporte, Miguel Carballo Tec “En un inicio nos dijo que si organizamos hasta con la figura legal, es seguro que autoricen que trabajemos y fue así que decidimos constituirnos y pagar todos los costos que implica contar con la figura legal, y ya con el documento en la mano, el mismo directivo nos dijo “Lo siento, el alcalde ya hizo compromiso con las 4 agrupaciones existentes y sólo con ellos trabajaremos y si no se afilian a las agrupaciones existentes serán piratas”
-Conste que para entrar en esos grupos “validados por el alcalde” hay que pagar una cuota superior a los $1, 5000 más pagos mensuales – según para que nos auxilien en casos de emergencia, pero de eso ha habido muchos problemas, muchos delegados se enriquecen de la noche a la mañana-.
Ante tal situación en que estamos en el municipio, insistimos en reunirnos con el alcalde, pero no hubo respuesta alguna. Decidimos enviarle por escrito y la secretaria del Ayuntamiento, nos dijo “Déjenlo, cuando venga se lo entrego” -Señorita selle y firme de recibido por el documento que le entregamos. – No, no se puede, son órdenes del alcalde, señaló.
Es claro lo que sucede en Peo, a los amigos del alcalde, todas las facilidades en todo, pero a las familias “vetadas del municipio” cerrazón total. Tenemos una autoridad que, en lugar de darnos oportunidad en nuestro pueblo, nos cierra todas las puertas ¿Dónde están los regidores que dijeron apoyarnos en su momento? Como nos gustaría que hagan las gestiones pertinentes a que lleguen en Peto ese l módulo para obtener la licencia y minimizar nuestros gastos, y de la misma forma que estén pendiente en cómo mejorar la situación vial y que mejoren las carreteras del pueblo porque esos huecos son causantes de numerosos accidentes, coincidieron los mototaxistas.
Una radiografía de la situación en que viven nuestros entrevistados quienes omitieron dar el nombre debido a represalias, resaltaron “Los alcaldes usan muchas formas de manipular a las agrupaciones en donde hemos pertenecido. Son ellos quienes envían algunos apoyos y para recibirlos, los directivos a cambio piden que llevemos copias de credencial de elector y nos hacen firmar papeles “con encabezados en blanco” y de esa forma muchos socios no saben del uso de sus firmas, porque los delegados pueden manipular los documentos de acuerdo a su conveniencia y de esa forma, usan nuestras firmas en contra nuestra.
-En cada administración municipal, los tarjetones “vencen” y hay que pagar para el siguiente periodo, en este caso, nos piden que paguemos el tarjetón actualizado y los otros documentos estén a la orden del día, y solo por estos últimos, son “asesorados por quienes integran las agrupaciones de mototaxistas a que gestionen su licencia en el municipio de José María Morelos, Qroo, y este documento no tiene un costo no mayor de los $300 pesos, pero en este año a muchos nos cobraron $600 pesos, aunque todos saben que el costo es diferente, y de esto algunos tuvieron acceso a información “ lo que pasa hay acuerdos de que una parte de lo que cobramos regrese hasta Peto, les dijeron.
Entre tanto para infundir más miedo y presión, la autoridad municipal, autorizó a sus directores, Miguel Carballo Tec y al C. Reynaldo Hang Martínez. Director de Transporte y director de seguridad pública y vialidad municipal, a que implementen “pagos y retenes ilegales a los motataxistas” y quienes no cumplan con los “requisitos” sus vehículos son trasladados hasta el corralón municipal y para que los tengan de nuevo, tienen que pagar hasta $3, 000 y sus motataxis prácticamente son desmantelados, quitándoles techos y bancas para que no trabajen, y realmente quienes se dedican a esta actividad gran parte de ellos son trabajadores del campo o albañiles y con esta actividad complementan sus ingresos para mantener a sus familias. Es claro que es importante revisar el caso, porque hay quienes hacen sus negocios con los mototaxis, en donde rentan a los que nos tienen vehículo, y eso se tiene que normar.
Mujeres mototaxistas de esta villa, también sus vehículos han sido retenidas por ordenes del presidente municipal y les piden pagos ilegales para poder de nuevo sus vehículos.
Ante tal situación, 17 mototaxistas decidieron hacer su demanda de amparo contra las arbitrariedades del alcalde, en donde resaltan en su documento de amparo “… en el ilegal retén en el que fui detenido…, vulnera lo establecido en os artículos: 7, 11, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, vigente, ya que dicha ley no nombra ni reconoce a las Autoridades Municipales como Autoridades en materia de transporte y al tratar de reglamentar el servicio de pasajeros cobrando el pago de permiso para mototaxi, como me exigieron en el retén ilegal en que fui detenido, sin que este contemplada en su ley de ingreso, contraviene lo establecido por la Ley de Transporte y usurpa funciones que son de competencia exclusiva del Ejecutivo del Estado. De la misma manera al establecer retenes ilegales con personal de la policía municipal de Peto y de la dirección municipal de transporte para detenerme ilegalmente…violenta mis garantías individuales establecidas en los artículos 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no estoy cometiendo alguna conducta tipificada como ilícita o que viole el reglamento de transito y vialidad del municipio de Peto, Yucatán y por lo tanto los actos de la autoridad municipal carece de motivación y fundamentación y violentan nuestra garantía de audiencia tal como lo exigen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”
Finalmente, en la rueda de prensa, hicieron un llamado a las autoridades “De lo que nos pase a nosotros y a nuestras familias, responsabilizamos directo al alcalde y todos aquellos que están bajo su mando…” y nuestros compañeros, les pedimos que conozcan bien la ley y se informen, esperamos contar con su respaldo y solidaridad, al final, queremos lo mejor para nuestras familias “Alto al negocio municipal contra los mototaxistas”
El colectivo ‘Hasta encontrarlxs Cdmx’ realizará cinco murales con los rostros de los familiares que buscan, para hacer notar que la principal crisis de México también tiene su expresión en la capital y su zona metropolitana.
Cuando Pamela Gallardo Volante desapareció acababa de cumplir 23 años. El 4 de noviembre de 2017, Pamela fue a una fiesta de música electrónica en el kilómetro 13,5 del monte del Ajusco, que es parte de la alcaldía Tlalpan de Ciudad de México.
En la zona más cercana que pudieron hallar al punto en dónde Pamela fue vista por última vez, su madre María del Carmen Volante, participó de la estampa de su rostro, junto a la ayuda de artistas solidarios.
Además de recordar lo sucedido y de buscar pistas que lleven a dar con el paradero de Pamela, el proyecto de los murales busca que otras personas que tengan algún familiar desaparecido se acerquen a la organización y que conjuntamente logren mover a la autoridad para que investigue estos casos graves.
María del Carmen Volante, pintando el mural dedicado a su hija desaparecida en la ciudad de México
¿Qué dificulta la búsqueda de una persona desaparecida en la capital?
“Desgraciadamente en la ciudad de México no se quiere ver que también secuestran y desaparecen a nuestras hijas”, dijo Volante, madre de Pamela.
En el caso de la investigación de la desaparición de su hija, esta mujer acudió primero a denunciar en el antiguo Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (que fue recientemente sustituido por la Fiscalía de Personas Desaparecidas) pero luego su denuncia fue trasladada a la Unidad de investigación Antisecuestros. Ninguna de las instancias ha logrado esclarecer qué pasó esa noche, hace 624 días, dice Volante, que cuenta por días el tiempo que va pasando.
“Lo más difícil son las indolencias con cada instancia de justicia, porque ellos tienen sus normas y sus tiempos”, dijo Volante, en diálogo con Sputnik.
Preparación del mural dedicado a Pamela Gallardo Volante, desaparecida desde 2017, en la ciudad de México/Eliana Gilet
Para las familias, los tiempos que duran las investigaciones no son los que exigen las familias afectadas. Para Volante, la omisión es mayor en la ciudad de México, donde “el Gobierno no quiere aceptar que nos las siguen desapareciendo”, explicó.
“Pero hasta el día que me muera la seguiré buscando, porque es mi niña y ella nació libre”, agregó.
Pintar murales, una forma de visibilizar las desapariciones
El colectivo está compuesto por cinco familias de personas desaparecidas en la ciudad de México, así como por otras personas solidarias que colaboran y apoyan en lo que se necesite. Laura Alicia Puga es una de ellas, una joven abogada que aunque no represente legalmente a ninguna de estas familias, se plegó a su proceso organizativo.
En diálogo con este medio Puga explicó que el colectivo contactó al muralista Dan Silva, quien pinta bajo el seudónimo ‘Pólvora’, para que los guíe en la confección colectiva de un mural con el rostro de cada uno de los desaparecidos del colectivo, en el lugar en el que fueron vistos por última vez
“Ahorita son 5 murales, pero se busca que se vayan sumando más familias”, explicó Puga quien trabajó en la recaudación de fondos para financiar lo necesario para hacer el mural sin que signifique un costo para las familias en búsqueda.
Por medio de un desplegado publicado ayer en varios medios de comunicación, la Universidad de Guadalajara (UdeG) informó que no hay elementos objetivos que sostengan la factibilidad de la Presa El Zapotillo, la cual se pretende reactivar tras un acuerdo de entendimiento entre los gobiernos de Jalisco y Guanajuato para repartirse el agua del río Verde.
El documento expone que actualmente tampoco se sustenta que la cortina de la presa se eleve a 105 metros –con lo que inundaría los poblados Temacapulín, Acasico y Palmarejo– ni un trasvase a otra cuenca.
La UdeG insiste en este último punto y advierte que el acueducto a León, Guanajuato, conlleva una “inminente” privatización del agua.
“Es un contrasentido que El Zapotillo pretenda abastecer a los Altos mediante un costoso bombeo concesionado a empresas privadas que los propios alteños deberán pagar, generando grandes consumos de energía, lo que representa emprender acciones contrarias a la mitigación del cambio climático”.
Ante el escenario planteado, la casa de estudios señala que sí existen alternativas responsables al trasvase, como proyectos de desarrollo rural y reforestaciones en las partes altas de las cuencas.
Para atender el tema, hoy el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Victor Toledo Manzur, estará en Temacapulín.
Por esta visita, la Alianza Cívica Alteña para la Defensa de los Derechos y el Agua le pide al funcionario federal, por medio de un desplegado a publicarse hoy en diversos medios locales, una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La alianza, la cual aglutina a varios grupos en contra de El Zapotillo, le detalla al secretario que el proyecto es privatizador, tiene más costos que beneficios y no contempla a comunidades afectadas.
“Es un contrasentido que El Zapotillo pretenda abastecer a los Altos mediante un costoso bombeo concesionado a empresas privadas que los propios alteños deberán pagar”. Extracto del comunicado de la UdeG
Intolerable se torna ya el grado de impunidad con se vive en este estado de Coras y Huicholes y uno que otro Mexicanero, gobernado por el Sr. de la Coca-Cola, Antonio Echevarría García. Otra mujer ha sido desaparecida de las calles de la colonia El Tecolote al filo de las dos de la tarde.
Esto fue hace ya cinco días, su familia aterrada, teme ya por su vida. La denuncia ante la Fiscalía General de Justicia ha resultado igual que las presentadas con anterioridad, no avanza, no hay resultados, vamos, ni siquiera hay investigación.
Los ciudadanos están abandonados a su suerte, y en manos de la delincuencia organizada.
A decir de sus familiares la última vez que fue vista, fue el viernes 26 de julio, cuando salió de su casa, en la colonia El Tecolote al filo de las dos de la tarde.
Precisan que vestía mallas negras, blusa beige con flores rojas y tenis negros y responde al nombre de María Fernanda Rivera Ibarra.
Su padre solicita el auxilio de la ciudadanía para su localización; cualquier información podrá darse al Sr. Arturo Rivera Loera, al teléfono 311 300 08665. Se teme por su vida, mientras don Petronilo departiendo feliz.
En junio de este año, la tasa de desocupación fue de 3.5% de la Población Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional, misma proporción que la del mes previo (mayo 3.4%), con lo cual se mantiene en ese nivel por tercer mes consecutivo. Sin embargo, se elevó el nivel de la precariedad laboral, esto significa que los empleados percibieron menor ingreso por más horas trabajadas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desocupación se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activa que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo.
Si bien la tasa de desocupación se mantuvo, el informe del INEGI mostró un incremento de la precariedad laboral, al pasar de 16% a 19.5% en un año, lo que revela condiciones menos favorables para los trabajadores mexicanos.
Uno de cada seis trabajadores está en situación precaria laboral, esto significa que “más de un millón de mexicanos sí encontraron trabajo pero en una situación crítica”, explicó José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
El experto aseguró en entrevista televisiva que lo preocupante es que si bien en México hay oportunidades laborales, éstas se están precarizando, reflejo de que la economía se está debilitando y ello causa condiciones laborales menos favorables y un incremento en la informalidad.
Mientras la subocupación, que agrupa a quienes tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda, representó el 7.6%, cifra superior al 6.8% de un año atrás y sin cambios frente a mayo de este 2019.
La informalidad fue de 56.8%, cifra superior 0.4% a la de un mes antes, y comparada con la de igual mes de 2018 no presentó variación.En junio del año en curso, el 60.2% de la población de 15 años y más en el país se ubicó como económicamente activa. Esta tasa es superior a la de un mes antes, también con cifras desestacionalizadas.
El reporte también reveló que a nivel estatal, en junio de 2019 la desocupación fue mayor en: Tabasco con 7.1%, Coahuila 5.1%, Ciudad de México 4.9%, y Estado de México y Querétaro, 4.6%, respectivamente.
En contraste, las menores tasas se presentaron en: Oaxaca 1.3%, Guerrero 1.4%, Yucatán 1.8%, Morelos 2.4%, y Baja California 2.5%.
Xalapa, Ver. – Durante el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se han abierto 116 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, lo cual es una cifra superior a la que se registraron en todo el 2016, advirtió la abogada de la asociación Equifonía A.C., Adriana Fuentes.
Al señalar que ni las estrategias implementadas por el Gobierno del estado, ni la alerta por violencia de género ha genero, han dado resultados para disminuir la violencia contra las mujeres, dijo que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica en 2016 se registraron 56 feminicidios, pasando a 100 durante 2017 y a 113 en 2018.
“De enero a junio de este año se han registrado más feminicidios que en todo 2016 (…) En lo que va de la presenta administración se han abierto 116 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, incrementando aquellos que fueron cometidos poco arma de fuego y arma blanca”.
Indicó que los municipios con mayor número de casos son Xalapa con 9, Coatzacoalcos y Veracruz con seis casos cada uno y Córdoba con cinco, que han ocurrido en un contexto generalizado de violencia, donde además se han incrementado los delitos de secuestro, de enero a junio de este año 59 mujeres veracruzanas han sido reportadas como presuntas víctimas de secuestro.
«Falta de coordinación entre autoridades impide atacar la violencia contra las mujeres»
Por su parte la vocera de la asociación Equifonía, Araceli González Saavedra, acusó que las autoridades del Gobierno del estado han mostrado una falta de compromiso en el acceso a la justicia para las mujeres.
Puso como ejemplo que el Centro de Justicia de Xalapa no se ha puesto en marcha debido a que no se ha firmado el convenio entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado (FGE) para ponerlo a funcionar, por lo que dijo la falta de coordinación entre autoridades frena la estrategia para atacar la violencia contra las mujeres.
“El Centro de Justicia incluye la coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Judicial y la Fiscalía y por eso hemos insistido en que el Gobernador debe rectificar para que firme este convenio para la operación de este Centro. Es una falta de compromiso con el acceso a la justicia”.
La activista añadió que es preocupante que las medidas que están implementado desde las instituciones no se hagan de una manera adecuada, de manea que la alertador violencia de género no se ha reflejado en la disminución de los asesinatos de mujeres.
Agregó que lejos de disminuir, la vigencia ha aumentado por ejemplo en el uso de armas bancas y de fuego contra las mujeres, a pesar de que desde 2016 la organización alertó que en tiempos electorales se incrementa la violencia contra las mujeres y los feminicidios.
Los pobladores de San Felipe Tepatlán han llenado las paredes de sus casas con inscripciones, demostrando su oposición a la hidroeléctrica Foto: Martina Žoldoš
Aranzazú Ayala Martínez / Lado B
El juicio de amparo interpuesto por tres comunidades indígenas de los municipios de San Felipe Tepatlán y Ahuacatlán contra el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 en 2016 está próximo a recibir sentencia. Después de más de 3 años de lucha legal la audiencia constitucional se llevó a cabo el 11 de junio de 2019, y ahora los defensores del territorio esperan conocer la resolución en no más de 90 días hábiles, sobre si el juez aprueba o rechaza la presa que se construiría en el cauce del río Ajajalpan.
Tres comunidades de los municipios de Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán, acompañadas por el consejo Tiyat Tlali, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y Fundar Centro de Análisis e Investigación, interpusieron un juicio de amparo en abril de 2016 en contra de la Semarnat, el INAH, la Conagua, la Sener (Secretaría de Energía) y los ayuntamientos de ambos municipios por haber otorgado los permisos para la construcción de la presa violando sus derechos.
Diana Pérez, abogada del Consejo Tiyat Tlali, dijo en entrevista para LADO B que en el juicio de amparo se reclama la violación de derechos al medio ambiente sano, al agua, a la tierra y al territorio, a la libre determinación y al consentimiento libre, previo e informado.
Ahora que está pronta la sentencia, el consejo Tiyat Tlali lanzó una campaña de recolección de firmas, pidiendo la cancelación de los permisos para que no se realice el proyecto y se eviten los impactos ambientales negativos.
Guardianes del Río Ajajalpan” Foto: Martina Žoldoš
Una consulta opaca
El caso de la hidroeléctrica Puebla 1 es uno de los pocos megaproyectos en México donde se llevó a cabo la consulta indígena para determinar su destino. Sin embargo las organizaciones y opositores denunciaron fallas y violaciones durante el proceso: acarreo de votantes, falsificación de firmas y compra de votos por parte de la empresa, la cual incluso organizaba comidas masivas para los habitantes.
Además la consulta no cumplió con el carácter de previa –debe ser previa, libre e informada–, pues los permisos se empezaron a otorgar desde 2009 y la consulta se realizó hasta abril de 2015. En julio de ese mismo año el IMDEC y el Consejo de comunidades Tutunaku en defensa del Río Ajajalpan denunciaron públicamente que el representante de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, instancia encargada de organizar la consulta, llegó con personal de la Sener y sin explicar nada les pidieron que firmaran para que después esas firmas fueran tomadas a favor del proyecto.
La abogada Diana Pérez dijo que las organizaciones y habitantes “están exigiéndole al juez que reconozca que hubo una violación de los derechos de las comunidades”.
El juez que está llevando actualmente el caso es Miguel Arroyo Herrera, personaje que en 2015 estuvo envuelto en la polémica por la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca en el Cerro del Fortín, junto al auditorio de la Guelaguetza. Arroyo resolvió finalmente que el polígono de la construcción tenía todos los permisos y no estaba dentro del polígono del Área Natural Protegida del Parque Estatal “Cerro del Fortín”, pese a la denuncia que establecía lo contrario, interpuesta por grupos ambientalistas, activistas y el pintor Francisco Toledo.
Violencia e irregularidades
El río Ajajalpan es de suma importancia para la vida y cultura de los pueblos totonacos y nahuas de los municipios de San Felipe Tepatlán y Ahuacatlán. Los habitantes defienden la conexión ancestral y espiritual que los une al Ajajalapan y han emprendido una lucha para evitar que la presa se construya, generando impactos ambientales negativos e irreversibles tanto al río como al ecosistema de la región.
Los opositores a la presa, agrupados en la organización Tutunaku-Nahuatl “Guardianes del Río Ajajalpan” han sido víctimas de amenazas, presiones y ataques legales. En octubre de 2015 fueron denunciados penalmente 14 integrantes de la organización por supuestas amenazas de muerte e intento de linchamiento. La denuncia nunca fue ratificada y ellos aseguran que se hizo para “meterles miedo”.
El proyecto arrancó desde 2009, año en que los entonces ayuntamientos priistas otorgaron las licencias de cambio de uso de suelo y construcción, abriendo la puerta a la empresa de la hidroeléctrica. En 2011 la SEMARNAT autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en 2013 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de la Sener otorgó el permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica, y un año después, Conagua aprobó el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales del Ajajalpan. Incluso el INAH, quien reconoce que dentro del área de afectación del proyecto Puebla 1 hay vestigios arqueológicos, en 2015 dio el visto bueno para las obras.
Diana Pérez dijo que en cualquiera de los dos escenarios, si se avala el proyecto o si se cancelan los permisos, todavía existe la posibilidad de que la parte que no sea favorecida interponga un recurso legal más. Así habría una segunda instancia, que sería un recurso de revisión que subiría a un tribunal colegiado para resolver sobre las inconformidades que se hayan interpuesto sobre la sentencia pronunciada, aunque los activistas esperan que el juez falle a favor de las comunidades y detenga el proyecto.
Se agudiza la crisis por falta de medicamentos. El Secretario de Salud afirma, no obstante, que no puede confirmar la información publicada en la prensa local
JORGE FLORES, La Silla Rota 29/07/2019
Crisis de Salud: los niños se quedan sin quimioterapia en el Hospital de Alta Especialidad de León. Foto: La Silla Rota
Se encienden las alarmas en el sector salud. La ausencia de vacunas y medicamentos se agudiza. Y los pacientes empiezan a pagar las consecuencias. El Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) se ha quedado sin medicamentos y desde hace una semana ha suspendido la quimioterapia para niños.
El HRAEB ha presentado una disminución en sus pacientes ante la falta de tratamientos. Foto: La Silla Rota
El director del HRAEB, Carlos Tena, reconoció que la escasez de medicamentos es real y que los recortes y cambios en el Gobierno Federal han afectado directamente a la operación del Hospital, aunque ellos siguen buscando la manera de solventar estas dificultades.
Los tratamientos de quimioterapia para niños se suspendieron hace 8 días sin una explicación oficial, según informa este lunes el diario am. Y la afluencia de pacientes en este Hospital, uno de los más grandes del centro de la República, ha disminuido considerablemente. Los niños que acuden a recibir su tratamiento de quimioterapia son regresados a su casa.
Las consecuencias no solo quedan ahí, al no recibir el medicamento suficiente y adecuado, el Hospital de Alta Especialidad se ha visto en la necesidad de pedir a sus pacientes que compren sus propios medicamentos en otras farmacias, lo que contradice el derecho de los pacientes a recibir medicamento de manera gratuita.
El Hospital cuenta 248 camas censables y no censables, 7 quirófanos mayores, 239 médicos y 559 enfermeras. Es uno de los más grandes del centro Méxcio y hoy sufre una crisis de desabasto en medicamentos que está afectando directamente a los enfermos guanajuatenses.
Esto se suma a otros problemas de salud como la falta de vacunas que se ha presentado en Guanajuato desde principios de julio.
Daniel Díaz, Secretario de Salud, preocupado por el desabasto de medicamentos en Guanajuato. Foto: La Silla Rota
Retrovirales, pentavalente, hexavalente y vacuna contra el papiloma para las niñas del estados son algunas de las carencias que empiezan a observarse en los centros médicos del estado.
El titular de salud del estado, Daniel Díaz condenó a principios de julio que la federación no ha entregado las vacunas necesarias para Guanajuato lo que pone en riesgo la atención de los pacientes, ya que solo quedan medicamentos para dos meses. Aunque no quiso confirmar ni desmentir la desatención por falta de medicamentos a los niños que reciben quimioterapia en el Hospital Regional de Alta Especialidad de León.
Una complicación directa, más allá de la atención cotidiana de los guanajuatenses es la celebración de la Tercera Semana Nacional de Salud que se celebraría en octubre próximo. La falta de insumos pone en riesgo dicha celebración.
La situación en el sector salud es delicada en Guanajuato. La falta de coordinación y entrega de medicamentos por parte del Gobierno Federal pone en aprietos a la Secretaria de Salud de Guanajuato y el servicio que brinda a los ciudadanos.
Habitantes del campo pesquero demandan una solución inmediata a este grave problema que los aqueja
Javier Vega / El Debate
Los Mochis, Sinaloa.- Decenas de familias del campo pesquero el Jitzamuri se manifestaron en las primeras horas de hoy para demandar una solución inmediata al grave problema de la falta de agua potable que los aqueja.
Y es que ya cumplieron 6 días en que no sale una sola gota del vital elemento por las mangueras y eso les está causando serios problemas porque carecen de vital líquido hasta para realizar sus principales necesidades.
Alberto Cisneros, habitante de esta comunidad, señaló que desde el pasado martes no sale una sola gota de agua por la tubería en ninguna parte de la comunidad y eso les está ocasionando una situación sumamente grave.
Dijo que la pipa de agua que les manda todos los días el Ayuntamiento para tratar de aminorar el problema les resulta insuficiente porque en el poblado hay más de 400 familias que todos los días enfrentan la necesidad del vital elemento.
Los demandantes piden un mayor de apoyos de parte de las autoridades municipales, ya que los últimos días han estado enfrentado problemas incluso para tener agua en sus casas para tomar y eso les generan serios problemas, principalmente con los niños, ya que ellos no entienden la situación y solamente lloran por el agua.
“La realidad es que ya no hallamos a quién dirigirnos: al Ceapas, al gobernador, al presidente municipal y a Japama, porque enfrentamos una situación muy desesperante porque no tenemos agua ni para lavarnos las manos y no exageramos. Ojalá viniera un día un funcionario a quedarse sólo un día en la comunidad para que viera la triste situación que estamos pasando”.
A las demandas se unieron varias madres de familia que suplicaron a las autoridades que ya resuelvan en forma definitiva la falta de agua que desde varios años atrás han venido padeciendo.
La señora Mirna manifestó que ya urge una solución porque en su casa tiene dos años que no le sale una gota de agua y tiene que trasladarse a los lugares donde sale, cuando llega a salir el agua, para tomar una poca y cubrir sus más elementales necesidades.
Por su parte, la señora Hortensia manifestó que se trata de una situación muy difícil porque son unos calorones los que padecen todos los días y el agua que compran para tomar tampoco alcanza porque llega la camioneta y se acaba de inmediato.
Redacción DiariolibreSV
Dos salvadoreños que viajaban hacia Estados Unidos han desaparecido.
Los compatriotas desaparecieron de la vista de sus familiares una vez que entraron a México en el municipio de Tenosique, Tabasco, así lo alertó un familiar a instituciones defensoras de migrantes.
Los dos salvadoreños desaparecidos son: Carlos Antonio Morales y amigo, William Francisco Flores, ambos de 21 años de edad y originarios de Santa Ana, las dos personas dejaron de comunicarse desde el pasado 21 de julio.
Lo último que comunicaron fue que habían llegado a la ciudad de Tenosique, en Tabasco.
La falta de atención por el gobierno estatal y el desprecio de los ayuntamientos, hizo que la comunidad Wixarika buscara un gobierno autónomo que rompa de tajo las relaciones con mestizos; es decir, que sean ellos como indígenas quienes sean representados por ellos mismos tras toda una historia de sometimiento
Rafael Hernéndez Guizar / Página 24
La comunidad wixarika de Jalisco anunció un cambio de régimen en Bolaños, podría constituirse el primer municipio indígena con un gobierno de uso y costumbres.
La comunidad de San Sebastián Teponohuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños podrían conjuntarse para formalizar la petición de separarse del municipio de Bolaños y probablemente también de Mezquitic y así, dar paso al nacimiento del primer gobierno según usos y costumbres.
Carlos Chino López, abogado de la comunidad y miembro de la comisión de autonomía, en entrevista con Página 24 categóricamente sentenció que ya no habrá más partidos políticos, expulsarán cualquier expresión política y será a través de la asamblea de todos los miembros como elijan a sus autoridades.
“No vamos a desaparecer al ayuntamiento, va a seguir siendo el mismo, pero se va a elegir en este caso el alcalde, ya no por un partido político, va a ser elegido ante asamblea por la mayoría, ahora sí les volteamos la tortilla y que se escuche bien, porque ellos han mandado todo el tiempo, nos dan puesto de tercera vamos a llamarlo así, nunca nos han tocado puestos como sindicatura ni oficial mayor, en la actualidad se está dando eso”, dijo.
Y siguió: “Para empezar, que quede bien claro vamos a cambiar el sistema de elección de partidos políticos por el de usos y costumbres, por qué procede, pues porque somos mayoría, somos en promedio el 65 por ciento contra el 35 por ciento, el ayuntamiento va seguir siendo el mismo, pero en esta vez va a ser investido por la mayoría de los Wixarikas”.
A pregunta expresa de qué motivó esta intención, Carlos Chino resaltó que la falta de atención por el gobierno estatal y el desprecio de los ayuntamientos, hizo que la comunidad Wixarika buscara un gobierno autónomo que rompa de tajo las relaciones con mestizos, es decir, que sean ellos como indígenas quienes sean representados por ellos mismos tras toda una historia de sometimiento.
“Definitivamente la comunidad y la gente están hartos, estamos hartos porque ya son muchos veces que hemos intentado y vamos a intentar. Hartazgo del mal trato, ustedes son testigos, vean el lugar por donde pasaron, nosotros vamos a tomar las riendas para echar a andar las cosas, hay que mover los dados porque no se han movido, lo único que nos traen es despensa y no es justo, eso no es la solución, nosotros vamos a tomar y vamos a hacer los proyectos pertinentes para que haya un desarrollo comunal, hay que acabarlo”.
Enclavado en la sierra norte del estado de Jalisco, el territorio Wixarika finalmente podría ser gobernado por ellos mismos.
En la localidad del Abajío del Tule, a tres horas y media de la cabecera municipal de Bolaños, se dio el pasado fin de semana una reunión informativa en la que los comuneros celebraron su triunfo ante una sentencia emitida por los tribunales donde se ordena la posibilidad de que ellos manejen los recursos económicos asignados en las partidas presupuestales de los ayuntamientos de Mezquitic y Bolaños.
Fue en presencia de autoridades estatales como se dio toda la información para la conformación de un consejo de administración que sería integrado por ellos mismos, los indígenas.
