Comité de la UdeG llama a declarar “estado de emergencia” en Jalisco por desapariciones

Fotografía: Fátima Aguilar

Equipo de Editorial / UDGTV

Porque la situación en materia de desapariciones “es crítica”, el Gobierno de Jalisco debe declarar un estado de emergencia en toda la Entidad. Esa es la exigencia que hace el Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

A través de un desplegado, el Comité se solidarizó con las madres de familia que, el pasado martes 4 de enero, se manifestaron afuera de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y fueron abordadas por policías, cuando ellas sólo reclamaban que se acelerara una entrega ya convenida de dos cuerpos de personas que habían sido denunciadas como desaparecidas.

“NOS SUMAMOS A LA INDIGNACIÓN, AZORO Y RECHAZO POR LO SUCEDIDO (…) LO OCURRIDO ES UN FIEL RETRATO DE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO HOY EN JALISCO Y QUE LA HA SITUADO COMO LA ENTIDAD CON MÁS CASOS DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN TODO EL PAÍS, CON 15 MIL 234 REGISTROS A LA FECHA”.

Según lo denunciado por las familiares de desaparecidos, las autoridades habían acordado la entrega de los cuerpos, pero se demoraron horas y las madres de familia entraron a las instalaciones para exigir celeridad. Al salir, ya había agentes de Policía estatal y municipal, quienes les dijeron que las arrestarían, cuando ellas “sólo demandaban que se cumpliera lo acordado”.

Tras solidarizarse con las familiares, el Comité sostuvo que “este Gobierno no está evitando que sigan desapareciendo personas, no destina recursos suficientes en su búsqueda para localizarlas con vida, deja que la crisis forense se siga agravando y mantiene un ánimo represor frente a las exigencias ciudadanas, como se puso de manifiesto ese día”. Luego recordó las protestas del 5 de junio de 2020, donde elementos de la Fiscalía golpearon a manifestantes y cometieron actos de desaparición forzada, hecho que “aún no se ha aclarado”.

Añadió que “la situación es crítica y se debe actuar de inmediato. Jalisco no puede seguir siendo zona de exterminio, desaparición de personas y fosas clandestinas. Llamamos a que se declare un estado emergencia en toda la Entidad, a que los distintos poderes y niveles de Gobierno reconozcan como máxima prioridad enfrentar los crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo aquí y movilicen recursos extraordinarios para lograrlo”.

Concluyó que los colectivos y activistas sólo cubren actividades de vital importancia que el Estado ha dejado de lado.

Y remató:

“SU LUCHA ES LA DE TODA LA SOCIEDAD PORQUE CADA PERSONA DESAPARECIDA, EN REALIDAD, NOS FALTA A TODOS”.

https://udgtv.com/noticias/comite-udeg-declarar-estado-emergencia-jalisco-desapariciones/

 

Repudian feministas violencia de exfuncionario del DIF (Jalisco)

Foto: Tribuna de la Bahía

Breda Beltrán / Tribuna de la Bahía

Herova Olmos, del Colectivo Vallarta FEM, repudió los hechos en torno a la violencia física que sufrió Fanny González, vecina de la delegación de Ixtapa, a manos de un ex trabajador del DIF Municipal, por lo que consideró que es necesario que los servidores públicos del municipio presenten la ley 3 de 3 contra la violencia para ocupar un cargo.

Lamentó estos hechos y peor, porque el agresor se desenvolvía no solo en el servicio público sino también en una área tan importante como es la Subdirección de Violencia Familiar, por lo que esto es preocupante, es una situación difícil que una persona que tenga estas actitudes se desenvuelva en este cargo.

“Que les espera a las mujeres que acuden para este servicio y que estuvieron en algún momento lidiando con una persona con estas actitudes, por lo que sí, directamente de nuestra parte, esperamos que el comunicado que emitió el DIF sea verdadero y que no solo haya terminado su contrato sino que ya no esté en contacto con las personas que acuden por este servicio”.

Indicó que como colectivo estarán emitiendo un comunicado repudiando estos actos y exhortaron a la víctima a que las contacte por si necesita algún tipo de ayuda. Dijo, que incluso el mismo día que publicó ella la denuncia por medio de redes sociales se comunicaron pero ya tenía asesoría legal, pero el colectivo le comentó que estaría a sus órdenes por si necesitaba hacer presión y se haga justicia.

“Esto nos pone en contexto para anexar en el reglamento de los servidores públicos del municipio que cumplan con la ley 3 de 3 contra la violencia, es decir, que las personas que aspiran a tener un cargo en el servicio público no sean violentadores, no hayan sido condenados por delitos sexuales y que no sean deudores alimentarios”.

https://tribunadelabahia.com.mx/repudian-violencia-de-exfuncionario-52043

Mayas exigen que la estatua a Los Montejo sea retirada por racista (Yucatán)

Herbeth Escalante /Haz Ruido

También demandaron a las autoridades que en las conmemoraciones por la fundación de Mérida no falten a la verdad y no se olvide la destrucción del pueblo maya a manos de los conquistadores españoles.

Mérida, Yucatán, 7 de enero de 2022.- Mujeres y hombres mayas se manifestaron en el monumento a Los Montejo para exigirle a las autoridades que las retiren, ya que fue levantada con el dolor y la sangre de su pueblo y porque simboliza el racismo que sigue vigente en la actualidad.

Además, demandaron que en las conmemoraciones por la fundación de Mérida no falten a la verdad y no se olvide la destrucción del pueblo maya a manos de los conquistadores españoles.

En el acto, pidieron que no supriman en sus discursos la destrucción de la ciudad ceremonial maya Ixkansijo’, que antes se asentaba en la zona en donde se levantó Mérida

Con pancartas y banderas, explicaron que la dominación al pueblo originario persiste cuando se imponen celebraciones sobre la conquista y la fundación de la ciudad meridana, en las cuales no se menciona la destrucción de la población maya.

También pidieron que se recuerde que las piedras de las cinco pirámides que cercaban ixkansijo’ fueron utilizadas para construir “los primeros edificios del invasor”, como la Catedral y la Casa de los Montejo, además de que los conquistadores pretendieron aniquilar a la población originaria.

“Queremos que no se deje de decir que, además de desmantelar los centros ceremoniales, los dominadores pretendieron reducir a la servidumbre y a la miseria a nuestro pueblo y acabar con nosotros, según les conviniera. Pero, sobre todo, queremos también que se hable de que fue la llegada de los invasores españoles con la simbólica fundación de sus ciudades, entre ellas Mérida, que marcó el inicio de un sistema de opresión y explotación que se mantiene vigente hasta el día de hoy”, precisó Carlos Chuc, del Colectivo Mayas de Jo’.

En el acto, leyó una carta abierta a Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, en la que a nombre de los manifestantes pidió que intervenga para que la mencionada estatua sea retirada del Remate de Paseo de Montejo.

Explicó que es una afrenta a la población originaria que reside en la capital yucateca, sobre todo porque no puede considerarse de valor histórico, ya que apenas fue impuesta en el 2010 por el exalcalde panista César Bojórquez, en su último día de administración.

“La estatua no fue puesta hace doscientos o cien años como otros monumentos racistas de la ciudad, sino que fue puesta el 30 de junio de 2010, en plenas celebraciones del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, sin siquiera preguntarle o tomar en cuenta a los miles de mayas que vivimos en Jo’”, señaló.

Carlos Chuc dijo que la estatua de Los Montejo es testimonio del supremacismo blanco cuando cuentan solo la versión de los dzules de la conquista e invasión. Recalcó que al ser símbolo de la colonización y el patriarcado, tienen que ser retirado.

“Sabemos que tenemos derechos como mayas de Jo’ que han sido violentados cuando decidieron imponer esa estatua, tenemos el derecho a que la historia sea contada de tal forma que no nos borre como pueblos, ni nos agreda con su versión colonial, y que los gobiernos locales o nacionales dejen de proteger a quienes tienen como fin imponer este tipo de monumentos”, indicó.

Explicó que con esta carta al relator marcan simbólicamente el inicio de una serie de acciones que han acordado para conseguir que la estatua a Los Montejo sea retirada, ya que es anacrónica y racista.

Ante la mirada de policías municipales, las y los manifestantes también encabezaron actividades artísticas para recordar al pueblo maya que habitaba Ixkansijo’, para que no sea olvidado en las conmemoraciones del 480 aniversario de Mérida.

https://www.hazruido.mx/reportes/mayas-exigen-que-la-estatua-a-los-montejo-sea-retirada-por-racista/

Amenazan autoridades del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a colectivo de búsqueda (Jalisco)

Foto: Jorge Alberto Mendoza

Juan Levario / El Occidental

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se había comprometido desde el 28 de diciembre de 2021 con los familiares de dos personas fallecidas a que les entregaría los cadáveres este martes.

En el día indicado, las madres y los familiares de las víctimas acudieron a las instalaciones forenses acompañados de un colectivo de búsqueda de personas y de personal de la CEDHJ con la esperanza de por fin encontrar descanso y paz con la entrega de los restos de las personas fallecidas, para darles sepultura.

El defensor Alfonso Hernández Barrón, ante la información de que el IJCF no tenía listos los dictámenes requeridos para la entrega, sostuvo una reunión de trabajo con el director del organismo científico, Gustavo Quezada Esparza; buscaba asegurar que se concretaría la entrega de los cuerpos de las víctimas mediante instrucciones precisas para acelerar los trámites.

Dada la tardanza en la entrega, cuando fueron informadas de que la entrega sería hasta este miércoles, las personas del colectivo entraron al IJCF para hablar con las autoridades forenses y exigirles los restos de sus familiares.

Ingresaron de manera pacífica y el personal del IJCF pidió la presencia de elementos policiales, aun cuando no había amenaza alguna, “sino una legítima indignación y exigencia para que se cumpliera con el compromiso, por lo que aproximadamente cinco minutos después llegaron patrullas estatales y municipales con elementos armados, lo que causó confusión y preocupación de las personas que se encontraban presentes”, relató Derechos Humanos.

Por ello, al margen de los resultados de las investigaciones de la defensoría respecto a la intimidación, pidió empatía de los servidores públicos hacia las víctimas y que el IJCF cumpla con el principio de máxima diligencia, además de garantizar que no existan actos de revictimización.

Ante las amenazas de autoridades jaliscienses a integrantes de un colectivo de búsqueda de desaparecidos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) reprobó el uso de la fuerza policial en su contra. Por esta razón, el organismo defensor inició el acta de investigación 008/2022/IV.

“Se reprueba el uso de la fuerza pública en contra de personas que legítimamente buscan la verdad y la justicia. No es con actos intimidatorios como debe responderse ante el clamor de madres que viven la tragedia de no encontrar a sus seres queridos, y si se asumen compromisos para la entrega de cuerpos de personas fallecidas, deben cumplirse en los términos que se señalen”, enfatizó la defensoría.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=176553

Hotel de Tulum prohíbe a sus empleados hablar en lengua maya (Quintana Roo)

Octavio Martínez / SIPSE / Novedades Quintana Roo

El hotel Copal, de Tulum, en la Riviera Maya prohíbe a sus empleados hablar en maya, su lengua natal. Esta y otras violaciones a los derechos laborales, provocó una manifestación en las afueras del lugar.

Se trata de un conflicto que inició el año pasado, cuando trabajadores dieron a conocer diversas situaciones de menoscabo de sus derechos laborales, por lo cual varios de ellos fueron despedidos injustificadamente.

Destaca en el conflicto la prohibición impuesta por los jefes inmediatos a los trabajadores de comunicarse en su lengua materna, en este caso, el maya.

Claudio Cortés Méndez, comisionado sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); dio a conocer la serie de irregularidades en el centro laboral, cuyos representantes no han querido llegar a un arreglo.

“La señora ama de llaves Amelia, le prohíbe que se exprese hablando en la lengua maya, que es una lengua, no un dialecto, el maya es una lengua” (sic), sostuvo Cortés Pérez.

Hotel de Tulum no sólo prohíbe hablar en maya

Además, contó que el chef del establecimiento les ha pedido a los trabajadores que lleven sus propios recipientes para que en ellos les den de comer, prestación que tienen ganada los trabajadores.

Ante la situación que ha ofendido a la cultura de más de 50 trabajadores, las protestas fueron elevadas con un megáfono en dicha lengua para ser escuchadas por los representantes del centro de trabajo.

Asimismo, demandaron la reinstalación del personal que ha sido despedido injustificadamente luego de manifestar su inconformidad, entre la que destaca la acción ejercida en contra de Pedro Celestino Poot Dzul, delegado sindical en dicho hotel, quien informó que ya hicieron saber de la situación a la autoridad laboral, sin embargo, estos al presentarse en el centro de hospedaje no fueron recibidos por los patrones.

Ante la situación instalaron unas mesas en las afueras del establecimiento, en espera de que la autoridad competente le dé solución a las demandas que manifiestan como pretensión.

https://sipse.com/novedades/hotel-tulum-prohibe-empelados-hablar-lengua-maya-415877.html

Buscar desaparecidos, una tarea difícil, pero necesaria en Sonora

Son las 5:00 de la mañana y el grupo integrado por mujeres y hombres comienza con diligencias en algún domicilio en Hermosillo, Sonora; preparan el lonche, las palas, agua y un montón de esperanza; esta ha sido su rutina desde hace ya cinco días en la búsqueda estatal para localizar a sus desaparecidos.

Desde el viernes 3 de diciembre, el colectivo Buscadoras por la Paz, Guerreras Buscadoras de Sonora, así como Los Armadillos se adentraron en las entrañas del desierto, iniciando con sus búsquedas en Huatabampo, donde hasta el martes fueron negativas, sin embargo, las expectativas y buenos deseos para localizar a sus familiares no han cesado.

Cecilia Delgado encontró a su hijo buscando entre las piedras / Foto: Cecilia Saijas | El Sol de Hermosillo

Sharlyn Unger tiene 62 años y desde hace más de un año se encuentra en búsqueda de su hijo Carlos Antonio Arredondo Unger, quien desapareció en Guaymas el 24 de junio de 2019.

La integrante y cofundadora del colectivo Buscadoras por la Paz señala que se integraron a los rastreos con el fin de poder localizar a todos los desaparecidos, pero, más allá de su misión, también el pertenecer a los colectivos les brinda un soporte emocional el cual no tienen cuando viven en la angustia de no saber por sus familiares.

“El colectivo es mi segunda familia, es donde puedo llorar, desahogarme, donde encuentro paz en mis búsquedas, porque no nada más busco a mi hijo Carlos, pero en el trabajo de campo es donde puedo sentirme libre, no tener pensamientos negativos, muy libre y con muchísimo amor”, detalló la mujer.

Salen desde muy temprano a buscar a sus hijos desaparecidos / Foto: Cecilia Saijas | El Sol de Hermosillo

Sharlyn destacó que durante la búsqueda estatal no ha sido fácil, ya que han caminado decenas de kilómetros en las zonas despobladas para localizar puntos que las hagan llegar hacia sus ‘tesoros’, no obstante, destacó que no ha sido fácil.

“Es una nueva experiencia, no es nada fácil, ya no tengo veinte años, pero yo creo que las fuerzas te salen de las ganas de encontrar a todos, me siento muy satisfecha de lo que hemos logrado ahorita, aunque no hemos tenido búsqueda positiva en sí, venimos con la satisfacción de que no nos quedamos con los brazos cruzados”, dijo firmemente la mujer.

En tanto, señaló que la convicción y amor para poder regresar a la mayor cantidad de personas desaparecidas a sus familias sigue como un móvil muy fuerte que las motiva diariamente para levantarse cansadas día con día para hacer una búsqueda nuevamente.

Simón Carranza Román, de 58 años, ha dedicado ocho años a buscar desaparecidos / Foto: Cecilia Saijas | El Sol de Hermosillo

“Sí, un poquito desilusionados porque queremos regresar esos tesoros, para mí son ángeles ya, a sus hogares, pero no nos vamos a rendir, vamos a seguir en la lucha”, señaló.

El difícil terreno que recorrer

Simón Carranza Román tiene 58 años de los cuales los últimos ocho se ha dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en campo, pese a que no tiene a ninguna persona desaparecida, empatiza con el dolor y angustia de las personas, por lo que decide acudir a cualquier punto de la república donde lo soliciten.

“Mi trabajo empezó en las búsquedas de los 42 desaparecidos de Ayotzinapa, tengo ya ocho años que comencé en esto, siempre digo que es la última búsqueda que hago, pero siempre que veo la preocupación de los familiares decido aceptar a sumarme en los rastreos”, dijo Simón.

Las integrantes del colectivo salen al monte y los baldíos para buscar fosas / Foto: Cecilia Saijas | El Sol de Hermosillo

El hombre, con el pecho visiblemente quemado por el sol, porta una gorra con una pañoleta abajo y con pala en mano determina un punto para luego escarbar, pues su experiencia y olfato lo han hecho como un sabueso para localizar lugares específicos.

No obstante, dijo que en su experiencia, algunos puntos de la región son muy difíciles de escarbar por las personas, ya que por la consistencia del suelo, se necesita maquinaria para poder obtener resultados positivos.

“Hay partes de Sonora que sí se puede hacer una fosa, pero hay puntos en que no, porque hay mucha piedra y el suelo es muy duro, la única manera en que las pueden hacer es con máquina, así a pico es muy difícil, no podemos abrirlo fácilmente”, destacó el hombre de edad avanzada.

Las integrantes del colectivo son acompañadas, en ocasiones, por elementos de la Guardia Nacional / Foto: Cecilia Saijas | El Sol de Hermosillo

Para ambas personas, la localización de desaparecidos es echar una moneda al aire y esperar los resultados, lo cierto es que, aunque de cada 10 reportes, con mucha suerte sólo uno sea verdad, ellos no descartan ninguna pista, ningún pedazo de tierra removido, pues ahí se alberga la esperanza de darle paz a alguna familia.

La búsqueda estatal que emprenden noblemente los colectivos culminó el 12 de diciembre en Caborca, Sonora, donde hasta hoy han localizado dos restos en fosas clandestinas.

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/buscadoras-por-la-paz-como-buscar-a-sus-hijos-desaparecidos-una-tarea-dificil-7687967.html

 

 

Reiteran rechazo a parques industriales impuestos en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca)

Avispa Midia / Sara Frabes.

La mañana de este lunes (3), representantes de la comunidad de Puente Madera, en el Istmo de Tehuantepec, reiteraron su exigencia para anular, debido a irregularidades, la asamblea mediante la cual se aprobó la instalación de un parque industrial en sus tierras de uso común en el monte Pitayal.

En conferencia de prensa, representantes de la Asamblea General de Puente Madera denunciaron la proliferación de paraísos industriales en México, lo cual se ha traducido en infiernos socioambientales para las poblaciones donde se imponen las actividades industriales. Como ejemplo mencionaron que solo en los dos corredores industriales más grandes del país – Toluca-Lerma, Edo. de México y Ocotlán-El Salto, Jalisco -, la población directamente expuesta a la contaminación ambiental llega a medio millón de personas.

Según los representantes de Puente Madera, el recorrido por estos infiernos socioambientales “nos da una muestra del futuro que nos espera si permitimos el proceso de industrialización que constituye el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, aseveraron ante la idea de desarrollo que en distintas regiones del país “representa la contaminación sistemática del aire, el agua y el suelo, aunada a procesos de urbanización salvaje y a la proliferación de basureros y espacios de disposición de desechos altamente tóxicos”.

El parque industrial previsto para Puente Madera forma parte de una serie de 10 localidades que integran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de los cuales cuatro se encuentran en Veracruz y seis en Oaxaca.

Industrialización

Los representantes de Puente Madera resaltaron el hecho de que el gobierno federal actual está impulsando el nuevo tratado económico T-MEC “en un contexto ambiental sin precedentes para el mundo, en el que los responsables directos de la degradación medioambiental son los que nos hablan de agendas verdes e industrias sustentables”.

Detallaron que el El Plan Maestro del Corredor Interoceánico requerira inicialmente más de 15 mil hectáreas de Suelo Industrial. “Estos Parques Industriales requerirán para el primer año de su funcionamiento, proyectado para el 2023, el uso de 207 mil litros diarios de agua limpia, además de la generación de 539 mil 729 litros de aguas residuales diarias, por cada empresa a instalarse; a lo que se le suma la producción de residuos industriales y no industriales proyectados en 2 millones de toneladas anuales; así como gas y electricidad”, contextualizaron.

Hostigamiento

De acuerdo a los comuneros, aún continúa en proceso el juicio de nulidad contra la asamblea del 14 de marzo del 2021, en la cual, mediante la falsificación de firmas, se consiguió la aprobación del parque industrial. No obstante, compartieron que, a pesar de la realización de dos audiencias, la última realizada el 6 de diciembre del 2021, las autoridades responsables no han comparecido ante los tribunales.

Mientras tanto los ataques contra su organización se mantienen. En el mismo mes de la audiencia y mediante comunicado, habitantes de El Pitayal denunciaron una campaña de hostigamiento y desprestigio contra los defensores de la comunidad indígena de Puente Madera y de la Villa del municipio de San Blas Atempa. Mediante redes sociales se realizan difamaciones y señalamientos “que ponen en riesgo la integridad de los defensores de El Pitayal”.

Estos hechos sucedieron, denuncian, después de que el 16 de diciembre, durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, un periodista realizó cuestionamientos al presidente sobre la instalación del Polo de Desarrollo en San Blas Atempa, lo cual afecta directamente las tierras de El Pitayal, espacio de recolección de leña, madera y pastoreo de campesinas y campesinos.

A su vez, los representantes de Puente Madera denunciaron a Antonino Morales Toledo y su organización “FUCO” de la violencia política ejercida durante su gestión como presidente municipal de San Blas Atempa, así como de cualquier agresión en contra de los habitantes de Puente Madera. También responsabilizaron a los tres niveles de gobierno por el clima de violencia y división en las comunidades y en la región.

https://avispa.org/reiteran-rechazo-a-parques-industriales-impuestos-en-el-istmo-de-tehuantepec/

Cerrarán accesos a Paracho si no se resuelve conflicto por agua (Michoacán)

De no resolverse la falta de agua en el municipio, el 5 de enero el Consejo Indígena de Paracho bloqueará todos los accesos a la cabecera

Alejandro Amado, Mi Morelia, 02 Enero, 2022,

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado viernes, integrantes del Consejo Indígena de Paracho bloquearon la carretera Paracho-Aranza en protesta por el desabasto de agua, el cual presuntamente sería ocasionado por el aprovechamiento de pozos por parte de empresas ligadas al presidente municipal Erik René Padilla, quien se apersonó en el lugar para intentar retirar el bloqueo junto a elementos de Policía Michoacán.

De acuerdo a Víctor Manuel Ubaldo Ramírez, miembro activo del Consejo Indígena de Paracho, ha habido problemática de abasto del vital líquido desde que se dijo que estaban haciendo reparación a la tubería de unos pozos, sin embargo, sostuvo que al dar una vuelta por los pozos encontraron pipas de las familias Padilla y Medina abasteciéndose. Aseguró que desde administraciones pasadas se han venido haciendo “travesuras” con el agua potable de Paracho.

“Fuimos a ver esos pozos, y sacan de 50 a 100 pipas diarias, ahí en donde dice que no funcionan las bombas, la empresa de los Padilla y los Medina, entre otras familias que están en el huachicol del agua del pueblo. Afectan a todo el pueblo, y si no hay respuesta favorable para el día 5 cerraremos todas las de entradas de Parcho”, manifestó el integrante de la organización que forma parte del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).

Denunció que al no haber regulación, se comenten abusos por parte de empresas de abasto de agua, mismas que llegan a cobrar hasta mil 800 pesos por abastecer el líquido. Adelantó el consejero que buscarán crear un patronato del agua con el apoyo del Gobierno estatal pero sin la intervención del Ayuntamiento, en razón del conflicto de interés que se ha presentado, dijo.

“No es posible que un municipio de casi 50 mil habitantes no tenga el servicio básico del agua, hay quienes no podemos comprar uno o dos tambos, las pipas venden a puros aljibes y alteran precios, que van de mil 1200, mil 500 y mil 800. Tenemos el compromiso de palabra de que el 5 de enero ya tendremos agua, y en caso contrario tendremos que hacer acciones más fuertes”, agregó.

Añadió que la presencia tanto del presidente municipal como de funcionarios del Ayuntamiento el viernes en la manifestación no fue con el ánimo de negociar, sino de retirar a la fuerza el bloqueo carretero, sostuvo.

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/cerrar%C3%A1n-accesos-a-paracho-si-no-se-resuelve-conflicto-por-agua

Defiende OCMAL a líderes de Salaverna (Zacatecas)

domingo, 2 de enero de 2022
KAREN CALDERÓN | NTRZACATECAS.COM

La Red del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), a través de un comunicado, solicitó al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador del estado, David Monreal Ávila, poner un alto a la criminalización que hay contra Roberto de la Rosa y su hijo Roberto de la Rosa, quienes desde hace 10 años están en la lucha por la tierras de Salaverna, en Mazapil.

Tierras en la que la empresa Ocampo Mining, filiar de la minera Frisco, propiedad de Carlos Slim, las que buscan cambiar la mina subterránea de Tayahuaua por una de cielo abierto, lo cual ha dejado como saldo desplazamientos forzados de los habitantes de esta comunidad.

A través del escrito, la red solicita la intervención de los mandatarios para dar claridad a la situación y se trasparente el actuar de las autoridades en este caso, donde existe evidencia de violencia empresarial y de derechos humanos a la comunidad Salaverna.

Derivado a las acciones en defensa de estas tierras por parte de Roberto de la Rosa y su hijo, ellos han sido víctimas de la violación a sus derechos.

Además de negación al reconocimiento de personalidad jurídica; también se ha eliminado la libertad de circulación con la construcción de un cerco que impide el desplazamiento libre de los habitantes; asimismo, se han destruido escuelas e iglesia, por lo que se violentan los derechos de educación.

La OCMAL recordó en el escrito que existen denuncias desde 2010, 2011 y 2014, mismas que no han tenido ningún seguimiento, sin embargo, y contrario a esto, ante la supuesta existencia de una denuncia por amenazas por parte de don Roberto hacia uno de los trabajadores de la empresa, tuvo un seguimiento inmediato, por lo que se deja en claro “la desigualdad que los pueblos enfrentan contra las empresas multimillonarias”.

https://ntrzacatecas.com/2022/01/02/defiende-ocmal-a-lideres-de-salaverna/

Nueve periodistas fueron asesinados en 2021 en México

Europa Press / Proceso

MADRID. (EUROPA PRESS) -Un total de 45 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados en 2021 cuando se encontraban desempeñando su trabajo, lo que supone un descenso respecto al año anterior, según los resultados del informe anual de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) difundidos este viernes.

La cifra, que es recogida anualmente por la FIP desde 1991, es una de las más bajas desde que se realizó el informe por primera vez. No obstante, el número total de periodistas asesinados en las últimas tres décadas asciende a 2.721.

Dichos asesinatos, según la FIP, corresponden principalmente a “homicidios selectivos, muertes por fuego cruzado y bombardeos”, tal y como recoge el comunicado de la organización.

La región de Asia-Pacífico encabeza la lista regional con una veintena de asesinatos a lo largo de este año, por delante de América (con diez), África (con ocho), Europa (con seis) y Oriente Próximo.

Si bien se ha producido una disminución de la violencia, los periodistas se han enfrentado a numerosas amenazas, especialmente en países como Afganistán, donde nueve periodistas han sido asesinados, México, India y Pakistán, los más peligrosos para estos trabajadores.

“Los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación son asesinados con mayor frecuencia por denunciar la corrupción, el crimen y el abuso de poder en sus comunidades, ciudades y países”, recoge el texto.

No obstante, la FIP destaca que los riesgos asociados a los conflictos armados han disminuido en los últimos años debido a la limitada exposición de los profesionales que cubren conflictos armados.

Por contra, alerta, “la amenaza de bandas criminales y cárteles de la droga, desde los barrios marginales de México hasta las calles de las ciudades europeas de Grecia y Países Bajos, siguen aumentando y están detrás de muchos de los asesinatos registrados este año”.

“Estos 45 colegas que hemos perdido este año nos recuerdan el terrible sacrificio que siguen haciendo los periodistas de todo el mundo en aras del interés público, y estamos siempre en deuda con ellos y con los miles de personas que han pagado el precio más alto”, ha manifestado el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger.

“La FIP cree que el único homenaje adecuado a la causa por la que dieron sus vidas debe ser la búsqueda incesante de justicia para ellos. Por eso seguimos abogando por la adopción de una nueva Convención de la ONU para la protección de los periodistas, que garantice la rendición de cuentas por los asesinatos de periodistas”, ha zanjado.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/12/31/nueve-periodistas-fueron-asesinados-en-2021-en-mexico-278370.html

Quitan recursos contra violencia de género (Jalisco)

Foto: Cortesía EFE

Redacción / El Diario NTR

En Jalisco las mujeres están en el olvido y completamente desprotegidas, el Estado en lugar de reforzar las políticas y programas para prevenir, atender y eliminar la violencia de género, les quita recursos, denunció Sandra Quiñonez Domínguez, coordinadora de Cladem Jalisco.

Además, el gobierno de Jalisco dejó de hablar de las alertas de género que existen en el estado para no cumplir con ellas.

Quiñonez Domínguez denunció que en Jalisco la violencia familiar, los feminicidios, las agresiones sexuales contra niñas y la desaparición de mujeres van al alza y el gobierno no actúa para evitar estos crímenes, cree que con un discurso se puede solucionar el problema.

“Los pocos programas donde la Secretaría de Igualdad Sustantiva ha manejado presupuesto a mediados de año se le ha venido recortando el presupuesto porque es prioritario para el gobernador camionetas blindadas o cualquier otra cosa menos los temas de género, volvemos al punto de al Estado no le interesa lo que nos pase a las mujeres, tiene otras prioridades en su agenda política, pero no las mujeres”.

Sandra Quiñonez reiteró que antes de la pandemia de Covid-19 y su confinamiento ya existía la violencia contra la mujer, pero más allá de incrementarse la violencia lo que se incrementó fueron las denuncias.

Insistió que el gobierno no da resultados en el tema de la violencia contra la mujer y con discursos pretende disuadir la presión mediática, incluso, dijo que dejó de hablar de las alertas de género para no cumplir con sus lineamientos.

“Gobierno del Estado decidió dejar de hablar del tema porque la Conavim en su recuento le da por no cumplida ninguno de los puntos de las alertas, fue una orden del gobernador”.

Sandra Quiñonez reconoció que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres atiende el tema de la violencia de género, no tiene la capacidad incidir en otras dependencias y el círculo vicioso de revictimización continúa.

Aunque no quiso ser pesimista, alertó que en 2022 la violencia de género se recrudecerá y las instancias como el Centro de Justicia para las Mujeres colapsara por la falta de presupuesto.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=176254

Desesperación, angustia, falta de recursos, sin ayuda de las autoridades y hasta enfermedades enfrentan familiares desaparecidos (Jalisco)

Foto: Archivo El Occidental

Víctor Ramírez / El Occidental

Hace más de un año desapareció su hijo y desde entonces conforme a su situación económica y de salud no deja de ir a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) con la esperanza de encontrarlo y en donde permanece por horas sentada en la calle, pero no pierde la fe de poder hallarlo vivo.

La señora María del Refugio Cervantes, con sus más de 70 años de vida y con afectaciones en sus rodillas como puede acude al IJCF y narra el pesar que tiene desde que hace más de un año que su hijo no regresó de trabajar, es decir el 3 de abril del 2020.

“Él se fue a trabajar y quedó de regresar en la tarde y hasta iba a llevar a un apersona para que soldara un cancel, pero él ya no regresó desde el 3 de abril” y en este año ocho meses “yo vengo, pero sólo a las juntas, a Semefo no entro ni nada, vengo a ver con la esperanza de saber algo” ya que es su hija la que lleva a cabo todo ese proceso de identificación y búsqueda.

Cansada de ir de una a otra oficina, sin recursos económicos, enferma de las rodillas, ella refleja la tristeza en sus ojos de no saber en dónde está su descendiente, el pesar de que no sabe si está vivo o muerto, si lo van a encontrar algún día, mientras su cabello blanco se mueve con el poco aire que de repente sopla en el exterior del IJCF.

Al igual que miles de personas que buscan a sus familiares dice no ser apoyada por las autoridades que sólo les dan excusas y alargan el tiempo para una respuesta clara, es decir “no veo ningún apoyo del Gobierno, aquí nos dicen y vengo con ese interés de que a la hora de que se ofrezca algo nos apoyan a hacer el papeleo, porque dicen que es mucho” pero no siempre es así.

Dijo que de preferencia “yo lo quiero encontrar vivo” pero desde el momento en que el familiar no llega a casa la crisis inicia y lanza un suspiro antes de decir “yo vivo muy mal desde ese día, enfermedades, sin poder dormir” pero al “venir aquí a esperar noticias siento que lo busco” y que “lo acompaño en su descanso” pero no desea ver cuerpos porque se sentiría mal al ver todo eso.

En el caso de su hija que lleva a cao todo este proceso de búsqueda tuvo que ser atendida por el servicio de psicología ya que se “puso muy mala y a mí también me mandan” pero acude en la medida de sus posibilidades ya que sus enfermedades y la falta de recursos son impedimentos para seguir siempre.

Otro de los problemas a los que se enfrenta es que la esposa de su hijo decidió no seguir con esta búsqueda y ya no la apoya en nada, incluso desde los primeros meses de desaparecido ya lo daba por fallecido y que no tiene caso seguir con esa búsqueda.

https://www.eloccidental.com.mx/local/desesperacion-angustia-falta-de-recursos-y-hasta-enfermedades-enfrentan-familiares-desaparecidos-7668302.html

“Fueron los marinos”: Instalan plantón en Michoacán por desaparición de un joven

Heriberto López Peña, de 27 años, no ha sido localizado desde el pasado 10 de diciembre. Su familia asegura tener testimonios de que elementos navales lo capturaron y entregaron a un grupo delictivo.

Por Alberto Pradilla, Animal Político, 28 de diciembre, 2021

Heriberto López Peña, de 27 años y oriundo de Caleta, Michoacán, desapareció el pasado 10 de diciembre. Testimonios incluidos en la denuncia presentada por su esposa ante la Fiscalía General de la República (FGR) señalan que elementos de la Secretaría de Marina lo capturaron en la playa de la localidad de Toril, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Desde entonces no se sabe nada de él. Sus familiares creen que los oficiales entregaron al joven a un grupo delictivo que opera en Pichilinguillo, muy cerca del lugar en que fue desaparecido. Vecinos de Caleta mantienen un plantón para exigir su regreso con vida y que las autoridades actúen contra los responsables.

“Los que levantaron a mi hermano son los marinos que estaban en Tupitina. Las dos patrullas que tienen en la base de allá fueron las que lo hicieron”, dice Marisol López Peña, de 32 años y hermana del desaparecido.

Su versión: que Heriberto se acercó a la playa, posiblemente a fumar mariguana, cuando fue interceptado por los elementos navales. “Las dos camionetas estaban separadas, una en la carretera y otra en la playa. Pasó mi hermano y le corretearon. Le alcanzó a llamar a uno de sus amigos. Esa fue la última llamada de él”, explica. En la denuncia presentada ante FGR, se incluye el testimonio del trabajador de un hotel que aseguró haber visto cómo los marinos lo persiguen y lo capturan.

“De ahí no se lo llevan a la ciudad, se lo llevan a Pichilinguillo. Ahí hay un retén de gente armada, a los que llaman los Pulidos. Hubo personas que dicen que los marinos lo entregaron a ellos”, afirma López Peña.

“Si lo hubieran agarrado con mariguana, lo que tenían que hacer es dar parte, llevarlo y hacer lo que se tenía que hacer. Pero no lo presentaron a ningún lado”, dice la hermana del desaparecido. Asegura que fue a la base más cercana junto con la esposa del joven pero que los marinos negaron tener relación con los hechos.

Animal Político consultó con la Marina, la FGR y el gobierno de Michoacán sobre el caso, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Tras la desaparición de Heriberto López Peña, vecinos de Caleta colocaron un plantón en la carretera de la costa que se dirige a Lázaro Cárdenas.

Foto: Animal Político

El martes, 14 oficiales de la Marina se presentaron en el plantón y negaron estar coludidos con el crimen organizado. El comandante Félix García Reyes aseguró que lo más probable es que hubiese vehículos clonados de la Armada de México. Este es un argumento que las instituciones han repetido en ocasiones en las que han sido señaladas por violaciones a los derechos humanos.

Ocurrió, por ejemplo, entre febrero y mayo de 2018 cuando la Marina fue acusada de perpetrar 47 desapariciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Al ser cuestionados por familiares de los desaparecidos, las autoridades alegaron que se trataba de delincuentes disfrazados de marinos, algo que las investigaciones descartaron. Actualmente hay 18 oficiales encarcelados por el delito de desaparición forzosa y otros 12 fueron recientemente liberados.

Según explicó Marisol López Peña, la Marina lanzó un operativo el miércoles 15 en el que participó la mujer del desaparecido. Según esta versión, tres personas fueron detenidas, pero hombres armados trataron de liberarlos causando bloqueos con vehículos ardiendo.

“Nunca habíamos tenido problemas con nadie. Ni con la gente ni con el gobierno. En el pueblo todo estaba tranquilo”, dice López Peña, que exige la presentación con vida de su hermano.

Organizaciones de Derechos Humanos como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México emitieron una alerta en la que exigen la liberación de López Peña, la investigación del caso y una reunión de los pobladores con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, para poder tratar la problemática delictiva en el lugar.

Michoacán vive una situación conflictiva en los últimos años por el enfrentamiento entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos, formados por diversos grupos delictivos.

Marina ha sido acusada en diversas ocasiones de perpetrar desapariciones forzosas. Ocurrió en el primer semestre de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y a finales de 2018 en Guanajuato.

https://www.animalpolitico.com/2021/12/planton-michoacan-desaparicion-joven-marinos-heriberto-lopez/?utm_source=pocket_mylist

Falta cumplir con Plan de Justicia para Temaca (Jalisco)

Foto: Archivo, Cuartoscuro

Redacción / El Diario NTR

Aunque en 2021 se llegó a un acuerdo con el gobierno federal para frenar que la cortina de la Presa El Zapotillo se elevara a 105 metros, aún falta que se cumplan con los acuerdos del Plan de Justicia acordado con los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, indicó su vocero el padre Gabriel Espinosa.

Reiteró que la lucha de Temacapulín aún no termina, ya que tienen que vigilar que los acuerdos se cumplan.

“La vida es una lucha, no es que se terminen los trabajos con los acuerdos con el presidente de la República y su gabinete dado que hay tareas que se tienen que seguir haciendo, que son acuerdos de que las comunidades no se inunden con la presa El Zapotillo y que la presa El Zapotillo funcionara con una cortina baja para agua para Guadalajara tendríamos que darle seguimiento que se cumplan, que se firmen, que haya un nuevo decreto, acuerdos de dirección y que se cumpla con el Plan de Justicia”.

El padre Gabriel Espinosa refirió que el caso de la Presa El Zapotillo no es el único atentado contra el agua, la sustentabilidad, los pueblos y el medioambiente, refirió que la reciente aprobación de la habitabilidad para las Villas Panamericanas es un claro ejemplo que las políticas obsoletas que implementan los gobiernos quienes ven el agua como un negocio.

“El gobierno de Jalisco sigue implementando políticas en el tema del agua totalmente obsoletas y que contradicen en primer lugar la naturaleza para la que los gobiernos deben trabajar, que es el bien común de los pueblos y ese bien es el agua que se sigue viendo como un negocio no como un bien natural”.

El vocero de Temacapulín, Gabriel Espinosa, reiteró que el gobierno de Jalisco beneficia a las inmobiliarias y el Sistema Intermunicipal de los Servicios del Agua Potable no brinda un servicio sustentable del agua, únicamente se dedica a cobrar por ella.

Alertó que si el manejo del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara no cambia, la ciudad enfrentará una catástrofe ambiental.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=176217

Pagan a jornaleros 5 pesos por 20 kilos de chile (Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas)

Además de llenar cubetas, las cargan de 100 a 500 metros para depositar su contenido en un camión

Bertha Becerra | El Sol de México, martes 28 de diciembre de 2021

Nunca pararon durante el confinamiento. Entre marzo de 2020 y octubre de 2021, más de 25 mil personas de los cinco municipios más pobres del país, en la Montaña de Guerrero, salieron a los campos agrícolas de Sinaloa, Valle de San Quintín, Jalisco, Chihuahua, Zacatecas y Michoacán a levantar cosechas.

Son jornaleros que trabajan de sol a sol, en condiciones deplorables y con prestaciones sociales sólo en el papel. “Para ellos, es migrar o morir. Quedarse en sus comunidades es morirse de hambre. Ellos hacen posible que los alimentos lleguen a nuestra mesa, pero tienen salarios de hambre”, refiere a El Sol de México el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Para estos trabajadores, el incremento al salario mínimo anunciado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) para 2022, de 172 pesos diarios, no significa nada en comparación a lo extenuante de su trabajo.

“Realmente no se sienten reflejados en este aumento, porque su trabajo es extenuante de sol a sol, en condiciones deplorables. La mayoría de ellos prefiere el trabajo a destajo, esto es, la recolecta en cubetas de 20 kilogramos de chile, tomate, por las que les pagan cinco pesos”.

Los jornaleros no sólo se encargan de llenar las cubetas sino cargarlas de 100 a 500 metros para depositarlas en un camión que luego transporta la mercancía.

“Hay padres de familia que cargan hasta tres cubetas: una en la cabeza, otra en el hombro izquierdo y otra en la mano derecha”.

Lo más que pueden sacar con este trabajo intenso son 150 pesos diarios “y los que trabajan con todo el sudor de su frente hasta 300”, denuncia Barrera desde Tlapa, Guerrero.

Explica que desde hace dos años organizaciones civiles conformaron una alianza denominada Campo Justo donde una de las metas fue lograr que la Conasami empezara a incorporar a los trabajadores jornaleros agrícolas porque antes no se contemplaban dentro de los salarios especiales.

Fue un gran logro que pudieran incorporarlos, pero el salario mínimo que se asignó para la población jornalera en 2022 sigue siendo insuficiente. De acuerdo con Barrera, estos trabajadores requerirían un mínimo de 300 pesos diarios para cubrir sus necesidades más elementales.

“El piso básico. Para las y los jornaleros es insuficiente, pero es la meta. No se ha logrado. Vamos muy despacio. Sabemos que por lo menos ya hay voluntad política. Ya hay mayor disposición para el aumento al salario mínimo”, señala.

Las y los jornaleros son trabajadores especiales. Durante la pandemia nunca pararon. Ellos no estuvieron confinados a pesar de los contagios, ellos estaban en los campos agrícolas haciendo la recolecta.

En su viaje a los campos agrícolas la población queda muy expuesta. Viajan con niños, madres embarazadas, personas mayores. No les dan alojamiento. Tienen que pagar renta de un cuarto, donde no tienen baño o no hay electricidad. Tienen que tomar agua del canal.

Y, sin embargo, el ingreso precario de los jornaleros es el pilar que sostiene la economía de las familias de La Montaña, afirma Barrera con contundencia.

–¿Ya tuvieron acercamiento con funcionarios de Conasami?

–Recientemente no hemos tenido pláticas. Hablamos en una ocasión con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y le planteamos nuestra preocupación. Asumió en colocar el salario mínimo de los jornaleros en la agenda.

Hemos hablado con algunos miembros del consejo de la Conasami, más con los representantes de los sindicatos. Ha sido difícil hablar con los empresarios, pero seguimos empujando.

SEGURO SOCIAL SOLO EN EL PAPEL

El activista indica que a nivel nacional se habla de alrededor de tres millones de personas que se ocupan como jornaleras, sobre todo provenientes de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz. Contando a sus familias, se estiman en 8.5 millones.

“Hemos documentado que 40 por ciento de la población de La Montaña son niños y al mismo tiempo casi 30 por ciento no van a la escuela. Entonces, son altos los índices de analfabetismo, de monolingüismo; madres de familia que no saben leer ni escribir; que se van embarazadas y muchas son madres solteras que tienen que ir a trabajar con tres o cuatro niños”.

Barrera indica que también han pedido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que realice inspecciones en los campos agrícolas y verifique las condiciones laborales de la población jornalera.

“Ellos (la STPS), nos hablan de que hacen muchas inspecciones, pero con pocos resultados. No vemos que haya recomendaciones y que se obligue a los empresarios a que cumplan con las leyes laborales”.

–¿Y que los inscriban en el IMSS?

–Correcto. Se aplica el Seguro Social pero solo en el papel, porque en la práctica, la gente nos dice que cuando se enferman, ellos tienen que pagar médico y comprar las medicinas. No se hace efectivo el IMSS. Ese es el problema. Y esto en verdad, es una carga muy grande porque con la pandemia se han enfermado varios de ellos y han cubierto los tratamientos.

–Y por otro lado está el trabajo infantil, ¿los hijos tienen que colaborar?

–Exacto. Pequeños de 12 años sobre todo. Quiero comentarle que en México hay muchos campos agrícolas que no están registrados en la STPS, que no están dados de alta. Son como campos informales, clandestinos. Son de ganaderos, de empresarios que rentan la tierra y que para cosechar necesitan mucha mano de obra.

Y como no están registrados ni regulados, ellos contratan a las familias y les dan trabajo a los menores y eso no debe de suceder. Las mismas familias ven una oportunidad porque los hijos no van a la escuela y no los pueden dejar en el pueblo porque no pueden sostenerlos y entonces trabajan los niños. Y en lugar de un salario reciben cuatro o cinco sueldos.

Eso les ayuda a tener mejor ingreso. No es tanto, porque ahí mismo en el campo tienen que comprar los productos y son muy caros. Es un círculo vicioso que lo que ganan extra se queda ahí entre un 60 a 70 por ciento. Entonces, regresan con 10 mil, 15 mil o 20 mil pesos por temporada de seis meses.

Y esto para una familia no le alcanza para la compra del maíz, de ropa, utensilios para los hijos que van a la escuela o medicinas.

–¿Cuántos niños trabajan en los campos agrícolas?

–Es un alto número de niños. Hacemos una contabilidad de 40 por ciento de cero años a 17 años. Ahora, serán como tres mil niños de 12 a 17 años que más trabajan en las temporadas que van de febrero a septiembre cada año.

Es lo que más o menos hemos registrado aquí en la región de la Montaña.

–¿Se mantienen los rezagos sociales?

–En efecto. Trabajan mucho, ganan poco. Siguen los rezagos sociales: En las comunidades están sin escuelas y sin maestros, Y donde hay, las escuelas son unitarias porque solo hay un maestro para todos los grupos. Es parte de la discriminación estructural.

Los niños indígenas si son 20 solo mandan un maestro que ni habla la lengua de las comunidades. Vienen nada más a castellanizar, eso no es educación. Faltan maestros que hablen la lengua y que tengan visión de interculturalidad, que reconozcan que a los niños hay que enaltecer su identidad, sus conocimientos.

Esto ha hecho que el rezago social sea muy profundo aquí en la Montaña: comunidades todavía con caminos intransitables, algunos no tienen luz. Y a pesar de que las montañas son fuentes de agua y en sus casas no tienen una llave de agua.

Aquí nacen los afluentes del río Balsas y Papagayo y paradójicamente no tienen agua en sus viviendas y comunidades. El problema es que no hay infraestructura para los servicios básicos de la comunidad.

–¿Cree que Conasami ya se sensibilizó en el tema de los jornaleros agrícolas?

–Creo que del uno al 10, vamos en el número dos. Falta más. Como hay una conformación tripartita, los empresarios no están muy convencidos. Los sectores de los trabajadores, tampoco todos los apoyan, los sindicatos. Entonces, falta más trabajo. ¡Ya logramos colocar el tema!

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/pagan-a-jornaleros-5-pesos-por-20-kilos-de-chile-7660749.html

Zapotecas exigen que Sener respete suspensiones judiciales contra EDF (Oaxaca)

Avispa Midia / Sare Fabres.

La autoridad municipal de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, César Carrasco Vicente, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ha solicitado a la Secretaría de Energía (Sener) que retome el proceso de consulta indígena para la instalación del parque eólico Gunaa Sicarú de la empresa francesa de energía EDF (Electricité de France).

Durante toda la consulta, que fue suspendida debido a la pandemia de Covid-19, comuneros han denunciado que ha sido un proceso protocolar para la implementación del proyecto, sin llevar en consideración los impactos reales en el territorio zapoteca.

En caso de que la Sener decida retomar el proceso de consulta contravendría, de acuerdo con el abogado agrario del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, dos suspensiones otorgadas por tribunales de Oaxaca que impiden a la eólica EDF realizar cualquier acción sobre los terrenos comunales de la comunidad, lo que incluye la retomada de la consulta.

La primera, otorgada desde el 05 de mayo de 2018, suspende la Manifestación de Impacto Ambiental. La segunda es la suspensión de plano, lograda el 6 de septiembre de 2021, que el tribunal colegiado de Oaxaca del décimo tercer circuito otorgó por unanimidad a la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y sus anexos, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa.

“Las suspensiones mencionadas, confirman que se ha tenido que recurrir a juicios para defender nuestro territorio (…). Exigimos a las autoridades respeten y hagan respetar la suspensión de plano otorgada por el Tribunal Colegiado”, sostiene la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) en un comunicado.

Además de las dos suspensiones, González sostiene que las fechas previstas en el permiso concedido por la Comisión Reguladora de Energía, en 2017, para la realización del parque eólico, ya han caducado. “El permiso señala que la terminación de obras tendría que haberse dado el 31 de mayo de 2019 y la operación tendría que haber iniciado el 1o de junio de 2019”, explica.

Así que “no hay condición de ningún tipo para que la empresa pretenda iniciar trabajos para la construcción del parque eólico”, evalúa el abogado.

Tierras de uso común

En el caso de la suspensión lograda en septiembre de 2021 por los comuneros de Juchitán de Zaragoza, que resisten a la imposición de este proyecto, argumentaron que se pretende construir el parque en tierras comunales sin la autorización del pueblo indígena que vive en Juchitán y sus cinco anexos.

En la decisión, el colegiado declaró: “(…) Que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar actos que tengan por objeto privarla total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrutar de las tierras de uso común con motivo de los trabajos relativos a la construcción de un campo eólico denominado Gunaa Sicarú”.

El abogado aclara que la eólica EDF hizo declaraciones manifestando que la suspensión no le causa ninguna afectación, argumentando que la construcción de la central eólica se va a realizar fuera de los terrenos comunales.

“Quiero dejar claro que no es cierto lo que dice la empresa. La totalidad o la mayor parte de las obras que pretende realizar la empresa EDF se ubica dentro de la superficie que fue reconocida y titulada a la comunidad de Juchitán y sus anexos, mediante resolución presidencial en el año de 1964. Existen los documentos, existe la resolución presidencial. Dentro del expediente agrario están los títulos primordiales que dan fe de la posesión y de la propiedad ancestral que Juchitán y las diversas comunidades que lo componen han tenido desde hace siglos. Son tierras comunales y están constitucionalmente protegidas de acuerdo a la Ley Agraria”, sostiene González.

Actualmente existen 29 parques eólico en el Istmo de Tehuantepec, de los cuales 26 son de empresas privadas. Solamente en las tierras comunales de Juchitán hay una ocupación de 50 mil hectáreas por parte de estas empresas, en su mayoría transnacionales.

https://avispa.org/zapotecas-exigen-que-sener-respete-suspensiones-judiciales-contra-edf/

Continúa acumulada la basura y las calles sucias en Oaxaca de Juárez

Noticias / Alexei García.

Luego del paro de labores por parte de los cinco sindicatos que agrupan a las y los trabajadores del municipio de Oaxaca de Juárez, continuó la basura en las calles.

Ayer, domingo 26 de diciembre, los acumulados de desechos continuaban en las calles del centro, colonia Reforma e incluso, barrio de Jalatlaco e incluso Santa Lucía del Camino.

En el caso de Oaxaca de Juárez, su protesta duró cinco días y tuvo por motivo la falta de la paga del aguinaldo y la última quincena del año.

Fue el 24 de diciembre que la autoridad municipal, con apoyo del gobierno del estado y de la administración entrante de la capital oaxaqueña, se realizó el pago correspondiente.

La presencia de desechos en diversas partes de la capital oaxaqueña, provocó el enojo de las y los ciudadanos, quienes durante los pasados días exigieron respeto a su salud y calidad de vida.

Hasta el momento, las autoridades municipales no se han pronunciado, pero oaxaqueños consultados piden agilizar la llegada de la nueva administración municipal.

Paro de recolección de basura, una pesadilla

Oaxaqueños y oaxaqueñas de esta capital calificaron como lamentable la cantidad de desechos presentes en las esquinas de las calles, pues indicaron que son un foco infección.

Los habitantes de Oaxaca de Juárez pidieron a las autoridades que en los días entrantes se normalice la recolección de desechos, pues se dijeron hartos de esta situación.

Las protestas

5 días duraron en la capital oaxaqueña

https://www.nvinoticias.com/oaxaca/general/continua-acumulada-la-basura-y-las-calles-sucias-en-oaxaca-de-juarez/123515

Jalisco, segundo lugar nacional en feminicidios

Foto: Cuartoscuro

Redacción /  El Diario NTR

De los casi mil feminicidios que se cometieron de enero a noviembre de 2021, 66 ocurrieron en Jalisco, por lo que la entidad se mantiene en el segundo lugar con más crímenes de este tipo.

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados con más víctimas de feminicidios son Estado de México con 132; Jalisco con 66; Veracruz con 66; Ciudad de México con 64; y Nuevo León con 57.

Sin embargo, también hay dos municipios jaliscienses con mayor incidencia delictiva.

En primer lugar, se encuentra Ciudad Juárez con 16; seguido de Culiacán con 16; San Pedro Tlaquepaque con 14; Tlajomulco de Zúñiga con 13; y la alcaldía Gustavo A. Madero con 12.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=176125

Denuncian en redes a funcionarios del gobierno estatal intentando retirar del árbol navideño las fotografías de las personas desaparecida (Jalisco)

Foto: Especial

Redacción / El Diario NTR

Después de que en redes sociales se difundieron diversos videos donde funcionarios del gobierno de Jalisco intentan retirar del árbol navideño las fotografías de las personas desaparecidas, instalado en Plaza Liberación, el gobierno de Jalisco negó haber dado alguna indicación al respecto.

Aunque no informó si los funcionarios serían investigados por no respetar el derecho de las personas de desaparecidas de expresar sus sentimientos.

Reiteró que no se trata de una indicación oficial e incluso tras difundirse estos hechos “se giraron instrucciones para que por ningún motivo sean retiradas las imágenes, y se respete por completo el legítimo derecho que tienen los familiares de las personas desaparecidas de expresar su sentimiento”.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=176058

Trabajadores vuelven a paralizar Oaxaca para reclamar su aguinaldo

Proceso / Pedro Matías.

Por segundo día consecutivo, trabajadores de limpia realizaron 15 bloqueos carreteros, tomaron bancos y tiendas departamentales para reclamar al alcalde el pago de su aguinaldo.

OAXACA, Oax. (apro).– Por segundo día consecutivo, la capital de Oaxaca amaneció sitiada con alrededor de 15 bloqueos carreteros, toma de bancos y tiendas departamentales, así como la suspensión del servicio de limpia, provocando la irritación entre la población y el turismo que asistiría a la tradicional Noche de Rábanos que se realiza la víspera de Navidad.

Ante la ausencia del gobierno estatal del priista Alejandro Murat Hinojosa y del presidente municipal emanado de Morena, Oswaldo García Jarquín, empresarios invitaron a realizar un “tequio por Oaxaca”, es decir, una jornada de limpieza ante la falta de acción y respuesta por parte del gobierno municipal.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Mariana Benítez Tiburcio, exigió al edil de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, dé solución inmediata a la problemática en la capital, causada por los bloqueos viales realizados por sindicatos municipales.

“Ante el caos vial y las graves afectaciones ocasionadas a la población y comercios del estado de Oaxaca por los bloqueos y protestas, demandamos al presidente municipal, Oswaldo García Jarquín, dé la cara a la ciudadana y ofrezca una solución inmediata. Oaxaca no merece esto”, manifestó la diputada a través de su cuenta en Twitter.

Desde el 20 de diciembre, trabajadores del sindicato de limpia tomaron carreteras, avenidas y calles para exigir el pago su aguinaldo.

Aunado a los bloqueos, los manifestantes se declararon en paro de labores y suspensión del servicio de recolección de basura, situación que ha generado acumulación de desechos en distintos puntos del municipio.

En plena temporada decembrina, los empresarios hicieron un llamado a que “limpiemos nuestras calles y compartamos en redes nuestro amor por Oaxaca para retomar la cultura del tequio (trabajo comunitario no remunerado).

Entre las sugerencias que hicieron está utilizar la playera de su negocio y guantes; realizar la limpieza en su cuadra, meter la basura en bolsas negras y dejarlas afuera de los contenedores (estamos consiguiendo particulares que pasen por ellas)”.

A su vez, el líder del sindicato Libre, Marcelino Coache, exigió se practique una auditoria al edil de Morena tras acusarlo de dejar en bancarrota al municipio de Oaxaca de Juárez, y adelantó que las protestas se mantendrán de manera indefinida hasta que les paguen el aguinaldo.

En tanto, en redes sociales siguen circulando mensajes con las fotografías del político de Morena, Oswaldo García Jarquín, con la leyenda: “Se busca a ratero, por mentir a los trabajadores del municipio, por robar el dinero del ayuntamiento, por traición a la confianza del pueblo, por orden de los oaxaqueños”.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/12/22/trabajadores-vuelven-paralizar-oaxaca-para-reclamar-su-aguinaldo-277943.html

Huellas de amor cuelga 50 fotos de desaparecidos en árbol navideño en Jalisco

Foto: Rosario Álvarez

Rosario Álvarez / Telediario

En Jalisco 15 mil 148 familias tienen algún familiar desaparecido, de acuerdo al último corte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Tras este dato, el colectivo Huellas de Amor, colgó más de 50 fichas de búsqueda de hombres y mujeres alrededor del árbol de Navidad instalado en Plaza Liberación, en el centro tapatío, esto con el objetivo de visibilizar las desapariciones forzadas en Guadalajara.

Hace seis meses, Jalisco, ocupó el primer lugar nacional en el registro de desaparecidos con 13 mil 124 casos, que representaban 14.9 por ciento del total nacional, de 96 mil 69 personas desaparecidas y no localizadas en el país.

A inicios de diciembre, nuevamente Jalisco se reafirmó como la primera entidad a nivel nacional con 15 mil 148 desapariciones, que representan el 18 por ciento de todo el país.

Esto quiere decir, que de cada 100 personas desaparecidas, 18 son registradas en el estado. Después de Jalisco se encuentran los estados de  Tamaulipas con 11 mil 852 casos y Estado de México con 10 mil 210 personas desaparecidas.

De acuerdo con el portal del Sistema de Información sobre víctimas de desapariciones en Jalisco, se tienen contabilizadas 11 mil 33 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales mil 228 son mujeres y 9 mil 746 son hombres, esto al último corte realizado al 30 de noviembre del 2021.

https://www.telediario.mx/comunidad/jalisco-colectivo-cuelga-fotos-desaparecidos-arbol-navideno

“Me entenderás cuanto te duela el alma como a mí”: Padre de Joven desaparecido (Colima)

Foto: Ilustrativa

Anilú Salazar Mejía / El Noticiero en Línea

“Me entenderás cuanto te duela el alma como a mí”, expresó Adrián Fonseca, padre de Jasson Adrián Fonseca Núñez, quien desapareció hace casi ocho meses, en el municipio de Armería y no se sabe nada de su paredero.

Adrián Fonseca pertenece a la Red de Desaparecidos Colima, quienes ayer colocaron “esferas” con los rostros de sus familiares desaparecidos en los árboles del jardín principal de Tecomán,   y el pasado fin de semana también hicieron esta actividad por segundo año consecutivo en los jardines principales de Colima, Comala, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez.

En Manzanillo, la Red de Desaparecidos señala que no hubo la participación de las familias en esta navidad, por lo que no se colocaron esferas en los árboles del jardín, pero siguen luchando por encontrar a sus seres queridos y si alguien los ha visto o sabe algo, agradecen cualquier información que les puedan proporcionar.

Al formar parte de esta colocación de esferas, Adrián Fonseca señaló que “Duele todo. Duele hasta lo más profundo de mi ser; me arrebataron a mi hijo . Desde mis entrañas es indescriptible esto que se vive día a día. No se le desea a nadie”.

Señaló: “Siento que solo vivo por vivir, este mismo dolor me hace fuerte para cumplir con una misión que es encontrar a mi hijo, volver a verlo a abrazarlo y nunca más separarnos. Te amo hijo, donde quiera que estés. Dios ilumine tu camino”.

