La mañana del domingo 31 de octubre, familiares de personas desaparecidas en Colima develaron una placa conmemorativa en la capital del estado como inauguración de la hoy Plaza de las y los desaparecidos, antes conocida como la Rotonda de los colimenses ilustres, un lugar abandonado que servía como picadero y basurero.
Convocadas por la Red de Desaparecidos en Colima A.C. y otras organizaciones sociales, las familias se instalaron a las 10 de la mañana en la Plaza para colocar lonas con rostros y nombres de personas de las que se desconoce su paradero y realizar un mural con la consigna “Justicia. Ni un desaparecido más”, junto al que pintaron los nombres de algunas personas desaparecidas desde 2015 hasta el día de hoy.
Con las nubes a punto de romperse y un ambiente solidario y participativo, los familiares rompieron con mazos y picos el piso de la Plaza para plantar ahí un árbol de olivo como símbolo de paz y de la lucha contra las adversidades.
“Esta rotonda ha sido testigo de nuestro dolor y nuestra esperanza desde hace varios meses. Este lugar, un elefante blanco, abandonado, sin ningún uso, construido para justificar gastos millonarios de un gobierno indolente, ha sido reconvertido por nuestras propias manos en el memorial de la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos y de la exigencia de la justicia”, leyó en un pronunciamiento Sarahí Flores, integrante del colectivo.
La Red de Desaparecidos en Colima A.C. le exigió al gobierno estatal y municipal respetar el nuevo espacio creado y no arrancar las lonas ni el árbol plantado, como ya han hecho en tres ocasiones anteriores. Además, hizo un llamado a la solidaridad del pueblo colimense e invitó a cualquier persona que tenga un ser querido desaparecido a hacer uso de la Plaza para denunciar y difundir su caso
“Si las personas que tienen desaparecidos no quieren venir a dar la cara… les da pena, les da vergüenza, les da miedo, – lo que tengan -, y en algún momento quieren venir a poner el nombre de su desaparecido en las listas, con toda confianza pueden venirlo a poner. Esto es de todos. Si ustedes tienen su lona, pueden venir a la hora y día que ustedes decidan”, señaló Carmen Sepúlveda, presidenta del colectivo.
En la placa dorada instalada en medio de la Plaza se puede leer: “por cada persona desaparecida, habremos cientos buscando. Hasta que no haya una desaparición más. Hasta que regresen a casa. Nuestro amor es más fuerte que la desesperación. No pararemos hasta encontrarles”.
Cumplió ya 26 días desaparecido y es por ello que tanto familiares de Rubén Arreola Marroquín como cerca de sus 150 compañeros dentro de la Universidad de Guadalajara, caminaron desde el edificio central a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Exigen su aparición inmediata, sano y salvo.
Él tiene su centro de trabajo en el Centro Universitario de Tonalá y la última vez que se le vio fue el 9 de octubre. Quienes lo tuvieron a la vista afirman que esto fue en el coto El Roble Residencia, en el municipio de Tonalá.
Rubén Arreola Marroquín, tiene 31 años de edad, como señas particulares perforaciones en la lengua, ceja izquierda, nariz lado izquierdo, labio inferior lado y tatuajes en forma de guía de hojas de Olivo en ambas clavículas, letra “A” en el pecho, la fecha “21-01-13” en muñeca izquierda, una “A” en pantorrilla derecha y una “M” en pantorrilla izquierda.
El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla de color azul, playera de color negro, gorra y tenis negros.
Piden a la CEDHJ que intervenga en el tema y a la Fiscalía de Justicia que ahonde en las investigaciones, pero sobre todo a quienes lo tengan, lo liberen sano y salvo
Con un presupuesto propuesto para 2022 de 39 millones de pesos, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej) no tendrá crecimiento neto en comparación con 2021, por el contrario, tendrá una reducción, aceptó el secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales.
De entrada, el apartado relacionado con derechos humanos y personas desaparecidas no estuvo incluido en la presentación a medios de comunicación y, al secretario, al ser cuestionado, le costó trabajo encontrar los datos en el proyecto de presupuesto. Al final, reconoció que la asignación de 39 millones de pesos no significa un verdadero cambio con relación a este año, aunque trató de justificarse al afirmar que el sector general que tiene que ver con los desaparecidos tendrá un aumento de 22 millones de pesos, más no especificó en qué áreas se verá reflejado.
“La Comisión de Búsqueda para las personas cuenta con un presupuesto de 39 millones, es muy similar al que tuvo el año pasado (2021), 39 millones y medio más o menos (…) Me gustaría complementar el tema de búsqueda de personas desaparecidas para mencionar el dato de toda la transversalidad, es decir, no solo el dato del centro, sino de todos los recursos que en todas las dependencias se están empleando, ahí tenemos un crecimiento de 22 millones de pesos, lo cual implica un crecimiento de 5.4 por ciento, creo que ese sería el dato más puntual”.
Para el ejercicio fiscal 2021, la Cobupej tuvo un presupuesto total de 39.66 millones de pesos, mientras que para 2022 proyectan 39.2 millones de pesos. Esto es una reducción de 459 mil 643 pesos o lo que es lo mismo, 1.15 % menos.
En contra parte, dependencias como la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AEEJ) proyectan que tenga un presupuesto de 79 millones de pesos bajo el pretexto de reactivar los eventos organizados por este organismo. Y, para Comunicación Social, prevén gastar 248 millones de pesos. Estas cifras representan dos y seis veces el dinero destinado a buscar personas desaparecidas.
Para conmemorar a las mujeres víctimas de feminicidio en el estado, la colectiva Arpías Gdl llevó a cabo por segundo año consecutivo el Día de las muertas, un acto de memoria que resignifica su ausencia y clama justicia en el marco del tradicional 2 de noviembre “Día de Muertos”.
En compañía de otra colectivas, así como familiares de mujeres víctimas de feminicidio marcharon desde la Glorieta La Minerva hasta Casa Jalisco para exigirle al gobernador del estado, Enrique Alfaro que cese violencia machista, de género y feminicida.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) Jalisco ocupa el tercer lugar nacional con más presuntos feminicidios cometidos en lo que va del 2021, con 54 víctimas.
Leslie Zepeda / Zona Docs
La colectiva Arpías Gdl y demás mujeres asistentes, integrantes de colectivas y familiares de víctimas de la violencia feminicida realizaron un acto de memoria y resignificación al que, desde 2020, nombraron el Día de las Muertas.
La acción buscar no olvidar y sumar en una misma voz la exigencia de justicia para todas las mujeres que han sido despojadas de la vida tras un feminicidio y en un contexto generalizado de violencia de género y machista. La actividad comenzó con una marcha que partió de la Glorieta La Minerva y terminó en Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador del estado, Enrique Alfaro.
En este lugar colocaron cruces color rosado, veladoras, flores de cempasúchil de distintos colores, pan de muerto, fotografías y pequeños altares.
“No dejaré de nombrar a mi hermana, Aremi. No dejaré de nombrar y evidenciar todas las inconsistencias en el dictamen forense. No dejaremos de luchar con nuestras colectivas hermanas como ella lo hizo para que sea catalogado como feminicidio y así obtenga justicia”, reclamó en el megáfono Fernanda, hermana de Aremi, una joven de 16 años que fue víctima de feminicidio el año pasado.
El 23 de septiembre de 2020 su padrastro, Héctor Adrián la agredió sexualmente y después la asesinó. Su familia denuncia que la Fiscalía de Jalisco hizo caso omiso a las “evidentes señales de violencia y agresiones físicas” que Aremi tenía en su cuerpo; por ello, las autoridades insistes en no investigar más y llevar su caso como un suicidio.
“Aremi luchó hasta el último segundo de su vida, así como las 11 mujeres que los hombres deciden quitarles sus vidas. El Estado, el gobierno, la sociedad en general son índoles al sufrimiento ajeno, no les importan esas cifras, no les importa que Aremi esté muerta, víctima de feminicidio y violencia vicaria. Nos hacen falta cruces, altares, fotografías, para nombrar a todas mujeres aquellas que al igual que mi hermana Aremi les fueron arrebatadas sus vidas y sueños,” manifestó Fernanda.
Ahí presente se encontraba también la madre de Alejandra Machuca Ochoa, víctima de feminicidio en marzo de 2021, ella fue localizada sin vida después de un mes sin conocer de su paradero. Esta es la primera vez que ella acude a una movilización para exigir justicia por su hija, luego de que integrantes de Arpías Gdl le invitaran a manifestarse.
“Debemos ser empáticos ante esta situación que ha ido incrementado todos los días. Anteriormente yo sabía que ocurría esto, pero no tenía la empatía que tengo hoy, porque yo soy parte de esta historia Decirle a nuestro señor gobernador, por favor voltee a ver esto. No es algo ajeno a la realidad y lo vivimos muchas familias, por favor siéntese y revise qué está pasando”.
Al grito de ‘No estás sola’ las asistentes mostraron su apoyo a las familiares que decidieron compartir su testimonio.
En su pronunciamiento advirtieron que “el sistema de justicia que se ha caracterizado por dejar en un olvido total a las víctimas es un cómplice más del feminicida”. Y, con ello, cuestionaron las formas en las que el Gobierno de Jalisco busca ofrecer que las mujeres, jóvenes y niñas de la entidad vivan una vida libre de violencia, así como, las nulas condiciones para garantizar justicia a aquellas que ya han sido tocadas por ésta, “el Estado no nos cuida”, precisaron:
“Qué hacemos entonces si aquellos que deben velar por nuestra seguridad son quienes nos asesinan. A quién acudimos por justicia. La respuesta es fácil, acudimos con las compas feministas. Por eso estamos aquí, porque decidimos gritar e incomodar, alzar la voz por todas las mujeres que ya no pueden hacerlo, para que sepan que la violencia en México y en Jalisco nos llevó al hartazgo total. Ahora el miedo es nuestro motor y la rabia la única forma de dignificarnos y sobrevivir”.
Informaron que, de enero a septiembre de 2021 se han cometido 736 feminicidios en México, de los cuales, 54 han sucedido en Jalisco. Esta cifra posiciona a la entidad en el tercer lugar nacional tan sólo después del Estado de México (110) y Veracruz (55). Además, sentenciaron que dos municipios de Jalisco: Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque ocupan la cuarta y quinta posición como las ciudades en el país con mayor incidencia de casos de feminicidios (12 en cada uno).
Para finalizar el acto, las colectivas junto con las y los familiares entonaron juntas la Canción sin miedo, pieza musical que se ha convertido en un himno de lucha para el movimiento feminista en México.
El Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso en la ciudad de Oaxaca redujo su operatividad al mínimo. Funciona el Área de Valoración Crítica y Urgencias, “es lo que no se puede parar, pero todos los materiales e insumos que nos faltan se están pidiendo a los familiares”.
Así lo afirmó el secretario de Organización de la Subsección 07 del Sindicato de Trabajadores de Salud, Aristeo Torres López, quien descartó que como inconformidad se suspendan servicios porque “ya tenemos todo paralizado, lo último que quedaría sería cerrar el hospital que trabaja como un centro de salud de 4 pisos, porque lo único que se hace es dar consultas”.
La falta de medicamentos, insumos y estudios de laboratorio la enfrentan familiares de pacientes de cirugías de urgencias, pero hay atenciones que no se pueden dar a pacientes pediátricos o en terapia intensiva porque desde septiembre que despidieron a especialistas eventuales, no se ha repuesto ese recurso humano.
Por las complicaciones que genera la suspensión del servicio del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea a partir de este jueves, que también carece de insumos, integrantes de la Subsección ofrecieron ayer una conferencia de prensa.
Ahí la enfermera Agustina Salazar Cruz expresó el rechazo de los trabajadores por la decisión de que esta unidad hospitalaria pase al IMSS Bienestar, como parte del proceso de la entrega de la rectoría de los SSO a la Federación.
Su desacuerdo lo fundan en los cambios que se hacen de manera sexenal y que implicarían inestabilidad laboral, sin que se garantice un presupuesto financiero.
En la conferencia de prensa el jefe del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Ernesto Pérez Matos, informó que llegó un poco de reactivo, pero es insuficiente.
Los SSO sólo difundieron que los laboratorios clínicos operan de forma normal, pero el secretario de Organización aclaró que sólo urgencias brinda atención.
Falta que lleguen insumos para habilitar el laboratorio clínico central, por lo que la siguiente semana reagendarán citas que debieron realizarse esta semana.
Durante la madrugada de este viernes, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora denunciaron desde sus redes sociales que sus integrantes fueron excluidas del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas.HBB5x6G Omnia.com.mx
Fue desde su Twitter y Facebook donde la agrupación señaló el hecho y urgió a las autoridades para que se tomen las medidas necesarias.HBB5x6G Omnia.com.mx
“Madres Buscadoras De Sonora informamos que se llevo a cabo la conformación de un comité en el cual no se nos considero a las víctimas de este colectivo y personas ajenas a nuestra lucha, que nada tiene que ver con personas que buscan algún familiar, conformaron dicho comité”, puede leerse.HBB5x6G Omnia.com.mx
“Desconocemos a los que conforman ese comité, debido a que no se nos tomo en cuenta a varios colectivos del estado de sonora, exigimos al comisionado de búsqueda José Luis González Olivarria y a la @ComisionSonora que se nos tome en cuenta a todos los colectivos del estado y sea conformado por una representante de cada colectivo y no por personas ajenas a nuestra lucha”, remarcaron.HBB5x6G Omnia.com.mx
La denuncia partió después de que a mediados de 2021, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Sonora aprobara el dictamen para nombrar a los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas.HBB5x6G Omnia.com.mx
En este sentido, Eduardo Urbina Lucero, presidente de la mesa esa mesa de trabajo legislativo remarcó que esa agrupación podrá obtener información sobre los procedimientos y localización de la Comisión Estatal de Búsqueda.HBB5x6G Omnia.com.mx
De acuerdo con el congreso de Sonora, los integrantes de esta agrupación estarán conformados por dos familiares de personas desaparecidas o no localizadas: Rosa Manjanin García Pacheco y Paula Lizeth Adriano Soto; tres especialistas: Serafín Florencia Guzmán Calderón, Alejandro Federico,Arredondo Ungen y Marisol Sillas Reyes; dos representantes de organizaciones de la sociedad civil: Lorenza Imelda Sigala Robles y Cinthya Maritza Gutiérrez Medina. HBB5x6G Omnia.com.mx
Cabe recordar que apenas el 11 de octubre inició la huelga de hambre de integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.HBB5x6G Omnia.com.mx
Esta se lleva a cabo frente a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México y tiene un objetivo: exigen atención a los casos de sus familiares desaparecidos y protección ante las amenazas del crimen organizado.HBB5x6G Omnia.com.mx
La líder y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores Armenta, declaró que es urgente garantizar las condiciones de seguridad para continuar con su lucha y demandas, especialmente tras el asesinato de Aranza Ramos, integrante del colectivo.HBB5x6G Omnia.com.mx
“Queremos que las autoridades que les correspondan hagan investigaciones sobre la muerte de Aranza Ramos que es por lo cual yo estoy en este lugar, porque a las 24 horas de que la matan a ella empieza a amenazarme con desaparecerme a mí, entonces me sacan del estado resguardada, pero sobre las averiguaciones, sobre las amenazas no hay nada”, afirmó la dirigente en una entrevista para La Jornada.HBB5x6G Omnia.com.mx
Flores Armenta reveló que las cifras oficiales del Gobierno de México señalan que existen aproximadamente 4,000 personas desaparecidas en la entidad federativa de Sonora. Sin embargo, solamente en los registros del colectivo se han recibido más de 7,000 casos de denuncias.HBB5x6G Omnia.com.mx
De acuerdo con la líder de Madres Buscadoras de Sonora, las autoridades federales han sido apáticas a sus demandas y afirmó que permanecerán en las inmediaciones de la FGR hasta que obtengan una respuesta.HBB5x6G Omnia.com.mx
“Yo fui la semana pasada Sonora y si estuve ahí en Gobernación, pero igual, con las mismas promesas del gobierno anterior, entonces nosotros no queremos promesas, queremos hechos y que nos ayuden”, dijo Flores Armenta sobre el gobierno del estado de Sonora y su mandatario, Alfonso Durazo Montaño
Fotografía de portada: Archivo de Raíchali/Raúl Fernando
Organizaciones de estudiantes, pasantes y médicas graduadas cancelaron su participación en el “Primer foro universitario sobre el acoso y hostigamiento sexual y/o laboral” en la Universidad Autónoma de Chihuahua después del nombramiento de un doctor acusado de ser acosador sexual como Secretario Académico de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas.
El Dr. Luis Bernardo Enríquez Sánchez recibió su nombramiento el lunes 25 de octubre, lo que de inmediato provocó la reacción de los colectivos por las denuncias anónimas de violencia sexual y hostigamiento laboral que surgieron en su contra en tendederos de redes sociales desde hace tres años.
Los colectivos Universitarias en Resistencia, Medfem y Médicas con A pidieron formalmente la destitución de Enríquez Sánchez al rector de la universidad, Luis Alberto Fierro Ramírez, para “salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria”. El rector recibió el documento el día 27 de octubre y hasta la fecha no se ha pronunciado al respecto.
En la carta entregada al rector se especifica que las denuncias fueron hechas cuando el ahora Secretario Académico se desempeñaba como jefe de cirugía en el Hospital Central Universitario y estaba a cargo de jóvenes médicas internas de pregrado.
Las denuncias fueron anónimas “por temor a represalias, por la impunidad y falta de resoluciones a favor de las víctimas que la investigación de estos casos muchas veces resulta”, argumentan en la carta.
La misma también señala que los protocolos de género de la universidad, diseñados para prevenir este tipo de violencias, han sido deficientes para denunciar y sancionar los casos de abuso de poder en la institución.
Esta situación también fue señalada por el informe del Grupo de trabajo conformado para atender las solicitudes de Alerta de Violencia de Género, publicado por el gobierno del estado de Chihuahua en agosto de 2021:
“En carreras del área de la salud, las estudiantes realizan su Internado de pregrado, Servicio social o Residencias médicas en instituciones públicas de servicios de salud, por lo cual dependen de sus centros de adscripción que son estancias externas, al mismo tiempo dependen de un secretario académico, director académico o encargado. En los tres niveles hay acoso y hostigamiento sexual y/o acoso y hostigamiento laboral, y al no ser empleada(os) de la institución de salud, no cuentan con derechos laborales, lo que pone a las estudiantes en una situación precaria y de indefensión”.
Por su parte, la Red de Profesoras Universitarias de Chihuahua consideró que la realización del foro en la sede de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas “ignora o minimiza las demandas de las estudiantes que han hecho en exigencia legítima contra la violencia sexual en la UACH”, y también canceló su participación en protesta.
Esta organización también recalcó que desde el 1 de septiembre se están llevando a cabo mesas de diálogo con las autoridades con el fin de erradicar la violencia en la universidad, por lo que “no se debe ni se puede tolerar la simulación” cuando se permite que “presuntos agresores sexuales participen en la vida universitaria”.
El foro se llevó a cabo los días 28 y 29 de octubre de 2021 en el poliforum de la facultad como estaba planeado, a pesar del pronunciamiento de las organizaciones.
Restos humanos que podrían ser de la enfermera Itzel G.G., que desapareció en el mes de abril del 2020, fueron localizados durante una inspección realizaba en una fosa clandestina en Tuxtepec, y por cuy caso ya se encuentran condenados Martín F.C., y Omar B.G.
La Fiscalía General del Estado indicó que regresó al lugar donde ya habían realizado restos el año pasado y volvieron a encontrar más restos humanos que podrían ser de Itzel, la joven que desapareció en el centro de Tuxtepec.
Cabe resaltar que, con este operativo, suman tres acciones de búsqueda realizadas por la FGEO para localizar a la persona reportada como desaparecida el 14 de abril de 2020, en Tuxtepec.
Las acciones fueron coordinadas por la Institución de procuración de justicia, a través de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca y de las Unidades de Búsqueda de Personas No Localizadas y de Desaparición Forzada de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad, contando además con el apoyo de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda y de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y binomios caninos.
El plan de búsqueda se realizó los días 25, 26 y 27 de octubre del año en curso, en diversos puntos y parajes de San Juan Bautista Tuxtepec, entre ellos, el predio denominado “Los Girasoles”, ubicado a un costado de la carretera Tuxtepec-Zacate Colorado, donde localizaron restos óseos humanos, mismos que serán sometidos a estudios periciales para determinar perfiles genéticos, a través de pruebas de laboratorio del Instituto de Servicios Periciales de la FGEO.
Hace un año realizaron búsqueda en la misma zona y hallaron algunos restos y ahora nuevamente acudieron al lugar y localizaron otros restos, pero que estaban calcinados y por lo cual no pudieron extraer el perfil genético.
Según testigos y familiares, la joven estudiante fue vista por última vez el martes 14 de abril del 2020, en la colonia Grajales de San Juan Bautista, Tuxtepec Oaxaca.
Sobre el caso hay dos personas acusadas y condenadas por el delito de desaparición cometido por particulares y se trata de Martín F.C., y Omar B.G.,, quienes enfrentan también otro proceso por el mismo delito de otra joven desaparecida.
Los colectivos de familias de personas desaparecidas en el estado de Nayarit, “Familias Unidas por Nayarit (COFAUNNAY)”, “En Busca de Verdad y Justicia”, “Por Nuestros Corazones” y “Renacer por Amor a Ellos”, acompañados por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y por IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., enviaron una carta formal al Comité CED, solicitando que durante su visita a México en el mes de noviembre del presente año, asistan a Nayarit y se reúnan con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, para dar conocer de primera mano la situación que se vive en la entidad.
Dicha petición está basada en lo sucedido entre los años 2011 y 2017, donde los colectivos han denunciado los delitos de desaparición forzada atribuidos a autoridades estatales ministeriales y policiales, y la ausencia de investigación y castigo de los responsables.
Las familias de Nayarit, al no obtener avances sobre la búsqueda de sus seres queridos, ni de las investigaciones sobre los autores de las desapariciones, acompañados por IDHEAS, acudieron al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED), para denunciar las desapariciones forzadas. Este órgano, atendiendo la comunicación, emitió acciones urgentes para la búsqueda de 39 personas desaparecidas en agosto de 2020.
Como resultado del proceso de documentación y acompañamiento en los casos, el 29 de junio de 2021 la FIDH e IDHEA, presentan un informe donde se denuncia la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en el Estado de Nayarit ante la Corte Penal Internacional (CPI), y se urge a la Corte que considere abrir un examen preliminar sobre México.
El informe detalla la falta de acción y negligencia de las autoridades locales en la investigación y el enjuiciamiento de casos de desaparición forzada cometidos durante el gobierno en ese periodo de tiempo, a pesar de los arduos esfuerzos para obtener alguna medida de justicia realizados por los colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada del Estado de Nayarit.
Ante este contexto, los colectivos han solicitado que los miembros del CED acudan a Nayarit y se reúnan con las familias quienes podrán informar la terrible situación de impunidad, la ausencia de investigaciones efectivas, la omisión en el castigo de los responsables, el retraso en las búsquedas e identificaciones, así como las amenazas contra los y las líderes de los colectivos.
Texto y fotos: Claudia Victoria Arriaga / Pie de Página
Tres policías municipales de Tecoh, Yucatán fueron sentenciados a 30 años de prisión por asesinar al joven José Luis Cauich Yerbes. Sin embargo, la familia de la víctima vive con miedo por amenazas
TECOH, YUCATÁN.- El 24 de diciembre del 2020, José Luis Cauich Yerbes fue asesinado por policías municipales de Tecoh, Yucatán. Diez meses después del crimen, se determinó culpables de homicidio calificado a E.F.U.Ch., A.Ch.M. y M. A.C.Ch. La familia lejos de sentirse tranquila con el veredicto, vive con miedo. Constantemente son amenazados y hostigados por personas cercanas a los responsables.
El joven de 27 años y de oficio albañil, falleció en el trayecto de la comisaría X´canchakán – de donde era originario- a la cárcel pública. Ese día, su hermana, quien también era su vecina, solicitó ayuda a la policía porque habían discutido. Nunca pensó que lo asesinarían.
Su padre, Martín Olavo Cauich Iuit relató que, desde el inicio del proceso legal, la familia es víctima de agresiones. En una ocasión ingresaron a su terreno y robaron sus animales. Sus nietos, que apenas son unos niños, también son hostigados:
“¿Cómo no me va a doler si es mi hijo? Yo si estoy andando como un perro en la calle porque nadie me defiende, porque nos odian mucho. Los policías me odian porque estamos tras de esto. ¿Cuántas amenazas ya me hicieron? Me dijeron que me van a secuestrar, me dijeron que nos van a mandar a abollar (apedrear) la casa, por gente de los que están (policías) presos, te asustan, gente que ni conoces te mandan a amenazar”, dice entre lágrimas.
“Uno de mis nietos que está en la escuela, tengo uno de 12 y 7 años de edad, que cuando vienen me dicen ‘Papito, cuidate mucho que te van a matar como mataron a tu hijo’, que un señor se los dijo”.
María Cauich Yervez cree que la condena de 30 años que recibió cada oficial por el asesinato de su hermano es solo justicia parcial. La familia se siente abandonada por las autoridades y debe enfrentarse sola al acoso de quienes los culpan por buscar justicia. Lo que más le duele, dice, es que José Luis creía en la corporación, pues él fue policía.
“Los que fueron responsables tienen que pagarlo porque mi hermano no era un animal para hacerle eso. Él fue policía, ahí se recibió terminó sus estudios, cuando entró era un muchacho que no sabía leer y escribir. Recibió su diploma donde él entrenaba. Él sí tuvo realmente capacitación de cómo debe agarrar, tratar a una persona, no con maltrato echando ese gas languiñeo (lacrimógeno)”, comenta María.
Testigos falsos para defender a policías
Al inicio de las investigaciones se presentaron a declarar a la agencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) supuestos testigos del arresto de José Luis Cauich. Enojada con la situación, Lizbeth Maribel Cauich Yerbes asegura que buscará la forma de demandar a estas personas, que mintieron para obstaculizar la justicia.
Ella acudió a la mayoría de las audiencias y fue la encargada de hacer los trámites para que le entregaran el cuerpo de su hermano. Nunca olvidará que pasó una semana en las diligencias, incluso algunos días tuvo que pasar la noche en la Fiscalía de Mérida porque era muy tarde para regresar a su comisaría.
Para Lizbeth está claro que, aunque solo tres pagarán por el crimen cometido contra su familia, hubo dos personas más involucradas. Uno de ellos es el comisario municipal de X-Kanchakán, Reynaldo Chuc Puc, quien es padre de uno de los policías.
“Que le dé gracias a Dios que él tiene a su hijo en la cárcel, por lo menos él lo puede ver. ¿Yo cuando voy a ver a mi hermano otra vez? No lo puedo ver otra vez, que dicha tengo yo de que se va a condenar a tres, si mi hermano no va a regresar con eso. ¿Cómo le voy a explicar a mi hijo que me pregunta ‘dónde está mi tío’? ¿Cómo le voy a decir yo que ya no está?”.
El Servicio Médico Forense (Semefo) determinó que José Luis falleció por “asfixia mecánica por oclusión de vía aérea”, su familia cree que se ahogó con su propia sangre a consecuencia de los golpes.
«Fue una venganza»
El padre de José Luis, el señor Martín Olavo Cauich Iuit, está seguro de que asesinaron a su hijo en venganza porque lo defendió de los policías hace algunos años. En aquella ocasión, antes de remitirlo a la cárcel pública de Tecoh, lo llevaron al calabozo de la comisaría de X´canchakán.
“Me quitaron todo mi dinero, me metieron al calabozo de aquí como dos horas y después a Tecoh, entonces, mi hijo fue a reclamar y le dijeron ‘vas a caer y pagar lo que hiciste’. Fue una venganza lo que le hicieron”, apuntó.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) documentó en el 2020 la muerte de 10 personas bajo custodia de policías, se trata de seis en corporaciones municipales y cuatro con la policía estatal.
Otros habitantes más permanecen en el albergue del INPI, en San Esteban Atatlahuca.
HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, informó que buscan a nueve personas que están en calidad de desaparecidas y que hasta la fecha no han sido localizadas; sin embargo, confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 49 años de edad, originario de Mier y Terán —agencia de San Esteban Atatlahuca-.
Los desplazados aún permanecen en un albergue en Tlaxiaco.
Santiago Reyes dijo que los días 21, 22 y 23 de octubre ocurrió un ataque armado en las comunidades de Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuxi, donde fueron quemadas más de 100 casas y cinco personas perdieron la vida.
Indicó que este martes fue localizado el cadáver de Isidoro Hernández, de 49 años de edad, en el paraje Shinito’o perteneciente a Mier y Terán, el cual presentaba disparos de arma de fuego y signos de tortura.
Refirió que fue personal de la Fiscalía de Tlaxiaco el que realizó el levantamiento del cadáver, mismo que fue entregado a sus familiares el martes y este miércoles será sepultado en la comunidad de Mier y Terán.
Detalló que aún falta por ubicar a Feliciano Bautista Sandoval, Austreberto Barrios Hernández, Raymundo López Sandoval, Felipe Reyes Velasco, Dominga García Riaño, Donato Bautista Avendaño, Martina Sandoval, Marcos Quiroz Riaño y Mayolo Barrios, quienes están en calidad de desaparecidos.
Recalcó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no debe de emitir declaraciones respecto al caso de San Esteban Atatlahuca, ya que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía de Oaxaca, por lo que es necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) se haga cargo del caso y que no mal informe en este tema.
En el ataque armado fueron quemadas más de 100 viviendas, acusa Cedhapi.
Asimismo, detalló que los desplazados de Guerrero Grande continúan refugiados en un albergue en Tlaxiaco y otros más permanecen en el albergue del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en San Esteban Atatlahuca.
3 días ocurrieron los ataques armados
100 viviendas fueron incendiadas
5 personas fueron asesinadas
9 habitantes están desaparecidos
Familias de los 10 yaquis desaparecidosexigieron certeza científica que comprueben la identidad de los restos hallados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora.
En conferencia de prensa, al cumplirse 105 días de la desaparición de los 10 indígenas de la comunidad yaqui, sus familias exigieron evidencia científica de que los restos encontrados pertenecen a sus seres queridos.
Lo anterior, con un análisis forense independiente de identificación pues según la fiscalía, los restos pertenecen a sus familiares, aunque no les han entregado ningún dictamen que lo compruebe.
También denunciaron que a más de tres meses de la desaparición, no han tenido acceso a la carpeta de investigación.
Familias exigen conocer las líneas de investigación
Anabela Carlón, vocera de las familias yaqui de Sonora, dijo que otra de sus exigencias es conocer las líneas de investigación y un asesor jurídico que trabaje de manera estrecha.
“Hay acercamientos pero no la información que nos corresponde. Entendemos que no se puede filtrar información, pero no se puede vivir con la zozobra de qué es lo que le pasó a tu familiar”.
ANABELA CARLÓN, VOCERA DE LAS FAMILIAS YAQUI
Los posibles avances sobre la identificación de, al menos, 7 indígenas yaquis compartidos por la fiscalía, sucedieron a dos días de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a territorio yaqui.
Las familias explicaron que esto sucedió de manera repentina, sin que los resultados fueran notificados.
También se les informó que hay órdenes de aprehensión en contra de posibles responsables, pero que será la próxima semana cuando les darán más detalles.
La desaparición de los 10 yaquis en Sonora
El 14 de julio pasado, los 10 indígenas salieron de la comunidad yaqui Loma de Bácum, en el sur de Sonora, hacia el rancho conocido Agua Caliente, donde recogerían algunas vacas para la fiesta tradicional pero no volvieron.
La violencia en la comunidad se ha intensificado, pues han registrado desapariciones y homicidios de líderes yaquis como: Tomás Rojo, Agustín Valdez y Luis Urbano.
El pueblo yaqui constantemente, defiende su territorio ante la presión por distintas obras públicas y privadas.
De los 10 desaparecidos, 7 son integrantes de Loma de Bácum; dos son de Ciudad Obregón y una persona más que no pertenecía a la comunidad:
Braulio Pérez Sol
Leocadio Galaviz Cruz
Juan Justino Galaviz Cruz
Gustavo Acosta Hurtado
Benjamín Pórtela Peralta
Heladio Molina Zavala
Fabián Sombra Miranda
Martín Hurtado Flores
Fabián Valencia Romero
Artemio Arballo Canizalez
Cabe recordar que por este caso, el pueblo yaqui denunció ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno por su posible complicidad con grupos de la delincuencia organizada.
La Asamblea Múuch’ Xíinbal recalcó que el Gobierno federal diariamente ejerce descalificación y amedrentamiento en contra de quienes luchan por la defensa de su territorio
Mérida, Yucatán, 27 de octubre de 2021.- Luego de que el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, declaró en el Senado que tienen identificadas a las personas y asociaciones detrás de los amparos en contra del Tren Maya, la Asamblea Múuch’ Xíinbal advirtió que sus dichos suenan a amenazas siniestras y criminales que de nuevo los pone en una situación del vulnerabilidad.
Como se sabe, durante su comparecencia ante senadoras y senadores, dicho funcionario federal dijo que 327 personas han interpuesto 25 amparos contra el proyecto y señaló que 49 personas físicas y morales se repiten en todos los amparos. Incluso enfatizó que se tienen identificadas a seis organizaciones de la sociedad civil detrás de estos.
Al respecto, Múuch’ Xíinbal indicó que la sombra del “sospechosismo” aflora en cada palabra de Jiménez Pons y que suena siniestro. Recalcó que una vez más se demostró que el Gobierno federal diariamente ejerce descalificación y amedrentamiento en contra de quienes luchan por la defensa de su territorio.
“Responsabilizamos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a su subordinado y patético director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, de cualquier amenaza, percance o daño físico que pudiera ocurrirle a cualquier integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, pues otra vez sus declaraciones nos ponen –con toda intención criminal– en una situación vulnerable”, sostuvo la agrupación en un comunicado.
La Asamblea recordó que ha recurrido a la defensa legal de su territorio y de sus derechos con los mecanismos y herramientas que la misma ley y el sistema de justicia les otorga. Por eso mismo han solicitado la protección del amparo y pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares, pues se enfrentan a la imposición y presión de dicho megaproyecto.
Y una vez más exigió la cancelación Tren Maya porque es un proyecto mal concebido, mal diseñado, mal ejecutado –técnica, política, socialmente–, corrupto, corruptor y transgresor de los convenios internacionales contra el etnocidio.
Huajuapan de León, Oax.(pagina3.mx).-Salió el 23 de octubre de 2020 a cancelar una cena a unos metros de su casa, pero no volvió. A un año de su desaparición, de Sayra Leticia Morales Loyola no se tiene ningún rastro.
Luz María Leticia Loyola López, madre de Zayra dijo que, a partir de su desaparición, sus dos hijos, menores de edad, continúan esperándola, pero cada vez con menos esperanzas porque a la familia se le están acabando los argumentos del por qué su mamá no está en su hogar.
“Yo retomé el papel de madre porque mis nietecitos nacieron ahí en mi casa, al principio los engañamos diciéndoles que se fue a trabajar y que pronto iba a regresar. Ya pasó un año y el más grandecito ya no cree mucho de lo que yo digo, dice que le digamos en dónde está”, compartió.
Manifestó: “Los quiero mucho, los veo sufrir y ellos me ven sufrir porque a veces, aunque yo no quiera me ven llorar, porque hay ocasiones que ya no quiero saber nada, no tengo gusto ya de nada, y ellos son mi fuerza”.
A un año y sin importar la lluvia que les acompañó durante todo el camino, la familia de Zayra, amigos, además de las colectivas Marea Verde e Hijas de la Luna, realizaron una marcha de la comunidad de Santa María Xochixtlapilco, de donde es la familia, al centro de Huajuapan de León.
Durante el mitin frente al palacio municipal, llamó a la población a compartir la información de Zayra, sumarse a la búsqueda, proporcionar cualquier información que tengan y que permita dar con su paradero, aunque sea de manera anónima, además de tener empatía.
“Hemos vivido un calvario desde un principio, hubo tres detenidos que fueron vinculados a proceso, dos en diciembre y una en febrero, pero no se ha definido su situación; luego vino el cambio de fiscal general y del vicefiscal y todo se quedó estancado”, dijo.
Expresó que confía en el ahora titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Arturo Peimbert Calvo y la vicefiscal en la Mixteca, Hilda Cabrera, por la disposición y empatía que le han manifestado.
“Lo que yo he pedido es la búsqueda de mi hija, que la reanuden porque sólo nosotros, su familia, hemos salido a buscarla en bosques, barrancas y ríos de la comunidad, además de otros lugares de la región, pero seguimos sin encontrarla”, destacó.
ElPaís.cr
Ciudad de México, 26 oct (Sputnik).- Una asamblea de defensores del territorio de comunidades originarias mayas en el sureste de México rechazó el lunes las iniciativas de ley sobre apicultura, presentada en ambas cámaras del Congreso, así como normas emitidas recientemente en estados de esa zona del país.
«La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch» Xíinbal, personas del pueblo Maya dedicadas a la apicultura y al cuidado recíproco con abejas nativas, emitimos este documento para expresar rechazo absoluto ante las propuestas que expiden la Ley Federal Apícola y la Iniciativa de la Ley General de Protección Apícola», presentadas en la Cámara de Diputados y el Senado, dicen las comunidades un texto enviado al Congreso.
Las comunidades afirman que esas iniciativas de ley «son parte de las amenazas y riesgos que no solamente no resuelven los problemas sino los agravan, empezando por no haber sido consultadas, no siguieron un debido proceso y no protegen a la apicultura».
El documento asegura que los proyectos legislativos carecen del interés por abordar las problemáticas que aquejan a las «familias que procuran la vida junto con las abejas».
También señala que las amenazas reales son «la deforestación, el cambio climático, la agricultura industrial de monocultivos, la siembra de cultivos genéticamente modificados, el amplio uso de plaguicidas y agrotóxicos».
Las comunidades indígenas deploran que las iniciativas de ley propuestas por diputados y senadores no establecen medidas pertinentes ni integrales contra «la comercialización de miel adulterada y falsa», entre tantas amenazas que no son abordadas.
Las leyes no respaldan el trabajo de campesinos mayas sino que «van contra las abejas, el trabajo de los apicultores y la vida».
Por ejemplo, mencionan que se pretende imponer obligatoriamente una serie de «disposiciones ajenas a la realidad local y cultural, estableciendo innecesarios y numerosos requisitos, trámites complejos, costosos y burocráticos, que terminarían por desincentivar el quehacer de la apicultura», que se encuentra en condiciones de desventaja y desigualdad en territorios indígenas y campesinos.
Contra el racismo y la deforestación
La asamblea comunitaria maya considera que se trata de «leyes racistas, ya que desconocen y desdeñan el manejo tradicional de la apicultura».
Entre las medidas rechazadas están el establecimiento obligatorio de una «homogeneización de la actividad apícola por medio de la tecnificación y modernización en un modelo tecnocrático que no toma en cuenta ni incluye los saberes culturales de apicultores y campesinos, mucho menos observa aspectos para su conservación ni fortalecimiento»..
La iniciativa de ley establece la creación de nuevas instituciones «por encima de los apicultores, imponiendo una estructura autocrática a través de disposiciones legales y certificaciones monopólicas obligatorias» bajo instrumentos y estándares que no son esclarecidos.
En ese sentido, advierten que si se aprueban esas medidas violarían el derecho a la libre determinación y organización autónoma de los apicultores del pueblo Maya y comunidades originarias del país.
También reafirman su exigencia de poner alto a la deforestación que resulta de la construcción del Tren Maya que dirige el gubernamental Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) en la península de Yucatán, en una ruta de 1.500 kilómetros, que cruza por comunidades indígenas, zonas arqueológicas, y playas del Caribe mexicano.
«Exigimos que se frene la deforestación causada por el Tren de Fonatur, y por todos los megaproyectos vinculados al mismo que nos impactan negativamente», dice el posicionamiento.
Las comunidades rechazan el uso de todos los pesticidas, venenos y agroquímicos como el glifosato, y de los cultivos genéticamente modificados (como Bayer-Monsanto) que dañan a las abejas, a la agricultura indígena y campesina, la salud de las personas y los bosques.
Además, manifiestan que no consentirán ningún cambio genético de las abejas en región de comunidades que mantienen viva esta actividad tradicional.
Al tiempo que denuncian las precarias circunstancias de desigualdad ante los «intereses aplastantes del mercado», la contaminación y la devastación creciente de los bosques.
Finalmente señalan que el ferrocarril turístico solo considera las ganancias millonarias de las empresas y la demanda de alimentos que traerán los nuevos «polos de desarrollo y el turismo depredador» de gran escala anunciado por el «Tren de Fonatur».
Luego de que Enrique Alfaro, durante su Tercer Informe sobre Seguridad, minimizara la crisis de seguridad que padece Jalisco, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y organizaciones civiles le reclamaron que no hablase con la verdad y que usara la criminalización de las víctimas como una forma de evadir la responsabilidad que tiene su gobierno.
Por ello, presentaron un contra informe donde de manera contundente le señalaron que: 1) las desapariciones no van a la baja, 2) la crisis forense se ha agravado durante su administración, y 3) la localización de fosas no es suficiente mientras persista la impunidad y la no procuración de justicia.
Darwin Franco / Zona Docs
“Las familias de personas desaparecidas afirmamos que la información presentada por el Gobernador no representa la realidad que vivimos cuando nos enfrentamos a las y los servidores públicos de su gobierno”, con estas palabras y con la experiencia que les da el haber padecido maltratos, criminalización de sus seres queridos y nulos avances en sus investigaciones, las y los integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de Jalisco presentaron un contra informe donde cuestionaron la información que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó durante su Tercer Informe de Seguridad.
Sustentado en datos otorgados, vía transparencia, tanto por la Fiscalía del Estado de Jalisco como por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, los colectivos Por Amor a Ellxs, Guerreras San Miguel El Alto, Guerreras Unidas de Chapala, Colectivo + 1 = Todos Tlajomulco, Hasta Encontrarles Lagos de Moreno, Entre Cielo y Tierra, Huellas de Amor Jr 33:3, Altos Sur Jalisco En Busca de Ti y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), exigieron al mandatario estatal que los datos presentados por el gobernador sean contrastados con los que su propio gobierno les ha otorgado y por los que ellas mismas han recabado durante sus años de búsqueda.
Uno de las cuestiones más molestó a quienes buscan a las más de 14 mil 519 personas reportadas como desaparecidas en el estado (hasta el 26 de octubre de 2021), es la manera en que el gobernador usó la criminalización de sus seres queridos como una forma de excusarse de los pocos resultados que su gobierno ha tenido en materia de seguridad pública.
Para las familias buscadoras, es alarmante sin dar prueba alguna el gobernador Alfaro declare que: “el 80% de los homicidios dolosos están ligados a las actividades delictivas del crimen organizado”, o que se atreva a decir que “no se pueden recibir heridas de bala o aparecer embolsados, encobijados o descuartizados sin que exista alguna vinculación con la delincuencia”, pues eso sólo busca criminalizar a las víctimas de delitos que su administración debería haber evitado.
“Frente a la ausencia de investigaciones exhaustivas, la omisión de las autoridades al garantizar la seguridad y la vida de las y los jaliscienses, y la falta de medidas de prevención, este tipo de expresiones parecen alarmantes y revictimizantes. Además, no existe información precisa que dé cuenta de la veracidad de dichas expresiones, por lo cual este discurso sin evidencias tiende a deslindar al Ejecutivo Estatal de su responsabilidad frente a la actual situación de violencia, y nuevamente criminaliza a las víctimas”, señalaron los colectivos de búsqueda.
¿Desapariciones a la baja: de qué estado habla el gobernador?
En el mismo Tercer Informe sobre Seguridad, Alfaro Ramírez aseguró que las desapariciones en el estado van a la baja y que, en consecuencia, es falso que Jalisco esté en el primer lugar de personas desaparecidas en el país.
Ante ello, las familias evidenciaron que el mandatario alteró las estadísticas durante su informe, pues en éste sólo reconoció la desaparición de 10 mil 777 personas, siendo que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el estado aparece en primer lugar con 14 mil 519 desapariciones. Incluso, le hicieron que sus familiares no son “personas pendientes de localizar”, sino víctimas de un delito llamado: desaparición.
“Utilizar expresiones como “persona pendiente de localizar” resulta poco sensible ante contexto que vivimos y remarca cómo desde el discurso público se pretende desaparecer a las personas ya desaparecidas y minimizar el impacto de una desaparición, asumiendo que se trata únicamente de personas que no han sido localizadas por la autoridad, lo que no solo viola los estándares internacionales sino también la reciente Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, a la vez que no respeta la larga lucha que hemos emprendido las familias para que todas las personas que nos faltan, sean reconocidas como desaparecidas”.
En cuanto a los datos presentados por el gobernador, le señalaron que están errados porque ahí sólo se contempla las denuncias por la desaparición de personas realizadas ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), y no aquellas recabadas por otras instancias de la Fiscalía del Estado de Jalisco (Fiscalías Regionales) o, incluso, las que aparecen en los registros de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.
“Las 10 mil 777 personas que señala Enrique Alfaro en el informe difieren de las más de 14 mil 500 personas desaparecidas, que indica el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que reúne información proporcionada por las autoridades locales de las fiscalías y comisiones locales, así como personas en lo individual, por lo que la información sistematizada a nivel nacional y estatal no debería presentar las discrepancias, y menos ser ignorada por el Gobierno de Jalisco en tanto que se trata de sus propios datos proporcionados a la federación”.
Además criticaron el tono triunfalista del gobernador cuando señaló que “hay menos personas desaparecidas cada año”, lo cual es engañoso porque tan sólo en su administración (Del 6 de diciembre de 2018 al 25 de octubre de 2021) han sido desaparecidas 3 mil 950 personas; es decir, una cuarta parte de todas las personas reportadas como desaparecidas en la historia del estado.
Con datos otorgados por el propio poder ejecutivo, las familias buscadoras indicaron que no es posible hablar de baja en desapariciones cuando se tiene tal inconsistencia en cuanto a las cifras de personas desaparecidas que aparentemente ya fueron localizadas.
“El gobernador presentó que entre diciembre de 2018 y hasta septiembre de 2021 han sido localizadas 10 mil 73 personas que fueron denunciadas como desaparecidas, de acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, el SISOVID solo da cuenta de 7 mil 904 personas localizadas durante el mismo periodo, a pesar de que se alimenta de la misma fuente de información.
En contraste con la información estatal, el RNPDNO da cuenta de un registro histórico mucho menor al de las autoridades locales. Incluso, por los datos proporcionados por las autoridades estatales ante dicho registro nacional, durante la administración de Enrique Alfaro solo se ha encontrado a la mitad de las personas de las que dio cuenta el gobernador en su informe”.
“No destacan entre las personas localizadas los casos que son de larga data, como hemos nombrado desde las familias a nuestros seres queridos que tienen muchos años desaparecidos. Tampoco se tiene certeza de si las personas que fueron localizadas lo fueron por acciones de las autoridades, acciones de las propias familias o si fueron las mismas personas las que regresaron a sus hogares o se pusieron en comunicación con quienes les buscaban”
Por ello, fueron firmes al señalarle que: “Contrario al discurso que pretende destacar esta cifra como positiva, lo que nos arrojan datos del RNPDNOes que solo 3 de cada 10 personas desaparecidas son posteriormente localizadas o vuelven con sus familias“.
Localizar fosas no es suficiente sino hay identificación
Otro de los logros que presumió Enrique Alfaro fue el de localización de fosas clandestinas, donde Jalisco encabeza también las estadísticas tanto en hallazgo como en exhumación de cuerpos de personas fallecidas no identificadas.
Lo que no dijo el gobernador, expresaron las familias, es que ese hallazgo de fosas durante los tres años que lleva su administración, en términos porcentuales, fue del 628.13%.
Lo que en su discurso el gobernador pasa por alto es que la localización en fosas clandestinas no sólo resulta de la búsqueda de personas, sino también de un crecimiento en el uso de fosas clandestinas por parte del crimen organizado, al emplear la desaparición de personas como técnica para la generación de otros dispositivos de violencia que se ejerce no sólo a las personas que se desaparecen, sino también a toda su familia y a la sociedad en general, generando una situación de miedo y terror. A lo anterior se suman los esfuerzos que hacemos las y los familiares de personas desaparecidas al hacer la búsqueda en campo y recopilar información que nos da indicios de lugares donde pudiera existir una fosa clandestina”.
Lo que también omitió el gobernador es la forma en la que se dan esas localizaciones ni las condiciones en las que los cuerpos son encontrados:
“la reducción significativa de localización de cuerpos enteros y el aumento en el hallazgo de restos o segmentos humanos, encontrados en bolsas de plástico, cuya condición dificulta enormemente la identificación de las personas fallecidas, siendo para nosotras y nosotros sus familiares, un gran reto recuperar el cuerpo completo de nuestros seres queridos en caso de haber logrado identificarlos a partir de un resto, aumentando nuestro sufrimiento y dolor”.
Por ello, fueron contundentes en señalarle que:
los procesos de localización de fosas clandestinas no se traducen en la localización efectiva de personas desaparecidas. Esto debido a que la exhumación de víctimas no está acompañada de una correcta trazabilidad y manejo de información, ni de los diligentes procesos de identificación forense. Esta situación ocasiona una segunda desaparición de nuestros familiares, y nos revictimiza”
Situación que se ocasiona por la falta de coordinación entre la Fiscalía del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, misma que genera que hoy en día, la identificación de las personas localizadas en una fosa clandestina estén tardando entre 12 y 18 meses, lo que se traduce en una saturación de los espacios forenses que hace aún persistente la crisis forense que ha negado en repetidas ocasiones Enrique Alfaro.
“Cabe resaltar que la localización de fosas clandestinas tampoco es acompañada por la debida procuración de justicia, ya que ante el enorme panorama de fosas clandestinas localizadas en la entidad, solo se tienen hasta ahora cuatro personas vinculadas a proceso por delitos relacionados con las mismas”.
Impunidad que también prevalece en cuanto a los responsables de la desaparición de sus familiares, pues en este rubro en el Tercer Informe de Seguridad se destacó la detención de 59 personas servidoras públicas involucradas en la desaparición forzada de personas, 572 personas judicializadas y 281 vinculadas a proceso.
“No obstante en lo referente a la judicialización de los casos, llama la atención que ante un panorama de más de 14 mil 500 personas desaparecidas, solo se haya judicializado a 572 personas, lo que representa una proporción minúscula con respecto al tamaño del problema. Además, de esas 572 personas que ya fueron llevadas ante un juez solo se ha logrado vincular a proceso a cerca de la mitad (281 personas) lo que evidencia la falta de elementos proporcionados por los Ministerios Públicos para demostrar la participación de esas personas en los casos de desaparición. Se requiere mayor capacitación y preparación de estos servidores públicos para que se logre un mayor avance en los procesos ante la justicia local”.
Una crisis forense innegable
Sobre el dicho de gobernador Alfaro Ramírez en el que sostiene que:
“no hay crisis forense, pues se tiene una “institución que ha aumentado sus capacidades y que trabaja a tope. Cuando alguien habla de crisis forense lo que yo les digo es no. Crisis forense la que había hace tres años. Hoy lo que tenemos es un instituto en proceso de renovación, en proceso de fortalecimiento y con una estrategia y una ruta de trabajo para los próximos años, pero con logros y avances muy significativos”.
Las familias le respondieron que: “Antes de la situación de los tráileres se tenía un promedio diario de entre 7 y 8 personas fallecidas que ingresaban a los servicios forenses de Tlaquepaque. Entre 2019 y 2020 ese promedio diario incrementó a 12 y 13, respectivamente”.
Incluso fueron más allá al señalar que:
“Los registros de PFSI que ingresaron en el SEMEFO, antes de 2018, son entre el 8% y 9%. Mientras que las personas que ingresaron entre 2020 y 2021, que no fueron identificadas, son superiores al 20%. Con esto se demuestra que actualmente 2 de cada 10 personas que ingresan al SEMEFO no logran ser identificadas”.
Esto contrasta ampliamente con lo que se informó en el Tercer Informe sobre Seguridad donde se indicó que bajo resguardo sólo están 494 PFSI y 3,012 segmentos anatómicos en las instalaciones, lo que refiere a una ocupación de 97.82%; sin embargo, indican las familias buscadoras que “hasta agosto de 2021, había más de 1,735 registros de PFSI bajo resguardo en SEMEFO. De esas más de mil 700 personas, 598 se encontraban como cadáveres, 142 como restos óseos u osamentas y 1,055 eran restos humanos”.
Por estas inconsistencias, resulta totalmente falso para las familias que no haya crisis forense como la de hace tres años cuando se localizaron dos contenedores frigoríficos donde se tenían hacinadas a, por lo menos, 322 personas fallecidas sin identificar, pues pese a que ya no sucede esto, los colectivos de búsqueda señalan que “la crisis ha persistido”.
“Esto lo hemos corroborado en la búsqueda de nuestros seres queridos. Después de ir meses al SEMEFO para ver si ahí se encuentran, se nos dice que no están ahí y luego nos enteramos que sí se encuentran ahí. Esta situación alarga la ausencia y el dolor. Como nosotras, a diario escuchamos historias de otras familias que buscan por meses y descubren que su familiar estuvo en las instalaciones forenses desde tiempo atrás y cuya posibilidad de entrega se alargaba por ausencia de pruebas que coincidieran con sus familiares o los errores o la negativa del personal para reconocer que sí estaba una persona con las características de la persona desaparecida”.
Además le recordaron a Enrique Alfaro que aún sigue “sin resolverse la situación de los tráileres”, pues la gran mayoría de las personas fallecidas que se encontraban en esas cámaras frigoríficas: “no han sido entregadas a sus familiares”.
“La crisis forense va más allá del “deshacerse de los cuerpos” al depositarlos en cámaras refrigerantes o inhumarlos. Se requiere ya de un enfoque en la identificación masiva y la entrega digna de los cuerpos y restos humanos a sus familiares sin que esto signifique un largo proceso de revictimización y dolor al que ya se suma la noticia e impacto psicosocial frente a la localización sin vida de un ser querido”, concluyeron las familias.
Finalmente, quienes integran esos colectivos de búsqueda señalaron que si para el gobernador las personas desaparecidas son “un número más en la estadística de Pendientes de Localizar”, para quienes les buscan “son un ser querido desaparecido, son personas que tienen nombres, historias de vida y sus familias que les aman”.
***
Lee aquí de manera íntegra el contra informe elaborado por las familias de Por Amor a Ellxs, Guerreras San Miguel El Alto, Guerreras Unidas de Chapala, Colectivo + 1 = Todos Tlajomulco, Hasta Encontrarles Lagos de Moreno, Entre Cielo y Tierra, Huellas de Amor Jr 33:3, Altos Sur Jalisco En Busca de Ti y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo
La organización Unión Diversa de Jalisco alertó el pasado miércoles 20 de octubre sobre la situación de una joven trans, quien fue agredida por un sujeto con una sustancia corrosiva mientras caminaba por la noche junto a una de sus amigas en el centro de Guadalajara, Jalisco.
Aunque el Gobierno del estado informó que a través de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) y la Subsecretaría de Derechos Humanos estaban procurando el acercamiento con la joven agredida, la organización denuncia que no ha sido así, de acuerdo con los señalamientos de la familia de la víctima. Incluso, han manifestado que, contrario a lo referido por las autoridades, su vida aun no se encuentra fuera de peligro.
Por ello, se han unido para solicitar el apoyo solidario de las personas a quienes se les convoca a realizar alguna aportación económica que facilite el pago de los medicamentos y tratamientos que Zoé requiere para sanar todo el daño físico ocasionado por la agresión.
Dalia Souza / Zona Docs
La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que una mujer trans fue agredida la noche del martes 19 de octubre de forma directa en el centro de Guadalajara; la joven que ha sido identificada por las organizaciones como Zoé, se encontraba caminando con una amiga sobre las calles Francisco I. Madero en su cruce con la Calzada Independencia, cuando un sujeto en una en motocicleta se les acercó, conversó con ambas y finalmente arrojó sobre el cuerpo y cara de la víctima un líquido corrosivo.
Horas después de que medios de comunicación informaran sobre la agresión, la organización Unión Diversa de Jalisco alertó a través de un comunicado que a la joven le fue negada la atención médica en el Hospital la Santísima Trinidad, nosocomio particular. Si bien, habría recibido atención de los servicios médicos municipales, posterior a la negación de los servicios, tuvo que ser llevada a las instalaciones de la Cruz Verde Delgadillo Araujo.
De acuerdo con la Fiscalía, los reportes médicos indicaban que la joven “fue dada de alta” por encontrarse “estable de salud y fuera de peligro”. Sin embargo, la presidenta de Unión Diversa Jalisco, Fascinación Jiménez informó el viernes 22 de octubre que, a decir de la familia de Zoé, tuvo que ser ingresada nuevamente a un hospital para atender en un quirófano la gravedad de las lesiones, ya que en la Cruz Verde tampoco recibió la atención adecuada.
También señaló que, contrario a lo declarado por las autoridades, la familia de Zoé indicó que en este lugar, la joven no rindió una declaración para dar seguimiento a la denunciapresuntamente iniciada por la Fiscalía de Derechos Humanos para identificar al agresor.
Este domingo 24 de octubre, la organización Unión Diversa de Jalisco actualizó sobre la situación de Zoé y advirtió que la familia de la joven denuncia no haber recibido hasta ahora ayuda de parte de las autoridades, incluso, cuando el Gobierno del estado aseguró estar llevando a cabo las gestiones necesarias para “ofrecer los servicios de atención integral especializada, acompañamiento psicológico y jurídico durante todo el proceso” a la joven, a través de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) y la Subsecretaría de Derechos Humanos .
Frente a esto, Unión Diversa de Jalisco, agradeciendo el trabajo que también han realizado colectivas feministas de la Red Yo Voy 8 de Marzo, llamó a la solidaridad de la ciudadanía para apoyar a la joven y a su familia a costear los gastos que ha implicado este crimen de odio.
Es importante recordar que, tanto la Red Yo Voy 8 de Marzo como la organización Unión Diversa de Jalisco coincidieron en que este ataque es evidencia de la violencia desmedida que se ejerce en contra de las mujeres trans, comunidades diversas y demás disidencias sexuales, no sólo de parte de la sociedad, sino también desde las instituciones.
La situación de Zoé precisó la organización, aun es “delicada” y permanece hospitalizada, probablemente tendrá que ingresar nuevamente al quirófano.
Quienes así lo quieran pueden brindar su apoyo haciendo una donación económica a través de la cuenta BBVA Bancomer 4152 3137 9328 6902, a nombre de Johana Rodríguez, con estos recursos la familia podrá costear los gastos de los medicamentos y tratamientos urgentes de Zoé.
Colima, México, Avanzada (23/10/2021).- La violencia contra las mujeres se ha convertido en un tema espinoso para el gobierno de Colima. Los datos muestran que el gobernador Ignacio Peralta Sánchez condenó este tipo de hechos sólo de palabras, pero nunca reconoció el incremento de los feminicidios, la violencia estructural en contra de este sector de la población y sobre todo, el fracaso de las acciones gubernamentales para frenar la problemática.
Hoy, en el ocaso del gobierno de Peralta, el informe “Violencia de género con armas de fuego en México”, reveló que en la entidad 8 de cada 10 mujeres mueren víctimas de arma de fuego, y junto con Guanajuato, encabeza la lista de los estados más letales para esta población.
Las mujeres más afectadas se ubican en el rango de edad de 20 a 54 años, pues se tienen estimaciones de que seis de cada diez fueron asesinadas de esta forma.
El informe fue presentado ayer y en él participaron las organizaciones “Intersecta”, “Data Cívica”, “EQUIS Justicia para las Mujeres” y el “Centro de Estudios Ecuménicos”, las investigadoras y defensoras de Derechos Humanos.
El documento expone que la mayoría de las mujeres víctimas de asesinato con arma de fuego denunciaron previamente episodios de violencia familiar.
El pasado 21 de junio, la representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Carmen García García declaró que la violencia feminicida en la entidad era 10 veces mayor a la que reflejaban las cifras oficiales.
Colima, México, Avanzada (22/10/2021).- Afuera del recién remodelado Palacio de Gobierno, más de cuatro mil trabajadores de la administración estatal exigieron el pago de las dos últimas quincenas y las prestaciones que el titular del Ejecutivo, Ignacio Peralta Sánchez adeuda a la burocracia colimense.
Los empleados resienten el quebranto financiero en el que se encuentra el gobierno de Colima desde el pasado 29 de julio y ayer mismo juzgaron al mandatario colimense: “Nacho Peralta saliste una rata”, “Nacho ratero, ya dame mi dinero”, se escuchó prácticamente por todo el centro de Colima, donde culminó la concentración de los trabajadores.
El mitin de los empleados de gobierno y de los organismos descentralizados, entre ellos Ciapacov, se realizó afuera del recién remodelado Palacio de Gobierno y donde la administración estatal invirtió 40 millones de pesos a pesar de los problemas financieros que arrastraba por presuntos actos de corrupción.
Ayer por la tarde y como parte de las exigencias para el pago de sus quincenas, los cuatro mil trabajadores sindicalizados y los pensionados y jubilados del Gobierno realizaron diferentes marchas que culminaron en el Centro de Colima.