Fue este primer paso lo que marcó la pauta para un deseo que ya fue consensuado y aprobado por la asamblea: Conformar un municipio libre de mestizos, gobernado por indígenas según sus usos y costumbres.
“Siendo una minoría por parte de Bolaños ellos acaparan todo y nosotros nos quedamos con cualquier cosa, hay veces que incluso los proyectos que se detonan en la comunidad terminan inconclusos, muchos de ellos son elefantes blancos que no nos sirven a nosotros y eso es lo que no queremos”.
Carlos Chino López es un joven abogado y maestro en derecho constitucional, egresado de la Universidad de Guadalajara (UdeG); se convirtió al paso de los meses en uno de los pilares del movimiento de autonomía de su comunidad.
Tajantemente recalcó con gesto adusto: No habrá más partidos políticos en el territorio Wixarika.
“En esta demanda ha quedado muy claro, y en la mesa de negociación lo vamos a especificar, no queremos más la intervención del ayuntamiento por muchas cosas, por ejemplo, los tintes políticos que no nos han favorecido en nada y otra cosa, es el cambio de régimen que es otro proyecto ya también lo tenemos en puerta y está aprobado por la comunidad”, dijo.
–¿A qué se refieren con cambio de régimen?
–Significa que no van a estar ya los partidos políticos, los vamos a expulsar, que se escuche y quede así de claro, los vamos a expulsar por el lado de Bolaños, porque así lo ha decidido la comunidad.
–¿Sería una administración por las asambleas?
–Todo el cuerpo municipal lo va a elegir la comunidad por ser mayoría, hay que darle su espacio y ahora sí, hay que hacer una diferencia entre indígenas y mestizos porque así lo ha marcado la ley y así lo vamos a ejercer.
Según trascendió, sería para las próximas elecciones cuando la comunidad busque tener conformada ya la propuesta de un nuevo gobierno; podría ser la declaratoria del municipio 126 de Jalisco en el que al momento estarían adheridos los habitantes de la comunidad en territorio de Bolaños; sin embargo, no se descarta que a estos se sumen como un solo municipio los comuneros que habitan en las localidades de Mezquitic e incluso, de 12 localidades más que aunque son reconocidas como parte del municipio de La Yesca, en Nayarit, es deseo de ellos ser jaliscienses.
Por el momento, la comunidad representa el 65 por ciento de los habitantes de Bolaños y el 80 por ciento de la población de Mezquitic.
En tanto logran la declaratoria para su propio gobierno, lo que es un hecho es la llegada de alrededor de 80 millones de pesos que serán manejados por ellos de forma directa, es decir, sin intervención de los ayuntamientos antes mencionados, lo cual se concretará en los próximos meses tras la consulta que realizará el Instituto Electoral y de Participación Ciudad ananá de Jalisco (IEPC).
Abrumante condición
El hartazgo de la comunidad por no recibir servicios de calidad fue el detonante del movimiento.
En este sitio, no sólo no hay trabajo, no hay agua potable ni drenaje, ni siquiera hay medicinas ni doctores que atiendan a las personas.
Quienes padecen alguna enfermedad o sufren un accidente, quedan a su suerte.
Aquellas mujeres que al dar a luz necesitan atención médica urgente deben viajar más de tres horas a través de un camino accidentado, lleno de agujeros y trampas hasta el centro de salud más cercano.
La inseguridad que viven es evidente.
No hay patrullaje por parte de autoridad alguna. Por ello, conformarán su propia guardia comunitaria también, quizá previo a la declaratoria de un nuevo régimen, según se dijo a este reportero, pues se sienten en estado de indefensión ya que no hay quien solucione ningún conflicto en esta zona, al menos no por parte de las autoridades civiles tradicionales.
Durante una gira de trabajo que realizó por el municipio de Villa de Guadalupe, el gobernador Juan Manuel Carreras López, en el transcurso de la semana pasada, también intervino para generar un consenso favorable.
Jesús Medina Salazar director general de la Comisión Estatal del Agua, explicó que hace dos semanas, personal de la Conagua, estuvo en el ejido de La Presa, con los habitantes de esas localidades, para destrabar los conflictos existentes.
En esa reunión participó personal de la Dirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la dependencia gubernamental federal.
Medina explicó que tras esa reunión, los habitantes inconformes mostraron una mayor apertura y disponibilidad, al desarrollo las obras de la presa La Maroma y el acueducto que abastecerá la zona urbana de Matehuala.
El titular de la CEA relató que la inconformidad de los habitantes cedería a cambio de un beneficio más amplio, en las cuatro localidades y una parte del municipio de Villa de Guadalupe, con el agua que sería obtenida con ese sistema.
Medina aseguró “es cosa de días”, para que puedan generarse los acuerdos que permitan continuar con los trabajos en la presa.
Lo que podríamos ofrecer es que haya una mayor disponibilidad de agua -dijo-, y quizá otras obras complementarias, para uso agropecuario en la zona.
El responsable de la CEA dijo que a pesar que han empezado a generarse precipitaciones en SLP, aún hay municipios que debido a la severa sequía y ahora los efectos de la Canícula, no han logrado recuperarse en su totalidad.
Municipios de la Huasteca norte, dijo que continúan como los más siniestrados, pero confío en que puedan mejorar los pronósticos de lluvia, en próximos días.
Durante este año a nivel nacional se calculan 110 casos de trata de personas, casi todos los casos operan de la misma forma
Veracruz, Ver.- La Fiscalía General del Estado reconoce que no existen datos contundentes que puedan dar un diagnóstico de la incidencia de trata de personas en el estado de Veracruz, debido a la falta de denuncia de la víctima.
Sin embargo, grupos feministas advierten de la falta de protocolos que existen para que las autoridades den un correcto seguimiento a este delito, ya que el primer error ocurre cuando no se encuadra este tipo penal en casos que tienen que ver con desaparición o privación de la libertad, pero que finalmente derivan en fines de trata.
La trata de personas ocurre siempre que alguien usa para sí o le facilita a otra, una tercera persona por medio de violencia física o moral con fines de explotación según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Este ilícito está tipificado en México desde hace 10 años, pero fue cuatro años después que la Ley se homologó al Protocolo de Palermo, un documento emitido por las Naciones Unidas en el 2000 para prevenir y sancionarla.
“Estamos en pañales en nuestro país respecto a generar mecanismos y políticas públicas para prevenir la trata, a reserva de que la trata existe desde hace siglos”, mencionó la fiscal Auxiliar de Investigaciones de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, Liliana Barcelata.
Por su parte, Belem Palmeros Exsome, activista miembro de la Red de Mujeres Feministas del estado de Veracruz, aseveró que las políticas de prevención y contra la violencia contra las mujeres, deben de ir homologadas con la perspectiva de género, para garantizar que se abarquen todos los delitos de los que puede ser objeto una mujer por su condición.
Durante este año a nivel nacional se calculan 110 casos de trata de personas, casi todos los casos operan de la misma forma: Captación, enganche, traslado, alojamiento y explotación son las etapas por las que pasa este delito y que te explicamos en La Silla Rota Veracruz.
¿Etapas del delito?
Captación:
Estas redes comienzan con la captación donde los victimarios buscan factores de vulnerabilidad, como pueden serlo publicaciones en redes sociales referentes a falta de empleo, estados de ánimo o diversas situaciones personales.
Enganche
En esta etapa el victimario da propuestas para solucionar dicho factor a través de lazos laborales o afectivos que los delincuentes logran entablar a través de un tiempo considerable de interacción con la víctima.
Traslado:
Luego de esto, ocurre el traslado, donde la persona es alejada de sus redes de apoyo, como lo pueden ser, familiares o amigos o cualquier conocido.
Alojamiento:
Después de que la víctima es transportada a un lugar lejano, viene el alojamiento, en dicha etapa, la persona será sometida emocional y físicamente hasta que se doblegue.
Explotación:
Cuando se habla de explotación, existen varios tipos:
· Servicios forzados
Quien trabaja no recibe remuneración sino quien lo “alquila”.
· Matrimonios forzados
Ocurren no solo entre adultos sino con menores de edad y en su mayoría dentro de comunidades indígenas.
· Mendicidad
Donde niños y personas con discapacidad son obligados a pedir limosna.
· Experimentación bioquímica
Consiste en realizar prácticas médicas en personas generalmente de edad avanzada y que muchas veces, les traerá repercusiones a la salud, su modo de atraer a las personas es por medio de anuncios en periódicos.
· Sexual
Es el último tipo de explotación que a su vez se divide en masajes eróticos, turismo sexual, bailes eróticos, pornografía, servicios de chat con contenido sexual y servicio de acompañamiento.
Se sabe que incluso, a la hora de ser sometidas a explotación, los tratantes buscan agrupar a las víctimas a manera de que se comuniquen lo mínimo entre ellas, por ejemplo, separándolas por idioma o dialecto.
Mitos sobre la trata de personas:
· Las víctimas son exclusivamente mujeres
Se sabe que el 25 por ciento de personas utilizadas para trata, son hombres y casi la mitad, menores de edad.
· Las víctimas por trata se encuentran encerradas o encadenadas
Durante la etapa de alojamiento, las personas son sometidas psicológicamente para que se sientan atadas y así, no tengan que encadenarlas físicamente y sean más “productivas”.
· Todas las víctimas de trata son explotadas sexualmente
Existen varios tipos de trata de personas con fines de explotación
· Todos los tratantes son hombres
Existen tratantes mujeres, en muchos casos, fueron víctimas que, como forma de supervivencia, pasaron a formar parte de la red.
· Las víctimas de trata son privadas de la libertad siempre con violencia
Se han registrado casos donde la víctima acude por voluntad propia al primer lugar donde la privaran de su libertad debido a que existe un vínculo emocional o laboral entre la persona y el tratante.
La trata de personas puede ser un delito oculto detrás de otro, debido a que no existen protocolos que clarifiquen el carácter del primer delito denunciado ante una desaparición como puede ser desaparición forzada.
“Ese es el problema real que tiene el estado, que no se toman en serio los datos”, dijo la activista Belem Palmeros.
La fiscal auxiliar mencionó que la trata es un tema que en algún momento se hizo a un lado por temor o desconocimiento, o quizá por no tener la preparación de cómo atender los casos, además que no solo un delito sobre comercialización humana sino un delito que agrede a los derechos humanos fundamentales.
Medidas para no ser víctimas de trata:
· Verifica las ofertas laborales
Muchos de los casos del delito de trata de personas han iniciado con una oferta de empleo con grandes beneficios en salario y prestaciones, por lo general, el trabajo es en una ciudad o país diferente al de la víctima.
· Usa correctamente Internet
Cuidar los datos que publicas en las redes sociales, no aceptes invitaciones de amistad de desconocidos.
· Denuncia
No tengas miedo de reportar situaciones que te parezcan fuera de lo común. La denuncia es un paso fundamental para erradicar la trata de personas.
Reunidas 625 mujeres indígenas y mestizas del campo y de la ciudad de los pueblos originarios Afromexicano, Binizzá, Chinanteco, Chol, Coca, Mazahua, Mazateco, Mepha, Mixe, Mixteco, Nahua, Nuntaj+yi (popoluca), Ñusavi, Otomí, Popoloca, Purépecha, Rarámuri, Tarahumara, Tepehua, Tojolabal, Triqui, Tzotzil, Tzeltal y Yaqui de los estados de Veracruz, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Yucatán, Nuevo León, Coahuila, Baja California Norte, Baja California Sur, Colima, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Sonora, Jalisco, Michoacán, Puebla, Morelos, Aguascalientes, Chihuahua y San Luis Potosí.
Compañeras de Argentina, España, Estados Unidos, Francia, Chile, Grecia, Canadá, Colombia, Ecuador, Brasil, Alemania e Italia.
Integrantes de 119 organizaciones y colectivos nacionales e internacionales.
Estamos contentas con la presencia de todas nosotras, agradecemos el saludo de las compañeras kurdas y les decimos que hoy más que nunca necesitamos unir nuestras voces y luchas en todos los rincones del mundo para defender la vida amenazada por esta sistema capitalista – patriarcal; a las madres de los desaparecidos les decimos que nos quedamos sin palabras ante el dolor de sus miradas y sentimos su dolor como nuestro, que no están solas y que también nos faltan sus hijas e hijos, a las compañeras de Black Live Matters de California retomamos su consigna y reafirmamos que sin justicia no habrá paz. A nuestras hermanas y hermanos de Honduras y Centroamérica sabemos que la necesidad de migrar es resultado del despojo y la violencia que han vivido durante décadas producto de las políticas neoliberales por lo que les decimos que su lucha por defender la vida es legitima y necesaria en su territorio y que también migrar es un derecho por lo que repudiamos las acciones que el actual gobierno mexicano esta haciendo en contra de los migrantes en nuestro país.
En estos dos días mujeres de diferentes latitudes, geografías y edades nos encontramos para reír, llorar, soñar y dialogar; estamos convencidas que nuestra resistencia como mujeres que somos es importante y decisiva porque buscamos la conservación de la vida ante la guerra de exterminio declarada a los pueblos del mundo por el capitalismo y el poder patriarcal.
De acuerdo a los objetivos planteados en la convocatoria, nuestros trabajos durante este encuentro giraron en torno a las preguntas ¿cómo podemos responder a la violencia desde una visión antipatriarcal y anticapitalista, construyendo vida ante tanta muerte? y ¿cómo construimos desde nuestras realidades y nuestras herramientas un tejido común que nos permita fortalecer la organización en y entre nosotras, nuestros pueblos, colectivos, barrios y organizaciones?.
Además realizamos un intercambio de saberes, practicas y visiones a través de una jornada de talleres en los que la construcción del conocimiento colectivo nos dio mas herramientas para continuar nuestras luchas y nuestro tejido común.
Es así que llegamos a los siguientes acuerdos:
Se requiere crear una red de mujeres para compartir saberes ancestrales, talleres de autodefensa integral (jurídica, física, emocional y acompañamiento) que nos permitan rescatar y fortalecer nuestras identidades; y seguir construyendo como mujeres.
Tener un espacio para otras narrativas: arte, espiritualidad, danza y creación de espacios de no violencia.
Que las redes nos permitan articularnos mediante actividades comunes a nivel regional o transversal o nacional.
Fomentar espacios que integren el autocuidado, no solo el individual sino colectivo, en nuestras organizaciones a través del uso de la medicina tradicional y de creación y uso de diferentes herramientas de sanación.
Mapear y compartir los distintos despojos en nuestros territorios y barrios, asi como evidenciar como impactan en la vida de las mujeres. Visibilizarlos y fortalecer la defensa de los derechos de nuestros pueblos.
Generar una plataforma de saberes, oficios y habilidades para integrarse y compartirse entre quienes así lo deseen. Se enviara correo de invitaciòn para compartir entre si los saberes.
Fomentar y fortalecer, en la medida de nuestras posibilidades la soberanía alimentaria y la economía solidaria. Dar prioridad al consumo local y conciente. Dejar de consumir lo que el capitalismo produce
Generar espacios de comunicación e información como un periódico digital o un blog para mantenernos informadas, asÍ como participar y fortalecer radios y medios comunitarios para romper el cerco de desinformación y silencio. Utilizar el hashtag (cnimujeresqueluchan)
Fortalecer nuestras identidades mediante recuperación de memoria histórica colectiva, saberes, medicina y vestimenta tradicionales.
Discutir y construir colectivamente conceptos como herramientas para crecer nuestras luchas.
Respeto a las diferencias como un principio de nuestros espacios organizativos.
Decir- hacer –mantener, como principio ético en nuestros espacios organizativos.
Repetir y replicar los Encuentros de mujeres como nuestros espacios políticos.
Nos pronunciamos por la libertad de todas y todos los presos políticos, presentación con vida de desaparecidos/as, justicia para las asesinadas y asesinados; y alto a la criminalización de activistas y defensores.
Nos declaramos no partidista y nuestro referente de lucha y resistencia es el EZLN.
Nos pronunciamos contra todos los mega proyectos extractivistas en el territorio mexicano que representan la parte mas agresiva y visible del neoliberalismo, como es el Corredor Industrial Transístmico que significa la creación de una línea divisoria entre los estados del sur y del norte y la entrega del Istmo a los poderosos y su transformación en un inmenso parque industrial que representa despojo territorial y destrucción de nuestra madre naturaleza, acabando con el agua; tambièn es mano de obra semiesclavizada y mayor violencia garantizada.
También contra el mal llamado “Tren Maya” proyecto depredador de la península de Yucatán, Tabasco, y Chiapas; el Proyecto Integral Morelos que significa el despojo de agua, el riesgo de la vida de las comunidades nahuas cercanas al volcán Popocatépetl así como un proceso de industrialización intensivo en el oriente de Morelos; la simulación de la cancelación del Nuevo Aeropuerto en la cuenca del Valle de México y el uso de la investigación espeleológica para el despojo de los recursos del pueblo mazateco.
Hemos avanzado en el camino de organizarnos y articularnos, continuamos fortaleciendo esta red de mujeres que luchamos, ratificamos nuestra decisión de seguir vivas para acabar con el sistema capitalista patriarcal que nos esta asesinando.
Somos protagonistas de la transformación hacia adentro y hacia fuera, somos las vainas llenas de semillas, somos los frutos de los árboles de raíces profundas, es tiempo de desgranar la mazorca y volvernos semillas. Llevemos la luz que nos entregaron las compañeras zapatistas y ahora nuestras compañeras de San Juan Volador y seamos el sonido del caracol para que resuene en cada rincón a donde vayamos para llamar a mas mujeres a organizarse.
En las comunidades aledañas al Atoyac –el tercer río más contaminado del país–, los niños nacen con daños genotóxicos, revela una investigación del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. La contaminación industrial, detrás de los altos índices de cáncer infantil.
Lauren Franco / Contralínea
Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala. Con ese dinero que trae en el bolsillo, cómprele el juguete que más desea y luego despídase de él. Ésas fueron las palabras más crueles que don Norberto Rojas escuchó de la doctora que recibía a su pequeño en el Instituto Nacional de Pediátrico, pues no todos los niños sobreviven a los estudios y el tratamiento contra el cáncer.
La mirada de don Norberto se pierde al recordar los años en los que por poco pierde a su hijo; su voz se quiebra y ya no alcanza a contener las lágrimas al rememorar aquella ardua batalla para arrancarle a la muerte la posibilidad de quedarse con su pequeño. Retoma el aliento y con la fuerza que adquirió durante 15 años expresa: “En octubre del año 2000, uno de mis hijos enfermó con púrpura trombocitopénica idiopática”.
Lo que parecía un piquete de araña (puntos rojos en la piel de su antebrazo) era en realidad un tipo de cáncer, descrito por el diccionario del estadunidense Instituto Nacional de Cáncer como una “afección por la que el sistema inmunitario destruye las plaquetas (células sanguíneas que forman coágulos de sangre). Cuando el recuento de plaquetas es bajo, aparecen moretones y sangrado con facilidad; estos se presentan como áreas púrpuras en la piel, las membranas mucosas y las capas exteriores de los órganos”.
A ratos con las palabras entrecortadas, recuerda los inicios del tratamiento de su pequeño, cuando los juegos fueron reemplazados por las inyecciones y las camas de hospital. “Empezamos con las transfusiones sanguíneas: por cada unidad plaquetaria me pedían dos donadores de sangre. Después le hacen un examen de médula donde determinan que hay sustancias tóxicas que lo estaban afectando y que eso podía llegar a ser mortal”.
El hijo de Norberto, de apenas 5 años, fue sometido a una serie interminable de exámenes para determinar qué sustancias tóxicas lo seguían matando, y encuentran presencia elevada de dos metales pesados considerados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias mexicanas: plomo y arsénico.
Desde el nacimiento, los residentes de estos lugares están marcados por la desgracia: la doctora Regina Montero, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), descubrió que los menores que están en contacto con el río Atoyac, es decir los que viven en sus inmediaciones, han desarrollado daños genotóxicos.
Esto es que las sustancias genotóxicas pueden unirse al ADN de esos menores o afectar indirectamente a las enzimas que replican el ADN, lo que podría derivar en mutaciones y cáncer.
Las investigaciones científicas de la doctora Montero demuestran que la exposición constante a los químicos han hecho que los niños no tengan la capacidad para liberar las toxinas del cuerpo; por ello, indica, los genes de la población mutan aumentando la probabilidad de contraer enfermedades crónicas. Los resultados de la investigación revelan la relación con el daño genotóxico y la aparición de cáncer, enfermedades cardiovasculares y envejecimiento prematuro.
Aunado a lo anterior, los estudios de la investigadora adscrita al Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental arrojaron que los niños de Tepetitla presentan un índice de masa corporal promedio inferior en comparación con los de Ixtenco, quienes están en menor contacto con el río.
En la comunidad de Villa Alta, que pertenece a Tepetitla de Lardizábal, se tienen tasas de mortalidad que superan entre nueve y 23 veces la media nacional, advierte el investigador Octavio Rosas.
El río Atoyac presenta al menos 25 sustancias nocivas y es un foco de infección no sólo para el cáncer, sino también para la hepatitis y el cólera, señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la UNAM en el Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, de mayo de 2018.
La incidencia de cáncer
Los niños del cáncer se multiplican en el corredor industrial ubicado en las inmediaciones del río Atoyac, en la zona fronteriza de Tlaxcala y Puebla. La doctora María Isabel Cadena, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, considera que en el caso del púrpura, la enfermedad puede estar relacionada con las afectaciones del plomo a la sangre, principalmente por la exposición constante de las personas con la contaminación del río.
Luego de saber que los niveles de plomo y arsénico en el torrente sanguíneo de su hijo eran excesivos, don Norberto reunió a sus vecinos y entre todos comenzaron un rastreo en los distintos municipios de Tlaxcala en busca de otros niños enfermos de púrpura. “Incluso enviamos una carta a la OMS [Organización Mundial de la Salud] y nos pidieron certificados médicos, expedientes de defunción de 1990 a 2000. En esa labor nos encontramos con 60 casos”.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en Tlaxcala, Puebla y Oaxaca la alta incidencia de cáncer infantil es superior a la media nacional. “La hija de un compañero, con tan sólo 8 años de edad, murió de un cáncer que la dejó paralítica y ciega”, recuerda don Norberto.
Aquí en las inmediaciones del río Atoyac, uno de los tres afluentes más contaminados de México, no sólo los niños enferman ni el cáncer púrpura trombocitopénica es la única afección que pone en alto riesgo la vida de los pobladores. Malformaciones congénitas, todos los tipos de cáncer, tumores cerebrales, abortos espontáneos son parte de la retahíla de padecimientos que vulneran el derecho a la salud de estos pueblos.
Otro derecho humano que es permanentemente violado es el del ambiente sano: los habitantes de la zona respiran los tóxicos porque el aire es impuro; e ingieren alimentos y bebidas contaminadas porque se riegan con agua envenenada. Peor les va a los que trabajan en las más de 20 mil fábricas asentadas en el corredor, porque los tóxicos entran en contacto directo con su piel y sus pulmones.
El púrpura habría enfermado al hijo de Norberto por la exposición indirecta a los tóxicos del río. Por más de 15 años –tiempo que duró su tratamiento hasta que fue dado de alta–, la familia debió trasladar al pequeño de San Mateo Ayecac a la Ciudad de México. Su lucha contra el cáncer, sin embargo, aún no acaba: junto con sus vecinos, el hombre encabeza la resistencia a la contaminación industrial y por un Atoyac libre de tóxicos.
En esos 15 años aprendió todo lo que pudo sobre las enfermedades y los tratamientos. Sólo así ha podido encarar a las autoridades que se niegan a señalar la relación del deterioro de la salud de los habitantes con las descargas industriales en el río.
“Las autoridades, como la Secretaría de Salud, atribuían las enfermedades a la mala alimentación que le damos a nuestros hijos, por esa razón los niños morían, nos culpaban a nosotros. Esa era su respuesta”.
Las malformaciones congénitas, el cáncer, insuficiencia renal y púrpura trombocitopénica poco a poco han ido apagando la niñez de los municipios cercanos al río Atoyac, sin que siquiera haya un censo al respecto, y menos aún atención médica. En Tlaxcala y Puebla no hay hospitales de tercer nivel, por lo cual los enfermos tienen que trasladarse a la Ciudad de México o Guadalajara.
Vivir cerca al río Atoyac, riesgo inminente de cáncer
La situación de Norberto y su hijo es la realidad de cerca de 3 millones de habitantes de la cuenca Atoyac-Zahuapan, que están permanentemente expuestos a las sustancias químicas que ocasionan las descargas industriales.
La población más vulnerable es aquella que vive a menos de 5 kilómetros del río, en donde el índice de cáncer está cinco veces por encima de la media nacional, así lo revela la investigación de Octavio Rosas Landa y Samuel Rosado, economistas de la UNAM.
El deterioro ambiental y a la salud no sólo afecta a los habitantes de la cuenca Atoyac-Zahuapan: los investigadores han descubierto que el 70 por ciento de los mexicanos que viven a menos de 7 km de una gran industria enfrentan un alto riesgo de cáncer. En pocas palabras, siete de cada 10 mexicanos tiene una alta probabilidad de contraer la enfermedad por la contaminación industrial.
Los investigadores revelan, también, que mientras a nivel nacional hay 6.57 grandes industrias manufactureras por cada 100 mil habitantes; mientras que en la cuenca Atoyac-Zahuapan hay 8.24 industrias por cada 100 mil habitantes.
“El 70 por ciento de la población está en riesgo de contraer enfermedades crónicos degenerativas por la presencia de una industria no regulada en el país, porque nadie regula la industria, absolutamente nadie y eso tiene que cambiar porque la industria no va a cumplir a menos que se le obligue a cumplir”, asegura el investigador Octavio Rosas Landa en entrevista con Contralínea.
“El problema con Tlaxcala es que ya no son nada más las localidades a 7 kilómetros, porque la mayor parte de las localidades de la cuenca están a menos de 3 kilómetros”, expresa Samuel Rosado.
La contaminación del río Atoyac y sus impactos a la salud es sólo un ejemplo de los muchos que hay en el país, donde el común denominador es la permisividad de las autoridades con las industrias respecto de sus descargas tóxicas. “El problema, aunque es grave en Tlaxcala, es a nivel nacional: siete de cada 10 ríos están contaminados en el país”, señala elm economista Samuel Rosado.
En el río Atoyac hay más de 1 mil sustancias tóxicas disueltas, según el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; entre ellas se ha identificado presencia de benceno, una sustancia química que la OMS también ha asociado a enfermedades graves como el cáncer y anemia aplásica.
En el estudio que realizó para presentarse por segunda vez al Tribunal Latinoamericano del Agua, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés advierte que de las más de 20 mil fábricas ubicadas en la cuenca, 159 corresponden al sector de la industria química, uno de los más contaminantes.
Sin embargo, en el Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC) de la Semarnat sólo registran 11 empresas químicas en Tlaxcala y 16 en Puebla. Esas 27 empresas vertieron un cantidad aproximada de 231 kilogramos de compuestos químicos en el que se incluye el plomo y el arsénico, los mismo metales pesados que se encontraron en el cuerpo del hijo de don Norberto.
De igual forma, la organización civil resalta que otras sustancias contaminantes presentes en el río son el mercurio, níquel, cianuro y compuestos orgánicos volátiles, como el cloroformo, etilbenceno y cloruro de metileno.
“En el río Atoyac hay muchas malformaciones del corazón que coinciden con la presencia de benceno y otros compuestos orgánicos”, señala el economista de la UNAM Samuel Rosado, quien realizó una investigación alrededor de las enfermedades presentes en la cuenca y su relación con la contaminación industrial.
El supuesto del genocidio
Para el economista y geógrafo, Octavio Rosas Landa, las autoridades mexicanas están incurriendo en el supuesto de genocidio, establecido en el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI): “el Estado incurre en genocidio cuando, a sabiendas, somete a toda la población o a una parte de esa población a condiciones que implican o entrañan su destrucción total o parcial”. Y ésa es la situación en la cuenca, señala el investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.
Desde 1995, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza estudios en la zona que han demostrado el grado de contaminación en el que se encuentra la cuenca. Además, como lo evidenció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los índices de calidad del agua que la autoridad federal realizó de 1999 a 2007 demostraron que el 54 por ciento del agua no es apta para ningún tipo de consumo.
“Conagua sabe desde hace 24 años la situación de la cuenca; la CNDH emite una recomendación que no se cumple. Las autoridades están entrando en el supuesto del artículo 6 del Estatuto de Roma, porque saben lo que están haciendo, saben que por no actuar la gente está muriendo”.
Alejandra Méndez, coordinadora del Centro Fray Julián Garcés y coordinadora del movimiento Por un Atoyac con Vida, explica a Contralínea que en 2005 esa misma autoridad hizo un plan de saneamiento; “en 2011 emitió una declaratoria de los ríos donde ya se establecía, con investigación propia de la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales], el nivel de contaminación de la cuenca y pusieron metas de cumplimiento que hasta la fecha no han cumplido”.
Lo mismo ocurrió con la recomendación 10/2017 de la CNDH: los gobiernos estatales de Tlaxcala y Puebla, la Conagua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Semarnat la aceptaron, pero hasta ahora la han incumplido.
En tanto, la situación empeora: en 14 años se han registrado más de 25 mil muertes por enfermedades asociadas a la contaminación industrial, consecuencia de la poca disposición de las autoridades para sanear el río, regular a las industrias y proporcionar a los habitantes un ambiente sano.
El grado de contaminación ha superado cualquier expectativa: para que un pez pueda vivir en el río, a 1 litro de agua de esta cuenca se le debe adicionar 500 litros de agua limpia, esto lo demostró el doctor Omar Arellano Aguilar, evaluador de daño ecológico de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Mezclilla, el contaminante que las autoridades se niegan a ver
A esta cuenca hídrica llegan las descargas de las industrias petroquímica, metalmecánica, alimenticia, farmacéutica y textil. Esta última, según el informe Estudios sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, de la CNDH, representa el 24 por ciento de la contaminación del río.
