Corredor Interoceánico: Una historia de imposición, despojo y violencia
Imagen: Valente Rojas y Diego Prado
Sin información suficiente, exprés y con poca convocatoria, las consultas indígenas que respaldan al gobierno mexicano fueron la primera violación a los derechos de los pueblos del Istmo. Luego, vino la falsificación de firmas e, incluso, el voto de personas fallecidas
Alejandra Crail / El Universal
Cuando la comunidad de Puente Madera, del municipio de San Blas Atempa en Oaxaca, supo que el gobierno mexicano quería instalar un Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) en sus tierras, Inocencio Morales ya estaba muerto.
Murió la noche del 22 de enero de 2020. El cáncer de hígado le quitó la vida a los 62 años, según certificó el médico en el acta de defunción. Pero a más de un año de su fallecimiento, su firma apareció en el acta de la asamblea agraria del 14 de marzo de 2021, avalando la venta de tierras al gobierno y la instalación de este parque industrial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto prioritario del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El acta de defunción de Inocencio Morales muestra su fallecimiento el 22 de enero de 2020, un año antes de que la Asamblea para aprobar el Podebi se llevara a cabo.
Esta es sólo una de las anomalías encontradas en esa acta. El documento muestra participación inflada, firmas repetidas hasta tres veces y otras decenas falsificadas, por ello la comunidad ingresó amparos que terminaron por detener temporalmente el avance de uno de los 10 parques industriales contemplados en el megaproyecto.
La asamblea fue convocada por el entonces presidente municipal —actual Senador de la República por Morena—, Antonino Morales Toledo, y contó con el respaldo del Notario Público 37, Jorge Antonio López Mier, y del jefe de residencia de la Procuraduría Agraria, Luis Alberto Jiménez Paredes. Fue el punto más álgido de una serie de arbitrariedades contra esta comunidad índigena zapoteca, luego de que en 2019 se hiciera la primera consulta sobre el Corredor Interoceánico fuera de los parámetros establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Así, la defensa de su territorio ha chocado con el discurso de un gobierno que dice tener un “compromiso en trabajar en beneficio de las comunidades indígenas”, como quedó establecido en las actas de las asambleas convocadas en torno al Corredor.
Ni libres ni informadas
Los Podebi son áreas geográficas, ubicadas principalmente en terrenos de propiedad social de Oaxaca y Veracruz, donde los comuneros y/o ejidatarios siembran maíz, frijol, mango, piña, papaya y más. El gobierno las considera zonas estratégicas para “atraer inversión y potenciar capacidades productivas” a través del establecimiento de industrias químicas, petroquímicas, textiles, metalúrgicas, alimenticias, de transporte, entre otras.
En 2019, el gobierno mexicano sólo anunció la rehabilitación de las vías del viejo ferrocarril que desde 1907 cruza del Océano Pacífico al Atlántico, pero no la intención de aprovechar la riqueza natural de la zona a través de parques industriales concesionados a empresas nacionales y extranjeras. Uno de los principales activos para su consolidación es el agua que hay en estos territorios.
La administración de AMLO, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que fue dirigida por Carlos Urzúa hasta julio de 2019, convocó a asambleas regionales de 10 pueblos indígenas para consultarles sobre el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Se les dijo que querían recibir sus propuestas para integrarlas al proyecto, pero que necesitaban su visto bueno para la “modernización del ferrocarril ya existente”, de los puertos comerciales de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como el reforzamiento de infraestructura carretera y de servicios, según quedó asentado en las minutas de esas siete reuniones ocurridas el 30 y 31 de marzo de 2019 en Oaxaca y Veracruz, las cuales se obtuvieron vía transparencia para esta investigación.
Para entonces no había planos del proyecto, tampoco manifestaciones de impacto ambiental, ni claridad sobre la compra de tierras ni de los proyectos industriales futuros. No era una consulta y así lo reconocieron las autoridades que desfilaron frente a los asistentes que cuestionaron la forma en que ocurrían las asambleas.
“Esta consulta es una simulación, esto está ya planeado por el gobierno federal. El gobierno federal manipulará la información que se está levantando”, concluyeron participantes de la mesa del pueblo náhuatl durante la asamblea que ocurrió en Oteapan, Veracruz. En la comunidad de Santiago Loallaga, Oaxaca, el comisariado Ejidal de San Pedro Comitancillo comunicó que el ejercicio no contenía las fases para ser considerado una consulta indígena, también que sólo presentaron presuntos beneficios, pero no las afectaciones del proyecto.
Las mismas preocupaciones se replicaron en los siete eventos que coordinó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), una dependencia del gobierno mexicano encargada de fomentar una mejor relación entre las autoridades gubernamentales y las comunidades indígenas y afromexicanas. El INPI tenía la misión de garantizar la consulta a los residentes de 46 municipios —compuestos por 667 mil personas indígenas, pero sólo participaron tres mil 427 personas, el .5% de la población que se auto adscribe indígena en la región.
El respaldo “simulado” al Corredor Interoceánico
“Si bien no se ha seguido de forma estricta cada una de las etapas de la consulta, se ha dado una deliberación en un diálogo constructivo que va perfilando consensos”, respondió Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas del INPI. “El día de hoy se hace un ejercicio de consulta genérica”, dijo Adelfo Regino Montes, director del INPI el 30 de marzo de 2019 en Jaltepec de Candayoc, Oaxaca. “Se hace saber que promoveremos consultas como medio para definir y enriquecer el Programa de Desarrollo del Istmo”, dijo Diana Álvarez Mauri, de la Secretaría de Gobernación, en Santa María Chimalapa. “Nada se va a hacer sin consultar a los pueblos indígenas”, les prometió Aldo Silva de la SHCP.
Etiverio Ramírez del pueblo nuntaj+yi —en español Popoluca— acudió a la consulta de 2019. “Como indígenas de la Sierra Popoluca queríamos proponer que todo lo que pudiera llegar a nuestro municipio fuera con estricto respeto a la naturaleza, tradiciones y costumbres. Pero fue una simulación porque ya había una respuesta determinada”, dice el profesor y licenciado en derecho originario del municipio de Soteapan, Veracruz.
Los pueblos Ikoots de San Mateo del Mar, San Francisco del Mar y San Dionisio del Mar en Oaxaca, enviaron una carta el 28 de marzo de 2019 al titular del INPI, con copia a la SHCP y la Segob. En ella expusieron la “no aceptación de la Consulta” por considerar que atentaba contra sus derechos porque no era culturalmente adecuada, ni previa, ni libre, ni informada, ni de buena fe como presumía el gobierno y como se establece en el Convenio 169.
En la acción de inconstitucionalidad 81/2018 promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que las consultas deben tener una etapa de definir junto con los pueblos cómo se llevarán a cabo, acorde con su propio sistema normativo o de usos y costumbres. Debe haber otra fase informativa, tiempo suficiente para el análisis de esa información, en su lengua y sus propios espacios organizativos; luego la evaluación del tema al interior de las comunidades en las que estas deliberan, y la etapa consultiva, con diálogo con autoridades, los acuerdos y el seguimiento a éstos. En este caso, las consultas fueron exprés, la convocatoria se dio apenas días antes, con información escueta y todo el desarrollo de las etapas ocurrió en un mismo día. El Estado mexicano hizo siete consultas en apenas dos días.
“Las consultas indígenas deben surgir del reconocimiento de que las distintas comunidades tienen sus propias leyes tradicionales y sus propios sistemas jurídicos y que esos tienen validez”, explica Citlalli Hernández Saad, coordinadora en México de la organización Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos indígenas (IPRI por sus siglas en inglés). Pero esto no ocurrió así, el gobierno estableció las reglas y excluyó a las comunidades de la organización. Por ello, para la mayoría de las comunidades, este ejercicio carece de validez.
Doble vulneración
En San Blas Atempa la inconformidad de 2019 se extendió hasta 2021, cuando el presidente municipal, Antonino Morales, convocó a una asamblea de comuneros para consolidar la venta de tierras de Puente Madera al gobierno mexicano, y que éste desarrolle un parque industrial.
En esa ocasión se registró la participación única de 753 comuneros, el 43% de los mil 748 que conforman el padrón; es decir, no hubo mayoría. Además, en esa acta interna las firmas de 24 personas estaban repetidas, con diferencias claras entre sí.
Al menos 24 firmas duplicadas se registraron en la asamblea del Podebi en San Blas Atempa
El acta de asamblea del 14 de marzo de 2021 muestra el listado de firmas de los comuneros que asistieron a la asamblea para la instalación del PODEBI en San Blas Atempa. Hay al menos 24 registros replicados hasta tres veces.
La firma de Carlos Cristobal López, por ejemplo, aparece tres veces. La primera tiene el nombre Carlos y una L, rodeados de un óvalo semicerrado. En la segunda, la letra es casi ilegible, empieza con una C y termina con ondas cortas que se combinan con otras letras que no se pueden identificar; no hay óvalo. La tercera comienza con una C garigoleada y el resto de las letras cursivas se combina con líneas verticales y horizontales. Parecen hechas por diferentes personas.
En otros casos, aunque hay una única firma, el dueño no la reconoce. Guadalupe Ríos Maldonado, uno de los habitantes que ha luchado en contra de la instalación de este parque industrial, dice que se sorprendió cuando vio que aparecía su nombre y una firma que él no hizo porque no pudo entrar a la reunión.
“No fuimos aceptados porque sabían la postura que llevábamos de investigar, de conocer a fondo. Después pedimos el papeleo a la Procuraduría Agraria y ahí es donde vemos la firma falsificada de unos 56 de Puente Madera; dialogamos como comuneros y decidimos interponer una denuncia ante el tribunal”, recuerda el comunero.
Un par de meses después, en mayo de aquel año, el gobierno mexicano presumió que había llegado a acuerdos con la comunidad y, con esa afirmación, dio salida a una nueva consulta indígena en San Blas Atempa para confirmar el respaldo al Podebi. Se solicitó el posicionamiento a las autoridades que respaldaron esta asamblea —Antonino Morales de ex presidente municipal por Morena, el notario Jorge Antonio López Mier y el representante de la Procuraduría Agraria, Luis Alberto Jiménez Paredes—, pero al cierre de edición no respondieron.
Desconocen a comunidades indígenas
El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en favor de que en todos los proyectos de desarrollo anunciados por el gobierno de AMLO se garantice el Derecho a la Consulta y el Consentimiento libre, previo e informado, la práctica de 2019 se replicó en 2021. El gobierno anunció el desarrollo de parques industriales a lo largo del trazo del ferrocarril, con impactos directos en la tenencia de tierra e indirectos en aspectos sociales y ambientales para los 79 municipios de influencia.
La diferencia fue que en esta ocasión desconoció a los habitantes indígenas de la mayoría de los municipios impactados. De los 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi), sólo reconoció como comunidades indígenas a Ciudad Ixtepec, Santa María Mixtequilla y San Blas Atempa en Oaxaca. En 2023, a Asunción Ixtaltepec.
El INPI rechazó consultar a habitantes de municipios como Matías Romero, donde el 57.7% se considera indígena. El argumento fue que el predio es propiedad de la federación por lo que “no se afectarán derechos territoriales de ninguna comunidad indígena” y que no tienen registro de que las localidades cercanas al polígono “hayan ejercido su derecho a la autoadscripción”.
“Es un hecho notorio que, por el paso del tiempo, la actual ciudad ha abandonado los rasgos identitarios y ha asumido una convivencia urbana en el que prevalecen los derechos individuales”, dijo sobre los 6 mil 500 habitantes indígenas de Texistepec, Veracruz. Lo mismo para Coatzacoalcos, Salina Cruz y San Juan Evangelista.
Una vez más, las consultas fueron exprés y no consensuadas previamente con los órganos internos de cada comunidad.
“Los pueblos nos planteaban que los procesos de consulta han resultado una trampa porque se vuelven el centro de la exigencia, cuando lo más importante es el ejercicio de la libre determinación, es decir, que una comunidad pueda decir que no y que eso se respete”, detalla Hernández Saad, coordinadora en México del IPRI. En su opinión, las consultas realizadas no fueron informadas ni libres porque hubo mucha presión sobre los habitantes y el Estado ha tomado decisiones sin siquiera preguntarles.
Por ejemplo, la militarización del proyecto debió haberse sometido a consulta, acorde al compromiso de no militarizar los territorios indígenas que suscribió el gobierno mexicano. No obstante, el presidente López Obrador designó este proyecto a la Secretaría de Marina, como lo hizo con otras obras prioritarias de su sexenio, buscando garantizar que se concrete aún entre protestas.
Las comunidades tampoco fueron consultadas sobre la adhesión de más obras vinculadas que no se les informaron desde 2019, como los parques industriales, los gasoductos, la planta de hidrógeno verde, entre otros proyectos con impactos sociales y ambientales graves.
Se solicitó una entrevista al INPI y a la Marina, pero rechazaron dar una entrevista o responder al cuestionario que se les entregó.
La continuidad de la simulación
El Pitayal es un territorio rico en biodiversidad y agua, una tierra poblada de mezquite, un elemento fundamental para la fabricación del totopo, sostén de la economía de los habitantes de la región. Tiene casi 18 mil hectáreas de extensión y forma parte de los Bienes Comunales de San Blas Atempa.
Ahí los habitantes son de lucha y, tras las arbitrariedades en la venta de 331 hectáreas dentro de El Pitayal al gobierno mexicano, ingresaron amparos por la falsificación de firmas y la falta de información sobre los impactos del proyecto. Desde el 2021 el Podebi planteado para empresas enfocadas en los textiles, metales y la agroindustria, se topó con pared. Ahí empezaron los encontronazos con el gobierno que, cansados de la defensa legal de las tierras y las manifestaciones públicas a través de bloqueos carreteros, denunció penalmente a 18 habitantes de esta localidad.
“No estamos en contra del progreso, sino que informen a la gente bien, pero lamentablemente no es así. (…) La cuarta transformación era no robar, no mentir, pero se hace lo contrario”, lamenta el comunero Guadalupe Ríos.
Aún con los amparos que protegían la tierra, en mayo de 2023, el gobierno mexicano, a través del organismo denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), declaró como Podebi el terreno de 331 hectáreas. En la publicación en el Diario Oficial de la Federación notificó el cambio de uso de suelo a tipo industrial y detalló que el CIIT había comprado las tierras desde abril de 2022, pese a las inconformidades de la comunidad. El gobierno pagó 56 millones de pesos (alrededor de 17 pesos —80 centavos de dólar— el metro cuadrado) por esa área que entregará a una compañía privada para la instalación de un complejo industrial.
La presión del gobierno mexicano surtió efecto apenas en junio de 2024. Tomaron la decisión colectiva de desistir del amparo federal contra el Podebi y dar pie a su instalación “ante el aumento de la tensión al interior de nuestra comunidad y con ello las amenazas al tejido comunitario e integridad física y psicológica de nuestros habitantes por parte de las fuerzas represivas del Estado y los entes paramilitares de la economía criminal regional y transnacional”, según difundieron a través de un comunicado.
Así, el gobierno mexicano anunció triunfante: “Por fin llegamos a una negociación y a un acuerdo con la comunidad de Puente Madera y San Blas Atempa, aceptaron ya la instalación del polo de desarrollo”, dijo el Vicealmirante de la Marina, Raymundo Morales Ángeles.
Colima, México, Avanzada (23/09/2024).- En Colima, la crisis forense es delicada por la cantidad de cuerpos que ingresan y el número de cadáveres que no han sido identificados. Lo anterior lo revela la encuesta del INEGI, en donde se destaca que Colima es el quinto estado con la mayor cantidad de cuerpos que son resguardados a la espera de identificación en las instalaciones del Servicio Médico Forense.
La entidad únicamente es superada por Baja California, Ciudad de México, Jalisco y Veracruz.
El informe destaca que en 2023, los servicios periciales y forenses de la entidad recibieron un total de mil 519 cadáveres. El informe no especifica las causas de las muertes porque el año pasado, las cifras oficiales confirmaron 913 asesinatos en todo el año, por lo que se desconoce las causas de la muerte de las casi 600 personas más que fueron recibidas en los anfiteatros del estado.
De los mil 519 cadáveres, mil 102 son hombres, 197 mujeres, mientras que en 220 casos no se pudo determinar. Otro dato importante que dio a conocer el INEGI es que 298 cuerpos cadáveres no fueron identificados, pero se desconoce si los cuerpos siguen en resguardo en el Servicio Médico Forense o fueron enviados a la fosa común. Además, mil 219 cadáveres identificados fueron reclamados por sus familiares.
A los mil 519 cadáveres que se enviaron al Semefo en el 2023, se suman 66 restos humanos con conservación de tejidos blandos; cinco segmentos con exposición al fuego; 154 piezas de esqueletos; así como 40 óbitos fetales (fetos), lo que ubica a Colima con la sexta cantidad más alta en el país.
El INEGI también destaca que Colima únicamente cuenta con 129 personas adscritas a las funciones periciales y de medicina forense, lo que coloca al estado con la quinta cantidad más baja en el país.
Colima, México, Avanzada (23/09/2024).- Ángeles Ávalos, reportera de “nota roja” con más de una década cubriendo la fuente policiaca en Colima, fue agredida por elementos policiales cuando regresaba a su casa tras comprar cigarros la noche de ayer. En un video que compartió en redes sociales, se observa cómo varios policías la acosaron, la siguieron hasta su domicilio y una de ellas, irrumpió en su hogar sin justificación legal, sometiéndola violentamente.
En el video, se escucha a los uniformados decir en repetidas ocasiones “¡Súbanla!”, mientras Ávalos exige que se detengan y denuncia el acoso que estaba sufriendo. Pese a haber grabado el número de la unidad, la situación escaló, y la mujer policía se introdujo en su domicilio de forma violenta y la sometió en el suelo, torciéndole el brazo. La agresión solo cesó cuando otro oficial cuestionó a su compañera sobre el motivo de su comportamiento.
Tras la agresión, la periodista fue entrevistada en una estación de radio local, donde detalló los hechos y expresó su intención de tomar acciones legales. Ávalos indicó que esta no es la primera vez que los uniformados actúan de forma arbitraria contra la ciudadanía, y denunció la violencia recurrente de las fuerzas del orden en Colima.
De 27 planteles de CONALEP en la Ciudad de México 22 están trabajando con una deficiencia de 200 a 300 horas sin clases debido a la falta de contratación de maestros temporales, afectado con ello alrededor de 18 mil estudiantes de primero, tercero y quinto semestre, obligándolos a cubrir sus módulos en salones con un sobrecupo de hasta 65 alumnos por clase, según denunció en exclusiva la Profesora Ma. Del Carmen Pérez, secretaria de relaciones y Actas del Sindicato Único de Trabajadores Docentes de CONALEP (SUTDCONALEP).
El sindicato esta solicitando la intervención de la Secretaria de Educación Pública (SEP); de las oficinas Nacionales de CONALEP ubicadas en la ciudad de Toluca; y del Centro Federal de Conciliación y Registro para resolver este problema y de otras violaciones del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) como es la falta de contratos por cubrir de 216 docentes por lo que se afecta al 35 % de estudiantes de diferentes semestres de no recibir el servicio educativo. De no ser atendidos recurrirán a otros esquemas como manifestaciones entre otras estrategias a seguir que iniciaran el próximo jueves.
Sobrecarga de alumnos en los grupos en planteles como Aeropuerto, Milpa Alta, Iztacalco, Magdalena Contreras, Azcapotzalco, Tlalpan I, Tlalpan II, Coyoacán y Xochimilco, se tienen grupos con más de 60 alumnos, por arriba del límite que establece el Contrato Colectivo de Trabajo, de 40 estudiantes. Sólo se permiten excepciones únicamente con autorización expresa de la Dirección General de CONALEP, hasta un máximo de 44 alumnos en grupos de nuevo ingreso.
El aumento desmedido de alumnos por grupo está deteriorando las condiciones de
trabajo de los docentes, quienes carecen del espacio físico adecuado para impartir
sus clases. Además, se está afectando seriamente la calidad educativa, impidiendo
el desarrollo adecuado de habilidades y conocimientos en los estudiantes.
Esta situación no solo genera desencanto y frustración entre los estudiantes, sino que también provoca una creciente molestia entre los padres de familia, quienes ven cómo se vulnera el derecho a una educación de calidad, garantizado en el Artículo 3° Constitucional.
A pesar del compromiso inquebrantable de nuestras y nuestros docentes para formar a jóvenes con la calidad que se merecen, nos vemos obligados a denunciar una serie de atropellos por parte de las autoridades del Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP) de la Ciudad de México que afectan tanto a los trabajadores docentes y consecuentemente a los alumnos.
Las violaciones al CCT son: Reducción arbitraria de la carga horaria en hasta 60%. En el plantel Centro México Canadá, a la mayoría de los docentes se les asignó, como lo establece el CCT, una carga horaria de 20 horas. No obstante, la dirección del plantel, de manera arbitraria y sin justificación adecuada, emitió una modificación que reduce hasta en un 60% las horas contratadas inicialmente. Esta decisión se basa en supuestos argumentos de falta de matrícula y presupuesto.
Asignación insuficiente de horas laborales. Los docentes de los planteles Venustiano Carranza I y Venustiano Carranza II han recibido horarios de tan solo 8 horas, muy por debajo de las 18 horas mínimas estipuladas en el Contrato Colectivo de Trabajo. Esto no sólo afecta la estabilidad económica de los docentes, sino que también impacta gravemente a sus familias.
Una enorme diferencia en cuanto a las cifras de personas desaparecidas tiene la Fiscalía General del Estado (FGE)y los colectivos de madres buscadoras de Quintana Roo, pues la estadística oficial señala menos de 900 casos, mientras que las asociaciones revelan que realmente son alrededor de mil 500.
Los datos obtenidos a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) detallaron que de enero a agosto de este año suman 883 carpetas de investigación por personas desaparecidas en la entidad, de éstas son 340 en Cancún, es decir alrededor del 40 por ciento.
Le sigue Playa del Carmen que hasta el 31 de agosto sumaba 181 casos, mientras que Chetumal registró 180 expedientes por personas reportadas como no localizadas, en estos casos presuntamente en su mayoría están relacionados con temas de las células delictivas que los privan de la libertad.
La estadística oficial también reveló que Felipe Carrillo Puerto contabiliza 57 casos, Tulum 46, en Bacalar 26, Cozumel reportó hasta agosto 20; 12 en Isla Mujeres, en José María Morelos 11, mientras que Puerto Morelos lleva 10; supuestamente en Lázaro Cárdenas no se ha registrado ninguno.
Al sumar la incidencia mensual, fue durante abril donde se han tenido más casos con 119, enero, marzo y mayo ,con 118 cada uno, el mes pasado con 112, en tanto que junio y julio reportó 105 y 107 respectivamente; el mes con menos índice hasta ahora ha sido febrero, con 86.
Como se mencionó anteriormente, los datos oficiales tienen una discrepancia enorme con el reporte de los colectivos de madres buscadoras, tan sólo Romana Rivera, líder del “Colectivo Verdad, Memoria y Justicia”, recientemente en una entrevista reveló que al día se tiene hasta cinco casos de personas desaparecidas; considerando este dato de enero a agosto serían mil 200 casos.
Los números no cuadran
Otra asociación que tiene un dato alarmante es Red Lupa, quienes hasta el corte del 16 de mayo ya tenían mil 213 casos de personas no localizadas, en su mayoría hombres con 833 (68.67 por ciento) y 378 mujeres (31.16 por ciento). Según estos mismos datos en 2023 se registraron 919 personas extraviadas y en 2022 fueron 591.
Estos casos en su mayoría se relacionan a temas de narcomenudeo y con células delictivas que operan en diversos municipios del estado, de hecho, las mismas activistas en la entidad revelan que muchas veces los familiares de las víctimas conocen al agresor, pero por miedo a represalias no se denuncia o cuando empiezan a compartir la imagen de la persona no localizada, reciben amenazas obligándolos a no continuar la búsqueda.
De acuerdo con los manifestantes, desde hace varios años han solicitado apoyo a las autoridades municipales, pero las respuestas han sido escasas y sin acciones concretas
Residentes del condominio Oasis Desértica, ubicado en Puertas de San Miguel al norte de la capital queretana, se manifestaron a las afueras del parque La Queretana en el marco del primer evento en este lugar previo a su realización.
“No vamos a parar hasta que nos escuchen”, en sus peticiones, los vecinos exigen la dotación de servicios públicos esenciales, principalmente agua potable, un recurso que, dicen, no han recibido desde hace más de cinco años.
Los habitantes, quienes señalan que han tenido que recurrir a la compra de pipas de agua para abastecerse, aseguraron que mensualmente gastan hasta 70 mil pesos entre todos los afectados, lo que ha generado una fuerte carga económica para las familias.
“No tenemos otra opción, tenemos que pagar pipas cada semana para poder tener agua”, declaró un vecino.
Los habitantes, quienes señalan que han tenido que recurrir a la compra de pipas de agua para abastecerse, aseguraron que mensualmente gastan hasta 70 mil pesos entre todos los afectados, lo que ha generado una fuerte carga económica para las familias.
“No tenemos otra opción, tenemos que pagar pipas cada semana para poder tener agua”, declaró un vecino.
Demandan servicios básicos. Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro
De acuerdo con los manifestantes, desde hace varios años han solicitado apoyo a las autoridades municipales, pero las respuestas han sido escasas y sin acciones concretas.
“Nos atendió (Carlos) Arreguín, pero seguimos esperando respuestas. Nos sentimos abandonados”, comentó otro residente.
El problema, según explicaron, radica en la falta de infraestructura para conectar el suministro de agua a sus viviendas. Aunque se iniciaron algunos trabajos, estos se detuvieron, y actualmente se enfrentan a un juego de responsabilidades entre el gobierno
“El municipio dice que no ha autorizado nada, y la constructora se lava las manos”, indicaron.
Los vecinos también denunciaron que las calles del condominio no están pavimentadas y carecen de alumbrado público, lo que afecta su calidad de vida.
“Toda la calle está sin pavimentar, es pura terracería”, explicó un habitante del lugar. Esta situación complica el acceso a la zona, especialmente en temporada de lluvias.
En cuanto al alumbrado público, afirmaron que la falta de iluminación pone en riesgo la seguridad de los residentes, ya que algunas áreas del condominio quedan completamente a oscuras durante la noche.
“Suplicamos tener alumbrado público, pero no hemos recibido nada y estamos pagando el impuesto”, dijeron los manifestantes.
Los afectados mencionaron que hace aproximadamente un año, tras una manifestación similar, lograron establecer mesas de trabajo con autoridades del municipio y representantes de la desarrolladora.
“Nos dijeron que iban a apoyarnos en hacer la infraestructura, pero no hemos visto avances”, lamentó uno de los vecinos.
Los manifestantes explicaron que, en su última reunión, se les aseguró que los trabajos de conexión de agua se reanudarían una vez que se vendieran todas las viviendas del condominio.
“Esto va para largo, llevamos más de cinco años que estamos abandonados”, criticaron.
Asimismo, indicaron que han seguido las vías legales en busca de respuestas, pero las autoridades han postergado las soluciones, lo que ha generado un sentimiento de frustración e impotencia entre los residentes.
“Hemos tenido mesas de trabajo, pero no nos ayudan. Nos sentimos ignorados”, expresaron.
Jorge Salazar, uno de los vecinos afectados, afirmó que muchos de los residentes no son originarios de Querétaro, sino que llegaron a la ciudad buscando una mejor calidad de vida-
“Este gobierno es extremadamente corrupto. Hacen cambios de uso de suelo sin revisar”, aseguró.
Finalmente, los manifestantes aseguraron que continuarán con sus protestas hasta que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto y resuelvan de manera definitiva la falta de agua y los demás servicios básicos que necesitan para vivir dignamente.
En la imagen el activista Samir Flores, de sombrero color café, durante un evento del Presidente López Obrador el 10 de febrero de 2019, cuando se anunció la propuesta del gobierno federal para activar la termoeléctrica en Morelos. Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro
Montserrat Antúnez / SinEmbargo
“No es sequía, es saqueo”
Eliezer, de Morelos; doña Fili en la Ciudad de México, y una habitante de Santiago Mexquitlán, Querétaro, narraron cómo ante la falta de agua sus comunidades se organizan para frenar el saqueo de grandes empresas y megaproyectos.
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– Habitantes de Morelos, Querétaro y la Ciudad de México que se han organizado desde hace años para frenar proyectos que roban y contaminan el agua de sus comunidades llamaron a personas del campo y la ciudad a organizarse con la consigna “el agua es vida y la vida se defiende“.
Eliezer Zamora Pérez, de Amilcingo, Morelos, recordó en entrevista para el programa En Defensa del Consumidor del Estudio B de SinEmbargo que en esa entidad protestan desde 2011 contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que involucra a pueblos de esa entidad, Puebla y Tlaxcala.
“A consecuencia de la termoeléctrica, que está en etapa de pruebas, todavía no es formal su función, ya se secaron pozos. La termoeléctrica trae contaminación alrededor del pueblo de Huesca, donde está instalada. Por eso invitamos a todos morelenses, a todos los mexicanos a que se unan, a articularnos porque nos vamos a quedar sin agua, eso será muy lamentable para nuestros hijos, nietos y bisnietos”, mencionó.
El PIM está conformado por dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado, un gasoducto de 160 kilómetros de longitud que atraviesa al menos 60 pueblos, y un acueducto de 12 kilómetros de longitud. Ya tiene más del 90 por ciento de su infraestructura, pero los reclamos de pobladores siguen vigentes.
El represente legal del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, Juan Carlos Flores, informó a inicios de este mes al diario El Sol de Cuautla que están a la espera de la resolución de tres de 14 amparos en contra el PIM, relacionados, por ejemplo, con el uso del agua del Río Cuautla para las turbas de la hidroeléctrica.
Eliezer Zamora fue uno de los 800 asistentes de 22 estados y nueve países a la Quinta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio realizada el 17 y 18 de agosto en el Ciudad de México. Ésta fue convocada por el Congreso Nacional Indígena y tuvo el objetivo de fortalecer la organización de comunidades afectadas por megaproyectos que acaparan el agua.
Eliezer es de Amilcingo, el pueblo donde nació el activista Samir Flores, asesinado en febrero de 2019 y quien durante años se opuso al Proyecto Integral Morelos. De hecho, el espacio que fue sede de la asamblea hoy lleva su nombre: Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes; ahí despachaba el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y actualmente es habitado por la comunidad otomí de la Ciudad de México.
El asesinato de Samir, al igual que el de otras y otros defensores, sigue impune. Un informe publicado este mes por la organización Global Witness colocó a México como el tercer país de América Latina con más asesinatos de activistas por defender el derecho a la tierra y a un medio ambiente limpio, con 18 crímenes en 2023.
EL TRABAJO EN CDMX
Doña Fili, representante de la lucha de los Pedregales de Coyoacán, recordó que la lucha por el agua en la capital del país también lleva décadas. Ella vive en Pedregal de Santo Domingo, una colonia al sur de Ciudad de México. A inicios del 2015 ella y sus vecinas denunciaron que la empresa inmobiliaria Quiero Casa tiraba diariamente miles de litros de agua dulce en una de sus construcciones.
Las y los vecinos mantuvieron un plantón en la Avenida Aztecas durante más de dos años y reclamaron su derecho al agua potable. A fines del 2021, vecinos y vecinas juntaron lograron que autoridades habilitaran un pozo para abastecer a la zona centro de la colonia. Pero el cuidado y exigencia al agua potable inició desde la década de los 70.
La Cuarta asamblea general del los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán cerró parcialmente Avenida Aztecas 215 el 18 de marzo de 2016. Acusaron a Quiero Casa por pretender secar y desviar un manantial de agua dulce. Foto: Cuartoscuro
“Cuando llegamos a fundar Santo Domingo carecíamos del agua, había que acarrearla muy lejos. Teníamos el problema del agua, había que ir a los lavaderos públicos y nos llevaban de acarreados y acarreadas: si no íbamos a los eventos de [los expresidentes] Luis Echeverría o López Portillo nos castigaban 15 días sin lavar en los lavaderos públicos. Las hermanas que llegaron primero nos enseñaron a cargar el agua, a cuidarla. Cooperamos para tener agua y hoy está la problemática con las inmobiliarias. La inmobiliaria de los Shabot Cherem, Quiero Casa, nos tapó un manantial en la Avenida Aztecas 215. Vemos que el Gobierno ve el agua como un botín”, mencionó Doña Fili.
La mujer destacó que el agua es un derecho, “¿para qué esperar hasta que ya no tengan agua para cuidarla?”, se cuestionó.
COMUNIDADES EN QUERÉTARO
En Querétaro, desde 2021 habitantes de Santiago Mexquitlán han denunciado el saqueo y escasez de agua provocado por los malos manejos y opacidad de la Comisión Estatal de Aguas de la entidad (CEA).
Habitantes exigieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la restitución de un pozo para la comunidad porque identificaron que pipas particulares se llevaban el agua mientras el pueblo sufría escasez. Por ello han presentado amparos contra la CEA y la Conagua.
“Las empresas sobreexplotan los mantos acuíferos y se llevan el agua de las comunidades, eso provoca por un lado los tandeos de agua, como en Querétaro con pipas en las colonias populares del centro histórico, y por otro lado la contaminación excesiva.
“Empezamos a ver escasez porque llegan empresas. De hecho en Querétaro llegan varias, el Gobernador Mauricio Kuri anunció que llegará Amazon, Google; en Amealco, que es el municipio al que pertenece mi comunidad, está Aurrera. Estas y otras industrias tienen que ver con esa crisis de agua que viven las comunidades”, mencionó en entrevista una integrante del Consejo autónomo de Santiago Mexquitlán, quien por seguridad pidió dar su testimonio de manera anónima.
El Congreso Nacional Indígena ha denunciado que desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas Nacionales, en 1992, la Conagua ha entregado más de medio millón de concesiones. Entre las grandes beneficiadas están empresas como Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo, Femsa y Lala, por lo que insisten en que a lo largo del país más que sequía, las comunidades se enfrentan al saqueo.
Al cierre de la Quinta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, Anselma Margarito, vocera de la comunidad otomí en la Ciudad de México, expuso que los pueblos en México siguen identificado formas de despojo y destrucción como el acaparamiento del agua, la perforación de pozos y la entrega de concesiones a grandes industrias que la contaminan, mientras la población tiene acceso limitado.
“Aquí coincidimos las luchas de muy distintas geografías del territorio nacional, del campo, del mar y la ciudad. Luchas que estaban antes de este sexenio y luchas que florecieron durante este sexenio. Estamos aquí quienes coincidimos en seguir en la lucha por la vida desde abajo, contra la explotación capitalista bajo los nuevos rostros que adquiere. Esta es nuestra palabra sencilla, un balance del sexenio que termina y un anuncio que nuestra lucha sigue en el sexenio que comienza. La lucha por el agua, la vida y el territorio sigue, porque luchar por la vida es luchar contra el capitalismo”, concluyó la Asamblea.
Texto y fotos: Víctor Pérez y Camilo Ocampo / Pie de Página
Publicado el 21 de Septiembre de 2024
El deslave de dos cerros en Naucalpan coloca sobre la mesa la relación entre una vivienda digna, el crecimiento de las ciudades y la interacción con la naturaleza.
NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO.- Bajo una carpa blanca con globos del mismo color, los habitantes de La Raquelito, en Naucalpan se preparan para llevar al panteón a sus seres queridos. Una tragedia que se podría repetir gracias al crecimiento desmedido de las urbes y la falta de planes de desarrollo adecuados.
Las combis de pasajeros y las patrullas transportan las coronas de flores, mientras una caravana de motocicletas se prepara para escoltar el cuerpo de quienes llevan a enterrar, aceleran sus motores y alzan las fotos de sus seres queridos, así anuncian que el barrio está de luto por cinco menores de edad que junto a su abuelo, fueron víctimas de un deslave provocado por las fuertes lluvias del lunes 16 de septiembre.
César Martinez, uno de los vecinos de la colonia, barre mientras la gente comienza a alejarse del panteón. Recargado sobre su escoba, contempla el altar, viendo las veladoras, narra cómo se dio cuenta de la tragedia y cómo la colonia se comenzó a movilizar para ayudar a las personas atrapadas.
“Escuché un golpe muy fuerte, yo pensé que había sido otra cosa, yo no sabía que había una casita ahí” dice César mientras señala con el dedo una pequeña brecha, al fondo se asentaron los restos de una casa de lámina y madera. “La gente se metió a vivir ahí, pues porque tienen la necesidad de tener un hogar ¿No?”.
“Estaban celebrando una fiesta, cuando se escuchó el trancazo y salió un joven gritando que les ayudaran, que se les había venido la tierra encima. Fue en ese momento, cuando los vecinos hicieron sonar la alerta vecinal y se percataron que una parte del cerro donde viven, se había desgajado y sepultado a una familia”.
Toda la gente que vive en la colonia comenzó a llegar con picos, palas y cubetas para ayudar, porque el barrio es bien unido, es como una familia, comenta César. Cuando pasa algo el barrio es el primero en moverse, porque si entre vecinos no se ayudan, nadie más lo va hacer; esa noche los cuerpos de emergencia tardaron como 40 minutos en llegar.
Además, considera que el actuar de las autoridades no fue el adecuado. “Nada más estaban dando vueltas sin hacer nada, nosotros (los vecinos) les gritábamos que nos ayudaran, que trajeran a los perros (los binomios caninos) pero tardaron como 50 minutos más en reaccionar”.
“Yo nunca creí que pudiera pasar una tragedia como esta, siempre pensé que sería del otro lado, donde se ve qué hay más riesgo” y vuelve a señalar con el dedo, pero ahora, a la colonia de enfrente donde las casas se encuentran en el límite del cerro que da hacia un voladero.
El otro peligro
A un lado de donde ocurrió el deslave, un río puso en alerta a quienes viven en las orillas de los afluentes de las presas Totoliga y Cuartos. Hombres rellenan costales de arena y los cargan en carretillas hasta la fachada trasera de las casas, por donde pasa el río Totolinga, buscan reforzar el suelo en el que se encuentran las viviendas.
Víctor Emiliano Leal, de 30 años, carga costales. Su casa, ubicada en la calle Sauce, manzana 1, lote 12, es la que está en mayor peligro de la cuadra. Una semana antes del deslave de la madrugada del 16 de septiembre, a la colonia acudieron trabajadores de Protección Civil, a informarles del peligro que corrían.
“Nos dijeron que teníamos que desalojar nuestra casa, pero ¿cómo la voy a dejar? Son 30 años de trabajo de mi familia, hemos invertido mucho dinero para ponerla en píe. Ahorita, desde que me avisaron que está en riesgo, le he metido como 15 mil pesos, en una sola semana”
Mientras intenta reforzar la superficie sobre la que está edificado el inmueble, comenta cómo a partir de las lluvias, la tierra comenzó a desplazarse, reduciendo la distancia entre el cauce del río con las viviendas, dejando apenas unos centímetros. “Antes había como 4 metros de separación, pero ahora ve, hay menos de medio metro” exclama.
A pesar de ello ,su casa no es la única vulnerable del municipio. Desde 2020 solo el 5.4 por ciento de la población de este municipio goza de espacios de vivienda de calidad, mientras que el 4.2 por ciento dispone de acceso a los servicios básicos como agua, luz y drenaje en su vivienda, de acuerdo con el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social.
La vivienda, un tema socioambiental
“Eso ya está consolidado ahorita, lo que hay que hacer es ver cómo evitar que la población esté vulnerable a ello”, comenta sobre los asentamientos urbanos como el de La Raqulita, el profesor y geógrafo Juan Ratio.
“La particularidad es que el territorio donde está Naucalpan es una cañada en sí mismo, es el piedemonte de la Sierra de las Cruces y ese territorio prácticamente son fisuras, son barrancas”, explica en entrevista.
En esta zona, explica, no se puede hablar de un deslave, que es un término técnico, sino de un desplazamiento de material que se conoce como desgajamiento, que se ocasiona cuando se desprende material de una posición elevada, que por lo general son rocas, se desprenden y va hacia abajo, casi en caída libre.
“Las razones tienen que ver con la modificación al entorno y sobre todo al suelo. La primera importante es la pérdida de cobertura forestal, que ocasiona la pérdida de un material muy importante que retiene el suelo, el sustrato que permite que los suelos tengan la capacidad de absorción para el agua y también de retención de otro tipo de materiales que vengan de la superficie exterior” comenta Ratio.
La zona metropolitana del Valle de México, explica el profesor, está creciendo de manera exponencial y atraviesa fases de expansión y consolidación urbana paulatinas. Desde 2008 varias zonas urbanas se habían consolidado (un desarrollo estructural y de funciones que mejora los espacios urbanos). Pero después de la pandemia se retomó el proceso de expansión de la urbe, en la zona poniente, en municipios como Naucalpan hacia Huixquilucan
“Con el caso de Naucalpan, donde ya se hizo un desarrollo urbano, pues yo creo que lo que falta es un plan integral desde esta visión del cuidado tanto hídrico como social de las personas”. comenta.
“Lo primero es tener un programa de contención, incluso me atrevería a decir que junto con el municipio y el estado de México incluso de relocalización, porque una vez que ya un cerro se desgaja se puede continuar desgajando”.
Ciudad de México.- Fue un 19 de septiembre de 2017 cuando la tierra se volvió a cimbrar como aquel 1985. Se acababa de rendir un homenaje a aquellas mujeres que perdieron la vida atrapadas entre cemento, telas y maquinaria de costura; sin embargo, 32 años después la tragedia se repetía en el predio ubicado en Simón Bolívar y Chimalpopoca, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.
El dolor de aquel 1985 revivió en 2017, cuando el predio de cuatro pisos se derrumbó, provocando la muerte de 21 personas que trabajaban como costureras y personal operativo en dicho espacio, el cual tenía permiso para funcionar como oficina, pero en realidad albergaba las empresas textiles: Línea Moda Joven, S.A. de C.V; ABC Toys Company S.A de C.V; Dashcam System, Regalomex; Comercializadora Mextoy, S.A. de C.V.; Florina y Seo Young Internacional S.a. de C.V.
Ese 19 de septiembre de 2017 maquinarias y herramientas fueron rescatadas antes que las mujeres atrapadas. Cuatro días después la zona se declaró muerta: no había nadie por salvar con vida. Así se dio paso a las maquinarias para recoger “los escombros”.
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
La exigencia de justicia por las costureras
Irma Sánchez Ramírez, quien laboraba en “Línea Moda Joven” S.A de C.V, fue una de las mujeres que quedaron sepultadas el 19 de septiembre de hace cinco años. De acuerdo con información de archivo de Cimacnoticias, fueron las amigas y compañeras de trabajo quienes se solidarizaron con las familias de las víctimas ante el abandono institucional.
Y es que las autoridades, ni la familia Azkenazi -propietaria de Línea Moda Joven S.A de C.V- respondieron a su obligación para con las costureras que laboraban en el edificio ubicado en Simón Bolívar y Chimalpopoca.
Jessica, hija de Irma, recuerda que cuatro días después del sismo recibió la visita de una de las compañeras de su mamá, quien le llevó un apoyo económico de diez mil pesos, recabado el viernes 22 entre sus compañeras de trabajo. La quinta parte de lo recaudado, fue aportada por la dueña de la empresa; es decir, ocho mil pesos fueron aportación de sus compañeras de trabajo y únicamente dos mil de la dueña. Dinero con el que pretendió cubrir las negligencias que por años albergó el espacio donde laboraban Irma y sus compañeras.
Jessica no tuvo contacto con la empresa donde trabajaba su madre, tampoco recibió una llamada que diera condolencias a su familia. ¿Demandar? “Sería como vender la vida de mi mamá”, contó. Y así, sin justicia, su nombre está escrito en el edificio de las costureras que fallecieron tras el sismo de 2017.
Al día de hoy el silencio embarga la tragedia: qué fue de los dueños de las empresas textiles que mantenían trabajando en condiciones precarias a las costureras, cómo se indemnizó a las familias, cuántas personas fueron sancionadas. Son las preguntas que aún continúan sin resolverse a cinco años.
A 33 años de otra tragedia
El 19 de septiembre de 1985, las mujeres costureras de la zona textil de San Antonio Abad en la Ciudad de México iniciaron sus labores con normalidad. No pensaron que horas más tarde estarían intentando recuperar los cuerpos de sus compañeras de entre los escombros, mientras eran agredidas por militares que les prohibían el paso para evitar que “robaran maquinarias o cajas fuertes”.
Sin garantías, miles de mujeres trabajaban en dichos talleres textiles, muchos de ellos clandestinos. El día del sismo muchas de ellas quedaron sepultadas entre los escombros, más de 40 mil perdieron su empleo y con ello el derecho a una indemnización.
Conchita, una de las mujeres que laboraba en los talleres textiles, contó a la revista Comunera y el periódico El Zenzontle:
“Ahí estuvimos todo el día y la noche sacando gente y llegó el ejército hasta el otro día el 20 de septiembre en la tarde. Acordonaron, traían metralletas y ordenando que nos fuéramos. Decían que nosotros queríamos robar. Pero no, donde yo trabajaba no se perdió nada, el edificio no cayó, lo chistoso es que el ejército no nos dejaba pasar, pero a los dueños les dio chance de sacar la maquinaria. Ahí estuvimos quince días, porque ya andaba organizando y los viernes me formaba ante la empresa a que nos pagaran las 3 semanas que estuvo parado todo. El patrón no sé quién era, nunca lo conocí ni supe su nacionalidad. Quien manejaba todo era el contador”.
