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Entre asesinatos, desapariciones y represión: así viven los defensores del territorio en Puebla

“Estamos resistiendo a un modelo de desarrollo, a un modelo de vida que lo que quiere es aniquilar a las mujeres, a las campesinas, a los niños y niñas”: Rosa Govelo

Aranzazú Ayala Martínez /Lado B

La violencia contra quienes defienden el territorio y se oponen a megaproyectos extractivos y energéticos en Puebla es gradual: primero se empieza con mensajes, llamadas, tratando de amedrentar y meter miedo. La mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) documentó lo que ha pasado durante los últimos cuatro años en cuanto a ataques a defensores del territorio, encontrando que el hostigamiento generalmente empieza contra las figuras más visibles de los movimientos, ya que se piensa que si se “cortan las cabezas” de la organización, la resistencia morirá.

En la presentación del “Informe de violaciones a los derechos humanos al territorio y al agua en Puebla” por parte de activistas y académicos, la mesa DESCA hizo un recuento de algunos de los once casos que documentaron para el trabajo, exigiendo verdad y justicia para defensores asesinados, alto al acoso contra activistas y la cancelación de proyectos que causarían daños irreparables al medio ambiente y rompen el tejido social de las comunidades.

Los once casos que revisó el IDHIE se dividen en tres temas. En el primero, afectaciones al derecho al agua y medio ambiente con la autorización de megaproyectos y grandes empresas, están: la comunidad de Atlixco organizada contra la privatización del agua, la minera en Ixtacamaxtitlán, la hidroeléctrica Puebla 1, la mina en Tetela de Ocampo, el Libramiento Norte Puebla-Tlaxcala y la explosión de un ducto de Pemex en San Martín Texmelucan.

El río Apulco, en riesgo de ser contaminado por el “Proyecto Tuligtic o Ixtaca”, recorre varios municipios de la sierra de Puebla y llega hasta Veracruz. Foto: Marlene Martínez

En lo que se refiere a la criminalización se investigaron los casos del asesinato de Antonio Esteban Cruz, opositor al proyecto hidroeléctrico Cuamono en Cuetzalan, y el asesinato de Manuel Gaspar, del mismo municipio; así como el conflicto en torno a la construcción de una línea de alta tensión también en Cuetzalan. Otro de los casos es el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, en la Sierra Negra, y el intento de privatización del agua potable en Ocotepec.

La realización del proyecto hidroeléctrico Cuamono significaría la destrucción del bosque. Las principales beneficiadas serían las empresas mineras que pretenden ubicarse en los alrededores. La imagen muestra el sitio donde se une el río Apulco y la cuenca Cuichat. Foto: Marlene Martínez

En el caso de la hidroeléctrica Puebla 1, en los municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, los opositores al proyecto han sido constantemente criminalizados por autoridades locales. Unos días antes de la presentación del informe el viernes 7 de diciembre, uno de los integrantes de la organización que resiste para salvar la cuenca del río Ajajalpan fue señalado por policías por, presuntamente, haber disparado una pistola; fue perseguido. Esto se suma a la pérdida de ocho tomos de los anexos del juicio de amparo interpuesto por las abogadas de FUNDAR y el Consejo Tiyat Tlali, representantes de las comunidades afectadas, dentro del Juzgado en San Andrés Cholula, sin que se sepa quién o por qué perdió las miles de fojas.

Defensores de Tepatlán Foto: Martina Žoldoš

Respecto al proyecto en Ixtacamaxtitlán, también en la Sierra poblana, se ha revelado la escasez de agua por la exploración minera; familias de las comunidades se han quedado sin agua para consumir y para cosechar en sus terrenos. Silvia Villaseñor, del Consejo Tiyat Tlali, dijo que la minera Gorrión, filial mexicana de la canadiense Almaden Minerals, está impulsando una campaña para lavarse las manos y mostrarse como una empresa que puede hacer “minería sustentable” pero, mientras tanto, los habitantes siguen divididos por el proyecto.

La hidroeléctrica Coyolapa-Atzala, que se pretende construir en los municipios de Zoquitlán y Coyomeapan, ha provocado un conflicto tenso desde el principio, hace menos de dos años. La radio comunitaria Radio Tlayole, que informaba de la oposición a la presa, fue atacada a balazos y uno de sus comunicadores resultó herido. Este año un autobús donde viajaban personas de las comunidades que habían ido a una manifestación en rechazo al proyecto, fue incendiado.

Violeta Valdez Alcántara, del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, aclaró que en el informe faltan los asesinatos de Adrián Tilihuic, en Zacapoaxtla y de Meztli Sarabia, este último ocurrido en un contexto diferente a la defensa del territorio. Un año antes del periodo que abarca el informe, fue asesinado también Frumecio Solís, defensor del agua, y en marzo de este año el activista de la Sierra Negra Sergio Rivera Hernández desapareció sin que, a la fecha, se conozca su paradero.

El informe ya fue entregado a diversas autoridades de gobierno y la mesa DESCA dijo que continuará con la labor de dar seguimiento a los proyectos que abarca el documento, así como a la situación general de quienes defienden el territorio en Puebla.

Pese a las amenazas, intentos de criminalización y agresiones directas, las organizaciones se han mantenido. Este es el peso importante que hace que se sigan defendiendo la vida y el territorio en toda la entidad.

*Foto de portada: cortesía Martina Žoldoš

https://ladobe.com.mx/2018/12/entre-asesinatos-desapariciones-y-represion-asi-viven-los-defensores-del-territorio-en-puebla/