Durante el recorrido los afectados culparon al gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez de haber desviado los recursos de la nómina por presuntos actos de corrupción y lo acusaron de ser el peor gobernador que ha tenido el estado de Colima.
En el mitin, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno, Martín Flores Sánchez sostuvo que la situación del gobierno está relacionada con presuntos actos de corrupción como la construcción del C5; la remodelación de la Calzada Galván y la adquisición de los terrenos de la XX Zona Militar, además de la restauración de Palacio de Gobierno.
Indicó que el gobierno Federal cubrió las quincenas de julio y agosto, después de que el gobernador declaró a su administración en insolvencia financiera y aunque el Gobierno del Estado hizo de nuevo la gestión para solicitar más recursos que permitieran cubrir los emolumentos de septiembre y octubre, la secretaría de Finanzas Valeria Pérez Manzo, encargada de llevar a cabo este procedimiento, renunció al gobierno el pasado martes.
Al término del mitin, los trabajadores quemaron una piñata con la imagen del gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez mientras repetían una y otra vez: “Nacho Peralta saliste una rata”, “Nacho, ratero, ya dame mi dinero”.
Este viernes continuarán las protestas de los trabajadores de Gobierno en los distintos centros de trabajo. En tanto, los policías del Estado, elementos de la Fiscalía y Trabajadores del Poder Judicial están en paro técnico porque desde hace un mes no se les han pagado sus quincenas.
MORELIA, Mich., 21 de octubre de 2021.- “¡Si los mártires vivieran, con nosotros andarían!”, con este grito, integrantes del magisterio michoacano recibieron al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a su llegada a Uruapan. Son docentes de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), del denominado Grupo Poder de Base, quienes llegaron a un acto efectuado en la Perla del Cupatitzio. Ello, en memoria de los Mártires de Uruapan, donde funcionarios estatales efectuaron una ceremonia en la que recordaron a estos ilustres personajes, pero que aprovecharon los docentes para repudiar la falta de cumplimiento de acuerdos. Esta inconformidad se debe a que los adeudos quincenales no llegaron completos como se prometió a los maestros, a quienes se les adeudan cinco quincenas pero sólo se les pagaron dos. “¡Bedolla decía, que todo cambiaría; mentira, mentira, la misma porquería!”, fueron los gritos con los que los maestros recriminaban que el gobernador prometiera cambiar el escenario de adeudos, pero este sigue igual, en medio de incumplimientos.
Imagen: Ilustrativa tomada de https://www.facebook.com/reddesaparecidoscolima
La Policía Estatal de Colima reportó al Inegi no haber realizado acciones orientadas a la búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas durante todo el 2020 y, por lo tanto, dicho instituto no incluyó ningún dato estadístico de la entidad sobre este tema en los resultados del Censo Nacional del Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2021.
A pesar de que Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no tiene datos disponibles, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha compartido con medios de comunicación que desde el año 2000 y hasta el 30 de diciembre de 2020, sumaron 467 personas desaparecidas en Colima, de las cuales sólo aparecieron 94 víctimas, es decir, apenas 20 porciento de los registros.
Por su parte, la presidenta de la Red de Desaparecidos Colima A.C., Carmen Sepúlveda, compartió que el estado ha sumado mil 700 víctimas desaparecidas en el sexenio de Ignacio Peralta que termina este mes. En el CNSPE, con datos de varias instituciones de seguridad pública estatales del país, el Inegi reporta variables respecto a casos conocidos, personas mayores y menores de edad, no especificadas y localizadas, datos que no pudo obtener en el caso de Colima.
Urgimos a Semarnat y Profepa a cumplir con lo establecido en sus competencias y garantizar el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano
La organización ambientalista Greenpeace y Cemda presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en contra de quien o quienes resulten responsables por las actividades de siembra de soya y maíz probablemente transgénicos que se están realizando en las comunidades de Santa Rosa, Xtampac, Huechil, Bolonchen, Ich Ek, Santa Fe, Crucero San Luis, Nueva Esperanza, Sacabchen, Poste, Katab, Xcalot, Komchén y Nuevo Progreso, del Municipio de Hopelchén, estado de Campeche.
Denuncian siembra ilegal de maíz y soya transgénicos
La denuncia, respaldada por las organizaciones Indignación y la Alianza Kabnalo´on, surge a partir de que los habitantes de las comunidades informaron que durante los meses de junio, julio y agosto de 2021, observaron la siembra de semillas de maíz y soya, así como la aplicación agroquímicos, entre ellos el glifosato, por lo que se sospecha que dichas semillas sean transgénicas y se urge a las autoridades a tomar cartas en el asunto.
El 18 de junio de 2021, los denunciantes presentaron una solicitud ante la Profepa y el Senasica para pedir la realización de inspecciones para detectar y evitar la liberación y siembra de semillas de maíz y soya genéticamente modificadas.
“Senasica debe proceder tanto al aseguramiento del material como a la investigación e identificación de los puntos de comercialización, distribución y/o las rutas de ingreso de la soya GM, allegándose de la información correspondiente sobre la movilización, almacenamiento, distribución y venta de la semilla utilizada para la siembra de soya transgénica en el estado de Campeche”, señaló Viridiana Lázaro, especialista en Agricultura y cambio climático de Greenpeace México.
Urgimos a Semarnat y Profepa a cumplir con lo establecido en sus competencias y garantizar el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano, a través de la regulación y vigilancia de las actividades que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, así como realizar el monitoreo de los efectos que pudiera causar la liberación de OGM, accidental o ilegal, al medio ambiente y a la diversidad biológica.
Estas instancias deben programar, ordenar y realizar visitas u operativos de inspección, para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la preservación y protección de la vida silvestre, sus ecosistemas, así como la bioseguridad de organismos genéticamente modificados como lo establecen el propio reglamento interno de Semarnat (1).
Es urgente la aplicación del decreto presidencial que prohíbe el maíz transgénico y el glifosato al 2024, para evitar eventos de contaminación y proteger a las razas de maíces nativos en México y la agrobiodiversidad, mediante biomonitoreos constantes con el objeto de garantizar que las semillas no sean transgénicas. Se debe llevar a cabo un fomento a la siembra de variedades nativas, entre otras.
Invocamos el Acuerdo de Escazú, el cual tiene por objeto garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Notas.
Artículo 45, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
La red feminista Yo Voy 8 de Marzo y organizaciones de la comunidad LGBTTTIQ+ en Jalisco manifestaron su repudio ante el ataque perpetrado en contra de una mujer trans en Guadalajara y la negación del derecho a la atención médica integral parte de un hospital privado.
Expusieron a través de un comunicado que esta agresión “es una muestra clara de las consecuencias que tienen los prejuicios y los discursos de odio en contra de las personas trans y las disidencias sexuales, promovidos desde varios frentes conservadores en Jalisco y en México”.
Dalia Souza / Zona Docs
De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, una mujer trans fue agredida con ácido, la noche del martes 19 de octubre en el centro de Guadalajara. Se encontraba caminando con una amiga sobre las calles Francisco I. Madero en su cruce con la Calzada Independencia. El agresor se acercó en una en motocicleta conversó con ambas y finalmente arrojó sobre el cuerpo y cara de la víctima un líquido corrosivo.
Por su parte, la organización Unión Diversa de Jalisco denunció que, si bien, paramédicos de servicios médicos municipales le brindaron atención tras el llamado de auxilio, cuando fue trasladada en una ambulancia al Hospital la Santísima Trinidad, nosocomio particular, la atención le fue negada.
El medio El debate informó que la joven de 26 años de edad presentó quemaduras de segundo grado en el 60% de su cuerpo, de manera puntual en ambos brazos, cara y pecho. Por lo que, luego de ser negada la atención en dicho hospital, fue trasladada a la Cruz Verde Delgadillo Araujo, lugar del que “fue dada de alta”, según el comunicado de la Fiscalía, por encontrarse “estable de salud y fuera de peligro”. La dependencia afirmó que “de acuerdo con los reportes médicos su vida no está en riesgo”.
Sin embargo, la Red Yo Voy 8 de Marzo, agrupación feminista en el estado, repudió el ataque y el acto de discriminación presuntamente cometido por el hospital; advirtieron que es una grave violación a los derechos humanos haberle negado el acceso a los servicios de salud y llamaron a que sean revisados los protocolos médicos y de operatividad de las políticas públicas existentes que protejan a la comunidad LGBTTTIQ+.
De acuerdo con el comunicado del Gobierno del estado de Jalisco, la presunta negación de servicios está siendo investigada a través del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud Jalisco “en los términos que establece la Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación (LEPIPED) y La Ley de Salud del Estado de Jalisco”.
Además, informaron que se presentó una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
Por su parte, la red de feministas instó a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), a la Dirección de Diversidad Sexual de la Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Secretaría de Salud Jalisco a crear e implementar medidas urgentes “para que, bajo ninguna circunstancia, vuelvan a ocurrir agresiones y ataques por cuestión de identidad, orientación sexual y expresión de Género”.
Hasta el momento, se sabe que la Fiscalía Especial en Derechos Humanos ha iniciado las investigaciones necesarias “bajo los protocolos especializados dirigidos a mujeres, mujeres trans y personas de la comunidad de la diversidad sexual” que permitan dar con el responsable de la agresión y “garantizar a la víctima el acceso a la justicia” aseguraron en sus respectivos comunicados el Gobierno del Estado y la Fiscalía.
Mientras tanto, advirtieron que la Dirección de Diversidad Sexual de la SISEMH y la Subsecretaría de Derechos Humanos están procurando el acercamiento con la mujer agredida “para ofrecer los servicios de atención integral especializada, acompañamiento psicológico y jurídico durante todo el proceso”.
Tanto la Red Yo Voy 8 de Marzo como la organización Unión Diversa de Jalisco coincidieron en que este ataque es evidencia de la violencia desmedida que se ejerce en contra de las mujeres trans, comunidades diversas y demás disidencias sexuales, no sólo de parte de la sociedad, sino también desde las instituciones.
La red de feministas no dudó en asegurar que también es una muestra clara de “las consecuencias que tienen los prejuicios y los discursos de odio” que promueven los frentes conservadores de Jalisco y México en contra de la comunidad LGBTTTIQ+. En ese sentido, Unión Diversa sentenció que mientras no se atienda la violencia social y estructural que se ejerce hacia estas poblaciones, eventos lamentables como éste seguirán sucediendo.
Finalmente, la red exigió que se investigue a fondo la agresión y se lleven a cabo todas las acciones de reparación del daño, físicas y psicológicas. Aunado a ello, en un llamado de solidaridad y empatía convocaron a la sociedad a no ser cómplices de “los discursos de odio con los que se perpetúan diariamente los prejuicios que sustentan la violencia y la discriminación.
“Ni una agresión más a la comunidad LGBT+” concluyeron.
***
La plataforma Visible, creada por la organización Amicus A.C, revela que Jalisco ocupa el tercer lugar nacional con más ataques perpetrados en contra de la comunidad LGBTTTIQ+, 43 hasta octubre de 2021. El primer lugar lo tiene Ciudad de México con 58 y en segundo el Estado de México con 45. En total, en el último año han sido reportados 293 incidentes de violencia en todo el país y 80 de estos han sido hacia mujeres transgénero.
Visible es la primera plataforma en línea que permite reportar incidentes de violencia y discriminación cometidos hacia las personas LGBTTTIQ+ en México.
Maxcanú, Yucatán, es uno de los municipios en donde integrantes de la Alianza Maya para las Abejas Kaabnalo’on han documentado la pérdida de, por lo menos, 200 hectáreas de selva.
En este municipio, donde se instalará uno de los paraderos del llamado Tren Maya, el desmonte se relaciona con la extracción de tierra roja y la instalación de granjas porcícolas.
Maxcanú vive una transformación en su paisaje. Hace una década, la selva se extendía por su territorio, pero de unos años a la fecha es cada vez más común encontrar zonas donde ya no hay árboles y, en su lugar, se han instalado granjas para la producción de cerdos o maquinaria para extraer tierra y abrir caminos. Los cambios podrían acelerarse en los siguientes años: este municipio, ubicado al suroeste de la ciudad de Mérida, en Yucatán, está en la ruta del llamado Tren Maya.
Quienes más han criticado y denunciado los cambios de uso de suelo que se registran en la zona son las mujeres y hombres que se dedican a la apicultura; ellos han sido de los primeros en notar y padecer los efectos en la disminución de la cubierta forestal: hay menos abejas y, por lo tanto, una menor producción de miel.
Entre marzo y abril del 2021, los integrantes de la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on presentaron dos denuncias populares, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por cambio de uso de suelo en el municipio de Maxcanú. Los apicultores denunciaron que en terrenos del Ejido Chactún se metió maquinaria pesada, se desmontó la selva, se abrieron caminos y comenzó la extracción de tierra roja.
Desde 2019, los apicultores han documentado cómo en esa zona avanza la deforestación. Según sus registros, en dos años se perdieron alrededor de 200 hectáreas de selva tropical.
En el municipio de Maxcanú se planea tener uno de los paradores del Tren Maya. Imagen tomada de la página de Fonatur.
Denuncias recurrentes y amenazas
“El desmonte en Maxcanú tiene sus antecedentes desde 2019. Como no vimos una reacción eficaz de las autoridades, decidimos presentar otra denuncia… En dos años ha habido impunidad. Nadie sanciona a quienes han realizado esos desmontes”, explica David Linares, asesor jurídico de la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on.
“En Maxcanú, el desmonte se nota cada vez más. Empiezan a perderse árboles y zonas multiflorales”, dice uno de los apicultores integrantes de la alianza quien pide resguardar su identidad, ya que han recibido amenazas a partir de otras denuncias que han presentado en contra de las granjas porcícolas que se han instalado en la región.
“La gente de las comunidades tiene miedo a denunciar; temen sufrir represalias. En Maxcanú, por ejemplo, ya ha habido amenazas directas contra quienes se han opuesto a las granjas porcícolas”, explica Shanty Acosta Sinencio, de la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on, organización que asumió la tarea de presentar las denuncias por deforestación y que se conforma por poco más de 720 socios de 12 grupos apícolas.
“Ya estamos viendo los efectos del cambio climático: sequías o lluvias severas; la pérdida de la masa forestal y de las zonas florales no solo está afectando a los apicultores, también vemos que tiene impacto en el acceso al agua o en la presencia de más plagas en los cultivos”, dice uno de los integrantes de la alianza.
Los datos de la plataforma Glofal Forest Watch, que permite acceder a los análisis de imágenes satelitales, muestran que en el municipio de Maxcanú, en Yucatán, se perdieron 3330 hectáreas de cobertura arbórea desde 2001 hasta 2020. La gráfica muestra que desde 2018 se registra un aumento en la pérdida de zonas con árboles.
Las imágenes de los mapas muestran, en color rosa, la pérdida de cobertura arbórea en parte del territorio de Yucatán:
Producir carne y perder selva
Los apicultores que forman parte de la alianza se han organizado para realizar un monitoreo constante de incendios y lugares deforestados. Así han ubicado los municipios en donde se ha intensificado el desmonte de la selva: Maxcanú, Opichén, Uman, Muna, Ticul, Halachó y Kopoma.
Entre las causas de la deforestación en esos lugares están, sobre todo, la instalación de granjas para la producción de carne de cerdo y pollo, así como la extracción de tierra roja y la venta de terrenos para desarrollos inmobiliarios.
En mayo de 2020, la organización Greenpeace presentó un informe que muestra la rápida expansión de las producción de carne de cerdo en el sureste del país. En ese entonces, se identificaron 257 granjas porcícolas; la mayoría de ellas, 222, se encuentran en el estado de Yucatán.
En su investigación, Greenpeace documentó que esas granjas han provocado la pérdida de 10 997 hectáreas de selva maya; además, 122 de ellas se instalaron en regiones consideradas como sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y 43 funcionaban dentro de Áreas Naturales Protegidas.
Maxcanú, Yucatán
Granjas porcícolas ubicadas en la zona limítrofe entre los municipios de Maxcanú y Kinchil. Foto: Robín Canun.
En noviembre de 2020, integrantes de 21 comunidades mayas de la Península de Yucatán presentaron una denuncia popular ante la Profepa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por las afectaciones ambientales causadas por las granjas porcícolas instaladas en los municipios de Maxcanú, Kinchil, Opichén y Mérida.
Como resultado de esa denuncia, en mayo de 2021, Profepa clausuró cuatro granjas, “por no contar con las autorizaciones en materia de impacto ambiental, por las afectaciones a la biodiversidad, por no presentar los resultados de sus descargas de aguas residuales y por una inadecuada gestión y manejo de sus residuos peligrosos”.
Un apicultor que habita en la zona de Maxcanú asegura que, aunque se han puesto los sellos de clausura en las granjas, “no pasa nada más, porque siguen operando a puerta cerrada, no hay un seguimiento de las autoridades”.
Habitantes y apicultores de la comunidad de Maxcanú aseguran que las granjas porcícolas no realizan un adecuado manejo de sus desechos, por lo que contaminan el agua de sus cenotes.
El pasado 11 de octubre, una coalición internacional de 127 organizaciones indígenas, de derechos humanos y ambientalistas solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que celebre una audiencia temática sobre los abusos cometidos por la expansión de las granjas porcícolas en diferentes países de América, entre ellos México, Chile, Argentina y Ecuador.
Granjas porcinas en Yucatán: Foto: Greenpeace México/Tania Garnica.
Proyectos que fomentan el desmonte
Además de la expansión de las granjas porcícolas, los apicultores han identificado otras actividades que propician el desmonte de la selva maya. En lugares como Maxcanú, por ejemplo, el arranque de los trabajos del Tren Maya intensificaron la extracción de tierra roja. “Con eso se degrada todo el ecosistema, pero las autoridades de todos los niveles no le toman importancia”, dice uno de los apicultores.
En septiembre pasado, cinco meses después de que los integrantes de la Alianza Kaabnalo’on presentaron una de las denuncias populares por el desmonte y extracción de tierra roja en el Ejido de Chactún, personal de la Profepa inspeccionó el lugar, corroboró la deforestación y colocó sellos de clausura.
David Linares, el asesor jurídico de la Alianza, explica que aunque la inspección de Profepa se realizó solo en unos predios, “no en toda la zona devastada. Las acciones de Profepa son limitadas si se toma en cuenta la magnitud de lo que se denunció: el área afectada llega a caso 200 hectáreas”.
El abogado menciona que en esta zona se detectó que el desmonte se realizó para la extracción y venta de tierra roja, la cual se utiliza para la construcción.
Imágenes de uno de los lugares deforestados en Maxcanú, Yucatán.
Para evitar que esta deforestación quede impune, los miembros de la alianza esperan que se clausuren las otras áreas donde se realizaron desmontes y que, sobre todo, se dicten medidas de reparación en la zona.
“Lo que esperamos —señala Linares— es el resguardo y protección de los ecosistemas que benefician a la apicultura; pero sobre todo que se conserve la biodiversidad y el equilibro ecológico de la región”.
Las denuncias populares que han presentado los integrantes de la Alianza tiene un carácter administrativo, no se trata de una denuncia penal. “No estamos señalando a alguien por un delito. La Profepa es la autoridad que debe investigar y, de constatarse la comisión de un delito ambiental como resultado del ejercicio de sus facultades de inspección, presentar la denuncia penal correspondiente ante el ministerio público federal”.
En la Península de Yucatán, la apicultura es una de las actividades económicas más importantes. Foto: Thelma Gómez.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con autoridades de la Profepa sobre las denuncias que han recibido por cambio de uso de suelo en Yucatán, pero no se tuvo una respuesta.
Shanty Acosta, integrante de la de la Alianza, explica que en el Programa de Ordenamiento Ecológico territorial de Yucatán la zona que se deforestó aparece como un área que debería destinarse solo a la conservación y no se debe autorizar ningún cambio de uso de suelo ni actividades de alto impacto como la extracción de material pétreo.
A partir de que se puso en marcha el proyecto de Tren Maya, autoridades estatales y municipales de la Península trabajan en la modificación de los programas de ordenamiento territorial y los programas de desarrollo urbano; “como Alianza nos preocupa que esas modificaciones se hagan al vapor y no respeten la importancia ambiental del territorio”, señala Acosta.
* Imagen principal: Áreas deforestadas para hacer extracción de tierra en Maxcanú, Yucatán. Foto: Cortesía Alianza Maya para las Abejas Kaabnalo’on
La liberación de terrenos para el Tren Maya está más empantanada que antes. El secretario de Bienestar, Javier May, aparentemente les mintió a los pobladores afectados por el proyecto del sexenio, al anunciarles que se rescindió el contrato con el despacho Barrientos y Asociados para gestionar la identificación y adquisición de predios, debido a las denuncias de que la empresa recurrió a extorsiones, amenazas y violaciones a los derechos humanos. Según el Fonatur, sigue vigente la relación con ese contratista demandado por la vía penal.
CAMPECHE, Camp. (Proceso).– En julio pasado, después de que salieron a la luz los presuntos hechos delictivos que BYA Barrientos y Asociados perpetró a la sombra de su encomienda, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció la rescisión del contrato que de manera directa le asignó a esa empresa, encabezada por Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, para ocuparse de los trabajos técnico-jurídicos de identificación y liberación de áreas para el derecho de vía del Tren Maya.
No obstante, según información proporcionada por el propio Fonatur vía transparencia, la relación contractual sigue vigente.
En el apartado de antecedentes que se encuentra al inicio del contrato abierto C-TM-007/2010, hasta por 62 millones de pesos más el impuesto al valor agregado, que protocolizaron el 14 de agosto de 2019 Barrientos Quintero como apoderado de BYA; Alejandro Varela Arellano como director jurídico de Fonatur, y Arturo Ávalos como apoderado de Nacional Financiera, la fiduciaria del fideicomiso Fonatur, la empresa fue seleccionada en “una investigación de mercado con el objeto de identificar la existencia de oferta de los servicios, el costo de los mismos y los proveedores con capacidad de prestar los servicios”.
Como parte de los múltiples servicios para los que fue contratada, BYA debía identificar, negociar la compra de las tierras para reservar el derecho de vía del tren a lo largo de todo su derrotero y hasta pagar las indemnizaciones correspondientes, pero sus representantes presuntamente robaron el dinero a los afectados, en algunos casos incluso a punta de pistola, y en otros obligándolos a cederles parte de los recursos que les correspondían en pago por sus supuestos servicios de gestión, entre otros modus operandi.
También se le acusa de obligar a muchas personas, incluidos indígenas que no hablan español, a firmar la venta de sus tierras; de falsificar documentos y firmas, así como de realizar asambleas ejidales ilegales sin traductores ni autoridades de la Procuraduría Agraria y de otras dependencias que por ley debían asistir para legitimarlas.
Por ello, en mayo pasado la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, integrada por comunidades del sur de Campeche por donde correrá el Tramo Uno del Tren Maya (Palenque-Escárcega), denunció pública y penalmente a la empresa por delitos como fraude, extorsión, amenazas y violaciones a los derechos humanos. Las denuncias se asentaron en la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que la General de la República (FGR) no las admitió. Los ejidatarios calculan que el monto de lo robado ronda los 15 millones de pesos.
El 2 de julio la misma agrupación denunció que seguían siendo “presionados, hostigados y criminalizados” por solicitar transparencia y apertura al diálogo. Acusaron al Fonatur de filtrar información sensible contenida en las denuncias y demandas contra BYA, con lo que “incrementó el riesgo y la vulnerabilidad en la cual ya de por sí” se encuentran por ejercer su derecho a la defensa de sus territorios ante el proyecto del Tren Maya.
También hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que atienda el conflicto y garantice la seguridad, así como el respeto a los derechos humanos de los pobladores.
A fin de sosegar los ánimos y destrabar las negociaciones que se requieren para el derecho de vía del Tren Maya, el Fonatur anunció en las comunidades afectadas que rescindió el contrato a BYA y que emprendió acciones legales con objeto de investigar las acusaciones. Personal de Fonatur asumió la parte de los trabajos para los que se había contratado a la empresa de Barrientos Quintero.
La fecha de la supuesta rescisión del contrato fue el 4 de julio.
Tal versión fue apuntalada por el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, quien el 15 de julio, en una visita a esas comunidades, les ofreció “una disculpa de verdad, por todo lo que han pasado; una disculpa pública. El gobierno y nosotros somos los primeros que vamos a actuar en contra de este fraude, de este robo que les hicieron a los ejidatarios. Esto no se va a quedar así, se les va a pagar lo que se les debe hasta el último centavo”.
Y afirmó: “Barrientos y Asociados no puede contratar personal que venga a robarle al pueblo, no aceptamos eso; nosotros hoy cancelamos ese convenio que tenemos”.
Pero resulta que “dicho contrato no ha sido rescindido”, según la contundente y reiterativa respuesta que dio el Fonatur el pasado 14 de septiembre a una solicitud de información pública que recibió el 17 de agosto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (folio 2116000023621).
En esa solicitud se pidió al Fonatur confirmar si se rescindió el contrato de BYA Barrientos y Asociados, y de ser así, explicar los motivos y términos de la supuesta cancelación y los costos que implicó.
No hubo respuesta a los cuestionamientos sobre cuántas denuncias por fraude o extorsión pesan sobre la empresa, el monto de la afectación y cómo resarcirá Fonatur a las víctimas de su contratista. Tampoco la hubo a la interrogante sobre los poderes que la paraestatal otorgó al contratista para la realización de sus servicios.
La noche del 29 de septiembre, después de mucho insistirle, la paraestatal Fonatur Tren Maya, SA de CV, dio una ambigua respuesta a otro cuestionario que se le envió a través de sus enlaces del área de Comunicación Social en relación con BYA.
Confirmó que ahora “las actividades de concertación y de liberación del derecho de vía se realizan directamente por personal adscrito al proyecto Tren Maya” y que esa entidad “interpuso la denuncia correspondiente ante las instancias competentes para poder dar claridad sobre las presuntas irregularidades” que se le imputan a Barrientos y Asociados.
Añadió que “por lo anterior, y debido a que otorgar dicha información puede vulnerar garantías de seguridad jurídica y del debido proceso consagradas y tuteladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entendido como el derecho procesal que debe estar presente en toda clase de procedimientos, no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro”, eludió la pregunta sobre la supuesta rescisión a la contratista.
No obstante agradeció el acercamiento de este medio “para obtener claridad sobre la información oficial del proyecto” y reiteró su “compromiso con la transparencia y claridad de información del Proyecto Tren Maya”. Por último, sugirió recurrir a la Plataforma Nacional de Transparencia.
La cláusula decimoséptima del contrato en cuestión, en la que se estipulan las causales de rescisión, no previó los delitos que ahora se le imputan al prestador del servicio, pero estableció:
“El Fonatur podrá determinar no dar por rescindido el contrato cuando durante procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto deberá elaborar dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más desfavorables para el Fonatur.”
Los trabajos que Fonatur encargó a BYA son determinantes para la culminación del Tren Maya, la obra cumbre del sexenio y que, según el compromiso presidencial, debe estar en funcionamiento en 2024, por lo que el tiempo apremia y la obra está desfasada precisamente por conflictos con las tierras que la contratista terminó de complicar.
El numeral 1.2 del contrato, que ya lleva dos modificaciones para ampliar a la empresa el plazo de entrega, expone “la trascendencia” de esos trabajos “técnico-jurídico-administrativos” “para la eficaz y pronta ejecución del Tren Maya”. La tarea de BYA es crucial: obtener a favor del gobierno federal “la titularidad y/o propiedad legal de la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado para el proyecto en cuestión”.
La empresa debía garantizar “la correcta adquisición del derecho de vía” y “evitar los problemas de índole social, legal y político, que podrían repercutir en el actuar del gobierno federal”.
En la descripción del objeto de la contratación se especifica que la contratista debe determinar la situación jurídica general que guarda la tierra a ocupar; advertir el estatus legal de los predios en lo individual ante las instancias gubernamentales del orden federal, estatal y municipal e identificar a los propietarios para definir la mejor estrategia de liberación del derecho de vía necesario en un tramo de 538 kilómetros.
Asimismo debe conseguir la anuencia por escrito de los dueños de los terrenos, que faculte a la entidad para iniciar los trabajos de campo esenciales para la construcción del Tren Maya y acompañar al Fonatur para conseguir la formalización de la adquisición del derecho de vía como tal.
Para cumplir la encomienda, se le dio a la empresa acceso a información confidencial y privilegiada en relación al proyecto; peor aún, gracias a este trabajo acumuló datos delicados sobre cada predio y sus respectivos propietarios o posesionarios, así como de las riquezas de la zona, como las reservas de agua, nuevos sitios arqueológicos o instalaciones estratégicas de la nación, de modo que los 62 millones de pesos más IVA pactados resultan poca cosa comparados con el valor consustancial del contrato y la información que contiene.
El contrato incluye una cláusula de confidencialidad, la decimosegunda, pero se restringe a la vigencia de la relación contractual:
“El Fonatur se compromete a proporcionar a ‘el prestador del servicio’ todos los datos necesarios para que éste pueda desarrollar sus actividades, y a su vez ‘el prestador del servicio’ se compromete a manejar todos los datos que se le proporcionen, con carácter estrictamente confidencial y aprovecharlos única y exclusivamente en función del mejor desarrollo de sus actividades a favor del Fonatur.
“La violación de ‘el prestador del servicio’ a lo contenido en esta cláusula da lugar a la rescisión del presente contrato. El prestador será plenamente responsable por cualquier daño o perjuicio que pudiera ocasionar en la prestación de los servicios aquí contratados, ya fuere ante el Fonatur o ante terceros por utilizar la información proporcionada por el Fonatur sin respetar la obligación de mantenerla bajo estricta confidencialidad.
“El personal que labore para el prestador del servicio en los servicios objeto del presente instrumento deberá estar informado de las obligaciones de confidencialidad y estar obligado con el prestador del servicio a preservar la información con carácter confidencial.”
Lo que no se advierte, al menos en el contrato marco ni en sus dos modificaciones, es alguna cláusula de secrecía profesional que impida a Barrientos y sus asociados, familiares o allegados, lucrar posteriormente con el conocimiento que ahora posee, como solía hacerse por ejemplo con los contratos petroleros, en los que se les imponían a los contratistas ese tipo de candados hasta por dos décadas.
Tampoco hay una disposición que proteja el bien superior de la Nación o a las personas y sus terrenos de los que la empresa obtuvo datos sensibles y que en lo sucesivo podrían derivar en especulaciones y hasta despojos, pues las acusaciones que acumula BYA hacen pensar que no es confiable.
El Gobierno de México ha recibido críticas por el despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército en la frontera sur, de donde han surgido imágenes que muestran a los elementos mientras golpean a caravanas con migrantes de Haití y Centroamérica.
Sinembargo.org / Por EFE.
El INM destacó la identificación de 134 en Puebla, 86 en Veracruz y 58 en Chihuahua.
Ciudad de México, 16 octubre (EFE).- El Instituto Nacional de Migración (INM) de México informó este sábado que interceptó a casi dos mil migrantes en tan sólo un día, en medio de la oleada migratoria que afronta el país.
El INM, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), precisó en un comunicado que “identificó” a mil 957 personas migrantes de distintas nacionalidades y con estancia irregular este viernes.
La mayor cantidad de ellas, 532, estaban en el estado de Oaxaca, en el sur del país, donde se realizaron operativos de control migratorio.
Después, el INM destacó la identificación de 134 en Puebla, 86 en Veracruz y 58 en Chihuahua.
“Las restantes 1.147 fueron identificadas, en diferentes acciones del INM, en 18 entidades de territorio nacional”, detalló el organismo.
La interceptación ocurre mientras México afronta un flujo migratorio récord, con 147 mil indocumentados detectados en el país de enero a agosto, el triple de 2020.
En tanto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) ha “encontrado” más de 1.5 millones de indocumentados en la frontera con México en lo que va del año fiscal 2021, de octubre a agosto, más del triple del año fiscal 2020.
Los operativos recientes del INM han sobresalido en los últimos días por su magnitud.
Militares y la Guardia Nacional interceptaron el 8 de octubre a 652 migrantes, 355 de ellos menores de edad, que viajaban hacinados en tres camiones en una carretera de Tamaulipas, estado fronterizo del noreste.
Días antes, el 6 de octubre, el INM deportó a 129 migrantes haitianos, que han llegado en grupos de miles en el último par de meses para buscar refugio en Estados Unidos.
El Gobierno de México ha recibido críticas por el despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército en la frontera sur, de donde han surgido imágenes que muestran a los elementos mientras golpean a caravanas con migrantes de Haití y Centroamérica.
Integrantes de diversas agrupaciones participaron en la décima Marcha Lésbica Feminista en Guadalajara, esta se había pospuesto desde el año pasado por la pandemia y apenas este sábado se concretó.
Fueron alrededor de 70 mujeres quienes esta tarde salieron de la Rambla Cataluña hacia el Centro Histórico. Caminaron por la avenida Juárez, la cual fue cerrada a la circulación vehicular.
Sobre esa avenida al cruce de Colón, las participantes hicieron una pausa en donde gritaron consignas a favor del aborto.
Las manifestantes llegaron a la antimonumenta en donde leyeron diversos pronunciamientos.
“Este año para nosotras es muy importante porque celebramos un aniversario más de dar la lucha de un sistema patriarcal que se ensaña con nuestra invisibilización y que nos quiere muertas. Hemos perdido a muchas compañeras que han sido asesinadas solo por ser lesbianas”.
Igualmente se mencionaron algunas lesbianas que son víctimas mortales: Nancy Guadalupe, Patricia G., María Guadalupe H., Marbella I., (sic) Teresa, Dinora Abigail, María Esther C., Teresa C., Nora P., y Alondra A.
“Las lesbianas hemos estado antes del patriarcado, durante el patriarcado y estaremos el día que el patriarcado caiga. Las lesbianas somos less históricas”, se leyó en uno de los pronunciamientos.
Texto: Ricardo Hernández / Fotos: Michelle Raponi / Pixabay, / Pie de Página
Organizaciones presentaron una denuncia por daños ambientales en contra de la famosa empresa turística Xcaret, en Quintana Roo. Este grupo empresarial inicia obras sin permisos, consigue autorizaciones pese a daños ambientales o a terrenos nacionales, a cambio de multas que le resultan modestas
QUINTANA ROO.- La empresa turística Xcaret, con un largo historial de irregularidades e impactos ambientales en el caribe mexicano, ahora enfrenta una nueva denuncia por daños en su nuevo proyecto, un puerto en Playa del Carmen.
Una decena de organizaciones detectaron que la empresa no cumplió con los ordenamientos ecológicos, programa de manejo de área natural protegida y la ley de protección al ambiente, los cuales establecen evitar la instalación de infraestructura que obstruya o modifique la marea, los procesos costeros o impacte el ecosistema.
La construcción de un puerto en Playa del Carmen, Quintana Roo, por parte de Xcaret tendrá impactos negativos en la forma rocosa natural de la zona federal marítimo terrestre -la franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa- , en la dinámica costera y en el tránsito de tortugas marinas en peligro de extinción. Así lo denunciaron organizaciones civiles ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Tras el análisis detallado del proyecto, las organizaciones demandantes identificaron que el desarrollador incumplió los programas de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe (POEMRGMC) y de Ordenamiento Ecológico Local de Solidaridad (POELS), el Decreto y Programa de Manejo de la referida área natural protegida y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
La denuncia fue presentada el 5 de octubre por una decena de organizaciones que exigen a la Profepa analizar el caso y, de confirmar los impactos e irregularidades, cancelar la autorización del proyecto del magnate Miguel Quintana Pali, dueño de Grupo Xcaret.
Xcaret es una empresa conformada por siete parques de diversiones, la mayoría acuáticos, y por varios hoteles.
El nuevo puerto estaría ubicado sobre el área de influencia del Área Natural Protegida Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano.
Los demandantes también critican la omisión de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, por haber aprobado el proyecto.
El proyecto de recinto portuario –próximo a uno de los hoteles y parques acuáticos de Xcaret–, contempla, a grandes rasgos, la construcción de diques de escollera de dos brazos, con una longitud de 65 y 190 metros, a modo de rompeolas, sobre una superficie de 5.8 metros cuadrados; muros de contención perimetral y de concreto armado; un andador; el dragado de 67.6 metros cúbicos; muelles flotantes con sistema de atraque con capacidad de atraque para 15 embarcaciones de hasta cuatro metros de eslora.
El puerto, señalan las organizaciones, también afectará a dos sitios arrecifales y provocará la retención de sedimentos y la erosión de la playa sobre la que se proyecta.
La Semarnat aprobó en agosto de 2019 el proyecto, y lo hizo a pesar de que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) advirtió en su opinión técnica que una parte la marina se encuentra al interior del Área Natural Protegida del Caribe Mexicano –lo cual el promovente omitió mencionar– y sobre la probable interrupción y desviación de flujos hídricos, según se lee en el resolutivo.
“Es menester precisar que esa Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuenta con las atribuciones legales suficientes y necesarias para realizar un análisis de los proyectos que hayan sido autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, abarcando desde la propia autorización hasta la forma en que se ejecuta el proyecto que se trate”, se lee en la denuncia.
“La Procuraduría tiene el deber de ordenar las medidas de seguridad, de urgente aplicación y correctivas, así como a sancionar y, en su caso, solicitar, por conducto de la Subprocuraduría Jurídica, la revocación o suspensión de autorizaciones emitidas por la Semarnat”, añaden.
Las organizaciones demandantes son Moce Yax Cuxtal, Red de Formadores Socioambientales, Sindicato de Buzos, La Fuerza de Minerva, Eleonora Mendoza, Sociedad Cooperativa Turística Playa del Carmen, Grupo Gema del Mayab, Sociedad Cooperativa Pesquera Xaman Ha, Pasión por Playa y Círculo Espeleológico del Mayab.
Especial.
Crece Xcaret con vicios y daños
En su autobiografía, Miguel Quintana Pali, director de Grupo Xcaret, narra el ascenso meteórico de su carrera empresarial: un joven tendero que trabajó duro hasta adquirir un terreno en el Caribe mexicano sobre el que luego erigió un parque ecoturístico que atrae a un millón de turistas al año, el primero de siete que ahora posee y que ha podido echar a andar gracias a su visión de hombre de negocios.
Lo que no aparece en aquel libro, “Xueños”, publicado en 2019, son las omisiones y vicios en los procesos constructivos ni los impactos al ecosistema generados por las obras de los siete parques de entretenimiento –Xcaret, Xel Há, Xplor, Xplor Fuego, Xoximilco, Xenses y Xenotes–, así como de mega hoteles de miles de habitaciones en Quintana Roo.
Una revisión a los documentos de 14 proyectos realizados por Promotora Xcaret, emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dio cuenta de un “modus operandi”, consistente en iniciar obras sin autorización hasta que la autoridad inspectora las identifica y multa, ante lo cual la empresa paga y procede a elaborar las Manifestaciones de Impacto Ambiental que luego son aprobadas pese a los posibles daños advertidos en las opiniones técnicas de distintos organismos gubernamentales.
En 1994 la entonces Dirección General de Normatividad Ambiental de la Semarnat aprobó en materia de impacto ambiental el proyecto Parque Ecoarqueológico Xcaret y en 1996 aprobó la solicitud de construcción de una escollera y un nuevo río subterráneo.
En los 14 años posteriores, la empresa realizó 13 obras de ampliación al interior –muros de contención y perimetrales en la Zona Federal Marítimo y Terrestre, palapas, un tobogán, regaderas, pozas y un canal– sin permiso alguno.
No fue sino hasta que la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) realizó inspecciones, instauró procedimientos administrativos en contra de la empresa y le impuso una multa de 688 mil 348 pesos, en 2010, que se le obligó a presentar los permisos correspondientes, aprobados luego sin retrasos.
En el caso del proyecto de hotel “Roca de Selva”, de mil habitaciones, con centro de convenciones, zona comercial, canal artificial y área de infraestructura, colindante a Xcaret, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) estableció que la empresa realizó obras y afectación de bienes nacionales sin las autorizaciones correspondientes. El proyecto, sin embargo, fue aprobado por la Semarnat en enero de 2015, meses después de haberlo presentado.
De acuerdo con una solicitud de información, de 2008 a 2015 la Profepa inició 13 procedimientos administrativos contra la empresa Promotora Xcaret, que junto con Promotora Xel Há manejan los parques y hoteles en la entidad, así como los que ya se proyectan sobre Yucatán.
Aprueban proyectos pese a impactos
Xcaret ha conseguido la autorización de varios proyectos, pese a la amenaza de impactos y daños. En 2015, la DGIRA advirtió de la presencia de especies enlistadas en la NOM-059 como el ocelote y jaguar en el predio sobre el que se planeaba construir el hotel Roca Selva, cuyos hábitos y reproducción se verían comprometidos con las obras, sin embargo, el proyecto finalmente se aprobó.
El predio de Xoximilco, el proyecto de canales artificiales donde se ofrece paseo en trajineras, ubicado en Cancún, se traslapa con regiones de importancia para la biodiversidad como los humedales costeros y Arrecife Puerto Morelos, sitios de manglar con relevancia biológica y con necesidades de rehabilitación ecológica Nichupté y Puerto Morelos, así como con el Área de Importancia para la Conservación de las Aves, lo cual no fue suficiente para rechazarlo.
En la consulta pública del proyecto Ya Ax UJ-Luna Verde, el mega hotel de 4 mil 514 cuartos colindante al referido puerto, se advirtió de la presencia significativa de monos araña, especie protegida por la NOM-059, lo cual tampoco bastó para frenarlo.
Especial.
Critican modelo y apropiación cultural
El antropólogo Gilberto Avilez Tax acuñó el término “xcaret-ización” para referirse a la cosificación de lo maya promovida por la empresa de Miguel Quintana Pali, donde la cultura se mercantiliza y los rituales milenarios tornan en simples espectáculos para el regodeo del turista.
Y es que uno de los atractivos más promocionados por Xacaret son las actividades culturales, las danzas y espectáculos mayas, que no es otra cosa para Avilez que la reificación, el proceso de cosificación de una cultura que deviene en fetiche, “en una mercancía más ofertada por el turismo global”.
“Al caer el sol vas a escuchar el sonido del caracol a través de la selva. Sigue su llamado y transpórtate al mundo antiguo de México ante un escenario bajo la ceiba sagrada, rodeado por el río subterráneo y la selva. Admira a los danzantes mayas moverse al ritmo de poderosos tambores entre el humo y el aroma del copal”, se lee en la promoción de las danzas prehispánicas en Xcaret, un show de 25 minutos de casi 2 mil 500 pesos el boleto de entrada.
Si los europeos sedujeron a los indios con espejos, vidrio y birretes colorados, ahora son los trabajadores del parque de diversiones, revestidos de adornos indios, los que seducen al extranjero, se podría resumir.
Juan Antonio Córdoba Ordoñez, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, ha dedicado buena parte de su trabajo al estudio del turismo y el ocio en el Caribe mexicano; a analizar la mercantilización de la cultura maya y al consumo de espacios, objetos y emociones en los parques de Quintana Pali.
Córdoba expone en entrevista que el modelo de Xcaret está basado en el de Disney, donde el lucro con las emociones del “espectador” y la venta de “experiencias”, en este caso del “regreso a la historia”, se encuentran en la base del negocio.
El problema, comenta, es la artificialidad y los resabios coloniales, de dominación y aniquilación cultural de aquello, pues teatraliza lo que para los indígenas es una forma de vida, una que incomoda cuando se practica por los verdaderos indígenas en la región.
Un grupo de jubilados y pensionados de confianza del Gobierno del estado, de manera simbólica embargaron la Casa de Gobierno, ubicada en la ciudad de Colima, para rematar el inmueble y con ese recurso se les pague sus quincenas atrasadas.
La lona con la leyenda del embargo y remate fue colgada afuera de la entrada principal de la casona de la calzada Galván, donde despacha el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.
El dirigente del gremio de jubilados y pensionados de confianza, Rafael Amador Vadillo, dijo que también a ellos se les debe la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre, por lo que exigen el pago inmediato de ambas.
Demandó que el gobernador Peralta Sánchez de la cara y explique por qué siendo el salario sagrado, no lo ha cubierto, dejando sin sustento a tantas familias colimenses.
La manifestación fue respaldada por el Movimiento Magisterial de la Sección 39 del SNTE y por jubilados y pensionados de corporaciones de seguridad pública estatales.
Acusan que los apoyos económicos no son suficientes y deben costear materiales de sus bolsillos
Cientos de jóvenes que prestan su servicio educativo en comunidades rurales para la delegación del Consejo Nacional de Fomento Educativo del Estado de México, se fueron a paro debido a la presunta falta de apoyos para sus actividades.
En las denuncias hechas a este diario, los docentes informaron que el pasado 11 de octubre se hizo un paro nacional al que se sumaron varios estados y ha continuado en días subsecuentes en las delegaciones de cada estado, incluida la del estado de México.
En un comunicado emitido exhortan a las autoridades del Conafe a que se firmen contratos formales para que se otorguen los apoyos suficientes para poder dar sus servicios en las comunidades.
Asimismo, señalan que debido a la reducción de los apoyos económicos, han tenido que desembolsar recursos de sus bolsillos para adquirir material y dar atención a sus alumnos.
“No pedimos más que nos den lo justo, en vez de que nos aumenten el apoyo, quitaron, antes había diferencia en los programas, ya que los de Secundaria y solidarios ganábamos más y ahora todo es igual”, denunció una Líder de Educación Comunitaria, quien pidió el anonimato por temor a represalias.
En parte de su escrito señalan que los voluntarios son mano de obra que trata de satisfacer las necesidades de un programa con buenas propuestas pero con malos ejecutantes.
Y critican que debido a las fallas en las políticas del Conafe, se vuelve más importante cumplir con los requisitos burocráticos, que por la realidad de los estudiantes, si éstos están aprendieron en el ciclo escolar.
“Un servicio educativo que pretende disminuir las desigualdades sociales a través de un modelo que ignora las condiciones reales de rezago educativo (saber leer y saber escribir) en los niños donde se prioriza la acumulación de conocimiento. Un servicio educativo que fomenta la promoción de grados escolares en estudiantes que siguen sin saber leer o escribir. Lo que conlleva a reproducir y perpetuar las desigualdades estructurales que atraviesan las comunidades rurales del país”.
Asimismo, cuestionan que los servicios en las escuelas Conafe no se cumplan y se deba improvisar.
“¿Existe una educación de calidad en las aulas que no cuentan con los servicios básicos y sin mobiliario? Muchas de las veces son los LEC quienes con el apoyo económico, terminan solventando algunas de esas necesidades”, agrega escrito hecho llegar a este diario.
Otro de los puntos que refieren los denunciantes es que durante la etapa más crítica de la pandemia del Covid-19 a los jóvenes se les obligó a otorgar clases de forma presencial, pese a los riesgos que se corría de contagio.
Denunciaron que hubo casos positivos de contagio con el virus y los gastos médicos que se hicieron, no fueron cubiertos por la dependencia federal.
“El ciclo escolar pasado durante la pandemia se nos obligó a dar clases presenciales, no nos dieron material y todo era de nuestra bolsa, a las comunidades no llega el suficiente apoyo, son muy pocas las escuelas que cuentan con los programas de becas Benito Juárez”, detalló una de las docentes consultadas.
Pedimos se nos haga caso, ya que nuestro apoyo económico es bajo, les dan más a los de jóvenes construyendo el futuro que a nosotros, hacemos el mismo trabajo que un maestro de la SEP.
En los últimos 10 años 36 ciclistas han fallecido en accidentes viales o por fallas en la infraestructura en Querétaro. Además, se han registrado aproximadamente mil percances con bicicletas involucradas y, al menos, el 50% de estos ha resultado con personas lesionadas, de acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas.
Tan solo durante 2021 se han documentado 43 accidentes entre ciclistas y vehículos automotores, incluyendo a automovilistas y conductores de transporte público estatal; tres de ellos fatales.
Las organizaciones de ciclistas que pugnan por el derecho a una movilidad urbana segura denuncian que el nulo accionar de las autoridades, la falta de políticas públicas en la materia, la inexistencia estrategias de concientización y correcta asignación de presupuesto, son los responsables de estos siniestros.
Ciclovía Av. Universidad. FOTO: María Fernanda Barrios Azcué.
Ser ciclista en Querétaro
Querétaro cuenta con 263 kilómetros de ciclovías y aproximadamente cinco mil queretanos se transportan en bicicleta diariamente, esto equivale al 1% de la población del estado.
En octubre de 2020 el gobierno aprobó la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y se convirtió en el estado número 17 en legislar en esta materia.
De acuerdo con esta normativa “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”, con el fin de mejorar la situación para todos los usuarios de cualquier medio de transporte.
No obstante, para las y los ciclistas, esa seguridad prometida por la ley no es perceptible y tampoco es perseguida por el Gobierno del estado para asegurar el bienestar de la comunidad. Según medios locales, la cantidad de accidentes de ciclistas aumentó hasta un 200% este 2021, provocando tres defunciones en sólo una semana durante el mes de junio.
Para Alfredo Cárdenas Ruelas, queretano de 27 años que realiza ciclismo desde su niñez, las condiciones hostiles de la ciudad y la poca conciencia social hacia el ciclista no le inspiran confianza y seguridad cada vez que realiza esta actividad, ya sea de forma recreativa o como un medio de transporte “no me siento seguro andando en bicicleta por la falta de atención de los automovilistas”, dice.
“A veces, aunque uno se cuide hay personas que no se fijan y nos ponen en riesgo”.
De acuerdo con la Unión de Asociaciones y Ciclistas Independientes de Querétaro (UCIQ), los fallecimientos y accidentes a ciclistas en el estado se deben a que las políticas públicas dan mayor importancia y privilegio a los automóviles que a otros medios de transporte alternativos.
José Antonio Morán, consejero de la UCIQ, considera que, si bien Querétaro es uno de los pocos estados que considera la bicicleta como vehículo, incluso, pese a que tiene el reglamento vial más avanzado en el país, “la movilidad de ciclistas no es prioridad” para las autoridades.
La frustración que manifiesta Morán es resultado del largo caminar en la exigencia por el respeto a los derechos de la comunidad ciclista, frente a la falta de respuestas de las autoridades gubernamentales, las cuales continúan sin generar acciones que mejoren las condiciones de movilidad para la comunidad ciclista en la entidad. Por otro lado, destacó que la ciudadanía, lejos de empatizar con el ciclista, reclama más carriles para los automotores cuando se construyen nuevas ciclovías, situación que deja ver la falta de conciencia y conocimiento vial.
“No hay buena educación vial ni de los automovilistas ni de peatones e, incluso, tampoco de ciclistas, no hay respeto”, así lo manifiesta Víctor Eduardo Sasia Farías, actor queretano de 31 años, quien recorre los 263 kilómetros de ciclovía desde los 20 años.
El actor compartió algunas de sus experiencias al hacer ciclismo en la ciudad que podrían haber puesto su vida en riesgo. Enfatizó en la cercanía de los vehículos que parecieran sacarlo del camino y hasta las ocasiones en que ha sido impactado por los automóviles. Afortunadamente, en todos los percances ha resultado ileso.
Sin embargo, no todos los ciclistas han tenido la misma suerte. El colectivo Bicicleta Blanca Querétaro ha colocado 33 bicicletas blancas desde el 2009, con el fin de brindar homenaje y establecer memoriales para las y los ciclistas que han fallecido en la vía pública producto de accidentes viales. La iniciativa colocapequeñas bicicletas de color blanco en los puntos en donde un ciclista ha perdido la vida. Actualmente estos símbolos de luto ya se encuentran en las siete delegaciones del municipio de Querétaro.
Mapa de Querétaro con los memoriales de Bicicleta Blanca marcados.
“El ver estos homenajes me hace recordar la necesidad que hay de que mejore el diseño de la infraestructura y la atención de los conductores porque hay personas que realizan esta actividad por necesidad a diario”, mencionó Alfredo.
Victor se mostró inconforme y frustrado ante los accidentes acontecidos en esas zonas, por lo que ha optado en extremar precauciones para evitar tener accidentes. “Da coraje porque no se resuelve nada y luego da miedo salir, o tenemos que cambiar de vías para evitar que nos pase lo mismo, uno no puede andar con la libertad que desea por la inseguridad”, expresó.
Morán considera que la mayoría de los accidentes a ciclistas se deben a una infraestructura inadecuada, la falta de educación y cultura vial tanto de automóviles, como de conductores de transporte público, la ausencia de controles para la regulación de velocidad y la laxitud que existe tanto de la ciudadanía como de las autoridades para el respeto y aplicación de las leyes.
Infraestructura problemática
Infraestructura de ciclismo en Querétaro. Fuente: Guía de conducción en bicicleta para la ciudad de Querétaro
Según la UCIQ, al menos el 70% de los 263 kilómetros de ciclovías que hay en el estado se encuentran en mal estado, abandonadas o fueron mal diseñadas.
“La infraestructura es insuficiente, inadecuada, con pésimo mantenimiento y carece de conectividad entre las ciclovías. A veces uno tiene que jugarse la vida para tomar las ciclovías entre avenidas grandes” remarcó Antonio Morán.
En ese sentido Víctor Sasia, agregó que las vialidades no son funcionales y tampoco seguras para ser un ciclista. Tienen baches, se inundan, no tienen una buena iluminación y no hay señalización para la ciudadanía. Estas condiciones obstaculizan el tránsito de la comunidad ciclista. En su opinión, aumentar e implementar infraestructura seguray bien planeada podría disminuir el número de accidentes en el estado.
Sin embargo, la Secretaría de Movilidad no ha elaborado un plan metropolitano de movilidad en Querétaro, señaló el consejero.
Señalamiento en ciclovía de Av. Universidad. FOTO: María Fernanda Barrios Azcué.
Actualmente, se tienen identificadas tres principales zonas de riesgo para ciclistas en el municipio de Santiago de Querétaro, con menos de dos kilómetros de distancia entre ellas: cruce de Universidad con 5 de febrero, Universidad esquina con Tecnológico y Universidad esquina con Juárez. Asimismo, otras ubicaciones se encuentran en Zaragoza, Tlacote y Constituyentes con intersección Bernardo Quintana.
Accidentes ignorados
Según la UCIQ, al menos 13 de los 36 ciclistas asesinados en accidentes viales en Querétaro, no han sido identificados, por lo que, no se ha dado seguimiento a los casos. De los antes mencionados, sólo uno de los casos procedió a juicio y se dictó una sentencia, mientras que, en otros, si es que el responsable no se dio a la fuga, los familiares optaron por otorgar el perdón con el fin de obtener la indemnización.
“Somos una preocupación muy pequeña para las autoridades al ser una sección marginada del Estado por lo que no somos prioridad. Por esto mismo la comunidad no crece” comentó Víctor Sasia Farías.
Las muertes de los ciclistas en Querétaro se ven rodeadas de impunidad, ya que, “las personas del gobierno municipal y estatal no las aplican adecuadamente”, afirmó Antonio Morán. También remarcó que faltan políticas de prevención en toda la zona metropolitana.
“Si se hiciera responsable al Estado por cada fallecido o discapacitado en accidentes de ciclismo, cada víctima les costaría 5 millones de pesos. Ahí sí prestarían atención y empezarían a resolver la situación”.
Para Morán, el Gobierno estatal es el responsable de dar respuesta a las fallasy deficiencias de la infraestructura vialque persisten en la entidad, así como, los funcionarios de movilidad y los policías de tránsito al ellos ser los encargados de implementar las leyes viales, después, sería la responsabilidad de los conductores de los automotores y, en última instancia, del ciclista.
Cambio de paradigmas y desarrollo
Para Víctor los esfuerzos que de las autoridades no siempre resultan suficientes, por lo que, piensa que se requiere un cambio de paradigma en la sociedad al hablar de seguridad e infraestructura vial: “sería bueno que se siguiera consolidando la idea de un Querétaro con más ciclismo para aligerar el transporte público, el tráfico y cuidar el medio ambiente. Apoyando a distintas instituciones y asociaciones de ciclismo para mejorar la situación vial en general”, indicó.
Asimismo, el consejero de UCIQ, Antonio Morán, está convencido de que no es necesario que existan reglamentos o leyes para mejorar la infraestructura e implementación de medidas seguras para los ciclistas, ya que este es un derecho. Para él, la voluntad política y empática de las autoridades y la ciudadanía es lo que el estado de Querétaro necesita. Morán aboga por una mesa de trabajo permanente establecida con el gobierno para la mejora de las ciclovías y la implementación de su conectividad, así como la búsqueda de seguridad vial y justicia para las víctimas de accidentes de tránsito.
“Una de las demandas es que se establezca una ley de seguridad metropolitana, una estrategia de movilidad y ciclovías interconectadas de manera metropolitana”, remarcó.
Finalmente, compartiendo su lema “desde que soy ciclista soy un mejor automovilista”, para Morán es fundamental que las y los automovilistas tomen cursos de ciclismo, en su opinión, solo de esa forma se logrará 1) conocer y aplicar mucho mejor las reglas viales y 2) generar empatía suficiente.
Como consecuencia de la reconversión a 100% COVID de este hospital, el total de las consultas otorgadas, tan solo entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2020, cayó 64.5%.
Leticia Méndez Martínez padece Lupus Eritematoso, una enfermedad en la que el sistema inmune ataca a los propios órganos del cuerpo. Por problemas en el pulmón estuvo hospitalizada, de enero a abril de 2020, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Ahí le dieron el diagnóstico de su enfermedad, pero desde que le otorgaron el alta y el hospital se volvió 100% COVID, solo la recibieron para dos consultas más, después ya no la han querido atender ni la refirieron a ninguna otra institución pública.
“Me sentí como botada a la calle, desamparada y yo también me puedo morir si no me dan atención médica y medicamentos, esto no es una gripa, es una enfermedad que si no se controla avanza más rápido y me daña órganos”, dice Leticia.
El 13 de marzo de 2020, recién iniciada la continencia sanitaria en México, el INER empezó la reconversión de áreas y el desplazamiento de sus pacientes regulares, hasta el egreso del último a principios del mes de mayo.
Este hospital fue, de hecho, la primera institución pública en recibir a un paciente afectado por el coronavirus y se volvió emblema de la lucha contra la enfermedad. Incluso mientras otros hospitales volvieron ya a reactivar la atención regular para otros padecimientos, este sigue atendiendo solo a personas con la infección causada por el virus SARS-CoV2, lo que ha impactado a quienes recibían tratamientos de otro tipo.
De acuerdo con el Informe Anual de Autoevaluación del director general del INER, Jorge Salas Hernández, que abarca del primero de enero al 31 de diciembre de 2020 y que se presentó en abril de 2021, como consecuencia de la reconversión a COVID de este hospital, el total de las consultas otorgadas, en ese lapso, entre pre consultas, consultas de primera vez y subsecuentes, cayeron 64.5%, al pasar de 71 mil 657 en 2019 a 25 mil 418 en 2020.
Las consultas de primera vez de asma, por ejemplo, se redujeron a una cuarta parte, al pasar de 811 en 2019 a 209 en 2020 y las de enfermedades intersticiales (en las que se producen cicatrices en los pulmones por diferentes causas, entre estas los padecimientos de tipo autoinmune como el lupus) disminuyeron casi cinco veces, al pasar de 484 a 95.
Mientras que las subsecuentes de todos los padecimientos pasaron de 57 mil 481 en 2019 a 13 mil 969 en 2020, una disminución de 75.5%.
“Derivado de la reconversión del Instituto como hospital 100% COVID, en el mes de marzo se canceló la atención presencial de otros pacientes en el servicio de consulta externa, sin embargo, se informó a todos (pre-consulta, primera vez y subsecuentes) que en caso de presentar exacerbación de su padecimiento respiratorio acudieran a un hospital no COVID-19”, dice el informe del director.
En el caso de Leticia no se le sugirió acudir a ningún otro hospital público ni se hizo el intento de referirla. Animal Político solicitó una entrevista con el director del INER justo para saber cuánto ha caído hasta esta fecha en el Instituto la atención en consultas y hospitalizaciones por otros padecimientos diferentes a COVID y por qué no hubo un sistema de referencia a otras instituciones públicas, pero aunque ya se había pactado la entrevista para este sábado, de último momento se canceló y ya no hubo respuesta.
Leticia, de 29 años, cuenta que la reumatóloga que le dio la última consulta y quien le avisó, por teléfono, que ya no podían atenderla en el INER, lo que le sugirió fue que buscara atención privada.
La mujer, que se empleaba como trabajadora del hogar pero ha tenido que dejar de laborar por la contingencia y su enfermedad, cuenta que esa misma reumatóloga la empezó a recibir, pero en su consultorio particular. “Al principio no me cobraba, pero después ya me empezó a cobrar 500 pesos, un monto que para mí y mi esposo, que trabaja vendiendo café y pan en un carrito, es muy alto”.
La paciente también tuvo que asumir el costo de sus medicamentos. Ese fue otro impacto de la pandemia para ella y su familia. “Yo tomo metrotexato e hidroxicloroquina, entre otros fármacos, pero esos dos se escasearon y subieron mucho de precio”.
El metrotexato escasea en el país a causa de una baja en la producción de materia prima a nivel internacional, pero también porque las autoridades sanitarias cerraron líneas de producción del principal fabricante de este medicamento en México, a causa de presuntas irregularidades en estas.
