“Te vamos a quitar los dientes si no le bajas a tu desmadre”; a un año de la muerte de Samir siguen las amenazas
Por Carlos Carabaña
“No hay problema, de hecho, ya se va a echar a andar el gasoducto. Ya hubo una muerte en Morelos, solo falta una en Puebla”.
Esa frase se grabó a fuego en la memoria de Miguel López. Asegura que se la dijo el pasado septiembre un empresario del Parque Industrial Ciudad Textil en Huejotzingo, cuando fue con algunas autoridades ejidales a tratar un problema de unas tierras de cultivo afectadas. La referencia a Samir Flores, el activista asesinado hace un año en Amilcingo, Morelos, y el Proyecto Integral Morelos (PIM) fue más que clara.
López, un activista poblano de Zacatepec, integrante del Frente De Pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala y que lleva luchando años contra el PIM, su gasoducto de 160 kilómetros por los tres estados y su central termoeléctrica, fue encarcelado el pasado enero durante seis días, acusado de obstrucción de obra, daños a las vías de comunicación y utilización de cócteles molotov en una protesta a finales de octubre por la instalación de un drenaje de aguas industriales desde ese parque industrial al río Metlapanapa.
La Comisión de Derechos Humanos Puebla tiene abierto un expediente de queja por la dispersión de los manifestantes, llevada a cabo por la Guardia Nacional y la Policía Federal con balas de goma y gases lacrimógenos.
“El objetivo del PIM es la industrialización de la zona. Y con ello llegan las empresas, las industrias, que para fabricar mercancías necesitan agua y energía”, razona, “en esta zona tenemos mucha agua. La extraen, la contaminan, no la tratan y la quieren devolver tóxica a nuestros ríos. Y no estamos de acuerdo”. En el informe de Front Line Defenders sobre este río se habla de que “el PIM trae consigo un proceso de industrialización de toda su zona de influencia”.
Miguel no es el único activista y habitante de Zacatepec que ha sido amenazado. América, de 18 años y estudiante de música, ha recibido varias amenazas en directo y por redes sociales. “Me decían que ese proyecto iba a pasar sí o sí, que dejara de participar en las protestas o estaba sentenciada.
“Que me iban a descuartizar, que me iban a romper los dientes”, explica, enseñando capturas de pantalla de los mensajes, “tengo miedo salir a la calle y que me pueda pasar algo, ya que sé que tengo vecinos que están a favor”.
Al pasear por los alrededores del Parque Industrial, se observan y huelen las aguas fétidas que desbordan desde las naves industriales hacia la carretera. Es un riachuelo de un líquido turbio que, según los pobladores, se desbordan por la banqueta debido a que las lagunas de oxidación están a punto de reventar.
Alejandro Torres camina por la parte trasera del Parque Industrial Ciudad Textil. Atraviesa unos campos de sembradío y llega a una laguna del tamaño de una nave industrial. El agua es de color metálico. Es una de las dos lagunas de oxidación que hay en este área industrial donde las naves descargan sus vertidos.
“Esta laguna está cargada de muchos metales pesados y oxidantes que han contaminado nuestra tierra. Y, como ya empiezan a desbordarse, quieren hacer un drenaje hacia el río Metlapanapa que no cuenta con los permisos de Conagua ni de Semarnat”, dice Alejandro al borde del agua metálica. La obra del drenaje fue primero detenida con un plantón en su recorrido y luego la obra fue clausurada a finales de enero.
“En septiembre hemos sido amenazados de muerte por empresarios de la zona. Por vía telefónica, por mensaje de texto, de forma directa”, asegura, “no es justo que nos maten por defender la vida. Tenemos temor”. El asesinato de Samir Flores les hace sentir más reales, más cerca, las amenazas.
“Nos sentimos como pollos enjaulados”
Liliana Velásquez sigue viviendo en el mismo hogar donde asesinaron a su marido, el padre de sus cuatro hijos, el 20 de febrero de 2019. Una malla verde, coronada por concertinas, rodea la parcela que comparte con sus suegros y sus cuñados, y varias cámaras de seguridad vigilan cada movimiento. Detrás, unos voluntarios extranjeros construyen una casa homenaje a su esposo. Una de las dos escuelas del pueblo también ha tomado su nombre: Escuela Primaria Samir Flores Soberanes de Amilcingo, Morelos.
“Ahora nos sentimos como pollos enjaulados. Es una protección que puede funcionar aquí dentro, pero tenemos que salir afuera, tanto mis hijas como yo como la familia de Samir. Y ahí fuera, donde quiera, siento la inseguridad, nos sentimos inseguros donde estamos”, explica. Liliana tiene claro que el Proyecto Integral Morelos y la división que causó en la comunidad están relacionados con su asesinato.