“Ya casi ocho meses y aún no sé nada de él. Estoy desquiciado pues grito, lloro, río a carcajadas de tanto dolor, corro al mismo tiempo, sin encontrar respuesta. Me entenderás cuando te duela tanto como a mí”, mencionó.

Como parte de la campaña de destaco que las esferas “no solo son parte de la temporada navideña, cada esfera va dedicada con Amor Inmenso y Esperanza, de tocar corazones, para que nos lleva a la localización de los nuestros.

https://www.elnoticieroenlinea.com/me-entenderas-cuando-te-duela-el-alma-como-a-mi-padre-de-joven-desaparecido/

Ejidatarios de Halachó bloquean de nuevo construcción del Tren Maya (Yucatán)

Paloma Reyes / Haz Ruido

Los campesinos denuncian que, tras la destitución de su antiguo comisario por presuntos actos de corrupción, la nueva administración no ha podido realizar la ceremonia de entrega-recepción.

Además, exigen a las autoridades el pago de 3.5 millones de pesos por hectárea por sus tierras.

Halachó, Yucatán, 21 de diciembre de 2021.-Por segunda ocasión, ejidatarios bloquearon la zona dónde se realizan los trabajos de construcción del Tren Maya en Halachó para exigir a las autoridades federales una nueva tarifa por sus tierras.

Entrevistado en la protesta, Fernando May Sosa, líder de los campesinos, declaró que como parte de una nueva evaluación con el nuevo comisario, exigirán al Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR) un pago aproximado de 3.5 millones de pesos por hectárea.

Cómo se recordará, en octubre pasado, los campesinos pidieron la destitución del comisario ejidal Fabián Yerbes Huchim por incurrir en actos de corrupción en contubernio con el FONATUR por la venta de ésta zona, luego de que este recibiera un pago de 3 millones 860 mil pesos por 27.5 hectáreas, tarifa que no fue autorizada por los demás campesinos.

“Ya basta de mentiras, que dejen de estar engañando a la gente con que esto es una indemnización. Esto es una expropiación dónde nosotros tenemos que defender las tierras”, puntualizó.

Mencionó que a un mes desde que fue removido de su cargo, no se ha podido realizar la asamblea para la entrega-recepción de la nueva administración ya que la Procuradoría Agraria pretende que únicamente acudan 12 integrantes y que no sea de manera pública como ellos exigen.

“El excomisario no ha querido ni entregar la llave de la casa ejidal, hemos visto que ha sido protegido por la misma Procuradoría Agraria”, denunció.

Mencionó que se ofrecieron 140 mil pesos por hectárea para la zona dónde se ubicaban las antiguas vías del tren, pero reiteró que el área que les corresponde no baja del millón de pesos por hectaréa.

“Si ellos no quieren llegar a un acuerdo, tampoco vamos a permitir que entren a pisar nuestras tierras para que siga la construcción”, declaró.

Denuncia por saqueos de vestigios mayas

Por otra parte, May Sosa mencionó que la semana pasada durante un recorrido por la zona de vestigios mayas, previo a la llegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la entrega de un informe, se percataron de que hubo saqueos por parte de la dependencia.

“Inclusive fueron destruyendo árboles para que ellos pudieran meter el trascabo y hacer la limpieza. Se extrajeron varias piezas. Nosotros les pedimos que en la localidad se construyera un museo e hicieran la entrega de manera pública de todos los objetos que fueron saqueando de los vestigios mayas”, aseveró.

En ese sentido, dijo que el INAH había quedado en realizar una evaluación de los daños, pero hasta la fecha no han regresado.

https://www.hazruido.mx/reportes/ejidatarios-de-halacho-bloquean-de-nuevo-construccion-del-tren-maya/

Marchan por desaparición de los hermanos Camarena (Jalisco)

Foto: Jorge Alberto Mendoza

Edgar Flores / El Diario NTR

Alrededor de 50 familiares y amigos de los hermanos Camarena, desaparecidos en 2019 en Ocotlán por policías municipales, marcharon este domingo desde la glorieta de los Niños Héroes, renombrada como de Las y Los Desaparecidos, hasta palacio de gobierno. Su objetivo fue exigir resultados a las autoridades estatales en las investigaciones del caso.

En la marcha, iniciada al mediodía, también participaron otros ciudadanos que sufren la desaparición de un ser querido.

Las víctimas de este caso son José de Jesús Martínez Camarena, Ernesto Padilla Camarena, Tonatiuh Ávalos Camarena y Oswaldo Javier Ávalos Camarena, quienes desaparecieron el 19 de diciembre de 2019 cuando transitaban por Ocotlán. Los hermanos llamaron a sus familiares porque unos policías locales los pararon para realizarles una revisión precautoria y ésa fue la última vez que supieron de ellos.

Durante su recorrido, sus familiares lanzaron fuertes consignas a las autoridades y pidieron justicia y avances en las investigaciones, pues acusan falta de reacción y atención por parte de la Fiscalía del Estado.

Una de las hermanas de los jóvenes desaparecidos contó que incluso la Fiscalía se niega a ir a Ocotlán para continuar con las investigaciones.

“Nos dicen que el municipio es territorio de riesgo y que necesitan varias camionetas para ir, pero no van; no hay resultados y tampoco empatía con los familiares que buscamos a nuestros hermanos”, recalcó.

Durante una hora, los manifestantes pidieron avances a las afueras de palacio de gobierno, pero ninguna autoridad salió a atenderlos.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=175868

Protesta en Cozumel: Ambientalistas advierten el daño que causará un cuarto muelle de cruceros en la isla

COZUMEL, MX.- Dado que es una obra innecesaria y ocasionará que desaparecerían especies coralinas, ambientalistas, biólogos, buzos y habitantes de Cozumel rechazaron la construcción del cuarto muelle de cruceros, en medio de dos áreas naturales protegidas de la isla, aprobado por Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Adrián Villegas Jiménez, integrante de la Red de liderazgo del Sistema Arrecifal Mesoamericano, advirtió que Cozumel no tiene la capacidad, ni la infraestructura vial necesaria para incrementar el atraque de cruceros, que es de siete al mismo tiempo.

“Este muelle no se necesita y el argumento más contundente es porque ya hay siete posiciones de atraque de cruceros de última generación. Con esa obra aunado a que la Semarnat autorizó la ampliación del muelle internacional, Cozumel podrá tener 10 cruceros al mismo tiempo”, señaló.

Esta situación, abundó, significaría una cantidad de visitantes gigantesca con todos los problemas de logística, ambiental por la generación de sólidos, y aguas residuales, que no pueden ser atendidos por la planta de tratamiento de la isla.

También puntualizó que con la construcción del muelle desaparecen especies coralinas protegidas por la NOM 059 de la Semarnat, mismas que ayudan a la conectividad ecológica entre el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel con el ANP del Norte de la isla.

“Al construir el muelle se va destruir la conectividad entre las áreas naturales protegidas. A demás ese espacio es utilizado por prestadores de servicios turísticos, actividad de la que se benefician muchas familias.

El pasado siete de diciembre, la Semarnat aprobó que la empresa Muelles del Caribe construya el proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Crucero”, sometido al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) desde el 15 de octubre de 2020.

El proyecto fue sometido a consulta pública del 8 de abril al 6 de mayo. Hubo 243 observaciones vía electrónica, entre los cuales, expertos advirtieron que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) “no sustenta” la viabilidad del proyecto con información real, y su contenido “es engañoso”.

Contrario a la opinión de los expertos, y a pesar de que se aportaron elementos técnicos que demostraban que la obra pone en riesgo el ecosistema de las Áreas Naturales Protegidas, la Semarnat autorizó las obras, lo que derivo protestas en la isla, incluso exigieron a la dependencia los resultados de la consulta pública a la que fue sometido el proyecto.

La consulta fue solicitada por las asociaciones ambientalistas Cielo, Tierra y Mar, Citymar, Grupo Ecologista del Mayab, Manglares más vivos más sanos, y Coral Reef Restoration, así como las empresas locales, Sand Dollar Sports Dive, entre otras.

Servicios turísticos que no tienen permiso para ingresar a las áreas naturales protegidas utilizan ese espacio porque existe flora y fauna marina para llevar a turistas, y también es un área empleada por mucha gente para actividades deportivas. (Infoqroo)

https://noticaribe.com.mx/2021/12/20/protesta-en-cozumel-ambientalistas-advierten-el-dano-que-causara-un-cuarto-muelle-de-cruceros-en-la-isla/

Tribunal de Oaxaca suspende sentencia que defendía territorio chontal de minería

Avispa Midia / Sare Frabes.

El colegiado del Segundo Tribunal de Circuito en Materias Civil y Administrativa revocó la sentencia del juez 4º de distrito de Oaxaca, quien había decidido contra la explotación minera de la empresa Zalamera S.A de C.V, filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, en 5 mil hectáreas del territorio del pueblo chontal.

Apegado a marcos jurídicos internacionales, este pueblo originario había apelado a su autonomía y a su autodeterminación, alegando sobre la inconstitucionalidad a la que se incurrió al haber emitido el título de concesión por parte de la Secretaría de Economía sin haberles informado ni consultado. Por tanto, el juez dictó sentencia favorable al pueblo chontal en febrero del año 2020.

“Esta fue una decisión histórica porque la determinación del juez defendió no solamente las comunidades directamente afectadas por la concesión, sino todo el pueblo chontal”, señaló la abogada Aracely Olivos Portugal, de la organización civil Tequio Jurídico.

Sin embargo, la minera, al ver que casi pierde el caso, movió sus piezas para invalidar el juicio. Mañosamente, desistió de la concesión, “sabiendo perfectamente que con esa acción pone en riesgo la existencia misma del juicio, porque los tribunales van a decir que, si ya no existe esta concesión, ya no hay nada que analizar y ya no hay derechos que proteger”, asevera la abogada.

Y fue lo que pasó. “El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito decidió que el desistimiento de la concesión es algo que beneficia a las comunidades y que, por tanto, no hay ningún riesgo a la comunidad y ningún acto que mantenga vivo el juicio de amparo contra esta concesión”, explicó Olivos.

“No estamos de acuerdo”, refiere la abogada con respecto a la argumentación de los magistrados. “Sabemos que es una estrategia de mala fe de la minera y no es la primera vez que ha pasado”.

Para la abogada Olivos, esta es una estrategia muy común por parte de las empresas mineras en colusión con la Secretaría de Economía. Al ver que van perdiendo el juicio, desisten de la concesión y, consecuentemente, se suspende el caso, para después volver a hacer el pedido de concesión.

La empresa aplicó el mismo procedimiento, en el año 2015, en San Miguel del Progreso, estado de Guerrero. “Con la comunidad me’phaa, desistieron de las concesiones y, al llegar el caso a la corte, se dijo que como ya no hay concesiones, no hay juicio. Esta fue la primera vez que la corte se iba a pronunciar sobre la ley minera”, agrega la abogada.

El pueblo Chontal sería el tercer pueblo indígena al que se le aplica la misma estrategia de invalidar su proceso jurídico. El segundo fue en Puebla, con la comunidad de Tecoltemi, donde la empresa Almaden Minerals Ltd, también de capital canadiense, intentó invalidar el juicio.

“La minera hizo lo mismo, intentó pedir una reducción de su concesión para que ya no abarcara el territorio de la comunidad de Tecoltemi y desistirse de la fracción de la concesión que abarca esa comunidad, pero las abogadas litigaron muy bien y la Secretaría de Economía dijo que no se podía desistir. Actualmente está en la corte”, detalla Olivos.

La abogada sostiene que la defesa del territorio chontal debe continuar. “Seguramente no van a desistir del oro, plata, cobre, zinc y plomo que hay en este territorio”.

Por su parte, el pueblo Chontal ya decidió mediante actas que declaran su territorio prohibido para la minería. No quieren esta industria extractiva en su región.

https://avispa.org/tribunal-de-oaxaca-suspende-sentencia-que-defendia-territorio-chontal-de-mineria/

Culmina la etapa de búsqueda de desparecidos en el canal del desagüe en Ecatepec (Estado de México)

Texto y fotos: Fernando Solís

El Sol de Toluca

Han sido 4 semanas de trabajo arduo en el que las madres de los jóvenes desaparecidos han urgado durante siete horas diarias entre basura, tierra y escombros

Concluyó la etapa de búsqueda de restos de personas desaparecidas en las márgenes del gran canal del desagüe en Ecatepec.

En el lugar han sido encontrados tres restos “positivos” que han sido llevados por personal forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para ser analizados.

Este viernes, integrantes de los colectivos Uniendo Esperanzas y Red de Madrescumplieron un mes de hurgar la basura que era sacada por una retro excavadora de las aguas negras.

La primera búsqueda ocurrió entre marzo y mayo pasados. En aquella ocasión, hallaron los restos de una persona en el Gran Canal, en los límites de Ecatepec con el municipio de Tonanitla.

De acuerdo a Benita Ornelas, madre de Fernando Ornelas, a quien busca desde hace dos años y medio, indicó que los restos encontrados en Mayo no coinciden con los familiares de las personas que se encuentran en el lugar.

Han sido 4 semanas de trabajo arduo en el que las madres de los jóvenes desaparecidos han urgado durante siete horas diarias entre basura, tierra y escombros.

La presidenta de Uniendo Esperanzas, Verónica Rosas Valenzuela, madre de Diego, quien fue secuestrado el 4 de septiembre del 2015, relató desde las 8 de la mañana y hasta las tres de la tarde llevan a cabo la busqueda, desde mediados de noviembre, cuando comenzó la segunda etapa de los trabajos.

“Es un trabajo muy cansado, no somos especialistas, no somos antropológos ni foreses, tampoco contamos con todo el equipo adecuado”, refiere Rosas Valenzuela, enfundada en su traje blanco y gorra azul.

En días pasados, hallaron positivos (huesos humanos) que ya fueron entregados a la fiscalía, para las pruebas de genética y medicina forense.

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/culmina-la-etapa-de-busqueda-de-desparecidos-en-el-canal-del-desague-en-ecatepec-7623007.html

Dos años sin Mariana: la justicia se enreda en burocracia (Sinaloa)

Nallely Casillas | El Sol de Sinaloa

Culiacán, Sin.- En el último tramo para que un juez emitiera una sentencia condenatoria contra el presunto responsable del feminicidio de Mariana y otras tres mujeres, las cosas se tornaron adversas para el acceso a la justicia pues el imputado se retractó y ahora su defensa legal pide reformulación del proceso judicial.

Este jueves 16 de diciembre, se cumplen dos años del crimen de la joven estudiante de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y a pesar de que ya se contaba con un acuerdo previo para conseguir una condena de 45 años, el proceso judicial se ha visto empantanado.

Y ninguna autoridad, ni de la Fiscalía ni el Poder Judicial, ha respondido a esa prontitud que exige el sistema penal acusatorio para lograr el acceso a la justicia.

Dos años de angustia, de peregrinar al juzgado en espera de una resolución en firme, dos años en que no han faltado las cancelaciones de audiencia o los aplazamientos inexplicables, burocráticos, cansados.

Por primera vez, familiares de Mariana decidieron romper el silencio para denunciar presuntas anomalías que se traducen en una dilación sistémica: omisiones de la Fiscalía que no logran encuadrar en un cierre de proceso que mitigue el dolor.

REVICTIMIZAR A LAS VÍCTIMAS

Lucía es la madre de Mariana. Señala que desde el inicio del proceso judicial, tras el arresto de Rosario Alonso R, un hombre que fue pescador hace años, las cosas caminaban bien, pero de pronto la burocracia legal detuvo todo.

En tres ocasiones, dice, han cambiado a los jueces, muchas audiencias se han pospuesto de manera sorpresiva y en otras ocasiones ni la Fiscalía ni el Juzgado notifican a las otras familias para que se presenten.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

Además, la defensa del imputado estuvo incurriendo en omisiones que han obligado una y otra vez, a la postergación de estas audiencias.

“Nos han dado muchas largas en la Fiscalía para poder resolver prácticamente lo que ya tienen, tienen a la persona detenida, tienen evidencia, y ni así”, menciona la madre de la víctima.

El abogado de esta persona no acude a las audiencias y eso hace más lento el proceso.

Lucía mamá de Mariana

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

Rosario Alonso está imputado, además del feminicidio de Mariana, por el de otras tres mujeres. Cecilia, de 22 años, encontrada sin vida en Costa Rica en 2018, fue la primera; luego encontraron a otra joven en el Panteón 21 de Marzo en febrero de 2019 y la última es Ana Karen, una chica de Hermosillo que fue localizada asfixiada en un cuarto de motel del sur de la capital.

Antes de ella, la tercera había sido Mariana, reportada desaparecida el 11 de diciembre de 2019 y encontrada muerta el día 16.

De acuerdo con las investigaciones, el feminicidio de Ana Karen fue la pista para dar con la identidad de Rosario Alonso: dejó evidencias y su rostro grabado en cámaras. Lo demás fue hilar rastros pruebas, testimonios.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

Aunque en un principio la Fiscalía imputó caso por caso, en el juzgado los cuatro procesos se juntaron en uno solo. Fue así como, relata doña Lucía, tanto las familias como los asesores victimales, el acusado y su defensa de oficio, acordaron una condena de 45 años, sin que se les diera la reparación económica del daño.

“Nosotros rechazamos la indemnización, porque no nos interesa el dinero, lo que queremos es que se dé una sentencia, es muy doloroso seguir con el aplazamiento de las audiencias y estar viendo en el juzgado a esta persona”, refiere Melissa, hermana mayor de Mariana.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

ACUERDO FRUSTRADO

Tanto Lucía como Melissa cuentan que hace unos meses ya se estaba por cerrar el caso, pero Rosario Alonso se retractó, de pronto se dijo inocente, sus familiares le mandaron un abogado particular y ahora, todo hace pensar que las familias de las víctimas tendrán que enfrentarse a pelear que se les brinde la justicia anhelada.

“Ya habíamos llegado a un acuerdo, lo aceptamos y él aceptó la culpa, íbamos a firmar, ya estábamos todas las partes de acuerdo; ya iban a dictar sentencia, sin embargo los licenciados dijeron, vamos a pedir una nueva audiencia y es volver a empezar”, explica Lucía.

Ante eso, al menos la familia de Mariana se muestra inconforme del actuar de la Fiscalía, pues señalan, nunca han puesto mano dura en el caso para acelerar el proceso para dictar sentencia y de ahora en adelante, tras retractarse del acuerdo, el caso será mucho más lento y largo.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

Melissa recuerda lo difícil y doloroso que es para la familia estar reviviendo a través de las audiencias, los hechos de la muerte de la joven, y que por ello también se había realizado el acuerdo.

Sin embargo, menciona que también al mostrarse sensibles ante los asesores victimales, estos les han pedido simplemente que ya no asistan a las audiencias.

“Se les hace muy fácil decir ya no vengan, si así, estando presente en todas las audiencias no han resuelto el caso, faltando menos. Además nosotros vamos en representación de Mariana”, explayó.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

Esta situación, señalan, revictimiza a los familiares al bloquear el acceso a la justicia cuando ya había un claro hilo para llegar a una sentencia.

Cómo aceptas un trato declarándote culpable, aceptando que lo hiciste y al final de cuentas dices, no, yo soy inocente.

Melissa

Melissa dice hacer un llamado a las autoridades y a la Fiscalía General del Estado, a tener un poco de empatía en este caso y acelerar el proceso de juicio.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

Puntualizó que el imputado, es un peligro para la sociedad y que no debe salir libre por ningún motivo.

“Está persona es un peligro para la sociedad, él es un delincuente y si sale libre lo va a volver a hacer, ninguna mujer está segura si una persona como él es dejado en libertad”, finalizó.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

QUÉ PIDE LA FAMILIA

A las autoridades, tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía, dejar de incurrir en dilaciones burocráticas y tener acceso a una justicia resarcitoria.

Ya habíamos llegado a un acuerdo, lo aceptamos y él aceptó la culpa, íbamos a firmar, pero luego se retractó y se dice inocente.

Melissa Hermana de Mariana

https://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/dos-anos-sin-mariana-la-justicia-se-enreda-en-burocracia-7615623.html

Familiares de migrantes desaparecidos en Chihuahua exigen intervención federal en la búsqueda

En los últimos seis meses, el desierto de Chihuahua ha sido testigo de la desaparición de al menos 30 personas migrantes; los operativos de búsqueda estatales no han sido exitosos y solo una vez se ha recurrido a la búsqueda por helicóptero.

ÓSCAR ROSALES / RAÍCHALI

Familiares de un grupo de migrantes desaparecidos en el desierto de Chihuahua, desde los meses de septiembre y noviembre exigieron a la gobernadora Maru Campos aumentar los esfuerzos de búsqueda. También pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, para sumar elementos del gobierno federal a esas acciones, ya que las dependencias estatales se encuentran “rebasadas”, expresaron.

Las exigencias las hicieron el pasado martes 14 frente al Palacio de Gobierno en la capital del estado. Ahí estuvieron también la madre y tíos de Omar Reyes López, joven del estado de Hidalgo desaparecido desde el 2 de noviembre, quien logró enviar su posición en coordenadas, pero hasta el momento no ha sido localizado.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), asegura que son más de 30 personas migrantes las que han desaparecido los últimos seis meses en el desierto comprendido entre Ojinaga y el Valle de Juárez.

Familiares de los 13 migrantes desaparecidos entre los municipios de Coyame del Sotol y Ojinaga, indican que fue a finales de septiembre que se tuvo por última vez comunicación vía telefónica con ellos. Desde entonces, tampoco se ha sabido nada de ellos.

Sin embargo, según reportes de la fiscalía, tres días después de la última llamada, un menor de 15 años repatriado por el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, expresó encontrarse con el grupo de 13 migrantes.

Según el menor, el grupo fue interceptado por sujetos armados que los subieron a fuerza a vehículos, pero él fue liberado y, tras caminar por varias horas, autoridades norteamericanas lo aseguraron.

Los asistentes a la manifestación sospechan que un grupo del crimen organizado este operando en la zona del desierto que va desde Ojinaga hasta el desierto de Juárez, quienes secuestran a migrantes para utilizarlos como mano de obra.

Ante ese posible escenario, familiares demandan al gobierno federal una intervención inmediata de elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y la Marina que coadyuven los operativos de búsqueda de las autoridades de Chihuahua.

“Algo está pasando, y si algo está pasando, necesitamos ya no solo al estado, sino que intervenga el gobierno federal porque sabemos que hay recursos públicos para intervenir, ¿cuántas remesas mandan al día los migrantes? ¿cuánto está recibiendo el gobierno mexicano en estas fechas por los recursos que envían de Estados Unidos?”, cuestionó Sheila Arias, tía de Omar Reyes.

Las familias urgieron en este sentido la participación de elementos federales, ya que el desierto de Chihuahua se ha convertido en un “foco rojo” de desapariciones.

“¿No merecen que se muevan todos los aparatos públicos para buscarlos? ¿No merecemos eso? No queremos ni tenemos privilegios. Lo que queremos es el acceso a la justicia, porque es nuestro derecho”, añadió Arias.

“Queremos que se nos apoye con esos medios porque ellos siguen vivos en alguna parte de la frontera (…) tenemos derechos como personas, como ciudadanos a todos esos medios, no nomas porque no es hijo de un político, de un gobernador, no es de alguien importante, no se puede hacer algo”.

Operativos sin éxito

La vocera de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Sahira Castro, informó que existe un operativo permanente de búsqueda entre Ojinaga y el Valle de Juárez, sin que hasta el momento haya indicios que permitan su localización.

Al preguntársele sobre búsqueda aérea con helicóptero en el desierto, la vocera explicó que solo se ha llevado a cabo uno de ellos, el 17 de noviembre, siete días después de que Omar Reyes lograra comunicarse con su familia y enviar coordenadas de su ubicación.

Fue a través de un amparo que un juez federal ordenó el uso de todos los medios disponibles para la búsqueda de Omar Reyes a los tres poderes de gobierno.

 

La Fiscalía de Chihuahua especificó que no cuenta con helicópteros para realizar continuamente búsquedas aéreas, que el utilizado en noviembre fue proporcionado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pero que solo se recurre a este tipo de “prestamos” cuando es “necesario”.

Familiares de migrantes desaparecidos exigen intervención federal, sospechan secuestros por crimen organizado

Siguen sin pagarles a trabajadores del CENDI; van 12 meses (Jalisco)

Foto: Tribuna de la Bahía

Brenda Beltrán / Tribuna de la Bahía

Corina Naranjo, directora del Centro de Desarrollo Infantil “Tierra y Libertad”, informó que ya se cumplieron 12 meses sin percibir ni un solo peso de sus salarios por parte de la Federación, siendo afectados más de 40 trabajadores.

Comentó que la semana pasada acudieron a la Ciudad de Guadalajara porque la Federación decía que el estado era quien no hacía la recepción de los documentos; y el estado decía que la Federación.

“Al final de cuentas, gran parte de la responsabilidad de que no nos pagarán a los dos era tanto de la federación como del estado. El estado, solicitaba los documentos que se necesitaban; la federación tardaba hasta cuatro meses para mandar un documento y ahí se nos fue todo el año”.

Dijo que también para obtener la firma del gobernador de Jalisco fue un proceso largo, el cual se solucionó hasta que Enrique Alfaro Ramírez acudió a esta ciudad hace un par de semanas y dijo que él estaría resolviendo esa situación para que se les pagara. Si bien, firmó los papeles a los tres días de haber estado en Puerto Vallarta, después el estado les dijo que ya no les podían pagar porque el ejercicio fiscal ya había cerrado.

“Nos tenemos que esperar hasta el año que entra con un nuevo presupuesto para que nos puedan pagar”.

Comentó que si bien no les han pagado, ellos continúan laborando; aunque ahorita ya salieron de vacaciones y eso para ellos es de gran beneficio, dado que así ya no están gastando gasolina, comidas y lo que se necesite.

Por lo que hizo el exhorto a las autoridades de que ya les paguen en tiempo y forma, ya que ellos entraron en el presupuesto anual de educación inicial y recordó que la educación inicial ya es obligatoria; es por ello que tanto el estado como la Federación tienen la obligación y responsabilidad de pagarles.

https://tribunadelabahia.com.mx/sin-pagarles-trabajadores-cendi-51620

Una victoria más para el pueblo de Xoco (Ciudad de México)

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Arturo Contreras / archivo Pie de Página

Pie de Página

Después de un recurso de revisión desahogado por un tribunal administrativo de la Ciudad de México, se determinó que la suspensión provisional de las obras que afectan al pueblo de Xoco sigue surtiendo efecto; habitantes denuncian complicidad entre autoridades y constructoras

CIUDAD DE MÉXICO.-  El pasado 18 de noviembre, un juez de la Ciudad de México ordenó a las autoridades de la alcaldía Benito Juárez, así como a la constructora Fibra UNO, suspender provisionalmente cualquier obra en el barrio de Xoco. 

El motivo para decretar esta suspensión temporal es la espera de una resolución a un amparo que los habitantes de Xoco promovieron para suspender definitivamente las obras de la constructora.

Pese a esto, la constructora y las autoridades de la alcaldía desacataron dicha resolución, presentaron diversos recursos de revisión para levantar la suspensión provisional.

Las y los habitantes de Xoco también se inconformaron ante las autoridades administrativas. Denunciaron complicidad entre el gobierno y las empresas para seguir con las construcciones, hecho que desconoce sus derechos como pueblo originario de la ciudad.

Este jueves se notificó el fallo del tribunal, el cual es a favor de los habitantes de Xoco. Las obras, por lo tanto, deben suspenderse hasta el próximo 21 de diciembre, fecha prevista para la resolución definitiva del tribunal.

Mediante un comunicado, la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco celebró la decisión del tribunal, pero cuestionó el proceder de las autoridades capitalinas y de la constructora, a quienes denuncian de persistir en los intentos por desconocer los derechos políticos que poseen por ser un pueblo originario.

“El Pueblo de Xoco espera que el tribunal siga actuando de forma garantista en pro de sus derechos humanos, que le entre al estudio profundo de los derechos que tiene Xoco como Pueblo Originario y que dicho tribunal no se deje intimidar por el poder económico que el Proyecto Mítikah (de Fibra UNO del Banco Actinver) pueda llegar a ejercer de forma directa o indirecta y a través del poder político de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía Benito Juárez para revertir sus criterios y los alcances de sus determinaciones”. 

Bajo amenaza derechos políticos e identitarios del pueblo de Xoco

La Asamblea destaca que uno de los argumentos que la empresa Fibra UNO ha maquinado -en complicidad con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI)- es el decir que el pueblo de Xoco no cuenta con territorio propio, uno de los requisitos formales que la ley establece para el reconocimiento de un pueblo indígena.

Inclusive, acusa la Asamblea del pueblo, han desaparecido de los mapas al panteón de Xoco y la calle Real de Mayorazgo, espacios que constituyen la identidad colectiva y tradicional de Xoco y son patrimonio de la comunidad.

Y señalan que, tanto la constructora como las autoridades, pretenden “confundir a los impartidores de justicia, señalando que el Pueblo de Xoco no tiene territorio, desconociendo los derechos que tiene Xoco como Pueblo Originario y la existencia de su hábitat (…)  para que puedan ser espacios públicos privatizados en el futuro”.

Por el derecho a la información y la vida digna

Otra de las estrategias que se han promovido en contra de la voluntad del pueblo, acusaron, ha sido la negativa a acceder a información pública sobre los proyectos y obras que se ejecutan en su territorio.

Tal es el caso del recurso de revisión RRA 12219/21 en donde exigían al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que brindara la información completa sobre cualquier autorización otorgada para modificar la calle de Real de Mayorazgo.

Este recurso de revisión también fue ganado por los habitantes de Xoco.

“La resolución del INAI es otro gran éxito para Xoco, ya que las diversas autoridades le han escondido la información oficial al pueblo, por lo que esta batalla en materia de derecho a la información sienta un precedente para otras impugnaciones que tiene Xoco en materia de transparencia en contra de otras autoridades y permisos otorgados que afectan al pueblo”.

Pese a esto, las problemáticas al interior del pueblo continúan. Además de luchar contra las autoridades y constructoras que amenazan su territorio, también pelean por la vida digna, vulnerada por las consecuencias que trae la gentrificación.

Una de estas problemáticas es la falta de agua y los elevados cobros de predial en Xoco, lo que propicia desplazamientos hacia zonas más económicas.

Ante esto, la Asamblea del pueblo ha determinado emprender una serie de acciones para exigir exentar el cobro de predial en el pueblo y garantizar el acceso al agua potable.

“(…) conforme al derecho internacional, los pueblos originarios no deben pagar impuesto predial por las viviendas que ocupan dentro de su territorio y además se debe garantizar a todos sus integrantes el derecho humano al agua”, señalaron en su comunicado.

Y agregan que:

“Las resoluciones del Tribunal Colegiado son una gran victoria para Xoco, ya que son garantistas y además son orientadoras para que el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México pueda resolver sobre la Suspensión Definitiva el próximo 21 de diciembre de 2021”.

https://piedepagina.mx/una-victoria-mas-para-el-pueblo-de-xoco/

Anuncian que Transístmico contará con energía de hidroeléctricas en los Mixes (Oaxaca)

Avispa Midia / Sara Fabres.

El lunes (13), asesores de los pueblos de la región Mixe, en Oaxaca, han alertado que las comunidades originarias de este Estado no han recibido información sobre 81 proyectos de generación de energía hidráulica que el gobierno pretender instalar en sus comunidades. Además, aseguran que esta energía renovable será suministrada a los parques industriales que se edificarán en el Corredor Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec.

El asesor, José Pablo Antonio, del Servicios del Pueblo Mixe, remarca que, de los 81 proyectos planeados para Oaxaca, se dividen en “9 proyectos de grandes presas hidroeléctricas, y 72 pequeñas presas”, son datos que han obtenido del Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) a través del Atlas Nacional de Zonas Factibles (AZEL).

Del total de proyectos ya se encuentran tres en construcción. Una en Tuxtepec, la segunda en el municipio de San Felipe Usila y la tercera en en el municipio de Cuyamecalco, Villa de Zaragoza.

Además, en las plataformas oficiales, hay registros de zonas consideradas “altamente potenciales para generar energía eólica” en diversas comunidades.

El informe presentado por los asesores de las comunidades mixes ha registrado que el Atlas Nacional del Inventario de Energías Renovables, La Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) viene evaluando el potencial de la energía eólica, incluso, considerando el uso de aerogeneradores de eje axial, con una altura de torre de 80 metros sobre el nivel de la superficie, así como la velocidad media anual del viento a 80 metros de altura.

De acuerdo con el abogado, esta información debió haber sido recibida por las comunidades dónde se realizarán los proyectos, “no es el papel de las organizaciones dar esta información, es del Estado quien tiene que informar. Tal y como marcan los convenios internacionales”, puntualizó el abogado.

El equipo asesor argumenta que la falta de información hacia las comunidades indígenas es un problema latente y esto, “es una violación grave al derecho a la información que tienen los pueblos indígenas”, sostuvo José Pablo.

https://avispa.org/anuncian-que-transistmico-contara-con-energia-de-hidroelectricas-en-los-mixes/

Las cifras ocultas del COVID-19 en Sinaloa

Nada cambió a pesar de que Melesio Cuen dijo una y otra vez que se acabaría con la opacidad respecto a la pandemia

La fórmula la replican una y otra vez. Un día no hay decesos y tres días más tarde actualizan. Así administran la estadística de fallecimientos por COVID-19 en la Secretaría de Salud del Estado.

El argumento de la autoridad para el rezago en el registro de decesos durante casi 20 meses fue la falta de personal y temas administrativos.

Ahora, la administración de Cuen Ojeda adoptó las mismas prácticas y añadió nuevas omisiones.

El ejemplo más reciente ocurrió el jueves 9 de diciembre. El informe diario registró 36 fallecimientos de los cuales 32 corresponden a fechas entre julio y noviembre, pero ya no se especifica la fecha.

Desde el inicio de esta administración la estadística presentó cambios en los reportes. El más grande había sido dejar de indicar el sitio donde ocurrió el fallecimiento, limitándose únicamente a indicar la fecha, el sexo, la edad y si existía alguna comorbilidad en el paciente.
Pero ahora no. Solamente sexo, edad y comorbilidad.

El dato se vuelve relevante desde que se comienzan a reportar días sin fallecimientos en uno de los estados que ha tenido mayor letalidad por el virus SARS-CoV-2. Son ya más de 9 mil muertes en el estado, y la cifra que la autoridad maneja siempre va por debajo de los verdaderos fallecimientos.

Por ejemplo, el primer boletín que la nueva administración generó sobre el estatus del coronavirus en Sinaloa no registró fallecimiento alguno. Sin embargo, en un cruce con la base de datos federal, con corte al 7 de diciembre, esa fecha registró siete fallecimientos.

Siempre creciendo

La tercera ola de contagios provocada por la variante Delta del COVID-19 rápidamente comenzó a cobrar vidas de sinaloenses. El registro oficial contabilizó 415 decesos, sin embargo la cuenta no se detiene.

Como ejemplo hay que asomarse a los reportes de octubre. Durante los 31 días de ese mes se añadieron 15 fallecimientos a la cuenta de decesos que dejó julio pasado para quedar en 754.

Pero son muchos más.

En el cruce con la base de datos abiertos se encuentra que con corte al 7 de diciembre se han registrado 847 muertes del mes de julio de este 2021.

Los casos que probablemente hayan contraído el virus SARS-CoV-2 durante la tercera ola se estiman entre finales de junio y principios de julio hasta septiembre. Y los decesos dejados en ese período dejan más de 2 mil 100 muertes.

El rezago en los registros no es novedad. El primero sucedió durante junio del año pasado. De manera oficial se registraron en un primer momento 829 fallecimientos por el coronavirus ese mes, sin embargo, el cruce arroja que son mil 011 muertes.

Según los registros de los datos abiertos de la Secretaría de Salud, el día en que más fallecimientos se han registrado por el coronavirus en Sinaloa ha sido el viernes 12 de junio de 2020.

El reporte diario de ese entonces reportó apenas 32 decesos, sin embargo en el cruce con la base de datos abiertos se encuentran contabilizados 52 muertes.

Casi idéntico el ocurrido el del domingo 9 de agosto de ese mismo año en que se reportaron 16 fallecimientos, sin embargo los datos abiertos de la federación tienen registrados también 52 muertes.
La crecida tras el rezago
Los rezagos en la estadística de Salud del Estado vienen precedidos por meses de alta incidencia. En este caso, el reporte tardío de los fallecimientos marca una tendencia al alza en los meses posteriores.

Sin tomar en cuenta la primera ola que dejó casi 3 mil 200 muertes, la escalada de la segunda y tercera ola marcan esa tendencia.

Por ejemplo, luego de la estabilización o meseta en los contagios diarios durante octubre y noviembre de 2020, los fallecimientos bajaron considerablemente. Según los datos federales diciembre registró apenas 282 muertos, la cifra más baja durante la pandemia partiendo del mes de mayo.

Para enero de 2021 la cifra se disparó a 601 decesos.

Después, en los meses de mayo y junio de 2021 los fallecimientos llegaron a 122 y 146 para darle paso a julio con 847 y agosto con 958.

Para octubre y noviembre de nuevo bajaron con 150 y 78 respectivamente.

Pero esas cifras seguirán nutriéndose. El jueves 9 la Secretaría de Salud hizo oficiales otros 32 fallecimientos ocurridos entre julio y noviembre.

El suplicio del refuerzo

María, de 64 y Alicia de 62 son hermanas. La mañana del martes 7 acudieron al cuartel militar en Culiacán para su tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es el refuerzo. Estudios revelan que tras seis meses se requiere un “booster”. Y ambas hermanas acuden al llamado.

Decidieron ir por la tarde para evitar aglomeraciones. Pero no fue así. La fila se había disipado pero la gente estaba amontonada en la entrada. Los servidores de la nación justificaban. “Mañana continuaremos”. Las vacunas se habían terminado antes de las 16:00 horas.

Al día siguiente probaron suerte en el segundo centro de vacunación habilitado en el gimnasio María del Rosario Espinoza. La fila ahí superaba el kilómetro de longitud. Bajo los rayos del sol adultos mayores buscaban un poco de sombra mientras toreaban carros sobre el bulevar Alfonso G. Calderón. Tampoco lo lograron.

Para el jueves 9 madrugaron. Regresaron al cuartel militar y al cabo de cuatro horas fueron vacunadas con el antígeno de AstraZeneca.

Y en Culiacán la gran mayoría de los adultos mayores que acudieron al llamado de la Secretaría de Salud para ser vacunados tuvieron en promedio esa espera.

Pero ni el caos ni la desorganización los detuvo.

Las cifras ocultas del COVID-19 en Sinaloa

Pueblos de Oaxaca rechazan consulta de Semanart sobre permanencia de Cuzcatlán

Avispa Midia / Redacción.

Diez pueblos zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca se reunieron, en los días 10 y 11 de diciembre, en asamblea comunitaria regional y reafirmaron su rechazo al proyecto minero de la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Todas las diez comunidades presentaron sus actas de asamblea en las cuales declaran cada una de ellas territorio prohibido a la minería y, además, presentaron las firmas de sus ciudadanos en contra del proyecto.

Cuzcatlán llegó a San José del Progreso sin consultar a los pueblos zapotecas y sin informar los riegos de contaminación a su suelo, agua y aire. Inició sus operaciones comerciales, explotando oro y plata, en el año 2011. Ahora Cuzcatlán quiere expandir su negocio para más 10 años.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) anunció en noviembre que está preparando un proceso de consulta en la región. Sin embargo, los pueblos rechazan la consulta del gobierno, por ser una “propuesta de consulta expres, que no preveía proporcionar información necesaria y suficiente para cumplir con la etapa de consulta previa (…)”.

Además, no garantiza la participación de todas las comunidades afectadas, “con el argumento de que únicamente se consultaría a las comprendidas dentro de un área denominada Sistema Ambiental Regional”, sostienen las comunidades en un comunicado.

Las comunidades decidieron, entonces, hacer su autoconsulta, y exponer desde sus vivencias los impactos sociales y ambientales que han vivido durante diez años de explotación minera.

“Decimos a la Semanart que desde nuestro legítimo derecho de libre determinación hemos informado a nuestros ciudadanos y ciudadanas de los efectos que la minería ha traído a nuestros territorios a partir de nuestras vivencias: sufrimos la imposición de la división comunitaria ocasionada por sus actos de compra de voluntades y corrupción de autoridades, violencia y muerte de nuestros hermanos defensores de derechos humanos, contaminación del agua de nuestros ríos y nuestros cultivos con el polvo que genera la minera, la disminución de los mantos freáticos por lo que cada día es más difícil la obtención de agua para nuestros cultivos y consumo humano”, dicen.

Los pueblos viven la incertidumbre de saber si su subsuelo ha sido excavado o no por Cuzcatlán, ya que la explotación es subterránea y, a pesar de las solicitudes de información, la empresa no lo revela. De manera que las comunidades piden que se “dé a conocer los lugares donde ha operado la empresa minera realizando excavaciones y rellenos, ya que ésta situación afecta directamente al manto freático de las comunidades”.

Las diez comunidades demandan de la Semanart la negación de cualquier permiso ambiental que permita la continuidad de la explotación de plata y oro en la región.

Ofensiva

Denuncian que la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, “a través del sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)”, presiona de diferentes formas para que se extienda la vigencia de la concesión minera y pueda seguir operando.

Además, “denunciamos la actuación de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Azael Santiago Chepi, Ángel Domínguez Escobar y la legisladora Yeidckol Polevnsky ya que realizan gestiones que favorecen los intereses de la empresa minera sin importarles poner en riesgo a las comunidades zapotecas”.

Las diez comunidades son: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.

https://avispa.org/pueblos-de-los-valles-de-oaxaca-rechazan-consulta-de-semanart-sobre-permanencia-de-cuzcatlan/

‘¿Mi vida vale 30 mil pesos?’: dan libertad condicional a agresor de Elisa, sobreviviente de ataque con ácido (Ciudad de México)

Foto: Cuartoscuro

Tania Casasola / Animal Político

Pese a que la fiscalía capitalina argumentó que la vida de Elisa corría peligro, el juez determinó que el agresor –quien hace dos décadas la roció con ácido y sigue amenazándola– podrá salir de prisión con una fianza de 30 mil pesos.

El hombre que roció con ácido el 40% del cuerpo de Elisa Xolalpa Martínez, hace 20 años –y la ha seguido amenazando−, fue condenado a cinco años de prisión por violencia familiar con el beneficio de libertad condicional.

¿Eso es justicia?, se pregunta Elisa, cuyo cuerpo lleva las marcas de un intento de feminicidio.

Elisa se siente en riesgo y este martes apelará la sentencia, que asegura, fue sin perspectiva de género y refuerza el mensaje de que “la violencia contra los cuerpos de las mujeres es tolerada y justificada por los jueces”.

“Muchas gracias señor juez”, fue la respuesta de Javier Ediberto “N” al escuchar el fallo del juez Adolfo Rodríguez Campuzano.

Pese a que la fiscalía capitalina argumentó que la vida de Elisa corría peligro, el juez determinó que el agresor podrá salir de prisión con una fianza de 30 mil pesos.

“Lo que estoy viviendo es la antesala a un feminicidio, ¿qué esperan ahora?, que vengan mis hijos, que venga mi familia a pedir justicia porque su madre está muerta (…) Para el Estado y para los jueces mi vida vale 30 mil pesos”, señaló Elisa.

Aunque la pena máxima para el delito de violencia familiar es de seis años de cárcel, el Ministerio Público estaba solicitando 12 años al tratarse de violencia continuada, pues desde 2001 cuando intentó matarla, hasta ahora, Javier Ediberto “N” y su familia no han dejado de agredir a Elisa, a sus familiares y su círculo cercano.

Cuando tenía 18 años, Javier Edilberto “N” intentó matar a Elisa: la amarró a un poste para torturarla y le roció un garrafón con ácido en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, zona chinampera de Xochimilco, en Ciudad de México.

Ahora Elisa tiene 38 años y dice que hace 20 desconocía cómo nombrar lo que le pasó, las autoridades solo clasificaron los hechos como lesiones. Ahora sabe que lo que ocurrió fue una tentativa de feminicidio.

Juez reconoció violencia feminizada 

La falta de actuación e impunidad de las autoridades llevó a que la violencia continuará. En 2019, Javier Ediberto “N” nuevamente amenazó con asesinar a Elisa. En noviembre de 2020 fue detenido, pero sus familiares ayudaron a que se escapara mientras estaba esposado en la patrulla.

Hasta febrero de 2021 lo detuvieron en Morelos y fue vinculado a proceso por violencia familiar.

Durante una de las audiencias, el juez reconoció que si bien no se estaba juzgado el delito de 2001, −el ataque con ácido−, sí había una violencia continuada con alto grado de violencia feminicida. En la audiencia del 9 de diciembre dijo que había errores evidentes de la fiscalía al no garantizar la seguridad de Elisa; sin embargo, solo determinó una culpabilidad media contra el agresor.

Teresa González, integrante del colectivo Todas somos Elisa, −que se formó para dar acompañamiento y exigir justicia−, explicó a Animal Político que esos antecedentes fueron tomados en un inicio por el juez Júpiter López Ruíz como argumento principal para dictar medidas cautelares de prisión preventiva, ya que Javier Ediberto “N” nunca se presentó a los llamados de la autoridad y en el momento de la detención se dio a la fuga.

En esa primera audiencia la defensa argumentó que la prisión preventiva era una medida excesiva, pero el juez respondió que se ponderaba el derecho a la vida de Elisa. Todo este contexto, el juez Adolfo Rodríguez Campuzano lo olvidó.

Javier Ediberto “N” debe cumplir con los plazos legales y permanecer en prisión en lo que avanza el proceso de apelación. Sabe que hay otras dos carpetas de investigación abiertas.

Teresa González comentó que existen todas las alarmas de que pueda fugarse, más si una vez ya lo hizo, cometió agresiones a pesar de que Elisa tenía medidas de protección y nunca acudió a los llamados de la autoridad.

“Eran elementos suficientes para que el juez no le diera el beneficio de llevar su proceso en libertad, pero el juez Adolfo Rodríguez Campuzano ya en otras ocasiones ha sido señalado de ser omiso en casos de violencia de género”, señaló González.

Un día después de la sentencia, Elisa se manifestó junto con otras mujeres que la apoyan y la colectiva Todas Somos Elisa, frente al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, para exigir que se revise la forma de actuar del juez Rodríguez Campuzano.

“No más sentencias machistas”, “Jueces y magistrados también son culpables”, “Alto a la violencia institucional”, se leía en las mantas y cartulinas de protesta.

Esta no es la primera sentencia del juez Rodríguez Campuzano que ha inconformado a víctimas de violencia de género. En enero de 2019, el juez dejó en libertad a un hombre acusado de morder la cara de su novia. Uno de los argumentos del juez fue que el policía que arrestó al implicado, “se contrapone con lo señalado por la víctima”.

Finalmente una magistrada determinó revocar la absolución al inculpado, al considerar que se acreditaron plenamente los delitos de violencia familiar equiparada y lesiones calificadas en agravio de la víctima.

La batalla por la búsqueda de justicia 

Tras un largo proceso para que se haga justicia, de que las mismas autoridades la revictimizaran, de que su carpeta de investigación desapareciera, de pasar años entre quirófanos y cirugías tratando de recuperarse y con unas cicatrices imborrables, la justicia ni siquiera habla de una reparación del daño.

Elisa aún espera que avance la indagatoria que se abrió en 2001 y se reponga el proceso; su carpeta de investigación se extravió y es necesario aclarar dónde está y por qué no hubo seguimiento del caso.

Además, la colectiva denuncia que la queja interpuesta en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX no ha tenido avances pese a las múltiples violaciones a sus derechos humanos. Por otro lado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México se comprometió a garantizar sus derechos como víctima, pero hasta ahora, Elisa no ha sido inscrita en el registro ni han dado seguimiento a su caso.

Elisa sigue firme, luchando para que se haga justicia, alzando la voz para dejar un precedente en su comunidad. Sí, hay miedo, reconoce, pero sabe que no está sola y eso le ayuda a sentirse valiente y con más fuerza.

https://www.animalpolitico.com/2021/12/vida-pesos-libertad-condicional-agresor-elisa-sobreviviente-ataque-acido/

Denuncian nueva agresión en contra de Saúl Castañeda Villafuerte, defensor del Arroyo El Rosario en Tonalá (Jalisco)

Foto: Zona Docs

Este lunes 13 de diciembre tres sujetos armados entraron a la tienda de abarrotes de Saúl Castañeda Villafuerte, defensor del Arroyo El Rosario en Tonalá e integrante del Colectivo Foco Tonal de Santa Cruz de las Huertas. Además de agredirle verbal y físicamente se sumó el robo de 200 mil pesos. En el negocio también se encontraba su esposa Patricia Ortega.

Hace algunas semanas ya había sido denunciada penal y públicamente una agresión armada e intimidación en su contra, por la cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió medidas cautelares a favor del defensor y del colectivo del que forma parte.

Sobre la agresión de este lunes ya ha sido presentada una denuncia por el robo a mano armada y con violencia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, bajo el número de investigación 92068/2021.

Te compartimos su comunicado.

Redacción / Zona Docs

Lunes 13 de diciembre 2021, Tonalá, Jalisco.

Hoy a medio día tres sujetos armados se introdujeron al negocio (tienda de abarrotes) de Saúl Villafuerte, en la colonia de Santa Cruz de las Huertas. Quien se encontraba junto con su esposa Patricia Ortega, los encapucharon con una sábana y amenazándolos con las armas de fuego, les sustrajeron 200 mil pesos aproximadamente. Con violencia física y verbal, lograron darse a la fuga.

Narra Saúl Villafuerte:

Me encontraba en mi domicilio de mi negocio en Santa Cruz de las Huertas, Tonalá, Jalisco. Siendo las 12:10 del mediodía, fuimos robados en un pequeño negocio de abarrotes, mi pareja Patricia Ortega y su servidor. Nos apuntaron con las armas de fuego y nos sometieron, cerraron el local y nos metieron a dentro del mismo y empezaron a decirnos que dónde teníamos el dinero, el cual esculcando todo y tirando todo a su paso y al mismo tiempo nosotros sometidos, nos pusieron una sábana en la cabeza y nos amenazaban con el arma y nos decían que nos iban a matar y groserías que por respeto no puedo mencionar. Salieron huyendo enseguida, fui detrás de estos y no les pude dar alcance y les perdí el rastro esto en calle Independencia y Reforma de la colonia mencionada”.

A lo que exige a las autoridades municipales de Tonalá:

“El robó fue con un monto de 200 mil pesos aproximadamente, no puede caber tanta impunidad en un solo municipio, soy de Tonalá pero hago el llamado a las instancias correspondientes para que no quede impune este deleznable hecho”

Cabe mencionar que Jesús Saúl Castañeda Villafuerte sufrió una agresión a balazos en su domicilio en Santa Cruz de las Huertas el 23 de noviembre de este mismo año, la agresión no dejó personas lesionadas.

Tras los hechos del 23 de noviembre el activista social dio a conocer que se presentó una denuncia en la Fiscalía del Estado de Jalisco, así mismo la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió medidas cautelares.

https://www.zonadocs.mx/2021/12/14/denuncian-nueva-agresion-en-contra-de-saul-castaneda-villafuerte-defensor-del-arroyo-el-rosario-en-tonala/

‘Veneno’ en el agua de México: Aumenta presencia de contaminantes por explotación (Baja California, Ciudad de México Jalisco, Sonora,Zacatecas)

La presencia de niveles altos de arsénico en pozos pasó de 17 entidades en 2012 a 24 en 2018, según una investigación periodística.

Por Redacción, El Financiero, diciembre 14, 2021 | 16:53 pm hrs

La extracción de agua fuera de control ha provocado en los últimos años que los pozos sean un riesgo para la población mexicana, al intensificar la liberación de arsénico y fluoruro en el líquido que transita por el país.

De acuerdo con una investigación de Data Crítica y Quinto Elemento Lab a una base de datos de Conagua que ha pasado “años casi inadvertida”, la presencia de niveles altos de arsénico en pozos pasó de 17 entidades en 2012 a 24 en 2018, el último año de registros completos.

Además, a pesar de que se tomaron menos muestras de agua en 2019 y 2020 que en los años anteriores, los niveles de arsénico continuaron mostrando niveles elevados.

“Se han presentado altas concentraciones de arsénico en pozos de Guadalajara, Jalisco; en La Paz, Baja California Sur; en Hermosillo, Sonora; también en Villa de Cos, Zacatecas y en Tlajomulco, Jalisco, que son los nuevos rostros de una crisis que antes estaba limitada a ciertos lugares en La Laguna, Hidalgo, San Luis Potosí y Guanajuato. Datos del gobierno de la Ciudad de México revelan que también está presente en pozos de 6 de las 16 alcaldías de la capital”, describe el trabajo de investigación.

Según expertos citados, en algunos casos una de las primeras muestras de exposición al arsénico es el desarrollo de grandes lunares en la piel. Con el tiempo los efectos se van agravando.

“Se les van poniendo negros los pies hasta que se los cortan”, agrega.

La investigación Veneno en mi agua asegura que los residuos de 100 minas abandonadas en la zona como fuente del arsénico llega también al agua por la extracción descontrolada.

El arsénico y fluoruro ya alcanzaron pozos de casi todo el país, en cantidades superiores al nivel máximo permisible de la Organización Mundial de la Salud”, advirtieron.

La norma mexicana de arsénico tolera un riesgo de más del doble internacional. “En el mundo la norma es 0.01 miligramos por litro. En México, 0.025″, aseguró un especialista citado.

Data Crítica y Quinto Elemento Lab calcularon que el agua con arsénico que se bebe en el país rebasa 70 veces el límite permisible por la OMS.

Por otra parte, el análisis revela que, además del arsénico, otro mineral cuya presencia se expandió en altas concentraciones esta década fue el fluoruro, que también está en la naturaleza y tiene efectos nocivos en la salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el consumo excesivo de fluoruro puede causar deformidades en los huesos o volverlos frágiles y quebradizos, y también puede provocar la calcificación de tendones y ligamentos.

“Nos quedó claro por qué se habían muerto de cáncer muchos familiares y por qué otros están enfermos de cáncer”, refirió un especialista en contaminación ambiental.

Los dos grupos de investigación señalaron que dichos elementos llegan al agua de consumo de la población debido a que “en México sólo 257 potabilizadoras son capaces de remover arsénico o fluoruro, y sólo 173 están en operación, de acuerdo con una solicitud de información hecha para esta investigación a Conagua. Hay mil 256 potabilizadoras en el país, es decir que sólo 1 de cada 10 potabilizadoras remueven arsénico o fluoruro”.

De acuerdo con el análisis de la base, hay pozos con concentraciones de fluoruro que han superado 64 veces el límite de riesgo, por lo que pasó de estar presente de 25 a 30 estados de 2012 a 2018.

El problema, advirtieron, podría ser mayor porque la red de monitoreo es muy limitada, “sólo la mitad de la población se encuentra a un radio de 5 kilómetros de un pozo de monitoreo”.

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/14/veneno-en-el-agua-de-mexico-aumenta-presencia-de-contaminantes-por-explotacion/

Frente No a la Minería acusa a la Semarnat por consulta amañada y favorecer a empresa Cuzcatlán (Oaxaca)

Proceso / Pedro Matías.

Comunidades zapotecas hicieron valer su derecho de libre determinación como pueblos indígenas por lo que realizaron su propia consulta en una Asamblea Regional en Santa Catarina Minas, Ocotlán, donde ratificaron su acuerdo para frenar la explotación en la región.


Diálogo.La sesión donde se rechazó la minería en la región. Foto: @laminuta.

OAXACA, Oax. (apro).- Autoridades de las comunidades indígenas que integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos tronaron contra la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnar), María Luisa Albores, por convocar a una consulta amañada y favorecer la operación de la empresa minera Cuzcatlán.

Sin embargo, las 10 comunidades zapotecas hicieron valer su derecho de libre determinación como pueblos indígenas por lo que realizaron su propia consulta en una Asamblea Regional en Santa Catarina Minas, Ocotlán, donde ratificaron su acuerdo de decir no a la minería.

En esta primera Asamblea Regional se hizo entrega de actas y firmas de la ciudadanía y de las autoridades de Monte del Toro, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, Magdalena Ocotlán y Santa Catarina Minas, que ratifican la determinación de exigir la cancelación de las concesiones mineras.

De acuerdo a sus usos y costumbres enmarcados en sus sistemas normativos propios, determinaron “prohibir todas las actividades de prospección, exploración y explotación minera, debido a los graves impactos sociales y ambientales que el proyecto minero han dejado en nuestros territorios”.

Pese al acuerdo realizado, el 25 de octubre de 2021, con la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, de consultar a las diez comunidades afectadas, la dependencia menospreció su compromiso y decidió llevar a cabo la consulta dejando fuera a seis comunidades afectadas.

Lo que hizo es consultar a comunidades que están asentadas en territorios que han sido concesionados a la empresa minera o sus prestanombres; ante esto, las autoridades del Frente deciden no participar del proceso de consulta convocado por la Semarnat y llevar a cabo la consulta indígena expresada como autoconsulta, en ejercicio de su derecho de libre determinación como pueblo zapoteco.

En un pronunciamiento, los ayuntamientos y Comisariados de Bienes Ejidales y Comunales de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe y San Dionisio Ocotepec, así como la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, expresaron su indignación ante la ausencia de la SEMARNAT.

Y advirtieron que “la Asamblea del Frente está integrado por Autoridades Municipales y Agrarias de los distritos de Ocotlán y Ejutla de Crespo que defendemos nuestros territorios ante los impactos causados por la operación de la empresa minera Cuzcatlán”.

Su argumento es que por la operación de la mina han notado que existe la disminución de agua en sus pozos artesanales y la contaminación de sus ríos, pese a ello, pretende la expansión del proyecto minero con el otorgamiento de concesiones en lo que se conoce como el corredor minero Ocotlán-Ejutla-Tlacolula.

Las autoridades demandaron a la Semarnat negar cualquier permiso temporal o definitivo solicitado por la empresa minera Cuzcatlán S.A. de C.V, en particular la MIA- R “Actualización de Obras y Actividades”, y la solicitud de ampliación de la MIA – Particular “San José” (original), otorgada de manera condicionada por 12 años a la empresa, a partir de octubre de 2009, que les permita seguir operando en nuestros territorios.

Manifestaron que “lejos de lo que lo que se quiere hacer creer, la empresa no ha traído ningún beneficio económico a la comunidad ni a la región, y al contrario, después de 10 años de explotación comercial la comunidad sigue en niveles de pobreza inadmisibles y la contaminación ambiental vía suelo, agua y aire sigue aumentando”.

Las comunidades en estos territorios de los Valles Centrales se han dedicado a la siembra de hortalizas y productos básicos para abastecer los mercados de Ocotlán-Ejutla y los de la Ciudad de Oaxaca.

Mientras que “la empresa minera no sólo esta contaminando los mantos freáticos, la disminución del agua en los pozos derivado de su operación, está dejando sin el vital liquido a las comunidades que dependen del agua para el riego de sus cultivos”, agregaron.

Mencionaron que aunque “la empresa minera Cuzcatlán y sus esbirros dicen que la empresa genera alrededor de mil 200 empleos los cuales están en riesgo con la detención de su operación; si lo comparamos con los daños sociales y ambientales, son más de 25 mil personas, entre mujeres, hombres y niños que serán afectados por la contaminación (en sus diferentes formas) de la empresa minera en la región de Ocotlan-Ejutla-Tlacolula”.

Finalmente, insistieron que “en las autoridades del Frente reiteramos que la empresa minera Cuzcatlán S.A. de C.V. no cuenta con nuestro consentimiento para realizar trabajos de exploración y explotación de minerales en nuestros territorios y los Valles Centrales de Oaxaca”.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/12/13/frente-no-la-mineria-acusa-la-semarnat-por-consulta-amanada-favorecer-empresa-cuzcatlan-277417.html

Campeche: el articulista Miguel Ángel Villarino Arnábar denuncia amenazas de muerte

Rosa Santana / Proceso

CAMPECHE, Camp. (apro).- El articulista Miguel Ángel Villarino Arnábar, quien en 2018 fue encarcelado y torturado por el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, denunció hoy amenazas de muerte anónimas, presuntamente relacionadas con su labor periodística, ahora por sus críticas al Congreso local.

El comunicador expuso ante la Fiscalía General del estado (FGE) que las advertencias, recibidas a través de mensajes de texto vía el teléfono celular de su esposa, empezaron a llegarle el pasado viernes 10, un día después de que, con su peculiar sarcasmo, criticó en su popular portal Bestiómetro la reciente imposición del exmagistrado electoral veracruzano Javier Hernández como titular de la Auditoría Superior.