Leticia Méndez Martínez, paciente con lupus que desde hace año y medio no recibe atención en ninguna institución pública de salud y debe pagar consultas y medicamentos para controlar su enfermedad.
Mientras que la hidroxicloroquina subió de precio y se escaseó porque en redes sociales y noticias empezó a publicitarse como un medicamento efectivo en el tratamiento contra COVID-19.
“El metrotexato lo conseguía antes en 150 pesos y ahorita lo consigo en mil pesos, porque está muy escaso, mi mamá me tuvo que prestar de sus ahorros para comprarlo. La hidroxicloroquina está tan escasa que se tiene que pedir a través de una aplicación y el pedido mínimo es de dos cajas para que la envíen, cada una cuesta 850 pesos”, precisa Leticia.
Por su situación económica, pero sobre todo porque ninguna institución pública le provee atención ni medicamentos, Leticia ha tenido que interrumpir varias veces su tratamiento durante estos meses.
“Con la pandemia, mi esposo tuvo que dejar de trabajar unas semanas, no teníamos dinero para comprar los medicamentos, así que dejé mi tratamiento, y también se me afectó ya el riñón”. El nefrólogo, con quien la recomendó la reumatóloga, le cobra mil 800 la consulta y como adicional le pidió hacerse una biopsia, con un conocido, con un costo de 22 mil pesos. La familia de Leticia reunió sus ahorros para que se la pudieran hacer y confirmar el daño renal.
“Los que nos han estado apoyando con los gastos a mi esposo y a mí, es mi familia, mis hermanos, mi mamá, pero ya se gastaron todos sus ahorros, ya me dijeron que ya no van a poder ayudar y yo no puedo estar sin atención médica y sin medicamentos porque la enfermedad va a avanzar”, dice Leticia entre lágrimas.
Todavía este lunes 11 de octubre, la mujer acudió al INER a solicitar que le reactiven su atención, la respuesta fue la misma, que no pueden recibirla porque son un hospital dedicado a atender pacientes COVID.
Asesorada por una organización de sociedad civil, Leticia acudió también al Instituto Nacional de Cardiología, donde le dijeron que tratarían de atenderla o la canalizarían al Hospital General de México o a Nutrición, pero no sin la hoja de referencia de la misma neuromatóloga que nunca le dijo que podía buscar otra institución pública.
Leticia está en espera de que la médica le responda sus mensajes para pasar por su hoja de referencia y ver si, después de casi año y medio, la vuelven a atender y le garantizan su derecho a la salud.
En lo que hasta hace un año fue el edificio gubernamental del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, integrantes de la comunidad otomí celebraron un cuarto de siglo del CNI, dentro del espacio renombrado como Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes»
CIUDAD DE MÉXICO.- A un año de que la comunidad Otomí tomara las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), renombró el edificio como Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes».
La comunidad declaró el inmueble propiedad de los pueblos indígenas y advirtió que no lo regresarán al instituto.
«Nos comprometemos a realizar diversas actividades que tengan que ver con la educación, salud, trabajo, alimentación, vivienda, cultura, autonomía, organización y sobre todo resistencia y rebeldía. Convocamos a los pueblos y comunidades Indígenas que integran el CNI a que hagamos nuestro este espacio de lucha».
Doña Fili defensora del manantial de Aztecas 215 al sur de la CDMX
La conmemoración de la toma comenzó con un conversatorio en el que participaron defensoras y representantes de diversas resistencias contra megaproyectos y despojos de diversos territorios del país.
Doña Fili, defensora del manantial de Aztecas 215, recordó que en la urbe las comunidades luchan contra la gentrificación y por el derecho a una vida digna:
«Mientras haya gobiernos al servicio de las inmobiliarias habrá estás tomas. Se ha dado preferencia a las inmobiliarias, como ciudadanos no estamos siendo considerados y lo que más duele, no están siendo consideradas las futuras generaciones [..] El gran capitalismo dice que ya no hay lucha de clases, aquí les demostramos que hay lucha de clases y que mientras haya oprimidos y opresores, habrá lucha de clases».
Al finalizar su participación la señora Fili, como todas las personas se refieren a ella, citó a Eduardo Galeano y sentenció: «las venas siguen sangrando por los que se creen dueños del mundo».
Mujeres desplazadas de Tierra Blanca sostuvieron pancartas durante las participaciones en el conversatorio
Estela y su bebé al final del conversatorio
En el conversatorio estuvieron presentes las defensoras del agua en Santiago Mexquititlán, Querétaro, donde mantienen tomado el pozo de agua del Barrio IV. Denunciaron las agresiones a las que se han enfrentado por defender su comunidad y lo difícil que ha sido enfrentarse a un gobierno que prioriza a las empresas:
«A siete meses de la toma del pozo la Fiscalía ha actuado con toda la corrupción, usando sus ministerios públicos para castigarnos. En los últimos meses balearon y encarcelaron a compañeros defensores. […] Utilizan todo el poder de las instituciones para someternos y callarnos. Se les ha olvidado que la existencia no tiene costo porque todo privatizan».
Estela Hernández agradeció a los otomíes de la Ciudad de México por ser ejemplo de resistencia: «Nos mostraron con su ejemplo que se pueden significar todos los espacios».
Este 12 de octubre también se celebró el 25 aniversario de la creación del Consejo Nacional Indígena (CNI). El coordinador del CNI estuvo presente y recordó el contexto en el que cumplen un cuarto de siglo: entre grandes ejemplos de resistencia como la toma Otomí, el viaje de La Montaña a la Europa Insumisa y la toma de las instalaciones de Bonafont. Pero también mencionó el contexto de violencias: amenazas, desapariciones y asesinatos, a los que defensores y defensoras se enfrentan por sus vidas y territorios. También hizo hincapié y advertencia en los megaproyectos que se están por construir como el Tren Maya, el Tren Transístmico y el Proyecto Integral Morelos.
Al finalizar el conversatorio los otomis invitaron la comida y la bebida a todos los asistentes. Cocinaron carnita de cerdo, con arroz rojo y nopalitos acompañados por tortillas a mano.
Durante esta compartición desplazadas de Tierra Blanca, Oaxaca acompañaron con baile y canciones tradicionales interpretadas con violín.
Cómo parte de sus actividades en apoyo a la toma instalaron diversos puestos donde pusieron a la venta plantas y artesanías. Entre ellas artesanías que se encontraban en la oficina de Adelfo Regino, representante del INPI.
Okupar para vivir con dignidad
“Hace más de cuatro décadas que llegamos a esta ciudad, de noche, con la lluvia, con nuestras hijas y cargando nuestra miseria. Nadie supo de nuestros males ni dolores.
Muchas puertas tocamos y ninguna se abrió…”, leyeron en un comunicado las mujeres otomíes.
Antes de la toma la comunidad otomí vivió varios meses en campamentos, afectadas por los sismos del 2017. Para ellas y ellos, que ahora habitan la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores”, okupar ha significado vivir con dignidad.
Antonio y Carlos llevan un año viviendo en la toma. Fueron de los primeros en okupar el inmueble. Cuentan que acá viven mejor:
“No había agua, dormíamos en campamentos. Había lluvias y se inundaba donde dormíamos, las goteras…. Aquí tenemos todo: agua, luz, drenaje. Y pues sí es un gran cambio”, cuenta.
Antonio comenzó a politizarse por sus suegros, ahora lo que más admira de los zapatistas es su autonomía.
Retrato a Anselma Margarito
Anselma Margarito coincide con sus compañeros y cuenta lo difícil que era habitar los campamentos durante la pandemia:
“El gobierno nos decía toma tu distancia, lávate las manos pero como íbamos a guardar distancia o lavarnos si no teníamos agua o espacio. Aquí tenemos oportunidad de no preocuparnos por mojarnos con la lluvia, sabemos que estamos en un lugar muy seguro y tenemos las cosas que nos merecemos.Nosotros hemos sufrido represión, discriminación y despojo y si tomamos el INPI es para exigir nuestros derechos, así como lo establece la constitución” cuenta Anselma Margarito.
Anselma tiene 19 años y fue la encargada de leer el comunicado de su comunidad. Cuando iba en la preparatoria se empezó a dar cuenta de las desigualdades que vivían:
“Ni siquiera tenemos ese derecho de estar en la ciudad, por ser indígena sufrimos discriminación cuando a los pueblos originarios nos corresponde este México. Veía lo que sufría mi familia que ni siquiera una puede estudiar porque no le dan ese mismo privilegio que a un rico, he visto a mi mamá cómo sufre cuando va al doctor, que no le dan una buena atención médica. Hay compañeras que han ido a aliviarse de sus hijas a hospitales y les han dicho que si no tienen dinero es porque tienen más hijxs. He aprendido y compartido y he visto cómo nos hacen menos. No podemos salir con nuestra vestimenta tranquilas porque nos dicen ‘india, viniste a invadir’”, recuerda.
Elvira vive con su familia en la toma, llegó a la Ciudad de México a los seis años. Le ha costado conseguir una vida digna y ve en la desigualdad de riquezas la base de las dificultades a las que se ha enfrentado:
“Luego nos discriminan porque cerramos la calle, que mejor nos pongamos a trabajar. Tal vez ellos porque no han sufrido y se les ha facilitado tener su casa… quisiéramos tener una casa con el sudor de nuestra frente, pedimos una vivienda pagada, no regalada. Así la gente rica piensa que estamos locos pero ignorantes son ellos, porque estamos luchando con mucho orgullo y dignidad para tener algo para nuestros hijos. Ellos porque teniendo dinero lo compran todo” denuncia.
Durante el acto político de la develación del nuevo frente del inmueble, en donde ahora se lee Casa de los pueblos y comunidades indígenas (yä gnhü yÄ jhöy) “Samir Flores Soberanos”, entre el retrato del defensor y una tradicional muñeca otomí, de manera simbólica mostraron los restos del letrero del INPI.
“Sobre las ruinas del Instituto se inaugura la casa de los pueblos y a partir de hoy esto pertenece al Congreso Nacional Indígena”, anunciaron con potencia.
Después del acto político el festejo continúo con música y baile. La comparsa, el grupo de músicos, músicas, bailarines y bailarinas, que protestan contra las injusticias con música y danza, cerraron la conmemoración con sus potentes bailes.
La Casa de los Pueblos es casa de familias otomis, refugio de luchas y del sueño de una vida digna para todoas.
Gobierno de Ciudad de México se niega a reconocer a sus pueblos originarios
A unos cuantos kilómetros, en contraste a la fiesta ocurrida dentro de la casa de los pueblos Samir Flores, el Frente de Pueblos y Barrios del Anáhuac insistía para que el gobierno de la Ciudad de México los reconociera. Desde hace dos años la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes ha aplazado el registro de pueblos indígenas. Y este martes la organización sostuvo una reunión con su titular Laura Ita Andehui. Ellos esperaban ser incorporados a un registro local de pueblos y barrios. Pero no pasó.
La semana pasada este grupo de pueblos y barrios, que integran demarcaciones de Iztapalapa, Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Benito Juárez y Xochimilco, acudieron a estas oficinas a reclamar lo mismo, pero les dieron cita hasta este martes, misma que no resolvió en nada y se acordó retomar dentro de quince días.
En la Ciudad de México se tienen un par de censos de los pueblos y barrios de la ciudad, sin embargo, la entrada en vigor en 2019 una nueva Ley de Pueblos y Barrios de la Ciudad de México obligó a crear un nuevo registro. La tarea está en manos de la Secretaría de Pueblos y Barrios, pero no la han llevado a cabo.
Primero pusieron de pretexto la pandemia, les recordó uno de los vecinos de los pueblos durante la reunión. Después dijeron que la falta de presupuesto no se los ha permitido. Como respuesta la secretaria dió más largas.
“Sería una irresponsabilidad terrible que les dijera que en quince días va a estar el registro, pero les puedo decir que en la próxima reunión van a haber avances”, aseguró la secretaria Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón.
“Prácticamente ya está hecho”, dijo sobre la propuesta de registro. “A pesar de que es una obligación y una responsabilidad de esta Secretaría, hemos pedido la opinión, para trabajar juntos, con la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica. Ya tenemos la propuesta terminada y está en revisión”, añadió.
El Frente de pueblos y barrios del Anáhuac sostiene, por la experiencia compartida de varios de sus integrantes, que este retraso ha servido a la administración de Claudia Sheinbaum para aprobar megaproyectos como puentes vehiculares o grandes edificios sin consultar a los pueblos y barrios, a pesar de que esa fue una de sus promesas de campaña.
Instituida el pasado 22 de octubre del 2020 en el Congreso de La Unión, esta ley entró en vigor como decreto para prohibir la privatización de playas, y es obligación de la SEMARNAT coordinarse con autoridades estatales y municipales, y realizar la vigilancia en la zona marítima terrestre para impedir que se cometan a este tipo de atropellos en contra de la ciudadanía.
Al realizar un recorrido por la avenida Paseo de la Marina nos encontramos que no hay ningún acceso publico a esa playa.
Los accesos de hoteles y desarrollos están completamente restringidos solo para trabajadores y vendedores de playas o se reservan el derecho de permitir el ingreso a través de sus instalaciones.
Pero, ¿qué dice la nueva reforma con respecto a ese tema?
Las reformas a la LGBN establecen en el tercer párrafo del artículo 8, que el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas:
“No podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos que establezca el reglamento”.
Asimismo, en un segundo párrafo para el artículo 127 se detalla que en caso de que no existan vías públicas, los propietarios de los terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas.
Para ello se deberá definir un acceso que convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediante compensación en los términos que fije el reglamento.
Finalmente, se adiciona el artículo 154, que determina sanciones con multas entre tres mil y hasta doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente a los propietarios de terrenos colindantes con la Zofemat o los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino que obstaculicen o condicionen el acceso a dicha zona y a las playas.
Aclara que en caso de que los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino reincidan en esta actitud, además de la sanción señalada se les revocará la concesión, autorización o permiso, de acuerdo con lo señalado en el artículo 18 de esta Ley.
Tras permanecer hasta el sábado en el complejo de Seguridad Pública de Ciudad Victoria, todos fueron trasladados en avión y en autobús hasta Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco, desde donde están siendo deportados a sus países de origen.
Los menores que ya fueron expulsados están ahora en manos de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala y serán alojados en instituciones estatales hasta que las autoridades encuentren a sus padres o a familiares que puedan hacerse cargo de ellos.
La captura fue anunciada como un “rescate” en la mañana del sábado pero terminó, cuatro días después, con unadeportación masiva. Un retén militar interceptó a tres tráileres con 652 migrantes a bordo, de los que 197 eran menores que viajaban solos (la mayoría de ellos, de entre 13 y 16 años que querían llegar a EU para reunirse con sus familiares que residen allí). Además, cuatro personas fueron detenidas y acusadas de un delito de tráfico de personas.
Todos los migrantes fueron trasladados al complejo de Seguridad Pública estatal de Ciudad Victoria y para regular la estancia, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió un oficio en el que declaraba el área como “estación migratoria” durante 48 horas.
En un primer momento los migrantes fueron alojados en el aparcamiento, aunque luego se instalaron carpas y algunos durmieron en las literas que utilizan los policías. Allí hubo funcionarios del INM, Fiscalía General de la República (FGR), Sedena, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y DIF de Tamaulipas, que se hicieron cargo del operativo. Quien no tuvo acceso al recinto, ya que no dispone de delegación en Ciudad Victoria, es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). Así, si alguno de los extranjeros quisiera pedir asilo, deberá hacerlo en Chiapas o Tabasco, en caso de que tenga oportunidad.
Dos días en Ciudad Victoria
Durante dos días recibieron alimentos y atención médica hasta que el INM realizó los trámites para la deportación. Los migrantes refirieron llevar 18 horas en el interior de los vehículos y algunos presentaban síntomas de desnutrición y deshidratación. De hecho, se realizaron varias pruebas COVID-19 y seis adultos y tres menores dieron positivo, por lo que quedaron aislados en hospitales de Ciudad Victoria hasta que puedan ser deportados.
Los primeros 130 en abandonar las instalaciones fueron trasladados al sur de México el sábado por la noche y el resto a lo largo del día siguiente. Queda la incógnita de saber dónde permanecieron encerrados los menores. Animal Político consultó al INM, que es quien está a cargo del operativo, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
En principio, la reforma de la Ley de Migración que entró en vigor el 11 de enero no permite que niños, niñas y adolescentes sean encerrados, ni tampoco los adultos que estén a su cargo. En este caso, sin embargo, se les mantuvo en los espacios habilitados como improvisada estación migratoria hasta que fueron trasladados a Tampico, desde donde se fletaron los vuelos hacia Tapachula y Villahermosa.
Karina Leija Cruz, Procuradora de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del DIF Tamaulipas, explicó que 30 oficiales de su institución estuvieron en el lugar para realizar las evaluaciones de los menores. Todos fueron separados del grupo a una zona “adaptada” y se les dio prioridad para ser trasladados al sur. Según Leija Cruz, la labor del DIF fue determinar que los menores venían bien de salud, que no eran víctimas de explotación sexual y que eran aptos para viajar de regreso a su país.
Según el DIF Tamaulipas, su labor es elaborar las fichas de cada uno de los menores. Estas luego son entregadas al INM y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es quien se encarga de localizar a sus padres. En caso de que estos estén como irregulares en EU, explicó Leija Cruz que se les envía a cargo de otros familiares en Guatemala, ya que no hay opción para enviarlos al norte.
Animal Político quiso conocer la versión de la SRE, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Guatemala dice que son ellos los que buscan a las familias
En Guatemala, sin embargo, explicaron que los menores llegan para ser recibidos por las autoridades, pero sin que haya contacto con sus familias. Alejandra Mena, vocera del Instituto Guatemalteco de Migración, explicó que, tras recibirles en un centro de Tecún Umán, en la frontera con México, los niños, niñas y adolescentes pasan a manos de la PGN. Esta, a su vez, los pone a disposición de la Secretaría de Bienestar Social (SBS). Entre las dos instituciones disponen de casas-hogar donde son alojados hasta que encuentran a algún familiar.
“En los casos que los padres que están en EU, se busca un recurso familiar idóneo y si no quedan bajo el cuidado de las instituciones”, dijo.
Gretchen Kuhner, directora general de Imumi (Instituto para las Mujeres en Migración), consideró que este procedimiento se salta la ley. Recordó que el proceso migratorio con un menor de edad obliga a acudir al DIF y este debe realizar una evaluación sobre su interés superior, “tomando en cuenta sus opiniones, la situación completa y dónde están los familiares más cercanos”. A partir de ahí se elabora el plan de restitución, que puede ir desde la regularización en México hasta la deportación para ser reunificado con su familia.
Leija Cruz aseguró que se realizaron los 197 planes de restitución entre la noche del viernes y la noche del sábado, cuando los primeros menores fueron expulsados a Tapachula. Señaló que, habitualmente, los menores que son atrapados en Tamaulipas son llevados a los Centros de Atención a Menores Fronterizos (Camef), pero que ante el gran volumen de personas se tuvo que recurrir a las instalaciones de Seguridad Pública.
En el operativo del jueves fueron detenidos 652 migrantes, de los que 197 eran niños, niñas y adolescentes. Por países, la mayoría eran guatemaltecos (564), seguidos de hondureños (39), nicaragüenses (28), salvadoreños (20), y un belicense. La captura coincidió con la visita a México del secretario de Estado de EU, Anthony Blinken, y otros altos cargos de la administración de Joe Biden, quienes se desplazaron al país para firmar el Acuerdo Bicentenario en materia de seguridad, que sustituye a la Iniciativa Mérida. Oficiales de ambos gobiernos aseguraron que la migración no estuvo esta vez en la mesa de discusión.
La familia Quintana Gutiérrez ha pasado casi seis años buscando justicia por el feminicidio de su hija Fátima Varinia. Han tenido que sobrellevar atentados, desplazamiento forzado, irregularidades y corrupción en la investigación. Además de la muerte de su otro hijo adolescente. Este martes, por fin el tercer asesino recibió una sentencia condenatoria
CIUDAD DE MÉXICO.- A casi seis años de la tortura, violación y feminicidio de la niña Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, por fin, el tercer feminicida fue hallado culpable y sentenciado a prisión vitalicia. Se trata de José Juan Hernández Tecruceño, quien junto con los hermanos Atayde atacaron y privaron de la vida a la niña el 5 de febrero de 2015 en La Lupita Casasviejas, Lerma, Estado de México.
El día de los hechos, tanto los hermanos Atayde, como José Juan fueron detenidos por los pobladores de Lupita Casasviejas y entregados a las autoridades. Sin embargo, una juez exoneró del cargo a este último, ya que Hernández Tecruceño aseguró que aquel día se había presentado en la exclusiva escuela Sierra Nevada, donde, dijo, laboraba. Entonces la defensa presentó ocho videos fechados el 5 de febrero y aseguró en ellos se veía al acusado; también asistieron trabajadores de la escuela para declarar en favor del acusado.
Así fue que quedó libre. Ahora, mediante una defensa colectiva, la familia de Fátima logró probar que se trató de videos manipulados y falseados.
Durante todos estos años, la familia de Fátima tuvo que dejar su hogar, debido a amenazas; incluso en un ocasión balearon la casa, y personas extrañas vigilaban las escuelas de los otros niños de la familia. La familia es víctima de desplazamiento forzado; y esto propició que el hermano de Fátima, Daniel, falleciera en diciembre pasado en Monterrey, por negligencia médica.
Fabricación de pruebas
Después de 2 años de proceso, la justicia emitió dos sentencias condenatorias. La primera, del menor de los hermanos Atayde, por ser menor de edad al momento del feminicidio (tenía 17 años) recibió sólo a 5 años. El próximo año, esta medida de internamiento se termina. El otro hermano fue condenado a 73 años y ocho meses.
Sin embargo, el tercer feminicida tuvo una sentencia absolutoria. Revertir esto implicó un recorrido, un “viacrucis”, en palabras de una de las abogadas, Ximena Ugarte.
Tras recursos y apelaciones, hace tres años el primer tribunal colegiado del Estado de México determinó que se debía reponer la mitad del procedimiento a Juan José.
De esta forma fue que los abogados y organizaciones que apoyan a la familia de Fátima demostraron que los ocho videos de la defensa de Juan José estaban falseados.
“Logramos conformar un equipo de peritos de muy alta especialidad: que les dieran luz. Hubo una pericial en materia de informática y sistemas de seguridad, nos dio la teoría del caso más fuerte a estos videos. En primer lugar, advirtió que no estamos hablando de unos videos, sino archivos ejecutables. Tienen un video y una carcasa que sobrepone la fecha, la hora y el nombre. Para nosotros fue una gran revelación. Es que lo que tratamos de ver es si los videos eran originales […]. También hicimos una pericial en perimetría e incidencias solares. Este perito nos ayudó a determinar a través de mediciones aritméticas y astronómicas que esos videos habían sido grabados antes del 5 de febrero”. Así lo explicó Ximena Ugarte.
A continuación, unos extractos de una entrevista a la señora Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, en 2016, narrando cómo fue entonces el acceso a la justicia y por qué fue que Hernández Tecruceño pudo permanecer impune durante tantos años.
Crimen organizado e impunidad
Mi hija fue asesinada por tres de mis vecinos. Dos de ellos la conocían desde que ella nació prácticamente. El lugar donde nosotros vivíamos era un pueblito chiquito. Todos nos conocíamos. Fátima tenía 12 años y 8 meses, iba en primero de secundaria; asistía a una comunidad cercana a donde nosotros vivimos. Ese día jueves 5 febrero 2015.
Después de casi 2 años de audiencias, nos enteramos que [José Juan] pertenece a la delincuencia organizada. Su papá era policía municipal de Naucalpan, y sus tíos, primos, judiciales del estado de México. Su abuelo, militar ex retirado, y ellos son los que venden la droga.
Nosotros nos enteramos de que los abuelos vendían droga hace 40 años. Y nosotros estábamos lejos de eso, en un pueblito tranquilo, lejos de todo esto.
Uno no sabe qué clase de gentes
José Juan llegó con sus papás. Llegaron a vivir ahí, compraron un pedacito de terreno. Él tenía esposa y tres hijos. Uno no sabe quiénes son sus vecinos. Uno no sabe qué clase de gentes… Ya sabíamos varios padres de familia que él llegó a la colonia y les empezó a dar drogas a los jovencitos…
La jueza Janeth Patiño García dejó ir a José Juan Hernández. José juan fue el autor intelectual de la tortura.
Al principio, los abogados privados de josé juan dijeron que todo estaba perdido. Pero extrañamente, luego aparecieron nuevos abogados de Polanco, que defienden a grandes secuestradores… entonces empiezan a desfilar todos estos testigos de la escuela Sierra Nevada… y todos coinciden que José Juan acudió a laborar porque él era jardinero de la escuela.
Pero resulta que la escuela no tiene jardines más que en las paredes. Todos estos fueron comprados por la familia de Jose Juan, de igual forma el director administrativo… se presumía que eran redes de narcomenudeo de estas escuelas…
Y presentan un video, que todos sabemos que se pueden alterar y cambiar fechas… que supuestamente ellos dicen que en ese video aparece José Juan Hernández … un video en el que se dice que aparece este tipo… la juez dijo que no podía echar en saco roto y que por eso lo dejaba libre.
Aunado a esto porque no había pruebas genéticas, porque la fiscalía de feminicidios alegó que no tenía reactivos para practicar las pruebas genéticas.
Pero a José Juan yo lo vi correr, con la ropa llena de lodo y sangre.
Esas son las violaciones a los derechos de las víctimas de México. Se brincan todos los tratados nacionales e internacionales. Nada les importa. No sabemos a quién tenerle más miedo. A estos narcomenudistas, a estas escuelas, a los jueces o a la fiscalía. No sabemos en realidad quién les avisó a los asesinos de mi hija.
Hoy, a 25 años de que decidimos caminar en la lucha, la resistencia y la rebeldía, con el acompañamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), somos el Congreso Nacional Indígena y nos dirigimos a los pueblos del mundo para decirles nuestra palabra:
El 12 de octubre de 1996, contando con la descomunal presencia de la Comandanta Ramona, del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN, a raíz de lo cual empezaría a resquebrajarse el cerco impuesto en contra de éste; y con la participación de más de 3 mil delegados de todo México, por primera vez los pueblos originarios pudimos reunirnos y conocernos para soñar un espacio organizativo propio, el Congreso Nacional Indígena (CNI), bajo los 7 principios del “Mandar Obedeciendo” que propulsara un país diferente, en el cual pudiéramos ser plenamente reconocidos en nuestros derechos y culturas.
Como antecedente de este histórico evento realizamos dos foros nacionales previos y acompañamos la Marcha del Color de la Tierra protagonizada por el EZLN, en el año 2001, con el fin de presionar al Estado mexicano para el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés “Sobre Derechos y Cultura Indígena”. A esta Marcha siguieron la traición de los Acuerdos de San Andrés por todos los partidos políticos y los poderes del Estado; el olvido de nuestra lucha por parte de quienes la habían convertido en moda pasajera, la desorganización de una parte del movimiento indígena, la continuidad del CNI a través de su región Centro-Pacífico (hace 20 años); la decisión de hacer nuestra la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, asumiendo la lucha anticapitalista, de abajo y a la izquierda, lo que nos valió un mayor aislamiento de la clase política autonombrada de izquierda, de ong´s y de “personalidades” que antes habían proclamado ser nuestros amigos y nuestros aliados.
En estos 25 años aprendimos que es la lucha por la vida nuestra palabra colectiva y que como desde hace más de 500 años, los despojos de nuestras tierras, cultura y formas de vida nos duelen, nos llevan a organizarnos y a luchar. Hoy, el despojo y la explotación capitalistas hechos guerra, son para llevar a cabo grandes y peligrosos megaproyectos que siembran la muerte en todas las geografías indígenas de México, y con el imperio de la violencia buscan garantizar las ganancias de las bandas criminales y de la red económica y política que los sostiene; que es la misma que no cesa en su afán de ver exterminados a nuestros pueblos. Esa guerra que vivimos en las comunidades de México, que nos ha llenado de luto y de rabia, la hacen los políticos, las empresas y bandas delincuenciales, que juntos, son el gobierno de México y sirven a un sistema mundial que es el capitalismo.
En su nombre, los gobiernos de antes y de ahora han cometido graves crímenes para reprimir a nuestros pueblos, cuando en colectivo hemos decidido nuestro destino; y no olvidamos la guerra sucia con sus miles de ejecutados, torturados y desaparecidos, la masacre de Acteal en Chiapas, la matanza de Aguas Blancas, los asesinatos de Betty Cariño, del maestro zapatista Galeano, del niño Hidelberto Reyes en la comunidad de Santa María Ostula y de nuestro hermano Samir Flores Soberanes; o la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; no olvidamos a nuestros hermanos desaparecidos como Sergio Rivera Hernández de la organización MAIZ; ni a nuestr@s compañer@s pres@s por luchar y perseguidos por pensar y ser cabales en defender lo que es sagrado, como Fidencio Aldama de la Tribu Yaqui y Fredy García Ramírez del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, en Oaxaca.
Nosotras, nosotros, somos ell@s y desde nuestras asambleas comunitarias y gobiernos autónomos, no pararemos de construir la justicia, de exigir el castigo a los culpables de esos crímenes y de no dar un solo paso atrás en la lucha por la vida, que fuera también la causa de tod@s l@s que hoy nos faltan.
A 25 años de esta lucha de resistencia y rebeldía, decimos claro: queremos nuestros territorios libres de megaproyectos de muerte. No queremos el tren Maya que convierta todo el sur sureste de nuestro país en un eslabón del capital trasnacional, en las vías y sus alrededores, la extracción, contaminación, destrucción, despojo y privatización en toda la región. No queremos el corredor transístmico que convierta en una fábrica de energía eólica, maquilas y explotación de minerales zonas enteras desde el océano pacífico hasta el Golfo de México, ni queremos el Proyecto Integral Morelos que atenta contra el territorio de comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos en los pueblos del volcán Popocatépetl y que reprime con la muerte a quienes cuestionan o se oponen, como al compañero Samir Flores Soberanes.
Así, en el año 2018, reconociéndonos los unos a los otros en las diferencias geográficas y culturales, constituimos, con concejales mujeres y hombres de los pueblos indígenas integrados al CNI, el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), que se hizo nuestra voz de cara a la Nación y al Mundo, voz con la que habló y habla nuestra Vocera Marichuy. En aquel año, junto con el EZLN, le hablamos al país y en respuesta recibimos la participación del pueblo de México en la recolección de firmas para figurar en las boletas electorales durante el recorrido del CIG por todo el país. Entonces, nos dimos cuenta de que la lucha por la vida y la urgencia por reconstruir sobre lo destruido por el capitalismo, se habla en todas las lenguas y en todos los sectores sociales de este México. Cada quién a su modo, a sus tiempos y sus formas.
Y este año, en la Gira Por la Vida, junto con la delegación del EZLN, vemos a la Europa rebelde, de abajo y a la izquierda; y escuchamos su palabra que es también la lucha por la vida. Con su resistencia y rebeldía, y con la nuestra, nos entendemos porque soñamos un mismo mundo, en el que quepamos todas y todos.
Hoy, a 25 años de distancia, CONVOCAMOS a tod@s aquell@s que en lo colectivo o en lo individual son parte del CNI, o han acompañado, así sea como observadores, su paso en este cuarto de siglo, a una REFLEXIÓN COLECTIVA PROFUNDA que, a través de reuniones, foros, conferencias y actividades de toda índole que se realicen a partir de este 12 de octubre y hasta el 12 de octubre del año 2022, culminando con una gran Asamblea, busque respuesta a la pregunta “¿Qué sigue?”.
Con tod@s buscamos tener un solo oído y escuchar lo que la resistencia y la rebeldía en el mundo tienen que decirnos para conocernos y organizarnos desde la geografía de abajo, desde donde las cosas que definen el futuro, donde comienzan a sanar la tierra y nuestros pueblos tras el desastre mundial, realmente están sucediendo.
Atentamente
A 25 años resistencia y rebeldía
Por la reconstrucción integral de nuestros pueblos
La comunidad de Puente Madera, en el municipio de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, interpuso un “juicio de nulidad”, ante el Tribunal Agrario de la Ciudad de Tuxtepec, para impedir que en sus tierras de uso común, conocidas como el Pitayal, sea construido uno de los diez parques industriales proyectados para conformar el corredor Transístmico, un megaproyecto prioritario para el gobierno de Manuel Andrés López Obrador.
En el juicio la comunidad presenta evidencias que demuestran que la asamblea de 14 de marzo de 2021, en la cual se aprueba la construcción de dicho parque en las tierras comunes de Puente Madera, fue realizada “a modo y totalmente ilegal”.
Entre las evidencias está el uso, por parte de autoridades del municipio, de firmas de asistencia de comuneros que ya fallecieron. En el acta de la asamblea aparece, por ejemplo, el nombre y la firma de Inocencio Morales de la Paz, originario de Puente Madera. Sin embargo, su acta de defunción trae la fecha de 22 de enero de 2020.
La comunidad de Puente Madera, en el municipio de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, interpuso un “juicio de nulidad”, ante el Tribunal Agrario de la Ciudad de Tuxtepec, para impedir que en sus tierras de uso común, conocidas como el Pitayal, sea construido uno de los diez parques industriales proyectados para conformar el corredor Transístmico, un megaproyecto prioritario para el gobierno de Manuel Andrés López Obrador.
En el juicio la comunidad presenta evidencias que demuestran que la asamblea de 14 de marzo de 2021, en la cual se aprueba la construcción de dicho parque en las tierras comunes de Puente Madera, fue realizada “a modo y totalmente ilegal”.
Entre las evidencias está el uso, por parte de autoridades del municipio, de firmas de asistencia de comuneros que ya fallecieron. En el acta de la asamblea aparece, por ejemplo, el nombre y la firma de Inocencio Morales de la Paz, originario de Puente Madera. Sin embargo, su acta de defunción trae la fecha de 22 de enero de 2020.
Luego de dos días detenida, la profesora Micaela Valdivieso Joaquín fue liberada la tarde de este domingo. La docente y su hijo fueron acusados de oponerse a que en sus tierras se construyan obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
JUCHITÁN, OAXACA.- Después de 48 horas de que fuera detenida y llevada a las oficinas de la delegación de la Fiscalía General de la República en la capital de Oaxaca, acusada por el delito de oposición a que se ejecute una obra o trabajo público, la profesora ayuujk (mixe) Micaela Valdivieso Joaquín y su hijo Eberth Muñoz Valdivieso fueron liberados. Así lo confirmó la docente a través de un video que compartió a colectivos y medios de comunicación.
La docente y su hijo son originarios de la comunidad de Estación Sarabia, San Juan Guichicovi, Oaxaca, y fueron detenidos por defender su predio y oponerse a que en sus tierras construyan obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, denunció su abogado, Carlos Leonardo Espinoza.
De acuerdo con la carpeta de investigación número FED/MR/OAX/0001438/2021, a la maestra de preescolar y su hijo los acusaron por el “delito de oposición” a que se ejecute una obra o trabajo público. Su abogado denunció que es una forma de acoso y criminalización para que desistan de sus pretensiones y sean llevados presos como lo sentenció el Juez Sexto de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca.
El Corredor Interoceánico del Istmo es un megaproyecto que impulsa el gobierno federal y que incluye la rehabilitación de las vías férreas del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz, y la construcción de parques industriales, sin embargo, este programa está realizando la ampliación de la carretera transístmica, pero hay oposición de propietarios de la zona norte del Istmo de Tehuantepec, quienes aseguran no fueron tomados en cuenta, porque solo negociaron con ejidatarios y no con pequeños propietarios como la maestra Micaela.
Antes de que entrará la maquinaria a su domicilio, la profesora promovió un amparo con el juez sexto para protegerse, pero no se lo otorgó y entonces acudió ante el juez séptimo de distrito, que lo autorizó, entonces se piensa que es una forma de represalia en su contra por oponerse a dicho proyecto.
Los integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) exigieron la liberación de la docente. Señalaron que es un atropello contra las personas que se oponen a sus megaobras.
“Exigimos la liberación inmediata de la maestra y su hijo”, recalcó Carlos Beas Torres, al señalar que sin que exista una orden de aprehensión y con un amparo de por medio otorgado por el juez séptimo de distrito de Salina Cruz, la profesora y su hijo fueron detenidos.
Además, externó que el Corredor Interoceánico del Istmo en ningún momento dialogó con la profesora sobre un pago y tampoco lo hizo con el resto de los pequeños propietarios por la afectación que pudiera ocasionar la maquinaria al ampliar la obra, únicamente lo hizo con los ejidatarios de la zona, por lo que no hay convenio.
¿Dónde quedó el estado de Derecho? ¿Dónde quedó la Cuarta Transformación del país?, cuestionó el activista al precisar que la profesora lo único que hizo fue defender su territorio, su propiedad, y por eso la encarcelan.
Por último, el asesor y activista de la UCIZONI denunció qué por el acompañamiento en estas luchas por la defensa del territorio contra megaproyectos, los integrantes de esta organización social han vivido una serie de amenazas y criminalizaciones, por esa razón, el próximo 12 de octubre se movilizarán para exigir respeto y un alto al acoso de parte del estado.
“Hace tres semanas, fue detenido y recluido en el penal de Tehuantepec el campesino Salvador Pinal Meléndez, imputado por los delitos de disparos de arma de fuego y posesión de arma de fuego, cuando lo único que hizo fue defender sus terrenos de invasores como Anastasio ‘Tacho’ Canasta”, concluyó.
Foto: Frente No a la Minería, por un futuro de todos y todas.
La filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, pretende justificar por tercera ocasión 75 obras irregulares en Valles Centrales.
Durante una manifestación realizada este día para exigir la cancelación de Minera Cuzcatlán en Valles Centrales de Oaxaca, integrantes del Frente No a la Minería, recibieron amenazas de personas desconocidas quienes dijeron que “traerían armas para sacar a los de la movilización”, así como “ya sabemos quiénes son, los tenemos ubicados”.
Las amenazas ocurren en momentos en que la filial de la minera canadiense Fortuna Silver Mines ha presentado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un tercer intento por justificar 75 obras irregulares en territorios de Valles Centrales y extender su concesión por 10 años más, hecho que ha sido rechazado por asambleas de las comunidades.
Las personas amenazadas son autoridades municipales constitucionales y órganos de representación agraria de las comunidades Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.
Este día el Frente No a la Minería, realiza dos bloqueos a la altura de Monte del Toro y Magdalena Ocotlán, donde participan autoridades e integrantes de las comunidades mencionadas, así como personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
En un comunicado, el Frente No a la Minería responsabilizó a la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines por cualquier por agresión hacia las autoridades o ciudadanos de Valles Centrales.
Las amenazas ocurren también en un contexto donde existe un conteo de casi un centenar de personas defensoras comunitarias y ambientalistas asesinadas durante la actual administración federal.
Vecinos de la colonia Las Águilas, en Zapopan, denunciaron que desde hace 15 días no cuentan con el servicio de agua potable.
Aunque la escasez no es generalizada, sí afecta a decenas de colonos, quienes acusaron que el servicio se les suspendió sin previo aviso.
“No entendemos el motivo, pero queremos soluciones, no tenemos agua ni para los baños”, señaló la señora Ema, vecina de la colonia.
Los colonos, quienes cuentan con páginas en redes sociales, mencionaron en una de sus publicaciones al actual titular del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), Carlos Torres Lugo, quien respondió que se trabaja en la solución al desabasto, pero no precisó la causa del corte.
La respuesta del funcionario se dio hace tres días, pero a la fecha varios vecinos siguen sin agua.
Pese al reciente cambio de poderes en la entidad, la Fiscalía del Estado de Querétaro continúa investigando a jóvenes mujeres acusadas de daños a propiedad pública tras una marcha el 8 de marzo, en un proceso plagado de inconsistencias en las acusaciones, así como la falta de pruebas Activistas acusan criminalización
QUERÉTARO.- El pasado 28 de septiembre colectivas feministas se manifestaron en la capital queretana para exigir la despenalización del aborto en la entidad, que tiene uno de los marcos jurídicos más restrictivos en México.
Durante la manifestación, un contingente que protestaba a las afueras del palacio de gobierno intervino con pintas las paredes del edificio.
Ese mismo día, la Secretaría de Gobierno de Francisco Domínguez dijo que se abrirían cargos por el hecho, y 3 días después, durante la toma de protesta del nuevo gobernador del estado, Mauricio Kuri González, este aseguró que ya estaba interpuesta la denuncia y que su administración la respaldaría.
La declaración del nuevo gobernador se enmarca en un contexto de criminalización hacia el movimiento feminista de la entidad, denunciado por activistas, organizaciones y colectivas que, desde el 8 de marzo, han sido investigadas por la Fiscalía Estatal (FGE) tras una manifestación que derivó en el incendio de uno de sus edificios.
Meses después, y tras una serie de contradicciones entre funcionarios municipales y el entonces gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién; la FGE comenzó a girar órdenes de aprehensión en contra de algunas mujeres que participaron en la movilización, pese a que no existía ninguna prueba que las vinculara directamente con los hechos.Tanto en las manifestaciones del 28S, como en la del 8M, las activistas y colectivas feministas han denunciado que el gobierno estatal no toma acciones para prevenir,sancionar y erradicar la violencia de género en la entidad, pero sí ha optado por mecanismos institucionales que las criminalizan.
Las cifras oficiales dan cuenta del incremento de la violencia hacia las mujeres en el estado:
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el municipio de Querétaro ocupa el lugar 30 de 100 con mayor índice de feminicidios a nivel nacional.
Asimismo, desde octubre de 2015 (periodo que comprende la administración de Francisco Domínguez); en el estado se han registrado 38 feminicidios.
De igual forma, desde 2019, el estado ocupa el primer lugar nacional en la tasa de mujeres víctimas de lesiones dolosas, con un promedio de 123.8 víctimas por cada 100 mil mujeres.
Empero, para el gobierno del estado, reclaman activistas, la prioridad parece ser castigar a las mujeres por protestar, dejando en la impunidad cientos de carpetas de investigación por feminicidios, violencia de género, abuso sexual y desaparición forzada.
El 8M: movilización necesaria
El pasado 8 de marzo miles de mujeres salieron a protestar a las calles de la capital de Querétaro para exigir un alto a la violencia machista que viven.
Durante el recorrido diversos contingentes integrados por niñas, jóvenes, madres, estudiantes y trabajadoras gritaban consignas mientras llenaban las avenidas de cantos y aplausos.
En sus carteles llevaban el nombre de sus agresores sexuales, boletines de búsqueda de mujeres desaparecidas o denuncias por distintas formas de violencia de género.
La marcha del 8M llegó hasta la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, unidad que ha sido señalada por activistas queretanas como ineficiente para atender las denuncias.
Ahí, miles de mujeres al grito de “¡fuimos todas!” llenaron las paredes del edificio con consignas, nombres y rostros de sus agresores.
El 28 de Septiembre, grupos feministas volvieron a manifestarse en la capital queretana. Durante la protesta se intervino el palacio de gobierno, donde colectivas feministas denunciaron criminalización. Foto: Nadia Bernal
Horas antes lo habían hecho en la Alameda Hidalgo, punto donde salió la manifestación.
La Fiscalía fue incendiada durante la protesta, y esa misma noche la FGE emitió un mensaje en donde lamentaba los daños en su edificio. Asimismo, se pronunció por el respeto a la libre manifestación “en particular a las que hacen referencia a temas como la seguridad, dignidad, libertad e igualdad de las mujeres.”
Días después de esta declaración, el entonces gobernador del estado, Francisco Domínguez, aseguró que no se iban a presentar cargos en contra de las manifestantes, y expresó lo siguiente:
“como gobierno no hubo absolutamente ninguna intervención, se le dejó la libertadque existe en Querétaro, aún así habiendo quemado unas instalaciones de la Fiscalíadel estado, pero siempre estaremos atentos a cualquier situación de cualquier mujer,niña, joven, adulto que sea violentada”
Los hechos, sin embargo, muestran lo contrario.
Fiscalía y municipio contradicen al gobernador
El 27 de junio, a través de un comunicado difundido por redes sociales, la Fiscalía informó que dos jóvenes habían tenido una audiencia inicial por el delito de daños dolosos a raíz de las manifestaciones del 8M.
En la orden de aprehensión -resuelta el 7 de abril de 2021 por la Unidad II del Sistema Penal, Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro- se señala que la Fiscalía había promovido dicho requerimiento para investigar los agravios provocados al Municipio de Querétaro.
Al igual que en el gobierno estatal, la capital de Querétaro es controlada por el PAN con Luis Bernardo Nava a la cabeza, quien se reeligió en el pasado proceso electoral.
De acuerdo con Ariana -una de las jóvenes requeridas por la autoridad- la investigación en contra de ella y su compañera fue a raíz de una denuncia presentada por Margarita Ladrón de Guevara, jefa del departamento de Patrimonio y Servicios Culturales del Municipio de Querétaro.
En defensa de una maqueta
El patrimonio dañado que reclama el Municipio es una maqueta del centro histórico de la ciudad, construida en 2018 durante la administración del panista Marcos Aguilar Vega, que tuvo un costo de 9 millones 59 mil pesos.
Tras la audiencia de Ariana y su compañera, la FGE demandó a las jóvenes una indemnización por dos millones de pesos por concepto de reparación de la maqueta, e informó que, pese a ser puestas en libertad bajo supervisión, la investigación en su contra continuaría por al menos dos meses.
A principios de junio la Fiscalía giró órdenes de aprehensión contra otras jóvenes, entre ellas una menor de edad.
Acorde a información de colectivas y activistas feministas que acompañan los casos, los cargos en contra de la menor de edad fueron retirados, pero se contabilizan, al menos, otras 7 órdenes de aprehensión.
Por su parte, la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa (cuñada del extituar de la Secretaría de Gobierno estatal), señaló ante medios locales que hay otras dos órdenes de aprehensión contra mujeres que participaron en la manifestación feminista del 8 de marzo.
“Hay órdenes de aprehensión por ejecutar, ya fueron aprobadas por los jueces, pero no se ha ejecutado”, afirmó el pasado 7 de octubre.
De igual forma, puntualizó que hay cuatro mujeres que aceptaron un proceso abreviado por estos hechos, por lo que estos procesos ya concluyeron.
Además de esto, activistas y colectivas han señalado irregularidades en la ejecución de estas órdenes de aprehensión, como detenciones con base en engaños, falta de acceso a las carpetas de investigación, revictimización y acoso verbal por parte del personal de la Fiscalía.
Estos hechos, acusaron, son parte de una estrategia de criminalización promovida por las autoridades gubernamentales que alimenta el discurso de odio en contra de las mujeres, fomentado, principalmente, por medios de comunicación, grupos conservadores en el congreso del estado y algunos sectores sociales.
La Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se pronunció en contra de la criminalización de las mujeres que se manifestaron el 8M en Querétaro:
“Es de especial preocupación que se criminalice a mujeres jóvenes, muchas de las cuales recién inician en la defensa de sus derechos humanos.”
El proceso en contra de las jóvenes, sin embargo, sigue abierto. Nadie ha investigado las irregularidades y aunque ya existe una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), esta sigue sin avances.
Ataques de ansiedad, desconfianza y planes frustrados son solo algunas de las secuelas que han quedado en las jóvenes detenidas en junio.
Aquí sus historias.
El 16 de julio colectivas feministas se reunieron para exigir un alto a la criminalización de las protestas en la entidad. Foto: Nadia Bernal
Jeni: «Todo el mundo está en contra de las feministas»
Mi vida era normal, me estaba empezando a ir bien, tenía muchos proyectos por cumplir. Trabajaba como mesera en un restaurante de Milenio, y aunque era todo un caso llegar, pues tomaba un camión y luego un uber, me iba bien. Estaba juntando dinero. Tenía planes de irme a vivir a Tulum, estaba juntando dinero para poder pagar una o dos rentas allá.
El 26 de junio yo llegué de trabajar a las cuatro de la mañana y me quedé dormida. Como a las 7 y media de la mañana me levantó mi papá, me dijo “oye, te andan buscando dos oficiales para ver lo de tu demanda”. Yo había puesto una demanda en noviembre por un accidente con unos cables de luz.
Ese día era sábado, y dos mujeres policías vinieron a decirme que ya se había presentado el abogado de la CFE, me dijeron que le ofrecían 10 mil pesos a cada víctima con la condición de que aceptara el perdón y me dejara hacer una prueba médica para ver las secuelas.
Entonces yo dije ‘pues si tienes una demanda y te van a indemnizar, pues sí de una vez’; me dijeron que ellas me llevaban y me traían, venían en un carro particular, no traían logotipos de la Fiscalía, traían unas placas pero iban vestidas de civiles.
Me subí, y en el camino me iban platicando cosas, de que había estado bien raro mi accidente; inclusive puse un estado (en redes sociales) de que andaba bien desvelada y ya me iban a resolver la demanda.
Llegamos a la Fiscalía central, me bajaron del carro y se bajó una chica. Ya estando allá me dicen que me van a checar al entrar, que dejara todas mis pertenencias, saqué mi cartera, celular y todo.
Se bajó la chica y esperamos un ratote, después ella llegó con un fólder, era mi orden de aprehensión, yo me quedé en shock.
Me dijeron “¿estuviste en el 8 de marzo?”. Y yo: “pues sí”, y me dicen “entonces tú sabes lo que hiciste”.
Ya cualquier duda que tenía me dijeron que se lo platicara al juez, y me dijeron que sólo cumplían órdenes. Quien me demandaba era un tal Óscar Paredes Lazcano, el fiscal.
Me metieron a la fiscalía a firmar. Todo fue sobre la orden y no de algo más, lo siguiente fue de “quítate las agujetas” y yo no me la creía, pero yo sé lo que es una orden de aprehensión, y estaba mi nombre y el de otras cinco compañeras que no conozco, a quienes estaba demandando la Fiscalía.
Estando en la Fiscalía me comuniqué con mi mamá y le dije que pues ya todo lo de mi caso era en el penal, ella tampoco sabía qué onda y le dije “que pues por el 8 de marzo, ma”. Y ahí una de las oficiales me dice “pero diles qué hiciste” y yo le dije “pues no hice nada”.
Me hicieron firmar varias cosas, me metieron al médico y ya me llevaron directo al penal, ya todo lo demás fue en el penal, un buen de firmas y todo.
Llegué al penal a las 11 de la mañana del sábado y salí a las 5 de la tarde del domingo.
Me pasaron con una médica que me preguntó el delito y yo todavía no sabía de qué me acusaban, yo no me acordaba y le dijo la custodia “que daños dolosos”, y me dijo la doctora “¿pues a quién le pegaste?”, y yo le dije no, a nadie” y me quedé callada. Ya después me volvió a preguntar “¿pues qué hiciste o qué?’ y yo le dije ‘no pues estuve en la marcha del 8 de marzo” y me dijo “Aah, eres una feminazi”.
Yo pensaba ‘Si así es ahorita no me imagino cómo me va a ir en mi juicio”. Todo el mundo estaba en contra del feminismo, inclusive la custodia volteaba y me decía “¿en dónde están tus amigas si aquí estás sola?”.
Yo padezco de tricotilomanía, y antes de esto lo tenía un poquito controlado, pero volvió a surgir a raíz de la detención. Cuando estuve allá adentro me comencé a arrancar el cabello por la ansiedad, mi compañera de celda era la que me decía que me dejara las uñas, me calmaba y nos poníamos a platicar de cosas. Saliendo del penal retornó mi problema, pues me daba ansiedad de qué iba a pasar, cuánto me iban a cobrar.
Cuando salí yo estaba muy confundida, si te pones a dudar, allá adentro es como que todo el mundo está en contra de las feministas, yo regresé y le dije a mi mamá “en mi vida vuelvo a ir a una marcha, ma” y me dijo “yo voy a ir contigo”, ella me dijo que ella estaba muy orgullosa de lo que yo era y que no dejara de hacer lo que yo hacía.
Perdí mi trabajo, pues le dijeron a mi patrón que iba por motín y terrorismo.
Todo cambió completamente, pues comenzamos a recabar hechos y a las otras chicas que detuvieron fue porque las siguieron o las alcanzaron.
Estoy decepcionada, ya no sé qué esperar. Se me hace injusto toda la persecución, en chinga 6 mujeres, hay demasiadas cosas que perseguir aquí en Querétaro y se ponen a buscar morritas que fueron a protestar porque en algún momento les pasó algo que les está haciendo una desigualdad. En vez de culpar, por qué no preguntar cuál es el motivo de por qué se rayan las paredes.
Ya no publico cosas en mis redes, antes mi contenido era muy feminista pero ya no he publicado nada por la persecución, ya no platico con nadie, ya no contesto porque siento que tienen mi contraseña, siento que tienen mucho poder, tengo miedo que nos manden a desaparecer, ya una no sabe, ya no sé de qué manera levantar mi voz pero no quiero quedarme callada.
Ari: “Como víctima nunca me atendieron, ¿y ahora me criminalizan?”
Durante la protesta del 16 de julio, las colectivas feministas denunciaron la arbitrariedad de las acusaciones que la FGE ha interpuesto en contra de algunas mujeres que protestaron el 8M. Foto: Nadia Bernal
Estaba a punto de irme a trabajar. Era martes 15 de junio. Revisé la hora, mi celular marcaba la una de la tarde cuando tocaron en mi casa. Mi hermana menor abrió la puerta y me dijo que dos mujeres de la Fiscalía General del Estado (FGE) me estaban buscando, aunque ninguna se identificó.
El único tema que tenía con la Fiscalía era una denuncia que interpuse el 3 de diciembre del 2019 en la Unidad 4, enfocada en la investigación de delitos sexuales, violencia familiar y en agravio del menor. Acudí a denunciar violencia sexual equiparada.
En cuanto salí me hicieron a un lado de mi puerta y me comentaron que estaban ahí por esa misma carpeta que abrí en el 2019; ellas me dijeron que tenía inconsistencias.
Entonces recordé el largo proceso que viví aquella ocasión en que me atreví a denunciar la violencia sexual de la que fui víctima. Nunca tuve el debido procedimiento, tuve mucha revictimización y tampoco tuve apoyo para una contención emocional por parte de la Fiscalía.
En marzo del 2020 fue la última vez que supe de mi carpeta de investigación. La resolución que me dieron fue que mi denuncia no procedía, pues la fiscal que llevó mi caso, Rosa Licón Rangel, argumentó que yo tenía cambios de humor constantes, por lo que el abuso sexual pude haberlo consentido.
Me dijeron que pude haber aceptado y que después me negué. Cuando me dijeron que no procedía me desmoroné. Tuve un intento de suicido en marzo del año pasado; estuve tres días en el hospital. Ya lo había intentado antes a raíz de esto.
En junio del 2020 los medios locales reportaron que Rosa Licón Rangel, la misma fiscal que concluyó mi caso, había dejado libre a un taxista, presunto agresor sexual de una niña de 11 años. Sólo tenía 11 años.
Un año y medio después, las dos mujeres que se presentaban en mi domicilio, ahora me pedían acudir nuevamente a la Fiscalía. Me dijeron que probablemente iba a haber una indemnización por cinco mil pesos, pero que necesitaba ir a declarar.
Las agentes se ofrecieron a llevarme a mi trabajo, una vez que saliera de la Fiscalía. Me dijeron que podía acompañarme alguien más, pero en casa solo estaba mi hermana. A mamá no le avisé porque recientemente había estado bajo momentos de estrés; le avisé a mi novio, quien en cuanto se enteró que iba a ir a declarar, aseguró que iría a alcanzarme.
Yo tenía entendido que íbamos a ir a la Fiscalía de Delitos Sexuales, a la 4, que es donde levanté mi denuncia. “Ahorita te mando mi ubicación en tiempo real y te digo a dónde vamos”, le dije a mi novio por mensaje y entré al auto de las mujeres.
“¿Cómo viviste el proceso?, ¿qué avances has tenido?”, me preguntó durante todo el camino una de las policías. La otra en ningún momento dijo nada.
Yo le pregunté a dónde íbamos a ir, que si era la Fiscalía de Delitos Sexuales, pero me dijo que no, que iríamos a la Fiscalía que se encontraba por la Central de Autobuses.
Engaños
El 8 de marzo de 2020 fue mi primera marcha, la única a la que he asistido. Sentí un espacio diferente porque había muchas mujeres y me sentí muy protegida. Mi amiga, fue la que me dijo que sería buena idea que acudiera y así fue. Ella nunca me dejó sola, me tomaba de la mano. Fue algo que cambió en mí y yo no lo sabía.
A la marcha de 2021 no pude asistir porque tuve que trabajar, así que solo pude movilizarme por redes sociales, pero el 15 de julio, cuando llegamos a la Fiscalía General del Estado y estaba a punto de bajarme del automóvil de las dos mujeres policías, me lo impidieron.
“Siéntate, vas a leer esto”, dijeron, me pusieron en mis piernas un folder, y en seguida me colocaron unas esposas en las muñecas.
“¿Estás detenida, Ariana, por lo de la maqueta”, “¿y qué tiene que ver mi carpeta de violación?”, “No, nada, pero no ibas a querer venir”, “¡y tu cómo sabes”? –“Fírmame aquí, que es donde te notifican tus derechos” .
No me dieron tiempo de leer nada. Ya esposada entramos a la Fiscalía, me empezaron a tomar mis datos y me notificaron que tenía cargos por daños dolosos. Les comenté que tenía derecho a una llamada, pero no me dejaron hacerla.
Me bajaron a unas escaleras a la izquierda, y me hicieron quitarme mi ropa, me quedé desnuda. Ahí mismo tuve que hacer tres sentadillas. Yo seguí insistiendo con la llamada, y solo me decían que ahorita.
Había una chica que también estaba detenida por lo mismo. A ella sí la maltrataron mucho, tiene Trastorno Límite de la Personalidad, y cuando tuvo una crisis, le jalaron del cabello y la sujetaron mal. A ella le hicieron hacer más sentadillas y le dijeron comentarios sexistas: “Te faltan 15 centímetros más de lo que me gusta”.
Después nos llevaron al Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José el Alto. Ahí adentro pasan cosas muy extrañas. Le pregunté a la policía del Cereso que tenía que hacer mi llamada, pero ella me dijo que eso era en Fiscalía y que aquí ya no podía.
Mi mamá no sabía dónde estaba, mi novio tampoco. Él se enteró como a las 5 de la tarde sobre mi paradero.
Las pruebas
Estuve detenida un poco más de 24 horas, salí el 16 de junio, como a las 5 de la tarde. Ese día tuve una audiencia, y la única prueba que tenían para vincularme a las acciones del 8 de marzo, eran fotos de mujeres encapuchadas que tomaron los medios de comunicación y las compararon con fotos de mi perfil de Facebook que tenía de la marcha a la que asistí en 2020.
También me vincularon porque reaccioné con un “me encanta”, a publicaciones referente a la protesta del 8 de marzo, específicamente en la publicación de una chica menor de edad, la cual se menciona en mi carpeta. Y eso es todo. Solamente por la foto de portada que puse en mi Facebook, foto que tomé de una nota periodística, y porque reaccioné al contenido de otra chica que también involucraron en la carpeta.
Me he sentido estresada, ansiosa y enojada, porque mi detención se dio de una manera muy injusta y me da mucha impotencia.. Mi movilización en 2021 fue poner mi foto del año pasado y compartir, compartir, compartir ¿y ahora dicen que soy?
Y me da mucho coraje porque para poder identificarme, para poder buscarme, hicieron todo lo posible. Me buscaron mediante Facebook, y se dieron a la tarea de buscar los registros que ellos tenían de 2019, y vieron que había una personas registrada con el nombre de mi mamá, que me acompañó a poner la denuncia, y así dieron conmigo.
Días después de que salí del Cereso, el lunes 5 de julio, me informaron que tenía otra carpeta de investigación por daños dolosos, pero hacia el inmueble de fiscalía, y que tenía que ir una audiencia inicial.
Esto ha sido un claro ejemplo de que al gobierno no le importa tratar con los problemas que sufren las mujeres día a día, solo busca quedar bien, pero si se atreven a protestar, las criminaliza, a base de intimidación y persecución política.
Cómo víctima nunca me atendieron, ¿y ahora me criminalizan?
Las omisiones
Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín, víctima de feminicidio en 2017 en CDMX, acompañó a jóvenes queretanas para exigir un alto a los procesos penales de las jóvenes acusadas. /Foto: Nadia Bernal
El miércoles 6 de octubre, Ariana tuvo la segunda parte de su audiencia inicial -la primera se realizó el miércoles 29 de septiembre-, en la que se determinó su no vinculación a proceso por el delito de daños dolosos ocasionados a la unidad de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.
La defensa legal de Ariana, integrada por los abogados Aureliano Hernández, Alejandro Terán, Carlos Mujica y la abogada Fabiola Núñez, argumentaron durante la audiencia que la investigación estuvo realizada sin perspectiva de género
Además de que existió una criminalización hacia las marchas de mujeres, “incluso se retomaron notas de medios de comunicación, con encabezados como “Vandalizan la FGE” que publicó el Diario de Querétaro, por ejemplo.”
Fabiola Núñez recalcó que “no es factible atribuir que –Ariana- hubiera asistido a esa marcha. Las personas se encuentran cubiertas del rostro, no hay dato de prueba y tampoco se demostró que se llevara a cabo el hecho delictivo”.
