Desde mediados de los años ochenta del siglo XX, el estado mexicano ha implementado políticas económicas neoliberales con el fin extender el despojo de bienes públicos y bienes comunes de los pueblos. Uno de los objetivos fundamentales ha sido la extracción y apropiación de los recursos energéticos existentes en el territorio nacional, fundamentalmente a través de la explotación petrolera, gas convencional y gas shale.

Desde principios de siglo XXI, la privatización de la industria petrolera ha tenido tres momentos fundamentales. El primer momento se constituye durante el periodo presidencial de Vicente Fox (2000-2006) que impulsó el desmantelamiento del Instituto Mexicano del Petróleo que funcionaba como centro estratégico de investigación científica y tecnología para Petróleos Mexicanos. El segundo durante el periodo presidencial de Felipe Calderón (2006-2012) donde se permite a las petroleras transnacionales de Estados Unidos, mediante contratos, controlar la exploración y extracción de yacimientos marítimos de las principales reservas de crudo en las aguas del Golfo de México. A finales de ese sexenio se calculaba que el 80% de la industria petrolera y el 55% de la industria eléctrica estaban ya en manos privadas. El tercer momento se constituye durante el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto con la aprobación de la llamada Reforma Energética en 2013.

Una de las características fundamentales de la Reforma Energética o Reforma de la Ley de Hidrocarburos fue la remoción del principio constitucional de exclusividad de la Nación en la apropiación y aprovechamiento de los hidrocarburos y exclusividad del Estado en las actividades productivas de energía consideradas estratégicas. Desde la expropiación petrolera en 1938, las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo, gas y sus derivados) eran exclusivas del Estado. Apartir de esta reforma (2013), empresas privadas nacionales y extranjeras podrán (pueden)participar en la exploración y explotación de hidrocarburos a través de la celebración de contratos con el Estado. Estos contratos podrán (pueden) ser de licencia, de servicios y de utilidad o producción compartida. La nueva ley también abre la puerta a la exploración y explotación de gas de esquisto o shale, que se obtiene mediante la práctica conocida como fractura hidráulica o fracking, que consiste en la perforación de la tierra, la introducción de agua y químicos a presión y la extracción de hidrocarburo guardado en poros rocosos (Ver Mega Proyecto “Fracking”).

Junto con el desmantelamiento de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) durante los últimos 30 años, así como la privatización y traspaso de los recursos energéticos a empresas trasnacionales, la Reforma Energética apunta también a la profundización del despojo de tierras ejidales y comunales asentadas en regiones ricas en recursos energéticos.

El artículo 96 de la reforma establece que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública y que la exploración y extracción de estos recursos energéticos es de interés social y orden público. Es decir, la realización de estas actividades tendrá prioridad sobre cualquier otro uso del territorio. Por tanto, el Estado podrá obligar a que los dueños de los terrenos renten sus tierras a las empresas petroleras, bajo las figuras conocidas como servidumbre legal u ocupación y afectación. superficial. De no hacerlos se acude legalmente a la figura deexpropiación por utilidad pública.

El siguiente mapa muestra las principales cuencas de potencial petrolero en el territorio nacional:

A pesar de ubicarse entre los primeros 20 países a nivel mundial con mayores reservas de petróleo probadas, noveno productor de petróleo a nivel internacional y cuarto mayor exportador de crudo a EUA, México se ha convertido en un creciente importador de derivados petroleros, particularmente gasolina y gas natural. En el caso de la gasolina, México pasó de ser un exportador a finales de la década de los setenta a convertirse en un importador neto de gasolina y diésel, pasando de importar 173 mil barriles diarios en 2004 a 400 mil barriles diarios en 2015. En el caso del gas natural, mientras la producción nacional va a la baja, la importación crece significativamente, alcanzando mil 778.9 millones de pies cúbicos diarios en 2016, trecientos millones de piescúbicos más que en 2015. Aproximadamente 80% de todo el gas natural que importa México procede de EUA y 60% llega directamente de Texas(Waja, Agua Dulce) a través de gasoductos.

El Plan Quinquenal de Gasoductos 2015-2019 derivado de la reforma energética busca duplicar la construcción de gasoductos como puesta de infraestructura para aumentar las importaciones de gas natural desde EU. Sin embargo lo que se puede percibir en una cartografía de transporte de gas natural entre ambos países es que México se encuentra dependiente de las conexiones con EU, conectando sus principales redes de abastecimiento a cuatro gasoductos estadounidense.

La creciente dependencia de la importación de gas natural ha representado un ejercicio de ocupación territorial que desplaza a comunidades, en su mayoría indígenas, para tomar en manos privadas la exploración, explotación y distribución de recursos. La construcción de gasoductos en México ha redoblado el despojo territorial a lo largo de todo el país. Pueblos indígenas y campesinos en México están siendo afectados por estos proyectos de infraestructura que el gobierno federal declara como proyectos de utilidad pública. En Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Sonora y Morelos, son cada vez más las comunidades que se pronuncian contra los efectos devastadores que los gasoductos generan para la vida campesina del país.

Fuentes:
http://www.probdes.iiec.unam.mx/numeroenpdf/183_v46/05art_Merchand.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://nofrackingmexico.org/wp-content/uploads/2014/07/An%25C3%25A1lisis-Leyes-Segunda-Parte-dict%25C3%25A1menes-Senado.pdf
https://desinformemonos.org/la-reforma-energetica-tambien-contra-los-pueblos-indios-de-mexico/