En el vertimiento de tóxicos, la industria de la mezclilla juega un papel significativo al teñir de azul la principal fuente de agua de los habitantes de Puebla y Tlaxcala. Global Denim –una de las empresas más importantes en este rubro– se ubica en el municipio de San Martín Texmeluca, y al igual que otras industrias, vierte sus desechos en el corredor industrial Quetzalcóatl, perteneciente al río Atoyac. Además de ésta, en la cuenca se asientan otras textileras, como Tavex y SEAO.
Tlaxcala y Puebla son las principales productoras de mezclilla a nivel nacional. “Las industrias se ubican en estos estados por su abundancia de agua; paradójicamente, en esos municipios no hay redes de agua potable: las personas se organizan y usan pozos para el suministro del líquido”, expresa en entrevista Paola Velasco Santos, antropóloga del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
La investigadora asegura que las personas no dimensionan el problema de la escasez del agua; lo que para ellos es evidente es la contaminación que ocasiona la producción de mezclilla.
Y es que todo el proceso de fabricación, desde la coloración hasta el desgaste de las prendas, implica un alto grado de impacto ambiental y a la salud. Para dichos procesos se utilizan diversas moléculas químicas, como el cloroformo, eftalatos y fenoles que al entrar en contacto con el agua se transforman en disruptores hormonales.
Un disruptor hormonal, explica el doctor Omar Arellano Aguilar, genera procesos de masculinización o feminización de acuerdo con el sexo del animal, lo que altera la reproducción de las especies reduciendo el número de las poblaciones.
Asimismo, tiene graves consecuencias en los humanos. Esta sustancia ocasiona un retraso en el desarrollo hormonal y de los órganos reproductores de las personas, “lo que produce un incremento en la infertilidad en los hombres, y en las mujeres se generan procesos cancerígenos, como el cáncer de cuello uterino”, explica el investigador.
Rebeca González Juárez, habitante del municipio de San Rafael, perdió a su hermana Gabina por cáncer: un tumor en la matriz. En enero de 2015, narra a este semanario, se empezó a marear. “Ésa fue la primera mala noticia que tuvimos de ella, porque nunca se mareaba”.
Gabina acudió al médico por insistencia de doña Rebeca. “Cuando tomaba la medicina se sentía más o menos, y cuando no lo hacía le dolía mucho el estómago al comer”.
La mujer explica que de enero a septiembre la atendieron tres doctores y ninguno de ellos le mandó a hacer estudios. Luego, un cuarto médico le explicó que antes de recetarle medicamento era necesario saber qué padecía: “y nos da la mala noticia del cáncer. El doctor ya no se hizo responsable por lo avanzado de la enfermedad”.
Por sus creencias y su propia situación económica, Rebeca le hacía “quimioterapias caseras” a Gabina, que consistían en depositar agua con una especie de sales en una tina donde la hermana se sumergía por largo tiempo. Todos los esfuerzos alternativos de Rebeca fueron inútiles frente al cáncer, y Gabina murió.
Los colores del Atoyac
En algunas partes, el río se convierte en el vivo reflejo de la mezclilla: sus aguas se transforman en un azul tan intenso y brilloso como antinatural. Aquí el problema con la industria textil no sólo radica en la generación de disruptores hormonales, sino también en la falta de normatividad en torno de ella.
En México, los tintes y colorantes con los cuales esta tela adquiere sus tonalidades características no se encuentran regulados. Pese a que afectan la fotosíntesis de las especies, “no se consideran tóxicos”, señala el doctor Arellano Aguilar.
Los pobladores consultados por Contralínea aseguran que hay días en que el hedor del río es insoportable, principalmente en las madrugadas. “La cabeza duele, la garganta como que te quema, el olor es insoportable. Se cambió ese olor del campo, de maíz por ese otro olor”.
Para la comunidad es evidente la transformación del río: perdió sus colores cristalinos, la vegetación y los animales quedaron sumidos en una mezcla de sustancias químicas de las industrias que poco a poco los llevó a la muerte.
Productores locales, pequeños contaminantes
La producción industrial de mezclilla no es la única responsable. En la cuenca del Atoyac convergen pequeños productores de ese textil, que además de aportar a la degradación del río, afectan de manera significativa la salud de sus trabajadores: al ser producción local, sus normas se relajan más. Aquí participan incluso los más pequeños, doblando las prendas finales.
La fase más contaminante dentro de los talleres es la llamada “lavandería”, en donde se le da el tono desgastado a los pantalones. Para esa técnica se utiliza el permanganato de potasio, sustancia altamente tóxica para quien la manipule, generalmente jóvenes.
La antropóloga Paola Velasco Santos explica que sus investigaciones arrojaron que “muchos jóvenes prefieren trabajar en una lavandería a estudiar. Entran a partir de los 16 años por el buen pago que reciben, pero el costo de salud es muy alto. El pago más alto lo recibe quien trabaja preparando el químico, que puede ganar entre 3 mil y 4 mil pesos a la semana”. Muchos se retiran antes de lo esperado, por las graves complicaciones a la salud que la labor les genera.
La investigadora advierte que el problema no sólo se encuentra en el uso de este químico: para reducir costos, las lavanderías utilizan restos de la industria automotriz en lugar de usar madera para encender las calderas, lo que aumenta la toxicidad a la que se exponen las personas.
A esto se le suma el problema del polvo del algodón, “que eventualmente provoca problemas respiratorios. Se han detectado algunos cánceres en la nariz”, explica la investigadora.
Los desechos de esta actividad están llegando a la cuenca del río Atoyac sin ningún tipo de control. Si las autoridades han sido omisas en regular a las grandes industrias, a estos productores locales no les han brindado ningún tipo de alternativa ambiental, para no renunciar a su fuente de ingresos de la cual han vivido durante más de 70 años.
Alejandra Méndez, del Centro Fray Julián Garcés, asegura que a estos productores se les ha culpabilizado más por la contaminación, cuando la mayoría de desechos tóxicos proviene de las grandes industrias. Sin embargo, hace énfasis en la necesidad de que estas comunidades, con apoyo de las autoridades federales y estatales, transiten a un modelo productivo no contaminante sin renunciar a sus empleos.
No obstante, no hay manera de saber qué tipo de sustancias contaminantes están generando los talleres y lavanderías locales, debido a que el Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes sólo aplica para las grandes industrias. “No se regula a las pequeñas ni medianas industrias”, asegura el doctor Omar Arellano Aguilar.
La moda y las industrias ¿socialmente responsables?
En los pequeños talleres se realiza el proceso de corte, lavado y confección de los productos, y el textil lo adquieren con las grandes industrias. “Es ahí, en la compra de la tela donde se encuentran los mayores ingresos”, afirma la doctora Paola Velasco.
Mientras las comunidades sobreviven en un trabajo que las está matando poco a poco, las industrias lucran con la comercialización de la mezclilla y la contaminación medioambiental sin ninguna consecuencia.
La producción local de mezclilla se rige por los patrones de moda que establecen las grandes marcas de ropa. Éstas, a través de su políticas de “moda rápida”, han extendido la tendencia de jeans rotos y desgastados, y es en ese proceso es donde radica el uso de químicos y colorantes contaminantes. Sin embargo, estas marcas tampoco se responsabilizan de la situación.
Dentro de esas tendencias del mercado, para las comunidades resulta difícil transitar a modelos de economía ambientalmente responsables. Los trabajadores locales no tienen otra opción que adaptarse a los patrones de la moda, con tal de no quedar fuera de la competencia. “Las marcas y las industrias cuando hacen el outsourcing se deslindan de toda responsabilidad”, asegura la antropóloga.
Sanear el río, las propuestas sólo plasmadas en papel
La poca coordinación de las autoridades, estatales y federales, el mal funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua y las normas laxas en materia de descargas tóxicas han dejado la posibilidad de sanear el río Atoyac en la utopía.
No obstante, el doctor Omar Arellano Aguilar afirma que es posible sanearlo y en el corto plazo; pero para eso, dice, se necesita voluntad política. “Yo no dudaría que ese cuerpo de agua podría restaurarse y sanearse en menos de 6 años. Eso se lo comenté una vez en una reunión a la entonces secretaria del Medio Ambiente, Josefa González Blanco [primera titular de la dependencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador], pero aún así no vemos claro cuándo nos vamos a sentar a trabajar en ese río, no hay intención”.
El investigador critica que en el Plan Nacional de Desarrollo “el medio ambiente no pinta mucho y no sabemos cómo sea el plan hídrico y el plan nacional del sector ambiental. Para restaurar el río faltan gobiernos que de verdad quieran hacerlo”.
El doctor en ciencias agrega que existen todos los factores que harían posible sanear la cuenca hídrica del Atoyac, “lo único que falta es que el gobierno asigne los recursos y presione al sector industrial, principalmente a las trasnacionales que deberían aportar en la restauración del río”.
Hasta ahora, se sabe que las autoridades de los tres niveles de gobierno han planteado como única solución instalar más plantas de tratamiento de aguas residuales para limpiar los desechos industriales y municipales.
Sin embargo, en la recomendación 10/2017, la CNDH aseguró que esas plantas no son suficientes para dar el tratamiento adecuado a la totalidad de las aguas residuales generadas por su mal funcionamiento, inoperatividad y el poco control e inspección.
Ello se debe en parte a que más del 80 por ciento de las industrias radicadas en la zona no tienen concesiones de uso industrial. De las 20 mil 400 industrias que se encuentran en la cuenca, sólo 1 mil 500 tienen concesiones de este tipo; las restantes funcionan como si fueran consumidoras domésticas de agua y por ende utilizan los drenajes municipales para deshacerse de sus desechos, explica el economista Octavio Rosas Landa, estudioso de la contaminación industrial y sus implicaciones.
Así, los desechos de más de la mitad de las industrias se filtran sin ningún tipo de cuidado al Atoyac: las plantas de tratamiento que sirven están capacitadas únicamente para el tratamiento de residuos domésticos, no para industriales.
“El 70 por ciento de las plantas de tratamiento de aguas residuales no funcionan porque son muy costosas y los municipios no tienen recursos para su mantenimiento. Además, las plantas son inoperables porque les entran contaminantes industriales y no están capacitadas técnicamente para eso”, explica el maestro Octavio Rosas.
Por su parte, la coordinadora del Centro Fray Julián Garcés, Alejandra Méndez, señala la necesidad de hacer una división entre el drenaje municipal y el industrial: “mientras esa división no ocurra pueden seguir invirtiendo millones de pesos pero el problema va a seguir”.
Entrevistados por separado, Méndez y Rosas Landa coinciden que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Puebla se le entregaron 320 millones de pesos y a Tlaxcala, 160 de millones, para la construcción de plantas de tratamiento, sin que haya pasado nada.
“Al revisar el proyecto ejecutivo nos dimos cuenta de que las plantas no iban a funcionar porque estaban diseñadas para el tratamiento de aguas domésticas, no industriales. Lo señalamos a la CNDH, pero la Comisión nunca emitió ningún tipo de declaración ni de señalamiento al respecto para que detuviera la entrega de recursos financieros”, expresa el investigador Rosas Landa.
En entrevista con Contralínea, el doctor Rubén Francisco Pérez Sánchez, coordinador de seguimiento de recomendaciones de la CNDH, asegura que el tema de seguimiento de asignación de recursos para las plantas de tratamiento no les corresponde como Comisión. Por ello, asegura, no podían realizar ningún tipo de declaración como lo solicitaba la comunidad afectada.
Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2016, la CNDH asegura en su recomendación que para 2015 se tenía registro de 28 sitios de tratamiento de aguas residuales en los municipios de Huejotzingo, San Martín Texmeluca (Puebla), Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Nativitas y Tepetitla de Lardizábal (Tlaxcala), de las cuales 11 eran de carácter público y el resto privado. Para el caso de Tlaxcala, había una planta en cada municipio.
De acuerdo con información oficial de la Semarnat, en 2018 habían más de 40 plantas de tratamiento en la cuenca del Atoyac “fuera de operación”, de las más de 90 plantas registradas en ambas entidades. La defensora de los derechos humanos Alejandra Méndez señala que en el municipio de Nativitas “sólo hay cuatro paredes que cuentan como si fuera una planta de tratamiento”.
El coordinador del área de seguimiento de recomendaciones de la Comisión, Rubén Francisco Pérez, asegura que como consecuencia de la recomendación tienen conocimiento de tres plantas que están funcionando adecuadamente en San Martín Texmeluca, Santa Rita Tlahuapan y San Simón Atzizintla.
Las fallas del Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes
Conocer qué tipo de sustancias contaminantes están usando las industrias es el primer paso para sanear el río, pero la dificultad radica en la poca información.
La Semarnat tiene un mecanismo para conocer anualmente qué emisiones y sustancias transfieren las industrias del país; el Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes, donde se debe informar a las comunidades en qué cantidad y qué sustancias son emitidas al agua, aire y suelo.
La lista de sustancias sujetas a reporte por parte de las industrias se encuentran contempladas en la Norma 165-SEMARNAT-2013, que además establece el umbral a partir del cual los establecimientos deberían registrar sus emisiones y transferencias. En la lista se encuentran sólo 200 sustancias.
“México debería estar reportando cerca de 600 moléculas”, explica el doctor Omar Arellano. Por un tema económico, agrega, “todavía nos falta incluir 400 en este sistema de reporte”. El investigador señala que hay países como Canadá y Estados Unidos que exigen reportar entre 900 y 1 mil 500 sustancias.
Para el evaluador del daño ecológico, frenar la contaminación implica un trabajo integral: “de nada serviría ampliar el número de sustancias para reportar si no se cuenta con la capacidad de inspección, que por el momento no existe”.
De tal manera que el RETC serviría sólo para conocer el tipo de contaminación, pero no para regular. Y es que, explica, las empresas no están obligadas a reducir sus emisiones porque no hay ningún tipo de medida o de estímulo fiscal para ello.
Sergio Sánchez –exsubsecretario de la Gestión Ambiental de la Semarnat y quien participó en la modificación de la norma para incluir más sustancias– asegura a Contralínea que México no se encuentra atrás en el tema y que no se puede comparar con países como Estados Unidos, ya que esté tiene mayores procesos industriales.
“Cuando negocié con los sectores industriales la implementación para reportar demasiadas sustancias era difícil, dada la falta de capacidad para poder hacer todas las estimaciones necesarias; las organizaciones civiles querían que fuera un mayor número de sustancias registradas. Por ende, de una manera muy responsable se eligió entre las sustancias que más se utilizan en el país de acuerdo con la naturaleza de los procesos y darle prioridad. Para esa época, hace 10 años, había 104 sustancias y actualmente son 200”.
El exfuncionario afirma que lo más importante es que las industrias reporten de manera oportuna con datos fehacientes sus emisiones: “pueden haber 600 sustancias en el RETC pero si no se reporta adecuadamente no tiene caso”.
En la realidad el registro enfrenta muchos problemas. Uno de ellos es el que observa el doctor Omar Arellano Aguilar, evaluador de daño ecológico de la Facultad de Ciencias de la UNAM: “el dato que las industrias reportan no es cuantificado, surge directamente de la ecuación que la Semarnat les ha dado para que generen el reporte, entonces es sólo una estimación de lo que se está liberando”.
El RETC, dice, debería incluir a las pequeñas y medianas empresas que emiten sustancias contaminantes, así como debería contemplar una serie de moléculas que las empresas deberían reportar y no lo hacen.
La página oficial de ese Registro indica que, para 2017, el total de emisiones en Puebla y Tlaxcala fue de 93 mil 847 y 31 mil 435 toneladas al año, respectivamente, para las 20 mil 400 industrias que realizan actividades en la cuenca. Esas cifras se encuentran muy por debajo de las reportadas en Tamaulipas y Aguascalientes, donde las emisiones son superiores al millón de toneladas al año.
A ello se suma la critica que hace el economista y geógrafo Octavio Rosas: menos del 5 por ciento de las industrias del país están obligadas a informar sus emisiones en el RETC.
México, paraíso para empresas contaminantes
La laxitud en la aplicación de las pocas normas existentes es un atractivo para la industria. “Las empresas trasnacionales vienen a México a seguir su producción porque hay regulaciones muy laxas y llegan sin ningún tipo de compromiso socio ambiental. México es un paraíso para las trasnacionales”, asegura el doctor Omar Arellano Aguilar.
En la cuenca del Atoyac se asientan multinacionales como Bayer y Volkswagen, pero también hay empresas nacionales como Petróleos Mexicanos y Global Denim. Muchas de éstas se venden como social y ambientalmente responsables, pero en la realidad no lo son.
“Es una falta de ética de las trasnacionales porque en sus países sí cumplen las normas y acá no. Al menos deberían estar aportando al saneamiento del río, porque han contribuido significativamente en su degradación”, señala el investigador Omar Arellano.
Por su parte, el economista Octavio Rosas Landa cita al jurista Raimundo Espinosa: en México se violan los derechos cumpliendo la ley. Ello, dice, porque “la ley está diseñada para violentar los derechos individuales y colectivos porque expresamente favorece los intereses privados y trasnacionales; está hecha para proteger las inversiones violentando los derechos”.
Todo lo que ocurre en torno al Atoyac “es un círculo vicioso en el que los más pobres son los más afectados siempre”, señala el maestro Rosas Landa.
Autoridades, sin coordinación para enfrentar el problema
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló en la recomendación 10/2107 que hay poca coordinación en las instancias encargadas del cuidado del medio ambiente y la protección del agua. La coordinadora del Centro Fray Julián Garcés, Alejandra Méndez, señala que la Profepa, la Conagua y la Semarnat actúan cada una por su lado.
“Lo que sí encontramos es un trabajo que cada quien hace de manera muy inconexa, cada quien hace el trabajo que le corresponde y no se coordina por ejemplo con el municipio”, expresa el doctor Rubén Pérez, coordinador de seguimiento de recomendaciones de la CNDH.
Al respecto, el investigador Octavio Rosas asegura que la recomendación estableció que se debía instaurar un plan de saneamiento en el que participaran también las comunidades; pero, dice, “los afectados nunca fueron convocados y mucho menos las personas de la Coordinadora por una Atoyac con Vida, que fueron quienes presentaron la queja ante la CNDH”.
En compañía de investigadores de la UNAM, las comunidades afectadas generaron una propuesta de plan de saneamiento que le fue entregada a las autoridades pero que aún no es tomada en cuenta.
En ella se plantea imponer multas más altas a las empresas, y en relación con el tamaño de sus dividendos. “Las sanciones son tan bajas que las empresas continúan contaminado: en los hechos, la norma es un permiso para contaminar”, critica Rosas Landa.
Jiménez, Chihuahua.- La política antimigratoria respaldada por el gobierno Federal, ha obligado a las autoridades abrir albergues temporales para las personas que, en su intento por llegar a Estados Unidos, son detenidas por la Guardia Nacional en el territorio estatal.
En Chihuahua, uno de esos centros fue habilitado en la ciudad de Jiménez a inicios de junio, sin embargo, las condiciones en las que viven las personas que esperan su deportación violan por lo menos dos artículos de la Ley de Migración, informó Jorge Pérez Cobos director de la asociación 1 de 7 Migrando.
«Estamos totalmente en contra de estos lugares, se nos manifestó que se va a cerrar pero no creo. También se ha manifestado que van a abrir espacios nuevos y más grandes entonces es una política carcelaria. De hecho el nuevo delegado del Instituto Nacional de Migración es, a la vez, el encargado de los centros penitenciarios a nivel nacional, entonces es muy clara la línea que trae el gobierno federal de criminalizar y detener»
Pero llamarle cárcel parece poco. De acuerdo con Pérez Cobos, cuando acudieron a revisar el lugar se percataron de que no hay regaderas; en vez de caldas, los migrantes viven hacinados en un solo cuarto y como baño, les instalaron tres retretes portátiles en el patio.
Otro problema es que no hay una certeza de que se respeten sus derechos humanos. Entre las violaciones que lograron documentar está la detención de niños, niñas y adolescentes, quienes deberían ponerse a disposición de la Procuraduría del DIF.
Para los adultos el panorama no mejora. Las detenciones pueden durar más de 72 horas, tiempo que excede a lo establecido en un arresto por faltas administrativas, aunado a que el excuartel militar no cumple con las condiciones que establece la ley.
Cada tres días, explicó el activista, un camión llega por los migrantes para trasladarlos de Jiménez a Acayucan, Veracruz, en donde son deportados sin la oportunidad de solicitar protección internacional o refugio.
«Imagina que las familias vienen huyendo de la violencia y terminan detenidos aquí»
En un recorrido realizado este domingo, se constató que en el lugar hay niños, niñas, adolescentes y adultos a quienes se les prohíbe hablar con personas ajenas al albergue, tampoco les permiten salir.
Al exterior, la estructura fue reforzada con malla y alambre de púas, mientras que las puertas de madera que tienen las ventanas parecen selladas. Respecto a la vigilancia, afuera del lugar permanecen dos patrullas de vialidad, un policía municipal y por lo menos dos agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El activista aunció que en breve presentarán una serie de amparos para que sea un juez quien determine si los centros son o no legales.
Según el artículo 106, el INM puede instalar los centros que requiera, sin embargo, no debe alojar a un número de migrantes que supere la capacidad física de la estación migratoria asignada y en ningún caso se podrán habilitar como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencias, o cualquier otro inmueble que no cumpla con las características, ni preste los servicios descritos en la Ley.
En el 107 se establecen como requisitos mínimos los siguientes puntos:
I. Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica
II. Atender los requerimientos alimentarios del extranjero presentado, ofreciéndole tres alimentos al día. El Instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Las personas con necesidades especiales de nutrición como niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad y LEY DE MIGRACIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 21-04-2016 30 de 49 mujeres embarazadas o lactando, recibirán una dieta adecuada, con el fin de que su salud no se vea afectada en tanto se define su situación migratoria. Asimismo, cuando así lo requiera el tratamiento médico que se haya; prescrito al alojado, se autorizarán dietas especiales de alimentación. De igual manera se procederá con las personas que por cuestiones religiosas así lo soliciten.
III. Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física del extranjero, a hombres y mujeres, manteniendo a los niños preferentemente junto con su madre, padre o acompañante, excepto en los casos en que así convenga al interés superior del niño, niña o adolescente.
IV. Promover el derecho a la preservación de la unidad familiar; V. Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado
VI. Mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento
VII. Contar con espacios de recreación deportiva y cultural; VIII. Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular
IX. Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso, ésta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado.
X. Las demás que establezca el Reglamento. El Instituto facilitará la verificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo, y el acceso de organizaciones de la sociedad civil, conforme a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables.
La crisis del agua afecta desde hace 28 años a habitantes del sur de la capital del país, y continúa recrudeciendose con el paso del tiempo
De acuerdo con expertos, en las próximas décadas se podría recrudecer la crisis del agua si continúan los hábitos de mal uso y desperdicio, pero ese escenario adverso llegó de manera anticipada para muchas familias en el sur de Ciudad de México.
Para los habitantes de San Nicolás II, una colonia localizada cerca del kilómetro 11.5 de la carretera Picacho-Ajusco, la advertencia o llamado de suspensión del abasto no es novedad.
“Llevamos 28 años viviendo una crisis permanente del abastecimiento del agua”, recalca Adriana Reyna Ramírez, quien comparte su hogar con seis personas -cuatro adultos y dos menores de edad-.
Ante la falta de agua, varios grupos han acaparado la distribución, control y comercialización del líquido en varias colonias del Ajusco, por lo que los habitantes tienen que pagar de 50 hasta 200 pesos diarios para tenerla en sus hogares. Foto de Notimex/Isaías Hernández
Sin dejar de recolectar el líquido que utilizó para lavar la ropa para usarla en el sanitario, cuenta que la escasez siempre ha estado presente en su vivienda por la falta de infraestructura para traerla desde el Sistema Cutzamala.
Debido a ese problema siempre se ha recurrido al servicio de pipas que ofrece la alcaldía de Tlalpan y el abastecimiento parecía un “tanto resuelto” hasta hace dos años y medio, cuando se les redujo de dos entregas mensuales a una “y eso ha empeorado nuestra situación”.
A diferencia de los servicios de electricidad, teléfono e incluso Internet, el acceso a ese recurso ha representado un desafío que demanda tiempo y altos recursos económicos para la casa que ocupan familias Tapia Reyna y Reyna Ramírez.
El ama de casa señala que si bien el servicio de pipas se supone es gratuito en la demarcación dirigida por Patricia Aceves Patrana, ellos pagan 76 pesos por cada contenedor de ocho mil litros y tienen derecho a solicitar una segunda, pero con un costo extra de hasta mil 200 pesos.
“Si queremos una pipa extra eso es lo que tenemos que pagar. Nos hemos visto en esa necesidad de comprarla porque no nos alcanza (el líquido), sobre todo en tiempo de calor porque la escasez es mucho más elevada y nos han tardado hasta dos meses en surtirnos de una pipa”.
“Es un negocio redondo”, dice la mujer de 38 años, estudiante de nivel superior y madre de los dos menores, los que más les preocupan por estar más expuestos a contraer una enfermedad de la piel o gastrointestinal por la falta del líquido.
Su esposo, Genaro Antonio Tapia, refiere que la necesidad los ha llevado a destinar al menos 180 pesos diarios para la compra de hasta 12 garrafones de agua y ocuparlos para bañarse y recorre una distancia de más de 45 minutos para acarrear el líquido desde los cerros del Ajusco.
“Nos llevamos las cubetas o contenedores que podemos y nos vamos en el carro. Regresamos a paso lento para evitar derramar el agua, pues desperdiciarla es lo que menos queremos”, narra mientras acompaña a su esposa en el área de lavado.
De acuerdo con Isla Urbana, organización encaminada a promover la captación de agua pluvial, los mantos acuíferos del Valle de México contribuyen con 70 por ciento del abasto, el sistema Lerma-Balsas con 9.0, el Sistema Cutzamala con 21 por ciento y los pocos manantiales proveen sólo 2.5.
Sin embargo, 40 por ciento de toda el agua -que circula a través de la red de distribución la Ciudad de México- se pierde entre fugas, mal mantenimiento de las tuberías y conexiones ilegales. Se estima que ese volumen sería suficiente para proveer del servicio a cuatro millones de personas.
Bendita lluvia
El techo de la vivienda -construida en un terreno de unos 180 metros cuadrados- ha sido adaptado con canaletas de PVC para recolectar la mayor cantidad posible de agua pluvial desde julio y hasta septiembre, los meses con más abundancia de lluvias.
“Esa la mejor temporada porque tenemos más agua de lo cotidiano y ponemos hasta el recipiente más pequeño para recolectarla. Es agua que utilizamos para los servicios del baño, principalmente”, expone Genaro, y explica que la delegación les proporcionó El Tlaloque, el sistema de captación y aprovechamiento de agua de lluvia que fue diseñado por mexicanos y tiene un precio de 3 mil 500 pesos.
“Aquí en la casa reutilizamos hasta la última gota”, asegura Adriana y explicó que la situación los obligó a ser más conscientes porque “ni nos atrevemos a lavar el carro con agua limpia”.
Pero sostiene que las autoridades locales no atienden sus demandas para llevar el líquido y atentan contra la salud de la población.
Mientras su esposo mira el agua que cae de la llave de ese sistema recuerda que el Artículo 4 de la Constitución mexicana establece el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento del líquido para consumo personal y doméstico.
“Es obligación del Estado proveer el líquido para la supervivencia de las personas”, reitera Adriana, quien anticipa que prepara un documento para hacer saber su caso a las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos, porque la alcaldía de Tlalpan “no nos da respuesta por más que nos manifestamos”.
Por tercer día consecutivo, en la ciudad de Guadalajara, se realizaron manifestaciones contra el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, después de que diera a conocer el anunció de que el costo del pasaje en el transporte público incrementó un 35.7%, de 7 a 9.50 pesos.
En respuesta a esto, miles de personas han salido a protestar a las calles de la ciudad para dar a conocer su desacuerdo con esta decisión.
Con las consignas; Alfaro represor y renuncia Alfaro, los manifestantes recordaron la promesa del ahora gobernador de Jalisco, de que su gobierno no subiría el costo del transporte público como lo había hecho el gobierno anterior, Aristóteles, Sandoval, a quien crítico fuertemente en su momento.
El pasado viernes 26 de julio, cinco jóvenesque protestaban contra el aumento al transporte público en la estación Plaza Universidad del Tren Ligero fueron golpeados y detenidos, después de estar más de seis horas presos, los jóvenes fueron puestos en libertad ya que no se les pudo comprobar que hubieran cometido algún delito.
En respuesta, este sábado, alrededor de mil personas caminaron del Parque Rojo al Palacio de Gobierno de Jalisco. Con las consigna Alfaro represor, los manifestantes reprocharon a el gobernador su “traición” a los ciudadanos. “Nosotros votamos por él, por que prometió que no subiría el transporte público, que bajaría la inseguridad y que cuidaría de los intereses de los jaliscienses, pero es un traidor”, declaró uno de los manifestantes para ZonaDocs.
La mañana de este domingo, 28 de julio, más de 500 personas se congregaron en las afueras de Casa Jalisco donde con la consigna “Enrique Alfaro clasista eres un fascista”, los ciudadanos, algunos de ellos simpatizantes de Morena, exigieron que se cancele el aumento de la tarifa al transporte público.
Los ciudadanos criticaron la forma en que –de nueva cuenta– el mandatario pretende hacer negocio a costa del pueblo; “no al camionazo” y “renuncia por inepto” son algunos de las consignas en pancartas y gritos del pueblo
Polemón / Página 24
Por manifestarse en contra el aumento del transporte público, un grupo de ciudadanos fueron reprimidos por policías antimotines del Gobierno de Jalisco, a cargo del emecista Enrique Alfaro Ramírez.
La tarde del viernes, la estación Plaza Universidad del Tren Ligero de Guadalajara, fue “tomada” por un grupo de jóvenes en protesta por el aumento de 7 pesos a 9.50 pesos el precio del transporte público, un incremento del 35 por ciento respecto al costo anterior.
Los manifestantes se subieron a los aparatos que controlan el ingreso con el fin de detener las puertas y dejar pasar libremente a los usuarios, es decir, sin cobrarles un centavo.