Por su parte Evangelina, otra mujer costurera, contó a la escritora Elena Poniatowska:
«Entramos a la oficina en Fray Servando, entre Bolívar y Lázaro Cárdenas, y allí nos dimos cuenta de que a los patrones, los gritos de auxilio de nuestras compañeras no les afectaba como a nosotros, no los oían como nosotras los oíamos. Ellos estaban más preocupados por sacar su maquinaria, su materia prima y sus cajas fuertes que por los seres humanos. Antes que rescatar a las trabajadoras, querían rescatar los bienes materiales. Fue cuando me sentí totalmente decepcionada de mi patrón Samuel Bisú Serur, el dueño de las fábricas Dimension Weld. Incluso, fue déspota: se quitó el reloj y lo ofreció como liquidación».
Fue así como dio inicio la lucha de Evangelina, quien lideró a varias de sus compañeras para constituir el Sindicato de Costureras 19 de Septiembre. Inclusive se enfrentó a Miguel de la Madrid, entonces presidente de la República Mexicana, quien terminó por aceptar que las mujeres de los 800 talleres en San Antonio Abad vivían explotación laboral.
Pese a lo anterior, desde 1985 las condiciones para las costureras no han mejorado como deberían, el ejemplo nos lo deja el 19 de septiembre de 2017. Con el puño en alto, año con año se exige justicia para las miles de mujeres que fueron víctimas de un sistema que las olvidó y sepultó bajo escombros.
Automovilistas y manifestantes llegaron a los golpes, debido a que los inconformes aseguraron que no liberarán la vía hasta que la CFE restablezca el servicio.
Kanasín, Yucatán, 19 de septiembre de 2024.-Vecinos del fraccionamiento Portal San Pedro ubicado en Kanasín bloquearon la carretera federal Mérida-Cancún para manifestarse debido a un corte en el suministro de electricidad a causa de la perforación de cables subterráneos durante las obras de una constructora.
Los inconformes levantaron un reporte ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quién les prometió resolver el problema en dos horas, pero hasta el momento no se ha solucionado.
Por ello, los colonos mantienen el bloqueo a 600 metros del puente de San Pedro Noh Pat, mismo que comenzó en la vía de entrada a Mérida, pero ya está afectando el carril de salida hacia Cancún, generando un tráfico de aproximadamente 2 kilómetros.
En el lugar, automovilistas y manifestantes tuvieron altercados que llevaron a algunos golpes, pues los vecinos aseguran que no se levantará el bloqueo hasta que les restablezcan el servicio eléctrico.
Cabe mencionar que en los últimos meses se han registrado este tipo de protestas en diferentes partes de Yucatán por la demora de la CFE en la atención a la falta de luz. (Foto redes sociales)
CAMPECHE, MX.- Un grupo de pasajeros que viajaba en el Tren Maya, en la ruta de Palenque, Chiapas, a Cancún, Quintana Roo, quedó varado el miércoles por más de dos horas en el paradero de Candelaria, Campeche, debido a una supuesta fisura en una de las ruedas de los vagones. La parada, que inicialmente fue por motivos de seguridad, se prolongó al descubrirse que la avería era más grave de lo previsto.
El tren llegó a Candelaria alrededor de las 11:50 de la mañana de ayer, momento en el que los técnicos comenzaron la inspección. Tras evaluar los daños, se determinó que no era seguro continuar el trayecto. Los pasajeros fueron reubicados en autobuses que partieron hacia Mérida, Yucatán, a las 14:20 horas. Mientras tanto, el tren quedó estacionado a la espera de reparaciones más exhaustivas.
La situación cobró relevancia en redes sociales gracias a los propios usuarios afectados, quienes manifestaron su inconformidad con el servicio recibido. Entre ellos, un joven compartió su molestia a través de sus perfiles, que incluyen imágenes de sus viajes internacionales. “Tenemos más de dos horas sin movernos porque el tren se descompuso. No vengan al Tren Maya”, escribió en una publicación que rápidamente comenzó a viralizarse.
Los pasajeros, muchos de ellos turistas nacionales y extranjeros, señalaron que llevaban más de cuatro horas varados cuando finalmente se les informó que tendrían que ser trasladados en autobuses, ya que el tren no podría continuar debido a la gravedad del desperfecto. El incidente afectó a visitantes que se dirigían a la zona arqueológica de Edzná, así como a las ciudades de Campeche, Mérida y Cancún.
Aunque los afectados solicitaron reembolsos por las fallas en el servicio, hasta el momento no se les ha devuelto ningún importe. La empresa Olmeca-Maya-Mexica, encargada de la operación del tren, no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas exactas de la falla ni sobre posibles compensaciones.
El suceso, que inicialmente parecía un contratiempo menor, ha generado debate sobre la fiabilidad del servicio del Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene previsto descansar en Palenque una vez concluido su mandato. (Agencias | Foto: archivo)
Habitantes de la comunidad de Ojital Viejo, en el municipio de Papantla, Veracruz, accionaron un bloqueo carretero entre las comunidades de El Chote – Coatzintla durante inicios de esta semana para exigir a la paraestatal, Petróleos Mexicanos (PEMEX), la remediación inmediata frente a constantes derrames de hidrocarburos que afectan el medio ambiente de la región.
Los pobladores reclaman que, la contaminación, resultado de constantes fugas en los ductos que transportan los hidrocarburos, se mantiene desde el pasado mes de junio, sin que funcionarios de PEMEX realicen acciones para evitar los derrames que dañan las tierras y cuerpos de agua que abastecen a las comunidades para labores de riego y cubrir sus necesidades básicas.
Debido a las fuertes lluvias del pasado fin de semana fue que, durante la madrugada del lunes (16), habitantes de Ojital Viejo se percataron del escurrimiento de hidrocarburos causando la contaminación del arroyo que atraviesa la localidad. No obstante, a pesar de que reportaron de inmediato la situación a PEMEX, ningún funcionario de la empresa arribó para atender la contingencia.
Vista aérea de la contaminación en el arroyo de la comunidad Ojital Viejo. Fotos: Esteban Hernández.
Ante el impacto negativo en la fauna y flora locales, así como por la contaminación del arroyo, donde en algunas zonas se practica la pesca, fue lo que aumentó el malestar de la comunidad y derivó en el bloqueo carretero para ejercer presión ante la paraestatal.
Las acciones de protesta también señalaron el peligro que representa la extensión de los escurrimientos hacia predios y propiedades en las localidades de Zapotal Santa Cruz, La Laguna y otras comunidades cercanas al municipio vecino de Coatzintla.
Entre las afectaciones a la salud de los pobladores, refieren que debido a la enorme cantidad de hidrocarburos, el olor es insoportable lo cual ha provocado mareos y problemas respiratorios a la población local, quienes por sus propios medios han buscado atención médica.
Contaminación en el arroyo de la comunidad Ojital Viejo.
Frente a la grave contaminación, la comunidad consideró suspender actividades escolares para así prevenir afectaciones en la salud derivadas por la inhalación del crudo derramado. Cabe recordar que esta zona registra constantemente derrames de hidrocarburos, por lo que pobladores acusan la falta de mantenimiento, por parte de PEMEX a los oleductos, situación que provoca los desastres.
Derrames, inatendidos
La ciudad de Poza Rica, considerada “capital petrolera de México” durante el siglo pasado se ubica en el denominado Paleocanal de Chicontepec y solo entre 1948 y 1956, produjo 70 por ciento de todo el crudo extraído en el país.
Actualmente existe una caída en su producción la cual llegó, en 2018, a 30 mil barriles de crudo diarios, apenas el 8.5 por ciento de la máxima producción que llegó a obtener, pero que está por recibir un nuevo impulso. Apenas, el pasado agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que para el próximo 1 de octubre comenzará la construcción de una nueva planta de fertilizantes como parte de un proyecto entre PEMEX y la empresa Mota-Engil para revitalizar la industria petroquímica del país.
Según Mota-Engil, de capital portugués y quien participa también en las obras del Tren Maya, con una inversión de mil 200 millones de dólares, la fábrica se localizará en la comunidad de Reforma Escolín, población totonaca donde, en contraste, debido a la falta de mantenimiento se han registrado siniestros como la explosión de ductos propiedad de PEMEX, en junio de 2022, sin que la paraestatal accionara en dicho momento frente a la contingencia ambiental.
“A Pemex y a las autoridades ambientales como la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) y Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), no les interesa que las instalaciones y ductos de hidrocarburos, se encuentren sin el mantenimiento y la vigilancia adecuada, campos y pozos de Pemex usados por la delincuencia organizada, devastación socio ambiental por los pozos, los quemadores, los derrames, las fugas, parecen no importarles a las autoridades”, acusaron mediante comunicado miembros del Congreso Nacional Indígena.
Por ello, recientemente pobladores de las comunidades de Emiliano Zapata, Reforma Escolín, Rodolfo Curti y otras vecinas se sumaron a la exigencia de Ojital Viejo para que PEMEX repare los daños al medioambiente en la región.
Un análisis de la organización CartoCrítica señala la alta peligrosidad que representan las fugas y derrames en la infraestructura petrolera mexicana. Debido a que los ductos no se encuentran dentro de un complejo industrial con características de seguridad, pues se despliegan a lo largo y ancho del país, “el riesgo de derrames, contaminación y explosiones es sumamente alto, con rangos que van desde los 20 metros para los ductos de diámetro pequeño, hasta más de 300 metros para los grandes ductos o de alta presión”, alerta.
Funcionarios de PEMEX en reunión con pobladores afectados por el derrame de hidrocarburos.
Medios locales reportaron que, después de una reunión con Rigoberto Nuñez, representante de PEMEX que se apersonó en la Agencia Muncipal de Ojital Viejo, el pasado martes (17), y tras comprometerse a sanear el arroyo de la comunidad en un máximo de 15 días, además de proveer agua potable mediante pipas, la comunidad levantó el bloqueo carretero. Sin embargo, pobladores señalaron que, en caso de que no se cumplan las promesas de la paraestatal realizarán una manifestación en las oficinas de PEMEX.
Familiares de desaparecidos en el Estado de Quintana Roo revelaron el hallazgo de un crematorio clandestino a las afueras de Cancún, el destino turístico más importante de México. Cerca de la carretera Mérida – Cancún, escondido en mitad de la selva, integrantes del Colectivo Verdad, Memoria y Justicia encontraron el pasado 10 de septiembre una construcción en obra negra con un horno en su interior. A pocos metros del lugar detectaron restos óseos calcinados, probablemente humanos, varios montículos de cenizas y algunas prótesis metálicas. El descubrimiento de un lugar de estas características confirma la escalada violenta que vive el Estado, en disputa entre varios grupos del crimen organizado por el tráfico de drogas.
La buscadora Romana Rivera habla durante una rueda de prensa en la Glorieta de los Desaparecidos, este miércoles en Ciudad de México.Paulina Estrada
La Fiscalía General de Quintana Roo confirmó que dentro de la construcción, ubicada en la colonia Tres Reyes, en el municipio de Benito Juárez, fueron hallados más restos humanos. “Dentro del inmueble encontraron un horno con restos humanos calcinados, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público”, señaló la Fiscalía en un comunicado. Las autoridades han abierto una carpeta de investigación para investigar lo sucedido en el lugar. La construcción de ladrillo y concreto tiene un portón metálico, una reja de herrería y varias cámaras de video instaladas en el exterior.
Integrantes de los colectivos de la sociedad civil han señalado este miércoles en rueda de prensa que fueron alertados del lugar a través de sus redes sociales. La llamada anónima ayudó a los familiares a encontrar el punto exacto. Posteriormente, dieron aviso a las autoridades que han asegurado el crematorio. Hasta el lugar se trasladó personal de los tres niveles de Gobierno, agentes de la Fiscalía y peritos forenses para realizar el levantamiento de algunos restos. Los familiares exigen a las autoridades “un levantamiento digno” de los huesos encontrados y solicitaron la intervención en el asunto de organismos internacionales como la ONU y la Comisión de Identificación Humana. Denuncian que todavía quedan restos en el lugar y que no han sido procesados varios montículos de ceniza que siguen entre la maleza. “A cinco días de trabajo en la zona, las familias observamos que el predio no ha sido trabajado con el suficiente cuidado, hay fragmentos que no han sido procesados y no se ha hecho un levantamiento correcto y digno de todos los restos”, han declarado los activistas.
“Es vital una intervención cuidadosa para que a la brevedad se tenga información certeza de que los hallazgos corresponden a restos humanos y se pueda obtener perfiles genéticos para la identificación de personas que pudieran estar desaparecidas”, ha agregado Romana Rivera, buscadora de Quintana Roo. Rivera busca a su hija Diana García Rivera, de 20 años, desaparecida en 2020 y secuestrada a las afueras de una discoteca en Cancún junto a otro hombre.
“Es necesario que las autoridades analicen cualquier indicio que lleve a líneas de investigación firmes”, apuntan desde el colectivo Verdad, Memoria y Justicia, el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera y el grupo Armadillo Rastreadores. Hasta el momento se desconoce a quien pertenece el predio o quién realizó la instalación en el lugar tanto del horno como del circuito de videovigilancia. “Solicitamos a la sociedad civil e instancias internacionales su colaboración con el Estado mexicano para la investigación y las labores de identificación forense”, han pedido los familiares de desaparecidos. “Que no nos dejen solas y solos y que volteen a ver lo que está sucediendo en Quintana Roo”, han pedido en un llamado desesperado por que se sepa la verdad.
El colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Quintana Roo busca actualmente a 116 personas desaparecidas, pero señalan que es imposible conocer el número exacto de desaparecidos en el Estado por la falta de cifras oficiales. “Las estadísticas en algunos casos solo son familiares buscando a través de redes sociales, pero no existe una denuncia ante las autoridades”, comenta Rivera. Los grupos de buscadores señalan que hasta el momento las autoridades “no se han acercado a las víctimas” para tratar de dar seguimiento al perfil genético de los restos encontrados. El hallazgo ha impactado a la sociedad en Quintana Roo que espera respuestas sobre el horror sucedido a poca distancia de uno de los mayores destinos de sol y playa del país.
Familiares de Cristian Cartujano Salazar, desaparecido en mayo de 2023 en Bacalar, sostienen una lona con su ficha de búsqueda frente a la Glorieta de los Desaparecidos, este 18 de septiembre. Paulina Estrada
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- A ocho días de cumplirse 10 años de la desaparición de sus hijos, las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa encabezaron una marcha con la iniciaron la jornada de lucha “Sin tregua, ni cuartel” por la presentación, justicia y castigo para los responsables.
Por más de ocho kilómetros, unas tres mil gargantas reclamaron justicia y reprocharon el engaño que hizo el presidente de México saliente Andrés Manuel López Obrador a los padres de las víctimas a quienes les prometió resolver el crimen y dar justicia.
En la víspera, desconocidos quemaron el anti monumento a los 43 ubicado en el monumento a las Banderas en la avenida Lázaro Cárdenas de la capital del estado.
Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado, postulada por Morena, emitió un mensaje de respaldo a los padres de poco más de 2 minutos y confirmó la campaña de difusión de una recompensa para quien brinde información importante acerca del paradero de las víctimas.
“El gobierno del estado de Guerrero seguirá brindando atención integral a las familias no solo en términos de justicia sino también para su bienestar.
En su gobierno, dijo, las causas justas y humanistas como la de los 43 siempre tendrán eco.
“Voy a continuar haciendo todo lo que esté en mis manos para que esa lucha continúe y rinda frutos. Cuentan con la gobernadora que les escucha, les apoya y que estará siempre con ustedes del lado de la verdad y de la justicia”.
La mandataria ha sostenido dos reuniones, el 6 agosto y 12 de septiembre últimos, con las madres y padres de las víctimas, tres años después de asumir el gobierno estatal.
Participaron integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), encabezados por la Normal de Ayotzinapa, el colectivo de familiares de desaparecidos, Guadalupe Rodríguez, así como del Centro de Defensa de Víctimas de la Violencia Minerva Bello, cuyo nombre es retomado de una madre que falleció en febrero de 2018 en la búsqueda de su hijo normalista.
Los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, Guerrero, desaparecieron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala.
Los jóvenes fueron desaparecidos de manera forzada por policías municipales, de Iguala, Cocula y Huitzuco, en complicidad con sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos.
En la operación fueron desplegados policías estatales, federales y soldados del Ejército.
Esa noche también fueron asesinados con extrema violencia otros tres normalistas y tres civiles. Resultando más de 20 personas lesionadas.
La jornada de lucha está programada hasta el 27 de septiembre. Y será realizada en la Escuela Normal de Ayotzinapa, Chilpancingo, Iguala y Ciudad de México.
La marcha de este miércoles inició después de mediodía en la estatua de Nicolás Bravo, en la zona norte, cruzó el centro de la ciudad e hizo el pase de lista en el anti monumento a los 43 incendiado la noche anterior.
Culminó en la autopista del Sol, a unos metros del hotel Parador del Marqués, con un mitin y la entonación de los presentes del himno Venceremos. Los manifestantes se retiraron a las 4:17 de la tarde.
En abril de 2024 Itele Yelín fue notificada que la casa hipotecada en la que vivía, sería desalojada. Años antes, un constructor inmobiliario anunció que la anhelaba, este cuatro de septiembre fue desalojada. Itele no dejará de defender su hogar
CIUDAD DE MÉXICO.- “Es que pareciera que los chicos malos tiene permiso”, dice Itele Yelín al recordar su desalojo. Itele tiene 68 años, y en 2009 estaba liquidando una hipoteca sobre su casa, pero en 2010, un arquitecto le compró la hipoteca al banco y con ella, la propiedad de la casa, todo sin avisarle a Itele.
El pasado 4 de septiembre, a pesar de que los poderes judiciales tanto Federal como de la Ciudad de México, estaban en paro, una actuaria llegó al 142 de la calle Presa de azúcar, en la colonia Irrigación, acompañada de 30 cargadores y un puñado de policías antimotines.
Desde que fue notificada del desalojo, que asegura se desprende de un juicio irregular, sus nervios salieron de la casa y de su cuerpo, por lo que empezó a tomar tranquilizantes. La madrugada del 4 de septiembre, Itele despertó cuando habían policías tocando en la puerta de su cuarto. No escuchó los golpes en la puerta de la calle, que forzaron entre nueve policías.
“No me despertaba por los calmantes, al principió pensé que era la presión arterial, pero eran los golpes en la puerta. De pronto escuché: ¡Venimos al desalojo! Y que me volteo al otro lado de la cama y dije: Adiós pesadilla, pero pues los golpes siguieron”.
La empresa Residencial 142 compró en un remate hipotecario, hace 14 años un millar de propiedades, entre ellas la de Itele, dicha empresa es liderada por David Galker Nates, quien también es director de GCI Real Estate, una empresa que desde los 90 se ha dedicado a construir condominios de lujo en la zona de Interlomas y Polanco.
Ante el paro del Poder Judicial, una semana antes de su desalojo, Itele acudió a la Alcaldía Miguel Hidalgo para intentar proteger su propiedad, pero no tuvo respuesta. Incluso, mediante un amparo ella intentó protegerse de que el arquitecto Galker Nates se hiciera de su casa. Gracias a él, logró obtener medidas precautorias para que ni él ni “interpósita persona”, se acercaran a más de 500 metros de ella o su casa.
A pesar de pedir apoyo a la policía de su colonia para que no se le acercaran los trabajadores que fueron a sacar sus muebles a la calle, estos nunca llegaron, pues un grupo de policías cerró el acceso a su calle durante el desalojo, según cuenta.
Itele Yelín mustra una identificación con su rostro y su firma, misma en la que se lee el nombre de Silvia Aida, nombres que también usa. En la firma se lee «Itele». La confusión de nombres ha sido usada en su contra por abogados inmobiliarios para desacreditar la propiedad que tiene sobre su casa.
No fue la primera vez que su “código águila” no funcionaba para hacer cumplir sus medidas precautorias; desde junio del año pasado notó que empleados del arquitecto montaban guardias ya fuera enfrente de su casa, o en la esquina. El acoso que ha recibido no se limitó a ello, hace meses vio un dron volando en la sala de su casa.
“Por lo pronto mi abogado me ha dicho que no reconozca el acto porque había suspención de actividades jurídicas, por el paro de los jueces”, dice antes de llamar a un par de personas con quien busca asesoría para su caso. Esta sería la tercer a persona que la asesora, porque los demás, han sucimbido por el acoso que han sufrido, ella cree que viene de parte del abogado.
“A uno me lo secuestraron. A los días de que lo liberaron me dijo: mire señora, yo no sé quiénes me secuestraron, pero ellos sí saben quiénes son mis hijas, mejor bórrame de su teléfono. A otra, me la amenazaron o me la compraron, ya no sé”, cuenta.
En unas cuantas horas muebles finos, reproducciones y piezas de arte que pertenecían a Itele fueron echadas a la calle. Muchas fueron rescatadas por sus vecinos que l ehan prestado sus cocheras para resguardar sus pertenencias
Un mes y medio antes, el mismo Galker Nates visitó la casa que pretende demoler para construir un complejo de 22 departamentos de lujo. “Yo la estoy tratando de ayudar”, cuenta Itele que le dijo entonces. “Te dejo a estos señores para que te ayuden a empacar, porque no sabes el problema que te estás comprando”, le dijo ese día, que era acompañado señalar a dos fortachones.
Preocupada, Itele busca otras formas de actuar. “Mi abogado me dice que lo deje trabajar, lo mismo me dice el juez, pero eso mismo me han dicho antes y ya me parcharon por estarles teniendo paciencia”.
Hace semanas, los grupos de jóvenes zapatistas tuvieron reuniones para ver cómo podían promover el tema del común entre ellos y con los jóvenes partidistas.
Tuvieron entonces la idea de un maratón (de 23 kilómetros) en caminos de terracería con pendientes pronunciadas (es decir, “lomas” -como les decimos acá-).
En su plan se trataba de que no hubiera premios de beneficio personal entre los que ganaran. En cambio, el objetivo era que el premio fuera una base productiva para empezar primero con los colectivos de sus pueblos. De ahí el siguiente paso es que se puedan crear proyectos del común, donde se involucren a los jóvenes partidistas.
Los premios fueron entonces animales de pie de cría de pelibuey y de animales de granja. Aunque las parejas de pelibuey serían para los primeros lugares, todas y todos los participantes tendrían la paga para comprar pollos e iniciar sus proyectos para granjas colectivas. El GAL (Gobierno Autónomo Local) de cada pueblo, va a cuidar que se cumpla el compromiso y va a pedir informes.
Esto fue lo que me explicaron que harían y (son zapatistas pues), así lo hicieron.
Eligieron la fecha del 16 de septiembre para así celebrar el inicio de la guerra de independencia y el lugar que en ese proceso -y a lo largo de toda la historia de esta geografía llamada “México”-, tuvieron y tienen los pueblos originarios.
Según me cuentan los Tercios Compas de la zona (Nota: los “Tercios Compas” son grupos de jóvenes zapatistas que hacen el trabajo de medios de comunicación: desde tomar videos, editarlos, hacer grabaciones, programas de radio y sonidistas; hasta “cubrir” lo que acontece en sus pueblos, regiones y zonas), el maratón inició a las 3 de la mañana hora nacional (4 de la mañana hora zapatista suroriental), y, desde dos puntos de partida, convergerían en el Puy (o “caracol”) de Dolores Hidalgo. Habría categoría de “jóvenas” y de jóvenes, es decir, de mujeres y varones.
Aunque no había límite de edad, se inscribieron unos 200 jóvenes y “jóvenas” zapatistas. Su edad promedio andaba por debajo de los 20 años, pero la mayoría son jovencitas y jovencitos de entre 12 y 16 años.
Los grupos juveniles que no participan corriendo en el maratón, se organizaron de modo que unos cubran la salida con consignas de animación; otros de la llegada con porras y dianas; otros van en camiones animándolos en el camino por si alguien se desmaya, y con música y palabras del común a su paso por las comunidades; y otros se encargan de las pláticas sobre la independencia, la entrega de los premios a quienes participaron, y el baile del final.
Quienes llegaron primero lo hicieron unas 3 horas después de la salida. Pero la mayoría todavía estaba a un tercio o la mitad del camino. Se consultaron entre quienes eran coordinadores sobre si ya se recogía y se trasladaba en los camiones a los faltantes. Se acordó que les fueron preguntando a quienes estaban en camino.
Según me cuentan, las compañeras a las que se les ofreció que se subieran al camión, lo rechazaron respondiendo, palabras más, palabras menos, algo como “Claro que no. De por sí vamos a llegar a donde hay que llegar, de repente dilata, pero vamos a llegar, aunque sea arrastrándonos”. Al saber de esa respuesta, los varones tuvieron que negarse también a ser “rescatados”.
Y, en efecto, todas y todos fueron llegando. En la noche bailaron. Y así fue como transcurrió el festejo del 16 de septiembre… en las montañas del Sureste Mexicano.
Doy Fe.
El Capitán.
México, septiembre del 2024.
P.D. DE MORALEJA FRENTE A LA TORMENTA. – Hubo varones y compañeras que mantuvieron el paso y el ritmo, y completaron el desafío en los primeros lugares. Los demás explicaban: “es que se prepararon con tiempo porque ya sabían lo que iban a enfrentar”.
P.D. CHISMOSA DE AUTOGOL DE GÉNERO. – El enviado especial zapatista en el lugar de los hechos me cuenta: “Los varones llegaron a la meta y se derrumbaron agotados. Con calambres y cubiertos de tierra, tirados en la explanada del caracol, sólo escuchaban las consignas y la bulla. Uno de los corredores confesó: “uh compa, acaso estoy pensando de baile, ahorita me duele hasta la gorra”. En cambio, las compañeras sólo tomaron agua y preguntaron a qué hora iba a ser el baile. Mientras un grupo de jovencitas reía y bromeaba entre sí sobre cómo habían terminado, una de ellas declaró: “Preguntamos de la hora del baile para ver si alcanzamos a bañarnos, o nos bailamos así como estamos de por sí, que ya somos del color de la tierra”. Todas sonreían contentas. Habían completado 23 kilómetros de una ruta ingrata, en cuyas lomas hasta los vehículos automotores batallan.
Mmh, creo que esto no lo voy a poner. Sería reconocer que las compañeras tienen más resistencia que los compañeros, y la solidaridad de género me impide hacerlo. Así que borren esta parte.
P.D. AL CHISME. – Y tal cual, a la hora que empezó el baile, sólo las jóvenas levantaban el polvo al ritmo de las cumbias. Sólo después de un buen rato, y en lo que se llama “orgullo de género”, los varones se incorporaron. Renqueando y haciendo muecas de dolor, pero sin perder la compostura, decían: “Estamos bien, es sólo un nuevo modo de bailar que acabamos de inventar y que se llama “Cumbia de Esto te pasa por no prepararte para lo que viene”.
-*-
Ecos de un baile lejano y un teclado compiten con grillos desentonados. Un chispazo y el olor de tabaco apenas delinean una figura en el dintel de la champa. La noche es ya reina y señora en las montañas del sureste mexicano. Arriba la madrugada, con una nagua de estrellas y una luna de borde mellado como medalla en el pecho, mueve las caderas al ritmo de la “cumbia del Común”.
De nuevo doy fe.
El Capitán.
Imágenes y videos grabados por Los tercios Compas
Audio «En la noche», Amparanoia y Manu Chao
Por: Colectivo Hñayo (Cabeza de perro) y
Comunidad Crítica Universitaria / Imagina Periódico
Foto tomada de: imaginaperiodico.com.mx
Colectivos Otomíes de Toluca han comenzado a trazar la Ngehnara ñu ra hñätho-matlatzinca (Ruta ciclista Otomí-Matlatzinca) que va del norte al sur del municipio con un trayecto de entre 20 a 40 kilómetros diarios.
Este camino que los obreros y obreras otomíes recorren en bicicleta con duración de una a dos horas aproximadamente y que tiene como parte de su trayecto la avenida Isidro Fabela, ubicada al oriente de la capital mexiquense, registra un tránsito de más de dos mil ciclistas, entré obrer@s, estudiantes, padres de familia que van a dejar a sus hijos a la escuela, vendedores que transportan sus productos y profesionistas.
Sobre esta calle se tiene planeada la construcción de una ciclovía que abarcará de avenida las Torres hasta la Maquinita y beneficiará a más de dos mil personas diariamente.
Sin embargo, dicho proyecto de construcción de la ciclovía, está siendo detenido por los intereses de un grupo de locatarios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), que han estado realizado una campaña de desprestigio tanto para la ciclovía como para l@s ciclistas obrer@s a quienes minimizan y criminalizan por transportarse en bicicleta y por afirmar que son solo unos cuantos los que circulan en dicha avenida donde ya se tiene registro de un número alarmante de homicidios de ciclistas. Además de eso, estos mismos locatarios se han apropiado ilegalmente del carril derecho de ambos sentidos de la avenida y de sus banquetas para su beneficio propio.
Por lo anterior y porque el proyecto de ciclovía ya tiene presupuesto asignado desde hace cuatro años, el no implementar dicha infraestructura significa la violación de los derechos humanos del pueblo otomí que se transporta en bici, de los obreros, obreras, estudiantes y todo aquel que usa esta avenida ya que es privado del derecho humano a la movilidad en condiciones equitativas, igualitarias y de inclusión.
El pueblo otomí ha tomado la determinación para proteger la vida de sus pobladores y defender su derecho a la movilidad sin que le cueste una vida más. Por ello ha comenzado a trazar la Ruta Otomí-Matlatzinca de l@s ciclistas obrer@s, estudiantes, madres, padres y niños que a diario arriesgan la vida para poder llegar a sus centros de trabajo y estudio. Además de esto, las tres delegaciones que albergan a la mayor cantidad de hablantes de hñätho: San Pablo Autopan, San Andrés Cuexcontitlán y San Cristóbal Huichochitlán han tomado la desicion de unirse una vez más para exigir al gobierno estatal y municipal que se dejen de violar sus derechos humanos y sus derechos como pueblo originario. Por lo anterior están convocando a una movilización ciclista el próximo domingo 22 de septiembre a las 9 de la mañana para exigir su derecho a la vida y a la movilidad y así evitar que se sigan cobrando más vidas del pueblo Otomí.
Miguel Ángel Mondrágon Cruz y Juan Aparicio Pérez eran trabajadores del Tren Maya, desaparecieron en 2023 y los hallaron en una fosa clandestina en 2024.
Las fiscalías de Yucatán, Campeche y Quintana Roo reportaron 13 denuncias de personas trabajadoras del Tren Maya de 2018 a julio de 2024, cuatro continúan desaparecidas.
Negaron el hallazgo de trabajadores del Tren Maya en fosas clandestinas.
Las denuncias de la desaparición de Miguel y Juan no están registradas en los datos entregados por la FGE de Quintana Roo.
Las Madres Buscadoras de Quintana Roo denunciaron casos de esclavitud moderna en el Tren Maya.
Miguel Ángel Mondragón Cruz, de 31 años de edad, desapareció el 10 de septiembre de 2023, en Puerto Aventuras, Solidaridad, Quintana Roo. Se mudó desde Michoacán para trabajar en el Tramo 5 del Tren Maya. Tenía ocho meses de vivir en la región.
Medio año después fue hallado junto con Juan Aparicio, otro compañero de trabajo del mismo tramo, en una fosa clandestina. Se presume que hay cinco personas involucradas en los hechos. Su familia aún busca justicia.
“Sí, se encontró, pero tarde. Desde que desapareció a la fecha fueron entre 6 y 7 meses. Las autoridades sí hicieron acciones de búsqueda, pero para mí fueron muy pobres. Todo lo que se hizo fue gracias a doña María, presidenta de Madres Buscadoras de Quintana Roo y de ahí para allá, pues sí hubo intervención de Fiscalía, pero muy pobre, aunque digan lo contrario”, expuso en entrevista, el hermano de Miguel Ángel, Gerardo Mondragón.
Desde el 2018 que inició el megaproyecto en la Península de Yucatán hasta julio de 2024 -ya en funcionamiento-, las fiscalías de los estados de Campeche, Yucatán, y Quintana Roo; registraron un total de 13 personas desaparecidas que eran trabajadores del Tren Maya. Cuatro continúan en calidad de desaparecidas, pero los casos de Miguel y Juan no forman parte de las denuncias relacionadas con el Tren Maya.
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo respondió que de 2018 a 2024, solo existen dos denuncias por la desaparición de trabajadores del Tren Maya. Una en octubre de 2023 y otra más en abril de 2024. Ambas carpetas continúan en investigación.
Miguel y Juan, sus desapariciones no fueron registradas como parte del Tren Maya
Miguel Ángel Mondrágon Cruz y Juan Aparicio Pérez eran trabajadores del Tren Maya, desaparecieron en 2023 y los hallaron en una fosa clandestina en 2024.
La desaparición de Miguel Ángel Mondragón Cruz, originario del municipio de Zitácuaro en Michoacán, se denunció en septiembre de 2023. Y la de Juan Aparicio Pérez del Estado de México, se interpuso el 16 de ese mismo mes. Trabajaban en el Tramo 5 del Tren Maya y ninguna coincide con las dos reportadas por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
Los hallazgos proporcionados indican que en 2023 solo se presentó la desaparición de un hombre, que aún se encuentra en proceso de investigación.
La fiscalía también negó el hallazgo de sus cuerpos en una fosa clandestina. Aseguró que ninguna persona vinculada al megaproyecto fuera encontrada en dicha situación, cuando eso ocurrió con Miguel y Juan.
Gerardo se enteró de la desaparición de su hermano a través de su cuñado, quien leyó la noticia en redes sociales. “Sentí tristeza e impotencia de recibir una noticia de ese tamaño”, comentó.
Miguel Ángel trabajaba como “fierrero” en el Tren Maya. Su desaparición no fue denunciada por la empresa, pese a que faltó una semana, ni tampoco avisaron a la familia.
Gerardo se trasladó para iniciar labores de búsqueda y otro hermano que se encontraba en Cancún, Quintana Roo, acudió a la fiscalía a denunciar.
“Es desgarrador porque es un ser querido, a nadie se le desea, mucho menos si es un familiar, teníamos la esperanza de encontrarlo con vida, cosa que nunca sucedió. Es doloroso y triste. Se me quiebra la voz porque no es fácil”, dijo con tristeza.
Pedro Uc Be, es un hombre maya, radica en el municipio de Buctzotz, Yucatán y pertenece a la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal. Él junto con otras personas activistas se han mantenido firmes en las consecuencias del megaproyecto, un ejemplo, el aumento de la delincuencia en las comunidades.
“Hemos escuchado de la misma gente que ha vivido situaciones así, que hay gente que está en la obra y de repente desaparece. No se sabe si es porque los secuestraron o se fueron a otra parte del país o se coló entre los migrantes o alguna cuestión”, detalló Pedro.
Advirtió que en los tramos 5 y 6 del Tren Maya se ha registrado el mayor número de desapariciones. La mayoría no son denunciadas por temor.
Desaparecieron trabajadores del Tren Maya en Campeche y Yucatán
El Estado de Campeche es atravesado por los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya. Al igual que en Quintana Roo, existen reportes de personas trabajadoras del Tren Maya desaparecidas. De 2018 a julio de 2024, registraron tres carpetas de investigación. Dos fueron localizados y continúan con la búsqueda de uno.
En información vía transparencia revelaron que un hombre de 29 años de Campeche, que tenía reporte de desaparición, fue encontrado el 26 de noviembre de 2023. Trabajaba como obrero en la construcción del megaproyecto y no especificaron si aún estaba con vida. Otro más de 38 años de Veracruz fue localizado con vida en 2024.
Y continúan las acciones de búsqueda de un hombre de 30 años del Estado de Tabasco, que era operador de máquina del Tren Maya.
De las fosas clandestinas también negaron hallar cuerpos de trabajadores.
En el caso de Yucatán, es el único Estado de la Península que registró ocho denuncias, de 2018 a julio de 2024, de personas trabajadores del Tren Maya. 6 hombres y dos mujeres, quienes resultaron hallados con vida. Una ocurrió en 2022, cuatro en 2023 y tres en 2024.
El Tren Maya, esclavitud moderna vinculada a la desaparición
María Dolores Patrón Pat es la fundadora de la colectiva Madres Buscadoras de Quintana Roo y acompañó las búsquedas de Miguel Ángel Mondragón Cruz y Juan Aparicio Pérez. Contrario a los datos que proporcionó la Fiscalía de Quintana Roo, que reportó dos denuncias vía transparencia, ella apoyó cuatro.
Explicó que la mayoría de las personas que trabajan en el Tren Maya son traídas por contratistas de sus estados y esclavizadas al llegar a los tramos del megaproyecto. “Cuando llegan aquí los esclavizan a trabajar y al no querer cooperar con la cuota de los jefes, son desaparecidos”, comentó.
Recordó el caso de un hombre del Estado de Hidalgo, que desapareció y lograron recuperar con vida. Él fue obligado a trabajar sin paga y le cortaron la comunicación con su familia. Lo hallaron gracias al apoyo de la ciudadanía y porque sus seres queridos viajaron para hacer acciones de búsqueda.
María reprochó la indolencia de las autoridades ante el aumento de las desapariciones vinculadas con el Tren Maya.
“Es penoso saber que nuestro presidente o nuestro Gobierno y autoridades solo están interesados en la economía y beneficios que traerá el Tren Maya y nadie presta atención de los riesgos. Se están perdiendo muchas vidas, están creciendo las escalas de desaparecidos del Tren Maya y es penoso que las autoridades no presten atención”, recriminó.
Adán Aparicio era trabajador del Tramo 5 del Tren Maya y migró del Estado de México junto con su hermano Juan Aparicio Pérez a Quintana Roo. Conoció a la buscadora, María Patrón cuando su hermano desapareció.
En palabras de Adán, el megaproyecto no fue el responsable de la desaparición de su hermano Juan. Aun así, opinó que sí existieron omisiones de las autoridades y una deuda de justicia.
“Nosotros trabajamos en el tren y nos daban campamento e íbamos. Tal vez sea inseguro para las personas que toman y andan de relajo, pero, pues mi hermano no tomaba y, por ejemplo, ¿qué fue lo que ocurrió? Es lo mismo que yo me pregunto. Ya ni quiero saber, ya gracias a Dios encontramos a mi hermano”, expresó.
Las autoridades federales, por ejemplo, la empresa el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) Tren Maya S.A. de C.V., negó tener información de personas trabajadoras desaparecidas vinculadas al megaproyecto.
En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) se limitó a enviar instrucción para consultar información general de personas desaparecidas en la página de internet del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
#Oaxaca 13 Sep (#Istmopress) – Con una marcha por las principales calles de la capital de Oaxaca, unos 600 trabajadores sindicalizados de la sección 35 del Sector Salud y de la sección 22 de la CNTE rechazaron el traslado de los Servicios de Salud al IMSS bienestar.
Y es que por indicaciones del gobierno federal se declaró “gratuidad” en los servicios de salud, lo que significa que ya todo será IMSS Bienestar.
Vestidos de blanco, los trabajadores sindicalizados dijeron, que el IMSS Bienestar no ofrece certeza laboral a los trabajadores formalizados y regularizados del sector salud estatal.
Enfatizaron que en nada se asemeja al servicio de salud en Dinamarca como lo presume el Presidente de la República, al contrario hay mucho rezago a los servicios médicos.
“La exigencia es que primero se atienda el rezago y después ya se hace el traslado, pero acá no, todo lo quieren acelerar , y finalmente no se obtiene nada”, expuso Jorge Hernández, Secretario de Organización de la Sección 22 de la CNTE.
Los trabajadores de salud que participaron fueron del Hospital Civil “Aurelio Valdivieso” y también personal médico de municipios aledaños a la capital oaxaqueña, quienes coinciden que será un caos total ese traspaso, pues hay un gran número significativo de rezagos.
“No hay medicinas, la gente tiene que penar en la calle para conseguir dinero o una ficha, hace falta mucho para ser como Dinamarca, pero lo peor es que nos vamos a saturar”, señalaron al llegar al concluir la marcha en el zócalo de la ciudad.
Extrabajadores realizaron un embargo laboral y una manifestación después de que la empresa se declaró en bancarrota y los despidió
Extrabajadores de la empresa Ediciones de Arte Nacional realizaron un embargo laboral y una manifestación para exigir el pago de sus liquidaciones después que la empresa se declaró en bancarrota y tras siete años aún no reciben el pago tras su conclusión laboral.
Fue en 2017 cuando, de acuerdo con los trabajadores, la empresa decidió despedirlos y ofreció convenios de liquidación, a los cuales accedieron los trabajadores con una antigüedad de entre 28 y 30 años, sin embargo el pago nunca llegó.
“En un momento de que los patrones dijeron que ya había terminado esto, que ya no había solución y que ya estaban en quiebra, y después nos prometieron nada de liquidación, y nos dijeron que tomábamos eso o nada porque ya había quebrado”, puntualizó la ex trabajadora, María del Rocío Fonseca.
Son un grupo de 60 trabajadores los que exigen el pago tras siete años de un proceso laboral, que se ha extendido debido a que la empresa se declaró sin recursos, aunque aseguran que la empresa sigue funcionando.
“Nosotros estamos luchando porque se nos pague hasta el momento no hemos recibido nada de pago, no nos han cumplido y pues ellos con su dinero con su dinero lo que han querido”, puntualizó.
Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro
Este jueves acudieron a la empresa a realizar el embargo laboral de parte de la maquinaria en la nave industrial de la empresa ubicada en el Parque Industrial Benito Juárez.
Afirmó que aunque la empresa se había declarado en bancarrota, la empresa sigue operando de manera clandestina.
“Esconden a la gente, deben infinidad porque también no están pagando impuesto”, aseveró.
En su caso, mencionó que tenía un salario de 550 pesos diarios, con 28 años de antigüedad, por lo que la liquidación que habían establecido con la empresa es de 60 mil pesos.
Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro
“Y aún así no nos quieren pagar, es un ejemplo mío y a los demás les fue peor porque tienen un salario más bajo, es nada lo que nos ofrecieron y ahora sí que lo recibimos porque nos dijeron eso o nada y hasta la fecha no nos han querido pagar”, refirió.
Aseveró que las autoridades laborales no han avanzando en el pago de las liquidaciones.
Los trabajadores acudieron este jueves por segunda ocasión a tratar de ejecutar el embargo laboral de la empresa, y aunque el dueño de la empresa estaba presente, salió por una de las puertas de la empresa antes que iniciará la diligencia.
“Por eso huye (el dueño) porque sabe que nosotros tenemos la razón, y sabe que es aberrante lo que está haciendo”, aseveró.
Estudiantes del área de Extensión Universitaria de la Facultad de Arquitectura, ponen el diseño al servicio del pueblo y realizan carteles en solidaridad con la movilización de este 12 de septiembre, en contra de la represión del día 5 en las alcaldías Xochimilco-Tlalpan, convocado por la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco y diferentes organizaciones y colectivxs.
Texto y Fotos: David Álvarez / Proyecto Saltapatrás
Publicado el 12 de Septiembre del 2024
El foro «Periodismo sin miedo: herramientas para combatir el acoso y hostigamiento sexual en los medios», organizado por la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Paz de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en conjunto con la Asamblea Tenemos Que Hablar y Proyecto Saltapatrás, contó con la participación de las periodistas Nadia Bernal, Paulina Rosales y Ana Karina Vázquez, quienes abordaron los desafíos del acoso y hostigamiento sexual en el ámbito periodístico.
Paulina Rosales destacó la importancia de conocer las leyes que regulan el trabajo, señalando que el acoso y hostigamiento pueden no ser comprendidos plenamente al ingresar al mercado laboral. «Primero queremos centrar en exponer dos puntos, ¿qué es el acoso y el hostigamiento? Me estoy basando en la Ley Federal del Trabajo, algo que no me dijeron cuando estudiaba. Pero hay muchas cosas que se sienten extrañas en el ámbito laboral y no sabes cómo defenderte», mencionó Rosales. A pesar de que existen herramientas legales, agregó que muchas veces no se cumplen, lo que dificulta que las personas se defiendan adecuadamente en estas situaciones.
Por su parte, Nadia Bernal subrayó que la violencia laboral en los medios es un problema común y estructural. «Esto es común en medios de comunicación, en todos los espacios laborales, pero en medios particularmente, cuando me topé con acoso u hostigamiento sexual u otras formas de violencia laboral, es complejo y complicado, primero identificarlas, desnormalizarlas, y luego encontrar redes y herramientas para hacer algo con eso», explicó Bernal. También diferenció entre acoso y hostigamiento sexual, aclarando que el hostigamiento se da cuando existe una relación de subordinación entre la víctima y el agresor, mientras que el acoso se produce entre pares, sin una jerarquía clara.