Asimismo, refirió que no se incorporaron datos de prueba que demostraran que fue un plan preconcebido, o que señalen una coautoría. “No hay un acuerdo de modo, tiempo o lugar”, estipulado en el artículo 10, párrafo segundo, del Código Penal de Querétaro.
Además, señaló que el 17 de septiembre la FGE y Óscar Paredes Lazcano, fiscal de acusación que puso la denuncia contra las mujeres, aceptó que el daño ya había sido reparado, por lo que no tendría que continuar un procedimiento contra Ariana.
El abogado Carlos Mujica agregó que, aunado a esto, existe un discrepancia de tiempo en los señalamientos que realizó la Fiscalía, pues la representación legal, integrada por María Guadalupe Loyola, Fiscal de Investigación; Gabriela Hernández Martínez, Fiscal de Acusación; y Ana Sánchez Bustamante, Asesora Jurídica, acusó que Ariana había sido autora de romper la puerta del edificio con una piedra y un mazo a las 18:40 horas, para dar lugar a la entrada de las mujeres que se manifestaban.
«La FGE hace referencia que entre las 18:34 y 18:36 horas, un grupo de mujeres realizaron pintas y daños al interior del inmueble, pero también dice que a las 18:40 dañarían la puerta principal, no refiere entonces cómo entraron. En el peritaje tampoco refieren qué bienes se deterioraron y cuál era su estado.», indicó el asesor jurídico de Ariana.
Por su parte, el abogado Alejandro Terán añadió que la única prueba que presentaron para demostrar que Ariana fue la responsable de romper la entrada del inmueble fue una foto borrosa en donde se observa una mujer con capucha.
Esta foto fue usada por la Fiscalía como medio probatorio tras compararla con una fotografía de la red social de Ariana.
«Solo se dice que es de tez blanca, y viste una capucha, pero no se estableció una media afiliación.», indicó.
Asimismo, la defensa legal de Ariana demostró que el hecho de que la agente de investigación, Abigail Guadalupe Ruiz Villalon, tomara datos personales de la carpeta de violencia sexual que Ariana inició en 2019, sin la orden de un juez, fue una acto ilegal y se violaron derechos fundamentales.
«Es un dato de prueba ilegal y contraviene al Código Nacional de Procedimientos Penales, y de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información, en su artículo 108, Fracción 12, se establece que era Información reservada», aseveró uno de los abogados.
Durante la audiencia, la Fiscalía desechó los argumentos de la defensa, y aseguró que el caso sí se trató con perspectiva de género, «refirieron que se criminalizó una marcha, pero esta Fiscalía nunca hizo alusión a la marcha por el hecho de ser mujeres.(…) Nunca se ha causado opresión de género.»
Referente a la prueba obtenida de forma ilegal, la Fiscalía dijo que, «no consideramos que se está violentando, porque no mencionamos información de la carpeta.»
Y mencionaron que no es ilegal obtener información de las redes sociales porque son públicas, por lo que esto les permitió investigar y «hacer conexiones mediante likes de Facebook.»
«El like sirvió para seguir investigando (…) En caso de que hubo violaciones a derechos fundamentales fue a toda la sociedad porque fueron destruidos expedientes.», indicó FGE, sin embargo, la propia institución ya había referido que cada expediente se encontraba digitalizado.
Finalmente, la Jueza de Control, Miriam Ortega, decidió que no había elementos suficientes para vincular a Ariana a proceso y aseguró que la Fiscalía fue “omisa” desde el hecho de establecer la imputación.
“Era necesario que la FGE especificara si la acusación contra Ariana se trata de destruir, quemar o deteriorar -los muebles o inmuebles de la Fiscalía-. Tenía la obligación de fundar sus peticiones.“, apuntó durante la audiencia.
La juez consideró que, si vinculaba a proceso a Ariana, al no contar con la especificación de sobre qué hechos se le acusaba, se estaría violentando el derecho de defensión de Ariana, establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
A pesar de esto, la defensa legal de Ariana señaló que estas omisiones no impiden a la Fiscalía el volver a solicitar una audiencia inicial para replantear sus argumentos, sin embargo agrega que sería complicado que la Fiscalía pudiera subsanar estas omisiones.
Aunque la audiencia de Ariana demuestra que las acusaciones elaboradas por la Fiscalía son insostenibles para vincular a proceso a todas las mujeres que están siendo investigadas por la Fiscalía, el caso aún no está cerrado.
Igualmente, aún hay más órdenes de aprehensión ejecutadas que continuarán su proceso, por lo que queda en la voluntad política de las nuevas administraciones estatal y municipal el poder desistir de sus acusaciones, como lo señaló el 14 de julio el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio Ortega Cebrón.
“Juridicamente sí se puede desistir, el delito es daño, hay posibilidad de otorgar un perdón o una medida de solución alterna del conflicto; la Fiscalía todavía no se ha acercado para tener estas alternativas.”, aseveró.
Hasta el momento ninguna de las nuevas autoridades municipales o estatales ha demostrado intenciones de desistir en sus acusaciones, por lo que la libertad absoluta de Ariana y sus compañeras sigue siendo un tema pendiente a resolver.
El Frente No a la Minería pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador garantizar y respetar los derechos de los pueblos indígenas porque la minera Cuzcatlán ha violentado la legislación ambiental vigente y los derechos como pueblos indígenas.
OAXACA, Oax. (apro).- Con bloqueos en la carretera federal 175 en inmediaciones de Magdalena Ocotlán y Monte del Toro, el Frente no a la minería por un futuro de Todxs, exigió la cancelación de proyecto minero San José de la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, por afectar el ambiente de las comunidades de Valles Centrales al construir 75 obras irregulares.
En respuesta, las autoridades agrarias y municipales integrantes del Frente no a la minería denunciaron han recibido una serie de amenazas por exigir cancelación de proyecto minero a través de bloqueos carreteros.
“Las autoridades municipales y agrarias integrantes del Frente no a la minería por un futuro de Todxs denunciamos que el día de hoy, 11 de octubre de 2021, hemos recibido amenazas durante la movilización efectuada para exigir la cancelación del proyecto minero San José, operado por Fortuna Silver Mines”.
“En la primera ocasión, unas personas dijeron que ‘iban a venir personas para quitar el bloqueo’, que a ellos no les gustaba esa ‘chingadera’ y señalaron que la gente que estaba en el bloqueo no era de Magdalena”.
Otros les dijeron “que ellos traerían armas para sacar a los de la movilización”, aunado a ello las autoridades integrantes del Frente también han recibido mensajes diciendo: “ya sabemos quiénes son, que los tenemos ubicados”.
Por tal razón, responsabilizaron a la empresa minera Cuzcatlán-FSM por cualquier por agresión hacia las autoridades o participantes en esta movilización.
“Las autoridades municipales constitucionales y órganos de representación agraria de 10 comunidades que en ejercicio de nuestra libre determinación mantenemos una oposición rotunda a la empresa minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines”, puntualizaron.
El Frente No a la Minería pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador garantizar y respetar los derechos de los pueblos indígenas porque la minera Cuzcatlán ha violentado la legislación ambiental vigente y los derechos como pueblos indígenas. Ningún proyecto minero debe estar por encima de la ley”, agregaron.
Explicaron que decidieron movilizarse porque la minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines, continúa afectando el ambiente de las comunidades de Valles Centrales al construir 75 obras irregulares.
Mencionaron que en dos ocasiones anteriores la minera Cuzcatlán ha querido justificar mediante este permiso 75 obras irregulares y explotar por 10 años más el territorio de Valles Centrales.
Es por ello que exigieron a la autoridad ambiental audiencia con la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores.
El Frente no a la Minería es una organización regional integrada por 10 comunidades de Valles Centrales representadas por sus respectivas autoridades municipales y agrarias, que en el ejercicio de su derecho a la libre determinación decidieron rechazar cualquier proyecto minero en sus territorios porque sus asambleas han decidido “¡Sí a la vida, no a la minería!”.
Apenas el cuatro de octubre el Frente No a la Minería integrado por autoridades de las comunidades Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, denunciaron que la “minera canadiense Cuzcatlán desacata por tercera ocasión legislación ambiental vigente”.
El Frente exige a la Semarnat negar permiso ambiental y sancionar a la empresa minera por violentar la legislación vigente.
Consideran que aprobar nuevos permisos ambientales a empresas mineras representaría una traición del gobierno de la Cuarta Transformación, quien se comprometió a respetar los derechos colectivos de las comunidades.
Es que la empresa canadiense Fortuna Silver Mines a través de su filial “Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.” presentó, por tercera vez, un permiso ambiental para justificar 75 obras irregulares en territorios de Valles Centrales y pedir autorización para explotar plata y oro hasta el año 2031.
Las comunidades que integran el Frente han logrado comprobar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) las afectaciones socioambientales producidas por el proyecto minero “San José”, por lo que la autoridad encargada del cuidado y protección del medio ambiente ha negado dicho permiso ambiental en dos ocasiones (enero de 2020 y julio de 2021).
La Semarnat fue contundente en la última resolución al declarar mediante el oficio N° SGPA/DGIRA/DG/03305 que el proyecto minero y la construcción de obras sin autorización ambiental “…ha vulnerado el derecho humano a un medio ambiente sano de las comunidades involucradas”, mencionaron.
Y agregaron que en este tercer intento la empresa minera omite información relacionada al impacto total de las obras construidas, minimiza los daños en los territorios de Valles Centrales y argumenta que las irregularidades e ilegalidad del proyecto se tratan simplemente de una ‘actualización de obras y actividades’”.
“Exigimos a la Semarnat negar la autorización de la MIA regional “Actualización de Obras y Actividades” 20OA2021M0042”, remataron.
Recordaron que las comunidades que integran el Frente decidieron desde 2015 no recibir ningún proyecto, programa o dádiva de la empresa minera Cuzcatlán.
Finalmente, el Frente rechazó rotundamente los “Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021” impulsados por el gobernador Alejandro Murat y el embajador de Canadá, Graeme C. Clark.
Juchitán, Oax.- Por defender su predio y oponerse a que en sus tierras construyan obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la profesora ayuujk (mixe) Micaela Valdivieso Joaquín y su hijo Eberth Muñoz Valdivieso, originarios de la comunidad de Estación Sarabia, San Juan Guichicovi, Oaxaca llevan más de 30 horas detenidos y se encuentran en las oficinas de la delegación de la Fiscalía General de la República, denunció su abogado, Carlos Leonardo Espinoza.
De acuerdo con la carpeta de investigación número FED/MR/OAX/0001438/2021, a la maestra de preescolar y su hijo los acusan por “delito de oposición” a que se ejecute una obra o trabajo público. El abogado denunció que es una forma de acoso y criminalización para que desistan de sus pretensiones y sean llevados presos como lo sentenció el Juez Sexto de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca.
El Corredor Interoceánico del Istmo, es un megaproyecto que impulsa el gobierno federal que incluye la rehabilitación de las vías férreas del puerto de Salina Cruz, Oaxaca hasta Coatzacoalcos, Veracruz y la construcción de parques industriales, sin embargo, este programa está realizando la ampliación de la carretera transístmica, pero hay oposición de propietarios de la zona norte del Istmo de Tehuantepec, quienes aseguran no fueron tomados en cuenta, porque solo negociaron con ejidatarios y no con pequeños propietarios como la maestra Micaela.
Antes de que entrará la maquinaria a su domicilio, la profesora promovió un amparo con el juez sexto para protegerse, pero no se lo otorgó y entonces acudió ante el juez séptimo de distrito, que lo autorizó, entonces se piensa que es una forma de represalia en su contra por oponerse a dicho proyecto.
Los integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) exigieron su liberación, porque señalan es un atropello que encabezan las autoridades federales al detener a las personas que se oponen a sus megaobras.
“Exigimos la liberación inmediata de la maestra y su hijo”, recalcó Carlos Beas Torres, al señalar que sin que exista una orden de aprehensión y con un amparo de por medio otorgado por el juez séptimo de distrito de Salina Cruz, la profesora y su hijo fueron detenidos.
Además, externó que el Corredor Interoceánico del Istmo en ningún momento dialogó con la profesora un pago y tampoco lo hizo con el resto de los pequeños propietarios por la afectación que pudiera ocasionar la maquinaria al ampliar la obra, únicamente lo hizo con los ejidatarios de la zona, por lo que no hay convenio ni nada.
¿Dónde quedó el estado de Derecho? ¿Dónde quedó la Cuarta Transformación del país? cuestionó el activista al precisar que la profesora lo único que hizo fue defender su territorio, su propiedad, y por eso la encarcelan. “Esto es una calamidad, no es posible que la tengan retenida por proteger su espacio de vida, esto es una grave violación a los derechos humanos”.
Por último, el asesor y activista de la UCIZONI denunció qué por el acompañamiento en estas luchas por la defensa del territorio contra megaproyectos, los integrantes de esta organización social han vivido una serie de amenazas y criminalizaciones, por esa razón, el próximo 12 de octubre se movilizarán para exigir respeto y un alto al acoso de parte del estado.
“Hace tres semanas, fue detenido y recluido en el penal de Tehuantepec el campesino Salvador Pinal Meléndez, imputado por los delitos de disparos de arma de fuego y posesión de arma de fuego, cuando lo único que hizo fue defender sus terrenos de invasores como Anastasio “Tacho Canasta”, concluyó.
Ojarasca 294, Octubre 2021 / Cristina Alonso, Mariana Benítez, María Fernanda Herce, Blanca Hernández, Adriana Uscanga y Valeria Vázquez.
Los Valles Centrales de Oaxaca bajo asedio. El paisaje agrícola que hoy se ve en la región de los Valles Centrales de Oaxaca (VCO) es resultado del trabajo que durante miles de años han llevado a cabo pueblos y comunidades agrícolas. A través de prácticas campesinas que datan de más de 3 mil 500 años, en estos fértiles valles se han cultivado, seleccionado y reproducido variedades locales de maíz, frijol, calabaza, chile y hortalizas que contribuyen de forma fundamental a la alimentación de la zona y a lo largo del país. Este paisaje campesino es en parte un reflejo de la cultura de la región, donde la diversidad de prácticas ha permitido que se generen corredores de vegetación por los que las especies de plantas y animales pueden transitar y establecerse. Asociados estrechamente al trabajo campesino podemos encontrar platillos, textiles y celebraciones, entre otras cosas, que requieren y reproducen variedades locales de cultivos que dan forma a la gastronomía y a la cultura regional.
En las últimas décadas y en particular en los últimos 15 años, la diversidad biológica y cultural de los VCO se ha visto amenazada por el acaparamiento de tierras y agua, la urbanización desregulada y la especulación, y la imposición de proyectos industriales, mineros y agroindustriales. Esto se ha traducido en violencia, daños irreversibles al medio ambiente y ruptura del tejido social. Ante ello han surgido movimientos de resistencia que hacen frente a las constantes amenazas al agua, la tierra, las semillas nativas y la biodiversidad.
El proyecto del Libramiento Sur de Oaxaca. Este proyecto consiste en una carretera de 67.5 kilómetros de largo y 60 metros de ancho que conecta las carreteras que van de la ciudad de Oaxaca a Puebla con las que van a Tehuantepec y a Pochutla. El trazo propuesto en 2010 atravesaba algunas de las tierras más fértiles de los VCO, por lo que los pueblos afectados se organizaron y formaron el Consejo de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio, que entonces logró que el proyecto se cancelara. En 2020 el proyecto se reactivó y su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue aceptada sin consulta pública ambiental, a pesar de tener numerosos errores y omisiones. La evaluación y publicación de la MIA, así como el inicio de las gestiones asociadas al derecho de vía, han ocurrido de forma opaca y alevosa en el contexto de emergencia asociada a la pandemia de Covid-19.
Para el proyecto del 2020, el trazo original se modificó, pero aún atraviesa tierras agrícolas, de pastizal y diferentes tipos de vegetación indispensables para la reproducción de la diversidad biológica y cultural de los VCO, así como para garantizar el acceso a la tierra y al territorio, a la autodeterminación y a otros derechos de los pueblos campesinos e indígenas. Actualmente continúa la resistencia al proyecto, tanto que hubo áreas donde los conflictos sociales no permitieron hacer los muestreos de evaluación de biodiversidad.
Los promotores del libramiento argumentan que beneficiará a la región y traerá desarrollo. Sin embargo, la obra en realidad se relaciona con varias concesiones mineras otorgadas desde 2006 y es parte de un proyecto regional extractivista que necesita transportar eficientemente productos mineros e industriales a puntos estratégicos de salida de mercancías.
El proyecto viola diversos derechos individuales y colectivos contemplados en la Constitución Política y acuerdos internacionales. Por una parte, aunque en la MIA sólo tres de los municipios afectados se consideran como indígenas, más de la mitad de los municipios por los que pasaría el libramiento (18) se autoadscriben como zapotecos, mixtecos, mixes, entre otros, y el resto incluye a comunidades equiparables. 1 Por tanto, la falta de consulta pública atenta contra los derechos colectivos de la libre determinación, la autonomía y el derecho al territorio y al desarrollo propio.
Asimismo, el libramiento atenta contra el derecho a un ambiente sano. Los proponentes argumentan que no tendrá efectos significativos sobre la diversidad biológica y cultural de los VCO, ya que atraviesa mayormente ambientes descritos como perturbados, como tierras de cultivo y pastizales. Sin embargo, este argumento ignora que este tipo de vegetación y la agricultura campesina pueden alojar y favorecer la conservación de las especies locales de plantas y animales.2 Los cambios que sufriría el paisaje por la construcción del proyecto comprometen dinámicas ecológicas clave, como la polinización, el control de plagas y el mantenimiento de suelo y agua de buena calidad. De hecho, recientemente habitantes de la agencia Reyes Mantecón en San Bartolo Coyotepec han advertido que la obra afectaría directamente el manantial que los abastece, así como otros proyectos comunitarios para la captación de agua de lluvia.
Finalmente, la obra impactaría la importante producción agrícola regional puesto que éste contempla la transformación de cerca de 240 hectáreas de uso agrícola. Además de implicar pérdidas económicas y afectar a las formas de vida campesinas, pone en riesgo a las variedades locales de cultivos que ahí se producen, como las razas de maíz bolita, mushito, negrito, que por ley ahora deberían de ser protegidas, y también a las técnicas tradicionales con las que se manejan. Todo ello vulnera fuertemente el derecho a la alimentación adecuada y a la soberanía alimentaria.
Biodiversidad, cultura y resistencia vivas. Los VCO alojan una enorme riqueza biológica y cultural que, aunque está conectada con la profunda historia de la región, no es algo del pasado que pueda apreciarse y mantenerse en museos, restaurantes y postales, sino que se ha generado y se reproduce constantemente gracias al trabajo y conocimiento campesino e indígena. Reconocer y respetar los procesos sociales, políticos y biológicos que han dado lugar a esta riqueza es indispensable para que los pueblos de los VCO puedan ejercer su derecho a la soberanía alimentaria y para que en conjunto, como humanidad, podamos hacer frente a las crisis climáticas, económicas o sanitarias que estén por venir.3
Los pueblos y comunidades de los VCO tienen claro que el proyecto del libramiento se inserta en el contexto de despojo y asedio que hemos referido y que, más aún, es estratégico para articular proyectos extractivistas e industriales en la región. Algunas autoridades comunitarias y pobladores de Reyes Mantecón, San Pedro Ixtlahuaca, Zaachila y otros pueblos asociados al Consejo de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio han expresado públicamente que el libramiento tendría impactos fuertes e irreversibles en la biodiversidad, el acceso a la tierra y el agua y que violenta la vida y la cultura que los pueblos indígenas y campesinos reproducen en sus territorios. Al igual que la riqueza de los Valles Centrales, la resistencia y la organización para defenderla están vivas.4.
1. De acuerdo con la Constitución mexicana, las comunidades equiparables a los pueblos indígenas gozan de los mismos derechos que éstos. Son semejantes en su modo de ser y estar, en particular el modo de apropiarse de los recursos naturales para su subsistencia, por ejemplo las comunidades campesinas y pescadoras.
Fátima Alejandra, de 22 años, fue encontrada sin vida a unas horas de que se cumpliera una semana de su desaparición. Su muerte ha consternado a los habitantes de El Grullo, quienes a través de redes sociales piden justicia para ella.
El 4 de octubre del año en curso, Fátima Alejandra fue vista por última vez cuando se dirigía al gimnasio Olimpo, en dicho municipio. Desde entonces nada se supo de su paradero.
Por medio de redes sociales sus familiares y amigos comenzaron a organizar grupos de búsqueda para recorrer El Grullo y encontrar a Fátima Alejandra.
Fue durante los primeros minutos de este domingo, cuando el colectivo Por Amor a Ellxs, así como sus familiares desde diversas cuentas de Facebook, confirmaron que desafortunadamente fue encontrada sin vida.
Hasta ahora sólo se sabe de manera extraoficial que su cuerpo fue localizado en el municipio de Autlán de Navarro.
A tres años de que la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines ubicada en San José del Progreso, Oaxaca, derramara desechos tóxicos de su presa de jales en el río Coyote, clausuraron el 8 de octubre el evento denominado “Encuentros Indígenas Canadá – México”, impulsado por la Embajada de Canadá en México. Colectivas, pueblos y comunidades indígenas se manifestaron en el Jardín el Pañuelito, del Centro Histórico de la capital de Oaxaca, para expresar su rechazo ante el supuesto hermanamiento entre ambas naciones.
Así lo expresaron manifestantes y habitantes de comunidades afectadas por la minería canadiense en Oaxaca que acudieron a la convocatoria que circuló días antes. En el documento se puede leer que “la titular de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos (SEPIA) mencionó que en esta celebración no se tocará el tema de la minería. (…) Las comunidades y colectivas afectadas por proyectos mineros y con concesiones adjudicadas a empresas canadienses, consideramos de vital importancia posicionar el tema de la minería en la discusión pública”.
Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de dicho país.
En lo que respecta al estado de Oaxaca, existe un total de 47 proyectos mineros de capital extranjero, de los cuales 33 son de empresas canadienses y tres más de asociación Canadá-Australia.
Uno de los representantes de la comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez, quien reservó su nombre por seguridad, expresó durante la manifestación que Capulálpam lleva más de 15 años en una lucha constante para proteger su territorio “en contra de la contaminación y en contra del saqueo y en contra del riesgo inminente de que se pierda más flora fauna y los bebederos de agua”.
En febrero de 2015 dicha comunidad indígena interpuso una Demanda de Amparo en contra de las concesiones mineras otorgadas sin su consentimiento, dentro de territorio comunal, a la canadiense Continuum Resources LTD, a la Compañía Minera la Natividad y anexas y a otros particulares, entre 2002 y 2005.
Sin embargo, la actividad minera continuó a pesar de que en octubre de 2019 el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Oaxaca les concedió el amparo y ordenó cancelar las concesiones mineras.
El comisariado de bienes comunales de Capulálpam de Méndez denunció desde entonces que la Compañía Minera Natividad y anexas continua con el saqueo de oro y plata en tierras comunales, aún sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental y luego de ser denunciado el derrumbe de tres presas de jales con desechos contaminantes al Río Capulálpam, la contaminación con plomo y arsénico de fuentes de agua, la desaparición de trece acuíferos debido a las obras mineras, y otras afectaciones.
“No tenemos acceso a la justicia”, expresó el representante de Capulálpam de Méndez, “a seis años de distancia [de iniciar el Amparo] no tenemos nada claro. Después de obtener un fallo a favor por un juez, la compañía minera y la misma Secretaría de Economía impugnan esta resolución y nos encontramos en esa fase de impugnación. Mientras tanto, la compañía minera sigue trabajando tranquilamente”.
También participaron habitantes de Magdalena Ocotlán, quienes conmemoraron tres años desde el derrame de desechos tóxicos que contaminó el Río Coyote que cruza su comunidad, en el que se identificaron metales como hierro, aluminio y plomo por arriba de lo que permiten las normas nacionales para uso pecuario y riego agrícola.
“No podemos hablar de que Oaxaca está congratulada con el Estado de Canadá y realizar este encuentro de hermandad”, explica una persona de Magdalena Ocotlán cuyo nombre se reserva para proteger su identidad, “porque existe saqueo, existe destrucción y los gobiernos tratan de disimular todo aquello que nos perjudica haciendo ese encuentro”.
Asimismo expresa que “desde que la empresa canadiense Minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, se establece en los Valles Centrales de Oaxaca, ha causado un sinnúmero de problemas: ha causado desestabilidad en los pueblos, ha causado muerte, ha causado despojo, por eso estamos aquí denunciando todas estas arbitrariedades”.
Las y los manifestantes también leyeron un comunicado alusivo a las actuales resistencias indígenas en Canadá en contra del gasoducto “Coastal GasLink”, y recordaron el reciente hallazgo de más de mil cuerpos de niñas y niños indígenas en fosas clandestinas ubicadas en las inmediaciones de antiguos internados para menores.
Finalmente invitaron a aquellas personas, artistas y organizaciones que participaron en los “Encuentros Indígenas Canadá – Oaxaca 2021” a reconsiderar su participación y reflexionar sobre los intereses a los que responde dicha iniciativa.
Ramsés Mercado / Miguel Alvarado / Viceversa Noticias
Todavía no empuñan las armas, todavía, no hay recorridos por las calles oscuras, todavía no hay nada, excepto los muertos que se van encontrando en los campos y en las calles. Ahora, las flores que han salido son moradas y cubren el campo, los terrenos, van por las orillas de los estanques y delimitan la orilla de los caminos. Esta es la zona norte de Toluca, la más olvidada y por eso la más insegura. Para las autoridades no existen quienes habitan en Huichochitlán, Linares, Cuexcontitlán, Autopan o San Cayetano. Solamente se les voltea a ver en épocas electorales porque ahí se definen los comicios. Para quienes viven en la ciudad, este norte no existe o se figura como un laberinto de calles de tierra, enlodadas, de casas a medio construir y de pobres que trabajan en las fábricas y en el campo.
No en balde, la zona norte de Toluca, intenta cada año separarse del municipio. No quiere pertenecer a la capital. Esta zona norte es la casa de las naciones otomís y matlatzincas, su hogar ancestral. Aquí, atravesando la mitad del territorio, por debajo de las flores, pasa el oleoducto de Pemex que los huachicoleros exprimen desde hace 15 años, y los apellidos Miranda y Nava se escuchan cada vez que alguien le da a la llave, le abre a la manguera y rellena los tambos en las narices de la Guardia Nacional, los soldados y sus inútiles helicópteros que de cuando en cuando sobrevuelan la zona. Hasta los reporteros saben el lugar exacto en donde se realizan las extracciones. El principal es un hoyo rodeado de flores que está sobre el camino de postes amarillos que marca la ruta del combustible. Ahí corren los niños y se asoman los chavos, que fuman y beben cuando nadie los ve.
También se sabe que quienes participan en ese negocio son los policías municipales.
Sin querer, ahora el profesor Ítalo Raúl Díaz, quien da clases en la secundaria 1006 Sentimientos de la Nación, deberá tener muy en cuenta todo esto, lo mismo que las comunidades de la zona norte a las que la delincuencia les ha arrebatado a los suyos. Hace cuatro días, la niña Alondra, de apenas 17 años, tomó un taxi y después apareció muerta, asesinada. Eso, y también el caso de un joven de 14 años, apuñalado hasta la muerte cuando intentó defender a su novia, a quien después de todo violaron e hirieron obligó a las comunidades a defenderse. Ya saben que ningún gobierno volteará a verlos, que no existen para el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, y que para Toluca y el Estado de México representan el estorbo de quienes habitan tierras para fraccionar y construir desarrollos inmobiliarios, y de quienes atestiguan el saqueo silencioso pero explosivo del combustible. El huachicoleo ya no existe, por lo menos en los dichos de la Federación, que no cambiará su versión para ayudar a unos cuantos. Los habitantes han comenzado a entender lo que significa que la vida de cada uno de ellos sea igual a nada, menor al valor de la bicicleta que hoy los ha llevado a reunirse en un terreno rodeado de flores, de esas flores moradas que salen debido a la temporada de lluvias.
Así, poco a poco, esta mañana fueron llegando a la reunión. Se trata de la Primera Asamblea Comunal, que fue convocada por los maestros de la región. Como las flores que lo rodean, quienes asisten se mantienen erguidos y callados. Los profesores que han convocado a la reunión y dirigirán este intento por organizarse para detener la ola de crímenes que azota a este norte desprotegido y pobre, olvidado. Así que dos de ellos, entre los que se encuentra Ítalo Raúl Díaz, se han encaramado a un promontorio de rocas desde el cual se ven las manchas moradas de esos pétalos que cada año son menos, y se dirigen a sus vecinos.
La verdad es que antes de que hablen, sólo se escuchan los pájaros, el canto sordo de una mañana que no puede más de lluvia. Solo eso, y el rumor del viento pasando por las yerbas.
La Asamblea es muy importante porque se trata de organizarse para pelear contra la delincuencia. Se trata de organizarse en grupos de autodefensa porque las autoridades hace mucho, mucho, mucho que están rebasadas, que han perdido además todo sentido del deber.
– Los protagonistas principales de esta Asamblea son ustedes -dice entonces uno de los profesores- porque los maestros no podemos suplir, no podemos hacer lo que la propia comunidad debe hacer.
Y después dice que ellos, como los profesores que son, se sienten parte de esa comunidad y que no puede ser de otra manera porque pasan con los hijos de los habitantes mañanas y tardes, los ven crecer, los ven formar sus familias y ven cómo siguen viviendo, cuál es el camino que han elegido, convertirse en padres de familia. Aprenden a quererlos.
– Y cuando nos enteramos de un evento tan monstruoso como lo es privar de la vida a un joven de 14 años y violar a una joven, apuñalarla, sentimos indignación, temor, rabia que no nos permite darle la espalda a un problema como ese. No importa que no hayan sido alumnos de nuestra escuela. Se trata de jóvenes que son el porvenir de nuestras comunidades- dice el profesor, acercando el micrófono a la boca hasta que está seguro de que todos habrán de escucharle.
Y sigue, pero las preguntas que hace se las hace a él mismo, que de pronto se da cuenta, cada vez más, de lo que están haciendo en ese campo tan verde y tan morado.
¿Qué clase de maestros seríamos si asumiéramos la actitud de yo no vi, ni sé nada? ¿Qué clase de maestros seríamos si le diéramos la espalda a una atrocidad de esta magnitud cuando sabemos que no es la primera vez? ¿Qué sería de las comunidades si como maestros cerráramos los ojos frente a esto?
Lo que hace el profesor lo han hecho por años los profesores normalistas de Guerrero, por ejemplo, que han tenido que organizar a sus comunidades cada vez que una minera llega a asentarse ahí. Las preguntas que el profesor lanza en la zona norte de Toluca son las mismas que todos los días responde el normalismo rural de todo México.
Y sí, es verdad. Para ellos no ha sido fácil tomar una decisión de esa naturaleza porque saben que la delincuencia, desde este momento, ya los tiene en la mira, y no será fácil, nunca, poner el pellejo por delante. Eso también lo dirá una de las asistentes cuando le toca hablar, y deja claro que habrá infiltrados en este grupo.
Pero de esto, del peligro en el que ya se pusieron, ellos están conscientes.
-Tuvimos que meditarlo mucho tiempo, en horas de la noche y pensar si tomábamos una decisión de esta naturaleza. Pero llegamos a la conclusión de que era necesario, porque si bien nuestra misión tiene que ver con los jóvenes y con su proceso educativo, nuestra tarea no se puede limitar, en estas circunstancias, a quedarnos dentro del salón de clase, dentro de nuestra escuela. Tenemos que salir de ella, y tratar de que ustedes mismos se conviertan en educadores de sus hijos, y ahora, en esta Asamblea Comunal, también en protectores de nuestra comunidad- dice el profesor al micrófono.
Quienes lo escuchan lo hacen en silencio, respetuosos de lo que el maestro les transmite. La mañana se ha ido abriendo poco a poco y ahora ya no es tan gris. De todas formas, hay un viento que hiela y por eso la mayoría tiene las manos frías, el corazón palpitante. No tienen que decirles que el gobierno y su aparato de seguridad no sirve para nada, que las patrullas llegan cuando ya todo ha terminado, que se quedan un rato en las esquinas y que después, como si nada, se van. Y así ha sido siempre, una y otra vez.
-Por eso es necesaria la Asamblea Comunal, porque desde aquí desde este pequeño rincón de Toluca, olvidados siempre, tenemos que mandar una señal de alerta. Pero no es solamente un mensaje para la autoridad, porque los depredadores y los delincuentes también saben que se está llevando a cabo esta reunión. Y saben que hay indignación. También para ellos es un mensaje. Pero necesitamos reforzarlo. Esta Asamblea es el principio de un esfuerzo permanente para proteger a nuestras comunidades y a nuestros hijos, a los estudiantes. Tenemos que hacerlo, y demandar a las autoridades que cumplan con la parte que les corresponde- señala el maestro.
Nadie sabe con certeza cuántos ejecutados, secuestrados, mujeres asesinadas, violadas y levantadas hay en lo que va del año. Aquí, en los pueblos de Autopan, Huichochitlán, Cuexcontitlán, Linares y San Cayetano, entre otros, los muertos por violencia ya no pueden contarse.
“De julio a octubre de este año, los medios de comunicación han documentado más de 9 personas asesinadas, que han sido abandonadas entre las milpas y calles de terracería, de comunidades como San Diego Linares, San Cristóbal Huichochitlán, San Diego de los Padres, San Pablo Autopan y San Mateo Otzacatipan. Entre las víctimas se encuentran 3 mujeres”, dice la reportera local Alma Ríos para La Jornada Edoméx.
– Son personas que han sido ejecutadas, lamentablemente, en otro lugar y los tiran, déjenme decirlo, se oye mal, en el municipio, sobre todo en el norte”, dijo el director de Seguridad Pública de Toluca, Francisco García Burgos a la reportera, quien también refiere que el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, un morenista de extracción panista, cree que estas ejecuciones son raras y excepcionales y que su administración no sabe de la presencia de cártel alguno. Que tiren cuerpos es una práctica que se ha vuelto común en la zona, pero los funcionarios evadieron la pregunta de fondo, la de la ausencia de autoridad en esa región.
Pero si las autoridades no saben, otros sí. La presencia de huachicoles en la región forma parte de la ecuación que el crimen organizado establece para dominar las zonas, en arreglo con autoridades locales, fuerzas de seguridad pública y armadas, y a veces con empresas privadas interesadas en terrenos, en la extracción o en los recursos naturales. Así, primero llegan los huachicoleros, después aparecen soldados y policías y por último se instalan empresas o fraccionadoras. Estas últimas han planeado la construcción de casas y departamentos de bajo interés social en la zona norte para 10 mil nuevos habitantes. La llegada de estos “nuevos toluqueños” ya es un hecho, como puede verse en los desarrollos de Cuexcontitlán y San Diego Linares, en tierras que pertenecían a funcionarios como la priista Martha Hilda González Calderón, ex alcaldesa de la ciudad. De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, el municipio de Toluca crece a raíz de dos por ciento anual.
-Hay que hacer recorridos en caravana, con sus autos, con sus bicis, con lo que tengan a la mano- les dice el profesor Ítalo a quienes lo miran callados, preocupados, ignorados, y que ya saben que para protegerse deben elegir bien entre ellos para que esta autodefensa se estructure de la mejor manera.
Después, un familiar del chico asesinado, da su testimonio: “era hijo de un primo, aún no sabemos quiénes eran los responsables, pero me pongo a pensar que tengo una hija de 14 años, de la misma edad de Memo, mi familiar asesinado, y que tengo alumnos de esa misma edad, que salen de la escuela confiados que llegarán a casa, y resulta que estamos en riesgo. Nací aquí, conozco a la gente del pueblo, pero ahora también sé que hay gente capaz de hacernos daño. Coincido en que pudiera haber alguien entre nosotros conectado con quien hizo esto. Alcemos la voz, no es el primer caso, esto se ha venido haciendo cada vez más grande”, dice una maestra de la zona.
Así que la delincuencia ya lo sabe, porque la rabia y la indignación están presentes. Hay que aprender a convocarse entre todos. “Si no lo hacemos hoy, mañana puede ser demasiado tarde”, dice el maestro Ítalo.
Las autodefensas fallidas
Este intento no es el único que se ha organizado en Toluca, aunque parece que tiene las razones más estructuradas. En 2018, vecinos de las colonias Morelos, Federal y Granjas, entre otras, trataron de organizar patrullajes armados en las calles de esas zonas, de nivel medio alto, ante los constantes asaltos que sufrían. La intención no pasó de eso, pero dio muestras del hartazgo ciudadano, que está dispuesto a armarse y defenderse por sí mismo, y eso incluye a profesionistas y empleados de gobierno. Otros intentos de autodefensa han sido propuestos en pueblos como San Lorenzo Tlapaltitlán, también al norte de Toluca. Algunos patrullajes nocturnos de vecinos pudieron hacerse durante muy poco tiempo, en 2016, antes de que la iniciativa se abandonara.
Armar una autodefensa no es fácil. ¿Quién entrena? ¿Quién provee las armas? ¿Qué dice la legislación mexiquense al respecto? No es lo mismo el Estado de México que, por ejemplo, Michoacán o Guerrero, pero es verdad que los cuerpos de seguridad en Toluca y en el resto del estado están corrompidos y que deben refundarse.
El 15 de febrero de 2013, el activista Luis Enrique Granillo se paró frente a los reporteros, en el centro de Tejupilco, el 15 de febrero de 2013, y soltó lo que traía dentro, que no era más que un reclamo airado contra las autoridades que abandonaron al sur, en el mejor de los casos, en las manos de los cárteles del narcotráfico. Ahí, rodeado también por algunos de sus compañeros del Frente Popular Campesino Revolucionario Francisco Villa, anunciaba la creación de autodefensas que operarían en dos municipios del sur mexiquense: Amatepec y Tlatlaya.
Granillo era un joven alto, moreno e impetuoso, y como muchos otros que han intentado transformar y oponerse a la realidad narca de ese sur, en donde las autoridades de los tres niveles de gobierno están coludidas con los cárteles, no midió las consecuencias de lo que hacía, porque en esa reunión con reporteros anunciaba la creación de grupos de autodefensa, que operarían en Amatepec y Tlatlaya prácticamente sin medidas de seguridad y desarmados aún, al menos hasta donde puede suponerse porque horas después este hombre fue levantado cuando apoyaba en Tejupilco a otros que estaban organizándose, y aunque una llamada telefónica, dos días después, anunció a sus compañeros que estaba vivo pero que se iría de la Tierra Caliente, nadie más lo ha visto hasta la fecha.
La desaparición forzada, según la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. En el sur, las autoridades están coludidas con el crimen organizado, que en esa región representa la Familia Michoacana, a cuyos integrantes se les conoce como “la gente”, “el sindicato” o “la empresa”.
Granillo no fue el único levantado en ese momento. Junto con él también desapareció Tirso Madronio Pérez Antonio, quien era parte del Consejo Nacional Revolucionario. Otros dos desaparecidos en la región, el mismo día 15 de febrero, fueron Santiago y Honorio Benítez.
Granillo era amigo del periodista Nevith Condés Jaramillo, asesinado el 24 de agosto de 2019 de cien puñaladas, y a quien le cortaron, también, la lengua. Y los dos impulsaban, de alguna manera, la creación del estado de Tierra Caliente o Calentano, un antiguo proyecto que involucra a por lo menos 37 municipios de los estados de Guerrero, Michoacán y el Estado de México.
Ese estado de Tierra Caliente sería una región arrancada del corazón de la tierra narca, y cuya creación, al menos en la intención, estaba encaminada a recuperar la seguridad de esa zona, también conocida como Triángulo de la Brecha. Ya en 2012, en reuniones del Frente Revolucionario Francisco Villa, en 2012, se hablaba de la creación de policías comunitarias en algunos municipios sureños. Lo anterior fue narrado al portal web Reporteros en Movimiento por el activista Guillermo González, el promotor de la idea separatista, quien después debió pedir asilo en Canadá, huyendo de órdenes de aprehensión promovidas por el gobierno de Arturo Montiel, cuando la idea se esparcía por la región. Luego, el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador promovió el perdón y el activista podría regresar.
El mensaje que deja la desaparición de Granillo es el que ha circulado por años en cualquier lugar donde exista insurrección o una organización que pretenda resistir: esto les pasa a los que lo intenten.
“El tejido social está roto. La gente ya no puede salir libremente a sus comunidades, tiene que regresar temprano a dormir y no pueden realizar una sola protesta porque inmediatamente son trepados a las camionetas y son manguereados, en el mejor de los casos. […] El día de hoy estamos aquí para dar la cara. No tenemos miedo, que lo sepa la policía, que lo sepa el ejército, que lo sepa el gobierno, que lo sepan los delincuentes. El sur se cansó de ellos. El día de hoy hasta aquí llegaron”, fueron las palabras finales del impulsor de las fallidas autodefensas.
Organizaciones denuncian la impunidad de policías que vulneran Derechos Humanos en un estado que se reivindica como un lugar seguro.
La muerte de José Eduardo Ravelo, presuntamente torturado, violado y asesinado a manos de policías en Mérida, Yucatán, supuso un antes y un después para un estado que siempre presumió de su tranquilidad. Las autoridades del estado hacen gala de una baja cifra de violencia en comparación con otros territorios y defienden a sus fuerzas de seguridad por sus tasas de aceptación, que superan el 70%.
Sin embargo, cifras obtenidas por Animal Político a través de una solicitud de transparencia revelan que aquel homicidio, perpetrado hace dos meses, solo es la punta del iceberg: en los últimos cuatro años, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 1 mil 025 denuncias por tortura, una cada dos días.
“Es brutal lo que está pasando en Yucatán. La tortura es uno de los problemas más graves en relación a violaciones a los derechos humanos, y a pesar de la relevancia que tuvo el caso de José Eduardo, no han habido cambios en las autoridades”, dice Martha Capetillo, de la ONG Indignación, uno de los pocos colectivos que trataban en el estado.
Según datos de la la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura de la FGE de Yucatán, en los cuatro años transcurridos desde su creación se registraron 1 mil 025 denuncias por tortura.
En 2018 se abrieron 222 actas de investigación; en 2019, 426; en 2020, 220; y en lo que llevamos de 2021, 165. Estas cifras bajan si hablamos de actas que estén en etapa de investigación, ya que son 114 en 2018; 243 en 2019; 153 en 2020 y 158 en 2021.
De ellas, se tomó alguna determinación sobre 108 en 2018, 183 en 2019, 59 en 2020 y 7 este año. Aquí hay una incógnita, porque la FGE dice que se tomaron decisiones, pero no explica si se presentó ante un juez o se archivó. Martha Capetillo explica que en los dos últimos años no hubo una sola denuncia judicializada.
“Enfrentamos una crisis de derechos humanos, no solo por tortura sino por encubrimiento”, denuncia.
Animal Político consultó a la delegación del estado en la Ciudad de México pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.
Actualmente, la Cámara de Yucatán analiza una iniciativa del PRI para tipificar torturas y tratos crueles, aunque el primer delito ya estaba en el código penal.
Las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes yucatecos no son algo nuevo. La Comisión de Derechos Humanos del estado (Codhey) hizo público el pasado año que entre 2018 y 2020, al menos 22 personas murieron mientras estaban bajo custodia de las autoridades. En su informe de 2020, además, la institución alertaba sobre las detenciones arbitrarias y el uso indebido de la fuerza pública que provocó la muerte de, al menos, 5 personas.
La excusa de la pandemia
La pandemia de COVID-19 fue un contexto en el que esta violencia se recrudeció. Renata Demichellis, integrante de Elementa, otra de las organizaciones que trabajan en Yucatán, advierte que fueron denunciadas diversas detenciones arbitrarias en contexto de las medidas de prevención de la enfermedad. Además, señaló que existe un patrón de conducta por parte de los policías: personas pobres, indígenas o migrantes que son las principales víctimas de los abusos. En su opinión, bajo el argumento de que este es un estado seguro, se esconden violaciones a los derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad y ocultadas por las autoridades.
“Las detenciones arbitrarias son uno de los problemas, que a su vez se convierten en la primera primera de varias violaciones a los derechos humanos”, dice Capetillo.
Existe una línea de continuidad entre la muerte de Robert Tzab Ek, fallecido en 2011 en dependencias de la Procuraduría General del Estado (ahora Fiscalía) y la muerte de José Eduardo Ravelo a manos de policías municipales en Mérida: se trata de la impunidad. En los 10 años transcurridos entre ambos casos no hay agentes condenados por tortura ni las víctimas recibieron justicia.
“Cuando una persona fallece en un centro de detención hay una responsabilidad. Pero aquí todos los casos son impunes”, lamenta Capetillo, que recuerda que el único caso que llegó ante un juez fue el de un joven torturado en Tekax por siete policías que luego torturaron a su vez al agente que filmó los malos tratos.
Tras la muerte de José Luis Ravelo cuatro agentes fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad. Finalmente, fue la Fiscalía General de la República (FGR) la que se hizo cargo del caso. Pero no hay ceses ni castigos, como en los anteriores casos. “No ha cambiado nada”, dice la representante de Indignación, a pesar del eco mediático que tuvo la muerte. Las cifras muestran que tras la aparente tranquilidad de Yucatán se esconde una absoluta impunidad para abusos como la tortura.
Texto: Lilia Balam y Herbeth Escalante / Fotos: Lilia Balam / Pie de Página
Fonatur anunció, a finales de agosto, modificaciones a la ruta del Tren Maya, que ya no afectará a los pobladores de Tres Barrios, Campeche, donde se pretendía desalojar a 463. Pero en el sureste del país hay 2 mil 294 predios con una o más viviendas en cada uno, sobre el derecho de vía. La «solución» en muchos casos ha sido el despojo
MÉRIDA, YUCATÁN.– Hace diez años, José Puch Canché recibió como herencia de su madre un terreno en la calle 20 del municipio yucateco de Tixpéhual. Él y Melba Uc Canché, su esposa, pusieron manos a la obra y comenzaron a construir ahí su casa. Culminaron sus esfuerzos tres años después y se mudaron con su hijo e hija. Hoy están en la incertidumbre, el Tren Maya está a punto de dejarlos sin hogar.
Estaban a gusto en su casa, aunque se encontraban a escasos 20 metros de las rieles y un viejo tren de carga pasaba por allí a menudo, ocasionando fuerte ruido y vibraciones. Pero se acostumbraron, con la esperanza de que algún día el ferrocarril dejara de hacer su recorrido.
A principios del 2020 vieron a trabajadores quitando las durmientes. “Recuerdo que pensé ‘qué bueno, ya se lo van a llevar’. Jamás imaginé que quienes tendríamos que irnos seríamos nosotros”, relató Melba, quien labora en una maquiladora de esa localidad ubicada en el centro de la antigua zona henequenera de Yucatán.
Resultó que las labores que realizaban dichos hombres eran para el Tren Maya. En marzo de ese mismo año, personal del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tocó a su puerta y avisó a la familia que tendría que dejar el lugar, bajo el argumento de que alrededor de siete metros cuadrados de una de las habitaciones de la casa pertenecían a la Federación. En ese momento, los empleados de la dependencia no ofrecieron reubicarlos ni pagarles por las tierras.
Melba y José se alarmaron y extrañaron, pues contaban con las escrituras que demostraban que el terreno era propiedad privada. Las exhibieron y entonces el equipo de Fonatur cambió su discurso: afirmó que se les indemnizaría, ya fuera reubicándoles o comprándoles el sitio. Incluso José firmó una hoja para iniciar ese proceso. Sin embargo, hasta ahora la dependencia no les ha ofrecido un trato acorde a sus necesidades o al valor de la casa.
Primero, les ofrecieron una vivienda en Mérida, pero la familia rechazó esa opción. Consideró que no contaba con los recursos suficientes para subsistir en la capital yucateca, ni quería abandonar el estilo de vida al que ya está acostumbrada.
“Toda nuestra vida hemos vivido en un lugar tranquilo. Yo nunca he vivido en Mérida, solo tengo parientes ahí, pero supongo que es mucho más caro. Además mis hijos aquí estudian, aquí hemos hecho toda nuestra vida, no nos gustaría cambiar de lo tranquilo a otra cosa”. Melba
El pasado mes de agosto, el personal de Fonatur regresó con otra propuesta: si la familia conseguía un terreno, le construirían una casa de 70 metros cuadrados. Pero la propiedad de la calle 20 es más grande, pues mide 90 metros cuadrados de extensión. Además, Melba y José no tienen otras tierras. Al expresar su inconformidad, la dependencia se negó a darles un terreno porque “tienen ciertos límites”.
“Si sabían que no podían darnos otro terreno desde el principio, ¿por qué no nos lo dijeron? Les hubiéramos dicho desde el principio que no. Incluso algunas personas han venido a hacer mediciones tres veces pero nunca llegan a nada, ¿para qué vienen a hacer tanto show? Les dijimos que no vamos a recibir menos por más […]. Si nos van a correr de aquí, que nos den todo. Dijeron que se llevarían nuestra propuesta y luego regresarían con una respuesta, pero hasta ahora nada”, sentenció.
El equipo de la dependencia reapareció a finales de septiembre para corroborar datos y preparar una última oferta. De acuerdo con Melba, una de las funcionarias les confirmó que les deben pagar todo el terreno, no solo el pedazo que aparentemente es propiedad de la Federación, pues tirarán la casa y construirán una barda de contención. Eso sí, no brindó una cifra. De hecho, no se ha hablado de dinero hasta ahora.
“Les dijimos que queremos lo justo. No sé si ellos creen que no sabemos nada, pero cualquiera sabe que lo justo es lo justo. Nosotros no nos vamos de aquí si no nos pagan lo que debe ser o nos dan una casa como esta”, señaló la mujer.
Aparentemente, las negociaciones se seguirán alargando, pero a la familia eso no le importa, pues aún no quiere dejar su hogar.
“Al principio fue doloroso pensar que nos iríamos. Pero si nos van a pagar lo justo, no hay problema. No podemos ponernos en el plan de ‘yo no quiero y aquí me voy a quedar’, porque no tiene caso, ya nos dijeron claramente que aquí va a pasar el Tren Maya aunque nosotros no tengamos ganas de quitarnos. No estamos peleando. Dijeron que pronto traerían una propuesta, ojalá nos convenga y si no, pues no nos iremos de aquí hasta que nos den lo justo”, dijo Melba.
Más de 3 mil hogares
En el “Programa de adquisiciones para las reubicaciones de asentamientos humanos en el derecho de vía del Proyecto Tren Maya”, Fonatur informó que identificaron en el sureste del país 2 mil 294 predios con una o más viviendas en cada uno, con un aproximado de 3 mil 286 hogares sobre el derecho de vía.
En el proyecto ejecutivo de dicho Programa, la dependencia sostuvo que la presencia de esas viviendas conlleva un riesgo importante tanto para las familias asentadas como para la operación segura y eficiente del Tren, pues al ser de alta velocidad “se impide la convivencia tradicional social-ferroviaria”.
Por tal razón, solicitó a la Secretaría de Hacienda 3 mil 579.32 millones de pesos para la construcción y adquisición de viviendas, y la supervisión de esas obras, con la intención de reubicar a las familias que, según, se encuentran en propiedad federal.
Fonatur advirtió que la “consecuencia de continuar con la situación actual” es que las personas tendrían riesgos a su integridad física y a su patrimonio, por lo que eventualmente tendrían que ser desalojados. En este sentido, recalcó que es indispensable contar con opciones de vivienda para su reubicación.
Al poco tiempo de que se dio a conocer este Programa, la dependencia anunció, a finales de agosto, modificaciones a la ruta del Tren Maya, por lo que ya no afectará a los vecinos de Tres Barrios, Campeche, entidad en donde había identificado 463 predios que pretendía desalojar. Varios de los habitantes se ampararon en contra de la obra, por lo que para “no atrasarse” y cumplir con su meta, Fonatur tomó esta decisión.
También optó por ya no construir la estación central en Mérida, en la zona de La Plancha del Centro Histórico, al parecer por la presión social de la ciudadanía, por lo que el ferrocarril ya no ingresará a la capital yucateca y no tendrá que desalojar familias que viven en franjas aledañas.
Si bien con estos cambios a la ruta se evitó afectaciones a estas importantes urbes de la Península, todavía hay casos de familias de escasos recursos que viven en comunidades rurales de Yucatán que se están enfrentando al embate del desalojo forzado disfrazado de consenso. Pareciera que nadie los escucha.
Con falsas promesas, invadieron su terreno
Los 10 hijos de la señora Librada Kumul Vitorín crecieron en el terreno que compró con los ahorros de toda su vida a las afueras de Maxcanú, el cual se encuentra a un costado de las antiguas rieles ferroviarias. Aún evoca los momentos en los que los niños jugaban durante horas entre árboles frutales y animales de traspatio.
La mujer de 77 años de edad ya no vive en ese terreno, se retiró de ahí cuando falleció su esposo, pero durante mucho tiempo lo siguió utilizando para criar cerdos, pavos y gallinas. Ese espacio fue el sustento económico de la familia.
A veces pide a sus hijos que la lleven a ese lugar que durante casi cuatro décadas fue su hogar, para pasar el rato debajo de la sombra de los árboles y recordar los tiempos de alegría, cuando todos estaban juntos. Ella no puede ir sola, debido a su avanzada edad con trabajo camina pocos pasos. Casi no va, a pesar de que el terreno está a 15 minutos de la casa en la que actualmente vive.
Doña Librada no comprende por qué está a punto de perder ese terreno que sería la herencia de sus hijos. El megaproyecto del Tren Maya llegó hace más de un año a Maxcanú, municipio localizado al poniente de Yucatán, y prácticamente invadió el predio. Las autoridades construyeron en sus tierras bajo la promesa de que se las pagaría, pero hasta el momento no han cumplido.
Ahí, su hijo Víctor Armando Chablé siembra mango, ciruela, aguacate, zaramullo, guaya, entre otras frutas. Él confesó que tenía planeado regresar a vivir, en la tranquilidad del monte, lejos del ruido de los mototaxis del pueblo. De hecho quitó el antiguo techo de guano de la humilde casa que sigue de pie y su intención es ponerle láminas para protegerse de las lluvias y el sol.
El hombre, de oficio albañil, contó que a finales del 2020 fueron visitados por supuestos abogados de Barrientos y Asociados, despacho que contrató Fonatur para encargarse de la liberación de áreas de afectación para la constitución del derecho de vía. Ellos les dieron la mala noticia de que el Tren pasará por ahí y que necesitan su terreno para construirlo, por lo que prometieron comprarlo.
La familia Chablé Kumul no tenía planeado venderel terreno de 100 metros de largo y 44 de ancho, pero no le dejaron otra opción. Como ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador: Llueve, truene o relampaguee, el Tren Maya va.
En representación de su madre, Víctor Armando inició las negociaciones con los abogados y el personal de Fonatur, quienes le ofrecieron un adelanto del 50 por ciento del costo del terreno, y acordaron que con ese dinero pagarían el juicio de intestado. La promesa fue que al terminar con el proceso, le entregarían el resto. La única condición fue que “no tranque” la obra, que permitiría que avancen los trabajos de construcción.
“Mi mamá y mi papá compraron el terreno hace más de 40 años y lo pagaron poco a poco; pero como mi padre ya falleció, tengo que hacer el juicio de intestado para tener todo en orden. Eso cuesta 15 mil pesos y nosotros no tenemos el dinero, por eso llegamos a un acuerdo con Barrientos para que con la mitad de la venta lo paguemos”, explicó.
El hombre confío en la palabra de los abogados del despacho, pero al sitio nunca llegaron los topógrafos para medir las dimensiones y, hasta el momento, nadie le ha dicho cuál es el valor y cuánto le ofrecerán de pago.
En enero pasado, Fonatur solicitó a Víctor Armando que quitara la albarrada que delimitaba su terreno, así como cinco árboles, ya que la maquinaria pesada necesitaba avanzar para levantar el tramo del ferrocarril. Le dieron 8 mil 400 pesos por “mover el muro”. Él aceptó porque supuestamente ya tenían un trato de compra-venta de la tierra.
En cuestión de semanas, la constructora levantó el tramo de cinco metros de altura y para hacerlo, invadió aproximadamente 300 metros cuadrados del predio de la familia Chablé Kumul. Desde entonces, ni el despacho ni la dependencia federal cumplieron con la promesa de comprarles el terreno.
“Lo último que me dijeron es que no me darían el primer pago, más bien que yo tengo que costear el juicio de intestado y que hasta que lo tenga listo me pagarían todo en una sola exhibición. Pero yo no tengo el dinero para ese trámite, vivo al día; nosotros no estábamos vendiendo el terreno, ellos vinieron a afectarnos y por eso deben de correr con los gastos”, se quejó el hombre de 53 años.
Víctor Armando no titubea en decir que los operadores del Tren Maya le tomaron el pelo y que se burlaron de su familia. Está molesto, pero no resignado.
La construcción de la obra faraónica del presidente avanza en Maxcanú y es un hecho que pasará dentro de su terreno, a unos metros de la humilde casa en donde creció, esa casa que ya no tiene el techo de guano y en donde quiere regresar a descansar.
Doña Librada y su hijo cuentan con los planos, el documento de la compra-venta de la propiedad, el Certificado de Libertad de Gravamen y la Cédula Catastral actualizada, por lo que exigen que Fonatur respete sus derechos como propietarios.
“Yo no me estoy peleando con el Gobierno, pero no es justo que se queden con un terreno que mis padres lucharon y consiguieron con mucho esfuerzo”, enfatizó Víctor Armando.
Se van por las buenas o por las malas
La abogada y académica Kalycho Escoffié, experta en derecho a la vivienda, sostuvo que en las acciones de desalojo en el proyecto del Tren Maya no existen consensos entre el gobierno y los pobladores, pues prácticamente los dejan sin opción: o se van por las buenas, o se van por las malas.
“El discurso de Fonatur es que todo es consensuado con la comunidad, pero el problema es que, al ser autoridades, se encuentran en una situación jerárquica intrínseca. Llegan y le dicen a la gente que ya se tomó la decisión de que el tren va a pasar por sus casas y se tienen que ir, que no les queda de otra”, enfatizó.
Tan es así, que la dependencia es la que decide en cuáles zonas se tienen que mudar, cuál es tipo de diseño de sus nuevas viviendas, cuánto les van a pagar y cuál será la medida de los terrenos. Es decir, abundó, no hay un marco de consenso.
Ante este panorama, lo único que las personas pueden decidir es si se irán por las buenas o por las malas. En la mayoría de los casos aceptan desalojar sus hogares por la presión que ejerce el gobierno en su contra.
“Si a una persona de escasos recursos, sobre todo si es población indígena, le notifican que van a destruir su casa porque el proyecto más importante del sexenio va a pasar por ahí ¿qué expectativa de resistencia puede tener? Consciente o inconscientemente, las autoridades se están aprovechando de esta situación porque en la realidad no hay consensos, no es como lo están tratando de vender”, criticó la abogada yucateca.
Kalycho Escoffié recordó que desde que inició el proyecto del Tren Maya, Fonatur advirtió que miles de familias de la Península de Yucatán serían desalojadas argumentando que sus viviendas se instalaron sobre los derechos de vía actuales o en el trazo que se va a construir. En ese sentido, dijo que usar esa supuesta ilegalidad es cuestionable, pues la gran mayoría de las personas cuentan con documentos que acreditan ser dueñas de sus terrenos, tienen acceso a servicios públicos, así como el reconocimiento y aval de instituciones de los tres niveles de gobierno.
La catedrática de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey recordó que nadie puede ser desalojado de su casa sin un mandato competente y una resolución judicial que contemple alguna de las causales previstas en la legislación, la cual, por cierto, no prevé a los megaproyectos turísticos como uno de esos motivos.
El colmo es que el personal de Fonatur o sus asesores jurídicos están notificando a muchos de los pobladores que serán desalojados por vía oral, es decir, sin entregar algún documento jurídico que respalde esa decisión. Pretenden sacarlos de sus casas sin darles mayores explicaciones.
“La situación de cada barrio y comunidad es distinta, pero en todos los casos la gente tiene derecho a una indemnización. Lo que hemos visto es que las autoridades del Tren Maya están actuando con poca transparencia, e incluso hay zonas en donde hasta hace poco no había claridad de por dónde va a pasar y si se afectará a determinadas personas”, concluyó.
En “la tianguis” se ofertan lecturas de tarot, ropa y creaciones artísticas. Pese a agresiones que han sufrido, los vendedores afirman que defenderán el espacio, que consideran histórico para la comunidad LGBTIQ+.
Antes de llegar a “la tianguis disidente”, Rabia -seudónimo que pide utilizar para salvaguardar su identidad- trabajaba como mesero y estudiaba la licenciatura. Sin embargo, al inicio de la pandemia perdió su empleo y, al darse cuenta de lo complicado que sería encontrar otro, decidió comenzar a vender ropa de segunda mano.
“Venimos aquí desde hace cinco meses ya, desde mayo. Lo que vendemos es ropa de segunda mano y algunas cosas nuevas. Antes de llegar aquí tenía una tienda en línea con una amiga, pero todo ha sido un proceso muy reciente, porque previo a la pandemia yo estaba trabajando como mesero”, narra el joven mientras recorre los pasillos de “la tianguis”.