Y es que, con tal propósito, el también veracruzano Alejandro Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso local y líder de la bancada de Morena, “cabildeó” con los diputados de oposición los votos que le faltaban para reformar la ley que obstaculizaba la contratación de Hernández, quien no tenía la residencia mínima de cinco años en la entidad que se exigían para ocupar el cargo.

“Después de dos meses sin escribir, el jueves 9 de diciembre publiqué un texto sobre la imposición del auditor superior del estado, un tal Javier Hernández, a cargo del presidente de la Gran Comisión del Congreso y líder de la bancada de Morena, Alejandro Gómez Cazarín”, explicó Villarino.

“El viernes 10 de diciembre, a las siete de la noche, mi esposa recibió un mensaje dirigido a mí con amenazas de muerte o lo que sea que signifique ‘teyebo la berga”, añadió, y aclara que ese fue el primero de los mensajes que le llegaron en el mismo tono.

Por ello, hoy denunció tal situación ante la FGE, donde se inició la carpeta de investigación CI-2-2021-1881.

En 2018, Villarino Arnábar, uno de los periodistas a los que el gobierno de Moreno Cárdenas persiguió y etiquetó como “enemigos de Campeche”, estuvo preso 58 días en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén.

Fue liberado gracias a la presión de la red de asociaciones de protección a periodistas que defendieron su caso.

Apenas el 10 de noviembre pasado y en el ocaso de su período como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Juan Luis Renedo Dorantes emitió las conclusiones y recomendaciones que generó la queja de Villarino Arnábar ante esa instancia.

De acuerdo con el oficio PVG/693/2021, la Codhecam concluyó, de acuerdo con sus pesquisas, que los derechos humanos del comunicador fueron recurrentemente vulnerados, y enlistó las causas.

Entre éstas, las amenazas que recibió por parte de Manuel Jesús Juárez Sonda, Primer Oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, adscrito al penal de Kobén, y el ejercicio indebido de la función pública por parte de Virginia Cáliz Alonso y Jorge Alberto Kuk Moo, directora y jefe de Seguridad y Vigilancia del reclusorio en ese tiempo.

Además, violación al derecho a la libertad de expresión por parte de Juárez Sonda, Cáliz Alonso y Kuk Moo.

Por lo anterior, la Codhecam reconoció “la condición de víctima directa de violaciones a derechos humanos” y, con el objeto de “lograr una reparación integral”, formuló en contra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado diversas recomendaciones.

Entre ellas que, como medida de satisfacción, a fin de reintegrarle la dignidad a la víctima, publicara en la página de inicio del portal oficial de internet un hipervínculo que direccione a la recomendación íntegra emitida a la dependencia por agravios a los derechos humanos del comunicador.

Dicha publicidad permanecerá en el sitio señalado durante el periodo de seguimiento a la recomendación hasta su cumplimiento, como un acto de reconocimiento de responsabilidad, satisfactorio en favor de la víctima, en razón de que se acreditó la transgresión a sus derechos fundamentales.

La Codhecam también recomendó a la SSP que, al reconocerle su condición de víctima, proceda a la inscripción del quejoso en el Registro Estatal de Víctimas y remita a las documentales que lo acrediten.

Otra de las recomendaciones de la Codhecam a la SSP es que emita una disculpa pública a la víctima, que debe incluir el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.

Asimismo, que se tomen las medidas para gestionar los recursos humanos y tecnológicos necesarios que garanticen la seguridad con dignidad y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el Cereso de Kobén.

Y, como garantías de no repetición, se instruya al Órgano Interno de Control de la SSP para que inicie y resuelva el procedimiento administrativo contra los funcionarios mencionados y a quienes resulten responsables, atendiendo al grado de participación en los hechos, y en su caso finque responsabilidad administrativa por haber incurrido en la violación a derechos humanos.

También pidió sanciones administrativas para los responsables, aun cuando ya no se encuentren en funciones.

La Codhecam dejó a salvo los derechos del ofendido para investigar sus denuncias por tortura.

El 19 de noviembre, con el oficio 02.SUBSSP.DAJYDH/4432/2021, la encargada del despacho de la dirección de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SSP, María Elena Ballesteros Paco, notificó a Renedo Dorantes la aceptación de la recomendación derivada del expediente 472/Q-076/2018 y que se daría cumplimiento.

Hasta ahora, la SSP no ha cumplido con las recomendaciones de la Codhecam para reparar el daño a Villarino Arnábar, quien en cambio recibió nuevas amenazas presuntamente por parte de personas vinculadas al líder del Congreso local.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/12/13/campeche-el-articulista-miguel-angel-villarino-arnabar-denuncia-amenazas-de-muerte-277456.html

Denuncian abusos laborales extrabajadores de Grupo Turquesa y del diario Por Esto! (Quintana Roo)

Rosa Santana / Proceso

CANCÚN, Q. Roo. (apro).- Extrabajadores de Grupo Turquesa, de Luis Alegre Salazar, y del periódico Por Esto!, de Mario Renato Menéndez Rodríguez, denunciaron –por separado– abusos laborales por parte de dichas empresas.

En conferencia de prensa en esta ciudad, extrabajadores de Grupo Turquesa acusaron a Alegre Salazar, uno de los cinco aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno del estado, de explotación, malos tratos, acoso sexual, hostigamiento y despidos injustificados contra su personal.

También se quejaron de los súbitos despidos de trabajadores con antigüedad de más de 15 años y sin la debida liquidación.

Por su parte, en Chetumal extrabajadores del periódico ‘Por Esto!’, uno de los medios privilegiados por el gobierno lopezobradorista, se manifestaron hoy en contra de los directivos de esa empresa y lanzaron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que vea lo que ahí ocurre.

Los manifestantes recordaron que fueron despedidos por un conflicto legal entre los hijos de Menéndez que obligó al cierre del rotativo, pero los perjudicados fueron los trabajadores, pues primero les redujeron el salario y luego perdieron sus empleos y hasta ahora no han recibido la liquidación que por ley les corresponde.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/12/13/denuncian-abusos-laborales-extrabajadores-de-grupo-turquesa-del-diario-por-esto-277454.html

“Sólo pedimos un paso digno” (Ciudad de México)

Texto y fotos: Isabel Briseño

Pie de Página

Después de 50 días de caminata, la Caravana migrante llegó a la Ciudad de México. Policías de la capital trataron de detener a los migrantes en su intento de llegar a la Basílica de Guadalupe, pero al final, lograron llegar, rezarle a la virgen y hoy duermen en la Casa del peregrino

CIUDAD DE MÉXICO.- Salieron cerca las 10 de la mañana del poblado de Río Frío, en Ixtapaluca. Su meta era avanzar más de 40 kilómetros hasta la Ciudad de México. Querían llegar a la Basílica de Guadalupe a pedirle a la virgen que les cuide en el camino. Eran unas 700 personas de nacionalidad hondureña, salvadoreña y haitiana, principalmente, que forman parte de la Caravana por la justicia, la dignidad y la libertad del pueblo migrante. Caminaban a paso lento, exhaustas después de 50 días de recorrido. Pero al llegar a la capital, que gobierna un partido de izquierda, se toparon de frente con una muralla de policías que trataron de impedirles el paso.

La salida

Geraldine, de Venezuela y Jessica, de Honduras, son dos integrantes de este grupo que desea llegar hasta Estados Unidos.

Geraldine, de sombrero, carga en los brazos a la bebé de 6 meses de su compañera, Jessica, que apura el paso. Han caminado 49 días los mil 200 kilómetros que separan la ciudad de Tapachula, en Chiapas, a este punto de Chalco, en el Estado de México, donde me las encuentro.

—¿Van a llegar a la Basílica?

—Eso queremos, pero no sabemos si nos dejen — responde la joven de 23 años, quien dejó a dos de sus tres hijos en su país.— ¿Está muy lejos la basílica? —revira— ¿Cuánto tiempo es? O dinos en kilómetros, así nos guiamos mejor…

—Son más de 20 kilómetros, calculo….

—Ah, eso para nosotros no es nada, nos hemos echado 25, 30…

Geraldine continúa caminando. El tiempo se calcula sí el trayecto se hace a pie, pero quienes caminan no imaginan que más adelante encontrarán un muro humano.

“El enfrentamiento con los policías de la Ciudad de México fue una provocación que criminaliza a la caravana”, aseguró el líder de la movilización, Irineo Mujica.

La muralla

La plática ameniza la caminata a lo largo del día, mientras avanzan los 20 kilómetros que tienen que cruzar del territorio mexiquense para llegar a la Ciudad de México. Eso ocurre, por fin, como a las 5 de la parte, poco antes de llegar al distribuidor de La Concordia en la carretera federal México-Puebla, de la alcaldía Iztapalapa.

La caravana se topa de frente con decenas de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. No lo esperaban. Tras otro día de intensa caminata los caminantes entran en desesperación y gritan: “¡Libertad!”-

“Sólo queremos pasar”, repiten.

“Déjenos pasar”, insisten.

Pero nadie escucha. Nadie les explica, tampoco, por qué los detienen.  El choque anunciado ocurre a unos kilómetros de llegar a la avenida Ignacio Zaragoza.

Lo que sigue son minutos que parecen horas. Hay empujones. Golpes. Caos. Personas lesionadas atendidas por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

El acuerdo

Después de tres horas y negociaciones, funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos y de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno de la ciudad de México acuerdan con integrantes de la caravana que los movilizarán en autobuses hasta el santuario de la Basilica.

La dependencia informa en un comunicado que la policía desplegó alrededor de 350 hombres y mujeres policías a la altura del Puente de la Concordia «para dar acompañamiento a las y los migrantes».

Asegura que fue por seguridad de las propias personas migrantes ante la contingencia sanitaria y que los migrantes no aceptaron la propuesta de trasladarse al albergue instalado en el Deportivo Santa Martha Acatitla, «donde hay instalaciones adecuadas para brindar la atención que se requiera».

También refrenda que se priorizará el diálogo con la caravana.

La llegada

Los camiones que dispuso el gobierno de la ciudad para el traslado llegan al filo de las 10 de la noche a su destino: la Basilica de Guadalupe.

A los caminantes les permiten el ingreso para ver a la virgen. Con los brazos en alto elevaron una emotiva oración en agradecimiento por estar frente a ella.

“Eres la madre de los peregrinos no deseados”, dice Irineo Mujica, director de la organización Pueblo sin fronteras y señalado como organizador de la caravana.

Mujica asegura que no sabe cuántos días permanecerán en la Ciudad de México. “Queremos descansar y recuperarnos, ya después veremos qué sigue”, dice.

Las familias duermen esta noche en la Casa del Peregrino ubicada en la calzada San Juan de Aragón, a unos pasos del recinto religioso, donde planean descansar y recuperarse del enfrentamiento que tuvieron con los elementos de seguridad.

“No entendemos por qué nos maltrataron, sólo pedíamos llegar aquí para dar gracias porque aún seguimos con vida, queremos un paso digno”, comenta una mujer que empuja su carriola con una nena dormida y bultos encima.

“Libertad”, gritaron los migrantes que se unieron con los brazos para ir avanzando contra los elementos de seguridad.

https://piedepagina.mx/solo-pedimos-un-paso-digno/

Familias llevan a Zócalo tierra, símbolo de una tragedia de impunidad y desaparecidos (Guanajuato, Oaxaca)


Entre los manifestantes se encontraban los colectivos: “Hasta encontrarte”, “Una luz en el camino” y “Una promesa por cumplir”, que colocaron fichas de información de sus seres queridos y leyeron una lista con el nombre de cada uno de sus desparecidos.

Sinembargo, 13 de diciembre de 2021

Ciudad de México, 13 diciembre (EFE).- Familias mexicanas de personas desaparecidas recrearon este lunes fosas clandestinas en el Zócalo de Ciudad de México, frente al Palacio Nacional, para protestar por la impunidad y la falta de investigaciones.

Unos 15 colectivos de búsqueda llevaron montículos de tierra en los que colocaron imágenes de sus seres queridos mientras el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ofrecía su rueda de prensa diaria en el Palacio Nacional.

“Si Andrés Manuel no va a las fosas, las fosas vienen a él”, exclamaron los manifestantes tras la instalación.

Integrantes de colectivos de familiares de desaparición forzada en Guanajuato realizaron un mitin y una simulación de Fosas frente a Palacio Nacional con el fin de ser atendidos por Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México por sus declaraciones en la ONU respecto al tema. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.
Maria de la Luz Flores sostiene las fotos de su hija Guadalupe Morales Flores desaparecida el 7 Septiembre 2020 y su cuerpo fue encontrado el 29 de marco 2021 Palacio Nacional. Foto: Marco Ugarte, AP.

Las agrupaciones, que representan a más de dos mil 600 personas desaparecidas, denunciaron la aparición de más de 170 fosas clandestinas, pero “cero respuestas” de las autoridades.

Entre los manifestantes había cerca de 90 personas que procedían principalmente de Guanajuato, estado del centro del país que lidera los homicidios a nivel nacional. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.
Pedro Cortés, del estado de Oaxaca, sostiene fotos de su hija de 14 años, Belén Cortés, quien dijo que desapareció el 1 de diciembre, en el Zócalo. El hombre se sumó a una protesta que exigía respuestas del gobierno sobre las personas que han desaparecido en el país, en la Ciudad de México, el lunes 13 de diciembre de 2021. Foto: Marco Ugarte, AP.

Entre los manifestantes había cerca de 90 personas que procedían principalmente de Guanajuato, estado del centro del país que lidera los homicidios a nivel nacional.

Los principales colectivos eran “Hasta encontrarte”, “Una luz en el camino” y “Una promesa por cumplir”, que colocaron fichas de información de sus seres queridos y leyeron una lista con el nombre de cada uno de sus desparecidos.

 

Las agrupaciones, que representan a más de dos mil 600 personas desaparecidas, denunciaron la aparición de más de 170 fosas clandestinas, pero “cero respuestas” de las autoridades. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.

“Si López Obrador no va a las fosas, nosotras se las traemos. Estas son las fosas que muestran la ausencia del Estado, no son del pasado. No es cosa de colores (partidos) o Gobiernos, ¡busquemos justicia! No queremos enterrarlos. queremos abrazarlos”, expresaron representantes de “Hasta encontrarte” en un pronunciamiento.

Entre los manifestantes había cerca de 90 personas que procedían principalmente de Guanajuato, estado del centro del país que lidera los homicidios a nivel nacional. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.

México vive una crisis de personas desaparecidas con más de 95 mil personas no localizadas hasta la fecha, según reconoce la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Aunque López Obrador llegó al poder con la promesa de ayudar a las víctimas, los colectivos denunciaron que persiste la impunidad y que en el Gobierno hay “oídos sordos”.

México vive una crisis de personas desaparecidas con más de 95 mil personas no localizadas hasta la fecha, según reconoce la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Segob. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.

“Los desaparecidos son nuestros desaparecidos, pero también del Presidente y no deben repartirse en administraciones ni gestionar la verdad desde su política de militarización”, cuestionaron los activistas de “Hasta encontrarte”.

La manifestación ocurre tras la visita en noviembre pasado del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, que presentará en marzo próximo sus recomendaciones.

Entre los manifestantes había cerca de 90 personas que procedían principalmente de Guanajuato, estado del centro del país que lidera los homicidios a nivel nacional. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.

Los colectivos cuestionaron que el Presidente le haya “pedido pruebas” al Comité de que persisten las desapariciones en su Administración.

“Llegamos nosotras con la dignidad entera como prueba fehaciente de que las desapariciones sí existen en Guanajuato y en el país, que no solo existen, sino que son sistemáticas y generalizadas”, indicaron.

Integrantes de colectivos de familiares de desaparición forzada en Guanajuato realizaron un mitin y una simulación de Fosas frente a Palacio Nacional con el fin de ser atendidos por Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México por sus declaraciones en la ONU respecto al tema. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

https://www.sinembargo.mx/13-12-2021/4082639?utm_source=pocket_mylist

Colectivos feministas de Sonora exigen justicia para Marisol Cuadras en Palacio de Gobierno

El Universal

Hermosillo.- Colectivos feministas de Hermosillo y Cajeme protestaron para exigir justicia para Marisol Cuadras, quien perdió la vida en el ataque armado en el palacio de Guaymas

La joven de 18 años de edad, integrante de la colectiva Feministas del Mar, el 25 de noviembre, participaba en una manifestación pacífica  por el Día Internacional por la Eliminación de Violencia contra las Mujeres.

Hombres armados dispararon y lanzaron granadas contra autoridades del municipio.

En el lugar murieron tres personas: Lucero Marisol Cuadras, Antelmo, un escolta de la alcaldesa y un presunto delincuente.

Además, el subdirector de comunicación social del ayuntamiento resultó herido de bala en brazo y pierna, y la activista Jovana Alexandra, de 18 años de edad, recibió un balazo en la pierna; ambos han sido reportados estables de salud.

Este domingo integrantes de diversos colectivos realizaron protestas por su asesinato. No hubo pintas ni destrozos, solo silencio y dolor.

Marea Verde Sonora, Niñas Feministas MX, Las de Abajo, Colectiva Juvenil, Feministas del Desierto y Tendedero de Agresores Sonora, convocaron a una protesta pacífica en la puerta de Palacio de Gobierno.

Colocaron pancartas de protesta con fotografías de Marisol y encendieron veladoras.

Hicieron breves pronunciamientos, pero en las pancartas y cartulinas que pegaron en Palacio de Gobierno se pudo leer: ¡Exigimos justicia!,  ¡El Estado me asesinó! ¡Justicia para Marisol!, ¡Nos falta Marisol!, ¡Hoy no están todas nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar, justicia Marisol!

“Alto a la inseguridad en Guaymas!, ¡Justicia para Marisol, no olvidamos ni perdonamos!, ¡Ni soy histérica ni estoy menstruando, grito porque nos están asesinando!”, expresan algunas de las consignas feministas.

En Cajeme, un grupo de feministas marcharon por las calles para exigir justicia por el asesinato de Marisol Cuadras.

https://www.eluniversal.com.mx/estados/colectivos-feministas-de-sonora-exigen-justicia-para-marisol-cuadras-en-palacio-de-gobierno

Cladem denuncia agresión y amenazas contra una de sus integrantes

Foto: Especial

Redacción / El Diario NTR

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) denunció que una de sus integrantes fue amenazada y agredida en la calle por desconocidos que intentaron subirla a un vehículo a la fuerza.

Sin embargo, la coordinadora de Cladem, Barbara Jiménez Santiago, señaló que esta no es la primera ocasión, el 25 de noviembre, un hombre a bordo de una motocicleta también la amenazó de muerte a punta de pistola, por lo que exigen una investigación exhaustiva.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=175489

Exigen pueblos nahuas ratifiquen a oficial del Registro Civil en Maruata (Michoacán)

AQUILA, Mich., 9 de diciembre de 2021.- Este jueves, los pueblos nahuas de Pomaro y Coire tomaron las oficinas del Registro Civil de Maruata para exigir al Gobierno de Michoacán que se ratifique como su titular a Silvia Martínez. Demandaron con cartulinas que fueron pegadas en el lugar que se respeten los usos y costumbres de las comunidades indígenas.
El vocero de los manifestantes, Armando Flores, dijo que antes de la toma de las oficinas informaron al presidente de Aquila del acuerdo tomado por las comunidades indígenas de Pomaro y Coire de pedir la ratificación de Silvia Martínez, y que éste transmitió la demanda al Registro Civil estatal. Sin embargo, el director de la dependencia, afirman, ignoró la exigencia y nombró un relevo, por lo que tomaron medidas de presión para ser atendidos. La oficina permanecerá cerrada hasta que se atienda la petición de las comunidades indígenas, quienes cuentan también con el respaldo de los pueblos nahuas de Aquila y Ostula.

https://www.quadratin.com.mx/municipios/exigen-pueblos-nahuas-ratifiquen-a-oficial-del-registro-civil-en-maruata/

Don Roberto; 10 años de resistencia en Salaverna en su pelea contra Slim (Zacatecas)

Redacción La Vanguadia, Coahuila / 9 diciembre 2021

Narra cómo un pueblo fue desaparecido por empresa minera

Los habitantes del pueblo Salaverna, en el norte de Zacatecas, fueron desalojados por una empresa minera operada por Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim Helú, en colaboración con autoridades locales y estatales; la comunidad fue demolida: casas con muebles, escuelas con material educativo, iglesia, salones ejidales, pero uno de los pocos habitantes, Roberto de la Rosa, continuó la lucha por recuperar su tierra pese a los riesgos y amenazas.

“Dejar de pelear es darles la razón y es empezar a morir yo, con el puro pensamiento de que no hice lo correcto, ya eso sería como enfermarme, entonces prefiero vivir sufriendo las injusticias, a darles entender que ellos tienen la razón”, dijo el campesino De la Rosa Dávila durante la conferencia “Historia de resistencia en Salaverna”, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en Saltillo.

El poblador de 69 años enfrenta 2 procesos judiciales por intentar frenar los trabajos que destruyeron su casa y las de otras familias, por intentar pasar a la comunidad que ya fue cercada con malla y alambre de púas, y por defender la naturaleza ante una de las actividades que más daños causan al medio ambiente.

“No sabemos cuándo podamos acceder a nuestra casa, a lo que queda de nuestra casa”, comentó.

Este miércoles, Roberto de la Rosa narró la problemática que enfrentó su comunidad, como los engaños, amenazas y fuerza por parte de la empresa minera y las autoridades locales y estatales.

Por ejemplo, señaló que las escrituras que mostraban los de la empresa no correspondían con el polígono de la comunidad Salaverna, a los habitantes se les ofrecía una cantidad monetaria para mudarse, que luego no recibieron completa.

Además el grupo minero comentó que había una falla geológica debajo del poblado, pero emprendió una mina a cielo abierto.

El campesino Roberto de la Rosa describió los daños que este tipo de minería genera al medio ambiente, como estrés hídrico, contaminación de los mantos acuíferos y del aire, así como daños severos a la salud.

“La minería actualmente es una actividad depredadora, acaba con todo, con todas formas de vida, empieza rompiendo el tejido social para poder entrar, compra comisariados ejidales, delegados municipales”, señaló.

Roberto de la Rosa enfrenta una audiencia este viernes y deseó que esta vez el juez sea una persona consciente y aplique la justicia, pues las autoridades han concedido tratos preferentes a los empresarios, mientras los pobladores han sido criminalizados, perseguidos y amenazados.

“Es muy fuerte lo que pasamos por resistir, pero no queda de otra”, refrendó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/don-roberto-10-anos-de-resistencia-en-salaverna-en-su-pelea-contra-slim-LA1301269

#CuestionarNoEsAtacar: Periodistas de Jalisco exigen un alto a la violencia en su contra

Foto: Zona Docs

Redacción / Zona Docs

En solidaridad con la periodista, Rocío López Fonseca, una centena de periodistas, mediante la publicación de un comunicado, solicitaron la intervención de Artículo 19, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante las “agresiones que ejerce el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, contra la prensa local”.

Las y los periodistas que firmaron el comunicado expresaron que la reciente agresión cometida contra la reportera de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, Rocío López Fonseca, es inadmisible, pues ella sólo estaba realizando su trabajo, el cual consistía en realizarle algunas preguntas al secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, sobre al desabasto de medicamentos denunciado por trabajadores del Hospital General de Occidente.

La reacción desproporcionada del mandatario estatal consistió en señalar que ese tipo de preguntas y actitudes sólo se hacían para “reventar los eventos”, razón por la cual prohibió a su secretario contestar la pregunta.

“La censura y la intolerancia han sido un desafortunado sello que ha marcado el sexenio de Enrique Alfaro. Los constantes arranques de enojo y desinterés hacia esta profesión preocupan sobremanera”.

Este mensaje también se extendió en las redes sociales de decenas de periodistas más que bajo la consigna #CuestionarNoEsAtacar y #NoNosCallarán recordaron que ésta no es la primera vez que el mandatario arremete contra la prensa.

En el marco de la entrega del Premio Jalisco de Periodismo 2021, las y los periodistas tomaron la tribuna del recinto para realizar una manifestación en la que expresaron su inconformidad y exigieron respeto a la libertad de expresión.

Sobre esta agresión a la reportera de Canal 44 no ha existido ninguna respuesta oficial, pues el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que tomaría unos días de vacaciones.

https://www.zonadocs.mx/2021/12/09/cuestionarnoesatacar-periodistas-de-jalisco-exigen-un-alto-a-la-violencia-en-su-contra/

El tamaño de la pesadilla: Jalisco rebasa los 15 mil desaparecidos en el Rnpdno

Foto: Archivo NTR

Juan Levario / El Diario NTR

La cantidad de personas desaparecidas y no localizadas en Jalisco rebasó las 15 mil este martes, según datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno). La cifra equivale al aforo estimado para la Arena VFG.

Los municipios con mayor cantidad de personas desaparecidas y no localizadas son Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, de acuerdo con datos de la plataforma.

Hasta este martes, la capital de Jalisco acumulaba 3 mil 113 personas cuyo paradero se ignoraba, de las cuales 2 mil 487 eran hombres y 626 mujeres. En Zapopan se desconocía el destino de 2 mil 447 personas, de las que 2 mil 12 son varones y 435, mujeres.

De todas las personas cuya búsqueda permanece vigente en el estado, 3 mil 993 desaparecieron a partir del 6 de diciembre de 2018, cuando asumió la gubernatura del estado Enrique Alfaro Ramírez, es decir, 26.62 por ciento o una de cada cuatro personas ausentes.

A Jalisco le sigue Tamaulipas con 11 mil 852 víctimas y el Estado de México con 10 mil 210 personas sin localizar.

La cifra de personas desaparecidas en Jalisco equivale a más de seis veces la cantidad de asientos para el Teatro Diana, pues tiene capacidad para 2 mil 345 personas.

Asimismo, la cantidad de personas desaparecidas se acerca a la población total de municipios como Gómez Farías, con 16 mil 431 habitantes; Amatitán, de 16 mil 490 personas; San Gabriel, con 16 mil 548, y San Julián, con 16 mil 792, según los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda 2020.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=175358

Ocho meses y medio desaparecida: Claudia Uruchurtu, la activista a la que nadie escuchó (Oaxaca)

Proceso / Por María Rocha y Rafael E. Lozano / Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM.

Meses antes de su desaparición forzada –el 26 de marzo último–, la activista oaxaqueña Claudia Uruchurtu pidió ayuda a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que cesaran los actos de corrupción en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Nadie quiso escucharla.


Foto: www.corrientealterna.unam.mx

Durante dos años, la activista Claudia Uruchurtu documentó las innumerables tropelías que se cometían en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, encabezado por Lizbeth Victoria Huerta. Las cartas que envió al presidente López Obrador, a la entonces titular de Gobernación Olga Sánchez Cordero, al gobernador Alejandro Murat y a otros funcionarios nunca fueron atendidas. El 26 de marzo pasado Claudia desapareció. Y aunque Huerta fue detenida semanas después por su presunta participación en ese hecho, nadie sabe dónde está Claudia. Y los problemas que denunció aún persisten.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Meses antes de su desaparición forzada –el 26 de marzo último–, la activista oaxaqueña Claudia Uruchurtu pidió ayuda a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que cesaran los actos de corrupción en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Nadie quiso escucharla.

Pese a que envió cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, así como a otros funcionarios y representantes ciudadanos, nunca le respondieron.

Entre abril de 2019 y marzo de 2021 ella documentó presuntos desvíos a través de empresas fantasma, nepotismo, falsificación de firmas y documentos oficiales, así como simulación de procesos de contraloría ciudadana para ocultar desfalcos al erario; todos por cuenta de la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, quien ganó las elecciones municipales el 1 de julio de 2018 con la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social.

Hoy, Huerta y cuatro personas enfrentan un proceso penal por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, quien hasta la fecha no aparece.

La lucha de Uruchurtu por erradicar la corrupción en su municipio se puede reconstruir a través de sus denuncias y de las cartas sin respuesta que escribió a distintas autoridades.

El 3 de octubre de 2019 la activista dirigió una misiva a López Obrador en la cual expuso que la alcaldesa morenista incluía en la nómina del ayuntamiento a su hermana Nathalie Victoria Huerta, a quien puso al frente del DIF municipal; hoy Nathalie cobraba en otros dos organismos públicos.

Uruchurtu presentó la misma carta ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. “Para corroborar mi dicho –escribió–, no hace falta más que buscar en las páginas de acceso a la información”. Y, efectivamente, según la página del ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, Nathalie Victoria Huerta, hermana de la hoy exalcaldesa, ostenta el cargo de directora del DIF municipal.

La Plataforma Nacional de Transparencia reporta, a su vez, que de manera paralela Nathalie cobró como “analista administrativo” en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca al menos hasta junio de 2021; como “auxiliar de la dirección de Recursos Humanos” de la Secretaría de Administración de Oaxaca hasta septiembre pasado, y recibe un aporte para su “retiro” por parte de la SEP federal (https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?buscador=Nathalie%20Victoria%20Huerta&coleccion=5).

En noviembre de 2020 Uruchurtu escribió de nuevo al presidente para recordarle sus palabras: que no se iba a tolerar la corrupción”. Ninguna de las cartas al Ejecutivo obtuvo respuesta.

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/12/7/ocho-meses-medio-desaparecida-claudia-uruchurtu-la-activista-la-que-nadie-escucho-277093.html

Después del fraude, sigue la violencia: Tren Maya en Campeche

Reportaje de: Mariana Beltrán y Katia Rejón / Edición de: Eduard Martín-Borregón / Poder

Antes de que el Tren Maya iniciara sus gestiones en el ejido campechano de Don Samuel, Lilia Hernández era una comisaria respetada, tenía dos hijos y confiaba en el gobierno mexicano. Sin embargo, en los últimos dos años a Lilia le han matado a su hijo mayor, ha sido amenazada de muerte por su propia comunidad e involucrada en el fraude realizado por Barrientos y Asociados, la empresa que el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) contrató para liberar las tierras para el paso del tren.

Don Samuel es un ejido de Escárcega en el estado de Campeche, un municipio fundado en 1990 que conecta la Península con Tabasco, Veracruz y Chiapas. Gran parte de los ejidatarios y pobladores son originarios de estos tres estados . La zona tuvo un auge en los años treinta a partir de la línea de ferrocarril Coatzacoalcos-Mérida, su nombre proviene precisamente del ingeniero Francisco Escárcega que estuvo a cargo de la construcción del Ferrocarril del Sureste.

El paisaje es verde, selvático, con largos terrenos de monte. A diferencia de las poblaciones mayas de las zonas rurales de la Península, las casas no son de paja sino de madera. Gallinas, pavos, lechones negros cruzan las calles sin asfalto que conectan a otras comunidades igual de pequeñas y rurales, atravesadas por las rieles del tren viejo sobre el cual pasará el proyecto del presidente Andres Manuel López Obrador.

El nombre del presidente mexicano está escrito en el borde superior de la puerta de entrada de la casa de Lilia. Como la mayoría de las personas entrevistadas, la comisaria no desconfía de AMLO ni está en contra del Tren Maya: piensa que no está enterado de lo que sucede en Campeche y que las autoridades no siguen sus instrucciones.

Lilia ofrece café, una hamaca para dormir, pero sobre el Tren Maya no dice una palabra. Su hija, María Elena Hernández, es quien da las entrevistas, guarda los documentos y organiza las ruedas de prensa desde que a su mamá la involucraron en el fraude documentado en los medios nacionales, y mataron a su hermano.

A diferencia de otros comisarios que también fueron involucrados en el fraude, ellas se dieron cuenta de que habían sido engañadas por el personal de Barrientos antes de repartir el dinero al ejido. Así que retuvieron el depósito e interpusieron una denuncia por desvíos de recursos que fue rechazada en la Fiscalía General de la República y turnada a la Fiscalía local.

Días después de la operación del desvío del dinero, el 3 de junio de 2020 entre las tres y cuatro de la tarde, un auto llegó a la casa donde Lilia vivía con su hijo Levi de 45 años, preguntando por él.

Lilia dijo que Levi salió contento porque Alan Cruz Ruiz, representante de Barrientos y Asociados, le había dicho que le iban a comprar el material de sascab (nombre maya del material de mezcla de construcción) para el trabajo del Tren Maya y pensó que de eso se trataba la visita.

Ese día llovió y Levi estaba regresando de sembrar en el solar de su hermana. Mojado y sucio, entró a su casa para quitarse las botas y después salió a ver quién era. Su mamá vio desde la terraza que se subía en la parte trasera del auto con vidrios polarizados. No reconoció el coche ni quien iba manejando. El cuerpo de Levi fue encontrado al día siguiente en un camino de parcela.

«La persona que había preguntado por él, me miraba de una forma fría, y sentí que algo no estaba bien porque él nunca se iba sin decirme algo. Sentí que esa gente no era buena», relató Lilia en la denuncia.

Durante los días siguientes al asesinato de Levi, llamaron a la casa de la comisaria en repetidas ocasiones de números desconocidos, avisó a la Fiscalía, pero “solo nos dijeron que no respondamos”, contó Maria Elena. Vecinos notificaron a la familia que hubo camionetas que vigilaban su casa y daban vueltas a la cuadra.

El 17 de junio de 2020, 14 días despúes del asesinato, se realizó una asamblea para informar sobre el reparto del dinero. Alan se sentó junto a Lilia y le enseñó un revólver que tenía en su maleta. “Me sentí intimidada y yo no podía decirle a la asamblea lo que estaba pasando en ese momento”, relató la comisaria en la denuncia.

Aunque interpusieron una demanda tanto por el asesinato de Levi como por el fraude, María Elena y Lilia no han sido notificadas de ningún avance.

Cuando se trata de un homicidio, la Fiscalía debe abrir varias líneas de investigación, y una de ellas tendría que ser “la situación de amenazas y hostigamiento que estuvo viviendo el ejido para firmar contratos y convenios”, de acuerdo con Jorge Fernández Mendiburu, colaborador de Indignación A.C. y abogado de la familia Hernández por el caso del fraude.

Criminalización por parte de autoridades y comunidad

El fraude fue replicado en otras comunidades cercanas como Pejelagarto, División del Norte, Miguel Alemán y Miguel Colorado. A partir de la denuncia de Lilia Hernández, se unieron para dar a conocer públicamente las irregularidades, e interponer otras denuncias ante la FGE y la Procuraduría Agraria. Conformaron la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya en Campeche.

Las autoridades ejidales tuvieron que aliarse pues comenzaron a recibir presión por parte de sus ejidatarios, de los pobladores y de las propias autoridades mexicanas. En una asamblea posterior al fraude, Fonatur declaró al ejido que Lilia tenía un millón de pesos guardados y que por tanto era parte del fraude.

“¡Siga robando, tía!” le gritó uno de los vecinos a la tesorera de Luna, un ejido al sur de Don Samuel durante el recorrido para este reportaje. También sucedió en División del Norte, el ejido más cercano a la cabecera Escárcega.

“En División del Norte no hubo ninguna asamblea, solo llegó Alan y dijo que traía informes sobre el Tren Maya, que iba a pasar por aquí y que íbamos a ser afectados por el proyecto por lo que debíamos traer nuestro certificado parcelario. La gente confió en él y al último, cuando vinieron a avisarnos, fue porque ya estaba el cheque (…) ni nos dijeron cómo nos iba a afectar ni por donde iba a pasar”, contó en entrevista Delfino Gallegos, presidente del Consejo de vigilancia del ejido División del Norte y sus anexos.

Barrientos falsificó su firma en documentos y, aunque le ha explicado a Fonatur la situación y notificó al encargado del tramo Escárcega- El Triunfo a través de una carta donde solicitaba el Contrato del Convenio de Ocupación Previa8 que supuestamente firmó, lo expusieron ante el resto de los ejidatarios como parte del fraude.

“¿Dónde quedamos nosotros como autoridad ante el pueblo”, expresó en una rueda de prensa.

Desestabilización de una comunidad

Lilia resguardó el dinero del fraude hasta finales de septiembre del 2021. Tuvo que repartirlo entre los ejidatarios debido a la presión de la comunidad y el acoso que se incrementó en esas fechas.

A mediados de septiembre, un grupo de ejidatarios se presentó en la casa de Lilia pero ésta no se encontraba. María Elena los recibió y les dijo que su mamá estaba muy mal. Intentó pedirles que la apoyaran, pues ella tenía que cargar con dos denuncias y ellos le respondieron que era culpa suya haber sido víctima del fraude “porque no se puso las pilas”. Se negaron a esperar a que la Fiscalía diera indicaciones sobre el dinero o la denuncia.

“La condición en la que fue extorsionada y amenazada no la entienden. No has tenido a un hijo que te han matado”, les dijo María Elena.

Insistieron en que la Fiscalía y el asesinato de Levi “no tenían nada que ver” con el dinero del Tren Maya. Cuando se retiraron de la casa, amenazaron con que Lilia se iba a ir “a la grande o a la curva”, refiriéndose a la cárcel o al cementerio.

María Elena cuestiona la violencia de género contra las pocas mujeres que tienen un cargo público dentro de las directivas de los comisariados ejidales: “aparte de la valentía de decir lo que sucedió, les queda el daño moral, psicosocial, patrimonial y económico, por parte de su mismo pueblo, quienes no reconocieron todas las gestiones que ellas realizaron para resolver y aclarar todo”.

El domingo 26 de septiembre del 2021 se convocó a una asamblea en el ejido de Don Samuel para hablar de la repartición del dinero que Lilia mantenía en resguardo pero no hubo quórum suficiente para que se llevara a cabo.

El ejido comenzó a gritar que no iban a esperar otra convocatoria. Un grupo de ejidatarios se acercó a la comisaria y al visitador agrario, Ángel Cabrera López, y los amenazaron con lincharlos y amarrarlos si no se les entregaba el dinero.

Entre el 28 de septiembre y 4 de octubre del 2021, cada uno de los 228 ejidatarios de Don Samuel recibió 5 mil 171 pesos, lo que cuesta un mes de renta en un departamento en Escárcega, y se firmó el convenio de ocupación previa con Fonatur para que hagan uso de las hectáreas que se indemnizaron con operaciones irregulares y bajo investigación. Los firmantes no recibieron copia de ese documento.

El Fonatur sigue presionando

Fonatur no ha hecho nada para resolver las múltiples formas de violencia comunitaria, al contrario, de acuerdo con el testimonio de las autoridades ejidales de Luna en las asambleas Fonatur defiende abiertamente a Barrientos y Asociados y les dicen: “Porque tú firmaste, tú lo vas a pagar”.

Al solicitar una entrevista con Fonatur al respecto, se negó argumentando que “otorgar dicha información puede vulnerar garantías de seguridad jurídica y del debido proceso”.

Los entrevistados coinciden en que la ruptura comunitaria se exacerba con la oferta de programas asistenciales como Jóvenes construyendo el futuro, Sembrando vida, Insumos agrícolas y fertilizantes y Caminos cosecheros. Incluso tuvieron la visita del secretario de Bienestar, Javier May, quien pidió disculpas en nombre del presidente y aseguró que Barrientos y Asociados ya no estaría en las negociaciones del Tren Maya y que regresarían “hasta el último peso” .

El abogado Jorge Fernández expresó que uno de los errores de Fonatur es la falta de seguimiento de la actuación de los despachos que contrata, pues no cuentan con mecanismos de verificación que garanticen que cumplan su objetivo.

“Toda la zona de Escárcega es especialmente complicada en términos de violencia y delincuencia. Si no hay mecanismos para que se ponga en menor riesgo posible, es una irresponsabilidad porque los pone en situación vulnerable en un contexto de alta criminalidad”, finalizó.

Ahora son Absalón Carrera Cámara y Claudia Muñoz González, representantes de Fonatur, quienes ejercen presión e intimidación a los ejidatarios para negociar más hectáreas.

En el ejido de Pejelagarto, Fonatur quiere otro pedazo de vía y pagarles a los ejidatarios 14 pesos por metro cuadrado, ellos piden 70.

María Elena comentó que al preguntar por Claudia en la sede de Fonatur de Escárcega, Campeche, negaron que trabajara para ellos. Absalón Carrera se presenta como un “hermano” religioso, pero todos los entrevistados lo describen como una persona “de cuidado”, autoritaria, a quien no le creen que sea religiosa.

Aunque ya no acude a las reuniones ejidales, Alan sigue manteniendo contacto con algunas personas de la comunidad.

Para este reportaje, se intentó contactar a Alan por teléfono, pero la persona que contestó dijo que no era él y que había obtenido recientemente el número. Comprobamos que Alan seguía usando la línea por las fotos y videos que compartía en su Whatsapp.

Negociaciones después del fraude

En Miguel Colorado, ubicado en el tramo 2 del Tren Maya, el panorama es otro. De acuerdo con el nuevo comisario Juan Alberto Ortegón prácticamente toda la población se dedica al turismo. Para negociar con el gobierno, conformaron una comisión integrada por 20 ejidatarios, un asesor forestal y un asesor legal que construyen un acuerdo con Fonatur y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Nunca dan una información precisa. Han querido meterse directamente a la Asamblea para manipular, no se les ha permitido estar”, contó en entrevista.

Entre los acuerdos a los que llegaron con ambas dependencias bajo la advertencia de que nunca presentaron los avalúos, están cumplir con un pliego petitorio de 14 puntos: dar dos vehículos con placa federal para turismo, la construcción de un camino paralelo de la comunidad al parque ecoturístico que será afectado por el Tren Maya, la gestión a partir de noviembre de una mesa de diálogo para tener proyectos del gobierno del estado y del municipio, contemplados en el presupuesto de 2022, entre otros.

El ex comisario de Miguel Alemán, Enrique Collí Canché, persigue a una cabra que se sale del corral mientras responde a la entrevista. Su propia vivienda está a unos cuantos metros de una de las vías. Dice que está agradecido con el presidente Andrés Manuel porque les devolvió el dinero que se llevó Barrientos.

“Y aun cuando ya devolvieron ese dinero nos dieron tres cheques más que se pasan de 4 millones de pesos. Nosotros ya firmamos el Convenio y ya están quitando los durmientes. Los durmientes y los rieles empezaron a quitarlos el 2 y 3 de septiembre (de 2021)”.

En ese ejido, al igual que en Don Samuel, el ex comisario levantó una denuncia penal por el fraude, el dinero que se llevó Barrientos y Asociados ascendía a casi 14 millones de pesos. En total el ejido de Miguel Alemán ha cedido 17 hectáreas y, aunque Fonatur ya devolvió el dinero, quiere más tierras.

Durante las entrevistas, María Elena reparte constancias a los ejidatarios que forman parte de la Unión de Ejidos, un documento que formaliza la alianza contra el fraude y el despojo de tierras. La Unión ha sido uno de sus soportes más fuertes pues sus abogados no se encuentran en Escárcega y el propio ejido ha puesto en peligro a su familia. Frente a ella, el ex comisario ejidal de Miguel Alemán dice que como el gobierno ya respondió, está considerando quitar la denuncia.

Lilia dejó el cargo de comisaria ejidal el pasado 19 de noviembre, dos días después María Elena viajó a la Ciudad de México para reunirse con el Comité de Desaparición Forzada (CED) de la ONU y continuar la búsqueda de justicia por el asesinato de su hermano. Ambas tienen la certeza de lo esencial que es mantener la Unión de Ejidos.

Contratos de Barrientos y Asociados para el Tren Maya: https://share.mayfirst.org/s/Nis6FPFroxerLb4

Perfil de Barrientos y Asociados en QuiénEsQuién.Wiki: https://www.quienesquien.wiki/es/empresas/bya-barrientos-y-asociados-sa-de-cv?name=barrientos#summary-supplier_contract

https://poderlatam.org/2021/12/despues-del-fraude-sigue-la-violencia-tren-maya-en-campeche/

“El Tren Maya nos invadió”

Reportaje de: Katia Rejón y Mariana Beltrán / Edición de: Eduard Martín-Borregón / Poder

En un pedazo de la selva tropical al sur del estado de Campeche, un grupo de vecinos que vive al margen de las antiguas vías de un ferrocarril construido en 1935 resisten contra los desalojos por el Tren Maya. Están en Candelaria: un pueblo cuyo nombre es igual al del río que lo atraviesa y donde la gente cultiva maíz y frijol o son comerciantes. Allí el Tren Maya tendrá un paradero enclavado en el tramo I.

Para garantizar que la relocalización de los habitantes de Campeche y otros lugares de la región sea consensuada y en el marco de los Derechos Humanos, el Fondo Nacional de Turismo y ONU-Hábitat firmaron en 2019 un acuerdo millonario1 en el cual la organización internacional se compromete a brindar asistencia técnica en materia de reordenamiento territorial.

Mientras Fonatur programa el inicio de las entrevistas, censos y visitas de ONU-Hábitat, los vecinos de Candelaria y el Colectivo Tres Barrios, por su parte, presentan amparos contra el proceso de relocalización del Tren Maya, aferrándose a sus viviendas.

Joaquín Aguilar, María Jesús Borjas, Cruz Morales y Nínive Hernández, vecinos en derecho de vía en Candelaria, aún no desisten del amparo. Tienen en común una cosa: quieren lo justo. Eso va desde la reubicación de sus viviendas o negocios hasta la relocalización de las vías para que ellos se puedan quedar donde han vivido o conservado su negocio por más de una década.

“En lo que a mí respecta sigo en la misma postura, siempre he pensado que reubicación al final es un desalojo, porque nosotros no solo defendemos las paredes de concreto o el piso de cemento, estamos defendiendo nuestra vida: aquí vimos crecer a nuestros hijos, tenemos el chiquero para nuestros animales, tenemos plantas y todo eso lo queremos y nos duele destruirlo”, sostiene Joaquín.

Kalycho Escoffie es la abogada de los casos Candelaria y el Colectivo Tres Barrios (conformado por los barrios de Santa Lucía, La Ermita y Camino Real de la ciudad de San Francisco de Campeche); ha dedicado varios años al litigio estratégico en temas como el derecho a la vivienda y actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ella resume: no hay nada consensuado.

De poco ha servido la elaboración del Protocolo de Relocalización Consensuada de Población desde los Derechos Humanos2, de ONU-Hábitat para Fonatur.

“Fueron las autoridades quienes decidieron que el proyecto iba a pasar por los barrios y por las comunidades. Quienes decidieron que las personas sean relocalizadas. Ya decidieron incluso en qué zonas y tienen hasta los modelos de cuáles van a ser las casas que les van a dar. Entonces, ¿qué es lo que está consensuado en eso? ¿qué de todo eso dicen que es con participación?”, cuestiona la abogada.

Cuando personal del Fonatur empezó a censar a las familias en Candelaria, de un total aproximado de 200 vecinos, 27 firmaron amparos contra el proceso de relocalización, 20 personas desistieron. La mayoría de ellas abandonaron sus casas con seis mil pesos para pagar una renta durante dos meses y la promesa de recibir una vivienda adecuada como reemplazo por parte del Fonatur, sin ningún documento que les garantice el acuerdo de palabra.

“La gente está dejando sus casas y las están desmantelando (…). Lo están haciendo por miedo a quedarse absolutamente sin nada, no por convencimiento”, aseguró en entrevista Kalycho Escoffié, quien también refirió que la situación ha sido “generada por las autoridades que han presionado a través de distintas amenazas”.

Desalojos forzosos en el sureste de Campeche

Este problema no es exclusivo de Candelaria donde los juicios continúan, se repite en por lo menos seis casos documentados para este reportaje. Desde el municipio de Candelaria hasta 70 km al norte en la localidad de División del Norte en Escárcega, Campeche, existe una preocupación latente por parte de las familias de perder su vivienda a luz de la construcción del tramo I y II del Tren Maya.

Kalycho Escoffié sostiene que los desalojos forzosos que ocurren en la región están prohibidos por el derecho internacional. El argumento de la abogada es que “ninguno de los actores que participa en el Tren Maya tiene las facultades para desalojar personas de manera extrajudicial, las facultades las tienen únicamente los jueces tras llevar un juicio y determinar que las personas tienen que desalojar, y en este caso no hay ningún juicio contra las personas. Lo que están haciendo es presionar para sacar a la gente o hacerla salir con miedo sin tener las facultades ni darles garantía”.

En Don Samuel, a unos 30 kilómetros de Candelaria, la violencia ya escaló hasta las amenazas de muerte. Una vecina que vive a un par de metros de las vías del tren narró que una tarde, un becario de Fonatur la llevó a una combi. Cerraron las puertas y le dijeron que los 13 vecinos de esa área habían firmado para desocupar sus terrenos.

“Yo no lo creía. Me dijeron: firme porque si no, se va a quedar sin nada. Les dije: se los firmo pero váyanse conscientes de que yo no les voy a recibir el cheque, y si vienen con esa cantidad, lo voy a romper. Mi idea era bajarme de la combi. Ellos me dicen: si no firmas te vamos a ahorcar. No pude leer lo que firmé”, dice.

Otras irregularidades

En Candelaria, además de los desalojos a familias, se han presentado casos de personas que estaban rentando una casa que no era suya y aceptaron la oferta de Fonatur de dejarla a cambio de 18 mil pesos. Las autoridades “ni siquiera se están cerciorando que las personas que reciben el dinero y entregan las casas son efectivamente los propietarios”, precisa Kalycho Escoffié.

Don Audumaro es uno de los vecinos que reportó la situación, tiene tres casas en renta, una de ellas ya está desmantelada: solo quedan trozos de pared y pertenencias que se mezclaron con la basura.

Las otras dos inquilinas recibieron 6 mil pesos cada una, y el personal de Fonatur les dijo que ya no le pagaran al dueño de la casa.

“Fonatur las puso como dueñas de las casas y por más que le digas a ellos que eran inquilinas no hacen caso. En lugar de guiarse con un papel para ver quiénes son los dueños, solo toman nombre y ya”, contó Audomaro.

A finales de agosto de 2021, el director general del Fonatur, Rogelio Jimenéz Pons, anunció la modificación de la ruta del proyecto Tren Maya en San Francisco Campeche, con ello 110 familias del Colectivo Tres Barrios que firmaron el amparo contra el proceso de relocalización anunciaron la victoria de su lucha en contra de los desalojos forzosos y la “destrucción de nuestros barrios, nuestros vínculos vecinales y nuestra identidad3”, afirmaron en un comunicado.

En Candelaria a partir de julio de 2021 decenas de ellos dejaron sus viviendas tras desistir de los amparos contra desalojos y la no reubicación de las vías por el proyecto del sexenio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los vecinos de Tres Barrios tienen mayores ventajas de comunicación y visibilización, contrario a Candelaria, una comunidad más apartada y de mayoría indígena “donde las presiones han llevado a que les digan que se tienen que ir o que no les va a tocar nada”, explica la representante jurídica.

A partir del 2023 los vecinos tendrán que compartir espacio con un Tren de mil 554 kilómetros de largo que cruzará cerca de negocios locales, secundarias, el camino de sus animales y canchas donde juegan fútbol a una velocidad de 160 kilómetros por hora. Las autoridades aún no responden cómo afectará la convivencia entre vecinos y familias una vez que parta en dos la comunidad.

A más de un año del inicio de los juicios, los vecinos que continúan en el proceso jurídico tienen esperanza de mantener sus casas. Como dice uno de los vecinos que continúan en la lucha: «El Tren Maya nos invadió”.

1 Fonatur paga 5.5 millones de dólares a ONU Habitat para «ejecutar» proyecto de Tren Maya https://piedepagina.mx/fonatur-paga-5-5-millones-de-dolares-a-onu-habitat-por-consultoria-para-tren-maya/

2 Protocolo de Relocalización Consensuada de Población desde los Derechos Humanos https://onuhabitat.org.mx/index.php/protocolo-de-relocalizacion-consensuada-de-poblacion-desde-los-derechos-humanos

3 Comunicado de prensa: https://www.facebook.com/100529101501591/posts/400661854821646/?d=n

https://poderlatam.org/2021/12/el-tren-maya-nos-invadio/

Niega Semarnat permiso para explotar mina en Dolores Hidalgo (Guanajuato)

OSCAR REYES. EL SOL DEL BAJÍO, 07 de diciembre 2021

Celebran integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería resolutivo federal.

IRAPUATO, Guanajuato. (OEM-Informex). Es oficial: la mina canadiense Argonaut Gold no podrá realizar ningún tipo de explotación en el Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo, pues la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó por cuarta ocasión consecutiva la autorización de impacto ambiental en la zona.

Así lo dieron a conocer integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, los cuales, a través de un documento publicado en sus redes sociales, informaron sobre la suspensión definitiva otorgada por la Semarnat, por lo cual celebraron dicha decisión.

“La Semarnat resolvió negar la autorización en materia ambiental solicitada para el proyecto, así como archivar el expediente como asunto totalmente concluido, indicándole que no podrá realizar ninguna obra o actividad” (sic), se lee en el comunicado dado a conocer por los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

En dicho documento, los habitantes de Dolores Hidalgo y de la Cuenca de la Independencia señalan que a pesar de que la empresa mantiene a salvo su derecho para intentar obtener la autorización, la determinación es clara, pues el proyecto es incompatible con las políticas y programas de ordenamiento ecológico de la zona.

“Los diversos instrumentos de Ordenamiento Ecológico del Territorio señalan que la política ambiental de la zona que será impactada con la operación del proyecto es de restauración y aprovechamiento sustentable y tiene como eje rector de desarrollo la agricultura y la preservación de flora y fauna” (sic).

La decisión definitiva de la Semarnat se da días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitara Guanajuato, en donde dijo que no habría nuevas concesiones para explotación minera en el país, con lo cual terminaba con toda posibilidad para los trabajos pretendidos por Argonaut Gold en el Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo.

“Ya hay una política definida muy clara y no van a haber nuevas concesiones para la explotación minera”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues señaló que “ya se entregaron muchísimas (…) y realmente lo que están explotando es muy poco”.

También la resolución se da después de que el pasado 21 de noviembre, integrantes del colectivo Guardianes de la Cuenca de la Independencia se manifestaron por las calles de Dolores Hidalgo para oponerse a la intención de la minera canadiense Argonaut Gold de explotar el Cerro del Gallo, en la comunidad de San Anton de las Minas.

En aquella ocasión, los integrantes del colectivo Guardianes de la Cuenca de la Independencia denunciaron que la empresa canadiense Argonaut Gold había comenzado a tramitar los permisos para explotar el Cerro del Gallo, con el objeto de extraer oro, ante lo cual dijeron que se opondrán en todo momento.

Piden que Dolores sea territorio libre de minería

La Red Mexicana de Afectados por la Minería exhortó al gobierno municipal de Dolores Hidalgo, encabezado por Adrián Hernández Alejandri, a que cumpla con su compromiso realizado el pasado 17 de mayo, cuando aún era candidato, de hacer de este municipio un territorio libre de minería.

“Exhortamos firmemente a las autoridades municipales a prohibir de manera definitiva el otorgamiento de permisos de uso de suelo a megaproyectos mineros, mediante el Acuerdo del Ayuntamiento para declarar al Territorio de Dolores Hidalgo como Libre de Minería, blindando al municipio, a sus bienes comunes naturales y a su gente, contra este tipo de proyectos depredadores, y que éste sea el primer municipio de la Cuenca de la Independencia en blindarse” (sic).

https://www.inforural.com.mx/niega-semarnat-permiso-para-explotar-mina-en-dolores-hidalgo/

Reportan 11 asesinatos de mujeres trans en Jalisco

Foto: Tomada de la Red

Juan Levario / El Diario NTR

De 2019 al 13 de junio de este año, en Jalisco ocurrieron 11 asesinatos de mujeres transexuales.

Tras una solicitud de información, la Fiscalía del Estado dio a conocer que tiene registro de 10 víctimas entre 2019 y junio de 2021 en investigaciones de la Dirección General en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Delitos en Razón de Género y Trata de Personas. Los casos de homicidios y feminicidios de mujeres trans están incluidos en la estadística total de crímenes contra mujeres, según la dependencia.

Sin embargo, la respuesta no consideró el caso de Michelle, una mujer transexual que fue asesinada en El Salto y localizada el 13 de junio. De este caso se hizo cargo la Fiscalía Regional.

Por ese crimen ya fue capturado el hombre que era su pareja sentimental, quien fue vinculado a proceso penal por el delito de feminicidio, convirtiéndose en el primer procesado por ese tipo de feminicidio.

En cuanto a los casos reportados por la Fiscalía, en la respuesta se detalló que en los primeros seis meses de este año hubo un feminicidio de una mujer trans en San Pedro Tlaquepaque.

En 2020 hubo dos casos en Guadalajara, uno en Tlajomulco de Zúñiga y otro en Zapopan.

En 2019, una mujer trans fue víctima de feminicidio en Guadalajara, otra de feminicidio y parricidio, y una de homicidio doloso. Por este último delito se inició una investigación en Tlaquepaque y otra en Tonalá.

GÉNERO Y ASESINATOS
Más allá de los crímenes de mujeres trans, los datos de la Fiscalía indican que los municipios de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco concentraron más de la mitad de los asesinatos de mujeres cometidos en los primeros seis meses de este año en Jalisco.

De acuerdo con datos obtenidos a través de solicitudes de transparencia, en los primeros seis meses del año se reportó la muerte violenta de 150 mujeres. De esos casos, 44 fueron considerados como feminicidios.

En Guadalajara fueron asesinadas 33 de las víctimas, 25 en Tlaquepaque y 21 en Tlajomulco, con lo que los tres sumaron casi 53 por ciento.

En materia de feminicidios, que son asesinatos de mujeres cometidos por razón de género, resaltaron Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan y Guadalajara. El primer y segundo municipio aportaron 10 crímenes, mientras que el tercero registró siete y seis el último.

En 2020, Jalisco reportó 70 víctimas de feminicidio. Del total, la mayoría ocurrió en Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco, los cuales acapararon la mitad de los casos con 13, 12 y 10, respectivamente.

CON SEXO DESCONOCIDO
Los datos de la Fiscalía también indican que de enero a junio de 2021 fueron reportadas 151 víctimas de homicidio doloso con sexo sin determinar. El año pasado hubo 326 asesinados en este supuesto.

De las víctimas de este año, 56 fueron encontradas en Tonalá y la misma cantidad en Juanacatlán, equivalentes cada tanto a 37 por ciento de las personas fallecidas de sexo desconocido. En esos dos municipios hubo fosas clandestinas bajo investigación donde fueron exhumadas decenas de víctimas cuyos tejidos ya estaban deteriorados por las condiciones en que fueron enterradas.

En 2020, cuatro municipios concentraron tres de cada cuatro víctimas de sexo desconocido. Tlajomulco de Zúñiga aportó 77; El Salto y Zapopan, 70 cada uno, y San Pedro Tlaquepaque, 39.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=175255

Artículo mapea empresas que están acaparando el corredor Transístmico (Oaxaca)

Avispa Midia / Marco Antonio Vázquez*


Foto: Santiago Navarro F.

Artículo académico del antropólogo social e indígena mixe Marco Antonio Vázquez busca mapear, en un contexto de total escasez de información por parte del gobierno federal, la reconfiguración territorial en curso en el sur de México, principalmente en el Istmo de Tehuantepec, identificando la división del territorio entre distintas empresas de capital nacional e internacional, promovida por el Estado mexicano.

A continuación presentamos el artículo completo.

¿Quiénes son los beneficiarios reales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec?

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se anuncia el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT) con el propósito de facilitar el crecimiento de la economía regional con el Corredor Multimodal Interoceánico como eje que permita competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías mediante el uso de diversos medios de transporte. Este eje fue presentado por el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) Rafael Marín Mollinedo en la Reunión Anual de Industriales organizado por la Confederación de Cámaras Industriales el año 2020, como el componente base del proyecto, el cual en una primera instancia consiste en la rehabilitación de 200 Km de vías ferroviarias que conectan los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos:

“Para arrancar este proyecto lo que estamos haciendo es, modernizando esta infraestructura para ponerla en condiciones y hacerla competitiva y que puedan venir las inversiones ya teniendo este cruce interoceánico y aprovechando otro de los recursos importantes que tiene el istmo, que es la posición geoestratégica, al ser la franja más angosta de América del Norte y que aparte, cuenta con infinidad de recursos alrededor y en los cuales se pueden llevar a cabo transformaciones y este, agregamiento de valor a las materias primas que existen”.

También contemplan el transporte vía carretera con la modernización de la ruta transístmica, para acondicionarla y hacerla una supercarretera dejándola toda a 12 metros de ancho, así mismo la pista que viene de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec, para así tener conectada a la región por autopista hasta la ciudad de México y por último la carretera Barranca Larga-Ventanilla que es la que conecta el Istmo con la costa oaxaqueña, y de esta manera la estructura carretera pueda formar parte del corredor multimodal.