Rosales también reflexionó sobre cómo los medios de comunicación pueden establecer sistemas de censura al omitir ciertos temas, en especial aquellos relacionados con la diversidad. Relató su experiencia en un medio donde ciertos temas no eran aceptados: «Cuando trabajaba en el Noticias, estos temas de la diversidad no entran, pero sabes la postura política del medio, obvio esos temas no cabrían ahí, y eso lo llamaría como un sistema de censura».
En relación con las medidas que los medios pueden tomar para combatir el acoso, Bernal resaltó la importancia de que las empresas implementen protocolos para prevenir la violencia de género y el hostigamiento laboral. Explicó que uno de los factores de riesgo es la falta de conocimiento sobre los derechos laborales, como los mecanismos de denuncia y las instituciones que deben proteger a las trabajadoras y trabajadores. También se refirió a la Norma Oficial Mexicana NOM-035, que exige a las empresas evaluar los riesgos psicosociales de los empleados, lo que considera una herramienta importante en la prevención de estas problemáticas.
Bernal hizo énfasis en la falta de acción colectiva en los medios locales, debido en parte a la estrecha relación entre periodistas y funcionarios públicos, lo que dificulta la organización de los trabajadores en torno a estos temas. «Hay una dinámica de medios, algo que tenemos que entender, el gremio local es muy reducido, todos los de medios nos conocemos, nos encontramos en eventos, pero aparte se suma el factor de la cercanía entre medios y funcionarios», explicó.
Ana Karina Vázquez, integrante de Proyecto Saltapatrás, abordó la situación particular de Querétaro, que describió como un estado conservador con altos índices de discriminación. Según Vázquez, las condiciones laborales en los medios locales reflejan esta realidad, con periodistas que trabajan en varios empleos para lograr ingresos dignos. Además, compartió los resultados de un estudio realizado por la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, en el que colaboró Proyecto Saltapatrás. Este estudio reveló que el 57% de los medios participantes no contaban con un protocolo para atender la violencia de género.
En el foro también se discutió el papel de las redes de apoyo, que las participantes coincidieron en describir como débiles, tanto en los medios locales como a nivel nacional. Rosales señaló que «las redes de apoyo son débiles, pero tiene que ver con que justo por qué son débiles», mientras que Bernal advirtió sobre los obstáculos para la organización de los periodistas frente a la violencia en los medios.
La falta de sanciones para los agresores fue otro tema central en el foro. De acuerdo con Ana Karina Vázquez, en los casos donde sí se denunció la violencia, el 57% de los agresores no recibió sanciones. Este dato, junto con la baja proporción de personas que denuncian, revela una desconfianza generalizada en los mecanismos actuales de justicia y protección.
El foro concluyó con un llamado a la academia para mejorar la formación de las y los periodistas, integrando la perspectiva de género en los programas de estudio. «Como estudiantes podemos exigir que nos den clases con perspectiva de género», afirmó Bernal, quien subrayó la importancia de cuestionar los referentes en el periodismo y abrir el debate sobre la relación entre los medios y los intereses políticos.
Asimismo, subrayaron la importancia de crear redes de apoyo entre periodistas y de construir, con el tiempo, una organización sólida que mejore las condiciones laborales en el sector. Hicieron un llamado a la creatividad, el aprendizaje continuo y el diálogo para lograr estos objetivos.
Organizaciones y activistas denunciaron la represión policial y violencia por un grupo de choque el pasado 05 de septiembre en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan. Hacen un llamado a las autoridades para el retiro de carpetas de investigación y castigo a los responsables.
Ciudad de México, 12 de septiembre del 2024.- El pasado 11 de septiembre, se realizó una conferencia de prensa para denunciar la brutalidad policíaca durante la manifestación del 05 de septiembre en Xochimilco y Tlalpan, donde se expresó apoyo a la defensora Hortensia Telésforo. Exigieron a las autoridades tomar acciones para eliminar carpetas de investigación e iniciar investigaciones hacia los responsables de la violencia ejercida contra los activistas.
Distintos colectivos y organizaciones como el Frente por la liberación y protesta social, la brigada humanitaria MARABUNTA, miembros de Article 19, ONU Derechos Humanos, se hicieron presentes en la Casa de los pueblos y comercios indígenas Samir Flores Soberanes para acompañar y escuchar las declaraciones de miembros afectados por golpeadores y autoridades durante la pasada protesta pacífica.
Algunos afectados presentes por detención arbitraria, represión y apertura de carpeta de investigación fueron Anselma Margarito Francisco (Comunidad Otomí), Jorge Cansino (Conciencia y libertad UNAM), Alejandro Velázquez (Frente Anáhuac), Hortensia Telésforo (Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco), Karen Castillo (periodista del Observatorio Memoria y Libertad).
Anselma Margarito dió lectura al pronunciamiento para condenar “la represión y la brutalidad policiaca de las instancias de dependencia de gobierno local o federal”.
Se expusó que el pasado 05 de septiembre, los hechos comenzaron con el acompañamiento en la audiencia del Reclusorio Sur de la defensora Telésforo a causa de una demanda por despojo. Tras la suspensión y durante una protesta pacífica, dió inicio la violencia desatada por autoridades y golpeadores en Xochimilco y Tlalpan.
“La alcaldía de Xochimilco intentaba recuperar el sitio Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, que había permanecido en abandono y se utilizaba como salón de fiestas de los servidores públicos… golpearon a todas, todes, todos, personas de la tercera edad, mujeres y jóvenes…”
Tomada de Regeneración Radio / Cuenta Oficial de X.
Debido a esto, se pronunciaron en contra de los actos de violencia presentados durante la manifestación y detención arbitraria de los activistas. A tal acto represivo y selectivo contra los manifestantes lo denunciaron como “El Halconazo Morenista”.
Enunciaron que los miembros de organizaciones y medios de comunicación detenidos, les fue negada información sobre su paradero en la Fiscalía de Tlalpan, motivo por el que fueron reportados como desaparecidos forzadamente. Denunciaron a su vez, las agresiones y daños presentados durante la retención.
“Entre los delitos que hemos identificado, cometidos por los elementos policiales, se encuentran el uso de excesivo de la fuerza policial, lesiones del primer y segundo grado, robo con violencia, detención arbitraria con violencia y tortura física psicológica y sexual, criminalización de la protesta pública, abuso de autoridad omisiones a protocolos de actuación…”
Se reportaron a 5 personas con carpetas de investigación, 31 personas con lesiones, 3 personas fracturadas donde dos de ellas requerían cirugía, 4 personas con aberturas en el cráneo, más de 20 personas con esguinces cervicales y en tobillos, más de 20 personas con contusiones y golpes severos en cráneo y costillas, más los hematomas múltiples de los asistentes.
Tomada de Regeneración Radio / Cuenta Oficial de X.
Convocaron a una mesa de diálogo con la próxima presidenta electa Claudia Sheinbaum y jefa de gobierno Clara Brugada, al actual jefe de gobierno Martí Batres, Ulises Lara, titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y Pablo Vázquez Camacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para negociar el cierre definitivo de las carpetas de investigación hacia Telésforo, a los detenidos arbitrariamente en Tlalpan y a la comunidad Otomí.
Solicitaron la investigación de los responsables de las agresiones suscitadas en las alcaldías durante la manifestación en apoyo de la defensora del territorio y hacia las autoridades “por omisión y complicidad en las agresiones que el grupo de choque llevó a cabo en contra de los manifestantes” así como a los mandos “que reprimieron robaron lesionaron y torturaron a los manifestantes en la alcaldía Tlalpan”.
Del mismo modo, se responsabilizó a la alcaldesa Juana Onésima, al director jurídico y de gobierno Francisco Pastrana, al Coordinador de Seguridad Ciudadana, Darío Corrales González y al ex alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, por omisión y complicidad, exigiendo a la vez, fincar responsabilidad.
Hortensia Telésforo, integrante de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco destacó que, tras la represión del 2 de diciembre de 2022, que involucró la llegada de casi 1000 granaderos, se establecieron mesas de diálogo y se firmaron acuerdos el 9 de diciembre. Sin embargo, estos acuerdos no se han cumplido, especialmente en relación a la entrega de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan.
“Han pasado meses sin que nadie estableciera contacto con nosotros. A pesar de nuestros esfuerzos y de la documentación entregada, no hemos recibido respuesta,” lamentó Telesforo. La comunidad ha estado esperando la entrega del espacio, que se ha convertido en un foco de multipropósito para actividades culturales y educativas.”
Tomada de Regeneración Radio / Cuenta Oficial de X.
Durante la conferencia, se manifestó la serie de incidentes y agresiones por parte de elementos de seguridad. Alejandro Velázquez, recordó que el pasado jueves, varios miembros sufrieron agresiones físicas y psicológicas, aún cuando la protesta que se llevó a cabo, fue pacífica.
Afirmó que “estamos viviendo un clima de represión que no es nuevo, pero que se ha intensificado”.
Los testimonios enunciados por las víctimas afirmaron violencia normalizada donde las autoridades son responsables y cómplices de actos represivos. Velázquez nombró directamente a los funcionarios de la alcaldía Xochimilco como “los responsables de la represión que sigue impunemente en las calles.”
Jorge Páez, habitante del pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, manifestó las agresiones que recibió con “un arma de fuego cuando intentaba rescatar a un compañero”, agredido por el grupo nombrado como “Halcones”. Además, describió el suceso como “una carnicería”, debido a la violencia múltiple recibida.
Asimismo, se denunció el incumplimiento de los acuerdos firmados, el respeto a los derechos humanos y la destitución de los funcionarios involucrados en la violencia del 05 de septiembre.
Además, también le hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para retirar las carpetas de investigación abiertas contra los líderes comunitarios.
Hortensia Telésforo y manifestantes presentaron las amenazas recibidas por su activismo y la falta de respuesta por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ante las agresiones sufridas.
“Estamos aquí para luchar por nuestras comunidades, no es un delito ser defensor de nuestros derechos. Aquí estaremos, como pueblos originarios”.
La periodista Karen Castillo, advirtió que lo sucedido en Xochimilco y Tlalpan sería el comienzo de lo que nos “espera en el siguiente sexenio, comandado por una mujer que por seis años criminalizó, reprimió y encarceló a defensores de derechos humanos, al movimiento feminista, a la comunidad de Xochimilco y a la comunidad Otomí”.
Los líderes comunitarios anunciaron planes de acción, incluyendo una rodada denominada “Bicis vs la represión” llevada a cabo este 12 de septiembre, como parte de las actividades con fines de denuncia.
“Exigimos que se detenga la criminalización de nuestras luchas y que se enfrente la impunidad que ha reinado en nuestra alcaldía” concluyó Velázquez, pidiendo unidad entre las diferentes organizaciones sociales y la comunidad para seguir luchando por la justicia y el respeto a los derechos humanos.
La conferencia terminó con un llamado a la acción y a la solidaridad entre todos quienes han sido víctimas de la violencia institucional en Xochimilco y más allá, exponiendo la firmeza en la resistencia por la búsqueda de justicia.
Hombres y mujeres, algunos con machete en mano, vigilan día y noche que las pipas pertenecientes a la empresa “Bicentenario México S. A. De C. V., a nombre de Miguel Ángel Prado V., no salgan con el agua
Pobladores de la tenencia de San Miguel del Monte, en Morelia, Michoacán instalaron una ronda comunal para evitar que, una empresa pipera recientemente instalada, extraiga desmedidamente el agua de un manantial que antes abastecía a la comunidad de Michoacán.
En el acceso a San Miguel, hombres y mujeres, algunos con machete en mano, vigilan día y noche que las pipas pertenecientes a la empresa “Bicentenario México S. A. De C. V., a nombre de Miguel Ángel Prado V., no salgan con el agua que desde hace siete meses, extraen de manera desmedida del manantial “La Mina”.
Pobladores tenían acceso a manantial
Anteriormente, los pobladores tenían acceso al manantial que abastece a la tenencia de San Miguel y a las colonias El Durazno, Loma Larga, Santa María y Trincheras, pero hace un par de años, el terreno en el que se encuentra la fuente de agua fue vendido a un empresario que, con el respaldo de una concesión emitida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en enero de 2023, se ha dedicado a explotar el recurso hídrico y ha dejado sin agua a los habitantes.
“No tenemos agua en nuestras casas, ni en las escuelas, ni en la clínica. Ya tenemos aquí (en el filtro de revisión) 8 días, no nos dejan otra opción las autoridades. Ahorita que hay lluvias metemos agua de la calle, los niños ven y se asustan, se preocupan por el agua”, compartió la señora Celia.
Previo a la llegada de la empresa “Bicentenario México”, los habitantes solicitaron a la Conagua la concesión para extraer agua del manantial del que históricamente han subsistido, pero les fue negada, por lo que ahora rechazan que tal concesión haya sido otorgada a un particular externo a la comunidad.
“Esa es la molestia de la comunidad, que por qué a la comunidad no se le dio la concesión y a un empresario si se la hayan dado. Empezó a hacer su negocio con una pipa, dos y luego tres, fue aumentando hasta el momento en que ya eran demasiadas pipas. Ahorita hay de 6 a 10 (por día)”, explicó Ernesto Cruz Velázquez, otro poblador que participa en la ronda.
Cada pipa llega a ser vendida por un costo que va de los 800 hasta los mil pesos. Los principales compradores son los vecinos de la zona sur de Morelia.
“El manantial da un total de 10 litros por segundo, a partir de esas medidas vemos la forma de explotación de este manantial. Esta empresa se dedica a la venta de agua especialmente en zonas residenciales”, expuso Ramón Velázquez, habitante de San Miguel, quien afirmó, esporádicamente la empresa abre el suministro de agua de 12 de la noche a 3 de la mañana, tiempo insuficiente para abastecer a los mil 500 habitantes de San Miguel del Monte.
En un recorrido por la comunidad, se constató la presencia de pipas en el acceso a la propiedad que alberga al manantial. Las unidades están paralizadas, pues no pueden salir de la comunidad ante la presencia de la ronda comunitaria.
A la distancia, con impotencia y coraje, Elizabeth Hernández, otra participante de los puntos de revisión, observa a las pipas varadas que gracias a “su lucha”, no han podido saquear el recurso natural.
“No es una mentira que se dedica a la comercialización de agua, cuando en otras colonias no la tienen y era gratuita, ahora casi se la tienen que comprar a esta misma persona. La concesión que tiene es por 25 mil metros cúbicos anuales, pero él los abarca en un mes, se está sobre explotando diez veces más”, afirmó la mujer.
Apenas el jueves pasado, los habitantes impidieron que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) ingresara a San Miguel, pues afirman que los elementos ministeriales además de trozar tuberías que abastecían a la tenencia, amagaron con cateos en inmuebles y aserraderos, aunque no presentaron ninguna orden judicial, por lo que exigen a la fiscalía y autoridades que no se tomen represalias ante las acciones que llevan a cabo en defensa del agua.
Candelaria Huerta Pizano, representante del Colectivo Solidario de Búsqueda de Personas Desaparecidas, anunció que el próximo martes 17 de septiembre a las 4:30 de la tarde, en la teleaula de la Presidencia Municipal de Tecomán, se llevará a cabo el taller “Acompañamiento emocional para familiares de personas desaparecidas”, el cual será impartido por el Maestro en Psicología Clínica, Guillermo Ramírez Zavala.
Huerta Pizano explicó en una entrevista que el objetivo principal de esa sesión es ofrecer un espacio seguro y de confianza para los familiares de personas desaparecidas. “El taller está diseñado para proporcionar herramientas útiles para gestionar las emociones que surgen ante la incertidumbre y el dolor de esta difícil situación”, detalló.
El taller se enfocará en brindar acompañamiento profesional y apoyo mutuo, con la finalidad de fortalecer el bienestar emocional de los participantes. “Queremos crear un entorno de escucha y contención, donde los asistentes puedan recibir el respaldo necesario para enfrentar el duelo y la incertidumbre”, agregó.
Además de ofrecer apoyo emocional, dijo que la actividad busca fortalecer las capacidades personales de los participantes para manejar el duelo y la incertidumbre. “Es crucial que el taller respete el proceso único de cada familia y se centre en la comprensión y el respeto hacia cada experiencia individual”, enfatizó Huerta Pizano.
Aclaró que el evento es gratuito y abierto al público en general, con el objetivo de promover la prevención y la tanatología.
“Queremos brindar apoyo frente a las críticas y los comentarios negativos que algunas personas puedan hacer. El taller es una oportunidad para que los familiares encuentren el respaldo que necesitan, en lugar de sentirse desalentados por los juicios externos”, comentó.
Resaltó que esa actividad busca no solo proporcionar herramientas para el manejo emocional, sino también construir una red de apoyo para las familias afectadas, ofreciendo un espacio donde puedan compartir sus experiencias y encontrar consuelo en la comunidad.
Tomás Garrido y su esposa, Margarita López, dos personas adultas mayores, se pararon con lonas frente al Ie-Tram para protestar por la indefensión en las que los dejó el gobierno estatal. El 22 de febrero de 2023, firmaron un convenio para ser reubicados de su hogar por el proyecto vial. Hasta el día de hoy no se cumplió.
Les pidieron desalojar su hogar, ubicado en las inmediaciones de la T1, en la calle 30 del rumbo del Fénix en Mérida, para darle paso a este nuevo sistema de transporte.
La pareja reclamó el abuso de confianza por parte de las autoridades que acudieron a su domicilio para convencerlos de firmar.
“Firmamos un convenio y una minuta ¿para qué lo hacían si saben que no lo cumplirán? Espero me repongan el tinglado y las escrituras de la casa en la que me reubicaron”, comentó en entrevista Tomás Garrido.
Recordaron que la madrugada del 2 de febrero de ese mismo año, acudieron funcionarios del gabinete del Gobierno del Estado. El acuerdo fue con el director del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY), Sergio Chan Lugo y el titular del Instituto de Movilidad y Desarrollo y el de Urbano Territorial (IMDUT), Rafael Hernández Kotasek.
En una primera instancia, el acercamiento fue poco amable, ya que pensaron que no tenían la posesión del predio. Así que solo les dieron dos días para empacar y desalojar. Tras percatarse que no era así, le ofrecieron una nueva casa y rehacer el tinglado que destruyeron.
Además, el despojo de la propiedad ocurrió en dos momentos. Primero le dijeron que sólo necesitaría 60 metros cuadrados. Los que finalmente, resultaron 160. En esa única ocasión, Tomás recibió una compensación económica.
“Tengo que ir al IMDUT pasando hambre y sed, tengo que caminar porque a veces no tengo para el taxi, solo porque el gobernador está en su buena casa y piensa que así estamos todo el pueblo. Yo soy una mujer henequenera, vengo de la hacienda”, reclamó Margarita López.
OTHÓN P. BLANCO, QRoo, 10 de septiembre de 2024.- Alrededor de 30 trabajadores de la Comisión Nacional del Agua en Quintana Roo entraron en paro total de labores, debido a que denuncian diversas irregularidades de parte de Ana Laura Pérez Guerrero, encargada de la administración del agua en Quintana Roo.
Los empleados exigen su destitución ante las oficinas centrales, ya que señalan que presuntamente ha violentado a los trabajadores desde hace seis meses y a penas les entró el valor para denunciarlo.
Señalan que de no haber respuesta en las próximas horas, podrían haber protestas más extremas, son un total de 106 trabajadores que están en paro de actividades en apoyo a las y los compañeros afectados por esta mujer que afirman está utilizando influencias para no ser sancionada.
El secretario general de la Sección 39, Josué Rodríguez, dijo que si el director General de la Conagua en México, German Martínez no acciona, entonces los movimientos de protesta se agudizarán.
“Ya dimos vista al Órgano Interno de Control (OIC) y Secretaría de la Función Pública (SFP), pues las irregularidades están documentadas… En tanto, nos vamos a mantener en paro de labores y no permitiremos el ingreso de nadie a las instalaciones de Conagua”, concluyó.
La negativa de la rectoría para resolver la inseguridad llevó a los universitarios anunciaran a parar las actividades por 48 horas
Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco iniciaron paro de 48 horas este lunes, ante la violencia e inseguridad en la instalación universitaria. La protesta fue convocado por colectivos estudiantiles para exigir a la rectoría que garantice la seguridad para la comunidad estudiantil.
Señalan que el 6 de septiembre, un estudiante de esta casa de estudio fue agredido por personas desconocidas en las instalaciones universitaria; el incidente puso en evidencia la falta de capacitación del personal de seguridad y protocolos de seguridad para hacer frente a la violencia.
Ante estos hechos la comunidad estudiantil convocó a una asamblea estudiantil para analizar y tomar acuerdo de cómo enfrentar la inseguridad en la universidad; en la discusión los alumnos señalaron que las autoridades educativa no mostraron compromiso ni transparencia para resolver el problema, al contrario se negaron atender las demandas que los estudiantes les presentaron.
La negativa de la rectoría para resolver la inseguridad llevó a los universitarios anunciaran a parar las actividades por 48 horas; este paro, es escalonada, primero habrá un paro 24 horas, para definir propuestas, mientras esperan respuestas de las autoridades académicas, si no hay solución pasaran otras 24 horas hasta recibir una colusión a su demanda.
De acuerdo con los estudiantes, se permitirá el “acceso a laboratorios prácticos y experimentales, al bioterio, áreas clínicas en hospitales y clínicas estomatológicas, tomando en cuenta las necesidades específicas de la división de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS)”.
Los universitarios condenaron los recientes hechos violentos en la universidad, y reclamaron la falta ineficacia para garantizar la seguridad; además criticaron las propuestas de las autoridades educativas de usar torniquetes como medida de seguridad, porque no son las formas inadecuadas para resolver el problema seguridad.
En el pronunciamiento que los alumnos de la casa de estudio Xochimilco pidieron que transparente los los hechos ocurridos el 6 de septiembre, y que aclare el protocolo de seguridad, así como acompañamiento en casos de violencia; Los colectivos de licenciaturas y posgrados mostraron apoyo al paro, y exigieron que se atiendan la problemática y establezcan canales efectivos de diálogo.
Esta violencia afecta a las universidades en México, los estudiantes del posgrado en Desarrollo Rural pidieron solidaridad a los movimientos estudiantiles y organizaciones sociales, demandaron cese a la criminalización y represión de las luchas estudiantiles. “Hacemos un llamado a la comunidad universitaria a la organización y articulación frente a las violencias” lee en el documento que circuló en la asamblea universitaria.
El paro se enmarca en una serie de incidentes similares en otras instituciones educativas del país, como el reciente ataque a un estudiante del CCH Naucalpan por grupos porriles; los estudiantes exigieron justicia para los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembres de 2014, en Iguala Guerrero.
El paro de labores continúa mientras la comunidad estudiantil discute su pliego petitorio, y espera que la rectoría informe su plan de seguridad; estudiantes tienen previsto levantar el paro este miércoles, mientras
que la Rectoría de Unidad anunció en un comunicado en su portal oficial de UAM Xochimilco, “A la comunidad universitaria, la Rectoría y la Secretaría de la Unidad se mantienen abiertas al diálogo para que, de manera colectiva y a través de los canales institucionales, se desarrollen e implementen las acciones que nos generen mejores condiciones de seguridad”.
“No olvidar Chalco”, señalaba recientemente El Capitán —exsubcomandante Marcos del EZLN— al inicio de la postdata que alteró al oficialismo con la descripción que hacía del ya casi saliente presidente AMLO, comparándolo con sus antecesores del PRI y del PAN. Iniciaba con esta alusión a un territorio que bien señala, fue el emblema del programa Solidaridad en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, antecedente del actual programa Bienestar, pero ¿por qué Chalco?, ¿por qué otra vez Chalco? Todo parece volver cíclicamente. “El agua siempre vuelve a su cauce”, una frase que podría no generar sorpresa cuando hablamos de un territorio que antaño fue un lago, el primero que se formaba del deshielo de los volcanes, avanzaba por Tláhuac, Xochimilco y se conectaba con el gran Lago de Texcoco. El problema es que ahora, cuando todo el oriente del Estado de México se encuentra urbanizado, el agua ya no debería volver.
Las colonias Jacalones II y Culturas de México del municipio de Chalco llevan más de un mes bajo las aguas negras que brotaron por el tapón de basura que hay en el Colector Solidaridad, luego de las lluvias que en su momento se dijeron atípicas a inicios del pasado mes de agosto. Pero, aunque las lluvias sean atípicas, es ya una constante que esta zona, cada año, se vea afectada por los problemas en el drenaje. El agua no vuelve por sí sola, vuelve por el olvido al que se somete a las zonas periféricas y a la marginación a la que la Zona Oriente ha estado históricamente relegada.
Quiero hacer una precisión como vallechalquense, aquel territorio al que se refiere El Capitán no era precisamente Chalco, sino Valle de Chalco Solidaridad. Podría ser un poco ociosa la precisión en tanto que la zona de la que estamos hablando es la misma, la del extinto Lago de Chalco o Xicco, pero apuntar a esto nos permite hablar del camino que lleva a que, aun a 30 años de distancia, señalemos por qué el gobierno en turno estaba tan enfocado en ese territorio, al grado de crear el municipio libre 121 en 1994 y marcarlo hasta la fecha con el apellido fatídico del programa Solidaridad.
La asistencia social ha sido un elemento que ha servido como herramienta para atender las necesidades más urgentes en los gobiernos democráticos y que, aunque en los hechos ha sido atacada por los gobiernos neoliberales, so pretexto de ser un derroche de presupuesto estéril, en el caso mexicano tenemos una relación ambigua con el uso del discurso. Al menos desde 1988, con el gobierno que consolidó el modelo neoliberal en México, con medidas como el TLCAN, tuvimos también una exacerbación de los programas de asistencia social que en ese momento se llamó Solidaridad y que tomó precisamente la zona de Xicco como laboratorio, una zona en donde se estableció un asentamiento irregular sobre lo que anteriormente era un lago y pasó de 200 habitantes en 1978 a más de 300 mil en 1990 y del que no se querían hacer cargo los gobiernos de Chalco, Iztapalapa, ni Tláhuac. Esto lo capitalizó bastante bien Salinas de Gortari para mostrar como un gobierno neoliberal podía tener tal preocupación por la población más precaria y que podía sacar, literalmente, del fango a un conjunto de casas hechas al aventón para mostrarle al mundo que el progreso era inevitable. Esa “ciudad que emergió de las aguas” como dijera el cronista del pueblo de Xicco, Jaime Noyola, se erigió como un municipio independiente de Chalco, pero justamente se trata de la zona que colinda con las actuales colonias inundadas.
Vamos por pasos, es claro que esta zona de Chalco y Valle de Chalco sufren de constantes inundaciones, ya que el terreno antes acuoso se hunde año con año, pues toda esta zona fue un caserío que llegó a establecerse sobre terreno fangoso. Se trata de un asentamiento irregular que se legalizó más por necesidad que por planeación y por el oportunismo priista que sacó taja de esta maniobra, pues, por muchos años, este fue un bastión de más de un cuarto de millón de votos para el régimen. A pesar de que era bien sabido que no era habitable, la expansión de la mancha urbana y las condiciones precarias para obtener vivienda llevaron a que los de por sí marginados habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl, Iztapalapa, Tláhuac y Ecatepec encontraran ahí una opción desesperada para asentarse. Por ello, no importa qué tan sofisticadas sean las mejoras para el sistema de aguas y drenaje, lo movedizo del territorio y el constante hundimiento de las zonas habitacionales continuará haciendo que toda obra de infraestructura se altere.
Los eventos más duros acontecieron en el año 2000 cuando se desbordó el canal de La Compañía que corre paralelo a la autopista México Puebla, al otro lado del municipio, en la colindancia con Ixtapaluca. Aún nos queda a algunos el recuerdo de aquella Escuela Secundaria Técnica 119 “Juan Rulfo”, famosa en las tomas aéreas de las televisoras en aquel momento; aquella en la que tuvimos que esperar meses para ingresar al primer año debido a que una vez desaguado el terreno, los habitantes tardaron largas jornadas en faenas para limpiar lo que en su momento se consideró una urgencia: que los niños empezáramos el ciclo escolar, para después seguir con las calles y las casas.
En el año 2011 se repitió el mismo fenómeno, pues el mismo canal se desbordó y dejó bajo las aguas a 400 viviendas que apenas y habían podido descansar de este problema por una década. La tragedia recursiva ya había generado sus medios de respuesta. En esta ocasión se entubó el canal y esto ayudó a que esta zona no padeciera de nuevo el mismo problema. Producto de esa tragedia, la organización de los colonos del valle de Chalco tuvo impacto, ya que con la participación comunitaria y de las autoridades se ideó El Plan de Gestión de Cuenca como parte de Plan Hídrico de la gran Subcuenca que recoge el agua de los volcanes. Se buscaba atender de manera integral los problemas de abastecimiento de agua potable y la prevención para las inundaciones. No obstante, después de unos meses este plan fue letra muerta, las cosas siguieron su curso; algunos problemas como la emergencia del crimen organizado, la delincuencia habitual y el mal sistema de transporte que conecta con la Ciudad de México atrajeron la atención y se perdió el foco sobre el problema del agua. Pero el agua siempre está ahí, en la historia de la zona.
Todos estos son factores que explican las condiciones por las que la tragedia se repite, pero en particular, hablamos de que el pasado 2 de agosto colapsó el colector Solidaridad, el cual conecta el flujo de aguas de la zona que actualmente está inundada, hasta el canal de La Compañía, atravesando de extremo a extremo el municipio. El problema es que este colector data de 1993 y debido a la falta de mantenimiento ya se había notificado como colapsado desde 2019. Esto no fue tomado en cuenta por las autoridades locales, y no fue sino hasta 2021 que la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tuvo un impulso de mejorar las obras de la zona, pues es paso obligado de muchos recursos, como el agua, para la capital. Así, en colaboración con autoridades del Estado de México, se había decidido construir un nuevo colector, lo cual estaba contemplado en el Programa Hídrico Regional 2021-2024 de la Conagua. Se contempló que para septiembre de 2022 se construiría esta nueva obra hidráulica que iría de la Planta de Bombeo #12 a la avenida Solidaridad. Pero, otra vez, esto se abandonó. El terreno fangoso continuó su dinámica propia y actualmente, debido a los hundimientos del terreno, el colector generó una contra pendiente que revirtió el flujo del agua para ser drenada.
Evidentemente, con las campañas electorales para la presidencia del ejecutivo y jefe de Gobierno de la Ciudad de México, estas labores se detuvieron, pues el presupuesto y el interés se fueron para otras situaciones. Además, otros factores como los cambios en el gobierno de los distintos niveles y la oposición de algunos vecinos que no permitirían que los ductos pasaran por sus casas hicieron que las obras se pararan por completo.
Ahora nos encontramos con un tapón de basura que se ha estimado que alcanza los 100 metros de distancia en el ducto de 120 cm de diámetro. Esto ha afectado a cerca de 28 calles que se encuentran inundadas, en donde hay al menos 30 centímetros de aguas negras que se meten en los hogares y en los momentos más álgidos ha llegado hasta el metro de altura. Esto genera afectaciones a la vivienda, a la vida cotidiana y muy gravemente a la salud de los habitantes, quienes deben soportar los malos olores y han padecido enfermedades estomacales, infecciones en la piel y los ojos. Una de las grandes preocupaciones de los colonos es el futuro de su patrimonio, pues se sienten desamparados por sus autoridades.
Si el ducto atraviesa el territorio municipal, la responsabilidad, debido a la envergadura de la obra, corresponde a los niveles estatal y federal, pues los recursos locales no pueden ser suficientes. El presidente municipal de Chalco, José Miguel Gutiérrez, empezó a trabajar para desazolvar la zona con bombas de drenado que han sido insuficientes, mientras tanto se encontraba a la espera de que los niveles superiores pudieran declarar el estado de emergencia. Después, el gobierno del Edomex colaboró con más bombas, pero esto ha sido insuficiente. El agua se está botando a zonas que no están inundadas, sin embargo, este esfuerzo es estéril, pues una vez que llueve, en minutos se vuelve a inundar. Por su parte, el gobierno federal apoyó con plantas purificadoras, de las cuales se espera que en apoyo a las acciones llevadas hasta entonces pongan pronta solución. Se han instalado albergues, comedores provisionales y por su parte la Marina se ha encargado de alimentar a todos los damnificados, además de brindar la ayuda necesaria; al igual que el ejército lo hace mediante la implementación del Plan DNIII.
La gobernadora Delfina Gómez acudió a la zona afectada, se puso unas botas y recorrió las calles bajo el agua, sin embargo, las ofertas de solución a mediano plazo, las promesas de no repetición y las culpas que echa a los anteriores gobiernos priistas no convencen a los chalquenses, pues lo que requieren son soluciones inmediatas en la infraestructura y apoyos claros para la reconstrucción de las viviendas. Lo más sencillo ha sido culpar a los habitantes de la zona por el tapón de basura y, si bien es cierto que el grueso de esta suciedad proviene de los desechos domésticos, el problema es más profundo, pues como señalábamos, este comienza con la poca regulación de los asentamientos periurbanos, los continuos hundimientos del territorio, la insuficiencia del sistema de recolección de basura y la falta de mantenimiento de los ductos de agua. No se ve una salida pronta para este problema tan urgente, y ante el arribo de temas más escandalosos como la discusión de la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador en las dos cámaras del Congreso, hacen que las aguas en Chalco pierdan el foco mediático y se pierda la esperanza de atención en el corto plazo.
El agua vuelve y cada quien será juzgado por sus dichos y sus acciones. Y ante todo esto, teniendo en cuenta que algunas de las afectaciones se le pueden atribuir a los gobernantes priistas que en los 90 promovieron la “solidaridad”, ¿en dónde está el “bienestar?, ¿en dónde está el presidente López Obrador frente a la tragedia de Chalco? Pues el ya casi saliente presidente morenista, a pregunta expresa sobre este problema, señaló que no visitará la zona afectada de Chalco, pues, a criterio suyo, el problema estaba casi resuelto, y solo faltaba por limpiar una escuela, por tanto, no veía urgencia por asistir, pero, sobre todo, porque menciona que es de su mayor interés cuidar la investidura presidencial frente a todos aquellos que pudieran criticarlo por su forma de actuar ante los grandes desastres.
En el tiempo el agua vuelve y queda en su lugar, en la historia quedarán en su lugar aquellos gobernantes que no se quieren ensuciar.
Una fracción del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal (Sutsgm), presidida por Luis Fernando Chab Ruiz, llevó a cabo una protesta en la sede del Ayuntamiento de Campeche. La manifestación se centró en la demanda de que cesen los despidos que consideran injustificados. Este acto subraya la creciente tensión entre los trabajadores y las autoridades municipales, en un contexto de descontento con las decisiones recientes en materia laboral.
Durante la protesta, Chab Ruiz estuvo acompañado por una veintena de empleados que portaban pancartas con mensajes como “Resistencia laboral. No dejaremos de defender nuestros derechos como trabajadores” y “Basta al hostigamiento, acoso, amenazas y terrorismo laboral”. Los manifestantes cuestionaron abiertamente el actuar de las autoridades laborales, exigiendo una revisión y corrección de las prácticas que consideran abusivas.
En un giro reciente, el 30 de agosto, durante una asamblea del sindicato, se tomó la decisión de destituir a Luis Fernando Chab Ruiz de su cargo como dirigente sindical. En su lugar, se nombró a Eduardo Trujeque para concluir el periodo de liderazgo. Sin embargo, Chab Ruiz ha descalificado esta asamblea, calificándola de amañada y afirmando que las autoridades laborales aún lo reconocen como Secretario General del Sutsgm, lo que ha generado aún más confusión y conflicto.
Este enfrentamiento dentro del Sutsgm pone de relieve la inestabilidad y las disputas internas que afectan al sindicato, así como la creciente tensión entre los trabajadores y la administración municipal. La situación actual refleja un momento crítico para la organización y plantea interrogantes sobre cómo se resolverán estas diferencias y qué impacto tendrán en la relación laboral en el futuro cercano.
El abogado de Kanan, Miguel Anguas, señaló que no es la primera vez que la casa de estudios inclina la balanza para cumplir con una visión empresarial en lugar de promover una labor social.
Mérida, Yucatán, 9 de septiembre de 2024.-Aunque no sorprende que la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) incline la balanza hacia los intereses de los empresarios, el hecho de firmar una alianza con Kekén es una estaca más a la lucha que ha emprendido el pueblo maya de Yucatán en contra de la contaminación que provoca la industria porcícola en sus territorios, consideró el abogado Miguel Anguas Rosado, de la asociación Kanan Derechos Humanos.
Como informamos en este espacio, la UADY estableció un convenio con el Grupo Porcícola Mexicano S.A. de C.V. “Kekén”, para la elaboración de un proyecto de investigación denominado “Evaluación de Impactos Sociales y Económicos” para supuestamente estudiar la “huella socioeconómica” que ha originado la actividad agroalimentaria “en su contribución a la generación de empleos formales directos e indirectos en las áreas rurales de Yucatán”.
Esta controvertida empresa es señalada de ser una de las principales contaminantes del agua y el aire de la entidad, debido a su elevada producción de carne de cerdos que exporta al extranjero. Además de los litigios que ha enfrentado no solo por los daños al medio ambiente, si no por la ocupación de territorios que le pertenecen a las comunidades mayas yucatecas.
Entrevistado al respecto para Haz Ruido, el activista aseguró que este hecho no le sorprende ya que no es la primera vez que la casa de estudios inclina la balanza para cumplir con una visión empresarial en lugar de promover una labor social.
Sin embargo, Anguas Rosado señaló que esta alianza con la industria porcícola es “una estaca” más para demeritar la lucha del pueblo maya que históricamente ha luchado para denunciar los atropellos que se han cometido en su contra.
“La principal arma que utiliza el empresario para defenderse de cualquier posible impacto social es la generación de empleo. En cierta medida ese tipo de industrias si dan empleos, pero pues esto no sustituye de ninguna manera la responsabilidad que tienen frente a los pueblos originarios”, declaró.
El activista indicó que en lugar de hacer un estudio económico, la UADY debería enfocarse en realizar una investigación sobre el impacto ambiental y en los territorios indígenas que genera la industria de cerdos en Yucatán, además de entender el concepto de contaminación más allá de la visión occidental, porque para los mayas está fuertemente ligada al despojo.
“Que la UADY mejor se preocupe en utilizar sus sus herramientas, recursos humanos y económicos para estudios que coadyuven en la labor de autoridades ambientales, y ver qué tanto es cierto el tema del impacto ambiental en los pueblos. Como el hecho de que una industria se asiente sin el consentimiento de un pueblo impactando incluso en la preservación de actividades primarias que llevan haciendo estos pueblos por cientos de años”, concluyó.
Las aguas negras son precursoras de enfermedades de la piel, gastrointestinales e infecciosas
Rocío López Fonseca / Meteored
La exposición prolongada a condiciones insalubres también puede provocar enfermedades de la piel, respiratorias y problemas de salud mental, como estrés postraumático y depresión. Sin contar los daños materiales que provocan este tipo de inundaciones.
Más de un mes con inundaciones en Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México
Las recientes inundaciones en Chalco, Estado de México, han dejado a la población no solo sin hogar y pertenencias, sino también expuesta a una serie de riesgos para la salud. El contacto prolongado con aguas contaminadas, la proliferación de vectores como mosquitos y la falta de condiciones sanitarias adecuadas crean un entorno propicio para el desarrollo de diversas enfermedades.
Estas inundaciones han creado un caldo de cultivo para enfermedades como el cólera, que se propaga a través del agua contaminada y causa diarrea severa y deshidratación. Además, el estancamiento de agua ha generado un aumento en la población de mosquitos, lo que eleva el riesgo de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.
La exposición prolongada a condiciones insalubres también puede provocar enfermedades de la piel, respiratorias y problemas de salud mental, como estrés postraumático y depresión. Es importante destacar que las inundaciones no solo causan daños materiales, sino que también ponen en riesgo la salud de las comunidades afectadas. La prevención y el control de enfermedades deben ser una prioridad en la respuesta a este tipo de emergencias.
Las inundaciones recurrentes en Chalco, Estado de México, son un problema complejo con múltiples causas interrelacionadas. Si bien las lluvias intensas son un factor desencadenante, el cambio climático ha exacerbado esta situación, junto con otros factores como la urbanización descontrolada, la mala gestión del agua y la degradación ambiental.
Agua estancada, caldo de cultivo de mosquitos
¿Qué enfermedades pueden surgir tras una inundación?
Enfermedades diarreicas: El consumo de agua contaminada y alimentos expuestos a bacterias puede provocar diarrea, cólera y otras enfermedades gastrointestinales.
Enfermedades transmitidas por vectores: El estancamiento de agua genera criaderos de mosquitos, aumentando el riesgo de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.
Enfermedades de la piel: El contacto con aguas contaminadas puede causar infecciones en la piel, como pie de atleta y dermatitis.
Enfermedades respiratorias: La humedad y el moho que se desarrollan en las viviendas inundadas pueden desencadenar enfermedades respiratorias como asma y bronquitis.
Enfermedades transmitidas por roedores: Las inundaciones pueden desplazar a roedores, aumentando el riesgo de enfermedades como la leptospirosis y el hantavirus.
¿Qué medidas tomar?
Ante esta situación, es fundamental que las autoridades y la población tomen medidas preventivas para evitar la propagación de enfermedades:
Abastecimiento de agua segura: Garantizar el acceso a agua potable y clorada para consumo humano.
Saneamiento básico: Restaurar los servicios de alcantarillado y recolección de basura lo antes posible.
Campañas de vacunación: Implementar campañas de vacunación contra enfermedades como el tétanos y el hepatitis A.
Control de vectores: Realizar fumigaciones y eliminar criaderos de mosquitos y roedores.
Educación sanitaria: Informar a la población sobre las medidas de higiene y prevención, como la cloración del agua y el lavado adecuado de manos.
Enfermedades transmitidas por el agua contaminada, cólera, tifo, hepatitis A. Mientras que algunas de las enfermedades transmitidas por vectores, son dengue, zika, chikungunya y malaria, entre otras. Las enfermedades transmitidas por roedores son leptospirosis y hantavirus.
Este tipo de emergencias también provoca problemas en la salud mental como estrés postraumático, ansiedad, depresión. Antes, durante y después de la tormenta y de la inundación las personas se encuentran en estado de vigilia y alerta al momento de la presentación del desastre la incertidumbre de su futuro inmediato y lejano provoca un estado continuo de vigilia y depresión.
Medidas preventivas:
Higiene personal, como lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, cocinar bien los alimentos y consumir agua segura, evitar el contacto directo con aguas contaminadas, control de vectores, eliminar criaderos de mosquitos en los hogares y alrededores, utilizar repelentes de insectos, dormir bajo mosquiteros. Vacunación contra enfermedades prevenibles como el tétanos y la hepatitis A.
Buscar atención médica de inmediato si se presentan síntomas de alguna enfermedad.
Foto: En el edificio ubicado en Progreso 25 los vecinos acordaron prohibir la renta por aplicaciones. TOMADA DE GOOGLE MAPS
8 de Septiembre del 2024
Ante la operación de plataformas de renta de inmuebles a corto plazo, vecinos de la Escandón I y II decidieron prohibir el uso de departamentos para estas aplicaciones, con el objetivo de frenar el aumento de los precios de la renta y los servicios.
Como es el caso del edificio de departamentos ubicado en Progreso 25, donde los vecinos y dueños se han unido para llegar al consenso de prohibir el uso de este tipo de aplicaciones en el edificio, según explicó su administradora y condómina Isabel Pareja.
“Aquí tenemos por regla, y está en el contrato, que no se pueden poner los departamentos a disposición en plataformas, lo que nos ha ayudado a mantener una estabilidad en el edificio, porque si dejáramos que lo usaran para Airbnb, la renta se subiría de golpe, aún más de lo que ya ha subido de por sí”.
Isabel Pareja señaló que esta medida también la han adoptado otros edificios y condominios cercanos con este mismo objetivo, debido a la reciente llegada de extranjeros a la zona, que en su mayoría ocupan apartamentos por plazos cortos.
“En otros departamentos de esta esquina quisieron hacerlos Airbnb después de la pandemia y los mismos dueños se juntaron para impedirlo. Al final optaron por poner esa regla también y estamos cuidando toda el área, pero de Patriotismo para adelante que es la Escandón II, está lleno”, agregó.
Vecinos de la colonia Escandón han experimentado un alza considerable en el precio de la renta y servicios. Foto: de Hugo Salvador. El Universal
Jorge Alejandro Medellín Hernández / El Universal
Publicado el 8 de Septiembre del 2024
Vecinos de las secciones uno y dos de la colonia Escandón han experimentado un considerable aumento en el precio de la renta y servicios debido, entre otros factores, al intento de las empresas inmobiliarias de vender la zona como “Condesa Sur”, para aumentar la plusvalía.
“Con el crack inmobiliario que trae aquí la Miguel Hidalgo la renta se ha vuelto exorbitante, ahora las rentas están desde los 15 hasta los 30 mil pesos en la Escandón, ya en la Condesa no se diga, están hasta 70 mil pesos en los peores casos”, dijo Alondra Esmeralda, vecina de la colonia.
Según Alondra, las rentas en la colonia Escandón han subido en algunos casos hasta más del doble en menos de tres años, pasando de 7 mil pesos al mes antes de 2020 a 15 mil pesos en la actualidad, como es su caso.
