PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE MUJERES QUE LUCHAN
Militarización

En los regímenes políticos característicos del modo de producción capitalista, el ejército tiene como funciones reconocidas en las leyes, entre otras: salvaguardar las fronteras nacionales, garantizar la paz y la seguridad interior y contribuir a mantener el estado de derecho.

En realidad, como expresión del poder coercitivo del Estado, el ejército y otros cuerpos represivos, son la fuerza armada que impone lo que algún teórico llamó el monopolio legítimo de la violencia. Actualmente, el Estado comparte ese “no monopolio” con el crimen organizado, que funciona como si fuera parte del Estado.

México comparte una frontera de 3 200 Km con la mayor potencia económica y militar del mundo. El ejército nacional hace muy poco de la tarea, si es que la hace, de salvaguardar las fronteras del país, máxime con las consecuencias de subordinación militar de México a Estados Unidos asociadas con la firma del TLCAN y del ASPAN.

El ejército mexicano se comporta, más bien, según el testimonio de los pueblos indígenas, los campesinos, los trabajadores en general, como un ejército de ocupación que protege los negocios de las empresas capitalistas, sean plantaciones, fincas, minas, parques eólicos, gasoductos, termoeléctricas, carreteras, acueductos, fábricas, tiendas departamentales, televisoras, radiodifusoras.

El posicionamiento en el territorio nacional del ejército y de otros cuerpos armados del Estado, es un rasgo estructural del orden social impuesto por el capitalismo. Hoy día el capitalismo se halla en su fase neoliberal, la era de la mundialización casi completa del capitalismo, de los monopolios y los oligopolios gigantescos, del imperialismo exacerbado. En suma, la era de la cuarta guerra mundial contra toda la humanidad.

A nivel global y dentro de las naciones han crecido el armamentismo, la represión, la pérdida de vidas humanas por medios violentos, medios que son parte de una guerra no declarada contra la humanidad. Las potencias imperialistas desplazan sus armas y sus ejércitos por todo el planeta, amenazan con una guerra perpetua.

Los ejércitos de los países del tercer mundo, salvo contadas excepciones, apuntan las armas contra sus propios pueblos. Están al servicio de las corporaciones transnacionales que despojan a los pueblos de sus patrimonios. La mayoría de los estados nacionales funcionan como operadores del capital financiero y lanzan los ejércitos que mandan contra los pueblos indígenas, los campesinos, los trabajadores, las mujeres, los estudiantes, los homosexuales, que luchan contra el despojo, la explotación, la represión y el desprecio característicos del capitalismo neoliberal globalizado.

Éste apuesta a anular los derechos y las conquistas de los pueblos y de los trabajadores, a borrar todo lo que estorbe a la valorización del valor, a destruir las sociedades, las culturas y los países, para luego reconstruirlos como manden los dueños del dinero. Un mundo de esclavos autómatas, trabajando y consumiendo para acrecentar la acumulación del capital, privados de las artes y de las ciencias, despojados de la palabra y el pensamiento críticos.

En los últimos cuarenta años, creció exponencialmente la producción armamentística, desde las ametralladoras hasta las armas de destrucción masiva nucleares, químicas y biológicas. Ésta es una de las causas de la creciente militarización mundial y nacional, del incremento de las guerras grandes, medianas y pequeñas, de la expansión y diversificación de los negocios del crimen organizado, brazo del capital y de los estados. Las corporaciones transnacionales de la industria armamentística son uno de los mayores negocios del capital financiero. Las fábricas de armas tienen la mayor inversión de capital y echan mano de todas las tecnologías de punta, desde la cibernética hasta la robótica, pasando por las nanotecnologías y la ingeniería genética.

Las guerras de todo tipo, no sólo las reconocidas como tales, son el método de despojo de territorios. Grandes sumas de dinero público se invierten en armas. Los dueños del dinero prestan a los gobiernos de los países para que compren más armas. Entre más gente matan, y esa gente es mayoritariamente de abajo, más y más gana el capital. La deuda pública, como decía Marx, es lo único que realmente pertenece a los pueblos de los países, pues son los trabajadores y las trabajadoras explotados quienes seguirán produciendo riqueza, a costa de su vida y de la vida de los suyos, que el capital seguirá apropiándose. Que las deudas externas con el capital financiero, anónimo y sin patria, aunque se conozcan los nombres y rostros de los canallas billonarios, sean técnicamente impagables, les tiene sin cuidado a quienes sacrifican a la humanidad.