Así mismo se contempla la rehabilitación de las vías ferroviarias que corren de Coatzacoalcos, Veracruz a Palenque, Chiapas, con una longitud de 328 Km la cual en el intermedio quedaría interconectado a la Refinería Dos Bocas y en Chiapas se conectaría al mal llamado Tren Maya; también la vía que va de Ciudad Ixtepec, Oaxaca a Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una longitud de 476 Km, quedando esta linea conectada al Puerto Chiapas y a la frontera con Guatemala.

Dentro del eje de transporte se contempla la modernización y ampliación de infraestructura en los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, el cual fue presentado por Rafael Marín Mollinedo, en la Expo Virtual Oil and Gas realizado el año 2020, modernización que consiste en:

“Ampliar la infraestructura del puerto de Coatzacoalcos, una nueva terminal de contenedores y fortalecer el equipamiento de todo el puerto. En pajaritos tenemos varios espacios para ampliar. Estamos haciendo un muelle más y estamos en trámites de la firma de la escritura de un terreno de 240 hectáreas (Ha) en donde vamos a hacer una terminal de contenedores grande de 65 ha. En el puerto de Coatzacoalcos vamos a hacer provisionalmente un terminal de contenedores, chico, tenemos allí 10 ha que vamos a condicionar para iniciar operaciones namas que se termine lo que es la infraestructura del tren. En el caso del Puerto de Salina Cruz, tenemos la modernización de la terminal de usos múltiples que existe en el viejo puerto e incluye también un muelle; tenemos un patio de contenedores de aproximadamente 20 ha y tenemos espacio para ampliarlo. Adicionalmente estamos construyendo una escollera de 1600 metros (m) de largo por 30 m de alto, para hacer un puerto de abrigo grande y de gran calado en esa zona. Vamos a construir la terminal de contenedores de 45 hectáreas. Allí van a poder albergar buques de hasta dos millones de barriles. Pero todo eso se carga a través de monogollas, eso es los barcos se estacionan en alta mar y ya con las monogollas se cargan. Ya con este sistema se cancelarían las monogollas y ya llegarían los barcos a cargar directamente a los muelles. Entonces esa obra la vamos a terminar en el 2023”.

Entonces inicialmente el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec consiste en la creación de una infraestructura que permita la conectividad de los Océanos Pacífico y Atlántico, mediante un tren interoceánico, la modernización de los puertos localizados en ambos océanos y conexión vía carretera; esta intencionalidad inicial siguiendo a la Geógrafa Maria Verónica García Ibarra, aspira que se le observe principalmente como una obra de ingeniería o de arquitectura en donde la función simbólica es de la mayor importancia, el cual es auspiciado y bosquejado desde las estructuras del poder en su máxima expresión, el Estado.

Así, al ser el Estado el principal impulsor, el Corredor Interoceánico se figura, retomando al antropólogo Gustavo Lins Ribeiro, como un “promotor de desarrollo para todos los segmentos de clases sociales o grupos étnicos que ellos involucran o afectan”, justificado como una necesidad social que retomando a Ibarra, se pretende técnico, neutral, una imagen de lo más acabado en crecimiento científico-técnico. Signado en este momento como una decisión proyectada bajo un ímpetu político o lo que Ribeiro identifica desde una “ideología de redención”.

La ideología de redención tiene como raíz “la ideología del progreso, que muchas veces toma la forma del desarrollismo”. El cual, continuando con el antropólogo, uno de los principios a partir del cual se condensa preferentemente, es mediante una historia local o nacional que es fácil utilizar cuando un proyecto como el actual tiene su propia prehistoria, un ejemplo es la explicación hecha por el presidente López Obrador en la conferencia matutina del 16 de julio del presente año:

“Todo esto ya existía, es el tren del Istmo y el de Ixtepec, pero está abandonado, acuérdense que privatizaron todos los trenes. Eso se lo debemos a los genios, a los tecnócratas, entonces todo esto quedo en el abandono, afortunadamente como a los neoliberales ni siquiera les interesaba el sureste, por suerte dejaron todo esto sin privatizar [las vías del tren del Istmo e Ixtepec]. De aquí [del Istmo] para el norte, más de 20,000 km de vías férreas privatizadas […] este puerto lo hizo Porfirio Diaz como el de Coatzacoalcos, lo hizo un empresario inglés, Pearsons, que era su contratista favorito, hizo también el ferrocarril. Entonces porqué el desarrollo de esta región también. Porque esta era la región olvidada, ni para robar les importaba, por eso dejaron sin privatizar las vías del ferrocarril, no les interesaba. Y ahora hay inversión pública federal […] yo creo que ya es el tiempo que se le recompense, sobretodo atendiendo el desarrollo económico y social”.

Esta prehistoria en donde igual se condensan formulaciones como su importancia para la región y su particularidad histórica, se finiquitan llevándose a cabo el Corredor Interoceánico, donde el alcance del programa reclama de individuos fantásticos que con un tremendo y distinto esfuerzo construirán una de las obra regionales más importantes del sexenio, presentándonos la construcción de este megaproyecto, retomando a Ribeiro, bajo la “apariencia de una sociedad igualitaria, aunque temporaria, en el cual el objetivo común destruye las divisiones de clase y las diferencias culturales, unificando a todos bajo la bandera del progreso”.

Sin embargo, el Estado, estructura un espacio que por las relaciones políticas que entran en juego en el impulso del Corredor Interoceánico, es un espacio que no es como lo pretenden hacer ver, aséptico y apolítico, sino que es un espacio político, en el cual se vuelve fundamental la intervención activa, sistemática y constante de las esferas políticas o sea las estructuras del poder. Junto a las esferas políticas entran en juego también actores económicos, empresas transnacionales y subsidiarias de estas. Insumos financieros que responden a la única demanda del capitalismo, la producción de capital. Lo que nos permitirá en lo que sigue ilustrar el objetivo de este aporte, el cual es mostrar que la inversión pública federal, así como los beneficiarios y socios a los que está dirigido y los que están presentes en la ejecución del presente megaproyecto, muestran lo contrario al discurso manejado por los promotores del Corredor Interoceánico, los cuales han promocionado esta megaobra como una oportunidad para la población del Istmo de Tehuantepec de poder asociarse con conglomerados transnacionales y de este modo poder ser parte en el reparto equitativo de las ganancias que se proyectan extraer de la región.

Entonces en la re-configuración territorial que se pretende con el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, dirigido por el Estado, los actores económicos se hacen presentes en la adecuación de las vías del tren transístmico por las dimensiones en infraestructura y científico-técnicas que requiere la actualización de estas. Ya que como lo mencionó Rafael Marín Mollinedo en la Expo Oil and Gas, “lo que se pretende con este proyecto es aumentar la velocidad de desplazamiento de los trenes en la zona, porque actualmente los trenes corren allí a una velocidad de 20 km por hora, nosotros lo queremos llevar a 60 y 70 km por hora la velocidad de desplazamiento”. Las remodelación de las vías que conectan a los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz han sido divididos en 5 tramos a modernizar, concesionadas a diversos actores transnacionales y/o sus filiales.

De este modo la infraestructura inicial de este proyecto consiste en aprovechar la franja del Istmo de Tehuantepec mediante un enramado de conexiones carreteras, vías de tren y portuarias para el transporte de mercancías de un océano a otro, hacia los distintos centros de consumo. Esta vía interoceánica se ha perfilado como un eslabón competitivo al Canal de Panamá, para unir los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz en un tiempo de tan solo 3 horas a efecto de que las empresas navieras tengan ahorros de tiempo y dinero, cuando en el canal de Panamá tardan en cruzar más de 8 horas con un tiempo de espera de 14 a 15 días y que contrasta con el tiempo actual del tren, que es de 8 horas aproximadamente, pretendiendo también reducir el tiempo de espera de los barcos con la modernización y ampliación de la infraestructura portuaria.

No nos detendremos aquí a explicar y detallar a cada uno de los actores económicos beneficiarios de la remodelación de las vías ferroviarias, pero si resulta importante resaltar a algunas casas matriz, filiales y socios presentes en la tabla, esto con la finalidad de mostrarnos los intereses y la repetición de patrones vinculados de los pasados regímenes con este “nuevo” megaproyecto.

Para empezar, Grupo Industrial HERMES pertenece a Carlos Hank Rhon uno de los 14 hombres mas ricos de México y considerado en la lista billonaries, donde se encuentran los hombres más ricos del mundo. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue una las cinco empresas beneficiarias directas que obtuvieron el 51% de los contratos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), contrato obtenido por la cantidad de 12 mil 445 millones de pesos.

Odebrecht, aliado estratégico de Grupo Industrial HERMES, es la petrolera brasileña que en la última década ha sido expuesta por una serie de casos relacionados con corrupción y lavado de dinero en diversos países de Latinoamérica, donde México figura con un mega proyecto de gas etano obtenido en asociación con la mexicana Idesa, cuyo origen se relaciona con actos de corrupción en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Así como una serie de sobornos a ejecutivos del gobierno entre el año 2010 y 2014, que asciende a la cantidad de 10 millones y medio de dólares. Para un panorama más amplio del caso Odebrecht se puede consultar la investigación realizada por Quinto Elemento Lab.

Grupo México, principal cliente de CONSORCIO FERROMAZ, razón social que como se clarifica en la tabla, es probable que se creo por algún grupo empresarial más grande. Como su principal socio, Grupo México, que pertenece al segundo hombre más rico de México, Germán Larrea Mota Velasco. La cual es la empresa minera más grande del país y la quinta productora de cobre más grande del mundo. Esta opera en 3 divisiones: Americas Mining Corporation, Grupo México Transportes y México Proyectos y Desarrollos, como a través de la Fundación Grupo México.

Esta empresa es responsable de los mayores desastres ecológicos del país, en los ríos Bacanuchi y Sonora con el derrame de 40 millones de litros de cobre acidulado, en el año 2014, el cual perjudicó a 7 municipios del estado de Sonora, lo que ha provocado enfermedades como cáncer de colon y estómago en las comunidades. Responsable igual del derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortes, zona de enorme diversidad marítima y con especies en peligro de extinción, en Guaymas Sonora, el año de 2019. También es responsable de la explosión en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, el 2006, donde fallecieron atrapados 65 obreros, ya que la empresa cancelo el rescate de los trabajadores un año después del desastre.

Y por último, COMSA CORPORACIÓN, empresa que, junto a ICA, CICSA (propiedad de grupo Carso) y Alstom (socio de HERMES), participó en la edificación de la línea 12 del metro, la cual se desmorono el 3 de mayo de 2021 entre las estaciones Tezonco y Olivo, accidente en la que fallecieron 25 personas. Así mismo estas mismas empresas participan en la construcción del Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el presente megaproyecto.

En resumen, los actores económicos no solo se involucran por las dimensiones técnico-científicas del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, sino que lo hacen con un objetivo, retomando al geógrafo Edgar Talledos Sánchez, signado bajo las necesidades del capital, en donde “la más mínima infraestructura tiene la intención de «ampliar», «mejorar» formas, funciones y prácticas espaciales”, orientadas a la acumulación de ganancias. Donde la edificación de la infraestructura de transporte representa un punto a favor para las empresas, ya que esta funcionaría como principal medio de comunicación y movilización, de todas las demás actividades económicas que se ambicionan realizar en la región.

¿Necesidades para quién?

El transporte, como columna del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, permitirá reducir costos y tiempo para la movilización de mercancías así como la articulación del istmo mexicano con la red mundial de corredores logísticos, al contar con una posición marítima estratégica que le permite insertarse en el mercado mundial de producción y circulación de productos. Al mismo tiempo que funciona como ruta para el abasto de electricidad, petróleo y petrolíferos al centro y norte del país y que cuenta con recursos naturales como son: agua, tierra, aire, costas y energéticos que, según los encargados del programa, “no han sido completamente aprovechados o no han sido aprovechados correctamente y que pueden llegar a propiciar el desarrollo”.

Para llegar a desarrollar la región y aprovechar para este fin los recursos con los que cuenta el territorio, el segundo momento del Corredor consiste en la instalación inicial de diez parques industriales o más elegantemente Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI), que se ubicarán a lo largo del tren Transístmico. Con esto pretenden detener y captar el flujo migratorio centroamericano y anclarlo a las ofertas de empleo que generarán las empresas que prevén se instalen en esta región.

En palabras de Marín Mollinedo, para el medio ADN Opinión, consiste en el desarrollo de “seis polígonos industriales donde vamos a poner parques industriales de quinientas hectáreas cada uno para que allí vengan y se establezcan las industrias. Que es otro de los objetivos principales es que se establezca la industria, que se generen empleos y que tengan la facilidad del mercado abierto hacia Europa, Estados Unidos o Asia”.

Siguiendo a Mollinedo, en entrevista para el medio Contralínea, también consiste en “transformar materias primas y agregarles valor a las materias primas nacionales y este, porque no, también que pudieran venir algunas materias primas del extranjero y se terminen aquí de transformar y seguir su curso al mercado estadounidense que es el más demandante”.

Estos PODEBI estarán acompañados por una serie de beneficios en recursos como son gas, internet, agua, energía, telecomunicaciones, así como ventajas fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y todo un andamiaje legal, estos es el CIIT “como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado”. Todo esto, ha sido referido por el director del organismo, en la misma entrevista:

“vamos a instalar una red de fibra óptica que va a venir por todo a un lado de la vía del tren, en el derecho de vía que tenemos, vamos a enterrar una fibra óptica para darle internet a toda la zona […] otro proyecto también, un gasoducto, por un lado nosotros tenemos infraestructura de PEMEX que pudiéramos nosotros aprovechar, para con base a esa infraestructura arrancar con este proyecto, para ofrecerle gas a las empresas que se vayan a instalar”.

Con estos dos primeros incentivos, internet y gas, podemos constatar que la intención y propósito de estos recursos no está dirigido primordialmente para la población. Lo que están pretendiendo es generar condiciones adecuadas para que las empresas se puedan instalar, lo cual en la misma entrevista deja claro el director del CIIT, “las empresas necesitan, las empresas que queremos que se vengan a instalar necesitan internet y necesitan gas”. El gasoducto, que pretenden atravesar por el istmo, abarcará una longitud de 257 km, el cual presenta esta intencionalidad y función, como lo expone Marín Mollinedo, en la Expo Oil and Gas:

“actualmente tenemos un gasoducto que es de Petróleos Mexicanos, pero es un gasoducto de doce pulgadas, que es para abastecer de gas a la refinería de Salina Cruz. La cual cuando esté a toda su capacidad va a demandar alrededor de sesenta millones de pies cúbicos diarios de gas y este ducto tiene capacidad para noventa millones de pies, entonces por allí nos sobran treinta millones, que en un principio pudieran servir para abastecer a las primeras empresas, en lo que terminamos el gasoducto. Ahí queremos instalar un gasoducto de treinta pulgadas, para generar la demanda de gas y a la vez conectar ese gasoducto con la frontera con Chiapas, que también iría por toda la costa de pacífico de Oaxaca y Chiapas, hasta llegar a la frontera. Para que dentro del programa de este desarrollo del triángulo del norte de Centroamérica que está llevando a cabo la CEPAL, poderles llevar también gas a los países centroamericanos. Ellos no usan gas natural para su desarrollo, entonces ese va a servir para abastecer a Centroamérica de gas natural”.

Con el gasoducto se pretende que puedan operar sin inconvenientes las industrias que esperan se vengan a instalar a la región. Así mismo, incluye su exportación por toda la franja del Pacífico hacia Centroamérica, utilizándolo también como una ruta de transporte de hidrocarburos, que beneficia a los complejos industriales como materia prima para la producción de otras mercancías y por lo tanto aumentaría las ganancias de estos mismos. Pero también sirve para aquellos otros actores económicos que tengan como línea de negocios el sector de hidrocarburos que, entre los que se presentaron en la tabla anterior, podemos identificar a los aliados estratégicos del Grupo Industrial HERMES.

Continuando con el sector de hidrocarburos, también se ambiciona la puesta en funcionamiento de un oleoducto, para el transporte de petróleo crudo, promocionado en la misma Expo, por Mollinedo:

“Tenemos dos oleoductos de Petróleos Mexicanos, uno de 30 pulgadas y otro de 48 pulgadas, que están subutilizados. Entonces nosotros pretendemos, como programa del istmo explotar uno de esos oleoductos. Y lo vamos a rentar para cruzar petróleo crudo del golfo de México al océano Pacífico, actualmente las empresas texanas o el petróleo texano, se está exportando a Asia. Nos hablan de alrededor de cinco millones de barriles diarios y ese petróleo crudo se envía a través de barcos, que tienen que dar la vuelta o por el estrecho de Magallanes o por el Cabo de Nueva Esperanza que es una zona difícil de cruzar y aparte luego tienen allá arriba la piratería. Entonces nosotros vamos a ofrecer a estas empresas este ducto para que crucen su petróleo por el Istmo de Tehuantepec y les vamos a ahorrar 26 días de travesía”.

Entonces hasta este momento tenemos internet, gas y petróleo, mano de obra centroamericana y local. Como el principal atractivo que ofrecen los actores políticos, para la llegada de las industrias a la región del Istmo de Tehuantepec, atractivos que como se mencionó, pueden ser aprovechados por los actores económicos que en estos momentos se encuentran rehabilitando las vías del tren y los puertos.

A parte de estos recursos, Mollinedo oferta también tiempo, promociona a la región, como estratégico en la disminución de tiempo de transporte y movilización de mercancía. Esto es una característica importante en el desarrollo del espacio del CIIT, ya que como menciona el geógrafo David Harvey, “para el capital, el tiempo es dinero. Atravesar el espacio cuesta tiempo y dinero, es clave para la rentabilidad, por lo que se asigna una prima a las innovaciones –técnicas, organizativas y logísticas– que reducen el coste y el tiempo empleado en el movimiento espacial”, condición que como se ha referido, los actores económicos se encuentran conscientes de ello.

Como mencionamos más arriba, el objetivo principal de todos estos recursos, beneficios legales, fiscales y competitivos es beneficiar un total de 10 complejos industriales, anunciados como el segundo momento del Corredor Interoceánico, los cuales estarán ubicados estratégicamente a cortas distancias de las vías del tren o carreteras a modernizar en la región. Parques industriales enfocados en los sectores de agroindustria, textil, metales, madera, petroquímicos, químico, maquinaria y alimentos, plástico y hule.


Fuente: elaboración propia a partir de (Surbana Jurong (SJ) & Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC), 2019) & del folleto “Polos de Desarrollo para el Bienestar. Información básica para la población”, repartido en las consultas indígenas realizadas en las comunidades de Santa Maria Mixtequilla y San Blas Atempa, el mes de mayo de 2021.

Según el documento “Polos de Desarrollo para el Bienestar. Información básica para la población”, son lugares para el pueblo y por el pueblo, elaborados por la empresa asiática Surbana Jurong (SJ) y su filial australiana Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC).

Con respecto a la zona primaria de Oaxaca se contempla a la comunidad del Barrio de la Soledad y no a Donaji, pero el pasado 6 de septiembre de 2021, en el primer Foro Nacional del TecNM-CIIT, el Titular de la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del CIIT, Héctor Ramírez Reyes, presentó a la comunidad de Donaji como zona en donde se instalara 1 de los 6 parques industriales primarios, proyectados para Oaxaca, por lo que le dejamos los datos que le correspondían a la comunidad previa.

Con respecto a las zonas “primarias*”, en Veracruz, son áreas que no aparecen en el folleto y tampoco han sido anunciados por los promotores, más sin embargo están contemplados dentro del documento elaborado por la SJ y SMEC. Con respecto al polo en San Juan Evangelista, en los folletos repartidos ya se contempla como zona primaria y en el elaborado por SJ está contemplado como zona secundaria, aún no se sabe la superficie poligonal para dicho polo.

En el estudio realizado por SJ y SMEC, se contempla para el año 2050 un total de 15,674 Ha de suelo industrial utilizado, repartido en 5 grupos: Manufactura (5,457 Ha), Logística y Embalaje (5,254 Ha), Agroindustria y Silvicultura (3,269 Ha), Energía (1,111) y Servicio (583 Ha). Así como para el primer año en funcionamiento de los parques, proyectado para el 2023, el uso de 207 mil litros diarios de agua limpia, además de la generación de 539 mil 729 litros de aguas residuales diarias, por empresa a instalarse; a lo que se le suma la producción de residuos industriales y no industriales proyectados en 2 millones de toneladas anuales; así como gas y electricidad.

Dentro de estas proyecciones claramente no se contempla la cantidad de suelo, agua, energía eléctrica, etc. que requerirá la población trabajadora que pretenden frenar e instalar en esta cortina de desarrollo. Como tampoco los conflictos por tierras y recursos hídricos entre la población local, a instalarse y con las empresas, así como los daños a la salud y al medio ambiente, que causarían la toneladas de residuos a generar que se esperan con las industrias, en una región donde el manejo de la basura generada localmente, no es tratado adecuadamente en los municipios.

También la llegada de los parques industriales y el elevado consumo de electricidad que de estos se espera, puede agravar, primero, las malas condiciones de servicio eléctrico con el que cuentan las comunidades y segundo, incrementar el excesivo cobro de la luz a la población local, algo que ya sucede actualmente en las diversas comunidades del istmo.

Hasta estos momentos, no se sabe con exactitud cuáles serán las empresas a instalarse en cada uno de los PODEBI y sus respectivos sectores. Sabemos, a raíz de la conferencia matutina el día 21 de julio de 2021, por ejemplo, donde López Obrador hace referencia, que existen 2 empresas interesadas a instalarse en las poligonales ya “adquiridas” para los PODEBI, más no menciona cuáles.

Por su lado el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat (2016-2022), en entrevista para la revista Expansión el año 2020, menciona que “hay más de 50 empresas que se han acercado a pedir información, porque aparte aquí vamos a tener sector primario, secundario y terciario”. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) destaca: “nos dijeron que están listos para traer anclas cuando sepan los beneficios fiscales y regulatorios que van a tener estas zonas de bienestar”.

INDEX está integrada por 21 IMME (Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación), localizadas principalmente en toda la franja que corresponde a la frontera norte con Estados Unidos, desde Matamoros a la costa de Baja California. En el sur-sureste, tienen presencia en Campeche y Yucatán. A parte de los servicios de maquila y manufactura, cuentan con un grupo de trabajo enfocado en la Industria Agrícola y Alimentaria.

Así también, Romina Bocanegra, en una nota publicada para el medio digital Real Estate Market & Lifestyle, hace referencia al interés de Caxxor Group en la región, esto a partir del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2020-2024, lo cual ha interesado al Jefe Ejecutivo de la firma, Carlos Ortiz. Es probable que el interés de Caxxor Group esté fijado en el puerto de Salina Cruz.

CAXXOR Group es un conglomerado internacional que impulsa proyectos de infraestructura, así como financiamiento y asesoramiento a gobiernos y empresas. Se enfoca en equipamiento portuario, automotriz inmobiliario, hidráulica y de hidrocarburos; producción energética solar y eólica, minería, agroindustria y seguridad y defensa, entre otros.

Con información de Juan Tolentino Morales para el medio Expansión, se sabe que actualmente junto a la firma ACXESA, construyen una terminal en Puerto Chiapas. “En un espacio de 40 hectáreas, el proyecto contará con servicios a buques de diferentes tipos, como graneleros, agrícolas, minerales, líquidos y contenedores, y dispone de 120 hectáreas en un radio de un kilómetro para la construcción de parques industriales, de los cuales 70 hectáreas serían para la construcción de una planta de ensamble automotriz de una firma asiática. Esta terminal permitirá reducir a la mitad el tiempo para el transporte de mercancías desde Centro y Sudamérica a Asia, pasando de 20 días a tan solo 10”.

Así mismo Darío Celis, para El Financiero, refiere que la empresa Constellation Brands realizaría una inversión de 2 mil millones de dólares, en el estado de Veracruz, para la construcción de lo que sería su tercera fábrica, luego de ser cancelada en Mexicali. En el medio digital Costa Veracruz, este 2021, se indica que, “tanto el mandatario estatal, como el director general del CIIT, adelantaron por separado el interés de esta empresa por establecerse específicamente en ‘El Gavilán’, predio ubicado en Villa Allende el cual es el primer polo de desarrollo”, este predio se ubica en Coatzacoalcos.

Por su parte el medio Presencia Noticias, este año, refiere que, “la planta productora de cerveza de la empresa Constellation Brands se instalará en Texistepec, informó Rafael Marín Mollinedo”. Por tal motivo, no se puede escatimar la posibilidad de que esta empresa, socio de Grupo Modelo, pretenda instalarse en la región.

López Celdo para el Diario del Istmo, menciona que inversionistas de la empresa surcoreana Hyundai Motor Company e inversionistas de la India están interesados en invertir en el polo de desarrollo que se instalara en Texistepec, Veracruz.

Del mismo modo, tampoco podemos olvidar a todas las empresas matriz y socios, que se encuentran rehabilitando las vías del tren, como potenciales inversionistas en los diferentes sectores industriales proyectados a erigirse; estos pueden ser por ejemplo, los del grupo SACMAG entre los que están Ford, Nissan y Nestlé, este último con presencia actual en Veracruz; al mismo tiempo, se encuentran aliados que pueden ampliar su afluencia en la región, como el Grupo FEMSA e Industria Peñoles, los cuales cuentan con parques eólicos instalados, y en el caso de Peñoles, que también tiene como líneas de interés la minería.

Igual por diversas fuentes digitales, se tiene conocimiento de algunas empresas que servirán como infraestructura para estos parques; como en el puerto de Coatzacoalcos, donde se tiene anunciado un Recinto Fiscalizado, otorgado a la empresa Permaducto, filial de Grupo PROTEXA, durante los próximos 20 años, con posibilidad de expansión, en una extensión de 1.84 Ha, el cual está proyectado para atender las necesidades de importación, exportación y almacenamiento de la industria petroquímica y todas las que se instalen, con el beneficio de no pago de impuestos por 5 años.

Grupo PROTEXA está enfocada en los sectores industrial, energético, inmobiliario y de servicios. Este grupo, mediante sus filiales, ha sido acusado de sobornos a PEMEX, así como beneficiario de diversas condonaciones a sus deudas, por parte del SAT, el último en el año 2013 por 13 millones de pesos; también es acusado por sus trabajadores de mantener condiciones laborales precarias.

Así también en el municipio de Cosoleacaque, donde se establecerá un puerto privado especializado en almacenamiento, logística y comercialización internacional de hidrocarburos, a cargo de la empresa Servicios Portuarios Integrales de Minatitlán S.A. de C.V., (SPIMVER), el cual obtuvo el permiso por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para la habilitación de un canal de navegación y construcción de dársenas ciabogas y operación con dragado de material, donde pretenden establecer dos terminales de almacenamiento de hidrocarburos, un astillero y un parque industrial.

En el sitio oficial de esta empresa, no hay registro de socios, aliados o filiales, tampoco repertorio de otras obras en el país. En el mismo sitio, como parte de la infraestructura se ofrecen los servicios de una terminal de almacenamiento de 3.7 Millones de Barriles de combustible; de fluidos de la industria petrolera: químicos, crudo y gas; un clúster industrial, desarrollado dentro de la zona de beneficios comerciales del CIIT; pozos de agua producida y refinerías modulares. Así como conectividad multimodal para el movimiento de mercancía, como 22 ductos de diferentes industrias para transporte de combustibles, gas y químicos; conectividad vía férrea, carretera y marítima.

De igual manera la empresa privada en petroquímicos Braskem Indesa, filial de la brasileña Odebrecht, construirá una terminal para la importación de etano, insumo utilizado para producir plásticos, instalación que se localizará en la Laguna de Pajaritos, y que posibilitará, según la firma, tener acceso a diversas fuentes de materia prima para producir polietilenos a plena capacidad para abastecer al mercado local e internacional. El acuerdo de la construcción de la terminal se realizó con PEMEX, donde también se contempla que la empresa tenga derecho de adquirir todo el etano de PEMEX que haya disponible y no ha consumido en su propio proceso de producción hasta 2045.

Todo lo hasta aquí descrito es un intento por mostrar que el impulso del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec – desde la infraestructura de transporte, portuaria estratégica, gasoductos y oleoductos, con la presencia de distintos actores políticos y económicos -, se realiza con una intencionalidad de transformar completamente la región, acorde con las necesidades principalmente, por no decir únicamente, de los actores económicos nacionales y transnacionales presentes.

Siguiendo a Ibarra, estos últimos actores se involucran acorde a las necesidades de acumulación del capitalismo, en dos sentidos. La primera, que se identificó como la columna vertebral del PDIT, ya que de esta infraestructura dependerá “la maquinaria que le permita cerrar ciclos de consumo”. Y segundo, por los parques industriales y los beneficios que se les oferta, lo que permitirá “producciones casi inimaginables de mercancías, para consumos excesivos de algunos sectores”.

Es por todo esto que la intencionalidad del megaproyecto Corredor Interoceánico, retomando a Talledos, “como productor de espacios imprime y constituye un sistema de tramas, nudos y redes en el territorio, para producir otro territorio. Ello conduce a una diferenciación funcional y jerárquica que contribuye a ordenarlo según la importancia otorgada por los actores que lo impulsan, promueven o imponen. Esto acontece a que el sistema permite asegurar el control sobre lo que puede ser distribuido, asignado o poseído: tierras, aguas, playas, bosques, selvas, vías, sistemas de comunicación y transporte, etc. Además de imponer y mantener uno o varios ordenes de estos elementos que llevan a realizar la integración y cohesión territorial de acuerdo al objetivo específico del proyecto de gran escala”.

El megaproyecto se proyecta en un total de 98 municipios distribuidos en los estados de Oaxaca y Veracruz principalmente y otros más en Tabasco y Chiapas, abarcando con el corredor multimodal cuatro estados interconectados mediante carreteras, vías férreas, gasoductos, oleoductos, conectados inicialmente a 10 complejos industriales. Es una región habitada por los pueblos náhuatl y tannundajïïyi en la parte veracruzana; en Oaxaca por los angpon, ayuujk, binizaá, ikoots, slijuala xanuc’, tsa ju jmí’, ha shuta enima y ñuu dau. En el norte de Chiapas, los o’ de püt y los bats’i k’ op; en Tabasco, los yokot’an. Y el pueblo negro afromexicano en el extremo oriente del istmo oaxaqueño y en la costa de Coatzacoalcos en Veracruz.

El megaproyecto permitirá que sus principales socios y beneficiarios ejerzan poder y control no solo de la infraestructura que en estos momentos se construye, sino también de los recursos minerales, hidrocarburos, hídricos, forestales, aire, tierra, selvas, bosques y playas, y de la mano de obra para la transformación de recursos y producción de mercancías. Megaprograma que si los pueblos indígenas permitimos avanzar, entonces ¿qué pasará?.

* Marco Antonio Vázquez Vidal es indígena ayuujk (mixe), anarquista, militante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y tesista en antropología social por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Referencias utilizadas

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Bocanegra, R. (2020, agosto 13). Inversionistas ven áreas de oportunidad en puertos mexicanos. Real Estate Market & Lifestyle. http://realestatemarket.com.mx/noticias/29566-inversionistas-ven-areas-de-oportunidad-en-puertos-mexicanos

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Contralínea. (2019, septiembre 3). Rafael Marín Mollinedo | director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (1ra. Parte) [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=jEdZcSvOar0

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https://avispa.org/artigo-mapea-empresas-que-estan-acaparando-el-corredor-transistmico/

Madres de mujeres asesinadas demandan justicia a gobierno de Oaxaca ante Tribunal Feminista

Proceso / Pedro Matías.

Ante la falta de mecanismos jurídicos que permitan a una autoridad federal la investigación del mismo, recomendaron que el caso sea llevado a instancias internacionales, siendo esta la única posibilidad real de que el Estado mexicano pueda ser obligado a garantizar el acceso a la justicia.

OAXACA, Oax. (apro).- El Tribunal Feminista contra la Violencia Feminicida condenó al Estado y a las autoridades de Oaxaca por las graves violaciones a los derechos humanos de mujeres, niñas y niños, ya que durante el sexenio del gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa, se han registrados 575 feminicidios, de los cuales la mayoría permanecen en la impunidad, aunado de que existen más de mil 400 mujeres desaparecidas.

Las juezas que sesionaron durante dos días en esta capital consideran el estado de Oaxaca carece de personal, incluyendo autoridades ministeriales y judiciales, debidamente sensibilizadas y capacitadas para tomar decisiones y emitir resoluciones con perspectiva de género como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y lo preocupante es que “la situación más prevaleciente para el Tribunal respecto del poder judicial, fueron las diversas actuaciones con las que se acreditaron la colusión, corrupción y tráfico de influencias para beneficiar a los responsables feminicidas”.

En un juicio público, este tribunal de conciencia concluyó “la existencia de un patrón de impunidad sistemática cuyo principal justificación se encuentra en la falta de voluntad o incapacidad de las autoridades para implementar de forma efectiva y adecuada el marco jurídico nacional e internacional de derechos de las mujeres a una vida libre, digna, plena”.

Sin importarles los impactos psicosociales de las familias en su búsqueda de verdad, justicia y reparación, mismas que presentan sentimientos de desconsuelo, tristeza, crisis cíclicas de llanto, depresión, estrés postraumático, ansiedad, incertidumbre, enojo, decepción, impotencia, fatalismo, miedo y a veces pérdida de confianza en la humanidad. En algunos casos, explicaron, han habido impactos familiares como distanciamientos, aislamiento social, ruptura del núcleo familiar o en algunos varones el recurrir al alcohol ante la falta de herramientas psicoemocionales necesarias para hacer frente al dolor como lo dijo Elvira, “son madres y familias destrozadas” o “mujeres rotas” como lo dijo Soledad Jarquín.

Otra preocupación es el total abandono institucional a las niñas, niños y adolescentes, víctimas indirectas en estos delitos, hermanos e hijos de las mujeres asesinadas.

Resaltaron que “pese a que Oaxaca es una entidad que cuenta con un andamiaje jurídico e institucional para atender la violencia contra las mujeres y garantizar el acceso a la justicia, ya que a partir de 2012 se realizaron reformas importantes al Código Penal estatal que tipifican el delito de feminicidio; la publicación del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio para el Estado de Oaxaca y la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra Mujeres en 40 municipios de Oaxaca, siguen ocurriendo feminicidios con profundas omisiones y deficiencias para ser investigados y sancionados.

Luego de analizar los testimonios de siete casos de feminicidio ocurridos en la región de la Mixteca, en el Istmo de Tehuantepec y en el Centro del estado, las cinco juezas que integran el Tribunal Feminista contra la Violencia Feminicida emitieron una sentencia en la que condenan al Estado mexicano y las autoridades de Oaxaca al señalarlos como responsables de la ausencia de justicia a los funcionarios de las siguientes instituciones de Oaxaca: la Fiscalía General, el Tribunal Superior de Justicia y diversas autoridades municipales.

De igual forma, el Tribunal instó al Congreso local, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al gobernador Alejandro Murat y al Tribunal Superior de Justicia a que adopten medidas de carácter general que les permitan cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En el recuento de las violaciones cometidas en los siete casos, se mencionen entre otras, la del derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, el acceso a la justicia, y la obligación de garantizar autoridades independientes e imparciales.

Consideraron que el caso de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín resultó ser el de mayor complejidad debido a los actores políticos involucrados, las redes de complicidad y de corrupción en Oaxaca”.

Entonces, ante la falta de mecanismos jurídicos que permitan a una autoridad federal la investigación del mismo, recomendaron que el caso sea llevado a instancias internacionales, siendo esta la única posibilidad real de que el Estado mexicano pueda ser obligado a garantizar el acceso a la justicia, tanto a la víctima como a su madre la periodista Soledad Jarquín Edgar.

La Organización Feminista Consorcio para El Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca, la Colectiva de Madres contra el Feminicidio y la Impunidad, así como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) conformaron un Tribunal Feminista contra el Feminicidio en la Ciudad de Oaxaca durante los días 29 y 30 de noviembre.

Desde la Fuente de las 8 regiones, donde el pasado 25 de noviembre fue devalada la Antimonumenta por mujeres oaxaqueñas, las juezas María de la Luz Estrada Mendoza, del OCNF; Ruth Fierro Pineda, del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres (CEDHEM); Norma González Benítez, de Amnistía Internacional; Ana Yeli Pérez Garrido, de Justicia Propersona/OCNF y Karla Micheel Salas Ramírez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, sesionaron públicamente.

Las familiares de las víctimas que presentaron sus casos son: Minerva Ramírez Torres, hermana de Quedma Ramírez Torres; Luz del Carmen Cámara Hernández, madre de Lizbeth Jiménez Cámara; Zoila Bengochea Espitia, madre de Dafne Denisse Carreño Bengochea; Norma Hernández Burgos, prima de María Carmen Paula Burgos; Gerarda Pastrana Ramírez, madre de Melisa Areli Rojas Pastrana; Elvira Camacho Bautista, madre de Ivón Jiménez Camacho; Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín.

Además de los cuatro casos de violencia feminicida presentados, el Tribunal Feminista contra el Feminicidio en Oaxaca atendió una denuncia anónima de violencia sexual y otra de violencia familiar, expuesta por Luvia Jeanett Altamirano Raymundo.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/12/2/madres-de-mujeres-asesinadas-demandan-justicia-gobierno-de-oaxaca-ante-tribunal-feminista-276828.html

Crisis de identificación de personas en Jalisco llega a Organismos internacionales ante la afectación a familias de personas desaparecidas (Jalisco)

Foto: Mario Marlo

Sonia Sagrero / Somos el Medio

A partir del análisis presentado en el informe ¿Quiénes son? La Crisis de Identificación de Personas en Jalisco, publicado el mes de mayo de 2021 por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), realizado bajo la sistematización de información, bases de datos y monitoreo mensual de solicitudes de información, se estableció de acuerdo al 31 de diciembre de 2020, que existía una acumulación total de 6 mil 249 personas fallecidas sin identificar, ingresadas y registradas entre el año 2006 al 2020 en ocho delegaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). 

Para que la crisis forense que se vive en Jalisco sea de conocimiento de Organismos Internacionales de las Naciones Unidas, los cuales son integrados específicamente por personas expertas en materia de derechos humanos; los colectivos “Por Amor a Ellxs” y “Entre Cielo y Tierra”, así como también el CEPAD, presentaron comunicaciones en donde se puede conocer el impacto y las afectaciones que han vivido las familias en la búsqueda de su seres queridos desaparecidos en los servicios forenses de la entidad.

De acuerdo con estos colectivos y el CEPAD, dicha comunicación consistía en un resumen basado en la situación que se vive en materia forense en Jalisco, así como también las prácticas institucionales que resultaron violatorias a los derechos de las víctimas, las cuales se han identificado del acompañamiento y asesoría que han sido brindadas desde los colectivos de familias de personas que han sido desaparecidas y el CEPAD.

La comunicación fue enviada a Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, quien se ha encargado de monitorear el cumplimiento de los estándares internacionales para la identificación forense.

Comunicación que de igual forma, fue enviada al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involucradas de las Naciones Unidas y el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, aprovechando su visita a México y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Esto con el fin de conocer la situación de la emergencia forense y presentar información más detallada de las prácticas institucionales, sus consecuencias y el impacto que generan miles de personas, quienes se dedican a las acciones de búsqueda e investigación de sus familiares desaparecidos y desaparecidas, declararon en su comunicado.

Junto con el documento general, dijeron, se presentaron las seis fichas relacionadas con casos donde se dan a conocer las dificultades y fallas institucionales “para los procesos de identificación humana, resguardo, notificación y entrega de los restos de las personas localizadas sin vida”, además las afectaciones en las víctimas que ha generado la actuación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y la Unidad de Homicidios Internacionales de la Fiscalía del Estado de Jalisco. 

A través de esta acción, “Por Amor a Ellxs”, “Entre Cielo y Tierra” y el CEPAD, buscan que se generen alternativas de presión directa para que la situación forense en Jalisco sea totalmente reconocida, y con base al espíritu de construcción y participación junto con familiares de personas desaparecidas, organizaciones y personas expertas, “se generen cambios y prioricen acciones que fortalezcan a las instituciones y reviertan las malas prácticas que han causado graves daños emocionales, físicos, económicos o laborales en las familias”. 

Dichas personas que, ante la grave situación de violencia en el estado, tuvieron que comenzar a realizar acciones de búsqueda de sus seres queridos entre las personas fallecidas, para que estas pudieran recuperar los cuerpos y restos humanos “para que ellas y ellos puedan regresar a sus casas”.

https://www.somoselmedio.com/2021/12/02/crisis-de-identificacion-de-personas-en-jalisco-llega-a-organismos-internacionales-ante-la-afectacion-a-familias-de-personas-desaparecidas/

Colectivos y organizaciones de Tonalá exigen seguridad tras agresión a defensor del medio ambiente (Jalisco)

Foto: Zona Docs

El pasado 23 de noviembre, Jesús Saúl Castañeda, miembro del Colectivo Foco Tonal, sufrió un atentado en su casa del cual, afortunadamente salió ileso; por ello, diversos colectivos y personadas relacionados con la lucha ambiental em Tonalá exigieron al Gobierno de Jalisco un alto a las agresiones y hostigamientos.

Josué Ibarra / Zona Docs

“Las organizaciones y personas que suscribimos el presente manifiesto nos solidarizamos con Jesús Saul Castañeda Villafuerte y condenamos el ataque armado que tuvo lugar en su domicilio en la Colonia Santa Cruz de las Huertas,en el municipio de Tonalá, Jalisco, el día 23 de noviembre del presente año. Afortunadamente él y su familia resultaron ilesos, pues no se encontraban en el lugar al momento de los hechos”.

Para estos colectivos lo ocurrido es alarmente, pues el ataque al realizarse en un hogar, probablemente, tenía como finalidad acabar con su vida.

Castañeda Villafuerte forma parte del colectivo Foco Tonal, el cual -junto con otras organizaciones vecinales- realiza una defensa del área de la Cuenca del Río Osorio que abarca cuatro municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara; así mismo también se ha sumado a la exigencia del saneamiento del Río Azul en el municipio de Tonalá.

Por su labor en defensa del medio ambiente, el comunicado que rechaza su agresión fue firmado por 40 colectivos de Jalisco y por 41 personas, entre activistas defensores del medio ambiente y académicos.

“Exigimos al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, así como al Fiscal del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez y al presidente municipal de Tonalá, Sergio Armando Chávez Dávalos, realicen las indagatorias necesarias para dar con los autores materiales e intelectuales del ataque perpetrado contra Saúl y su familia; exigimos que se les castigue como es debido y, a la vez, se le brinde seguridad al igual que a todos los miembros de su organización y comunidad”.

Antes de esta agresión, el activista presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado, razón por la cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), emitió una serie de medidas cautelares para garantizar su seguridad

“Previamente a la agresión en contra de Saúl Villafuerte, el Área de Atención a Periodistas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CEDHJ ya contaba con registros de hechos violentos, presumiblemente dolosos, cometidos hacia personas defensoras de derechos humanos en Tonalá. Los tipos de agresiones materializados en este municipio, durante 2021, corresponden a hostigamientos y amenazas; además tienen como patrón, la implicación de la defensa del territorio y la comunidad”.

En Jalisco, en lo que va del año, se han registrado 23 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos.

https://www.zonadocs.mx/2021/12/02/colectivos-y-organizaciones-de-tonala-exigen-seguridad-tras-agresion-a-defensor-del-medio-ambiente/

Pese a acusaciones por contaminación dejan que Kekén siga operando: Kanán DH (Yucatán)

Gabriela Soto / Por Esto!

Aún cuando se le ha acusado de contaminar el medio ambiente, la empresa Kekén anunció la reapertura de una planta procesadora porcícola en Sahé.

Roberto Sánchez, representante de la organización Kanan Derechos Humanos, recordó que el modelo de procesamiento de carne porcícola que emplea la empresa no debería ser usado en Yucatán.

“No estamos en una zona en la cual sea apta para eso. Es un suelo altamente permeable, con mucha facilidad se contamina el agua por este tipo de actividades. Incluso, diversos académicos han señalado en diferentes momentos que no es una zona apta para la instalación de ello. No hay forma alguna de evitar la no contaminación por esta actividad”, expuso.

Recientemente, la empresa Kekén reactivó la planta procesadora porcícola ubicada en Sahé, en Yucatán, que tendrá una capacidad de procesamiento semanal de 40 mil cerdos, lo cual se convertirá en un referente nacional.

De acuerdo con información que publicó el propio Grupo Kuo, tendrá una inversión aproximada de dos mil millones de pesos y creará mil 500 empleos directos y siete mil indirectos.

Sánchez criticó que Kekén use el discurso de la creación de empleos, pues lo consideró racista y asistencialista dirigido a personas que viven en comunidades subdesarrolladas, y que detonan que no conocen la forma de vida de los habitantes de la región.

“Kekén está, desde hace mucho tiempo, tratando de encontrar acciones o espacios para legitimar su discurso y su permanencia en la Entidad, tan es así que ese tipo de acciones son compartidas y aplaudidas por el Gobierno del Estado”, señaló.

“El cual me parece bastante incongruente, tomando en cuenta que el Gobernador (Mauricio Vila) fue a la (convención) COP-26 para decir que tiene un compromiso con el medioambiente”, expuso.

Entre las acciones sociales que ha emprendido Kekén para legitimizar el negocio en la región, es apoyar los proyectos apícolas en la zona de Kinché, a pesar de que afecta ambientalmente a las granjas y a la producción de miel, lo cual ha sido negado por la empresa, dijo el activista.

Otro proyecto ha sido la instalación de centros de atención médicas en las comunidades con consultas a precios bajos o, en ciertas ocasiones, gratuitas.

“La verdad es otra forma de manipulación, ¿no? Es decir, ay, le estamos trayendo bienestar a la gente”, lamentó.El nombre comercial de Grupo Porcícola Mexicano es Kekén. Sus socios principales son: las empresas Porcimaya, Agroindustrias Vanguardia, Agroyucatan, Industria Avícola Olmeca, Grupo Campi e Industria Avícola Olmega.

Kekén es una subsidiaria de Grupo Kuo, “un conglomerado industrial mexicano con presencia en más de 70 países y con más de 24 mil colaboradores”, destaca en la página web.

Dedicada a tres sectores, el de consumo de alimentos, químico y automotriz. El primer rubro se encuentran Kekén, Herdez- Del Fuerte, y MegaMex Foods.

En tanto, el químico está integrado por Grupo Dynasol y Resirene; y automotriz por Tremec y Dacomsa.

Grupo Kuo pertenece a su vez a Grupo Desc, “un sólido grupo industrial e inmobiliario con más de 40 años de trayectoria en el desarrollo de empresas de diversas sectores económicos”, se describe en su página web.

Que fue fundado en 1973 por Don Manuel Senderos Irigoyen, y que hoy está conformado por Kuo y Dine, éste último se dedica a desarrollar proyectos inmobiliarios en México, recientemente en Punta Mita, Bosques de Santa Fe, Rinconada La Estadía, Punta Gorda y Punta Ixtapa.

Para Sánchez, la empresa Kekén ha violentado los derechos humanos de las comunidades yucatecas que defienden su territorio y el medioambiente, como la libre autodeterminación de los pueblos, el de consulta previa, acceso a la información pública, a la participación pública, a un ambiente sano, a la salud y al agua, enunció.

“Y la violación a estos derechos también puede conllevar a la vulneración del derecho a la vida o a la integridad”, planteó el activista.

Lo anterior, dijo, ha sido posible debido a que la empresa cuenta con el apoyo del Gobierno del Estado.

“Las autoridades ambientales que dependen del gobierno del Estado, que son las principales fiscalizadoras del actuar de la empresa, están totalmente a disposición de ellas. No hay ningún cuestionamiento, no hay una verdadera fiscalización de ver que realmente estén cumpliendo sus obligaciones en materia ambiental, siempre les aprueban sus proyectos”, señaló.

“En el tema de la consulta, que es un tema que la autoridad debe requerir, nunca se la requiere. Entonces, es un tema de corrupción y opacidad de las autoridades con la empresa, terrible. Y no importa el color y el sexenio en el que nos encontremos, siempre es lo mismo”, apuntó.

https://www.poresto.net/yucatan/2021/12/2/pese-acusaciones-por-contaminacion-dejan-que-keken-siga-operando-kanan-dh-301304.html

México: Mujeres chontales resisten al despojo anunciado de su territorio (Oaxaca)

Avispa Midia / Santiago Navarro F.

Silvia Ramírez Nolasco nació en la comunidad de Santa María Zapotitlán, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Ella conoce cada vereda de su territorio, las flores y las plantas medicinales que convergen con la calma del bosque. Ella habita la parte alta del pueblo Chontal, dónde los primeros rayos del sol contrastan con el blanco de la neblina presurosa que va danzando al ritmo del viento. Saca de su morral un radio walkie talkie y se comunica de montaña a montaña con las autoridades agrarias de su comunidad y avisa, “todo está bien”.

Su mirada es atenta y profunda, siempre está alerta. Su radio es parte de su responsabilidad. Cuenta con el respaldo de sus hermanas chontales, mayores y menores que ella. Es concejala de la Asamblea del Pueblo Chontal e integrante del Comité Regional de Mujeres Chontales. “Tuve que aprender a reconocer mi territorio cuerpo como mujer. A cuidarlo y defenderlo. Porque antes, los hombres no nos tomaban en cuenta, la mujer solo servía para los hijos y las labores del hogar. Todas hemos tenido que aprender a luchar para hacer entender, a los hombres, que las mujeres somos parte de la comunidad y que sabemos asumir un cargo”, dice la concelaja.

En las comunidades chontales más mujeres se suman a las tomas de decisiones y van asumiendo cargos como autoridades tradicionales. Aunque la lucha de Silvia, y de las mujeres con las que ha caminado, no solo se reduce a procurar espacios en las asambleas comunitarias (máxima autoridad de los pueblos originarios), sino además se han organizado, “para defender el territorio tierra y el territorio cuerpo en conjunto, porque son uno mismo; es una necesidad porque está en riesgo”, cuenta al equipo de Avispa Midia.

El riego al que se refiere Silvia es porque, desde el año 2018, se enteraron que más de 5 mil hectáreas del pueblo chontal, específicamente cinco comunidades agrarias, están concesionadas a una empresa llamada Minera Zalamera S.A de C.V., filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, cuyo objetivo es extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo. “Desde entonces toda la comunidad se puso en alerta y las mujeres, pues, somos las que más hemos trabajado para informarnos. Hemos tomado conciencia de que es necesaria nuestra participación. Es necesario prepararnos para defender nuestra memoria, nuestra historia, nuestro territorio que nos heredaron nuestras ancestras y ancestros”, agrega.

Las estrategias de defensa

El escenario que vive la comunidad de Silvia es parecido al contexto de los demás pueblos originarios que habitan el estado de Oaxaca, uno de los estados de México que cuenta con más del 80% de su territorio como propiedad social, principalmente, territorio indígena, bajo el régimen de ejido y comunidades agrarias. Sobre este territorio, la Secretaría de Economía ha emitido más de 300 concesiones mineras. “En nuestras comunidades, fue la minería que nos orilló, como mujeres, a asumir una doble lucha, por la defensa de nuestro territorio y por el reconocimiento como mujeres que somos en la toma de decisiones”, agrega Silvia.

La Secretaría de Economía ha argumentado que solo se ha concesionado el subsuelo y no el territorio indígena. Se basa en el articulo 27 constitucional mexicano, que dice que los bienes del subsuelo, entre ellos minerales y el petróleo, son de interés social y “corresponde a la Nación el dominio directo”.

Desde 2018, al menos 16 comunidades chontales demandaron a esta y otras instancias de gobierno como parte de una estrategia jurídica que decidieron emprender. En ese mismo año, lograron, primero, que todas las actividades, en relación a la mina, se dejaran como estaban, bajo un termino jurídico conocido como “Suspensión de Plano”, es decir, la empresa no tenía posibilidad de hacer nada en este territorio.

Apegados a marcos jurídicos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este pueblo originario apeló a su autonomía y a su autodeterminación y alegó sobre la inconstitucionalidad a la que se incurrió al haber emitido el título de concesión por parte de la Secretaría de Economía y no haberles informado ni consultado.

Además, alegó sobre la inconstitucionalidad de la ley minera. En febrero del año 2020, el juez 4º de distrito de Oaxaca concedió el amparo, no solo para las comunidades demandadas sino “para el pueblo Chontal, contra la concesión minera”, señaló la abogada Aracely Olivos Portugal, de la Organización Civil Tequio Jurídico.

La determinación del juez “de proteger a todo el pueblo Chontal es inédita”, remarca la abogada. Sin embargo, “al mismo tiempo, protege a la Ley Minera, al considerar que no viola derechos. Además, ordena un proceso de consulta para el pueblo Chontal”.

Esto derivó a que las comunidades dieran un siguiente paso, abriendo un proceso de revisión del caso (42/2021) contra la Ley Minera, donde exigen que se respete la autonomía y autodeterminación del pueblo Chontal, porque “ya se decidió, mediante actas de territorio prohibido para la minería, que no quiere minería en su región. Por tanto, no hay nada que consultar”, agrega Olivos.

También las instancias de gobierno interpusieron su propio recurso de revisión (43/2021) y el juez del 2º Tribunal “defendió la constitucionalidad y la legalidad de la ley minera. Pero es una ley que históricamente se ha reclamado como inconstitucional por no proteger los derechos de los pueblos originarios”, puntualiza la abogada para Avispa Midia.

Por su parte, “la Secretaría de Economía ataca la sentencia diciendo que no se debió proteger el pueblo Chontal en su conjunto y que esas concesiones se otorgaron legalmente”, agrega Olivos.

Además, la empresa minera, al ver que casi pierde el caso, movió sus piezas para invalidar el juicio. “La empresa, mañosamente, se desistió de la concesión un mes antes de que dictara la sentencia, sabiendo perfectamente que con esa acción pone en riesgo la existencia misma del juicio. Porque los tribunales van a decir que, si ya no existe esta concesión, ya no hay nada que analizar y ya no hay derechos que proteger”, asevera la abogada.

Para la abogada Olivos, esta es una estrategia muy común por parte de las empresas mineras en colusión con la Secretaría de Economía que, al ver que van perdiendo el juicio, se desisten para sobreseer el caso.

La empresa aplicó el mismo procedimiento, en el año 2015, en San Miguel del Progreso, estado de Guerrero. “Con la comunidad Me’Phaa, desistieron de las concesiones y, al llegar el caso a la corte, se dijo que como ya no hay concesiones, no hay juicio. Esta fue la primera vez que la corte se iba a pronunciar sobre la ley minera”, agrega la abogada.

El pueblo Chontal sería el tercer pueblo indígena al que se le aplica la misma estrategia de invalidar su proceso jurídico. El segundo fue en Puebla, con la comunidad de Tecoltemi, donde la empresa Almaden Minerals Ltd, también de capital canadiense, intentó invalidar el juicio. “La minera hizo lo mismo, intentó pedir una reducción de su concesión para que ya no abarcara el territorio de la comunidad de Tecoltemi y desistirse de la fracción de la concesión que abarca esa comunidad, pero las abogadas litigaron muy bien y la Secretaría de Economía dijo que no se podía desistir. Actualmente está en la corte”, sostiene la aboga Olivos.

En el caso de la región Chontal, los abogados y la comunidad tienen que mostrar elementos al Tribunal Colegiado para no dejar sin materia el juicio. “El 12 de noviembre hubo una sesión y el tribunal nos hizo saber su propuesta. Si el juicio se sobreseyara, se quedaría sin materia, porque la empresa ya había desistido”, agrega Olivos.

“Sin embargo”, afirma la abogada, “una comisión del pueblo Chontal tuvo participación en esta sesión y presentó nuevos elementos y el caso continúa abierto. Lo que toca es esperar”.

Continuar con la resistencia

Mientras que la comisión del pueblo Chontal llevaba a cabo la tarea titánica que le han dejado en sus manos, las mujeres de diversas comunidades se reunieron, los días 13 y 14 de noviembre, en la comunidad de Santa María Candelaria donde realizaron el Encuentro Regional de Mujeres Chontales en Defensa de la Tierra y el Territorio.

Entre música y las flores bordadas de los huipiles tradicionales que portaban las mujeres, pintaron de fiesta un espacio de lucha. Compartieron risas, reflexiones en las mesas del intercambio de la palabra. Resaltaron la importancia de la participación política de las mujeres y presentaron su comité regional de mujeres chontales. Visionaron los nuevos caminos con su radio comunitaria como nueva herramienta en la resistencia y se pronunciaron contra el proyecto minero Zapotitlán 1, nombre que lleva el título de la concesión minera.

“Mujeres y hombres seguiremos fortaleciendo la participación política comunitaria de las mujeres, la defensa del territorio, nuestras instituciones comunitarias, los procesos organizativos, la defensa legal, la articulación con otros pueblos y el rescate de nuestra identidad comunitaria”, leyó Silvia en el comunicado de su pueblo.

En el comunicado las comunidades exigen al décimo tercer circuito en materia civil y administrativa que, “resuelva el recurso de revisión que ha interpuesto la Asamblea del pueblo Chontal conforme a los derechos indígenas reconocidos en el marco convencional y constitucional en materia de tierra, autonomía y libre determinación”.

Aunque Silvia comparte animada que, “no tenemos que esperar nada del gobierno. Está en nuestras manos defender nuestro territorio cuerpo, el bosque, las plantas, la dignidad y llegar hasta las últimas consecuencias. Recurriremos a todas las formas posibles y no dejaremos que entren. Vamos a defender nuestro territorio”.

Lo que le sobra a Silvia es coraje y determinación, su cargo como concejala casi concluye, pero ha identificado que la participación de las mujeres es determinante hoy más que nunca. “Tenemos que recurrir a la solidaridad, no solo entre nosotras las mujeres Chontales, también con otras mujeres indígenas que están resintiendo y luchando por el territorio. Solo entre nosotras podemos reconocer lo que hemos vivido y también sabemos como cuidar nuestro territorio”, finaliza.

La concejala Silvia ha inspirado a más mujeres chontales a seguir participando en las asambleas y en la defensa de su territorio. También es una voz que forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG), pueblos que vienen resistiendo al despojo de los territorios ancestrales.

https://avispa.org/mexico-mujeres-chontales-resisten-al-despojo-anunciado-de-su-territorio/

Pueblos de los Valles de Oaxaca se oponen a consulta de la minera Cuzcatlán

Avispa Midia / Redacción.


Foto: Santiago Navarro F.

Comunidades zapotecas de San Pedro Martín y San Pedro Apóstol, en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, se posicionaron en contra de la realización de una consulta indígena que pretende realizar la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), como parte del procedimiento llevado a cabo por la minera canadiense Cuzcatlán, que busca autorización de dicho órgano ambiental para ampliar su área de explotación de oro y plata en la región, con el llamado proyecto minero San José II. Desde 2009 la minera explota los metales preciosos, cuya sede esta en la comunidad de San José del Progreso.

En un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los titulares de la Semanart, María Luisa Albores, y de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carillo, las comunidades comunican a los representantes del gobierno que ya han decidido “no permitir en nuestros territorios ningún proyecto minero”.

La Semanart en un comunicado de prensa, el 11 de noviembre, anunció que ya trabaja en la organización del proceso de consulta indígena a comunidades zapotecas de la región de Valles Centrales de Oaxaca.

Sin embargo, las comunidades exigen que se respete la decisión ya tomada por sus asambleas. “Nuestros municipios, ejidos y comunidades ya nos hemos consultado, por lo que le solicitamos respete nuestra decisión y no intente imponer otra consulta, que en base de las experiencias dadas en torno a las consultas, atenta en contra de la auto-determinación de nuestros pueblos, y busca ser un mecanismo dizque democrático e inclusivo para legitimar el proyecto de ampliación San José II”.

La decisión de las comunidades se justifica por la contaminación que ha generado la minera en sus aguas, suelo y aire.

Además, se ha instalado un conflicto social en la región que ha dejado muertos. Las comunidades conviven con el “crecimiento del crimen organizado, el consumo y la distribución de drogas así como una ola de asesinatos con violencia, unos de los últimos es el de un trabajador minero en las puertas de la empresa y otro en un pozo de exploración de la compañía”, argumentan.

“Presión asfixiante”

El 6 de julio de este año la Semanart a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental negó la solicitud de manifiesto de impacto ambiental en su modalidad regional del proyecto denominado San José II que presentó la empresa. El objetivo es ampliar por 10 años más la operación del proyecto minero. La dirección tuvo desde 3 de septiembre de 2020 la tarea de revisar este proyecto y después de extender por varios meses la revisión decidió no autorizarlo.

“Y cuando parecía que Cuzcatlán no tenía margen para revertir la resolución tomada por Semanart viene una campaña agresiva de la empresa que va desde la presión en las calles de los trabajadores que son sacados por medio de amenazas de despido si no participan en las movilizaciones a favor del proyecto”, sostienen en su comunicado, hasta una “presión asfixiante del poderoso lobby minero que se ha encargado de poner de rodillas a la Semanart y ante esta presión la secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora quiere vender como un ejercicio democrático y legítimo”, dicen.