En respuesta, como si se trata de delincuentes, el gobierno de Enrique Alfaro mandó a un grupo de policías antimotines, quienes ataviados con casco y escudo, ingresaron a la estación, golpearon a las personas y hasta sacaron a rastras de los vagones a un grupo de jóvenes mujeres.
Y no sólo eso, con abuso de autoridad y brutalidad policiaca, los antimotines golpearon a los manifestantes, muchos de ellos jóvenes menores de edad, frente al desconcierto de los pasajeros, quienes impávidos se dedicaron a observar desde los vagones del tren ligero los actos represivos del político emanado de las filas de Movimiento Ciudadano.
También hubo ciudadanos que ante lo que sucedía, reaccionaron y pidieron a los policías que se calmaran y dejaran de golpear a los jóvenes.
Afuera de la estación, en la Plaza Universidad, los policías continuaron exhibiendo y reprimiendo a los detenidos. Uno de los jóvenes, identificado como José Miguel Águilar, todavía fue maltratado y exhibido por los policías sin ninguna contemplación.
Los elementos policiacos, jamás brindaron algún tipo de atención médica ni hicieron algo para detener la hemorragia de las heridas que le provocaron los golpes propinados por ellos mismos momentos antes durante la represión. Al contrario, ejercieron mayor brutalidad para detenerlo, aún cuando no oponía resistencia.
Tras la represión, los manifestantes que lograron evadir a los policías se dirigieron al cruce de la avenida Juárez esquina con Ramón Corona para realizar un bloqueo intermitente con el fin de exigir la liberación de los jóvenes detenidos por manifestarse.
Los manifestantes denunciaron que no han vuelto a saber nada de cuatro jóvenes que fueron reprimidos y detenidos por los antimotines de Jalisco, por lo cual comenzaron a difundir sus fotografías en redes sociales con el fin de responsabilizar al gobernador Enrique Alfaro de cualquier cosa que les suceda.
Estos son sus nombres:
Yahir Orozco, estudiante de la Universidad de Guadalajara
Rogelio Rodríguez, estudiante de Derecho de la Universidad de Guadalajara
Ajcahuetzcato Isa
José Miguel Aguilar Villafaña
La hermana de éste último, uno de los detenidos, denunció en su cuenta de Twitter que acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de Jalisco y los funcionarios le dijeron que no saben dónde ni cómo está, pese a que se difundió un video que circula en redes sociales, en el cual se puede ver el momento en que fue brutalmente golpeado y detenido.
Aproximadamente a las 3 de la mañana del sábado, los jóvenes fueron liberados por las autoridades de Jalisco.
Alfaro traiciona y pacta en vacaciones el aumento con empresarios
Enrique Alfaro anunció apenas el miércoles pasado que el precio del transporte público aumentaría de 7 a 9.50 pesos. El anuncio lo hizo junto a empresarios jaliscienses, quienes “se comprometieron” a “apoyar” a sus trabajadores para que el aumento “no les pegara” tanto.
El anuncio se dio exactamente el día en que la Universidad de Guadalajara salió de vacaciones, y por lo tanto estudiantes profesores de la máxima casa de estudio no se encuentran en la ciudad o no tienen puntos de reunión, como podrían ser los centros universitarios.
Alfaro presumió que, con el aumento, el transporte público sería más moderno pronto, y que estaría completamente “integrado”.
Hace apenas cinco años, Enrique Alfaro era un gran crítico del gobierno del priísta Jorge Aristóteles Sandoval, especialmente cuando éste aumentó el precio del transporte público. Hoy, ya como gobernador, Alfaro incrementó también el precio de dicho servicio, pero en un porcentaje mucho mayor al que lo hizo su predecesor.
Texto: Arturo Contreras Camero
Fotos: Duilio Rodríguez
Pie de Página
La balacera sucedida en Artz Pedregal se suma a la numeraria de violencia de la capital del país: en los últimos dos meses han ocurrido al menos 10 balaceras que han dejado 19 personas asesinadas. El gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum insiste en que es un tema de percepciones y de ocultamiento de la realidad de la administración anterior. Que se maquillaban las cifras, pero que estamos mejor dicen. La realidad, necia, muestra otra cosa
En la esquina de Hocaba con Izamal hay una casa con portón blanco que está lleno de agujeros, producto de una balacera. La señora Josefina, a quien se le cambió el nombre para este trabajo, recuerda que un grupo iba correteando a otro desde la parte baja de esta colonia, ubicada a faldas del Ajusco, hacia las calles en las zonas más altas. Eso fue el 18 de julio. Hace menos de dos semanas.
“Se ve que venían correteándolos desde ahí abajo. Fue cuando llegaron y los sacaron. Desde allá se oía que estaban tirando balazos, con armas pequeñas, como calibre 22. Pero cuando se acercaron, ya acá se escuchaban calibres más grandes”, asegura la mujer.
En el enfrentamiento murieron tres personas, entre ellas un menor. Los vecinos dicen que se trató de una venganza por otro tiroteo que se dio semanas antes en calles de la redonda.
Escenas como esta son comunes por estas calles, cuenta la señora. La Héroes de Padierna es una colonia que creció rápidamente en los últimos 30 años, al pie de la carretera Picacho Ajusco, la única gran avenida que la comunica con el resto de la ciudad. Por eso es fácil ver quién entra y quién sale de estas calles.
“Aquí, la seguridad siempre es para adentro”, dice la señora Josefina, mientras traza una línea imaginaria que divide el lindero de la puerta de su casa de la calle. “De ahí para acá, veremos cómo nos defendemos. Pero de la puerta para afuera, que se mate quien quiera. Es asunto de ellos. Aquí la seguridad la hace uno cuidándose como puede”.
Cintas Amarillas mal colocadas rodean la entrada de la casa ubicada en Hocaba e Izamal en la Colonia Héroes de Padierna, donde tres personas murieron después de un enfrentamiento con armas de fuego. Foto Duilio Rodríguez
En esta colonia la calle no es de nadie. Es difícil ver patrullas cuidando la zona y los pocos policías que hay se dedican a cuidar que nadie entre o salga del domicilio baleado. Aunque tiene tres cámaras del C5, el sistema de videovigilancia de la ciudad, éstas están cerca del deportivo popular de la colonia, que está junto a un registro civil y otras oficinas de gobierno. Ahí se apostan las pocas patrullas de la zona, que ni por asomo salen a hacer recorridos en las calles.
Después de la balacera, la jefa de gobierno, Claudia Sheimbaun presentó a los vecinos de la colonia, a los policías de este cuadrante que los deben cuidar. Pero Josefina no confía. Ni conoce el nombre de los policías y ni siente confianza de denunciar. El día de los balazos, la policía detuvo a nueve personas implicadas y a varias ya las ha visto rondar la calle. “¿Tú crees que no pasan por aquí? Ahí deben de andar”, asegura.
* * *
El miércoles 24 de julio, un comando armado desató dos balaceras en la plaza Artz Pedregal. Murieron dos hombres y dos más quedaron heridos, entre ellos un policía.
Escenas como esta son cada vez más frecuentes en la ciudad. En los últimos dos meses, de acuerdo con un recuento de notas periodísticas, la capital del país ha sido protagonista de, al menos, 10 balaceras en las que han muerto 19 personas.
Gran parte de los enfrentamientos han sucedido en el sur, o en el oriente de la ciudad, que, de acuerdo con información extraoficial, son los corredores por los que pasan armas y drogas por la capital.
La colonia Peñón de los Baños, que está atrás del aeropuerto internacional de la ciudad, es otro de los territorios que se encuentran en disputa en la capital. Como la colonia del Ajusco, esta es una colonia de alta incidencia delictiva, en la que la mayoría de las casas no están pintadas y algunas pareciera que están a medio construir. Aquí, la falta de oportunidades se reflejan en la multitud de estéticas y barberías que hay, a falta de trabajos, el autoempleo es la mejor solución.
Hace una semana, el 20 de julio, en estas calles, cuatro personas murieron a balazos. Las autoridades reconocieron el incidente como una disputa entre diferentes bandas de la delincuencia. No obstante, Lizbeth García, esposa de una de las personas asesinadas, no acaba de entender por qué mataron a su esposo.
Ese sábado, cuenta, la calle Soles, que atraviesa toda la colonia de este a oeste, estaba cerrada. El paso de los automóviles, fue suspendido para albergar un bailongo. La tradicional fiesta del pueblo con música, bebida y disfrute fue interrumpida por el estruendo de los balazos, que sucedieron justo en la puerta de la casa de Lizbeth.
“Fueron personas ajenas a la colonia. No sabemos quién ni por qué fue. Estábamos todos en el baile, en la fiesta tradicional del barrio. Yo entré a la casa a ver a mis niños, y fue en eso que escuché los tiros. Cuando salí, mi esposo estaba tirado, muerto”, dice, mostrando el sitio donde falleció su esposo.
Fachada de la casa donde el pasado 20 de julio asesinaron a 4 personas en la Colonia Peñón de los baños Foto Duilio Rodríguez
“La colonia es muy pesada, la verdad no es nada segura”, reconoce la mujer. Pero no siempre fue así. Ella recuerda que la violencia se recrudeció hace unos 10 años, no sabe por qué, aunque tiene una pista: “Hay algunos que a lo mejor venden droga y se están peleando entre ellos”.
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Según el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, en la ciudad existe actividad de organizaciones criminales de alto impacto como La Unión Tepito, La Anti Unión y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero en el discurso del gobierno de la Ciudad eso pareciera no ser un tema central.
Apenas el domingo pasado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum presumió en su informe de 200 días de gobierno –en los que no mencionó para nada la palabra cárteles, narco o delincuencia organizada–, que la incidencia de homicidios dolosos disminuyó en 15 por ciento, así como otros 14 delitos de alto impacto.
Pero los capitalinos no piensan lo mismo. Según la Ensu, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, una levantamiento que hace el Inegi para medir la percepción de seguridad en ciudades del país, una cuarta parte de los habitantes de la ciudad no se siente seguro en la calle.
“Basándome en las noticias yo creo que sí ha estado más pesado. Yo creo que hay más delincuentes”, dice Carlos Acosta, mesero de un restaurante en la Condesa. El restaurante en el que él trabaja está en la esquina de Campeche y Saltillo.
Aquí, el pasado 6 de mayo, un auto se estrelló en el camellón. Atrás de él venía una camioneta con hombres armados disparándole. Cuando una de las balas alcanzó al conductor, perdió el control del vehículo y fue a parar en el camellón. El conductor perdió la vida. En la cajuela de su auto, habían dos paquetes que parecían ser droga. Resultaron ser barras de jabón.
Foto Duilio Rodríguez / Elementos de Servicios Periciales de la Ciudad de México, toman pruebas del auto en el que viajaban dos personas que murieron al ser atacadas a balazos en la calle de Campeche, en la Colonia, Hipódromo Condesa.
Carlos lleva varios años trabajando en la zona y desde hace más de un año ha atestiguado el aumento en la inseguridad en la zona. “A mí no me ha tocado estar en asaltos, o ver asesinados ni nada de eso, pero sí he escuchado en muchos de mis ámbitos, incluso gente cercana a mí ha fallecido por la delincuencia”, asegura el mesero.
Estas colonias, conocidas por su vida nocturna y amplia oferta de bares y restaurantes ha sido escenario de persecuciones, cobros de piso y asesinatos entre miembros de la delincuencia organizada desde hace un par de años, que de acuerdo con versiones no oficiales, estarían disputando el territorio.
Aunque el “territorio” parece haberse extendido al resto de la ciudad. Carlos no es el único en notarlo, de acuerdo con la Ensu, el número de personas que han estado frente a disparos de arma de fuego ha aumentado cada semestre en los últimos 10 años. Esto, significa que las estrategias de control de armas en la ciudad no existen o no están funcionando como debieran.
“No estamos logrando retirar las armas de la calle, y por lo tanto disminuir las balaceras o los enfrentamientos relacionados con armas”, asegura Ángel Serrano, investigador de seguridad del Observatorio Nacional Ciudadano, una organización de la sociedad civil que se dedica a analizar las condiciones de seguridad y justicia en el país para incidir en las políticas públicas al respecto.
“No hay una estrategia clara, o sea no podemos identificar una estrategia de política pública clara que quiera atender el problema de las armas en la capital”, recrimina Ángel Serrano.
Carlos Acosta, se traslada todos los días desde Texcoco en el Estado de México para trabajar como mesero en un restaurante de la colonia Condesa. Carlos asegura que son frecuentes los asaltos en el transporte público y que ahora percibe más violencia en la Ciudad de México. Foto Duilio Rodríguez
El mes pasado, el gobierno de la ciudad presentó los 5 ejes con los que planea reducir la violencia en la ciudad: Estrategias de reconstrucción del tejido social, más y mejor policía, coordinación entre el poder judicial y el ejecutivo para el combate a la delincuencia, coordinación entre los mandos policiales y la Guardia Nacional y adecuaciones al marco legal para perseguir los delitos son parte de esta estrategia, en la que no figura el control de armas.
No obstante, los resultados aún son lentos, y los conflictos por el territorio urbano entre diferentes bandas delictivas de la ciudad cobra más fuerza mes con mes.
“A mí no me ha tocado estar en asaltos, o ver asesinados ni nada de eso, pero sí he escuchado en muchos de mis ámbitos, incluso gente cercana a mí ha fallecido por la delincuencia”, asegura el mesero.
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A unas cuadras de las empinadas calles de Peñón de los Baños está una base militar. De ahí entran y salen camionetas repletas con soldados de la Guardia Nacional. Pero Lizbeth asegura que de nada ha servido la presencia de la nueva corporación. “Parece que nada más cuidaran el cerro”, en el que está la antena de radar del aeropuerto.
Supuestamente, la Guardia llegó a esta colonia de la alcaldía Venustiano Carranza, así como a otras de Iztapalapa, Gustavo A. Madero e Iztacalco, desde el pasado 4 de julio para ayudar en la estrategia de seguridad. Su presencia ayudaría con el patrullaje de la zona y en operativos especiales, pero la única vez que Lizbeth la vió, fue en el entierro de su esposo.
“Vinieron como unos 40 a proteger el entierro, porque si no, no se habría llevado en paz. Se quedaron afuera del cementerio, rodeándolo. Ya cuando terminó, se fueron y no han regresado”.
De acuerdo con Salvador Guerrero Chiprés, consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, un órgano de consulta y análisis creado por el gobierno durante la administración de Marcelo Ebrard, la experiencia internacional indica que las cinco líneas de acción que está siguiendo el gobierno de la ciudad son efectivas.
“La literatura y la experiencia te dicen que la estrategia de seguridad que puede tener éxito para modificar la incidencia delictiva tiene que pasar por dos temas fundamentales: uno son las políticas sociales que pueden estar asociadas con la delincuencia, y la otra es la construcción de capacidades institucionales para contener la delincuencia, que quiere decir más y mejor policía, más y mejor sistema judicial y sistema penitenciario”, asegura.
El tiempo corre en contra del gobierno de Sheimbaun. Y la realidad no permite concesiones políticas.
Detrás de las cintas amarillas y vidrios rotos de la plaza Artz Pedregal, un guardua de seguridad confiesa: Si me hubiera tocado trabajar ese día, no habría sabido qué hacer, me habría tirado al suelo, nunca pensé que fuera a pasar algo así”
Policías auxiliares de la ciudad de México resguardan el lugar donde sujetos armados atacaron a vigilantes y visitantes de la plaza Artz Pedregal. Foto: Duilio Rodríguez
Reynosa, Tamaulipas. – El día de ayer el canal Anzaldúas amaneció con una imagen desconcertante, esto debido a la fuerte mortandad de peces de todos tamaños, que se dejó ver y que causó gran asombro entre personas que en hora de la mañana transitan por las laterales del mismo.
Aunque autoridades de Protección Civil y Bomberos, además de autoridades de Conagua ya están enterados de este fenómeno que en otras ocasiones se ha presentado, no hay emitido boletín alguno para dar a conocer las caídas de este fenómeno inusual.
Como ya se mencionó, este fenómeno ya se ha presentado en dos ocasiones anteriormente, puede ser que las causas y consecuencias de este suceso sean las mismas de las anteriores ocasiones.
Según versión de autoridades, se mencionó que la contaminación emitida por descargas de aguas negras que dan a este, aunado a la baja densidad de agua y la estática de no circulación hace que el agua no tenga oxigenación provocando con esto la muerte de los peces, sin embargo, falta la versión oficial que especifique la realidad de la situación.
Mientras tanto, se pide a la ciudadanía en general evite tratar de capturar y consumir estos peces, ya que no se sabe que tanta es la contaminación de los mismos y podría repercutir en la salud de quien o quienes los consuma.
Personal de la ayudantía y del mismo hospital trató de contener al grupo de inconformes, que también exigía una ambulancia, equipo de rayos “X” y más medicamentos.
Personal médico y usuarios de hospitales regiones del IMSS Bienestar en Zongolica y Coscomatepec, Veracruz, se manifestaron durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, para acusar falta personal y medicamentos.
Durante el evento que encabezó López Obrador el domingo 28 de julio denominado, “Diálogo con la comunidad del Hospital Rural Zongolica, Veracruz”, personal médico y ciudadanos escuchaban en un patio alterno el discurso del director de esa unidad médica, José Manuel Grajales; inconformes con el diagnóstico que ofrecía, el grupo de personas se acercó al patio central donde se desarrollaba el evento, y quitaron algunas vallas metálicas para tratar de acercarse al Presidente, a fin de demandar mejores condiciones de atención, personal e infraestructura en la unidad médica.
López Obrador narró que en su camino a la unidad médica ciudadanos lo abordaron para comentarle que el hospital había sido arreglado previo a su visita. “Miren, si es así voy a venir seguido a Zongolica, pero les diría que no es del todo cierto, es decir, que sí le dieron su manita de gato, pero el director me habló con la verdad y él mismo reconoce las carencias que hay en el hospital”, dijo.
El mandatario sostuvo que por la corrupción gobiernos anteriores abandonaron el sistema de salud pública. “No es para consolar a los de Zongolica, pero así están todos los hospitales y los centros de salud en el país sin medicinas, faltan médicos, ya no alcanzan las instalaciones, mucho trabajador de la salud trabajando de manera eventual sin plazas”, admitió.
Sostuvo que la falta de médicos en hospitales no es por falta de presupuesto, sino por mala distribución. Afirmó que no está dispuesto a dar un paso atrás, “al contrario, va a haber más severidad en el combate a la corrupción”.
“Imagínense el nivel de degradación al que se llegó, en donde todo era la ambición al dinero, era el Dios que prevalecía, el dinero, eso se acabó, ahora va a ser la honestidad del pueblo que va a gobernar”, dijo.
Luego, el mandatario federal acudió al Hospital Rural de Coscomatepec, Veracruz, donde un grupo de enfermeras, médicos y residentes le hicieron -con gritos- varias demandas, ante lo cual López Obrador hizo pasar al estrado a tres representantes, quienes les solicitaron mayor contratación de personal, ampliación del hospital, contar con una ambulancia, el pago de apoyos a los residentes médicos y mejoras en las condiciones de trabajo del personal hospitalario.
Esta no es la primera vez que se realizan manifestaciones durante los eventos del Presidente. El 22 de junio en Yucatán, integrantes de la organización Antorcha Campesina protestaron durante un evento para asegurar que no son intermediarios, y pidieron a López Obrador no promover el odio contra esa asociación.
El 21 de julio, un grupo de manifestantes de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del municipio Ciudad Valle, en San Luis Potosí, irrumpió en el hotel donde se hospedaba López Obrador, en protesta por la falta de atención del presidente municipal. El hecho provocó la molestia del mandatario, pues calificó la manifestación como un acto de provocación, y les pidió que se retirarán del sitio.
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 28 de julio de 2019.- En condiciones de explotación, sin servicios médicos y sumidos en la precariedad, han vivido cerca de 94 mil indígenas de la región Costa-Montaña de Guerrero cuando llegan a laborar en cultivos de Cedral, Vanegas, Villa de Arista, Guadalcázar y Matehuala, en San Luis Potosí. Esta cifra corresponde a los últimos 16 años (2006/2019) según informó el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña de Guerrero y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan; precisaron que el 15 por ciento provenían de 350 comunidades donde radican los pueblos Naua, Na’Savi, Me’Phaa y Nn’Anncue. El presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Paulino Rodríguez, detalló que de agosto 2018 a enero 2019 se registró la migración de más de seis mil jornaleros, de los cuales tres mil 909 son hombres y dos mil 997 mujeres. El activista señaló que las condiciones en el campo son prácticamente de explotación, además de no contar con servicios de salud y acceso a la educación para sus hijos, propiciando así el trabajo infantil. En un contexto nacional, los migrantes indígenas de la montaña de Guerrero se emplean como jornaleros en empresas agroexportadoras de hortaliza, esto en los estados del norte, noreste y centro. Destacan como puntos de concentración Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Morelos; en los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Nayarit, Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, cosechan tabaco, caña de azúcar, café, plátano, naranja y frutas. Respecto a la Ciudad de México, informaron que se emplean en construcción, jardinería, comercio informal y servicios domésticos, aunque también recurren a la mendicidad.
En México, las industrias contaminan impunemente aire, agua y suelo con sustancias altamente tóxicas que producen enfermedades terminales. Miles de personas mueren por la complicidad de autoridades federales, estatales y municipales. Por ejemplo, en las inmediaciones del río Atoyac, en Tlaxcala y Puebla, la mortandad por cáncer es 13.5 veces más alta que la media nacional. Ahí no hay médicos ni medicinas: la gente costea los tratamientos y se empobrece aún más.
Primera de dos partes
Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala. Vinieron los mitos del cáncer, así es como Isabel Cano Flores recuerda los primeros rumores que se corrieron en Villa Alta, donde habita desde que nació hace 67 años. Entonces, los enfermos generaban sospecha y estigma, hasta que cada familia contó con al menos una víctima de la contaminación industrial.
Doña Chave, como le dicen en el pueblo de cariño, entrelaza sus manos antes de contar que en 2010 tuvo la más amarga y triste experiencia de ese padecimiento: “Mi hija enfermó de leucemia”. Aunque en aquella época, dice, era ignorante del tema médico, ahora habla con soltura del tipo de cáncer que sufrió Zulma: leucemia mieloide crónica.
Con esa enfermedad vino el calvario, pues a pesar de que la incidencia de cáncer sobrepasa la media nacional en Tlaxcala, en la entidad gobernada por el priísta Marco Antonio Mena no hay médicos especialistas ni hospitales de segundo y tercer nivel.
Zulma y su madre se vieron forzadas a recorrer el estado en búsqueda de un hematólogo; luego, el vecino Puebla y, finalmente, llegaron a Guadalajara, donde por fin la joven tuvo atención especializada. Pronto fue diagnosticada con leucemia y trasladada a la Ciudad de México.
“No soy una persona empleada: empecé a vender todo”. El dinero que obtuvo por el terreno que le heredaron sus padres no alcanzó para solventar viajes, hospitalización, medicinas y quimioterapias, así que recurrió a préstamos con diversos usureros. Ahora, en su deuda no sólo cuenta los miles de pesos que le prestaron, sino también las bolsas de sangre que le exigían en el hospital y entre sus planes futuros está conseguir donadores para saldarla. “A pesar de eso, ella no se pudo salvar”.
La desgracia sobrevino por ser vecina del río Atoyac, el tercer afluente más contaminado del país. Además de perder a su hija, doña Chave ha visto cómo se apagan las vidas de su hermana, a causa de un tumor cerebral, y de su madre, quien tiene una afección pulmonar.
Su familia no es la única afectada: entre 2002 y 2016, en los municipios cercanos a la cuenca del Atoyac-Zahuapan murieron 25 mil 737 personas a causa de cáncer, refieren datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sistematizados por la organización Coordinadora por un Atoyac con Vida y el maestro Octavio Rosas Landa, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El río
La contaminación del Atoyac no es desconocida para los gobiernos federal y estatales: a éste se le considera como el tercer río más contaminado de México. En sus orillas, en la frontera de Tlaxcala con Puebla, se respira un olor dulce y al mismo tiempo putrefacto, similar al agua mezclada con suavizante de ropa estancada por semanas.
A las afueras de la caseta de monitoreo que instaló la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para supuestamente medir los niveles tóxicos de esta corriente, el hedor es tan intenso que lastima las fosas nasales y pronto se transforma en un dolor de cabeza constante.
Su paso se marca por la fetidez y el tono: a veces verduzco, luego azulado y más adelante café. Sin ningún signo de vida, atraviesa Tlaxcala y Puebla contaminando todo a su paso: los reservorios de agua limpia por el efecto de la filtración, los cultivos, la atmósfera…
Y es que en el corredor industrial por lo menos 1 mil empresas, de las 20 mil que operan en la zona, no cuentan con plantas de tratamiento o éstas no funcionan adecuadamente, lo que ha ocasionado que este afluente tenga al menos 25 sustancias nocivas y sea un foco de infección no sólo para el cáncer, sino también para la hepatitis y el cólera, señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la UNAM en el Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, de mayo de 2018.
Análisis del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua revelan un escenario mucho peor: en el Atoyac hay presencia de unas 1 mil sustancias químicas disueltas que, al mezclarse, producen reacciones todavía más tóxicas.
La investigación conjunta de la CNDH y la UNAM reconoce que las aguas del Atoyac están altamente contaminadas con componentes químicos como plastificantes, pesticidas (Aldrin) y compuestos policíclicos aromáticos, como el trifenilo y el crisano; así como con compuestos volátiles como el tolueno, hexano y hexclorobeneno, usados en las industrias textiles, farmacéuticas y automotrices; y tintes y colorantes provenientes de las textileras que tornan de diferentes colores el río y que afectan la fotosíntesis de los organismos.
Además se tienen registros de presencia de arsénico, clasificado como un cancerígeno demostrado en humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La exposición a través del agua de este metal produce, al menos, cáncer de vejiga, pulmón y piel.
La OMS detalla que el arsénico se utiliza como agente de aleación y para el procesamiento de vidrio, pigmentos, textiles, papel, adhesivos metálicos y protectores de la madera y municiones. Entre las 20 mil industrias que operan en la cuenca hay petroquímicas, farmacéuticas, textiles, alimenticias, metalmecánicas y automotrices, que a cada segundo descargan al río sus desechos sin control.
Aunado a lo anterior, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene un registro sobre la calidad del agua que abarca de 2012 a 2018. Para el año pasado, la dependencia federal documentó que la presencia de plomo se extendió por más de 20 puntos a lo largo de la cuenca Atoyac y sus afluentes: Xochia, Zahuapa y Atenco.
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-2013, “el plomo puede afectar a casi todos los órganos y sistemas del organismo causando varios efectos no deseados, como son: perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia; incremento de la presión sanguínea; daño a los riñones; aborto espontáneo; perturbación del sistema nervioso; daño al cerebro; distintos tipos de cáncer; disminución de la fertilidad”.
La Norma agrega que “la exposición a los compuestos de plomo en cualquiera de sus formas constituye un riesgo para la salud ya sea que se ingiera en alimentos, agua, polvo o tierra contaminados con dicho elemento, o se respire, a través de polvos o vapores emitidos por industrias, fundidoras, refinerías, vehículos automotores, etcétera”.
El registro de la Semarnat detalla la calidad del agua en torno a la demanda química de oxígeno: un parámetro que mide la cantidad de sustancias químicas disueltas en los cuerpos de agua. Para 2018, más de 22 puntos de la cuenca tenían una calidad del agua altamente contaminada y ningún lugar posee una demanda química de oxígeno aceptable.
Las mayores responsables de esto son unas 400 industrias medianas y grandes: son las que gastan más recursos naturales, consumen más agua y generan más contaminación, señala el maestro Octavio Rosas Landa, quien ha hecho estudios independientes junto con otros investigadores con base en información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi.
Las muertes de la contaminación industrial
Todas las enfermedades asociadas científicamente a las sustancias tóxicas que vierten las industrias al río Atoyac o liberan al ambiente a través de sus grandes chimeneas han afectado a los pobladores aledaños. Miles han muerto por ello, porque aquí todo está contaminado: el agua, el aire y el suelo y, con ellos, los alimentos vegetales y animales.
En 2017, en la zona fallecieron 2 mil 335 personas por diversos tipos de cáncer. Esto equivale a 13.5 veces más que el índice nacional de mortandad a causa de esa misma enfermedad, señala en entrevista el investigador Rosas Landa.
El estudioso de la contaminación acuífera y su relación con enfermedades terminales agrega que las sustancias químicas que descargan las 20 mil 400 industrias asentadas en el corredor del río Atoyac transformaron la principal fuente de agua de los habitantes de Puebla y Tlaxcala en el causante de sus muertes.
Con base en datos del Inegi, la investigación de la Coordinadora por una Atoyac con Vida y el académico Rosas Landa demuestra que a nivel nacional fallecieron por cáncer 1 millón 64 mil 572 personas entre 2002 y 2016. Y agrega que mientras en el país muere 0.54 personas por kilómetro cuadrado, en los municipios de Puebla y Tlaxcala que están en contacto directo con el río fallecen 7.35 personas por kilómetro cuadrado.
Las cifras van en aumento, expresa el economista y geógrafo Rosas Landa: “en 2002, en esa zona murieron 1 mil 400 personas por cáncer; para 2016, la cifra llegó a 2 mil 114 personas; y en 2017 es peor: 2 mil 335 personas fallecieron por la contaminación de una cuenca relativamente pequeña, que mide 3 mil 600 kilómetros cuadrados”.
Las zonas más afectadas son aquellas cercanas a la cuenca del Atoyac y en específico al corredor industrial Quetzalcóatl, donde llegan las descargas de las industrias. Se trata de los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en Puebla, y de Tepetitla de Lardizábal y Nativitas, en Tlaxcala.
En la comunidad de Villa Alta, que pertenece al municipio de Tepetitla de Lardizábal, se tienen tasas de mortalidad que superan entre nueve y 23 veces la media nacional, advierte el investigador Octavio Rosas.
En dichos lugares, la leucemia, insuficiencias renales, abortos espontáneos, púrpura trombocitopenia inmune, malformaciones congénitas, anemias y problemas respiratorios se convirtieron en sus enfermedades cotidianas.
