Juez frena un parque solar en Yucatán y ampara el territorio de mayas y de jaguares


Mayapolitikon
Un juzgado federal hizo caso a las demandas de vecinos de Valladolid y ordenó detener totalmente las obras que se realizan en el “Parque Yucatán Solar”, un complejo de 210 hectáreas, en cuyo polígono está ubicado un cenote sagrado de 2300 años y tres estructuras prehispánicas. Además de ser el paso y hábitat de jaguares y panteras.

De esta forma, vecinos de comisarías de Valladolid vieron escuchadas sus demandas y preocupaciones que comenzaron desde octubre de 2016, cuando se enteraron de un proyecto de energía solar y comenzaron a movilizarse, poniéndose en contacto con las autoridades federales correspondientes, la Semarnat y la Sener, que nunca respondieron a sus requerimientos.

Fueron poco más de tres años de ir y venir de los vecinos, desde octubre de 2016 hasta mediados de este mes cuando los inconformes fueron escuchados por el juzgado Quinto de Distrito, con sede en Mérida el cual les otorgó el amparo de la justicia federal, fallo que fue dado a conocer el 22 de abril pasado.

La demanda de amparo, firmada por una treintena de personas encabezadas por Gregorio Hau Caamal, fue interpuesto el 11 de febrero pasado y se pidió la suspensión del proyecto y la revocación de los permisos.

Un hecho relevante que incidió en el peso del amparo solicitado fue la difusión, en diciembre de 2018, en el V Simposio Ichkaantijo’ que se realiza en la sede del INAH Yucatán, la existencia de un cenote sagrado de miles de años, cuyo uso sigue vigente, y está ubicado en el polígono del parque solar.

Los vecinos comenzaron a preparar su amparo en enero de este año para lo cual reunieron a diversas personas de las comunidades aledañas. Una carta dirigida al alcalde de Valladolid para solicitar la suspensión de licencias tampoco tuvo respuesta.

A principios de febrero escriben a la Sener, a Semarnat, a Conacyt y al INPI y a la Secretaría del Bienestar, pidiéndoles que intervengan y suspendan el megaproyecto “Parque Yucatán Solar”, argumentando las violaciones a los derechos del pueblo maya en la autorización del megaproyecto y pidiendo su suspensión. Ninguna dependencia responde.

Una solicitud al INAH Yucatán, el 12 de marzo pasado, para que provea mayor información sobre el cenote Múusench’een fue rechazada porque la información es “confidencial” y es sólo es posible consultarla 10 años después.

Pero ahora, en la resolución de amparo, el juez Carlos Solís Briceño dictaminó “que no se realice ninguna obra material o de cualquier tipo para la ejecución del megaproyecto.

“Que no se lleve a cabo ni se dé inicio a alguna obra de construcción [… ] evitando daños irreparables en derechos constitucionales y convencionales de los pueblos indígenas, como la protección del patrimonio cultural y social de su territorio indígena, así como la de proteger y garantizar un medio ambiente sano, a través de la suspensión de cualquier acto que implique la deforestación y tala de la vegetación que conforme a la selva ubicada en el territorio indígena de la parte quejosa, así como el cenote sagrado denominado Múusench’een, ubicado en la zona en la que se pretende ejecutar el mencionado proyecto, (entre Ebtún y Cuncunul) utilizado con fines rituales y ceremoniales desde la época precolombina.

El cenote, según el documento oficial, forma parte de un antiguo asentamiento precolombino al que se le ha dado uso como sitio ceremonial ininterrumpido desde hace unos 2,300 años hasta la actualidad, y que en el sitio arqueológico donde se encuentra dicho cenote consta de tres edificios prehispánicos intactos, de los cuales dos colindan con el interior del cenote y uno ubicado exactamente arriba del mismo; asimismo, en el cenote se hallaron cinco entierros, y que el cenote cumple con la función primordial de dotar a los sacerdotes mayas de agua virgen para la realización de ceremonias rituales.

Los quejosos pertenecen a las comunidades de Dzinup, Santa Eleuteria, Xalau, en Valladolid; así como de Chemax y Chichimila y dijeron de que se les niega el derecho a ser consultados sobre un megaproyecto de impacto significativo en su vida comunitaria, y de este modo se les niega también emitir un consentimiento libre, previo e informado sobre el mismo, lo que resulta discriminatorio

La construcción del proyecto implicaría la deforestación de 210 hectáreas de selva sumamente bien conservada, con una rica biodiversidad. Esta deforestación provocaría importantes afectaciones que preocupan a la población local. Causaría importantes afectaciones a la apicultura, a la pérdida de biodiversidad sumamente importante para la medicina tradicional maya, asimismo la selva bien conservada tiene una alta importancia ritual y espiritualpara el pueblo Maya, dado que es el hogar de los alux, los “espíritus” de la selva que dan vida y garantizan la continuidad de la cultura Maya.

Asimismo, varios firmantes de la demanda de amparo practican el Xok K’iin (también conocido como cabañuelas mayas), el cual hace registros durante el año del comportamiento de determinadas especies de aves e insectos y de la forma en que el ciclo natural se refleja en los árboles de la selva. Dichas observaciones y registros son utilizadas desde tiempos prehispánicos para determinar el calendario agrícola maya. Su continuidad depende de la conservación de la selva.

La instalación de más de 200 hectáreas de paneles solares causaría un fuerte efecto “isla de calor”, que afectaría gravemente la regulación de la temperatura de la región circundante. Además, la deforestación causaría una pérdida de protección contra el viento. La zona del proyecto ha sido ruta de huracanes (30 a 40 huracanes entre 1900 y 2005, con vientos registrados de hasta 130 km/h.

Con un número extremadamente reducido de muestreos con fototrampa, el Manifiesto del Impacto Ambiental afirma que no hay presencia de jaguares ni de otros felinos, cuando la población local y estudios académicos previos han mostrado con certeza que la zona es hogar de jaguares y pumas, animales sagradosy de gran importancia para nuestro Pueblo Maya. La construcción del parque provocaría la pérdida de su hábitat.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y la Evaluación de Impacto social (EVIS) preparadas por la empresa omitieron deliberadamente información sumamente importante sobre impactos negativos a las comunidades. Las autoridades competentes, por su parte, decidieron no tomar en cuenta la información y opiniones críticas.

La autorización del proyecto se basa en información manipuladay en una supuesta “consulta indígena” a modo, de la que fueron excluidas personas y comunidades críticos con el proyecto.

Los demandantes enfatizaron que autorizar un proyecto de este tipo en un área de selva en buen estado supone un atentado ecológico y cosmogónico del monte y de sus usos. La selva ha sido y seguirá siendo conservada por la población Maya,y usada de forma sustentable a través de la apicultura y otras actividades sin impactos negativos.

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