La minera Cuzcatlán es “una empresa con un enorme poder de corrupción, con un poder económico aplastante y que tiene acuerdos con todos los partidos políticos, con todos los actores políticos de la región y que además tiene como operadores a un ejército de caciques regionales expertos en estrategias políticas legales y no legales para lograr la continuidad de este asqueroso proyecto”, sostienen las comunidades.

¿Contradicción?

En su comunicado, las comunidades apuntan contradicción en las acciones de la Semanart. El órgano ambiental pone a consulta de los pueblos la continuidad de un proyecto que él propio negó su continuidad, por reconocer “la violación de una serie de derechos además de una serie de irregularidades de parte de la empresa que generaran daños”, sostienen.

Los pueblos ya han decidido. “No permitiremos que se establezca ningún mecanismo de despojo como la consulta. Nuestros pueblos ya han decidido y hemos dicho no a la minería. Hemos decidido defender nuestra tierra y no le pondremos precio”.

https://avispa.org/pueblos-de-los-valles-de-oaxaca-se-oponen-a-consulta-de-la-minera-cuzcatlan/

Recortan presupuesto para atender la violencia de género en Colima

Foto: Diario Avanzada

Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (29/11/2021).- Para el siguiente año, el Gobierno del Estado contempla una disminución de recursos para atender la violencia de género en el estado, según el proyecto de presupuesto para el 2022 que analizan los diputados locales.

La propuesta que cabildea la comisión de Presupuesto, contempla un recorte de un millón de pesos para el Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar (CEPAVI) y también se plantea un decremento del 50 por ciento en relación con lo presupuestado para este año en el Instituto Colimense de la Mujer.

El documento propone que para el 2022 se le asignen recursos al CEPAVI por el orden de los 3 millones 520 mil pesos, cuando este año se le etiquetaron 4 millones 413 mil 909 pesos. El CEPAVI se encarga de brindar atención integral y especializada a las personas receptoras y generadoras de violencia familiar.

En el proyecto de presupuesto aparece una disminución considerable para el Instituto Colimense de la Mujer, pues de una asignación de 11 millones 796 mil 043 pesos se pasará a 5 millones 976 mil 476 pesos.

Colima, es un estado con graves problemas de violencia de género. Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 360 denuncias por violencia dentro de los hogares colimenses al mes, es decir, 12 denuncias diarias.

El pasado 25 de noviembre, una mujer fue asesinada en el municipio de Manzanillo. El cadáver de la víctima presentaba heridas en la cabeza. Ese mismo día, la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva sostuvo que una de las prioridades de su gobierno consistirá en garantizar la seguridad de las mujeres, sin embargo, en el proyecto de presupuesto para el próximo año, se contempla un recorte presupuestal para el CEPAVI y el ICM.

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=28273

Denuncian amenazas contra periodista que reveló presuntos vínculos entre alcaldesa y el narco (Quintana Roo)

Rosa Santana / Proceso

CANCÚN, Q. Roo. (proceso.com.mx).– El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos denunció las amenazas de muerte contra el periodista Alfredo Griz, del medio cancunense AQN Noticias, relacionadas con su labor periodística.

De acuerdo con el colectivo, en los últimos días Alfredo Griz ha revelado en sus trabajos de investigación presuntos vínculos de la alcaldesa Mara Lezama con células delictivas que operan en zonas turísticas hoteleras, lo que provocó persecución contra el comunicador, quien al verse en peligro tuvo necesidad de desplazarse de su lugar natal.

Por ello, Claudia Martínez Sánchez, directora del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas, hizo un llamado a las autoridades federales, legisladores, a los mecanismos de protección a comunicadores, al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que tomen cartas en el asunto y brinden protección al comunicador.

En conferencia de prensa realizada en el Club de Periodistas de México, A. C., en la capital del país, Martínez Sánchez y Alfredo Griz denunciaron el caso.

Alfredo Griz explicó que por las amenazas de muerte que ha sufrido ya levantó una denuncia penal en contra de la alcaldesa Mara Lezama, al igual que por el presunto delito de delincuencia organizada, y señaló que tiene ya tres años sin poder volver a su hogar en en Quintana Roo.

“Quintana Roo es un estado que ha sido rebasado por el narcotráfico, esa es la realidad”, dijo, y aseguró que, pese a su desplazamiento, no cesan las amenazas de muerte en su contra, que ha recibido vía mensajes de texto y de WhatsApp desde números telefónicos de Cancún.

El periodista atribuyó su situación a un reportaje que escribió, en donde dos fuentes informativas le revelaron los presuntos nexos de la alcaldesa Mara Lezama, quien este año se reeligió en el cargo, con un cártel de las drogas, y en el que dio detalles del dinero que la edil recibiría a cambio de protección a grupos criminales.

Griz recordó que Cancún “se ha caído a pedazos tras la llegada de grupos criminales, de la mafia rusa, romana, colombiana, donde a diario asesinan gente, extorsionan, secuestran, etcétera”.

“Es el Cancún que ya se cayó, en torno al cual hay un cerco informativo muy fuerte, donde somos muy pocos quienes nos atrevemos a investigar y publicar lo que sucede en realidad”, señaló.

Ahondó: “Este es un llamado para que nos ayuden a hacer eco, a ser visibles. Claro que tenemos miedo, pero tenemos más miedo si nos quedamos callados y nos hacemos cómplices. Nuestra única forma de defendernos es denunciar, y no podemos permitir que el narco nos siga teniendo de rodillas, y que siga haciendo que hagamos de la violencia algo cotidiano, como ha pasado en varias entidades del país”.

El periodista puso a disposición de sus colegas los audios donde sus fuentes hacen las revelaciones que publicó, y respondió dudas para detallar la información que en su momento publicó.

Finalmente, se insistió a las autoridades federales para que atiendan el caso del periodista y le brinden garantías de seguridad.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/11/27/denuncian-amenazas-contra-periodista-que-revelo-presuntos-vinculos-entre-alcaldesa-el-narco-276557.html

Temen que explote el gasoducto y salen a protestar (Yucatán)

Herbeth Escalante / Haz Ruido

Vecinas y vecinos de San Damián y Pensiones manifestaron su indignación porque de la noche a la mañana la empresa Engie inició la instalación subterránea del ducto de gas natural, sin consultarles y vulnerando sus derechos.

Mérida, Yucatán, 27 de noviembre de 2021.- Vecinas y vecinos de las colonias San Damián y Pensiones protestaron en contra de la instalación de un gasoducto de la empresa Engie, argumentando de que no se realizó ninguna consulta y porque temen que pueda provocar una explosión.

Al bloquear la calle 52 por avenida Alfredo Barrera Vázquez, manifestaron su indignación porque de la noche a la mañana dicha compañía inició con la instalación subterránea de ese ducto de gas natural.

Comentaron que la obra arrancó bajo engaños, pues decían que se trataban de labores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), cuando en realidad es un ducto que viene del Periférico de Mérida y que transportaría el hidrocarburo a la galletera Dondé, que se encuentra en la García Ginerés.

El asesor jurídico de las y los vecinos, Roberto Sánchez, quien forma parte del Colectivo Kanan, señaló que han promovido tres juicios de amparo para tratar de frenar la obra, ya que nadie les informó ni les consultó sobre ésta. Sin embargo, los jueces de distrito han negado las suspensiones provisionales con argumentos contrarios a los estándares de derechos humanos.

El abogado sostuvo que la instalación del gasoducto de Engie se está realizando en medio de irregularidades, pues descubrieron que no cuenta con Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Parte de los reclamos de la gente es que no se les tomó en cuenta en la decisión de la instalación del ducto de gas, también tienen miedo de que esto pueda explotar, como ha sucedido en otras partes del país”, señaló Roberto Sánchez.

Dijo que se están vulnerando una serie de derechos como el del acceso a un medio ambiente sano, el del interés superior de la niñez, y el del grupo en situación de vulnerabilidad, ya que en las mencionadas colonias viven personas adultas mayores.

En la protesta, las y los afectados cargaron mantas en las que manifestaron su rechazo al paso del gas entubado en las calles en donde viven, y lamentaron la falta de diálogo con las autoridades para solucionar este problema

https://www.hazruido.mx/reportes/temen-que-explote-el-gasoducto-y-salen-a-protestar/

Guanajuato líder en asesinatos de mujeres; 2 diarios en 2021

Alfonsina Dávila, Zona Franca, 26 de noviembe de 2021

Guanajuato. De enero a octubre de este 2021, Guanajuato nuevamente se coloca como el primer lugar de homicidios dolosos y culposos a mujeres en el país al reportar 574 en estos diez meses.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a nivel nacional se registran 2 mil 326 homicidios dolosos contra mujeres.

Sobre el repunte en las cifras, Verónica Cruz Sánchez, directora de las Libres advirtió que los asesinatos de mujeres se han dado en grupo y en varios casos son de la misma familia. Por lo que, urgen políticas públicas preventivas.

Foto: Especial

En primer lugar se ubica Guanajuato con 271; seguido de Baja California 266; Chihuahua, 232; Michoacán, 212 y Estado de México 181.

De los 271 reportados al SESNSP por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, más de 210 de las víctimas tenían más de 18 años, alrededor de 25 eran menores y el resto no se especificó. De los homicidios culposos a nivel nacional se reportaron 2 mil 700.

Guanajuato sigue ocupando el primer lugar con 303; le sigue en Estado de México, 199; Jalisco, 176; Michoacán, 164 y Quintana Roo, 137.

De los feminicidios se han reportado en el país 809. De estos 29 corresponden a Guanajuato, ocupando así lugar 12 nacional.

Foto: Zona Franca

Mientras que el primer lugar lo ocupa el Estado de México con 116 casos, seguido de Veracruz con 61 y Jalisco 57.

En Guanajuato, los municipios de Irapuato reportaron 6, Celaya 5 y Guanajuato capital tres.
Urgen políticas preventivas: Las Libres

La directora de Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, aseguró que es urgente que el estado emprenda políticas públicas de prevención para erradicar la violencia contra las mujeres.

Dijo que han detectado que son asesinadas grupos de mujeres donde están involucradas, la abuela, madre e hija de diferentes edades, lo que muestra que son más profundos los factores de la violencia en la entidad.

“Eso habla de que las comunidades y las familias están participando por razones diversas en estos procesos de criminalidad por falta de recursos, pero también por la violencia y la discriminación, pero también por el embarazo en la adolescencia y por la falla del Estado federal, estatal y municipal justo en la prevención de la violencia”.

La activista externó que el repunte de la violencia es un fenómeno complejo que los próximos años seguirá al alza porque está enraizado en estructuras más complejas de pobreza, violencia familiar y la no garantía de los derechos humanos atendidos.

“Estamos viendo que en estos últimos cinco años que está violencia generalizada además de alzar a los hombres está alcanzando a las mujeres, niñas y adolescentes. Y estos homicidios contra mujeres en el espacio público están relacionados con la ola de criminalidad y tiene un vínculo directo en el consumo y venta de droga. Y eso habla claramente de los cárteles del crimen organizado que también tiene base social”.

Expuso que hasta hace dos años eran grupos de hombres asesinados y una mujer por ahí, ahora son grupos de mujeres y es un dato grave, pues también son grupos de mujeres familiares que puede estar la mamá, abuela e hija de todas las edades

Con pintas y marcha colectivos se manifiestan en el “Día Internacional de la Eliminación Contra la Violencia” (Nayarit)

Foto: El Sol de Nayarit marcha  (Ilustrativa)

Mildra Benítez Robledo / Realidades de Nayarit

Tepic, Nayarit.- En el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”, tal y como lo habían anunciado, diversos colectivos marcharon esta tarde de jueves en la capital nayarita desde la Hermana Agua en el Paseo de la Loma, hasta la plaza principal, para exigir un alto a la violencia de género, feminicidios, acoso y hostigamiento, así como para pedir aborto por elección, espacios públicos seguros, legislación y acceso a la justicia.

Con consignas como “El Estado es un macho opresor”, así como pintas en en Casa de Gobierno, Congreso del Estado, Catedral y la destrucción de las maxi letras de Tepic manisfestaron su indignación.

Las activistas, mencionaron que no olvidan a las desaparecidas, a las niñas y mujeres asesinadas a manos de feminicidas, ni la traición de las instancias de justicia que demuestra su indeferencia es por ello que toman las calles y alzan la voz en una ciudad que es tan indiferente ante los muchos ejercicios de dominación que afrontamos las mujeres en un Estado que pese la Alerta de Género, menosprecia y se desentiende de su responsabilidad y más grave aún, respalda de forma institucional este tipo de abusos.

Además de la marcha, se realizaron intervenciones del espacio público con la instalación de bicicletas, cuya idea es representar la ausencia de las mujeres a través de una técnica de arte-objeto; por ello, esta fue cubierta de flores, simbolizando a las mujeres que les han arrebatado la vida y que pese a eso, al recordarlas, aún florecen.

http://realidadessperiodico.com/99222/

Marchan mujeres para exigir alto a la violencia en Vallarta (Jalisco)

Foto: Tribuna de la Bahía

Brenda Beltrán / Tribuna de la Bahía

Este jueves, colectivos de mujeres, hombres y ciudadanos en general, marcharon para exigir un alto a la violencia contra las mujeres de Puerto Vallarta, saliendo del parque de Las Mujeres hasta llegar a Los Arcos del Malecón.

Como ya se había anunciado previamente por los colectivo, este jueves se realizó esta marcha, la cual partió a las seis de la tarde, en donde muchas mujeres participaron, llevando pancartas, mantas con mensajes como “Ni una Más”, “Basta a la Violencia”, entre otras, además de que asistieron familiares de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio.

Herova Olmos, del Colectivo Vallarta FEM, destacó que el 25 de noviembre, es una fecha sensible, pero también es un día para reflexionar sobre todas las violencias que se viven día con día y estas se visibilicen, por lo que debe de parar esta violencia.

La marcha salió del parque de Las Mujeres hasta culminar en Los Arcos del Malecón en donde se llevó a cabo un mitin y algunas mujeres recitaron poemas y otras dieron testimonios de violencia.

Por ejemplo, Perla del Colectivo de Vallarta FEM compartió su caso de violencia

“Viví violencia desde hace algunos años con mi expareja y fui abusada de diferentes maneras tanto económica, emocional y físicamente hasta que comprendí que no era moral y que yo merecía otra vida. Lo logré, aquí estoy y estoy tratando de hacerles llegar ese mensaje a las demás mujeres de que si están viviendo lo mismo y necesitan ayuda, por favor, búsquenos, no estamos solas”.

Cabe destacar que durante toda la semana los colectivos de mujeres realizaron diferentes actividades como conversatorios en temas de violencia, entre otras cosas

https://tribunadelabahia.com.mx/marchan-para-exigir-alto-violencia-51192

Jalisco pasa del sexto al tercer lugar con más feminicidios en México

Foto: Zona Docs

En sólo un año, Jalisco avanzó tres lugares en la lista de los estados con más feminicidios registrados a nivel nacional. Con 54 denuncias hasta el mes de septiembre, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) posiciona a la entidad como la tercera con más asesinatos de mujeres por razón de género durante 2021.

Dalia Souza / Zona Docs

De acuerdo con el Informe sobre violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Jalisco fue la sexta entidad con más feminicidios (40) en todo el país entre enero y septiembre de 2020; el sexto estado también con más homicidios dolosos de mujeres, 153 contabilizados; y el segundo con más homicidios culposos (148). En total, las autoridades estatales informaron al gobierno federal de 341 muertes violentas de mujeres durante el 2020.

No obstante, en 2021, la entidad ocupa el tercer lugar nacional con más presuntos delitos de feminicidios denunciados: 54, así como, con más víctimas: 55; estas cifras hasta el mes de septiembre. Dicha estadística representa 16 casos más de los registrados en el mismo periodo de tiempo el año anterior. En el primer lugar se encuentra el Estado de México con 110 denuncias y en segundo Veracruz con 55.

A la par, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara y Zapopan están entre los primeros 10 municipios en el país con más presuntos delitos de feminicidio cometidos este año; los cuatro concentran, además, el 74% de todos estos delitos en la entidad, de acuerdo con lo reportado por las autoridades estatales al Gobierno federal.

Respecto a los casos de homicidios dolosos, Jalisco vuelve a posicionarse en 2021 como el sexto estado con más víctimas de este delito: 104. No obstante, si bien, desciende al tercer lugar en víctimas de homicidio culposo, los casos aumentan de 148 registrados en 2020 a 153 en 2021.

Por otro lado, las mujeres, niñas y jóvenes representan el 16.17% de las desapariciones de personas en el estado, es decir, 2 mil 400 casos respecto a los 14 mil 841 registrados hasta el 25 de noviembre de 2021, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

https://www.zonadocs.mx/2021/11/24/jalisco-pasa-del-sexto-al-tercer-lugar-con-mas-feminicidios-en-mexico/

En Conversatorio colectivos feministas y de familiares de desaparecidos analizan el feminicidio y la desaparición de personas

Foto: El Comentario

Redacción / El Comentario

Por César Barrera

En la Pinacoteca de la Universidad de Colima, en el marco del Festival Zanate, se realizó el conversatorio “Feminicidios y desaparición en Colima”, donde activistas sociales concluyeron que estos problemas parten del clima imperante de violencia, una mala estrategia de seguridad pública y de la mala aplicación de los protocolos por parte de la autoridad.

El conversatorio se dio al término del documental Volverte a ver, cuya trama se centra en un grupo de madres y familiares de desaparecidos de Morelos, en el cual documentan el martirio que sufren en la búsqueda de sus desaparecidos.

Volverte a ver documenta cómo estas madres y familiares luchan para acceder a la justicia, una lucha que sigue en pie y que muestra un mensaje de batalla, desde la sociedad civil organizada, para exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades.

Asimismo, manda un mensaje de cómo la violencia ha crecido en su estado y refiere las malas prácticas del Gobierno, sobre todo el incumplimiento de los protocolos de inhumación que impiden una adecuada identificación de los restos humanos.

En el conservatorio participaron colectivos feministas, así como organizaciones civiles que buscan hacer conciencia del feminicidio y la desaparición.

En ese sentido, destacó la participación de María del Carmen García García, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quien detalló que la violencia feminicida tiene un aspecto cultural, pero también estructural, propiciado por las mismas autoridades que son omisas en prevenir los feminicidios.

Puntualizó que a la fecha sigue habiendo una gran resistencia por parte de las fiscalías del estado para tipificar los homicidios de mujeres con la figura de feminicidio, lo que refleja una misma violencia estructural del Estado y que propicia la impunidad de la violencia feminicida.

“Hay una impunidad grave del Estado, donde se violan constantemente los derechos humanos de las mujeres, eso en un contexto nacional, pero también en nuestro estado: el año pasado hubo 124 muertes violentas de mujeres y Colima ha estado en los primeros lugares. En el país desaparecen a diario 26 mujeres adolescentes y se asesinan en el país cada día 11 mujeres”.

De igual forma, Carmen Sepúlveda Gómez, representante de la Red de Desaparecidos en Colima A.C, lamentó que incluso la misma sociedad a veces juzga, como el gobierno, que el que sufre una desaparición se debió a una relación con el crimen.

“Que la misma sociedad nos juzgue por buscar a nuestros hijos. Que la misma sociedad y el gobierno nos diga que nuestros hijos eran malos, cuando no saben cómo eran. Nos enfrentamos a tantas, tantas puertas cerradas”, expuso Sepúlveda Gómez, quien puntualizó que el documental Volverte a ver refleja ese esfuerzo incansable de las madres y de familiares de desaparecidos por encontrar a sus hijos.

Volverte a ver se presentó en el marco de Festival Zanate de cine documental, en el cual participa la Universidad de Colima.

https://elcomentario.ucol.mx/activistas-sociales-y-ciudadania-analizan-el-feminicidio-y-la-desaparicion/

Roban lonas con fotos de desaparecidos del Colectivo Solidario de Tecomán (Colima)

Foto: El Comentario

Yensuni López Andrade / El Comentario

Integrantes del Colectivo Solidario de Búsqueda de Desaparecidos denunciaron el robo de lonas con datos de familiares y personas que buscan y que fueron colocadas afuera del templo de Santo Santiago, en la cabecera municipal de Tecomán, el pasado 26 de julio.

A nombre del colectivo, Candelaria Huerta Pizano informó que esas lonas tenían fotos de personas desaparecidas y que fue el pasado domingo 21 de noviembre cuando se las robaron. Explicó que en el Ministerio Público en Tecomán se negaron a darle causa a la denuncia correspondiente, “aun cuando esta acción constituye una violación flagrante al derecho de toda persona a ser buscada”.

Candelaria Huerta dijo que da a conocer lo anterior para que familiares y personas interesadas tengan conocimiento de los hechos que calificó de lamentables y que, sobre ellos, existe una apatía por parte de las autoridades ministeriales, de seguridad pública y de ayuntamientos.

Huerta Pizano pidió “que no se repita y se actúe en consecuencia en favor de las víctimas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares”.

A nombre de las familias de desaparecidos, Candelaria Huerta exigió la devolución y reinstalación de las lonas, las cuales fueron colocadas con el permiso de las autoridades eclesiásticas.

https://elcomentario.ucol.mx/roban-lonas-con-fotos-de-desaparecidos-del-colectivo-solidario-de-tecoman/

Marchan por alejar de Dolores Hidalgo el proyecto de mina a cielo abierto (Guanajuato)

Mil personas realizan protesta pacífica en defensa de la Cuenca de la Independencia, sus recursos, su industria, y la salud y la vida de sus más de 600 mil habitantes

POPLab, 23 de nov. 2021,
Con información de Martha Silva. Fotos: Alonso Merino Lubetzky

El Movimiento Social Contra la Minería a Cielo Abierto y el Extractivismo del Agua, conformado por personas y organizaciones habitantes de la Cuenca de la independencia, organizaron una manifestación pacífica este domingo en Dolores Hidalgo, movilización que busca que las autoridades declaren el territorio de dicha cuenca como libre de este tipo de industria extractiva, una amenaza socioambiental a la región norte del estado.

El proyecto de la empresa canadiense Argonaut Gold de una mina a cielo abierto estaría ubicado en el Cerro del Gallo, a unos 13 kilómetros de distancia de cabecera municipal, el cual, de momento se encuentra detenido, en la etapa de tramitar los permisos.

Foto: Alonso Merino Lubetzky

Participaron ciudadanos, artistas y artesanos de la zona urbana de Dolores Hidalgo, así como grupos de Apicultores de la Cuenca tanto de Dolores como de San Miguel de Allende y San Diego de la Unión, que junto con San Felipe, San Luis de la Paz, San José Iturbide y Doctor Mora, municipios que comparten un mismo sistema de mantos acuíferos.

Además de habitantes y representantes de estos siete municipios, hubo apoyo ciudadano desde otras localidades, como León, para reunir a más de mil personas.

Foto: Alonso Merino Lubetzky

Operación Contramina

En un nutrido contingente que encabezó un grupo de niños con dibujos de abejas y continuó con gente de todas las edades y de todos los estratos económicos, partió desde el Monumento a los Héroes rumbo al jardín principal.

Las consignas que se escucharon por las calles rompieron el sopor dominical: “Ni oro, ni plata, la minería mata” “Agua sí, mina no”, “Si José Alfredo viviera, con nosotros estuviera”.

Al llegar a la esquina de Guerrero y Querétaro, ya a un costado de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, los manifestantes no se amedrentaron ante las sugerencias de oficiales de policía, que les proponían rutas alternas para acceder al kiosko, esto, por las exposiciones gastronómicas y el Festival Internacional José Alfredo Jiménez, que se celebran este mismo fin de semana en el jardín principal de Dolores Hidalgo.

Foto: Alonso Merino Lubetzky

Cerca de las 11 de la mañana, el grupo arribó finalmente al kiosko, donde se organizó un breve foro y se instaló una mesa donde se recabaron firmas de la ciudadanía para apoyar el movimiento contra la mina a cielo abierto, para anexarlas a los documentos que entregarán a las autoridades municipales, estatales y federales.

En el foro hablaron representantes del Movimiento de comunidades campesinas de Dolores Hidalgo defensores de la tierra y del Río Laja.

De las comunidades ribereñas al río San Damián y la Presa Allende de San Miguel de Allende.

Con cada marcha se instala también una mesa para recolectar firmas de los ciudadanos que se adhieren a la protesta contra la mina a cielo abierto. Todas las fotos: Alonso Merino Lubetzky.

Participaron también representantes de la comunidad indígena chichimeca de San Luis de la Paz, que compartieron con los ahí reunidos un saludo de unidad en su lengua originaria, el Chichimeca Jonaz.

En particular, los oradores exigieron, no en ánimos de confrontación sino de reflexión, una negativa oficial y rotunda al Ayuntamiento de Dolores Hidalgo a otorgar permiso de cambio de uso de suelo, y al gobierno del estado, una declaratoria para establecer a la Cuenca de la Independencia como una zona libre de minería a cielo abierto, esto para proteger no solo la tierra y el agua, sino el aire, la flora y la fauna.

Foto: Alonso Merino Lubetzky.

“Un proyecto minero que permite obtener oro pero a cambio de acaparar y contaminar con cianuro y otros productos químicos dañinos unos cuantos millones de litros de agua de nuestro subsuelo”, en una región que adolece precisamente de escasez de ese recurso, buscando favorecer el establecimiento de una nueva economía, a costa de afectar otras que ya estaban antes.

Esta defensa del medio ambiente y la salud pública “es un deber ciudadano y una obligación moral”, concluyeron.

https://poplab.mx/article/MarchanporalejardeDoloresHidalgoelproyectodeminaacieloabierto

Un año y no llega justicia para Sofía (Zacatecas)

ABRIL SOLÍS/NTRZACATECAS.COM, lunes 22 de noviembre de 2021

A un año del feminicidio de la pequeña Sofía aún no hay justicia para ella ni su familia, pese a que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) ha avanzado en la investigación aún no han detenido al responsable.

El 11 de noviembre de 2020 la pequeña de tan solo 12 años desapareció, luego de 11 días, el domingo 22 de noviembre de 2020 fue encontrada sin vida en un camino que conduce a la localidad Sosa, atrás del fraccionamiento Abel Dávila García.

El lamentable hecho unió a los fresnillenses y entre la rabia y el luto iniciaron una manifestación pacífica en la explanada de lo que antes era la presidencia municipal, ahí, familias enteras se congregaron llevando velas y formando una cruz; simultáneamente en el Hemiciclo Hidalgo hicieron un altar en memoria de la pequeña.

En ambos lugares la gente estaba reunida por una sola causa: el cese de la violencia y los feminicidios, exigiendo justicia a través de carteles en los que se leía “ni una menos” y “los niños no se tocan”.

Durante toda la manifestación las autoridades no se hicieron presentes, salvo por el entonces secretario de Gobierno, Juan Manuel Loera López, a quien los ciudadanos corrieron del lugar; las autoridades no se pronunciaron sino hasta después de las manifestaciones.

Al llegar la noche los ánimos escalaron y el enardecimiento de los manifestantes creció al tiempo que se intensificó la protesta, hombres jóvenes comenzaron a lanzar veladoras, a tumbar las puertas e incendiar el edificio, mientras las autoridades de los tres órdenes de gobierno guardaban absoluto silencio.

La semana posterior al hecho diversos grupos de personas, ciudadanos y grupos feministas de El Mineral acudieron a manifestarse frente a lo que fue la presidencia municipal; pancartas, carteles, grafitis y veladoras cubrían el lugar bajo la misma consigna: “justicia”.


Avances de la FGJEZ

Tras el lamentable hecho la FGJEZ comenzó una investigación sobre este caso, en los avances reconoció que son dos los delitos que se investigan: el de feminicidio y de extorsión, en este último ya hay órdenes de aprehensión que están por cumplimentarse en Tamaulipas.

El fiscal Francisco Murillo Ruiseco explicó que el probable responsable “seguramente (está) evadido de la acción de la justicia”.

Sin más avances en el caso desde hace un año, aún no hay justicia para la menor. Por otro lado, luego de este suceso, el 27 de enero de 2021 inauguraron el Centro de Justicia para Mujeres que, en honor de la pequeña, lleva su nombre con la intención de ser una promesa y un recordatorio, “que estos casos no deben suceder, no deben pasar y que no se nos olvide tampoco buscar a los responsables”, como lo declaró el fiscal durante la inauguración.


Presidencia municipal

Tras un año del evento, el inmueble sigue casi intacto; aunque las autoridades municipales han gestionado para reparar este edificio, ha sido un proceso largo dado que requieren la autorización de dependencias como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Durante 2021 las autoridades lograron cobrar el seguro de este inmueble pero hasta la fecha los avances son mínimos, de tal forma que en la fachada del edificio aún es posible leer las consignas de justicia.

“Justicia para Sofía”, “no más violencia”, “los niños no se tocan” son algunas de las palabras que permanecen en la fachada del edificio y parte de la memoria de la impunidad en el municipio.

“¿Quieren conciencia histórica? No la van a encontrar defendiendo monumentos y edificios que representan todo lo que nos han fallado. Sofía no solo fue víctima de un feminicida, sino de la indiferencia, de la violencia patriarcal”, fueron las palabras de las feministas fresnillenses que se manifestaron a los pocos días del suceso y sus palabras siguen vigentes en un municipio donde la violencia, los homicidios, feminicidios y desapariciones han escalado de forma alarmante y donde tras un año de terrible feminicidio todavía no hay justicia.

https://ntrzacatecas.com/2021/11/22/un-ano-y-no-llega-justicia-para-sofia/

Asamblea Maya acusa a Torruco y Jiménez Pons de ser sicarios del turismo

Herbeth Escalante / Haz Ruido

Tras las más recientes declaraciones de dichos funcionarios de la 4T en contra de los opositores del Tren Maya, Múuch’ Xíinbal criticó que AMLO deja sueltos a sus sicarios para menospreciar, discriminar, atropellar, insultar y despojar a los pueblos originarios de sus derechos

Mérida, Yucatán, 22 de noviembre de 2021.- La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal arremetió contra el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, y el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, a los que tildó de “sicarios del presidente” porque se dedican a menospreciar, insultar y despojar a los pueblos originarios de sus derechos.

En un carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, dicha agrupación lamentó que tras la imposición del Tren Maya continúa la presión, la descalificación y el amedrentamiento por parte del gobierno federal en contra de quienes han tomado acciones legales para defender su territorio.

“Más de un centenar de defensoras y defensores de los derechos humanos e indígenas han sido asesinados en México en este sexenio, señor presidente, debido en gran parte al ambiente hostil que han generado usted y su gobierno. En nuestro caso, quienes más se han empeñado en denostarnos, agredirnos e intentar lincharnos y criminalizarnos públicamente son el director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, y el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués”, recalcaron.

Como se sabe, en el Tianguis Turístico celebrado en Mérida, Torruco se refirió a los pobladores como un “cártel de ampareros”, mientras que Jiménez Pons los ha acusado reiteradamente de participar en un “complot de la ultraderecha”.

“México preside hoy el Consejo de Seguridad de la ONU, y el discurso que ha esgrimido nuestra representación versa sobre la necesidad de un mundo más justo. ¡Qué contradicción y qué incoherencia, señor presidente! El gran farol de la calle no alumbra la oscuridad en casa. México levanta la voz con brío justiciero en los foros internacionales, mientras en suelo patrio el presidente deja sueltos a sus sicarios para menospreciar, discriminar, atropellar, insultar y despojar a los pueblos originarios de sus derechos”, sostuvo Múuch’ Xíinbal.

La Asamblea señaló que a los pueblos originarios los han llamado de muchas maneras a lo largo de tantos siglos de opresión, pero sólo los sicarios de la 4T han tenido el desvarío y el descaro de tildarlos, en un alarde de imaginación criminal retorcida, de “ultraderecha” y de formar parte de un “cártel de ampareros”.

“¿Qué sigue después, señor presidente? ¿Ya tocaron fondo sus sicarios de Turismo o qué otras ofensas, insultos y mentiras se les ocurrirán? ¿Hasta cuándo va a continuar financiando la 4T –con dinero público– estos atropellos y esta campaña de agresión y desprestigio en nuestra contra?”, cuestionó, al recalcar que dichos funcionarios han seguido el mismo guion racista del presidente.

En ese sentido, acusó a López Obrador y a dichos funcionarios de ser racistas y promotores de la violencia contra los indígenas, pues sus insultos y ofensas son una pequeña muestra de la propensión a la agresión, la mentira, la simulación y la mala fe del gobierno federal para con los pueblos originarios.

Por tal razón, una vez más, los responsabilizó de cualquier amenaza, percance o daño físico que pudiera ocurrirle a cualquier integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, pues sus declaraciones los ponen en una situación vulnerable.

https://www.hazruido.mx/reportes/asamblea-maya-acusa-a-torruco-y-jimenez-pons-de-ser-sicarios-del-turismo/

Por Amor A Ellxs denuncia la destrucción del mural-memorial (Jalisco)

Foto: Zona Docs

A través de sus redes sociales, el colectivo de búsqueda Por Amor A Ellxs denunció la destrucción de su mural-memorial #HastaEncontrarlos, el cual ahora aparece tapado con las siglas MTA; este memorial había sido realizado por las familias de las y los desaparecidos, el pasado 9 de mayo, como una forma de protesta por la crisis de desapariciones que existe en el estado.

Esta destrucción ocurrió un día después de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU visitara Jalisco, y justo después de que el colectivo, en conjunto con Entre Cielo y Tierra, le entregasen un documento con todas las inacciones cometidas por el Gobierno de Jalisco en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.

Darwin Franco / Zona

“Ayer estuvimos en reunión con el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) para compartir sobre nuestras experiencias y la situación de desaparición en Jalisco. Hoy amanecimos con el Mural #HastaEncontrarles, un memorial por nuestros desaparecidos, vandalizado y destruido”, así hizo denunció Por Amor A Ellxs la destrucción del mural-memorial que edificaron junto con colectivo artístico #SinJusticiaNoHayPaz, en el marco del 10 de mayo, día en que las madres salen a exigir al Estado la aparición y búsqueda de sus hijos desaparecidos.

El mensaje #HastaEncontrarlos, en cuyo centro estaba el logo del colectivo de familiares de personas desaparecidas, apareció la mañana del 20 de noviembre tapado con las siglas MTA, las cuales se colocaron estratégicamente sobre el grito y exigencia de esta madres que se agruparon en 2016 para alzar la voz por quienes ahora no han logrado regresar a casa.

“La noticia nos duele y lamentamos mucho que los espacios de memoria en #Jalisco no se respeten, así como no se respeta nuestros derechos. Exigimos nos compartan los videos de las cámaras de seguridad que están en el lugar y que se investiguen los hechos para que no se repitan”, estas fueron las exigencias con las que el colectivo concluyó su mensaje de denuncia en sus redes sociales.

Desde que el mural-memorial se realizó, el 9 de mayo, había sido totalmente respetado; por ello, las madres buscadoras consideran que no es casualidad que esta destrucción se dé luego de una serie de denuncias y acciones que como colectivo realizaron antes y después de la visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, pues antes ya habían presentado el Informe #NosotrasBuscamos que deja en evidencia la falta de atención de parte de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas; así mismo -junto con otros colectivos y organizaciones- lanzaron un contra informe para desmentir al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, luego de que éste en su Tercer Informe de Gobierno señalara que las desapariciones estaban a la baja y que la crisis forense en el estado era inexistente.

Incluso, en el marco de la visita del Comité le entregaron un informe detallado con una serie de observaciones sobre la ineficaz labor que el Gobierno de Jalisco ha realizado tanto para buscar a sus seres queridos como para investigar a los responsables de su desaparición.

Siglas como estas, MTA, han aparecido en otros espacios públicos aunque no en México, sino en los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, donde se atribuyeron a un crew de grafiteros llamado Metro Transit Assassins (MTA), el cual fue demandado en 2010 por las autoridades de aquella ciudad tras haber pintado estas siglas en las paredes del río de Los Ángeles.

Lo ocurrido aquí en Guadalajara pareciera ser una especie de “homenaje” a aquel monumental graffiti; sin embargo, la manera estratégica en la que acá se colocaron las siglas, a decir de Por Amor A Ellxs, es una acción violenta que consideran sólo busca amedrentar su lucha y exigencias.

Por tanto, su exigencia a las autoridades municipales y estatales es que no haya impunidad en contra de quienes dañaron este espacio de memoria.

https://www.zonadocs.mx/2021/11/21/por-amor-a-ellxs-denuncia-la-destruccion-del-mural-memorial-hastaencotrarlos/

“Aquí está la resistencia trans”: colectivas y organizaciones exigen espacios públicos seguros y libres de discriminación (Jalisco)

Foto: Christian Cantero

Por espacios públicos sin clasismo, sin transfobia y sin discriminación, organizaciones de la comunidad diversa y colectivas feministas transincluyentes se concentraron pacíficamente en el lado mixto del Parque Revolución en Guadalajara este sábado 20 de noviembre.

En el marco del Día de la Remembranza Trans, fecha que convoca a conmemorar la vida de las personas que han sido víctimas de la violencia transfóbica, manifestaron su descontento ante las agresiones dirigidas hacia Dessiré, mujer trans que fue violentada junto con su pareja Dea, mientras transitaban el sábado 13 de noviembre por la “Mercadita”, un espacio público al que colectivas feministas radicales le han asignado la característica de “separatista”; es decir, un lugar que sólo puede ser ocupado por mujeres cis género.

Dalia Souza / Zona Docs

“Debido a los acontecimientos del día sábado 13 de noviembre con nuestras hermanas Dessiré y Dea nos presentamos para mostrar nuestro descontento por las agresiones dirigidas hacia su persona. Esta manifestación es pacífica, queremos alzar la voz y ejercer nuestro derecho a la protesta por una calidad de vida más digna y en contra de agresiones hacia la comunidad LGBT y hacia todas las personas que han sido excluidas de los espacios públicos” expresaron las integrantes de la colectiva Resistencia contra la violencia este sábado 20 de noviembre en el lado mixto del Parque Revolución, ubicado sobre avenida Juárez en el centro de Guadalajara.

La convocatoria a la concentración pacífica surgió como iniciativa de Dessiré y Dea, quienes el sábado 13 de noviembre denunciaron a través de sus redes sociales haber sido agredidas por quienes gestionan la “Mercadita”, un espacio feminista radical localizado a un costado del Parque Revolución al que sólo pueden ingresar mujeres cisgénero cuya identidad de género coincide con su fenotipo sexual o genitales, ya sea para la venta o compra de los productos que ahí se ofertan; es decir, no pueden ingresar hombres, personas tras o personas no binarias.

Si bien, la “Mercadita” en éste y otros lugares del país surgió como una iniciativa para la autogestión y protesta hacia la violencia económica que ha ejercido el Estado patriarcal y capitalista en contra de las mujeres, quienes se manifestaron este sábado demandaron que ésta sea “el espacio seguro que inicialmente quería ser”, pero especialmente “sin clasismo, sin transfobia, capacitismo o cualquier tipo de discriminación” explicaron.

Según narró Dea a través de una publicación de Facebook, esta no era la primera vez que junto con Dessiré, su pareja, recorrían los alrededores del Parque Revolución, ya que, además de la Mercadita, hay otros pequeños comercios ambulantes donde ellas pueden vender los anillos artesanales que producen para su sustento. Sin embargo, explicó que, en esta ocasión, tres integrantes de la mercadita se acercaron a pedirle a Dessiré que saliera del lugar por ser una mujer trans.

En el video de dos minutos que Dea compartió en su Facebook se le observa diciendo a las integrantes de la Mercadita que le dejen pasar junto a Dessiré, pues se trata de su compañera, incluso, les menciona que esto que están haciendo es discriminación. Dessiré, por su parte, les explica que sólo necesitan llegar al otro extremo del parque y que no hay razón para que las obliguen rodear el área: “permítanos avanzar” les pide.

“Tu bato está invadiendo este lugar, es una protesta feminista, es nuestro lugar, no puedes estar aquí, ya salte” se escucha de fondo.

“Como ustedes saben mi pareja es UNA MUJER TRANS, nosotras vivimos en el centro de Guadalajara cerca de este parque donde cada sábado se hace vendimia de ropa, calzado, etc… No es la primera vez que hemos ido a consumir y está tarde llegan primero 3 chicas a pedirle a mi pareja que se salga por tener pene, a lo cual no nos negamos, pero en seguida nos bloquearon el paso 20 chicas más, armadas con un bate metálico y varias máquinas de toques, nos empezaron a gritar consignas en contra de las mujeres trans e insultos, una de ellas empezó a golpear a mi pareja con el bat, mientras a mí me jalonaban la silla de ruedas y pateaban mis llantas, llamé a una amiga que asistió en seguida y entre empujones, intimidación con sus armas y groserías, a penas y nos dejaron salir por un costado del lugar” fue el mensaje que compartió en su perfil de Facebook.

Tras los eventos, colectivas feministas y organizaciones de Jalisco y otros estados se pronunciaron en contra de estos. Coatlicue SiempreViva, colectiva feminista en Puebla consideró estas acciones como actos de “conservadurismo y discriminación que cierta ala del feminismo ha decidido perpetuar”.

Por su parte, la Red Yo Voy 8 de Marzo reconoció que “la única forma de tener espacios seguros en la ciudad es desde la diversidad” y consideraron alarmante que “en un país tan violento mujeres jóvenes que se organizan desde un supuesto “feminismo” agredan y amenacen a la diversidad de cuerpos que no encajan en sus estándares de “mujer”, recurriendo a la victimización para justificar sus agresiones” señalaron.

Dessiré, presente en la concentración pacífica de este sábado, recordó en entrevista que su exigencia principal es que se “respeten los espacios públicos, que no se discrimine por ningún motivo”, advirtió. Además, precisó que más allá de un castigo o sanción a quienes les agredieron, lo que solicitan es que “las autoridades actúen usando buenas maneras y que haya una acción para garantizar que todas las personas puedan estar en el espacio público que ellas quieran estar”.

Finalmente, recordó que el feminismo debe tener una perspectiva interseccional y, por ende, quienes se pronuncian desde esta postura, no deben olvidar que este movimiento es por los derechos humanos de “todas las mujeres”:

“Por ahí se ha dicho que no hay feminismo sin las mujeres trans y yo creo que sí, pero también hay que contar a las mujeres indígenas, a las mujeres en situación de calle, a las mujeres negras, a las mujeres con discapacidad, todo tipo de mujer no solamente a un grupo de mujeres radicales que se siente con el poder de decir esto sí y esto no es ser mujer” sentenció.

Con una postura clara contra la transfobia y en el marco del Día de la Remembranza Trans, las, los y les asistentes organizaron en el “lado mixto” del Parque Revolución una Pasarela Voguing, expresión de protesta y manifestación liberadora que reconoce la existencia y resistencia de la comunidad LGBTTTIQ+ a través del uso del cuerpo y el baile.

https://www.zonadocs.mx/2021/11/21/aqui-esta-la-resistencia-trans-colectivas-y-organizaciones-exigen-espacios-publicos-seguros-y-libres-de-discriminacion/

Advierten sobre grandes descargas de agua y contaminación en Yucatán

Ángel Noh Estrada / Diario de Yucatán

En Yucatán, los precios de la extracción del agua subterránea y de uso doméstico son ridículos, casi gratuitos, y esto genera un auténtico derroche de ese recurso, con la consiguiente contaminación del acuífero, advierte Francisco Bautista Zúñiga, investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El doctor en Ciencias, quien ha realizado varios estudios sobre el tema en la región, recalca que la abundancia del agua en la Península de Yucatán y su buena calidad son solo falacias argumentativas, conceptos de validez débil o nula.

“El argumento de la abundancia de agua es muy bueno para algunos porque no hay restricciones de uso”, apunta. “Así se pueden otorgar más de 30 mil concesiones de extracción sin remordimiento alguno”.

¿Por qué el agua es ‘barata’ en Yucatán?

No es la primera vez que el doctor Bautista Zúñiga alerta de este problema. El 1 y 2 de agosto pasado publicamos sus opiniones acerca de una serie de falacias en torno al agua en la Península de Yucatán. Lo cierto, indicó en esa ocasión, es que en la Península ni hay mucha agua ni toda es de buena calidad.

En nuevo análisis, el presidente fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Karst (Amek) señala, entre otras cosas, lo siguiente:

Una búsqueda en internet con la frase “Conflictos por el agua en Yucatán” arroja unos 701,000 casos, y con la frase “Contaminación del agua en Yucatán” los resultados son 1.100,000 casos. A pesar de tan contundentes números, en el nuevo documento del POET (Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado) encontramos la siguiente frase: “El aprovechamiento de los recursos hídricos no representa hasta ahora una amenaza seria en términos de sobreexplotación, dado que la recarga de agua subterránea supera la extracción del acuífero”.
¿Por qué estas contradicciones? Existe la falacia de que en la Península de Yucatán abunda el agua. Ese argumento se encuentra en documentos oficiales del gobierno del Estado y del gobierno federal. En estos documentos se menciona que el gran acuífero de la Península, maya o yucateco, es casi casi la reserva de agua del país.
No tengo a la mano los precios precisos de las descargas de agua, pero al ser tan baratas, este recurso natural es fuente de riqueza para los que la explotan.

Haciendo una comparación de precios de uso domiciliario por mil litros (un metro cúbico), obtenemos que es de cinco pesos en Mérida y que en Cancún es de $211 por un rango de uno a diez metros cúbicos. Y como no hay drenaje, no se cobra la descarga. Los precios de la extracción del agua subterránea y de uso doméstico son ridículos, muy bajos, casi gratis. En Yucatán hay agua gratis para casi todos los que viven en las ciudades o cerca de ellas.
La descarga de aguas residuales genera pobreza, hace más pobre a la gente que ya está en esa condición. Es la razón de los conflictos ambientales: más pobreza.
La extracción de grandes volúmenes de agua subterránea que después es descargada al acuífero es la causa de la contaminación. En otras palabras, el que usa mucha agua genera muchas aguas residuales que después contaminan de 10 a 100 veces el volumen extraído. Es un auténtico derroche de agua, una auténtica fábrica de pobreza.
Todas las ciudades del karst de la Península de Yucatán, las ya existentes y las que se harán por las megaobras del gobierno federal, tendrán problemas de abasto de agua si no regulan la extracción y la descarga. Las ciudades sin drenaje contaminan su agua y, entonces, requieren forzosamente sus reservas hidrológicas, tipo Cuxtal para Mérida y la reserva geohidrológica estatal, pero si ocupan esas reservas con granjas de cualquier tipo, empresas de agua embotellada, cerveceras o más ciudades, estarán destinadas a padecer conflictos socioambientales.

No hay mucha agua de buena calidad en la Península de Yucatán debido a que las planicies costeras y kársticas se encuentran a menos de 10 metros sobre el nivel medio del mar. Después ya el agua es salina, no útil para uso doméstico. La intrusión salina (agua de mar que va tierra adentro de manera subterránea) contamina el agua dulce y hace menos grueso su lente de agua (como el agua dulce es menos densa que el agua de mar, flota sobre ella). Este fenómeno natural que se presenta en las costas debe ser vigilado.
Las zonas de yeso (roca más soluble que la caliza) contaminan el agua dulce. Por eso en una gran parte del sur de la Península de Yucatán el agua es muy escasa. Allí donde la extracción de agua no se consigue, lo único que queda es captar y utilizar el líquido de la lluvia.
En resumen: agua salina, agua tóxica (yeso), agua contaminada, extracción sin freno por actividades agropecuarias y de empresas (refresqueras y cerveceras), ausencia de drenaje y nuevas ciudades… Y la poca agua dulce de regular calidad es cuasigratis.
Además, un nuevo POET que no entiende el karst. Así no se vislumbra buen futuro para la población peninsular. Urge aprender a vivir en el karst.

Yucatán y el engaño del paraíso

El doctor en Ciencias Francisco Bautista Zúñiga, de la UNAM, recuerda que es común escuchar y leer que en la Península de Yucatán hay mucha agua, llueve mucho y el recurso natural está cerca de la superficie.
Puntos en contra

Sin embargo, subraya el especialista, los paisajes costeros tienen el agua subterránea salina, el espejo de agua dulce es muy delgado y por esa razón el agua potable de las ciudades costeras se trae de tierra adentro.

Otros paisajes geográficos tienen rocas de yeso y eso hace que el agua de lluvia se contamine de manera natural. El agua con yeso no es buena para la agricultura, ni para la ganadería, ni para que beba la población humana. En algunos paisajes geográficos del centro de la Península es agua carbonatada de escasa calidad para el riego. Puede ser bebible para animales y humanos, pero con reservas por la posible formación de cálculos renales.
Abundantes permisos

Además, hay gran número de concesiones de extracción de agua subterránea. Solo en el estado de Yucatán son más de 30 mil.

https://www.yucatan.com.mx/yucatan/en-yucatan-se-vive-un-derroche-de-agua-por-su-bajo-precio

Ejidatarios de Bacalar clausuran obras de SEDATU: Por desacato federal y daño ambiental, paran trabajos en el Parque Ecológico (Quintana Roo)

Rafael Briceño / Noticaribe

BACALAR, MX.- Ante la actitud de rebeldía y desacato de las autoridades del municipio de Bacalar del mandato judicial del Tribunal Agrario otorgado desde el 2016 para no realizar ninguna obra en el parque ecológico, ejidatarios y habitantes pararon las obras que se realizan en la zona y que han afectado el entorno ecológico.

Explicaron que el mandato del Tribunal Agrario otorga una suspensión a favor de los ejidatarios y habitantes para que las autoridades federal, estatal y municipal se abstengan de realizar cualquier obra sobre el polígono del Parque Ecológico que comprende unas 354 hectáreas “pero el municipio se ha mostrado en rebeldía y desacato”.

Recordaron que el ex presidente municipal, Alexander Zetina Aguiluz gestionó recursos ante la Sedatu para construir en la zona, aun cuando no se cuenta con los estudios de impacto ambiental lo que originó la afectación de zonas de mangle.

Desde temprano, ejidatarios y habitantes de Bacalar llegaron al parque ecológico rompieron candados para ingresar y suspender las obras que se realizan para tomar el control de las instalaciones de forma pacífica.

El abogado Rafael Rosales dijo que la zona es una reserva natural protegida y está en litigio, por tal motivo son ilegales las obras y modificaciones en dicho terreno.

Cabe recordar que el gobierno Federal, a través de la Sedatu, realiza trabajos en el parque ecológico con estudios de impacto ambiental aprobados por la SEMARNAT a pesar de tener varias irregularidades en el proceso y en violación a una suspensión con la que cuenta el Ejido Bacalar en el juicio agrario número TUA 44 -256/2016.

“Hay estudios realizados por el ECOSUR donde se explica que el humedal ubicado en el Parque Ecológico es único, debido a sus condiciones de suelo que no se encuentran en otras partes de la orilla por que es importante su preservación”, señaló.

https://noticaribe.com.mx/2021/11/19/ejidatarios-de-bacalar-clausuran-obras-de-sedatu-por-desacato-federal-y-dano-ambiental-paran-trabajos-en-el-parque-ecologico/

En reunión con Comité de la ONU colectivos de familiares desaparecidos revelan deficiencias estatal y nacional (Nayarit)

Foto: El Occidental

Crys Benítez / El Occidental

Integrantes del Comité Contra las Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidades (ONU), sostuvieron una reunión con la Comisión de la Verdad, así como con diversos colectivos de familiares desaparecidos.

El objetivo fue conocer la situación que se guarda en la entidad respecto a la desaparición forzada de 39 personas y de los casos en general que estiman más de 600 y, que en muchos de ellos, participaron funcionarios.

La vocera de la organización “Por Nuestros Corazones”, Rosa María Jara Montes, explicó que en este encuentro informaron al organismo internacional las deficiencias que existen tanto para la búsqueda, como para identificación de los restos y la falta de análisis de contexto que sirve para dar con los posibles perpetradores.

Afirmó que las 29 fosas clandestinas que se han descubierto del 2017 al 2020 encontradas por los colectivos, pues ni Comisión de Búsqueda Estatal, ni Nacional y mucho menos la Fiscalía Estatal han realizado trabajos de este tipo, lo que atribuyen a que ni siquiera tienen un plan para localización de las mismas.

De las 29 entierros clandestinos, comentó que han exhumados 143 cuerpos de los que 69 han sido identificados y entregados, por lo tanto todavía quedan pendientes 72, lo cual atribuye a que no hay todo lo que se requiere para avanzar en rubro, ejemplo de ello es que la Fiscalía no tiene un antropólogo, lo que es sumamente indispensable.

Jara Montes, añadió que el informe preliminar de todo lo recabado les indicaron que saldrá entre marzo y abril y, con ello, las acciones que les solicita la ONU para esclarecer las desapariciones.

https://www.eloccidental.com.mx/local/personal-de-la-onu-se-reune-con-colectivos-de-familiares-desaparecidos-en-nayarit-7496302.html

Exigen colectivas feministas la aparación con vida de la defensora Irma Galindo Barrios (Oaxaca)

Avispa Midia / Samantha Demby.

Integrantes de Mujeres que Luchan Oaxaca, la Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente, la Comedora Comunitaria y otras agrupaciones y personas aliadas marcharon la mañana de miércoles, 17 de noviembre, desde el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, para exigir la aparición con vida de Irma Galindo Barrios, defensora comunitaria Ñuu Savi, cuyo paradero no se sabe desde el pasado 27 de octubre.

Guadalupe Santaella, una integrante de Mujeres que Luchan Oaxaca, pronunció: “Por sus familiares sabemos que nuestra compa no aparece. Estamos esperando y estamos exigiendo su pronta aparición. Estamos exigiendo que el gobierno agilice su búsqueda. Sabemos que en lo que va de este sexenio han desaparecido muchas defensoras de la tierra. Irma Galindo Barrios es una defensora de la Madre Tierra”.

Una miembra de la Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente, cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad, precisó: “Como defensoras, como feministas comuntarias, nos pronunciamos en exigencia al gobierno del Estado de Oaxaca, a Alejandro Murat Hinojosa, en la exigencia de la aparición con vida de nuestra compañera defensora de la Madre Tierra, Irma Galindo Barrios, desaparecida en la Mixteca por defender su territorio, por defenderse en contra de los talamontes de la región de la Mixteca…Irma Galindo te estamos buscando y te vamos a encontrar, hermana”.

De acuerdo con la Red de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), Irma Galindo fue vista por última vez el 27 de octubre en la Ciudad de México, a donde se había desplazado para asistir a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Nunca llegó a esta reunión.

En un comunicado publicado el 6 de noviembre, la RNDDHM precisa: “El 27 de octubre fue también el último día en que se conectó a redes sociales, donde denunció el conflicto que vive su pueblo Ñuu Savi y señaló que el gobierno del Estado de Oaxaca lleva más de dos años ‘aplicando estrategias’ entre las que se encuentran el desplazamiento forzado, ‘que vulneran a las y los habitantes defensores de Mier, Terán y Ndoyonuyuji’.”

La organización agrega que desde 2018, “Irma ha enfrentado intimidación por parte de personas servidoras públicas, así como hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte a raíz de su defensa de los bosques en el municipio de San Esteban Atatlahuca, Oaxaca, México, y a raíz de su denuncia de tala ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales”.

Según la RNDDHM, la desaparición se produce en un contexto de violencia generalizada en la región, que incluye la quema de las viviendas de Irma Galindo y de una decena de familias en 2019, así como un ataque armado que dejó varios personas muertes en el municipio de San Esteban Atatlahuca el pasado 23 de octubre de 2021, de acuerdo con organizaciones sociales.

Ante este panorama, las colectivos feministas llegaron a la Fiscalía para exigir que pongan todos sus recursos en acción para localizar a su compañera desaparecida.

“¡Viva la queremos!”

Guadalupe levantó su sahumerio con copal del tapete construido bajo la sombra del catedral y dio inicio a la marcha. El acto de protesta avanzó por la Avenida Independencia ante la mirada de las comerciantes de la mañana y los turistas que deambulaban: “¡Señor! ¡Señora! No sea indiferente. ¡Matan a las mujeres en la cara del gente!”, clamaban las manifestantes.

Cuando la marcha giró hacia la calle Melchor Ocampo, paralizando el tráfico, se hicieron palpables el dolor colectivo y la rabia sostenida pero también la ternura radical. Una batucada feminista batió los ritmos de resistencia de Abya Yala, militantes y a la vez alegres, en sintonía con la gravedad de la situación pero sin nunca renunciar al baile. Al tambor se le unió una maraca oaxaqueña y la omnipresente olla azul, golpeada con lo que había a mano. “¡Viva se lo llevaron!” llamó alguien desde detrás de su cubreboca. “¡Viva la queremos!” respondieron las manifestantes que la rodeaban.

Al frente de la marcha, una señora con rebozo portaba una pancarta morada en la que se leía: “Los feminicidios son la pandemia de la que no se habla”. Con la otra mano empujaba una carriola que llevaba a su nieta, que se unía a la percusión persistente con su paleta.

Al llegar a la Fiscalía, algunos hombres con chalecos aparecieron para tomar fotografías de la marcha antes de retirarse abruptamente. Las manifestantes pintaron mensajes –“Irma Galindo presente”, “Fuera megaproyectos de muerte de nuestros territorios”– en las paredes del edificio, gruesas con tantas capas de pintura blanca utilizadas para cubrir las demandas de protestas pasadas por la desaparición de mujeres y defensoras de la tierra.

Frente a la Fiscalía grafiteada, el sonido de los tambores ya desvaneciéndose, se leyó en un pronunciamiento: “Las defensoras y defensores son esperanza de vida y no se tocan. Nuevamente la violencia nos alcanza. Roce la cercanía. Nuevamente la vida de quienes defienden a la Madre Tierra y el territorio, el país, los bosques, está en peligro. Con dolor, con un nudo en la garganta, denunciamos que la hermana Irma Galindo Barrios se encuentra desaparecida.”

https://avispa.org/exigen-colectivas-feministas-la-aparacion-con-vida-de-la-defensora-irma-galindo-barrios/

Feministas convocan a marcha por el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer” (Nayarit)

Foto: Realidades de Nayarit

Mildra Benítez Robledo / Realidades de Nayarit

Tepic, Nayarit.- Miércoles 17 de noviembre del 2021.- En el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”, el 25 de noviembre, se llevará a cabo a las 16:30 horas una marcha en la capital nayarita, convocada por colectivos feministas y feministas independientes, la cual comenzará en la glorieta Hermana Agua, ubicada en el Parque “La Loma”.

Así lo informó la feminista, Naomi de La Paz, quien explicó que el objetivo de esta actividad es visibilizar la violencia que se ejerce en contra de las niñas y mujeres, así como también los feminicidios que en su mayoría son perpetuados por el cónyuge, lo cual es sumamente preocupante, pues la pareja debería de ser una protección y no un peligro.

Por ahora hace un llamado a todas las mujeres a que se sumen a esta manifestación, misma que culminará frente a Catedral en donde se podrá denunciar a los agresores en el “tendedero” y además habrá micrófono abierto, para todas aquellas mujeres que quieran contar su experiencia o expresar lo que gusten en torno a esta problemática social.

Para concluir, Naomi de la Paz, añadió que han tenido acercamiento con los diputados, en donde se trató el tema de la despenalización del aborto bajo cualquier circunstancia, afirmando que el derecho a decidir solo debe de ser de ellas y de nadie más, ante ello, también este tema es una de las banderas de dicha marcha.

http://realidadessperiodico.com/98384/

El cruel laberinto del Forense en Jalisco

Ilustración: Ivanna Orozco

En un caótico laberinto de números y bolsas en las que se almacenan fragmentos de restos humanos desmembrados, mezclados y confundidos, las autoridades de Jalisco ponen a cientos de madres ante un disyuntiva: aceptar las partes o esperar por el todo, algo que podría no llegar nunca.

Esta es la historia de quienes, ante esa disyuntiva, han transitado el laberinto forense con la esperanza de recuperar a su familiar —desaparecido– y localizado en una fosa clandestina.

Ximena Torres, Dalia Souza, y Darwin Franco / Zona Docs

“De mi Wuili ya no más me falta recuperar un pie, una pierna y su mano derecha, ya vamos avanzando, pero hasta que me entreguen el último pedacito que me falta de él, hasta ese día voy a recoger su cuerpo”, así explica Cecilia -madre de Wiliams Omar Salinas Flores-, la decisión que tomó hace más de 19 meses cuando le notificaron que su hijo, desaparecido el 21 de octubre de 2019, había sido localizado en una fosa clandestina en enero de 2020.