“Cada 4 horas una persona muere a causa de la contaminación por el río Atoyac”, dice a Contralínea Alejandra Méndez, coordinadora del Centro Fray Julián Garcés y de la Coordinadora por una Atoyac con Vida.
“No es algo que nosotros hayamos cuantificado directamente, son datos oficiales que incluso pueden estar subestimados porque depende de cómo se haya registrado el deceso”, señala en entrevista el doctor Omar Arellano Aguilar, experto en evaluación de daño ecológico de la Facultad de Ciencias y quien participó en la investigación.
El costo de las enfermedades
La muerte de Zulma es una lección para doña Chave del precio que han pagado por vivir cerca de un corredor industrial: “dicen [sus médicos] que fue por inhalación de tóxicos, pero ella nunca trabajó en las fábricas”. Intentar salvarle la vida consumió todo de ella, incluidas sus posesiones materiales, por lo que ahora vive en casa de su hermana.
Y es que a pesar de la alta incidencia de enfermedades terminales, en la zona se violan permanentemente los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social y a un ambiente sano, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es por eso que los pobladores han demandado al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en espera de justicia.
Aquí en Villa Alta cada familia tiene al menos una historia trágica marcada por la muerte o la enfermedad, pero también por la profundización de la pobreza que se asocia a éstas: cuando no hay seguridad social, las personas venden lo poco que poseen y se endeudan con tal de atender a sus pacientes.
Por las calles serpenteadas de este pueblo es común ver pasar los cortejos fúnebres, a veces hasta tres por día. “Tenemos dos panteones y los dos están llenos, hay muchísimos muertos, esa es nuestra realidad”, cuenta doña Chave.
“Si avanzamos una cuadra, hay una persona con parálisis; más adelante, una señora con cáncer en la garganta; a la cuadra para abajo, una señora murió por insuficiencia renal. Incluso en una familia murió el papá de leucemia, la mamá de cáncer de mama y el hermano de cáncer de hígado”, asegura.
Zulma, la hija de doña Chave, falleció el 25 de julio de 2011; ese mismo mes, dos de sus amigas también murieron. “Mi hija tenía 36 años; sus compañeras, la misma edad: una murió de cáncer de cuello uterino y la otra de pulmón. Ese mismo mes enterramos a tres jóvenes de nuestro pueblo”.
De 2002 a 2016, las mujeres representaron el 54 por ciento de las muertes por cáncer en la zona, revelan los datos sistematizados por la Coordinadora por una Atoyac con Vida. La mayor incidencia fue de cáncer de cuello uterino y mama.
Samuel Rosado, economista de la UNAM que participó en la investigación del Centro Fray Julián Garcés, observa que “el cáncer de mama y el de ovario son los que más se relacionan con la contaminación industrial. La probabilidad de tener estos tipos de cáncer puede aumentar entre 24 y 35 por ciento si estás a menos de 1 kilómetro de una gran industria manufacturera”. Además del cáncer, en los municipios aledaños al Atoyac las mujeres sufren abortos espontáneos.
“Ésa no es la muerte que uno espera. Tenemos derecho a la vida y a un ambiente sano”, comenta Crescencia Cano Flores, hermana de doña Chave y quien también ha visto cómo la vida de su tercera hermana se degrada poco a poco a causa del tumor cerebral.
Reunidos en casa de doña Crescencia para contar las historias de sus parientes enfermos o fallecidos, vecinos de esta localidad comentan a Contralínea que en el pueblo es cada vez más común escuchar que alguien ha enfermado por tumores cerebrales. Todos afirman padecer fuertes dolores de cabeza principalmente por las mañanas, cuando aumentan las emisiones contaminantes de las industrias.
Gobiernos negligentes
Los altos índices de mortandad por enfermedades terminales asociadas científicamente a las sustancias tóxicas industriales, que sobrepasan por mucho la media nacional, no han sido suficientes para que las autoridades pongan un freno a la contaminación de las empresas y mucho menos para asistir a las miles de víctimas.
La negligencia no sólo es de la Conagua, encargada de regular las descargas industriales al río, sino también de las autoridades sanitarias y medioambientales federales y estatales.
En Tlaxcala, por ejemplo no se cuenta con un sistema de salud que atienda a los miles de enfermos: son las familias las que costean los gastos para el traslado del paciente hasta la Ciudad de México.
Contralínea solicitó conocer la versión de la Secretaría de Salud tlaxcalteca, pero Lorena Flores, funcionaria del área de comunicación social, informó que el director de hospitales, doctor René Farfán, le señaló que ellos no tienen ningún registro de enfermedades como el cáncer ni de su relación con la contaminación en el río Atoyac, motivo por el cual declinó conceder la entrevista.
Esa indolencia para reconocer el problema es a la que se enfrentan, día a día, los habitantes de Tlaxcala, que van de un lado a otro en busca de atención médica y en su entidad no la encuentran. “Sólo tenemos un centro de salud y no hay especialistas en las enfermedades que presentamos. Yo debía comprar medicamentos para mi hija, el más barato me costaba 1 mil 500 pesos y era cada semana”, asegura doña Chave.
En su desesperación, algunos vecinos van de casa en casa pidiendo limosna para poder costear las convalecencias, porque en Tepetitla ni siquiera hay ambulancias públicas.
En Puebla, la otra entidad afectada por la contaminación industrial de la cuenca, la situación no es mejor: los servicios sanitarios no son altamente especializados, a pesar de que en su página de internet la Secretaría de Salud del estado gobernado por Guillermo Pacheco da cuenta de las “enfermedades asociadas con el río Atoyac”.
Entre los padecimientos cita intoxicación por arsénico y por plomo [metales pesados asociados al cáncer], hepatitis A, retraso cognitivo, retraso en el desarrollo, cólera, fiebre tifoidea, ascariasis, esquistosomiasis, paludismo, desnutrición y legionelosis.
Respecto de la entrevista que solicitó Contralínea para conocer cómo enfrentan estos padecimientos de su población, la Secretaría de Salud estatal respondió –a través de Sonia Hidalgo, del área de comunicación social– que no puede dar una postura porque ese tema le corresponde a la Secretaría de Ambiente.
El gobierno federal tampoco aceptó revelar si cuenta o no con una ruta sanitaria para atender la emergencia en la cuenca del Atoyac. A través de su área de comunicación social, la Secretaría de Salud –que encabeza el doctor Jorge Alcocer– aseguró tramitar la solicitud de entrevista sin que al cierre de esta edición, y después de 1 mes de gestiones, haya dado respuesta.
Para el doctor Arellano Aguilar, en la cadena de responsabilidades el sector salud es el más omiso, tanto a nivel federal como a nivel estatal. “No hay atención directa a los afectados, no hay un reconocimiento de que esas enfermedades sean por la contaminación. Los niños se están muriendo, los adultos también. Tenemos una incidencia de leucemia, de insuficiencia renal aguda, y no están siendo atendidas”.
A la fecha, las autoridades estatales y federales han sido incapaces de generar una tipificación y relación de las enfermedades con la contaminación del río Atoyac, a pesar de que desde 2004 hay antecedentes de puntos de acuerdo de las cámaras de Diputados y Senadores para atender la alta incidencia de cáncer y enfermedades asociadas a los tóxicos industriales. Mientras los gobiernos vuelven la mirada a la emergencia, las personas fallecen por miles.
Decenas de evidencias de la responsabilidad industrial
Las evidencias que apuntan a las industrias como las principales responsables de la crisis sanitaria en la zona son muchas. La organización ambiental Greenpeace y el doctor Omar Arellano Aguilar revelaron las diversas sustancias químicas que se encuentran en el río y su fuente claramente apunta a las empresas.
“Tuvimos una lista de sustancias químicas, de compuestos orgánicos volátiles o semivolátiles, que además están asociados a causar alteraciones de tipo hormonal. Encontramos sustancias químicas que son cancerígenas y la particularidad es que los metales pesados [arsénico y plomo, por ejemplo] no se quedan en los sedimentos, sino que al contacto con el ambiente se volatilizan y se dispersan por toda la zona”, indica el investigador.
Agrega que la situación es tan crítica que, cuando realizaban las investigaciones, los pacientes que participaban de manera voluntaria en el estudio fallecían repentinamente. “Es una situación realmente frustrante, pero nos alienta a seguir trabajando en la zona”.
En las inmediaciones del Atoyac, las personas están expuestas a diferentes sustancias contaminantes, algunas declaradas como cancerígenas por la OMS, como es el caso del benceno. Esta sustancia que se utiliza en diversas industrias –como la petroquímica– se disemina en el aire por ser altamente volátil, lo que ocasiona que las personas respiren de manera constante este químico.
Aire, suelo y agua envenenan permanentemente a los pobladores de Tlaxcala y Puebla. Además, según el investigador Octavio Rosas, las pequeñas empresas vierten sus desechos a los canales de riego usados en la agricultura, contaminando los alimentos que consumen los pueblos. “Las sustancias se están filtrando al subsuelo y están contaminando los acuíferos. Es bastante grave porque están contaminando el agua de consumo humano”.
“Las sustancias contaminan canales que utilizan para regar el campo y ahora contaminan también los alimentos”, confirma la directora del Centro Fray Julián Garcés, Alejandra Méndez.
“Yo sueño con el día de poder ver mi río como era antes, cristalino y con peces. Mientras tanto, no quiero que muera más gente. Si mi hermana ha muerto, no quiero que nadie más lo haga”, dice a Contralínea Rebeca Juárez, quien también perdió a su familiar a causa del cáncer.
Muchas industrias, poco control
Para investigadores, defensores de derechos humanos y pobladores, es claro que la impunidad de las industrias para contaminar es producto de omisiones y negligencias de las autoridades del medio ambiente y el agua, sobre todo en el tema de la regulación de las industrias altamente contaminantes.
La actividad de descargas de sustancias químicas a los cuerpos de agua se encuentra regulada por la Norma 001 de la Semarnat, que establece el límite permitido por las industrias para realizar las descargas a los cuerpos de agua.
“Esta Norma establece límites muy laxos, demasiados elevados para cualquier industria: aun cuando vierten contaminantes en el río, están dentro del límite permisible. La Norma tendría que ser ajustada para que haya límites más estrictos; pero si eso pasara, todas la industrias quedarían fuera de la Norma, todas estarían en la ilegalidad. Por eso no lo hacen”, expresa el economista Octavio Rosas.
Esa ineficiencia se demostró en el estudio para la clasificación de los cuerpos del agua realizado por la Conagua en 2005, que determinó que aun con el cumplimiento de la Norma 001-1996, “los límites máximos permisibles de descargas no son suficientes para que los ríos [como el Atoyac] alcancen la calidad de agua aceptable”.
A raíz de dicho estudio, esa Comisión expidió la “Declaratoria de clasificación de los ríos Atoyac y Xochiac o Hueyapan y sus afluentes”, que estableció los parámetros que deben cumplir las descargas de aguas residuales.
La autoridad instauró un procedimiento administrativo en los estados de Tlaxcala y Puebla en contra de aquellos que violaran la Norma, lo que derivó en una serie de multas. Sin embargo, después 14 años la muerte de miles de personas por enfermedades asociadas a la contaminación evidencia negligencias.
“Así como se pide una concesión para extraer agua también se pide una para las descargas, pero estos límites no los respetan. La Conagua aceptó en 2011 que están sobrepasados, el problema es que la entidad tampoco cuenta con el personal para hacer diligencias continuas, para estar realmente al pendiente de todas estas industrias”, asegura la antropóloga Paola Vásquez Santos, adscrita al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
El problema también se presenta en la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. De acuerdo con Alejandra Méndez, la institución “sólo cuenta con cuatro inspectores para más de 20 mil industrias”. Esto ha propiciado el aumento de sustancias tóxicas en el río provenientes de las descargas industriales sin ningún tipo de control real.
La coordinadora del Centro Fray Julián Garcés señala que “las autoridades han sido omisas. Nosotros hemos llevado el caso de la contaminación del río en dos ocasiones al Tribunal Latinoamericano del Agua, para denunciar la situación”.
En 2006, ese Tribunal señaló que “los compuestos como floruros, cloruros de metileno, tolueno y cloroformo no están debidamente contemplados en la norma mexicana”. Con la documentación presentada por las comunidades y el Centro, aseguró que para entonces dichos compuestos se encontraban por encima de los parámetros permitidos en otros países.
La defensora Alejandra Méndez agrega que en 2011 se interpuso una queja ante la CNDH por las diversas violaciones a derechos humanos que se deriva de esa contaminación, misma que se resolvió favorablemente a la población. Aunque eso sucedió en 2017, a la fecha la recomendación permanece en estado de incumplimiento.
Identificada con el folio 10/2017, dicha recomendación “establece que el estado en el que se encuentra el río está afectando el derecho a la salud de los habitantes”, reconoce el doctor Rubén Francisco Pérez, coordinador de seguimiento de las recomendaciones de la CNDH. Y es que se encontró que hay omisión por parte de las autoridades federales y estatales para el cumplimiento de las leyes y normas que proporcionan un ambiente sano.
En entrevista con Contralínea, el doctor Pérez asegura que la recomendación tenía dos grandes tipos de acciones para las autoridades: primero, las autoridades debían llevar a cabo obras de saneamiento del río para proporcionarle un ambiente sano a los habitantes; y, segundo, debían firmar un convenio de colaboración tanto federal, como estatal y municipal. “Este convenio de colaboración es un instrumento importante para el cumplimiento de la recomendación, porque va a darle orden a las acciones que hagan las autoridades”.
Sin embargo, a 2 años de emitida la recomendación, eso no ha ocurrido. El doctor Rubén Pérez asegura que esta situación de retraso se debe a la “movilidad política de la zona”. Resalta el fallecimiento de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, los cambios en las autoridades, federales y estatales, en las presidencias municipales e incluso el incendio en las instalaciones de Conagua en la Ciudad de México.
“Todos estos movimientos administrativos y políticos han retrasado la firma del convenio que es una acción central dentro de la recomendación”, afirma el coordinador de seguimiento de las recomendaciones de la CNDH.
Aun así, el funcionario asegura que sí se han llevado a cabo acciones para mejorar la situación del río: seguimiento a las concesiones y permisos de las industrias, plantas para potabilizar el agua y campañas de información.
El subdirector de la Dirección de Agua de la Conagua, Agustín Félix asegura que a raíz de dicha recomendación la autoridad realizó procesos de fiscalización: “Visitamos cerca de 80 empresas a las cuales se les impuso las sanciones respectivas”. No obstante, en la zona operan más de 20 mil.
Más aún, el doctor Félix afirma que el nivel de contaminación del río se debe a las grandes descargas municipales y no a las industrias. En contravía, investigaciones académicas y la propia recomendación demuestran que la contaminación se incrementa en las zonas de las descargas de las industrias, los llamados corredores industriales.
“Nosotros sabemos que la contaminación es causada por las fábricas y estas deberían estar obligadas a tratar sus aguas”, expresa Rebeca Juárez, habitante del municipio de San Rafael y promotora, junto con otros vecinos, de la queja ante la CNDH.
Las industrias
El corredor industrial de Quetzalcóatl inicia en el municipio de San Baltazar Temaxcala, en Puebla, y termina en Tlaxcala. Ahí existe un monitor de contaminación de Conagua que utiliza un recolector de muestras poco eficiente para regular la contaminación: al ser poco tecnológico y antihigiénico ocasiona que se registren otras sustancias lo que altera los resultados, consideran los expertos consultados.
En el lugar donde se ubica la caseta de la Conagua se observa, en el medio de la corriente del río, un recipiente amarrado de manera improvisada con una cuerda que recolecta las muestras con las cuales la institución valora que las descargas industriales cumplen con la norma y que la contaminación es producto de las descargas municipales, es decir de los habitantes.
Al respecto, la senadora Verónica Delgadillo, del partido Movimiento Ciudadano, señala que es imprescindible reformar el artículo 10 de Ley de Responsabilidades Ambientales para corregir este daño.
Asegura que es una total irresponsabilidad la actuación de las diversas autoridades encargadas de sancionar a las empresas que contaminan las fuentes de agua. “El 45 por ciento de las cuencas hídricas del país tiene un grado bajo de contaminación, el 24 por ciento están altamente contaminadas y sólo el 18 por ciento de las descargas industriales reciben tratamientos”.
La senadora exige “que haya sanciones para todos: las autoridades que están siendo omisas en el seguimiento y también para las empresas públicas o privadas, que están siendo irresponsables en sus descargas”.
Estatus de la Recomendación 10/2017
Dictada hace 2 años, la Recomendación 10/2017 avanza a pasos de tortuga. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos proporcionó información a Contralínea donde se evidencia el cumplimiento que ha dado cada autoridad responsable.
A Conagua, por ejemplo, se le formularon 16 recomendaciones y hasta la fecha ninguna se ha cumplido. El tema no es menor: la Comisión está encargada de consolidar el convenio con las demás autoridades, pero éste “aún está en proyecto el documento de trabajo de convenio”.
La recomendación resalta los estudios hechos por la Conagua alrededor del río, principalmente los índices de calidad del agua que la autoridad federal hizo en los años 1999 a 2007, en el que se hace evidente que 54 por ciento del agua no es apta para ningún tipo de uso debido a su alto nivel de contaminación.
En total, la CNDH formuló 159 recomendaciones a las distintas autoridades, de las cuales sólo se han cumplido nueve.
Armando Guzmán/Proceso
VILLAHERMOSA, Tab. (proceso.com.mx).- El gobierno morenista de Tabasco, a través de su mayoría en el Congreso del Estado, endurece penas carcelarias para quienes cometan delitos contra la libertad de tránsito, calificada por el PRI como “Ley Antimarchas”.
El viernes, la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, con mayoría de votos de Morena, aprobó reformas al Código Penal del Estado para aumentar hasta 13 años las penas carcelarias contra quienes cometan delitos contra la libertad de tránsito, así como de oposición a que se ejecute trabajos y obras públicas e interrumpir o dificultar el servicio público de comunicación.
La iniciativa la envió el gobernador Adán Augusto López Hernández y el dictamen aprobado será bajado al pleno el próximo lunes 29, donde Morena tiene amplia mayoría.
La diputada morenista, Julia del Carmen Pardo, presidencia de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, justificó que se trata de “meter orden” porque diversos sindicatos pelean contratos y cierran accesos a sitios donde se realizarán obras, principalmente relacionadas con la industria petrolera.
Y es que ante el nuevo “boom” petrolero, se han reactivado las protestas y bloqueos de campesinos a instalaciones de Pemex por supuestos daños ambientales, así como de líderes sindicales que exigen empleos para sus agremiados.
Ante ello, el jueves 25, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, se reunió en la 30 Zona Militar de Villahermosa con el general Pedro Escalera Cobián y representantes de la V Zona Naval, de la Guardia Nacional y del gobierno del estado para analizar estrategias y apoyos para mantener libres los accesos a instalaciones petroleras.
El encuentro fue privado, pero trascendió que el director de Pemex expuso su preocupación por los bloqueos que, dijo, impactan de manera negativa en las metas de producción establecidas por el gobierno federal.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ofreció redoblar su apoyo pero, aclaró, sin provocar confrontaciones sociales en las zonas conflictivas, mediante métodos disuasivos para desactivar los bloqueos a pozos e instalaciones petroleras.
El diputado local priista, Gerald Washington, exigió que Pemex cumpla y pague las afectaciones causadas por derrames de hidrocarburos.
Informó que en Huimanguillo- su municipio natal- existen 20 bloqueos porque la empresa SENEGAS, que trabaja para Pemex, no quiere pagar afectaciones y los campesinos inconformes no son atendidos por Pemex ni por la Secretaría de Energía (Sener).
En reunión con diputados locales, las doctoras e investigadoras de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-México, miembro del Conacyt), Marcela Torres Wong y Giselle Zarenberg, revelaron que Tabasco ocupa primer lugar nacional en derrame de hidrocarburos con 64 casos y hay muy poca posibilidad de tramitar estos conflictos vía poder judicial.
Citaron como ejemplo el caso del incendio del pozo petrolero Terra 123, ocurrido en octubre de 2013, que provocó afectaciones a más de 40 mil habitantes sin que recibieran indemnizaciones.
Manifestaron que, a diferencia de otros estados donde las comunidades siguen procesos de amparos, en Tabasco es muy débil la vía judicial para reclamar indemnizaciones por daños de hidrocarburos y por ello se recurre a las movilizaciones y bloqueos de instalaciones.
Mayores castigos
De aprobarse en el pleno la “Ley Antimarchas”, a cualquier persona que impida total o parcialmente libre tránsito de personas se impondrán prisión de uno a cinco años, y la penalidad se incrementará el doble cuando se haga acompañar de menores de edad.
Por oposición a la ejecución de trabajos y obras públicas, se aplicará prisión de 6 a 13 años y por interrupción o dificultad del servicio público de comunicación, de seis meses a cuatro años.
Para quienes obstaculicen vías de comunicación, secuestren o retengan un transporte público, se harán acreedores de uno a 8 años de cárcel.
Y si el delito es cometido por un ex o servidor público, así como por ex o miembros de corporación policiaca, adicionalmente se le inhabilitará de 5 a 10 años para desempeñar empleo, cargo o comisión.
La bancada del PR, a través de la diputada Ingrid Rosas Pantoja, alertó que las reformas al Código Penal de Tabasco no solo es para tratar de frenar bloqueos a instalaciones petroleras, sino también para inhibir el derecho ciudadano de manifestarse en contra del gobierno federal, estatal o municipal o de cualquier otro ente público, aunque sean pacíficas.
Dijo que al gobierno morenista de Tabasco no le ha bastado la ‘Ley del Garrote’ aplicada recientemente a madres y estudiantes que exigían espacios en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), las cuales fueron reprimidas por policías antimotines tras bloquear la avenida Universidad el pasado 8 de julio.
“Ahora quieren volver delincuente a cualquiera que se atreva a reclamar un derecho o exigir un servicio, creando una Ley Antimarchas”, protestó.
Es sorprendente ver, añadió, que quienes antes bloqueaban pozos petroleros, tomaban instalaciones públicas, cerraban carreteras, calles y avenidas, “hoy que son gobierno quieren prohibir esos actos”.
Dijo estar segura que el presidente Andrés Manuel López Obrador, “desconoce este atropello que se quiere hacer”, porque no lo permitiría, “ya que él siempre reclamó el derecho a manifestarse libremente y lo usó constantemente hasta antes de acceder a la Presidencia de la República”.
“Fue el principal orquestador de marchas, plantones, éxodos, bloqueo de calles, tomas de plazas públicas, tanto en el estado, como en la Ciudad de México, reclamando supuestos fraudes electorales, actos de corrupción e indemnizaciones por daños causados por Pemex”, remató.
El Fuerte, Sinaloa.- Luego de haber denunciado la explotación laboral de la que eran objeto, trabajadores de la maquiladora Contec de San Blas fueron víctimas de despido, denunciaron los mismos empleados.
Aseguran que ayer por la tarde, al presentarse a su área de trabajo, fueron llamados al área de recursos humanos para firmar su liquidación o posible renuncia voluntaria; sin embargo, ninguno accedió a plasmar su rúbrica en el documento.
“Somos entre 10 y 11 trabajadores. Sabíamos que esto podía pasar, pero ya no podíamos más con la situación. Al llegar nos llamaron y nos pidieron firmar la liquidación o renuncia. No supimos bien qué era porque ni siquiera pudimos leer el documento, solo nos negamos a firmar”, afirma una de las empleadas, quien dijo que no firmó porque está inconforme con la liquidación que le proponen.
La empleada Guadalupe “N”, quien fungió como vocera de sus compañeros afectados, afirmó que la encargada de recursos humanos de la empresa les aclaró que el rompimiento de su relación laboral con la empresa fue por la denuncia pública que hicieron ante EL DEBATE por su inconformidad ante jornadas de trabajo de 12 horas.
“Nos dijo que fue por el escándalo que hicimos antier (miércoles), que ese movimiento que hicimos para defender nuestros derechos laborales había afectado a la empresa, y ahora se quieren cobrar con nosotros, esto son represalias”, denunció.
Ante Conciliación
La vocera de los empleados afectados dejó claro que acudirán a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la zona norte de la entidad para denunciar el abuso del que son objeto y defender los derechos que tienen como trabajadores.
“No se vale. Yo tengo más de 5 años y me querían dar 34 mil pesos por esos años trabajados, 10 mil pesos de fondo de ahorro y prima vacacional, o sea que mi liquidación eran menos de 24 mil pesos por 5 años, es una injusticia”, dijo.
Defensa laboral
Ante esta situación, el titular de la Dirección del Trabajo y Previsión Social de la zona norte, Gabriel Olivas Bracamontes, recomendó a los afectados no firmar ningún documento hasta recibir una asesoría laboral adecuada. Dijo que por el momento la empresa no puede liquidarlos, pues la dependencia está de vacaciones y sería hasta el 5 de agosto cuando pudieran hacerse convenios de liquidación.
Contec Los Mochis
En Los Mochis, los trabajadores de la planta Contec comentaron que ese mismo día, el pasado 24 de julio, en que hicieron público el problema, la empresa realizó una reunión para pedirles una disculpa e informales que regresarían a su horario normal.
“Ese mismo día que subieron la noticia, nos hicieron junta y nos pidieron disculpas, que no querían molestarnos para trabajar 12 horas, y desde ayer empezamos a trabajar el turno normal que es 4:45 de la tarde hasta la 1:24 de la mañana”, expuso una de las trabajadoras.
Otro de los trabajadores mencionó que les gustaría que les pagaran las horas extras que laboraron.
Denuncian explotación laboral en maquiladora Contec
Una manifestación generalizada realizaron el miércoles los trabajadores de la maquiladora Contec en Los Mochis y San Blas para exigir respeto a su contrato de trabajo.
Los empleados de la planta Los Mochis denunciaron que desde hace aproximadamente un mes los obligaron a trabajar de 7 de la tarde a 7 de la mañana, sin el pago por las horas extras laboradas. Al igual que en la maquiladora Contec de Los Mochis, los que trabajan en la planta de San Blas se negaron a dar sus nombres por temor a represalias.
“En recursos humanos intentaron liquidarnos diciéndonos que fue por el escándalo de denunciarlos” Empleada afectada.
Mazatlán, Sin. A golpe de pico y pala, escarbando la tierra en cerros, caminos vecinales y zonas periféricas de la ciudad, sin recursos ni apoyos ni protección, las rastreadoras de la zona sur del estado iniciaron hace más de dos años un largo camino que parece no tener fin, porque entre más buscan, más personas desaparecidas encuentran en fosas clandestinas. Entre ellos se encuentran a sus hijos, esposos, hermanos y tíos.
A la fecha han logrado más que los sistemas y programas de búsqueda que se emprenden desde el gobierno, al colocar a Mazatlán como el municipio con mayor índice de sitios de inhumación clandestinos detectados en el país.
De 207 sitios de inhumación encontrados en México de diciembre de 2018 al 15 de junio pasado, el 9.17 por % correspondió a este municipio porteño. Y en cuanto al número de fosas clandestinas, Mazatlán se ubicó en cuarto lugar de la tabla nacional con 3.39% de la incidencia.
La labor interminable de estas mujeres empezó entre junio y julio de 2017, cuando integrantes de 15 familias decidieron formar la primera asociación civil de la zona sur del estado que denominaron “Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos”.
Tan solo este colectivo ha detectado 89 cuerpos en fosas clandestinas; la mayor parte de los hallazgos, en la zona de Palmillas y Miravalles, al norte de la ciudad, seguido de terrenos contiguos al fraccionamiento Santa Fe, la termoeléctrica José Aceves Pozos y la zona de Cerritos.
A poco más de dos años de formar el primer grupo de rastreadoras, actualmente operan en la región dos colectivos, Tesoros Perdidos y Una Luz de Esperanza, con más de 100 integrantes que se unieron a la búsqueda de personas desaparecidas, en los dos frentes.
HASTA ENCONTRARLOS
Irma Arellanes Hernández, precursora, fundadora y líder de “Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos”, señala que fue con recursos propios como se formó la primera asociación civil para la búsqueda de personas desaparecidas en la zona sur del estado.
“Mira, cuando yo empecé a buscar a mi hijo (Irvin Alaín Cortés Arellanes). Yo me dediqué a buscar gente para salir, empecé hacer mi página (en Facebook) y a invitar a las personas que tienen hijos desaparecidos; en el caminar, encontré a varias y empecé a hablarles, a darles mi número de celular y así empezamos a salir juntas”. Irma Arellanes Hernández
En todo este tiempo, indica que ella ha tenido que enfrentar mucha carencia, oposición, indiferencia, traiciones y señalamientos en su contra, pero nunca se ha dejado vencer por la adversidad, porque ya sea en la soledad, en grupo, con la presencia de elementos de seguridad o sin ellos, salen con la esperanza de encontrar a los desaparecidos.
Refiere que la mayoría son madres en busca de sus hijos, que dejan todo por ir a escarbar la tierra, con el deseo de encontrarlos y darles, en su caso, una sepultura digna.
“Nosotras no buscamos culpables, nosotras nomás buscamos a nuestros familiares, a nuestros hijos, nosotros no hacemos justicia, no somos gobierno para hacer justicia”. Irma Arellanes Hernández
La tarea no ha sido nada fácil hacia el exterior, pero tampoco al interior del colectivo, ya que a los 3 meses y medio de estar funcionando se dio una ruptura por malos entendidos, que propició la formación de una nueva sociedad civil llamada “Una Luz de Esperanza”, la cual anunció su desaparición en marzo de este año, derivado de muchos conflictos internos, entre los que se argumentó la falta de disciplina y orden, así como la no aplicación de los protocolos de seguridad.
Sin embargo, integrantes de este colectivo siguen participando en las labores de rastreo y reuniones con las autoridades.
Arellanes Hernández recuerda con tristeza esta división, pues la acusaron de haber recibido y ocultado un donativo que nunca existió.