Se trata de un mercado montado dentro de la Glorieta de los Insurgentes, próximo a la salida hacia la calle Génova, en la Ciudad de México, donde personas queer, trans, lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales, asexuales y de otras identidades disidentes ofertan lecturas de tarot, ropa, stickers, pinturas y otras creaciones artísticas.
Aunque varios integrantes de “la tianguis” coinciden en que la consideran una espacia segura para vivir libremente, reconocen que permanecer ahí no ha sido sencillo, pues en varias ocasiones han denunciado agresiones por parte de la ciudadanía, de organizaciones de comerciantes, así como de las autoridades capitalinas.
“Conseguir trabajo no es nada fácil”
“Tomamos la espacia para hacerla nuestra, porque estamos generando lo que no nos dan en ningún lado. Las autoridades vienen a pedir que nos retiremos, que nos ponen en otro lugar… pero no sé si sería tan simbólico, porque este lugar está ligado a la resistencia desde que nació en México”, explica Rabia.
Como parte de la toma del lugar, colectivas y comerciantes han realizado pintas en los muros de los pasillos en ese rincón de la Glorieta, en las que se leen frases como: “Queer”, “Te quiero trans”, “Menos teoría, más empatía”, “Aquí no hay gordofobia”, “No es bandalismo, es rabia” y “Si no le gusta no se admire, al chile las miradas insultan”.
Al fondo se escuchan a todo volumen aplausos, gritos y alabanzas de un templo cristiano que se encuentra en uno de los locales de la misma Glorieta. Cada determinado tiempo, uno de los miembros de la iglesia pasa ofreciendo libros religiosos de bolsillo gratis a quienes se encuentran en los alrededores.
A unos metros de donde se ubican los puestos, hay varias mujeres policías de pie, vigilando. Después de haber sido agredidos por parte de ciudadanos que los acosan e insultan, y de comerciantes que los han amenazado en varias ocasiones y han llegado a golpearlos, el gobierno de la Ciudad de México acordó con “la tianguis” que contarían con seguridad de manera permanente. Pero a pesar de la presencia policiaca, Rabia dice que la violencia no se ha detenido, y por el contrario, también la han vivido por parte de los uniformados.
“En realidad estar aquí es muy pesado, muy complicado… pero al menos yo sigo aquí porque ha sido también el primer espacio donde he podido estar con mi novio dándome un beso sin sentirme en peligro. Y yo solamente soy marica, pero sé que para una trans conseguir trabajo no es nada fácil, muchas veces solo les ofrecen ser peluqueras o ejercer el trabajo sexual”, reconoce el tianguista.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en agosto de 2021, había 39.8 millones de personas mayores de 12 años que no participaron en actividades económicas.
El INEGI señala que la Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 3.3 millones de personas menos que en 2021, en comparación con agosto de 2020.
Las cifras oficiales señalan, sin embargo, que para 7.2 millones de personas -equivalentes al 13% de la población ocupada- los ingresos por un empleo no son suficientes, pues respondieron a la encuesta que tienen necesidad y disponibilidad para trabajar más horas.
“La tianguis”, según ha constatado Rabia, está integrada estudiantes, quienes consiguen un ingreso que les permite continuar con su proyecto escolar, y por personas que “solo viven de hacer esto, y como están ahorita las condiciones de trabajo salir a buscar otra opción es muy complicado, especialmente para la comunidad… hay mucha discriminación”.
“Es un alivio tener un espacio así”
Entre los reclamos por parte de quienes integran “la tianguis”, sobresale el trato que han dado a las, los y les vendedores, sin importar que han manifestado que en el espacio se encuentran personas menores de edad, quienes pese a reconocer el riesgo que implica participar en la toma, señalan que están dispuestas a “darlo todo” por no perderlo.
Une adolescente queer, quien acepta ser entrevistade por el medio, señala que “es un alivio muy grande tener un espacio como la tianguis, donde te sientes libre porque no te van a juzgar. En otros lados se vive mucha discriminación por tus preferencias o tu identidad de género, y eso es feo, porque no logras encontrarte en ninguna parte”.
En la entrevista le acompaña otre adolescente que participa en el espacio, quien coincide con la percepción de libertad y seguridad que describe su compañere. A ello, agrega que, gracias a la oportunidad de trabajo que significa para elle “la tianguis”, podrá comenzar a pagar su tratamiento hormonal para continuar con su transición sexogenérica.
“Cuando eres una juventud trans estás en ese proceso de que quieres empezar tu transición, con terapia hormonal o algo que te oriente, y si no tienes la suerte de que tu familia te apoye… para nosotres es incluso más difícil que para una persona adulta, porque no tenemos una fuente de ingresos para los tratamientos o para comprar ropa acorde a tu género. Por eso es que aquí vemos una oportunidad de conseguir dinero para eso”, explica.
Venden ropa y brownies veganos, y como tianguistas han sido testigos de algunas de las agresiones verbales y físicas que han sufrido sus compañeres por parte de gente que circula por la zona, de las organizaciones de comerciantes -que al inicio querían cobrarles por montar sus puestos, y ante la negativa intentaron quitarlos-, como de los policías que fueron designados para salvaguardar la seguridad de sus integrantes.
“No nos cuidan, en realidad están aquí intentando provocar miedo, porque hemos recibido burlas transfóbicas de su parte durante los enfrentamientos. Eso sin mencionar que nos han encapsulado, incluso en una ocasión nos rodearon sabiendo que había una persona de 13 años, porque se los dijimos… se los dijimos, pero nos ignoraron”, denuncian.
“Piensan que por ser les más pequeñes de la tianguis vamos a tener miedo, pero la verdad es que cuando vives una vida en la que te odian y discriminan en todos los lugares que pisas, dejas de tener miedo, sabes que en todos lados va a ser así y vas a darlo todo por el único lugar donde las cosas son distintas”, menciona une de les jóvenes.
Por ello, afirma, “estamos aquí, vamos a seguir resistiendo, para que les niñes no se sientan oprimides. No nos vamos a quedar cruzades de brazos ni vamos a permitir que vuelvan a poner una mano encima a nuestres compañeres”.
Más allá de las ventas
Para Satanás No Binarie -pseudónimo que pide para identificarle, por miedo a vivir represalias-, la importancia de “la tianguis” va más allá de ser un espacio para que las personas de la comunidad LGBTIQA+ tengan empleo y socialicen, pues se ha vuelto un sitio para promover la salud, porque se realizan pruebas de VIH, y donde incluso duermen algunas personas que perdieron su casa.
“Cuando inició la pandemia las personas de la comunidad se quedaron sin trabajo y los hoteles se cerraron, así que muches se quedaron sin donde dormir. Este lugar es importante porque históricamente la Zona Rosa ha sido punto de reunión de las disidencias”, abunda.
Pese a que no lo considera un espacio seguro, por las agresiones que viven, dice que trabajan por construir un sitio en el que puedan reunirse a vender, convivir y sentirse bien. En esta “nueva familia”, dice, todes comen, “sin importar si tienen dinero o no”.
La población LGBTIQA+ forma parte de los grupos en situación de discriminación de la Ciudad de
México. De acuerdo con una encuesta elaborada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) en 2017, ocupan el segundo lugar entre las poblaciones más afectadas.
En dicha encuesta, el 85.2% de la ciudadanía reconoció que se discrimina a las personas gays por sus preferencias sexuales. El 76.8% opinó que también se discrimina a las lesbianas, y el 77% reconoció que existen estas prácticas hacia personas trans.
Un tercio de la población dijo que no estaría dispuesta a rentar una habitación a personas trans (36%) ni a personas lesbianas o gay (32%), y a cuatro de cada diez no les gustaría que una persona homosexual fuera electa para la presidencia de la República.
Además de ser discriminados por su preferencia sexual, en la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 del INEGI, personas que se identifican como trans, gays, lesbianas y bisexuales manifestaron que se han sentido discriminadas por su color de piel, por su edad, por su arreglo personal, por su peso o estatura, su clase social, por tener alguna discapacidad incluso por su religión.
Este panorama de discriminación, que se materializa en desigualdades es el que, según Satanás No Binarie, dio pie a que se conformara “la tianguis”. Incluso, dice, se hizo porque las personas trans y queer no tenían espacio en otros ejercicios similares de venta, como “las mercaditas”, impulsadas por colectivas feministas, que en ocasiones no permiten la inclusión de personas que no son mujeres.
Antes de continuar atendiendo su puesto de ropa, Satanás No Binarie hace un último comentario: “No queremos permisos del gobierno. No queremos que vengan a regularnos porque nosotres podemos regularnos por nuestra cuenta. No queremos líderes, nos organizamos y acordamos nosotros. Solo queremos respeto, que nos dejen existir, que no nos discriminen”.
“Queremos ser felices y sobrevivir… necesitamos comer, comer y resistir en un espacio seguro”.
La exigencia por parte de enfermeras, camilleros y doctores del hospital Adolfo López Mateos ha sido constante desde el inicio de la pandemia
La situación que vive el personal médico del hospital es complicada: los guantes, cubre bocas, gel antibacterial y sanitizante son escasos. Esto compromete su salud, principalmente de quienes se encuentran en zona COVID-19.
“Nos dan una caja de guantes para 24 horas, somos varios los médicos y más en área COVID la protección debe estar al máximo, no nos alcanza, algunos compañeros han tenido que comprar, por decir [de algún modo] guantes de su bolsa”, explica en entrevista un trabajador del área Covid del centro médico Adolfo López Mateos.
Esta mañana, tenían programado un paro de labores de 15 minutos; sin embargo, no se concretó ante las amenazas que han recibido y las bajas de doctores y doctoras sin motivo alguno.
Instalaciones del hospital Adolfo López Mateos. Fotos: Claudia García
“Nos tienen muy muy amenazados, por esa situación prefiero yo salvar mi pellejo. […] Los directivos son malos, si pensábamos que la anterior dirección eran corruptos no sabíamos lo que teníamos, estos están terribles. Están destituyendo gente, ayer pidieron cargos y pues hay muchas cosas en juego”, narra de manera anónima por miedo a represalias.
La exigencia de insumos por parte de enfermeras, camilleros, doctoras y doctores ha sido constante desde el inicio de la pandemia. Durante la segunda ola de casos positivos, el personal médico se manifestó y lograron que se les otorgara equipo por algunos meses.
“Varios compañeros así como yo prefieren traer de sus casas antes de exponerse, porque es nuestra salud, ahorita ya no tenemos defunciones de compañeros aun sigue el miedo porque aun tenemos casos positivos”.
La problemática también se agrava para los pacientes, ya que se carece de equipo quirúrgico, para realizar limpiezas.
“Los insumos siguen fallando. No hay material, se los están pidiendo. Les pueden preguntar a los mismos familiares, están comprando material para aspirar a los pacientes y se los están dando hasta en 5 mil pesos y a veces les piden hasta cuatro”.
Para el Personal Médico, la respuesta aun no llega por parte de directivos y del propio Secretario de Salud, Francisco Javier Fernández Clamont.
“Nos dan atole con el dedo, lo único que escuchamos es que empeorará, ya que no hay presupuesto, que si esto es ahorita que esperamos para diciembre, […] incluso se rumoraba que se iban a cerrar el segundo y tercer piso y solo se iban a quedar activos el cuarto piso para COVID y el primero para pacientes de otro tipo por falta de insumos”.
La Fiscalía General de Oaxaca dio a conocer el hallazgo de una mujer de 27 años y su hija, de 1 año de edad, asesinadas en el paraje La Guamuchera, perteneciente al municipio de Nazareno Etla.
OAXACA, Oax. (apro).- La Fiscalía General de Oaxaca dio a conocer el hallazgo de dos mujeres, madre e hija, asesinadas en el paraje La Guamuchera, perteneciente al municipio de Nazareno Etla.
“Tras el hallazgo de los cuerpos de una mujer y una menor de edad en jurisdicción de Nazareno #Etla, la @FISCALIA_GobOax investiga el caso con perspectiva de género y bajo el Protocolo Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio en el Estado de Oaxaca”, confirmó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
Agregó: “@FISCALIA_GobOax Por estos hechos, la #FGEO inició la carpeta de investigación 32944/FVCE/ETLA/2021 y desplegó a su personal multidisciplinario en el lugar de los hechos, a fin de realizar las diligencias con apego a la ley y hasta agotar las líneas de investigación”.
Tras el hallazgo de los cuerpos de una mujer y una menor de edad en jurisdicción de Nazareno #Etla, la @FISCALIA_GobOax investiga el caso con perspectiva de género y bajo el Protocolo Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio en el Estado de Oaxaca (1/2) pic.twitter.com/zgf3CLC9KG
Este jueves, alrededor de las 8 horas, se localizó a las víctimas –una mujer de aproximadamente 27 años y una niña de 1 año– en el paraje La Guamuchera, a 18 kilómetros de la capital de Oaxaca.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha detallado la forma o las causas de la muerte y tampoco si hay detenidos.
El Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) externó su preocupación, porque la violencia feminicida en Oaxaca sigue en aumento. Tan sólo del 1 enero al 7 de octubre de este año ha documentado 69 asesinatos de mujeres y niñas.
En los casi cinco años de gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa (del 1 de diciembre de 2016 al 7 de octubre de 2021), las muertes violentas de mujeres en Oaxaca suman 564.
Por falta de recursos y voluntad política, el Gobierno de Jalisco no reconoce la crisis forense que vive la entidad, aseguró Guadalupe Aguilar, integrante del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej).
En entrevista para InformativoNTR con Sergio René de Dios, aseguró que a pesar de la negativa oficial, Jalisco es líder nacional en desapariciones.
“Sabemos que hay cerca de 4 mil cuerpos sin identificar ahí en el Semefo, y si a todo eso le sumamos las fosas que han estado saliendo, la última de San José del 15, que es una fosa realmente grande, y todas las que han estado saliendo y que se han estado acumulando los restos de los desaparecidos ahí en el Semefo, y que nosotros estamos ahí presentes. Tenemos casos que se han encontrado partes de un desaparecido y duran hasta más de un año en confrontarlos, en conformar el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que hay crisis, que no hay resultados, que no hay genetistas, que no hay peritos. No hay, no hay, no hay.”
La activista y madre en busca de su hijo vícitma de desaparición, reconoció que sí ha habido avances en esta materia, aunque el esfuerzo ha quedado corto.
Adelantó que las autoridades estatales trabajan en la creación de un laboratorio especial de identificación, el cual tentativamente se ubicaría en Atotonilco el Alto y ayudará en las confrontas genéticas de las personas sin identificar y los familiares en búsqueda de sus seres queridos.
“El anexo de un laboratorio espacial de identificación, que ya se tiene el terreno en Atotonilco. Yo confía que así como han pasado 10 años y tenemos más cosas para la identificación de los desaparecidos, así van a tener que pasar otros tantos, pero vamos también a tener nuestro laboratorio. Siendo conscientes sabemos que no puede estar el laboratorio de un día a otro, también sabemos que no se tiene la voluntad que se debiera. (…) Ahorita yo tengo muy poca esperanza que dentro de este gobierno (estatal) se vaya a hacer más.”
Guadalupe Aguilar descartó que Jalisco pueda vivir otro episodio como ‘los tráileres de la muerte’, aunque es probable que por la acumulación de restos humanos, las autoridades no logren identificar a todas las víctimas.
Tras más de 20 años de lucha y de tener en contra al gobierno del Estado, la comunidad indígena Coca de Mezcala continúa su lucha en los juzgados contra la intromisión inmobiliaria en su territorio.
Rocío Moreno, líder indígena de la comunidad, explicó que hace 20 años, Guillermo Moreno, empresario de Guadalajara y con diversos nexos con inmobiliarias invadió 11 hectáreas del cerro de la comunidad conocido como Del Pandillo. Sin embargo, a pesar de existir resoluciones de Tribunales agrarios en los que se aclara que las hectáreas pertenecen a la comunidad, continúan en posesión del empresario, que las protege con hombres armados.
Para Rocío Moreno, la apropiación ilegal de estas hectáreas tenía como único fin construir fraccionamiento de lujo como lo han hecho en los municipios de Chapala, Jocotepec y Ajijic.
“Justo cuando inicia el territorio de Mezcala los cerros son cerros, no son bases de fraccionamientos residenciales y para nosotros siempre eso es lo que ha estado en juego el inicio del desarrollo inmobiliario en nuestra región, los comuneros en muchas ocasiones lo han dicho que si entra él, entran todos, pero si se saca a él se sacan a todos, entonces eso es lo que nosotros estamos buscando con este juicio y creemos como pueblo el seguir manteniendo el territorio como pueblo en colectivo, la tierra en comunal”.
Explicó que el Tribunal Agrario determinó que el empresario tapatío Guillermo Moreno invadió las 11 hectáreas, además en otra sentencia a favor de la comunidad de Mezcala un juez determinó que el empresario sea juzgado como un invasor, pero no se han ejercido.
Actualmente está en proceso una tercera resolución en la que se espera se le ordene al empresario devolver a la comunidad las hectáreas que invadió.
“Esta última sentencia que estamos esperando es la que tiene que ratificar las dos anteriores donde efectivamente diga que son las tierras de la comunidad de Mezcala y por lo tanto tiene este particular, este individuo no comunero, que devolver las tierras, las más de 11 hectáreas que está invadiendo”.
Denunció que a lo largo de estos 20 años, los habitantes de la comunidad de Mezcala han sido criminalizados y recordó un caso en el que policías de Poncitlán arrestaron sin causa alguna a seis comuneros y no los liberaba, acciones que a decir de Rocío Moreno son tácticas para obligar a la comunidad de Mezcala a desistir en la recuperación de sus tierras.
Pese a que la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco establecía que todo reglamento o protocolo debe realizarse de manera conjunta, gobierno-familiares de personas desaparecidas, la Fiscalía del Estado de Jalisco decidió publicar sin consultar a nadie el reglamento que hará operativa la legislación para buscar a las más de 14 mil personas desaparecidas que hay en el estado.
Darwin Franco / Zona Docs
Aunque la consigna de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco siempre ha sido “Sin las Familias NO”, la Fiscalía del Estado de Jalisco incumplió no sólo esta petición sino la propia Ley de Personas Desaparecidas, pues de manera opaca y sin consulta aprobó, el pasado 2 de octubre, el Reglamento Interno de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, documento que debía ser trabajado y discutido tanto con las familias de las víctimas de desaparición como con el Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.
Tan sólo un día antes, durante el primera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado, las personas titulares de la Fiscalía del Estado y la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas informaron “tener avances en la formulación del Reglamento Interno de la Fiscalía Especial”.
Sin embargo, lo que ya tenían -como denunciaron las y los integrantes del Consejo Estatal mediante un comunicado de prensa- era un documento que “estaría integrado al Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco y que su publicación se realizaría en los próximos días”.
Cuestión que contraviene lo establecido por el Artículo Transitorio Décimo Noveno de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco donde se señala que
“El Reglamento Interno de la Fiscalía Especial debía ser un instrumento normativo separado, y que su contenido debía ser consultado con familiares de personas desaparecidas y el Consejo, previamente a su publicación”.
Justo fue este último lo que no ocurrió, pues dicho reglamento fue publicado el sábado 2 de octubre; ante ello, el Consejo Ciudadano de Búsqueda demandó lo siguiente;
La publicación del Reglamento Interno de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas sin haber realizado un proceso de consulta previa con familiares de personas desaparecidas viola los principios de Participación Conjunta y de Buena Fe de la Ley de Personas Desaparecidas, ya que no atiende las preocupaciones, necesidades y propuestas de las familias de Jalisco.
No se está respetando el papel y las atribuciones del Consejo Ciudadano de Búsqueda como integrante del Comité al no permitir que conociera con anticipación el documento del Reglamento y generará las observaciones correspondientes.
La publicación del Reglamento Interno de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas mediante el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco resulta violatorio al mandato del Artículo Transitorio Décimo Noveno de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco al no formular un Reglamento Interno de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.
En el Capítulo VI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado, correspondiente a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, existen deficiencias e imprecisiones graves que pueden afectar seriamente el desarrollo del trabajo de la Fiscalía y la aplicación adecuada de la Ley de Personas Desaparecidas, así como, la expectativa de familiares de personas desaparecidas de tener garantizados sus derechos a la verdad y la justicia. Además, su contenido no está armonizado con lo establecido en la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.
Por lo tanto, el Consejo considera que:
“debiese derogarse en dicho instrumento legal las disposiciones correspondientes a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, e iniciarse, de inmediato, un proceso de consulta amplia, pública y transparente que garantice la Participación Conjunta y restaure la Buena Fe, para que los intereses y las necesidades de familiares de personas desaparecidas se vean reflejados en el Reglamento Interno de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, y que se cumpla con el transitorio de la Ley de Personas Desaparecidas a fin de garantizar que se promueva la investigación y persecución penal eficaz de los delitos de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y la lucha contra la impunidad en esa materia”.
Actualmente, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas al registrar 14 mil 269 casos.
A principios de septiembre pasado, vecinos de la colonia Nonoalco Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, manifestaron su desacuerdo en la construcción de una sucursal de este banco en una parte del parque Rosendo Arnaiz.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Claudia Sheinbaum perdonará trámites administrativos y ambientales para facilitar la construcción de sucursales del Banco del Bienestar, promovidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Este miércoles, publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX el “Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para la realización de obras y/o actividades públicas para el banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en la Ciudad de México”.
La publicación se dio luego de que el miércoles pasado el presidente López Obrador hizo una gira en la CDMX con la jefa de gobierno para inaugurar las primeras tres sucursales del Banco de Bienestar en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tláhuac e Iztapalapa.
Además, a principios de septiembre pasado, vecinos de la colonia Nonoalco Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, manifestaron su desacuerdo en la construcción de una sucursal de este banco en una parte del parque Rosendo Arnaiz.
Según el documento publicado en la Gaceta, “los proyectos susceptibles de obtener autorización en materia de impacto ambiental, en cualquiera de las modalidades que al efecto indique la ley de la materia, quedarán exentos del mismo” y “se instruye al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que haga las acciones necesarias para la exención del trámite de Factibilidad de Servicios Hidráulicos para la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar”.
La justificación del gobierno de Sheinbaum para que no se cumpla con esos trámites obligatorios para cualquier obra, es que el Banco del Bienestar “es el principal dispersor de recursos de Programas Sociales del Gobierno Federal, lo que se traduce en una banca social en beneficio de los grupos de atención prioritaria, motivo por el cual es necesaria su presencia en las localidades más distantes y de alta marginación del país, incluida la Ciudad de México”.
Las facilidades
De acuerdo con la publicación, en el caso de la autorización de impacto ambiental, el gobierno federal sólo deberá registrar los proyectos en un portal de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), presentar el plan de manejo de residuos de la demolición y construcción, mejor conocido como cascajo, y entregar el formato de afectación de arbolado, área verde o permeable. Luego de eso, podrá comenzar de inmediato la obra.
En el caso de las sucursales que necesiten conexiones o modificaciones para servicios hidráulicos, solo deberán presentar la solicitud por escrito del servicio, los formatos requisitados y el comprobante de pago de derechos o aprovechamiento.
No obstante, el Acuerdo mencionado aclara que estas exenciones de trámites de construcción se aplicarán “siempre y cuando esté permitido el uso del suelo en la zonificación que le aplique al predio, de acuerdo con los Programas de Desarrollo Urbano correspondientes o, en su caso, sea factible conforme la legislación aplicable”.
También detalla que el Banco del Bienestar deberá hacer las gestiones necesarias ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para obtener el certificado único de zonificación de uso de suelo.
El Acuerdo incluye el permiso de colocar publicidad en los predios donde se construirán sucursales del Banco del Bienestar para “publicitar los servicios que presta y hacer del conocimiento a la población su ubicación”, pero deberá informarlo previamente a la Seduvi.
La compañía ADO reiteró que, por petición de autoridades estatales, federales y del Instituto Nacional de Migración, es necesario acreditar el estatus migratorio para comprar boletos de autobús, medida calificada como anticonstitucional y discriminatoria, que se ha combinado con operativos de agentes para detener migrantes en las centrales
CIUDAD DE MÉXICO.- Flore llegó a la Central del Norte buscando boletos para viajar a Mexicali. Necesita irse porque en la capital mexicana no le alcanza para rentar, dice que es muy caro y complicado, de inicio le piden tres depósitos.
Flore es una mujer joven haitiana, madre de dos hijos y llegó a la Ciudad de México a mediados de septiembre. Comenzó su trámite en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) hace ocho días pero no le han notificado nada. Pero si Flore quiere comprar un boleto de autobús necesita un documento que acredite su situación migratoria en el territorio mexicano.
“Aquí me siento muy sola”, cuenta. También por eso quiere irse al norte del país, allá su familia que vive en Estados Unidos la puede visitar más fácilmente y eventualmente buscaría cruzar al otro lado de la frontera. Además sus dos bebés han estado enfermos y no los ha podido llevar al hospital.
“Un amigo intentó ir al hospital y no lo atendieron por falta de papeles, yo ya mejor no intenté”, relata.
Flore y sus hijos viven temporalmente en el municipio de Nezahualcóyotl,al oriente del Estado de México, con una amiga que conoció en Veracruz. Este lunes Flore decidió acudir a la Central Tapo para intentar viajar a Mexicali pero también está buscando otras opciones, como un viaje en carro: “¿conoces a algún conductor que nos pueda llevar en carro?”, pregunta. Está decidida a llegar al norte.
Como ella cientos de migrantes haitianos llegaron a la Ciudad de México en semanas recientes, con la intención de tramitar su refugio en México para buscar trabajo y luego moverse hacia el norte. Pero desde inicios de septiembre las redadas en las centrales de autobuses aumentaron.
“A principios del mes los agentes migratorios llegaron a llevarse hasta 60 migrantes en un día. En mi turno vespertino llegué a ver que llenaron dos camiones. Los llevan a la estación migratoria de las Agujas y a Polanco. Ayer (domingo) se llevaron a doce”, cuenta la suboficial de la Guardia Nacional Sandra Martínez.
La suboficial relata que los agentes migratorios no estaban capacitados en derechos humanos. La mayoría eran parte del personal administrativo y no contaban con los protocolos, por eso cree que al momento de las detenciones llegaban a ejercer violaciones a los derechos de los migrantes.
Los primeros días las redadas comenzaban a las diez de la mañana y los agentes se iban de la central a las diez de la noche. Este lunes fue el primer día que ningún agente migratorio asistió a la central del norte.
La ausencia de los agentes migratorios coincidió con el mensaje que hizo la empresa ADO en la víspera de que a partir del 1 de octubre, a petición del Instituto Nacional de Migración (INM) y de autoridades estatales y federales, llevarán a cabo un “protocolo de presentación de identificación oficial en la venta y abordaje del viaje”, y para las personas de nacionalidad extranjera piden un documento que acredite su estatus migratorio en México.
A esto la RED TDT, donde confluyen más de 80 organizaciones defensoras de derechos humanos, respondió a la empresa que el proceso contraviene la Constitución mexicana y diversos instrumentos en materia de derechos humanos.
La organización Movimiento Migrante Mesoamericano también les respondió citando la ley de migración en México:
“El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidas en la presente ley”.
En la Central del Norte, entre taquilla y taquilla, letreros del INM anuncian esta medida con ejemplos de los permisos migratorios aceptados, como la constancia de reconocimiento de la condición de refugiado emitida por la Comar, tarjetas de residente permanente o permiso de visitante por razones humanitarias.
La medida, sin embargo, parece que se aplica según el país de procedencia de los solicitantes. Hay personas extranjeras que aunque no tengan estos documentos se les venden boletos. Kelly y Andrew vienen de Sudáfrica. Su piel es blanca y su cabello es rubio. A ellos no les pidieron esta documentación para venderles boletos. Ellos creen que es porque fueron a un destino muy turístico y cercano: Teotihuacán, que está a poco menos de 50 kilómetros de la Ciudad de México.
Pero Mariane, quien viene de Francia y viajó a Querétaro (217 km), tampoco tuvo problema para comprar un boleto sin presentar ninguna de estas documentaciones.
Me pidieron pasaporte pero no lo traigo. Fui un poco insistente, mostré mi ID de ciudadana francesa y con eso”, cuenta. Ciudadana francesa.
Una de las taquilleras, quien pidió no ser citada argumentando no estar autorizada para hablar en entrevistas, cuenta que desde hace tiempo piden identificaciones cuando viajan al norte, sobre todo por cuidar la seguridad de las infancias, pero que con el anunció del INM las medidas se endurecieron.
Pie de Página solicitó información al INM sobre la petición de estos requisitos y las razones de su reciente énfasis. También se les preguntó sobre las medidas que están tomando para que esta petición a las líneas de autobuses no viole los derechos humanos de las personas en tránsito. Pero hasta antes de esta publicación el instituto no respondió. Tampoco la cantidad de agentes migratorios que han desplegado en las estaciones de autobuses de la Ciudad de México.
Mariane, ciudadana francesa, comprando su boleto en Primera Plus.
Para el defensor de derechos Wilner Metelus esta medida es una prueba más de que México dejó de ser un país solidario:
“Es una decisión contra migrantes haitianos, para arrestarlos. Es una persecución por parte del gobierno mexicano. Tenemos información de que hay decenas de hermanos migrantes haitianos detenidos y estamos exigiendo su liberación. No son delincuentes. Se sabe que hay una crisis económica, política y social en Haití, no es momento para arrestar a migrantes haitianos”, denuncia.
Para Valeria Peña, del albergue Cafemin, el INM y la Guardia Nacional siempre han sido enemigos del flujo migratorio y en el tema de transporte son una barrera fuerte.
“Tenemos el caso de una chica que quiere ir para Ciudad Acuña porque su pareja está allá y dice que los camiones no la dejan subir. Pero esto ha pasado siempre”, cuenta Peña a partir de su experiencia con migraciones masivas previas.
De hecho en junio del 2019, en medio de la crisis de los aranceles con el gobierno de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pedirían identificación para la compra de boletos del transporte:
“Está demostrado, se tienen pruebas de que en un camión de pasaje un porcentaje considerable viaja sin ser del país y sin ningún registro. Entonces, vamos a poner orden en eso, que nos ayude la gente mostrando su credencial para que haya más control”.
Así lo expresó AMLO durante su conferencia del 18 de junio del 2019. En ese entonces aceptó que estas medidas eran respuesta a la amenaza de Estados Unidos de aplicar los aranceles:
“Presentaron unos videos de unos autobuses que pasaron por todo el país, desde Tuxtla hasta la frontera, con migrantes. Todo esto tenemos que buscar la manera de resolverlo”, explicó aquella vez.
Para Wilner Metelus esta situación no ha cambiado mucho: “El INM está haciendo el trabajo sucio para el gobierno de EEUU”, dice.
Metelus hace un llamado al presidente López Obrador a suspender las medidas contra migrantes y le recuerda que Haití no tiene condiciones para recibir a sus connacionales. Además pide castigos a los agentes del INM y de la Guardia Nacional que golpearon a migrantes en las protestas de Tapachula al igual que la renuncia de Jorge Alejandro Palau (exdirector de la Estación Migratoria Siglo 21 y actual encargado de la Estación Migratoria en CDMX) y Francisco Garduño (comisionado del Instituto Nacional de Migración), por sus agresiones a migrantes en Tapachula y su política de persecución.
¿Cómo apoyar a los migrantes haitianos en la CDMX?
En Cafemin la emergencia migratoria haitiana se siente fuerte. Están al doble de su capacidad, al igual que todos los albergues en la Ciudad de México. Para apoyarles pueden donarles: despensa como arroz, frijol, leche, huevo, café. Ropa, ropa interior, calcetines, pantaletas. Artículos de aseo personal, toallas de baño. Y voluntarios, personas traductoras que quieran apoyarles.
“Lo que nos gusten donar lo estamos recibiendo con cariño”, pide Valeria, y agrega:
“Hay que sensibilizarse más con el tema migratorio. Ahorita es una emergencia haitiana pero la migración ha estado siempre. Y tenemos que acercarnos al tema para no generar discursos de odio que generen violencias contra los derechos de las personas. No quedarnos con lo que está encima, indagar más”
Cafemin recibe donaciones de lunes a viernes, de diez de la mañana a seis de la tarde.
Claudia Uruchurtu, activista de Nochixtlán, es víctima de desaparición forzada desde el 26 de marzo de 2021. Foto: Cortesía de la familia Uruchurtu.
Oaxaca de Juárez. “¿Es un huesito de pollo o de mano?”, pregunta una de las mujeres que busca a sus familiares desaparecidos en el basurero de residuos orgánicos en los Valles Centrales de Oaxaca.
–¿A ver? –responde su compañera, y suelta la pala con que cava.
Ambas analizan el hueso detenidamente, lo comparan con su propia mano.
–No –concluye la segunda– es de pollo. Déjalo allá para que las demás lo vean.
Es 13 de agosto de 2021. Ocho mujeres y dos hombres, integrantes de la asociación civil Sabuesos Guerreras, participan en las primeras jornadas de búsqueda de la recién creada Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Oaxaca.
Van vestidas para aguantar el sol, con gorras y botas. También llevan cubrebocas y alcohol para evitar un posible contagio de covid-19. Llegaron de madrugada en tres camionetas cargadas con picos, palas y varillas que ellas mismas consiguieron.
En este tercer día de la jornada de búsqueda se les notificó que no contarían con la custodia de la Guardia Nacional, que las había escoltado por barrancas y ríos durante las dos jornadas previas. Tampoco acudirá la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. La expedición queda, hoy, completamente en manos de los y las rastreadoras:madres, hermanas, esposas e hijas que se han visto orilladas a buscar por cuenta propia a los seres que aman.
“¿A quién buscan esta ocasión?”, les preguntó la prensa unos días antes, cuando anunciaron la jornada.
“A todos”, respondieron ellas, inmediatamente.
Jornada de búsqueda y aprendizaje de técnicas para rastrear fosas clandestinas, realizada por familiares de personas desaparecidas en el estado de Oaxaca, el 13 de agosto de 2021. Foto: Rafael E. Lozano / UIP.
Claudia Uruchurtu
El caso más reciente de desaparición forzada por motivos políticos en Oaxaca es el de Claudia Uruchurtu Cruz, una mujer de 48 años de edad. Antes de ser desaparecida en Nochixtlán, su lugar de residencia en la región mixteca del estado, documentó y denunció la corrupción en el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta.
La noche del 26 de marzo de 2021 Claudia participaba en una manifestación en la plaza central de Asunción Nochixtlán. Al terminar, hombres desconocidos la forzaron a subir a una camioneta roja. Desde entonces está desaparecida.
Elizabeth Uruchurtu Cruz explica aCorriente Alterna que su hermana Claudia había documentado el desvío y malversación de fondos del gobierno municipal, durante la administración de Lizbeth Huerta, quien en 2021 hacía campaña para reelegirse en el cargo.
Claudia había regresado a Oaxaca luego de visitar a sus hermanas en el Reino Unido en 2018. Volvió con el propósito de votar por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales.
“Le dijimos: ‘Quédate, ya va a empezar el verano’ –recuerda Elizabeth–. Nos dijo que no, que ella se tenía que regresar porque López Obrador estaba de candidato y tenía que ir a votar, porque una vez que llegara López Obrador las cosas iban a cambiar”.
Antes de ser víctima de desaparición forzada, Claudia Uruchurtu documentó irregularidades en el manejo de recursos públicos en el municipio de Nochixtlán, durante la administración de la alcaldesa Lizbeth Huerta, del partido Morena. Foto: Cortesía de la familia Uruchurtu.
Ese mismo día, primero de julio de 2018, Lizbeth Victoria Huerta fue electa presidenta municipal de Asunción Nochixtlán a través de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES). Era la primera vez que una mujer ocupaba la presidencia municipal y la primera vez que Nochixtlán era gobernado por un partido diferente al PRI.
Pero poco cambió. Cuenta Elizabeth: “Cuando empieza la nueva administración y Claudia se da cuenta de que, en lugar de que estén invirtiendo el dinero en mejorar el pueblo se lo están gastando en pendejadas, ahí empieza la denuncia…”
Claudia detectó que, con la llegada de Victoria Huerta al gobierno municipal, sus familiares estrenaron motocicletas, otros recibieron cargos públicos y la misma alcaldesa adquirió un reloj valuado en más de 160 mil pesos, entre otros lujos.
Claudia acudió a los tres niveles de gobierno para denunciar los hechos: presentó quejas ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Nochixtlán, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, al Congreso del Estado de Oaxaca, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, la Secretaría de Gobernación federal y la Fiscalía General de la República, entre otras instancias. Nadie le respondió satisfactoriamente.
“Claudia nunca caracterizó su trabajo como activismo porque, en su pensar, toda la gente debería de estar luchando por sus derechos. Ella, simplemente, lo veía como su deber, como algo que cada uno debería estar haciendo para mejorar las condiciones en las que vives”, cuenta su hermana.
“Yo creo que, ahí, lo que pasó es que empezaron a ponerle presión al municipio por la cuestión de las auditorías. Llegó un momento dado en que las autoridades municipales decidieron que Claudia era muy incómoda”.
Las labores de búsqueda realizadas por la Guardia Nacional tras la privación de la libertad y desaparición forzada de Claudia Uruchurtu se realizaron al azar, sin responder a una investigación científica, denunció su hermana Elizabeth. Foto: Cortesía de la familia Uruchurtu.
La alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta fue detenida el 7 de mayo de 2021, junto con dos de sus colaboradores cercanos, acusados de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu. Otras dos personas fueron detenidas el 22 de julio del mismo año. Todas están en espera de sentencia. La audiencia de defensa está prevista para el próximo miércoles 13 de octubre.
Elizabeth advierte que esto es inédito, en comparación con la impunidad que prevalece en el resto de los casos de desaparición en Oaxaca. Respecto del caso se han pronunciado la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Amnistía Internacional y parlamentarios del Reino Unido.
“Hemos tenido un acceso a las autoridades que no toda la gente tiene. Es, realmente, lamentable que tenga que ser así”.
Pese a todo, Claudia Uruchurtu sigue desaparecida.
El tamaño de la impunidad
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 1964 han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas 3,629 personas en Oaxaca. El 90% de los registros corresponden a los últimos 10 años, durante los gobiernos de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016) y Alejandro Murat Hinojosa (que empezó en 2016 y termina en 2022).
La alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta fue detenida el 7 de mayo de 2021, junto con dos de sus colaboradores cercanos, acusados de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu. Otras dos personas fueron detenidas el 22 de julio del mismo año. Todas están en espera de sentencia. La audiencia de defensa está prevista para el próximo miércoles 13 de octubre.
Elizabeth advierte que esto es inédito, en comparación con la impunidad que prevalece en el resto de los casos de desaparición en Oaxaca. Respecto del caso se han pronunciado la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Amnistía Internacional y parlamentarios del Reino Unido.
“Hemos tenido un acceso a las autoridades que no toda la gente tiene. Es, realmente, lamentable que tenga que ser así”.
Pese a todo, Claudia Uruchurtu sigue desaparecida.
El tamaño de la impunidad
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 1964 han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas 3,629 personas en Oaxaca. El 90% de los registros corresponden a los últimos 10 años, durante los gobiernos de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016) y Alejandro Murat Hinojosa (que empezó en 2016 y termina en 2022).
El mismo registro indica que 362 personas aún permanecen en calidad de desaparecidas o no localizadas. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en que la cifra real es mayor. La Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca, por ejemplo, ha documentado la desaparición de 1,415 mujeres sólo en lo que va del gobierno de Alejando Murat.
Por otra parte, en las últimas dos décadas (entre el 2000 y el 30 de julio de 2021) sólo 35% de las personas que fueron reportadas como desaparecidas, no localizadas y localizadas, cuentan con una investigación abierta en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, según informó la propia institución.
Al mismo tiempo, el Poder Judicial del Estado informó que en los últimos 21 años únicamente ha iniciado 34 juicios por desaparición, pero no ha emitido una sola sentencia condenatoria.
Aprender a rastrear
Sabuesos Guerreras AC es una de las diversas organizaciones que buscan personas desaparecidas en México. La fundó en Sinaloa María Isabel Cruz Bernal, madre de Yosimar García Cruz, desaparecido en Culiacán el 26 de enero de 2017.
En 2020 la organización llegó a Oaxaca. Seis de sus integrantes viajaron al estado del sureste para capacitar a otras madres buscadoras.
“Llevamos, hasta la fecha –con cuatro años y seis meses desde su creación–, más de 180 cuerpos localizados. Tenemos más de 18 mil fragmentos calcinados y seguimos encontrando”, explica María Isabel.
Con el apoyo de las madres de Sinaloa, las buscadoras oaxaqueñas crearon Extensión Oaxaca. Marta Pablo Cruz es su representante. Ella busca a su hijo Jassiel Vladimir Florean Pablo, desaparecido el 21 de mayo de 2019 en Tlapa de Comonfort, Guerrero.
A María Isabel y a Marta las une haber nacido en Oaxaca y la convicción de buscar a sus hijos desaparecidos. Como ellas, sus demás compañeras buscan a familiares, cargan con ellas sus fotos y los nombran todo el tiempo: Félix Arturo Ayala Tamayo, José Manuel Macías Mendoza, Ángela Sánchez Cruz, Miguel Enrique Cárdenas Echavarría, Luis Alberto Hernández López.
La alianza entre las familias sinaloenses y oaxaqueñas se comenzó a cocinar a principios de 2020, durante un taller en el que compartieron experiencias de búsqueda, y se formalizó en septiembre del mismo año, cuando nombraron a Marta coordinadora general en Oaxaca.
Marta cuenta que las Sabuesos Guerreras de Sinaloa les enseñaron a enfrentar a servidores públicos, a solicitar las carpetas de investigación de su hijos –que no les habían entregado–, a exigir avances y a presentar quejas en las comisiones estatal y nacional de derechos humanos.
Con apoyo de familias de buscadoras de Sinaloa, las madres y padres de personas desaparecidas en Oaxaca aprenden técnicas de rastreo, identificación de fosas y anatomía humana. Foto: Rafael E. Lozano / UIP.
Se acompañan a las fiscalías cuando es posible y se esperan hasta que salgan, aunque llegue la noche. “Esas muestras de cariño, esas muestras de apoyo… Tengo más con esta gente que no es mi familia… Son hermanas del mismo dolor que estamos pasando porque hay esposas, hay madres, hay hermanas que buscan”, dice Marta.
Apenas llegan a la entrada del basurero de residuos orgánicos, las rastreadoras de Sinaloa descargan picos, palas, cernidores, varillas, radios y silbatos. También traen un dron para exploración aérea.
Reconocen el terreno y se dividen: un grupo irá al área de restos animales, llena de huesos; y otro grupo se irá más al fondo, a las pilas hediondas de basura orgánica, que desprenden vapor por la putrefacción.
Enseñan a las oaxaqueñas a identificar posibles fosas: zonas en las que la vegetación cambia o se hunde un poco, debido a las excavaciones. Les muestran cómo limpiar el área, cómo excavar, cómo usar y oler la varilla con la que punzan la tierra para diferenciar los olores del subsuelo e identificar el singular tufo de la descomposición humana.
Les comparten, con rabia y cariño, los conocimientos y la experiencia que han acumulado luego de tantos años de buscar “tesoros”, como llaman a sus seres queridos.
–¿No se entristecen cuando, después de una búsqueda, no encuentran nada? –les pregunta uno de los hombres oaxaqueños que está aprendiendo a oler la tierra para rastrear fosas, sorprendido de que las sinaloenses no suelten la herramienta ni en sus momentos de descanso.
–Nos entristecemos cuando encontramos algo –responde una de ellas, sin detenerse.
Lo que no hace el Estado
A raíz de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, las autoridades federales realizaron diligencias de búsqueda, para las cuales solicitaron la colaboración de la Fiscalía estatal y de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca.
El personal enviado para apoyar en un primer momento, recuerda Elizabeth, hermana de Claudia, fueron las secretarias administrativas del gobierno estatal. “Entonces, ahí, vienen todas las secretarias de la oficina a hacer labor de campo”.
Es desesperante, lamenta Elizabeth, que la búsqueda no se apoye en una la investigación judicial y científica, sino en acciones improvisadas: “Nos ha parecido muy triste el desperdicio de recursos. Si no hay líneas de búsqueda que salgan de la investigación, ¿a qué chingados vienen (a buscar)? Es como si pusieran un dedo al aire y dijeran ‘ahí vamos a buscar’, y entonces ahí viene la Guardia Nacional, y ahí vienen los dos binomios caninos que hay en el Estado, y ahí viene todo mundo”. Se trata, en suma, de una búsqueda a ciegas.
Esos recursos, en cambio, faltan ahí donde las búsquedas no cuentan con el interés de las autoridades, como es el caso de la jornada que realizan las Sabuesos Guerreras en el basurero orgánico.
Abrir paso a la esperanza
Al terminar el día las Sabuesas Guerreras han rastrillado la zona entera.
“Parece que no logramos nada, pero hicimos un chingo”, dice una de ellas durante una reunión final en la entrada del basurero. Han pasado horas extenuantes de trabajo bajo el sol para abrir la tierra y darle paso a la esperanza con cada golpe de pala. En medio de la basura y la podredumbre reaccionan visiblemente nerviosas ante cada camioneta que se acerca y pasa de largo. No olvidan que buscar desaparecidos es una labor peligrosa, que es un trabajo que no les corresponde. Años y años de negligencia y desprecio gubernamental les ha dejado una convicción: “Si no los buscamos nosotras –dicen–, nadie lo va a hacer”.
De los 3,629 reportes de personas desaparecidas y no localizadas registrados en Oaxaca desde 1964, el 90% ocurrieron en la última década, en los gobiernos de Gabino Cué y Alejandro Murat. Foto: Rafael E. Lozano / UIP.
El Frente de los Pueblos y Barrios del Anáhuac logró abrir una mesa de negociación para que la Secretaría de Pueblos y Barrios de la Ciudad de México los registre y reconozca, lo que les permitiría opinar sobre los proyectos planeados en sus territorios
IUDAD DE MÉXICO.- En la Ciudad de México el reconocimiento de algunos pueblos y barrios originarios está en vilo, para reclamar al gobierno local que se tome en cuenta su voz y se les reconozca, un grupo de ciudadanos se manifestó en las puertas de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, la Sepi.
El año pasado, la nueva Ley de participación ciudadana en la capital del país borró de la esfera pública reconocida por el gobierno a casi todos los pueblos y barrios de la ciudad, excepto a 48, para establecer a las Comisiones de Participación Comunitaria, las Copacos, como única forma legal de participación ciudadana.
Se ordenó un registro de todos los pueblos y barrios originarios de la ciudad, pero la encargada de hacerlo, la Sepi, lo ha omitido. Como resultado, quienes se manifiestan acusan que no se han respetado derechos de consulta y representación política.
“Todo esto lo hacen para poder hacer las obras que quieran sin que nadie les diga nada”, acusa tajante Israel Herrera, del pueblo de San Jerónimo, en la Magdalena Contreras. A pesar de que los pueblos de San Jerónimo Lídice y Aculco sí están reconocidos como pueblos originarios, Israel expone el caso de sus vecinos, de La Magdalena Atlitic, donde empiezan los dinamos.
Victor Manuel Segura Gómez del pueblo Tlacoquemécatl en la colonia Del Valle ya se cansó de mandar escritos pidiendo el reconocimiento de un concejo de gobierno en ese barrio, pero ninguna autoridad le responde.Maria del Carmen Olalde y Julia Esther, de Santa María Tetelpan han intentado registrar su concejo del barrio en el que han vivido toda su vida, pero la Secretaría de Pueblos Indígenas se niega a concedérselos.
“Hay una persona que se quiere apropiar de los terrenos donde está la entrada a los Dinamos (una zona boscosa y recreativa al sur-poniente de la ciudad), y como los de Atlitic no tienen reconocimiento de Pueblo Originario, pues no les están respetando sus derechos”.
Un caso parecido sucede en Santa María Tetelpan, en Álvaro Obregón, según cuenta María del Carmen Olalde, que junto con un grupo de vecinos buscan proteger un terreno que solía ser el atrio de la iglesia de su pueblo y que ahora está en camino de convertirse en un conjunto residencial de lujo.
En 2017 la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México emitió un listado de 195 pueblos indígenas reconocidos en la Ciudad, sin embargo, con la llegada de la nueva ley de participación, este registro se ignoró y dejó a muchos pueblos en vilo.
Estos cerca de 200 pueblos se derivaron de un Atlas de Pueblos y Barrios que hizo el Instituto de Antropología e Historia hace unos 20 años, según recuerda Alejandro Velázquez, de la coordinadora de pueblos de Xochimilco. Sin embargo, ese reconocimiento nunca se hizo formal y tambaleó con la aprobación de la Ley de Participación de la Ciudad de México, que según dice Alejandro, los dejó fuera del mapa político.
Una protesta que truena
Una de las personas del Frente de Pueblos y Barrios del Anáhuac reclama que el gobierno reconozca a varios Pueblos y Barrios originarios a Donaji Olivera, directora de Derechos Indígenas de la Secretaría de Pueblos y Barrios de la Ciudad de México.
Este martes 5 de octubre el Frente de Pueblos y Barrios del Anáhuac convocó a varios pueblos y barrios de la ciudad a demandar su registro ante las puertas de la Secretaría de Pueblos y Barrios de la Ciudad, pero cuando llegaron al lugar, alrededor de las once de la mañana, otra protesta les había robado el foco.
Cuando los manifestantes se acercaron, alcanzaron a reconocer a personas cercanas a la Alcaldía Xochimilco que, bajo el título de productores de esa demarcación exigían la atención de la Secretaría. Miembros del Frente de Pueblos, incluso, anticiparon algún tipo de enfrentamiento, pues esas mismas personas los han confrontado agresivamente en otras protestas.
Los ánimos en el lugar se calmaron con la llegada de Donaji Olivera, directora general de Derechos Indígenas y exdiputada local por Morena, quien aseguró que atendería al Frente de pueblos, pero en otro día, pues antes tenía que atender a los supuestos productores.
Ante la presión ejercida por el Frente de Pueblos y Barrios, la directora aceptó hacer una mesa de reunión. En esa reunión los miembros del Frente esperan ser inscritos en algún tipo de directorio de pueblos y barrios.
Habitantes de tres comunidades del municipio de Abasolo, en Guanajuato, fueron desalojados de sus casas porque las lluvias del lunes 6 inundaron todo. Suman 20 días bajo el agua. Y de nuevo, como en otros estados, en la historia de esta tragedia hubo alertas que las autoridades no atendieron.
Por Verónica Espinosa / Proceso, domingo, 3 de octubre de 2021
ABASOLO, GTO.- Con apenas cuatro años de edad, Citlali ya sabe lo que es huir de su casa perseguida por el agua.
La vivienda que comparte con su mamá y abuelos en la comunidad llamada Estación Abasolo permanece inundada desde el lunes 6, lo mismo que muchas más en localidades vecinas de este municipio, ubicado a 33 kilómetros de Irapuato.
Las más afectadas, además de Estación Abasolo, son Huitzatarito y Santa Cecilia. El sábado 25 cumplieron 20 días bajo el agua. Cerca de 6 mil personas viven en estas tres localidades.
Junto a las viviendas las milpas apenas sobresalen; el agua cubrió también los campos de agave que llevaban dos de los cinco años que necesitan para ser aprovechados, además de los cultivos de sorgo y espárragos a donde iban a trabajar varias mujeres de las comunidades y donde se perdieron miles de pesos de inversión.
Otras familias, con los brazos cruzados, miran sus anegados hornos donde quemaban el tabique, una de las principales formas de sustento en la región, imposibilitados para trabajar y sin certeza de cuándo volverán a hacerlo.
Desde lo alto de la vía del tren donde Citlali juega con la grava, la pequeña y su abuela observan el montón de casas que parecen partidas por la mitad: la parte de abajo no se ve porque el agua ya es negruzca por la tierra, basura y moscos; la parte de arriba les da esperanza. Ya no sube más la inundación, aunque no se ve el fin de los días de lluvia.
La abuela de Citlali se aventuró a caminar a su casa con el agua hasta el pecho porque necesitaba sacar “los papeles de la ayuda” que guardó en bolsas de plástico y que encontró sobre la base de la cama que ya flotaba; tomó los documentos y salió lo más rápido que pudo.
Para ella, no es la primera vez que debe salir de su casa durante semanas por las inundaciones en esta zona. Lo ha hecho muchas veces en los últimos 20 años, y en ocasiones durante meses porque hay que esperar a que el agua baje, luego ir a sacar las cosas que se quedaron en la casa, limpiarlas y desinfectarlas antes de volver a ocuparlas; de nuevo tendrá que hacerse de muebles y enseres.
Habitantes de estas comunidades cuentan por lo menos tres graves inundaciones, además de la que actualmente sufren: en 2001, 2003 y 2016; en esos casos el agua ha llegado “por arriba de la rodilla, y una vez cubrió todas las casas”.
Durante las contingencias pasan semanas viviendo en casas prestadas, rentadas o se han juntado con familiares y vecinos de otros poblados o de la cabecera municipal. Y luego regresan para comenzar de nuevo su vida.
Tragedia crónica
En un recorrido efectuado por Proceso el sábado 18, cuando se cumplieron 12 días de inundación, los vecinos de las tres comunidades anegadas compartieron los mismos recuerdos sobre los desastres de años atrás, de lluvias pasadas, de respuestas de las autoridades que muy poco les sirvieron o nada solucionaron.
Ramón, habitante de Huitzatarito, dice que, como pasó antes, funcionarios municipales y estatales se han presentado un par de ocasiones y le piden a la gente registrarse para recibir algún tipo de ayuda, como despensas, pañales o eventualmente un recurso para reponer algunas de sus cosas o para reparar sus viviendas.
Pero cree que, una vez más, no le llegará apoyo alguno. “Porque ya pasó hace 18 años y pasó hace cinco años; andaban apuntando y no recibí nada”. Por eso, lo que hizo cuando el agua subió en 2016 fue despejar su casa, hacer viajes de tepetate y construir otro piso. “No me queda más que aventarle para arriba”.
Aviso ignorado
Un documento de 2017 de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, en materia de atlas de riesgo, cita una inspección efectuada en la zona en la cual se detectaron “problemas con la canalización de escurrimientos pluviales provenientes del dren Joaquín, dren Ferrocarril, dren Murguía y dren Abasolo que desfogan al arroyo Seco y éste, a su vez, al río Turbio, zona con antecedentes de inundación de 2003 y 2016”.
Como “recomendación” dirigida al gobierno municipal abasolense, el documento consigna: “La Dirección Municipal de Obras Públicas deberá realizar un estudio hidrológico de la zona que contemple las aportaciones pluviales de los drenes que desfogan al arroyo Seco, así como los escurrimientos del río Turbio para que se realice un proyecto integral el cual considere todas las variables posibles, mismo que deberá presentarse ante la Comisión Nacional del Agua para su análisis y validación, y que el municipio realice las gestiones necesarias para realizar dicho proyecto”.
También recomienda realizar limpieza y mantenimiento de los márgenes del arroyo Seco.
En cuanto al dren Abasolo, también inspeccionado en 2017, se detectaron “problemas con escurrimientos pluviales, canalización, remanso del agua del arroyo Seco, principalmente; se encuentra con aporte de material residual (lirio), problemas de desbordamiento aguas arriba por el deterioro de las márgenes y el taponamiento hidráulico”, por lo que se sugirió “realizar un proyecto integral para el mejoramiento de la zona”, así como la conformación de los márgenes del dren y el desazolve del dren.
Ante los problemas de filtración de agua que se tenían localizados, de la inspección se concluyó que era necesario mejorar la infraestructura hidráulica “para evitar futuras inundaciones en la zona”.
Pero a las cinco de la mañana del lunes 6 la fractura del dren Abasolo desató una nueva contingencia en la comunidad Estación Abasolo y zonas aledañas. La Coordinación de Protección Civil del estado informó que dicha fractura también causó “inundaciones de consideración” en Santa Cecilia y Huitzatarito.
Además “están en riesgo las comunidades La Canoa, Los Sauces, La Maraña, Los Pintores y San Cayetano ante la posibilidad de desbordamiento del dren Abasolo, el arroyo Seco y el río Turbio, donde ya se desalojaron a algunos habitantes. De acuerdo con el primer reporte preliminar, las afectaciones arrojaron mil 750 personas desalojadas de 426 viviendas ubicadas en las comunidades mencionadas”, según el reporte de Protección Civil del estado de Guanajuato.
En los días siguientes, mientras ocasionalmente se presentaron en la región funcionarios municipales y estatales, como el alcalde priista Samuel Cruz Chessani o el secretario de Desarrollo Social y Humano del estado, Gerardo Morales Moncada, la lluvia no cesó y el agua subió aún más dejando en la catástrofe a estas localidades y sus tierras de cultivo.
El gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, estaba de gira de trabajo en Europa durante la contingencia. A su regreso, el lunes 13, visitó las comunidades siniestradas. Primero sobrevoló la zona y después acudió a Santa Cecilia y Estación Abasolo.
El mandatario le dijo a la gente que se fuera a los albergues temporales y que allí recibirían alimentación y ropa –obtenida vía una campaña de donación con la ciudadanía–.
“No están solos”, les repitió. Y prometió que regresaría a la región afectada para supervisar las acciones, “sobre todo, una vez que baje el nivel del agua”. El viernes 23, Rodríguez Vallejo dijo que solicitó al gobierno federal declarar a Abasolo zona de desastre.
La Secretaría de Educación del estado informó que 18 escuelas de nueve comunidades sufrieron inundaciones y mandó paquetes de útiles escolares para los alumnos, que todavía no podrán regresar a las clases presenciales.
“Pero si lo que nos urge en este momento son bombas de agua y que nos ayuden a sacarla”, pidió Salvador, un hombre que desde la cabecera de Abasolo acude a llevar ayuda, como tantas personas de otros puntos que por su cuenta llegan cada día con comida y agua para los afectados. “Los migrantes han mandado recursos también”, agrega.
Mientras él habla, una fila de tractores colocados a un lado de una laguna, a un costado de la vía del tren, trabajan sus máquinas para bombear el agua. “Los trajo la gente, el municipio está entregando diésel, pero estamos mendigando por él”, agrega Salvador.
Elena Ayala, madre de tres, habitante de la comunidad rural El Pie en Santiago de Querétaro, lucha por mantener las lágrimas mientras confiesa:
“Mi hija no tiene mochila en que llevarse sus libros, no tiene libretas, no tiene nada. Me dice ma, para qué estudio, ya mejor no entro…y ya es su último año de prepa, pero su papá no ayuda y hasta le dice que mejor deje la escuela. Y yo, he intentado buscar trabajo y no hay, no me ocupan, y aparte no tengo el tiempo…de verdad sí ha afectado mucho la pandemia, aquí, a nosotros… Ya no sé que voy a hacer, no sé que voy a hacer, si no me voy a enfermar de esta enfermedad, me voy enfermar de estrés”.
Elena es solo una de las 25 millones de mujeres entre los 30 a 59 años que, debido a la pandemia provocada por la COVID-19, tuvo que adecuarse repentinamente a una nueva dinámica laboral y familiar, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población. Sus casas se transformaron en un espacio de convivencia familiar permanente y las labores domésticas y de cuidados, las cuales han recaído históricamente en las mujeres, aumentaron de manera drástica, resultando en una sobrecarga de trabajo no remunerado, limitando su participación en el mercado laboral y afectando su salud mental.
Dicha situación ya fue nombrada una “emergencia global de los cuidados” por la Comisión Interamericana de Mujeres.
Además, en el caso particular de las mujeres que, como Elena, habitan en zonas rurales, la situación es aún más complicada y vulnerable debido a los altos índices de marginación y las desigualdades que se viven en estas comunidades.
“Mis hijos no aprenden y yo no sé cómo enseñarles”:
Los obstáculos de educar en casa
Nanci Ayala vive en La Tinaja de la Estancia, otra comunidad rural en el municipio de Querétaro, a unos cuantos kilómetros de su hermana, Elena. También es madre de tres y, desde la pandemia, la falta de accesibilidad a los recursos para la educación óptima de Toña, Fer y Fany la preocupa mucho. En un inicio, y sin apoyo alguno del gobierno, tuvo que instalar un servicio de internet, el cual no siempre funciona de manera óptima. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que más de 16 millones de hogares en México no tienen conexión a internet y solo el 47,7% de las zonas rurales cuentan con este acceso.
Cuando comenzaron las clases en línea, Nanci se vio obligada a hacer un gasto adicional para comprar teléfonos inteligentes, así como el 28.6% de las viviendas en México con hijos en edad escolar de acuerdo al INEGI; pero ahora que está por empezar el nuevo ciclo, dos de los celulares dejaron de funcionary por el momento no le alcanza para conseguir nuevos.
“Y no soy la única, aquí en la comunidad hay muchas mamás que están igual o que, incluso, nunca han podido conseguir un aparato para que sus hijos tomen las clases”, comenta Nanci.
Aparte de la preocupación por el rezago educativo que experimentan sus hijos debido a la mala conectividad y la falta de dispositivos, las madres como Nanci también han tenido que ver con tristeza cómo sus hijos abandonan la escuela. Toña, la mayor, tiene 17 años y estudiaba la carrera técnica de electromecánica, reprobó cuatro materias el semestre pasado y ahora Nanci no tiene cómo pagar la inscripción ni la cuota extra que le permitirían seguir estudiando. En consecuencia, Toña se convirtió en una de las 5.2 millones de personas entre 3 y 29 años que, de acuerdo al INEGI, por motivos asociados a la COVID-19 o por falta de dinero o recursos, no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021.