La presencia de empresas inmobiliarias y dueños de departamentos que ofrecen servicios de hospedaje a corto plazo a extranjeros bajo la premisa de que sus propiedades se encuentran en la “Condesa Sur”, aunque en realidad se trata de la colonia Escandón, han
influido en este aumento, consideraron colonos.
“Desde que terminó la pandemia, serán unos dos o tres años para acá, las rentas subieron de manera impresionante y principalmente porque venden a extranjeros la zona como si fuera la ‘Condesa Sur’, pero eso no existe, aquí es la Escandón I”.
Lo mismo sucede en la colonia Tacubaya, también en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde, por ejemplo, se encuentra el complejo de departamentos llamado “Condesa Sur”, ubicado en la calle Antonio Macedo 81, colonia Tacubaya, en contraesquina con la Escandón sección I.
Este inmueble, construido hace aproximadamente tres años, según sus inquilinos, ofrece departamentos tipo loft o estudio con una habitación con baño, clósets, cocina integral, por un costo de 14 mil pesos mensuales, siendo esta opción la más barata.
También cuentan con departamentos de dos habitaciones tipo suite, con dos baños, clósets, persianas, alacenas y equipado con lavavajillas, lavadora, refrigerador y horno, además de servicios de agua, gas, luz y cable por 20 mil 500 pesos mensuales; la página
oficial de los condominios se anuncian como ubicados en “Condesa Sur” CDMX, cuando en realidad se encuentran en Tacubaya.
Alfonso, uno de los inquilinos de este complejo, afirmó que llegó a los departamentos principalmente por esta estrategia de marketing.
“Que lo vendan así sirve como un gancho, mucha gente presume con sus amistades que viven en la Condesa, cuando realmente es Tacubaya y el edificio justamente lle- va en su nombre una zona a la cual no pertenece (…), yo llegué porque vi el anuncio de ‘Condesa Sur’ y me pareció interesante”, dijo.
Explicó que más de 50% de sus vecinos son parejas de jóvenes extranjeros que residen en el lugar por estancias cortas en varios casos, que van desde algunos meses hasta el medio año o el año completo antes de irse.
“Hay mucha gente que trabaja a distancia, muchos extranjeros, muchos perros, prácticamente no hay niños y son mucha gente joven, este es un distintivo del edificio, es como el target (…) aquí son puras rentas, no hay departamentos en venta y uno de sus principales beneficios es que todos los servicios y bienes están incluidos”, comentó.
Sin embargo, Alfonso afirmó que aunque el precio de la renta sea elevado y se incrementa 10% cada año, es muchísimo más accesible que el de zonas como la Condesa, donde se puede llegar a pagar hasta 70% más por una renta.
“Comparados con la zona, sus precios son competitivos, porque aquí tenemos la Escandón, en la que también ha subido la plusvalía y se ha llenado de extranjeros que tienen un mayor poder adquisitivo y han elevado las rentas, como es el caso de la Condesa”.
Además de este, hay otros complejos como el que se encuentra actualmente en desarrollo, el edificio Ermita, ubicado en Eje 4 Pte 25, Escandón que se oferta con el mismo modelo de negocio.
Hay otros servicios que utilizan esta misma estrategia como el ejemplo del gimnasio Fitsi, ubicado en avenida Revolución 67, Tacubaya, que en su página principal de internet también se anuncia como parte de la “Condesa Sur”.
Alquiler a corto plazo
Gabriel Konik, director ejecutivo inmobiliario del corporativo Kosmos, explicó que el aumento en el costo de la renta es algo natural en las grandes ciudades, pero este fenómeno de la llegada de extranjeros que buscan alojamientos a corto plazo se ha visto reflejado ampliamente en zonas específicas de la capital, como Condesa, Roma, Narvarte y alrededores, algo que puede beneficiar a propietarios de estos lugares.
“Evidentemente el costo de la vida en México comparado con algunas ciudades de Estados Unidos es mucho más barata, el costo de las rentas en comparación con ciudades como Nueva York o Chicago es muy diferente y luego de la pandemia se popularizó el
modelo de trabajo a distancia, por lo que mucha gente se pudo ir a otros países. Eso, ligado a todo lo que ofrece la Ciudad de México, como la comida, el ambiente, la vida nocturna, el arte y cierta seguridad, han atraído a ese sector”.
Expuso que el precio de los departamentos en estas zonas ha bajado para su venta, pero ha aumentado para la renta.
“Lo que ha sucedido es que estos departamentos en zonas centrales, que son lugares pequeños, se han comercializado muy bien por rentas a corto plazo, por lo que ahora ya es más conveniente rentar que vender”.
Según un estudio de mercado realizado por este mismo grupo empresarial, el precio promedio de una vivienda nueva en la colonia Condesa disminuyó de 8 millones 821 mil 648 a 8 millones 624 mil 690 pesos de 2020 a 2024, lo que representa una reducción de
2.3%.
El precio de la renta en la misma zona aumentó de un promedio de $15 mil 916 pesos mensuales en 2020 a 25 mil 613 pesos mensuales para 2024, siendo 2023 el año de mayor aumento, pasó de 18 mil 905 a 24 mil 86, lo que representó un aumento de 27.4%
sólo en un año; en términos globales, el precio de la renta en la Condesa aumentó 60% en cuatro años.
El Gobierno de la Ciudad de México publicó el pasado 28 de agosto, en la Gaceta Oficial, reformas al Código Civil y la Ley de Vivienda para frenar el incremento excesivo en las rentas y que este nunca sea mayor al de la inflación.
Luego de ser aprobadas las reformas por el Congreso local, se estableció que el registro de contratos de arrendamiento, de autorización inmediata a cargo del Gobierno local, que establece el párrafo tercero del artículo 2448 F del Código Civil, se llevará a
cabo mediante el mecanismo que desarrollará la Agencia Digital de Innovación Pública, en el que los arrendadores tendrán hasta 90 días para registrar los contratos.
La despenalización del aborto en Jalisco ha permanecido ha permanecido en la congeladora dentro de la agenda politica del Congreso de Jalisco Por lo que, un Tribunal Colegiado le ha exigido que se deroguen los artículos que prohiben el aborto voluntario.
Ante las omisiones y la próxima finalización de la LXIII Legislatura del Congreso de Jalisco, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Jalisco (Ddeser Jalisco) ha impuesto un ultimátum a las y los legisladores para garantizar este derecho y brindar certeza a las mujeres, personas gestantes y el personal de salud. Esto luego de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el reciente mandato del Segundo Tribunal Colegiado
Karen García / Zona Docs
Tras las determinaciones históricas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2021, en torno al reconocimiento de la interrupción del embarazo como un derecho humano de las mujeres y personas gestantes, organizaciones civiles en Jalisco agrupadas a través de la Red de Defensoras de los Derechos de las Mujeres de Jalisco exigieron al Congreso del Estado la despenalización del aborto voluntario y el reconocimiento de la objeción de conciencia como un derecho limitado y de carácter individual.
Si bien, la diputada Susana de la Rosa del partido Futuro presentó la iniciativa “Nos toca decidir”, la cual plantea la legalización de la interrupción legal del embarazo y la adición al artículo 1° de la Ley de Amnistía para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, a más de dos años de haberla presentado al pleno, ésta ha permanecido congelada.
Aunado a ello, recientemente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Tercer Circuito, determinó que los artículos del Código Penal de Jalisco que prohíben el aborto voluntariado son inconstitucionales, por lo que el Congreso de Jalisco está obligado a derogar estos preceptos.
Frente a estos antecedentes, el Congreso de Jalisco ha decidido permanecer omiso. Por lo que, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Jalisco (Ddeser Jalisco), han realizado una serie de exigencias a las y los legisladores, a las instituciones y al gobernador Enrique Alfaro a garantizar el derecho a decidir de las mujeres y de todas las personas gestantes del estado.
Ddeser impuso un ultimátum a este órgano, estableciendo como límite el 31 de octubre para acatar lo mandatado por el Tribunal Colegiado, pues es en esta fecha cuando la LXIII Legislatura terminará con sus labores.
Ddeser Jalisco, es una organización civil integrada por mujeres activistas que buscan la construcción de una sociedad que vele por los derechos sexuales y reproductivos, su fin principal es que las mujeres conozcan y exijan sus derechos de manera libre, autónoma e informada. Además, contribuyen en la creación de leyes y políticas públicas en favor de estos derechos, así como en la capacitación y formación de mujeres líderes.
En entrevista para Zona Docs, Patricia Ortega, representante de Ddeser Jalisco, declaró que el Congreso tiene una “indicación precisa”: sacar el aborto del código penal. Pues desde el 2021 se proclamó inconstitucional criminalizar a mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo.
“Específicamente, se les indica sacar el aborto del Código Penal. O sea, si ellos pensaban o ellas pensaban hacer pequeñas modificaciones al código, pues ahorita ya eso no es posible”, expresó Patricia Ortega, ya que la modificación debe ser “radical” según lo que indica el tribunal, antes de que termine la legislatura.
Al Congreso se le acaba el tiempo para “hacer lo que les corresponde”, de lo contrario, será una omisión permanente, sentenciaron. De esta manera, la organización buscará que las y los diputados tengan consecuencias legales en sus siguientes cargos.
“Pareciera para ellos y para ellas, tendría que haber primero una ley que despenalice el aborto para que entonces las mujeres empiecen a acceder a estos servicios. Queremos difundir el mensaje y hacérselos llegar de que no es así. Las mujeres hemos estado abordando desde hace siglos. Y lo vamos a seguir haciendo con ellos, sin ellos o a pesar de ellos”, comentó Patricia Ortega.
Quitar el aborto del Código Penal de Jalisco no solo le brinda certeza a las personas que quieran acceder a este derecho, sino que también le proporciona certeza legal al personal de salud que tiene una responsabilidad para hacerlo. Patricia Ortega explicó que estos vacíos les generan incertidumbre, pues la constitución habla de proteger la vida desde la concepción, mientras que la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, garantiza el acceso al aborto seguro.
“Es muy importante saber que, para poder legislar, realmente, en función de derechos sexuales y reproductivos, hay que saber de derechos humanos y tenemos que actualizarnos.” comentó la defensora.
Los pensamientos conservadores y “anti derechos” también se ven reflejados en los partidos políticos que ocupan curules dentro del poder legislativos, pues varios de ellos tienen una sola agenda, la cual no propone en temas de diversidad y sólo buscan negar iniciativas en favor a la sexualidad, métodos sexuales, despenalización del aborto, entre otros.
A pesar de esto, el Congreso tiene la obligación de situar en sus políticas públicas la modificación a los códigos antes mencionados en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Por lo que, para Ddeser Jalisco es prioridad realizar la sesión que elimine los artículos 127, 128 y 129 del Código Penal.
Asimismo, Patricia Ortega señaló que aun cuando hay diputados y diputadas “maliciosos”, que mencionan que con someter a votación la modificación y derogación de los artículos, ya cumplen con la indicación del Tribunal, la votación tiene que ser en favor de ésta.
Es por esto que Patricia menciona que no dejarán que ocurra como en el estado de Aguascalientes, donde las y los legisladores hicieron “una vergüenza internacional”, pues el aborto se despenalizo hasta las 6 semanas de gestación, lo cual para la organización representa una “regresión en términos de derechos humanos”.
La respueta que el Congreso de Jalisco dio a las organizaciones que están impulsando este ultimátum es que sí se despenalizará el aborto.
“Se va a despenalizar. Esta fue la respuesta que tuvimos el martes que estuvimos en el foro. Dijeron que se va a despenalizar antes del 31 de octubre”, declaró Patricia Ortega. Así mismo, explicó que el Estado cuenta con una estructura para garantizar este derecho, pues existen servicios y espacios para abortar, hay certeza legal y jurídica, así como capacitación en centros de salud para brindar el servicio
Patricia Ortega evidencia que existen muchas organizaciones civiles e instituciones que se han sumado a la causa. Por lo que, están en planeación para realizar una serie de actividades para que la sociedad civil se acerque a esta discusión y pueda estar informada.
“La gente tiene que estar enterada y tiene que saber que esta necesidad, a lo mejor que en algún momento han tenido, de interrumpir un embarazo y de buscar información al respecto es su derecho. Que no están violando una ley, ya lo dijo la Suprema Corte”, expresó Patricia.
Alejandra Ramírez – Causa Natura Media / Animal Político
La construcción del desarrollo turístico en Punta Colorada, la última playa virgen de Puerto Escondido, Oaxaca, no es posible por una suspensión definitiva derivada de un amparo. Pero aunque ésta fue otorgada en enero pasado a defensores ambientales y pobladores, el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, insiste en que puede realizarse.
El proyecto se presentó hace un año por el gobierno estatal y contempla el desarrollo de siete lotes para la construcción de hoteles, cinco lotes comerciales y 13 lotes residenciales en 111 hectáreas de Punta Colorada.
En un inicio, el gobernador Salomón Jara argumentó que al tratarse de una propiedad del estado, dejaría a consulta popular la decisión de ejecutar el proyecto. Sin embargo, a pesar de las movilizaciones en contra de los últimos meses y el amparo promovido por ciudadanos, ha insistido en que el desarrollo turístico en Punta Colorada es viable.
“Mientras exista la suspensión, el gobierno del estado no puede construir en Punta Colorada. Tuvimos mucha suerte de que se diera a conocer el tema y las intenciones del gobierno antes de que ellos empezaran hacer estudios de la zona”, explicó Almendra Gomezleyva Melchor, coordinadora de Salvemos Colorada, colectivo que encabeza la defensa de la playa.
El principal motivo para la suspensión es la importancia ecológica que tiene Punta Colorada. Se trata de una selva baja caducifolia donde hay manglares, plantas de ornato, aves migratorias, murciélagos polinizadores y varias especies en riesgo incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 para su protección, como el cocodrilo y la tortuga laúd.
A esto se suma que el tipo de suelo no permitiría un desarrollo turístico como el que plantearon las autoridades.
“Son terrenos muy porosos, de hecho, se están deslavando, y un tipo de construcción como el que ellos plantean no es viable. Si lo ves desde el análisis de riesgo, pues es una zona inestable para la construcción. Desde el lado geológico, hay terrazas geológicas con vestigios del Pleistoceno (que inició hace 2.59 millones de años)”, señaló la coordinadora de Salvemos Colorada.
Esfuerzos en Colorada
El clima tropical y la biodiversidad de Puerto Escondido, colindante con las aguas del Pacífico, han llevado a que durante los últimos años se incremente el turismo. La liberación de tortugas, las playas para surf, el avistamiento de delfines y ballenas, entre otras actividades, atraen cada vez más a turistas nacionales y extranjeros.
Pero con el flujo del turismo, crecen los atropellos en los servicios de infraestructura y, por consecuencia, su impacto en el medioambiente.
“El problema de las aguas residuales ha aumentado con el crecimiento de Puerto Escondido. Porque si bien hay mayor flujo de turismo, la inversión en infraestructura no ha sido equivalente. Por ejemplo, la zona de Colotepec no tiene drenaje, entonces todas las nuevas construcciones usan fosas sépticas que las pipas van y descargan en Punta Colorada”, explicó Gomezleyva Melchor.
El problema de la contaminación por aguas residuales tiene antecedentes desde 2006 cuando inició operaciones la planta de tratamiento de aguas residuales, conocida como PTAR Punta Colorada, que descargaba en la laguna La Salinita, ubicada en esta misma zona.
La falta de saneamiento derivó en una movilización legal por parte de defensores ambientales. El 16 de mayo de 2022 el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca admitió una demanda de amparo por los vertimientos de aguas residuales en Punta Colorada.
El resultado fue una suspensión provisional para que las autoridades correspondientes evitaran más descargas y atendieran la contaminación en la laguna La Salinita. Sin embargo, el problema continúa hasta el día de hoy. Por lo que Salvemos Colorada solicitó una ampliación de la demanda, de la que esperan respuesta desde enero del año pasado.
“No tiene lógica para nosotros (Salvemos Colorada) que el gobierno prefiera invertir 2 mil millones de pesos en la ampliación del aeropuerto (de Puerto Escondido) para traer más gente antes que invertir 600 millones en infraestructura para recibir y atender de manera adecuada y óptima al flujo de turismo”, indicó Gomezleyva.
Por su parte, el gobierno de Oaxaca ha compartido este año que, dentro de las acciones para saneamiento e infraestructura de drenaje sanitario de Puerto Escondido, realizaría una inversión de 10.3 millones para la rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Punta Colorada 1 y 2, en el municipio de San Pedro Mixtepec.
Además, informaron de otra inversión de 10.74 millones de pesos en el municipio para atender la planta de tratamiento de aguas residuales Santa Fe. Lo que suma en total un presupuesto de 21 millones para infraestructura.
A pesar de la falta de acciones, Salvemos Colorada tiene reuniones con autoridades para promover la protección ambiental. Una de éstas ha sido con el gobierno municipal de San Pedro Mixtepec para trabajar en un Plan de Desarrollo Urbano y Territorial que establezca a Punta Colorada como un área no urbanizable y de valor ambiental.
Como coordinadora de Salvemos Colorada, Almendra Gómezleyva reconoce que el crecimiento de Puerto Escondido “es inevitable”, por lo que considera necesarias mejores regulaciones para no afectar a los ecosistemas.
“No podemos parar el flujo del turismo, pero sí podemos organizarnos. Esta implementación de los Planes de Desarrollo Urbano es bastante importante para tener un orden sobre el crecimiento de Puerto Escondido y que también exista la voluntad política para que se haga cumplir ese plan”, expresó.
La ciudadanía, la comunidad surfista y las personas dedicadas a la defensa ambiental han jugado un papel importante para hacer frente a las amenazas, sin embargo, esperan que las autoridades también contribuyan a proteger el medio ambiente.
Por: Eréndira Aquino/ Animal Político Fotos: Sharenii Guzmán
Una protesta convocada en solidaridad con una vecina de San Gregorio Atlapulco, quien enfrenta un proceso judicial por la reapertura de la biblioteca del pueblo, terminó con personas detenidas y lesionadas. Los manifestantes fueron agredidos por civiles mientras se manifestaban en Xochimilco y, posteriormente, golpeados por policías al acudir a la agencia del Ministerio Público, donde trasladaron a algunos activistas.
La primera agresión, perpetrada por personas encapuchadas frente a las oficinas de la alcaldía de Xochimilco, dejó un saldo de diez personas lesionadas y cinco detenidas, todas pertenecientes al grupo de manifestantes.
En tanto, la segunda agresión, ocurrida a las afueras de las agencias 2 y 3 Ministerio Público en Tlalpan –a donde fueron trasladados los detenidos– dejó a más de treinta personas lesionadas por policías, quienes fueron retenidas por varias horas al interior de las oficinas de la Fiscalía capitalina, hasta que por negociación con el gobierno de la Ciudad de México fueron liberadas y, al menos tres de ellas, trasladadas a un hospital para su atención.
La totalidad de las personas detenidas, y quienes fueron retenidas en la agencia del Ministerio Público fueron liberadas hasta las 11:40 de la noche, después de permanecer más de cinco horas en custodia de las autoridades. Algunas salieron con golpes en la cabeza y diversas partes del cuerpo, y en un caso, con costillas rotas.
decenas-de-heridos-y-detenidos-saldo-de-una-protesta-en-xochimilco
Foto: Sharenii Guzmán
Al respecto, la Alcaldía Xochimilco afirmó que los manifestantes, “desde un inicio se mostraron inflexibles al diálogo, realizando pintas al inmueble y lanzando consignas en contra de la señora Hortensia Telésforo N.”, y afirmó que provocaron lesiones contra el director de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, Francisco Pastrana.
Las autoridades de Xochimilco calificaron a quienes participaron en la protesta de “pseudo líderes” y “grupos de choque”. Afirmaron que continuarán con las acciones legales correspondientes, y exhortaron a la ciudadanía “a mantener la calma y no caer en provocaciones que buscan desestabilizar a nuestra comunidad”.
En tanto, la Fiscalía de la CDMX confirmó que luego del diálogo con autoridades de la demarcación y del Gobierno de la Ciudad, las cinco personas detenidas fueron liberadas; sin embargo, las autoridades ministeriales refirieron que las investigaciones sobre la agresión continúan y que los probables responsables llevarán el proceso en libertad.
Por los hechos, la Dirección General de Asuntos Internos y de Derechos Humanos de la dependencia integró la carpeta de investigación administrativa interna, para determinar si hubo acciones contrarias a los protocolos de actuación policial por parte de los uniformados.
¿Cómo ocurrieron las agresiones y detenciones de vecinos de Xochimilco?
La primera agresión ocurrió alrededor del mediodía, cuando los manifestantes acudieron a protestar a la alcaldía de Xochimilco para exigir un alto a la criminalización contra Hortensia Telésforo, vecina que participó en la reapertura de la biblioteca de San Gregorio, hecho por el cual cuenta con una carpeta de investigación abierta.
Hasta este lugar llegaron una decena de activistas en apoyo de Hortensia, quienes corearon distintas consignas en contra de la represión y la criminalización de los defensores del pueblo de San Gregorio Atlapulco, pero fueron golpeados por un grupo de personas embozadas, quienes los persiguieron, los golpearon y destruyeron las mantas en las que llevaban escritas sus exigencias de justicia.
Foto: Sharenii Guzmán
De acuerdo con quienes estuvieron en esta movilización, las agresiones ocurrieron a metros de dónde se encontraba un grupo de policías, quienes observaron las agresiones sin intervenir, y posteriormente se acercaron para detener a cinco de los activistas lesionados.
La segunda agresión contra los manifestantes ocurrió durante la búsqueda de la liberación de las cinco personas detenidas. Esta vez, fue perpetrada por policías antimotines desplegados para vigilar la agencia del Ministerio Público Tlalpan 2, donde habían trasladado a los detenidos, acusados de lesionar a un funcionario e impedir la actividad policial.
Joel, uno de los manifestantes que estuvo presente al momento de la segunda agresión, relató que esta ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando intentaron hacer una valla humana para impedir detenciones, ya que se percataron que estaban siendo rodeados por policías antimotines.
“Éramos varias personas, todo ocurrió frente a personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quienes acudieron a la protesta como observadores, pero eso no detuvo los golpes y el lanzamiento de gas lacrimógeno por parte de los policías, que de inmediato comenzaron a detener personas en la calle y al interior del Ministerio Público”, recordó.
Tras este segundo altercado, integrantes de distintas organizaciones de la sociedad civil ingresaron a la agencia ministerial para pedir un diálogo con las autoridades, y después de cuatro horas, consiguieron la liberación de todas las personas, incluidas las cinco acusadas por la alcaldía Xochimilco de cometer agresiones: Anselma Margarito, de la comunidad otomí; Jorge Cansino; Uriel García, de Conciencia y Libertad; Mayahuel, de Radio Zapote y Roberto Rodríguez.
Los liberados fueron recibidos entre consignas como “¡Libertad, libertad a los presos por luchar!” y “¡A San Gregorio Atlapulco lo quieren desaparecer, nosotros con lucha y sangre lo vamos a defender!”. Al salir, ofrecieron una breve conferencia de prensa, en la que reclamaron el actuar de los policías que los agredieron y criminalizaron, mientras que no detuvieron a una sola de las personas que los golpearon mientras se manifestaban pacíficamente.
“Uno de los policías me ahorcó”, contó Margarita, mientras que Roberto Rodríguez compartió que lo patearon en una pierna “y los policías viendo… fue un desastre lo que nos hicieron”.
La denuncia contra Hortensia
La protesta de este jueves fue convocada por diversas agrupaciones vecinales en apoyo de Hortensia Telésforo, a quien la alcaldía Xochimilco denunció penalmente por el delito de despojo, por la reapertura de la biblioteca de San Gregorio Atlapulco, cerrada al pueblo desde 2017, cuando quedó dañada por el sismo del 19 de septiembre.
A finales de julio pasado, Hortensia, de 60 años, recibió una notificación en su domicilio en la que se le informaba que debía presentarse este 5 de septiembre a los juzgados del Reclusorio Sur, para conocer los detalles de la investigación que se sigue en su contra.
Con el fin de acompañarla en esta audiencia, vecinos de Xochimilco se organizaron para acudir con ella al Reclusorio Sur. A las 10 en punto de la mañana de este jueves se dieron cita frente a la biblioteca de San Gregorio Atlapulco y, antes de abordar los vehículos para ir a la audiencia, cantaron el himno nacional y gritaron consignas de apoyo para Hortensia.
Los manifestantes arribaron al Reclusorio Sur a las 10:30 horas, pero fueron informados de que, debido a las protestas de trabajadores del poder judicial, no se llevaría a cabo la audiencia para la que se le citó.
Ante esta noticia, Hortensia y las personas que la acompañaban decidieron trasladarse hasta la alcaldía Xochimilco para exigir que se detuvieran las acciones de criminalización contra esta activista, así como contra quienes realizan acciones de defensa del territorio en esta demarcación.
xochimilco protesta biblioteca san gregorio
Foto: Sharenii Guzmán
El pleito por la biblioteca de San Gregorio Atlapulco
En 2018, como candidato a alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta –próximo diputado en el Congreso de la Ciudad de México por Morena– prometió que la biblioteca “Adolfo López Mateos” sería remodelada, y en su lugar de pondría un museo al que llamo “Casita de la ciencia”. Sin embargo, en sus dos periodos al frente de la alcaldía, este nunca abrió sus puertas.
Debido a que no tenían información sobre lo que ocurriría con el espacio, que fue remodelado, pero no abierto al público de San Gregorio Atlapulco, los vecinos exigieron al gobierno capitalino indagar sobre este inmueble, y en diciembre de 2022 les dijeron que se investigaría el asunto, pero pasaron varios meses y no tuvieron respuesta.
biblioteca xochimilco san gregorio vecina criminalización.
Actividades en la biblioteca reabierta por vecinos de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.
Foto: especial
La siguiente ocasión en que tuvieron información sobre este inmueble fue en octubre de 2023, cuando por redes sociales supieron que la alcaldía Xochimilco estaba promoviendo el lugar como una de las paradas de un recorrido turístico para promover a la alcaldía como un “Barrio Mágico”, lo que provocó indignación entre los habitantes de San Gregorio Atlapulco.
Debido a esta información, los vecinos convocaron a un plantón frente a la biblioteca y enviaron un documento a la alcaldía, solicitando una reunión para aclarar el uso que tendría este espacio, pero no tuvieron respuesta, y fue por ellos que en diciembre de 2023 algunos habitantes del pueblo decidieron abrirlo por cuenta propia como centro cultural.
Desde entonces, el pueblo organiza conciertos, espectáculos de danza y teatro en el sitio, en el que también ubicaron una nueva biblioteca, equipada con libros donados por vecinos del pueblo.
Este viernes 6 de septiembre habitantes del poblado de Limones, en el municipio de Bacalar, bloquearon temporalmente la entrada principal que conduce a la estación del Tren Maya, debido al incumplimiento de acuerdos previamente pactados.
El bloqueo se realizó en la carretera Chetumal-Cancún, a la altura de Limones, afectando el tránsito en la zona.
Los manifestantes señalaron que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), responsables del proyecto del Tren Maya, se habían comprometido a construir rampas de acceso y un puente que permitiera a los ejidatarios desarrollar proyectos en sus tierras. Sin embargo, al no cumplirse estos acuerdos, los habitantes tomaron la decisión de actuar.
«Se comprometieron a construir rampas de acceso a trabajaderos y un puente que nos permita realizar un futuro proyecto como ejido. Además, los vehículos pesados han causado daños a las líneas de CFE, afectando a gran parte del pueblo, y también exigimos que eso sea reparado», expresaron los afectados.
Los pobladores advirtieron que este bloqueo es solo una medida inicial de presión para que sus demandas sean escuchadas y atendidas por las autoridades responsables del proyecto.
A los colectivos y organizaciones de derechos humanos
A los medios de comunicación
La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno, denunciamos la cobarde represión a nuestras compañeras y compañeros de la comunidad Otomí, residente en la Ciudad de México, por las fuerzas represivas del gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías de Tlalpan y Xochimilco, así como del Gobierno de la Ciudad de México, cuando participaban en una movilización para exigir el cese a la persecución en contra de la compañera Hortensia Telésforo originaria del pueblo de San Gregorio Atlapulco, quien es criminalizada por la defensa de su pueblo.
Alrededor de las 2:00 de la tarde un grupo de cerca de 50 personas vestidas de civil, armados con palos y armas punzo cortantes, atacaron y persiguieron a compañer@s, robaron cámaras y celulares, esto ante la mirada de los policías que se encontraban en el lugar.
Compañeros del Frente de Pueblos y Barrios del Anahuac, la Asamblea General de San Gregorio Atlaplulco, miembros de medios libres y otros colectivos fueron golpeados, perseguidos y detenidos. Entre los compañeros agredidos hay gente de la tercera edad, jóvenes y mujeres.
Tras la detención de Anselma Margarito Francisco (Comunidad Otomi), Jorge Manuel Cancino García (Conciencia y libertad UNAM), Uriel García Rojas (Conciencia y libertad UNAM). Roberto Rodríguez Contreras (Coordinación Metropolitana) y Penélope Estefanía Galicia Argumedo (radio Zapote), fue deliberadamente negada información sobre su paradero, manteniéndolos en calidad de desaparecidos, hasta que fueron trasladados a la fiscalía de Tlalpan, donde acudieron miembros de la comunidad Otomí para manifestarse por su liberación y presentación.
Estando en las instalaciones de la fiscalía de la alcaldía de Tlalpan, los compañeros de la comunidad Otomí y diversos colectivos fueron cercados y reprimidos con violencia, mediante el uso de gases lacrimógenos y golpes, fueron cercados por policías, hasta que se liberó a los detenidos.
Condenamos este cobarde acto represivo, en la que los gobiernos usaron grupos de choque armados con arma blancas, recurrieron a los golpes, tortura sexual, desaparición forzada en contra de mujeres, niños, y personas de la tercera edad.
Al momento de emitir el presente comunicado aun no ha sido liberada la compañera Anselma Margarito Francisco, de quien exigimos su inmediata liberación.
Atentamente
5 de septiembre de 2024
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena. Concejo Indígena de Gobierno.
Cristopher Cabello / El Universal
Al igual que el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer y el antropólogo Juan Manuel Sandoval, el historiador del INAH Felipe Echenique recorrió parte del tramo 7 del Tren Maya (Bacalar-Escárcega), donde constató la destrucción de zonas de monumentos arqueológicos y vestigios patrimoniales, hechos que denunció a las autoridades del INAH y a su director, Diego Prieto.
A propósito de la entrevista al director de Salvamento Arqueológico del Tren Maya, Manuel Pérez Rivas, publicada en esta sección el 16 de agosto pasado, y en la que el funcionario no desmiente ni descalifica la destrucción de patrimonio en los trabajos de la obra ferroviaria, Echenique escribió sus opiniones y recuerda lo que vio en la Península de Yucatán durante diversos recorridos.
En entrevista, el historiador apunta que lo que más le asombró al recorrer el tramo 7 fue que gran cantidad de los arqueólogos encargados de frentes eran pasantes. “Lo que más me sorprendió fue la poca cantidad de arqueólogos recibidos que vi; recorrí casi mil kilómetros de toda la obra y vi algunos pasantes de Arqueología, unos de la ENAH, otros de la Universidad Veracruzana, otros me dijeron que apenas si sabían de salvamento, que no sabían del todo lo que hacían, pero que tenían que comer. Me pareció increíble”, narra.
Felipe Echenique rememora que los trabajos de salvamento arqueológico en su mayoría han sido polémicos, ya que los vestigios arqueológicos son considerados bienes nacionales por ley, por lo que resulta difícil su manejo y su estudio.
El especialista del INAH agrega que el Tren Maya no ha sido el único caso en el que denunció la destrucción del patrimonio.
“La ley dice algo, referente al manejo del patrimonio, pero la gente es laxa con su lectura de la ley. En 1996 tuvimos un conflicto con algunos arqueólogos porque destruyeron bienes nacionales en diversos frentes, ellos sabían de esa destrucción. Pérez Rivas afirmó que alguien debía hacer ese trabajo, no, el INAH tiene un trabajo que hacer, tiene normativas, pero no lo hace bien”, expresa Echenique.
Apunta que, ante los daños al patrimonio, los arqueólogos y especialistas deben alzar la voz contra las autoridades, incluso la Presidencia. “Desde 2018 le dijimos a Diego Prieto lo que podría pasar, que se debían hacer estudios claros y bien elaborados de prospección, pero insistió en que se llevaría a cabo un salvamento, y hoy ya conocemos la consecuencia de eso. Se impuso la voluntad de un déspota en el Tren Maya ante los quehaceres de nuestra institución”.
Ante las declaraciones de funcionarios que afirman que sólo un arqueólogo puede dar fe de la destrucción de bienes arqueológicos, Echenique responde que es cuestión de sentido común identificar un daño así. “No necesitas ser un arqueólogo para darte cuenta de la magnitud de los daños, por ser bienes públicos, la gente común puede denunciarlo, pero no necesitas una especialidad, las fotos y la evidencia están ahí, las exhibimos”, concluye.
Fue a la hora del pozol. Las compañeras insurgentas me platicaron de los múltiples accidentes, caídas y choques forzados en sus aprendizajes de andar en bicicleta.
Lo de choques forzados es explicable: cuando perdían el control de la bicicleta y se olvidaban de frenar, elegían rápidamente dónde estrellarse para, así, detenerse. En veces un árbol, otras el portón de un potrero y, las más de las veces, una zanja.
Les pregunté por qué no mejor sólo frenar. Así me respondieron: “De por sí lo pensé, pero la bici no entiende lo que pienso. Hasta le grito, pero no obedece y se sigue, y entonces entra mi miedo”, explicaba una compañera mientras la sanitaria le hacía curación de los arañazos y heridas que consiguió, ya lo imaginarán, cuando decidió “detenerse” contra un alambre de púas. Sí, podía ser peor, ahí cerca abundan las cuevas.
“Pero si te avisaron”, le dice otro compa, “clarito lo escuchaste al pájaro”.
¿Qué pájaro?, pregunté.
“Es un pájaro que te avisa que algo malo puede pasar. No es que de por sí va a pasar, sino que tal vez pasa si no estás alerta y preparado.”
De ahí siguió una discusión sobre el nombre del pájaro. Unos decían que “Tii”, otras que “Titil” o “Titil Mut”. El Subcomandante Insurgente Moisés, que maneja otra variante de la lengua tzeltal, dijo que es “T´í”.
“En cho´ol le decimos “Tyi’j”, me informa una compañera, “cuando lo encontramos en el camino empieza a gritar, como que si fuera que se asusta y rápido se va volando. Y ahí donde dicen eso de que está avisando que algo malo va a pasar”
Dos compas insurgentes mecánicos (uno de vehículos automotores y el otro de bicicletas), me explicaron: “que sea que te alerta, te avisa, te advierte que algo malo puede pasar. Por ejemplo, que hay nauyaca, o viene carro, o que se va a ponchar la llanta…”
“O que te vas a caer de la bici”, agregan mientras miran el desastre que el “frenado radical” dejó en el brazo de la compañera.
“No es que va a pasar, como quien dice, irremediablemente. Pero te avisa y ahí tú ves si le haces caso o no”.
Después de multitud de anécdotas (casi todas ellas de cuando su niñez), que confirmaban los avisos del pájaro “T´i”, quedaron discutiendo: una compañera decía que “depende, si es que hace tres veces y como que está muy apurado, es que está cerca la desgracia y, ni modos, tienes que prepararte”. Otra: “pero si regresa y hace así (ella prolonga el monosílabo del canto, “tiiii”), quiere decir que era su mentira o que ya pasó el peligro”.
Unos días después, antes de iniciar la práctica con la bicicleta, el pájaro cantó varias veces. Todos lo escucharon, pero pensaron que el peligro era para alguien más, no para ellos en lo individual.
Por supuesto que alguien se cayó y se raspó la rodilla.
“Es que no lo hiciste caso al pájaro, si claro te está diciendo que te puedes caer”, le reclaman.
“Sí lo hice caso, pero pensé que no a mí me va a pasar, sino a ti porque no limpias la cadena y la tienes toda oxidada”, se defiende.
-*-
En todas las partes de ese todo que llamamos “Planeta Tierra”, la naturaleza advierte, alerta, avisa que algo malo puede pasar. Las ciencias y las artes replican la advertencia.
Hay quien entiende y se prepara.
Hay quien entiende, pero piensa que no es a él al que le va a pasar.
Hay quien entiende, pero se dice a sí mismo que él usa automóvil particular y no bicicleta.
El Zócalo de la Ciudad de México está rodeado de vallas que protegen 25,000 sillas vacías. Entre las sillas, un sistema de sonido que parece para concierto de alguna estrella musical, está repartido en varias estructuras para abarcar toda la plaza capitalina y empieza a ser probado con música electrónica a un altísimo volumen y ruido blanco. Las vallas y las sillas están siendo cuidadas, por turnos, por decenas de policías que soportan el clima con trajes tácticos que les cubren completamente las extremidades y el rostro, salvo los ojos. El sol está pegando duro al medio día. El Zócalo casi, casi parece vestido de fiesta y listo para que el presidente de la República pronuncie su último informe de gobierno frente a quienes llenarán las sillas. Sólo hay algo que interrumpe el pretendido despliegue festivo: desde hace 15 días un grupo de colectivos de buscadoras tomaron el asta y la bandera de México para exigir que se les escuche, para demandar ser tratados con respeto, para denunciar el desprecio que el presidente del gobierno en turno les ha mostrado. A ellas y ellos nadie les cuida. El campamento quedó rodeado por las sillas, las vallas y los policías.
La imagen es terriblemente elocuente: buscadoras se aferran a una bandera, rodeadas por miles de sillas vacías; cercadas por vallas y policías en el corazón de este país.
El presidente cree que puede callar el grito de dolor de las buscadoras. Pero a las compañeras que acampan en el Zócalo de la ciudad no las callan y no las amedrentan. Ellas afirman que no se irán hasta ser escuchados.
Mientras un compañero buscador reparte botellas de agua y plátanos entre los policías que están ahí para cuidar las sillas vacías, dice: “¿cómo es posible que los hayan mandado a hacer este trabajo y no les dan agua ni comida?” En medio de su dolor y rabia encuentran un momento para preocuparse de quienes cuidan las sillas vacías. El cuerpo policíaco recibe el agua y los plátanos con muchísimo agradecimiento.
En el grupo que tomó el asta en el Zócalo, y que no dejarán que bajen la bandera en señal de desacato, hay buscadoras de Tamaulipas, Oaxaca, Ciudad de México, Sinaloa, Veracruz, Guadalajara, y Estado de México, agrupadas en 5 colectivos: Colectivo “10 de Marzo”, “La Unión de Madres Buscadoras en Tamaulipas”, “Desaparecidos Nacional México”, “Sabuesas Guerreras Fracción Oaxaca” y “Una Luz en el Camino”.
La compañera Delia Quiroa, representante del colectivo “10 de Marzo” de Tamaulipas cuenta que el plantón lo iniciaron desde el 18 de agosto, aproximadamente a las 5 de la tarde del presente año. Cuenta que tenían muchos meses queriendo hacer la acción y que finalmente se pudo. Que cuando llegaron los militares a bajar la bandera, como hacen a diario, fue que se amarraron al asta. “Nuestra protesta es que no bajen la bandera porque estamos en señal de guerra con las autoridades que nos deben proteger. Si la bandera está ondeando de noche ahorita es porque nuestro país no está en paz. ¿Cómo puede estar el país con más de 100,000 personas desaparecidas en paz? No. Yo creo que no.”
Afirma que van seis años en los que no se ha avanzado nada y que el presidente López Obrador les tiene un fuerte desprecio a los colectivos de buscadoras “porque le dicen lo que está mal, y él es una persona a la que no le gusta que lo contradigan”. También afirma que la persona que el presidente tiene al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (Teresa Reyes Sahagún) no está preparada para desempeñar ese trabajo. Afirma: “Si tuviera amor por el prójimo y por los desaparecidos y sus familias, renunciaría. Porque es experta en urbanización y población. Pues que la pongan en un puesto de eso, ¿no?” Afirma que hay colectivos que saben más que las autoridades, pero no los toman en cuenta. El primer día del plantón se les acercó la Comisión Nacional de Búsqueda y les ofreció al día siguiente una reunión a primera hora. Pero, dijo, que la titular “es una señora que no tiene experiencia, tiene mal carácter. Acaba de estar en Tamaulipas, trató mal a los colectivos y es mentirosa, porque dice que todos los amparos que nosotros le metimos para reclamar por las personas a las que ella borró del registro nacional ella los ganó. No, no los ganó. Los jueces la obligaron a registrar a los desaparecidos, a no borrarlos. Y como ya no hay materia, para seguir el juicio porque el acto reclamado dejó de surtir efectos, ¿por qué? Porque publicaron al desaparecido en el Registro Nacional […] No es que lo haya ganado, lo que pasa es que el juez ya no puede continuar porque ya se arregló el problema.”
Delia cuenta que el colectivo se fue formando a partir del 2015 por las personas que se presentaban en las dependencias de gobierno para darle seguimiento a sus investigaciones y escuchaban cómo “estaban batallando, cómo las estaban maltratando, cómo les decían que ahí no era, que era en otro lugar y cosas así. Entonces ahí pues ya nos fuimos uniendo y así se fue haciendo el colectivo.”
Delia afirma que se han sentido acompañados por la sociedad civil, que ha habido muchas personas que han ido al plantón a llevarles comida, medicina y apoyo. Dijo que una forma de apoyar es seguirles en redes sociales y republicar sus publicaciones sobre los desaparecidos porque las primeras 48 horas son cruciales, porque cuando una publicación se vuelve viral, la autoridad se pone a buscar. Que además de eso, les hacen falta medicamentos. Que hay madres buscadoras y padres buscadores que requieren alguna medicina: hay una compañera con hipertensión y requiere losartán de 50 mg, y otra compañera que tienen fibromialgia y toma pregabalina de 150 mg, otra compañera que requiere insulina glargina, y otro compañero que requiere insulina levemir.
Afirman que el plantón no se va a levantar hasta que los reciban. Quieren audiencia con Claudia Sheinbaum, “proponerle que haya una persona interlocutora entre ella y los colectivos. Que directamente, sin intermediarios de otras autoridades le haga llegar todo lo que nosotros queremos y necesitamos que se resume en la búsqueda, localización, identificación y entrega de nuestros desaparecidos. Todo gira alrededor de eso.”
El presidente parece más ocupado en su despedida que en cualquier otra cosa. Delia cuenta cómo los policías cuidan las más de 20,000 sillas toda la noche. “En vez de irse a buscar a los desaparecidos. Eso a mí me parece una locura. ¿Cómo puedes tener aquí tanta seguridad alrededor de todo esto cuando hay más de 100,000 gentes perdidas?”
Las buscadoras han resistido las noches con enfermedad, con frío y lluvia, zancudos. Cuentan que cuando no llueve, les han echado agua con la karcher dizque para barrer la plancha del Zócalo.
Algunas buscadoras y buscadores quisieron hablar con grabadora encendida. Otras prefirieron no, por cuestión de seguridad. Una compañera, llamada Ana María contó que busca a su hijo Carlos Palomares Maldonado, desaparecido el 22 de septiembre del 2010 en la colonia Narvarte de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Contó que empezó a buscar antes de que hubiera colectivos desde le Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, con Javier Sicilia. Cuando marcharon de Cuernavaca a C.U. y de C.U. al Zócalo. Durante un tiempo estuvo en el colectivo “Una Luz en el Camino”, de la ciudad de México, y ahora y desde hace diez años está en el Colectivo “10 de marzo” de Tamaulipas. Ana María afirma que no se van a levantar hasta que los reciba López Obrador.
Gustavo, del Estado de México, busca a su hijo desaparecido desde el 14 de mayo de este 2024. Ese día a las 4pm fue la última noticia que tuvieron de él. “Con la desesperación, con el estrés, no sabes con quién ir, con quién preguntar. Y te atrapa el miedo porque no sabes qué pasó. Pero lo que yo creo es que no se puede desaparecer una persona así… Y cuando su esposa levantó el acta, hizo lo correspondiente, las primeras 48 hrs. son fundamentales. Y la autoridad no hizo nada. Ellos tienen forma de hacer la localización de la última llamada, dónde se encontró, rastrear… Porque oye, los medios nos lo permiten para poder hacer eso. Es coraje, es enojo, que la impartición de justicia no sea la correcta. Estoy desmoralizado. Estoy muy triste.”
Una madre buscadora que prefiere no grabar su voz en audio, comenta que busca a su marido que desapareció en el camino que va de Jiquilpan hacia Cotija, Michoacán desde el 10 de junio de 2023. Ella también carga en solidaridad la información de un joven italiano que desapareció en Guanajuato, dado que su familia no puede estar.
Otra compañera que tampoco quiere grabar su voz afirma que han sido ignorados desde hace 15 días. “No es posible. Ya no es normal lo que está pasando aquí en México. Hablé hasta con un militar, le pregunté qué hacer, sólo me dijo que me encomiende a Dios, imagínate, es lo único que me dice.”