“Yo les abrí las puertas a ellas para que al igual que a mí las ayudaran. ¿Qué hicieron ellas?, la verdad, me quitaron mi grupo que yo había formado, me quedé sola con otras dos personas; yo juré ante todo que iba a encontrar a mi hijo con ellas o sin ellas, porque era mi hijo, yo no me iba a quedar como ellas hasta que llegara una Irma a motivarme para buscar a mi hijo”. Irma Arellanes Hernández
Tomó fuerzas de la nada y siguió en su labor de rastreadora de personas desaparecidas.
“La seguridad por ley nos la tienen que dar, porque teniendo una carpeta de investigación, todas tenemos derecho a ser acompañadas para ir a buscar a nuestros hijos”, expresó.
Seis meses después de que ella y su esposo encontraran los primeros tres cuerpos, el 22 de diciembre de 2017 por la noche, le hablaron para confirmarle que su ADN correspondía a uno de los cuerpos detectados en aquella ocasión.
Ese día, decidió seguir en el colectivo para apoyar a otras familias y personas con tesoros perdidos.
Actualmente, el grupo lo integran 70 personas que siguen en la búsqueda de sus seres queridos.
INICIA EL VIACRUCIS
El viacrucis para Irma Arellanes empezó el 7 de junio de 2017 cuando perdió contacto con su hijo, en la víspera le había dicho por teléfono que le entregaría un dinero para que se lo girara a su esposa Faby que se encontraba en Colima con una tía, ya que le había dicho que estaba embarazada, y el dinero era para que regresara a Mazatlán.
Sin embargo, ese miércoles fatídico, le llamó como a las 12:38 al celular y le dijo en voz baja que lo habían golpeado y le habían quitado el dinero, le pedía que consiguiera para que “La Baby”, como le llamaba a Faby, regresara, alcanzó a preguntarle quién le había golpeado, pero solo le respondió: “Nadie”, y se colgó la llamada.
Al día siguiente, intentó comunicarse en varias ocasiones al celular de su hijo, pero no hubo respuesta, lo mismo hizo el viernes, y nada.
Irvin Alaín Cortés Arellanes se acababa de recibir de licenciado en Criminalística y su deseo era ingresar a las filas de la Policía Federal o de Investigación aquí en Sinaloa.
Irma buscó entre los contactos, compañeros y amigos de su hijo, les habló a todos, pero nadie lo había visto ni sabían de su paradero. Su hija le ayudó a abrir una página en el Facebook para ver si alguien sabía algo de él.
Fue entonces que una persona le dijo que lo habían levantado y que buscara en tal parte, pero que no dijera a nadie que él le había dicho.
Al hablar al 911 para que la apoyaran, la culparon: “Ya ve cómo es el gobierno, que si tú lo viste, tú tienes la culpa, tú participaste”.
Contactó con un joven de la colonia que había ingresado a la Policía Investigadora, le platicó su caso y se comprometió a comentarlo con el comandante que acababa de recibir el cargo, como condición fue que los acompañara para ubicar el lugar e identificar el cuerpo. Y les dijo que sí.
Salieron a las 7:00 de la mañana del día siguiente, la acompañó su marido, quien recorrió el lugar y descubrió dos fosas más al fondo del terreno. Nunca pensó que en una de ellas estaba su hijo.
El comandante consiguió la retroexcavadora y sacaron tres cuerpos, pero no pudieron identificar a ninguno en ese momento, ya que su hijo, a pesar de estar su cuerpo entero, no lo pudo reconocer porque no tenía tatuajes, y los otros dos tenían más tiempo. Recuerda que fue el 27 de junio, a 20 días de que desapareció su hijo, cuando encontró los primeros tres cuerpos.
“De ahí empezamos, un viernes fue el último día para irse a sacar el ADN federal, yo fui al Hospital General, ahí estaban tomando las muestras, y ahí empecé yo, conocí a varias personas, empezamos a platicar: ¿Tú por qué vienes? Yo porque mi hijo tiene 3 meses de desaparecido. El mío tiene días. ¿Y tú? Yo busco a mi esposo. Eran como seis personas, yo les pedí su teléfono y les dije que por qué no nos reuníamos para salir a buscar, les dije que yo encontré tres cuerpos, y fue así como se animaron”. Irma Arellanes
A TOCAR PUERTAS
Comenta que a través del Facebook logró contactar con algunas personas que la invitaron a ir a Culiacán para que platicara con mujeres rastreadoras de otros colectivos, así fue como conoció a Susana Ayala Bañuelos, fundadora de “Madres y padres de hijos desaparecidos de Culiacán”, y más tarde a María Isabel Cruz Bernal, de Sabuesos Guerreras.
Ayala Bañuelos fue quien le aconsejó hacer un grupo con sus contactos.
“Dos veces vino a ayudarnos a trabajar, yo vi lo que ella hacía y con la gente que yo invité a trabajar, empezaron a venir conmigo y salíamos a buscar, y ella nos enseñó cómo buscarle”. Susana Ayala Bañuelos
Después conocería a Cruz Bernal: “Ella me enseñó más, ya después traíamos a los perros, y así se fueron agregando las mujeres, la señora Isabel fue la que me llevó a una reunión con el Fiscal General en Culiacán, ya después empezamos a hacer reuniones con el Vicefiscal de aquí”.
Recuerda que los primeros meses siempre salieron solas, sin seguridad ni apoyos, llevaba a su esposo y a su hija, o el grupo de 5 mujeres que se unieron al principio, hasta que tuvieron la reunión con la Fiscalía General y la Policía Ministerial.
Entre julio y agosto formalizaron el colectivo, para entonces ya eran 15 familias.
Comenta que el primer cuerpo que encontraron como asociación fue el 24 de julio, en el mismo lugar donde encontró a su hijo, en el camino a Miravalles, pasando Higueras del Conchi, y adelante de la Piedrera y la carretera que va al Cafetal, en el arroyo, dentro de un tiro, estaba el cuerpo encobijado.
Desde entonces, las rastreadoras han buscado en todo Mazatlán donde les dicen que puede haber cuerpos, pero ha sido en Miravalles, Palmillas, Cerritos, Santa Fe y la zona contigua a la termoeléctrica, donde se han dado más búsquedas positivas.
APOYOS LIMITADOS
Arellanes Hernández comenta que aunque ya se están recibiendo apoyos de las comisiones de Búsqueda de Personas, tanto nacional como estatal, estos son limitados por parte de la local, ya que se les restringe a realizar 4 salidas por mes, cuando en Culiacán, las brigadas lo hacen hasta 8 y 10 veces.
Dijo que solo les dan 5 mil pesos para el pago de la renta de una retroexcavadora, la gasolina y las comidas, y todo tiene que estar debidamente facturado, pues si no, hay que reponer el dinero, lo cual hace más difícil la labor de búsqueda.
“Al principio nosotros pagábamos todo, cooperábamos para la gasolina, para el agua y la comida, ahorita llevamos tres meses que nos han apoyado para pagar, pero pagas la retro y no comes, pagas la gasolina y si ocupas retro, ahorita para todo se ocupa”. Arellanes Hernández
Señala que no les alcanza los apoyos que la Comisión Estatal de Búsqueda les da y que están como la Bartola que le dejaban 20 pesos para la renta, la luz, el agua y que todavía tenía que guardar el cambio.
Refiere que han tenido más apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda, con las gestiones de su titular Karla Quintana Osuna, que con la local.
Como ejemplo puso la semana pasada en la que se trabajó tres días y se encontraron 7 cuerpos, y en esta semana, que se programó de lunes a viernes, al día jueves se tenían 2 cuerpos localizados, en un lugar de Palmillas donde hace 4 meses se localizaron 3 cadáveres.
Dijo que mientras no arrecien las lluvias, ellas seguirán saliendo con apoyo o sin apoyo hasta 8 o 10 veces al mes, ya que la prioridad no es el dinero, sino los hijos que están desaparecidos.
CIFRAS
3.5 millones de pesos autorizó el Congreso del Estado para la búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa, durante el 2019.
5,000 pesos recibe el colectivo “Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos” para la búsqueda de personas desaparecidas, lo cual les alcanza para salir 4 veces de 8 que realizan al mes.
LABOR DE RASTREADORAS EN LA ZONA SUR
89 cuerpos encontrados principalmente en 5 zonas de Mazatlán:
Miravalles, 24 cuerpos
Cerritos (Liverpool), 11
Palmillas, 14
Entre Santa Fe y la termoeléctrica, el resto
36 de los cuerpos ya fueron identificados y entregados
15 de los cuerpos identificados son familiares de integrantes del colectivo
REPORTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
Registro del 1 de diciembre de 2018 al 15 de junio de 2019.
FOSAS CLANDESTINAS
1.- Veracruz, 96
2.- Colima, 90
3.- Sinaloa, 59
4.- Sonora, 36
5.- Guerreo, 34
SITIOS DE INHUMACIÓN CLANDESTINA
1.- Sinaloa, 35
2.- Guerrero, 24
3.- Veracruz, 23
4.- Chihuahua, 22
5.- Colima, 16
6.- Yucatán, 16
CUERPOS EN FOSAS CLANDESTINAS
1.- Sinaloa, 115
2.- Colima, 111
3.- Jalisco, 78
4.- Sonora, 56
5.- Nayarit, 39
6.- Chihuahua, 39
MUNICIPIOS CON MÁS SITIOS DE INHUMACIÓN CLANDESTINA
1.- Mazatlán, Sinaloa, 9.17%
2.- Ciudad Juárez, Chihuahua, 7.24%
3.- Acapulco, Guerrero, 5.31%
4.- Tecomán, Colima, 4.83%
5.- Río Blanco, Veracruz, 3.83%
MUNICIPIOS CON MÁS FOSAS CLANDESTINAS
1.- Úrsulo Galván, Veracruz, 16.90%
2.- Tecomán, Colima, 15.02%
3.- Cajeme, Sonora, 6.10%
4.- Mazatlán, Sinaloa, 3.39%
5.- Acapulco, Guerrero, 4.92%
FUENTE: Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Gobernación.
Nuevas imágenes fueron captadas por ambientalistas en el área del río Los Horcones, mostrando a un río cuyo color ha cambiado drásticamente a tierrozo, muy probablemente debido al arrastre de sedimentos por la temporada de lluvias que ha tenido el cuerpo de agua.
Sin embargo, los ambientalistas argumentan que fueron las obras las que han provocado el cambio del color del río, que en todo caso ha sido alterado ante las detonaciones explosivas para pulverizar roca y abrir brecha para el levantamiento de una mini hidroeléctrica.
Empresa niega daño ambiental
Sin embargo, la empresa responsable de las obras ha negado que el levantamiento de una mini hidroelécrica sobre el río Los Horcones represente un riesgo para el ecosistema, ya que según ha dado a conocer, se trata de una cortina de únicamente 1.80 metros de altura por donde puede pasar tanto el sedimento como rocas.
Además, una vez construida, el agua del rio no será contaminada ni tomada, pues una tubería de 2 kilómetros solamente transportará parte del embalse río abajo para mover una turbina que generará electricidad, y después devolverá cada litro de regreso al cause.
Tras el levantamiento de la mini hidroeléctrica, argumenta la empresa, no se afectará al cañón ni se inundará ningún área, pues se trata de un proyecto de generación de energía limpia y sustentable, cuyo ejemplo más claro está en Europa, donde para el 2030 un tercio de la electricidad será generada mediante este tipo de proyectos.
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 27 de julio de 2019.- La recolección de firmas para frenar la urbanización en la Sierra de San Miguelito continúa con más de 25 mil apoyos de potosinos, pese a que en la asamblea del pasado domingo, comuneros de San Juan de Guadalupe acordaron vender. El asesor jurídico y activista en defensa del territorio, Carlos Covarrubias Rendón, indicó que dicha asamblea fue ejecutada de manera ilegal, pues los presentes no permitieron la entrada a los comuneros que están en contra de entregar el patrimonio. Entre las estrategias que implementan para detener el despojo, dijo, son levantar firmas, hacer recorridos turísticos y además visitan universidades para concientizar a los jóvenes sobre la importancia de defender el territorio y evitar catástrofes naturales. Estas actividades las realizan desde hace algunos meses, pues los comuneros opositores a tales decisiones, buscan que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, someta a una consulta pública, la urbanización de la Sierra de San Miguelito.
Autoridades civiles, tradicionales y agrarias del pueblo Wixárika se desistieron de asistir a una reunión convocada por ejidatarios para este sábado, en la cual se pretende generar acuerdos para “intervenir en el amparo 819/2011-VI” que el pueblo Wixárika interpuso contra la empresa minera First Majestic Silver Corp.
En septiembre de 2013, un juez federal de distrito decretó la suspensión provisional de todas las concesiones a las mineras que pretenden explotar el territorio sagrado de Wirikuta en San Luis Potosí. Con la suspensión queda prohibida provisionalmente la realización de cualquier trabajo prospectivo en la zona mientras se resuelve el fondo del amparo mediante el cual los demandantes pretenden la revocación o cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas por las autoridades. Todavía no hay sentencia definitiva.
Representantes del pueblo Wixárika destacaron que apoyan las exigencias que han hecho en los últimos años habitantes y colectivos del Altiplano Potosino y la Sierra de Catorce para proteger al Altiplano-Wirikuta de la depredación del territorio, y para mejorar la calidad de vida de los habitantes con propuestas de desarrollo armónicas al medio ambiente, y no destructivas como es la minería o la agroindustria que arrasa la biodiversidad, y los campos eólicos que despojan a los dueños de sus tierras y destruyen la flora y la fauna del lugar, entre otras afectaciones sociales, culturales y naturales.
Advirtieron que a pesar de que la empresa minera no ha dejado de “maniobrar” y pretende que el pueblo Wixárika se desista del amparo 819/2011-VI, “no desistiremos de este amparo ya que es nuestro bastión jurídico para proteger el legado que debemos cuidar para nuestro pueblo, y nuestros derechos a seguir existiendo como pueblo originario, y a practicar nuestra espiritualidad ancestral”.
Es por ello que representantes de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Nayarit y Durango A.C., e integrantes del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, no asistirán a la reunión a la que fueron convocados por la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano Norte este sábado, por lo que además desconocerán cualquier acuerdo o convenio que se celebre en dicha reunión a nombre del pueblo Wixárika.
En 2018, al menos 50 niñas de 10 años, fueron obligadas a ser madres porque el Estado las obligó a continuar con su embarazo (Foto: Cuartoscuro)
Redacción/Infobae
“Nunca me imaginé que mi papá iba a abusar de mi. Me dijo que si no me dejaba le iba a hacer daño a mi hermano”.
Estas son palabras de Sara, una niña mexicana a quien, el Estado, lejos de proteger, obligó a continuar un embarazo resultado del abuso reiterado de su padre.
Cada día nos enfrentamos a historias de niñas sobrevivientes de violencia sexual que reflejan las mismas injusticias y los mismos abusos que ha vivido Sara.
En México, las estadísticas son alarmantes. Según el Subsistema de Información de Nacimientos (SINAC), durante 2018 se registraron en todo el país casos de 50 menores de sólo 10 años que se convirtieron en madres y un total de 10,298 niñas de entre 11 y 14 años, que también dieron a luz.
Estos casos comprueban el fallido sistema de salud, en específico la Norma 046 y la Ley General de Víctimas, que establecen que las personas que sufren violencia sexual deben recibir la Interrupción Legal del Embarazo.
El 60 por ciento de los casos los agresores resultan ser familiares o personas conocidas (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)
Rebeca Loera, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida, dijo en entrevista para Animal Político, que las niñas embarazadas se encuentran en esa situación porque fueron violadas, ya que a esas edades no puede afirmarse que hubo consentimiento.
“Asumimos que son embarazos producto de violencia sexual. Entonces, una primera conclusión que podemos sacar de estos partos es que no se les dio acceso a estos derechos que están reconocidos”, señaló.
El pasado 7 de julio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora sentenció a 203 años de prisión a Rodrigo “N”, quien abusó de una familiar que tenía tan sólo 10 años. La situación comenzó desde 2016, cuando los padres de la menor depositaron su confianza en él y le pidieron que cuidara a su hija cuando éstos salían a trabajar.
Otro caso que ilustra las cifras del SINAC, es el de Jimena, una niña de Xalapa, Veracruz, quien fue víctima de una violación y quedó embarazada. Aunque la Fiscalía veracruzana cumplió con los trámites correspondientes para que se aplicara la Interrupción Legal del Embarazo en un plazo de 24 horas, la Secretaría de Salud decidió no practicarle un aborto por que el desarrollo del embarazo superaba los 90 días que establece el Código Penal de Veracruz.
Padres de familia del colegio Montessori Matatena se manifestaron para exigir detengan a los presuntos responsables del abuso sexual infantil del colegio (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)
Pese a que las autoridades estaban conscientes del riesgo para la niña, no podían asumir la atención que solicitaron ella y su madre.
La asociación civil Equifonía advirtió que el parto de una niña es más riesgoso que practicarle un legrado.
La Norma 046 garantiza el acceso a la interrupción de embarazo a las mujeres que lo soliciten, incluso, si ya tienen 12 años basta que se presente un escrito solicitando el servicio. En la norma también existe la figura conocida como “objetor de conciencia”, que son aquellos médicos que no quieren participar en los abortos.
Sin embargo, todas las clínicas públicas deberán contar con doctores y enfermeras capacitados y no “objetores de conciencia” que puedan presta el servicio de manera oportuna y adecuada.
El de Jimena no es caso aislado, sino una situación generalizada en todo el país. Actualmente, las mujeres enfrentan dos obstáculos para que el sistema de Salud cumpla sus derechos: por un lado el desconocimiento de las leyes vigentes y por otro, los prejuicios del personal de salud.
Sin freno la violencia contra comunicadores/ Archivo
Rafael Ramírez | El Sol de México
En agosto de 2017 el periodista Omar “N” huyó de Zihuatanejo, Guerrero, por las amenaza que recibió de criminales locales. Lo estaba presionando uno de los cárteles de narcotraficantes que operan en la Costa Grande de Guerrero para publicar lo que le ordenaban.
“Te obligan a que tú seas vocero de ellos, y digo te obligan por que no estás en condiciones de decirles no voy a publicar esto, ya que ellos son los que dictan la línea editorial a los reporteros allá”, señala.
“La segunda vez me secuestraron por cuatro horas, y esta última vez, sabía que sería la definitiva; la tercera es la vencida, si esta vez no me mataron, esta vez sí me van a matar”, recuerda.
Foto: Cuartoscuro
Omar abandonó todo lo que tenía, y es que por tercera vez habían intentado darle un levantón, y como sabía que no habría otra oportunidad de salvarse, decidió huir al estado de Michoacán para protegerse.
Desde allá, algunos activistas lo contactaron con la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y lo apoyaron para integrarse al mecanismo de protección a periodistas en la Ciudad de México para recibir refugio; sin embargo, su familia no fue incluida en la protección y hasta el momento está impedido para volver a Guerrero, pues sus agresores siguen operando allá.
Lejos de su hogar, Omar reprocha que no hay oportunidad para los comunicadores desplazados que están en el mecanismo de protección para seguir con su trabajo.
Aunado a esto, el mecanismo, según señalan organizaciones no gubernamentales y funcionarios, no tiene recursos suficientes para apoyar al número creciente de periodistas que tienen que huir de sus lugares de origen por las amenazas para seguir ejerciendo su trabajo.
Foto: Cuartoscuro
El mecanismo de protección a periodistas en el que está Omar, de acuerdo a Rodrigo Santiago Juárez, director general del Programa Agravio a Periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) apoya hoy, a unos 800 comunicadores y cuenta solamente con entre 22 mil y 25 mil pesos mensuales para protegerlos a todos.
La CNDH alerta que la cantidad de periodistas protegidos podría crecer próximamente a más de mil beneficiarios si no se frena la violencia que hay en el país, donde, de acuerdo a cifras oficiales, tan sólo en junio tres mil personas fueron asesinadas con dolo y en promedio se asesina a dos periodistas por mes.
Las carencias económicas que tiene el mecanismo de protección a periodistas, aunado a la opacidad con la que se maneja el mismo, y la falta de voluntad política para que opere y se aplique la ley de protección a periodistas, hace que sea prácticamente imposible proteger correctamente a los comunicadores.
Ante esta situación, Omar “N” y otros comunicadores refugiados se vieron obligados a conformar la asociación Periodistas Desplazados de México, para visibilizar el problema y buscar que otros periodistas conozcan las medidas cautelares que hay.
Foto: Cuartoscuro
Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México (RSF) señala que las condiciones de riesgo para ejercer el periodismo en todo el país, desde hace más de una década, son de las peores.
Considera que el escenario actual para la prensa es cada vez más difícil, y cree también que es muy complicado que este escenario cambie en el corto o mediano plazo, durante la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, “porque la violencia se ha instalado en varias regiones”, donde los esfuerzos federales no han podido hacer que retroceda esta violencia.
Balbina Flores considera que la falla fundamental en la protección a comunicadores está en las medidas de protección que se les otorgan.
“Sabemos que ha fallado la supervisión, la implementación de medidas y los análisis de riesgo, así como la profesionalización del personal que otorga las medidas cautelares, porque ha habido una rotación constante de personal dentro del mecanismo de protección”, indica.
Asimismo, subraya que el presupuesto para operación del mecanismo es insuficiente, además de que lo opera una empresa privada que además de no tener el perfil para prestar los servicios de protección, funciona con total opacidad.
Foto: Cuartoscuro
Concatenado a estas carencias, la representante de RSF considera que el discurso político de las autoridades, “es decir, el discurso del gobierno en todos sus niveles, tiene que ser de respeto al ejercicio periodístico”, pues dice, “es algo que no estamos viendo ahora, y nos preocupa y se lo hemos señalado a las autoridades actuales”.
La organización Amnistía Internacional (AI) considera que en México, sus estados y municipios no tienen la capacidad para brindar las garantías de protección a los periodistas que trabajan en la República, y señala que en muchos casos las agresiones provienen de las mismas autoridades locales.
“Por eso son los mecanismos federales de protección en donde los periodistas tienen que buscar protección”, aunque esta organización civil internacional enfatiza que no están muy seguros de que el Estado mexicano tenga las condiciones para proteger a los periodistas.
Confirma dos mil 919 asesinatos en Jalisco durante el año pasado; la Fiscalía reportó dos mil 418; el subregistro es de 501 casos
En medio de la ola de homicidios que registró Jalisco en el primer semestre de 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el indicador de asesinatos del año anterior tiene un subregistro importante.
Según el Instituto, en total se cometieron dos mil 919 asesinatos entre enero y diciembre de 2018, que se traducen en 501 víctimas adicionales a las dos mil 418 que reportó la Fiscalía estatal al Gobierno federal.
La información confirma que Jalisco no sólo rompió el récord histórico en ese delito (al menos desde 1997, cuando se comenzó a generar la estadística), sino que hubo un promedio de ocho asesinatos diarios.
Los datos dimensionan el subregistro que ya adelantaba el Gobierno estatal, cuando, a un mes de iniciada la administración, el gobernador Enrique Alfaro dijo que las cifras de 2016 a 2018 habían sido “maquilladas”.
El pasado 10 de enero, el mandatario afirmó que la Fiscalía de la Entidad había documentado menos crímenes a la Federación con el fin de “no ahuyentar al turismo”.
Agregó que el año del engaño fue 2018, porque apenas se reportaron 27 de cada 100 delitos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública(SESNSP). Y de acuerdo con el Inegi, sólo en homicidios se ocultaron 17 de cada 100 víctimas.
Para su metodología, el Instituto obtiene información de las oficialías del Registro Civil, las agencias del Ministerio Público y del Servicio Médico Forense. Así, establece causas de muerte que “no pueden ser atribuidas a factores naturales”, como una enfermedad, sino que “pueden estar relacionados con agresiones directas, realizadas con la intención de provocar un daño, que de manera determinante constituyen la causa de la muerte”.
En Jalisco, la principal causa de homicidios dolosos el año pasado fue arma de fuego.
Alfaro prometió que, en su encargo como gobernador, la información estadística de delitos será pública y sin filtros. Y no sólo eso, pues también acentuó que el Consejo Estatal de Seguridad Pública investigará a los funcionarios responsables y los sancionará.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, estimó que a mitad del sexenio se reducirá la incidencia delictiva en el país, que este año podría alcanzar niveles récord en materia de homicidios dolosos. “El primer objetivo es romper la tendencia y avanzar en la reducción de estos índices”.
Jalisco alcanza un nuevo récord histórico en homicidios dolosos
Mientras se encontraban en una fiesta, siete personas fueron asesinadas adentro de una finca en la colonia Francisco I. Madero, en Tlaquepaque. El ataque sucedió el 8 de julio del año pasado.
Eran cuatro mujeres y tres hombres. De acuerdo con testigos, un grupo armado y ataviado con chalecos y pasamontañas entró al domicilio y disparó en contra de todos los asistentes. Luego huyó en dos vehículos con placas del Estado de México. Atrás sólo dejaron casquillos de armas largas y cortas.
Esas fueron sólo siete víctimas de las dos mil 919 que, según reveló ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dejó 2018 en el Estado. El año pasado, Jalisco alcanzó una tasa de 35 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Así, la Entidad registró una tasa récord que incluso se encuentra por encima de la media nacional (29 asesinatos por cada 100 mil habitantes). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una región tiene una “epidemia de violencia” cuando la tasa supera las 10 muertes por cada 100 mil habitantes.
El registro más alto en este sentido se dio en Jalisco durante 2011 y 2012, años en los que Felipe Calderón gobernaba el país. La tasa se había repetido en 2017, pero al final el Inegi concluyó que ese año fueron asesinadas 19 personas por cada 100 mil habitantes.
De acuerdo con el historiador José María Murià, la violencia que registra actualmente el Estado no tiene precedentes. Ni siquiera punto de comparación con los conflictos bélicos que se han vivido, como la Revolución.
“La mayor parte de los balazos, los revolucionarios los mandaban al aire. La mortandad de la Revolución, considerando el conflicto bélico, es relativamente baja. Y la mortandad que tenemos en Jalisco, considerando que vivimos en paz, es exorbitantemente alta”.
Cuando llegó al Palacio de Gobierno, en diciembre pasado, el gobernador Enrique Alfaro afirmó que la mayoría de los asesinatos son atribuidos a pugnas internas del crimen organizado. Y en su más reciente rueda de prensas de cifras sobre incidencia delictiva, a inicios de julio, admitió que “en el tema hay un estancamiento”.
Entonces, la estrategia de seguridad se ha enfocado en los delitos patrimoniales, pues éstos son, afirmó, los que “más afectan a los ciudadanos”.
La tendencia se mantiene
Según el corte de seguridad que presentó a principios de mes el gobernador Enrique Alfaro, los homicidios dolosos en Jalisco suman, hasta junio, mil 394 víctimas. Equivale a siete muertes al día en promedio.
En el primer semestre de este año, el mes más violento fue febrero, cuando se registraron 264 carpetas de investigación por homicidio doloso en Jalisco.
La mayor parte de los delitos ocurre en el Área Metropolitana de Guadalajara, pues prácticamente 84 de cada 100 asesinatos se registran en esa área geográfica.
En cortes anteriores, Alfaro justificó que algunos de los homicidios dolosos que alimentan las estadísticas en esta administración provenían de hallazgos de fosas clandestinas, donde muchas víctimas fueron asesinadas en meses previos a su toma de protesta como gobernador, según los dictámenes de necropsias de Ciencias Forenses.
El mandatario estatal enfatizó que las cifras que él muestra son oficiales, y que éstas se envían al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: el ente que concentra las cifras de delitos del fuero común a nivel nacional. A partir de agosto las cifras se subirán a una plataforma en línea.
Tlajomulco es el puntero en la ZMG
El pasado 9 de abril, este medio informó que durante 2018 Tlajomulco se posicionó como el municipio con la tasa de homicidios más alta del Estado, según la investigación “Geografía del Homicidio en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG): análisis comparativo entre 2013 y 2018”.
El doctorante de la Universidad de Guadalajara, Antonio Reyna Sevilla, informó que mientras en 2013 ese municipio registró una tasa de 20.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2018 incrementó más del doble: 50.7.
Guadalajara es el siguiente municipio, con una tasa de 34.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, seguido por Zapopan (19.8) y Tlaquepaque (18.8). Tonalá y El Salto ocupan los últimos dos puestos, con una tasa de 6.8 y 6.2 homicidios, respectivamente.
La investigación analizó los sitios donde se cometieron los homicidios y segmentó la información por colonias, municipios, días y horarios. Además, dio a conocer que en 2018 estos delitos ocurrieron mayoritariamente entre los días miércoles y viernes, entre las 20:00 y las 23:00 horas.
Ven riesgo para la economía
El que Jalisco muestre tal incremento en su tasa de homicidios provoca que el Estado se perciba como un sitio inseguro. Y eso pone en riesgo las futuras inversiones nacionales e internacionales, de acuerdo con organismos de la sociedad civil.
Para Anuar García, presidente de la organización SOS Jalisco, la realidad actual representa una falta de seguridad jurídica debido a que la Fiscalía estatal “ha permitido altos niveles de impunidad”. ¿La prueba? 98% de los homicidios sin resolver.
Por su parte, Augusto Chacón, coordinador del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, indicó que también existe el riesgo de que aumente la percepción negativa y la ciudadanía modifique hábitos como salir de casa y evitar espacios públicos, lo que, además, inhibe el gasto y pone en riesgo las transacciones en comercios locales.
Por ello, sugirieron que la actual administración, además de lograr una coordinación entre los tres niveles de Gobierno, debe garantizar el Estado de derecho encontrando a los responsables de los homicidios y haciéndolos pagar por sus crímenes.
“El Estado de derecho se refiere no sólo a que el sistema de justicia pueda dirimir transparentemente los conflictos particulares, sino también a que, en el territorio, los homicidios se resuelvan adecuadamente. Esta tasa de homicidios nos dice que hay impunidad y esta impunidad genera más homicidios y que se vuelva un círculo que se potencia a sí mismo. Hace que cualquiera asesine y no tenga castigo”, dijo Chacón.
Integrantes de Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos llevan 4 días de búsqueda consecutiva en el mismo terreno
Mazatlán, Sinaloa.- En el cuarto día de búsqueda en la zona de El Chilar de Palmillas, al norte del puerto, la Comisión Nacional de Búsqueda y las rastreadoras Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos tuvieron un día productivo, ya que localizaron tres osamentas.
