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COMBO POR LA VIDA: DICIEMBRE
DE RESISTENCIA Y REBELDÍA

La seguridad interna y la militarización de la sociedad mexicana en tiempos de la 4T

Foto: Colectivo Grieta

Colectivo Grieta, Ciudad de México. La militarización de la vida pública en México ha sido una constante de gobiernos anteriores priistas y panistas. Hoy con el supuesto “nuevo” gobierno que encabeza AMLO, esta tendencia no sólo continúa sino que se acentúa y toma nuevos alcances al darle carácter legal a la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Con el pretexto de bajar los índices de criminalidad y violencia y mantener la seguridad en México -algo que ha empeorado a más de un año de la nueva administración- en la práctica, el actual régimen, apela a una militarización más profunda de la vida pública. El nuevo viejo régimen se mantiene.

Al tomar posesión como presidente de la república, AMLO asignó 144 mil 658.25 millones de pesos en 2019 para materia de seguridad; para el 2020 este presupuesto aumentó a 197 mil 254 millones 910 mil pesos. En contraste, en ambos años hubo recortes en casi todas las áreas de la administración pública, por ejemplo salud y educación, en algunos rubros de hasta el 70 por ciento.

Aunado a este incremento presupuestal en materia de seguridad, el capataz en turno que despacha en la presidencia logró lo que su antecesor no consiguió: la creación de la Guardia Nacional. Con un total de 76 mil efectivos en su gran mayoría militares, un total de 69 cuarteles han sido entregados a la Guardia Nacional ubicada en varios puntos del país, 12 cuarteles más están en proceso de construcción y para finales de este año se pretende que queden en operación otros 80 para formar un total de 161. A poco más de un año de su creación, elementos de la Guardia Nacional han sido señalados por corrupción como la Coordinadora Operativa -acusada de irregularidades en la compra de un software por parte de la ASF- y de vínculos con organizaciones criminales, cuando altos mandos de la GN fueron fotografiados departiendo junto con integrantes de un grupo criminal vinculado al robo de combustible en el estado de Puebla.

Con la llegada de López Obrador los militares han adquirido un protagonismo no visto antes, asumiendo encargos tan dispares como la distribución de medicamentos, la vigilancia de ductos y combustibles de Pemex, el traslado de dinero de programas sociales, así como “insertar los programas” y la construcción, administración y usufructo de la nueva infraestructura y megaproyectos emprendidos por el actual gobierno. Con el pretexto de la actual crisis sanitaria en territorio nacional derivada de la pandemia por COVID-19, el gobierno de AMLO ha dado otro paso más en la militarización de la vida pública: Se le asignaron tareas de cierre de mercados públicos, tianguis y de comercios “no esenciales” con el apoyo de la policía municipal. Igualmente se le entregó la administración de los hospitales públicos a las fuerzas castrenses. El pasado 22 de marzo, el AMLO anunció que la Sedena y la Marina tendrían a su cargo 10 hospitales de reciente creación para atender a pacientes diagnosticados con COVID-19 en el país. Este control incluye el presupuesto de operación de cada uno de estos hospitales junto con la contratación de médicos y enfermeras.

Aunado a esto, la Guardia Nacional en fechas recientes ha tomado el control de la seguridad en 346 instalaciones de Salud de los cuales 184 son hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 145 del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Hospitales que se encuentran en los estados de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

A esta militarización de la vida pública, parece que se suma otro tipo de militarización: la de las ganancias, y es que, con la incorporación del Ejército Federal en la construcción y administración del Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, así como de la construcción de una parte del tramo de vía férrea del mal llamado “Tren Maya”, el Ejército Federal no sólo aumenta su poder en términos de control de espacios, sino también de presupuestos y ganancias. En los hechos el Ejército Federal -institución que acumula una larga lista de denuncias por corrupción en las administraciones anteriores- día a día se va consolidando como el principal beneficiado de esta reestructuración nacional.

Contrario al discurso oficial y pese a que desde el mes anterior se implementó el confinamiento para tratar de contener la propagación del COVID-19, lo cierto es que la violencia en nuestro país no sólo no ha parado sino que sigue en aumento: los homicidios, las desapariciones, los feminicidios, los asesinatos de activistas y la violencia intrafamiliar no cesan. De acuerdo con datos del sistema nacional de seguridad pública, el mes de marzo fue el más violento en lo que va del actual gobierno con 3,078 homicidios y feminicidios. Un mes antes la cifra había sido de 2,258 personas asesinadas. El pasado 20 de abril fue el día con mayores asesinatos en el país, 114 en un sólo día.

En lo que va de éste 2020 y ante el fracaso de la estrategia que en materia de seguridad ha implementado el actual gobierno, cabe preguntarnos, ¿quiénes son para el Estado los verdaderos enemigos?, ¿a quiénes beneficia realmente la policía de militarización emprendida por el gobierno federal?