En el corazón de la Ciudad de México, mientras el Zócalo se viste con el despliegue festivo de sillas vacías cuidadosamente vigiladas, y el ruido ensordecedor de la música, el verdadero grito de rabia y resistencia resuena en la bandera tomada por quienes buscan a sus seres queridos, y con ellos, a la dignidad y la vergüenza que el Estado perdió hace mucho. En medio del bullicio orquestado para el último informe de gobierno, la imagen de estas familias cercadas por la indiferencia oficial revela una verdad incómoda: el gobierno, obsesionado con su espectáculo, continúa desoyendo el clamor de quienes demandan justicia para sus seres queridos desaparecidos.
Bien dice una canción que al terminar la función, allá en el palco de honor, nadie podrá ya reír.
Mientras tanto, el asta bandera del Zócalo, el lugar más visible del país, es un lugar para empezar a buscar a las buscadoras.
Texto: Mariana Beltrán / Fotos: Miguel Guillermo (@miguelgmo) / Pie de Página
Un incendio en Sisal, Yucatán, despierta dudas entre algunos ejidatarios de la zona, quienes sospechan que detrás de la quema de 850 hectáreas de montes de la Reserva de Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán está el desarrollo inmobiliario
YUCATÁN. – Tres hombres arrastran a toda velocidad un torito pirotécnico como si no existiera nada en su camino. Las chispas alumbran los rostros de la gente que mira el espectáculo. Otros gritan y corren para no ser toreados. El pueblo costero de Sisal, en Yucatán, prende fuegos artificiales al Cristo Negro, su Santo Patrono. Se elevan uno, dos, tres, cuatro metros y su humo color verde se pierde en el cielo rojizo por un incendio sin control.
El fuego es escandaloso a las afueras de Sisal. Es 16 de agosto de 2024. Con la ciénega de fondo, las llamas trepan a la superficie para alimentarse de oxígeno. Gran parte de los sisaleños celebran a su deidad, pero no saben que se quedarán sin agua en cuestión de horas. Las brasas llevan más de dos días consumiendo montes y derritiendo la tubería que les suministra agua potable. Mientras unos festejan, otros suplican que los bomberos logren contener el fuego.
El fin del mundo, probablemente, se parezca a esto.
Lengua de fuego
El crujir del fuego llamó a Modesto. Le dijo que se alejara y que las veinte parcelas que el ejido de Sisal trabajó por meses se habían ido al demonio. Fue un llamado familiar del monte: las llamas estaban, inevitablemente, a 200 metros de él.
Su reacción inmediata fue colgarle a la persona que, del otro lado del 911, en su opinión, solo le preguntaba tonterías. Modesto cree que las autoridades esperaban que el viento o la lluvia calmaran el fuego la noche anterior. Pero el viento hizo que ardiera más y la lluvia no llegó.
Para la mañana del 14 de agosto la primera lengua de fuego ya había pegado en las parcelas del ejido de Sisal. Los ejidatarios habían perdido todo su avance para certificar sus parcelas de “bonos de carbono”, un mecanismo internacional de descontaminación que usan empresas o industrias para compensar su huella de carbono en el medio ambiente. “Es el paliativo que se inventaron”, dice el ejidatario con sarcasmo.
Modesto me explica que no se tratan de parcelas para sembrar, no. Más bien de espacios verdes que tienen que mantener reforestando y llevando un registro árbol por árbol, especie por especie para cumplir con los requisitos y generar bonos de carbono. Por eso, evitar quemas y evitar la depredación de vegetación y de especies, flora y fauna, es tan importante.
Detrás de eso hay una estrategia que, según Modesto, sirve al ejido, pues no tienen que vender o rentar sus tierras, y les permitiría obtener un ingreso de empresas transnacionales que les pagan por cuidarlas. Algo que suena fácil, pero la realidad es que internarse en los montes es una tarea complicada que requiere abrir brechas, tener equipo y caminar por zonas de difícil acceso. Ahora esa posibilidad de obtener un ingreso a través de cuidar sus montes se convirtió en ceniza.
Retroceder el tiempo
Los bomberos llegaron más de 48 horas después del primer reporte, el viernes 16 de agosto. El fuego había deglutido zacates, mangles y palmeras que crecen en los pantanos del ejido. Los animales que huyeron dejaron sus huellas y nidos. Ya no había agua potable en Sisal.
El despliegue de pipas y del helicóptero Bell-429 para realizar descargas de agua sobre el fuego, eran el intento de las autoridades, específicamente de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán y del gobernador Mauricio Vila, de retroceder el tiempo.
Vista del aire el rastro del incendio es una costra con un radio de 150 metros. Aún puede olerse el zacate carbonizado.
Un primer reporte arrojó 80 hectáreas de sabana incendiadas y 946 metros de tubería sin funcionar. Hoy se sabe por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) que 850 hectáreas de montes de la Reserva de Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán, fueron impactadas severamente y que la posible causa del incendio que duró cinco días fue natural.
Modesto no se la cree. Como él, gente de Sisal en grupos de Facebook hacen mofa de la situación: “Espere próximamente sus «terrenos de inversión a 5 minutos de la playa», escribe alguien con sarcasmo en uno de los comentarios.
Además, temen la falta de agua. La comisaría de Sisal y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), están suministrando agua potable con pipa a las viviendas como medida momentánea. Algunos vecinos ofrecen a otros abastecerse de agua de pozo, sin embargo, si algo le preocupa a los sisaleños es la potabilidad de esa agua, pues a 20 kilómetros hay tres granjas avícolas. Según el comisario, Sisal tendrá nueva tubería a más tardar la segunda semana de septiembre.
Que si fue provocado, que si fue natural
En algún momento del incendio, Luz, de 22 años, tomó su celular y comenzó a grabarse: “Este es un llamado de emergencia, me llamo Luz Ramírez y me encuentro en la comunidad de Sisal”. Subió el video a Instagram y así fue como muchos nos enteramos del fuego sin control en la Reserva de Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán.
Luz vive en Sisal, se dedica a la fotografía y al stand up, además está por terminar de estudiar Manejo Sustentable de Zonas Costeras. Sabe, por su carrera, que la magnitud de ese incendio pudo evitarse. También que las prioridades de este puerto han cambiado con su crecimiento turístico.
Frente al puerto, me cuenta que después de su publicación en video, varias personas de Sisal la buscaron. Hubo muchas denuncias y quejas en Facebook, incluso le plantearon juntar firmas y reunirse. Pero a la mera hora también hay que comer. Agosto es temporada alta y muchos pobladores viven del turismo, y a veces, al día, acepta Luz.
Recordar la escena del fuego en la carretera mientras los voladores artificiales alumbraban el cielo para celebrar al Cristo Negro, es algo que le causa tristeza y, hasta cierto punto, risa. Eso la lleva a pensar que el incendio fue provocado, y aunque sabe que tiene que demostrarse, no suelta la idea.
“Las inmobiliarias que salen en medio de la selva en Google Maps algún camino van a tener que hacer, ¿no? Además, sé que ya hay un plan en Yucatán, a nivel estatal, de conexión marítima y terrestre”.
Ella se refiere al Programa de ordenamiento ecológico territorial costero de Yucatán (Poetcy). Un instrumento de planeación jurídica para, básicamente, regular qué se puede hacer en suelo costero.
Una de las críticas hechas a programas de este tipo es que al ser reguladores del territorio, intervienen en estos sin el consentimiento de la gente de la costa.
Roberto Sánchez, abogado en temas ambientales y de pueblos indígenas en Yucatán, dice que, si bien, el Estado justifica estos instrumentos como una medida ambiental por sobre los derechos de los pueblos indígenas y locales, no se puede olvidar que las comunidades han hecho un manejo histórico del territorio de la costa que implica un cuidado y por consiguiente conservación.
“El estado no hace públicos estos programas o lo hace de forma limitada porque los puede modificar cuando quiera y con ello favorecer a empresarios. Lo que ahora el programa protege, mañana puede ser habilitado para hoteles”, explica.
Desde 2020, cuando Sisal fue declarado Pueblo Mágico por las autoridades, este puerto vive tiempos de auge para los inversionistas. Atrae las miradas de nacionales y extranjeros que buscan vacacionar o invertir su dinero en una residencia de verano frente al mar.
En Sisal es común ver letreros hasta en el puesto del vendedor de marquesitas que rezan “land lots”, “apartments” o “houses” en venta. Los pobladores llevan denunciando desde hace años el daño a su entorno, incluídos sus montes, que han sido deforestados para construir complejos. Todo eso, hace que Modesto concluya que el incendio no fue obra de la naturaleza.
“Hay muchos intereses en esa área donde se iniciaron los puntos de calor del incendio. Hay muchos intereses privados. Las autoridades tienen que encargarse de investigarlo, y lo voy a decir: hay inmobiliarias trabajando en esa área para consturir una carretera. Hay un desmonte que está viniendo desde la comisaría de Sierra Papacal”, dice Modesto.
*El nombre del ejidatario fue cambiado por cuestiones de seguridad.
Autoridades de la comunidad zapoteca de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, confiscaron en la madrugada del 31 de agosto minerales extraídos clandestinamente por laminera Natividad y Anexas S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, pese al cierre de la mina por las autoridades ambientales federales, el 5 de agosto de 2024, informaron las autoridades de la comunidad en sus redes sociales.
“La minera Natividad continúa saqueando minerales, contaminando y abatiendo fuentes de agua sin contar con los permisos ambientales correspondientes”, sostuvieron.
Las autoridades de Capulálpam de Méndez hacen un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que, en el “ámbito de sus atribuciones, hagan efectiva la clausura ejecutada el 5 de agosto de 2024”. Además, avisan que la comunidad “no permitirá el saqueo clandestino de minerales en su territorio”.
Esa es la segunda vez en 2024 que las autoridades de Capulálpam confiscan cargas de minerales. Un día antes de la contienda electoral en México, en junio de 2024, los comuneros se declararon en alerta máxima tras identificar dos camiones de carga que transportaban minerales extraídos de su territorio. Inmediatamente bloquearon las rutas de salida del pueblo zapoteca y retuvieron uno de los vehículos, mientras que el otro se dio a la fuga.
La unidad retenida contenía la cantidad de 22 toneladas de roca molida. Liberaron el camión y retuvieron el mineral explotado. “Este material ya estaba procesado. Se han mandado hacer los estudios y tienen un alto contenido de oro y plata”, señaló en la ocasión a Avispa Mídia Francisco García López, presidente del comisariado de bienes comunales de este municipio.
También señaló el presidente del comisariado que las denuncias de explotación de materiales mineros por parte de la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V.,sin el permiso de la comunidad, no es de ahora. “En dos ocasiones el gobernador del estado [Salomón Jara] vino a la comunidad y le hicimos saber que necesitábamos que se suspendieran los trabajos de minería. Pero, nos decían que la empresa no estaba trabajando”.
En el mes de febrero de este año la comunidad de Capulálpam ganó un amparo sobre tres concesiones mineras pertenecientes a Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., aunque no especificaron cuales son porque, según las autoridades, aún están en litigio. Detallan que el juez ordenó dejar inconsistentes las concesiones mineras en Capulálpam.
¡Por que vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”, exclamaron familiares de personas desaparecidas en Yucatán, quienes marcharon para visibilizarlos en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
“¡Por que vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”, exclamaron familiares de personas desaparecidas en Yucatán, quienes marcharon este sábado en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
“No nos rendiremos, somos madres que luchamos por encontrar a nuestros familiares. Las Familias Buscadoras de Yucatán encuentran una esperanza en el reclamo para que las autoridades le puedan dar la atención y seguimiento a sus casos porque una madre no se rinde”, expusieron durante la protesta.
La caminata inició del parque de San Juan hasta el parque Eulogio Rosado en Mérida y fue encabezada por la fundadora de la colectiva, Clara Gutiérrez. Previamente, el padre Lorenzo Mex bendijo las lonas con el rostro de los familiares desaparecidos de las y los integrantes de la colectiva de búsqueda de Yucatán.
A la marcha por las personas desaparecidas se sumó la colectiva de búsqueda Verdad, Memoria y Justicia de Cancún, Quintana Roo. Su representante, Romana Rivera comentó que para las personas que buscan a sus seres queridos no hay límites geográficos.
“No hay fronteras para buscar a nuestros familiares estamos presentes en el espacio que el colectivo de familias buscadoras de Yucatán nos dieron. Estamos en búsqueda de Gisela Alejandra Tamayo Ortiz y de Diana García Rivera para que sus nombres también retumben en este lugar. Reclamamos la presentación en vida”, detalló.
Colima, México, Avanzada (02/09/2024).- En Colima van en aumento las enfermedades relacionadas con la pobreza, principalmente la diarrea aguda. El estado se ubica con el mayor crecimiento en la incidencia de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) en todo el país, particularmente en menores de cinco años, durante la semana epidemiológica 32.
Aunque otros estados también han experimentado incrementos significativos en los casos de EDA, los porcentajes son menores en comparación con Colima, que registra un 50 por ciento. Por ejemplo, Hidalgo reportó un aumento del 28.6 por ciento, Baja California Sur un 23.1 por ciento, Coahuila un 22.2 por ciento, y Chihuahua y Yucatán un 20 por ciento cada uno. Guerrero y Baja California también mostró incrementos, aunque de menor magnitud, con un 15.8 y un 14.3 por ciento, respectivamente.
La diarrea, una de las manifestaciones más comunes de las EDA, se define como la evacuación de heces sueltas o líquidas tres o más veces al día. Este síntoma es causado por infecciones de bacterias, virus o parásitos que se transmiten a través de agua o alimentos contaminados, una situación que es común en áreas con escasez de agua potable y falta de higiene adecuada, como el lavado de manos con agua y jabón.
Entre los patógenos más comunes que provocan estas enfermedades se encuentran el rotavirus, la shigella, la salmonela, la Escherichia coli y el cólera, según la Secretaría de Salud Federal.
La ONU y UNICEF coinciden que las enfermedades relacionadas con la pobreza, como la diarrea, son una de las principales causas de mortalidad infantil en todo el mundo, especialmente en países en desarrollo. Según UNICEF, la diarrea es una de las mayores amenazas para la vida de los niños menores de cinco años, causando la muerte de aproximadamente 525 mil niños cada año
Por su parte, la ONU subraya que estas enfermedades son prevenibles con medidas relativamente simples, como mejorar el acceso a agua limpia, garantizar prácticas de higiene adecuadas, y proporcionar atención médica oportuna. Además, ambas organizaciones destacan la necesidad de una acción coordinada para abordar las causas subyacentes de estas enfermedades, que están profundamente vinculadas a la falta de equidad social y económica.
En un Estado donde las marchas por las y los desaparecidos apenas lograban reunir a una centena de personas, la angustia y la desesperación han comenzado a movilizar a familias enteras.
Este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la marcha que realizaron las familias buscadoras de Colima se vio nutrida por rostros nuevos: padres, madres, hermanos y hermanas que se sumaron a la búsqueda de sus seres queridos, tejiendo lazos de resistencia en medio de un contexto donde la indiferencia de las autoridades y la falta de respuestas soóo intensifican su dolor.
Montserrat Cárdenas / Zona Docs
Cuando Stacy desapareció su familia no creyó que hoy tendría que marchar. Creyeron, como lo creen todas las familias de personas desaparecidas, que su hija volvería antes de que debieran dar un paso más allá: unirse a colectivos de búsqueda y protestar. Pero, por desgracia, Stacy Batista Castro, de 36 años, lleva desaparecida desde este 15 de agosto y, hoy, más de una veintena de sus familiares decidieron marchar en Colima en el Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas.
Su caso es un fenómeno reciente en las movilizaciones por las y los desaparecidos en el estado, de acuerdo con quienes este año organizaron la marcha: familias completas, de 10 ó 20 integrantes, volcadas a las calles para buscar a sus seres queridos. Por eso este año la movilización se vio más nutrida. “Así de mal estamos”, increpó durante la caminata uno de los organizadores.
Y es que en Colima las marchas de las madres buscadoras si acaso juntan una centena de manifestantes, pero este año fueron al menos el doble. La familia de Elsa Verónica Munguía Aguilar es otra más que se sumó con al menos 10 familiares a la movilización, todas mujeres y niñas.
Elsa, de 31 años, desapareció en el municipio de Villa de Álvarez el 20 de julio pasado sin que hasta ahora se tenga una hipótesis de cómo sucedió. Su madre, Carmen Aguilar Rodríguez, acudió a la marcha acompañada de primas, sobrinas y hermanas de su hija, todas con una playera con el rostro de Elsa y pequeños carteles que a pesar de su tamaño destacaban en el contingente por su repetida presencia.
La señora Carmen denunció que en días pasados recibió una llamada de un psicólogo adscrito a Fiscalía del estado para agendarle una cita para prepararla ante “el tipo de muerte que ha tenido de su hija”, a quien todavía las autoridades no localizan ni viva ni sin vida.
“Me quieres preparar para la muerte de mi hija, pero entonces dime cómo murió, dónde está su cuerpo. No hay preparación ni pastilla para ese dolor”, le contestó.
Un trabajo poco eficaz de las autoridades estatales también ha experimentado la familia de Stacy Batista. Su padre, Miguel Batista Vadillo, asegura que, aunque se han hecho recorridos y pega en las calles de la ficha de búsqueda de su hija por parte de la Fiscalía, acciones claves como obtener los videos de cámaras de seguridad que recogen los últimos pasos de Stacy no se han conseguido.
“La tecnología que tienen no es suficiente en este tipo de casos, porque, aunque el recorrido del celular de mi hija esté reconocido, no han podido sacar los videos de las cámaras del Ci5 y de las cámaras de la institución de atención a mujeres frente a la que vive mi hija”, señala Miguel.
El caso de Stacy se volvió conocido localmente porque su familia llamó a bloquear el Libramiento Ejército Mexicano, la carretera que conecta el Puerto de Manzanillo con Guadalajara, Jalisco, para presionar al gobierno estatal, como lo han hecho ya otras familias en al menos tres ocasiones (aunque finalmente cedieron a la petición de las autoridades de no hacerlo). Y, el de Elsa hizo eco en redes sociales por la gran cantidad de compartidas que obtuvo su ficha en la página de la Comisión de Búsqueda. Más de mil 300 que, según su madre Carmen, dan cuenta de que su hija es una mujer “noble, bondadosa y muy querida”.
Dos casos entre las decenas y decenas más que se asoman entre los contingentes de ésta, la marcha por los desaparecidos con mayor afluencia hasta ahora en la entidad: el del joven de 18 años, Stefano Alexander Castellanos Fano, secuestrado en mayo pasado presuntamente por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación, y recientemente localizado asesinado; o el de Alexis Guadalupe Jiménez Jiménez, de 30 años, de quien carga una lona con su rostro una pareja de adultos mayores que con dificultad siguen el paso de la marcha; o el de María del Carmen López, ciudadana estadounidense de 64 años secuestrada en 2023 en la comunidad de Pueblo Nuevo, Villa de Álvarez.
“El mundo nos rompe a todos, y luego algunos se hacen más fuertes en las partes rotas”, leyó al finalizar la movilización la Red de Desaparecidos Colima A.C. en su comunicado. Una frase del escritor Ernest Hemingway que inspira a las familias a entretejer lazos que las lleven a la resiliencia o, mejor dicho, a la resistencia, que hoy se encuentra simbolizada en el tejido rojo con decenas de fotografías que cargan las familias y que la gente mira con esquivez desde las banquetas en un viernes de quincena.
“El silencio se vuelve ensordecedor. La indiferencia nos deshumaniza. La angustia cuando llega, no se va fuera con facilidad. Y dentro de la angustia, viene el resurgimiento, la reconstrucción. Porque no buscamos culpables, sólo queremos saber dónde están”.
Dejaron claro que bajo ninguna circunstancia aceptarán la venta de los terrenos ejidales y consideraron un insulto que se les ofrezcan 56 pesos por cada metro cuadrado de la zona arqueológica.
Tecoh, Yucatán, 31 de agosto de 2024.- La comunidad maya de Telchaquillo realizó una reunión para advertirle al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que no cederá ante la presión de vender los terrenos ejidales donde se ubica la Zona Arqueológica de Mayapán y continuará la exigencia de la indemnización por los 40 años de uso sin considerar a los propietarios.
Durante una reunión en la que estuvieron presentes mujeres que organizadas han comenzado la movilización, miembros del núcleo agrario, ejidatarios dieron a conocer las exigencias hacia el INAH, las cuales aseguraron no son negociables a pesar de los ofrecimientos económicos.
De no cumplirse, el sitio permanecerá cerrado, como lo ha estado desde hace nueve meses.
En primer lugar, fueron enfáticos en dejar claro que bajo ninguna circunstancia aceptarán la venta de los terrenos ejidales y consideraron un insulto que se les ofrezcan 56 pesos por cada metro cuadrado de la zona arqueológica.
Los convocantes recordaron que se está hablando de un patrimonio del pueblo maya, el cual no es transferible y no puede ser expropiado.
“Queremos hacer un convenio para que se respeten nuestros derechos como mayas, como indígenas. Que respeten los tiempos que deben en los que han explotado nuestros terrenos como mayas, le dieron utilidad pública y ningún ejidatario ha recibido ni un refresco en estos 40 años (que tiene el INAH operando la zona arqueológica)”, precisaron.
Por ello, han formado el Comité de Lucha Indígena de Telchaquillo que se encargará de verificar el cumplimiento de las demandas de al menos 287 ejidatarios y otros miembros de la comunidad.
Además del pago por los 40 años de ocupación del territorio sin haber compartido las ganancias con la comunidad, el comité exige que una vez que se apruebe por la asamblea la reapertura de la zona arqueológica, el estacionamiento, el cobro de entradas, la vigilancia, los guías y todo lo relacionado con la administración incluirá a la comunidad de Telchaquillo.
“Que en las contrataciones de personal de apoyo para las excavaciones, restauración, mantenimiento de las estructuras y monumentos históricos, los habitantes de Telchaquillo tendrán derecho de preferencia”, exigieron.
Además, piden un informe detallado de las piezas que se localicen en la zona así como el destino que tendrán.
“La comunidad de Telchaquillo tenemos plena conciencia de la importancia que tiene este sitio como patrimonio cultural, estamos conscientes de que es importante que todos los mexicanos la conozcan como parte de la historia de nuestro país, pero esto no tiene que ser a costa de nuestros derechos colectivos como comunidad maya. Por ello consideramos que este nuevo acuerdo es un acto de justicia histórica con nuestro pueblo, nuestras demandas no están basadas en un fin económico, si no de un acto de justicia y de defensa de nuestro territorio para las futuras generaciones”, sentenciaron.
Recordaron que el pueblo maya es capaz de administrar un sitio arqueológico que consideran parte de su pasado, su presente y el futuro de las próximas generaciones.
CANCÚN, MX.- Madres y otros familiares de personas desaparecidos marcharon hoy en Cancún y en Chetumal para conmemorar el Día de la Búsqueda de Personas.
En Cancún, dos colectivos, el ” Verdad y Justicia”, así como las “Madres Buscadoras” marcharon por separado rumbo al Palacio Municipal.
Integrantes de “Verdad, Memoria y Justicia” se congregaron afuera de la Fiscalía General del Estado, para de allí avanzar por la avenida Xcaret hacia el Palacio Municipal.
Por su parte, “Madres Buscadoras” inició posteriormente desde el Crucero, rumbo hacia la sede del gobierno municipal.
En Chetumal, el colectivo “Verdad, Memoria y Justicia” marcharon del Museo de la Cultura Maya a la Explanada de la Bandera.
En todos estos casos, la exigencia era mayor acción para localizar a estas personas desaparecidos, además de transparentar las cifras de personas desaparecidas, pues las realidad supera al conteo oficial que llevan las autoridades. (Agencia SIM)
Cancún.- El colectivo “Verdad, Memoria y Justicia’” denunció esta tarde, mediante una conferencia de prensa, que ha aumentado de manera exponencial el número de personas desaparecidas en Quintana Roo.
En la sede de la Fiscalía General del Estado en Cancún Romana Rivera, representante de este colectivo, afirmó que las victimas mayoritariamente son hombres, por lo que agregó que hay una necesidad de analizar el contexto, los patrones y motivos por los que desaparecen, esto con el objetivo de realizar acciones que disminuyan la estadistica.
Afirmó que las autoridades se niegan a analizar el fenómeno de la desaparición de hombres, mujeres, adolescentes y niñas con la finalidad de hacer politica de prevención.
A la par de ello, afirmó que Quintana Roo se encuentra en una grave crisis forense, pues existen más de 800 cuerpos sin identificar.
“Constantemente se encuentran fragmentos y restos óseos, algunos en búsquedas y otros en hallazgos que no se están identificando ni estudiando, para obtener un perfil genético que nos lleve a obtener su identidad a fin de que regrese con los suyos”, comentó.
Romana Rivera aseguró además que la violencia institucional y la impunidad son inaceptables, por lo que, en consecuencia, este colectivo ha luchado por establecer y consolidar una Mesa de Trabajo con el fiscal general Raciel López Salazar que ha dejado algunos resultados, aunque no bastan.
“La asociación ha logrado la creación de una página oficial de la FGE, donde se ingresa información de pertenencias encontradas en lugares de hallazgos, características de los cuerpos que son identificables o ualquier dato que ayude a identificar a una persona sin que se violenten los derechos de la victimas mortales”, sostuvo.
Indicó que, actualmente, las victimas agrupadas a este colectivo suman 116 fichas
activas, de las cuales dos son de nacionalidad colombiana y una hondureña
Finalmente, Romana Rivera enlistó, a nombre de este colectivo, una serie de propuestas dirigidas a las Comisión Nacional de Búsqueda de Personas que encabeza Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.
Entre sus propuestas exigió a esta comisión que convoque a la Jornada de Toma de Sangre a las familiares víctimas de la desaparición forzada y cometida por particulares, para el próximo 20 de septiembre del 2024.
Resaltó que el objetivo de esta jornada es que los familiares den muestra a fin de obtener un perfil genético que ayude a personal Forense para realizar confrontas y poder obtener resultado de búsqueda a nivel nacional.
Además, exigió a la comisión trabajar en conjunto con el colectivo, brindando todos los medios materiales y de comunicación para dar a conocer oportunamente hora y lugar donde se instalará personal especializado de la Comisión Nacional a fin de llevar a cabo dichas jornadas de toma de muestra.
Además, Romana Rivera exigió al fiscal Raciel López Salazar “continuar con la identificación humana de restos oseos, fragmentos y cuerpos no identificados, que tiene el Panteón Forense y Semefo del Estado De Quintana, Roo, fortalecer y profesionalizar a su personal en materia de búsqueda de personas”.
Finalmente, la representante de este colectivo exigió a la gobernadora Mara Lezama Espinosa elaborar una agenda en materia de desaparición de personas, la cual debe comenzar con diagnosticar la situación generalizada del Estado en el tema.
“Exigimos construir en conjunto con familiares y organizaciones de la sociedad civil, acciones reales y eficientes que garanticen una política pública de prevención. Que ordene, evalúe y monitoree acciones afirmativas, principalmente presupuestales y de personal especializado que atiendan como prioridad el fenómeno criminal de desaparición de personas, así como el fortalecimiento y profesinalización de las instancias que brindan atención a familiares de personas desaparecidas, con la finalidad de eficientar búsquedas inmediatas con vida, así como una entrega digna bajo el Protocolo Homologado de Búsqueda ante una localizacion o hallazgo sin vida de persona desaparecidas”, dijo, finalmente.
#Oaxaca 30 Ago (#Istmopress) – Con fotografías de sus hijas, hermanos, parientes y amigos, colectivas oaxaqueñas y activistas marcharon para exigir un alto a la impunidad para encontrar a las 4 mil personas que han desaparecido en Oaxaca.
La marcha conmemorativa en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada partió de la Fuente de las 8 regiones y llegó al zócalo de la ciudad de Oaxaca.
De acuerdo con los manifestantes en el estado de Oaxaca desaparecen 10 personas todos los días.
Martha Pablo Cruz, presidenta del Colectivo “Buscando a los nuestros” Oaxaca informó que la causa principal de las Desapariciones en esta entidad sureña, es la delincuencia organizada y también la migración.
La mujer que busca a su hijo desaparecido, Jaciel Vladimir Florian Pablo desde el 2019 demandó a la Fiscalía y a la Comisión Estatal de Búsqueda dar resultados contundentes.
Luz María, madre de Zayra exigió a las autoridades de justicia que investiguen la desaparición de su hija que ocurrió el 23 de octubre del 2020, cuando ella salió a cancelar un pedido de hamburguesas en Huajuapan de León y nunca más volvió dejando a dos menores a su espera.
“Qué les puedo decir, es el dolor más grande para una madre, y más, en estas fechas, donde la familia se reúne, pero en mi casa, hay una silla vacía, la de Zayra, la de mi hija, una joven con muchos sueños, emprendedora y con ganas de sacar adelante a sus dos hijos, ella ya no vivía con el papá de ellos, pero buscaba la vida dignamente y no merecía que le hicieran esto, exijo que la regresen con vida”, concluyó.
En realidad, la carta es muy breve. Llegó desde el Cauca, en la geografía llamada Colombia, con una solicitud del pueblo originario hermano Nasa. Creo fue a finales del 2022. Esperen… sí, llegó el 31 de octubre de 2022. Los hermanos Nasas pedían que se difundiera un artículo en la página de Enlace Zapatista, o sea que se publicara ahí.
Yo leí el texto con atención, confronté los datos y pensé: “si se publica en la página, nadie le va a hacer caso. Y creo que lo que les interesa no es tener muchas “vistas”, sino que lo que ahí se dice lo lean y entiendan acá, en las montañas del Sureste Mexicano. Entonces vamos a hacer algo mejor que publicarlo en la página de Enlace Zapatista: lo voy a pasar a la dirección política organizativa zapatista. Que sean ellas y ellos los que lo valoren como lo que es: un puente imposible.” ¿Por qué “imposible”? Ahora lo verán:
En esos días, las compañeras y compañeros jefes estaban ya discutiendo y desmenuzando lo que un año después, sería conocido como “El Común”.
Las reuniones eran frecuentes, intensas y agotadoras. Lo sé porque me asomé a varias de ellas y por lo que me iba platicando el Subcomandante Insurgente Moisés.
Ya desde entonces se asomaba “El Común” en el horizonte, pero en ese momento estaban en las preguntas “¿Qué somos?”, “¿Dónde estamos?”, “¿A dónde vamos?”
El impacto que la llamada “Gira por la Vida. Capítulo Europa” había tenido en el zapatismo producía su efecto. Durante semanas, en las reuniones del Comité y en las asambleas de las comunidades, las distintas delegaciones que visitaron las variadas geografías de la Europa de abajo y a la izquierda, informaron basándose en sus apuntes.
Con y por las delegaciones, el zapatismo había constatado la destrucción que la “modernidad” y el “progreso” producen en los territorios “desarrollados”, la mal llamada “civilización occidental” -que, paradójicamente, está al oriente nuestro-. Y habían encontrado la semejanza con los diferentes en todos los sentidos: la resistencia y la rebeldía frente a la Hidra, el sistema capitalista. El todo y las partes.
En palabras del Subcomandante Insurgente Moisés, coordinador de ese capítulo de la Gira por la Vida: “Está cabrón, tenemos que apurarnos”.
El balance era para preocupar:
El proceso acelerado de destrucción del tejido social en México;
los fracasos evidentes de las izquierdas electorales (el “progresismo”) ya no digamos en transformar las bases de un sistema criminal, también en administrarlo así fuera en la medianía de la mediocridad (erigir la “corrupción” como fuente y causa de todos los males, en lugar de verla como lo que es: un efecto… y fracasar también en el combate a ella), la “toma del Poder” – en realidad la llegada al gobierno por cualquier vía-, no era sino un relevo en el puesto de capataz (presuntuoso, soberbio y autoritario con la peonada, y dócil y humilde con el finquero);
las protestas cada vez más fuertes y terribles por parte de la naturaleza frente a las guerras de conquista del Capital;
el avance coordinado del llamado Crimen Organizado y los megaproyectos;
la migración y las poblaciones desplazadas (los países desarrollados asediados por los efectos de las guerras y políticas de conquista en los llamados territorios “periféricos”);
la violencia cruel y sádica contra mujeres y otroas (la agresión a lo diferente como nueva religión fanática);
la niñez convertida en víctima propiciatoria (el sistema sacrificando el futuro de la humanidad en el altar de la ganancia);
el resurgimiento de las guerras con argumentos nacional-fascistas;
la normalización de la catástrofe; el colapso pues;
todo llevaba a una conclusión aterradora: lo que habíamos previsto y advertido décadas antes (y que entonces fue objeto de burlas y desprecios), se estaba cumpliendo.
El futuro de entonces es ya el presente.
Pero todo esto ya lo sabe usted. Que obre en consecuencia, pues ya es otra cosa.
-*-
Pero volviendo a la carta del Cauca que pedía difusión del texto, le pasé el escrito al Subcomandante Insurgente Moisés y le llamé la atención sobre una parte.
El Subcomandante leyó el texto y la parte subrayada, levantó la mirada y me preguntó: “¿Tú les contaste?”. “Claro que no”, les respondí, “no conozco a esos hermanos”. El SubMoy: “Es que es como si hubieran estado en las reuniones”.
Y es que, en reuniones de meses previos, el comité, la dirección política-organizativa zapatista había estado discutiendo de los “ismos”.
La parte subrayada del texto dice:
En el camino aprendimos que la voz que enseña es Uma Kiwe, nuestra Madre Tierra; ella indica el camino y las estrategias… aunque no han faltado quienes quieran ponerse como asesores del proceso o dar la línea. Hubo un momento, en 2016, en que el proceso decidió abrir sus puertas a otras luchas para conversar y visibilizar. A partir de allí empezaron a llegar todos los ismos, y todos quisieron poner su línea o evangelizar nuestro proceso con sus contenidos teóricos.
Todos esos ismos, ecologismo, anarquismo, marxismo, feminismo, maoísmo, institucionalismo, desarrollismo son todos construcción y legado de Occidente, y aunque en los territorios se van tejiendo con los saberes autóctonos, llevan el sello de la racionalidad occidental. Todos los ismos han sido muy valiosos en apoyo y juntanza con este proceso; algunas personas se han mostrado respetuosas; otras, colonialistas. En su momento fue necesario decir: «todos los ismos son bienvenidos, pero aquí somos y vamos a seguir siendo indígenas nasas». La liberación de la Madre Tierra va más allá de los cañaduzales. El saber nasa, que viene de Uma Kiwe, es el sustento de esta lucha, y si tenemos contradicciones es precisamente por esa batalla que se da en el corazón entre nuestro ser nasa y la imposición occidental capitalista.
Frente a la falsa disyuntiva entre la institución o la revolución, los pueblos proponen rutas alternativas para habitar este presente; las coordenadas del debate desbordan un esquema cartesiano, y nos muestran, con sus formas de habitar y organizarse en la minga, la asamblea, la celebración, las tulpas y rituales, otros modos de vida posibles. Cuando nos preguntan: «¿Rebelión? ¿Revolución? ¿Reforma? [decimos que] lo nuestro es el wët wët fxi’zenxi»
-*-
En las reuniones de meses anteriores, los comités habían estado recapitulando su historia y, en ella, el paso de todos los “ismos” habidos y por haber, dando órdenes. Ninguno aportó nada que valiera la pena. Y claro, también que hubo y habrá gente que sólo vino a sacar lo que podía. Y se fue cuando ya no pudo sacar más. No eran “ismos”, sólo eran, y son, unos sinvergüenzas. Y unas (no olvidar la paridad de género).
Vale. Salud y acá, además de lodo y dignidad, lo que hay es un “ismo” muy otro: zapatismo.
SOLIDARIDAD, QRoo, 29 de agosto de 2024.- Este jueves, trabajadores del hotel Princess, ubicado en la zona de Xcalacoco, realizaron una manifestación para exigir el pago de retroactivos y denunciar los malos tratos que han sufrido por parte del personal de seguridad privada del complejo.
Cerca de mil 300 empleados sindicalizados de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) suspendieron sus labores como medida de presión para que los representantes legales del hotel accedan a un diálogo y negociaciones.
Los trabajadores señalaron que la falta de respuesta a sus demandas ha generado un clima de tensión e inconformidad dentro del establecimiento.
Tras un par de horas de inactividad y sin una respuesta inmediata por parte del hotel, representantes legales del complejo se presentaron para entablar negociaciones con los manifestantes.
Se espera que las conversaciones logren acuerdos favorables que pongan fin al conflicto y lleguen a una resolución que permita reanudar las operaciones del hotel.
Noticaribe
CHETUMAL, MX.- Un grupo de 79 padres de familia se manifestaron ante las instalaciones de la Secretaría de Educación (SEQ) para exigir que el director de la telesecundaria de Huatusco, en Bacalar, cumpla con su compromiso de prestar un salón para los estudiantes de bachillerato.
Los inconformes portaron pancartas donde expresaban su inconformidad donde se leía “la escuela es de todos. No de uno. Fuera Eliezer” y “La educación de Huatusco no se vende, se defiende”, entre otras cosas.
Los padres de familia expresaron que antes de iniciar este ciclo escolar habían acordado el préstamo de un salón de clases para estudiantes de bachillerato de las comunidades de Huatusco, Payo Obispo, Isidro Favela y Río Escondido, quienes actualmente toman sus clases en el domo.
“Desde antes de iniciar clases se acordó el préstamo del salón para tres grupos de Bachillerato… Inclusive, vino la supervisora escolar de Bacalar a confirmar… Pero el director no lo respetó… Nos genera problemas con el aprendizaje de los muchachos”, denunció Luis López, padre de familia.
Aseguran que el director de la telesecundaria de Huatusco, Eliezer Cuauhtémoc Mendoza Coronado, se ha negado a cumplir con este compromiso.
Los inconformes resaltaron que de no recibir una respuesta favorable tomarán otras medidas extremas, como el cierre o toma de la telesecundaria y de ser necesario, hasta bloqueos carreteros.
Resulta intolerable que un funcionario educativo se convierta en el primer impedimento a este derecho de los jóvenes, expresaron al final. (Agencia SIM)
De acuerdo con el informe de GESMujer, en lo que va del gobierno morenista de Salomón Jara Cruz, es decir, del 1º de diciembre de 2022 al 28 de agosto de 2024, se han registrado 173 casos de mujeres asesinadas.
Pedro Matías / Proceso
OAXACA, Oax. (apro).- “¡Exigimos un alto a la violencia feminicida en Oaxaca!”, es el clamor del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) al condenar los recientes crímenes de María Teresa A. V., de 30 años de edad; Yamilet A. V., de 14 años y Lizeth A. A., de 11 años de edad.
Y es que solo en lo que va del 2024 ya suman 64 los casos de mujeres asesinadas en el estado de Oaxaca.
De acuerdo con el informe de GESMujer, en lo que va del gobierno morenista de Salomón Jara Cruz, es decir, del 1º de diciembre de 2022 al 28 de agosto de 2024, se han registrado 173 casos de mujeres asesinadas.
Sin embargo, los crimenes de María Teresa, Yamilet y Lizeth encendieron las voces de alerta para exigir al gobierno promover acciones que aseguren el pleno goce de derechos y justicia para todas las víctimas.
“Frente al preocupante aumento de estos casos, hacemos un llamado urgente a la implementación de políticas y estrategias de seguridad que garanticen la vida y libertad de las mujeres. No dejemos de visibilizar y denunciar esta problemática que afecta a niñas, adolescentes y mujeres oaxaqueñas”, manifestó la asociación civil.
Y agregó: “Urge que se actúe de manera eficaz para erradicar la violencia feminicida. Nuestro objetivo es construir un Oaxaca en el que niñas y mujeres puedan vivir sin temor y libres de toda forma de violencia”.
Cabe resaltar que este martes 27 de agosto de 2024 fueron asesinadas tres mujeres, entre ellas dos menores de edad, con arma punzocortante en el municipio de San Francisco del Mar, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Los hechos donde fueron ultimadas el ama de casa y las estudiantes ocurrieron en la calle 12 de Octubre en la Colonia Agua Dulce de San Francisco del Mar, Oaxaca.
El libro llegó unos días antes. En ese entonces las jefas y jefes zapatistas estaban en una reunión. Analizan, valoran, proponen. El tema es el común. Ojalá y el Subcomandante Insurgente Moisés algún día les haga saber el resultado del balance. O sea, cómo va todo esto del común en tierras zapatistas.
El asunto es que estaba yo preparando una plática que me tocaba dar. Y entonces llegó el libro. Sólo lo hojeé. Está en una lengua que desconocemos, que desconozco, y que, después de investigar, supe que era “esloveno”. Supongo que hay una edición en inglés (se adivina en el índice), pero a nosotros nos mandaron la edición en “esloveno”.
Llevé entonces el libro a la reunión y se los mostré a los jefes y jefas. Les pregunté por qué o qué había pasado para que su palabra, como zapatistas, apareciera en un idioma que, hace más de 30 años, ni siquiera sabíamos que existía.
Esperé unos segundos y seguí: “yo les voy a decir por qué. Y les voy a contar una historia. Su historia de ustedes. La historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.”
-*-
Al terminar la plática y en la hora del pozol, se arremolinaron en torno al libro. Les pregunté qué decía el libro. Sonriendo respondieron que no sabían. Les dije: “Qué tal que nos están insultando y nosotros sin saber, porque no entendemos esa lengua”. “No lo creo”, replicó uno de ellos, parte de la delegación, “porque nos invitaron y ni siquiera nos conocen, nos alimentaron, nos hospedaron en sus lugares de ellos y nos mostraron lo que es su lucha. Nos enseñaron, pues. Entonces quiere decir que nos respetan, así como nosotros los respetamos a ellos. No creo que en este libro estén mal hablando”.
Una compañera, también delegada, miraba fijamente el libro. Lo tomó en sus manos y me dijo, con mirada retadora: “oí capitán sup, claro te digo que no entendemos su palabra que está aquí escrita. Pero lo sabemos y entendemos su lucha porque estas personas nos lo mostraron. O sea que lo vimos y lo aprendimos. Así que no importa su lengua de esas personas, lo que importa es lo que son. Y lo que vimos es que son personas luchadoras.”
Otro compa interviene: “y son como nosotros los pueblos zapatistas, porque no les importa si eres de “otra” planeta, lo que vale es que luches contra la Hidra. Porque “la” sistema no se fija qué lengua hablas, sino que como quiera te explota, te reprime, te roba, te desprecia.”
Una compañera no ha dejado de reír. Me dice: “cómo crees, capitán sup, si nos recibieron bien bonito, con cantos y cohetones. Se miraba claro que estaba muy feliz y contento su corazón”.
-*-
“Resulta que cuando llegamos en ese lugar teníamos miedo, pena. Teníamos miedo de hablar. Porque vimos que son muy diferentes la gente de allá. O sea, me refiero que son muy altos y nosotras chaparritas. También ellos son hueros y nosotros de piel oscura. Lo que si nos costó más es que no hablan el castellano, más que hablan su idioma. En el momento que nos tocó dar la plática, como nos tocó con otro equipo de compas, ahí nos animaban los compas para empezar a dar la plática y sí empezamos. Aunque la verdad si nos costó, porque cuando estábamos explicando, el traductor nos paraba cada rato porque tenía que traducir cada parte. Así fuimos acomodando. Teníamos que hablar cachito por cachito para que se pueda traducir bien y completo. Y el traductor hay palabras en castilla que no entiende. Nosotras teníamos que estar muy pendientes y concentradas para no perder en la cabeza lo que tenemos que explicar. O sea que son diferentes en todo, pero son como nosotros en la lucha.”
-*-
“Es en Los Balcanes”, me aclaró antes el Subcomandante Insurgente Moisés. “Ellos no se organizaron como países para la Gira por la Vida, sino por toda una zona que así le dicen de los Balcanes. Bien organizados estaban. Como no reconocen fronteras, entonces no están peleando que si tú eres de tal país o de tal modo. Cuando les estoy platicando del zapatismo, les dije que nos acusaron de querer “balcanizar” el país. Y entonces aplaudieron y gritaron. Ya luego entendí que para ellos esa palabra quería decir “unir cuando hay acuerdo”, porque, a pesar de guerras muy fieras, ellos se luchan juntos, pero separados. Se unen en la lucha contra la división que les ponen los de arriba. Pero no es que hay quien manda y quien obedece, no. Se ponen de acuerdo. Se coordinan pues. Y también trabajan la tierra. O sea que también luchan por la vida. Para nosotros, con el viaje, que sea la Gira, lo que cambió es que antes no sabíamos que hay otros pueblos como nosotros que no se rinden al monstruo y que se rebelan. Lo de los Balcanes fue un muy buen aprendizaje, porque ellos se unen, pero no pierden su independencia o sea su particularidad. Cuando hay algo común, entonces rápido se ponen de acuerdo y, sin perder lo que es cada quien, se hacen uno. O sea que están separados, pero juntos. Si alguien entenderá lo del común que nos proponemos, son esas organizaciones hermanas. En la ruta de los Balcanes estaba el todo y las partes.”