Esperanza
La búsqueda inició ayer a las 09:00 horas, pero hasta las 13:00, el can de la Fiscalía dio positivo con las fosas en un punto adentrado en el monte, entre un montón de piedras.
Cuando las rastreadoras comenzaron a cavar, encontraron un hueso que parecía ser humano, y después otro, hasta reunir dos osamentas. Información extraoficial señala que uno de los cuerpos tenía un alambre de púas alrededor del cuello y estaba encintado.
El otro vestía ropa de mujer y tenía los pies amarrados.
Luego de avisar del hecho a los agentes investigadores, el can siguió olfateando, lo cual encendió los focos rojos de las rastreadoras, y con la ayuda de la retroexcavadora, descubrieron el tercer cadáver, que aún contaba con pedazos de carne putrefactos y vestía pantalón de mezclilla.
Comenzaron a cavar con la esperanza de que hubiera más cuerpos, pero el resultado fue negativo.
Identificación
El personal de la Fiscalía General del Estado llegó al lugar de los hechos y realizó el levantamiento de pruebas para mandarlas a Culiacán para que se hicieran las pruebas de ADN y verificar si se encuentran dentro de la base de datos.
No habrá marcha atrás en el amparo interpuesto por autoridades tradicionales de San Sebastián Teponahuaxtlán, comunidad wixárika enclavada en Mezquitic, Jalisco, mediante el que se busca frenar la intervención de mineras en su territorio sagrado de Wirikuta.
En 2011, los wixaritari de Jalisco interpusieron la demanda de amparo 819/2011-VI ante la entrega de concesiones a la empresa First Majestic Silver Corp. Con esa acción, consideraron, el Estado mexicano incurrió en omisiones para garantizar sus derechos al medio ambiente sano y a la protección del territorio.
Aunque en 2013 un juez federal decretó la suspensión provisional de todas las concesiones mineras de la zona, con lo que también quedó prohibida la realización de cualquier trabajo prospectivo mientras se dicta la sentencia definitiva sobre la revocación o no de las autorizaciones, el pueblo wixárika denunció que la empresa y un grupo de ejidatarios aglutinados bajo la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano Norte “han maniobrado” para que las comunidades se desistan de la acción legal.
Por ello, mediante un pronunciamiento derivado de una reunión sostenida el miércoles en Tepic entre autoridades civiles, tradicionales y agrarias de comunidades wixaritari de Jalisco, Durango y Nayarit, refrendaron su posición.
“No desistiremos de este amparo, ya que es nuestro bastión jurídico para proteger el legado que debemos cuidar para nuestro pueblo, así como nuestros derechos a seguir existiendo como pueblo originario y practicar nuestra espiritualidad ancestral”, expusieron.
Así, a la par de anunciar que no asistirán a una reunión convocada por los ejidatarios para mañana en Estación Catorce, San Luis Potosí, enfatizaron que se oponen al uso de cañones antigranizo y al desarrollo de otros megaproyectos.
“Apoyamos las exigencias y solicitudes que han venido haciendo en los últimos años habitantes y colectivos del Altiplano Potosino y la sierra de Catorce para proteger al Altiplano-Wirikuta de la depredación del territorio y para mejorar la calidad de vida de los habitantes con propuestas de desarrollo armónicas al medio ambiente y no destructivas, como es la minería, que ofrece unos pocos puestos de trabajo a cambio de la destrucción de su patrimonio, o como la agroindustria que arrasa la biodiversidad, o como los campos eólicos que despojan a los dueños de sus tierras y destruyen la flora y la fauna, entre otra afectaciones sociales, culturales y naturales”, concluyeron.
“No desistiremos de este amparo, ya que es nuestro bastión jurídico para proteger el legado que debemos cuidar para nuestro pueblo” Extracto del pronunciamiento
Es abundante y está a la vista de todos, no es muy atractivo para ser presumido en fotografías y es hasta criticado, pero una gran mayoría de la población en general no tiene conocimiento puntual de la importante función que realiza para el medio ambiente de la entidad y combatir el cambio climático. Se trata de los manglares.
Justamente este viernes se celebra el Día Internacional de los Manglares, por lo que se convierte en una excelente ocasión para ponderar la trascendencia de estos ecosistemas en la conservación de la fauna y flora endémica.
Sus principales enemigos son la abundante contaminación, la invasión de sus espacios mediante el turismo masivo, el calentamiento global, así como la sobreexplotación de sus recursos naturales, todos provocados por el hombre.
El presidente de la Asociación Mediadora para el Bienestar Inteligente, Ecológico y Normado de Tampico, Altamira y Cd. Madero (Ambientam), Miguel Angel Verástegui Cavazos, aseguró que “hay mangle muy dañado en la laguna del Carpintero dada la alta contaminación y se está pudriendo”.
El sitio más crítico lo ubican justamente en la parte posterior del Centro de Convenciones y el Teatro Metropolitano.
Este vaso de captación recibe al menos 23 descargas de aguas negras “por lo que es necesario obras para redireccionar o entubar a cárcamos de drenaje sanitario”.
La ciudadanía sabe que el mangle es una flora apreciada, cuidada y con sanciones severas en su daño, mas la parte que requiere mejorar su estado viene desde el aspecto oficial u organismos encargados del manejo del agua.
MANGLE OCULTO
En la zona de Ciudad Madero una de las regiones con presencia de mangle es la laguna de “Los Patos”, ubicada justamente en la parte posterior de la Refinería en Ciudad Madero donde no se han establecido acciones de cuidado.
“Hay una parte dentro y otra afuera de la Refinería, pero nadie lo cuida, pese a que es una de las zonas más abundantemente pobladas de esta especie”, refirió el ambientalista entrevistado por El Sol de Tampico.
En esta laguna se advierten descargas de contaminantes petrolíferos, los cuales pese a sanciones contempladas en los artículos 119 y 120 de la Ley Nacional de Agua no se han establecido procesos sancionadores.
HUMEDALES EN RIESGO
El estado de Tamaulipas se distingue por una gran cantidad de ecosistemas y los humedales están presentes en sus más de cuatrocientos kilómetros, la zona sur del estado es una de las regiones con mayor concentración de manglar y con ello, una gran biodiversidad.
Su verdor y abundancia no es sinónimo de que todo está bien, especialistas señalan que pese a su presencia, una parte importante está en el lugar equivocado y los árboles de mangle que no tienen el sustrato para su desarrollo y adecuada función.
En este sentido, hace unos años el Gobierno del Estado a través de la Seduma, por medio del entonces subsecretario de la misma, el oceanólogo Heberto Cavazos Litera y de la Dra. Silvia Casas, directora de Transversalidad y Cambio Climático de la dependencia, se dio a conocer un estudio de las partes afectadas por la erosión y por la deforestación, así como su impacto en el medio ambiente y economía.
El denominado Humedal Pánuco-Altamira no ha recibido en los últimos quince años mayores apoyos a la conservación y se ha mantenido sin mayores cambios desde entonces, pese al alertamiento emitido al respecto.
IMPORTANCIA DEL MANGLE
Los sistemas de manglares en todo el mundo revisten de gran importancia dado que crean círculos virtuosos benéficos para el medio ambiente, al grado que si son bien conservados, ayudan a estabilizar las temperaturas locales, así como disminuir el impacto de las inundaciones en las zonas.
En este sentido, los manglares son ecosistemas vitales por los siguientes aspectos: generan gran cantidad de materia orgánica como hojarasca y otros tipos permitiendo la sustentabilidad de la fauna y la flora misma.
De igual manera filtran las aguas que van al subsuelo y retienen desechos y sustancias tóxicas que se dirigen hacia el mar, además de que desalinizan las aguas que ingresan en tierra firme, formando reservorios en las zonas interiores y la abundancia de mangles protegen las zonas costeras de la erosión por el agua y el viento y retienen la arena sobre las playas, además combatir el cambio climático al absorber gases de efecto invernadero.
CUAUTLA, Mor., 26 de julio del 2019.- De acuerdo al los resultados que arrojó el proyecto social “Semáforo Delictivo”, el estado de Morelos se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional en feminicidios seguido de Veracruz.
El estado de Morelos tiene ocho municipios con declaratoria de alerta de Género, un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo asignados para Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec desde el 2015.
El feminicidio es definido por la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia como la forma extrema de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los espacios público y privado; está integrada por las conductas de odio o rechazo hacia las mujeres, que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
El estudio del primer semestre del año ubicó además a la entidad en el tercer lugar seguida de Colima y Tabasco con mayor puntaje relacionados con los delitos en rojo que son homicidio, secuestro, extorsión y robo de auto. Sobre violencia familiar, con 133 puntos en el doble a la media nacional; en feminicidio Morelos se encuentra en el segundo lugar seguido del estado de Veracruz.
Morelos se encuentra además por encima de la media nacional en los delitos de homicidio, violencia familiar, en cambio porcentual en homicidios, ejecuciones, secuestro, extorsión, robo a vehículos y violación.
En tanto, se ubica entre la tasa y la meta sobre narcomenudeo, robo a negocio así como en lesiones dolosas por debajo de la media nacional.
El semáforo sostiene que a nivel nacional se registra una cifra histórica con 24 puntos porcentuales para el primer semestre del 2019.
Semáforo Delictivo es un proyecto social ciudadano que tiene el objetivo de lograr la paz para México mediante la rendición de cuentas sobre resultados y una ciudadanía informada y participativa. Las fuentes presentadas son el Sistema Nacional de Seguridad, Lantia Consultores, las tasas por población.
Ciudad de México, 26 de julio de 2019.- El pasado 22 de julio, durante la conferencia de prensa que a diario realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, éste señaló a la revista PROCESO “por no haberse portado bien con él”. Esto se dio tras responder la pregunta del periodista Arturo Rodríguez, colaborador de la revista, sobre la probable implicación de Ricardo Salinas Pliego, integrante del Consejo Asesor Empresarial del presidente, con la empresa FERTINAL y la situación de la relación del gobierno con las empresas de fertilizantes.
Después de responder a la pregunta, el presidente cuestionó que durante “el periodo neoliberal” la prensa no dio una cobertura integral, a su parecer, del tema de la corrupción.
“Estamos viviendo una etapa nueva porque ahora sí, hay más periodismo de investigación, porque pasó de noche el periodo neoliberal, todo el periodo de saqueo, de pillaje, ahí están en falta los medios. Con todo respeto, guardaron silencio cómplice. Seguramente como en todo hubieron honrosas excepciones, que es motivo de otra investigación, cuáles fueron los medios, cuáles fueron los periodistas, que actuaron con rectitud en todo el periodo.”
Posteriormente, hizo referencia al maltrato que, a su consideración, PROCESO le dio durante los últimos años de su trayectoria política:
“PROCESO no se portó bien con nosotros»- dijo López Obrador.
“No es papel de los medios portarse bien con alguien” respondió el reportero Arturo Rodríguez
“No, pero estábamos buscando la transformación, y todos los buenos periodistas de la historia han apostado a las transformaciones»- acotó López Obrador.
Los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo contravienen su obligación de ser un garante de la libre expresión sino profundizan un discurso oficial que considera a quienes realizan trabajos periodísticos críticos sobre su gobierno, como un obstáculo. Si bien ser funcionario público no restringe la libertad de expresión del mismo, en contextos adversos descalificar o señalar negativamente a medios o periodistas puede abonar al clima de animadversión.
El señalamiento generalizado sobre un “silencio cómplice” por parte de los medios de comunicación respecto a los temas de corrupción, omite de manera alarmante el análisis sobre la violencia contra la prensa, hecho que nos ha llevado a ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Asimismo, dichos señalamientos dejan libres de culpa a actores políticos y económicos (legales e ilegales) quienes históricamente han silenciado a los periodistas.
Estos comentarios estigmatizan a miles de periodistas que ejercen el periodismo en México y los ubican en una situación de vulnerabilidad al no contar con un reconocimiento de la máxima autoridad del Estado sobre su labor.
El ejercicio libre del periodismo -necesario para la construcción de una democracia en México- no puede estar condicionado a la aprobación de proyectos políticos o personajes de la vida pública nacional.Si se pretende transformar al país, es importante que la actual administración abone a la construcción de las condiciones para un pleno y robusto ejercicio periodístico.
Señalar a un medio de comunicación por no seguir una línea editorial favorable al proyecto del presidente es una forma de presión e intimidación que tiene un efecto inhibitorio en quienes fueron señalados y crean un clima de permisividad para otros actores que buscan censurar a la prensa de diversas formas.La democracia requiere de medios que tengan la libertad de disentir, investigar y criticar al poder sin ser víctimas de señalamientos y acusaciones.
Nota para prensa
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este jueves medidas cautelares a fin de evitar violaciones a los derechos humanos tras algunas amenazas registradas en los albergues para migrantes ubicados en los estados mexicanos de Sonora y Coahuila por parte de fuerzas federales.
En un comunicado, el organismo denuncia la “posible irreparabilidad de daños a quienes resultaron afectados cuando agentes del servicio público federal, identificados como elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal, pretendieron ingresar a los albergues”.
Los albergues fueron identificados como Exodus Came, en Agua Prieta, estado de Sonora, y Casa del Migrante, en Saltillo, estado de Coahuila, ambos al norte del país.
Allí los elementos mencionados se dirigían a realizar revisiones del estatus migratorio de los migrantes.
Según la CNDH, el pasado 20 de julio elementos de la Policía Federal acudieron a la Casa del Migrante, perteneciente la organización civil “Frontera con Justicia”, para revisar el estatus migratorio de las personas alojadas allí.
Además, el encargado de dicho albergue fue amenazado y advertido por los servidores públicos, a quienes se impidió el acceso al albergue.
Este miércoles, personal de la CNDH acudió al citado albergue, donde el director, Alberto Xicoténcatl, expuso que el 23 de julio pasado se realizó un operativo policial afuera de las instalaciones.
En este operativo hubo presencia de elementos y unidades del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal de Saltillo, quienes perseguían y trataban de detener a tres personas extranjeras que se alojaban allí y que momentos antes habían salido de las instalaciones.
Asimismo, el pasado 28 de junio, la dirección del Centro de Atención al Migrante Exodus Came denunció la presencia fuera del inmueble de tres vehículos y alrededor de 20 elementos identificados como Guardia Nacional, quienes intentaron ingresar al albergue.
Estas visitas van contra el artículo 76 de la Ley de Migración, el cual establece que “el Instituto no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil”.
La CNDH condenó “el hostigamiento, amenazas y presiones” que recibió el personal dedicado a la protección de los derechos humanos de los migrantes.
Y desaprobó que “su trabajo sea obstaculizado mediante la estigmatización y el descrédito, que afectan de manera profunda y sensible a quienes ejercen esa actividad, y les coloca en situación de mayor vulnerabilidad”.
La migración aumentó en México desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes centroamericanos comenzaron a ingresar al país para llegar a Estados Unidos.
El 7 de junio, Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo migratorio que evitó que el primer país impusiera aranceles a todos los productos provenientes del segundo.
Como parte de este acuerdo, México envió a las fronteras norte y sur a la Guardia Nacional -un nuevo cuerpo de seguridad impulsado por el Ejecutivo- y se contrató a más personal migratorio.
Este lunes, el Gobierno mexicano informó que ha bajado en 36,2 % el número de migrantes que llegan a Estados Unidos desde México desde que ambos países llegaron a un acuerdo, algo que da al país un nuevo respiro ante la presión de Washington.
Migrantes centroamericanos llegan a Texas, sur de EE.UU., 12 de junio de de 2019. (Foto: AFP)
HISPANTV
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) critica las políticas migratorias de Estados Unidos y México por violar los derechos humanos.
A través de un comunicado, publicado el martes, la CIDH destacó que las políticas migratorias adoptadas por Estados Unidos y México “son contrarias a obligaciones en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, dado que, entre otros, exponen a estas personas a numerosos riesgos”.
Asimismo, se refirió al acuerdo alcanzado en junio entre ambos países y dijo que tal pacto desembocó en el despliegue de la Guardia Nacional de México en la frontera y en un incremento drástico de las detenciones y deportaciones de migrantes.
La CIDH insistió en la necesidad de frenar la “securitización, militarización y criminalización” de las fronteras, así como la criminalización de los defensores de derechos humanos.
Asimismo, denunció la detención indiscriminada de adultos y menores de edad, la muerte de niños migrantes en custodia así como las malas condiciones de detención.
(Las políticas migratorias adoptadas por Estados Unidos y México) “son contrarias a obligaciones en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, dado que, entre otros, exponen a estas personas a numerosos riesgos”, reza un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En cuanto a la medida estadounidense de separar a las familias, la comisión declaró que tal medida es contraria a las normas del derecho internacional, por ello, llamó a Washington a “cesar de inmediato toda práctica dirigida a separar a niños y niñas de sus padres o tutores como una medida para impedir la migración”.
En junio, México y EE.UU. firmaron un acuerdo, según lo cual el país azteca se compromete a reducir el trasiego de emigrantes sin convertirse en un tercer país seguro. La meta principal es frenar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, medida que estaba prevista que entrara en vigor el 10 de junio y con la que el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazaba al Ejecutivo mexicano si no tomaba medidas para contener el flujo migratorio.
Tras la firma del referido acuerdo, el Gobierno de México desplegó 15 000 soldados de la Guardia Nacional y el Ejército en su frontera norte con EE.UU. para frenar y controlar el tráfico de emigrantes sin documentos hacia territorio estadounidense.
A pesar de que los migrantes enfrentan condiciones inhumanas en las fronteras estadounidense, el inquilino de la Casa Blanca ha autorizado a sus soldados desplegados en las zonas limítrofes con México a usar a discreción la “fuerza letal” contra los solicitantes de asilo.
SÍ, JALISCO OCUPA UNO DE LOS PRIMEROS CINCO PELDAÑOS DE ENTIDADES CON MAYOR NÚMERO DE PERSONAS DESPARECIDAS, TAMBIÉN DESTACA POR EL PATRÓN EN LA LOCALIZACIÓN DE FOSAS CLANDESTINAS, LAS CUALES SON ATÍPICAS -RESPECTO A LAS LOCALIZADAS EN EL RESTO DEL PAÍS- PORQUE AQUÍ SE HA VUELTO UNA CONSTANTE LOCALIZARLAS DENTRO DE CASAS EN COLONIAS Y COMPLEJOS HABITACIONALES CON UN ALTO NIVEL DE DETALLE TANTO EN SU MANUFACTURA COMO EN SU TRABAJO DE ALBAÑILERÍA.
EN ESTE TRABAJO ESPECIAL ABORDAMOS LA DISCREPANCIA EN LA ESTADÍSTICA SOBRE FOSAS CLANDESTINAS QUE HA DADO EL GOBIERNO FEDERAL Y AQUELLA QUE SE CONOCE EN EL ESTADO; ASÍ COMO LO COMPLEJO QUE SE HA VUELTO PARA LAS FAMILIAS RASTREAR Y ACCEDER A INHUMACIONES CLANDESTINAS PARA BUSCAR AHÍ A SUS SERES QUERIDOS DESAPARECIDOS.
Sara Leos y Darinka Laviada / Zona Docs
En Jalisco, tan sólo en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado ha localizado 13 fosas clandestinas de las que exhumó un total de 70 cuerpos; de éstos se identificaron a 11 personas, pero sólo ocho fueron entregadas a sus familiares.
A nivel nacional la cifra discrepa, pues el titular de Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó -el mes de mayo- que en Jalisco habían sido localizados 20 cuerpos en ocho fosas clandestinas, esto entre el 1 de diciembre de 2018 y el 13 de mayo de 2019. Los datos oficiales obtenidos por ZonaDocs, dicen lo contrario: son más restos y más sitios de inhumación clandestina.
Conforme a los datos otorgados por el actual Gobierno Federal, en México -del 1 de diciembre de 2018 al 15 de junio de 2019- se localizaron 426 fosas clandestinas de las que se exhumaron 551 cuerpos de personas no identificadas; en este informe oficial sobre el tema, Jalisco ocupa el quinto lugar a nivel nacional con más cuerpos localizados.
Ampliando el análisis, el informe “Violencia y terror. Localización de fosas clandestinas en México” que informa sobre el hallazgo de fosas clandestinas en el país de 2009 al 2017; Jalisco aparece con 53 fosas clandestinas y 152 cuerpos exhumados, lo cual también lo sitúo como uno de los estados con mayor número de fosas en todo el país, tan sólo por debajo de Durango, Guerrero y Tamaulipas.
En estos estados, generalmente, las fosas o inhumaciones clandestinas se localizan en terrenos baldíos, sembradíos o lotes abandonados; sin embargo, en el Área Metropolitana de Guadalajara, los perpetradores del delito de inhumación clandestina están enterrando cuerpos y restos humanos de manera distinta, ya que lo están haciendo dentro de casas abandonadas o en casas ocupadas bajo modalidad de renta; ahí los restos de decenas de personas han sido localizados en patios, salas o en pequeños espacios al interior las viviendas.
Dichas casas están, principalmente, ubicadas en fraccionamientos a las orillas de la ciudad en lugares plagados de impunidad y donde el silencio de los vecinos más que una acción de complicidad es una manifestación de temor a aquellos hombres que observan llegar con personas que jamás ven salir de los domicilios. Este modus operandis hace imposible para los familiares y colectivos de desaparecidos la localización y acceso a las fosas clandestinas, ya que éstas no se ubican en terracerías o terrrenos baldíos, sino de fosas al interior de casas-habitación.
“La diferencia es que aquí los ponen en casas o en los patios de las casas.. es increíble, ya cualquier gente puede cometer barbaries y nomás las entierran en su patio, y todo eso es gracias a la impunidad existente en todo México”, respondió en entrevista con ZonaDocs la coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), María Guadalupe Aguilar Jáuregui.
Muchas instancias con datos, ningún registro estatal de fosas clandestinas
Dentro de la Fiscalía General de Jalisco son tres las instancias que recaban información sobre los hallazgos de fosas clandestinas y aunque entre todas debieran compartir una misma base de datos, la información entregada vía transparencia para la elaboración de este reportaje, no parece indicar esto, pues la Fiscalía Especial Ejecutiva de Investigación Criminal; la Fiscalía Especializada de Persona Desaparecidas y la Fiscalía Especial Regional entregaron cada una sus propios datos.
En lo que va del año, la Fiscalía Especial Ejecutiva de Investigación Criminal informó, a través de una solicitud de transparencia, que ha localizado 6 fosas clandestinas en las que han encontrado 38 cuerpos (36 masculinos y 2 femeninos), cuyo rango de edad de las víctimas oscila entre los 28 y 48 años.
En el siguiente mapa podemos observar cómo en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, todos gobernados por el partido Movimiento Ciudadano, es donde más se localizaron durante este año fosas dentro viviendas.
En cuanto a las fosas localizadas dentro de casas-habitación o al interior de propiedades privadas destacan en este año tres:
3 de mayo de 2019: En la finca ubicada en la calle Río Bravo y Bartolomé de las Casas, en la colonia Olímpica, en Guadalajara, se localizaron ocho cadáveres. De ese mismo domicilio fueron rescatadas nueve personas que habían sido privadas de su libertad.
11 de mayo de 2019: Al interior de una casaen la colonia El Campanario, en el municipio de Zapopan, se localizó una fosa clandestina de laque se exhumaron 30 cuerpos, esta es una de las fosas con mayor número de cuerpos que se ha localizado en Jalisco.
17 de mayo de 2019: En una casa-habitación ubicada en la calle Del Río, en la colonia La Coladera, en Tlajomulco de Zúñiga, tras un operativo militar se localizaron 25 cuerpos dentro de una fosa, además de dos tambos con restos humanos.
Aunque el hallazgo de estas fosas implicó un gran escándalo a nivel local poco es lo que las autoridades han informado respecto de los cuerpos exhumados que han sido identificados, así como del proceso que están llevando quienes fueron detenidosen cada uno de estos domicilios.
Tampoco se informó que las fosas localizadas contaban con un detallado trabajo de construcción, pues éstas se ubicaron en pequeños espacios dentro de las viviendas, lo cual implicó no sólo excavación sino también la creación de varias estructuras que permitieron colocar por capas determinado número de cuerpos sobre los cuales después se colocó una loza de cemento; esta acción se repetía hasta que los perpetradores lograban la inhumación de todos los cadáveres.
En los datos entregados, vía transparencia, los datos sobre las fosas clandestinas son generales; es decir, se dedican a precisar los lugares y restos humanos exhumados, pero no se precisa la forma en cómo se realizan dichas inhumaciones clandestinas.
Por ejemplo, la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas informó que ellos han localizado en este año cuatro fosas clandestinas: una en Tlajomulco de Zúñiga; dos en Zapopan y una más en El Salto. El número de cuerpos exhumados fueron 27, además encontraron 3 torsos, dos cabezas y varias extremidades masculinas. De éstos han identificado 11 cuerpos, pero únicamente han entregado seis a sus familiares.
En cuanto a la Fiscalía Especial Regional, ésta informó haber localizado tres fosas clandestinas; dos en el municipio de Lagos de Moreno y una más en Villa Guerrero.La cantidad de cuerpos exhumados fueron cinco (4 masculinos y 1 femenino); sin embargo, sólo han entregado dos cuerpos.
Conforme a las indagaciones del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), el 10 por ciento de todos los cuerpos que han sido localizados e identificados en fosas clandestinas corresponden a personas originarias de Jalisco; sin embargo, esto es difícil de corroborar con los datos oficiales, ya que la Fiscalía General sólo se limita a informar el número de cuerpos identificados, pero no su lugar de procedencia.
“Si aparecen 10 cuerpos, solo uno sería de Jalisco, pues se han encontrado tres de Los Mochis (Sinaloa); uno de Zacatecas y otra muchacha de Mexicali (Baja California); muchos son de otros estados (…) Desde que inicio el año han aparecido bastantes fosas, no nada más aquí en Jalisco o en la Zona Metropolitana sino en todo el país… ha sido un encontradero de fosas lo cual nos pone a pensar porque ahora sí aparecen y antes no”, mencionó Guadalupe Aguilar, coordinadora de FUNDEJ, a la cual se le cuestionó lo siguiente:
-¿Por qué cree que los estén enterrando en casas?-
Guadalupe Aguilar toma aire y responde.
– Ojalá lo supiéramos… es que es a donde más los llevan.. nadie corre el riesgo, ninguna persona, ni ningún delincuente por lógica va cargar un muertito-.
-¿Es más difícil buscar cuerpos cuando las fosas están en viviendas habitacionales?–
-Es más difícil que sea en casa porque son propiedad privada y tenemos que hacer trámites jurídicos para poder escarbar (…) Es más difícil porque hay lugares en los que hay cemento y tienes que meter retroexcavadora para retirar la primera capa de cemento, de azulejo, de piso… sí es más difícil en una casa porque se deben tumbar bardas y es mucho más complicado que si te vas a un campo a cielo abierto-.
Guadalupe Aguilar busca a su hijo José Luis Arana Aguilar desde el 17 de enero de 2011 cuando fue desaparecido en una de las avenidas más transitadas del municipio de Tonalá; tantos años de búsqueda la han convertido en una referencia sobre las desapariciones en Jalisco.
“En la colonia Olímpica (Guadalajara), los vecinos no se daban cuenta de lo que pasaba adentro porque aparentaba ser una casa normal, tenía sus muebles, su tele, todo normal; sin embargo, en el patio tenían cuatro cuerpos, era un patio pequeño; allí se encontró una fosa con cuatro cuerpos”, señala Guadalupe Aguilar.
De acuerdo a información de la Fiscalía General en esta casa en la colonia Olímpica se localizaron los cuerpos de ocho personas y se liberó a nueve personas privadas de su libertad.
“(En Jalisco) es muy diferente a Guerrero o Sinaloa donde las fosas están alejadas de las ciudades… quienes las hacen se van lejos y ahí les parece bien (…) en Nayarit, yo estuve acompañándolos en la última fosa que encontraron y era una fosa que estaba entre los cañaverales; entonces, ahí tranquilamente las autoridades ponen su toldo y los peritos y especialistas se ponen a trabajar… llega la retroexcavadora para hacer los primeros trabajos y todo muy amplio, por decirlo así, pero aquí no es así”, reflexiona Guadalupe Aguilar, quien también forma parte del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México.
Buscar cuerpos en los patios
El modus operandis de realizar fosas clandestinas dentro de las casa-habitación es algo que en 2018 también se notó con fuerza, basta recordar las fosas que se localizaron en la colonia Chulavista en Tlajomulco de Zúñiga donde, el 11 de julio de 2018, en un par de casas abandonadas se localizaron dos fosas de las que se exhumaron cuatro cuerpos; siete días después en la colonia Villa Fontana Aqua del mismo municipio se exhumaron: 10 cuerpos (9 hombres y una mujer).
El 18 de julio de 2018 en el municipio de El Salto se localizó en una fosa dentro de una casa seis cuerpos; mientras que el 3 de agosto, en la colonia Santa Elena de la Cruz en Guadalajara se exhumaron 10 cuerpos (9 hombres y una mujer); tal y como ZonaDocsdio a conocer en el trabajo “Mujeres forenses: la lucha por restituir la identidad” que recupera la labor de identificación que realizó el colectivo Por Amor A Ellxs, otra de las agrupaciones de familiares de desaparecidos en Jalisco.
Guadalupe Aguilar, integrante de FUNDEJ, reflexiona lo ocurrido con las fosas localizadas en 2018 con las identificadas este año: “Las mismas vecinas nos decían, vayan también a esa otra casa, ahí se juntaban, ahí se escuchaban gritos, y poco a poco se han ido localizando (…) Otra es de forma anónima, a mí me han hecho varias llamadas para decirme que tal o cual lugar existe una fosa, o que se oyen gritos en una casa, y esto es lo que nos hace llegar a las fosas (…)Las madres de personas desaparecidas son las que hacemos las investigaciones, nosotras le damos los datos a los policías investigadores y esto no lo vemos mal; al contrario, tenemos que trabajar en equipo; ellos no saben dónde andaban nuestros hijos, con qué amigos, en qué rumbos, cuáles eran los caminos que ellos caminaban, nosotros sí sabemos todo eso”, explicó Guadalupe Aguilar.