Aquí algunas pistas:

 

Foto: Reuters

La migración, la represión de la Guardia Nacional en contra de la pobreza. En su tarea de seguridad interna la Guardia Nacional ha recurrido a la persecución, intimidación y represión contra miles de hombres, mujeres, niños y ancianos migrantes que, huyendo del horror de sus respectivos países, buscan una opción para sobrevivir. Dichos actos han sido registrados y denunciados por organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos de la población migrante, las cuales han denunciado la actuación ilegal de la Guardia Nacional en el operativo que a partir de enero de este año fue acordado por el Estado mexicano con Estados Unidos.

Guerra contra la autonomía de los pueblos. El pasado 15 de enero el CSIM (Consejo Supremo Indígena de Michoacán)  denunció la represión por parte de la Guardia Nacional, la Policía Michoacán y la Policía Municipal de comuneros, mujeres y adultos mayores de las comunidades de Sevina, Comachuén y Nahuatzen resultando herido por un proyectil de arma de fuego Roberto J Lucas Huerta de 52 años de esta última comunidad. Los integrantes del CSIM se habían manifestado un día antes en instalaciones del Ayuntamiento de Nahuatzen para exigir su derecho a la autonomía, el presupuesto directo y el reconocimiento de los consejos de gobierno comunal. El comandante de la policía Municipal de Nahuatzen, C. Joel Campos, amenazó de muerte a integrantes de los Concejos de Gobierno Comunal de Comachuén y Nahuatzen”.

Se ha señalado que uno de los datos relevantes sobre la forma en la que se han desplegado los elementos de la Guardia Nacional en el territorio nacional es que los números de elementos enviados a zonas específicas del país no coinciden con el índice de violencia que se registran en ellos. Tal es el caso del envío de más de 10 mil elementos a cada uno de los estados donde coincidentemente se planea construir al menos dos de los megaproyectos emblemáticos de la actual administración: el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

De manera similar se ha registrado el acompañamiento que la Guardia Nacional ha brindado a las compañías que se enfrentan a los intereses de las poblaciones en las que están asentadas, como por ejemplo la comunidad de Maconí Cadereyta, Querétaro, donde el 21 de abril ingresaron efectivos de la Guardia Nacional con equipo antimotines a la mina La Negra con el pretexto de verificar el manejo de explosivos en la mina pero quienes después explicaron que  “tenían reporte que los trabajadores tenían bloqueados los caminos y tomadas las instalaciones”. Y es que los trabajadores intentan una huelga en contra de la mina por falta de pagos y violentar el contrato colectivo de trabajo.

Otro caso notable de esta manera en que la Guardia Nacional acompaña la imposición de proyectos en lugares donde los habitantes los rechazan es el caso del intento de imponer el drenaje de desechos industriales de Huejotzingo en el municipio Juan C. Bonilla en Puebla. Ahí, los tubos con los que pretendían construir ese drenaje para que las compañías pudieran desechar sus residuos tóxicos en el Río Metlapanapa llegaron acompañados de la Guardia Nacional y fue la población la que, a principio de este año, se plantó frente a ellos para detener el avance de la obra resguardada por las fuerza militar.

El acompañamiento que ofrece la Guardia Nacional para salvaguardar los intereses de las compañías privadas contrasta de manera marcada con el abandono (o en muchos casos la presencia cómplice) de la Guardia Nacional en estados como Guerrero donde los enfrentamientos armados entre distintos grupos que luchan por el control del territorio no cesan y donde la gente es desplazada continuamente simplemente por la imposibilidad de habitar un territorio en el que violencia y los asesinatos son el pan de cada día.

En marzo de este año, integrantes del movimiento Libre Tránsito por Sonora denunciaron públicamente que elementos de la Guardia Nacional junto con Policía Federal agredieron a manifestantes pacíficos en la caseta de cobro en Magdalena, Sonora. “Interrumpieron la lucha que por más de dos años y me­dio he­mos mantenido de manera legal, legítima y justa amparados en el Artículo 11 constitucional de libre tránsito” denunció Alfonso Canaa Castaño: “es por demás evidente que el gobierno de la 4T está decidido a seguir fomentando y encubriendo la corrupción en nuestras carreteras favoreciendo a empresarios voraces y corruptos”.

Estas pistas dan muestra de que el propósito de la militarización que se ha mantenido y ampliado en este gobierno con la excusa de la seguridad está lejos de disminuir la violencia y que, más bien, ha ido en beneficio de los grandes capitales, quienes parecen ser los que verdaderamente mandan en nuestro país. La crisis provocada por la contingencia del COVID-19 no ha hecho sino poner las condiciones para seguir otorgando más fuerza al ejército con el pretexto del control de la pandemia.

Por otro lado se advierte un incremento de la represión y la intimidación en contra de las luchas y movimientos organizados que en diferentes lugares y geografías de nuestro país han decidido organizarse para buscar un mejor futuro. A pesar de esta militarización y violencia institucional, estas resistencias siguen en su determinación de continuar luchando por tomar su propio destino entre sus manos.