-*-
Sigue el Subcomandante insurgente Moisés: “Como, al igual que el pueblo Saami, no se presentaron como país, me reuní con ellos para ver cómo querían ser nombrados. Ellos respondieron cosas como esta:”
Para nosotros, la redacción correcta es la ruta de los Balcanes. Ésta no es (sólo) descripción geográfica, sino principalmente política.
Durante siglos, los Balcanes han sido el Otro de Europa, la parte salvaje, indómita, incivilizada de Europa: un campo de pruebas de todo tipo de explotación colonial, bélica, capitalista y extractivista, por un lado, y un espacio en el que todos los estereotipos orientalistas de Europa están presentes, proyectado en el otro.
Ha sido un espacio de grandes conflictos nacionalistas, resultando en muchas guerras, incluida la de los 90 que fue para nuestra generación, nacida en la última década de la Yugoslavia socialista, una experiencia muy formativa cuando éramos niños.
Entonces, cuando nosotros, como anarquistas, antifascistas y antiautoritarios comenzamos a ser políticamente activos, la perspectiva balcánica siempre fue clara para nosotros: la única forma de superar las divisiones nacionalistas y el odio es construyendo los Balcanes desde abajo, conectando cada colectivo y movimiento en ellos. Durante las últimas dos décadas (desde los años de la antiglobalización, la lucha contra las guerras en Afganistán e Irak, y más tarde todas las luchas de trabajadores, estudiantes, solidaridad migrante, feministas, medioambientales, etc., se realizaron a través de los Balcanes.
No estamos conectados en una organización, más bien, funcionamos como colectivos independientes en cada territorio (conocidos como diferentes estados balcánicos, como Eslovenia, Croacia, Serbia, Rumania, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Kosovo, etc.). Tenemos un evento común una vez al año (Balkan anarchist Bookfair), que es un espacio de encuentro y reflexión para todos los colectivos que de otra manera operan en sus propios territorios. En ocasiones, como en el caso de la visita zapatista, o la ruta migrante en 2015, trabajamos juntos en esta red descentralizada de solidaridad balcánica.
Entonces, en resumen, para nosotros el concepto de Ruta de los Balcanes es un concepto político, y preferimos usarlo, en lugar de hablar de actividades en cada país. La preparación de la visita zapatista se hizo a través de reuniones comunes de todas las coordinaciones nacionales en diferentes territorios, y siempre tuvo ese sentimiento internacional balcánico, para trabajar juntos y crear un espacio común de lucha.
-*-
Vale. Salud y que los intentos de hegemonía y homogenización no arruinen todo… de nuevo.
Colima, México, Avanzada (28/08/2024).- Colima se encuentra en el sexto lugar a nivel nacional en casos de corrupción de menores, un delito que ha cobrado relevancia en la entidad. Este año, se han registrado 13 casos, lo que coloca a Colima entre las entidades con mayor incidencia en este tipo de delitos.
De acuerdo con el Código Penal de Colima, la corrupción de menores se define como el acto de inducir o facilitar que un menor de edad realice actos delictivos, consuma drogas, alcohol, participe en actividades sexuales ilícitas, o cualquier otra actividad que comprometa su desarrollo físico, emocional y social. Este delito es considerado especialmente grave debido a las consecuencias a largo plazo que puede tener en la vida de los menores afectados.
Los niños y adolescentes que son víctimas de este delito pueden sufrir traumas psicológicos, desarrollar conductas delictivas o adictivas, y enfrentar serias dificultades para integrarse socialmente. Además, la corrupción de menores puede afectar su desempeño escolar y su salud mental, perpetuando un ciclo de vulnerabilidad y exclusión social.
La situación se agrava cuando se observa que Colima también lidera en denuncias por violencia familiar, con 2,440 casos reportados hasta junio de este año, es decir, un promedio de 348 casos por mes, lo que evidencia el entorno violento en el que viven las familias en la entidad, especialmente los menores de edad.
Un Rábano… (O una cebolla, depende del caso, o cosa, según)
Agosto del 2024.
No, no me refiero a que me importe un ídem lo que digan en contra por defender a su precioso preciso. Ni de que, como “progresistas”, son rojos por fuera y blancos por dentro. Hablo de un rábano rábano. De la verdura, pues, que llaman “rábano”.
Esta pequeña historia empieza en el Viaje por la Vida, capítulo Europa. Antes de que salieran, le pedí a unos compañeros y compañeras que me mandaran fotos de lo que vieran y les llamara más la atención en los lugares que les tocarían.
Y en efecto. Después de las fotos y videos de la salida, de cómo se quedaron inmovilizados en un aeropuerto porque perdieron la conexión (gracias al apoyo del equipo de apoyo), empezaron a llegar imágenes de distintos lugares.
No, contra lo que se pueda pensar, las fotos no eran de monumentos, sitios turísticos, paisajes, paseos o selfies. Eran de las cosas que les llamaban la atención, gracias a la importancia que la delegación le daba a quienes eran sus anfitriones: personas, grupos, colectivos, organizaciones y movimientos tan distintos en color, tamaño, raza, lengua, cultura y motivación, que parecía imposible que una misma mirada pudiera abarcarles. Sin embargo, en la mirada zapatista se unían. “Nuestra familia de acá”, decían cuando caminaban los suelos de la Europa insumisa, la que no desmaya, la que no se rinde. Ahora, ya en tierras zapatistas, no es raro escuchar “nuestra familia de allá”.
Había fotos de animales, de plantas, de las comidas que recibían, de la gente, de las montañas, de los “modos” de las familias de “allá”.
De entre todas, la que más me llamó la atención fue la foto de un rábano. Claro que yo, como enemigo a muerte de las verduras, pensé que era una cebolla morada. Incluso así la catalogué: “foto de cebolla morada”.
Ya luego, cuando regresaron, la compañera que tomó la foto me aclaró que no era cebolla, sino un rábano. Con emoción cuenta:
“Acaso es cebolla. Es un rábano, pero muy otro. Es de diferente tamaño y de otro color, pero por dentro es rábano. O sea que es muy diferente que acá en mi hortaliza, pero es igual. Y estaba muy bonito el rábano. Y también siembran puerro. Que es diferente, pero es igual. Y lo que me llamó la atención es que cultivan, o sea que trabajan, para darles a otras personas que no tienen comida. O sea que no es que lo quedan con el fruto de su trabajo, sino que lo comparten con los que necesitan.”
“Y esas familias de allá, ¿acaso se desaniman? No, aunque no hay tierra para sembrar, lo buscan el modo. Por ejemplo, pura piedra y como quiera lo hacen su hortaliza. Lo que hacen es ir a buscar buena tierra, la acarrean y la ponen sobre la piedra o en macetas. ¡Y ahí lo tienen su hortaliza!”
“Yo antes tenía mi hortaliza sólo en la milpa. Pero en el viaje aprendí que también se puede en la casa. Entonces también hice hortaliza en el sitio donde vivo. Y tengo rábanos y puerros. Son diferentes a los de la familia de allá, pero son iguales.”
“No, que no es cebolla, es un rábano. El lugar se llama “Bulgaria”, capital del país que se llama “Sofía”. Le corregí entonces y ella sólo dijo “es lo mismo”, y siguió:
“Habíamos estado antes en una geografía que se llama “esloveña” y ahí también aprendimos de sus modos de cómo son y cómo luchan. En Francia nos tocó quedar abandonadas. Y mientras nos tocó quedar en la casa de una compañera que no hablaba nada de español, y yo pues hablo cho´ol así que mi español es muy otro. Mi equipo era de puras mujeres, tzotzil, tzeltal y cho´ol, y nuestro trabajo era dar plática de como mujeres que somos. Entonces nos había acompañado una ciudadana de México que se tuvo que regresar a su casa. Y cuando se fue nos dijo “no se preocupen, aquí les voy a instalar una aplicación que traduce. Ustedes sólo le hablan al celular y ya el celular lo escucha, lo traduce y lo habla en la lengua que le digan”. Pero tras que el celular no entiende el “espa-cho´ol”, ni el “tzotsi-ñol”, ni el “tzelta-ñol”, entonces traducía otra cosa diferente a lo que queríamos decir. Y la compañera que nos daba posada, pues nomás se reía. Y sufrimos un poco bastante, porque queríamos ir al baño y no sabemos dónde es. Y no sabemos cómo decirle a la compañera. Y ni modo de hacernos ahí frente a ella. Pero con señas entendió y ya nos mostró dónde es.”
“Es que no llegó el equipo que nos va a llevar a otro lugar. Y nosotras, porque éramos varias compañeras que quedamos botadas ahí, pensamos si ya nos vamos a quedar ahí toda la vida. Y luego, pues no sabemos mero el modo de esa geografía. O sea que sufrimos. Pensamos si ya vamos a morir y estamos tristes porque ahora quién va a cuidar la milpa y los animalitos. Pero entonces pensamos que no hay problema, porque seguro los compañeros zapatistas van a ver de cuidar. Pero ya luego nos encontraron y nos rescataron, y ya”.
“Estábamos organizadas, como de por sí. Entonces pues hacía mucho frío y está oscuro, y en la casa de la compañera de Francia no tienen luz. O sea, no tiene luz de la ciudad, sino que tiene su propia luz. Tiene su luz aparte. Entonces prendimos las luces de la casa y, mientras unas preparábamos el desayuno, otras están viendo de calentar agua para bañar. Y tras que entonces empieza a sonar una alarma muy fuerte y salimos corriendo porque pensamos que la casa va a explotar. Corrimos a buscar a la compañera, que ya es de edad y siempre está sonriendo, y le contamos de la desgracia. Pero ella mucho se reía y luego, con el traductor, nos explicó que no se puede todo al mismo tiempo. Que cada cosa a su tiempo. Nos reímos también. Pero antes íbamos a morir del susto.”
“Esa compañera vive sola. No le da miedo. No vive en la ciudad. Ella prefirió vivir en la montaña. Y ahí lo tiene su casa, en medio de la montaña. Está en una organización que lucha en contra de los centros nucleares. Y ahí tiene sus compañeras de lucha. O sea que está sola, pero no. También está acompañada”.
“No puedo decir su nombre de la compañera porque no sé si es su nombre civil o de lucha, entonces pues no. Y sí tenemos fotos de ella, pero no podemos publicar porque antes hay que pedirle permiso, o sea si autoriza. Y entonces hay que usar el traductor y mandar hasta su casa, pero no tiene señal de celular ahí. Pero sí cuéntalo la historia. De repente sus compañeras lo leen y le cuentan a ella cuando la vean.”
“Ella nos pidió que dejáramos nuestra huella como pintura en unos como costales. Para acordarse de nosotras, dijo. Nosotras le pusimos “Gracias. Los llevamos en nuestros corazones”. Y es cierto, esa compañera nos dejó huella con su corazón. La verdad es que sí nos hallamos con la compañera. O sea que sí estábamos perdidas, pero no. Porque con esa compañera nos hallamos”.
“No, acaso estamos pensando del marido o el novio. No, ni nos acordamos. Lo que extrañábamos era la milpa y los animalitos. Pero no lo vayas a publicar eso, porque yo a él le dije que sí lo pensé mucho”.
-*-
Odio decirlo, pero parece que la verdura es la política por otros medios.
Vale. Salud y, como no dijo Lenin, la calabaza es el enemigo principal.
Diana González pide a Perforaciones Peninsulares Especializadas que se haga responsable y pague la reparación por el fallecimiento de su esposo, quien recibió una descarga eléctrica cuando perforaba el suelo para un pozo pluvial.
El hombre era oriundo de Chocholá y dejó cuatro hijos huérfanos, a quienes les habían prometido una beca por parte de la empresa, pero hasta el momento no les han dado ninguna compensación.
Mérida, Yucatán, 27 de agosto de 2024.-José Guadalupe Quintal Paredes falleció el pasado 18 de julio tras recibir una descarga eléctrica cuando se encontraba perforando el suelo para construir un pozo pluvial. A más de un mes de su muerte, no se ha otorgado ninguna indemnización a la familia, quienes denuncian una evidente negligencia laboral.
En entrevista para Haz Ruido, Diana González Quintal, quien era su esposa, relató que José Guadalupe laboraba para la empresa Perforaciones Peninsulares Especializadas y en la fecha mencionada se encontraba en una zona de construcción en el fraccionamiento Gran Santa Cruz, ubicado al sur de Mérida.
Quintal Paredes, quien era oriundo del municipio de Chocholá, realizaba su trabajo con ayuda de un camión perforador, sin embargo, no contaba con que en esa zona pasaban cables de alta tensión, por lo que la maquinaria los alcanzó y esto propició que el hombre recibiera una fuerte descarga eléctrica que le ocasionó quemaduras en varias partes del cuerpo y un paro cardiorrespiratorio.
Su viuda asegura que este fatídico hecho fue una negligencia, debido a que los ingenieros de Perforaciones Peninsulares Especializadas no se cercioraron de que la zona no sea de alta tensión, ya que ellos son los que marcan los puntos a perforar para los pozos pluviales.
“Hace tres años falleció exactamente un compañero de mi esposo en Valladolid por lo mismo”, declaró.
Quince días después de lo ocurrido, la empresa se acercó a Diana González para ofrecerle el pago del sueldo de su esposo en lo que ella tramitaba su pensión, además de una beca para sus hijos, sin embargo a los pocos días le retiraron esas promesas y hasta ahorita no le han dado ninguna otra compensación.
La mujer dijo que no descarta proceder por la vía legal, ya que en un principio quiso llevar este proceso con calma, pero el hecho de que le negaran el apoyo le resulta injusto pues tiene cuatro hijos que mantener, lo cual le ha costado trabajo ahora que ya no está su esposo.
“Tampoco él (José Guadalupe) trabajaba con los equipos necesarios, nunca le dieron guantes ni botas especiales. En el momento que falleció portaba ropa normal, ni siquiera era ropa de la empresa”, agregó.
Finalmente, Diana González hizo un llamado a la empresa Perforaciones Peninsulares Especializadas para que se hagan responsables “y que ya no haya más negligencias laborales, porque son seres humanos y familias las que dejan desprotegidas”, concluyó.
Un megaproyecto en Los Reyes Hueytlilac, uno de los pueblos originarios de Coyoacán, dañará la vegetación, fauna nativa y empeorará el ya limitado acceso al agua del pueblo, que está ubicado entre manantiales.
27 de agosto, 2024
Los trabajos para preparar el terreno del megaproyecto en Los Reyes, Hueytlilac de la alcaldía Coyoacán ya comenzaron, a pesar de que representa una amenaza para el manantial ancestral, por donde aún corre agua potable, y para la vegetación nativa, hogar de especies como cacomixtles, tlacuaches, ardillas, serpientes y aves. Además, estos trabajos se están llevando a cabo a pesar de la oposición de los habitantes y un proceso de consulta en curso.
La superficie total del proyecto comprende la fusión de cuatro predios que, actualmente, se encuentran rodeados por una barda de casi dos metros de alto, acompañada de una red metálica. Además de encontrarse cerrados y con vigilancia al interior, mientras trabajadores limpian el terreno, denuncian habitantes.
“Lo que es la parte de atrás, sí la están limpiando y sí la están trabajando. Mi compañera fue a dar una vuelta por la parte de Cantil (uno de los predios fusionados) y son las fotos del pasto seco. Ahí se ve gente trabajando”, señaló una de las Guardias de la Asamblea General Comunitaria que pertenece al Pueblo de Los Reyes Hueytlilac, Coyoacán.
Animal Político buscó a la consultora GMI Consulting para conocer por qué trabajadores comenzaron a limpiar el terreno, cuál sería la siguiente etapa de la Consulta Vecinal y si la versión web del proyecto estará disponible para conocerlo. Aunque aseguraron que regresarían la comunicación, al cierre de esta nota no tuvimos respuesta. Por su parte, a la Sedema también se le consultó por el proyecto «Outlet en Pueblo Los Reyes», pero al cierre tampoco hubo respuesta.
Un manantial donde quieren construir un outlet en Coyoacán
En el perímetro donde se encuentran estos cuatro predios se localiza un manantial ancestral por el que aún corre agua potable, explicaron los Guardias de la Asamblea General a Animal Político durante un recorrido en el sitio.
Desde el exterior del predio, se observa la vegetación nativa compuesta por árboles y arbustos, que albergan diversas especies como cacomixtles, tlacuaches, ardillas, serpientes y aves. Durante una visita al Pueblo de Los Reyes, se avistaron dos águilas sobrevolando el perímetro del predio ubicado en Aztecas 210.
Trabajadores dentro del terreno señalaron a una de las personas que forma parte de la Guardia de la Asamblea General que el predio se tiene destinado para la construcción de una nueva plaza comercial pese a la crisis hídrica que enfrentan.
Las Guardias de la Asamblea General Comunitaria denuncian que a la semana tienen acceso al agua durante cuatro días y sólo por la noche.
Foto: Luis Madrid
Una población asentada sobre manantiales
La región de Los Reyes Hueytlilac está asentada sobre manantiales, de ahí que su significado en náhuatl sea “en las grandes aguas negras”.
Las Guardias de la Asamblea General Comunitaria del pueblo explicaron a Animal Político que este término se le dio porque los antiguos pobladores le atribuían poderes místicos a las aguas de esos cuerpos de agua.
“La población de Los Reyes Hueytlilac está asentada sobre manantiales. Lamentablemente, hace algunos años cuando se llevó a cabo la lucha porque no construyeran en Aztecas #215, que es el predio que está justo enfrente de donde ahora quieren construir [una plaza comercial], está un manantial de donde sigue brotando agua. Nos preocupa que está llena de arbolado y ha sido casa de cacomixtles que lamentablemente hemos encontrado atropellados sobre Avenida Aztecas”, denunciaron los Guardias de la Asamblea General.
Los habitantes explicaron que el Pueblo de Los Reyes está asentado en el último escurrimiento del volcán Xitle, al sur de la Ciudad de México. Por las características de la tierra cuentan con roca volcánica, fauna y vegetación xerófila. Además, tienen árboles frutales y plantas nativas de las que se alimentan los polinizadores.
“Los consideramos de vital importancia y la Sedema [Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México] así los tiene marcados. Sin embargo, la zona a la que nos referimos [para defender] tiene un escurrimiento de agua que viene de la recarga del Ajusco”, enfatizaron.
A ese escurrimiento de agua natural se les llama veneros y son los que recargan los pozos de Xotepingo y de Ciénega. “Nosotros estamos enterados de esto porque el Instituto de Geología de la UNAM tiene un estudio donde aparece que toda esa agua es agua potable”, añadieron.
Foto: Luis Madrid
El estudio técnico al que se refieren los Guardias de la Asamblea General del Pueblo de Los Reyes Hueytlilac es del 2016. Se trata de un análisis del “Origen del agua que aflora en el predio de Aztecas 215, colonia Pueblo de Los Reyes, delegación Coyoacán, Ciudad de México”.
Esta investigación fue solicitada por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) en ese año por el afloramiento de agua que provenía de la obra donde se construyó el proyecto habitacional de Aztecas #215.
Preocupa acceso al agua por gentrificación
César Lizardi Ramos, arqueólogo e investigador mexicano de epigrafía en la UNAM, fue autor del libro El manantial y el acueducto de Acuecuexco (1954, Colegio de México). En él habla de los nueve manantiales que se encuentran en Coyoacán.
En el libro, Lizardi Ramos menciona los nueve exmanantiales que el autor visitó en terrenos que le aseguraron son de Los Reyes Quiahuac. El autor enuncia tres de esos cuerpos de agua en el pueblo.
“He aquí la lista: a) Atliliquecan, 138.30 metros al Norte de la barda tentrional del atrio del templo de Los Reyes, en la Calle tral de ese lugar; b) Mixconco, al Poniente y no lejos del de Atliliquecan, junto a la calle de Atenco y entre esta y la Central de Reyes. Es una simple oquedad en el suelo; c) Temomuxco, algo al Noreste de Mixconco y a 28 metros de distancia de él. Es una hoya simple, pequeña; d) Xoxicaxapa, al Norte de los tres anteriores, en el de la casa del señor Pablo Lopez, número 148 de la calle Real de Los Reyes, por donde pasan los ómnibus Portales Los Reyes”, se lee en el libro y que acompaña con fotografías a blanco y negro.
Con un pasado histórico, ahora los Guardias de la Asamblea General del Pueblo de Los Reyes Hueytlilac emprenden esta nueva lucha en defensa del territorio y del agua.
“Nos hemos visto en la escasez de agua que aqueja a toda la ciudad y se nos hace incongruente que sí hay agua pero solo cuando se trata de dar factibilidad a los megaproyectos. Cuando abrimos la llave no hay agua. Siempre hay agua para los megaproyectos y nunca para los vecinos”, denunciaron.
Una de las integrantes de los Guardias de la Asamblea General pidió que las autoridades detengan la construcción de la megaobra por la falta de agua que ya enfrentan.
En las manos sostenía un diente de león, planta medicinal que es parte de la vegetación nativa en el pueblo y forma parte del Atlas de las plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana de la UNAM.
“No deben seguir construyendo edificios porque falta agua. La gentrificación de la ciudad sabe dónde están los pozos. (…) Una plaza [comercial] gasta mucha agua”, señaló.
Foto: Luis Madrid
Cacomixtles, desplazados y atropellados
De acuerdo con el testimonio de los Guardias de la Asamblea General Comunitaria que pertenece al Pueblo de Los Reyes Hueytlilac, Coyoacán en el pueblo es común encontrarse con cacomixtles que andan en las casas en busca de comida.
Sin embargo, no siempre se les alimenta de la mejor manera ya que los vecinos suelen darles tortillas o comida fuera de su dieta.
“Nos hace falta educación ambiental para cuidar del ecosistema”, señaló una de las guardias, después de narrar cómo una pareja de cacomixtles sufrió un accidente en el que uno de los ejemplares murió tras ser atropellado.
“En las páginas del pueblo [redes sociales] es común leer cuando un vecino encuentra a un cacomixtle y no sabe con qué alimentarlo”, señaló. Sobre el impacto que este nuevo megaproyecto pueda traer en el pueblo, la pérdida de biodiversidad y del hábitat de estas especies dentro él es parte de las preocupaciones que comparten.
En la plataforma de Biodiversidad mexicana de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) explican que los cacomixtles o chiquina, en náhuatl significa tlacomiztli “mitad gato”. Estos individuos son grandes trepadores de árboles por su gran agilidad.
Por sus hábitos nocturnos se han adaptado a la creciente urbanización. Su alimentación incluye tuna, reventón, tlaxistle, sabino, tomatillos, entre otras frutas, pese a ser un mamífero carnívoro.
En La Reconquista del Cacomixtle de Ciencia UNAM, revelan que la población de estos ejemplares “mitad gato” crece al sur de la CDMX donde se les confunde con felinos o mapaches.
Una hipótesis señala que esto puede deberse a que comenzaron a adaptarse a las nuevas posibilidades de vivienda y al alimento disponible. Los cacomixtles ―se lee― son una especie nativa que convivió con nuestros antepasados prehispánicos.
“Los cacomixtles son especies endémicas del pueblo, casi todos los conocemos y las personas los alimentan también. Les dan fruta para que puedan seguir subsistiendo en el pueblo y porque nuestros abuelos nos han enseñado que los animales han estado aquí, a lo largo de toda la vida”, expresaron los Guardias de la Asamblea General.
Ante esto, expresaron que si la Sedema aprueba el Proceso de Consulta Vecinal que la consultora GMI Consulting inició para el Proyecto “Outlet Punta Sur” en Avenida Aztecas #210 se perderá el hábitat de cacomixtles y demás fauna endémica que ahí vive.
“Se perdería el arbolado y las áreas verdes que mañosamente, actualmente, en la consulta que están haciendo han manifestado que no se va a perder el arbolado. (…) En el predio, principalmente es flora y fauna silvestre la crece ahí”, añadieron.
CHETUMAL, MX.- Ante la falta de respuesta a sus peticiones de pago por el servicio prestado, trabajadores que construyen el paso del Tren Maya sobre la carretera que conduce a la comunidad de Subteniente López y hacia Belice mantienen un bloqueo como protesta y medida de presión.
Mientras tanto, el choque de dos góndolas que transportaban insumos para el proyecto federal ocurrido cerca de la comunidad de Juan Sarabia, en la ribera del Rio Hondo, mantiene también suspendido el tránsito vehicular.
Largas filas de automóviles se han formado en ambos lados de la vía con la molestia consecuente de los conductores.
En el caso del tramo que se construye hacia la comunidad de Subteniente López, desde temprano, los trabajadores decidieron suspender actividades y bloquear el tránsito vehicular en espera de que los responsables de la obra acudan a atender sus demandas.
Cabe recordar que esta no es la primera ocasión en que trabajadores del Tren Maya suspenden actividades por el incumplimiento de las empresas subcontratadas para el pago de sus salarios y bloqueado la carretera como medida de presión. (Noticaribe)
Noticaribe
FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- Trabajadores del Centro de Estudios de Bachillerato 5/10 “Prof. Rafael Ramírez Castañeda”, iniciaron el nuevo ciclo escolar colocando diversas lonas afuera del plantel educativo, ubicado sobre la avenida constituyentes con 91 de la Emiliano Zapata II, donde denunciaron abuso de poder y hostigamiento laboral por parte del actual director.
Desde esta mañana, el personal docente y administrativo colocaron las lonas en donde se leía “Trabajadores del CEB 5/10 iniciamos el ciclo escolar bajo protesta”, “Rechazamos los actos de represión, hostigamiento y de violencia de género que ejerce el director en contra del personal de nuestro centro de trabajo” y “exigimos remoción”, entre otras cosas.
Los inconformes indicaron que ante la falta de atención por parte de la dirección general de bachilleres los trabajadores decidieron iniciar el ciclo escolar bajo protesta, advirtiendo que de no ser escuchados podrían recurrir a un paro laboral.
Cómo modo de presión en este primer día de clases el personal docente y administrativo optó por colocar las lonas en el acceso hacia el plantel educativo para que los padres de familia y el resto de la sociedad se enteren de la situación que viven dentro del plantel. (Agencia SIM)
Al medio día de este domingo, el colectivo de búsqueda Desaparecidos Querétaro encontró un entierro clandestino en la barranca de Boulevard de la Nación, en las inmediaciones de la colonia Sergio Villaseñor, al noroeste de la capital del estado.
Tras un reporte anónimo, el colectivo integrado por familiares de personas desaparecidas en la entidad acudió a la zona a realizar un trabajo de prospección y tras una hora de búsqueda, fueron hallados restos humanos; estos todavía con prendas visibles de ropa: una chamarra oscura, una sudadera color vino y tenis Nike azul marino, talla 28.
Para acceder al punto en donde se encontró el cuerpo semienterrado, las personas buscadoras tuvieron que adentrarse a la zona cerril, descender por la barranca por un aproximado de 15 minutos y pasar por un canal de aguas negras.
“Es complicado, como siempre, llegar a ellos. El cuerpo está debajo de la maleza y de un cactus”, explicó en entrevista Yadira Gónzález Hernández, vocera del colectivo de búsqueda, quien busca a su hermano Juan González Hernández desde el 2005.
Una vez que el colectivo hizo el hallazgo, este procedió a levantar un reporte a la Comisión Local de Búsqueda de Personas, quien a su vez dio parte a la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas.
“Recordemos que nosotros como colectivo no tocamos el área, no movemos evidencias. Solamente determinamos que sean humanos y que sean de interés”.
Yadira Gonzalez Hernández añadió que durante la prospección que realizaron en el lugar, se encontraron otros puntos de interés, en los cuales se identificaron prendas de ropa de mujer y sitios de vigilancia. Por ello, el colectivo próximamente comenzará con jornadas de búsqueda exhaustivas en este punto.
“Nosotros no abandonamos una zona hasta verla descartada en su totalidad. Esperamos que la Fiscalía realice el trabajo adecuado para el levantamiento de estos restos, Que haga una buena prospección y podamos determinar que no falten más restos de esta persona; sin embargo,el colectivo regresará en unos días para seguir revisando toda el área”.
Cabe recordar que el 20 de julio de este año, Desaparecidos Querétaro puso en pausa las labores de búsqueda en un predio ubicado en la comunidad de Santa Bárbara La Cueva, en el municipio de San Juan del Río; en aquel sitio, tras meses de trabajo, fueron descubiertas tres fosas clandestinas.
Aunque la Fiscalía General del Estado no reporta ninguna fosa clandestina en Querétaro, la Plataforma Ciudadana de Fosas, impulsada por las organizaciones Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, contabiliza cuatro fosas clandestinas durante el periodo del 2009 al 2023.
No obstante, el colectivo ha hecho hincapié que desde el 2020 se han encontrado entierros clandestinos en otros puntos del estado; por ejemplo, en la Barranca de los Zúñiga, en San Juan del Río, se han encontrado 16 fragmentos óseos en distintas búsquedas realizadas por las familias de personas desaparecidas que forman parte de Desaparecidos Querétaro.
Actualmente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) contabiliza 583 personas desaparecidas en Querétaro, aunque los colectivos de búsqueda refieren que esta cifra es mayor.
Acusan expertos que los espacios para las obras interfieren con el flujo de agua, afectando al cauce y a la laguna
CANCÚN.- Las obras del Tren Maya en Quintana Roo han sido señaladas de afectar de nuevo los humedales, en este caso el Estero de Chac, en el que los especialistas advierten que se afectará la Laguna de Bacalar, conocida por sus siete colores.
Guillermo DChristy, ambientalista y consultor en calida del agua, alertó de las afectaciones que se están generando en el estero Chac, donde presentó imágenes del radical cambio de coloración.
“Los cambios en coloración del agua en el estero Chac, parte del sistema lagunar de Bacalar, a partir de las obras del mal llamado Tren Maya son muy notorias”, lamentó el especialista.
Relató que los terraplenes que fueron creados para el paso de la maquinaria y los materiales, a fin de poder realizar las perforaciones para el hincado de los pilotes, han generado diversas afectaciones.
Una de las más graves es la interrupción del flujo de agua, lo que implica que al ser estero Chac un canal vital que conecta la Laguna de Bacalar con el Río Hondo, ha generado inundaciones.
“Esto ha llevado a inundaciones en las comunidades cercanas, con reportes de que algunas áreas han estado inundadas por más de 30 días, especialmente agravado antes de eventos como el huracán Beryl”, recordó el ambientalista.
Pero esta condición, reveló DChristy, se ha alterado el ecosistema, lo que podría impactar en el cambio de los majestuosos colores de la Lagua de los Siete Colores de Bacalar.
“La alteración del estero no solo ha tenido efectos ambientales, como la potencial pérdida de los colores característicos de la Laguna de Bacalar debido a la interrupción del flujo de agua, afectación a las colonias de estromatolitos sino que también ha afectado a las comunidades locales.
“Estas han enfrentado inundaciones, desplazamiento, y una especulación inmobiliaria que ha cambiado la dinámica social y económica de la región”, afirmó.
Reiteró que como han venido denunciando desde hace tiempo con las obras del Tren Maya, las obras no tienen los estudios requeridos que consideren el delicado entorno ecológico del sistema lagunar y de existir, hay una gran opacidad en torno a ellos.
“A estas afectaciones se suman las miles de hectáreas de selva desmontada al oeste de la Laguna de Bacalar para la agricultura por parte de la comunidad menonita, el aumento de embarcaciones con motor y la presión inmobiliaria”, advirtió.
Día 20 de la inundación de las colonias Jacalones y Culturas de México en el municipio de Chalco, Estado de México. Foto Gustavo Graf
Texto: Feike De Jong
Fotos: Gustavo Graf
Pie de Página
Organizaciones culturales de la colonia inundada -Culturas de México- en Chalco ahora se enfocan en apoyar a los damnificados. Mientras, la crisis crece
CHALCO, ESTADO DE MÉXICO.- Hace un mes Ale Méndez y Cheva Severiano pensaban cómo hacer proyectos culturales en la colonia donde viven,en Chalco. Hoy en día reparten víveres y negocian entregas con la gente de protección civil en una de las colonias más afectadas por las inundaciones que azotaron el suroriente de la megalópolis en agosto.
La colonia Culturas de México se ha vuelto emblemática por las inundaciones de este año, provocadas, en parte, por los asentimientos irregulares, la falta de planeación urbana, el cúmulo basura en los drenajes y hasta la falta de respuesta del gobierno. Las narrativas de siempre en una de las colonias más pobladas del Estado de México, con alrededor de 21 mil personas, según MarketDataMexico.
Pero antes y después de las inundaciones Culturas de México fue y será otra cosa. Un hervidero emergente de cultura milenaria plasmada en más de 80 murales gestionados por Corredor Cultural y Red de Trabajo Comunitario Culturas de México, fundado por Méndez, además de las actividades de las redes de acción de Severiano a través de la Coordinación Indígena de Chalco (CIC).
“En esta colonia la mayoría de la gente es indígena,” comenta Cheva Severiano, de 48 años, poeta y parte del equipo que creó la norma de la escritura del idioma mazateco publicada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). “Las etnias Mazateca, Mixteca, Mazahua, Zapoteca, Purépecha, Otomí, Náhuatl y Triqui están representados en el colectivo.”
Severiano es una poeta publicada en dos idiomas, perita traductor en mazateco y parte de varias redes de poetas indígenas.
Eusebia Severiano, (Der) indígena Mazateca, en el Corredor Culturas de México en el municipio de Chalco, Estado de México.
Foto: Gustavo Graf
“Lo que pasa es que muchas personas, como siempre, hemos migrado de un lugar a otro, de nuestros lugares de origen a la ciudad. ¿Por qué? Por cuestiones de trabajo. Muchos que vienen de otros estados, lo hacen para buscar pues trabajo, buscan superarse, por otras cosas que en sus lugares de origen no encuentran”, comenta Severiano
La zona inundada es parte del eje Valle de Chalco- Chalco que, según Severiano, tiene la mayor representación de población indígena del la Zona Conurbada del Valle de México.
En línea con las tradiciones de liderazgo de mujeres en las zonas populares de México, ellas dos han asumido un rol importante en amortiguar la catástrofe que había cubierto hasta 18 calles el 22 de agosto..
Mujeres preparan comida para los damnificados de las colonias Jacalones y Culturas de México en una casa en el municipio de Chalco, Estado de México. Foto: Gustavo Graf
“Hemos distribuido 80 comidas hoy,” dice el voluntario Sergio Sorcia quién está cocinando birria y chicharrón en salsa verde en el Salón de Fiesta Leonardo’s. “Y faltan otras 100.”
Sorcia es voluntaria porqué la organización de ciclistas de Xico en Valle de Chalco a quienes se habían vinculado con Méndez en las Festivales del Corredor Cultura que se había organizado. Tiene doctorado de la Universidad de Essex con una tesis sobre el impacto de narcocorridos en la vida diaria de la gente en México.
Muchos niños no han salido de la casa en días y sufren los estragos emocionales y psicológicos del encierro. Hay gente que no pueden salir para comprar despensa.
“Nuestra familia no ha salido en dos semanas,” dice Gumaro Vivanco, que esta viendo hacia el diluvio frente de su casa mientras dos bombas arrojan agua desde su domicilio hacia la calle inundada. “Tenemos que vigilar las bombas.”
Otras familias han tenido que salir de la planta baja donde están sus casas y pedir posada con sus vecinos del primer piso.
“Perdimos todo los muebles,” dice Isabel Vázquez, preso en un segundo piso con sus dos nietos desde la inundación. “Estamos aquí arriba con cuatro familias en el espacio de dos. No hubo donde meter nuestros muebles. Estamos aquí sin nada.”
Mujeres preparan comida para los damnificados de las colonias Jacalones y Culturas de México en una casa en el municipio de Chalco, Estado de México. Foto: Gustavo Graf
La cocina que tiene Severiano atrás de su tienda de abarrotes ya ha despachado, más o menos a 700 personas en tres días.
“Un amigo, Eduardo “Lalo Paletas” Diaz, trajo jitomate hoy. Yo y otros pusimos arroz,” comenta Severiano. “Yo he organizado a algunas señoras para ayudar a hacer la comida.”
El hecho de que organizaciones culturales son protagonistas en actividades de apoyo en emergencias en la periferias de la Ciudad de México no es casualidad, según Antonio Nieto, estudiante del doctorado en Ciencias y Artes en Diseño en la UAM Xochimilco y vecino de Valle de Chalco.
“Gente del sector cultural tienden a ser más empática y sensible, creo, por su quehacer,” comenta Nieto.
“Es común en estos tiempos ante la ausencia de un Estado que deja que tu colonia se inunde cada año y hasta la infraestructura crítica del DIF y la Cruz Roja. Además el sistema económico obliga a ser cada vez más individualista con menos tiempo libre y más riesgo de perder el trabajo. Por eso las redes comunitarias que se quedan muchas veces son culturales. Los vecinos que ayudan a un gestora como Alejandra Méndez para organizar un festival también la ayudan a organizar el apoyo a damnificados en un desastre.”
Una señora mayor viene lentamente apoyada por su hijo y una caminadora hasta la entrada del centro de acopio improvisado en el salón de fiestas Leonardos, que está ubicado sobre una calle polvosa. Un tercer hombre carga sobre su hombro una gran bolsa de ropa.
“Yo siempre que pasan cosas he querido apoyar,” comenta Modesta Martínez, 90. “Este centro está cerca para que al menos pueda caminar hasta aquí y ver cómo lo entregan. Dios quiere que ayudamos al prójimo.”
Una voluntaria disfrazada de payasa actúa para niños damnificados por la inundación de las colonias Jacalones y Culturas de México en un albergue en el municipio de Chalco, Estado de México. Foto: Gustavo Graf
El proyecto del Corredor Culturas de México surgió hace dos años con el regreso de Alejandra Mendez, 30, a su casa familiar en la Colonia Culturas con una rodilla rota. Empezo a dar clases en el centro comunitario de su casa. Por considerar el centro comunitario estéril empezó a convocar a grafiteros para pintarlo y así fue creciendo el proyecto de dar una identidad indígena a la colonia con sus calles nombradas con etnias indígenas.
Alejandra Mendez, gestora cultural del corredor cultural de la colonia Culturas de México pinta la cara de un niño damnificado por la inundación en un albergue en el municipio de Chalco, Estado de México.
Foto: Gustavo Graf
“Poco a poco empezaron a conectarse, a convocar a varios compañeros de diferentes áreas, que no solamente eran del muralísmo y graffiti, sino también de la rama de artesanías, talleres, psicólogos, maestros,” comenta Mendez durante el Segundo Festival Corredor Culturas de México antes de la inundación. “También los vecinos se hacían participar del espacio público, eso es lo que se incentiva, que la comunidad participe en los procesos culturales que se pretenden como cuidado de sus espacios, participación en donación, o compartir algún alimento.”
Ahora está negociando entregas nocturnas de víveres a vecinos por lancha con agentes de protección civil hacia las calles más alejadas de la colonia inundada.
“Lo que me parece interesante del proyecto del Corredor Culturas de México es la cuestión de darle una identidad gráfica a una comunidad,” comenta Nieto. “Las personas mismas tienen sus propios gustos y criterios artísticos y les gusta que hay algo que ellos consideran bonito sobre su barda. Muchas de estas colonias tienen muy poco tiempo como 40-50 años. Y da gusto tener algo que dice ‘yo soy de aquí.’ ”
La hija de Severiano, Xóchitl Karen Soriano, para su bicicleta frente de los murales que embellecen el centro comunitario Juan Soriano de la colonia en un día soleado antes de las inundaciones. Varios de sus amigos y vecinos del barrio participaron en los murales como los grafiteros Mictlan, Jenny y Higer.
“La discriminación sigue igual, no ha cambiado,” comenta Soriano “Hay que crecer consciencias. Siento que en la gente se va inculcando que deben de hablar su lengua, que no deben de apenarse.”
Xochitl Torres Severiano en el Corredor Culturas de México en el municipio de Chalco, Estado de México. Foto: Gustavo Graf
Este semana, el centro comunitario donde Xóchitl Soriano paró su bicicleta un albergue con ambulancias y camionetas del ejercito a la orilla de un lago.
Un recorrido por las partes inundadas de la colonia mostró que la gente había pasado por inundaciones antes y hubo muchos gestos de solidaridad y hasta buen animo. Pero todavía no hay claridad cuándo desaparecerá el agua. Y con el tiempo el esta es más insalubre con moscos y larvas que causan ronchas.
Aún las áreas no inundadas de la colonia están afectadas por el caos vial alrededor de las áreas inundadas. Agrega a este hervidero una larga historia de discriminación y abandono por el gobierno, aún falta esperar el tamaño de los problemas sociales que podrían surgir. Vecinos de las colonias aledañas Jacalones y Emiliano Zapata ya bloquearon la carretera México-Cuautla el miércoles por la inacción del gobierno y el lunes vecinos bloquearon la carretera México-Puebla. El riesgo de la politización siempre está presente.
Día 20 de la inundación de las colonias Jacalones y Culturas de México en el municipio de Chalco, Estado de México. Foto: Gustavo Graf
Este es el contexto que las organizaciones culturales amortiguan.
Mientras los nopales y papas en salsa verde salen y los murales coloridos brillan en las calles, los damnificados al menos sabrán que no están solos.
Y eso podría hacer toda la diferencia.
Corredor Culturas de México en el municipio de Chalco, Estado de México. Foto: Gustavo Graf
El cese de los trabajadores en el Ayuntamiento de Campeche no se hizo esperar. Desde este viernes por la tarde, un grupo de cinco trabajadores sindicalizados del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac) indicó que habían sido dados de baja sin una razón justificada.
Gerardo Manuel Apolinar, uno de los afectados, refirió que fueron convocados desde las primeras horas de la mañana para reunirse con el nuevo encargado del área jurídica, identificado como “Walther”, quien les informó que ya no continuarían como trabajadores de la descentralizada.
“Nos dijeron que ya no necesitan de nuestros servicios, que son órdenes de arriba y que la próxima semana vayamos a buscar nuestros finiquitos porque ya nos habían dado de baja y no se podía hacer nada”, dijo.
Refirieron que buscarán que el sindicato al que pertenecen atienda su situación, ya que todos los trabajadores de Smapac pertenecen a un sindicato. Por lo tanto, esperan que en próximos días sean reinstalados o iniciarán el proceso legal.
*Habitantes del polo turístico pidieron la intervención de la empresa Aguakan, pero no han obtenido respuesta, mientras en el predio donde se realizan las obras del Tramo 5 se puede apreciar una laguna por los millones de litros desperdiciados
Playa del Carmen.- La ruptura de una tubería dejó sin agua a varias colonia de Playa del Carmen, luego que empleados del Tren Maya realizaran trabajos, que dejaron la perforación del ducto, ocasionando que sobre la avenida Benito Juárez se creara una laguna por los millones de litros desperdiciados, los cuales, hasta el momento continúan inundando la zona.
Tras reportarse este hecho, habitantes de la colonia Centro, una de las más afectadas por este hecho, se reunieron para pedir la presencia de la empresa Aguakan, la cual presta el servicio de agua potable en la ciudad; no obstante, pese a las quejas en redes sociales, no se han presentado en el sitio, permitiendo que el líquido se siga desperdiciando.
De igual forma, los afectados pidieron la intervención del ayuntamiento de Solidaridad, encabezado por Roxana Lili, pero al igual que Aguakan, no han arreglado el incidente, ni tampoco ha acudido a la zona, que forma parte del Tramo 5 del Tren Maya.
Por su parte, restauranteros, vendedores y empresarios de los diversos sectores, han mostrado su preocupación debido a que el agua potable no llega a sus negocios, por lo que en cualquier momento no contarán con el servicio.
Vecinos mencionaron que en caso de que el agua, que es proveída por pozos de captación, localizados en tierras ejidales, tendrán que acudir a la zona con cubetas para poder abastecerse, pues desde las 11:00 horas, momento en que se reportó este hecho, no cuentan con el servicio y por ello no pueden realizar sus actividades cotidianas.
La tolvanera que levantaban se podía ver desde lejos. Como esas trombas donde el viento se persigue a sí mismo e, incapaz de lograrlo, arrasa con lo que encuentra, lo alza a las nubes y lo arroja de nuevo al suelo.
“Sólo que se tratara del triple T, el terror que hizo parecer las luchas de la WWE como si fueran pactadas de antemano (¡oh! ¿lo son? No les digo, si ya no hay valores, oiga), el… ¡Comando Palomitas!” (para quien no conozca al Comando Palomitas, está formado por la Verónica, la Cintia y el Chuy, ahora de 7 años; el amado Amado y el Chinto ahora de 12 años).
Y tal cual, como respondiendo a un conjuro diabólico…
La primera que apareció fue la Verónica quien, después de escudriñar la champa entera con un vistazo en modo panorámico que olvídate del IOs 77.7, avisó a los demás “no hay galletas”. Así que, ya desanimados y perdido el impulso inicial, fueron entrando el Chinto, la Cintia, el Chuy y el amado Amado. Los seguía su escolta, formada por los perritos que pueblan las posiciones zapatistas. Ah, y varios gatos, gato naranja incluido.
El incómodo silencio producido por la carencia de galletas fue roto por el amado Amado quien, mintiendo, dijo: “No importan las galletas, cuéntanos un cuento”.
Sin esperar a que yo accediera, el Comando Palomitas fue tomando posiciones estratégicas en la champa, con una táctica digna del mejor comando terrorista o antiterrorista -es lo mismo-.