“ me pone muy triste, porque a lo mejor ella tendría… más oportunidades de las que tuve yo, y eso es lo quisiera para ella”, se lamenta Nanci.
En el caso de Elena, ella solo cursó hasta sexto de primaria, al igual que el 36.4% de las madres en zonas rurales en México, según el INEGI, y por más que le gustaría, su poca escolaridad le impide, dice, ayudar a sus hijos con la escuela.
“Sí me cuesta trabajo, sobre todo por las tareas; si hay algo que no le entienden pues es difícil porque quién les va a explicar a mis hijos, yo no sé, yo no entiendo mucho. Mis hijos no aprenden y yo no sé cómo enseñarles”, expresa Elena.
“Y estamos todas igual” platica Elena, “es mucha presión, veo a mi vecina con sus hijos en primaria, y prácticamente cae en ella la responsabilidad de sus trabajos y luego los niños no entienden o se cansan y ella termina haciendo toda la tarea”.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) evidencia en sus reportes este incremento drástico del tiempo de supervisión e involucramiento de las madres en el proceso de aprendizaje de sus hijos, en donde ellas han asumido en un 74% el apoyo a la educación a distancia en el hogar, cuando sólo 4.8% de los padres lo han hecho. Asimismo, considerando los cuidados pasivos – cuidar a hijos e hijas mientras se realiza otra actividad – las mujeres dedican en promedio 15.9 horas semanales más que los hombres, según datos del INEGI.
“Hay días que de verdad siento que no voy a poder con todo”:
Labores domésticas y salud mental
Apoyar y supervisar la educación de sus hijos, no es lo único que estas mamás tienen que hacer. Un día normal para Nanci se ve así: despertar a las 6:30, tender su cama, preparar el desayuno, recoger la cocina. Lavar la ropa, limpiar el baño, barrer el patio, darle de comer a las gallinas y a las borregas. Batallar con sus hijas para que se metan a clase, monitorear a Fany, su hija más pequeña, quien sufre de síndrome nefrótico. Hacer de comer e ir a clase de zumba, si es que tiene el tiempo o los 30 pesos para pagarla. Por último, recibir a su esposo, hacer de cenar y tratar de dormir mientras piensa en cómo juntar los 2 mil 500 pesos que necesita mensuales para los medicamentos de Fany o en cómo conseguir el nuevo celular de Fer, o en el futuro de Toña… “Hay días que de verdad siento que no voy a poder con todo”, confiesa Nanci.
A menudo, las madres como Elena y Nanci se encuentran con una sobrecarga de trabajo no remunerado, mientras sus esposos salen a trabajar todo el día, en el mercado de abastos, en la casa de construcción o como transportistas. Otras tantas, laboran fuera de casa, principalmente como empleadas domésticas, pero debido a la pandemia y a que tienen que cuidar a sus hijos, muchas ya no han podido continuar trabajando y, las que sí, acaban muy desgastadas.
La predominancia de este agotamiento crónico tanto físico como mental es una constante en las historias de estas madres que habitan estas zonas rurales. La Encuesta de Seguimiento de los Efectos de la COVID-19 en el Bienestar de los Hogares (ENCOVID-19) muestra que las mujeres durante los meses del confinamiento han reportado mayores niveles de síntomas de ansiedad, depresión y estrés en comparación a los hombres, revelando que las brechas de género en cuestiones de salud mental se han acentuado durante la pandemia.
Infografía: impactos diferenciados en la salud mental entre mujeres y hombres durante la pandemia.
Alejandra Ramírez Ortíz, asesora familiar y consultora en entrenamiento neurológico, es voluntaria en la comunidad de El Pie desde hace más de 20 años.
Ella observa que ahora en la pandemia las madres se han visto afectadas anímicamente “y lo que no les ayuda es que no saben ponerles límites a sus hijos, los sobreprotegen y, por lo tanto, los chiquitos no se acostumbran a la presión y a la exigencia. Les pasa con la escuela en el momento en que algo se pone difícil, sobre todo ahora, los niños prefieren abandonar y las mamás no saben cómo motivarlos, ni ayudarlos a estudiar, lo cual las angustia y las agota de más”.
“Hay mucho machismo en la comunidad”:
Al alza la violencia intrafamiliar
Otro factor que suma a la difícil situación de las madres en zonas rurales durante la pandemia es la complicada dinámica familiar y la discriminación dentro de sus hogares. En las comunidades de La Tinaja y El Pie, en su mayoría, las parejas sólo se “juntan”, no se casan. “Es que la iglesia nos pide muchos documentos y cursos, y los trámites del gobierno son un relajo y son muy caros”, explica Nanci. De tal manera, al no registrar oficialmente la unión, resulta más fácil para los hombres deslindarse de sus obligaciones y dejar a las madres asumir, por sí solas, la completa responsabilidad económica y el cuidado de sus hijos.
Por otra parte, las historias de abuso verbal y físico dentro de las familias no son algo fuera de lo común, pues es justamente en el seno familiar donde un gran porcentaje de las violencias contra las mujeres se perpetúan. “Lamentablemente, hay mucho machismo en la comunidad“, señala Alejandra Ramírez.
“Los señores suelen tomar mucho y varias veces terminan peleándose con sus parejas por ello. Una de las señoras, apenas la semana pasada, se acercó a mí y me contó que su pareja la golpea a ella y a sus hijos. Tristemente, no es la primera historia que oigo así”.
De acuerdo a datos de la Red Nacional de Refugios, tan solo en el estado de Querétaro, la violencia intrafamiliar se incrementó más del 37% con respecto al año pasado. Además, cabe destacar la aportación de Raquel Schlosser, rectora y fundadora del Instituto de Estudios Transgeneracionales quien, en el reporte semestral de Nosotras Tenemos Otros Datos el pasado 26 de julio, declaró:
“no es que haya aumentado nada más la violencia, si no que se destapó, se desató un problema sub-catalogado, pues las violencias contra las mujeres ya estaban en niveles altos, resultado de una cultura machista y desigual”.
Hacia una red de apoyo entre mujeres
El pasado martes 31 de agosto, después de casi 18 meses de pandemia, la voluntaria Alejandra Ramírez y sus compañeras Norma y Alma, regresaron a la comunidad de El Pie, así como lo hacían cada miércoles previo a la contingencia. “Doña Ale es como mi ángel guardián y tener terapia con ella no sabes cuánto me ha servido”, expresa Nanci, quien está feliz por su regreso.
El grupo de voluntarias independientes busca crear unidad entre las madres de la comunidad para que se apoyen entre ellas en vez de aislarse y pasar por estas situaciones difíciles solas, como lo venían haciendo.
Además, les dan talleres de escritura y lectura y, sobre todo, abren espacios de conversación en donde abordan de todo, desde temas motivacionales, de educación, de valores, de las noticias de la semana, hasta de salud mental, precariedad laboral y violencia de género.
“El poner sobre la mesa estos temas permite que las mamás tengan una comunidad en la cual apoyarse, además de que se hagan conscientes de su situación, estén más informadas de sus derechos y del mundo que las rodea ”, complementa Alejandra.
Nanci, Elena y una docena de mamás de la comunidad confían en el impacto positivo de esta red de apoyo entre mujeres, ya que les da esperanza para poder afrontar las difíciles situaciones en las que se encuentran ahora en la pandemia tanto en el ámbito familiar, laboral y personal.
Aunque solo sea en dos de las 2 mil 083 localidades rurales del estado de Querétaro, este grupo de apoyo busca hacer la diferencia pues, como declara el mismo Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA): “las mujeres en el ámbito rural son la llave para reconstruir un mundo mejor después de la pandemia”.
Si tienes aparatos electrónicos (celulares, tablets, computadoras) que no uses más y que quieras donar, manda un mensaje al 442 2701523 o al 442 2741195.
Las mamás de las comunidades de El Pie y La Tinaja en Santiago de Querétaro te lo agradecerán.
Para aprobar la instalación de un polígono de los parques industriales del Corredor Interoceánico, se falsificaron firmas en una asamblea de comuneros de San Blas Atempa, Oaxaca, por lo que se interpuso un juicio de nulidad.
Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– Pobladores de Puente Madera, Oaxaca, mantienen un juicio de nulidad a la asamblea de comuneros en la que mediante firmas falsificadas, incluyendo la de un hombre fallecido, se aprobó la instalación de un polígono para los Polos de Desarrollo para el Bienestar que forman parte del proyecto federal del Corredor Interocéanico del Istmo de Tehuantepec.
Para impulsar el crecimiento de la economía regional, el Corredor planea la instalación de diez parques industriales en Oaxaca y Veracruz con polígonos de desarrollo, y la modernización y ampliación tanto de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos como de las vías del Tren Transístmico para el movimiento interoceánico de mercancías a mercados domésticos y mundiales.
El 14 de marzo, presidida por el Alcalde de San Blas Atempa, Antonio Morales Toledo, se celebró una asamblea, en la cual se falsificaron firmas de 45 comuneros de Puente Madera y de Inocencio Morales de la Paz, quien murió el 22 de enero de 2020, de acuerdo con el Acta de asamblea y Acta de defunción consultadas por SinEmbargo y presentadas para el juicio de nulidad (156/2021) solicitado el 8 de junio ante el Tribunal Agrario Num. 20 de Tuxtepec por el comunero David Hernández Salazar.
Con esas irregularidades se entregaron para el polígono de desarrollo 400 hectáreas de uso común del monte del Pitayal, zona cercana a Tehuantepec donde se planea uno de los cinco parques industriales para Oaxaca. Desde entonces el área es vigilada por los comuneros bajo la consigna de quemar cualquier maquinaria que se vea. Ahí habita flora y fauna endémica, aprovechada por las cinco comunidades de San Blas Atempa para la recolección de leña, frutos y el pastoreo.
Este medio cuestionó al área de comunicación social del proyecto federal en qué etapa de la consulta indígena van y si ya se tiene la Manifestación de Impacto Ambiental para dicho polo, pero no ha obtenido respuesta. Hasta el momento, para la parte de rehabilitación de vías del Tren Transístmico, sólo se cuenta con la MIA para puentes pedida a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) por la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
En aquella asamblea, el comunero David tomó el micrófono y alegó la falta de información sobre el impacto ambiental. Cuestionó qué tipo de industrias se instalarían y qué pasaría con el agua de la presa “Benito Juárez”, usada por los campesinos de la región para el cultivo de milpa, sorgo, ajonjolí y camote. Ante las dudas, el Alcalde Morales Toledo lo corrió del lugar.
“No estamos de acuerdo en cómo se viene realizando la instalación del parque industrial porque fue una asamblea a modo”, dijo vía telefónica el comunero y demandante del juicio de nulidad, David Hernández. “No tenemos información a largo plazo sobre el impacto ambiental y estamos a un kilómetro y medio de donde se pretende instalar”.
Hace unos días, el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Oaxaca. Informó que para la instalación de los diez parques industriales la Secretaría de Hacienda (SHCP) está realizando avalúos de las tierras. “Decirles a los campesinos que estén tranquilos, que no vamos a permitir que les roben y que la obra es beneficio de ellos, que no es para perjudicarlos”, afirmó.
Los polos de desarrollo del Istmo de Tehuantepec contarán con conectividad y los servicios necesarios para la actividad industrial con base en las vocaciones y sectores productivos de la región, de acuerdo con el director general del Corredor Interoceánico, Rafael Marín Mollinedo. Uno de los objetivos es proveer de infraestructura básica a los polos como transporte, agua potable, drenaje y energía a fin de ofrecer condiciones favorables para la inversión.
Pero la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo reiteró que se oponen a la instalación de este parque industrial por el riesgo en la erosión de los suelos, el uso y contaminación del agua y recurso forestales, así como la extinción de los modos de vida y de organización como pueblos indígenas.
“Hay una rica variedad de flora y fauna como venados y armadillos que vemos en peligro si se instala este parque industrial y más de la manera en la que lo están haciendo”, aseguró el comunero Hernández. “Se habla de desarrollo, pero no vemos dónde. Vivimos muy marginados en cuanto a drenaje, electricidad, pavimentación y agua potable”.
LA CONSULTA CON ACARREO
El primero de mayo se convocó a la etapa informativa para la consulta indígena en San Blas Atempa, Oaxaca, donde habitan zapotecas. La Asamblea de Puente Madera asegura que hubo acarreo de gente con promesas de apoyos sociales o herramientas para los agricultores.
En el proceso, donde hubo 300 personas de los 19 mil habitantes del municipio oaxaqueño, no se informó sobre el impacto ambiental y social, sólo sobre los beneficios económicos para la región.
“Vimos gente que le debe favores al Presidente Municipal Antonio Morales Toledo, gente que fue beneficiada por invasión de terrenos y los somete a su voluntad”, dijo el comunero David Hernández.
Una semana después, el 9 de mayo, se aprobó por unanimidad el proyecto en una sesión presidida por la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y representantes del gobierno estatal.
A la par, habitantes de Puente Madera bloquearon la carretera a la altura del paraje El Pitayal como protesta contra el proceso de consulta indígena al no ser previa, de buena fe, culturalmente adecuada ni informada pues acusaron presión, intimidación o condiciones para asistir a la etapa informativa.
Como resultado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó una denuncia por bloquear el libre tránsito contra David Hernández Salazar, Oseas Salazar Patiño y Alberto Patiño de la Rosa. Para la Asamblea de Puente Madera fue una “criminalización de la protesta social” ante la “imposición” de un polo de desarrollo.
Este fin de semana colectivos feministas de Puerto Vallarta y del municipio de Bahía de Banderas realizaron una marcha de protesta por el asesinato de las niñas: Amelia y Verónica de 11 y 14 años respectivamente.
El fin de la marcha es para pedir que pare la violencia de género y se castigue a los culpables de tan lamentable crimen, por cierto, debemos de mencionar que ya hay detenidos por ese doble crimen.
Poco más de 40 mujeres jóvenes, adultas y hasta pequeñas realizaron esta caminata portando pancartas gritando consignas en contra de las autoridades que ya tenían perfectamente bien ensayadas para que se pongan a trabajar en contra de la violencia de las mujeres y las niñas.
Luego de reunirse y organizarse comenzaron una caminata por la Avenida Riviera Nayarit utilizando los carriles norte sur de manera alternativa para finalmente quedarse caminando únicamente por el acotamiento por dónde iban marchando
Para cuidar su integridad elementos debilidad municipal realizaron una coraza de protección con sus unidades y trabajaron intensamente para los vehículos para evitar que se complicaran las cosas y se formara un verdadero caos vehicular, finalmente ellas caminaron y el tráfico fluyó.
Poco antes de llegar a las instalaciones del módulo de seguridad, donde se ubican las instalaciones de la Fiscalía General del estado de Nayarit en el macro módulo de seguridad, pero justo antes al pasar frente a las instalaciones de Protección Civil y Bomberos cerraron parcialmente ambos carriles por algunos minutos.
Ahora sí ahí sí provocaron un atorón de vehículos por algunos minutos, luego atravesaron el carril de ingreso hacia Bahía de Banderas para caminar por la lateral para finalmente llegar al módulo de seguridad ante las puertas de la fiscalía donde pegaron las pancartas, realizaron algunas pintas y colgaron los carteles donde plasmaron sus consignas.
OAXACA.- Fanny, adolescente de 16 años, indígena mixe víctima de feminicidio en San Juan Cotzocón y madre de una bebé de seis meses, es una de las 561 niñas y mujeres que han sido asesinadas en casi cinco años del gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa.
Pero, además, el caso de Fanny evidencia la suma de negligencias, omisiones y vulnerabilidades que como consecuencia derivan en la falta de resultados ante la violencia feminicida en Oaxaca.
Angélica Ayala Ortiz, presidenta del “Grupo de Estudios sobre la mujer Rosario Castellanos”, detalló que este caso ejemplifica la negligencia de quien recibió la denuncia, de quien supervisa los casos de riesgo de violencia feminicida y de quien tenía a su cargo la ejecución de las medidas cautelares, lo que finalmente tuvo como resultado un feminicidio.
Fanny, a sus 16 años, tuvo el valor de denunciar ante las instancias de justicia, por lo cual se abrió la carpeta de investigación 23472/FIST/CODDI/Matías/202 y confío en que sería protegida.
Sin embargo, “Fanny, como infinidad de mujeres, enfrentó la falta de atención a pesar de la gravedad de su denuncia; señaló amenazas de muerte por parte del agente municipal de El Porvenir, Isaac H. G., pero las autoridades no actuaron para proteger su vida”.
Ayala Ortiz denunció que en reiteradas ocasiones las organizaciones feministas han denunciado las barreras que enfrentan las mujeres cuando denuncian violencias.
Y es que “al dar seguimiento a las acciones procedentes tras denunciar violencias, nuestra organización ha detectado mensajes ‘presuntamente’ de la unidad de género ‘invitando’ a las mujeres que decidieron abandonar a su agresor a que regresen al hogar y darle otra oportunidad a su pareja violenta, manipulándolas con expresiones como “piense en sus peques” (hijas e hijos), una acción que las coloca en mayor riesgo de violencia”.
En otros casos, identificar qué acciones acompañan la emisión de órdenes de protección y medidas cautelares, se vuelve un verdadero reto. Saber quién o quiénes actuarán para proteger a las víctimas implica infinidad de llamadas telefónicas a instancias especializadas que solicitan datos, fechas y nombres de personas para poder “ubicar” a quien le corresponde dar seguimiento.
En ese trámite las mujeres en situación de riesgo se quedan a la espera de una comunicación o de una acción que, por pequeña que sea, les brinde seguridad.
“Hemos exigido una y otra vez qué en las instancias, incluyendo las especializadas en atención a la violencia, identifiquen los niveles de riesgo feminicida y se actúe de inmediato”, recalcó Ayala Ortiz.
Dos fiscales en la presente administración del gobernador Alejandro Murat, Rubén Vasconcelos y Arturo Peimbert con discursos triunfalistas, datos estadísticos que minimizan la violencia feminicida en sus reportes ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sin reconocer que el feminicidio sigue siendo una cruel realidad en Oaxaca.
Fanny fue llamada por la autoridad municipal a petición de su pareja Alexis N., para que hablaran con ella y se “portara bien”, pero lo que recibió fueron amenazas y golpes. Al final fue víctima de feminicidio.
Mencionó que no hay que perder de vista que la unión de una adolescente con un hombre casi diez años mayor que ella es una conducta ampliamente normalizada que se tipifica como el delito que equipara a la violación y se sanciona de 14 a 20 años de prisión para quien, usando la seducción y el engaño, aún con el ‘consentimiento’ de la menor, sostenga relaciones sexuales con una persona mayor de 12 años y menor de 18. Fanny fue una madre adolescente.
En Oaxaca, el matrimonio infantil está prohibido desde 2013, pero, de acuerdo con cifras del INEGI, cuatro de cada 10 matrimonios involucran a menores de edad. Fanny refleja la normalización de las uniones tempranas y del embarazo adolescente.
Además, Fanny era víctima de violencia por parte de su pareja y los abusos eran socialmente conocidos en su entorno, lo que confirma la normalización de las uniones tempranas y de las violencias, pero sobre todo de la falta de prevención, atención y sanción ante las violaciones a sus derechos humanos que dan como consecuencia la más grave de todas: el feminicidio.
Este trabajo fue realizado por PÁGINA 3, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar el original.
La relación Oaxaca-Canadá coloca de facto en una posición de desventaja al sureño estado, principalmente a los pueblos originarios. Extractivismo, asesinato de líderes ambientales, genocidio, explotación laboral, despojo, saqueo por parte de las empresas transnacionales, contaminación por la actividad minera y daños a la salud, son algunas de las problemáticas generales que provocan el deterioro en la calidad de vida de la población.
Con un doble discurso, el gobierno de Oaxaca, a cargo de Alejandro Murat Hinojosa, se congratula por presentar los “Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021” y afirma en su página oficial que los dos entes “se hermanan a través del intercambio cultural y artístico”.
Graeme C. Clark, embajador de Canadá en México, dijo que el país mantiene una relación “muy sólida con el estado de Oaxaca en temas ambientales, comerciales, académicos, derechos humanos” y afirma que “para Canadá no hay tema más importante que la reconciliación con los pueblos indígenas”.
“Es mentira que buscan la reconciliación”, responden las comunidades ante esta declaración y señalan que no puede haber hermandad donde hay despojo y saqueo. Señalan que los gobiernos mexicanos y canadienses confunden una historia de resistencia con folklor, ocultan sus negocios tras la expresión “hermandad cultural”.
Las actividades comenzaron el pasado 20 de septiembre en el Teatro Macedonio Alcalá y culminarán el 8 de octubre. Alejandro Murat mencionó durante la inauguración que: “pensar en los pueblos indígenas, es pensar en nuestro anhelo, en la justicia y salvaguarda de sus derechos sociales, políticos y culturales”.
Fotografía: Página oficial de Minera Cuzcatlán. Extracción subterránea.
A través de este evento “pretenden lavar sus rostros en lo que respecta a su relación colonial con las comunidades indígenas y afros”, responden y señalan las autoridades municipales, comunidades y colectivos firmantes de este pronunciamiento:
San Pedro Apóstol y San Pedro Mártir ubicados en Ocotlán; el Comisariado de bienes comunales de Capulálpam de Méndez; Comunidades El Rebollero, Río Minas y Los Arquitos en San Pablo Cuatro Venados, Zaachila; el Comité Ixtepecano en defensa de la vida y el territorio, el Espacio de mujeres en defensa de la madre tierra “Las Meñas”, el Colectivo Matza de San Miguel Chimalapas y la Articulación por la vida, contra la minería en el valle de Ocotlán.
Fotografía: Articulación por la vida, en contra de la minería en el valle de Ocotlán.
Acciones contra discurso
Las comunidades oaxaqueñas denuncian algunas tragedias sociales y ambientales, como la instalación de minas para la extracción masiva de minerales y mencionan que desde que llegó Fortuna Silver Mines en 2009, dejó un saldo de 5 personas asesinadas, dos de ellos fueron defensores ambientales y tres integrantes de la autoridad municipal de San José del Progreso.
Fotografía: Articulación por la vida, en contra de la minería en el valle de Ocotlán
La selva de Los Chimalapas, uno de los grandes pulmones del mundo en donde habitan los pueblos zoques, también se encuentra amenazada por una empresa canadiense: Minaurum Gold SA. que tiene un par de títulos de concesión que los favorecen con 6 mil 400 hectáreas para la explotación de oro y cobre y despojan a las comunidades de una tierra que “ha sido hogar del pueblo angpøn durante siglos; hoy, un proyecto minero canadiense pone en riesgo su vida, su cultura milenaria y un ecosistema vital para la regulación climática”.
Fotografía: Concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía en Los Chimalapas
Desde Capulálpam de Méndez denuncian que desde que en 2005 llegó la minera y provocó la desaparición de trece manantiales a raíz de la excavación de túneles. Este daño ambiental fue causado por las empresas canadienses Continuum Resource y Sundance Minerals, así como la contaminación del Río Grande, una de las afluentes del Río Papaloapan.
Racismo institucional de SEMARNAT
Uno de los temas pendientes desde 2018, es el derrame minero en el Río Coyote, ubicado en el municipio de Magdalena Ocotlán, en donde la empresa canadiense Fortuna Silver Mines contaminó el agua de los habitantes con 1 millón 516 mil litros tóxicos. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) multó a la empresa con una cantidad de 806 mil pesos. Sin embargo, la población quedó en medio de este acuerdo, pues para ellos no hubo atención medica ni medidas de limpieza, a pesar de que el arroyo se utiliza para actividades agrícolas y humanas, en ese y otros municipios, como San Pedro Apóstol.
Debido a estos daños, La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) se pronunció en el mes de agosto y exhortó a la SEMARNAT para que “se mantenga firme en la decisión al negarle la ampliación del proyecto minero denominado San José II a esta empresa canadiense”, pues la expansión significa la destrucción del territorio, señalan.
En el mes de abril, las autoridades agrarias de San Pedro Apóstol exigieron a la SEMARNAT que frenen los trámites de expansión: un permiso y la Manifestación de Impacto Ambiental. También acusaron a esta instancia de ejercer racismo institucional hacia los pueblos originarios, pues se han comportado omisos ante las peticiones de las diferentes autoridades municipales y pueblos.
Fotografía de archivo: 2019/ Sandra Suaste
La REMA señala que Minera Cuzcatlán o FSM está coludida con las autoridades ambientales de todos los niveles y tienen una lista larga sobre “despojos territoriales, contaminación de aguas y campos de cultivo”.
En esta zona, los daños a la salud son cada día más visibles: irritaciones en la piel, epidemias, enfermedades respiratorias. Esas enfermedades “eran inexistentes en las comunidades y que están relacionadas a la operación minera, así como también a extinto flora y fauna incluyendo la muerte de ganado” dice REMA en su comunicado.
En los recientes años ha habido diversas problemáticas a raíz de la entrada de las empresas mineras canadienses. Las comunidades han buscado las vías para resolver esta problemática pero no los han escuchado: denunciaron a través de oficios firmados por las autoridades municipales, realizaron marchas, concentraciones, actos de protesta, bloqueos e incluso redactaron oficios que entregaron en las manos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento no existe una respuesta ante estos casos.
Las comunidades afectadas por las empresas mineras se declaran en alerta máxima y en expectativa de este evento denominado Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021: “hasta que las praderas, montañas, ríos y animales vuelvan a ser libres, hasta que la resistencia nos permita vivir con dignidad, y no a la sombra de un deber ser impuesto y construido por aquellos que duplican sus inversiones gracias a nuestro exterminio”, concluyen.
La activista Kenya Cuevas logró que la Fiscalía de la Ciudad de México se disculpara este jueves por violentar los derechos de Paola Buenrostro y no investigar su transfeminicidio con perspectiva de género y la debida diligencia. Este viernes se inauguró la primera clínica especializada para personas trans
CIUDAD DE MÉXICO.- Paola Buenrostro fue asesinada en la calle Puente de Alvarado mientras trabajaba. Su compañera y mejor amiga Kenya Cuevas la vio morir. Desde entonces Kenya lucha para que el transfeminicidio de Paola no quede impune. Cinco años después el transfeminicida sigue prófugo.
En respuesta a la recomendación 2/2019 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) este jueves la Fiscalía de la Ciudad de México realizó una disculpa pública a Paola Buenrostro y Kenya Cuevas por las violaciones de derechos humanos que funcionarios de esta instancia ejercieron contra ambas.
Bajo una carpa blanca, en el lugar donde asesinaron a Paola y que Kenya ha resignificado, volviéndolo un punto de encuentro y de memoria, la fiscal Ernestina Godoy se disculpó reconociendo los errores, los actos discriminatorios y la ausencia de perspectiva de género en la investigación del transfeminicidio de Paola.
Trabajadoras sexuales trans, integrantes de organizaciones, habitantes de la Casa de las Muñecas Tiresias y del Albergue Paola Buenrostro asistieron a la disculpa pública portando orgullosas y orgulloses la bandera trans*.
“¡Se ve, se siente, Paola está presente!, ¡Se ve, se siente, Paola está presente!”, gritaban las trabajadoras sexuales al momento en el que a la fiscal Godoy le tocó subir al púlpito:
“Saludo con mucho respeto a todo el presidium pero sobre todo a Kenya. Agradezco la presencia de todas, todos, todes. […] Hoy honramos la memoria de Paola Buenrostro, mujer transgénero de 24 años de edad, originaria de Chiapas. Quienes conocieron a Paola la recuerdan como una persona sensible, sincera, generosa, llena de vida y de sueños. A ella nuestro más respetuoso recuerdo. El día de hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reconoce públicamente los actos de agravio cometidos en contra de Paola Buenrostro y Kenya Cuevas”, exclamó la Fiscal.
Seguido nombró las razones de la disculpa:
-Se violentó el derecho a la identidad de género, a la igualdad y no discriminación. A la vida privada, personalidad jurídica y al libre desarrollo de la personalidad consistente en la negativa de reconocer la identidad de género de Paola Buenrostro y Kenya Cuevas.
-Se incumplió con la responsabilidad de investigar con perspectiva de género y debida diligencia reforzada en transfeminicidio.
-Existió negligencia para formular la imputación dentro de la audiencia inicial, en el levantamiento de indicios, en la cadena de custodia y en la negativa de reconocer a Kenya Cuevas como víctima indirecta del delito para brindar medidas de protección para Kenya.
-Se realizaron actos de violencia institucional en contra de Kenya, lo que derivó en afectaciones psicológicas por el trato indigno de la entrega del cuerpo de Paola.
-Obstaculización para ofrecer pruebas.
-Paola fue revictimizada por una actuación negligente, discriminatoria y carente de empatía del personal que era responsable de procurar justicia. Los encargados de investigar el transfeminicidio incurrieron en omisiones, errores y negligencias que permitieron que el homicida quedara en libertad. Y se pusiera en riesgo la vida de la única testigo.
-Se negaron a reconocer a las víctimas como mujeres trans.
-Falta de reconocimiento de los nombres e identidades de Paola Buenrostro y Kenya Cuevas, violentando su derecho a ser reconocidas como mujeres trans.
Y finalizó con una promesa:
“Les debemos justicia y la detención y presentación del homicida ante la autoridad judicial es nuestra responsabilidad y no descansaremos hasta el fin de la impunidad de este crimen de odio».
El camino que abrió Paola Buenrostro
En los últimos cinco años, 257 mujeres trans han sido asesinadas en México, y al menos 18 en la capital del país, de acuerdo con un conteo de la publicación especializada Letra S. El de Paola Buenrostro es primer transfeminicidio que reconocen las autoridades en Ciudad de México.
El asesinato de Paola también abrió el camino para la visibilización de las mujeres trans en la capital y la lucha por sus derechos.
El Congreso de la Ciudad de México prepara un paquete de reformas enfocadas en el reconocimiento y tipificación del transfeminicidio. Es resultado del trabajo de organizaciones que coescribieron la iniciativa, que presentaran el 5 de octubre.
Se pretende que la reforma sea conocida como la “Ley Paola Buenrostro”.
Asimismo, este viernes, será inaugurada la primera clínica integral especializada en atención a personas trans en Ciudad de México.
Kenya agradece el amor que sus amigas y compañeras trabajadoras sexuales le expresan durante el evento. Develación de la placa en memoria de Paola Buenrostro. Ésta será colocada en Puente de Alvarado.
“El parteaguas de la lucha trans es Paola”
La
esperanza que tiene Kenya para luchar por la justicia de su amiga Paola Buenrostro es un mundo mejor, “un mundo donde todas podamos ser parte de esta sociedad. Ha sido con mucho trabajo. Tú me estás viendo en esta entrevista. Porque ves a las chicas que viven en calle y llegan sucias, sin ilusiones, devastadas por las drogas y que llegan a un proceso de casa-hogar Paola Buenrostro, pues sus cambios, su manera de autogestionarse, de cuidarse, de ir volviendo a tener estas herramientas y estos hábitos y cuando te dan un gracias pues se van llenando mi corazón”.
Kenya Citlali Cuevas destaca el peso histórico del perdón de las autoridades hacia ella y a su amiga Paola Buenrostro.
“Es un gran paso que hemos marcado muy claro la historia en la lucha desde el momento que mataron a Paola, desde ahí salimos las mujeres trans de todos lados, de ahí creo que nos empezamos a visibilizar porque vivíamos invisibles dentro de un colectivo. El parteaguas de toda la historia y de la lucha ha sido Paola: para que ahora las mujeres trans estemos en la política, estemos en las agendas políticas, económicas, empresariales y académicas”.
Desde la perspectiva de Kenya Cuevas, titular de Casa de las Muñecas Tiresias, si ellas desde la amistad y desde el activismo no hubiesen impulsado la búsqueda de justicia, la petición de perdón y la primera Unidad de Transfeminicidio del país.
Durante la disculpa pública les y las asistentes ondearon banderines de papel de china hechos con los colores de la bandera trans*.
Son 50 mujeres que colaboran en la estructura de la organización La Casa de las Muñecas Tiresias. “Estamos en chinga todo el tiempo”., describe Kenya.
En entrevista con Pie de Página, Kenya relata: “Al principio fue muy frustrante, porque tuve negativa por todas las autoridades, como lo hacen en todos los casos. No hubo un acompañamiento por parte de la fiscalía, ni un reconocimiento de Paola Buenrostro como víctima, ni reconocimiento de la identidad”.
Cuando presentaron la carpeta de investigación al juez de control, no tenía ningún requerimiento por parte del Ministerio, ninguna investigación, ni de balística ni de necropsia, “no tenía absolutamente nada”, dice la activista. El juez no encontró argumentos para procesar.
Así fue como quedó en libertad el presunto responsable del asesinato de Paola Bunrostro, por las fallas en la investigación.
“Cuando lo dejan en libertad decidimos pedir el cuerpo. También fue una negativa muy tajante. Me decían: ‘no te la vamos a dar, porque no eres familiar’. Entonces todo eso me dio mucho enojo, mucha contención, mucha frustración. Lo único que hicimos fue gritar en las calles con el cuerpo de Paola”.
Kenya Cuevas durante su participación en la disculpa pública. Retrato de Paola Buenrostro
Este proceso, sin embargo, llevó a Kenya a luchar desde cero por visibilizar los derechos de las trabajadoras sexuales, y a combatir las violencias que enfrentan las mujeres trans al ejercer el trabajo sexual.
Desde su perspectiva, eso ha provocado cierta visibilidad importante dentro de las instituciones sobre las trabajadoras sexuales trans.
De hecho, La Casa de las Muñecas Tiresias se constituye un 2 de Abril de 2018 con la denuncia a la Comisión de Derechos Humanos por las violaciones a derechos que vivieron como grupo organizado por parte del Ministerio Público, por impulsar la justicia en el caso de Paola como víctima directa y Kenya como víctima indirecta.
Y esa denuncia quedó parada más de tres años. Hasta que Kenya habló personalmente con la titular de la CNDH. Kenya lo describe:
“Llegué directamente con la presidenta. Logré que esa queja saliera de la congeladora y la coloco en la Cuarta Visitaduría donde ya se hace una investigación y se llega a una recomendación. En esta recomendación implican seis puntos recomendatorios muy claros, uno de ellos, en el segundo, indica que hay una reparación, una disculpa pública por la violación a derechos humanos”.
Y así, en un proceso de reflexión, Kenya asegura: “En México, a las víctimas no se les acompaña, se les victimiza y se les abandona en el proceso”.
Asegura que con el 60% de todos los puntos recomendatorios llegaron a la disculpa pública.
“Es un acto solemne muy muy importante para la comunidad trans y que ejercen trabajo sexual. Es reconocimiento a una violación a derechos que tiene la Fiscalía sistemáticamente, pero que también está haciendo acciones que a través de lucha la Casa de las Muñecas pues hemos logrado estos cambios estructurales dentro de la Fiscalía, que realmente seamos escuchadas como cualquier otro ciudadano que paga impuestos”.
Las amigas y compañeras trabajadoras sexuales de Paola y Kenya presentaron diversos performances como homenaje a su amiga.
Kenya denuncia en entrevista que la Fiscalía, una institución que debería otorgar justicia, ha sido “homofóbica, transfóbica y lesbofóbico históricamente”; pero gracias al acompañamiento que han dado desde la Casa de Muñecas Tiresias y otras, han logrado que se reconozca a la familias alternas y elegidas por ellas mismas, otro de los problemas que tuvieron con Paola Buenrostro.
Además de las disculpas, este viernes develaron en la calle Juan Aldama una placa en memoria de Paola Buenrostro.
“La revelación de la placa de Paola es de suma importancia histórica, pues es transformar un cuadrante con tan mala reputación, ¿no? Que históricamente sabemos que uno de los primeros agresores es la Secretaría de Atención Ciudadana”.
Para Kenya como titular de de las Muñecas Tiresias, esto es un paso histórico en la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales trans, que a su parecer, han sido las más abandonadas.
“Es histórico. Es un momento clave de la lucha. Hemos demostrado que en tan poco tiempo las mujeres trans nos hemos colocado en donde siempre han estado las personas de la diversidad sexual y que nosotras siempre quedamos abandonadas”.
«Nuestra venganza es que seamos felices»
Durante la disculpa Kenya leyó una carta que escribió para Paola:
“Lo que parecía un hecho incuestionable dio un revés en la historia. Tu agresor fue liberado por falta de pruebas. Nuestros testimonios, desestimados; así como nuestra identidad, cuestionada. En aquel recinto de gobierno llamado ministerio público, donde nos condenaron a luchar y a resistir. Porque en estos cinco años tu memoria ha resistido conmigo. El día de hoy deposito parte de esa memoria en este lugar donde perdiste la vida. Aconteció que en este lugar, donde hay una placa con tu nombre esperando ser colocada; desafiando al olvido que encontró un límite con tu muerte, motor de indignación que nos llevó a cerrar una avenida con tu cuerpo en un ataúd; porque en medio de esa incertidumbre llegaron tus hermanas, te abrazamos. Llegó esa comunidad que te cargó en medio de la avenida de los Insurgentes, para protestar por la liberación de tu agresor, que dijo que tú sola te habías disparado…
“Los crímenes de odio en contra de las mujeres trans son una realidad que ya no podrá ser negada porque tu muerte ha sombreado esperanza a nosotras las mujeres trans. Con ella nos hemos vuelto visibles ante la sociedad, ante el gobierno. Poco a poco hemos sido reconocidas y abrazadas, todo aquello gracias a la historia de lucha que comenzó con tu muerte y que ha tomado dimensión con aquel refugio que lleva tu nombre: Casa Hogar Paola Buenrostro. Paola, aún nos faltan batallas que ganar pero el día de hoy nos encontramos aquí celebrando y haciendo historia. Con toda seguridad te digo que nuestra venganza es… que seamos felices”.
Haciendo caso omiso de la actual crisis de violencia e inseguridad que azota al pueblo Yaqui, AMLO pide perdón por los agravios e intentos de exterminio… del Porfiriato.
En su visita a Vicam, Sonora, el 28 de septiembre, AMLO inauguró el llamado “Plan de Justicia del Pueblo Yaqui” y pidió perdón por los agravios del pasado sin mencionar el incremento de asesinatos, secuestros y desapariciones de miembros del pueblo yaqui en los meses recientes e ignorando las exigencias de justicia de los habitantes de Loma Bacúm, uno de los 8 pueblos tradicionales.
Esta actividad se llevó a cabo más de dos meses después de que diez yaquis de Loma de Bácum fueron secuestrados y desaparecidos, sin que hasta la fecha se hayan realizado las investigaciones prontas y expeditas. Los integrantes del pueblo yaqui de Loma de Bácum, que hoy exigen la aparición con vida de sus hermanos, no sólo fueron exlcuidos de la invitación a este acto anunciado como histórico, sino que incluso fueron expulsados del mismo por demandarle al presidente la presentación con vida de sus familiares. Mónica Valencia Flores, gobernante de la guardia tradicional de Loma de Bácum, no fue siquiera mencionada en la ceremonia, a pesar de ser autoridad comunitaria de este pueblo.
Familiares y amigos de los desaparecidos llegaron sin invitación al acto, encabezado por el presidente, portando lonas y estandartes con las fotografías de los desaparecidos y exigiendo diálogo con el jefe del ejecutivo, pero una vez más no fueron escuchados. El pueblo yaqui de Loma de Bácum exige que se realicen nuevas investigaciones para identificar los cuerpos de los desaparecidos porque, hasta el momento, el informe de la fiscalía del estado en la que muestra supuestas pruebas de restos óseos, encontrados hace unos días, no es congruente ni convincente para los familiares.
Cabe recordar que los diez yaquis desaparecidos el 14 de julio en Loma de Bácum estaban haciendo trabajo de vigilancia y seguridad comunitaria cuando fueron secuestrados. Se trata de Benjamín Portela, de 65 años; Artemio Arballo, de 60 años; Martín Hurtado, de 53 años; Gustavo Acosta, de 49 años; Heladio Molina, de 44 años; Braulio Pérez, de 40 años; Leocadio Galaviz, de 38 años; Fabián Sombra, de 34 años; Juan Justino Galaviz, de 28 años, y Fabián Valencia, de 27 años.
Indígenas yaquis de Loma de Bacúm protestan por la desaparición reciente de una decenas de pobladores durante el acto de AMLO, del que fueron excluidos. Vicam, Sonora, 28 de septiembre de 2021.
El reclamo de justicia de la Tribu Yaqui es de larga historia en la defensa del territorio contra los megaproyectos. En los últimos años, este pueblo ha luchado sin freno contra la construcción del Acueducto Independencia, mismo que no se cancelará en el Plan de Justicia, a pesar de que existe un reclamo colectivo contra este megaproyecto de infraestructura que inició en 2010 como la piedra angular del proyecto Sonora Sistema Integral, destinado como principal fuente de agua para la ciudad capital de Hermosillo. Pese a que la ceremonia de firma del plan incluyó una ceremonia para el regreso del agua al Río Yaqui, saludos al sol y bendiciones a los animales y a los árboles, este proyecto de gran envergadura contra el que ha luchado el pueblo yaqui por más de una década, no será interrumpido por el llamado “Plan de Justicia”, por el contrario, el plan contempla entre sus acuerdos “la construcción de un acueducto de 158 kilómetros para el abastecimiento de agua”.
A pesar de haber sido piedra angular en la lucha contra el Gasoducto Sonora, los yaquis de Loma de Bacúm quedaron fuera de la firma de los acuerdos en lo que pareció ser un silenciamiento de cualquier voz que pudiera romper el supuesto idilio de la ceremonia oficial.
En esta región de los ocho pueblos yaquis hay 25 concesiones otorgadas a empresas mineras de Canadá, Estados Unidos y México que están en operación, de acuerdo con la misma Cartografía Minera de la Secretaría de Economía del gobierno mexicano. Pero de esto no se dijo nada durante la última visita del presidente.
La resistencia de los pueblos yaquis ha tenido que enfrentar asesinatos, amenazas, encarcelamientos y desapariciones forzadas. La militarización se ha extendido de manera exacerbada en los últimos años por este territorio sin que las violencia y las desapariciones cesen; por el contrario, éstas parecen incrementar en relación con los fuertes intereses comerciales que se mueven en la región. Quizás el hecho de que el pueblo yaqui de Loma de Bácum
haya cuestionado la destrucción y el acaparamiento de la tierra por empresas trasnacionales y la construcción del megaproyecto en ciernes tenga algo que ver con su silenciamiento. La exigencia por la aparición con vida de sus familiares desaparecidos y por justicia cuestiona las bases de lo que el presidente quiere nombrar ahora como “Plan de Justicia” en esa región.
Mérida.- Trabajadores adheridos al Sindicato Independiente de Trabajadores de Investigación de Cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se manifestaron en el Monumento a la Patria de Paseo de Montejo para exigir la firma de un contrato colectivo de trabajo con mejores prestaciones para todos ellos.
Los trabajadores inconformes portaron pancartas con las consignas: “Sin ciencia no hay futuro”, “#CienciaBajoProtesta”, ”Somos pueblo haciendo ciencia”, “Derechos no son privilegios”, y también gritaban “Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar, por una ciencia digna, con futuro laboral”.
Esta protesta se da luego del rechazo de Conacyt a firmar el contrato colectivo de trabajo propuesto por el sindicato y la negativa de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a reconocer su derecho a huelga; los empleados denunciaron que desde 2014 no han recibido incrementos salariales y a pesar de ello, no es este el objetivo de su propuesta, sino la estabilidad y certidumbre de las cátedras, reconociendo su estatus de trabajadores de base y no como actualmente son considerados como personal de confianza.
Los manifestantes son de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, es decir, unas 150 personas de la Península que se encuentran en esta situación.
La protesta se llevó a cabo también en Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes y en el caso de Veracruz afuera del Instituto de Ecología (Inecol) en Xalapa. En esta última señalaron que se han registrado más de 600 despidos injustificados dentro del programa Cátedras Conacyt.
Explicaron que se les pide lo que a otros profesores no se les pide para conservar sus trabajos, como mantener el nombramiento del sistema nacional de investigadores, entre otras cosas como hacerse contrato por la institución receptora. Sin embargo en estos momentos no hay plazas disponibles.
Los manifestantes acusaron al Conacyt de emitir nuevos lineamientos de contratación que tienen como objetivo la burocratización del quehacer científico y pretende obligarlos a buscar un empleo.
La familia de Fanny, la joven de 16 años asesinada en Oaxaca en un crimen que se hizo pasar por “suicidio”, ha sufrido amenazas a raíz de su exigencia de justicia. Amenazas que podrían venir de parte de un agente municipal de El Porvenir.
OAXACA.- A dos días de su deceso, Dora Anabel Hernández Bautista, la tía de Fanny, una joven de 16 años que fue hallada sin vida el pasado 26 de septiembre exigió que se investigue a Isaac Hernández Guillen, agente municipal de El Porvenir, San Juan Cotzocón Mixe por acosar, golpear y amenazar a su sobrina; y también dijo que se debe investigar a su esposo Alexis Trujillo, que siempre ejerció violencia familiar contra la joven.
Risueña, de pelo negro y sonrisa bonita así recuerda Dora Anabel Hernández Bautista a su sobrina Fanny Guadalupe, quién dejó en la orfandad a una niña de 6 meses de edad, a quién Fanny quería darle una mejor vida, pero no pudo, porque la mataron.
“No fue suicidio, a mi sobrina la mataron” expresó Dora Anabel quién alertó que siente miedo ante las amenazas recientes que recibió de parte del esposo de su sobrina y también del agente municipal.
“El día que la estábamos velando llegó el marido de Fanny y me dijo que me calmara, porque yo podría ser la próxima, tengo miedo, pero no puedo callarme, perdí a mi sobrina, una niña alegre que tenía el sueño de ser militar y darle mejores condiciones a su pequeña, pero no pudo, porque su marido siempre la acosaba y la golpeaba”, expresó.
Detrás del teléfono recordó que el 30 de agosto del 2021, acompañó a Fanny a denunciar las amenazas y acoso que había sido víctima el 13 de julio de este año, de parte del agente municipal para que existiera un antecedente, pero nadie hizo nada y Fanny ya está muerta.
Dora Anabel denunció que ella también es víctima de acoso y amenazas del agente municipal. “Luego de la denuncia del 30 de agosto me citó a su oficina el 1 de septiembre, pero no fui, entonces me mandó avisar que me va a encarcelar por desobediencia, temo por mi vida”.
Con el feminicidio de Fanny, su tía, una joven de 24 años de edad que es cocinera en un restaurante local de la comunidad asumió la crianza de la hija de la joven y solicitó de forma urgente protección para ella y su familia ante los sucesos que han vivido.
“Nos sentimos desprotegidos y solos, por una parte, el agente municipal tiene poder y puede hacernos muchas cosas malas, estamos encerrados sin poder salir y por el otro, el marido de Fanny también es una persona grosera y mala, y tememos por nuestra vida”, alertó.
Colectivas, feministas, activistas y organizaciones civiles de Oaxaca exigieron justicia y captura a los responsables del feminicidio de la joven. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que activó el protocolo de investigación por delito de feminicidio.
De acuerdo al colectivo Ges Mujer, con el feminicidio de Fanny suman 66 oaxaqueñas asesinadas en lo que va del año, de un total de 561 casos de mujeres asesinadas en lo que va de la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa (1 diciembre 2016 – a la fecha).
Este trabajo fue realizado por ISTMO PRESS, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar el original http://www.istmopress.com.mx/istmo/fanny-queria-darle-una-mejor-vida-a-su-hija-pero-la-mataron-y-ahora-nos-amenazan-por-exigir-justicia-alertan-familiares/
Daniel* fue reportado como desaparecido, el 15 de junio de 2019. El expediente de su búsqueda se abandonó por más de un año en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, siendo que su familia había indicado el lugar exacto donde, lamentablemente, se podría localizar su cuerpo.
Dos años después, tras una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, las autoridades “retomaron” la investigación, y sin avisar realizaron una inspección en el sitio donde la familia sabe que está Daniel, pero sin mayores explicaciones decidieron no realizar excavación alguna, asegurando que ahí no había nada, con lo cual dieron por cerrada esa línea de investigación.
La madre de Daniel quiere que la Fiscalía haga bien su trabajo, pues sino lo hacen abandonarán en el lugar el cuerpo de su hijo y el de otras posibles víctimas.
Darwin Franco / Zona Docs
El teléfono de la señora María sonó un año después de haber presentado la denuncia por la desaparición de su hijo, Daniel, ocurrida en Tonalá, Jalisco, el 15 de junio de 2019.
Quien marcó le dijo que encontró su denuncia debajo de cientos expedientes que fueron olvidados en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco.
Ese funcionario público al que mandaron a realizar una limpieza en los archivos decidió marcarle para notificarle lo que pasó con su expediente y para recomendarle que mejor pusiera una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), pues en Fiscalía “su caso ya no avanzaría”.
“Yo todo ese tiempo pensé que la denuncia sí había continuado, pero como nunca di los nombres que me pedían, ahora sé que no pasó nada. Yo lo que sí dije fue el lugar donde sé que pueden encontrar a mi hijo, pero ellos lo que querían es que les diera nombres de las personas involucradas, pero cómo iba a saber yo esos nombres…”.
La obligación de indagar e investigar quién o quiénes pueden ser los posibles responsables de un delito es obligación directa de los policías investigadores o del ministerio público asignado a un caso, no de las o los denunciantes; sin embargo, funcionarios de la Fiscalía en Desapariciones constantemente les hacen creer a las familias “que si ellas no dan nombres, no dan direcciones o puntos de búsqueda, ellos no pueden hacer su trabajo”.
Eso fue lo que pasó con la desaparición de Daniel, al no dar nombres, optaron por archivarlo, esto sin comprender que por las características del caso, existía para la familia un gran riesgo en el nombrar o señalar a presuntos responsables.
“A nosotros nos detuvo el miedo, pues no estamos solos… tenemos más familia y nos da miedo que puedan hacerles daño, pero ellos (en Fiscalía) sólo quieren nombres”.
La familia de Daniel ante la nula respuesta de la Fiscalía ha acudido a diversas instancias para exigir se haga valer su derecho a una investigación y búsqueda, tiene ya su queja en la CEDHJ; también un expediente en la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco y en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Donde ha tenido más apoyo ha sido en la CEDHJ, instancia desde la que se ha ejercido presión, mediante el envío de oficios y reuniones presenciales, para que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas realice el cateo del sitio donde la familia tiene información de que podría estar el cuerpo de Daniel.
Esta propiedad privada en el municipio de Tonalá es identificada por vecinos de la zona como un lugar que ha sido usado para la venta y consumo de drogas; también es sabido que muchos de quienes han entrado ahí, ya no se les ve salir; sin embargo, esta información que se entregó a la Fiscalía no ha sido válida porque le aseguran que “mientras no haya testigos o declaraciones escritas de un tercero, ellos no pueden hacer ni investigar nada”.
“En Fiscalía me dijeron muchas veces que sin esos testigos no podrían hacer que un juez les autorizara el cateo en esa propiedad, así que me volvían a pedir que les llevara a las personas que me dijeron eso, pero yo insistí que eso lo averiguamos nosotros y que sólo les pedíamos que fueran a revisar como parte de la búsqueda de mi hijo”.
Tras la presión de la CEDHJ, la Fiscalía aceptó -luego de dos años de la desaparición de Daniel- tener algunas reuniones para realizar un plan de búsqueda en el sitio que se les había ya indicado dese que se presentó la denuncia en 2019.
La búsqueda en el lugar se acordó se notificaría a la familia, a la CEDHJ y la Comisión de Búsqueda para que todo mundo estuviera presente; sin embargo, esto no pasó así.
“A principios de septiembre, vecinos del lugar me avisaron que en esa casa ya habían estado los de Fiscalía realizando una búsqueda… así que les llamé para preguntarles por qué no me habían avisado y para saber qué habían encontrado. Lo primero que me dijeron es que nunca les contesté el teléfono, lo cual es falso porque nunca me llamaron; después me dijeron que no escarbaron en los tres sitios donde tuvieron positivo porque la inspección superficial nos arrojó ningún indicio de la presencia de una fosa”.
Además, agrega la señora María, que ya no quisieron hacer nada más porque temían que la dueña del lugar les demandase por daños a su propiedad, así que optaron por no hacer más que búsquedas en superficie con binomio canino y varillas.
“Lo de mi hijo ya pasa de dos años, también lo de las otros jóvenes que sabemos también están en el lugar, así que tocaba hacer una inspección más profunda para agotar toda posibilidad, pero no lo hicieron… no escarbaron nada y eso se ve en las fotos que me mandaron; incluso, ahí se ve que ni siquiera buscaron en el lugar donde yo les había dicho, un espacio pegado a una pared y también en un pozo de agua que hay en la propiedad”.
La información de que este lugar ha sido un sitio de inhumación clandestina, la familia de Daniel lo supo porque vecinos de la zona han realizado ya esa denuncia e, incluso, esperaban que tras el operativo de Fiscalía “se pudieran exhumar a quienes ahí han sido enterrados”, pero esto no pasó porque a decir de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, “la búsqueda fue negativa”.
“Ellos no encontraron nada porque no hicieron bien su trabajo, no escarbaron en ninguno de los tres sitios que yo les había indicado, no preguntaron sobre ese pozo de agua donde se dice que arrojaban las personas desde hace mucho tiempo. Mi exigencia es que se repita la inspección en el lugar, pues ahí sé que está mi hijo”.
No obstante, la Fiscalía asegura que al no haber nada en el lugar, esa línea de investigación debe cerrarse para indagar otras posibles indagaciones para dar con el paradero de Daniel.
“Ellos tiene que escarbar, ellos tienen que hacer bien su trabajo, yo quiero que hagan eso, y si ya después de hacerlo no hay nada, pues no hay nada, pero así nada más por encimita como le hicieron, pues no van a encontrar nada… a mí esas fotos que me mandaron no me dicen si lo hicieron bien, no me dice si buscaron donde les indiqué…”.
El día en que fue desaparecido y asesinado Daniel, se sabe que otros tres jóvenes fueron víctimas de los mismos delitos; por ello, para sus familias es importante que se haga una búsqueda más amplia en ese lugar para así encontrarlos a todos.
“Pero ellos, en lugar de buscar bien, me siguen preguntando cómo sé que están ahí, y yo les digo que eso es algo que se sabe en la zona, que es algo que ellos deberían saber si investigaran, pero quieren nombres. Un día yo me harté y les dije que, si ellos no podían sacar a mi hijo que me dijeran para yo hacerlo, pero me pidieron que no lo hiciera porque, entonces, yo estaría cometiendo un delito. ¿pero qué hay del delito que cometieron contra mi hijo? ¿de los delitos que se cometieron en el lugar? Su excusa por mucho tiempo es que sin datos ningún juez les daría orden de cateo, pero al final de cuentas hicieron el cateo sin esos datos, pero de qué sirvió si no trabajaron correctamente”.
Por tanto, la exigencia de la familia de Daniel es que se repita el cateo y que se escarbe de manera adecuada porque si no se hace se corre el riesgo de que se queden abandonados los restos de quienes ahí fueron enterrados:
“Queremos que hagan su trabajo, que repitan la búsqueda y que nos dejen estar presentes. Queremos que lo hagan porque esa es la única manera en la que podemos encontrar a mi hijo. Yo no quiero saber quién cometió el crimen, yo no busco responsables sólo quiero recuperar lo mío, mi hijo”, concluyó María.
En lo que va de 2021, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha reportado la localización de 18 fosas de las que se han exhumado 245 cuerpos de personas fallecidas no identificadas.
** El nombre de Daniel y su madre fueron cambiados por cuestiones de seguridad.
Veracruz, Ver.- Con el fin de resolver su situación migratoria, la mañana de este jueves, un gran número ciudadanos Haitianos acudieron a la delegación del Instituto Nacional de Migración del puerto de Veracruz, donde se confrontaron con el personal por la lentitud de su atención.
Acusan que desde hace tres días esperan turno para efectuar trámites.
Sin embargo, cada vez que acuden a la delegación les argumentan que primero van a atender a las personas con niños pequeños.
Esto generó malestar entre los jóvenes que estaban haciendo fila y que les tocaba entrar.
Los migrantes solicitan al personal de migración que les otorgarán ficha pero les fue negada.
“Tenemos tres días que venimos a formarnos y nos dicen lo mismo, que primero van atender a quienes tienen niños chiquitos, entonces que nos den una ficha porque todos los días es lo mismo y estamos aquí en el sol. Reciben solamente a las familias y a los solteros nos dicen que mañana y que mañana y seguimos aquí parados en el sol”, comentan.
Denuncian que llegan en horas de la madrugada para ser de los primeros atendidos por migración, sin embargo, los saltan en la fila y los hacen esperar todo el día para el final decirles que la oficina cerró y que vuelvan mañana.
Los haitianos hicieron fila afuera de la delegación ubicada en la calle Lerdo Esquina 5 de Mayo.
Con todo y sus hijos se sentaron en las banquetas a esperar turno mientras otros se hicieron de palabras con el personal de migración.
En una breve entrevista, Jimmy, uno de los solicitantes admite que sus intenciones no son precisamente llegar a Estados Unidos, pues si encuentra trabajo en México se quedará a radicar en el país.
Y es que señala que la situación política de Haití es complicada, no obstante afirma que hay mucha corrupción e inseguridad en aquella isla caribeña.
Asegura que quiere cumplir las leyes de México para poder encontrar trabajo y tener una mejor calidad de vida.
Reconoce que desea estar en Haití, pues como cualquier ciudadano se siente mejor en su país, pero eso ya no es posible, México es una esperanza, “por la situación política no puedo estar allá, tengo que buscar una vida mejor, un futuro mejor”, concluye.
Isabel Vega / La izquierda diario
Los pobladores de la colonia Vista Hermosa en el municipio Jiutepec Morelos, reportaron desde el 19 de septiembre la formación de tres grietas, mismas que fueron provocadas por las detonaciones de dinamita de la empresa Triturados no Metálicos Jiutepec.
Además las y los pobladores exigieron el cese de actividades de dicha mina, pues el cerro Piedras Preciosas corría el riesgo de desgajarse poniendo en riesgo las viviendas y vidas de quienes ahí habitan, situación que finalmente ocurrió.
Doce casas y cuatro lotes fueron perdidos por el deslave del cerro, no se perdió ninguna vida pues los pobladores decidieron abandonar sus hogares por el peligro que corrían, sin embargo todas las pertenencias de dichas casas se perdieron por completo.
Tanto el alcalde de Jiutepec Rafael Ríos como el gobernador de Morelos Cuauhtémoc hicieron caso omiso a las peticiones de los pobladores en días pasados y recién cuando el daño estaba hecho ordenaron el cese de actividades de la mina de Trituradores no Metálicos, declararon también que habían detenido una mina de cal y arena un poco más alejada del poblado, sin embargo, reporteros de La Jornada declararon que esta seguía en funcionamiento.
Además, Rafael Reyes dijo que el detonante de la catástrofe no fueron únicamente las detonaciones en la mina, sino que las casas afectadas estaban ubicadas “en lugares en donde no se podían edificar viviendas” además de la instalación de toma de agua y drenaje. Sin embargo, los vecinos de Vista Hermosa llevan viviendo en esta zona más de 50 años y jamás se les notificó que fuera un asentamiento peligroso.
Las declaraciones de Rafael Reyes apuntan a restar responsabilidades a la empresa minera y al propio gobierno local y estatal, a la par de responsabilizar a las familias de Vista Hermosa por el deslave y la pérdida de sus hogares, pues un total de 40 casas tuvieron que ser evacuadas por el riesgo que aún permanece.
Hasta el momento no hay información sobre si serán reubicadas en viviendas dignas, mismas que deberían ser garantizadas por el gobierno y financiadas por la empresa Triturados no Metálicos, principal responsable.
Este caso remite a la derrumbe del cerro del Chiquihuite en Tlanepantla hace menos de un mes y no es casual, pues si bien las intensas lluvias facilitaron ambas situaciones, de fondo el problema es que la vivienda de las familias pobres y trabajadoras no es una prioridad para ningún gobierno, mientras el presupuesto para proyectos de extracción como el fracking sigue aumentando.
Por
Redacción Animal Político, 29 de septiembre, 2021
El municipio de León despojó de mil metros cuadrados al Jardín de Niños Juan Aldama, ubicado en la colonia Mirador Campestre, para venderlo y beneficiar una propiedad residencial del empresario Gabriel Padilla Cordero, dueño del G100 y cercano al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
De acuerdo a la investigación de Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (Poplab), la operación, que se realizó a través de Jorge Arnulfo Álvarez Tostado, un empleado del corporativo, estuvo avalada por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y se ocultó información a tres regidoras.
Detalla que el tesorero Enrique Sosa Campos, hombre de confianza del alcalde de León, Héctor López Santillana, operó para quitar los mil metros cuadrados al kínder a fin de “evitar fuera basurero” y sirvieron para hacer ampliaciones, demoliciones y un jardín en la casa de empresario, ubicada en el exclusivo residencial de Campestre El Refugio.
De acuerdo a la investigación, sin dar información a vecinos y aprovechando el periodo de contingencia por la pandemia de COVID, el municipio leonés modificó la donación de un predio de 2 mil 520 metros cuadrados, otorgado en 2010 a la Secretaría de Educación del estado, y la reformuló con anuencia formal de la propia dependencia estatal.