En el caso de FUNDEJ para identificar posibles sitios de inhumaciones clandestinas lo primero que hacen es: “reunir a las familias y empezar a sacar conclusiones, y de ahí también se sacan los lugares posibles donde pudiera haber fosas (…) faltan varias casas señaladas para escarbar…, nos faltan todavía mucho por empezarlas a trabajar… primero que Dios nos dé aliento y vida, pero las vamos a trabajar”, precisó.
Las fosas clandestinas encontradas en lo que va del año, a decir de Guadalupe Aguilar: “está llenando de cuerpos en resguardo al Semefo, lo que representa una gran preocupación porque otra vez tenemos una crisis forense”.
La primera crisis forense ocurrió en el mes de septiembre de 2018 cuando un tráiler frigorífico que rentó la Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forense deambuló por tres municipios con 337 cuerpos de personas no identificadas; sin embargo, la crisis ya era notoria desde que el colectivo Por Amor A Ellxs evidenció el mal proceder del instituto forense en la identificación de los cuerpos que, justamente, se localizaron dentro de casas entre julio y agosto de ese mismo año.
Para los colectivos de familiares de desaparecidos de Jalisco, el objetivo es encontrar a sus desaparecidos; así lo cree Guadalupe Aguilar quien sobre los hallazgos de fosas al interior de las viviendas precisa: “Desafortunadamente se han encontrado muchas fosas, principalmente, en la zona de Tlajomulco y en las casas abandonadas de los fraccionamientos Villa Aqua o Villa Fontana; también en el Campanario; en el Colli, en la colonia Atlas y, recientemente, en el Río de Ixtlahuacán, ese río parece ser que tiene muchos cuerpos, escondidos entre la maleza y el lirio”, explicó la líder del colectivo FUNDEJ.
Esta otra modalidad nombrada por diversos medios como “fosas acuáticas” se ha manifestado en dos ocasiones en el mismo lugar que señala Guadalupe Aguilar; la primera ocurrió el 15 de marzo de 2019 cuando en un canal residual ubicado en los límites de los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga se localizaron 20 cuerpos embolsados; tres meses después, el 8 de junio, en la misma zona se localizaron 10 cuerpos más.
“Sácale la cuenta a los cuerpos que llegaron, no se dan abasto en el SEMEFO… falta personal; faltan peritos, genetistas y antropólogos para poder cubrir con la demanda (… ) no se va poder lograr un buen manejo de los cadáveres sino se permite que entre un mecanismo forense internacional que nos apoye”, finalizó.
Recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el marco del informe parcial de la Comisión Nacional de Búsqueda, señaló que en el país se construirían diversos centros forenses regionales para acelerar el proceso de identificación de las más de 24 mil personas que yacen en las morgues del país; sin embargo, Jalisco no está entre los estados que contarán con estos centros, el estado aparece sólo en la lista donde se construirán panteones forenses.
El delito de inhumación y exhumación sin castigo
Por el delito de inhumación clandestina han sido sentenciados tan sólo cinco personas del 2016 al 2019 y 17 personas más están en calidad de imputadas, esto quiere decir que han sido señaladas, pero aún no reciben una sentencia, según informó el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco a través de una solicitud de transparencia en poder de ZonaDocs. De las personas que han sido imputadas, 14 se registraron en el Juzgado de Control y Juicio Oral del Estado.
En el municipio de Tonalá de 2017 al 2018 se registraron cuatro carpetas de investigación por el delito de inhumación cladestina de 12 hombres y dos mujeres; mientras que en Chapala, tres hombres están en proceso judicial por la comisión de este mismo delito.
De acuerdo al Código Penal para el Estado de Jalisco, artículo 186, las sentencias por la inhumación y exhumación clandestina de cuerpos son de :
Se impondrán de un mes a dos años de prisión al que incurra en alguno de los casos siguientes:
I. Que ilegalmente destruya, mutile, oculte o sepulte un cadáver o un feto humano, o parte de éstos;
II. Que ilegalmente exhume un cadáver; y
III. Que retenga o se apodere de un cadáver, sin la anuencia de los deudos del fallecido, entendiéndose por tales, en orden de preferencia, el cónyuge, descendientes, ascendientes, concubina o concubinario y demás parientes en los términos de ley.
Si la retención del cadáver ocurre en un hospital particular, la pena que se aplique al responsable será de seis meses a tres años de prisión y multa por el importe de cuatro a ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
En la investigación “Violencia y Terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017” realizada por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humano concluyeron que la inhumación clandestina de personas en contextos violentos es:
“una práctica que tiene el objetivo hoy en día de eliminar los cuerpos de personas previamente desaparecidas pero, al mismo tiempo y de forma paradójica, deja visibles las huellas de la violencia ejercida sobre ellas, lo anterior con dos objetivos: 1) generar terror y, con ello, lograr control; y 2) hacer alarde de la impunidad con la que se puede actuar en México”,
Esto es algo que en Jalisco prevalece porque aquí tan sólo cinco personas han sido sentenciadas por el delito de inhumación clandestinasiendo éste uno de los estados con mayor número de fosas clandestinas del país y uno de los sitios en donde más difícil resulta las familias buscar a sus seres queridos en fosas.
Integrantes del Consejo de Colaboración de Tepojaco, localidad de Tizayuca, acusaron que la población de la comunidad no ha sido notificada sobre las posibles afectaciones al medio ambiente y en prejuicio de la salud que ocasionará la construcción de la Terminal de Petrolíferos del Valle de México (TPVM), que actualmente se edifica en Temascalapa, Estado de México, municipio que colinda con Hidalgo.
El presidente del comité, Gregorio Castro Fernández, indicó que al menos 4 mil 800 personas viven en la incertidumbre, ya que la empresa asignada para los trabajos –Consultores en Gestión, Política y Planificación Ambiental– no ha informado sobre algún estudio de impacto en la zona o de los elementos que utilizarán para el traslado y almacenamiento de hidrocarburo.
Por ello, explicó que la comunidad trabaja en conjunto para designar una comisión que se acerque a la constructora y con instancias ajenas a ella para solicitar dictámenes previos.
Indicó que la iniciativa fue impulsada por pobladores del sector que vivieron la explosión de gas en San Juanico, en 1984, –incidente en el que murieron 600 personas y mil 200 resultaron lesionadas–, ya que, como ocurre con la TPVM, la gente desconocía las labores que realizaban las empresas afectadas.
“No nos han comentado nada, y es lo que buscamos: una explicación a la población. No sabemos cuándo inició –la obra– y en qué fecha culminará; quizá habrá salarios muy buenos, pero también está en juego la integridad de toda una población”, recriminó el habitante.
Agregó que los vecinos también desconocen si la terminal utilizará predios pertenecientes al ejido de la comunidad, o si el conjunto estará solo en el Estado de México.
Descartó que el movimiento tenga un carácter político y señaló que continuarán con los acuerdos para avalar el comité de colonos.
Al sur del estado
Aunque se edifica en Edomex, según un resumen ejecutivo de Transparencia, la TPVM será construida en la zona sur de Hidalgo, a 3 km del Estado de México, y se edificará en dos fases: en la primera se contempla una capacidad operativa de 549 mil barriles; en la segunda, de 795 mil
Asimismo, las capacidades de almacenamiento máximas para la primera y segunda etapa serán 640 mil barriles y 940 mil, respectivamente
Alfonso Marín l Tizayuca
La comunidad de Santa María Tequepexpan acogida a títulos virreinales que la reconocen como tal, posee 1,273 hectáreas que se suman a 100 en Arboledas Sur
Desde 1984 Santa María Tequepexpan como comunidad indígena de Hecho, inició una batalla por la defensa de su territorio.
El conflicto agrario y el despojo judicializado ha pasado por distintos momentos; desde que Enrique Alfaro Ramírez asumió el cargo de presidente municipal, denunciaron, se reactivó el acoso de autoridades municipales y judiciales con fines “inmobiliarios”.
Fue lo que sentenció Gabino Hernández presidente de Bienes Comunales que desde 1995 ostenta el cargo y ha sido reelegido por la asamblea.
El 7 de julio se convocó a una asamblea para ratificarlo en cargo o destituirlo, promovida por la Procuraduría Agraria. Desde entonces a la presencia de comuneros disidentes a la actual Mesa Directiva y que están bajo supuesto coordinación con los gobiernos locales de Tlaquepaque y Guadalajara confrontando a Gabino Hernández se suma que acudieron civiles armados a una asamblea el lunes pasado para intimidar a la población.
La comunidad de Santa María Tequepexpan acogida a títulos virreinales que la reconocen como tal, posee 1,273 hectáreas que se suman a 100 en Arboledas Sur, donde se reactiva el intento de despojo.
Inmobiliaria de 10 es la empresa que por convenio con el Ayuntamiento de Guadalajara obtuvo la licitación para transformar el bosque urbano en parque moderno, vecinos se opusieron y además de represión policial del ayuntamiento, obtuvieron un amparo promovido por el presidente de Bienes Comunales.
Argumentan qué hay un proyecto impulsado por los gobiernos de Movimiento Ciudadano para construir torres de departamentos.
Una línea que pasa por la ranchería La Loma tiene una fuga que de alcanzar la laguna, causaría graves daños.
Nacajuca, Tabasco
Una fuga de aceite de una de las líneas de Petróleos Mexicanos que pasan por la ranchería La Loma está causando temor entre pobladores, ya que el manto de aceite se encuentra próximo a llegar hasta la laguna, lo que ocasionaría graves daños al ecosistema de la región; trabajadores de Pemex no han podido localizar el punto de fuga, ni con la ayuda de dos drones.
Sebastián Jiménez Martínez, delegado de la ranchería la Loma, señaló que esta fuga tiene más de 15 días y que los vecinos que viven cerca de estas líneas dice sentir olores pestilentes, situación que podría causar daños en niños y personas de la tercera edad.
El delgado municipal detalló que hasta el dia de hoy 25 de julio se han presentado los trabajadores de petróleos Mexicanos, quienes ayudados con don drones, estos no pudieron localizar el punto exacto de la fuga y ni tampoco se puede determinar que línea es lq averiada, ya que en ele lugar coinciden tres líneas de Pemex, una de 33 pulgadas y dos de 16 pulgadas.
Según declaraciones del delegado municipal, los trabajadores de la paraestatal dijeron que emplearan maquinarias para saber con exactitud y magnitud de los daños y así poder repararla; mientras todo esto acontece las familias que viven cerca de lugar viven en constante zozobra.
El delegado municipal manifestó que la preocupación más grande es la contaminación a los mantos lagunares, ya que afectaría la pesca, actividad que da vida a esta comunidad de Nacajuca. Finalizó.
Un campo de amapola en la comunidad de Ahuixotitla, Guerrero, México FOTO: Brett Gundlock para The New York Times
Vania Pigeonutt / Infobae
FILO DE CABALLOS, Guerrero, México — Francisco Barragán murió de un paro cardíaco el 22 marzo casi frente al Palacio Nacional. Barragán, un agricultor de amapola del estado de Guerrero, tenía 56 años y llevaba 39 días acampando frente a la sede del gobierno en Ciudad de México. Como él, cientos de campesinos desplazados reclaman desde hace meses una solución que les permita volver a sus tierras, asoladas por la violencia.
“Sabemos todos que vamos a morir, pero no desplazados. Los compañeros muertos perdieron el apetito, el sueño; les afectó el clima y la tristeza”, dice Crescencio Pacheco, un agricultor de amapola que lidera a las familias desplazadas. “Me duele pensar que seguimos en las mismas”, agrega. Hace casi trescientos días que no pisa su pueblo.
Pacheco —Chencho, para sus amigos— pertenece a una tercera generación de cultivadores de amapola en la sierra Madre del Sur. Se sabe de memoria los ciclos de la flor, desde la semilla hasta la goma de opio: la ha sembrado, regado, cosechado y vendido. Pacheco también sabe de memoria los nombres de los campesinos que murieron esperando la legalización del cultivo para uso medicinal.
A sus 36 años ya fue comisario de su comunidad, coordinador de una policía ciudadana y activista a favor de la legalización en la sierra, una promesa que encierra la ilusión de progreso, la posibilidad de contar con el respaldo del Estado y alternativas para vender sus cosechas. Pero ahora también es un agricultor que se ha quedado sin tierra.
Arturo López Torres (izquierda), excomisario de Filo de Caballos y Crescencio Pacheco González, cultivador de amapola, activista pro legalización y líder del grupo de los desplazados por violencia en la Sierra, en julio de 2018. Los campesinos veían viable la legalización de su cultivo, antes de ser desplazados en noviembre de ese año.Foto: Vania Pigeonutt
En noviembre de 2018, Crescencio Pacheco huyó de su comunidad, junto con su esposa y sus tres hijos. Su pueblo está en Guerrero, uno de los estados más violentos de México. En 2017, la Secretaría de Gobernación registró allí 2.522 homicidios dolosos y el año pasado en promedio murieron 755 personas cada día en circunstancias violentas.
Guerrero, el estado donde fueron desaparecidos los 43 estudiantes del caso Ayotzinapa, también encabeza la lista de estados con mayor cantidad de desplazados forzosos, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Entre 2006 y 2017, la violencia en México empujó a 329.917 personas a vivir fuera de sus comunidades. A la cifra se han sumado al menos dos mil personas entre las que se encuentran Pacheco y sus paisanos, quienes abandonaron los campos de amapola cuando huyeron de las balas en 2018.
Crescencio Pacheco no encuentra cómo decirles a sus hijos que no sabe cuándo regresarán a casa. Prefirió que se fueran del país mientras espera que se apruebe la legalización del cultivo de la amapola y que la Guardia Nacional empiece a combatir la violencia. Desde noviembre de 2018, unas cuarenta personas de dieciséis familias, de acuerdo con el conteo realizado por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón —una organización que ha dado seguimiento a los desplazados— han pretendido conseguir asilo humanitario en Estados Unidos; aunque no es seguro que logren cruzar o tener estatus legal en aquel país, no piensan volver.
Militares, policías ministeriales y del estado acudieron al camino llamado Puerto Hondo en el ejido de Xochipala, Eduardo Neri, donde presuntos delincuentes vestidos de militares quemaron una camioneta de volteo en junio de 2018. Credit Vania Pigeonutt
Los que buscan refugio en Estados Unidos son un porcentaje minúsculo de las más de cien mil personas que subsisten de la siembra de amapola tan solo en la zona del Filo Mayor de Guerrero, una región compuesta por catorce municipios que atraviesan la cordillera más alta en el estado, la parte serrana de Guerrero y la mayor zona de sembradíos según las autoridades.
The New York Times ha seguido durante ocho meses la historia de seis familias desplazadas. Las cuatro que vivían de la goma de opio están esparcidas por todo el estado y viven con parientes en Iguala, Chilpancingo y Acapulco. Las otras dos siguen resistiendo: desde que volvieron de Palacio Nacional duermen en un cuarto rentado cerca del auditorio de Leonardo Bravo, la cabecera del municipio, y esperan volver a sus casas. La cosecha de enero se ha perdido y la paciencia se agota.
En noviembre de 2018, las seis familias aún vivían en sus pueblos. Como ellos, hay al menos 1680 desplazados internos que huyen de las balaceras, enfrentamientos y saqueos de sus viviendas. Calculan que en el último medio año han ocurrido cuarenta enfrentamientos en dos municipios de la zona del Filo Mayor. La propuesta ante el senado de legalizar la planta llega tarde para estos campesinos.
Antes que el proyecto de legalización, llegó la guerra por el territorio: dos grupos de policías comunitarias, que según el gobierno de Guerrero tienen vínculos con el crimen organizado, tomaron desde el 11 de noviembre la zona. Solo ese día hubo siete muertos.
Un niño vendía duraznos para ayudar a la economía familiar, un cultivo local en los municipios de la Sierra guerrerense. Credit Vania Pigeonutt
“Hay una pugna entre ellos”, explicaba a inicios de marzo Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), un operativo conjunto entre las policías federal y estatal, el Ejército y la Marina. Ellos son más de tres mil policías comunitarios que operan al margen de la ley de seguridad pública y otra veintena de grupos, además de los dos de la sierra. Álvarez dijo que los desplazados son prioridad, pero que no pueden desarmarlos sin crear una catástrofe.
Para llegar a Filo de Caballos, en el municipio de Leonardo Bravo, hay que conducir desde Chilpancingo, capital de Guerrero, durante tres horas por un camino sinuoso y agreste que huele a tierra mojada y pasto. Hay que detenerse en tres retenes de militares y policías federales y del estado. Para entender su presencia hay que mirar las construcciones a la orilla de la carretera: casas horadadas por balas y tejabanes de madera que contrastan con edificios de dos o tres plantas de puertas reforzadas.
Durante algunos minutos lo único que ven los ojos son diferentes tonos verdes: árboles de aguacates, duraznos, oyameles, pinos, encinos. De vez en cuando, flores amarillas, lilas, rojas, blancas. No se ven amapolas desde la carretera. En junio de 2018, cuando todavía no se elegía al nuevo presidente, la gente pensaba que estaba a tiempo de ver legalizada su flor antes de la cosecha de enero.
“Aquí nos organizamos para hacerles frente a los problemas. ¡No nos engañamos, vivimos de esa planta!”, dijo Crescencio Pacheco el verano pasado, ante la expectativa de legalizarla. Por esos días recorría su comunidad como una serpiente en camino seguro. Hablaba con frecuencia ante los periodistas y les mostraba el paisaje, organizaba demostraciones de los cultivos. Aún tenía su camioneta negra de doble cabina y recibía a los reporteros que cubrían el último enfrentamiento. El modo de vida de sus padres y sus abuelos se había convertido en una causa y una campaña mediática. Cuando el presidente electo y sus nuevos funcionarios expresaron interés en el proyecto de legalización, creyeron que alguien iba a ocuparse de sus problemas.
Militares, policías ministeriales y del estado acudieron al camino llamado Puerto Hondo en el ejido de Xochipala, Eduardo Neri, donde presuntos delincuentes vestidos de militares quemaron una camioneta de volteo en junio de 2018. Credit Vania Pigeonutt
Ocho meses después no hay médicos ni enfermeras por la lejanía de la zona y las balaceras. En comunidades más apartadas la gente se muere por picaduras de alacrán. Tampoco hay suficientes maestros. La gente que se quedó había vivido de empleo temporal, en rehabilitación de carreteras, cuando subían programas de reforestación o de guardarrayas para preservar los bosques y vigilar la tala.
“Los pueblos piden que se declare zona de emergencia a causa de la pobreza”, dice Pacheco. Aquí el 85 por ciento de la población vive en la pobreza, según censos oficiales. Lo poco que tenían —su siembra, sus camionetas, los recuerdos de las fiestas familiares— lo controlan los paramilitares. “Son estos supuestos comunitarios que tienen nuestras casas y se han apoderado de nuestras cosechas”, explica Pacheco.
En un informe reciente, el gobierno mexicano y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estimaron que entre 2015 y 2016 la superficie cultivada de amapola en el país alcanzó 25.200 hectáreas y que el año pasado aumentó en 21 por ciento. La expansión de la siembra ha derribado el precio del kilo de goma de opio: de 1177 dólares que cobraban en 2016 se desplomó a 294 en 2017, aseguran Crescencio Pacheco y otros campesinos.
De acuerdo con el informe Mundial de la UNODC, México lleva la delantera entre los países productores de amapola del continente, seguido por Colombia y lejanamente Guatemala. Sin embargo, entre los tres no representan ni la cuarta parte de las 183.000 hectáreas que siembra Afganistán, el principal productor mundial.
La caída en el precio de la goma de opio obligó a los cárteles de la zona a diversificar sus tareas: ahora extorsionan, secuestran, roban autos y territorio. “La gente tiene miedo. Yo te voy a ser claro: mientras exista el narcotraficante nunca vamos a estar bien. Se necesitan acuerdos. Hay una pelea encarnizada”, asegura Pacheco. Él y otros 380 vecinos formaron una policía: “Salimos con mucho miedo”, dice de sus patrullajes.
En el gobierno de AMLO, los desplazados vuelcan las esperanzas de regresar a salvo a su casa a tiempo para salvar alguna de las tres cosechas del año. La temporada de amapola más abundante se recoge en enero: los cultivadores siembran desde septiembre y cuidan las flores, a menudo con la ayuda de niños pequeños capaces de entrar y salir de los cultivos sin complicaciones.
“Mientras exista el narcotraficante nunca vamos a estar bien”, señala con desesperación un hombre desplazado junto a sus familia a quienes les arrebataron todo, casa, trabajo, tierras y hasta esperanza Foto: Credit Vania Pigeonutt
A partir de este 2019, en la sierra guerrerense se vive la peor temporada desde hace medio siglo. Los sembradíos están abandonados. “Allá se nos quedó lo que puedas imaginar. Todo”, dijo el líder de los desplazados.
Hasta ahora, lo único que prospera es la incertidumbre. “No sabemos qué esperar. Pedimos que nuestro problema lo tome un órgano federal”, dijo Crescencio en diciembre pasado, luego de dormir un mes en colchonetas y en el auditorio municipal, algo a lo que ya se ha acostumbrado. Han tenido seis reuniones oficiales con las autoridades y el dirigente del Centro de Derechos Humanos que lleva el caso dice que es necesario un nuevo censo porque siguen los desplazamientos.
“¿Cómo es posible que aquí nos tienen desplazados y los grupos del crimen tienen tomadas nuestras comunidades?”, se preguntó Pacheco.
Los 86 niños de estas comunidades de la sierra perderán el ciclo escolar: llevan ocho meses sin casa y sus padres tienen el mismo tiempo sin trabajar. En Ciudad de México hacían colectas en la calle para mantenerse.
De febrero a marzo de 2019, varias familias acamparon 39 días afuera de Palacio Nacional en Ciudad de México. Después, el 28 de marzo, se marcharon a su estado con la promesa de algunas despensas, pero sin acuerdos para volver a sus tierras.
En mayo, Virginia Zúñiga, una mujer desplazada de 54 años, fue internada en el hospital general de Chilpancingo por una infección en los riñones. Zúñiga creía que con la legalización volverían a sus campos de amapola y ella y su paisanos dejarían de morirse lejos de su tierra. Nueve días después de ser internada, Virginia falleció. Todos coinciden en que la depresión por el desarraigo le terminó arrebatando sus ganas de luchar.
Otra tragedia marcó un nuevo ciclo para los habitantes de la sierra guerrerense. El 30 de junio, de acuerdo con la versión de los desplazados del 11 de noviembre, más de quinientos pobladores de la comunidad de El Naranjo, también del municipio de Leonardo Bravo, repitieron la historia: huyeron de sus casas tras escuchar disparos desde los cerros, dirigidos hacia ellos. Los nuevos desplazados siguen esperando la promesa de la pacificación con la Guardia Nacional. Quieren volver.
La petrolera nacional Pemex extrae cerca de 195,000 barriles de hidrocarburos a través de técnicas de fracturación hidráulica que se emplean en campos donde existen recursos convencionales, según cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Mientras que en Estados Unidos estas técnicas se han usado para incrementar su explotación de hidrocarburos a través del llamado shale oil y shale gas, en el caso de la petrolera nacional, estos barriles provienen de campos que tienen recursos convencionales, mientras que del shale se consideran no convencionales.
“El fracking se utiliza para extraer recursos no convencionales, pero también convencionales; si se prohibiera, 115 asignaciones de Pemex tendrán que parar”, señaló el comisionado de la CNH Sergio Pimentel en sus redes sociales.
El funcionario se refiere a la iniciativa de ley propuesta por una parte de la bancada de Morena para crear una prohibición expresa para emplear este tipo de técnicas en el país.
La mayoría de estos bloques de Pemex se ubican en las zonas de Burgos, Veracruz, y Chicontepec (Aceite Terciario del Golfo), dijo el comisionado del regulador del sector.
Los cambios legales también impedirán que Pemex o cualquier otra compañía pueda explorar otras zonas donde se estiman se encuentran cerca del 30% de las reservas 3P del país.
La producción de Pemex, que promedia cerca de 1.7 millones de barriles de petróleo, lleva casi de 14 años en declive. La actual administración apuesta a romper esta tendencia, aunque enfocándose en explotar recursos en áreas convencionales.
La legislación actual no sólo no las prohíbe, sino que se han creado reglamentaciones para la vigilancia de este tipo de técnicas, que Pemex ha usado por décadas.
La petrolera ha hecho uso del fracking para otras asignaciones en la zona de Burgos en búsqueda de recursos no convencionales, pero hasta ahora, no se producen barriles comerciales ni de gas ni petróleo en alguno de éstos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado su rechazo a usar este tipo de técnicas para continuar la exploración de recursos no convencionales y, hace unas semanas, cerró la puerta a que Pemex continuara con los planes para uno de estos campos.
Brenda y Alexandra son los casos más recientes en el Edomex. El 55 por ciento de las desapariciones corresponden a menores de edad.
Brenda Cruz García desapareció el pasado 14 de julio, cuando tomó un taxi que la llevaría a la terminal de autobuses en Amanalco, en Toluca, en el Estado de México. Ahí se encontraría con su novio, sin embargo, nunca llegó a su destino. Alexandra, de 15 años, desapareció el 12 de julio cuando salió de casa de su madre, en Villa Nicolás Romero, también en el Estado de México. Las dos fueron encontradas sin vida en distintos puntos del territorio mexiquense en las últimas semanas.
Las desapariciones de mujeres van en aumento en el Estado de México y, como informa Infobae, no son casos aislados. Tal y como reporta el portal noticioso, la entidad federativa recibe alrededor de 30 millones de pesos anuales para combatir la inseguridad desde el año 2015 y, paradójicamente, las desapariciones y los feminicidios van en aumento.
Brenda no llegó a su destino en Toluca. Su cuerpo fue encontrado en un paraje de Almoloya. (Foto: CC News)
¿Funciona la Alerta de Género?
Veamos. Desde que se instauró la Alerta de Género el 28 de julio del 2015, se destinan a ella 30 millones de pesos, los cuales se distribuyen en 11 municipios en los que se activó dicha alerta: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
A Ixtapaluca, Tultitlán, Valle de Chalco, Naucalpan y Nezahualcóyotl, se entregan entre 2.6 y 2.2 millones de pesos, mientras que a Chimalhuacán, se le destinan 1.4 millones para mitigar la Alerta de Género, siendo este municipio el que menos recibe para estos efectos, de acuerdo a la Comisión Especial de Seguimiento a los Feminicidios del congreso local.
Sin embargo, después de cuatro años, las cifras han aumentado de manera considerable tanto en desapariciones como en feminicidios. La Alerta de Género, aunque ha sido activada en estos municipios y a la que se destina una fuerte cantidad de dinero, al parecer, no está funcionando.
Son las menores de edad las que más desaparecen en el Estado de México. (Foto: Milenio)
55 por ciento de las desaparecidas, son menores de edad
Niñas, adolescentes, jóvenes, adultas. Ser mujer en México es complicado, sin embargo, ser mujer en el Estado de México es todavía más riesgoso, tomando en cuenta los números presentados apenas en mayo pasado, durante la audiencia pública del 172 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Si ser mujer en el Estado de México es difícil, ser mujer y menor de edad en la entidad gobernada por Alfredo del Mazo, es escalofriante, al menos en números, pues de las mil 73 mujeres desaparecidas en esta parte del territorio nacional, el 55 por ciento son menores de edad. Hasta mayo pasado, Ecatepec ocupaba el primer lugar con 266 desapariciones, Nezahualcóyotl en segundo sitio con 221, seguido de Toluca con 210.
En cuarto lugar se presenta Chimalhuacán con 127 desapariciones de mujeres; en quinto está Valle de Chalco con 96, le siguen Ixtapaluca con 87 y Cuautitlán Izcalli, con 66 mujeres desaparecidas.
Noticieros Televisa presentó las estadísticas de desapariciones en mayo pasado. (Foto: Noticieros Televisa)
Natalia Olmedo Díaz, una desaparecida más en el Estado de México
Si bien Coacalco no ha sido considerado entre los 11 municipios en los que se ha activado la Alerta de Género, el tema de la desaparición de mujeres también ha ocupado a los vecinos de las distintas colonias que habitan en esta parte del Estado de México.
El caso de Natalia Olmedo Díaz también ha sido motivo de mención en diversos medios de comunicación, incluido Infobae. Esta joven de apenas 15 años, desapareció de su domicilio ubicado en San Francisco Coacalco, en la sección Héroes, el pasado 15 de julio. Tanto familiares como amigos, han pedido la distribución de su fotografía para localizarla lo más pronto posible pues no había motivos para que se fuera de casa.
Una historia similar es la de Diana Greta Santiago Quiroz, una joven que se unió a las estadísticas de mujeres menores de edad desaparecidas en Ixtapaluca. Con apenas 17 años, la menor no regresó a casa tras acudir a clases en el Colegio de Bachilleres, Plantel 18, en marzo pasado. Su familia asegura que no hay motivos para que hubiera huido de casa, al igual que Natalia.
Esta es la ficha de desaparición de Natalia Olmedo Díaz, en Los Héroes, Coacalco. (Foto: Especial)
Temas de trata, explotación laboral o sexual
De acuerdo a datos presentados por la directora de la red “Eslabones por los Derechos Humanos”, Valentina Peralta, la desaparición de mujeres menores de edad se da por diversos factores y objetivos: “El fenómeno de la desaparición tiene muchos objetivos, sobre todo en el caso de las mujeres que desaparecen entre los 10, 12, 18, 19 años de edad, siempre se puede pensar en un tema de trata, de explotación laboral o sexual”.
En el último reporte elaborado por Litigio Estratégico de Derechos Humanos, en conjunto con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), denominado “Diagnóstico: Mujeres Desaparecidas en el Estado de México”, en nuestro país existe un total de 35 mil 424 personas desaparecidas, de las cuales al Estado de México le corresponden 3 mil 861. De esa cantidad, el 46 por ciento corresponde a desapariciones de mujeres.