Acorralado y viéndome superado en número y capacidad de fuego (bueno, en realidad era capacidad de agua, la Verónica y la Cintia portaban las pistolas de juguete que, en mala hora, les di hace tiempo), no tuve más opciones. Así que inicié con…
La historia del lugar que tiene todos los lugares
Fue antes de que los dioses más primeros, los que nacieron el mundo, aparecieran. Lo cuenta Ixmucané, quien ya estaba cuando nadie estaba. Cuenta que había, hace muchos tiempos, un lugar donde estaban todos los lugares. Todo en el mismo lugar y al mismo tiempo. Y en ese lugar de todos los lugares, todo era y, al mismo tiempo no era. O sea que el lugar era todos los lugares, pero no cada lugar individual. Cada lugar tenía su modo, era diferente, distinto, muy otro. Pero al mismo tiempo era parte de todo el lugar.
Todo era terrible y maravilloso. Cada parte era el todo y era en sí misma sin perder su individualidad y su colectividad. Y se echó a perder por su culpa de los dioses más primeros, los que nacieron el mundo, porque, machitos al fin y al cabo, empezaron a pelear por quién más y quién mejor.
De ahí nacieron las Olimpiadas, los patrocinios y los anuncios de apología del crimen de Nike – que podrían ser el lema de un Cártel, una organización terrorista o un Estado ídem, o diseñados por el jefe de campaña del Trump-. Porque para esos anuncios se necesitan dos cosas: un criminal que los diseñe y un grupo de víctimas que diga “¡Qué buenos anuncios!”
La mirada colectiva de reproche del triple T Comando Palomitas me llamaron a la cordura. Así que entendí que me estaba desviando del tema. Di una bocanada a la pipa rota y retomé el relato:
“O sea que las partes no competían quién más o quién mejor. Pero los dioses varones más primeros, los que nacieron el mundo, eran hombres pues. Así que empezaron a competir. Y cada uno agarró, como quien dice, su parte. Y le empezó a dar para que fuera más y mejor que las otras. Y empezaron las malhabladas y las malmiradas. “Ya viste que esa parte de allá es, no sé, como muy oscura y muy doble”, maldecían unas. “Y esa otra tan pálida y flaca que parece que no tomó su pozol”, murmuraban otras. “Y eso de más allá, de plano no se sabe qué es”, coincidían más. Y no terminó ahí, las más fuertes atacaron a las más débiles. Y entonces hubo quien tenía más y quien tenía menos. Y se olvidó que las que tenían más, era porque les quitaron a otras”.
El asunto es que empezaron a dividirse y a pelear entre sí, ante la desesperación de Ixmucané, quien hacía lo posible porque cesaran las peleas.
Fue inútil.
Así que los hombres y mujeres y otroas que crearon los más primeros dioses, los que nacieron el mundo, salieron con esa falla. O sea que quieren competir para ver quién más y mejor.
Pero la Ixmucané algo rescató, y sembró en todos los seres vivos el recuerdo de ese lugar con todos los lugares. Pero no alcanzó a sembrar bien la semilla y quedó enterrada muy profundo en el alma de cada ser vivo.
Por eso, al nacer las crías lo hacen con el recuerdo de ese lugar con todos los lugares. Por eso es el primer llanto, el más doloroso, el que provoca la ausencia. Y es cuando van creciendo que se les va olvidando esa maravilla, sepultada por los años y los golpes y caídas que llaman vida.
Y así fue como nacieron las redes sociales. Tan tan.”
El Chuy interrumpe: “Oí Capitán Sup, ¿a poco había celulares en ese tiempo?”
“Es un cuento, sonso”, le aclara la Verónica con un zape.
El Chuy le reenvió el zape a la Cintia. La Verónica, en lo que llaman sororidad, se lanzó en defensa de la Cintia. El amado Amado y el Chinto trataban de detener la trifulca, pero la Verónica ya estaba en modo “tzotz” (ataque 100, daño 100, consecuencias 0) y le mordía el tobillo al Chuy. La Cintia quiso demostrar su valía y también mordió, pero el brazo del Chinto (ataque 100, daño -1). El amado Amado quiso apartar a la Verónica y le tocó una patada del Chuy, que estaba en modo “demonio de Tasmania” (ataque 100, daño 100 pero, repartido entre los presentes, 20 -porque él mismo se dio un puntapié-).
La escolta de canes y felinos contemplaba la escena con mirada de reprobación, como diciendo “Hasta parecen perros y gatos”.
Se desató así el caos. Y en ese momento terrible y maravilloso, todas las peleas infantiles convergieron en un instante. Todas las peleas eran una sola pelea y, simultáneamente, eran cada pelea particular. Hagan de cuenta que una tromba nace en un espacio de 3 por 4 metros con techo de lámina y paredes mitad de block y mitad de tablas.
Pero en eso, algo sucedió: en la puerta de la champa apareció un enlace y declaró: “Pregunta el SubMoy si alguien va a querer paletas de helado porque está un tiendero móvil en el Puy”.
Salió en tropel el Comando Palomitas, montó con habilidad sus respectivas bicicletas, y se dirigió al Puy. Detrás salió la escolta canina-gatuna. Todos se fueron.
Bueno, no todos. Sentado y mirándome con complicidad, estaba el Tragón. Entonces, pues, saqué las galletas prohibidas.
Mientras, departía yo con el Tragón, intercambiando galletas y reflexiones sobre el Aleph borgiano de esta manera:
“Antes de nacer conocemos el Aleph borgiano. Desde la primera bocanada de ese aire enrarecido que llamamos “vida”, empezamos a olvidar. El aferrarse a la niñez es porque se intuye que algo terrible y maravilloso la antecedió. El olvido metódico del vértigo de muchos mundos conviviendo en uno solo, es el origen de la intolerancia, el racismo, el desprecio… y las redes sociales.
Ergo: cuidad a la niñez, es lo más cercano que estaréis del Aleph. Y cuidad de la vejez porque es lo más cercano que estaréis de la comprensión de la inutilidad de ese olvido llamado vida. Su aparente distracción, sus olvidos, no son sino la intuición de un recuerdo de antes de la memoria. El Aleph Maya es la confirmación de la más implacable sentencia: como individuos aislados somos del todo prescindibles, pero como parte del todo somos necesarios.”
El Tragón abandonó el debate cuando se acabaron las galletas y se fue a perseguir un carrito de paletas y helados.
Lo dicho: soy un incomprendido.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
El Capitán.
Agosto del 2024.
P.D.- ¡Ah!, son tan previsibles. Bastaron unas líneas en una posdata para ponerlos histéricos. Hasta en eso son iguales. Y eso que apenas estamos “recomenzando”. Por lo pronto, con su reacción “jalaron” muchas miradas hacia acá. Lástima que ya van de salida, les vamos a extrañar.
Anuncio de la marca “NIKE” (de artículos deportivos), trasmitido en la televisión nacional durante las olimpiadas de 2024, en los horarios de los noticieros “estelares” -con subtítulos en español-. “Creo que soy mejor que el resto. Quiero lo que es tuyo y no devolvértelo. Lo mío es mío y lo tuyo también es mío.” Qué tal, ¿eh? Todo un programa de gobierno, ¿no? Eso o la columna vertebral del “Proyecto 2025” de la Heritage Foundation en USA.
Están en contra de que dicho instituto le compre esas tierras a los ejidatarios, más bien exigen un pago por los 40 años de ocupación del territorio a toda la comunidad y que ésta se encargue de administrar la zona arqueológica.
Mérida, Yucatán, 23 de agosto de 2024.- Habitantes de la comisaría maya de Telchaquillo, perteneciente al municipio de Tecoh, manifestaron que están en contra de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) expropie y se quede con los terrenos de la zona arqueológica de Mayapán, pues no consideran justo que los ejidatarios vendan esas tierras sin considerar que también pertenecen al resto de la población. Por tal razón, exigen que la comunidad se encargue de ahora en adelante de la administración de este sitio prehispánico.
Advirtieron que el próximo domingo 25 de agosto se realizará una reunión entre las autoridades del INAH y los ejidatarios, quienes tienen bloqueado ese lugar desde hace meses. En la reunión abordarán cuál será el destino de las tierras en donde se encuentra esa zona arqueológica, pero excluyendo de los acuerdos al resto de las y los pobladores.
El grupo de defensa del territorio de Telchaquillo externó que se opone al intento de expropiar esos terrenos, pues muchas personas se quedarían sin ese patrimonio.
En ese sentido, plantearon otras propuestas, como que el INAH pague lo correspondientes a 40 años de ocupación del territorio a toda la población, no solo a los ejidatarios, y que todo lo relacionado con la administración del sitio esté a cargo de la comunidad.
“Mayapán, más allá de un sitio turístico, es parte de nuestra cultura, de nuestra historia, herencia y patrimonio, está vinculado estrechamente a nuestra forma de pensar y de relacionarnos con nuestro territorio, al igual que el cenote, el monte y otros elementos que nos dan identidad como pueblo maya. Por tal razón, hemos decidido llevar a cabo el proceso para recuperar lo correspondiente a los 40 años de ocupación de nuestro territorio y concretar un acuerdo con el INAH”, señalaron.
Las y los pobladores dijeron que durante todo este tiempo, dicha dependencia ha ocupado esa zona arqueológica sin el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad. Además, nunca ha otorgado beneficios ni información sobre los descubrimientos o sobre el destino de las piezas que han extraído de ahí.
Sobre el pago por ocupación, exigen que se realice un acuerdo por escrito que describa el monto y la información detallada de cómo se calculó dicha cantidad. Eso sí, recalcaron que por ningún motivo se entenderá que ese acuerdo significa la venta de las tierras de la zona arqueológica. “La comunidad es propietaria de las tierras y lo seguirá siendo”, exclamaron.
Explicaron que la comunidad, en asamblea general, decidirá el destino de esos recursos recibidos y que la entrega de fondos no estará condicionada a decisiones del INAH o la negociación de la propiedad de la tierra.
De igual manera indicaron que están a favor de la reapertura del sitio prehispánico, el cual está tomado por los ejidatarios, pero bajo un acuerdo que establezca que tanto las áreas de estacionamiento, el cobro de entradas, la vigilancia, los guías y todo lo relacionado con la administración del sitio estará a cargo de la comunidad de Telchaquillo a través de los comités que conformen para este fin.
“En el mismo acuerdo quedará asentado que todo lo relacionado con excavación, restauración, medidas de protección, cuidado, mantenimiento de las estructuras, de los monumentos históricos, etcétera, estarán a cargo del INAH, quienes deberán rendir informes a la comunidad de las actividades que desarrollen en la zona arqueológica”, abundaron.
Asimismo, piden que en las contrataciones de personal de apoyo para las excavaciones, restauración, mantenimiento de las estructuras y monumentos históricos de Mayapán, los habitantes de Telchaquillo tengan derecho de preferencia.
“La comunidad de Telchaquillo tenemos plena conciencia de la importancia que tiene este sitio como patrimonio cultural, estamos conscientes de que es importante que todos los mexicanos la conozcan como parte de la historia de nuestro país, pero esto no tiene que ser a costa de nuestros derechos como comunidad maya. Por ello consideramos que este nuevo acuerdo será de beneficio para la comunidad y para el país”, enfatizaron.
Por último, dijeron que no van a poner en riesgo el patrimonio de sus hijas e hijos, ni el futuro de la comunidad, por lo que la mejor manera para mantenerlo es que el sitio prehispánico se encuentre bajo administración comunitaria.
Dos personas fallecieron y otra resultó gravemente herida, mientras laboraban en las instalaciones de la empresa avícola Bachoco, ubicada en la carretera Mérida-Umán.
Según datos obtenidos, los ahora difuntos hacían labores de limpieza en la fosa de desperdicios de la planta, pero sin portar los implementos necesarios de seguridad para cumplir con esa actividad.
Las víctimas fueron identificadas como Juan, de 29 años de edad, originario del municipio de Hunucmá, y Pedro Chalé, vecino del fraccionamiento Acim en Umán.
De acuerdo con algunos testimonios, uno de los trabajadores se desmayó a consecuencia de la inhalación de gases tóxicos. Su compañero, al intentar rescatarlo, también se arriesgó a las condiciones peligrosas. Un tercer empleado, que intentó ayudar, resultó atrapado, pero fue rescatado por los Bomberos y está en estado grave.
La SSP y FGE Yucatán realizó un operativo en la planta de Bachoco / Especial
Equipos de emergencia acudieron al sitio para tomar cartas en el asunto y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Se habló de que los uniformados tuvieron dificultades para que cumplieran con su labor, porque en primera instancia se les negó la entrada a las instalaciones de la empresa, especialmente de los oficiales de la Policía Estatal Investigadora (PEI).
Esa reticencia del personal de la empresa generó tensiones, ya que se esperaba la colaboración total para agilizar el rescate. Los Bomberos lograron rescatar el cuerpo de uno de los empleados, pero el segundo tardó un poco recuperarlo
Los uniformados delimitaron el inmueble para que se llevaran a cabo las maniobras de rescate de los cuerpos y las diligencias para esclarecer las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos. Las labores en la planta se interrumpieron y el acceso a cualquier vehículo o persona estuvo restringida.
Pronunciamiento familiar
Luego de enterarse del deceso, familiares de Juan invitaron a representantes de comunicación a su domicilio de la calle 37 entre 32 y 34 del Centro de esa ciudad. Los padres dijeron que llevaba cinco años de laborar en la empresa y que lo pusieron a limpiar caños del sumidero, cunado esa no es su labor.
Pidieron que se dé a conocer su situación económica, con la esperanza de que algún abogado los asista para atender este caso. “Somos personas de escasos recursos y no sabemos qué hacer para exigir los derechos que corresponden. Esperamos que por estos medios de comunicación alguna persona de buenos sentimientos nos asista ante las autoridades correspondientes”, manifestaron.
Bachoco no ha informado sobre el accidente en la planta de la Mérida-Umán / Especial
A su vez, el hermano del ahora fallecido declaró que ayer a las 5:00 horas, Juan salió de la casa rumbo a su trabajo, como de costumbre, pero al mediodía les avisaron de su fallecimiento. Sin embargo, ningún representante de la empresa avícola les ha informado cómo resolver el asunto.
“Somos gente de trabajo y mi hermano siempre fue muy atento a las órdenes de sus superiores en la granja y, de hecho, hasta donde sé, a él no le correspondía limpiar los caños. Pero si algún jefe se lo ordenaba obedecía sin replicar, como seguramente ocurrió. Ahora estamos acá en la casa sin saber qué hacer; necesitamos ayuda y asesoría adecuada para pedir justicia por la tragedia”, puntualizó.
En portada: Habitantes de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo registran actividades ilegales en dos bancos de materiales dentro de tierras de uso común. En la imagen, elementos de la Guardia Nacional atestiguan la reanudación de operaciones del sitio “El Barrancón”, sin intervenir. Esto ocurrió el 8 de agosto del 2024, una semana antes de la inspección frustrada de Propaeo.
Aldo Santiago / Avispa Midia
En el marco de las obras ejecutadas en el estado de Oaxaca para rehabilitar la Línea K, uno de los tres tramos que integran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), habitantes de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, por donde atraviesan las vías férreas, han señalado la operación irregular, en dos sitios dentro de sus tierras comunales, cuyo objetivo es extraer materiales pétreos para la construcción del megaproyecto.
Aunque miembros de la comunidad zapoteca presentaron denuncias, desde octubre del 2023, ante autoridades ambientales de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo), no fue hasta marzo del 2024 cuando, por medio de la demanda de amparo 54/2024 interpuesta por habitantes de la comunidad zapoteca, un juez de distrito resolvió suspender la operación del banco denominado “El Barrancón” debido a que no se acreditó vigencia en su permiso de impacto ambiental.
Acorde a las visitas de vigilancia realizadas por habitantes de Unión Hidalgo tras la resolución, para el mes de abril las obras en el banco de materiales cesaron. Sin embargo, en registros recientes, durante los primeros días de agosto, pobladores atestiguaron la reanudación de las labores de extracción en dicho sitio.
Según testimonios de la comunidad zapoteca, ante las recientes denuncias públicas de la población, debido a la reanudación del saqueo y explotación de materiales pétreos, fue que la Propaeo envió a dos inspectores para verificar el sitio.
Así, el pasado jueves (15), funcionarios adscritos a la Propaeo visitaron la comunidad de Unión Hidalgo para realizar una inspección cuyo objetivo, establecido en el expediente PROPAEO/CPA/DQDA/0109/2023, tendría que verificar si Gustavo Manzo Denes, quien se ostenta como propietario del lugar, cuenta con la autorización vigente en materia de impacto ambiental para llevar a cabo la extracción de materiales.
Los inspectores, quienes cuentan con facultades para clausurar el sitio en caso de encontrar daños al ambiente, arribaron al lugar denominado “El Barrancón” acompañados de habitantes de la comunidad zapoteca, quienes atestiguaron en ese momento la presencia de maquinaria pesada para la extracción de materiales.
Testigos de los hechos aseguran que en el lugar se apersonó el dueño del predio, junto a personas armadas, quienes amedrentaron a los presentes impidiendo con ello la labor de las autoridades ambientales. Ante el incremento en las agresiones, e incluso amenazas de muerte proferidas, los funcionarios interrumpieron la inspección y huyeron del lugar.
Debido a la violencia de integrantes del crimen organizado, quienes retuvieron a una persona de la comunidad en el lugar de los hechos, amenazando con quemarla, fue que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. La institución integró la carpeta de investigación 25329/FIST/JUCHITAN/2024 contra Gustavo Manzo Denes – quien de acuerdo al expediente 0174/2018 de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del Estado de Oaxaca se reconoce como propietario del banco -, y otros que resulten responsables por las agresiones.
Según cálculos de los habitantes de Unión Hidalgo, hubo la extracción diaria de 200 metros cúbicos de materiales procedentes de “El Barrancón”. Aunado a ello, destacan la irregularidad en la supuesta propiedad del banco de materiales, pues argumentan que existe una resolución presidencial de 1964 para reconocer y titular 68,11254 hectáreas como bienes comunales de Juchitán y sus anexos -al cual pertenece la comunidad de Unión Hidalgo-, un territorio donde no puede existir propiedad privada.
Sin embargo, señalan que, pese a haber informado de esta situación a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quien coordina las obras del CIIT, los militares firmaron un contrato para la extracción de los materiales mediante un particular. “El problema es que el particular compró protección del crimen organizado”, sostienen testigos de los hechos.
Acorde a los testimonios, pese a las llamadas de auxilio que los presentes emitieron, ningún cuerpo de seguridad se hizo presente. Al contrario, testigos sostienen que elementos de la Guardia Nacional, quienes se ubican a menos de una hora de distancia, mantienen comunicación cercana con los miembros del crimen organizado involucrados en la extracción de materiales en los dos sitios donde operan.
Funcionarios de la Propaeo, contactados por este reportaje, se rehusaron a compartir información sobre los hechos registrados durante la visita de inspección realizada el pasado 15 de agosto.
Reclamos
Para exigir el cumplimiento de la suspensión en la extracción de materiales pétreos, durante agosto, habitantes de Unión Hidalgo presentaron ante el Poder Judicial Federal un Incidente de incumplimiento a la suspensión -un recurso legal en el que incluyeron evidencias de la operación ilegal de actividades extractivas en dos bancos de materiales ubicados en tierras comunales zapotecas.
En el documento, consultado por este reportaje, señalan como responsable a la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste S.A. de C.V. (GFS) quien, en colaboración con Semar y el CIIT, realiza las labores para rehabilitar las vías férreas. En total, éstas atravesarán 472 kilómetros desde el Istmo de Tehuantepec rumbo a Ciudad Hidalgo, en Chiapas, donde de acuerdo al Quinto Informe del Gobierno de Rutlio Escandón, se ubicará el primer Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) en Chiapas -el onceavo del CIIT-, con una superficie de 523 hectáreas.
La empresa GFS también es señalada por el ecocidio producto de la tala de más de 11 mil árboles nativos, entre ellos, especies protegidas por la NOM 59 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Además de las extracciones en “El Barrancón”, se registra también el caso del banco de materiales ubicado en la Loma del Estero Guié, también dentro de tierras comunales en los límites de los municipios de Juchitán y de Unión Hidalgo, Oaxaca.
Acorde al recurso de incidente, presentado ante el Poder Judicial, en el Registro Agrario Nacional no existe ningúna inscripción de acta de asamblea que destinara a la Loma del Estero Guié para asentamiento humano o para parcelar, por lo que ésta se considera como tierra de uso común.
En dicho sitio, el pasado 15 de junio habitantes detectaron la extracción de material pétreo con la operación de cuatro máquinas pesadas y haciendo uso diario de convoys integrados por hasta 50 transportes de carga.
En el lugar, también se registró el uso de explosivos, según argumentan las pruebas incluidas en el recurso legal. “Al extraer, diariamente y durante un periodo prolongado, grandes rocas en convoys de volteos de gran capacidad, empleando dinamita indiscriminadamente, se está despojando a la comunidad de la propiedad, posesión y disfrute de la Loma del Estero Guié. Y se está causando un daño de imposible reparación”, refiere el documento presentado ante el Poder Judicial Federal.
Según pobladores, otra demanda de amparo, con expediente 126/2024-IV-B promovida en marzo de este año 2024 por las comunidadades agrarias de Unión Hidalgo y Chicapa de Castro, ya había frenado la operación del banco ubicado en la Loma del Estero Guié. Esto debido a que las comunidades obtuvieron una resolución en abril para que las autoridades responsables se abstuvieran de ejecutar actos que tengan por objeto privarla total o parcialmente de las comunidades agrarias zapotecas.
Sin embargo, después de mes y medio sin registrar extracciones, el banco de materiales en el Estero Guié volvió a operar de manera irregular. Habitantes de Unión Hidalgo refieren que, tal como sucede con “El Barrancón”, la Semar reconoce a un particular como propietario del sitio, a pesar de ser tierras comunales, con lo que facilitó un contrato para la extracción de material pétreo.
Habitantes de Unión Hidalgo denuncian que, el gobierno, en su afán por avanzar en las obras del CIIT, está comprando materiales robados procedentes de dos sitios dentro de sus tierras comunales. “Se están robando el material de esos bancos y el gobierno federal los está comprando para utilizarlos en la Línea K”, comparten testigos para Avispa Mídia.
Acorde a los testimonios, los materiales extraídos del banco “El Barrancón” están siendo utilizados para los trabajos de rehabilitación de la Línea K, específicamente, para las labores comprendidas entre los kilómetros 47 al 52, donde se emplean para crear el espacio que une los terraplenes con los puentes por donde recorrerá el tren con destino hacia la frontera con Guatemala.
*La identidad de todos los entrevistados se resguarda por cuestiones de seguridad.
COZUMEL, MX.- Un trabajador, que fue contratado por la empresa IMPA para la construcción de un Seven Eleven en Cozumel, denunció que fue abandonado en el hospital, luego que se fracturara los pies en un accidente de trabajo.
En entrevista, el trabajador de nombre Isaías Sánchez Magaña, detalló que se cayó de una altura de cuatro metros, el pasado martes, en la obra ubicada a la altura del hotel Palace de la isla.
De acuerdo con la víctima de este accidente, el ingeniero de la obra solicitó a paramédicos que lo llevaran a una clínica particular, pero la empresa no se hizo cargo de los gastos médicos y mediante engaños lo llevaron al Hospital del Bienestar.
Don Isaías Sánchez comentó que los médicos le informaron que requiere una cirugía urgente, por lo que ha solicitado desde el martes pasado que la constructora se haga responsable y lo afilien al Seguro Social; servicio con el que no cuenta.
Además, indicó que la empresa le adeuda más de 35 mil pesos de trabajos que ha realizado en la obra y ahora que necesita el dinero no encuentra respuesta por parte del personal administrativo a cargo.
Señaló que tiene conocimiento que todos los trabajadores de la obra fueron despedidos, después del accidente, para que la empresa no tenga problemas con el IMSS.
Consideró que la empresa tendrá que despedir a todos los trabajadores de las otras obras que realiza IMPA en la isla, porque tampoco tienen Seguro Social, ni equipo adecuado para laborar con seguridad.
Finalmente, el trabajador dijo que espera que las autoridades de Protección Civil acudan al lugar y verifiquen las condiciones en que se encuentra la obra, con el fin de aplicarles las multas correspondientes y obligar a la empresa a pagar sus gastos médicos. (Agencia SIM)
No están ustedes para saberlo, ni yo para dárselos a conocer, pero he triunfado en la ardua y vertiginosa carrera tecnológica.
Después de 6 meses 6 de agotadora investigación, estudios y prácticas desgastantes, solo, sin más ayuda que 453 videos tutoriales, pude hacer una captura de pantalla. Lo sé, parece increíble. Pero no crean que me conformé, ahora me propongo encontrar dónde rayos quedó guardada la captura de pantalla. Luego averiguar para que sirve una captura de pantalla. ¿Después? … ¡el mundo!
Bueno, de ahí que, animado por este gran logro, me dediqué a incursionar en el mundo de las aplicaciones digitales (que los veteranos llamamos “apps”), y así surgió la idea que ahora les refiero:
Se trata de una idea para el tránsito tan cacareado hacia un capitalismo humano (o a “limarle las puntas al neoliberalismo” -según la 4T-): Una nueva aplicación digital que se llamaría “OnlyHaters”. En ella usted, dama, caballero, otroa, podría insultar a placer al villano o villana de su preferencia a cambio de un precio razonable. Claro, habría cuenta premium donde el receptor se compromete a leer su mensaje o ver su video (si tiene usted más recursos). ¿Se imaginan? Casi cualquier personaje de la política y del capital se haría millonario.
El futuro secretario de educación, en México, ya no tendría que vender candidaturas al cártel más cercano a su corazón. El Supremo se retiraría con su sustento asegurado y le alcanzaría para crear su propio podcast mañanero (que es lo único que hizo en casi 6 años). Trump no tendría que recurrir al fraude fiscal para financiar su campaña y sus empresas. Biden-Harris no tendrían que hacer ofertas de temporada a las grandes corporaciones para la guerra de conquista en Palestina. Le Pen y Macron no tendrían que esconder su afinidad ideológica. El PSOE y el PP podrían al fin salir del closet y abrazarse en público. Milei no tendría que ponerse histérico cada vez que dice algo ni poner cara de estreñimiento agudo. Lula, Petro y Boric podrían pagar su suscripción a los canales de tv del imperio Murdoch (Fox) sin necesidad de convertirse en sus voceros (y, por favor, que alguien les diga que ésos a quienes quieren agradar serán los mismos que mañana los lapidarán en lo mediático). Netanyahu no tendría que cometer crímenes de guerra para sostenerse en el gobierno. Zelenski encontraría un cauce honorable para su capacidad histriónica. Putin podría dedicarse a montar osos.
Y claro, yo, el Capitán, no tendría que atender mi taller de bicicletas eléctricas (que se llama, por supuesto, “Mi Abuelita en Bicicleta”) para poder adquirir las obras completas de Arturo y Carlota Pérez-Reverte, Javier Marías y Arthur Conan Doyle (antes de que empiecen con sus juicios, sentencias y condenas de corrección política, “sensibilidad de género” y lo que esté de moda, permítanme avisarles que me cago en sus tribunales, los morales y los otros).
No sé, piénsenlo. Así ya no se explotaría la fuerza de trabajo humana, sólo los sentimientos de rechazo, odio, intolerancia, racismo, homofobia, misoginia, fanatismo, etc. Lo más ruin de la especie humana sería fuente de riqueza.
Oh, olvídenlo: para eso ya existen las redes sociales.
Nah, también hay videos de gatitos y perritos (¡aww!)
En fin, como le responde Don Francisco de Quevedo a un otro Capitán, veterano de los Tercios de Flandes: “No queda sino batirnos, pese a todo. Contra la ignorancia, la estupidez, la maldad, la superstición y la envidia”. Ya después el autor agregará: “la apatía, la incultura, la insolidaridad, la corrupción”.
Vale. Salud y “Omitir las verdades no es otra cosa que una variedad refinada de la mentira” (Almudena Grandes. Madrid, Estado Español).
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
El Capitán.
Mirando el barco sobre la mar y a caballo en la montaña.
México, agosto del 2024.
P.D.- Si alguien, allá afuera, decide capitalizar esta genial idea, triunfar así en el rudo mundo de la era digital, tener un sitio exclusivo en Silicon Valley, codearse con los Arnault, Bezos, Musk, Zuckerberg, Gates, y ser convocado por el Preciso para que opine sobre asuntos que deberían ser de Estado, no olvide “mocharse” con un tanto de paga. Necesitamos equipar varias salas de quirófano. Están los “mete cuchillo” fraternales puestos, están los candidatos a cirugía, están los lugares para construirlos, están las jóvenas y jóvenes dispuestos a aprender. Ya sólo faltan los equipos. Y la capacitación para su uso y cuidado, claro.
Ah, la adrenalina del Poder. Es como con la paga: no importa cuánto tengan, siempre quieren más. Embriaga y crea adicción. Claro, luego viene la resaca… cuando llega.
En el largo y complicado viaje del gobernante, cualquiera que sea, lo que importa es el destino. Y, contra lo que se pueda pensar, el destino no es llegar a algún sitio. No, el destino es pasar a la historia como el brillante e histórico conductor que es el Supremo.
Todas las mañanas, enciende el limpiaparabrisas del vehículo que algunos llaman todavía “Nación”. Aparta así la multitud de insectos y suciedad que se ha adherido al cristal. Que nada opaque o deforme su visión del camino, ni las letras doradas que habrán de enaltecer la historia patria o, mejor aún, la mundial.
Que los insectos sean cadáveres y ausencias, no importa. Que la suciedad sea sangre y las rocas que arroja la realidad, tampoco. Que nada detenga su avance.
Y cuando su turno al volante termina, ¿qué queda?
Porque a nadie parece importarle a dónde conduce esa carretera y, sobre todo, quién es el dueño del vehículo. Porque ¿no es él quien decide a dónde, con quién, a qué velocidad y con cuáles pasajeros se hace ese viaje?
Ah, pero siempre habrá peatones de la historia.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
El Capitán.
Agosto del 2024.
P.D. DE BALANCE:
1- No olvidar que Chalco, hace más de 30 años, era la joya emblemática de Carlos Salinas de Gortari y de su programa “Solidaridad”, antecedente intelectual y práctico de los programas de “Bienestar”. Con lo que ahora se padece en ese lugar, ¿dónde está Salinas de Gortari para dar cuentas? Los súbditos de hoy, ¿estarán para dar cuentas en las previsibles catástrofes en las que desembocarán sus megaproyectos del “Bienestar”?
2.- Los opositores conservadores fueron “adversarios”. ¿Y quienes se rebelan y resisten al sistema? Ah, ésos sí eran (y son) enemigos. Merecían y merecen la muerte, el desprestigio y el olvido. O todo junto. Por eso el olvido, la impunidad y la ignorancia frente al asesinato del hermano Samir Flores Soberanes y todos los guardianes de la Tierra asesinados, desaparecidos y encarcelados en la llamada “revolución de las conciencias”.
3.- No importa el nombre, es lo mismo. Basta una mirada serena para entenderlo. Claro, eso si se quiere entender y no sólo confirmar fobias y filias personales (gratuitas o pagadas).
4.- En el oficialismo no todos son iguales, es cierto. Los hay criminales impunes, que ya lo eran en el PRI, el PAN, el PRD, el PT y el PVEM antes de brincar al oficialismo; o como el futuro encargado de Educación Pública. Y los hay quienes son simplemente estúpidos, como el paradójico Marx Arriaga.
5.- El error que se cometió antes del “beneficio de la duda”, se repite. Quienes nos criticaron por no apoyar y criticar el cambio de piel de la víbora, fueron los más ferozmente atacados por su defendido. Ahora lo vuelven a hacer, amparándose en que “es mujer”. Hombre, mujer, otroa, no importa. Allá arriba está el problema, no la solución. Si no miran hacia abajo, seguirán tropezando con la misma piedra. Y eso ya sería patológico. El oficialismo no busca apoyo, sino complicidad.
6.- Tuvo el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz; el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría Álvarez, la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo, la ignorancia enciclopédica de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón, y la frívola superficialidad de Enrique Peña Nieto. ¿Quién es? Ah, y la corte de aduladores de todos ellos. Cambian los presidentes, cambian las nóminas. Lo del autoelogio y lo chillón, sí es parte del “estilo personal de gobernar”.
P.D. DE DESBALANCE. –
1.- La estrategia de la mal llamada oposición de “no a la sobrerrepresentación”, no busca el inexistente, desde hace décadas, equilibrio de poderes. Lo que quieren es elevar el precio de venta de sus decisiones en las cámaras. Lógica de mercado, pues.
2.- La supuesta “defensa” del Poder Judicial no es sino una autodefensa. Los criminales tienden a unirse cuando se ven amenazados. Lo que está en juego no es la autonomía de los jueces, sino quien maneja el negocio de la compraventa de la justicia.
3.- Los autores intelectuales de “la unidad opositora” no explican el fracaso. Los errores los pagan otros, no ellos, así que no hay problema. La derrota de Bertha demuestra que el asunto no es de género ni de columnas de “especialistas”, sino de aparato. Y ése ya se los arrebató el oficialismo hace seis años seis.
4.- Se quejaron, se quejan y se quejarán de lo mismo que practicaron por años: la mentira, la calumnia, el insulto, el ninguneo, el escupitajo mediático, el “no presentar pruebas de lo dicho”, el abuso de Poder en medios, el tribunal mañanero. Y de una plataforma informativa ridícula, como la que han construido en décadas. Chillones, pues. En plural.
5.- En serio pensaron que personajes como Alito, los Chuchos y como se llame el presidente del Acción Nacional, ¿serían una opción elegible? ¿Qué las bobadas de Bertha “jalarían” al electorado joven?
6.- No supieron presentarse como opción de “centro” (no sólo porque eso no existe, pero eso es otro tema), y tampoco como opción de derecha. Pero no se preocupen, eso de la ideología es eso, ideología. Y lo que importa es el negocio. Es decir, la política realista.
Pues eso.
Quedaron cosas pendientes en los megabytes, pero ya será luego. O no será.
Salario mínimo, propinas “rasuradas”, horas extras sin paga y descansos “solidarios”, son una constante en hoteles que cobran más de 16 mil pesos por noche.
En 7 de cada 10 hoteles del norte de Cancún y la Riviera Maya de Quintana Roo, las condiciones laborales son deprimentes: a la mayoría del personal los dan de alta con el salario mínimo, el reparto de las propinas es poco transparente y los obligan a tener “descansos solidarios” una vez por semana.
La información dada a conocer por los propios empleados de estos centros de hospedaje de entre cuatro a cinco estrellas, confirma lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 47% de los empleados del sector turístico ganan entre 18 mil a 20 mil pesos mensuales, pero la mayor parte es a través de las propinas.
Gabriel N, trabajador de un hotel en la Riviera Maya, señaló que a pesar de que el complejo cobra en promedio 16 mil 135 pesos por una noche, a sus meseros, camaristas y cocineros, les paga el sueldo mínimo: apenas 242 pesos al día.
“La mayoría nos quedamos por las propinas, que llegan a representar entre 7 mil a 13 mil pesos mensuales. Pero en este tema también tenemos problemas: lo recaudado en el día pasa primero por las manos de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), entonces no sabemos cuánto ingresó realmente”, explica.
Añade que es un secreto a voces que el sindicato se queda con una parte de las propinas.
Luego está el problema del horario laboral: ingresan a las siete de la mañana y legalmente concluyen a las 5 de la tarde. Pero por cuestiones de inventario, reuniones, tareas de mantenimiento y capacitación, deben quedarse la mayoría de las veces hasta las 8 de la noche, sin que les paguen horas extra.
También está el hecho de que a la semana les obligan a tomar un día de descanso adicional sin paga, por lo que a la quincena no les depositan lo de 15 días de trabajo, sino 13.
Ambas cuestiones también han sido documentadas por el INEGI, destacando que el del sector turístico es uno de los empleos más demandantes y peor pagados.
“Aunque nos dicen que con las propinas ganamos 20 mil al mes y que es mucho, tomen en cuenta que por la gentrificación, hoy las renta más barata te sale entre 7 mil a 10 mil pesos mensuales, casi la mitad del sueldo. Entre la despensa y el transporte ya casi no te queda nada. Y como ganamos el sueldo mínimo, difícilmente nos dan un monto suficiente para adquirir una casa propia a través de un crédito hipotecario”,
relata Gabriel.
Según los números del Inegi, en Quintana Roo más de 200 mil personas laboran en el sector alimentos y alojamiento temporal.
Sin embargo, ante el IMSS el sector hotelero únicamente tiene alrededor de 160 mil personas, de los cuales, alrededor de 37 mil ganan de uno a máximo tres salarios mínimos.
Los trabajadores de las empresas Eura e ISVA, contratadas para las obras del Tren Maya se manifiestan a causa de la falta de pago.
Los trabajadores acusaron que llevan varios días sin recibir su sueldo. Mediante un bloqueo carretero en el tramo de Huay-Pix buscan ser escuchados, esperando que al tomar esta medida sean escuchados por las empresas ya mencionadas y les otorguen los pagos correspondientes.
Las empresas adeudan los sueldos de los empleados / Anahí Chamlati
Si bien los afectados han acudido en diferentes ocasiones a solicitar una respuesta acerca de sus sueldos, han sido ignorados o les dan largas, que sólo se siguen extendiendo; sin embargo, esta situación resulta insostenible para los trabajadores.
Cabe mencionar que se han registrado múltiples protestas previas por el mismo motivo, pues las empresas que están a cargo de los trabajos del Tren Maya han incumplido con el pago a los trabajadores en diversas ocasiones.
Texto: Gonzalo Ortuño / IPS / Foto de portada Pedro Uc / Pie de Página
Por su riqueza natural, la península de Yucatán es vista como potencial generadora de energía solar y eólica en México. Sin embargo, la implementación de la transición energética ha implicado el despojo de tierras a comunidades indígenas, quienes también deben resistir a otros megaproyectos, como el Tren Maya, granjas porcícolas e inmobiliarias
MÉRIDA, YUCATÁN. – “No lo vimos pasar, cuando nos dimos cuenta, ya los teníamos encima”. Así es como Pedro Uc Be, escritor, poeta y defensor maya del territorio, describe la forma en que las comunidades indígenas del estado de Yucatán comenzaron a enfrentarse al establecimiento de los megaproyectos solares y eólicos.
En Yucatán –que junto a Campeche y Quintana Roo integran la península al sureste de México– autoridades nacionales e internacionales detectaron un gran potencial eólico y solar, para transicionar de los combustibles fósiles hacia las energías limpias. Esto implicó la promoción de grandes parques privados para la generación energética.
Sin embargo, asegura Uc Be, este modelo se ha basado en la imposición de megaproyectos mediante el despojo de tierras a comunidades mayas.
Reunión de comunidades mayas de la asamblea Múuch Xíinbal, quienes se han organizado para la defensa del territorio ante megaproyectos en la península de Yucatán. Foto: Múuch Xíinbal
“La experiencia y el dolor de muchas comunidades despojadas de la tierra nos empujó a convocar a una reunión un 13 de enero de 2018, para poner en común nuestra problemática entre muchos ejidos de la península de Yucatán que pasaban por lo mismo, exactamente, el despojo para implementar una cosa que no formaba parte del idioma de la gente, ni en maya ni en español, que se llaman parque eólicos y parque fotovoltaicos”, cuenta el defensor en entrevista.
Esta lucha dio origen a la Asamblea de Defensores del Territorio Múuch Xíinbal, que significa “caminemos juntos” en maya y que agrupa a mujeres y hombres, principalmente ejidatarios (propietarios comunales de la tierra), de la península de Yucatán.
Además de la construcción y operación de megaproyectos de energías renovables, Yucatán ha desarrollado experiencia en la defensa del territorio en otros frentes.
Comunidades del estado han iniciado y aún libran batallas contra la instalación de granjas de cerdos y la operación de cerveceras, así como contra grupos inmobiliarios y el megaproyecto Tren Maya, del gobierno federal, en medio de un ecosistema frágil y sensible a los impactos de estas obras.
Para las comunidades de la asamblea Múuch Xínbal, se trata de una estrategia de despojo del territorio, por lo que los proyectos de transición energética cerca de sus comunidades generan desconfianza.
“Habíamos empezado con el tema del monocultivo de soja transgénica impulsada por Monsanto, con una especie de trampa que ha generado como una estrategia de despojo, luego están las granjas porcícolas que también hacían lo mismo, luego que los parques eólicos y fotovoltaicos, luego que la inmobiliarias, y el tren mal llamado ‘Maya’, entonces, cuando la gente se dio cuenta y vio la situación, finalmente dijimos ‘es que nos están robando la tierra’”, sostiene Uc Be, quien desde 2019 está amenazado de muerte por ejercer la defensa del territorio.
Históricamente, Yucatán ha sido un territorio reservado a lo exterior y tiene como antecedente un conflicto político con un proceso separatista iniciado en 1841, donde el intento de independencia derivó en una guerra y en un levantamiento armado de mayas que resistían la conquista cultural y territorial, y que culminó oficialmente hasta 1901.
La proliferación de proyectos de energías renovables
Aunque desde 1992 se permite a privados la generación y pequeña producción de energía en México, fue en 2013 cuando se aprobó y aplicó una reforma energética que abrió a la iniciativa privada la posibilidad de competir en el mercado mayoritario.
Como parte de estos cambios, México apostó por realizar subastas de energías renovables con el objetivo de atraer inversiones a precios bajos y sin pagar subsidios.
Entre los proyectos que ganaron esas subastas en el país, principalmente en la península de Yucatán, está el “Parque Solar Ticul A y Ticul B”, operado por la empresa Vega Solar 1 y 2, que pretendía instalar más de 1.277.000 paneles solares, así como una subestación eléctrica y una línea de transmisión, en 767 hectáreas de propiedad comunal y selva de tres municipios de Yucatán: Muna, Sacalum y Ticul.
El proyecto representaba afectaciones por la deforestación de 384 hectáreas de selva, alteración del hábitat y del suelo, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada. Autoridades ambientales argumentaron que se trataba de un terreno con afectación previa por otras actividades humanas para descartar la pérdida de biodiversidad, erosión e impactos en la calidad del agua y avalaron su operación.
Sin embargo, habitantes, defensores del territorio y organizaciones denunciaron que las irregularidades vinieron en el ámbito agrario al obtener los terrenos, pues inicialmente la empresa utilizó a un intermediario, quien hizo creer a los ejidatarios que la renta de sus tierras iría a un proyecto de siembra que, de ser exitoso, les daría mayores beneficios.
Habitantes de la comunidad de San José Tipceh, la más afectada por el proyecto, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunciaron irregularidades en las diferentes etapas de negociación con empresas y autoridades, donde se reconoció que el proyecto había sido aprobado y avalado con consulta, pero que no fue libre, previa, informada, y culturalmente adecuada, por lo que se ordenó reponer este procedimiento.
Felipe Romero Bartolo, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), organización que ha acompañado el caso, señala que a nivel comunitario, el megaproyecto está detenido y están en espera de una sentencia definitiva que no solo revoque los permisos otorgados, sino que también el juez que resuelva se pronuncie sobre los derechos de las comunidades y las afectaciones que pueden representar los proyectos en energías renovables.
“Lo ideal es que el juez hiciera un ejercicio de ponderación, porque habrá que ponderar las cuestiones de energías renovables porque son una necesidad y hacia allá hay que transitar, pero por otra parte se tendría que ponderar el cómo, a costa de las comunidades, del territorio, de su patrimonio, de la selva, Será muy interesante que se pudiera entrar a este tema de fondo”, dice el abogado sobre la resolución que podría darse a finales de este año.
La propia Constitución mexicana y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconocen el derecho de los pueblos indígenas a “participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan”, como ser consultados para el uso de los recursos naturales de sus territorios.
Además, como parte de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, los proyectos de energía deben tramitar una Evaluación de Impacto Social (EVIS), para identificar y valorar las consecuencias de los desarrollos, así como medidas de mitigación y planes de gestión social.
Otro caso es el del parque eólico ubicado en el municipio de Dzilam Bravo, uno de los tres proyectos eólicos que actualmente operan en Yucatán. Éste se consideró viable por parte de las autoridades ambientales al estar en un sitio previamente impactado por actividades ganaderas.
Parque eólico en Progreso, Yucatán, uno de los cinco parques de energías renovables que operan en el estado. Foto: Gobierno de Yucatán
Esto, pese a que ambientalistas y organizaciones, como el Cemda, advirtieron los impactos en los habitantes de Dzilam de Bravo por el ruido de las aspas en movimiento; daños al sistema hidrológico costero ante las cimentaciones de los aerogeneradores; alteración en la salinidad del humedal; así como la muerte de aves y la destrucción del hábitat de especies en riesgo: la matraca yucateca y el colibrí tijereta.
Ante la proliferación de proyectos de energías renovables en Yucatán, hay estudios que han clasificado como “alta” y “muy alta” la vulnerabilidad del sistema de aguas subterráneas debido al suelo kárstico, aquel que se forma por la erosión del agua en la piedra caliza.