La deuda pública de las naciones, por otro lado, es un método de enriquecimiento de las clases dominantes que prestan y que piden prestado y es también un método de despojo del patrimonio de los pueblos. Y no sólo del patrimonio de los pueblos del tercer mundo, sino también del patrimonio de los pueblos de países como Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Inglaterra, Francia, Japón y otros que forman parte de la minoría de naciones que luchan por repartirse el mundo.

La ubicación del ejército nacional en el territorio mexicano

Desde hace décadas, la Secretaría de la Defensa Nacional concibió criterios para dividir el territorio mexicano en un número determinado de regiones militares y para establecer la sede de cada una de ellas en un punto geográfico determinado. Así, el gobierno federal ejerce el mando en todo el territorio, por encima de los gobiernos estatales y municipales, desprovistos de facultad de mando sobre el ejército.

Actualmente, hay XII regiones militares en México y sus sedes son: I. Ciudad de México; II. Mexicali, B. C.; III. Mazatlán, Sin.; IV. Monterrey, N. L.; V. La Mojonera, Jal.; VI. La Boticaria, Ver.; VII. Tuxtla Gutiérrez, Chis.; VIII. Ixcotel, Oax.; IX. Cumbres de Llano Largo, Gro.; X. Mérida, Yuc.; XI. Torreón, Coah.; y XII. Irapuato, Gto. La fuente consultada el 12 de marzo de 2017 (www.gob.mx, Secretaría de la Defensa Nacional), no informa cuáles son los linderos de cada una de las regiones militares, pero se sobre entiende que en conjunto cubren todo el territorio nacional.

Estas XII regiones militares se dividen en 46 zonas militares. Cada uno de los 32 estados tiene cuando menos una zona militar. Algunos estados tienen 2 (B. C. S., Son., Chih., Jal., Mich., Méx., Gro., Tab.) y otros tienen 3 zonas militares (Ver., Oax., Chis.). Deben añadirse a esta enumeración 15 guarniciones militares, 4 regiones aéreas, 18 bases aéreas, 9 cuarteles militares y unos 106 batallones de infantería, entre ellos el infame batallón de infantería 27 en Iguala, Gro.

Todas estas instalaciones militares son “legales” y parte de la “normalidad democrática”. Lo que se entiende por militarización de la sociedad mexicana es mucho más que esto, consiste en:

– el abultado gasto público asignado a todas las corporaciones armadas (ejército, marina, policía federal, policías estatales, policías ministeriales, policías municipales, etc.), que no es reducido, sino incrementado sexenio tras sexenio.

– el número creciente de sus efectivos y de la paga que reciben, junto con la promoción de los militares y exmilitares a cada vez más puestos de la administración pública de los tres niveles de gobierno.

– en la proliferación de cuarteles y retenes militares y policiacos por todo el país, con lo cual la “seguridad” prosigue su caída en picada.

– caso especial y particularmente grave de esta proliferación de cuarteles militares es el caso de todo el territorio zapatista y otras zonas de Chiapas, donde tierras de los pueblos fueron invadidas por los militares para construir sus cuarteles, establecimientos donde circulan ampliamente las drogas y el alcohol y en cuyas inmediaciones se establecen lupanares y se pone en riesgo la seguridad de la población local, sobre toda la de las mujeres. Donde quiera que hay pueblos movilizados que defienden sus territorios y sus derechos, aparecen prontamente los soldados, los marinos y los policías, cuya tarea consiste en hacer todo lo posible por acabar con las organizaciones autónomas y rebeldes, así como en proteger a los traficantes de drogas y de personas, a los falsos “pequeños propietarios”, a los talamontes, a las corporaciones mineras, etc.

– en la presencia del ejército y otros cuerpos armados en las vías públicas en la ciudad y en el campo, en las carreteras, en los bosques (y no para combatir la tala ilegal, que protegen, ni tampoco el cultivo y tráfico de drogas, actividades en las que participan lucrativamente).

– en el apoyo que brindan a los grupos capitalistas, de carácter legal e ilegal, que despojan de sus territorios a los pueblos indígenas, a los ejidatarios y comuneros.

– en la intimidación de los pueblos para evitar que se organicen y protesten lanzando contra ellos la represión con armas de fuego, las acusaciones judiciales fabricadas, la muerte y la cárcel. Y las “fuerzas del orden” disparan indiscriminadamente contra niñas y niños, hombres y mujeres, ancianas y ancianos. Quien lucha y se defiende puede ser acusado de lo que sea, pero por absurdos que sean los cargos, los ministerios públicos y la “justicia” condenan sistemáticamente a los acusados, en lo que no es más que represión selectiva que busca disuadir a quienes defienden sus derechos.