Dejar a su hijo en las instalaciones del Servicio Médico Forense ha sido terrible, pero la violencia y la falta de capacidad de las autoridades jaliscienses la orilló a resolver así la disyuntiva que le plantearon, pues por política -le aseguraron- no podían entregarle incompleto el cuerpo de Wuili. Ella, por supuesto, no quería enterrar sólo una parte, así que decidió esperar por el todo.

El problema es que aquello que no tiene de su hijo debe ser buscado entre 789 bolsas con más 2 mil 176 restos humanos sin identificar, esto hasta el 30 de junio de 2021.

Cada una de estas manos, piernas, torsos y cabezas localizadas en fosas clandestinas les son presentadas diariamente, a través de cientos de fotografías forenses, a madres que como Cecilia, acuden al Servicio Médico Forense (Semefo) con la esperanza de identificar entre lo que fueron seres humanos, aquello que les hace falta de sus seres queridos. Obligar a hacer esto como único medio de búsqueda e identificación, señalan especialistas en acompañamento psicoemocional, es revictimizante porque con cada visita “se activa nuevamente el dolor y prolonga su duelo”.

Al respecto, Cecilia es clara: “Cada parte encontrada de mi Wuili, me hace recordar no sólo su muerte, sino también la manera cruel en que me lo mataron. Mi hijo no se merecía morir así”.

Informes periciales indican que la mayoría de los cuerpos localizados en fosas clandestinas en Jalisco, en los últimos cuatro años, están siendo segmentados hasta en 13 partes anatómicas que se colocan en bolsas plásticas para facilitar su traslado hasta los llamados sitios de exterminio. Lugares donde grupos criminales vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación trasladan a sus víctimas para someterlas a tortura, muerte y exterminio.

Con ello, no sólo buscan borrar su identidad, sino también impedir que sus familias los encuentren, pues después de que una fosa es localizada, los trabajos de identificación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) pueden tardar entre 12 y 18 meses, ya que no hay personal ni recursos para responder a esta barbarie.

Esta segmentación de los cuerpos localizados en fosas clandestinas ha agudizado la crisis forense de Jalisco; estado que, desde el 2011, ha visto desbordado, en más de una ocasión, sus instalaciones, las cuales hoy en día albergan a más de 6 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar. Así que si de por sí era complicado para las autoridades jaliscienses lograr una identificación teniendo cuerpos completos, ahora que tiene miles de fragmentos, las esperanzas disminuyen drásticamente para las familias buscadoras.

Actualmente, los principales problemas que experimenta tanto la Fiscalía del Estado de Jalisco como el IJCF en materia forense son: 1) Falta de coordinación entre ambas instancias, 2) Carencia de personal calificado, 3) Existencia de registros incompletos y poco confiables sobre los cuerpos o partes de cuerpos que tienen bajo resguardo, y 4) Insuficiente presupuesto que se ha otorgado para combatir la crisis.

Es este contexto de violencia e ineficiencia institucional, lo que ha dado origen a la cruel decisión que deben de tomar quienes localizan a sus desaparecidos en forma segmentada dentro de bolsas que han sido halladas en, por lo menos, 118 fosas clandestinas.

Disyuntiva que implica aceptar la espera que proponen las autoridades para llevarse a su familiar completo, o pelear para exigir que les entreguen todo aquello que ya se haya logrado identificar, esto ante el temor de que extravíen a su ser querido dentro del Semefo.

Esa fue la lucha que dio Erika, madre de José de Jesús Mejía Ramos, “Pepe”, desaparecido el 11 de diciembre del 2019 en Tonalá, y localizado sin vida el 7 de enero de 2020 en una fosa en la población de Matatlán del mismo municipio. Ella supo que su hijo estaba en el IJCF, el 12 agosto de 2020; es decir, nueve meses después de la desaparición del joven y ocho desde que la autoridad mantuvo los fragmentos de su cuerpo en resguardo sin habérselo informado.

“Al principio fue bien difícil porque yo quería que no fuera así, yo quería tener a mi hijo completo, pero realmente cuando te lo entregan ni siquiera es lo que miraste en las fotografías, no sé cómo explicarlo, pero te entregan cualquier cosa que tienen ahí guardada por meses o quién sabe cuánto tiempo, un pedazo de carne que no le ves forma”.

Lo narrado por Erika forma parte del tortuoso proceso que decidió afrontar porque no quería esperar meses o años sabiendo que lo poco que logró identificar de su hijo estaba ahí solo en el Semefo con cientos de cadáveres más:

“Yo también quería a mi hijo completo, pero pasaban los meses y no encontraban lo que de él me faltaba. Fue ahí cuando pensé que la mejor decisión que podía tomar era pelear porque me entregaran a mi hijo así como estaba”.

Así fue como decidió enfrentar a todos los funcionarios que le decían que no podían entregarle incompleto a su hijo y que, además, justificaban esa negativa señalando que “así decía la ley”, pero ella investigó y supo que, en realidad, no había ley o reglamento que le impidiera pelear por lo que 20 pruebas genéticas asignaban eran su “Pepe”.

El resultado de su insistencia llegó el 27 de febrero de 2021, pues ese día logró recuperar una buena parte de su hijo. El resto, no sabe si algún día lo encontrará porque ya nadie trabaja en la fosa en la que fue localizado su cuerpo.

Esa misma situación enfrenta Cecilia, pues la fosa en la que se encontró a “Wuili” tampoco continúa en análisis, pero ella no piensa dejar de presionar para que se retomen los trabajos y, entonces sí, valgan la pena los 19 meses que ha prolongado su duelo.

“Para mí la justicia sería que me dieran completo el cuerpo de mi hijo, pues así podría tenerlo conmigo tal y como se fue. Sé que otras compañeras sí han aceptado lo que ya tienen de sus hijos, pero a mí me lo van a entregar completo”, explica Cecilia quien ha ido coloreando en una imagen del cuerpo humano que le dieron en el IJCF, las partes de su hijo que ya dieron positivo a las pruebas genéticas.

La fosa clandestina en la que fue localizado Wiliams Omar Salinas Flores se ubicó en una finca conocida como El Mirador II, en Tlajomulco de Zúñiga. De ese lugar, las autoridades extrajeron 70 bolsas en las que había 826 restos humanos que pertenecían a 106 personas fallecidas: 4 mujeres, 71 hombres y 31 desconocidos, según datos de la Fiscalía.

De estos restos segmentados, peritos aseguran que han logrado la identificación o pre identificación de 75 personas; una de ellas es Wuilli; sin embargo, sus cuerpos no han sido entregados a sus familiares porque la única opción que les dieron fue la de esperar hasta que pudieran identificarlos por completo.

La barbarie es la puerta del laberinto forense

En Jalisco, el crimen organizado ha desarrollado una práctica muy sofisticada para dificultar la identificación de los cuerpos y las autoridades no han sido capaces de diseñar un sistema que ofrezca respuestas para el duelo.

Y esto es lo que hace tortuosa la espera de Cecilia, pues ni el trabajo forense ni el pericial le facilitan la identificación completa de su hijo, esto a pesar de que existen 56 carpetas de investigación tras el hallazgo de la fosa de El Mirador II, lugar donde se encontró a Wuili. Informes periciales señalan que esa fosa se conecta con el modus operandis que grupos criminales realizaban en fincas similares ubicadas en: Guadalajara, El Salto, Tonalá y Tlaquepaque; de hecho en el reportaje “Guadalajara: sitios de exterminio y desaparición” se comprobó que hasta ahí eran llevadas las personas que eran desaparecidas para luego someterlas a una cruenta tortura que les arrebataba la vida.

Eduardo Mota Fonseca, exdirector del Servicio Médico Forense (SEMEFO), comenzó a dar cuenta de esta práctica criminal desde finales del 2016, pues a partir de ahí las bolsas plásticas con restos humanos comenzaron a multiplicarse dentro del instituto forense.

“El problema no eran en sí las bolsas con restos humanos, sino la manera en que se encontraban los cuerpos dentro de ellas, pues esto daba cuenta de una sofisticación en las dinámicas de los grupos criminales. Los cortes en los cuerpos estaban bien hechos, lo que denota conocimiento y técnica; además de que, donde eran encontrados había toda una logística que evidencia el control del territorio y el poder económico para realizar esta práctica que complica mucho la identificación de las personas”, explicó el experto forense.

Los registros oficiales señalan que el hallazgo de las dos primeras bolsas plásticas con restos humanos ocurrió en una casa de la calle Sierra de la Estancia en el Fraccionamiento El Mirador en Tlajomulco de Zúñiga, el 18 de noviembre de 2016. Mismo territorio donde cuatro años después se localizaron 70 bolsas plásticas con 826 restos anatómicos.

A partir de esa fecha y al 30 de junio de 2021, la Fiscalía afirma haber localizado 608 bolsas con restos humanos: 301 exhumadas de fosas y 307 localizadas en la superficie.

Dato que contrasta con la información que tiene el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que asegura que, entre enero de 2020 y junio de 2021, tan sólo ingresaron a sus instalaciones para la realización de pruebas forenses: 789 bolsas con restos humanos.

La diferencia entre ambas instancias es de 181 bolsas que sí fueron registradas por el instituto forense, pero que no aparecen en los datos de la Fiscalía, lo cual genera serias dudas sobre cuántas bolsas con restos humanos se han recuperado en realidad.

Esta diferencia es terrible si se piensa que en algunas de esas bolsas no registradas pudieran estar, por ejemplo, el pie, la pierna o la mano de Wuili: “Yo misma sé que ahí dentro tienen un relajo, no acaban de revisar lo de una fosa cuando ya tienen otra, así que abren nuevas bolsas sin terminar las que ya tenían, así es como se han tardado en encontrarme a mi hijo”.

Ese mismo actuar fue lo que orilló a Erika a exigir que ya le entregaran a Pepe, pues en la fosa en la que él fue localizado se encontraron: 26 bolsas con restos humanos, 16 cabezas, 12 torsos y decenas de fragmentos pertenecientes a piernas, brazos y muslos.

Sin embargo, en los seis meses posteriores se localizaron ocho fosas más donde también se exhumaron más bolsas con restos humanos. Esto acumuló más trabajo, pero también acentúo entre el personal del IJCF y la Fiscalía una serie de excusas como: “estamos investigando” o “los análisis están en proceso”.

“Sus excusas eran que los segmentos estaban en mal estado, aunque lo primerito que te decían era que `estaban en proceso su análisis´, pero ni siquiera volteaban a ver el número, ni de cuánto tiempo era. Después como una seguía indagando, ya te decían `es que hay muchos segmentos, muchas piezas, no crea que es tan fácil, las pruebas no son tan rápidas se deben de hacer una vez y otra vez, y luego sacar el hueso´, pero la verdad es que ya habían dejado de trabajar en esa fosa, la de mi hijo, para trabajar en la más recientes”, explicó Erika.

Ante tal evidencia, ella exigió recuperar lo que ya tenía de su hijo. Sabía que si lo dejaba ahí corría el riesgo de ni siquiera recuperar lo que ya había identificado, pues era más fácil que perdieran a su hijo a que lo encontraran completo. Ella no estaba dispuesta a repetir la muerte de Pepe cada vez que otra parte de su cuerpo diera positivo.

Para el tiempo en que Erika y Cecilia esperaban la identificación de aquellas partes que les hacían falta de sus hijos, la entonces directora del Semefo, Martha Stephania Robles Cervantes había enviado varios oficios dirigidos al Director del IJCF, Gustavo Quezada Esparza, señalándole que estaban al límite en la capacidad de resguardo por “la cantidad de cuerpos, restos óseos y secciones anatómicas que habían sido recuperados de sitios de inhumación clandestina”.

Por ello, de manera enfática, le pidió que ejerciera presión para que la Fiscalía, a través de sus ministerios públicos, “realice las solicitudes de pruebas forenses complementarias para la asociación e identificación de cuerpos o partes de éstos que permanecían sin identificar” o, en su defecto, “que les pidiera detener las exhumaciones para evitar la acumulación de más restos humanos”, pues ya no podrían garantizar su correcto resguardo y preservación.

El director del IJCF contestó que no estaba en condiciones para responder a su solicitud, y que el rezago, posiblemente, se debía a que la pandemia disminuyó la capacidad operativa del instituto; así que bastaría con hacer un plan para definir “los perfiles y requerimientos del personal operativo que se requiere para abatir el rezago y lentitud en la identificación”.

En términos legales, es la Fiscalía, no el IJCF, quien determina qué pruebas se hacen o no al cuerpo de una persona sin identificar. El problema es que pueden pasar semanas o meses sin que se solicite a los peritos forenses, la realización de pruebas complementarias.

“Una es la que tiene que estar ahí rogándole al ministerio público que te haga el oficio para que en genética del instituto te realicen la confronta de lo que, dicen, puede ser de tu familiar. Mientras ese documento no se haga, no sucede nada. Yo insistí e insistí, y así pude obtener esas confrontas, si no lo hubiera hecho, mi Pepe estaría aún en el SEMEFO”, señaló Erika.

Ella entendió -como la exdirectora del SEMEFO- que la presión habría que hacerla en Fiscalía, pues si desde allá no se exigen pruebas o confrontas genéticas, lo único que pasará es que los cuerpos o las partes de éstos se van a acumular en un espacio que se declaró como rebasado desde febrero y marzo de 2020, fecha en que la funcionaria escribió a su superior.

Conforme a la Plataforma de Seguridad del Estado de Jalisco, de enero de 2018 al 31 de octubre de 2021, en Jalisco se han localizado 102 fosas clandestinas de las que se han exhumado mil 256 cuerpos de personas fallecidas; la mitad de ellas dentro de bolsas plásticas.

Las oportunidades de identificar se desvanecen en los registros oficiales

El problema de la identificación de quien fue localizado en una fosa clandestina inicia desde la manera en que se conforman los registros que realizan tanto la Fiscalía como el IJCF.

Los datos sobre fosas clandestinas localizadas en Jalisco entre 2010 y 2021 son una muestra numérica de que los entierros clandestinos se han instaurado como una forma común de administrar la violencia y la muerte. Hay dos observaciones al respecto que tienen relación con la crisis forense: el aumento en la cantidad de víctimas y la forma segmentada en la que sus cuerpos sin vida son abandonados, ya sea en fosas o a la intemperie.

El número de fosas encontradas aumentó a partir de 2018; sin embargo, para entender el incremento de la violencia, es más significativo observar el número cuerpos y/o partes de éstos hallados en los últimos años dentro de esos sitios de inhumación.

De los mil 412 cuerpos o restos exhumados desde 2010, el 84.8% fueron localizados entre 2018 y 2021. La mayoría de ellos, localizados de manera fragmentada.

La primera vez que las autoridades encontraron cuerpos segmentados dentro de una fosa clandestina fue en 2011, pero no fue hasta 2016 que éstos comenzaron a aparecer dentro de bolsas negras, como las empleadas para tirar basura.

Esta marca identificatoria y violenta, sin embargo, se hizo más notoria a partir de 2019 cuando los fragmentos empezaron a contarse por centenares.

En septiembre de 2019, por ejemplo, se registraron, por primera vez como indicio, 19 bolsas que contenían partes de cuerpo humano. Desde entonces, el número de bolsas halladas ha variado entre 12, 55 y hasta 86 por cada fosa localizada.

Ramón Eleuterio Orozco Delgado tenía 22 años cuando fue desaparecido, el 7 de junio de 2019, de su propio domicilio en Santa María del Pueblito en Zapopan; el 3 de septiembre de ese mismo año, su cuerpo fue localizado dentro de una de las 138 bolsas arrojadas al interior de un pozo ubicado en el bosque de La Primavera.

El análisis que llevó a determinar que los restos humanos correspondían a, por lo menos, 46 personas, tardó 18 meses, pues fue hasta agosto de 2020 cuando se determinó que uno de los cuerpos ahí localizados correspondía a Ramón. La entrega de su cuerpo, no obstante, ocurrió hasta el 15 marzo de 2021.

“De mi hermano nos hicieron falta sus manos y una parte de la pierna izquierda, lo demás lo identificamos por ADN, pero quisimos que nos lo dieran así como estaba, pues una perita nos dijo que de esa fosa ya no andaban analizando nada”, precisó María, hermana de Ramón.

En su caso, la identificación se prolongó porque no querían entregarles de manera incompleta el cuerpo, aunque también les advirtieron que existía la posibilidad de que lo que faltaba de Ramón ya no lo encontraran porque había una confusión entre el registro de los cuerpos exhumados de esa fosa y el registro de los cuerpos exhumados que tenían en resguardo.

El no querer entregar incompletos los cuerpos de las personas fallecidas sin identificar descansa en el argumento de que las familias ya no regresarán al Semefo por todo aquello que, en un futuro, pueda ser identificado. Así se lo han dicho en repetidas ocasiones a Cecilia, a quien le remarcan constantemente que no pueden entregarle las partes del cuerpo de Wuilli que ya dieron positivo porque existe el riesgo de que dejé ahí abandonado lo demás.

Los funcionarios públicos, igualmente, se niegan a realizar las entregas porque eso va a implicar más gasto; entonces, recomiendan que es mejor dejarlo en el IJCF.

“Eso te dicen para que te asustes y no hagas los procesos porque vas a gastar doble. Cuando salgan las otras partes vas a tener que volver a pagar para exhumar y volver a enterrar y no sé qué tanto más. Y créeme, aunque una no tenga dinero, es lo de menos, es lo que menos piensas. Para entregármelo tuvimos que hacer tanta presión y se tardaron más de un año. Yo creo que cuando dan por entregado un cuerpo, menos se van a hacer su trabajo de buscar los que nos falta”, eso es lo que ahora piensa Erika, quien no ha tenido ninguna noticia de la autoridad desde que le entregaron todo lo que ella pudo recuperar de su hijo.

Esto evidencia la incapacidad institucional para garantizar a madres como Cecilia o Erika que aquello que se encontró en tal fosa es, en verdad, de su familiar, pues los registros de los hallazgos son tan deficientes que prolongan por meses o años, las identificaciones forenses.

“Me han dicho que ya es poco lo que se trabaja de esa fosa, pero que en mi caso sí lo están revisando, y eso es porque yo no dejo de insistirles y recordarles que para cuándo estarán los resultados de Wuili, pero el problema es que tampoco saben bien qué es lo que tienen de esas fosas”, explica Cecilia.

Con la presencia y el aumento de las bolsas con restos humanos, los registros que las autoridades hacen sobre lo que exhuman de las fosas se vuelven muy inconsistentes.

En los datos entregados a este equipo de investigación, se nota que las instituciones no trabajan de manera coordinada ni usan criterios uniformes para nombrar o contabilizar lo exhumado. Tal y como puede observarse en el siguiente infográfico:

Entre las inconsistencias que más preocupan está la no diferenciación de todo lo exhumado de una fosa. Mencionan “restos óseos” u “osamentas” de manera plural, sin decir cuántos de esos elementos se recuperaron, esto hace imposible saber exactamente cuántas personas estaban dentro de una fosa; cuántas partes de cuerpo o elementos óseos se localizaron ahí y cuántos de estos cuerpos y/o restos han sido ya identificados y entregados a sus familiares.

Mónica, integrante del colectivo de búsqueda Por Amor A Ellxs, señala que el problema de los registros es brutal, pues estas inconsistencias generan que la clasificación de los restos humanos no corresponda a las características de las víctimas buscadas: “imagínate buscan en segmentos que no tienen relación con la edad de quienes buscamos y peor aún, al no registrar bien, es más fácil que restos localizados en una fosa se confundan con los hallazgos de otra”.

Actualmente el colectivo se enfrenta a estas negligencias institucionales, pues a Silvia -madre de Jorge Abraham Chávez Morán- le notificaron que existe una posibilidad de que algunos de los restos humanos localizados, el 19 de de julio de 2018, dentro de una fosa clandestina en el Fraccionamiento Villa Fontana, en Tlajomulco, correspondan a los de su hijo, quien fue desaparecido un año antes, el 19 de julio de 2017 en Zapopan.

El problema es que los registros señalan que Jorge Abraham fue localizado en una fosa con cinco cadáveres más (una mujer y cuatro hombres), todos de manera completa, pero a Silvia le dijeron que lo único que probablemente tienen de su hijo es la cabeza y un brazo.

“Hoy como otras veces fui a buscarte al SEMEFO, te busqué en cientos o miles de cuerpos mutilados. Mi corazón y mi alma se negaban a encontrarte ahí, mis ojos no podían con tanto dolor y de pronto me pareció ver una parte de ti, todavía no sé si eres tú, faltan las pruebas. Nunca me imaginé vivir este momento, mi alma está destrozada, mi mente se niega a creer que lo que mis ojos vieron podría ser tú, no puedes ser tú. No es posible que te hayan hecho tanto daño y sólo encuentre esto de ti”, escribió Silvia al enterarse de la noticia.

Por su parte, Guadalupe Aguilar de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), señala que estos errores son terriblemente habituales, pues ha encontrado que los registros que hacen cuando se les permite estar a pie de fosa, no concuerdan lo que se informa después: “Tienen es un desorden, no saben ni cuántas partes tienen ni de qué fosas son, ya que tras cada hallazgo y con el pasó de los días, todo lo van acumulando sin registro”.

Esto ha ocasionado, conforme datos otorgados por Fiscalía, que más de 300 familias se enfrenten al mismo dilema al que fueron sometidas Cecilia y Erika; aunque al preguntarle de manera específica: “¿Cuántos cuerpos han entregado de manera incompleta?”, señalaron que “no llevan un registro diferenciado”.

Estos vacíos de información en la metodología de registro es también una de las causas que impide desahogar las morgues y más importante, entregar a las familias sus seres queridos.

De ahí que, el promedio, para confirmar la identidad y entregar un cuerpo localizado en una fosa ronde, por lo menos, entre los 12 y 18 meses.

Cecilia tiene ya 19 meses de espera, en el IJCF le dicen que debe ser paciente, pero esperar es cada vez más doloroso. Erika prefirió detener aparentemente el dolor y aceptar lo que ya había de Pepe. La realidad es que ya tenerlo cerca sí le da paz, pero no descanso.

“Ahorita no estoy como ese día (el día del funeral de Pepe), ahorita el dolor sigue, no puedo hablar de él sin llorar, pero ese día fue una tranquilidad y una paz por saber que ya no estaba sufriendo; a pesar de que no lo encontré como yo esperaba -mi hijo no se merecía eso-, el hecho de saber que ya no le iba a pasar nada fue una paz de cierta manera, así que tenerlo ya, así como lo encontré, es para mí una misión cumplida”.

La paz completa, precisa, llegará cuando pueda recuperarlo por completo, pero desde que se lo entregaron, en febrero de 2021, es como si el caso se hubiese cerrado.

Y eso es lo que Cecilia no quiere que pase con su Wuili; no obstante, los meses también pasan y tampoco hay más noticias que le hagan saber que el final está cerca. Pero ella es firme y cree que esas tres partes de su hijo están ahí y habrán de aparecer dentro del IJCF.

Si existiera un registro detallado sobre lo exhumado tras el hallazgo de cada fosa clandestina y si hubiera una correlación con su resguardo dentro del forense, ninguna de ellas debería sentir esa ausencia que se ha prolongado desde que sus hijos fueron desaparecidos.

Sin embargo, la cuestión de alargar la espera parece ser usual a los ojos del Fiscal General de Jalisco, Gerardo Octavio Solis, quien en rueda de prensa, expresó que debido a las acciones criminales es posible que no se encuentren todas las partes de una persona.

“Trabajamos en una cantidad de fosas en el estado, así que en varias ocasiones sí se ha presentado esta situación de que hemos encontrado partes (del mismo cuerpo) en diferentes fosas o no las encontramos, pero son circunstancias en las que el crimen organizado dispone en ese momento de los segmentos. No es lo usual, pero estamos preparados”.

Sobre el mal trabajo en el registro de las fosas o la falta de control en el resguardo de manos, pies, piernas o torsos, como lo han denunciado los colectivos de búsqueda, no precisó comentario alguno e insistió:

“estamos preparados para responder a las demandas de las familias cuando reclaman algún cuerpo. Lo que nos retrasa son algunos dictámenes forenses, pero ya estamos trabajando para mejorar los procesos y los tiempos”.

Para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), el posicionamiento de la autoridad refleja “fallas estructurales”, pues al no hacer un correcto registro de las fosas: “es imposible saber con certeza cuántos restos tienen y a qué hechos delictivos corresponden”.

Lo cual debería garantizarse, pues el estado -desde hace cuatro años- es el que mayor número de cuerpos ha exhumado de fosas clandestinas en México; sin embargo, para el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro es “absolutamente falsa la crisis forense”; es más, considera que ya es un logro para su administración localizar tantas fosas clandestinas.

Este dicho que fue cuestionado por los diferentes colectivos de búsqueda de la entidad, quienes, mediante un comunicado de prensa, le señalaron al gobernador que localizar fosas no es suficiente, sino existe una correcta identificación forense:

“Los procesos de localización de fosas clandestinas no se traducen en la localización efectiva de personas desaparecidas. Esto debido a que la exhumación de víctimas no está acompañada de una correcta trazabilidad y manejo de información, ni de los diligentes procesos de identificación forense. Esta situación ocasiona una segunda desaparición de nuestros familiares, y nos revictimiza (…), pues la reducción significativa de localización de cuerpos enteros y el aumento en el hallazgo de restos o segmentos humanos, encontrados en bolsas de plástico dificulta enormemente la identificación de las personas fallecidas, siendo para nosotras y nosotros sus familiares, un gran reto recuperar el cuerpo completo de nuestros seres queridos en caso de haber logrado identificarlos a partir de un resto, aumentando nuestro sufrimiento y dolor”.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que el estado sería sede del Instituto Regional de Identificación Humana, programa con el que el gobierno federal pretende abatir el rezago en la identificación de más de 52 mil cuerpos de personas fallecidas que hay en el país; sin embargo, la falta coordinación entre la federación y el gobierno estatal recientemente retomó el proyecto que debió estar listo el año pasado.

En el país, existen dos institutos de estas características, uno inaugurado en Coahuila en agosto de 2020, y otro que se está construyendo en San Luis Potosí. El que se está construyendo en Jalisco se ubicará en el municipio de Atotonilco El Alto.

“Cada vez que voy al SEMEFO es bien feo revisar la pantalla y volver a ver ahí, la cabeza de mi hijo. De verdad yo no sé por qué les hacen esas cosas tan feas o qué fue lo que él hizo para que mereciera lo que le hicieron, no lo entiendo. Tampoco entiendo por qué me hacen esperar tanto, si ya sólo me faltan tres partes de su cuerpo”, puntualizó Cecilia quien sigue yendo semana tras semana con su ministerio público y al IJCF para que le digan si ya dieron positivo el pie, la pierna y la mano derecha de su Wuili. Lo único que desea es regresar con él a casa.

A la fecha, decenas de familias más han sido obligadas a realizarse la misma pregunta que Cecilia y Erika tuvieron que responder: ¿Esperar por el todo o conformarse con sólo algunas de las partes de sus familiares?

Ambas decisiones igualmente tortuosas. Y sobre las que el Estado Mexicano no ha querido responsabilizarse.

https://www.zonadocs.mx/buscar-dentro-del-laberinto-forense-de-jalisco-una-cruel-disyuntiva/

Desaparecidos: duelo crónico

Las personas que tienen a un familiar desaparecido viven un horror distinto, un dolor fundado en incógnitas

Marcos Vizcarra/Agencia Reforma

 

El hijo de Mirna es uno de los 10 mil 890 casos de personas que han sido reportadas desaparecidas en Sinaloa. Entre todas ellas, 5 mil 27 siguen sin ser localizadas y mil 161 fueron encontradas sin vida.

 

Culiacán, Mazatlán y Ahome concentran el 76 por ciento de los casos.

 

Las personas que tienen a un familiar desaparecido viven un horror distinto, un dolor fundado en incógnitas, viven lo que expertas en Antropología y Ciencias Forenses catalogan como duelo suspendido o duelo inconcluso.

 

Para Ximena Antillón, Antropóloga Forense, la desaparición forzada de cualquier persona implica para sus familiares y seres queridos, entre otras cosas, un primer proceso de daño generado por la angustia y el miedo, la incertidumbre, la impotencia y la incomprensión de las razones y de la magnitud de la agresión.

 

“Es el llamado duelo crónico o duelo suspendido o duelo crónico, aquel que se caracteriza por una duración excesiva y porque nunca llega a una conclusión satisfactoria; al que otros autores designan como duelo imposible.

 

“Este proceso se traduce en una situación de estrés que se prolonga en la medida en que no se resuelve aquello que le da origen: la desaparición forzada”, señaló la antropóloga en el Informe de Impactos Psicosociales del Caso Ayotzinapa (2018).

 

La especialista refiere que no se puede comparar un asesinato con una desaparición, la cual por sí misma es un atentado a la vida y puede terminar con la muerte.

Las desapariciones de personas, explica, dejan una huella profunda desde distintas vertientes. Son como heridas de guerra, una no elegida, que se lleva en silencio, con la transformación del cuerpo, con la enfermedad.

 

“Como ha sido documentado ampliamente, el estrés crónico está asociado a una amplia gama de enfermedades no solo mentales, sino además orgánicas, desde autoinmunes hasta cardiovasculares y cáncer, pasando por digestivas, entre otras”, indica Antillón.

 

Estos crímenes tienen singularidades, entre ellas la de falta de información sobre los perpetradores y con ello una serie de preguntas que se agrandan entre quienes buscan a personas desaparecidas: ¿Seguirá vivo? ¿Le tratarán bien? ¿Lo golpearán? ¿Comerá? ¿Tendrá frío o calor? ¿Habrá enfermado?, son algunas de ellas.

 

Cuando a las personas desaparecidas se les encuentra sin vida, las preguntas suelen mantenerse, pero se suman más: ¿Será mi familiar? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Por qué lo dejaron en ese lugar (fosa clandestina, la carretera, un terreno baldío)?

 

Como ejemplo, se puede observar el caso de la niña Dayana Fierro Zazueta, quien el 6 de junio de 2017, cuando apenas tenía cinco años, tomó unas monedas y salió a comprar dulces en un tienda que estaba a unos metros de donde vivía en San Pedro, una comunidad agrícola del municipio de Navolato, en el centro de Sinaloa.

 

Un hombre que revisaba una llanta la siguió cuando regresaba a casa. Luego le tapó la boca y la subió a una camioneta. Aunque hubo testigos, nadie pudo detenerlo. Ese hombre se llama Miguel Eduardo Burgos Varela, un policía municipal que ahora mismo sigue prófugo de la justicia.

 

La búsqueda de la niña estuvo activa durante cuatro meses hasta que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que el 23 de octubre de ese mismo año localizaron los restos de Dayana en un campo agrícola, apenas a cuatro kilómetros de distancia de donde había sido raptada.

 

Fidelia, abuela y segunda madre de Dayana, no está convencida de que su nieta esté muerta. La noticia de que la habían encontrado fue repentina, cuando fueron a reconocer el cadáver estaba en los huesos, no había nada de rastros que a la familia le asegurara que ese cuerpo correspondía a la niña.

 

“Nos habló la licenciada Rosy que fuéramos a reconocer los restos de la niña ¿Pero qué vamos a reconocer? Si no había nada, nomás los puros huesitos, que se va reconocer un huesito, o qué pruebas tiene de que haya sido ella. Yo como le digo, si la niña hubiera tenido un poquito de grasa o algo de su cuerpo, pues si la hubiéramos reconocido en su carita, pero no la reconocimos, ni la vimos”, dijo.

 

“Yo no creo que sean esos huesos que nos dieron, eran chiquitos, la cabeza estaba chiquita y mi niña era cabezona. Me dieron una cabeza chiquita”.

 

La imagen de la niña es peculiar. La descripción de su abuela es como ver la última fotografía de ella: pómulos pronunciados, ojos grandes, cabello rojizo, de estatura baja entre todas las niñas de su edad y con una mirada de ternura.

 

Han pasado casi cuatro años de la desaparición y aunque se tiene identificado a un supuesto culpable, un policía acusado de cometer ese y otros feminicidios en la entidad, hasta el momento la Fiscalía no se ha comunicado con Fidelia o algún familiar de la menor para brindar avances en la investigación del caso de su nieta.

 

“La licenciada Rosy quedó en llamar, pero ahora no contesta ni el teléfono”, señaló.

 

Mantiene la esperanza de que Dayana siga viva, que ella está bien y va a regresar, como si nunca hubiera ido por esos dulces, siendo su nieta, su cabezona, su niña.

 

Usan técnicas de autocuidado

En promedio, cada 8 horas es desaparecida una persona en Sinaloa. Este crimen ha generado una nueva forma de sobrevivencia en este Estado mermado por la violencia social y burocrática: el de evitar ser desaparecido.

 

El tratamiento del duelo suspendido no forma parte de las agendas de prevención de los organismos y dependencias que ahora encabezan el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.

 

Son los colectivos de búsqueda los que han aprendido técnicas de autocuidado, sin un acompañamiento psicosocial o legal oficial para llevar sus casos.

 

“El Mecanismo va a ser una herramienta, pero no va a ser todo”, dice María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras, que aglutina a más de 300 familias en búsqueda de personas desaparecidas en Culiacán.

 

“Eso va a ser solo un pedacito para encontrar a nuestros hijos, pero nos va a faltar saber la verdad de los casos. Las autoridades no investigan, somos nosotras y cuando encontramos no sabemos muchas cosas, porque seguramente las autoridades fueron quienes los desaparecieron, pero no lo sabemos, solo sospechamos y esa pregunta siempre queda, quién lo hizo, para qué”.

 

Más de la mitad de los casos registrados en denuncias ante el Ministerio Público o la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa involucran a autoridades, basado en el análisis de 338 expedientes, en el que en 142 señalan a policías municipales, estatales o miembros del Ejército, la Marina, la Policía Federal y hasta funcionarios de la SEP.

 

En Sinaloa solo hay un caso juzgado por desaparición forzada.

 

A esto se suma otra situación, lo que el Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF) ha denominado como violencia burocrática, descrito en el libro Nadie detiene el amor (2020), la cual ocurre cuando hay criminalización de las víctimas, se descuida las investigaciones, se revictimiza y ocurre presión por las autoridades para que las familias no continúen.

 

Casos concretos para ejemplificar esa violencia burocrática son las fosas clandestinas de Tetelcingo, Morelos, hechas por la Fiscalía de ese Estado, la incineración de cuerpos en Nuevo León y Jalisco, los tráileres con cuerpos en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el envío de centenas de cuerpos sin identificar a fosas comunes en Sinaloa.

 

El Mecanismo Extraordinario tendrá un reto en todo el País y una radiografía está aquí: durante los últimos 10 años -entre 2010 y 2020- se han desenterrado más de 600 cuerpos y más 10 mil restos de huesos humanos de fosas clandestinas. La mayoría sigue sin ser identificada y reconocida por sus familias.

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía tiene un registro de 533 cuerpos de personas sin identificar que están en morgues del Servicio Médico Forense y funerarias del Estado. Esto deja a Sinaloa como el segundo estado con más casos a nivel nacional.

 

No es todo, hay más de mil 600 personas enterradas en 17 panteones en fosas comunes y por lo menos mil 217 personas no tienen identificación correspondiente. Es decir, no se les hicieron pruebas suficientes para poder tener un expediente que sirva para reconocerlos.

 

Lo que sí es normal es que esas personas hayan sido revisadas por especialistas, se les haya tomado muestras y resguardadas en laboratorios o morgues del Servicio Médico Forense.

 

La Fiscalía General de Sinaloa tiene cuatro edificios para poder cumplir con ese propósito, pero solo usa uno. Otro es una bodega de cadáveres en Mazatlán, uno más son oficinas y otro es un edificio vacío.

 

Alertan de crisis psicosocial

El Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense es un organismo multidisciplinario creado en México con un reto mayúsculo: el de regresar el nombre a los casi 30 mil cuerpos de personas no identificadas enterradas en fosas comunes o resguardadas en morgues.

 

“No basta que sigamos con las labores de búsquedas y exhumación de cuerpos si no garantizamos el derecho a la identidad de las personas que lamentablemente perdieron la vida y fueron desaparecidas, y garanticemos el derecho a las familias a que sus familiares regresen dignamente con ellos”, afirmó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos el 30 de agosto de este año al presentar al equipo de expertos.

 

El Mecanismo servirá para tratar de sanar y mediar entre los familiares de personas desaparecidas. Cumplirá con la exigencia de comenzar a resolver la crisis forense en el País.

 

Habrá, sin embargo, una crisis psicosocial que ha alimentado el enojo y descontento contra las instituciones de manera histórica. Eso, señala la tanatóloga Verónica de León de Cueto, fundadora de la organización Déjalos ir con Amor, será otro reto que será más visible cuando se empiece a entregar ataúdes con restos o cuerpos de personas de las que no hubo una despedida.

 

“Hay un estrés postraumático después de una pérdida, no solamente de los seres queridos, viene a un lado lo que llamamos un duelo sin cadáver, porque no se ha visto el funeral, no se ha visto a la persona”, dice.

 

La experta refiere que esa crisis es similar a la la desatada al inicio de la pandemia de Covid-19, cuando las personas contagiadas ingresaban a hospitales y en miles de casos ya no regresaron con vida, sino dentro de ataúdes cerrados, herméticos para evitar la propagación del virus.

 

Los familiares comenzaron a tener duelos suspendidos a falta de una despedida.

 

Ambas crisis no son equiparables, pues una se dio por un virus que a la fecha sigue sin ser conocido en sus causas y orígenes, es algo fuera de las manos de la humanidad, pero la otra es por una ausencia u omisiones estatales y por violencia incontenible de criminales.

 

‘Desde el cielo me dice que siga buscando’

 

*Mirna Nereyda Medina Quiñónez/ Fundadora de Las Rastreadoras de El Fuerte

 

Tú sabes que no me dieron a Roberto completo. Es más, ni me lo dieron, yo lo encontré.

 

Era el tercer aniversario de su desaparición y yo estaba segura que lo iba a encontrar, era una corazonada que no me dejaba.

 

A mí ya me habían dicho que en un cerro de Ocolome podía encontrar restos y no había ido, pero ese lugar me llamaba.

 

Ese día agarré la camioneta porque yo no estaba a gusto, fui a ese cerro y me encontré al dueño de pura casualidad. Le dijimos que estábamos buscando restos y solito nos empezó a contar de unos huesos cerca del arroyo.

 

El hombre se soltó diciendo que tres años antes vio el cuerpo de un muchacho ya todo descompuesto y que le habló a la Policía, que ya que fueron, nomás se hicieron pendejos.

 

Esos cabrones no se lo llevaron, lo fueron a dejar en otro lado y medio lo sepultaron.

 

El dueño de esas tierras lo volvió a ver, pero ya no habló a la Policía y dijo que pensaba en buscar a las Rastreadoras. Yo no le dije que era de las Rastreadoras ni que era mi hijo al que buscaba.

 

Pero no supo cómo llamarnos y mira, Dios nos tenía que juntar.

 

Me fui a buscar los huesos a donde dijo el hombre y ahí estaban con unas fundas y cajas de discos, como los que vendía Roberto.

 

Yo me emperré y empecé a rascar la tierra y saqué unos restos, pero hasta ahí le paré. Yo ya estaba segura que podía ser mi hijo.

 

Le hablé a los de Periciales ¿y sabes qué me dijeron? que ya era tarde, pero que iban a tratar de mandar a alguien.

 

Ahí me quedé horas esperándolos a los hijos de la chingada. ¿Tú crees que yo me iba a quedar así? agarré pedacito por pedacito y los eché en una bolsa, ahí los traía en la camioneta cargando ya noche.

 

No sé si tenía más coraje o impotencia, o las dos. Te imaginas si yo hubiera dejado los huesos, capaz y al otro día ya no estaban, porque eso hacen y si ya habían ido policías antes ¿tú crees que no podían moverlos otra vez?

Yo estaba segura de que podía ser Roberto.

 

Yo sola me los traje a que los analizaran y mira, sí era mi negro.

 

¿Y por qué sigues buscándolo?

Yo estoy segura que desde el cielo Roberto me dice que siga buscando, yo no me puedo rendir y dejar sola a las mujeres, porque yo sé lo que se siente.

 

Yo pienso que Roberto me dice desde el cielo que ¡yes! cada vez que encontramos y logramos la identificación de los cuerpos.

 

Y te voy a decir una cosa, yo ya estoy cansada, pero te voy a decir otra: yo no encontré completo a Roberto, solo hallé el brazo y yo necesito el cuerpo de mi hijo completo.

 

Yo no me puedo morir sin encontrarlo completo, que estén ahí enterrados, o en el arroyo. A lo mejor se los comieron los animales, pero no estoy segura, yo tengo que encontrarlo todo, hasta el último huesito de los dedos, ya ves que son chiquitos.

 

No descanso. Aunque tú me ves aquí bien, tú sabes que no es así, a veces me lleva de la chingada, pero mira (apuntó la mujer hacia la pared, donde hay una fotografía de su hijo), ahí está Roberto y yo ya le juré que lo voy a encontrar

https://diario.mx/nacional/desaparecidos-duelo-cronico-20211114-1862349.html

 

Un año sin justicia para los trabajadores de León (Guanajuato)

Un año atrás, cinco trabajadores del Sistema de Aguas de León murieron asfixiados en una planta de tratamiento de aguas residuales. Ya habían denunciado riesgo laboral y ausencia de seguridad. Hasta la fecha, «no hay» responsables penales o administrativos, ni reparación del daño; el caso destapó la contaminación ilegal de la industria curtidora

Piedepagina, 13 de noviembre de 2021

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos: Especial

I

LEÓN, GUANAJUATO.- El 13 de noviembre de 2020, cinco trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) murieron intoxicados en el módulo de desbaste de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. La única en la ciudad que procesa los desechos de la industria curtidora.

Ese módulo procesa el agua desechada por las curtidoras; que contiene, entre otros elementos, altas dosis de cromo y ácido sulfhídrico, químicos que pueden ser mortales para el ser humano.

La noticia circuló por redes sociales, y alrededor de las 21:00 horas las familias de los trabajadores llegaron al lugar del accidente. El sitio fue acordonado por personal de Seguridad Pública municipal, protección civil, el cuerpo de bomberos y agentes del ministerio público; todos ellos constataron que las condiciones del centro de trabajo eran irregulares.

“Las condiciones para laborar no eran las correctas, y mi hijo mandó alertas por un grupo de whatsapp que abrieron para emitir reportes. Ahí mi hijo denunció todas esas irregularidades pero nadie les hizo caso”, asegura el padre de Víctor Ricardo Briseño Rangel, uno de los trabajadores fallecidos.

Los cinco trabajadores se encontraban cumpliendo el turno nocturno y no contaban con el adecuado equipo de protección, pese a que semanas antes habían insistido a la patronal que se los proporcionara. Asimismo, enviaron informes sobre las fallas en algunas tuberías y de la sobrecarga de capacidad en el módulo de desbaste.

Nadie escuchó a los trabajadores, y ese 13 de noviembre de 2020 murieron intoxicados.

Hasta el día de hoy, su muerte sigue impune.

Condiciones de operación del módulo de desbaste. Foto: Especial

Accidente o negligencia

Además de los trabajadores operativos, en el módulo de desbaste trabajaban 5 ingenieros supervisando las condiciones laborales. Hacían recorridos por la mañana y por la noche para verificar los trabajos.

A sus 29 años, Víctor Briseño era uno de esos ingenieros, y aunque jóven, él no era inexperto. Tenía más de seis años trabajando en las plantas biológicas de SAPAL.

“Él ya tenía seis años y siete meses trabajando para SAPAL. Claro, en plantas de tratamiento de agua, no de residuos químicos”, narra el padre de Víctor, quien lleva el mismo nombre.

Desde su entrada a la planta, Víctor comenzó a detectar anomalías que se traducían en afectaciones al medio ambiente; así como potenciales riesgos para el personal que ahí trabaja.

Su padre narra:

“Víctor era el que le reclamaba constantemente a estas personas (a los directivos de SAPAL); defendía mucho a los trabajadores; todos querían trabajar con él porque era de los únicos que se animaba a levantar la voz. Cuando empezaron estos problemas, Víctor estuvo tres días diciendo: ‘señores, atentos, quieren soldar los tubos cuando se cae a pedazos la soldadura; hay que cerrar; esta fuga va a llegar a los reguladores’. Él tomó fotos, videos, donde [se aprecia que] el ácido ya salía hasta por pedazos de banqueta. Víctor les decía: ‘hay que cerrar; que esta fuga va a llegar a los reguladores’, él siempre lo advirtió”.

No solo Víctor vió los riesgos, pues en el grupo interno de reportes de la planta de tratamiento, varios ingenieros que supervisaban las condiciones del módulo de desbaste también advirtieron esto.

Antes del accidente, relata el padre de Víctor, “los otros ingenieros seguían reportando estas fallas, incluso un día antes del accidente porque también eran supervisores, pero nadie les hacía caso”.

La respuesta de los supervisores fue: “con cuidado”.

Las denuncias al interior de SAPAL motivaron a sus directores a cambiar a Víctor de área. Ahora él se encargaba del trabajo de escritorio. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2020, fue requerido para cubrir la incapacidad de uno de sus compañeros en el turno nocturno.

“No traían equipo. Él sabía que no daban. Había veces que Víctor llevaba caretas para los trabajadores porque SAPAL no les daba nada”, reclama su padre.

Estos hechos fueron constatados días después en una inspección extraordinaria practicada en la planta de tratamiento por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; entonces se determinó que las condiciones de seguridad e higiene en el centro de trabajo eran irregulares.

En aquel turno nocturno, Víctor entró al módulo de desbaste junto a José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga y dos hombres más de quienes se omite su identidad debido a que no pudimos contactar a sus familiares. Todos ellos, a excepción de Víctor, pertenecían al personal operativo de SAPAL. Los cinco murieron por inhalar gases tóxicos.

La tragedia pudo haberse prevenido si los directivos de SAPAL hubieran escuchado las advertencias de Víctor y del resto de los trabajadores. Sin embargo, la dependencia municipal se ha empeñado en negar su responsabilidad, lo que ha dejado este caso en la impunidad durante todo un año.

“Nada me va a devolver a mi hijo”

A las pocas horas del accidente, el papá de Víctor acudió al Servicio Médico Forense para recoger el cuerpo de su hijo. Sin saberlo, ese era el primero de muchos desencuentros con las autoridades gubernamentales.

“Cuando fuimos a recoger los cuerpos, ya tenían sus blocks para preguntar el nombre, su edad, y si vivía contigo; lo normal que te piden y te preguntan. Después me piden mi copia del INE para anexarla a un documento; yo comencé a hojearlo y veo unas letrotas que me llaman la atención; yo no tenía la intención de leer todo el documento, pero cuando vi esas letras negras y subrayadas que decían: ‘Cedo mi derecho de que no voy a demandar porque sé que es un accidente’, yo dije: ‘ah caray, ¿esto cuando me lo preguntaron?’. Entonces me volteo y le digo a la agente del ministerio público que me estaba atendiendo, le pregunto: ‘¿y esto? ¿cuándo lo dije?’ ‘no, eso no va a afectar en nada’ me dijo”.

El padre de Víctor llevaba casi seis horas esperando después del accidente. Después de firmar por fin pudo llevarse a su hijo para el último adiós junto a su familia. Sin embargo, mientras pasaban los meses no veía que las autoridades lo llamaran para recibir la indemnización que por ley le corresponde a los familiares de trabajadores que han muerto durante el trabajo.

Finalmente, “me mandan llamar”, narra. “Y veo que lo que me tienen preparado es una sarta de mentiras, donde supuestamente ellos ponían una indemnización, solo que ese día me acompañó otro de mis hijos que también es ingeniero”. “Pero, cuando me mostraron los cheques, vi que ni siquiera le habían puesto el sueldo que tenía mi hijo”, relata. «Nada me va a devolver a mi hijo», explica el padre, quien explica que nunca pensó en demandar o inconformarse, hasta que recibió este trato.

En el cheque de “indemnización” SAPAL no reconocía que la muerte de su hijo hubiera sido consecuencia de un accidente de trabajo, sino como un hecho fortuito que pasó fuera de las instalaciones.

“Ponían eso de que ‘al caminar al aire libre se desvanece y pierde la vida’. Eso no, caray. Fue adentro haciendo un trabajo, haciendo ese recorrido. Cuando llego a SAPAL y me siento, me llevan a dos abogados y a Irma Lira (representante de SAPAL), me dicen: ‘mire esto es lo que le toca por su hijo’”.
Señor Víctor

Gracias a su otro hijo, el padre de Víctor pudo identificar que lo que le ofrecían era un finiquito laboral, y no la indemnización que marca la ley. Rechazó la oferta de SAPAL, y fue entonces cuando decidió hacer público su testimonio.

La reacción de SAPAL fue inmediata, y en repetidas ocasiones sus directivos quisieron culpar de su propia muerte a Víctor y al resto de trabajadores.

“No fue culpa de mi hijo. Él tenía la experiencia, experiencia en plantas biológicas, para las que lo contrataron; no experiencia en plantas químicas en mal estado y sin ninguna protección laboral”, enfatiza el padre de Víctor.

En ese devenir se encuentra con el resto de los familiares que seguían demandando justicia, acompañados del abogado Juan Hernández.

Contaminación en las aguas residuales tratadas en el módulo de desbaste. Foto: Especial


“Intoxicación de origen a determinar”

Alberto de Jesús Zúñiga tenía 52 días trabajando en SAPAL. Primero ingresó a una planta cerca de su casa, después lo trasladaron a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Su padre narra:

“Yo me enteré del accidente por un conocido que me dijo que algo había pasado en la planta donde trabajaba Alberto, y ya fuimos. Llegué como a las 10 de la noche y ya estaba acordonado por los bomberos, los forenses y protección civil”.

Alberto tenía 19 años; acababa de ser padre.

Al igual que en el caso de Víctor, a la familia de Alberto le ofrecieron 30 mil pesos por concepto de finiquito. También le hicieron firmar una hoja donde lo comprometían a no demandar penalmente a la empresa.

“¿Para ellos la vida vale 30 mil pesos? Es un insulto”.
Padre de Jesús.

Antes de aceptar el dinero, el abogado Juan Hernández, quien además asesoraba a la familia de José Salvador Afanador Martínez (de 25 años), se percató de que en el documento, la causa de muerte aparecía con la siguiente leyenda: Intoxicación de origen a determinar.

Las familias de José y Alberto decidieron no aceptar nada hasta que la causa de muerte se esclareciera. Hasta el día de hoy siguen sin recibir su indemnización.

El 5 de enero de 2021, y después de iniciar un proceso laboral y otro administrativo en contra de la Contraloría del municipio de León, las familias de José y Alberto iniciaron un proceso penal en contra de la SAPAL. Denunciaron a la empresa por homicidio culposo. El caso sigue sin una resolución.

Una cadena de inconsistencias

Una de las pruebas fundamentales para determinar la responsabilidad de la empresa en la muerte de los trabajadores es el celular de Víctor Briseño, donde se quedaron almacenadas todas las conversaciones, fotos y videos en los que denunció las irregularidades al interior de la planta de tratamiento.

El celular, sin embargo, está apagado y no ha sido investigado por la Fiscalía.

Asimismo, el 14 de diciembre de 2020, las familias de Alberto y José acudieron al palacio municipal para solicitar una entrevista con el ex alcalde Héctor López Santillana. Fueron recibidos por funcionarios de su gabinete, pero jamás pudieron entablar comunicación con el ex presidente municipal.

El 30 de diciembre de 2020, estas mismas familias acudieron con el encargado de despacho de la Unidad No. 9 del Ministerio Público, un hombre llamado Ignacio Pérez, quien adelantó que la causa de muerte de los trabajadores pudo haber sido la inhalación de ácido clorhídrico y ácido hipocloroso.

El agente ministerial, acusan los familiares, llegó a esta conclusión después de admitir que, en su momento, no se habían practicado exámenes médicos a los cuerpos. Tampoco se conservaron órganos fundamentales para determinar el motivo del deceso. Las familias no dieron por válida la conclusión del señor Ignacio Pérez.

Al igual que en el caso de Víctor, las autoridades gubernamentales pretendían hacer firmar a las familias de Alberto y José un documento en donde admitían que la causa de muerte fue al aire libre y tras un desvanecimiento de los trabajadores, motivándolos a desistir de cualquier acción penal en contra de SAPAL.

Posterior a la denuncia, la relatoría de reuniones con funcionarios estatales, municipales y sindicales es extensa, y aunque en la mayoría de los casos las autoridades cancelaban o reagendaban las citas, en todas les pedían lo mismo: que desistieran del proceso penal en contra de SAPAL.

Los casos, sin embargo, seguían sin avanzar.

“Ojalá y existiera la justicia”, agrega el padre de Alberto.

Documentos del proceso jurídico que desde el 13 de noviembre de 2020 han iniciado las familias de los trabajadores fallecidos. Foto: Especial

El olvido institucional

El 8 de febrero de 2021, las familias de los trabajadores presentaron una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG). Solicitaron la determinación de la causa de muerte y las garantías jurídicas que la ley establece para las víctimas indirectas.

SAPAL es un órgano autónomo desconcentrado del municipio, por lo que todas las recomendaciones o exhortos por parte de las autoridades municipales o estatales no tienen un carácter vinculante al interior del sistema de aguas.

La queja fue admitida, y el 29 de octubre la PRODHEG emitió un resolutivo en donde se fincan responsabilidades laborales y administrativas contra SAPAL y la Contraloría municipal. De igual forma se instruye a incorporar a las víctimas indirectas al mecanismo de Protección Estatal de Víctimas.

Empero, en rueda de prensa, las familias demandantes cuestionaron la resolución de la comisión de derechos humanos, pues argumentan que no se está garantizando la plena reparación del daño a las familias de los 5 trabajadores.

Los resolutivos del documento surten efectos para las familias de Víctor, José y Alberto, dado que, debido a las presiones económicas, las familias de los otros dos trabajadores aceptaron el dinero que en un inicio ofreció SAPAL.

En ambos casos, las viudas de los trabajadores se encontraban embarazadas o con hijos recién nacidos, y apenas rebasaban los 20 años de edad.

Asimismo, señalaron que la PRODHEG no exhorta a la Fiscalía del estado a determinar la causa de muerte, por lo que se sigue deteniendo el proceso penal en contra de la SAPAL.

Pero ¿qué motiva a que el municipio no permita que las víctimas indirectas accedan a la justicia?

Activistas de la ciudad señalan que, detrás del encubrimiento, está la protección a las empresas curtidoras, las cuales, ilegalmente, vierten sus desechos tóxicos a los arroyos que cruzan por el municipio.

De fondo, acusan, está la estrecha relación entre el órgano de aguas y los empresarios curtidores, pues en su consejo directivo no son pocos los nombres que, además de ser vocales o presidentes, son personajes ligados a la industria curtidora de la ciudad.

II

Desechos encontrados en las bombas del módulo de desbaste. Foto: Especial

Una industria omnipresente

“Símbolo de identidad” y “motor del desarrollo”, así definen algunos habitantes de León a la industria curtidora de su ciudad.

Y no es menor, pues sus orígenes datan desde la llegada de los españoles a este territorio del bajío mexicano, por lo que, en gran medida, las curtidoras son parte de su memoria histórica.

Pero no todo es nostalgia, pues tras la acelerada etapa de industrialización del bajío, la cual coincide con el auge del estado benefactor y el consecuente impulso de las industrias mexicanas a finales de los 80’s, la curtiduría leonense abandonó su forma artesanal para insertarse en el mercado mundial.

Más que monumentos, las curtidoras del municipio generan el 80% del Producto Interno Bruto local, y se estima que diariamente, el 80% de la producción de cueros a nivel nacional se realiza en León. Es decir, más de 30 mil productos de cuero al día (inclusive hay quienes estiman una producción de más de 50 mil cueros diarios).

Para 2020 se calculaba que las ganancias por exportación de esta industria rebasaban los 200 millones de dólares anuales.

De acuerdo con información de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), la industria curtidora de León exporta producto a China, Italia, Estados Unidos, Japón e Inglaterra, y encontró su maximización a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1994.

Aunado a esto, contrario a lo que abunda en el sentido común, no son las zapaterías o mueblerías quienes requieren la mayor cantidad de cueros de la ciudad, sino la industria automotriz y aeronáutica, actividades económicas que en la última década, se han establecido, principalmente, en la zona del bajío.

Pero no todo es color de rosa, pues dos de los principales componentes para el proceso de curtido son el cromo y el arsénico, elementos altamente contaminantes.

El uso de estos químicos ha provocado que, al no contar con eficientes sistemas tecnológicos, las aguas de desecho empleadas en el proceso de curtido sean altamente contaminantes y se conviertan en un riesgo para el medio ambiente.

Esto motivó a que, en 1994, el ayuntamiento otorgara una concesión a Grupo Ecosys III S.A. de C.V. para operar una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad. La misma en la que, 26 años después, fallecerían los 5 trabajadores de la SAPAL.

Vista panorámica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Foto: Especial

Los buenos amigos

Grupo Ecosys III SA de CV es un conglomerado empresarial integrado por Intensa SA de CV y Fypasa Construcciones SA de CV; dirigidas por Ernestos Rodolfo Kilian González y Francisco José Chozas Rizo, respectivamente.

Durante 26 años, esta empresa operó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad para reducir los niveles de contaminación de las aguas tóxicas provenientes de las curtidoras.

En su esquema de financiamiento, el municipio de León contemplaba una serie de inversiones millonarias y un crédito otorgado a Ecosys a nombre de SAPAL.

Tan solo en la segunda fase de la concesión (2004) el gobierno municipal otorgó 746.4 millones de pesos para la ampliación del módulo de desbaste y la planta de tratamiento. En 2010 se agregaron 23.4 millones de pesos para la cogeneración de energía eléctrica a partir de los residuos.

Inclusive se contempló la creación de un sitio para la disposición final de lodos, el cual ayudaría a la generación de energía. Este lugar quedó en completo abandono.

El 4 de agosto de 2020, SAPAL anunciaba una nueva inversión de mil 500 millones para mejorar el tratamiento de agua en León, incluído el tratamiento de aguas residuales.

Parecía que la relación entre SAPAL y Ecosys iban viento en popa, hasta que una denuncia anónima cambió todo por completo.
La ruptura

El 18 de agosto de 2020, la organización Acción Colectiva Socioambiental presentó ante SAPAL una denuncia popular en contra de las empresas curtidoras responsables de contaminar con aguas residuales los arroyos Hondo y Las Mulas, ambos con conexiones al Río Lerma.

En su respuesta (emitida el 1 de septiembre de ese año bajo el folio SGO/597/2020) SAPAL informó que la denuncia había sido turnada a la Comisión Nacional de Aguas (Conagua) y a la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (PROFEPA) “por ser las autoridades que cuentan con facultades para su atención”.

La denuncia identificó vertederos ilegales de aguas residuales en las inmediaciones de algunas empresas curtidoras.

Ante esto, el Grupo Ecosys III –en ese entonces responsable del tratamiento de aguas residuales– respondió, a través de un comunicado de prensa, que desde 2014 SAPAL estaba incumpliendo uno de sus compromisos establecidos en el contrato de concesión: la entrega de aguas residuales con una calidad manejable.

“A partir de 2014 se detectó la problemática que se ha venido arrastrando hasta la fecha, consistente en la entrega por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) de aguas residuales de calidades diferentes a las acordadas, integrándose en éstas, arenas, basura, recortes de cuero, sales, sulfuros, amoniaco, cromo, cal, pelambres y grasas, que han perjudicado el equipo mecánico, eléctrico y de proceso de la infraestructura de tratamiento, incluyéndose al propio colector que conduce las aguas residuales.”

Es decir, desde 2014 (de acuerdo con los registros de Ecosys), las plantas curtidoras habían dejado de cumplir con sus compromisos ambientales, amparados bajo la protección u omisión de SAPAL.

Este problema, señaló Ecosys, afectó la tecnología del módulo de desbaste, pues “la falta de atención por parte de SAPAL a la fiscalización y control de contaminantes industriales la ha afectado, como afectará a cualquier otra tecnología que se pretenda integrar para el tratamiento de aguas residuales que no sean debidamente reguladas y controladas.”

Esto orilló a que, el 22 de septiembre de 2020, SAPAL terminara el contrato de concesión con Grupo Ecosys y asumiera el control de la planta de tratamiento de aguas residuales y el módulo de desbaste.

Al día siguiente, SAPAL envió a una planilla de sus trabajadores a operar en esta planta, sin ninguna capacitación previa. Entre este grupo de trabajadores se encontraban Víctor, José y Alberto, y los otros dos trabajadores que morirían el 13 de noviembre de 2020.

Los reportes que Víctor enviaba a través de whatsapp, coinciden con la versión pública de Ecosys: la planta estaba en pésimas condiciones, recibiendo aguas residuales con desechos que se fueron acumulando y desgastando la maquinaria.