El PIM consta de dos centrales eléctricas de ciclo combinado en Huexca, una de las cuales se acabó de construir en 2017 por la empresa española Abengoa tras una inversión de 628 millones de dólares y cuatro años de retraso sobre el término del contrato original; un gasoducto, también construido, de 160 kilómetros que va desde Tlaxcala y pasa por Puebla y Morelos hasta la zona de Huexca, corriendo por la falda del volcán Popocatépetl; y un acueducto de 10 kilómetros desde la planta de tratamiento.
De esta última infraestructura, encargada de suministrar aguas residuales para que pueda funcionar la planta, faltan 140 metros desde el río Cuautla debido a que varios vecinos mantienen un plantón desde hace años. La resistencia al proyecto tiene dos aristas principales. Una es la seguridad, ya que en caso de que actividad volcánica rompiera el gasoducto, muchas comunidades quedarían atrapadas entre el Popo y el gas. Este riesgo fue advertido por el Centro Nacional para la Prevención de Desastres en 2011. Todo su recorrido está en zona de riesgo del volcán y 57 kilómetros quedan dentro del área susceptible a derrumbes gigantes. Luego está el tema del medio ambiente, con la contaminación del aire y el agua en la zona cercana a la termoeléctrica.
El PIM no era la única causa en la que Samir se involucró. “Estuvo con los maestros, cuando hacían paro. Participaba mucho en la escuela normal, iba a marchas… lo único que hacía él era luchar y luchar por defender a su gente, su pueblo”, recuerda ahora Liliana.
“Siento que las autoridades no están actuando. Ha pasado un año y no tenemos respuesta. No hay nada. Les falta hacer su trabajo. Seguimos con coraje, con rabia, con mucha impotencia, de no tener respuesta, de no saber quienes fueron ni por qué, ni quién los mandó”, y finaliza, “esperemos que no siga habiendo más muertes de ambientalistas ni defensores de derechos humanos”.
Samantha César, integrante del Frente de Pueblos, profesora en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y vecina de Amilcingo, argumenta que el modus operandi de los megaproyectos como el PIM se repite por todo México.
“Llegan a un territorio, hacen un mapeo de quiénes podrían estar en contrar y quiénes podrían estar a favor. Estos son cooptados y empoderados con proyectos, dinero y respaldo, y esto genera divisiones internas que llevan a enfrentamientos físicos y amenazas”, explica, “esto ha pasado en todos los pueblos que nos oponemos al PIM. Y en Amilcingo ha generado un grupo de choque muy agresivo. Desde 2012, la represión ha estado en diferentes momentos contra quienes estábamos en contra del proyecto”.
Una búsqueda en medios locales permite reconstruir, desde 2012, al menos 15 episodios de represión por parte de las autoridades. La policía, tanto federal como estatal, se ha enfrentado varias veces a integrantes del Frente. Algunos de sus integrantes, como el abogado Juan Carlos Flores pasó en 2014 diez meses preso. “Ha habido diferentes amenazas y hostigamiento a las personas en lucha, como las que sufrió Samir antes de su asesinato, y ahora sigue con la detención del compañero Miguel y la criminalización en la defensa del río Metlapanapa”, enlista César.
Un aspecto relevante del PIM y su uso político es el cambio de opinión que han tenido a lo largo de los años los que ahora están en el poder. “Legítimos opositores del Proyecto Integral Morelos”, “omitieron (…) los riesgos por la construcción de una instalación que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano diariamente a menos de 2 metros de profundidad”, “el Centro Nacional para la Prevención de Desastres consideró que el proyecto era inviable”.
Quien dijo esto en 2014 no fue un “radical de izquierda” y “conservador”, como tildó el presidente AMLO a los opositores a la termoeléctrica en Huexca, justo antes de la consulta ciudadana en la que votaron poco más de 50 mil ciudadanos de los estados de Morelos, Huexca y Tlaxcala, sino Manuel Bartlett, ahora cabeza de la Comisión Federal de Electricidad y entonces senador por el Partido del Trabajo.
Bartlett que, ahora defiende “los beneficios que traerá la termoeléctrica” y que “fortalecen este proyecto” y habla de los opositores como “grupos organizados que, en general, argumentan posible desabasto o contaminación del agua, riesgos de desastres cuasibíblicos por la cercanía con el Popocatépetl, argumentos fantasiosos que no se verifican en la realidad”.
Fue también en 2014 cuando AMLO aseguró que “construir una termoeléctrica en la tierra donde nació Zapata” es como “ir a Jerusalén y construir un basurero tóxico o una planta nuclear”. Como Barlett, AMLO cambió de opinión y ahora busca su puesta en marcha.
“Desde que murió Samir, ya no tenemos tranquilidad. Ahora tenemos desconfianza con donde nos sentamos, donde nos paramos. Ahora tenemos que estar mirando para allá y para acá, para que no nos vayan a venir, nos salgan de cualquier lado y nos quieran matar”, explica Eliezer Zamora, compañero y amigo de Samir.
Ha sufrido ataques físicos y dice dormir en sitios diferentes según el día. El asesinato de su amigo Samir le hace sentir más reales, más cerca, las amenazas.