– en la cuantiosa propaganda, pagada con recursos públicos, a favor del ejército, que incluye desde spots televisivos y radiales hasta telenovelas.

– en el ocultamiento de la complicidad de negocios del Estado y su ejército con el crimen organizado.

– en la rígida postura del Estado, que ante todo problema de índole social recurre a alegatos de “seguridad nacional” para reprimir a la ciudadanía.

Entonces, la cuestión de la militarización del territorio nacional y de las relaciones sociales, así como la criminalización de la protesta social, no se reducen a que el ejército esté haciendo funciones de policía, afirmación que es sea de una ingenuidad rayana en la estulticia, sea una cortina de humo que pretende ocultar que el ejército lo que menos hace son funciones de policía, pues lo que sí hace es proteger a sus aliados criminales, matar ciudadanos que ejercen sus derechos, proteger a las corporaciones capitalistas y sus megaproyectos de muerte, llenarse los bolsillos con diversos ingresos ilícitos, provenientes del tráfico de drogas, de las coimas que les pagan las bandas de secuestradores por los migrantes que les entregan para obtener dinero de sus parientes que deben pagar un rescate si quieren volver a verlos con vida.

Lo que hacen los diferentes cuerpos de las fuerzas represivas obedece a las instrucciones que tienen de la clase política de todos los partidos con registro, pero los gobernantes, los legisladores, los jueces, así como los capitalistas que en sus bancos y en sus negocios se dedican al lavado de dinero, se visten de virtuosos “hombres de Estado” y “hombres de negocios” que se esfuerzan por mantener la “seguridad nacional” y el bienestar del “pueblo mexicano”.

Una faceta más de la problemática aquí apenas esbozada es la dependencia y subordinación crecientes que el Estado mexicano tiene respecto al Estado y las corporaciones yanquis. La alta oficialidad del ejército, la marina y los cuerpos policiacos de México, es la que, en América Latina y el Caribe, envía probablemente un número mayor de sus miembros a las academias militares y policiacas del país de las barras y las turbias estrellas, de donde provienen cada vez más las maneras de “contener y apagar la protesta social”, de reclutar para los cuerpos armados, de administrar las cárceles del país, de entrenar a las fuerzas represivas en el uso de grupos paramilitares, de infiltrados y espías, de capacitar en el uso de técnicas de “interrogación” y tortura, de imponer a través de los medios de paga las versiones de la realidad funcionales a la reproducción de las relaciones de explotación y de poder existentes.

La militarización de México y la injerencia cada vez más descarada de Estados Unidos en los asuntos nacionales, crecieron a la par con el crecimiento de la resistencia de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los trabajadores, de las mujeres, de los estudiantes y de otros muchos sectores que no han dejado de luchar por acabar con la pesadilla y evitar que triunfen la muerte, la explotación, el despojo y el desprecio.

Son entonces, al lado del crecimiento de las corporaciones del crimen organizado, uno de los negocios capitalistas globales más lucrativos, una de las respuestas de los dueños del dinero y del poder de arriba, a las resistencias de los diversos abajos que no rinden, no se venden y no claudican.

La militarización dentro de las fronteras nacionales tiene su equivalente en la esfera internacional, con la multiplicación de las guerras, con fachada de “guerras humanitarias” y “guerras contra el terrorismo internacional”, invenciones del imperialismo para desmovilizar a los ciudadanos conscientes del mundo, que si se movilizan y protestan contra las guerras son acusados de colaborar con gobernantes que practican la supuesta “limpieza étnica” o son “enemigos de la democracia”, porque la oposición de derecha no ha podido arrebatarles el poder del gobierno a través de las elecciones. Quienes repudian las guerras imperialistas por todo el mundo enfrentan la abrumadora maquinaria mediática mundial que afirma que las guerras son causadas por terroristas sin Estado, aunque hayan bautizado de Islámico a un supuesto estado. Las guerras de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, publicitadas en los medios de paga como guerras contra gobernantes que victiman a sus propios pueblos (Panamá, Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, etc.) o que son tiranos que desafían a la “comunidad internacional” (Corea del Norte, Irán), naturalizan, normalizan, encubren, la violencia de verdad que los gobernantes y las corporaciones capitalistas están imponiendo con la cuarta guerra mundial contra la humanidad.