Vertederos clandestinos de aguas residuales de las curtidoras en el Arroyo Hondo, León. Foto: Esepcial


Se destapa la cloaca

5 días después de la muerte de los trabajadores, la Conagua respondió a la denuncia popular que la SAPAL turnó de su competencia.

En el oficio B00.910.014/001862, Conagua admite que, después de una inspección en el terreno, los hechos reclamados en la denuncia de Acción Colectiva Socioambiental eran ciertos: las empresas curtidoras estaban contaminando los arroyos municipales.

Este posicionamiento, sumado a las declaraciones públicas de Grupo Ecosys, así como a la tragedia del 13 de noviembre, ponían a SAPAL en la mira. Pero ahora, era Conagua quien amenazaba con iniciar las investigaciones procedentes.

Pasó un mes, pero la denuncia no llegaba. Mientras tanto la planta de tratamiento seguía operando, y la justicia para los familiares de las víctimas cada vez se veía más lejana.

Los pendientes se acumulaban, y las demandas crecían.

Pues mientras los ríos se seguían contaminando, el abandono del sitio para la disposición final de lodos proveniente de residuos – inaugurado en 2016 por el entonces presidente municipal, el panista Héctor López Santillana – ponía a la ciudad en una grave crisis ambiental.

Aún con estas denuncias a cuestas, el acuerdo entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los habitantes de las comunidades aledañas al proyecto de la presa El Zapotillo, hizo que los funcionarios del agua de León sacaran sus garras.

No fueron pocas las veces que Sihnue Rodríguez, gobernador de Guanajuato, así como López Santillana, denunciaron que el proyecto del Zapotillo iba a dejar sin agua al estado, concretamente al municipio de León.

Pese a estas declaraciones, el ayuntamiento leonés se comprometió a dotar de agua proveniente de la planta de tratamiento para acrecentar las reservas de la nueva presa.

La misma agua contaminada de cromo, ácido, arena y otros desechos de la industria curtidora.

Ante esto, el 6 de diciembre de 2020, Acción Colectiva promovió una segunda denuncia popular, ahora contra SAPAL, exigiendo que responda a la contaminación de los ríos, así como a la operación final del sitio para la disposición final de lodos.

Ambas denuncias (la del 13 de agosto y el 6 de diciembre) fueron impugnadas por SAPAL, debido a cuestiones de procedimiento, y no de fondo; por lo que fueron desechadas.

Los arroyos y ríos siguen contaminados, y los vertederos clandestinos siguen operando. Mientras que en la planta de tratamiento no se ha vuelto a hacer ninguna inspección para asegurar que ningún trabajador vuelva a morir en ella.

III

Manifestación de familiares de trabajadores muertos en el Congreso del Estado de Guanajuato. Foto: Especial

“Queremos justicia”

La resolución de la PRODHEG no fue espontánea, es producto de la presión política que las familias de las víctimas han ejercido en diversos frentes.

El 14 de octubre, durante la sesión ordinaria del Congreso del estado, las y los familiares acudieron a protestar; se habían cumplido 11 meses de la tragedia y aún no tenían respuestas.

Durante la sesión, el diputado morenista, David Martínez Mendizabal, presentó una propuesta durante la sesión para que el congreso exhortara a la SAPAL, a la Fiscalía Estatal y a la Procuraduría de Derechos Humanos a que cumplieran los derechos a las víctimas.

Después de esto, el 11 de noviembre, la nueva alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, se pronunció por el respeto de los derechos de las familias de las víctimas, e igualmente exhortó a SAPAL a que mejorara las condiciones laborales para prevenir incidentes.

El 12 de noviembre, un día después de esta declaración, la Fiscalía del estado se reunió con las familias para persistir en la intención de que las familias desistieran del proceso penal. Ofrecieron una indemnización de más de 400 mil pesos a cada familiar.

Empero, y aunque las familias se muestran en sintonía con las resoluciones de la PRODHEG, el objetivo de su lucha, a un año de haber iniciado, rebasa las pretensiones económicas.

Las demandas de las familias son claras:

1.- Disculpa pública por parte de las autoridades estatales y municipales, específicamente de SAPAL, por denigrar su integridad durante todo un año.

2.- La destitución, renuncia o dimisión del actual director de SAPAL: Enrique de Haro Maldonado, y del presidente del consejo directivo: Jorge Ramírez Hernández

3.- Que se aseguren medidas de no repetición para que ningún trabajador vuelva a morir a causa de negligencias e intereses económicos, lo que incluye poner en orden a las empresas de la industria curtidora y asegurar la no contaminación de la cuenca del río Turbio

El padre de Alberto concluye:

“Lo que queremos es justicia, que paguen los responsables, pero no en dinero, sino que paguen de verdad”.

https://piedepagina.mx/un-ano-sin-justicia-para-los-trabajadores-de-leon/

Denuncian en Oaxaca “estrategia de mala fe” de mineras y de la Secretaría de Economía (Oaxaca)

Proceso / Pedro Matías.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa deberá resolver en breve los recursos de revisión contra la concesión minera “Zapotitlán 1” y la ley en la materia.

OAXACA, Oax. (apro).- A unas horas de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, resuelva los recursos de revisión 42/2021 y 43/2021 contra la concesión minera “Zapotitlán 1” y la Ley Minera, autoridades agrarias y la Asamblea del Pueblo Chontal para la defensa del territorio denunciaron una “estrategia de mala fe” de las empresas mineras y de la propia Secretaría de Economía.

Tanto el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Zapotitlán, Silvio Nolasco Flores, como la concejala de la Asamblea del Pueblo chontal para la Defensa del Territorio, Silvia Ramírez Nolasco, y Tequio Jurídico, advirtieron que las empresas mineras en litigio se desisten de la concesión para provocar que los juicios se caigan y luego atacan de nuevo solicitando nuevas concesiones.

Mientras, la Secretaría de Economía “sigue litigando contra los pueblos originarios en detrimento de sus derechos y favoreciendo a las empresas mineras”, contraviniendo lo que declara el presidente Andrés Manuel López Obrador, puntualizaron.

Araceli Olivos, coordinadora de la Vereda de Defensa Colectiva del Territorio en Tequio Jurídico, resaltó que el 28 de febrero de 2020, el Juez Cuarto de Distrito otorgó el amparo a toda la región chontal.

“El juez de amparo hizo algo histórico en los juicios contra la minería porque no había pasado antes en México donde no solo protegió a la comunidad que demandó a la Secretaría de Economía por haber otorgado la concesión minera 238447 denominada “Zapotitlán 1”, otorgada el 22 de septiembre de 2011 a Minera Zalamera, S.A. de C.V. por 50 años, sino que protegió a toda la región chontal”, resaltó.

Precisó que el 18 de diciembre de 2018 presentaron por escrito el amparo donde impugnaron dos actos de autoridad: La existencia de la concesión minera 238447 denominada “Zapotitlán 1” y la aplicación de la Ley Minera, por ser inconstitucional.

La comunidad de Santa María Zapotitlán, representada por las autoridades agrarias: Comisariado de Bienes comunales y Consejo de Vigilancia, presentaron el amparo para defender sus derechos: A la libre determinación y autonomía, al territorio o a la propiedad territorial indígena, a la consulta indígena, previa, libre e informada y a la protección integral de las tierras comunales: tanto para asentamiento humano como para actividades productivas.

De igual forma, se pronunciaron por la igualdad y la no discriminación, así como a que se respete su forma de vida comunitaria y a practicar su propio desarrollo, con respeto a la Madre Tierra.

Fue el 20 de febrero de 2020 cuando el Juez Cuarto de Distrito dictó sentencia; sin embargo, justo un mes antes, en enero de 2020, la empresa se desistió de la concesión. La Secretaría de Economía la autorizó hasta agosto del mismo año.

Respecto a la impugnación que presentaron contra Ley Minera por ser inconstitucional, el Juez Cuarto dijo que “no atenta contra nuestros derechos colectivos”.

Ahora el asunto se encuentra en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, el cual tendrá que resolver los recursos de revisión 42/2021 y 43/2021 y la comunidad chontal espera que resuelva a favor de los pueblos indígenas.

La representante de Tequio Jurídico explicó que el juez de amparo reconoció el derecho colectivo al territorio y a protegerlo, incluso más allá de la comunidad de Zapotitlán, nombrando a todas las comunidades del pueblo chontal que pudieran verse afectadas por este tipo de proyectos extractivos como la minería.

Y ordenó a la Secretaría de Economía dejar sin efectos el título de concesión minera 238447, “Zapotitlán 1” y que se consulte a Santa María Zapotitlán y a todas las comunidades del Pueblo Chontal afectados por la concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, si están de acuerdo o no en aprobar el proyecto minero; sin presiones, pacíficamente y con el tiempo que se considere suficiente.

También ordenó que las autoridades responsables hagan los estudios correspondientes para evaluar el impacto ambiental, social, espiritual y cultural, que el proyecto podría causar a las comunidades y pueblo chontal; que toda la información que se les proporcione sea comprensible en lengua chontal, así como en español.

Sin embargo, la comunidad de Santa María Zapotitlán y la Asamblea del Pueblo Chontal piden que la Ley Minera actual sea declarada inconstitucional porque representa una amenaza permanente para la vida de los pueblos indígenas, ya que viola sus derechos colectivos.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/11/12/denuncian-en-oaxaca-estrategia-de-mala-fe-de-mineras-de-la-secretaria-de-economia-275700.html

Iconia mantiene en vilo a Huentitán (Jalisco)

Foto: Jorge Albert Mendoza

Lauro Rodríguez / El Diario NTR

Pobladores de Huentitán señalaron ayer que el gobierno municipal de Guadalajara, actualmente encabezado por Pablo Lemus Navarro, continúa con una actitud complaciente hacia el proyecto inmobiliario Iconia, lo cual lamentaron, pues el alcalde ha declarado a medios de comunicación que tiene la intención de investigar el caso y detener el proyecto en caso de detectar incumplimientos de las empresas involucradas.

En rueda de prensa, criticaron que los dichos del primer edil no se han aterrizado y dieron a conocer que las obras en el predio se retomaron.

Los quejosos describieron que hace casi un mes le enviaron una petición formal por escrito al alcalde en la que le solicitan que confirme si va a investigar o no el caso Iconia. Con base en su respuesta, los vecinos de Huentitán decidirían las acciones a seguir; sin embargo, al día de hoy no hay respuesta del presidente municipal.

Reclamaron a la vez que no hay transparencia sobre lo que pasa en el predio de Iconia. Actualmente ahí hay maquinaria y personal trabajando en obras de infraestructura, pero se desconoce si se trata de las torres departamentales, del polideportivo u otro proyecto; tampoco se sabe si los trabajos cuentan con la documentación para estar en regla.

“La construcción del proyecto Iconia comenzó cuando no está clara ni siquiera la naturaleza jurídica que permite que ese proyecto se desarrolle. Cuando no está claro para nada cuál es el impacto ambiental que el desarrollo de ese proyecto tiene en la zona. Cuando no está claro que la infraestructura, tanto vial como de servicios de la zona, pueda darle sustento a un proyecto del tamaño que supone Iconia”, precisó la vocera de Huentitán Resiste, Indira Tonantzin González.

También denunciaron que los gobiernos estatal y municipal no tomaron acciones para evitar que los desarrolladores destruyeran casi mil árboles plantados por vecinos de Huentitán y estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) durante la toma del predio, realizada desde fines de marzo hasta el 19 de agosto, día en el que fueron desalojados por policías estatales. Durante el tiempo en el que el terreno fue ocupado nombraron al lugar como Parque Resistencia Huentitán.

“Otra cosa que ha pasado y que a nosotros nos parte el corazón es el ecocidio en Iconia. Poco se habla del hecho de que cuando nosotros ingresamos al parque en marzo del 2021 comenzamos a hacer trabajos de rehabilitación, de comunicación social, de educación, pero también de ecología. Sembramos casi mil árboles, mil árboles de especies nativas de las barrancas de los ríos Santiago y Lerma (…) las autoridades del gobierno del estado, las autoridades del Municipio de Guadalajara continúan ignorando cualquier cosa que no sean los intereses políticos de los fraccionadores”, añadió.

Finalmente, llamaron al presidente municipal a sostener un diálogo con ellos y a investigar y detener las obras de construcción de Iconia. Los vecinos de Huentitan prevén dos escenarios en caso de que el desarrollo vea la luz: primero, que la zona se quede sin insumos para prestar servicios básicos a toda la población, y segundo, que Iconia sea un proyecto inmobiliario más que quede deshabitado.

Hay denuncias contra Javier Armenta Araiza

El líder de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y vecino de Huentitán, Javier Armenta Araiza, señaló que hay una persecución política en su contra, pues se enteró que hay denuncias en su contra en la Fiscalía del Estado.

El área jurídica de la FEU reconoció la existencia de las denuncias, pero aclaró que Armenta Araiza no ha sido notificado de ellas, por lo que se desconocen los motivos; sin embargo, creen que los recursos podrían estar ligados al caso Iconia.

“Ha habido una persecución política y jurídica frente algunas de las personas de este movimiento (…) (Ni) el ayuntamiento ni el Congreso ni la Contraloría han respondido a los procesos administrativos que hemos solicitado de postura o de investigación (sobre el caso). Particularmente, en el juicio político que aquí (en el Congreso) se procesa, han callado y están violando el término. (Pero) reiterar que es un tema de convicción, no vamos a dar ningún paso atrás. Si creen que el movimiento de vecinos del Parque Resistencia Huentitán va a claudicar, están equivocados, sea la administración que sea vamos a seguir en pie de lucha y vamos a recuperar ese parque”, afirmó Javier Armenta. Lauro Rodríguez

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=174268

Familia de Fanny, amenazada y sin seguridad (Oaxaca)

Pié de Página / Daniela Rea.

El 26 de septiembre, la joven de 16 años fue hallada sin vida con una soga en el cuello en la casa donde vivía con su pareja Alexis Trujillo, actualmente prófugo de la justicia y sospechoso de su feminicidio. La familia de Fanny ha recibido amenazas y su seguridad no está garantizada.


Foto: Especial

El 26 de septiembre fue encontrado el cuerpo de Fanny Guadalupe en la comunidad de El Porvenir, en San Juan Cotzocón Mixe. Fanny tenía 16 años y una soga en el cuello como un supuesto suicidio. El cuerpo fue encontrado en la casa donde vivía con su pareja Alexis Trujillo.

Ha pasado más de un mes y Trujillo está prófugo, a pesar de ser sospechoso del feminicidio de Fanny y de haber amenazado a la familia de ella durante su funeral.

“En el funeral él me señaló con su mano, con sus ojos llenos de enojo, me dijo que me cuidara porque la próxima iba a ser yo, que iba a venir por mí, eso me lo dijo Alexis en el funeral y había mucha gente. Como a los 15 días de la muerte de Fanny él se fue del pueblo y nadie sabe dónde está”, dice la señora Dora Hernández, tía de Fanny.

Otra persona sospechosa del feminicidio de Fanny es Isacc Hernández Guillén, agente municipal de El Porvenir, que busca reelegirse como autoridad local. Hernández Guillén había amenazado a Fanny y ella presentó una denuncia contra él en julio de este año.

“Fanny recibió amenazas y ella me buscó para que la ayudara y yo le dije vamos a poner una demanda y fuimos a ponerla, pero las autoridades le mandaban citatorios al señor Hernández Guillén, pero a través de nosotras y eso nos exponía más a nosotras”.

El agente municipal acosaba sexualmente a Fanny y dos meses después ella apareció muerta.

A raíz de denunciar la falta de justicia, la señora Dora ha recibido amenazas por parte de Alexis y el agente Isaac Hernández habría solicitado la expulsión del pueblo de la señora Dora.

A los tres días del feminicidio la familia de Fanny se reunió con el fiscal Arturo Peimbert quien les habría prometido seguridad por las amenazas en su contra, pero a la fecha no lo ha cumplido.

A Fanny le sobrevive su hija de 6 meses de edad.

La Vicefiscalía Regional del Istmo notificó que inició la carpeta de investigación 31710/FIST/FMUJ-TEHUANTEPEC/2021 con perspectiva de género y tomando en cuentas las particularidades específicas de la víctima directa, así como de las víctimas indirectas para garantizar su seguridad y su pleno acceso a la justicia.

Informó a través de un comunicado que se analiza la actuación de los funcionarios de la Fiscalía de Oaxaca que han intervenido en el caso.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) señaló que realiza una investigación sobre el caso de Fanny a través de un equipo encabezado por la defensora Especializada en Equidad de Género y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, Itabico Cruz López.

De acuerdo con la organización feminista Ges Mujer, en septiembre fueron asesinadas en Oaxaca, 10 mujeres, entre ellas, Fanny.

*Con información de Diana Manzo

https://piedepagina.mx/familia-de-fanny-amenazada-y-sin-seguridad/

Pueblos Chontales denuncian que la Secretaría de Economía Federal litiga contra los pueblos originarios y a favor de empresas mineras (Oaxaca)

Página 3 / Pedro Matías.


Foto: cuartaplana.com

Autoridades agrarias y asamblea de los Pueblos Chontales para la defensa del territorio, denuncian una “estrategia de mala fe” de las empresas mineras y de la propia Secretaría de Economía.

Oaxaca, Oax.- A unas horas de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, resuelva los recursos de revisión 42/2021 y 43/2021 contra la concesión minera “Zapotitlán 1” y la Ley Minera, autoridades agrarias y la Asamblea del Pueblo Chontal para la defensa del territorio, denunciaron una “estrategia de mala fe” de las empresas mineras y de la propia Secretaría de Economía.

Tanto el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Zapotitlán, Silvio Nolasco Flores, como de la concejala de la asamblea del pueblo chontal para la defensa del territorio, Silvia Ramírez Nolasco, y Tequio Jurídico, advirtieron que las empresas mineras en litigio se desisten de la concesión para provocar que los juicios se caigan y luego atacan de nuevo solicitando nuevas concesiones.

Mientras que la Secretaría de Economía “sigue litigando contra los pueblos originarios en detrimento de sus derechos y favoreciendo a las empresas mineras”, contraviniendo lo que declara el presidente Andrés Manuel López Obrador, puntualizaron.

Araceli Olivos, coordinadora de la Vereda de Defensa Colectiva del Territorio en Tequio Jurídico, resaltó que el 28 de febrero de 2020, el Juez Cuarto de Distrito otorgó el amparo a toda la región chontal.

Pueblos chontales denuncian estrategia de mala fe contra empresas mineras

“El juez de amparo hizo algo histórico en los juicios contra la minería porque no había pasado antes en México donde no solo protegió a la comunidad que demandó a la Secretaría de Economía por haber otorgado la concesión minera 238447 denominada “Zapotitlán 1”, otorgada el 22 de septiembre de 2011 a Minera Zalamera, S.A. de C.V. por 50 años, sino que protegió a toda la región chontal”, resaltó.

Precisó que el 18 de diciembre de 2018 presentaron por escrito el amparo donde impugnaron dos actos de autoridad: 1. La existencia de la concesión minera 238447 denominada “Zapotitlán 1” y 2. La aplicación de la Ley Minera, por ser inconstitucional.

La comunidad de Santa María Zapotitlán, representada por las autoridades agrarias: Comisariado de Bienes comunales y Consejo de Vigilancia presentaron el amparo para defender sus derechos: A la libre determinación y autonomía, al territorio o a la propiedad territorial indígena, a la consulta indígena, previa, libre e informada y a la protección integral de las tierras comunales: tanto para asentamiento humano como para actividades productivas.

De igual forma, se pronunciaron por la igualdad y la no discriminación, así como a que se respete su forma de vida comunitaria y a practicar su propio desarrollo, con respeto a la Madre Tierra.

Fu el 20 de febrero de 2020 cuando el Juez Cuarto de Distrito dictó sentencia, sin embargo, justo un mes antes, en enero de 2020, la empresa se desistió de la concesión. La Secretaría de Economía la autorizó hasta agosto del mismo año.

Respecto a la impugnación que presentaron contra Ley Minera por ser inconstitucional, el Juez Cuarto dijo que “no atenta contra nuestros derechos colectivos”.

Ahora el asunto se encuentra en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, el cual tendrá que resolver los recursos de revisión 42/2021 y 43/2021 y la comunidad chontal espera que resuelva a favor de los pueblos indígenas.

La representante de Tequio Jurídico explicó que el juez de amparo reconoció el derecho colectivo al territorio y a protegerlo, incluso más allá de la comunidad de Zapotitlán, nombrando a todas las comunidades del pueblo chontal que pudieran verse afectadas por este tipo de proyectos extractivos como la minería.

Y ordenó a la Secretaría de Economía dejar sin efectos el título de concesión minera 238447, “Zapotitlán 1” y que se consulte a Santa María Zapotitlán y a todas las comunidades del Pueblo Chontal afectados por la concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, si están de acuerdo o no en aprobar el proyecto minero; sin presiones, pacíficamente y con el tiempo que consideremos suficiente.

También ordenó que las autoridades responsables hagan los estudios correspondientes para evaluar el impacto ambiental, social, espiritual y cultural, que el proyecto podría causar a las comunidades y pueblo chontal; que toda la información que se les proporcione sea comprensible en lengua chontal, así como en español.

Sin embargo, la comunidad de Santa María Zapotitlán y la Asamblea del Pueblo Chontal piden que la Ley Minera actual sea declarada inconstitucional porque representa una amenaza permanente para la vida de los pueblos indígenas, ya que viola sus derechos colectivos.

https://pagina3.mx/2021/11/pueblos-chontales-denuncian-litigio-a-favor-de-empresas-mineras/

Colima, estado donde se acumulan los desaparecidos

Foto: Diario Avanzada

Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (11/11/2021).- Colima es un pequeño estado de apenas 750 mil habitantes con grandes problemas de seguridad. La entidad no sólo padece la violencia homicida, también enfrenta una  grave crisis por la desaparición de personas.

En sus últimos datos, la Red de Personas Desaparecidas en el Estado señaló que los desaparecidos sumaban 1700, pero la cifra podría ser mayor por aquellos caso que no se denuncian antela Fiscalía del Estado.

Entre las personas desaparecidas en la entidad se encuentra el caso de José Aguiano Gaytán de 61 años de edad fue reportado como desaparecido el pasado 30 de octubre y desde ese día hasta la fecha no existe ninguna información para conocer su paradero.

Sus familiares reportaron que José fue visto el sábado 30 de octubre cuando salió de su domicilio a bordo del taxi número económico 5, del sitio Puerta de Hierro, que él mismo conducía.

Aunque ya existe una denuncia ante la Fiscalía General por el hecho, y los taxistas- amigos y conocidos de José- realizaron una brigada para localizarlo, no hay mayor información.

El 23 de abril de este año, tres mujeres, con domicilio en Quesería en Cuauhtémoc, desaparecieron cuando se dirigían a la población de Tonila en Jalisco. Desde esa fecha, nada se sabe sobre Lucía Trillo Rangel, de 23 años; Rosario Guadalupe Sánchez Pérez, de 24 años, y Liliana Lisbeth Martínez Flores, de 35 años.

En marzo de este año, Luis Arturo Romero Candia de 31 años de edad fue reportado como desaparecido y aún no se sabe nada sobre él.

El 15 de octubre 2021, en Jalipa, Manzanillo fue visto por última vez, Alejandro Flores Martínez de 24 años de edad, quien está reportado como desaparecido.

Mientras que, el pasado 1 de noviembre de 2021 fue vista por última vez en la Central  de los Rojos en la capital del estado, Gretel Rothfuss Mata de 36 años de edad. La mujer se encuentra en calidad de desaparecida.

En tanto, Jasson Adrián Fonseca Núñez fue reportado como desaparecido el 23 de abril de este año. El joven de 23 años de edad trabajaba en los municipios de Armería y Tecomán. Sus amigos y familiares iniciaron una campaña en redes sociales para solicitar información que permita encontrarlo

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=27871

Desaparece Irma Galindo Barrios, defensora mixteca del bosque en Oaxaca; Fiscalía emite alerta rosa

Redacción AN / Diana Manzo.

La ambientalista de 41 años de edad fue vista por última vez el pasado 27 de octubre en la comunidad de Mier y Terán en el municipio de Atatlahuca, en la Mixteca de Oaxaca.

La defensora del Bosque Ñuu Savi (Mixteca), Irma Galindo Barrios está desaparecida desde el 27 de octubre del 2021, informaron colectivos feministas y organizaciones sociales, quienes advirtieron que urge encontrarla para salvaguardar su vida, pues corre peligro por las denuncias que ha hecho contra los talamontes en su municipio, Atatlahuca, Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca emitió “alerta rosa” señalando que la ambientalista de 41 años de edad fue vista por última vez el pasado 27 de octubre, en la comunidad de Mier y Terán en el municipio de Atatlahuca, en la Mixteca de Oaxaca.

Irma es una mujer que mide 1.52 metros de estatura, tez morena, cara ovalada, frente chica, ceja regular, ojos medianos, nariz chata, boca grande y labios gruesos.

La Red de Defensoras de México informó que el 29 de octubre debía asistir a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Ciudad de México, pero nunca llegó. Desde el 2019, la ambientalista se resguarda por su cuenta, a pesar de que ya solicitó protección ante el Mecanismo de Protección para Defensores de DDHH y periodistas.

El 27 de octubre del 2021, Imra a través de sus redes sociales denunció el conflicto que vive su comunidad y señaló que el gobierno del Estado de Oaxaca lleva más de dos años “aplicando estrategias” entre las que se encuentran el desplazamiento forzado, “que vulneran a las y los habitantes defensores de Mier, Terán y Ndoyonuyuji”.

Irma lleva años denunciando hostigamiento

Desde 2018, Irma ha enfrentado intimidación por parte de personas servidoras públicas, así como hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte a raíz de su defensa de los bosques en el municipio de San Esteban Atatlahuca, Oaxaca, México, y a raíz de su denuncia de tala ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermarnat).

A pesar de estos antecedentes de múltiples agresiones, el análisis de riesgo de la defensora Irma fue calificado por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como “ordinario”, lo que significa que “puede esperar” y que “su vida no corre peligro”.

El 27 de octubre de 2019, Irma denunció en su muro de Facebook el clima de hostigamiento y persecución en su contra por parte del presidente municipal Heriberto Nicanor Alvaro Galindo y del comisariado Crescenciano Sandoval Quiroz.

El 10 de noviembre de 2019, fue incendiada su casa y desde ese momento se vio obligada a esconderse durante varios días. En la misma fecha fueron incendiadas alrededor de 10 casas más de su comunidad. Se responsabilizó de tales hechos al presidente municipal y a las autoridades comunitarias.

El 23 de octubre de este año de hubo ataques armados en los pueblos de San Esteban Atatlahuca que obligaron a cientos de personas a abandonar sus hogares, decenas de niñas, niños, mujeres y personas de la tercera edad a permanecer en un campamento improvisado en la comunidad de Mier Terán y Ndoyonuyuji.

Ante ello, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó la investigación y búsqueda de la defensora de derechos humanos Irma Galindo Barrios, quien fue reportada como desaparecida e inició el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/0012/TX/(25)/OAX/2021.

También solicitó a la Fiscalía General del Estado que como medida cautelar realice las labores de búsqueda de la ambientalista Irma Galindo con estricto apego a lo dispuesto por el “Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizadas”, a fin de garantizar una investigación técnica y eficaz.

La Defensoría pidió la colaboración a la Secretaría de Seguridad Pública para que instruya a directivos de todos los Reclusorios Regionales en el estado para que indiquen si en algunos de los centros se encuentra la defensora de derechos humanos Irma Galindo Barrios, y en caso de ser afirmativo, indique el motivo de su internamiento.

Al igual, este órgano defensor pidió la colaboración de la Secretaría de Salud de Oaxaca para que informe si en algún nosocomio o centro de salud de la entidad admitió o se encuentra recibiendo atención médica la defensora de derechos humanos.

Por último, la DDHPO insistió en que las personas defensoras de derechos humanos son esenciales, pues con su labor dan voz a grupos históricamente invisibilizados, lo que provoca que se enfrenten a situaciones de riesgo debido a los intereses políticos y económicos que enfrentan.

https://aristeguinoticias.com/1111/mexico/desaparece-irma-galindo-barrios-defensora-mixteca-del-bosque-en-oaxaca-fiscalia-emite-alerta-rosa/

El lavado verde de Iberdrola desde el Istmo hasta Glasgow (Oaxaca)

Avispa Midia / Samantha Demby.

Más de una docena de rostros blancos recorren sin esfuerzo las laderas escocesas en bicicletas eléctricas de alta gama. Sus uniformes, una paleta de tonos verdes, llevan el logotipo del gigante energético español Iberdrola, junto al emblema de la Conferencia de las Naciones Unidas, comúnmente conocida como la COP, que se celebra actualmente en Glasgow (Reino Unido) hasta el 12 de noviembre.

Cada año, Iberdrola organiza la rodada a la COP para “concienciar en la lucha contra el cambio climático”, según la propia ONU. Este mes la empresa multinacional anuncia en tuits decorados con corazones verdes y emojis de bicicletas: “Lideramos la lucha contra la #EmergenciaClimática con las #renovables, pero no es suficiente: ¡TODOS debemos acelerar la transición energética!”. Con el objetivo declarado de hacerlo, Iberdrola patrocina a sus empleados de alto nivel, junto con representantes de la ONU y otras instituciones ambientales influyentes, para que acudan a la COP 26 en bicicleta eléctrica para entregar un “manifiesto para la acción climática”.

Iberdrola proyecta una imagen de empresa líder en energías renovables. La asociación de la empresa con la ONU contribuye en gran medida a esta imagen.

La filial de Iberdrola, Scottish Power, es un “socio principal” de la COP 26. Durante la conferencia, el Grupo Iberdrola organiza eventos con actores clave en la toma de decisiones en torno a la crisis climática, como el gobierno británico, el país anfitrión de la conferencia este año. Además, el “Auditorio Scottish Power” es la sede de “sesiones interactivas” organizadas con instituciones como el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD). Finalmente, Iberdrola cuenta con una caseta en la “Zona Verde” de la COP 26, donde visibiliza su propio “liderazgo climático”.

Lejos de la pompa verde de Glasgow, en México, casi el 90% de la energía que produce Iberdrola no es renovable. De un total de 10.511 megavatios generados por la empresa en el país, 9.146 proceden de 12 centrales de ciclo combinado, mientras 4 plantas de cogeneración producen otros 202 MW. En cuanto a las energía renovables, Iberdrola – que ha jugado un papel destacado en el sector energético del país desde los 1990 – opera 7 parques eólicos con una capacidad total de 693 MW, además de 3 parques fotovoltaicos capaces de producir 470 MW, lo que supone una producción total de 1.163 MW en energías renovables.

Defensoras indígenas denuncian a Iberdrola

De los 7 parques eólicos de la empresa en México, 4 se encuentran en la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, donde el aprovechamiento de las intensas ráfagas de viento por empresas como Iberdrola ha provocado intensos conflictos territoriales.

El 4 de noviembre, un par de días antes de que la rodada de Iberdrola partiera de Edimburgo hacia Glasgow, defensoras y defensores indígenas se concentraron frente a las oficinas de la empresa en la Ciudad de México para denunciar “el engaño, el despojo, la destrucción y la contaminación” ocasionados por Iberdrola.

En el marco del día de acción contra el lavado verde, convocado por el Encuentro de los Pueblos que se celebra paralelamente a la COP 26 en Glasgow, integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT), la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura y del Congreso Nacional Indígena precisaron en un comunicado que las “Soluciones Basadas en la Naturaleza”, así como “las supuestas ‘energías limpias’ como los parques eólicos y fotovoltaicos también despojan, contaminan y matan la tierra fértil, lo mismo que explotan y desplazan a los pueblos.”

Usando un megáfono para tapar el sonido de los coches que pasaban por la autopista, una miembra de la APIDTT leyó una carta que se entregó a los directores de la empresa, en la que se expresa “nuestra indignación porque empresas trasnacionales como Iberdrola y su filial Scottish Power, responsables de tales delitos en contra de los pueblos en México…sean los socios principales de la Organización de las Naciones Unidas-ONU en la Cumbre Climática Mundial COP 26.”

En el Istmo, Iberdrola actualmente opera 4 parques eólicos: Bii Nee Stipa en el Espinal; Dos Arbolitos en Juchitán; PEM (Parques Ecológicos de México), antes conocido como La Ventosa, en Juchitán; y el Parque Eólico La Venta III en Santo Domingo Ingenio. Desde que Iberdrola comenzó a operar en la región, ha sido acusada de corrupción, falta de transparencia y graves impactos ambientales y sociales.

Como documenta el investigador Luis Miguel Uharte Pozas: “En los proyectos eólicos que Iberdrola tiene en Oaxaca…los testimonios recogidos en el marco de nuestra investigación indican que Iberdrola sobornó a las autoridades municipales para que convencieran a los ejidatarios de alquilar sus tierras para instalar los molinos de la empresa.”

Uharte Pozas agrega: “La Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (2011) tiene registradas diversas denuncias contra ‘el representante en la región de Iberdrola’ por haber intimidado y amedrentado a los ejidatarios del parque La Venta III. En el parque de La Ventosa, también gestionado por Iberdrola, el proceso fue muy similar, según testimonios de habitantes del municipio.”

Los impactos ambientales de los parques eólicos están bien documentados. Un ejemplo que atañe a Iberdrola es la muerte de unas 3 mil 900 aves y 6 mil murciélagos al año como consecuencia de la colisión con las turbinas del parque eólico La Venta II, en el que Iberdrola participó. Al mismo tiempo, en la COP 26 la multinacional promueve actos con su socio Birdlife International, una mega-asociación de grandes organizaciones de conversación dedicada a la protección de las aves.

A estas acusaciones se suma la evidencia de las puertas giratorias que han existido entre Iberdrola y el gobierno mexicano durante décadas, como documenta el informe “La insolación mexicana de Iberdrola” (2020). Por ejemplo, hasta 2015, el presidente de la filial mexicana de Iberdrola fue Herminio Blanco Mendoza, jefe negociador del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) y ex-Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994 – 2000). Entre 2016 y 2019, el ex presidente mexicano Felipe Calderón (2006 – 2012) – cuyo sexenio dio lugar a la adjudicación de varios contratos para Iberdrola – se desempeñó como consejero independiente de Avangrid, la filial estadounidense de la empresa.

COP 26: Plataforma para el lavado verde

Mientras la COP 26 llega a su fin este viernes, los activistas indígenas y medioambientales siguen denunciando que la conferencia es una plataforma para las estrategias de lavado verde de empresas contaminantes como Iberdrola.

Como resume la destacada activista climática Greta Thunberg: “Los líderes no se están quedando de brazos cruzados, sino que están creando activamente lagunas y configurando marcos para beneficiarse a sí mismos y seguir sacando provecho de este sistema destructivo”.

Las y los defensores del territorio tampoco se quedan de brazos cruzados. Más allá de manifestarse en contra de Iberdrola y sus socios en la ONU y en la COP, buscan generar salidas alternativas a la crisis climática. Como dicen los propios pueblos en su carta a los directores de Iberdrola, “soluciones reales y verdaderas (…) apegadas a la Naturaleza y en defensa de la Vida.”

https://avispa.org/el-lavado-verde-de-iberdrola-desde-el-istmo-hasta-glasgow/

Con marcha, retoman lucha contra mina a cielo abierto en Dolores Hidalgo (Guanajuato)

por Alfonsina Avila
noviembre 10, 2021, Zona Franca

Guanajuato. Organizaciones y ciudadanos convocan a una manifestación para el 21 de noviembre para defender el territorio y evitar la instalación de una mina a cielo abierto en el Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo, por parte de la empresa canadiense Argonaut Gold.

La empresa ha buscado a toda costa instalarse, aún sin el consentimiento de la comunidad y sin los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el cambio de uso suelo del municipio.

Así lo expuso Rocío Montaño, integrante del movimiento social contra la minería a cielo abierto y el extractivismo del agua en la Cuenca de la Independencia.

La activista indicó que la marcha será el domingo 21 de noviembre a las 10:00 de mañana y partirá del Monumento de los Héroes de la Independencia e irá al jardín principal del municipio.

Afirmó que el movimiento social es contra la mina a cielo abierto y la extracción del agua en la Cuenca de la Independencia.

Foto: Especial

Recordó que si bien en noviembre del año pasado la Semarnat bateó la solicitud de la empresa, ahora siguen insistiendo para llegar al municipio, atender los daños ecológicos en el municipio y la Cuenca de la Independencia.

El movimiento social contra la minería a cielo abierto y extractivismo del agua en la Cuenca de la Independencia ha señalado con preocupación del acercamiento de la empresa canadiense con el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Foto: Especial

“El gobernador ha agradecido a la empresa del desarrollo económico que trae al estado, y también salió una nota que la Secretaría de Educación y la empresa están regalando útiles escolares en las comunidades aledañas. La empresa está convenciendo para decir que traerá desarrollo económico y beneficios al municipio, y ha dado donativos a la Cruz Roja”.

Ahora con la nueva administración que encabeza Adrián Hernández, la activista dijo que tuvieron una reunión con el Ayuntamiento de Dolores Hidalgo y se expuso que la Cuenca de la Independencia sea un lugar libre de la minería a cielo abierto.

“Buscamos con la marcha visibilizar el problema y sobre todo que más personas se enteren de la problemática y se sumen”.

Rocío Montaño recordó que la empresa ya tiene ocho concesiones de pozos, y no se sabe a cuántos metros están perforados, pero las condiciones de las comunidades afectarán la salud y medio ambiente de los dolorenses.

https://zonafranca.mx/politica-sociedad/ecologia/con-marcha-retoman-lucha-contra-mina-a-cielo-abierto-en-dolores-hidalgo/

Territorios, últimas “Por defender nuestro bosque nos quemaron nuestras casas”: habitantes de Atatlahuca, Oaxaca

Pié de Página / Texto y fotos: Diana Manzo (IstmoPress)*

Cuatro personas desaparecidas y 152 casas quemadas es el saldo del ataque que recibió la comunidad Guerrero Grande, en el municipio de Atatlahuaca, Oaxaca, por personas dedicadas a la tala ilegal. Las familias que defienden el bosque permanecen desplazadas.

GUERRERO GRANDE, OAXACA.- Los niños corren y juegan mientras ellas elaboran tortillas a mano para el desayuno, aquí se refugian personas desplazadas.

“Por defender nuestro bosque nos quemaron nuestras casas”, cuenta María García García, una mujer de 43 años de edad que desde el 23 de octubre del 2021 huyó de su comunidad de Guerrero Grande del municipio de Atatlahuaca, Oaxaca, cuando su casa quedó en cenizas y su vida corría peligro, porque un grupo de personas que viven del tráfico de madera ingresaron a su pueblo para violentarlos.

“Nosotros los niños exigimos” es la leyenda de un cartel tapizado con cartas y dibujos de menores de edad que viven desplazados y exigen volver a sus hogares sanos y salvos.

“Me corrieron a balazos, destruyeron mi comunidad, salí lejos de mi pueblo, y me quemaron todas mis cosas y las de mi familia, nos quedamos sin nada”, dice la carta de un niño mixteco que vive desplazado en un refugio temporal de Tlaxiaco, que acompaña el Centro de Derechos Humanos y Asesoría de los Pueblos indígenas (CEDHAPI, AC).


Dibujo realizado por uno de los niños de la comunidad agredida.

A dos horas y media de Tlaxiaco, Oaxaca, y a ocho horas de la capital oaxaqueña, atravesando un camino terracero cubierto de colinas verdes que forman el Cerro del Ratón y el llano de oyameles considerados el pulmón de la mixteca de Oaxaca, está ubicada la comunidad de Guerrero Grande, donde viven 250 habitantes. Junto con las comunidades de Mier y Terán y Ndoyonoyuji defienden su territorio de la tala clandestina. Ahí también hay 152 casas quemadas y desplazados.

En esta zona habitan indígenas Ñuu Savi (mixtecos). Atatlahuca significa ”Tierra colorada entre dos ríos” – Independencia y Morelos- y anualmente realizan festividades en honor a San Esteban. La celebración de Día de Muertos es sagrada y acuden a los panteones. Sin embargo, por esta violencia que viven en este año no hubo celebración a los Fieles difuntos.

El municipio de Atatlahuaca, Oaxaca, está dividido por 9 agencias municipales, de las cuales Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuji se han opuesto a la tala clandestina en 2 mil 640 hectáreas de bosque, que aseguran ejerce el presidente municipal Rogelio Bautista Barrios y al comisariado ejidal Eulogio Alvarado. La comunidad denuncia que esta última persona es la causante de la violencia que ahora viven.

Entre las personas perseguidas y amenazadas está Irma Galindo, defensora mixteca del bosque y originaria de Atatlahuca. Ella alertó hace un año del conflicto interno que viven estas tres comunidades por la defensa del bosque. Fue una de las primeras víctimas de la violencia, en noviembre del 2019, cuando su casa fue incendiada. Desde entonces vive desplazada como lo compartió en el reportaje “Defensores bajo ataque”.

Un automóvil blanco con impactos de bala da la bienvenida a Guerrero Grande. El coche está ubicado sobre el camino en una posición de declive, fue vandalizado y abandonado en el lugar por los violentadores.

“Traían el rostro cubierto, vaciaron la casa, se llevaron mi auto, quemaron todo y se llevaron a mis dos hijos Miguel y Donato Bautista Avendaño, están desaparecidos,” narra Jerónima Avendaño Sandoval de 73 años de edad.

Ella se dedica al cultivo de pera, manzana y maíz. Quedó sin hogar y ahora vive con su hija, lo único que exige es justicia y que los responsables paguen por la desaparición de sus dos hijos.

“El 18 de octubre recibí una llamada telefónica donde me decían que matarían a mis hermanos y que quemaran todo, no lo creí, pero le avisé a mi familia, y mira, ahora lo que pasó, mis dos hermanos están desaparecidos, exigimos justicia”, denunció Alejandrina Bautista, hermana de los desaparecidos.

Conforme se avanza en el camino, aparecen los restos de viviendas calcinadas. “Esta gente llegó y arrasó con todo, tuvimos que refugiarnos como pudimos”, explican las familias que perdieron todo y que han declarado su testimonio ante las autoridades de justicia como la Vicefiscalía de la región de la mixteca.

El único cibercafé de la comunidad también quedó en cenizas. El dueño expresó que con esta acción violenta la educación de 150 estudiantes que se conectaban todos los días para tomar sus clases a distancia. Desde que eso ocurrió, él y la comunidad desconocen cómo y cuándo se repararán los daños.

“Hay viviendas de 50, 80 y hasta de 3 millones de pesos que se calcinaron, está gente tenía la intención de desplazarnos y adueñarse de nuestras tierras, y eso es algo que no vamos a permitir, vamos a defender nuestro bosque y nuestro territorio hasta las últimas consecuencias”, explicó uno de los afectados.

La capilla principal de la comunidad hoy funciona como refugio. Ahí entre todos se organizan para elaborar sus alimentos, y tienen la protección de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones.

El agente municipal de Guerrero Grande, Juan Gabriel Hernández García, informó que 112 viviendas fueron quemadas y quedaron calcinadas, lo que equivale a un 70 por ciento de la comunidad, y más de 100 personas están desplazadas en diversos refugios improvisados, el más alejado está en Tlaxiaco, Oaxaca.

“Nosotros lo único que pedimos es justicia por toda esta atrocidad que hemos pasado, y que nos reconozcan las 2 mil 640 hectáreas de bosque que hemos cuidado y protegido de la tala que encabezan las autoridades locales y agrarias, no estamos peleando otra cosa que nuestros bienes naturales, no queremos que se mueran, pero por eso nos han desplazado”, externó.

Asimismo, señaló que una de las demandas principales son los recursos municipales, ramo 28 y 33 que el presidente municipal no les otorga. “Nos construyeron una cancha y nos dijeron eso cuesta un millón 200 mil pesos, y ahí está lo que les tocaba en este 2021, así nos traen”.

Los afectados hicieron un llamado a los organismos internacionales a manifestarse respecto a la violencia que viven. Hasta el momento la CNDH no se ha pronunciado sobre esta violencia y desplazamiento que viven los defensores comunitarios.

Magdiel Hernández Caballero, activista especializado de la defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, señaló que lo que viven las tres comunidades de Atatlahuca es una situación que se dio por la defensa del bosque, posteriormente un tema agrario por disputa de tierras, y también la exigencia de recursos del ramo federal 28 y 33, y finalmente social en la violacion a los derechos a la educación, vivienda y salud.

Por su parte, Maurilio Santiago, activista de los derechos humanos de la CEDHAPI señaló que son cientos de personas indígenas mixtecas afectadas por la violencia de la zona.

“Eso que ocurrió en estas tres comunidades parece un sitio de guerra, casas quemadas, cuatro personas desaparecidas, y varios desplazados, lo que nos indica que la violencia está fea en la zona, lo que estamos haciendo es brindar acompañamiento, ya hay denuncias y exigimos se haga una investigación exhaustiva para dar con los responsables”.
Maurilio Santiago, activista.

La síndica municipal de Atatlahuca, Maribel Velasco García dijo que la violencia en la zona la ha “sembrado” el Frente de Resistencia Indígena de Juxtlahuaca (FRIJ) y que en nada tiene que ver la autoridad local.

“Las mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad son los más vulnerables al ataque, ya lo hemos denunciado y exigimos protección, porque nos han amenazado”, señaló.

Sobre este tema, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que se iniciaron carpetas de investigación por la desaparición de cuatro persona por la violencia que hay en las tres comunidades y el 25 de octubre de 2021 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron el levantamiento del cuerpo sin vida de una persona localizado en el paraje Shinitoo, de la Agencia de Ndoyonuyuji, por el que se abrió la carpeta de investigación 35213/FMIX/TLAXIACO/ 2021 por el delito de homicidio.

De acuerdo a un análisis realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , en el mundo son 82 millones de personas desplazadas forzadamente, lo que equivale a un aumento del 4 por ciento sobre el 2019.

En su informe 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) informó que 16 ambientalistas fueron asesinados en México y que en ese mismo año hubo alrededor de 90 agresiones contra activistas en 65 ataques distintos.

*Este trabajo fue realizado por ISTMO PRESS, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

https://piedepagina.mx/por-defender-nuestro-bosque-nos-quemaron-nuestras-casas-habitantes-de-atatlahuca-oaxaca/

MÉXICO: Puente comercial del mundo arrasará con los pueblos y la biodiversidad (Oaxaca)

Avispa Midia / Textos y Fotos: Santiago Navarro F.

Roque Antonio Santiago es un indígena zapoteco que tiene más de 80 años de edad y vive en la comunidad de San Pedro Comitancillo, al sur de México. Escarbando entre sus recuerdos rememora muy bien el año 1958. En aquella época, él era estudiante de la Escuela Normal Rural que había en su localidad, donde se formó como profesor. Estas escuelas, creadas entre los años 1934-1940 por el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, eran una de las pocas opciones para los indígenas y campesinos que querían estudiar un nivel superior. “Fue lo más importante para nuestra comunidad”, cuenta Roque con cierta nostalgia, al ver que el gobierno ha cerrado la mayoría de estas instituciones, incluyendo la de su zona.

Además de esa escuela, otro recuerdo de este campesino es el tren, “porque fue un medio de transporte para los estudiantes y para los habitantes de las comunidades que transportaban su totopo (tortilla de maíz crujiente)”, dice Roque.

Este ferrocarril que conectaba el océano Pacífico con el Atlántico tuvo su apogeo entre 1899 y 1915, hasta que se vino en picada con la construcción del canal de Panamá. En su punto más álgido “llegó a cruzar alrededor de 60 trenes diariamente”, dice Jaime Torres Fragoso, investigador de la Universidad del Istmo. Por esta ruta, añade, pasaban las tropas y pertrechos militares de los Estados Unidos. También el azúcar y el petróleo que tenían como destino la costa Este estadounidense.

Sesenta y tres años después de donde se desprenden los pedazos de recuerdos de Roque, las vías del tren están siendo habilitadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El objetivo es convertir a esta región en el puente comercial del mundo, a través de la modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).

Una de las cuatro Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), elaborada por la empresa paraestatal FIT, indica que el ferrocarril absorberá parte de los contenedores que cruzan por el canal de Panamá, los cuales, “sumado a los 10 días que deben esperar para que llegue su turno para pasar, tardan aproximadamente nueve horas en atravesar el canal. En cambio, en el FIT realizarán su recorrido en menos de cuatro horas”, es decir, menos de la mitad del tiempo requerido en Panamá.

Por otra parte, en 2018, el Estudio de Demanda de Carga para la Zona de Influencia de las vías del sureste, desarrollado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), identificó que en esta franja de tierra de un poco más de 200 km que separan al Golfo de México con el océano Pacífico, “existe una demanda potencial de 5 millones 600 mil toneladas anuales que ya se mueven por la carretera transístmica” y, también, “pueden ser captadas por la Línea Z”, como se le denomina a la vía del FIT.

Dicha modernización no cabe en la imaginación del indígena Roque. Él no sabe que forma parte de un proyecto más amplio de reordenamiento de todo el Istmo, llamado Corredor Multimodal Interoceánico (CMI). “La modernización del FIT será la primera acción a ser desarrollada dentro de un marco estratégico y actuará como elemento catalizador del resto de proyectos de modernización y desarrollo del CMI. En este esquema, se contempla que el FIT, a partir de 2023, comience a transportar las mercancías que llegan a tierra firme (en los puertos) después de haber sido movilizadas por cualquiera de ambos océanos”, según la MIA.

Un ferrocarril que impactará muchas vidas

Los principales pueblos originarios afectados son 12: los zapotecos o binniza; mixe o ayuuk; náhuatl; popoluca; huave o ikjots; chontal o lajl pima; chinanteco o tsa ju jni; mixteco o ñusavi; zoque chimas o angpon; mazateco o shuta enima; tzotzil y barreños.

Estos pueblos se encuentran distribuidos en los 79 municipios que recorrerá el ferrocarril. Y se considera que los impactos que tendrán serán severos, porque se convertirán en ciudades industriales. Además, sumada a la reactivación del FIT, se contempla más “infraestructura, carreteras, gasoductos, ampliación y modernización de aeropuertos, fibra óptica”, pero, sobre todo, “se irán desarrollando polos urbanos”, indica Rafael Marín Mollinedo, director del organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

La investigadora Ana Esther Ceceña, del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, resalta que desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se propuso que, esta región, con el programa llamado Plan Puebla Panamá (PPP), se reconfiguraría con infraestructura vial, comunicaciones, puertos y polos industriales y con el sector manofacturero, conocido coloquialmente como maquilador. “El Istmo sería un corredor maquilador e industrial que competiría con China, ofreciendo bajos salarios, incluso más bajos que el país asiático. Será una región donde los indígenas dejarán de cultivar sus tierras ancestrales para convertirse en obreros”, asevera Ceceña.

Las vías del ferrocarril cruzan entre los estados de Oaxaca y Veracruz, una zona altamente productiva, en la que destaca el sistema ancestral de cultivo conocido como milpa, en el que siembran maíz, frijol y calabaza. También, predomina el café, arroz, caña de azúcar, piña, plátano, cacao, mango, tamarindo, naranja, papaya y limón.

Además, en la parte central del Istmo existe una alta biodiversidad, pues ahí confluyen la Sierra Madre de Oaxaca, la Sierra Madre del Sur y la Sierra Atravesada.

De acuerdo con el informe El Istmo de Tehuantepec en Riesgo, presentado el pasado mes de marzo por el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, en la Sierra Atravesada resalta la selva de los Chimalapas, “definida como prioritaria por su gran extensión (594 mil hectáreas) y por presentar una de las masas forestales más extensas de América, con un elevado índice de especies endémicas”, es decir, únicas de este lugar, como las más de 20 especies de cícadas (de los géneros de Dioon y Ceratozamia), identificadas por la investigadora Silvia Salas Morales. Estas cícadas son plantas cuyas hojas semejan las frondas de las palmas, dispuestas en roseta. También resaltan más de seis orquídeas, como la Mexipedium.

La Selva Zoque, que incluye la Sierra Atravesada en Oaxaca hasta la Sierra Madre de Chiapas, es la segunda región de mayor conservación de selvas y bosques en el norte de Mesoamérica. “Tan sólo entre las especies de reptiles que se han encontrado en esta zona, el 23% son endémicas”, según el estudio llamado Mamíferos de la Selva Zoque, México: riqueza, uso y conservación, presentado en 2012 por la Revista de Biología Tropical.

No obstante, sostiene la bióloga Patricia Mora, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), “mientras avanza la remodelación de esta ruta comercial, también viene fracturando el tejido comunitario y la biodiversidad”.

La bióloga Mora sostiene que “los primeros impactos hacia el medio ambiente y el tejido comunal comenzó con la implementación de más de 28 parques para la generación de energía eólica en la región”, refiriéndose a más de cinco mil aerogeneradores que se han desplegado, desde el año 2000, en diversas partes de la región del Istmo.


Campesino acorralado por los aerogeneradores.
Foto: Santiago Navarro F.

Además de los parques eólicos, se han edificado líneas de alta tensión por doquier y una red de carreteras para el flujo de mercancías, lo cual “ha afectado el sistema milpa de las comunidades y su soberanía alimentaria”, advierte la bióloga Mora. Estos proyectos han sido la primera fase de esta reorganización en el Istmo que, con el tren interoceánico, vienen cambiando de forma acelerada la cotidianidad de los pueblos indígenas de la región.

Un tren cada 17 minutos

En agosto de 2019, en la ciudad de Oaxaca se realizó el evento “Hacia un Sur-Sureste del futuro: una nueva etapa de desarrollo de industrialización socialmente incluyente”, en el que participó el actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Durante esa actividad, Rafael Marín, director del CIIT sostuvo que las proyecciones para el FIT son “movilizar anualmente 31,111 trenes de 45 vagones al año; 85 trenes diarios; uno cada 17 minutos. Y esta demanda estará muy por encima de los 60 trenes que corrían diariamente en la década de 1907”.

Actualmente, esta red ferroviaria cuenta solo con una vía y, con la remodelación, “se pretende convertirla en doble, lo que demandará un área mayor de la destinada para ello”, siendo uno de los principales objetivos “que el tren alcance velocidades de 160 km/h”, asevera el documento El Istmo de Tehuantepec en Riesgo.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó, entre junio de 2019 y mayo de 2020, la MIA de cuatro obras fragmentadas, referentes a la rehabilitación de vía férrea por tramos y de trazo de la vía del tren, pero en ninguna contempla la contaminación acústica, uno de los principales impactos que provocará la circulación del ferrocarril que cruzará cada 17 minutos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibelios (dB). En concreto, dicho ruido se vuelve dañino si supera los 75 dB y doloroso a partir de los 120 db. El límite establecido para el ferrocarril en la Unión Europea es de 70 decibelios. Contrario a esto, la normatividad mexicana, permite hasta 96 decibelios en el dispositivo de aviso audible (silbato) de cada locomotora y el mismo límite en las cabinas, pero no contempla el ruido que genera el cruce del ferrocarril por poblaciones indígenas.

Un megaproyecto que correrá a gran velocidad

La información solicitada a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coincide con las MIA asegurando que, el FIT, “será hasta 50% más rápido que la opción que ofrece el canal de Panamá para cruzar ambos océanos”. Para lograrlo se corregirá la curvatura y pendiente en 202.97 km, la longitud de la Línea Z (como se le conoce a esta vía férrea).

En la MIA del FIT se justifica la remodelación porque revivirá la vieja ruta comercial que había dejado de funcionar tras un fuerte deterioro provocado por los conflictos sociales y económicos en el contexto de la revolución mexicana en 1910. Esto “permitirá aumentar su velocidad y absorber el flujo de carga que actualmente se mueve por medio de camiones, así como la producción que se generará en los nuevos complejos industriales”, reza el documento del FIT.

Otro dato relevante es que anualmente, entre ambos puertos, se prevé circularán al menos 1 millón 400 mil contenedores normalizados de 20 pies (6.1 metros cada uno); una caja metálica de tamaño estandarizado en la que se trasportan las mercancías o carga en general. Estas cajas mejor conocidas como TEU (Unidad Equivalente a Veinte Pies, en español), pueden ser transferidas fácilmente entre las embarcaciones o buques, hacia los trenes o camiones.

Sin embargo, el flujo de carga del ferrocarril podría ser mucho más elevado de lo que se ha proyectado. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación requirió realizar un nuevo análisis de este aspecto, contemplando “los escenarios de la reconfiguración de la región del Istmo de Tehuantepec con la creación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (parques industriales) y el conjunto de proyectos contemplados dentro del Corredor Interoceánico”, asevera la Auditoría de Desempeño de 2019.

Roque, al igual que sus paisanos, piensa que el tren será parecido al de sus recuerdos. Pero, comparado con el tren de esa época, no va a trasladar gente con sus totopos y artesanías. El FIT será una bestia que diariamente transportará miles de toneladas de cargamento las 24 horas del día.

Recuerdos de Roque Antonio Santiago.

De acuerdo con la información solicitada sobre la capacidad y número de vagones que circularán por el ferrocarril, Carolina Medina Laguna, Titular de la Unidad Administrativa del FIT, se limitó a indicar vía correo electrónico: “el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. no cuenta con equipo rodante”, es decir, esta empresa, de participación estatal mayoritaria, solo es dueña de la vía, pero no de los ferrocarriles que trasladarán a las personas y las mercancías.

Lo que sí comentó Medina es que las unidades que actualmente transitan por una fracción de las líneas del FIT “son propiedad de otros concesionarios y/o usuarios”. Esto ya lo había sostenido el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador al anunciar que los gobiernos que le antecedieron privatizaron el sector ferroviario y que, es parte de “los saldos de la política neoliberal”.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, desde el año 1998, al menos 22,130 kilómetros de vía férreas, 84% de la red mexicana, estaban concesionadas al sector privado, una suerte que también correrá el FIT.


Tramo remodelado de vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
Foto: Santiago Navarro F.

Para la investigadora Ceceña, “el Istmo de Tehuantepec se convertirá en un permanente corredor de flujo de contenedores, que marcará una especie de cinturón de traslado de mercancías, el cual cortará al país en dos, con fuertes afectaciones, sobre todo, en los pueblos originarios que lo habitan”, además, advierte la académica, “esta reconfiguración del Istmo también es una amenaza a la flora y la fauna con la cual conviven los pueblos”.

El informe El Istmo de Tehuantepec en Riesgo, donde participó Ceceña, con nueve investigadores más, también alerta que “el Tren Transístmico y los polos de desarrollo que le acompañan, marcadamente bajo la figura de parques industriales, también se convertirán en un muro de las diásporas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Son una amenaza de arrasamiento cultural, ambiental y físico del hábitat y del modo de vida de sus pobladores, que conducirá a un proceso de extinción que se resisten a admitir”.

A Perseida Tenorio, indígena zapoteca, de Asunción Ixtaltepec, le llena de incertidumbre la reconfiguración que se está dando en esta región y que se perfila como una próxima gran urbanidad industrial. “En mi pueblo quieren instalar un parque metalúrgico, y eso, sabemos la cantidad de agua que van a ocupar. Nos van a dejar sin agua y me preocupan nuestros alimentos. ¿Qué tipo de vida vamos a tener en nuestras comunidades? Hay quienes ya estamos pensando en migrar a otro lugar”, agrega.

El escenario en la vida de los pueblos originarios será de grandes dimensiones porque, “cambiará su dinámica cotidiana al estar insertados a un nuevo contexto, al ritmo que exige una ciudad industrial. Van a tener que lidiar con la polución, con los desechos, con la movilidad de los camiones y el flujo de mercancías. Va a cambiar todo. Va a cambiar la vida de los pueblos y también la biodiversidad”, agrega la bióloga Mora.

Lo que nuestros abuelos no ven, afirma Perseida, es que “estos proyectos nos vienen quitando todo: el aire, el agua, la tierra, la alimentación, la lengua. Vienen fracturando todo”, y alerta, “si no hacemos nada ahora, va a ser eso, van a ser historias de qué era el Istmo, porque no quedará nada, ni de la cultura, ni las tradiciones. Vamos a desaparecer como pueblos originarios. Seremos como esas ciudades industriales donde nadie se conoce ni nadie se habla. Llenas de cárteles de la droga, con la juventud despedazada por la drogadicción, van a denigrar nuestra vida y nuestro territorio, se acabará la diversidad natural y cultural del Istmo”.

En algunas comunidades del Istmo resguardan vestigios milenarios, como la comunidad de Ixtaltepéc, ahí se ubica, en la zona conocida como Cerro Blanco, un sitio ceremonial con pinturas rupestres de más de dos mil años. “Se pensaba que ahí se originaba la vida, por eso se hacen ofrendas. Si no luchamos ahora, nuestra memoria y nuestra historia podría desaparecer. Si eso pasa, también vamos a desaparecer como pueblos originarios”, coincide la indígena zapoteca Victoria Guzmán.