Añade que Sosa Campos solicitó y obtuvo la anuencia de la SEG para la desincorporación del terreno mediante una nueva donación que invalidó una primera y recortó el predio.
“17 meses de pandemia -y el cierre de escuelas- permitieron que la obra avanzara sin que los afectados pudieran hacer algo por detener el despojo. Sin éxito, integrantes de la comunidad del kínder y vecinos del Mirador acudieron a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del municipio, donde una funcionaria identificada como Claudia Jasso de plano les dijo que ‘no se podía hacer nada’”, dice la publicación.
La investigación señala que el empresario Gabriel Padilla Cordero, hijo del fallecido empresario y exalcalde priista Rodolfo Padilla Padilla, forma parte del círculo social del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, y coinciden a menudo en eventos sociales.
Detalla que Padilla Cordero ha cultivado estrechos nexos con el actual mandatario estatal primero en su campaña, en 2018, y luego ya como gobernador, Rodríguez Vallejo ha ocupado un espacio en el G100, edificio propiedad de Multiservicios Nordika, del cual el empresario es accionista mayoritario.
Hermosillo, Sonora.- Familiares, amigos y compañeros de los 10 yaquis desaparecidos el pasado 14 de julio, se manifestaron pacíficamente este martes en el evento de presentación del Plan de Justicia para la tribu presidido por Andrés Manuel López Obrador.
Portando lonas y estandartes con los rostros de los desaparecidos, los miembros intentaron solicitar diálogo con el presidente, pues ya han tenido pláticas con las autoridades municipales y estatales, pero aún siguen sin respuesta del gobierno federal.
Durante el evento, los manifestantes señalaron que no fueron oficialmente invitados al acto como miembros de la tribu, a pesar de que a ellos también se les debe perdón por los hechos del mes de julio.
Cabe destacar que en el lugar no se mencionó al guardia tradicional Yaqui, Mónico Valencia Flores, quien es reconocido por la comunidad como su legítimo representante.
Los residentes de la Loma de Bácum optaron por retirarse del sitio al no tener respuesta de quienes oficiaron la ceremonia de perdón y no ser tomados en cuenta durante el discurso de ninguna de las autoridades presentes.
Los familiares de los 10 desaparecidos buscarán que se realicen nuevas pruebas para identificar los cuerpos localizados en Loma de Bácum. Al día de hoy 28 de septiembre, aún están gestionando este nuevo análisis que avale la identidad de las personas encontradas.
La tarde de este 28 de septiembre, decenas de mujeres recorrieron las calles de la capital colimense para demandar el acceso a la interrupción del embarazo en la entidad de forma gratuita y segura y alto a la criminalización de sus derechos sexuales y reproductivos.
Durante la marcha, y en medio de una lluvia intensa, gritaron consignas como: ¡Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo! y ¡El Estado me falló, mi amiga me acompañó!
Sobre la gestión en materia de derechos humanos del gobierno saliente, de extracción priísta, las manifestantes dijeron en un pronunciamiento:
“Al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, a los diputados y las diputadas de la 59 legislatura, les repudiamos su incumplimiento de responsabilidades y la violación a nuestros derechos sexuales y reproductivos”.
Por otro lado, le recordaron al gobierno entrante, de la morenista Indira Vizcaíno Silva, así como a las Secretarías de Salud y Educación, “la deuda histórica con las mujeres y personas gestantes colimotas”. AcusaroColima no existe el acceso a una salud y educación sexual y reproductiva plena, y denunciaron la injerencia de la Iglesia Católica en las políticas publicas que tienen que ver con las mujeres.
“Oaxaca es un estado feminicida donde las autoridades son omisas, cómplices y protectores de feminicidas”. Integrantes de la Red Mariposa de Mujeres Mixe.
Tenía 16 años de edad y medidas cautelares debido a las amenazas de muerte hechas por el agente municipal de El Porvenir, San Juan Cotzocón, Issac Hernández Guillén. El fin de semana Fanny Guadalupe, fue hallada sin vida presuntamente por suicidio.
Integrantes de la Red Mariposa de Mujeres Mixe, indicaron que existen elementos para considerar que se trató de un feminicidio en el que también estaría involucrado Alexis N. de 25 años, quien tenía a la menor en su casa en calidad de pareja, producto de lo cual Fanny era mamá de una bebé de 4 meses.
Indicaron que la Fiscalía de Oaxaca debe investigar con perspectiva de género y considerar que previo a la llegada de los peritos, la escena pudo ser manipulada.
Una noche antes de que Fanny fuera encontrada sin vida en el corredor de la casa que habitaba, vecinos del lugar oyeron gritos de la adolescente. Según información recabada por la colectiva feminista, lo anterior era frecuente ya que Fanny vivía violencia de Alexis N. y de la familia de éste.
Amenazada por la autoridad
Incluso -indicaron- el 13 julio de este año la adolescente fue llamada a la oficina del agente Issac Hernández Guillén, a petición del papá y la mamá de Alexis N., para pedirle “que se portara bien”. Durante ese hecho Fanny fue amenazada y golpeada por la autoridad auxiliar.
“´Mira, a mí no se me va a ser difícil matar a una perra como tú, si yo quiero te lleno la cabeza de tiros´. Yo no le respondí nada, luego me gritó ´Ya lárgate de una vez de mi oficina, lárgate y de una vez te aviso que voy a denunciarte por vender drogas, voy a hacer a que te metan a la correccional de menores´. Por temor a que me hiciera algo, salí corriendo”, se lee en un fragmento de la denuncia interpuesta. Derivado de lo anterior fueron emitidas medidas cautelares.
El presunto suicidio se habría cometido la madrugada del 26 de septiembre. La tía de Fanny fue avisada antes de las 9:00 horas de la mañana. Los peritos llegaron después del mediodía. Durante ese lapso pobladores vieron entrar y salir a personas de la casa, entre ellos al agente municipal denunciado, e incluso alterar la escena.
“Oaxaca es un estado feminicida donde las autoridades son omisas, cómplices y protectores de feminicidas. No nos cansaremos de alzar la voz en la exigencia de justicia para Fanny Guadalupe. Ella era una adolescente de 16 años de edad con muchos sueños por delante y que se los han arrebatado”, dijeron.
La Red demandó a las autoridades medidas de protección para la familia de Fanny e investigar a fondo este hecho ya que advirtieron complicidad y corrupción del agente municipal para evitar una investigación en su contra.
También demandaron a la Secretaría General de Gobierno intervenga y retire del cargo al agente municipal para no entorpecer las investigaciones.
Sin protección de vialidad y con resistencia de la policía, más de 200 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Miguel Hidalgo” de Atequiza, Jalisco, y el colectivo Ayotzinapa Somos Todos y la Asamblea Popular y Solidaria de Jalisco marcharon por las calles de Guadalajara para recordar que hace 7 años sus compañeros fueron víctimas de desaparición forzada cometida por policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero.
Darwin Franco / Zona Docs
Muchos de las y los jóvenes normalistas rurales que marcharon este 26 de septiembre de 2021 en Guadalajara para recordar la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, tenían entre 12 y 13 años cuando ocurrió la desaparición forzada de sus compañeros.
Sin embargo, la memoria de lo ocurrido y la impunidad que persiste en la desaparición de Abel, Aberlardo, Adán, Alexander, Antonio, Benjamín, Bernardo, Carlos Iván, Carlos Lorenzo, César, Christian Alfonso, Christian Tomás, Cutberto, Dorian, Emiliano, Everardo, Felipe, Giovanni, Israel Caballero, Israel Jacinto, Jesús, Jhosivani, Jonás, Jorge Álvarez, Jorge Aníbal, Jorge Antonio, Jorge Luis, José Ángel Campos, José Ángel Navarrete, José Eduardo, José Luis, Julio César, Leonel, Luis Ángel Abarca, Luis Ángel Francisco, Madgaleno, Marcial, Marco, Martín, Mauricio, Miguel Ángel Hernández, Miguel Ángel Mendoza y Saúl, los hizo salir nuevamente a las calles como ininterrumpidamente lo hacen desde hace siete años.
Lamentablemente, las condiciones para marchar persisten, pues sus compañeros no han sido localizados, la justicia no ha llegado, pues ninguno de los responsables ha sido castigado por la desaparición forzada de los 43 normalistas o por el asesinato de sus tres compañeros.
Tampoco ha cambiado la situación de abandono institucional y presupuestal de las escuelas normales rurales del país, las cuales persisten por el ímpetu y resistencia de profesores y alumnos, pero no así por el apoyo gubernamental que sólo se incrementó los años posteriores a la desaparición de los 43, pero que después ha ido decreciendo año con año.
Pese a todo ello, las y los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Miguel Hidalgo” de Atequiza, Jalisco, acompañados del colectivo Ayotzinapa Somos Todos Jalisco y la Asamblea Popular y Solidaria de Jalisco marcharon del Parque Revolución (mejor conocido como Parque Rojo) hacia Palacio de Gobierno para de forma pacífica recordar a la autoridad y la ciudadanía que aún no se localiza a sus compañeros desaparecidos.
La marcha que inició a las 18 horas comenzó sin un operativo de las autoridades viales, pese a ellos, la organización se las ingenió para cerrar avenida Juárez para tomar rumbo hacia Palacio de Gobierno; el camino estuvo lleno de cánticos y consignas en apoyo a la educación rural y contra la violencia del Estado; así mismo se realizó el pase de lista de sus compañeros que al final concluye con un fuerte llamado a la justicia.
Al llegar el contingente a la esquina de Juárez y Ramón Corona, un grupo de oficiales de Seguridad Vial impidió el paso de las y los normalistas hacia Palacio de Gobierno argumentando que en ese momento se estaba desarrollando otra manifestación y que, por tanto, podrían pasar las personas, pero no así el vehículo que servía como equipo de sonido para llevar a cabo el mitin por los 43 de Ayotzinapa.
La tensión subió entre autoridades y manifestantes, pues éstos hacían ver a las y los policías que no podían impedir su derecho al libre tránsito, lo cual derivó en un conflicto porque las autoridades se mostraron inflexibles ante la exigencia del derecho constitucional.
Finalmente, las autoridades tuvieron que ceder, pues no había fundamento ni razón en negar el paso a las y los normalistas, ni al vehículo que con un altavoz acompañaba su manifestación.
El mitín después del altercado con las autoridades se llevó a cabo en la Plaza Liberación -donde una hora antes las colectivas feministas exigieron al Congreso de Jalisco, la despenalización del aborto-; ahí las y los estudiantes normalistas rurales de Atequiza exigieron a las autoridades que cumplan las promesas que han realizado a las madres y padres de los 43, pues a tres años de que entró el gobierno de López Obrador, las comisiones especiales y las nuevas líneas de investigación que se siguen tampoco han dado verdad ni justicia a las familias.
“Han pasado ya siete años de esta trágico suceso donde perdimos compañeros, amigos y familiares, los padres se han roto las piernas buscando, por eso no nos cansaremos hasta encontrarles”, mencionó uno de los oradores.
Por su parte, Armando de la Asamblea Popular y Solidaria de Jalisco recordó que la impunidad gobierno no sólo en el caso de la desaparición de los 43 normalistas, sino en todas las desapariciones del país: “tenemos que seguir exigiendo justicia y no cansarnos en la búsqueda de todas y todos los desaparecidos hasta que tengamos verdad y justicia”.
En el acto también se reprobó la actitud de las autoridades de Jalisco, a quienes se les recordó que “los derechos no se negocian”; por lo tanto, ellas y ellos seguirán tomando las calles de Jalisco para exigir la localización de sus 43 compañeros, así como un alto a las agresiones que sufren todas las escuelas normales rurales del país.
Un nutrido grupo de personas salieron este lunes 27 de Septiembre a las calles de la ciudad de Tepic para exigir justicia por la muerte de la joven Sajhaidy Delgado de 27 años.
Mediante una manifestación pacifica que inició en avenida México y continuó a Palacio de Gobierno, mujeres y hombres alzaron la voz para pedir a las autoridades, esclarezcan el lamentable hecho y detengan a él o los los responsables de arrebatarle la vida a Sajhaidy, quien era madree de dos menores.
Al grito de “Justicia para Sajhaidy, ni una más, vivas las queremos”, piden al Gobierno de Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, la muerte de la joven no quede impune.
Fue el pasado jueves cuando la joven fue encontrada aun con vida
pero inconsciente en el libramiento carretero de Tepic, siendo trasladada a un hospital de la capital Nayarita, siendo este domingo cuando perdió la vida.
PALABRAS DE LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS EN OCASIÓN DE LA MARCHA CONTRA LA DESTRUCCIÓN DE LA NATURALEZA.
En Viena, Austria. En voz de la compañera Libertad, el día 24 de septiembre del 2021.
Buenas tardes.
Ésta es nuestra pequeña palabra en una pequeña historia:
Hay una mujer.
No importa el color de su piel, porque tiene todos los colores.
No importa su idioma, porque escucha todas las lenguas.
No importa su raza y su cultura, porque en ella habitan todos los modos.
No importa su tamaño, porque es grande y sin embargo cabe en una mano.
Todos los días y a todas horas esa mujer es violentada, golpeada, herida, violada, burlada, despreciada.
Un macho ejerce sobre ella su poder.
Todos los días y a todas horas, ella viene a nosotras, nosotros, nosotroas.
Nos muestra sus heridas, sus dolores, sus penas.
Y sólo le damos palabras de consuelo, de lástima.
O la ignoramos.
Tal vez como limosna le damos algo para que cure sus heridas.
Pero el macho sigue su violencia.
Nosotras y ustedes sabemos en qué terminará eso.
Ella será asesinada y con su muerte morirá todo.
Podemos seguir dándole sólo palabras de aliento y medicinas para sus males.
O podemos decirle la verdad: la única medicina que puede curarla y sanarla por completo, es que enfrente y destruya a quien la violenta.
Y podemos también, y en consecuencia, unirnos a ella y pelear a su lado.
A esa mujer nosotros los pueblos zapatistas la llamamos: “madre tierra”.
Al macho que la oprime y la humilla, pónganle el nombre, el rostro y la figura que ustedes quieran.
Nosotros los pueblos zapatistas llamamos a ese macho asesino con un nombre: capitalismo.
Y hemos llegado hasta estas geografías para preguntar, para preguntarles.
¿Vamos a seguir pensando que con pomadas y calmantes se solucionan los golpes de hoy, aunque sabemos que mañana será más grande y profunda la herida?
¿O vamos a pelear junto con ella?
Nosotras las comunidades zapatistas hemos decidido luchar junto a ella, por ella y para ella.
Es todo lo que podemos decirles.
Muchas gracias por escucharnos.
Viena, Austria, Europa, Planeta Tierra.
24 de septiembre del 2021.
Reportaje coordinado por Laure Delalande, Néstor Genis y Silvya Marquez de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas con la edición de Thelma Gómez; corrección de estilo Maura Arzate.
Publicado en Proceso
En la huasteca veracruzana, funcionarios de Sembrando Vida diseñaron una estrategia para favorecer a empresas cercanas a sus amigos y familiares: a los beneficiarios del programa, se les obligó a comprar herramientas e insumos de baja calidad con esos proveedores.
En la huasteca veracruzana, funcionarios de Sembrando Vida diseñaron una estrategia para favorecer a empresas cercanas a sus amigos y familiares: a los beneficiarios del programa, se les obligó a comprar herramientas e insumos de baja calidad con esos proveedores. Los técnicos y campesinos que denunciaron esta práctica fueron despedidos o dados de baja del principal programa social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Han pasado nueve meses desde que Gonzalo compró cerca de cinco kilos de semillas de jamaica. El tiempo no ha logrado aminorar su enojo y decepción. Desde que recibió los paquetes, se le hizo extraño que no tuvieran etiquetado o marca; que solo estuvieran envueltos con plástico negro y papel de estraza. Al abrir el primer empaque, percibió un olor agrio. Al extender el contenido, se indignó aún más al ver que eso parecía un montón de cáscaras de pepita, abiertas y mojadas. Eran 12 mil pesos de semillas pudriéndose entre sus dedos.
Para adquirir esas semillas de jamaica, así como otras de papaya y limón —estas últimas también en descomposición—, el campesino utilizó cerca de 20 mil pesos que su grupo de sembradores recibió como “apoyo económico adicional” del programa Sembrando Vida.
El sembrador —a quien en esta investigación se llamará Gonzalo, porque solicitó ocultar su identidad para evitar represalias— recuerda que no tenía idea de quién era el proveedor de esos paquetes de semillas podridas, porque la gente que le entregó los productos eran y siguen siendo funcionarios de Sembrando Vida, uno de los programas sociales emblemáticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Este programa, que busca combatir la pobreza rural y la degradación ambiental, consiste en pagar un jornal de cinco mil pesos mensuales a los sembradores beneficiarios, quienes deben integrarse a una Comunidad de Aprendizaje Campesina (CAC), como se le conoce a los grupos con 25 personas, e implementar sistemas de siembra de árboles frutales y maderables en sus parcelas.
El caso de Gonzalo no es aislado. Al realizar entrevistas con integrantes de 17 CAC de la región norte de Veracruz, se pudo documentar que por lo menos 400 beneficiarios de Sembrando Vida se vieron obligados a reponer, con su dinero, los insumos de mala calidad que adquirieron con proveedores impuestos por funcionarios del programa en la entidad. Eso, además, provocó que se retrasaran los planes de trabajo en sus parcelas.
Esta investigación periodística, realizada por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, documentó que detrás de este y otros episodios padecidos por sembradores en la región norte de Veracruz están funcionarios de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, sus familiares o amigos.
Técnicos y facilitadores del programa Sembrando Vida amenazaron a sembradores de la huasteca veracruzana con sacarlos del programa federal si no compraban con cuatro empresas y tres personas físicas. Estos proveedores impuestos entregaron semillas en mal estado, herramientas de mala calidad o productos a sobreprecio; así lo revela una veintena de facturas, recibos bancarios, catálogos de artículos, cotizaciones, fotografías, audios y otros documentos entregados por 36 sembradores y cinco exfuncionarios de Sembrando Vida.
Este esquema, en el que se obliga a los sembradores a comprar con los proveedores impuestos por funcionarios, operó sin ningún problema durante al menos siete meses en la huasteca veracruzana.
Hidrauver: la empresa del amigo
Desde mayo de 2020, Emmanuel Randú Ortiz Herrera, restaurantero veracruzano y político de Morena, está a cargo de la coordinación territorial del programa Sembrando Vida en esta región que incluye los municipios de Pánuco, El Higo, Pueblo Viejo, Tamalín, Tampico Alto, Tempoal, Tantima, Tantoyuca, Tuxpan y Uzuluama.
En su declaración patrimonial, Randú Ortiz señala que antes no había trabajado en el gobierno; también informa que es licenciado en Administración de Empresas en el ramo turístico y que tiene un restaurante. Se trata de la cafetería “Candiles”, ubicada en el municipio de Perote, Veracruz.
Antes de ser funcionario federal, en 2018 Randú Ortiz fue candidato a diputado local por Morena en Perote, pero perdió en las urnas. En su historia política también sobresale que fue presidente del comité municipal del PRD entre 2014 y 2017.
Para operar Sembrando Vida en su territorio de asignación, Randú Ortiz integró su equipo de trabajo con 20 facilitadores, 200 técnicos y 2 mil 400 becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sus hermanos Luis Enrique y Baruch Víctor también trabajan en la Secretaría de Bienestar, este último como facilitador del programa Sembrando Vida, pero no en la huasteca veracruzana, sino en el municipio de Perote.
Pocos meses después de que Sembrando Vida arrancó en la huasteca veracruzana, los técnicos y facilitadores del programa solicitaron a la Secretaría del Bienestar que se aprobaran “apoyos económicos adicionales” —un recurso complementario al jornal de los sembradores— para comprar insumos y herramientas.
Hasta julio de 2021, la Secretaría de Bienestar destinó 75.9 millones de pesos de “apoyos adicionales” para 669 CAC de la huasteca veracruzana, de acuerdo con documentos obtenidos vía Ley de Transparencia.
Los “apoyos económicos adicionales” se dividieron en dos entregas para cada CAC: un primer depósito de 30 mil pesos para la compra de semillas y herramientas, y otra transferencia de hasta 120 mil pesos para la instalación de sistemas de riego en los viveros comunitarios. Así lo revelan copias de solicitudes de estos apoyos que sembradores compartieron con Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
Líderes de 17 CAC de la huasteca veracruzana detallaron cómo operó el esquema de “proveedores consentidos”: en octubre de 2020, llegó el primer apoyo extraordinario por 30 mil pesos a cada grupo de sembradores. Los técnicos y facilitadores del programa no informaron a los sembradores sobre cómo debía utilizarse el recurso, tampoco les advirtieron que si el dinero no se gastaba en 30 días, debía ser devuelto a la Tesorería de la Federación.
Los sembradores mencionan que esto generó confusión y ante el temor de ser sancionados, prefirieron no gastar este dinero. Sin embargo, casi un mes después (para noviembre de 2020) el personal de Sembrando Vida les informó que solo tenían un par de días para la adquisición de herramientas y semillas, y que debían hacerlo con tres proveedores: Ageo Barradas Flores, Fe Toss Quezada y con la empresa Hidrauver.
Un sembrador líder de un CAC del municipio de Tantoyuca, Veracruz, quien pidió no revelar su nombre, señaló que compraron semillas de limón, papaya y pimienta en noviembre de 2020 con el proveedor Ageo Barradas Flores. A pesar que esta persona ya les entregó la factura por una compra de más de 11 mil pesos, cuando se le entrevistó en junio pasado, ya habían transcurrido nueve meses y el producto aún no les había llegado.
Algo similar ocurrió con la compra de semillas de canela al proveedor Fe Toss Quezada, quien finalmente las cambió por tallos de bambú, una planta que requiere mucha agua, cuando la huasteca veracruzana se caracteriza por sus sequías.
Los técnicos de Sembrando Vida promocionaron sobre todo a Hidrauver, empresa que no aparece en ningún directorio empresarial; tampoco se encuentra en las páginas del Registro Comercial de la Secretaría de Economía ni en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Los sembradores que adquirieron insumos con Hidrauver realizaron los pagos a cuentas bancarias de Jesús Herrera Herrera; también se les entregaron facturas en donde aparece el nombre de esta persona.
En las elecciones de 2017, Jesús Herrera Herrera fue el candidato suplente de Morena a la alcaldía de Perote. Baruch Ortiz Herrera, actual facilitador de Sembrando Vida y hermano mayor de Randú Ortiz, fue quien se presentó como el candidato principal por ese partido. Al final, no llegó a ser el presidente municipal porque perdió en las urnas.
Baruch Ortiz, candidato de Morena
Jesús Herrera Herrera es miembro de una familia dedicada a la venta de productos cárnicos. No existen registros de que en el pasado haya incursionado en negocios de ferretería o en la instalación de sistemas de riego automatizados.
El número de contacto que está en los catálogos de herramientas que distribuyó Hidrauver corresponde al de una carnicería que, en 2014, tenía el rótulo de “Carnicería Herrera”, como se verificó en la plataforma de Google Maps. Ahora, el establecimiento se llama “La Súper”.
Para esta investigación se buscó a los proveedores Ageo Barradas Flores, Fe Toss Quezada y a Jesús Herrera Herrera. Ninguno de los tres contestó a la solicitud de entrevista.
Depósitos a cuentas de familiares de funcionarios
A partir de diciembre de 2020, a la huasteca veracruzana llegó un segundo apoyo adicional, hasta por 120 mil pesos por CAC, para la instalación de sistemas de riego en viveros comunitarios. Funcionarios y exfuncionarios del programa Sembrando Vida en Veracruz detallaron que en reuniones con Randú Ortiz —donde se les pidió que sus celulares fueran depositados en una caja— se les exigió recomendar a ciertas empresas, distribuir sus catálogos, así como presionar y amenazar a los sembradores para que compraran con esos proveedores.
Las empresas que se recomendaron fueron Construcciones e Hidrociencias de Puebla SA de CV (COHISA), fundada en 2012; Crennel Comercial SA de CV y la persona física Alexander Hequet Moreno, quien es accionista fundador de COHISA y cuya socia es Isabel Azua Montiel, originaria de Perote, Veracruz, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa.
La empresa COHISA, la cual vendió sistemas de riego, no tiene sitio web ni tampoco aparece en las listas de proveedores del gobierno federal. En su página en Facebook, se muestran dos de sus sedes ubicadas en el centro de Puebla. Crennel Comercial SA de CV, fundada en 2010 por Jesus Antonio Trejo Alvarado y Valentín Alejandro Hernandez, tampoco tiene sitio web.
“No quiero una factura que no sea de este proveedor porque así viene estipulado. (…) Hágaselo saber de forma inmediata a todos. (…) O lo toman o lo dejan”; es lo que se escucha en una grabación que mandó el facilitador Alan Rebolledo en diciembre de 2020 a grupos de sembradores en WhatsApp, quienes en ese entonces la compartieron con periodistas de medios como La Crónica de Hoy, Versiones, Periódico Veraz, El Sol de Tampico, entre otros.
Un técnico social de esta región —cuya función es dar asesoría para procesos de desarrollo comunitario— recuerda que para no perder su trabajo, tuvo que participar en la imposición de venta de sistemas de riego: “lo vendimos como en 120 mil pesos por cada CAC, pero los costos eran muy elevados y el material era de muy mala calidad”.
Por temor a sufrir represalias, el técnico pidió proteger su identidad. Explicó cómo operó la estrategia: “Eran pagos en efectivo, y nosotros como técnicos fungimos como intermediarios, como cobradores y repartidores. Nosotros le depositamos en una cuenta al facilitador, o en ocasiones le dábamos el dinero en efectivo. (…) Todo fue imposición, todo se manejó arbitrariamente, a nosotros como técnicos se nos dijo (su facilitador Alan Rebolledo) que así tenía que ser porque eran órdenes de arriba”. Al técnico, finalmente, no se le renovó contrato en Sembrando Vida para 2021.
En febrero de 2019, cuando se presentó el programa Sembrando Vida, el presidente López Obrador destacó que se buscaba que los apoyos económicos se entregaran directamente a los campesinos, que no existieran intermediarios, como sucedía en el pasado: “Queremos que todos los apoyos lleguen de manera directa, que no haya intermediarios. Van a llegar todos los apoyos desde la Tesorería de la Federación al beneficiario”. Con este nuevo esquema, que también se adoptó en otros de los programas prioritarios, se garantizaría terminar con la histórica corrupción en los programas sociales.
Extécnicos aseguran que en diciembre de 2020, el facilitador Allan Rebolledo obligó a sus subordinados a vender malla sombra y otros insumos para viveros. Algunos de los productos fueron pagados en efectivo, pero también se pidió hacer el pago a un número de una cuenta en BBVA Bancomer, a nombre de Leonardo Rebolledo, hermano del facilitador de Sembrando Vida.
Además de Alan Rebolledo, sembradores y extrabajadores de Sembrando Vida han señalado a otros técnicos y facilitadores por presionar a los beneficiarios para favorecer a ciertos proveedores. Algunos de ellos son Eddi Castillo, Eduardo Hernández, Alder Borrager y Abraham Zumaya, entre otros.
Se buscó la postura de los funcionarios de Sembrando Vida que aquí se mencionan, pero ninguno respondió. El enlace de prensa de la Secretaría de Bienestar informó que actualmente existe una investigación en curso y que por esa razón “no se puede hablar del tema”.
Represalias contra técnicos
A pesar de las amenazas, algunos sembradores decidieron comprar su sistema de riego con proveedores de su elección. Por ejemplo, el CAC de la comunidad del Tempoal adquirió su sistema de riego con materiales de marcas reconocidas —una bomba Honda, cisterna Rotoplas, filtros Netafim, entre otras— que incluyen seis meses de garantía y corrección de fallas sin costo extra. Todo el paquete les costó 88 mil pesos, de acuerdo con la factura.
En cambio, un CAC ubicado en el municipio de Ozuluama, que adquirió su sistema de riego con un proveedor recomendado por los operadores de Sembrando Vida, pagó 115 mil pesos. En este caso, los materiales no tenían marca, solo sellos del programa; las bombas fabricadas en la India tenían calcomanías sobrepuestas de marcas reconocidas. Además, el paquete no incluía garantía ni capacitación por parte del proveedor.
Durante una visita a la región, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas documentó que los sistemas de riego instalados por proveedores recomendados por empleados de Randú Ortíz presentan varios problemas: averías en aspersores, bombas descompuestas o filtros rotos por la potencia del bombeo; eso a pesar de que fueron instalados entre diciembre y enero pasados.
“Al principio Randú y los facilitadores nos dijeron a los técnicos que teníamos que recomendar a los proveedores. En ese momento no sospechamos, porque el programa es muy bueno, había mucha esperanza, pero luego nos pidieron que teníamos que presionar a los sembradores para que compraran con ellos. En ese momento, al menos, 15 técnicos nos opusimos. ¡Y para afuera! Ya no nos renovaron el contrato, despidieron a todos los que se opusieron”, cuenta Santiago Sánchez Mundo, extécnico de Sembrando Vida en la huasteca veracruzana.
Cinco testimonios de extécnicos que estuvieron bajo el mando de Randú Ortiz, denuncian que fueron despedidos por no seguir las instrucciones y recomendar a los proveedores indicados.
Las reglas de operación de Sembrando Vida señalan que el coordinador territorial también puede sancionar a sembradores, suspenderlos definitivamente del programa, vigilar que se cumplan los planes de trabajo, entre otras actividades.
Insumos de mala calidad. Foto: Sergio Rincón.
La familia Ortiz acapara puestos y subsidios
En 2019, la Secretaría de Bienestar otorgó apoyos en especie a los beneficiarios de Sembrando Vida a nivel nacional. Para ello se realizó un contrato marco con 22 proveedores en el que se contemplaban insumos necesarios para crear biofábricas y viveros comunitarios; estos insumos fueron elegidos a criterio de los coordinadores territoriales del programa. Sin embargo, muchos de los materiales no fueron entregados a nivel nacional, de acuerdo con el informe Evaluación de Diseño 2019-2020 Sembrando Vida difundido por el Coneval.
“En 2019 el programa se enfrentó a diversos retos en la implementación y el cumplimento para cumplir con la entrega de los apoyos en especie, derivado del retraso en la realización de las licitaciones en algunos casos; y del incumplimiento o falta de disponibilidad de los apoyos en otros”, refiere el documento del Coneval.
Ante los problemas en la distribución de insumos en todo el país, para 2020 casi no se contemplaron apoyos en especie, sino que en las reglas de operación del programa se implementó una nueva modalidad, los “apoyos económicos adicionales”, los cuales deben ser requeridos formalmente por el Comité Técnico de la región. En el caso de la huasteca veracruzana, el Comité Técnico está conformado por los técnicos que trabajan con Randú Ortiz.
Randú Ortiz ha estado cerca de los programas sociales de Bienestar y Secretaría de Agricultura en Veracruz, principalmente en eventos de dispersión de créditos para la agricultura y el ganado. En dichos programas trabajó con el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, encargado de coordinar todos los programas sociales en esa entidad desde 2019.
En 2019 los otros hermanos de Randú —Luis Enrique y Baruch Víctor— comenzaron a trabajar en la Secretaría de Bienestar. Baruch fue contratado como facilitador de Sembrando Vida desde marzo de 2019, en el municipio de Perote, Veracruz, de donde es originaria toda la familia.
Actualmente los hermanos siguen en la nómina de Bienestar, según la plataforma Declaranet, a pesar de que en las pasadas elecciones Baruch se lanzó, una vez más, como candidato de Morena a la alcaldía de Perote.
Jovita Herrera, madre de Randú Ortiz, y Jorge Ortiz Hernández, que coincide con el nombre de su tío, forman parte de Sembrando Vida, pero no como funcionarios, sino como sembradores en el municipio de Perote. A través del programa, reciben 5 mil pesos cada mes.
La mayoría de la familia Ortiz Herrera no se dedica a la agricultura, sino a las panaderías, pastelerías y al ramo de los restaurantes y bares; casi todos sus negocios se encuentran en la calle 5 de mayo, en el centro de Perote, de acuerdo con facturas de los establecimientos, así como fotografías e incluso páginas web y de Facebook.
En opinión de Alfredo Elizondo Rosales, coordinador de proyectos de Gestión Social y Cooperación (GESOC) A.C., quien ha estudiado los riesgos de corrupción en programas sociales, la falta de planeación y diseño en Sembrando Vida abre la puerta a posibles actos discrecionales. Si bien ahora no están los “coyotes” o gestores que había en programas de otros sexenios, ahora estas acciones las realizan los operadores de campo, como técnicos, facilitadores o coordinadores.
“No es la primera vez ni la última que esto pasa con un programa social. Al final del día lo que acaba sucediendo es que (son programas que) tienen una finalidad política partidista”, señala Elizondo. En términos de política pública, subraya, son programas que no garantizan que un derecho se haga consistente: “Es difícil que esto pase en Sembrando Vida, por todas las carencias que tiene desde la parte del diseño y también desde la operación concreta”.
Parcelas del programa. Foto: Sergio Rincón.
Denuncias que se quedan en el aire
En la huasteca veracruzana, donde hay altos índices de pobreza, existen 16 mil sembradores bajo la coordinación de Randú Ortiz Herrera.
En entrevista, al menos 22 agricultores dijeron que utilizaron parte del dinero del jornal que recibieron en los últimos meses —entre 12 y 20 mil pesos— para compensar las pérdidas de semillas, reponer materiales de sistemas de riego o adquirir árboles y así cumplir con el plan de trabajo del programa; de no hacerlo podrían ser sancionados o dados de baja, como se establece en las reglas de operación de Sembrando Vida.
Gonzalo y los integrantes de su CAC tienen al menos seis meses de retraso, pues no han podido conseguir las semillas o árboles frutales que están permitidos en su plan de trabajo de Sembrando Vida, el cual fue diseñado por los técnicos y facilitadores subordinados de Randú Ortiz.
“Nosotros —explica Gonzalo— quisimos plantar limón agrio y también guanábana, porque eso es lo que se da en esta región, pero nos dijeron que no podíamos hacerlo porque en el futuro generaríamos una sobreoferta. Esos son los árboles que sí se consiguen por aquí; árboles de pimienta, jamaica, no hay cerca, tendríamos que pagar más dinero para traerlos de lejos”.
Un sembrador de 54 años asegura que después de denunciar las acciones de técnicos y facilitadores han sido hostigados y relegados: no reciben capacitación en agroforestería ni en la producción de fertilizantes o sustancias para combatir las plagas.
“El programa es bueno, ha generado unión entre la comunidad, hay mucho trabajo por hacer, pero estas personas se lo han apropiado para sus intereses y eso no es justo”, comenta el sembrador, quien en marzo pasado envió una carta al subsecretario de Bienestar Raúl Paulín Hernández denunciando estos hechos.
No es la única carta de denuncia que ha recibido el subsecretario Paulín Hernández, quien es responsable de la operación del programa Sembrando Vida en todo el país. Al menos 100 sembradores han enviado cartas a Manuel Huerta, delegado de Bienestar en Veracruz; al secretario de Bienestar, Javier May; y al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este tema, incluso, se ha mencionado en tres conferencias matutinas del presidente. Técnicos que renunciaron o fueron despedidos también han enviado cartas de denuncias a las autoridades.
El pasado 9 de julio, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el subsecretario Raúl Paulín Hernández declaró que era poco probable que un técnico de Sembrando Vida pudiera presionar a un CAC para que comprara con un proveedor en específico.
“No meto las manos al fuego por los 4 mil 300 técnicos… Si bien es cierto que puede haber casos como estos, la misma comunidad ha puesto resistencia a este tipo de prácticas que eventualmente pudieran existir, y también las denuncian”, dijo Raúl Paulín Hernández. También aseguró que todas las denuncias recibidas han sido turnadas al órgano de control de la Secretaría de Bienestar.
A inicios de 2020, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que tenía registro de 28 denuncias, sin embargo, al contestar una solicitud de información en el pasado mes de julio, la dependencia aseguró que no hay denuncias.
Videos en poder de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas muestran que Raúl Paulín Hernández ha sido increpado, al menos en tres ocasiones, por sembradores de la huasteca veracruzana. Frente al coordinador Randú Ortiz Herrera, estos le han expuesto de manera detallada cómo opera el esquema de proveedores “consentidos” y las presiones que han recibido por parte de técnicos y facilitadores.
En 2019, cuando el entonces subsecretario Javier May era responsable de Sembrando Vida, también recibió denuncias en contra del coordinador territorial de Córdoba, Hugo Trujillo Fritz.
En una carta que el sembrador Roberto Lagunes, de un CAC del municipio Manlio Fabio Altamirano, envió al delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se describe que los técnicos Francisco Galia y Miguel Rincón —quien fue candidato a presidente municipal de Manlio Fabio Altamirano por el Partido Encuentro Solidario (PES) en las pasadas elecciones— fueron intermediarios para la compra de plantas y un sistema de riego que costó 132 mil pesos, y que terminó siendo facturado a una persona física llamada Ignacio de la Hoz Arvizú.
En julio de 2020, tras interponer la denuncia, los técnicos y Trujillo Fritz emitieron una amonestación contra el sembrador Roberto Lagunes, supuestamente por abandonar su unidad de producción. Un mes más tarde, le notificaron que fue dado de baja de Sembrando Vida; así lo muestran documentos en poder de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
En 2020, la Secretaría de Bienestar, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, informó que en sus archivos no cuenta con denuncias en contra de funcionarios de Sembrando Vida. Por su parte, Función Pública mantiene en revisión la denuncia del caso de Roberto Lagunes.
A casi dos años de que se presentó la denuncia, Roberto Lagunes no tiene respuesta: “El caso quedó impune, jamás pude volver al programa. Tenía 500 pesos en la tarjeta y me cancelaron la tarjeta y perdí el dinero. Fue en octubre del año pasado. Es una vergüenza todo lo que está pasando en el programa”.
El exsembrador dice que aún cuida los árboles que sembró con el programa gubernamental, pero asegura que solo dejará en pie 800 limoneros. Su plan es talar los árboles maderables, porque ya no puede con los gastos de mantenimiento.
“Los voy a talar para sembrar pasto y comprar algunas vaquitas. Es ridículo sembrar árboles maderables, porque tengo 60 años, la producción de madera no la van a ver ni mis hijos, ¿quién los va a cosechar? ¿Mis nietos? ¡Esa planeación estuvo muy mal!”, dice el exsembrador del municipio de Manlio Fabio Altamirano.
En medio de una fuerte tormenta, la marea verde en Guadalajara marchó este domingo 26 de septiembre recorriendo las calles del centro de la capital de Jalisco para decirle a las y los legisladores que el momento de despenalizar el aborto en el estado ha llegado: ¡Ahora es cuando!
Estas son las postales de la movilización que organizaron las colectivas Mis Amigas Me Acompañan, Me Cuidan Mis Amigas, Red de Maestras Feministas y demás aliadas del movimiento feminista en el estado, rumbo al 28s, Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal.
Dalia Souza – Ximena Torres / Zona Docs
Recordando que la libertad no se criminaliza, colectivas feministas marcharon este domingo 26 de septiembre en el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal.
La lluvia no detuvo su andar y en medio de calles inundadas recorrieron el centro de la ciudad de Guadalajara desde el Monumento a la Madre hasta llegar al Congreso del Estado de Jalisco y después hacia la Catedral Metropolitana.
TEXTO: STEPHANIA CORPI ARNAUD / FOTOGRAFÍAS: FÉLIX MÁRQUEZ / PIE DE PÁGINA / LA VERDAD
La disyuntiva: quedarse en México para ser deportado a Tapachula, o cruzar a Del Río y probar suerte para un asilo en EU y ser deportado hasta Puerto Príncipe
Ciudad Acuña, Coahuila.- “Me podría ayudar a conseguir algún trabajo aquí”, preguntaba un joven haitiano de 29 años al entrar al espacio abruptamente habilitado por las autoridades en Ciudad Acuña para recibir a las personas haitianas del campamento Braulio Fernández.
“Pasé cerca de 7 meses buscando en Tapachula y allá no hay nada”, decía mientras mostraba su tarjeta de residente temporal por haber solicitado asilo.
La tarde del viernes 17 de septiembre, cuando como por arte de magia aparecieron 10 mil haitianos en la pequeña ciudad fronteriza de Ciudad Acuña, Coahuila, patrullas fronterizas estadounidenses decidieron cortar el paso por “La Cortina”. Por esa especie de bordo de cemento que reduce el nivel del agua del Río Bravo, cruzaron a Del Río con la esperanza de obtener refugio.
La mayoría de estas familias, viajaron cerca de un mes desde países como Chile y Brasil, cruzando el tapón del Darién, dejando a muchos en esa inmensa selva sin ley donde reina el caos, las lluvias y la ilegalidad.
Pero una vez que el cruce estuvo cerrado desde Del Rio, Texas, el campamento bajo el puente internacional se volvió una cárcel a cielo abierto. En días anteriores, los migrantes dormían del lado estadounidense, y compraban víveres en el lado mexicano.
Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos intentan contener con caballos a los migrantes haitianos que cruzan el Río Bravo desde Ciudad Acuña, México, hacia Del Rio, Texas, el domingo 19 de septiembre de 2021.Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos intentan contener con caballos a los migrantes haitianos que cruzan el Río Bravo desde Ciudad Acuña, México, hacia Del Rio, Texas, el domingo 19 de septiembre de 2021.
DEPORTADOS CON ENGAÑOS
El sábado 18 de septiembre, empezaron a llamar números que habían sido distribuidos en el campamento. Todos creían que sería para una cita de entrevista, o llevarlos a distintos albergues. La madrugada del domingo 19 aterrizó en Puerto Príncipe el primer avión de haitianos deportados desde EU.
Sin comida, agua, o sin poder comunicarse con sus familias, la tensión y el miedo empezaron a crecer. La madrugada de ese domingo, decenas de migrantes habían encontrado un nuevo cruce. “Las mamás ya no tienen leche para amamantar, los niños lloran. No tenemos ni agua”, gritaba un joven mientras cruzaba el río.
Los migrantes iban de ida y vuelta llevando comida, agua, papel higiénico hacia el lado estadounidense. Cerca de la 1 de la tarde, agentes fronterizos aparecieron en caballos.
“Regrésate a México”, gritaba un agente de barba roja. “No, puto no”, mientras lo perseguía agitando las riendas de su caballo. Algunos usaron las riendas para alejar a los migrantes que intentaban regresar desde México al campamento bajo el puente internacional de Del Río.
Cuando se publicaron las fotos, el discurso cambió. Para los demócratas en EU la escena ejemplificaba los abusos históricos de la patrulla fronteriza con personas migrantes. Para republicanos, los agentes sin más buscaban alejar a las personas de sus caballos que podrían pisotearlos.
El caso es que la discusión en los medios y hasta en la Casa Blanca se centró en la actuación de los agentes fronterizos, mientras que EU devolvía a centenares de familias haitianas con niños y niñas a Puerto Príncipe; muchos de los adultos no habían pisado su país en años, los niños, muchos nacidos en Brasil o Chile, ni hablar.
“Vendimos todo en Brasil para poder migrar; años de trabajo y ya no tengo nada”, explicaba Mikenda, de 29 años. Sus tres hijos siguen en Haití, y no han recibido dinero durante el tiempo que ha durado su travesía.
Migrantes conviven en un albergue improvisado en un centro deportivo de la Ciudad Acuña, México, el 21 de septiembre de 2021.Migrantes, la mayoría de Haití, se cortan el pelo en un campo de refugiados improvisado en Ciudad Acuña, México, el martes 21 de septiembre de 2021.
TRAS LA PAZ, REDADAS
Los días siguientes solo hubo tensión. Se creó un campamento en el Parque Braulio Fernández Aguirre, a orillas del Río Bravo, que en algunos cálculos llegó a tener cerca de mil 500 migrantes. Mientras se empezaban a sentir seguros y agradecidos con la ayuda que recibían de la sociedad civil, empezaron las redadas. La madrugada del miércoles 22, en el Hotel Coahuila, agentes de Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional desalojaron cerca de 10 habitaciones.
Una familia haitiana, con afán de protegerse, puso una cómoda del hotel frente a la puerta para bloquear el acceso. La cómoda terminó en el suelo y un hombre defendiendo a su familia de la detención con un pedazo de espejo roto. Las redadas continuaron creando un ambiente de incertidumbre entre los migrantes.
La disyuntiva… quedarse en México para ser deportado a Tapachula, o cruzar a Del Río y probar suerte para obtener un asilo en Estados Unidos.
Personas haitianas han estado migrando desde hace años, pero el terremoto de 2010 fue un parteaguas. El desastre en el que perdieron la vida más de 300 mil personas, 350 mil fueron heridas y cerca de millón y medio perdieron sus casas llevaron a miles de haitianos a buscar mejores prospectos fuera de su país. El primer destino fue Brasil que tenía un gran cantidad de trabajos disponibles en preparación al mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos. Una vez transcurridos esos eventos, haitianos se empezaron a desplazar por la región, hacia Chile, Ecuador e incluso Estados Unidos.
A cuentagotas personas haitianas han continuado llegando al norte de México, pero la pandemia en Sudamérica que ha resultado en multitud de crisis económicas, aunado a un mensaje más positivo de la administración de Joe Biden hacia migrantes, ha llevado a miles de personas haitianas a emprender camino hacia el norte. En lo que llevamos de año, más de 80 mil personas han ingresado a Panamá por el Darién, todo un récord. La inmensa mayoría de estas personas son de nacionalidad haitiana.
Cruzando el Río Bravo.Un niño migrante es rescatado del Río Bravo por agentes de Estados Unidos, a bordo de una lancha, antes de que los menores pudieran ser arrastrados por la corriente en el lado estadounidense de la frontera entre Ciudad Acuña, México, el 23 de septiembre de 2021.Migrantes lloran mientras cruzan el río.
La solicitud de asilo al llegar a Tapachula les brindaba una cierta seguridad mientras transitaban por el país, pero la cantidad histórica de solicitudes recibidas por la Comar en Tapachula en los últimos meses hizo que las citas se empezaran a entregar para enero y febrero de 2022. Según el responsable de la Comar, Andrés Ramírez, en 2019 se recibieron más de 70 mil solicitudes de asilo; este año estiman llegar a más de 120 mil.
La desesperación llevó a miles de haitianos a emprender camino hacia el norte de México. Aunque parecía que las llamadas caravanas fueron detenidas, a menudo con exceso de fuerza, lo cierto es que en poco tiempo lograron cruzaron el país miles de personas haitianas que se apersonaron en el puente internacional de Del Río en Texas a partir del 14 de septiembre.
Con el Puente Internacional cerrado, del cual depende económicamente Ciudad Acuña por sus maquilas, las autoridades locales decidieron intervenir. Oficiales estatales bordearon el Río Bravo para prevenir la entrada de migrantes al lado mexicano, o que cruzaran al lado estadounidense.
Las sombras de un grupo de migrantes, que llegaron a un refugio temporal, administrado por el INM y el municipio de Ciudad Acuña
ACOSO A AMBOS LADOS DE LA FRONTERA
En una acción conjunta, y como si fuera un espejo, la intimidación de oficiales parecía resonar a la que usan los agentes fronterizos estadunidenses. Agentes de la Guardia Nacional, se pavoneaban con armas largas en el campamento Braulio Fernández con el fin de crear miedo.
“Están coordinadas para reprimir, no coordinadas para ayudar”, explicaba Camilo Contreras del Colegio de la Frontera.
“El estado no se había presentado para apoyar, cuando se presentó fue para reprimir y para intimidar”, agrega.
Y la táctica funcionó. Poco a poco se escuchaban rumores de lo que pasaría si no se iban. Los últimos migrantes que decidieron probar suerte en Del Río, cruzaron el jueves por la noche, después de que fuera cortada la soga improvisada para sortear la corriente. Los gritos y sonidos de niños llorando fueron incesantes por cerca de dos horas.
El viernes 25 de septiembre, después de una gran presión psicológica, y varios discursos, poco a poco, cerca de 250 migrantes fueron trasladados a un viejo salón de eventos abandonado, El Salón Fandango.
“Yo quiero Comar, no subo si no hay Comar”, gritaban algunos migrantes que todavía se resistían.
Según autoridades panameñas, hay cerca de 20 mil personas haitianas varadas entre Panamá y Colombia, y Nicaragua está permitiendo que crucen 700 personas al día, en su camino hacia Honduras.
Parece claro que, aunque el campamento Braulio Fernández se desmanteló, la crisis no se ha acabado.
Paisaje desolado del Río Bravo, desde Ciudad Acuña, México, donde cientos de migrantes cruzaron diariamente antes de que los campamentos fueran desalojados por personas haitianas que llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos. El 24 de septiembre de 2021.
Tras permanecer siete días como desaparecida, Wendoline Gómez Mendoza fue localizada con vida, el 25 de septiembre. Su familia en un acto simbólico retiró de la Glorieta de las y los Desaparecidos, la lona de búsqueda que colocaron tras su desaparición ocurrida, el 18 de septiembre.
En su discurso, su familia fue contundente: “La Fiscalía no buscó, nosotros fuimos quienes la encontramos”.
Aquí el discurso íntegro realizado en el marco de la marcha donde también se exigió la búsqueda de Abigail Fernández Robles, de 26 años, y a David García Saavedra, 52 años.
Un discurso que esperamos se repita 14 mil veces más.
“Si algo me pasa, te encargo a mi hija”, le dijo Alexander a su madre. Era como si una corazonada le advirtiera lo que estaba a punto de suceder ese 5 de diciembre de 2014, cuando hombres armados custodiados por militares lo sacaron de su casa.
Aquel viernes, el joven, de entonces 22 años, comía con su madre Ana Lilia López Ortiz y su familia, cuando de pronto, un grupo de aproximadamente 20 personas con chalecos antibalas y armas de fuego irrumpió en su vivienda, ubicada en el municipio de Amatlán de los Reyes.
-¡Al suelo! ¡Al suelo!- gritaron los pistoleros.
-¡¿Dónde está Alberto Figueroa?!
-¡No está!- contestó Ana Lilia aterrada.
Los hombres amarraron a cada una de las personas que se encontraban en la casa, incluyendo a dos adultos mayores de entre 80 y 90 años de edad, y posteriormente comenzaron a revisar sus credenciales de elector, hasta que llegaron a Alexander.
Al ver que su apellido coincidía con el de su padre, los presuntos sicarios comenzaron a golpearlo, hasta que finalmente lo sacaron del domicilio, lo subieron a una camioneta y se lo llevaron con rumbo desconocido.
Desde ese momento, no volvieron a saber de él.
Los desaparecidos de Duarte
El caso de Alexander se suma a la larga lista de víctimas de desaparición forzada durante el periodo del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
Datos de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad revelaron que, en el gobierno duartista, más de 200 personas fueron víctimas de este delito, donde se presume la participación de militares y policías al mando del entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.
De acuerdo con Ana Lilia, a los cinco minutos de que se llevaron a su hijo llegaron varios militares preguntando por su esposo. La angustiada madre rápidamente les informó lo que había ocurrido y pidió su ayuda; sin embargo, estos simplemente se fueron.
“Yo les indiqué hacia dónde se habían llevado a mi hijo y, en lugar de irse hacia donde les indiqué, se quedaron afuera de mi casa y se fueron para el lado contrario”, señaló.
Ana Lilia supo entonces que esto no era un simple secuestro, pues todo había sido preparado en colusión con las autoridades e, incluso, el mismo Gobierno.
“Los militares estaban en la entrada y la salida del pueblo; a mi casa no entraron delincuentes, a mi casa entraron autoridades. Para que se llevara a efecto el operativo, tuvo que haber estado enterado él (Javier Duarte); él permitió ese operativo y lo que sucedió con mi hijo”, acusó.
En la impunidad
A casi siete años de la desaparición forzada de Alexander Figueroa, el caso continúa impune y las autoridades no han dado con él.
Ana Lilia interpuso la denuncia correspondiente y, tres días después, el 8 de diciembre, acudió a solicitar el apoyo del entonces fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, quien únicamente le dio largas.
“A él, junto con (Jorge Arturo Rodríguez) Pucheta, que entonces estaba en la UECS, yo le pedí ayuda; me dijo ´se va a hacer cargo él y de inmediato les darán la atención´, pero el 5 de febrero (de 2015) nos llamó el licenciado Pucheta y nos dijo que no podían iniciar la investigación hasta que se hiciera una declaración”, relató.
Hasta ese momento, dos meses después de los hechos, la Fiscalía estatal inició la investigación por el caso de su hijo y en abril de 2015 tomó las huellas dactilares en el domicilio.
Posteriormente, el caso fue turnado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), debido a la presunta participación de los militares; sin embargo, tampoco hubo avances, por lo que el mes pasado el caso fue tomado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Búsqueda incansable
Debido a la lentitud de las autoridades, Ana Lilia recurrió al colectivo Madres Luna, con el que ha realizado búsqueda en vida, en diferentes penales del estado y el país… pero también en fosas clandestinas.
“Recorrimos todo completo el estado de Veracruz, fuimos al penal de Guadalajara, fuimos al penal de Monterrey, fuimos al penal de Puerto Vallarta y fuimos al penal de Puebla, para ver si se encontraba detenido; ahorita lo sigo buscando y lo seguiré buscando hasta el último día de mi vida”, dijo con un gesto de esperanza en el rostro.
Actualmente, se encuentran buscando en fosas clandestinas encontradas en los municipios de Córdoba y Omealca, sin indicios que la lleven a su hijo.
Crecen las cifras
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, en México la cifra de desaparecidos, denunciados del 15 de marzo de 1964 al 30 de agosto de 2021, asciende a 91 mil 327.
Veracruz es uno de los cinco estados con mayor índice de personas desaparecidas, con 5 mil 453 casos, solo debajo de Jalisco, con 13 mil 802; Tamaulipas, con 11 mil 550; estado de México, que registra 9 mil 817, y Nuevo León, con 5 mil 567.
El informe semestral sobre Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas reveló que, tan solo de diciembre de 2018 a la fecha, se ha reportado la desaparición de 21 mil 546 personas, de las cuales, 28 mil 035 han sido localizadas.
Asimismo, en este mismo periodo, 2 mil 035 cuerpos han sido exhumados de fosas clandestinas y mil 153 ya fueron identificados.
Sin castigo
En el país, un gran número de militares y policías han sido involucrados en casos de desaparición forzada; sin embargo, son muy pocos los que han sido llevados ante la justicia.
La detención más reciente -la más grande en los últimos años- ocurrió el pasado 9 de abril de este año, en Tamaulipas, cuando 30 militares de la Secretaría de Marina Armada de México fueron entregados a la Fiscalía General de la República, para ser investigados por su presunta participación en este delito.
Pese a tener solo dos años de haber sido creada, la Guardia Nacional también acumula quejas por presuntas violaciones de derechos humanos.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) existen 451 expedientes de quejas en contra de la Guardia Nacional, de las cuales, ocho son por privaciones de la vida, cuatro por desaparición forzada, 14 por tortura, 77 por trato cruel, inhumano o degradante y 151 por detención arbitraria.
No acaba el calvario
“Ya no más desaparecidos, por favor… estamos muertas en vida”, suplicó Ana Lilia al Gobierno.
Con lágrimas en los ojos, pidió a la Fiscalía General de la República que agilice las investigaciones y que den con el paradero de su hijo, para así terminar con el infierno que la ha consumido desde hace siete años.
“Si yo ya hubiera encontrado los restos de mi hijo, estaría con mucho dolor, pero sabría dónde llorarle (…) Lo he extrañado cada día, cada minuto, cada momento, cada noche… mientras yo lo nombre, jamás va a ser olvidado”.
Por 25 años, empresarios saquearon y contaminaron el río Laja. Todo con el permiso de Conagua, Profepa y Semarnat. Hoy, los campesinos exigen rescatar su cuenca.
Pie de página, 25 septiembre, 2021
Texto: Raymundo Lucero Vázquez y Jesús Aguilar Balderas
Fotos: Raymundo Lucero Vázquez
GUANAJUATO.- Hace doscientos años, horas después del inicio de la Independencia, Miguel Hidalgo contó con su primera tropa. Esta tropa, harapienta e inexperta, estaba conformada por unos 8 mil hombres y mujeres de pueblos campesinos, rancherías y una multitud de peones de haciendas. Casi toda esta gente del pueblo vivía a la orilla de un río de aguas limpias y cristalinas que provenía de las montañas del norte de Guanajuato.
Esta primera tropa marchó hacia Atotonilco, al sur de Dolores, para encontrarse con los grupos de otros pueblos, todos venidos de la cuenca del río Laja. Ahí, Hidalgo convirtió el lienzo de la Virgen de Guadalupe en su estandarte de guerra.
Se calcula que en la Toma de la Alhóndiga de Granaditas participaron casi cincuenta mil personas como tropa; casi todas eran provenientes de los pueblos del Río Laja.
Imagen de 1995 Rio Laja. El río conducía agua limpia y clara casi todo el año, con un ancho normal de 6 a 8 metros.
El río circula aun desde el alto Bajío. Se forma de los escurrimientos de la Sierra de Guanajuato y, en el Norte del estado, por las montañas del sur, de la Sierra de San Miguelito. Esta región conforma la Cuenca Independencia: una celebridad histórica e hidrológica, que incluye los municipios de San Felipe, San Diego, San Luis de la Paz, San José Iturbide y San Miguel de Allende. Destacadamente atraviesa todo el municipio de Dolores Hidalgo.
Después de 102 km, desemboca y colma la Presa Ignacio Allende. Entre canales y circulación libre transcurre otros cientos de kilómetros hasta su descarga en el Lago de Chapala.
Un oasis
El territorio del Río Laja corresponde al de un clima mediterráneo, principalmente seco, con pequeñas regiones de lomeríos y barrancas de baja profundidad. La cuenca reviste importancia en la biodiversidad mexicana. El río era depositario de una especie de brema (pez de río) comestible, y aún mantiene pequeños espacios para aves migratorias y nativas que no existen en ningún otro lugar del mundo. Se conoce de avistamientos y evidencias (pieles) de oso negro, pumas y jaguares, ya extintos en el centro de México.
Este es el río más importante en el estado de Guanajuato, con 277 km de línea, y hasta hace pocos años había sido uno de los pocos espacios hidrológicos que se mantenía en un estado de funcionalidad eficiente.
Era uno de los afluentes más conservados y poco contaminados del centro de México. Permitía una agricultura de riego ligero en los terrenos altos; llenaba de agua la presa Ignacio Allende, junto a la ciudad colonial de San Miguel de Allende, que además irrigaba extensos terrenos entre Comonfort y Celaya para agricultura de exportación.
En esta cuenca alta se aprecian tres conjuntos de daño ambiental que constituyen procesos de delito y que refieren al desempeño de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en los sexenios anteriores y en el presente gobierno; esto si no se toman medidas de atención contundentes:
1. Sobreexplotación del agua
La demanda de agua para este conjunto es muy alta, tanto en la industria agrícola como en el turismo. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha definido que el volumen se excede en más de 45 millones de metros cúbicos de la capacidad de recarga natural anual, que se calcula en 139 millones 700 mil metros cúbicos. Esto es así frente a la demanda para solventar el volumen concesionado del año 2002, de 184 millones 922 mil 950 metros cúbicos. Ahora se extrae agua de forma clandestina, casi el doble del volumen concesionado.
Por otra parte, el volumen de reparto para usos públicos domésticos ofrece aguas que no cumplen con la NOM 127-SSA1-1994. La mayor cantidad de enfermos que reporta el sector salud refiere como causales el consumo de agua no apta para consumo humano.
2. Sobreextracción de arena a la vista de Conagua, Profepa, Semarnat
Durante 23 años, desde (1995) entre el primer año de Gobierno de Vicente Fox, y el año 2018, la Semarnat y sus instancias responsables facilitaron y encubrieron, acciones de remoción de materiales pétreos (principalmente arena), del cauce del río Laja. En primer lugar, la administradora de los bienes nacionales del caudal hidrológico, la Conagua, concesionó una y otra vez a empresas privadas –y a una sola entidad organizada por los pueblos– el retiro de arena.
La Semarnat autorizó las Manifestaciones de Impacto Ambiental para cada propuesta de operar las concesiones; condicionó su ejecución al cumplimiento de aspectos sobre la protección al cauce, que ya no estaba presente al momento de emitir la autorización. En otras palabras: en el papel autorizaba, asumiendo como verdad sin verificar lo que el interesado informaba. Finalmente, en tercer lugar, la Procuraduría federal de Protección Ambiental (Profepa) jamás emprendió acción alguna frente a sendas demandas que una y otra vez formularon los pueblos, una y otra vez, a lo largo del periodo de Extracción.
Desde el 2005 se observó que el daño conocido como socavación del cauce se presentaba por 85 km del cauce, que el campo higroscópico había bajado al nivel nuevo del cauce debido a la excavación, en algunos casos de hasta 11 metros de profundidad utilizando maquinaria pesada. Al río se le sometió con una práctica de minería a cielo abierto.
El impacto desde entonces se verificó en la pérdida del bosque de ribera, la sequía del bosque de mezquite, y la apertura de numerosas parcelas al torrente anual del río, lo que erosionó los suelos y provocó la destrucción del sistema de agricultura de temporal con riegos auxiliares del agua del cauce.