Lo más preocupante es el flujo de capitales que se atraerá con los parques industriales, porque el Istmo es una posición geopolítica muy importante para el mercado mundial, además, porque “en el siglo XX el mercado fluyó por el Atlántico y a finales de este siglo se ha trasladado hacia el Pacífico. Por ello el Istmo es una región en disputa, principalmente, entre Estados Unidos y China”, destaca Ceceña.

La investigadora Ceceña asegura que Estados Unidos sigue siendo un país con mucho poder y está en constante competencia con China. De tal modo que la disputa se trasladará a la región geoestratégica del Istmo de Tehuantepec. Un objetivo es la mano de obra barata que ofrece la región, pero también la migración centroamericana que nutrirá los parques industriales. “El Istmo también fungirá como un muro de contención de la migración y absorberá la mano de obra para estos parques industriales”, afirma la investigadora.

Esta región es de vital importancia para los Estados Unidos, ya que por esta ruta cruzan las mercancías y materias primas que tienen como destino la costa Este. “Es ahí donde se genera el 40% de su riqueza económica (de EEUU). Pero esta costa tiene un problema, ya no está bien ubicada geográficamente. Le había servido el canal de Panamá para hacer el traslado de mercancías, petróleo y pertrechos militares. Pero esta vía está cada vez más saturada y no tiene capacidad para mover el actual volumen mundial de mercancías”, explica la académica Ceceña.

El 80% del comercio mundial se mueve por el mar, entonces, “el Istmo de Tehuantepec es esa pieza clave para resolver el problema en el sentido de la competencia entre el flujo de mercancías”, asevera Ceceña.

Antecedentes de la reconfiguración del territorio

El viejo sueño de conectar al Golfo de México con el océano Pacífico data del año 1800 con el Tratado de McLane-Ocampo, “donde la parte mexicana cedía a perpetuidad, y con toda libertad, los derechos a Estados Unidos para transportar bienes, tropas, pertrechos militares y gente”, aunque nunca fue ratificado, sí definió “la geopolítica estadunidense en la parte de Las Américas que va de Panamá hasta Canadá”, puntualiza la MIA del FIT.

Desde 1800 ha habido diversos intentos por crear las condiciones para lo que sería el puente comercial más importante del mundo. Uno de ellos ocurrió en un contexto que se presentó con aires de cambio en México, en el año 2001, durante el gobierno de Vicente Fox. Él impulsó el “Programa Integral de Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec”, con el llamado “Plan Puebla Panamá (PPP)”, un acuerdo signado por nueve entidades federativas del sur de México y los gobiernos de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá.

El viejo plan de reorganizar el sur de México y el resto de Centroamérica también viene acompañado de programas de seguridad, como la llamada Iniciativa Mérida que, con el objetivo de contrarrestar el tráfico de drogas y armas, Estados Unidos financió un paquete de “ayuda militar” para México y Centroamérica. Tan solo para México, desde 2008 hasta 2021, “el gobierno estadounidense ha asignado más de 3,300 millones de dólares”, según el Departamento de Estado.

Para América Central, se implementó la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI, por sus siglas en inglés), iniciada en 2008 y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), iniciada en 2009.

Desde 2015, el Departamento de Estado de los EEUU ha registrado que han destinado 58.5 millones de dólares para control de inmigración y seguridad fronteriza de México. “Los fondos han permitido la provisión de equipos de inspección no intrusivos, quioscos móviles, equipos caninos y vehículos, así como la capacitación de más de mil funcionarios”, según el Congreso estadounidense.

“Primero empezaron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), porque desde ese momento se piensa este territorio como único y articulado. Desde Centroamérica hasta el Norte del continente, los Estados Unidos asumen como un solo territorio donde protegen principalmente las inversiones de capital”, agrega la investigadora Ceceña.

Posterior a la firma del NAFTA, el PPP se presentó con la urgencia de atender temas de población en condiciones de pobreza y el medioambiente, las estrategias se enfocaron a la mejora de la infraestructura física, sin que se previera abiertamente la articulación (de los megaproyectos) “ni se introdujera el concepto de la interconexión y el transporte”, sostiene el Grupo Funcional Desarrollo Económico del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Hoy, la interconexión y la reorganización de todo este territorio se anuncia abiertamente y sin tapujos. Se comienza a perfilar como un objetivo nodal, desde la perspectiva de crear nuevos espacios para el capital, tal y como lo afirma el Comunicado no. 14 del CIIT. Esta integración del Sur-Sureste de México también se pretende expandir con “Centroamérica y la vinculará con las corrientes mundiales de producción y comercio”. Para ello se tiene contemplado ampliar la red de gasoductos, oleoductos, carreteras y complejos industriales que absorberán la mano de obra barata que ofrece la región la migración, demás, más proyectos de seguridad regional.

Mientras tanto, esta “reconfiguración de todo el Sur-Sureste de México” avanza con la reorganización de los territorios indígenas que, entre otros objetivos, ha comenzado “mediante la ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, incluyendo la terminal de Contenedores en el Recinto Portuario Pajaritos y el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en Minatitlán, Veracruz, e Ixtepec, Oaxaca”, según la información solicitada a la ASF.

Sin consultas previas

Jorge Aragón, campesino oriundo de San Pedro Comitancillo, indica que las comunidades que habitan a orillas de la ruta del tren poco saben de qué va este megaproyecto, este sistema de transporte que pretende mover mercancías y materias primas provenientes principalmente de Asia, conectando con la Costa Este de Estados Unidos.

Aragón dice: “quienes se han acercado a nosotros para informarnos son puros mensajeros, como las constructoras, pero nada oficial. Una de ellas es COMSA Corporación (de capital español) y la otra, Grupo Diamante (Fideicomiso Grupo Diamante, de capital mexicano). Sus representantes nos han dicho que les urge terminar su compromiso con el tren, pero no conocemos la dimensión de este proyecto”, cuenta Aragón. Mientras, las autoridades locales de su comunidad iniciaron desde julio pasado, un bloqueo de las vías férreas que cruzan por su territorio. Exigen información y una serie de proyectos para su comunidad. El gobierno se ha limitado a prometerles obras públicas.

“Se habla y se dice que habrá dos tipos de trenes, uno de mucha velocidad y de carga; otro de pasajeros. Tal vez daría vida al pueblo, pero no sabemos propiamente el resultado que va a dar. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja? No la sabemos. Pero Comitancillo, pues sí, necesita de este medio de transporte acá, porque solo tenemos una carretera”, comparte un poco confundido el indígena Roque, quien se queda sin palabras cuando se le pregunta si sabe de la contaminación auditiva que generará el flujo del ferrocarril cada 17 minutos, por 24 horas, los siete días de la semana.

Ante el desconocimiento de los detalles del megaproyecto por parte de las comunidades que atravesará el ferrocarril, se le preguntó al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, si consideraba que los pueblos indígenas tenían la suficiente información para emitir su desacuerdo o aprobación sobre estos proyectos que ya van avanzando y respondió: “El papel que juega el INPI es de carácter técnico. Nosotros apoyamos a las instituciones en cuanto a la realización de los procesos de consulta, relacionados con el tema del procedimiento. Quien tiene el deber de proporcionar toda la información necesaria para conocer los proyectos, es la autoridad responsable de ejecutarlos, que entendemos es el CIIT”.

El INPI ha anunciado más de una vez que se han realizado las consultas correspondientes en los pueblos originarios que ya están siendo afectadas por la polarización de las comunidades y los conflictos que han escalado a confrontaciones. Aunque, Montes, se contradice al asegurar que no se ha compartido toda la información necesaria, ya que parte de ella “aún se encuentra en construcción”.

Fragmento de entrevista al titular del INPI, Adelfo Regino.

En marzo de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el INPI, emitió la convocatoria para realizar Asambleas Regionales Consultivas con respecto de la creación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024. No obstante, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, “el CIIT, como entidad coordinadora del programa regional, no proporcionó evidencia documental que acreditara las actividades realizadas en 2019, para dar cumplimiento a los procedimientos, etapas y acuerdos previstos en las Asambleas Regionales; ni las convocatorias de las reuniones de seguimiento de los acuerdos; ni los resultados de la consulta realizada”.

El indígena Roque, al igual que las demás personas entrevistadas, asegura que no hay información clara de lo que implica toda esta reorganización de sus territorios, lo único que les han compartido los funcionarios de gobierno es “que van a traer desarrollo, van a generar empleo. Pero no hay documentos o una información amplia de estos proyectos”, reflexiona.

Para este reportaje se solicitó al CIIT el “Plan Maestro y Plan Estratégico del Corredor Interoceánico”, petición a la que respondieron indicando que se trata de “una información reservada”. Esta es la misma respuesta que le han dado a los diversos pueblos que la han requerido.

Los supuestos beneficios del CMI

El Plan de Desarrollo para esta región busca atender a los municipios más pobres, los mismos que serán impactados por los proyectos. No obstante, la ASF documentó que “no se estableció la identificación de las problemáticas específicas que se buscan resolver en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec”. Por ello, emitió una recomendación, pues “es primordial que el CIIT establezca los mecanismos de coordinación suficientes con la instancia responsable, a fin de concretar dicha acción y que se disponga de un diagnóstico completo de las problemáticas que afectan a cada uno de los 79 municipios”.

A pesar del desconocimiento de las necesidades específicas de cada municipio, para contribuir a su supuesto desarrollo, de acuerdo con la Agenda Estratégica del Sur-Sureste, se busca construir al menos, “10 polos de desarrollo (parques industriales) a lo largo de la región”, los cuales aprovecharán la cercanía del FIT, y el Estado brindará los servicios necesarios, así como la reducción de impuestos y otros incentivos a las empresas que quieran invertir en ellos.

Discurso de Andrés Manuel López Obrador.

En la parte de Oaxaca, los terrenos para los parques industriales “ya están en el proceso de adquisición”, señaló el director del CIIT y, asegura que, una vez cumplidos todos los requisitos, “saldrán a licitarlos para que los desarrolladores se queden con ellos y atraigan empresas al país. Un atractivo serán los incentivos fiscales que ofrecerán durante un tiempo determinado a los participantes”, destacó Rafael Marín Mollinedo.

Estos polos de desarrollo, según El Programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, se ubicarán en los municipios de Coatzacoalcos, Sayula de Alemán, Minatitlán y Acayucan en el estado de Veracruz; en Matías Romero, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Asunción Ixtaltepec, San Blas Atempa, Santo Domingo Tehuantepec, Juchitán de Zaragoza y Salina Cruz, en Oaxaca. En total, abarcarían un área de más de nueve mil kilómetros cuadrados para actividades industriales, ocho veces más grande que la ciudad de Juchitán, una de las principales zonas urbanas de la región.

Por su parte, el titular del INPI sostuvo que previo a determinar dónde se edificarán los polos de desarrollo fue necesario “un proceso de consulta, porque se tiene que escuchar la voz de los pueblos, de las comunidades indígenas, en cumplimiento a lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de otros instrumentos jurídicos internacionales”. El funcionario argumenta que solo falta una comunidad por consultar.

El indígena David Hernández Salazar, autoridad de la comunidad de Puente Madera, de San Blas Atempa, se muestra escéptico sobre estas consultas y sobre los impactos de estos parques en su territorio y asegura: “no hay información real en qué consisten los parques industriales que pretenden instalar en nuestras tierras de uso común, por eso, nosotros como comunidad de San Blas Atempa nos mantenemos en resistencia”. Hernández, junto con su comunidad, han realizado diversos bloqueos carreteros y otras acciones directas como protestas que iniciaron en 2020.

Hernández agrega que constató que el Estado mexicano está sobornando a los comuneros para que aprueben los parques industriales y hasta están falsificando las firmas. “Hubo una supuesta asamblea en la que supuestamente 900 comuneros, de un total de 1,390, aprobaron el parque industrial (en San Blas Atempa). Revisé la lista de asistencia y resulta que tan solo de Puente Madera falsificaron 52 firmas de comuneros. Entonces vemos que estos proyectos se quieren imponer a la fuerza y de forma ilegal”, enfatiza el indígena zapoteco.

Hernández, como autoridad comunal, sostiene: “nosotros como comuneros de la comunidad de Puente Madera, asistimos a esa reunión de comuneros (con otras comunidades de la región) donde se aprobó el parque industrial. Al llegar nos encontramos que había pocos comuneros y la mayoría eran personas pagadas, que, además, son funcionarios del municipio”. Actualmente, a Hernández, junto a otros indígenas, se les ha ordenado su detención por haberse manifestado en la autopista principal de esta región y, por mostrar su inconformidad con el avance de estos proyectos.

David Hernández Salazar-San Blas Atempa.

Perseida Tenorio, de Asunción Ixtaltepec, otra comunidad que se supone ya fue consultada para otro parque industrial, asevera que no participaron todos los habitantes de su comunidad. A Perseida le preocupan las mujeres, “porque somos nosotras las que trabajamos en el Istmo, somos los pilares económicos, culturales, comunitarios y emocionales. Lamentablemente, hay pocas mujeres en el Istmo que tienen la oportunidad de estudiar un nivel medio superior”. Por eso, se pregunta, “¿Qué mano de obra va a estar trabajando en estos parques industriales? ¿Va a ser la mano de obra menos calificada, con jornadas laborales largas y mal pagadas?”.

En cuanto a los jóvenes, una incertidumbre los ha invadido. Su voz tiene mínima validez en las asambleas, por no ser comuneros o comuneras, es decir posesionarias de la tierra comunal o colectiva. En esos espacios de decisión, son las personas mayores quienes están tomando la última palabra, pero, con una mala o nula información y, con los viejos recuerdos del tren, medio siglo atrás.

Una selva a la mitad

A orilla de los nuevos rieles del tren existe una gran diversidad de árboles nativos, hay ciénegas y riachuelos, y a simple vista se pueden apreciar distintas especies de aves y reptiles que gozan del clima tropical imperante en la región.

Sin embargo, los habitantes de las comunidades aledañas a las vías del ferrocarril están preocupados porque atravesará por una de las seis zonas de alta importancia para su conservación en el estado de Oaxaca, la cintura de la Selva Zoque. Esta selva tiene una superficie de un millón 139 hectáreas, que comprende las comunidades de los Chimalapas en Oaxaca; El Ocote en Chiapas y Uxpanapa en Veracruz.

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la selva Zoque “es la segunda superficie más grande de selvas y bosques conservados en Mesoamérica, después de la Selva Maya”, además “presenta altos índices de diversidad biológica y un importante número de endemismos, resultado de factores como el relieve, el clima, el tipo del suelo la geología, aspectos evolutivos y condiciones micro-climáticas excepcionales”.

Desafortunadamente, el corte con la vía férrea también afectará la diversidad biológica de la región y la situación no se resuelve “con caminos (que aún no han sido construidos) para el cruce de la fauna, ya que estos, además de alterar las rutas de los animales, podrían generar confrontaciones entre especies”, sostiene el documento El Istmo de Tehuantepec en Riesgo.

Este informe asevera que, “un tren de alta velocidad provoca varios efectos que alteran el dinamismo ambiental. La vibración y el ruido ocasionan cambios en las rutas y comportamiento de las especies, que reaccionan, alejándose del lugar o sintiéndose atraídas a este. Cuando priva lo último, corren el riesgo de ser atropelladas por el tren”.

Para la bióloga Mora, uno de los principales riesgos con la reconfiguración del Istmo en su conjunto es que agudizará los cambios climáticos de la zona y esto provocará el desplazamiento de las especies, lo cual cambiará el entorno, porque esta selva es un reservorio único que concentra una gran diversidad de vida. En la Selva de los Chimalapas se ha identificado que una sola hectárea de vegetación virgen alberga hasta 900 especies vegetales y más de 200 especies animales, añade Mora.

La investigadora Silvia Salas Morales, de la Sociedad para Estudios de los Recursos Bióticos de Oaxaca, ha registrado siete especies de cícadas (plantas) en los Chimalapas, especies que se diversificaron en el Jurásico (hace 210 a 140 millones de años). Estas especies solo han sido identificadas en Sudáfrica, Australia y México.

Tras una modificación de los ecosistemas, “comenzará un proceso de desertificación, que hará vulnerable a la selva Zoque y en, especial, a los Chimalapas. De tal forma que también se verán afectadas las zonas marinas a donde llegarán las embarcaciones con los miles de contenedores que cruzarán diariamente. Estos escenarios agudizarán los impactos del cambio climático”, advierte la bióloga Mora.

Mora agrega que, en el pasado, “ya hubo registro de mucho daño con las escolleras y dragados en el puerto de Salina Cruz y, en el puerto de Coatzacoalcos, hace tiempo que se viene impactando fuertemente a lo que resta de flora y fauna en las costas. Los daños serán de una magnitud inimaginable y esto no lo contemplan en los estudios de impacto ambiental”.

Ceceña alerta que el riesgo ambiental es de gran dimensión, “porque lo que queda de selva en México es muy mínimo”, de facto, una extensión de cerca del 9.2% de selvas en el territorio mexicano se ha reducido a 4.7% (91, 566 km²), según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

De una superficie de 594 mil hectáreas que conforman los Chimalapas, el 78.3% se mantiene bien conservada, con 48% cubierta por la selva alta perennifolia y, seguida por la selva mediana subperennifolia, con 14.4% y bosque mesófilo de montaña 13.5%. “En el Istmo es una manchita de selva, muy importante, más en este momento en que el planeta se encuentra en una situación muy crítica en términos de la sexta extinción y la aceleración del aumento de la temperatura”, agrega la investigadora Ceceña.

La propia Auditoría Superior de la Federación ha documentado que en la MIA de la modernización del tren, “no se incluyeron indicadores específicos de cada tema por entidad federativa y municipio, ni datos cuantitativos y cualitativos en materia de manejo sustentable del medio ambiente: caudal tratado de aguas residuales; pérdida de superficie cubierta por árboles; volumen de residuos sólidos generados; disposición adecuada de residuos sólidos; certificados de “industria limpia” emitidos; reforestación; empresas socialmente responsables; productividad agrícola por uso de agua; intensidad del uso agua; contaminación del aire; riesgo ambiental”.

Juan Carlos Sánchez Antonio, profesor originario de San Pedro Comitancillo, observa que “el desequilibrio ambiental ya se ha sentido con la instalación de los parques eólicos”, de los cuales no se realizaron las consultas correspondientes. “Aunque no lo percibamos directamente, sí ha generado cambios en las cadenas de reproducción de los seres vivos. Cada vez llueve menos, hace más calor, las lluvias son impredecibles. Lo que se avecina en los próximos 30 años es un colapso ambiental en la región”.

Un estudio encabezado por Robert Vautard, especialista en simulaciones climáticas en el Laboratorio de Ciencias Climáticas y del Medioambiente (LSCE por sus siglas en francés), asegura que “cerca de los parques eólicos se registra un aumento significativo de las temperaturas, especialmente en la noche. Este escenario es una de las afectaciones en el Istmo, donde actualmente se han instalado más de cinco mil aerogeneradores.

https://avispa.org/puente-comercial-del-mundo-arrasara-con-los-pueblos/

El día que la policía disparó, torturó y violó a manifestantes feministas en Cancún (Quintana Roo)

Alejandro Santos Cid / El País

Lo que más recuerda Wendy Galarza de aquel 9 de noviembre es el fuego. El ruido y la furia. Las llamas que los manifestantes —rabiosos por el feminicidio de Alexis, una joven cuyos restos habían aparecido días antes en bolsas de basura— prendieron con sus propios carteles y pancartas en varios puntos de Cancún (Quintana Roo), por donde se extendió la protesta. Nadie esperaba los hechos que se sucedieron. Un grupo de más de 1.000 personas llegó al Palacio Municipal Benito Juárez, cuyas ventanas y puertas estaban protegidas con tiras de madera. Intentaron arrancar los listones para poder entrar. En ese momento la policía abrió fuego contra la marcha. Las balas alcanzaron al menos a tres personas. Pero la represión no acabó ahí. Una vez detenidas, trece personas sufrieron torturas y dos mujeres fueron violadas por agentes de seguridad, según el testimonio de las víctimas. Un año después todavía no hay culpables, y los afectados denuncian que el juicio no avanza y el proceso ha estado plagado de irregularidades.

“Primero las armas apuntaban hacia arriba, pero se hizo una estampida, la gente empezó a correr y apuntaron contra los manifestantes”, recuerda Galarza a través de la pantalla. Cuando empezaron los disparos, ella y su pareja trataron de huir del lugar en una motocicleta, pero tres agentes les rodearon y tiraron la moto al suelo. “De ahí patadas, golpes con las macanas [porras], ramas que rompían de los árboles, varillas…” Solo se detuvieron cuando se acercó un grupo de personas que empezó a grabar la paliza con sus móviles. A duras penas consiguieron arrancar la moto y huir del lugar. Galarza aún no lo sabía, pero había recibido dos disparos. “Una de las balas entró por la pierna derecha, entrada y salida sin comprometer el hueso. La otra entró por mi pompi y salió al lado de mi vulva”.

“Hasta que no me bajé de la moto en casa no me di cuenta de que me habían disparado. Cuando bajé sentí una explosión, un golpe intenso, pasé mi mano y estaba llena de sangre. Entré rápido a casa, me quité mi pantalón y lo vi. No lo reconocía como una bala aún”. Se fueron a toda carrera a la Cruz Roja. “Cuando me acuestan en la camilla oigo a los paramédicos: ‘otro impacto de bala, entrada y salida, pierna derecha”.

La derivaron a un hospital. Allí, curaciones, limpiezas, rayos X. Le confirmaron que, en efecto, tenía un disparo, y la mandaron a casa. El día siguiente, martes, descansaron la paliza. El miércoles fueron a poner una denuncia. “Fuimos a Fiscalía y cuando empiezo a narrar mis moretones, la médica que hay allí ve que es otro disparo. El miércoles. El tiroteo fue el lunes. Salí del hospital con una bala que ni siquiera ellos habían visto”. Hubo otros dos heridos por los disparos de la policía ese día, ambos reporteros que cubrían la protesta, Roberto Antonio Becerril Gómez y Cecilia Solís, que en una entrevista con EL PAÍS aseguró que “la policía nunca disparó al aire. Era como si nos cazaran”.

Torturas y violencia sexual

La brutalidad policial de aquella jornada no acabó con los disparos. Lo que más recuerda María Elena García es la furia de los manifestantes y la violencia con la que se encontraron. El caos, los gritos, la confusión del momento. “Entré en shock. Me di cuenta de que podría ser un blanco más fácil si corría. Me tiré al suelo como en las películas americanas. Y vi a un grupo de chicas chiquitas, como de 18 años. Me uní a ellas. Bastó un instante para darme cuenta de que fue un error gravísimo. A los segundos estábamos rodeados por diez policías. Me dieron con un palo cuadrado muy grueso, y sentí un golpe en la espalda muy fuerte. Cuando volteo la mirada, veo que estamos siendo encañonadas”.
EPV (EFE)

Los agentes comenzaron a ensañarse con ella y el grupo de chicas. García empezó a gritar, intentando llamar la atención de alguien, pero todo el mundo corría. “En ese momento me di cuenta de que acabó mi vida. Me pusieron las esposas, empezamos a forcejear, me hirieron en la muñeca con el metal. Cuando me levantan se abre la blusa por atrás. Yo no tenía sostén. Me empezaron a golpear más. Me dieron puñetazos en la cara, patadas en la panza, puñetazos entre pecho y costillas. En el último, en el ojo, veo blanco y pierdo estabilidad”. En ese momento los policías comenzaron a arrastrarla hacia la parte trasera del Palacio Municipal, un parque a oscuras. “Me amordazan, me dan en el seno derecho con el puño cerrado y en las costillas, vuelvo a perder el aire y me desvanezco un poco”.

García habla sin prisa, pero de carrerilla. No hacen falta preguntas. Ella lo prefiere así, narrar en sus tiempos. No es fácil recordar ciertas cosas. Hace un parón, bebe agua, prosigue: “Como yo tenía la blusa rota, el policía comenzó a tocar mis senos. Metió su mano dentro de mi vagina y mi ano, yo sentí perfecto como metió dos dedos delante y dos dedos atrás. Traía un leggin deportivo, y me hizo tanto daño con la tela”. El agente la llevó así durante dos metros, “iba cargándome, pero masturbándome. Alrededor, los demás elementos le empezaron a decir ‘güey, dejámela a mí’. Ahí consigo tirarme al piso con todas mis fuerzas, me patean la espalda a pesar de que me había hecho bolita, me jalaron del cabello y cuando estaba hincada me jalaron de la esposa y me hicieron caminar como un perro”.

Los golpes continuaron. También el terror psicológico, las amenazas, los “vamos a dejarte peor que Alexis”. Los quejidos de otras mujeres a su alrededor también siendo torturadas. La sangre en el suelo y en la ropa. De ahí las llevaron al interior del Palacio Municipal. “Escuché más gritos y entre golpes y empujones me percato de que a otra mujer [Naomi Quetzaly Rojas Domínguez] la someten igual que a mí. Le dije al de Derechos Humanos que me habían hecho eso a mí también, tenía al lado al que era el culpable”. Horas después, cuando finalmente las soltaron gracias a la presión exterior, se fue a poner la denuncia.

Irregularidades en el juicio

El 10 de noviembre, Alberto Capella, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, dimitió por “responsabilidad moral”, como dijo en declaraciones a este diario. La defensa pide que se le investigue por delitos de homisión de los Derechos Humanos. El director de la policía municipal, Eduardo Santamaría, también fue relevado de sus funciones. Pero no ha habido más responsabilidades. El 30 de noviembre de 2020 la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo abrió un expediente donde acredita que “la Policía Municipal hizo uso desproporcionado de la fuerza, perpetró detenciones arbitrarias y actos que pueden considerarse como tratos crueles”. En el informe daba varias recomendaciones judiciales, pero seis meses después, se le dio carpetazo habiendo cumplido solo una de ellas, según la Comisión del 9N.

El juicio empezó en febrero de 2020, y fueron imputados 11 agentes de la Policía Municipal de Cancún por delito de abuso de autoridad, robo y lesiones, explica Lizbeth Lugo Hernández, abogada de Galazar, García y Naomi Quetzaly Rojas Domínguez. Entre los acusados, se encuentra Santamaría, al que el informe de Derechos Humanos de Quintana Roo sitúa como el hombre que dio la orden de disparar. “Vamos a solicitar la reclasificación de las carpetas de Quetzaly y María. Estamos solicitando delito de torturas por tratos crueles e inhumanos en la hipótesis de violencia sexual”, expone Lugo Hernández.

Desde el primer momento, los abogados de la defensa se encontraron con un muro. Las pruebas que presentaban, como casquillos de bala, vídeos, o la ropa que vestían los manifestantes aquel día, no eran aceptadas. “Hubo una limpia de la escena, nunca vamos a saber qué casquillos son los que usaron, más que los que se quedaron incrustrados en las compañeras. Hay pérdida de videos, cortes en las grabaciones, lo que significa que están editadas, y ni siquiera sabemos si están entregando el listado de elementos policiales que realmente participó en el operativo”. Además, a través de recursos y amparos, los acusados han logrado posponer una y otra vez las audiencias, por lo que aún no se ha llegado a nada.


Activistas y familiares de víctimas de feminicidios se manifestaronen Cancún, a un año de las protestas por el feminicidio de Alexis.Alonso Cupul (EFE)

En el lugar también estaba la Guardia Nacional y Policía Estatal. Los disparos venían de los agentes locales, pero los otros no hicieron nada para detenerlos. “La Guardia Nacional estuvo presente y nunca hizo ninguna intervención para que cesaran los actos violentos contra la ciudadanía desarmada, eso es un acto de omisión”. “El patrón de las detenciones”, concluye Lugo Hernández, “es que iban dirigidas al movimiento feminista, todas las mujeres que fueron detenidas portaban distintivos. También hubo un factor racial porque el perfil de las chicas que detuvieron son todas mexicanas, y también había mujeres extranjeras manifestándose. Además, hay varios testigos que dicen que vieron láseres apuntándolos. Eran ataques dirigidos, lo que explicaría que solo haya lesionadas por debajo de las caderas”.
Secuelas físicas y psicológicas

Después de la tragedia, llega el trauma. Las consecuencias físicas y psicológicas. Wendy Galarza dice que no puede llevar una vida normal, que no puede caminar como antes porque llega un momento en que su pierna se inflama de dolor. Que también tiene estrés postraumático, que es como un “foquito” que se tiene que atender. Que ha pensado mil veces en irse de Cancún, que la ciudad es otra, ella es otra, y hasta el mar se ve de distinta manera. Pero que se queda. Que quiere ser congruente, lo que para ella significa seguir al pie del cañón. Junto con el resto de afectados fundó el Comité de Víctimas del 9N, del que ahora es portavoz.

Galarza cuenta que al principio tenían una “chispita” de esperanza de que se hiciera justicia, pero ya no. “A día de hoy creo que estoy esperando otro tipo de justicia. Hemos sentido hasta que nos acecha la policía”. El sentimiento de acoso es tal que incluso ha cambiado de empleo: dejó de trabajar con un niño al que cuidaba por miedo a exponerlo. Ahora es maestra. “Para sobrellevar esta situación busco pequeñas recompensas en otras situaciones, como pequeños logros del comité o poder visibilizar otras convocatorias. Me siento fuerte a pesar de lo vulnerable”, sentencia.


A un año del feminicidio de Alexis, feministas marcharon para exigir justicia.Elizabeth Ruiz (Elizabeth Ruiz)

María Elena García cuenta que los primeros meses vivir era una pesadilla. Que se negó a sí misma todo, que no era capaz de nombrarlo como una violación. Que todo lo que quería hacer era estar en la cama llorando o irse a su pueblo y no volver nunca. Pero decidió quedarse, empezar a hacer activismo, integrarse en el comité. Y dice que se armó de “una carcasa de valor”. Que, entonces, se dio cuenta de lo fuerte que era, y de que podía liberar el coraje y la rabia, todo ese odio. Que ella, que siempre había creído en dialogar como solución a todo, descubrió que a veces también es necesario rebelarse y protestar.

En la primera audiencia, la jueza leyó todas las declaraciones de las víctimas. “Cuando empezó a leer la mía me di cuenta que no era algo que estaba inventando en mi cabeza. De repente se me vino el mundo encima y comencé a sentir que nada tenía sentido. Esa tarde me dio una crisis de ansiedad de seis horas. En ese momento no encontraba respuesta ni consuelo en nada, y a partir de ahí una crisis de ansiedad tras otra. Sí fui abusada, sí fue tortura sexual, sí lo nombro como lo que es”.

“Terminé con todos los sistemas de mi cuerpo dañados, neurólogo, estrés postraumático, psicólogo, enfermedad extrema gastrointestinal, ciclos de cuatro reglas en un mes… Voy al psiquiatra, tengo prescripciones de varios medicamentos porque llegué al punto de quererme suicidar. No por cobardía, terminé queriendo no pensar, quería parar la mente”. “Después de un año de resignificacion total”, añade, “un año completo de protestas, de torturas, de omisión, hoy me siento más valiente que ese 9 de noviembre”. En sus compañeras ha encontrado una nueva familia, dice, que hace que no se sienta sola, que la ayuda a seguir adelante.

https://elpais.com/mexico/2021-11-10/el-dia-que-la-policia-disparo-torturo-y-violo-a-manifestantes-feministas-en-cancun.html

«Te pasará como a José Eduardo», amenaza Policía de Yucatán

Edgar Ulises / Homosensual

La Policía de Yucatán detuvo a un masajista gay y amenazó con hacerle lo mismo que a José Eduardo Ravelo, joven violado y asesinado a golpes por elementos de seguridad.

Un masajista y creador de contenido para adultos que reside en Yucatán denunció que el sábado 6 de noviembre de 2021 fue detenido arbitrariamente y con violencia por la Policía estatal bajo la amenaza de recibir el mismo trato que el joven José Eduardo Ravelo.

De acuerdo con la víctima, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 en plena capital yucateca, mientras muchas personas todavía circulaban por las calles.

A través de su cuenta de Twitter, el usuario @yucatoxico, quien se identifica como masajista y creador de contenido para adultos, relató que se le vino a la memoria el caso de José Eduardo al ser detenido sin justificación por elementos de la Policía de Yucatán.
Policía Yucatán José Eduardo twitter

Así comenzó a relatar lo que le sucedió. / Foto: Twitter (@yucatoxico)

Según relató a través de un hilo en Twitter, la víctima caminaba rumbo a su domicilio cuando se le acercó una patrulla. Un policía le preguntó qué hacía en el lugar y le pidió que mostrara su identificación. El tuitero accedió a mostrar su credencial de elector, pero se negó a entregársela al uniformado, quien se puso agresivo. En ese momento, al joven se le vino a la cabeza el caso de José Eduardo:

«Debido al caso reciente de José Eduardo Ravelo tengo muy presente la noción de que la Policía en Yucatán tiene el poder para violar y herir a alguien de muerte y salirse con la suya con ayuda de las autoridades».

José Eduardo Ravelo fue detenido por la Policía de Yucatán


La Policía detuvo a José Eduardo el 21 de julio de 2021. El joven alcanzó a relatar que lo golpearon y violaron antes de fallecer a causa de los traumatismos. / Foto: Radio Fórmula

«Lo mismo te va a pasar»: Policía

El tuitero contó que tras negarse a soltar su identificación sacó su teléfono celular y comenzó a grabar a los policías. Logró captar algunos de los nombres y las placas de los oficiales. Luego, explicó a los uniformados que si no tenían bases para detenerlo procedería a retirarse y así lo hizo.

No obstante, cuando el tuitero se encontraba a solo 2 cuadras de su domicilio, la misma patrulla de la Policía de Yucatán regresó acompañada de 2 camionetas pick up como las usadas para detener a José Eduardo Ravelo.

En ese instante, la víctima se encontraba hablando con su novio y contándole sobre lo sucedido momentos antes. Por ello, puso el altavoz para que su pareja pudiera escuchar lo que sucedía. Sin embargo, los elementos de seguridad le arrebataron el teléfono y lo sometieron con violencia.

El joven relató que al resistirse al arresto arbitrario por parte de la Policía de Yucatán indicó a los oficiales que conocía los antecedentes del caso de José Eduardo. Sin embargo, los uniformados se burlaron y le respondieron que entonces ya sabía lo que le iba a pasar:

«Durante el forcejeo los oficiales me preguntaban por qué me resistía. Entre otras cosas les respondí que sabía lo que ellos hacían y que conocía el caso de José Eduardo. Ellos me contestaron que, si ya sabía lo que me iba a pasar, por qué me resistía».

Posteriormente, el tuitero recibió una amenaza directa por parte de un elemento de la Policía de Yucatán, quien le dijo que recibiría el mismo trato que José Eduardo:

«Le dije que seguramente había sido alguien como él quien torturó a José Eduardo. Me contestó que sí y que lo mismo me iba a pasar a mí».

«Sobreviví a lo que muchos, como José Eduardo, no pudieron»: tuitero

El tuitero también contó que de camino a la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán temió que los elementos de la Policía le hicieran lo mismo que a José Eduardo:

«El camino hasta la Secretaría de Seguridad fue muy largo y al pasar por el Periférico, que es como carretera, estaba muy solo todo. La patrulla se detuvo en 2 ocasiones en lugares completamente oscuros y abandonados. Yo pensé que iba a ser golpeado, violado y torturado».

Sin embargo, la víctima considera que no sufrió el mismo destino que José Eduardo debido a que antes de la detención por parte la Policía de Yucatán logró comunicarse con su familia para informar lo que estaba sucediendo. También contó con el apoyo de personas que se detuvieron en la calle para cuestionar a los policías por la detención arbitraria.

En las instalaciones de la Policía, el detenido no sufrió un trato digno. Se le obligó a desnudarse, se le fotografió y se le negó su derecho a hacer una llamada. No obstante, pudo salir tras 8 horas gracias a que sus familiares tramitaron un amparo.

Al reflexionar sobre el caso, el joven dijo en su hilo que sobrevivió a la detención de la Policía de Yucatán gracias a privilegios con los que José Eduardo no contó:

«Me duelen el cuello, las muñecas, la espalda y la rodilla. Vomité y tengo el estómago hecho añicos. Pero estoy vivo. Sobreviví a lo que muchos, como José Eduardo, no pudieron por no contar con los mismos privilegios y la ayuda de una familia que estaba cerca cuando la necesitaba».

Impunidad es igual a repetición

Lo más indignante es que ambos casos, el de José Eduardo y el del masajista, muestran cómo la impunidad fomenta la repetición de conductas criminales en la Policía de Yucatán. Aunque un informe mostró que José Eduardo fue violado con un objeto duro, aunque fotografías muestran al joven golpeado y aunque está comprobado que los videos filtrados por el alcalde de Mérida para deslindarse del caso están editados, la Fiscalía General de la República concluyó que el joven falleció de neumonía y no por la golpiza recibida por parte de la Policía de Mérida. Protegida por esa cortina de impunidad, la Policía de Yucatán amenaza a quien es detenido con hacerle lo mismo que a José Eduardo.

Además, el caso demuestra que las detenciones arbitrarias y la fabricación de delitos son el modus operandi de la Policía de Yucatán. El masajista detenido asegura que cuando transeúntes cuestionaron a los uniformados el motivo de la detención, estos inventaron que alguien lo denunció por orinar en la calle y exhibirse frente a una mujer.
El problema es que, tras dejar impune el caso de José Eduardo Ravelo, las autoridades no cuentan con credibilidad para investigar el nuevo atropello cometido por la Policía de Yucatán.

https://www.homosensual.com/lgbt/te-pasara-como-a-jose-eduardo-amenaza-policia-de-yucatan/

Violencia feminicida que en Oaxaca no puede detenerse; suman 79 mujeres asesinadas en 2021: GESMujer

Página 3 / Pedro Matías.

Historias de dolor que forman parte de un recuento de violencia feminicida que en Oaxaca no puede detenerse y que suman 79 mujeres asesinadas en 2021.

Oaxaca, Oax.- A plena luz del día fue ejecutada una mujer, otra fue asesinada con arma de fuego frente a los ojos de su hijo y una más fue degollada para simular un suicidio.

Estas son las historias de dolor más recientes y que forman parte de un recuento de violencia feminicida que en Oaxaca no puede detenerse y que suman 79 mujeres asesinadas hasta este martes nueve de noviembre de 2021.

El caso más reciente ocurrió este martes cuando Guadalupe M. C., de 46 años de edad, fue ejecutada alrededor de las 11:30 horas a un costado de la carretera federal 200 casi frente a la gasolinera G500 que se localiza en la colonia aviación, de Jamiltepec, en la región de la costa de Oaxaca.

De acuerdo con el seguimiento de violencia feminicida que realiza el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), en los casi cinco años de gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa suman 574 mujeres asesinadas.

Violencia feminicida en Oaxaca no se detiene; van 79 feminicidios en 2021

Detalló que, de 79 mujeres asesinadas de manera violenta en este año, 20 oscilaban entre los 30 y los 44 años, quienes dejaron hijas o hijos en la orfandad.

Aclaró que “aunque la cifra es inexacta porque carecemos de una instancia oficial que se encargue de dar seguimiento y mucho menos de proporcionarles ayuda económica para tratar de compensar y atender lo que detona la ausencia de una jefa de familia”.

Reconoció que en el GESMujer tampoco ha sido posible acercarse a una cifra de huérfanos y huérfanas de la violencia feminicida porque se basan en las notas periodísticas y dependen de los datos que ahí se asientan.

Hicieron un llamado a las autoridades encargadas de prevenir nuevos feminicidios, pero también a las que están encargadas de investigarlos y sancionarlos, a que “dejemos de mirar el problema como una guerra de cifras y tratemos de atender toda la estela de dolor que la ausencia de cada una de las 79 niñas, adolescentes y mujeres asesinadas en este 2021 dejan en su familia, pero también el impacto que ello tiene en la sociedad”.

Consideran que mientras de manera oficial el tema se siga tratando como un hecho aislado, con temor a reconocer el alto número de feminicidios y tratando de justificar que son menos, las mujeres seguirán siendo asesinadas porque el único mensaje claro que existe es que su vida no importa.

Finalmente, destacaron que “la impunidad es un grave problema, pues a todas las violencias que sufren las niñas y las mujeres, se suma una violencia institucional que por acciones o por omisiones, es responsable de que la violencia feminicida se mantenga en nuestro estado”.

https://pagina3.mx/2021/11/violencia-feminicida-que-en-oaxaca-no-puede-detenerse/

Activistas acusan al Gobernador Diego Sinhue de apoyar a la minera Argonaut Gold (Guanajuato)

Activistas y habitantes de comunidades de Guanajuato que conforman la Cuenca de la Independencia luchan en contra de la empresa canadiense Argonaut Gold, quien busca explotar el suelo para minería a cielo abierto, lo cual afectaría la calidad de vida y salud de los pobladores.

Por Pop Lab, 09 de noviembre de 2021

Guanajuato, 9 de noviembre (PopLab).– El movimiento social que logró frenar la explotación del proyecto de minería a cielo abierto “Cerro del Gallo” en Dolores Hidalgo, Guanajuato, se reactiva ante la nueva amenaza que representa la insistencia de la empresa canadiense Argonaut Gold de conseguir los permisos del municipio y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para operar en la zona en contra de la depredación de los bienes naturales provocada por la extracción irracional del agua subterránea y la mina a cielo abierto.

En los últimos meses la minera canadiense ha tenido acercamiento con las autoridades estatales; incluso el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo celebró los proyectos de la transnacional en Guanajuato en julio pasado, aunque fue la sociedad civil organizada la que impidió que en 2019 se explotara el “Cerro del Gallo” en la comunidad San Antón de las minas, Dolores Hidalgo, por los riesgos que representa al medio ambiente y a la salud de los habitantes de la zona.

La Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia (Codecin) y el Colectivo Guardianes de la Cuenca de la Independencia se conformaron como Movimiento Social Contra la Minería a Cielo Abierto y el Extractivismo del Agua en la Cuenca de la Independencia en defensa del medio ambiente.

A través de un comunicado de prensa, el movimiento dio a conocer que la minera canadiense aprovechó la pandemia para hacer nuevas gestiones ante las autoridades federales y estatales que permitan concretar el proyecto de explotación del Cerro del Gallo.

“Mientras nosotros, el pueblo, seguíamos encerrados, en noviembre del 2020, los temores se hicieron realidad, Argonaut Gold volvió a someter su nuevo proyecto de Manifestación de Impacto Ambiental MIA ante la Semarnat con el número de proyecto 11GU2020M0117, para solicitar nuevamente el permiso de explotación, actualmente se encuentra en proceso de aprobación”, expone el comunicado.

Integrantes del movimiento consultaron el estatus del nuevo proyecto que ingresó a ventanilla el 12 de noviembre de 2020, y se dieron cuenta que en el historial del trámite el último movimiento fue el 14 de septiembre de 2021 que señala que la respuesta está en la conclusión turnado al Espacio de Contacto Ciudadano (ECC).

Por la defensa de la Cuenca de la Independencia y sus habitantes, integrantes del movimiento se reunieron con el Alcalde, Adrián Hernández Alejandri, e integrantes del Ayuntamiento de Dolores Hidalgo para hacer dos peticiones en concreto:

1. Negativa definitiva a cambio de uso de suelo relativo a la minería a cielo abierto en el municipio de Dolores Hidalgo, evitando así que la empresa Argonaut Gold y otras operen contra la vida, el ambiente y la salud de los habitantes.
2. Que la administración y el Ayuntamiento promuevan juntos y a favor del pueblo que el Gobierno del Estado e instancias que corresponda declaren la Cuenca de la Independencia territorio libre de minería a cielo abierto.

AFECTACIONES

Tras señalar que la amenaza al medio ambiente persiste, el movimiento social dio a conocer que la empresa Argonaut Gold mantiene 13 concesiones de minería y 8 concesiones de pozos para la extracción de agua del acuífero, pese a la sobreexplotación y mala gestión del agua subterránea que se mantiene en la Cuenca de la Independencia.

Dicha cuenca está conformada por siete municipios: San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San José Iturbide y Doctor Mora.

“Si se llega a detonar el Cerro del Gallo, sería la primera minería a cielo abierto en el estado, para este proceso utilizará 87 mil litros de agua por hora, químicos altamente tóxicos como cianuro de sodio y ácido sulfúrico; requiere un área total de 26 mil 270 hectáreas para producir 0.7 gramos de oro por una tonelada de suelo”, advierte el movimiento social en su comunicado de prensa.

Ante el riesgo de que la minera canadiense consiga los permisos, tanto del municipio para el cambio de uso de suelo, como de Semarnat, el movimiento está convocando nuevamente a la resistencia social con una marcha en defensa del agua y en contra de la minería a cielo abierto para el domingo 21 de noviembre a las 10:00 horas de la mañana saliendo del monumento a los Héroes de la Independencia rumbo al jardín principal de Dolores Hidalgo.

“Seguimos en pie de lucha como Movimiento Social Contra la Minería a Cielo Abierto y el Extractivismo del Agua en la Cuenca de la Independencia, lo integramos personas y organizaciones que amamos y cuidamos la vida, en el campo y en la ciudad, que luchamos para dejar vida a las generaciones actuales y futuras, que tenemos un territorio que nos da identidad”.

COBIJA SINHUE A MINERA

El movimiento social denunció públicamente que el Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha celebrado los nuevos proyectos que tiene la minera Argonaut Gold en Guanajuato, sin tomar en cuenta las afectaciones ambientales que trae las posibles inversiones de la empresa canadiense.

Fue el 13 de julio pasado que Diego Sinhue Rodríguez publicó en sus redes sociales oficiales fotografías de la reunión que sostuvo con los directivos de Argonaut Gold, acompañado de un mensaje en el que asegura que el Gobierno del estado trabaja por “más y mejores oportunidades y empleos para los guanajuatenses”.

Además, el movimiento social reveló que en septiembre la delegada regional de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y representantes de la empresa Argonaut Gold repartieron útiles escolares a niños de San Antón de las Minas y comunidades aledañas.


DOS AÑOS DE LUCHA SOCIAL

Organizaciones civiles, comunitarias y habitantes de la Cuenca de la Independencia advirtieron desde el primer semestre de 2019 los problemas que representa para el medio ambiente y la salud de los habitantes de siete municipios la explotación de la mina a cielo abierto.

En una asamblea realizada en la comunidad de El Sisote se dio a conocer la amenaza del proyecto extractivo de minería a cielo abierto en el Cerro del Gallo en la comunidad vecina de San Antón de las Minas, después de esta primera asamblea se realizaron diversas reuniones con el Presidente Municipal en turno, el priista Miguel Ángel Rayas, para exigirle que no otorgara el cambio de uso de suelo, a lo cual en su momento no hubo una respuesta contundente y la amenaza seguía latente.

Codecin y el Colectivo Guardianes de la Cuenca llevaron a cabo distintas acciones para la difusión de la problemática a través de foros, conversatorios e intervención de murales.

En julio de 2019, en el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, se realizó una de las movilizaciones con mayor impacto en este municipio. Se elaboró un documento de denuncia respaldado con más de 2000 firmas, el cual fue entregado a las autoridades en los tres niveles de Gobierno: en lo municipal al Presidente Miguel Ángel Rayas, al entonces Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, y a Víctor Manuel Toledo, quien se desempeñaba como titular de Semarnat.

Finalmente, en diciembre del 2019 la Semarnat emitió el resolutivo con número de oficio SGPA/DGIRA/DG/ 09968, en el que negó a la empresa Argonaut Gold los permisos para la explotación del proyecto de minería a cielo abierto “Cerro del Gallo”.

En el proceso, Semarnat solicitó la opinión del Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, que mediante el oficio número 0280/PMDH/PA/2019 dio una respuesta negativa, tomando en cuenta el descontento y exigencia de la población para que no se asienten empresas que atenten contra el medio ambiente y la salud de pobladores.

“La manifestación y presión social dio resultado, valió la pena salir a las calles, informar casa por casa, firmar el documento de denuncia, se ganó una batalla”.

Sin embargo, apenas Semarnat volvió a abrir ventanillas, luego de mantenerlas cerradas por la pandemia por COVID-19, la empresa volvió a iniciar el trámite para conseguir los permisos.

https://www.sinembargo.mx/09-11-2021/4057889

Minera de Canadá cimbra área protegida de Salamanca en busca de oro (Guanajuato)

Cuca Domínguez, Periódico Correo, 07 de noviembre de 2021

Salamanca.- Los hermanos Nemorio y Mariano Villafaña García denunciaron que una empresa minera canadiense realiza exploración en la zona de la comunidad Potrerillos, aledaña a El Guangoche, de donde ellos son originarios y hasta donde se cimbra la tierra.

Están buscando oro y yo creo que sí hay algo ahí. Ya tienen ocho años trabajando, si no, ya se hubieran ido. Si fuera el caso, no nos va a tocar ver las monedas de oro; si lo encuentran nada se queda en México, la mayoría se lo llevan a Canadá de donde vienen (la empresa minera)”, dijo uno de los hermanos.

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Los vecinos de las comunidades de El Guangoche y Los Organitos, ubicada a más de 30 kilómetros de la cabecera municipal denunciaron que las explosiones provenientes de la comunidad cimbran la tierra.

Hermanos Villafaña. Foto: Cuca Domínguez

Explicaron que los ensayos consisten en hacer perforaciones como para bombas de agua de entre cinco a diez pulgadas y de hasta mil metros de profundidad para detectar si hay metal suficiente, que sea costeable, para perforar la mina y afirmaron que las personas de la mina —con engaños— trabajan en esa zona:

“Engañan a la gente de la comunidad. Les dicen que les van a hacer caminos y no hacen nada; además, si encuentran metales, se los llevan fuera del país. Yo opino que definitivamente no debería de haber explotaciones mineras porque de haberlas nos van a contaminar el agua y si nos contaminan el agua los afectados somos los ciudadanos”, insistió don Nemorio.

Remarcó que la minera no les da nada a las personas de la comunidad, “si acaso les dan trabajo y eso a los más jóvenes y en esa comunidad no han de llegar a diez”.


Sin permiso… aparente

Alcalde César Prieto. Foto: Cuca Domínguez

Por su parte, el alcalde César Prieto Gallardo dijo que la operatividad de una mina en esta zona es un error.

“No sé quién esté dando esos permisos porque son ilegales. Sabemos que las mineras vienen a destruir, no traen progreso como lo llaman, por ello estaremos muy al pendiente de revisar el tema (…) Vamos a estar cuidando porque además esta es un Área Natural Protegida, es algo de lo que Salamanca se puede enorgullecer (…)” y añadió que no permitirán que s envenene y contamine el agua

De acuerdo a la manifestación de Impacto Ambiental, se autorizó un proyecto de Exploración Minera Palma Grande, ANP Cuenca Alta del río Temascatío y promovida por Exploraciones Mineras Parreña S.A. de C.V. (con domicilio en Metepec, Estado de México) el que debió concluir el agosto del 2019, pero se desconoce si obtuvieron otro permiso.

El proyecto Palma Grande está ubicado al norte del municipio casi en los límites con Irapuato al poniente, al norponiente con Guanajuato, al norte con Dolores Hidalgo y al nororiente con San Miguel de Allende. El predio se ubica a 400 metros al noreste de la comunidad La Palma y a 1,750 metros al noreste de la comunidad Potrerillos.

Foto: Semarnat

Consiste en la utilización de espacios dentro del ANP para habilitar si son necesarias las brechas que permitirán el acceso a las áreas (planillas de barrenación) donde se instalarán de manera temporal los equipos, herramientas e insumos necesarios para el proceso de exploración.

Se precisó en el informe de impacto ambiental que en cuanto al ruido y control de humo y partículas, se tendrían las medidas de prevención para minimizar las emisiones de la atmósfera y que contratarían unidades con verificaciones y mantenimiento periódico.

Y señalaron que la afectación a la flora y fauna sería mínima pues “la perforación no es dañina”.

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Ángel Sulub: “Hay una dilación de los procesos judiciales contra el Tren Maya”

Aída Palau / France24

En esta edición de Escala en París entrevistamos a Ángel Sulub, portavoz del CNI y natural de Quintana Roo, uno de los estados por los que pasará el controvertido Tren Maya, la obra faraónica de Andrés Manuel López Obrador.

Es uno de los proyectos más importantes del mandato del presidente. El Tren Maya recorrerá 1.500 km por el sureste mexicano conectando ciudades y zonas rurales de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El objetivo es desarrollar económicamente la región con la creación de polos industriales y energéticos, centros turísticos, y la creación de decenas de miles de puestos de trabajo. Pero el Tren Maya que ya ha comenzado a construirse choca con el rechazo de las comunidades locales para los que este proyecto no es “un tren ni tampoco maya”.

“No es sólo un tren. Estamos hablando de proyectos de desarrollo turístico, de agroindustria, de empresas eólicas y fotovoltaicas. Decimos que no es maya porque no es un proyecto que haya surgido de las necesidades del pueblo maya ni para su beneficio. Este tren es un proyecto que se está imponiendo en nuestro territorio sin la consulta ni el consentimiento de nuestros pueblos”, denuncia Sulub para quien el Gobierno ha ignorado completamente a la población local y sus necesidades.

“No queremos el modelo de Cancún, para las empresas es un modelo de desarrollo, para nosotros es un modelo de devastación y de muerte”, añade el portavoz del CNI.

144 hectáreas deforestadas

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las obras del tren no iban a afectar a la selva, se ha registrado la deforestación de decenas de hectáreas, según denuncia el CNI. “En los últimos sobrevuelos que han hecho organizaciones que acompañan la defensa legal de los pueblos maya, se detectaron 144 hectáreas que han sido deforestadas sin los permisos correspondientes y están desacatando disposiciones judiciales como suspensiones provisionales que hemos logrado a través de amparos. Hay una devastación ambiental con la construcción y habrá más con las nuevas ciudades”, precisa Ángel Sulub.

Retrasos en los recursos de amparo

Se han presentado 19 recursos jurídicos por parte de las comunidades y las organizaciones por violación de derechos ambientales, derechos a la consulta a los pueblos indígenas y de salud, pero está habiendo mucho retraso en los procesos.

“Hay una dilación de los procesos judiciales. Hay amparos que llevan más de 15 meses en el poder judicial sin ni siquiera ser admitidos por un juzgado”, denuncia Sulub.

90.000 empleos creados

Uno de los objetivos que se ha marcado el Gobierno mexicano es la creación de decenas de miles de empleos en el sudeste mexicano. De momento, se han creado ya cerca de 90.000 puestos de trabajo. Algo que el CNI no refuta, pero se pregunta sobre la calidad de estos empleos.

“La generación de empleos es real, se generaron esos empleos y se generarán muchísimos más, pero la pregunta que nos hacemos es qué tipo de empleos son y para quiénes. Lo que nosotros vemos es que en los centros turísticos los empleos para el pueblo maya son empleos precarizados, son empleos en los que simplemente el pueblo maya es la servidumbre de la industria turística”, dice Ángel Sulub.

https://www.france24.com/es/programas/escala-en-par%C3%ADs/20211107-angel-sulub-tren-maya-mexico-turismo-infraestructura

Indígenas de Ayotitlán denuncian amenazas (Jalisco)

Foto: Lauro Rodríguez

Lauro Rodríguez / El Diario NTR

Indígenas de Ayotitlán, comunidad de Cuautitlán de García Barragán, denunciaron ayer que las amenazas de muerte y el despojo de tierras en su contra persisten.

En compañía de miembros de la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH), señalaron en rueda de prensa que la explotación minera de parte de empresas transnacionales en tierras indígenas atrajo una ola de violencia con la anuencia de los gobiernos de Jalisco y Colima, y la Federación.

Por su parte, el presidente de la RJDH, Óscar González Garí, afirmó que todo comenzó desde los tiempos de Marcelino García Barragán, quien instauró por la fuerza la figura de ejido en Ayotitlán; a él lo acusan de la matanza de una veintena de indígenas.

Fue a través del ejido que, precisamente, se permitió que el gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari privatizara la mina Peña Colorada, ubicada en la zona y de dónde se extrae hierro.

“La Federación puso la mina. La mina no fue producto de una consulta con los indígenas como tendría que ser ahora. No se les consultó, se les impuso una mina ahí. Se coaligó Colima con la Federación para crear el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, que ahorita pertenece a dos transnacionales metalúrgicas: Ternium, que es del segundo hombre más rico de Argentina y un hindú que vive en Europa, multimillonario (…) Salinas, presidente, la privatizó, entonces la compraron estas empresas multinacionales”, señaló González Garí.

Desde entonces la violencia se ha recrudecido y provocado despojos de tierras, amenazas y asesinatos entre la resistencia indígena.

Según lo narrado por la RJDH, la mina referida y al menos 10 más que están en operaciones de manera ilegal representan el 30 por ciento de la extracción de hierro del país, mismo que se exporta a través de Manzanillo hacia Estados Unidos, Canadá y China. Por esta razón, añadió González Garí, los mineros no quieren cerca a los indígenas y, presuntamente, se han aliado con el crimen organizado para controlar dicha zona de Jalisco, todo en contubernio con el ejido y con una autoridad que no voltea a ver este territorio.

Los afectados expusieron además que los mineros pagan una cuota al ejido, más no a la comunidad indígena, de 17 millones de pesos (mdp) anuales; sin embargo, el monto es muy pequeño en comparación con los aproximadamente mil 500 mdp que tienen de ganancia por la explotación de minerales de la sierra de Manantlán.

La problemática, añadieron, ya ha desplazado gente, pues muchas familias han abandonado Ayotitlán y se han refugiado en Manzanillo.

“Somos varios los que estamos lejos, nos desterraron por culpa de Peña Colorada, porque en nuestro territorio hay agua, hay madera, hay mina y las minas eso es lo que quieren, que las dejemos solas para adueñarse ellos. Y ya no podemos (estar ahí) (…) nos están apuntando con las armas. Nosotros no queremos que lleguemos a eso (ser asesinados) por eso nosotros corremos. Somos varios los que estamos en Manzanillo, otros están bajo tierra porque no han acabado bien. Queremos un apoyo para acomodarnos en los terrenos, en nuestro territorio, en donde ya por tanto tiempo nos han explotado los minerales”, narró uno de los comuneros que dejó sus tierras y se exilió a Manzanillo.

Ante este panorama, los afectados buscan un diálogo directo con el gobierno federal y que haya un resarcimiento del daño y se eviten más violaciones a los derechos humanos.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=173961

Pedirá Red Desaparecidos audiencia con Indira (Colima)

Foto: El Comentario

César Barrera Vázquez / El Comentario

María del Carmen Sepúlveda Gómez, integrante de la Red Desaparecidos en Colima A.C., adelantó que se pedirá una audiencia con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva para mejorar la respuesta a la problemática de desaparecidos en el estado.

Confió en que con ella sí haya una reunió, pues durante el gobierno de José Ignacio Peralta nunca se logró reunirse con los integrantes de esta organización civil, quienes el día de ayer reacondicionaron la rondalla de la Piedra Lisa en la calzada Galván al este de esta ciudad capital, al colocar imágenes de los desaparecidos y pintar el mensaje: Justicia: ni un desaparecido más.

Sepúlveda Gómez expuso que le pedirán a la gobernadora que contrate más agentes para la búsqueda de desaparecidos y que gestione una mayor coordinación con la fiscalía de búsqueda de Jalisco, donde confían encontrar a sus familiares.

Lamentó que no haya estadísticas oficiales confiables que visibilicen, en su justa dimensión, la problemática de desaparecidos, pues sólo confían en el 80% de los datos que emiten las fuentes oficiales.

“Les creemos la mitad de lo que nos dicen (la fiscalía del estado). Son más los desaparecido de los que hay”, sentenció la integrante de esa organización civil, misma que ha emprendido acciones como Colima fosa común, donde se pide a la población denunciar.

Precisó que hay mucha gente que no denuncia por temor, “porque hay gente que nos dice sé quién se lo llevó, pero éste vive al otro lado de mi casa y se entera puede haber repercusiones. Ese es el temor de las personas para denunciar”, reveló la activista social.

En cuanto al nuevo Gobierno, Carmen Sepúlveda explicó que durante la campaña se tuvo un acercamiento, donde Indira se comprometió apoyar a la Red de Desaparecidos A.C.

“Dijo que nos iba a apoyar y que iba atender la problemática una vez que asuma su cargo. Vamos a pedir una audiencia a ver si ella sí nos puede recibir, no como el señor que se acaba de salir”, concluyó.

La semana pasada, se tuvo un evento en el parque La Piedra Lisa de la ciudad capital, donde se colocó una placa conmemorativa, se plantó un árbol y se colocaron alrededor de ésta las huellas de las familias de desaparecidos, así como el nombre de quienes no se localizan.

https://elcomentario.ucol.mx/pedira-red-desaparecidos-audiencia-con-indira/