La socavación de cauces se mantiene activa, aun cuando no se realizan nuevas extracciones masivas de arena. En la visión de la imagen de satélite se aprecia la pérdida de más de mil hectáreas de tierras de la vega inmediata del río. Y la saturación por azolves, llega a 491 hectáreas en la Presa Ignacio Allende. Casi un tercio de su área de captación.
3. Contaminación
El gobierno de Guanajuato promovió y estableció sistemas de colecta de aguas residuales; facilitó la conversión del uso de fosas sépticas domiciliarias, a redes de colecta de aguas servidas que serían tratadas en plantas locales de tratamiento de aguas residuales. De las 51 obras establecidas en la cuenca, ninguna dispone del equipamiento y la construcción completa y adecuada para su funcionamiento . No existen grupos comunitarios a cargo, ni medidas normativas o financieras que permitan asegurar su funcionamiento. Esas plantas vierten las aguas residuales colectadas, sin tratamiento, directamente al cauce del rio Laja.
Se ha creado un canal de aguas negras sobre el lecho de aglomerado rocoso que dejó el periodo de extracción de pétreos. Cada obra, o su conjunto, debe haber contado con la autorización de la Semarnat, la vinculación técnica y normativa de la Conagua, y la acción correccional de la Profepa. No se aprecian ninguna de estas intervenciones imperativas.
Así es el proceso de destrucción
Ancho de cauces. La línea roja muestra el cauce original. La línea amarilla la devastación por extracción de material. Foto: Cortesía Raymundo Lucero
El proceso sostenido de destrucción de este río fue posible utilizando la fuerza tremenda del agua y del gobierno. Fue facilitado por Conagua mediante las concesiones a diversos empresarios de Guanajuato para extraer arena del cauce mismo del río Laja.
Los empresarios beneficiados por la concesión, abastecedores de la industria de la construcción, pudieron maniobrar los permisos de retiro de azolves, para extraer hasta 20 veces más el volumen de arena autorizado.
Al río, se le ha dado un manejo similar al de una mina a cielo abierto, y ha dejado profunda huella de daño generalizado, aún incalculable.
El negocio puede ser mayor a 510 millones de dólares durante el periodo de Vicente Fox como gobernador y luego como presidente. En la zona se decía que era operado incluso desde la oficina del entonces secretario Carlos Abascal. Lo cierto es que jamás se detuvo. Continuó con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto.
Esta práctica asentó una costumbre y hábitos de trabajo. En lo sucesivo, empresarios grandes y pequeños extrajeron y erosionaron en 23 años algo como 21 millones de metros cúbicos, equivalente a 150 viajes de camión de volteo cada día, entre 1995 y 2018. Ahora intentan sobrevivir pequeños extractores que socavan a mano un camión al día. Y a estos trabajadores, ahora con la 4T, Conagua y autoridades locales persiguen como si fueran los responsables del daño gigantesco perpetrado. El papel oscuro de la Conagua
La Conagua concedió reiteradamente concesiones y permisos de retiro de ese volumen. Ahora, sin embargo, asegura que no lo hizo; pero existen los hechos y los testimonios. Cualquier acto que afecta el campo común y a terceros debe ser regulado, controlado o evitado. Existen constancias de que fue notificada repetidamente por múltiples actores de pueblos y municipios, durante al menos 21 años. Y en ese periodo conoció de los excesos y efectos de impacto ambiental, y no retiró las concesiones. Las demandas fueron llevadas a la Presidencia de la República durante tres sexenios y a la Profepa, y en respuesta; nadie, en el gobierno federal, estatal o municipal ha intervenido en el nivel en que se requiere.
Extracción de arena, desecar la cuenca entera
Al fondo, una retroexcavadora con brazo de 6 metros de largo excava a una profundidad 20 veces mayor a lo permitido. El nivel del agua define una profundidad a la que, las raíces de los árboles no alcanzan a absorber humedad.Foto: tomada de PiedePagina.mx
Al generarse las concesiones con el pretexto de retirar azolves que amenazaban con rellenar de tierra la presa Ignacio Allende, los empresarios explotaron formidables volúmenes de arena. Así dejaron tajos de más de 14 metros de profundidad sobre el nivel normal de la corriente. Esto provocó los derrumbes de las orillas del cauce; y también fue profundizando el nivel aguas arriba y aguas abajo del lugar en el que intervenían las máquinas excavadoras.
El mecanismo es muy simple: Los empresarios solicitaban la concesión justificando un beneficio a la capacidad de retención de agua de la presa Ignacio Allende, por evitar la descarga de azolve; pagaban los derechos que establece la Conagua, y esta instancia entregaba un documento que les concesionada la extracción. Pero los empresarios explotaron 10 a 20 veces más profundidad y volumen, en un tramo sin medida del río.
La explotación del río ha abarcado todas las comunidades que el río toca a través del municipio de Dolores Hidalgo y algunas del municipio de San Miguel de Allende. La administración de los bienes en la zona federal de los ríos está regulada por el artículo 27 de la Constitución política.
La Constitución concede a la Conagua la gestión total del agua. Esta institución habría de atender los asuntos y proyectos estratégicos y de seguridad nacional en materia de agua. Debería fomentar la participación activa y responsable de los habitantes mediante la organización de Consejos de Cuenca; esto es: formas parlamentarias de territorios tan grandes o más grandes que las entidades federativas.
Pero esto no se cumple.
Aunque existen algunos comités intermedios, estos son escasamente convocados, apoyados, capacitados. Las áreas de su intervención reflejan ser tan complejas y extensas que resultan inmanejables desde un enfoque técnico, participativo y democrático. De este modo, las formas de intervención resultan en un rol de validación a las determinantes institucionales.
Lo anterior no sería tan importante, si no se hubieran afectado de manera brutal a los pueblos de la ribera del río y sus sistemas de vida.
Ante los hechos, ocurridos en el río Laja durante más de 20 años, los inspectores de la Conagua “no se dieron cuenta”. Los inspectores de Profepa reportarían “sin novedad”. Sus visitas, “in fraganti”, no generaron ningún reporte que detuviera el destrozo ambiental.
Los daños al cauce del río por el robo de materiales pétreos significan un despojo al patrimonio nacional, y además provocan daños ambientales a los ecosistemas de ribera y a los sistemas productivos dependientes de la estabilidad de sus servicios ecosistémicos.
Anchura en la zona de extracción. A 11 km del inicio de explotación de arena. foto: Cortesía Raymundo Lucero.
Árboles desarraigados; parcelas destruidas
La forma en que el agua misma del río ha ido destruyendo su propio cauce comienza por la sequía de los árboles, que se quedan sin el agua que antes les proporcionaba la corriente elevada. Las raíces, ya sin fuerza, dejan de sujetar el suelo de las parcelas agrícolas. Y en las avenidas de agua de los años siguientes se inicia el derrumbe de una sección tras otra, de las paredes de los terrenos agrícolas. Así, hasta que se han perdido parcelas completas.
La destrucción no se detiene ahí. Antes de la sobreexpolotación la erosión de los suelos en las montañas escurría volúmenes de azolves de arena que se depositaban a lo largo del cauce; esto incrementaba la altura de la corriente, lo que beneficiaba a los terrenos agrícolas y los bosques de orilla del cauce.
Ahora las corrientes adquieren tal fuerza de torrente que socavan raíces y paredes de los cauces. El suelo se profundiza y la anchura crece año con año, reclamando las parcelas de las orillas del río. Se ha establecido así, una dinámica de excavación provocada río arriba y abajo, aún sin la intervención de las máquinas. Esto es debido a que los pétreos sobre el cauce de los ríos son extremadamente inestables: Si se excava aquí, el volumen retirado se refleja en toda el área, aguas arriba y aguas abajo, y a lo ancho del cauce.
Estos suelos tienden a restablecer un nivel plano de acuerdo a las corrientes de agua de lluvia. Así que, si se excava en un año, el daño se reproduce por varios años más. En el mundo a este fenómeno se le conoce como “Socavación de cauces”.
Así que el impacto ambiental que se genera en un sitio, provoca daños en forma de caída de fichas de dominó, a lo largo y ancho del río.
Los daños generados por el impacto ambiental de esa brutal forma de explotación, incluyen la pérdida de más de 11 mil 250 has de parcelas aledañas a la ribera a lo largo del río, y del extenso campo lateral que antes del daño constituía el campo de saturación por las avenidas anuales de agua de lluvia. Ahora son dependientes de la irrigación, por la extracción frenética de Agua subterránea, que se realiza también, fuera de la ley, y facilitada por la Conagua.
Esto se verifica por la sequía del bosque de ribera, la pérdida de la vida acuática, la pérdida definitiva de la corriente que antes beneficiaba a la fruticultura de las orillas del río y ha generado un incremento del 44 por ciento en los volúmenes sólidos que ahora azolvan llegan a la Presa Ignacio Allende. En vez de crear condiciones para almacenar agua, se está almacenando tierra y arena. A cada año, la fuerza de las corrientes de agua sobre el cauce destruido incrementa los daños.
La imagen muestra la línea del antiguo cauce, y el crecimiento de este, causado por la socavación que modifica la zona federal hasta en 700 por ciento, y que resulta en pérdida por erosión inducida, de las parcelas. La parcela está en la Comunidad de Los Galvanes. Dolores Hidalgo. Imagen de Google earth, 2019.
Además de la destrucción de parcelas, los daños incluyen:
Destrucción de caminos y puentes
Derribo de postería de energía eléctrica
Decenas de animales ahogados
Inhabilitación de cruce de caminos
Pérdida de edificios de uso público y empresarial
Arrastres de vehículos
Destrucción de la carretera federal 51
Herida para los pueblos
En Octubre de 2001, el agua perturbada no dejaba ver que bajo la corriente había una profundidad de más de tres metros, horadada apenas horas antes. Entonces dos adolescentes pretendieron cruzar el río cerca de la comunidad de Rancho nuevo; suponían que aún permanecía en su nivel normal el piso de la corriente. Se ahogaron.
Los campesinos, en forma individual u organizada han realizado protestas, se han expresado en queja y advertencia. En forma verbal y por escrito ante la autoridad municipal; desde 1994 ante Vicente Fox como gobernador del estado; ante José Luís Luege, como procurador federal de Protección al Ambiente; ante Vicente Fox presidente de la República; ante Felipe Calderón, ante Enrique Peña nieto y ahora ante Andrés Manuel López Obrador.
Para los pueblos afectados, ya no es relevante la persecución y el castigo a los culpables; buscan la restauración de sus tierras y la nivelación del río Laja para que recupere su función ecológica. La persecución del delito de despojo al patrimonio nacional es un deber del gobierno federal, encargado de aplicar leyes y reglamentos que en este caso la Conagua, no cumplió.
El país tiene aquí una enorme tajada a su territorio, en el corazón mismo de la celebración del Bicentenario. Es además una inmensa herida a los pueblos y al estado de derecho además del sacrificio de una extensa unidad de ecosistemas valiosos. Y ahora, de lo único que están seguros los pueblos es que gobiernos de antes y ahora se han unido para tratar de ocultarlo todo.
Los pueblos del Río Laja, cuyos antepasados acompañaron a Hidalgo en su arrolladora gesta por la Independencia de México, y que este 2021 celebra 200 años, tienen mucho que lamentar. La estabilidad de sus vidas se ha perdido, han perdido el tren del Norte, han perdido la disponibilidad del agua del cielo y no hay ninguna autoridad que responda a sus reclamos y propuestas.
Frente a estos hechos, entre las poblaciones de la cuenca han surgido grupos sociales con fines incluyentes. En su mayor parte demandan la reparación de daños y persecución de delitos, como asesinatos, fraudes, actos de complicidad y corrupción de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, además de empresarios privados claramente identificados.
El viernes 24 de septiembre más de un millar de manifestantes pertenecientes a diferentes colectivos, organizaciones y personas a título individual marcharon por avenida Reforma hasta la Secretaría de Gobernación para exigir el cese de las agresiones en contra de las comunidades autónomas zapatistas y para abrazar la lucha de los pueblos rebeldes del sureste mexicano.
Como parte de las acciones dislocadas a nivel nacional e internacional convocadas por el EZLN para el viernes 24 de septiembre en el comunicado Chiapas al borde de la guerra civil, diversas organizaciones, colectivos e individuos se movilizaron no solo para exigir el fin de las provocaciones y el abandono del culto a la muerte profesado por el gobierno encabezado por Rutilio Escandón en Chiapas, como señalaba el comunicado firmado por el Subcomandante Insurgente Galeano, sino sobre todo para decirle a los pueblos zapatistas ¡No están solos!
En la manifestación encabezada por el contingente del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno, participaron colectivos y organizaciones entre los cuales estaba el Frente del Pueblo- Resistencia Organizada, Red Universitaria Anticapitalisa, Coordinación de Colonias de Ecatepec, Xochitlanezi, Tejiendo Organización Revolucionaria, Comunidad Otomí, Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente y Red Movimiento y Corazón Zapatista.
Desde poco antes de las 4 de la tarde en el cruce de las avenidas Insurgentes y Reforma cientos de manifestantes comenzaron a congregarse. Así se mostró el rechazo a las agresiones de los diferentes niveles de gobierno, de distintos colores, contra las comunidades zapatistas y se denunció también la forma en la que las facciones de la clase política pretenden jugar con la vida de las comunidades zapatistas.
Mediante mantas, consignas y canciones los asistentes dejaron claro que frente a estas agresiones llevadas a cabo por grupos paramilitares como la ORCAO, la solidaridad de los de abajo con los zapatistas no se hará esperar. La manifestación fue convocada como respuesta al secuestro de los compañeros Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, autoridades de la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva, en el contexto de la salida de la delegación Extemporánea al continente europeo.
Durante el mitin a las afueras de la Secretaría de Gobernación se anunció la toma de la representación del Gobierno de Chiapas para convertirlo en un espacio de encuentro para los de abajo. Así mismo los diversos participantes exigieron el fin de la guerra contra los pueblos zapatistas y el compromiso de seguir acompañando las diversas iniciativas zapatistas, como la actual Travesía por la Vida. En esta travesía la compañía aerotransportada de 177 integrantes se encuentra recorriendo la Europa de Abajo, tierra insumisa, y para ello se han preparado en el difícil arte de escuchar, para así aprender de las luchas que se levantan allá. Como señalaron los compañeros zapatistas, las agresiones en contra de las comunidades son un intento, fallido, por sabotear esta iniciativa de lucha por la vida y por tanto, contra el capital.
Las calles céntricas de la Ciudad de México volvieron a llenarse de color, pero sobre todo, de esa certeza que expresó hace unos días el Subcomandante Insurgente Moisés al llegar a Europa: nosotros luchamos por la vida.
El 24 de septiembre, día de acción global contra la guerra en Chiapas, más de 61 ciudades europeas fueron el escenario de múltiples movilizaciones en apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el que colectivos y organizaciones de abajo y a la izquierda de la Europa Insumisa expresaron su repudio a los continuos ataques de los cuales han sido objeto distintas comunidades zapatistas por parte de paramilitares ante la indiferencia y permisividad de los tres niveles de gobierno. Un coro de voces en muchas lenguas y geografías, reclamó poner fin a las agresiones del gobierno y sus paramilitares en contra de los indígenas rebeldes que desde hace más de dos décadas, y de manera pacífica, construyen su autonomía.
De Alemania a Austria, Cataluña, Chequia, Dinamarca, Escocia, Eslovenia, Estado Español, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, País Vasco, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, se escuchó que “los zapatistas no están solos” . “¡Zapata Vive!”, “Todos Somos Zapatistas”, “Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él” y “Por un mundo donde quepan muchos mundos”, fueron algunas otras de las frases que resonaron en calles y plazas en esta jornada en voca de los habitantes de la Tierra Insumisa y, en algunos casos, de los y las zapatistas de “La Extemporánea” que comienzan a diseminarse por las geografías del Viejo Continente.
En Viena, en el contexto del Día de la Huelga Climática, simpatizantes austriacos del EZLN se volcaron a las calles para unir sus voces con las de los y las zapatistas que conforman brigada “La Extemporánea” y los delegados del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT). Entre los presentes estuvo la vocera del CNI, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy.
Colectivos de Austria protestan en Viena junto a “La Extemporánea”, miembros del CNI y del FPDTA-MPT, 24 de septiembre de 2021.
“Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas”, Viena, 24 de septiembre.
París y Toulouse
En Trocadero, muy cerca de la embajada mexicana en Francia, colectivos manifestaron: “Desde París denunciamos la agresiones en contra de las comunidades zapatistas”. En esta movilización el clamor por que se detengan la agresiones contra la comunidades zapatistas se hermanó con la lucha del pueblo canaco: “nos solidarizamos con la lucha por la independencia de Kanaky (Nueva Caledonia) invadida por el ejército francés el 24 de septiembre de 1853”. París, 24 de septiembre de 2021.“¡YA BASTA” ante el consulado mexicano en Toulouse, 24 de septiembre.En el sur de Francia, se denunciaron los “Asesinatos y desapariciones forzadas de portavoces indígenas como Óscar Eyraud, kumiai de Baja California” y otros compañeros de los pueblos nahua de Guerrero, yaqui de Sonora, mixe de Oaxaca y tzotzil de Chiapas.
Roma, Venecia, Empoli, Milán, Vicenza y Génova
En la capital italiana, donde desde hace varios días se realizan diversas acciones en apoyo a las bases de apoyo zapatistas y contra la guerra, “la xenofobia, el racismo” y en apoyo a la lucha por la vida y a los migrantes que cruzan el Suchiate y el Mediterráneo, también hubo movilizaciones.
“Desde Roma exigimos #ALTOCACERIAMIGRANTE en Chiapas y en PCR” (Centro Permanenza e Rimparti). “La Gira Zapatista Va. La paz. Italia”.“Aparición con vida ZAPATISTAS. Dónde está Sergio? Dónde está José?”. Roma, septiembre
La tarde de este 24 de septiembre, manifestantes se apostaron frente a la embajada de México en Roma -que cerró sus puertas durante todo el mitin- para manifestar su repudio al reciente secuestro de dos miembros de la Junta de Buen Gobiernos zapatista Patria Nueva, perpetrado por paramilitares de la ORCAO. Con percusiones y mantas se dijo “¡Ya Basta!! a las agresiones que han ido escalando desde el inicio de la gestión del actual gobierno federal. Percutiendo
Manifestación frente a la representación diplomática mexicana en Roma, Italia. 24de septiembre de 2021.
“BASTA ATTACCHI ALLE COMUNITÀ ZAPATISTE. La nostra Lutta è per la vitta. #Appoyo TotalEZLN “Chiapas Sin Paramilitares. LAPAZ ROMA” (Basta de ataques a las comunidades zapatistas. Nuestra lucha es por la vida).
“L’Italia dal Basso vi aspetta! Viva la FAZ (Fuerza Aérea Zapatista”). (¡La Italia de Abajo los espera!).“EZLN. La Gira Zapatista Va”, Roma, 24 de septiembre de 2021.Roma, 24 de septiembre.“Con le comunità ribelli zapatiste. Contro la violenza paramilitare (Con las comunidades rebeldes zapatistas. Contra la violencia paramilitar). Ya Basta”, Venecia, 24 de septiembre de 2021.
“Basta de ataques a las comunidades zapatistas”, Empoli, 24 de marzo de 2021.
Lleida y Barcelona, Catalunya (Cataluña)
En Barcelona, en el consulado mexicano y en las calles de los barrios de la capital catalana, los muros también gritaron “Chiapas sin paramilitares” y “Bienvenidos Zapatistas y CNI”.
En Lleida pintas en las paredes exigieron “Fora paramilitares de Chiapas” y desearon “Llarga vida a l’EZLN”, 24 de septiembre de 2021.
Bilbao, Euskal Herria (País Vasco)
En Bilbo, compañeros que han acompañado solidariamente a los zapatistas a partir del “!Ya Basta!” de 1994, también salieron a condenar públicamente los recientes ataques a los hombre, niños y mujeres zapatistas.
“Komunitaten Zapatisten Aurkako Eraso Gehiagorik Ez” (No a los ataques contra las comunidades zapatistas).
Zaragoza, Madrid y Valencia
En la capital española, distintos colectivos se concentraron frente a la embajada de México.
“No más ataques a las comunidades zapatistas. Madrid con el EZLN. #ChiapasSinParamilitares”. “ORCAO y Gobierno Mexicano alianza criminal”, Madrid, 24 de septiembre de 2021.
🗣️Concentración frente a la Embajada de México en Madrid.
En Valencia compañeros y compañeras de la Xarxa Solidària País Valencià (Red Solidaria de Valencia) también se manifestaron frente al consulado mexicano.
“Gira per la Vida” (Gira por la vida). #LxsZapatistasNoEstánSolos”, Valencia, 24 de septiembre.“Ya Basta de agresiones en Chiapas”. “México es un narcoestado”. “#ChiapasSinParamilitares”, Valencia, 24 de septiembre.
Zaragoza
“Alto masacre en Chiapas. Zapatistas no están solos”. “Ya Basta, no a la mentira. VIVA EL EZLN. VIVA LA OTRA CAMPAÑA. VIVAN LAS COMUNIDADES DE CHIAPAS”, Zaragoza, 24 de septiembre.
Berlín, Münster, Fráncfort, Leipzig y Hamburgo
En la capital de Alemania, los manifestantes se reunieron frente a la embajada mexicana para condenar la violencia institucional en contra de las y los zapatistas, así como repudiar los megaproyectos de muerte, como el tren mal llamado maya.
“Alto a los paramilitares. Ya no más ataques a las comunidades zapatistas. No Al Tren Maya”.“No al Tren Maya. Acción Global 30/10”. “Alto a la guerra contra los zapatistas”. “A 28 años del levantamiento, solidaridad con los zapatistas”. “¡Europa y su doble moral matan!”.
En la ciudad alemana de Münster, compañeros que impulsan la Gira Zapatista salieron a manifestarse junto con una delegación de compañeros zapatistas de “La Extemporánea” que hace poco llegó a la ciudad.
“SOLIDARITÄT mit den ZAPATISTAS” (Solidaridad con los zapatistas). Schluss mit Rassismus, Ausbeutung, Gewalt und Mord!” (¡Fin al racismo, despojo, violencia y asesinatos! ). “Für eine solidarische Welt onhe Unterdrükung, und Ausgrenzung!” (Por un mundo solidario sin opresión y marginación) EZLN”.“Antifaschistische Aktion” (Acción Antifascista).“Un ataque a los zapatistas es un ataque a todas las personas de abajo y a la izquierda”. “Una vida en dignidad y libertad para todos”, Fráncfort, 24 de septiembre.
Leipzig
Hamburgo
“En la manifestación ‘Por un clima de solidaridad’ en Hamburgo el 25 de septiembre, se hizo una denuncia por los ataques actuales contra los zapatistas. También se mencionó la participación masiva del gobierno y las empresas alemanas en la destrucción del medio ambiente y la guerra en todo el mundo”, Hamburgo, 25 de septiembre de 2021.
“Bienvenidos zapatistas. Gira por la Vida”. “La libertad no puede ser tutelada!”, 24 de septiembre.
Salónica y Atenas
En las dos principales ciudades griegas, compañeros y comapañeras griegos salieron a expresar su total apoyo al EZLN y manifestar su condena al gobierno mexicano por la continuidad de la militarización, el incremento de las agresiones de grupos paramilitares y de la delincuencia organizada en contra de las comunidades zapatistas de Chiapas.
“Tierra, techo, alimento, salud, educación, democracia, libertad, justicia, independencia… Los zapatistas en Europa 2021 Día de la Tierra. Lucha por la tierra y la libertad. Por la vida. Compartición de actividades e intercambio”, Atenas, 24 de septiembre de 2021.“Solidaridad con las comunidades insurgentes zapatistas. En contra de los ataques, asesinatos y secuestros cometidos por los grupos paramilitares y el gobierno mexicano”, Salónica, 24 de septiembre.Atenas, 24 de septiembre.“Solidaridad con las comunidades zapatistas. En contra de los ataques, los secuestros y los asesinatos cometidos por los paramilitares y el gobierno mexicano”, Atenas, frente a la embajada de México, 24 de septiembre.
Edimburgo, Escocia
“Total apoyo al EZLN”. “Fin a la violencia paramilitar”. Edimburgo, 24 de septiembre.
“Nosotros somos zapatistas”. “Defendamos a aquellos que defienden su tierra”. “Nuestra lucha es por la vida”. “La Gira Zapatista va”. “Gira por la vida”, Edimburgo, 24 de septiembre.
Liubliana, Eslovenia.
“Alto a la violencia paramilitar del Estado mexicano ¡ZAPATA VIVE!”, Liubliana, 24 de septiembre de 2021.
Liverpool
Dinamarca
“Tierra Insumisa”. ” Alto a la guera contra los zapatistas”, Copenhague, 24 de septiembre de 2021.
Liubliana, Eslovenia
“Alto a la violencia paramilitar del Estado mexicano” ¡ZAPATA VIVE!”, Eslovenia, 24 de septiembre de 2021.
Países Bajos
“Zapatistas, no están solxs”, 24 de septiembre de 2021.
Berna, Suiza
“Solidaarisuutta Zapatisteille” (Solidaridad con los zapatistas), Helsinki, Finlandia,24 de septiembre de 2021.
Los ambientalistas no dudan que este año la empresa Candelaria Mining intenten volver a ingresar su permiso a la Semarnat
Luego de que a inicio de este mes la empresa Candelaria Mining anunció mediante un comunicado en su página de internet (https://www.candelariamining.com/news/candelaria-announces-7800000-private-placement-of-units-20210901), la colocación privada, a las acciones de la empresa sin intermediarios de 156 millones de pesos (7 millones 800 mil dólares) de la Compañía a un precio de 0.45 centavos de dólar por Unidad, a partir del 22 de septiembre anunciaron un aumento a más de 186 millones de pesos que serían aplicables al proyecto La Paila, antes “Caballo Blanco”, en Alto Lucero.
La empresa señaló que a través de la emisión de hasta 20,666,666 unidades de la Compañía, fue como ha aumentado su colocación privada sin intermediarios de los ingresos brutos, pasando de 156 millones de pesos a más de 186 millones.
Ante esto, Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa Ambiental (LaVida) dijo que los que ambientalistas ya están preparando acciones para frenar los trabajos de explotación minera en las montañas de Veracruz, en caso de ser necesario.
“Hemos leído con atención y con mucho terror las declaraciones de la empresa Candelaria Mining que pretende destruir las montañas de Veracruz para extraer oro de las entrañas de la tierra, es más conocida como minera Caballo Blanco, La Paila o El Cobre”.
En ese sentido, dice que los habitantes de Alto Lucero y Actopan cuentan con sus actas de asambleas ejidales y de comunidades, donde se especifica la oposición “tajante” a dicha instalación de mineras tóxicas.
Afirma que científicos e investigadores de la Universidad Veracruzana, la UNAM, la CONABIO, el Colegio de Veracruz, El Congreso del Estado, el gobernador Cuitláhuac García y los Ayuntamientos de Alto Lucero y Actopan, han firmado actas donde se declaran esos municipios libres de minería tóxica, por lo cual no podrían ser aprobados.
Por su parte, Emilio Rodríguez, también integrante de LaVida, afirma que la empresa no cuenta con capital suficiente para operar, a diferencia de otras que también cuentan con proyectos en América Latina, por lo que requieren de inversión de otras empresas para sostener sus propuestas ante los accionistas.
“Lo que celebran de manera muy común, son convenios, contratos para vender una parte del usufructo del mineral a cambio de una inversión en un tiempo previo de su extracción”
Por tal motivo, afirma que no dudan que este año intenten volver a ingresar su permiso a la Semarnat, sin embargo señala que no cuentan con los permisos ambientales para operar la minería, entre ellos tendrían que presentar dos importantes; en los que se encuentran el del cambio de uso de suelo y el otro debe ser el permiso de construcción.
“Si la empresa se atreve y llegara a ser aprobado por la Semarnat, la contención última serían los municipios con sus poblaciones, estamos convencidos de que las rancherías, las comunidades de la región se oponen de manera importante al desarrollo del proyecto”.
Finalmente Guillermo Rodríguez Curiel anunció una serie de acciones para frenar la explotación minera en territorio veracruzano, por lo que se estarán reuniendo el 9 de octubre en Tinajitas para exigir la cancelación de las concesiones mineras en La Sierra de Chiconquiaco.
“Les queremos decir que mantendremos la resistencia y no permitiremos que ni destruyan este gran paisaje, esta gran biodiversidad, estamos defendiendo el territorio para esta y las próximas generaciones” aseveró.
EL PROYECTO DE LA MINERA CABALLO BLANCO O LA PAILA
En entrevista en 2018 durante los recorridos en el cerro de “La Paila”, el consultor Julio Portales daba a conocer que para estos trabajos se estarían extrayendo 20 mil toneladas de tierra diariamente en la que se utilizarían mas de 2 mil 600 metros cúbicos de agua y mil 500 toneladas de cianuro al año, durante ocho años.
En ese recorrido, el ingeniero de minas de Candelaria Mining, Armando Alexandre, explicaba que en el rancho “El Niño” se estaría recolectando el mineral, así como la planta y colección de metales mediante unas piletas para lixiviados, mismas que contarían con una geomembrana con la que se cubrirá toda el área.
Dijo que tendrá aceras para contener el agua y por lo tanto los derrames de lixiviados no existirían.
Nicasio Arias | El Heraldo de Tabasco
De acuerdo a los datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en Tabasco, durante 2019 y 2020, un total de 31 mil 335 migrantes fueron detenidos por la autoridad
Del 2019 a julio del 2021, un total de 31 mil 335 personas extrajeras fueron detenidas por la autoridad migratoria en Tabasco. Durante ese periodo, el municipio de Huimanguillo se colocó como la demarcación con más aseguramientos de migrantes en Tabasco, por encima de Tenosique y Centro.
De acuerdo a los datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en Tabasco, durante el año 2019, se detuvo a 16 mil 817 extranjeros que se encontraban en el país de forma irregular.
En ese año, en el municipio de Centro se registró el mayor número de aseguramientos con 6 mil 439 personas provenientes de otros países.
Por su parte, en el municipio de Huimanguillo se registraron 4 mil 717 detenciones de ilegales extranjeros, ocupando el segundo lugar en detenciones.
Finalmente, en el 2019, Tenosique se registró como el tercer municipio con mayores aseguramiento de extranjeros; a pesar de ser frontera con Centroamérica, las detenciones fueron menores a las reportados en Centro y Huimanguillo.
Para el 2020, a pesar del encierro voluntario de la sociedad mundial a causa de la pandemia del Covid-19, en Tabasco, 6 mil 160 personas que buscaban llegar al país del norte en busca del sueño americano fueron detenidas.
En ese primer año de la pandemia, el municipio de Tenosique registró el mayor número de aseguramientos de indocumentados. El organismo federal reportó la detención de 2 mil 950 migrantes en este municipio fronterizo.
El segundo lugar lo volvió a ocupar Huimanguillo, con mil 567 migrantes asegurados, mientras que en el municipio de Centro se aseguró a mil 98 personas con situación migratoria irregular.
Por su parte, en los primeros 7 meses del 2021, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría que ahora dirige Adán Augusto López Hernández, reportó 8 mil 358 extranjeros asegurados en su paso por Tabasco.
En este último reporte, el municipio de Huimanguillo se colocó como la demarcación con más migrantes asegurados, con 3 mil 293 personas. Mientras que en Tenosique se detuvieron 2 mil 366 extranjeros, y en Centro a mil 329.
El Movimiento Migrante Mesoamericano ha denunciado que diariamente cientos de personas que buscan llegar al país vecino del norte, atraviesan la presa de la Angostura para evadir su detención y poder continuar su trayecto hacia Tabasco o Veracruz. Cientos de ellos son detenidos en Huimanguillo.
Los datos de la dependencia federal muestran que el mayor número de asegurados provienen de Centroamérica. Al cierre de julio del año 2021, se reportan 6 mil 146 hondureños detenidos, le siguen mil 206 guatemaltecos, 358 del Salvador y 338 de Nicaragua.
Ayer, 24 de septiembre del 2021, colectivos, organizaciones e individuos de abajo y a la izquierda salieron a las calles a exigir se detenga la guerra paramilitar en contra de las comunidades zapatistas.
En un comunicado del 19 de septiembre, a nombre del CCRI-CG del EZLN, el Subcomandante Insurgente Galeano informó del secuestro de dos compañeros autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva, a manos de la organización paramilitar ORCAO, que actúa bajo la protección del desgobierno de Rutilio Escandón. Después de 8 días de secuestro, los compañeros Sebastián Núñez Pérez y Jose Antonio Sánchez Juárez fueron liberados gracias a la intervención de los párrocos de San Cristóbal de las Casas y Oxchuc, quienes evitaron que el conflicto escalara hasta llegar a una tragedia, según informó el Subcomandante Galeano en dicho comunicado. El grupo paramilitar también dispara armas de fuego todas las noches en contra de la comunidad Moisés y Gandhi.
En respuesta al llamado realizado hacia el final del comunicado para manifestarse en embajadas, consulados y en las casas del gobierno de Chiapas, diversas organizaciones, colectivos e individuos se movilizaron para repudiar los ataques paramilitares de la ORCAO y exigir que se abandone el culto a la muerte que profesan el gobierno, sus funcionarios y criminales a sueldo.
Morelia, Michoacán.
En punto de las 11 am colectivos simpatizantes al Ejercicio Zapatista de Liberación Nacional y los pueblos zapatistas en lucha, se manifestaron en contra de la guerra paramilitar hacia las comunidades zapatistas en Chiapas.
Miembros de la Red de Rebeldía y Resistencia de Morelia, realizaron una manifestación frente a palacio de gobierno del estado de Michoacán con carteles y mantas para manifestar su solidaridad con las comunidades zapatistas, y su repudio a las agresiones del grupo paramilitar ORCAO.
Reafirmaron su compromiso de seguir acompañado la lucha zapatista por la libertad y la justicia, así como todas sus iniciativas para hacer visible el despojo y el desprecio capitalista que todos los días se viven, no solo en Chiapas, sino en todo el país y el mundo.
Movilización en Zacatecas de la Red contra la guerra
La Red de resistencia y rebeldía en Zacatecas se sumó al llamado a la movilización mundial para exigir un alto a la guerra contra las comunidades zapatistas. Diversos colectivos se movilizaron en los municipios de Guadalupe y Zacatecas, en una acción de pegas por diversas calles de la ciudad de Guadalupe y el centro histórico de Zacatecas, incluyendo un performance en la plazuela de la caja con exhibición de mantas y volanteo. Todos en contra de la guerra que hay contra las comunidades zapatistas y el pueblo de México.
Acciones en Colima, Colima
Colima, Col. 24 de Septiembre 2021. Adherentes a la sexta colocan mantas, mesa de información, volanteo y pega de códigos QR con el comunicado “Chiapas al borde de una guerra civil” en el centro de la ciudad.
Acción en Puebla
En la ciudad de Puebla, individuos e integrantes de colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, llevaron a cabo una manifestación en el conocido puente de Ovando, con carteles, mantas, volantes, audio y música, denunciando las recientes agresiones de grupos paramilitares financiados por los malos gobiernos, en contra de las comunidades autónomas zapatistas.
Durante esta actividad de denuncia se gritaron diferentes frases de apoyo logrando llamar la atención de los conductores y pasajeros que permanecían en alto mientras cambiaba el color del semáforo.
Al finalizar esta protesta, que formó parte de la acción global: ¡No más ataques a comunidades zapatistas!, en Puebla nos sumamos al caracol de voces en el mundo que dejaron claro que el EZLN no está solo, y que si los tocan a ellos, nos tocan a todos.
Acción en Guadalajara
La tarde del 24 de septiembre, en Guadalajara, Jalisco, se reunieron colectivos e individuos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, como parte de la acción global para denunciar el clima de violencia que se vive en Chiapas, provocado y solapado por el mal gobierno de Rutilio Escandón, gobernador del estado, y Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria de gobierno de la entidad.
Con despliegue de mantas en las avenidas Juárez y Federalismo se repartieron volantes entre los automovilistas y una que otra Calandria. Mientras, las personas que caminaban en el parque Rojo podían detenerse a leer un periódico mural donde se exponían las más recientes agresiones en contra de las comunidades zapatistas por miembros del grupo paramilitar ORCAO, a la par de leer la interpretación que los zapatistas hacen del conjunto de sucesos violentos que se viven en el estado. Después de ver el periódico mural, una estudiante se acercó a pedir un volante, al leerlo empezó a hacer preguntas para conocer qué más están haciendo los zapatistas, se escucharon palabras como autonomía, una Travesía por la vida, organización, resistencia y rebeldía…
Como a las 18:30 h empezaron a caer las primeras gotas, el volanteo siguió con la esperanza de que se fuera pronto la lluvia, poco a poco la gente se empezó a concentrar alrededor del periódico mural que se encontraba bajo el techito de la parada de camión. Cuando el aguacero arreció, las mantas y lonas sirvieron para que el agua no mojara tanto. Los transeúntes esperaban a que bajara la lluvia, entre ellos, una señora se acercó a quienes sostenía la manta que decía “Alto a la guerra en Chiapas” y les platicó: “Entonces, ese Rutilio Escandón, ¿es el que está provocando todo esto en Chiapas? Sí les creo, yo soy del estado de Guerrero, allá también están mal las cosas, yo ya vivo acá, pero mi hermana se quedó, y ya le mandé foto del periódico mural para que vea cómo se están organizando.”
Acción en Ensenada
En Ensenada, Baja California, adherentes a la Sexta Declaración en esta ciudad respondieron a la convocatoria del EZLN y se manifestaron al mediodía del viernes 24 de septiembre, en uno de los cruceros más transitados de la localidad, para difundir entre el pueblo, con volantes y pancartas, la denuncia de las agresiones contra las comunidades zapatistas.
Xalapa, Ver.-Se reactivarán los movimientos de resistencia por parte de activistas ambientales en municipios de Alto Lucero y Actopan, tras el anuncio de la empresa minera «Candelaria Mining Corp» de continuar con el proyecto de extracción de minerales.
De acuerdo con Guillermo Rodríguez Curiel de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) la minera vuelve a insistir en la destrucción de las montañas para la extracción de oro y plata.
Este jueves, la compañía anunció que la demanda de los inversores, ha aumentado su colocación privada sin intermediarios con ingresos de hasta 9 millones 300 mil pesos para la reactivación.
«Es más conocida como Caballo Blanco, La Paila o El Cobre. Los habitantes de Alto Lucero y Actopan cuentan con actas de Asambleas Ejidales donde se oponen tajantemente de estas mineras tóxicas».
Detalló que con estas maniobras se destruye la biodiversidad y en caso que sea permitido «acabaría con las cuencas que ahí existen y con la alimentación y la gran diversidad».
El activista comentó que han sido 13 años de resistencia, de luchas por defender el territorio, lo que llevó en dos ocasiones a las empresas canadienses a retirar su Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) donde solicitaban a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el permiso para la explotación.
La minera Candelaria Mining es una empresa minera y de exploración centrada en metales preciosos y avanza en dos proyectos en el país mexicano.
El proyecto Caballo Blanco, está en etapa de exploración avanzada, ubicado en la zona centro del estado de Veracruz.
TEPIC, Nayarit. (OEM-Informex).- Ante la agresión sexual de la que fuera víctima en Aticama, San Blas, la chica trans, conocida como “Marimar”, la presidente de la asociación “Ser Libre”, Mara Rojo, aceptó que la comunidad LGBT se encuentra consternada ante este hecho de discriminación.
Aclaró que la homofobia sigue prevaleciendo en Nayarit y casos como la de Marimar, quien se desempeñaba como velador de la zona de ramadas de la playa antes mencionada, no es el único, pues hay varios de este tipo y, ante ello, es necesario que las instancias en la materia hagan su trabajo.
La dirigente acusó a los funcionarios de no hacer su trabajo en lo que respecta a los ataques a integrantes de la comunidad LGBT, puesto que muchos de estos no se han atendido como es debido.
Es por eso que exigen a los servidores “hagan justicia”, afirmando que no es justo que alguien que no se mete con nadie pueda ser atacada de esta manera tan cobarde.
Advirtió que este ataque podría afectar turísticamente a la zona, dado que nadie quiere ir a un sitio en donde no se está garantizando la seguridad, pues esta es una de las prioridades para cualquier gobierno, por lo que ya se hizo el llamado al alcalde del municipio, José Barajas.
Añadió que, por ahora, Marimar se encuentra hospitalizada, incluso se solicitó cooperación para realizarse una serie de exámenes médicos, esperando que cuando logre recuperarse, interponga la denuncia que podría ser que no quiera llevarlo a cabo por temor a las represalias.
ANIMAL POLÍTICO
Durante su visita a la Ciudad de Acuña, Coahuila, donde varios migrantes han sido detenidos por agentes fronterizos, el titular de migración aseguró que México nunca ha sido un país de fronteras abiertas.
El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, aseguró durante su visita en la Ciudad de Acuña, Coahuila, que México no es un país de fronteras abiertas y que todos los países, incluso hasta el cielo, tienen control migratorio.
– ¿México no es un país de fronteras abiertas?, se le cuestionó.
“México nunca lo ha sido, no hay país sin fronteras, todos tienen condición migratoria, válgase el ejemplo que no es similar, pero hasta en el cielo hay control migratorio”, respondió a los medios.
Garduño Yáñez se encuentra en Coahuila para coordinar tareas de atención y auxilio a personas migrantes que se encuentran en esta región fronteriza con Estados Unidos, indicó el INM.
Durante un recorrido por el parque Braulio Fernández, donde acampan personas originarias de Haití, el titular comentó que a través de una mesa de diálogo permanente establecida con representantes del gobierno de ese país, se coordinan acciones para atender a sus connacionales.
Precisó que la ley establece que quienes ingresaron a México y solicitaron refugio, deben seguir el proceso de sus trámites ante las instancias correspondientes y en la entidad donde fue iniciado.
“Es por ello que se proporcionará la transportación aérea y terrestre que permita a las personas migrantes poder regresar a los estados de donde salieron para continuar con su proceso”, y añadió que se les apoyará con el retorno seguro a su país de origen.
Desde Acuña, Francisco Garduño aseguró que el Gobierno de México está comprometido con el respeto y salvaguarda de los derechos de las personas migrantes, pero también con el cumplimiento de la ley que rige el país.
Mientras, en la Ciudad de México, de un día para otro, la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) vio multiplicada por seis su afluencia. Habitualmente reciben alrededor de 40 personas de distintas nacionalidades, pero este miércoles fueron 240, en su mayoría de nacionalidad haitiana.
Muchos de los migrantes están en búsqueda de refugio y regular su situación en México. La mayoría de ellos pasó un tiempo en Tapachula, Chiapas, hasta que a falta de expectativas siguieron su camino hacia el norte. Aunque el primer objetivo era EU, las terribles imágenes de agresiones a caballo en la frontera y las deportaciones iniciadas por el gobierno de Joe Biden les han hecho cambiar de idea.
Daniel Foote, que había asumido hace dos meses, explicó además que Haití es incapaz de soportar el flujo forzado de “miles de migrantes que regresan y que carecen de comida, refugio y dinero”.
Argumentando que su país estaba ofreciendo un “trato inhumano a los migrantes” haitianos, el enviado especial de Estados Unidos en esa isla del Caribe, Daniel Foote, presentó su renuncia este jueves (23.09.2021) ante el Departamento de Estado. En su carta de dimisión, que publicaron varios medios estadounidenses, Foote señaló que no puede seguir vinculado a la decisión “inhumana y contraproducente de deportar a miles de refugiados haitianos”.
La renuncia se produce dos meses después de que Foote asumiera su cargo. “No me asociaré con la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados y migrantes ilegales haitianos a Haití”, dice la carta, dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken. “Más refugiados alimentarán aún más la desesperación y el crimen”, señaló en su texto.
Foote describió a Haití como un lugar en el que los diplomáticos estadounidenses “están confinados en instalaciones de seguridad debido a los peligros que representan las bandas armadas que controlan la vida diaria”. “Sumida en la pobreza y rehén del terror”, la población haitiana “simplemente no puede soportar el flujo forzado de miles de migrantes que regresan y que carecen de comida, refugio y dinero sin provocar una nueva e inevitable tragedia humana”, escribió.
Problemas para Biden
La renuncia se conoce después de que se publicaran imágenes muy criticadas del trato de agentes de la patrulla fronteriza en la frontera sur, a donde han llegado miles de migrantes en los últimos días, buena parte de ellos haitianos, que se concentran en un puente en la zona de Del Río (Texas). La polémica ha salpicado al Gobierno de Biden y aunque el Departamento de Seguridad Nacional anunció una investigación, ya se han producido algunas fricciones dentro de la administración.
Además, la semana pasada el gobierno estadounidense comenzó a embarcar en aviones a ciudadanos haitianos que entraron a Estados Unidos desde México para llevarlos de regreso a su país. Los haitianos forman parte de una ola de miles de migrantes agolpados desde hace varias semanas en las ciudades mexicanas de Tapachula (frontera sur con Guatemala) y Ciudad Acuña (norte, limítrofe con Texas).
Los migrantes haitianos llegan principalmente desde Brasil y Chile, adonde habían emigrado tras el terremoto de 2010 que dejó unos 200.000 muertos en Haití.
La disputa que sostienen las organizaciones del crimen organizado en Zacatecas ha llevado a que los habitantes de algunas comunidades dejen atrás sus hogares y se desplacen a comunidades aledañas, en algunos casos, o que salgan de la entidad rumbo a Estados Unidos, donde han pedido asilo.
Por Redacción/SinEmbargo , 23 de septiembre de 2021
Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– El incremento de la violencia en Zacatecas, estado que se disputan organizaciones del crimen organizado, ha ahuyentado a algunas de las familias que ahí viven, quienes en su desesperación han huido a localidades vecinas o hacia la frontera norte, a Tamaulipas, en busca de asilo en Estados Unidos.
La movilización de zacatecanos se ha dado desde inicios de este mes, cuando un grupo de habitantes de Ermita de los Correa, localidad del municipio de Jerez, una de las principales ciudades de la entidad, dejaron la mayoría de sus pertenencias para salvaguardarse de los enfrentamientos que han protagonizado en este territorio grupos antagónicos del narcotráfico.
La agencia Cuartoscuro consignó el pasado 9 de septiembre cómo esta comunidad lucía como un pueblo fantasma, con animales muertos por las calles y corrales, otros más encerrados y con sólo un par de personas recorriendo las calles. De acuerdo con los mismos reportes, cerca del 90 por ciento de la población se desplazó a diferentes comunidades vecinas y cabeceras municipales, como Fresnillo, Calera y Jerez, mientras otros más optaron por viajar hacia Estados Unidos tras las amenazas de la delincuencia.
Pobladores de la comunidad de Ermita de Los Correa desplazados por la violencia. Foto: Cuartoscuro.Albergues habilitados para los desplazados de Zacatecas. Foto: Cuartoscuro.Familias de Zacatecas huyeron de sus comunidades por las amenazas de grupos del crimen organizado. Foto: Cuartoscuro.
Algunos de los desplazados regresaron días después, acompañados por elementos de la Policía Estatal y del municipio, para intentar rescatar sus pertenencias, sobre todo ganado, que dejaron atrás al salir de sus casas, según reportó El Sol de Zacatecas. Sin embargo, las viviendas lucen en su mayoría abandonadas ya que únicamente el 10 por ciento retornó, refiere la misma información.
A este éxodo se sumó el registrado esta semana, cuando un grupo de 45 personas, 16 de ellos niños, se trasladaron a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Encabezados por Yolanda “N”, pastora de la iglesia Hispanoamericana Pentecostés “Manantial de Esperanza” que se ubica en el municipio de Calera Víctor Rosales, que colinda con Jeréz, los pobladores han pedido a las autoridades estadounidenses el asilo por las amenazas de muerte que recibieron.
La pastora comentó al diario Excélsior que se trata de habitantes de diferentes municipios de Zacatecas que han dejado atrás sus hogares ante la guerra de los diversos grupos delincuenciales. Aseguró que ellos iban huyendo debido a que el crimen organizado amenazó con matarlos.
La comunidad de Ermita de los Correa se percibe como pueblo fantasma debido a la violencia. Foto: Cuartoscuro.Casas abandonadas en comunidades de Zacatecas debido a la violencia. Foto: Cuartoscuro.Locales abandonados debido a la violencia. Foto: Cuartoscuro.
En ese sentido, el día de ayer el Congreso del estado exhortó al Gobernador David Monreal, quien apenas asumió el cargo esta semana, para que se conforme un grupo operativo que esté permanentemente en Ermita de los Correa para detener el desplazamiento forzado de personas. Los legisladores también solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) asignar a un Visitador Especial para dar seguimiento a este desplazamiento forzado.
Zacatecas afronta una pugna entre los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que es uno de los estados con mayor índice de homicidios en lo que va del año, con cerca de 37 por cada 100 mil habitantes. Además ha sido escenario de hechos de extrema violencia durante los últimos meses.
La entidad ha visto crecer los homicidios dolosos y se perfila que este año sea el más violento del que se tenga registro. Por ejemplo, en 2018 se contabilizaron 686 homicidios dolosos; para 2019 fueron 634; un año después ascendían a mil 065, casi el doble, y en ocho meses de este 2021, suman mil 032, un incremento del 59.01 por ciento con respecto al mismo periodo de 2020, cuando se contabilizaron 649 asesinatos.
Comunidades de Zacatecas se han convertido en pueblos fantasma. Foto: Cuartoscuro.
La semana pasada, las autoridades del estado hallaron 10 cadáveres en una vivienda en la comunidad rural de Machines, del municipio de Zacatecas, capital del estado. Las autoridades lo ocurrido con el crimen organizado, pero medios locales han reportado que se trata de una fosa clandestina, informó la agencia Efe.
Un mes antes, el 13 de agosto, en Fresnillo fueron dejados cinco cadáveres envueltos en cobijas sobre la Carretera Federal 49. Previamente, las autoridades encontraron los cuerpos semidesnudos de seis hombres colgados de un puente vehicular en Zacatecas, la capital.
Estas escenas se suman a la del pasado 24 de junio, cuando la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informó sobre el hallazgo de 18 cuerpos tras un supuesto enfrentamiento entre grupos criminales en la localidad de San Juan Capistrano del municipio de Valparaíso.
Los habitantes de este municipio narraron que comandos del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa llegaron al municipio desde finales de 2020 y se disputaban el territorio con extrema violencia, provocando precisamente el desplazamiento forzado de los pobladores.
Esta disputa, han señalado analistas, se debe a que Zacatecas está en el camino de dos importantes rutas que son utilizadas para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, país en el que ahora algunos zacatecanos buscan refugio.
«LLAMAMOS A LA EUROPA DE ABAJO Y A LA IZQUIERDA Y A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL A MANIFESTARSE FRENTE A LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS DE MÉXICO, Y EN LAS CASAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EXIGIRLES QUE SE DEJEN YA DE PROVOCACIONES Y ABANDONEN EL CULTO A LA MUERTE QUE PROFESAN«
DIVERSOS COLECTIVOS, REDES E INDIVIDUOS
DE LA CDMX CONVOCAN A MOVILIZARSE ESTE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 16:00 HORAS INSURGENTES Y REFORMA
PARA CAMINAR HACIA LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Colima, México, Avanzada (23/09/2021).- Pobladores del municipio de Armería denunciaron que desde hace tres semanas no reciben agua en sus domicilios, por lo que demandaron al Ayuntamiento resolver el problema y de no hacerlo, advirtieron que intensificarán las acciones de protesta.
Las zonas más afectadas son Flor de Coco y El Paraíso, este último uno de los lugares turísticos del municipio y que prácticamente ha sido abandonado tanto por el gobierno del estado como por la administración municipal a cargo de Salvador Bueno.
El pasado martes, los habitantes de la colonia Flor de Cocos bloquearon la carretera libre a Manzanillo e impidieron el paso de los automovilistas que pretendían llegar a su destino a través de ese vía porque la autopista se encontraba cerrada tras el accidente de una pipa que transportaba combustible.
Los afectados expusieron que el Ayuntamiento de Armería no resuelve el problema de la falta de agua y sólo se excusa mencionado que esto se debe al adeudo que el municipio tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Ellos tienen que solucionarlo porque estamos en una situación grave. Quisiéramos que vivieran casi 20 días sin agua para que se den cuenta el problema que tenemos. No tenemos agua ni para lavarnos las manos”, denunció una de las afectadas.
Advirtieron que de no solucionarle el problema a la brevedad, continuarán con los bloqueos y convocarán a la población en general a realizar plantones permanentes afuera de la presidencia municipal, “porque tenemos a un alcalde que no da respuesta de nada; como si no tuviéramos autoridad, así nos sentimos” sentenció uno de los inconformes.
La empresa minera de Canadá Agnico Eagle Mines respaldó financieramente a Candelaria Mining Corp, la cual actualmente cuenta con los permisos de exploración de la mina de oro Caballo Blanco.
De esta forma, serían ya dos las empresas canadienses dedicadas a la minería, las interesadas en el mismo proyecto ubicado en el municipio de Alto Lucero, Veracruz.
Candelaria Mining Corp informó que obtuvo 9 millones 300 mil dólares por parte de diversos inversionistas, interesados en el proyecto minero Caballo Blanco, donde existen yacimientos de oro y plata.
Dicha empresa informó que los ingresos que obtuvo a través de la oferta de acciones, se utilizarán para los permisos, exploración y desarrollo en el proyecto Caballo Blanco, localizado en el municipio de Alto Lucero.
Detalló que uno de sus principales nuevos inversionistas en la empresa Agnico Eagle Mines Limited, la cual tiene proyectos de explotación de oro en Fresnillo, Zacatecas.
Candelaria Mining Corp indicó que originalmente puso a la venta acciones por 7 millones 800 mil dólares para financiar el proyecto Caballo Blanco en el Estado de Veracruz, pero ante el interés que generó, es que se elevó la cifra a 9 millones 300 mil dólares.
De igual forma dichos montos obtenidos servirán para financiar propósitos generales de la empresa, pero de manera particular el proyecto minero en el municipio de Alto Lucero.
El número de extranjeros que llega a las oficinas de Comar en la capital se multiplicó por seis en un solo día.
Carlos Jethro es haitiano, tiene 31 años y lleva dos días en la Ciudad de México. Dice que no sabe dónde va a pasar la noche. Son las 11 de la mañana frente a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) y junto a él hay decenas de compatriotas que buscan regularizar su situación. La mayoría de ellos pasó un tiempo en Tapachula, Chiapas, hasta que harto de la falta de expectativas siguió su camino hacia el norte. Aunque el primer objetivo era EU, las terribles imágenes de agresiones a caballo en la frontera y las deportaciones iniciadas por el gobierno de Joe Biden les han hecho cambiar de idea. “Yo quiero un país en el que poder estar legal y tener estabilidad económica. Si saco mis papeles en México, será en México. Todo lo que está pasando en EU, todo ese maltrato, ya no tengo el mismo sentimiento para irme a EU”, dice.
De un día para otro, la oficina de Comar en la Ciudad de México multiplicó por seis su afluencia. Habitualmente reciben unas 40 personas de distintas nacionalidades, pero el miércoles fueron 240, en su mayoría haitianos. Esto no solo ocurrió en la capital. Según explica Andrés Ramírez, coordinador de Comar, todas sus oficinas, salvo la ubicada en Tenosique, Tabasco, recibieron un incremento en el número de solicitudes. “La gran mayoría viene directamente de Tapachula. Muchos tenían cita previa, aunque no habían iniciado su proceso de asilo, y muchos no son refugiados ni quieren serlo”, resume Ramírez.
“Tenía mi cita el 8 de septiembre en Tapachula, pero siempre me la posponían”, explica. Sin trabajo, viviendo de la caridad de una mexicana que se apiadó de su familia, no tenía otra alternativa que seguir al norte. Hay un hecho indiscutible. Los mismos que hace un mes estaban atrapados en Tapachula y eran incapaces de abandonar Chiapas porque los detenían y los deportaban, ahora han logrado seguir su camino. Cuenta Jethro que su familia logró avanzar como siempre se hizo: subiéndose al bus y bajando antes de los retenes, que los rodeaban caminando. Si algún policía llegaba antes de que lograsen abandonar el vehículo, siempre quedó el recurso del soborno. Así funcionó siempre en México la ruta migratoria.
Foto: Alberto Pradilla
Dos albergues en la CDMX
Han pasado dos semanas desde que los primeros haitianos lograron romper el cerco y llegar hasta la frontera con EU. Ciudad Acuña, Coahuila, es el destino de la mayoría. Allí se han visto escenas terribles, con policías a caballo persiguiendo a los migrantes. El gobierno de Joe Biden inició una nueva estrategia: deportar a los hombres solteros a Haití y tratar de empujar al resto hacia México, para que sea López Obrador quien se encargue del trabajo. Ya se han detectado vuelos desde el norte con destino a Villahermosa, Tabasco. Esto ha provocado que muchos haitianos prefieran aguardar en la Ciudad de México o en otros lugares hasta que se calme la situación en la frontera. La llegada de decenas de personas en los últimos días ha colapsado los albergues en la capital.
Foto: Alberto Pradilla
“Estamos con el doble de la población que teníamos. Tenemos 30 camas, pero ahora hay 50 y mañana pueden llegar otros 25. Hemos decidido acoger a 75, pero no hay condiciones, estamos totalmente rebasados”, dice Gabriela Hernández, del albergue Casa Tochán. Ellos y Cafemín son los únicos centros de acogida de migrantes que funcionan en la Ciudad de México. Y están completamente rebasados. El Café La Resistencia, ubicado en la calle Cuba, también abrió sus puertas para recibir haitianos. “Nos alarma que el gobierno de la Ciudad de México no haya preparado un albergue como cuando vino la caravana”, dice Hernández.
No se sabe si en los próximos días la cifra de recién llegados se puede multiplicar. En Tapachula aunque ha descendido el número de migrantes, cada día reciben nuevas incorporaciones. Y habrá que ver qué ocurre con quienes permanecen acampados entre Acuña, Coahuila, y Del Río, Texas. La visita del comisionado del INM, Francisco Garduño, hace pensar que el gobierno de López Obrador está dispuesto a mover ficha. Un mes antes, el propio Garduño fue el encargado de coordinar los operativos más duros contra migrantes en Chiapas.Ahora el gobierno baraja varias opciones, según una fuente oficial que habló a condición de anonimato: por un lado, las deportaciones, que disfraza de “retornos asistidos”. Por otro, negociar con Chile y Brasil (son los países desde los que llegan la mayoría de los haitianos). Por último, una idea que Garduño trató de impulsar hace semanas sin demasiado éxito: encerrar a la población haitiana en unos campamentos en Chiapas.
Ninguna de estas opciones sirve para Carlos Jethro. Él quiere trabajar y lleva un largo camino a sus espaldas. Cuenta que dejó Haití poco después del devastador terremoto de 2010 en el que más de 200 mil personas perdieron la vida. Viajó a Venezuela, donde entonces gobernaba Hugo Chávez y desarrolló un programa de becas para estudiantes como él. Dice que los primeros años no se vivía mal, pero que luego todo se vino abajo. Allí, en Valencia, estado de Carabobo, conoció a su esposa, con la que tiene un hijo. El pequeño, de 10 meses, es ecuatoriano. Nació en el país andino cuando sus padres ya andaban con la maleta a cuestas y su vida se ha desarrollado en movimiento: Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y, por último, México. Regresar a Haití para él no es una opción.
Doña Fili defensora del manantial de Aztecas 215 al sur de la CDMX
Mujeres desplazadas de Tierra Blanca sostuvieron pancartas durante las participaciones en el conversatorio
Estela y su bebé al final del conversatorio 
Al finalizar el conversatorio los otomis invitaron la comida y la bebida a todos los asistentes. Cocinaron carnita de cerdo, con arroz rojo y nopalitos acompañados por tortillas a mano.
Durante esta compartición desplazadas de Tierra Blanca, Oaxaca acompañaron con baile y canciones tradicionales interpretadas con violín.
Cómo parte de sus actividades en apoyo a la toma instalaron diversos puestos donde pusieron a la venta plantas y artesanías. Entre ellas artesanías que se encontraban en la oficina de Adelfo Regino, representante del INPI.
Retrato a Anselma Margarito
Después del acto político el festejo continúo con música y baile. La comparsa, el grupo de músicos, músicas, bailarines y bailarinas, que protestan contra las injusticias con música y danza, cerraron la conmemoración con sus potentes bailes.
La Casa de los Pueblos es casa de familias otomis, refugio de luchas y del sueño de una vida digna para todoas.
Trabajadoras sexuales trans, integrantes de organizaciones, habitantes de la Casa de las Muñecas Tiresias y del Albergue Paola Buenrostro asistieron a la disculpa pública portando orgullosas y orgulloses la bandera trans*.
Kenya agradece el amor que sus amigas y compañeras trabajadoras sexuales le expresan durante el evento. Develación de la placa en memoria de Paola Buenrostro. Ésta será colocada en Puente de Alvarado.
Durante la disculpa pública les y las asistentes ondearon banderines de papel de china hechos con los colores de la bandera trans*.
Kenya Cuevas durante su participación en la disculpa pública. Retrato de Paola Buenrostro
Las amigas y compañeras trabajadoras sexuales de Paola y Kenya presentaron diversos performances como homenaje a su amiga.
. Foto: especial.