Un estudio publicado en 2021 en la revista Energy Policy advirtió la dificultad para determinar cuántos proyectos eólicos se pueden instalar en el estado, ante la ausencia de una evaluación de impacto a nivel regional y a la fragmentación de los proyectos presentados por las empresas para evitar analizar sus impactos de forma integral.
“Esto dificulta que la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) de cada proyecto considere los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales de los parques eólicos, ya que cada proyecto se evalúa de manera individual”, señala la investigación, la cual advierte que debe haber normas y reglas claras en cuanto a la planificación y el uso territorial local.
Actualmente, en Yucatán operan cinco parques de energías renovables no convencionales, dos solares y tres eólicos, de acuerdo con autoridades del estado.
Sin embargo, una documentación hecha por el colectivo Articulación Yucatán y Geocomunes –integrado por científicos y especialistas de diferentes disciplinas– señala que hay al menos 14 proyectos más que cuentan ya con autorizaciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y con Evaluaciones de Impacto Ambiental, así como otros 10 que no cuentan con autorizaciones o que las tienen de manera parcial, pero que no han iniciado operaciones.
A nivel peninsular, suman más de 40 proyectos en puerta.
Para la publicación de este texto, se consultó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para saber la actualización del avance de proyectos eólicos y solares en la Península de Yucatán, así como para conocer los esfuerzos por armonizar la transición energética en las comunidades. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta por parte de la empresa pública encargada de la distribución de energía en México.
Gráfico de parques eólicos y solares en operación y proyectados para la península de Yucatán. Tabla: Elaboración propia con información de Articulación Yucatán y Geocomunes
Ante este escenario, Rodrigo Patiño Díaz, investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), sostiene que estos proyectos de energías renovables deben entregar mayor información sobre sus operaciones para determinar los impactos que generan en la región.
“Los megaproyectos que ya están operando en Yucatán son una oportunidad de probar cuáles son los impactos ambientales, cómo poderlos cuantificar en terreno porque son proyectos privados y no hay acceso a estos espacios. Y aunque las compañías están obligadas a dar un reporte anual por estos impactos, es una información que no tenemos, pero que podría ser muy útil”, advierte.
Por otro lado, la ingeniera física, especialista en energía y gestión ambiental, Jazmín Sánchez Arceo, sostiene que un obstáculo para una discusión profunda sobre transición energética en Yucatán es el seguir modelos que se basan en el extractivismo.
“Se busca y se ha promovido mucho la idea de que hablar de transición energética únicamente tiene que ver con una sustitución meramente tecnológica de las fuentes de generación de energía. Caemos otra vez en el desarrollo de megaproyectos que siguen teniendo una línea extractivista y que tienen un impacto ambiental y social muy fuerte a nivel comunitario. Lo que vemos en la experiencia de la península de Yucatán, cuando se llevan estos proyectos, es que siguen siendo para la industria”, explica en entrevista.
Tren Maya, un alto y costoso aumento de energía
Tanto Yucatán como los estados que conforman la península enfrentan una demanda creciente de energía. Solo en 2023, fue la región que más incrementó su consumo con un 10%, de acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2024-2038.
La CFE ha reconocido un déficit de energía en la región durante los últimos años, ante la falta de planificación en la materia. De acuerdo con la organización México Evalúa, con la llegada del Tren Maya y la expansión inmobiliaria en el estado, se estima un incremento de 15% en la demanda de electricidad para los próximos 5 años.
El Tren Maya es uno de los megaproyectos del gobierno del saliente presidente Andrés Manuel López Obrador -cuyo mandato concluye el 1 de octubre-, el cual implica 1554 kilómetros de vías en cinco estados del país, incluida la península de Yucatán.
El tren ha sido cuestionado, principalmente por poblaciones, científicos y organizaciones, por construirse en tramos sin haber presentado Manifestaciones de Impacto Ambiental, ante la vulnerabilidad del suelo y el anillo de cenotes –cuerpos de agua subterráneos que conectan a la península–, en zonas con alta biodiversidad en humedales y selvas y sin haber realizado un proceso de consulta indígena con parámetros internacionales.
Hasta marzo de 2024, el megaproyecto ha reconocido la tala de 7 millones de árboles en la región y ha mantenido obras pese a órdenes judiciales de frenar su construcción en puntos estratégicos.
Una investigación realizada por la organización PODER sostiene que el 70% de los ingresos del Tren Maya serán por transporte de carga, especialmente de combustibles, pues estima que un tercio de esta operación se destinará a llevar combustibles fósiles.
La fuente de energía del Tren Maya será compleja, pues 44 % del recorrido será de forma eléctrica, mientras que en 56 % restante se utilizarán combustibles fósiles como el diésel de bajo azufre.
Ante la demanda de energía que implica la operación del tren, la CFE destinó proyectos de generación eléctrica (fósil) para la región, pues actualmente construye dos centrales de ciclo combinado de gas, con las cuales sostiene que se evitarán emisiones por 800 mil toneladas de dióxido de carbono a que se hiciera terminales de ciclo completo.
Además, amplían la red de gasoductos en la región de la península de Yucatán buscando que la disposición del gas aumente 400%.
El único proyecto de energía renovable que se vincula directamente al Tren Maya es la Central fotovoltaica Nachi Cocom, la cual aún está en construcción y tendrá una capacidad de generación de 7.5 megawatts con la cual abastecerán al sistema eléctrico de transporte público que traslada a los usuarios a dos estaciones del tren.
“Con el Tren Maya lograron consolidar la integralidad de estos megaproyectos y es cuando nos organizamos para dar la batalla y nos dimos cuenta que sino nos organizamos se va a ir toda la tierra en un abrir y cerrar de ojos”, insiste Uc Be.
En tanto, Sánchez sostiene que la demanda de energía que generará el Tren Maya es preocupante porque buscará atender solamente la perspectiva industrial.
“A nivel peninsular se ve que viene un impacto muy fuerte en consumo, es preocupante porque vemos que van a seguir desarrollándose más megaproyectos. Otra vez se da la atención a nivel industrial y no a nivel local, o sea la energía que se necesita para tener una vida digna, de bienestar real que te dé acceso a otros derechos, no se está poniendo en la discusión que haya esa energía para los derechos de la población”, expone.
Por su parte, el investigador Patiño sostiene que la mayoría de las comunidades en Yucatán están más enfocadas en la defensa del territorio ante el Tren Maya, el cual ya opera parcialmente en la península.
El Tren Maya inició operaciones parcialmente desde diciembre de 2023, en medio de cuestionamientos por sus impactos en la región. Foto: Presidencia de México
“Están preocupadas por el día a día, por las afectaciones a sus territorios y eso no permite buscar alternativas en este momento. Están viendo cómo evitar estos problemas, de protección del territorio y de los ecosistemas. Las soluciones energéticas tienen que ser más integrales, considerando no nada más un lado del problema que es la energía, sino todo alrededor, que es la parte ambiental y la parte social”, menciona en entrevista el también fundador de Articulación Yucatán.
El abogado Romero advierte, sin embargo, que las autoridades deben recordar las decenas de proyectos en energías renovables que están en puerta y que deben resolverse atendiendo también los derechos de las comunidades.
“En este caso hay una serie de permisos y autorizaciones que fueron otorgados desde el sexenio anterior y muchos de ellos están vigentes. Tomando en cuenta el cambio de gobierno (con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia) puede que se retomen los proyectos y que puedan revivir algunos de ellos, es una posibilidad latente, si es que los jueces no toman resoluciones de fondo”, afirma.
Escuelas de resistencia, una opción para defender el territorio
Uc Be cuenta que las comunidades que integran Múuch Xíinbal han optado por impulsar escuelas de formación política que buscan informar y empoderar a los ejidatarios para que puedan decidir si aceptan o no a los proyectos de energías renovables en sus territorios.
“Estamos formando jóvenes mayas que estén vinculados a los ejidos, que son parientes de los titulares de la tierra, que son de uso común, porque en ese sentido la asamblea es la autoridad máxima del ejido y lo que hemos hecho es salvar tierra sin judicializar”, sostiene el defensor.
En estos talleres de formación, por ejemplo, las comunidades explican a los jóvenes qué son los bonos de carbono, para que ellos a su vez lo cuenten a los ejidatarios en lengua maya.
“Nuestros jóvenes se vinculan y explican o arman un debate con el especulador de tierra y les hacen notar los conflictos (de los proyectos). La idea es que estos jóvenes que están en sus ejidos sean responsables de abrir un espacio dentro del ejido para acompañar e informar”, afirma Uc Be, mostrando que la resistencia en Yucatán está lejos de acabar.
El derrame de lixiviados de cobre en el río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014, representa uno de los episodios más graves de contaminación hídrica en México en la última décaday el peor derrame minero de la historia
Texto y fotos: Ricardo Balderas / PODER
Ilustración: Dani Scharf
CIUDAD DE MÉXICO.- El suceso, que este 6 de agosto cumplió 10 años de impunidad, tuvo lugar en la mina Buenavista del Cobre, propiedad de la empresa Grupo México S.A.B. de C.V., una de las principales mineras del país pertenecientes a Germán Larrea Mota Velasco, el tercer hombre más rico de México.
Dicho derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados fue causado por un colapso en una pileta de lixiviación en la mina Buenavista del Cobre, la cual liberó miles de litros de una mezcla tóxica de metales pesados y sustancias químicas que contaminó el río y sus afluentes. Dejando a la vida que se alimentaba de ese río a la deriva con sus consecuencias.
El impacto en las comunidades ha sido severo. Hasta el momento, se han reportado daños a la salud de las personas que viven en el río Sonora, pérdidas en la agricultura local y un deterioro significativo de la calidad del agua. Por ejemplo, según se narra en uno de los comunicados de los Comités de Cuenca Río Sonora, organización conformada por personas afectadas por el derrame de al menos 8 municipios , la afectación económica asciende a los 20 mil millones de pesos.
“A pesar de esto, les decimos a las autoridades que los CCRS seguimos en pie, esperando los resultados concretos que nos han prometido en dos sexenios (pues el fallido Fideicomiso hasta el año pasado no había cubierto ni el 2 por ciento de los daños al ambiente ni a la salud).”, explican las comunidades.
La transición presidencial
Ante la falta de atención y apremiados por el cambio de gobierno, los integrantes de los CCRS se presentaron en la Ciudad de México con el objetivo de que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, les recibiera un documento donde expresan diversas inquietudes respecto al proceso de restauración de la cuenca.
En el acto, los CCRS entregaron un pliego petitorio para intentar exigir un compromiso por parte del que será el próximo gobierno federal de México: “nos parece fundamental que la agenda de la Presidenta electa contemple abordar el caso del peor desastre ambiental en la historia de la minería en México”, cita el documento.
Según el comunicado de los Comités, Sheinbaum “se comprometió a dar seguimiento, y tener una reunión con nosotros (los CCRS) una vez que tuviera su equipo de trabajo”.
Estos son los puntos que los CCRS respondieron a Grupo México, donde además se señala un acto que califican como ilegal por acaparamiento de agua y, que replicamos en PODER:
1. Sobre las concesiones de agua:
El Presidente López Obrador dio a conocer que en 2018 un exfuncionario de Conagua (después contratado como empleado de la empresa) otorgó concesiones de agua de manera cuestionable a Grupo México. Que la minera tenga las concesiones no implica transparencia en los procesos para obtenerlas o en sus actividades.
2. Sobre la sustentabilidad:
¿Cómo puede hablar de sustentabilidad una empresa que explota una cuenca cuyo estrés hídrico, sobreexplotación y sequía severa han sido confirmados? Según el Dictamen de diagnóstico ambiental de Semarnat, la sobreexplotación en los acuíferos de la región “se debe de forma inequívoca al incremento en la producción de cobre dentro de la mina Buenavista del Cobre”.
Un estudio reciente de Semarnat, IMTA e ITSON confirma que los acuíferos del Río Bacoachi y Río Bacanuchi han experimentado un abatimiento significativo de sus niveles piezométricos, atribuido en gran medida a las actividades mineras de Grupo México.
3. Sobre la explotación del agua y la sequía:
Para argumentar la disponibilidad de agua en el acuífero del Río Bacoachi este año, CONAGUA se sustenta en un estudio mandado a hacer y financiado por Grupo México en 2017. ¿Cómo se puede justificar que esos resultados sean considerados válidos 7 años después?
Grupo México comunica que no existe relación entre la sequía y sus actividades mineras; sin embargo, hay relación directa entre sus actividades mineras y la escasez de agua. Estudios ambientales recientes demuestran que Grupo México acapara 57% del agua en la parte alta de la cuenca del río Sonora.
4. Sobre el apego a la ley vigente:
Aunque Grupo México afirma que “opera conforme a la legislación vigente”, la ley también permite restringir el uso de agua en casos de sequía y sobreexplotación. La Constitución Federal establece un orden de prelación donde el uso humano y agrícola tienen prioridad sobre el uso industrial. Esto no está siendo respetado.
Hasta el momento, ni Grupo México o las autoridades se han pronunciado respecto a las peticiones de las personas que exigen la restauración de la cuenca más importante de Sonora. Tampoco sobre las actividades ocurridas durante el aniversario del desastre.
Festejar la vida; hablar con las infancias
Nunca rendirse. A pesar del desinterés de algunas autoridades, los Comités de Cuenca continúan exigiendo justicia. De tal modo, que el pasado domingo se organizó un festival en Hermosillo con el objetivo de visibilizar a las nuevas generaciones del desastre, particularmente a las infancias que ahora crecen frente a un río que les contamina.
A dicho evento asistieron habitantes de Sonora, artistas locales y personas defensoras de derechos humanos quienes expresaron su solidaridad con la causa, lanzaron consignas para la paz en medio oriente y realizaron obras teatrales. Finalmente, los CCRS se dispusieron a leer en público un comunicado denunciando la injusticia.
“Tenemos derecho a un futuro donde nuestra agua esté limpia, nuestras tierras sean fértiles y fuente de vida, y donde nuestras comunidades prosperen, no nos queremos ir. Queremos un futuro en el que autoridades dejen de voltear a otro lado cuando empresas como Grupo México contaminan las aguas”, explican en su discurso.
Al respecto de las actividades en Sonora, PODER solicitó entrevista con la persona encargada de gestionar la comunicación de la empresa señalada como responsable del desastre ecológico, Diana Luna Segundo, de Grupo México, quien respondió que: “Le informo que en este momento no estamos agendando entrevistas, pero de ser posible tener otra respuesta a su amable solicitud le informaré de inmediato.”, explicó.
Luego de 10 años de impunidad y exposición constante a metales pesados, la respuesta para quienes viven con la crisis ambiental, continúa en entredichos.
Recomencemos, pues, con algunos aforismos de hace décadas. Compruebe usted si lo señalado entonces, ayuda o no a entender lo que ocurre ahora.
I
El objetivo del pensamiento crítico no es encontrar la verdad (y, por lo tanto, construir una nueva coartada para la arbitrariedad en turno), sino cuestionar “verdades”, confrontarlas, desmantelarlas y mostrarlas como lo que son: la opinión idiota de uno o varios idiotas (claro, y de una o varias idiotas -no olvidar la paridad de género -) y con muchos o pocos seguidores. El pensamiento crítico no es sólo una posición teórica. Es, sobre todo, una posición ética frente al conocimiento y la realidad.
II
Eso que llaman “Historia” (así, con mayúsculas) es sólo un cadáver maquillado torpemente por los políticos y sus escribas. Sin embargo, a la mesa del político en el Poder, no se sienta un esqueleto. Apenas un espejo. Se puede embellecer el marco, pero el espejo seguirá reflejando la misma descomposición de la realidad. La diferencia entre ataúdes no cambia la similitud de su contenido. Cuando los gobiernos acusan al espejo, por ser cóncavo, de deformar la realidad, pretenden esconder que es su mirada la que excluye las deformaciones. La misma mirada en la que ÉL es quien todo lo ilumina y colorea.
La historia pasada, así con minúsculas, no es más que el antecedente de la pesadilla presente. Hoy se labran la muerte y la destrucción del mañana.
III
La idea no precede a la materia. Antes, al contrario. No es una teoría social o filosófica la que da origen al capitalismo como sistema dominante. Ni a sus diferentes etapas. La teoría social es un gigantesco estante de ideas al que acuden las diferentes propuestas políticas en búsqueda de razones que le den sentido a la sinrazón. Los sistemas dominantes no son sino un mismo cuerpo con ropajes distintos en su presentación, pero iguales en su hipocresía.
La teoría social de moda es sólo un bestseller momentáneo, que convive con teorías de autoayuda, de cómo ganar amigos (“followers” se dice ahora), y de fundamentaciones de que el fin justifica los medios dependiendo si se trata del conservadurismo o del progresismo (que no es más que un conservadurismo blando).
Lo que da origen al capitalismo es un crimen. Y cada etapa de su desarrollo semeja la de un asesino serial: cada vez adquiere más experiencia. El trabajo de los teóricos oficialistas es embellecer ese crimen con algo de romanticismo, aventura y, claro, frivolidad.
En teoría social, las más de las veces no se busca entender para revolucionar, es decir, para cambiar las bases materiales, un sistema. Lo que buscan los “teóricos”, ayer de oposición y hoy oficialistas, es un relevo en la cofradía. Por eso los aNexos de ayer son los caricaturistas de hoy. Cambian los nombres y oficios, pero la apología es la misma. Y, claro, la paga. La reacción de la derecha ilustrada es la de una pareja despechada, indignada porque se escogió a otros. Y esos otros, a lo que aspiraban era a ocupar el lugar de los apapachados de ayer. Comparten la misma anemia intelectual, así que no hay problema.
El historiador de hoy acomoda la historiografía al gusto del Mandón. Acude al anaquel de las ideas buscando personajes, sea para construir villanos, sea para construir héroes. Que ahora se incluyan villanas y heroínas, es una benévola concesión a un feminismo que se conforma con poco o nada. El mayor temor de un historiador de hoy es encontrar grupos, colectivos o pueblos enteros como responsables de un período. ¿Quién puede vender un libro con la biografía de un no individuo? Porque eso es una comunidad.
El historiador de hoy vende coartadas y es el sustento publicitario de la historieta de cartón piedra del Poder. Para él, la historia es sólo la escenografía de fondo que adorna su presente luminoso. El equivalente literario de las escenografías fastuosas sobre los pueblos originarios, son las biografías y las investigaciones cultivadas en los círculos del Poder. Así los calendarios se ajustan a conveniencia y se convierten en victorias las derrotas de un imperio frente a otro.
La confusión es tal que hay quien piensa, sostiene y argumenta, que el Imperio Azteca era la panacea de los pueblos originarios antes de la conquista española, que Rusia es la URSS y que China es una geografía con el comunismo como sistema dominante; que el pueblo es sabio si vota Lula, Kirchner, PSOE, Macron, y Harris; e ignorante si vota Bolsonaro, Le Pen, Milei, Trump. Pocas cosas están tan prostituidas como la “democracia”, pero ninguna es más cara.
En la desconocida historia de las claudicaciones, quienes callan y maduran (así se enseña en la escuela de cuadros de El Partido), acuden al estante de las ideas para comprar algo que les sirva. Es inútil: la traición a principios y convicciones es una claudicación, aunque de Poulantzas se vista. El mote “de izquierda” no cambia la esencia de un hecho: es complicidad con un crimen, el peor de todos: el de un sistema contra la humanidad.
V.
En política no hay muertos, sólo cadáveres reincidentes.
Como se decía de Pedro Infante: el PRI no ha muerto, vive en el corazón de todos los partidos políticos. Por eso los políticos profesionales cambian de siglas como de calzones sin ningún problema. Aunque los calzones siquiera los lavan… o tal vez no.
No hay diferencia alguna entre políticos progresistas y de derechas, así como no hay diferencias fundamentales entre patrones buenos y malos. Ambos administran un despojo.
Las opciones políticas no cambian en sus objetivos (tener el gobierno), ni en su quehacer (servir al Poder económico). Sólo cambian las coartadas.
VI
En su etapa actual, el sistema realiza una nueva guerra de conquista, y su objetivo es destruir/reconstruir, despoblar/repoblar. Destrucción / despoblamiento y reconstrucción / reordenamiento de una zona es el destino de esa guerra.
El gobierno de Israel no está vengando los atentados de Hamás del 7 de octubre del 2023, está destruyendo y despoblando un territorio. El negocio no está sólo en la destrucción y el asesinato masivo, estará en la reconstrucción y reordenamiento. Por eso la evidente complicidad de los Estados Nacionales del mundo. Cuando las “naciones” envían pertrechos militares a Israel no sólo están apoyando el genocidio contra el pueblo palestino. Están invirtiendo en ese crimen. Ya vendrán luego los dividendos de ese negocio.
VII
No hay destrucciones “buenas” o “malas”. Cambian las excusas y los colores, pero el resultado es el mismo. Entre el Tren del Istmo porfirista, el Plan Puebla-Panamá foxista, y el Corredor Transístmico morenista no hay diferencias sustanciales. Unos fracasaron y el otro también lo hará. Su objetivo no es el bienestar (como no sea el de los grandes capitales), ni la modernización porfirista del despojo: es simple y llanamente una frontera más de las que ya existen. Y, como sus pares, también serán horadadas. Y no por los miles de migrantes, sino por la corrupción y el cinismo que, siglos después, descubren los neo esclavistas de hoy: el tráfico de seres humanos es un negocio con una fuente inmensa de materia prima (obtenida con las guerras y las políticas de los distintos gobiernos). Y la inversión de capital es mínima: sólo necesitas burocracia, crueldad y cinismo. Y de eso hay abundancia en el Capital y en el Estado.
Los llamados megaproyectos no derivan en desarrollo. Son sólo los corredores comerciales abiertos para que el crimen organizado tenga nuevos mercados. La disputa entre cárteles rivales no es sólo por el tráfico de personas y drogas, es sobre todo la disputa por el monopolio del cobro de piso en lo que se mal llama “Tren Maya” y “Corredor Transístmico”. A los árboles y animales no se les pueden cobrar cuotas, en cambio sí a las comunidades y a las empresas que se asienten en esa otra inútil frontera en el sureste mexicano.
Se asegura así el crecimiento de las guerras por el control territorial, en las que estará ausente el holograma del Estado Nación.
Partir del criterio de que la violencia de lo que llaman “Crimen Organizado” es una anomalía del sistema, no sólo es falso, también impide entender lo que sucede (y obrar en consecuencia). No se trata de una irregularidad, sino de una consecuencia.
El objetivo es consensuado: el Estado quiere un mercado abierto (“libre” de intrusos -o sea de pueblos originarios-), y los otros quieren el control de un territorio.
A imagen y semejanza de lo que se dio en llamar Capitalismo Monopolista de Estado, en el que el Capital esperaba que el Estado creara las condiciones para su implantación y desarrollo, ahora se trata de lo que los militares llaman una “maniobra de pinza”: ambos – Estado y Crimen Organizado-, atenazan un territorio, lo destruyen y despueblan, y luego entra el gran Capital a reconstruir y reordenar.
Mienten quienes dicen que hay una alianza entre los gobiernos y el crimen organizado. Así como no hay alianza entre una empresa y sus clientes. Lo que hay es una simple -aunque costosa- operación mercantil: el Estado ofrece una ausencia y el cártel en cuestión “compra” esa ausencia y suple la presencia del Estado en una localidad, región, zona, país. La ganancia es mutua entre vendedor y comprador, la pérdida es para quienes sobreviven en esos lugares. “Quien paga o presta, manda”, es el añejo aforismo que “olvidan” los analistas y los “científicos sociales”.
En cuanto a lo que se llama el “Crimen Organizado”, el Estado y el Capital hacen un cálculo equivocado (as usual): suponen que el empleado se va a sujetar a lo convenido. Y no que va a operar por su cuenta.
Como pasó con el aliento y creación de grupos paramilitares, que, como estaban formados por indígenas, se pensaba que se podían controlar. Después de todo, se trataba de personas ignorantes y manipulables. Y entonces Acteal. Tienen razón las Abejas, la matanza de Acteal en 1997, con su crueldad y la impunidad consiguiente, fue sólo el preludio de la pesadilla actual. El Estado piensa que los del llamado Crimen Organizado son sus sirvientes y van y vienen según se les indique o se le obligue. Por esa creencia es que se llevan las sorpresas que padecen.
Ahora, trate de responder esta pregunta: ¿Por qué en un estado federativo militarizado por 30 años, ahora florecen los cárteles y sus enfrentamientos con el beneplácito gubernamental de quienes invadieron el suroriental estado mexicano de Chiapas, alegando que evitaban así la “balcanización” de la república? Sí, parece que el territorio mexicano está más fragmentado que nunca.
A través de caminos de terracería que se bifurcan a la vera de la carretera de Motul a Telchac Puerto se llega a los humedales de la costa Norte, el boom donde los desarrollos inmobiliarios ya formaron el esqueleto de lo que se vende a nivel nacional e internacional como la nueva Riviera de la Península.
El punto nodal, en los humedales, se ubica en 21 grados 20 minutos y 06.0 segundos al Norte y 89 grados 14 minutos 06.9 segundos al Oeste. Ante la pasividad de las autoridades municipales y ambientales, esta zona presenta los primeros desmontes en una transformación de la zona de protección natural de los ciclones, liderada por Grupo Gea.
Empero, en esta zona florecen también los grandes desarrollos de Grupo Aura: Marena Beach Towers y Aura Coast Telchac, que se construyen en la línea costera que cada año es sitio de anidación para las tortugas de Carey que llegan a las playas yucatecas. Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara presuntos desvíos en la dependencia agraria Selgamex, numerosas investigaciones confirmaron que gran parte del boquete financiero a esa dependencia terminó en el presunto lavado de dinero del Grupo Aura en Yucatán.
Las obras se pueden apreciar desde la carretera Motul-Telchac Puerto / Saraí Manzo
El 4 diciembre del 2020, las autoridades municipales y empresarios del sector turístico cortaron el listón de inicio de obras de Marena Beach Towers, un desarrollo vertical con dos torres de ocho niveles, 84 departamentos y varias amenidades cuyos precios de los penthouse pueden llegar hasta los 10 millones de pesos.
De acuerdo con información de la Presidencia, entre 2019 y 2020, los accionistas de Grupo Aura recibieron adjudicaciones directas por 797 millones de pesos de Segalmex a través de una red de seis empresas vinculadas entre sí. Cuatro de ellas se constituyeron entre 2015 y 2019, anteriormente ninguna había recibido contratos gubernamentales.
Los desarrollos de Grupo Aura, construidos por los beneficiarios contratistas de Segalmex, comenzaron a transformar el paisaje de la costa yucateca y sus planes de expansión son ambiciosos, pues planean edificar cuatro complejos más: Aura Towers, Aura City, Marena Lake View y Marena Plaza.
Las obras en Telchac Puerto se realizan por parte de diversas empresas inmobiliarias / Saraí Manzo
La red de ese grupo está conformada por las compañías Fruverloz, Properloz, Soluservicios Globales NXK, Professional Bright XRW, Gentsai Hoon y Denoter, que recibieron contratos de Segalmex para la compra de costales de polipropileno, tarimas, insecticidas, raticidas, lonas blancas y cubrebocas. En su último informe de la Cuenta Pública del 2020, la Auditoría Superior de la Federación detectó que Segalmex pagó por adelantado a Soluservicios Globales NXK 49 millones de pesos.
Los terrenos de inversión más notables se encuentran entre Dzemul y Sacapuc, y hay unos más al Norte de Telchac Pueblo. A los potenciales clientes se les vende la idea de una residencia ubicada en la estratégica “Ruta Aventurera del Manglar”.
“Tenemos lotes cerca de la playa, desde mil 999 pesos MXN mensuales”, promueve desde Telchac Pueblo un cartelón de Jerry Medina, en la calle 22 con 27 del poblado.
En la salida de la cabecera municipal, hacia el litoral, se levanta Azureno, en lo que hasta hace unos años eran grandes extensiones de henequenes. También se construyen hoteles y restaurantes con miras a ese crecimiento, como es el caso de Borakai, a un costado de la carretera.
El pasado 7 de agosto, familiares de Gustavo Rojo Gallegos (quien fue desaparecido el 9 de julio de 2024 en Tlajomulco de Zúñiga) se manifestaban en las cercanías de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Enrique Alfaro, para exigir la localización de su ser querido; sin embargo, cuando intentaron realizar el cierre vial avenida López Mateos fueron agredidos por elementos de la Policía de Jalisco, quienes actuaron violentamente so pretexto de que la manifestación impedía el derecho a la movilidad.
Esta respuesta ha sido similar en otras manifestaciones, donde las autoridades han optado por la violencia, la indiferencia y la negación de la realidad que viven miles de familias en el estado con mayor número de personas desaparecidas en el país.
Aletse Torres Flores / Zona Docs
La falta de respuesta de las autoridades tras la desaparición de Gustavo Rojo Gallegos, quien fue desaparecido el 9 de julio de 2024 en Tlajomulco de Zúñiga, orilló a que sus familiares acudieran a protestar a Casa Jalisco -residencia oficial del gobernador, Enrique Alfaro-, la mañana del 7 de agosto.
Ese día, exigieron apoyo no sólo para localizar a Gustavo, sino también a los más de 15 mil desaparecidos que existen en Jalisco, pues ese mismo día también asistí la familia de Kevin Ulises Sánchez Rodríguez, estudiante de 18 años de la Universidad de Guadalajara, quien fue reportado como desaparecido, el 29 de julio de 2024 en Zapopan, Jalisco. Afortunadamente, durante la manifestación se informó que el joven había sido localizado.
Sin embargo, ese espacio público que -desde 2020- está cerrado para las familias buscadoras, pero sí está abierto para celebridades y deportistas, fue el escenario de un acto de represión contra quienes sólo exigieron que el Gobierno de Jalisco cumpla con la obligación de investigar dónde están las personas que han sido desaparecidas.
La manifestación que comenzó en avenida Manuel Acuña tenía como objetivo llegar a Casa Jalisco; no obstante, antes de llegar ahí comenzaron a ser encapsulados por policías estatales. Eso ocasionó que las familias buscadoras, para ganar visibilidad, intentarán bloquear la circulación vehicular de los cruces de avenida López Mateos y Manuel Acuña, lo que ocasionó que fueran reprimidos por elementos de la Policía del Estado de Jalisco.
Esta situación se había repetido un día antes, cuando la familia de Kevin intentó cerrar por completo la carretera a Chapala a modo de protesta. La respuesta del Gobierno de Jalisco fue enviar nueve patrullas de la Policía Estatal y seis de la Policía Vial para impedir el cierre de la vía casi a la altura con Periférico Sur, en la colonia La Duraznera, en Tlaquepaque.
Pero en esta ocasión, en la protesta del 7 de agosto, los policías comenzaron a golpear y empujar a las personas que solamente exigían apoyo de su parte y la pronta localización de sus amores desaparecidos, tal y lo informó la periodista Elsa Martha Gutiérrez.
Además de la represión policial fueron detenidos dos personas, Jairo Alejandro J. y Osvaldo Heriberto R., familiares de Gustavo Rojo. Los argumentos es que ambos habían agredido a un policía y se habían resistido al arresto. Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad del Estado, informó que los buscadores fueron acusados de agredir a oficiales y de intentar obstruir las vías de comunicación. Por su parte, las familias denunciaron el uso excesivo de la fuerza.
Frente a este panorama, el Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara señaló, en un comunicado, que las personas detenidas se suman a otros actos de hostigamiento que han realizado elementos de seguridad de Jalisco.
A la par, denunciaron que es el propio Gobierno de Jalisco, quien con su falta de acción y empatía, es quien orilla a las familias buscadoras a realizar cierres viales y a tomar el espacio público como medio para exigir una búsqueda eficiente, la continuación en la investigación de sus casos y la localización de sus seres queridos.
“Mientras continúe la negación oficial del problema y no se actúe con la responsabilidad y contundencia que exige, muchas familias seguirán tomando las calles, reclamando soluciones reales e inmediatas” parte del comunicado del comité.
La represión y apatía: una constante en la búsqueda de personas desaparecidas
Esta protesta se suma a una serie de violencias y represiones similares que han vivido las familias buscadoras de Jalisco; por ejemplo, hace dos años, el 28 de marzo de 2022, durante una manifestación del Colectivo Luz de Esperanza, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue confrontado por familiares de personas desaparecidas que le exigieron un mayor esfuerzo en la búsqueda de sus seres queridos. Pero el gobernador advirtió que se iría: “si continuaban los reproches y gritos”.
A pesar de que Alfaro insistió en que su administración ha localizado a miles de desaparecidos y que está comprometido con el tema, los familiares le comentaron la falta de avances reales desde las mesas de trabajo prometidas.
En lo que iba de su administración, en ese momento, Jalisco había registrado la desaparición de 6 mil 352 personas, un 42% del total estatal. El gobernador, tras rechazar las acusaciones y reiterar su compromiso con el caso, prometió reactivar las mesas de trabajo y atender el pliego petitorio de las familias, momento que nunca sucedió.
Nuevamente, el 31 de marzo de 2023, las madres pertenecientes al colectivo “Luz de Esperanza” sufrieron una agresión por parte de la policía estatal mientras exigían la localización de Esthela Guadalupe Estrada Ávila, desaparecida en Tlajomulco de Zúñiga.
En esa ocasión, las manifestantes fueron agredidas y encapsuladas, resultando en lesiones y una denuncia ante la Visitaduría de la Fiscalía de Jalisco.
Dos meses después, el 31 de mayo de 2023, la situación se repitió cuando los familiares de Sandra Analí Ramírez Hernández, desaparecida el 29 de mayo en Zapopan, enfrentaron una dura represión por parte de los policías antimotines mientras protestaban en la intersección de calle Allende y avenida Vallarta.
Lxs manifestantes denunciaron que el uso de la fuerza pública no era necesario y que las autoridades no han mostrado empatía hacia las familias afectadas.
Por último, el 7 de julio de 2023, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó a las Madres Buscadoras de Jaliscode estar involucradas en el atentado que ocurrió en Tlajomulco, en el que murieron seis policías y doce personas resultaron heridas.
Según Alfaro, las acusaciones se basaban en una llamada anónima que indicaba que había una fosa clandestina. Este grave incidente y las acusaciones generaron gran preocupación entre el colectivo, que ha estado trabajando en la búsqueda de desaparecidos en un contexto de creciente violencia en el estado.
Las buscadoras desmentieron cualquier vinculación de sus integrantes con el atentado en Tlajomulco. En un comunicado, el colectivo acusó al gobierno de represalias, afirmando que no realizan búsquedas nocturnas por razones de seguridad y que nunca han recibido amenazas de carteles.
¿Qué ha pasado con los buscadores que fueron detenidos?
Dos días después de ser reprimidos y detenidos mientras protestaban por la localización de Gustavo Rojo por las autoridades del estado, Jairo y Osvaldo, fueron vinculados a proceso por presunta agresión a policías y atentado contra las vías de comunicación.
La Fiscalía informó que, a pesar de su liberación, Osvaldo y Jairo enfrentarán medidas como la prohibición de acercarse al lugar de los hechos y deberán presentarse mensualmente ante la autoridad judicial durante seis meses. Las autoridades señaladas, no han sido sancionadas y lo ocurrido ha quedado impune.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reiteró que durante su mandato no tolerará bloqueos de calles ni agresiones a la policía, subrayando que estas acciones tendrán consecuencias legales.
Por ello, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) condenó la utilización del sistema de justicia como herramienta de represión y criticó al gobierno de Jalisco por descalificar y castigar a los manifestantes en lugar de abordar las violaciones a derechos humanos.
Asimismo, exigieron una investigación exhaustiva sobre los abusos cometidos durante las protestas y un alto a los actos de represión de las protestas de los colectivos buscadores.
¿Qué les queda a las familias buscadoras?
Frente a un estado que, en lugar de ofrecer apoyo, reprime a quienes buscan a sus seres queridos, ¿qué más pueden hacer las familias sino salir a las calles y exigir su localización?
Para las familias, la única opción es enfrentarse a la indiferencia y al peligro con la esperanza de encontrarles con vida. Su lucha es un grito por justicia y una demanda de que se les permita continuar con esta, motivadxs por su coraje y amor por sus tesoros desaparecidxs.
De acuerdo con el Consejo Ciudadano por el Agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha emitido ninguna advertencia para proteger el Anillo de Cenotes, pues -según la organización-, “técnica, moral y legalmente, (la dependencia) tenía la obligación de rechazar dichas concesiones a la cervecera que se instaló en la región costera, porque opera en zonas de recarga, tránsito y descarga del anillo de cenotes, supuestamente zona ambientalmente protegida a nivel internacional y considerada sitio Ramsar por su importancia hídrica”.
Como referencia, la agrupación explica que el municipio de Hunucmá tiene 35 mil habitantes, según censo 2020, pero la Conagua concesionó un volumen de agua de 1.5 millones de m3. Es decir, una sola empresa, la cervecera, consume 4.5 veces más líquido que todo el sistema de agua potable de Hunucmá.
Como informamos ayer, los integrantes del Grupo Promotor de la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán alertaron que la Conagua otorga permisos a las grandes industrias para extraer indiscriminadamente agua del subsuelo local, lo que redujo en 59% -entre 2003 y 2020- el volumen de agua subterránea al pasar de 5 mil 759 millones de metros cúbicos a 2 mil 386 millones.
El Grupo Promotor alertó que Conagua otorga permisos a las grandes compañías, lo que ha reducido en 59% el volumen del líquido subterráneo.
Screenshot
El Grupo Promotor alertó que Conagua otorga permisos a las grandes compañías, lo que ha reducido en 59% el volumen del líquido subterráneo. / Saraí Manzo
Sobre el tema de la cervecera, Gilberto Guillén, integrante del equipo de comunicación de Constellation Brands comentó que la información del Consejo Ciudadano por el Agua es imprecisa en cuanto a su presencia en Hunucmá, porque las dos plantas de la firma están en Sonora y Coahuila. “Supongo que el Consejo Ciudadano del Agua quiere hacer referencia a la planta de Grupo Modelo”, indicó Guillén.
En relación con el Anillo de Cenotes, el Consejo Ciudadano del Agua informa que esa zona posee, en su totalidad, una gran importancia biológica, social, cultural y económica. Dentro de este ecosistema, que abarca 53 municipios, se clasifican cuatro subzonas en función del microrrelieve presente y características propias como área de recarga, tránsito y descarga.
Hay irregularidades en la empresa cervecera
El artículo 8 del decreto, que establece el área natural protegida denominada Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, indica que dentro de la reserva podrán realizarse actividades de desarrollo sustentable, siempre que sean compatibles con lo establecido en este decreto y se prohíbe realizar actividades que por su naturaleza impacten significativamente u ocasionen en el corto, mediano o largo plazo, impactos adversos al medio ambiente o a los ecosistemas.
Cabe señalar que, si bien el área que conforma el Anillo de Cenotes está conformada por 53 municipios, el carácter de protección de reserva estatal sólo se limita a la zona de recarga.
Por más de 10 años en la cuenca Libres – Oriental, que abarca Puebla, Veracruz y Tlaxcala, se ignoraron los reclamos por el agua de las comunidades campesinas hasta que el pasado 20 de junio asesinaron a los hermanos Cortina en una manifestación.
La mañana del 20 de junio no hubo aviso. En otras manifestaciones se habría acercado algún comandante de la policía para dar una advertencia de desalojo. Cinco o diez minutos para reunirse y terminar el bloqueo de la carretera. Pero aquel jueves en Totalco, Veracruz, llegaron golpes, y los golpes se convirtieron en balas.
Las autoridades de Veracruz lo calificaron como una riña en la que murieron dos personas. Los manifestantes que estuvieron allí lo nombran la represión en la que asesinaron a los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vázquez. La protesta fue contra Granjas Carroll, instalada en la carretera Perote – Veracruz, a la que campesinos agricultores exigen que frene el acaparamiento y la contaminación del agua.
Como riña o represión, la noticia llegó hasta medios internacionales y los ojos de las autoridades y la ciudadanía se dirigieron a la cuenca Libres – Oriental como no lo habían hecho en una década.
El pasado 15 de julio, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó sobre la detención de cinco policías de la Fuerza Civil. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció un día después, en una conferencia matutina, que hubo represión por parte del Estado y prometió una investigación sin impunidad.
Pero con las muertes, se perdió cualquier posibilidad de negociar. Así lo expresan los campesinos agricultores que forman el Movimiento de la Defensa del Agua de la Cuenca Libres – Oriental a un mes de la manifestación. Las peticiones son concisas: que se vayan las industrias; que se atienda la contaminación, y que cese el uso de cañones antigranizo por parte de las empresas y grandes rancherías que inhiben las lluvias.
“Nuestras demandas llevan años y la única respuesta que nos dieron fueron balas”, dijo Renato Romero, uno de los líderes del movimiento, a quien policías de la Fuerza Civil intentaron detener arbitrariamente en dos ocasiones aquella mañana del 20 de junio.
Respecto al homicidio de los hermanos Cortina, los campesinos del movimiento esperan llevar el caso a organismos internacionales.
“No tenemos nada más que dialogar”, afirma Romero.
Manifestación afuera de Granjas Carroll el pasado 31 de julio. Foto: Movimiento de la Defensa del Agua de la Cuenca Libres – Oriental.
Dos meses antes de que se diera la manifestación contra Granjas Carroll, el colectivo Manos Unidas por una Cuenca Libre, conformado por personas campesinas y organizaciones de la región, publicó una investigación en la que documentaron las amenazas que vive la Cuenca Río Libres – Oriental a consecuencia de la actividad de las industrias y otros proyectos extractivos como la minería.
Empresas como Grupo Cervecería Moctezuma, Heineken, Iberdrola, Audi y Granjas Carroll son algunas de las mapeadas en la investigación del colectivo.
Esta no es la primera vez que son señaladas. En 2020 Granjas Carroll afirmó a medios locales que no son responsables de la sequía, que cuentan con lagunas de oxidación para el tratamiento de aguas sucias y que no utilizan cañones antigranizo pues no es una herramienta vinculada a sus labores. Mientras que Audi ha negado el uso de cañones que detienen lluvias y propician la sequía. El resto de las empresas no han realizado pronunciamientos públicos referentes a los señalamientos de las comunidades campesinas en los años recientes.
Causa Natura Media contactó a las mencionadas en este reportaje, pero al cierre de edición sólo respondieron Granjas Carroll e Iberdrola. La primera señaló que “no hay ninguna postura de la empresa” respecto a las manifestaciones y señalamientos de este año.
Mientras que la segunda compartió un comunicado publicado en marzo pasado en el que explica que son “conscientes de la huella hídrica” que genera el agua consumida, y afirma que sus parques están conectados al drenaje público local y que se abastecen de pipas con permisos vigentes sin especificar el origen de éstas, diariamente utilizan 226 litros por parque. En promedio, una persona utiliza 100 litros para sus necesidades básicas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
Mapa con el registro de megagranjas porcícolas y proyectos industriales en la cuenca Libres Oriental. Elaborado por el colectivo Manos Unidas.
Un infierno ambiental
El pasado 31 de julio los campesinos del Movimiento de la Defensa del Agua de la Cuenca Libres – Oriental volvieron a manifestarse frente a Granjas Carroll.
“Exigimos la restauración de la Cuenca Libres – Oriental y las demás cuencas afectadas por la contaminación y el envenenamiento causados por las empresas e industrias bajo la mirada cómplice de las autoridades y el Estado. Esa restauración es vital para la salud de nuestros mares, costas, ríos, sierras y toda la biodiversidad”, se leyó en la lista de peticiones.
Una cuenca es un territorio que imita la forma de una jícara, un molcajete, una cavidad. La lluvia que cae en estas regiones fluye hacia una corriente principal y tienen salida a un río o un mar. Aunque también existen las cuencas endorreicas cuya salida no es superficial y en consecuencia se filtra por el suelo. En estos casos su riqueza hidrológica es subterránea, está en los acuíferos.
Libres – Oriental es una cuenca endorreica que, entre Puebla, Tlaxcala y Veracruz, abarca más de 20 municipios. En su interior se ubican los axalapascos (cráteres-lagos) como las lagunas de Aljojuca, Atexcac, Alchichica, Tecuitlapa y La Preciosa, así como los lagos Totolcingo y el Salado. La cuenca se forma entre algunas de las montañas más grandes de México como el Pico de Orizaba, el Cofre de Perote y la Malinche.
La región no sólo es importante a nivel hídrico, sino también en su producción agropecuaria. De sus sembradíos se obtiene maíz, cebada, avena, maguey, nopal y plantas medicinales. Todas favorecidas por el clima y las temporadas de lluvia de abril a octubre. Aunque esto ha cambiado con el tiempo.
“En los últimos cuatro años la sequía aumentó y ha disminuido drásticamente la producción de alimentos en una cuenca que históricamente se conocía como el granero del estado (en Puebla)”, explicó Anabel Guerrero, integrante del colectivo Manos Unidas.
Anabel y sus compañeros se dedican a investigar y difundir qué ocurre en la cuenca Libres – Oriental, desde la sequía hasta la tala de las zonas boscosas. “El colectivo surgió de la necesidad de tener información confiable a la que las campesinas y los campesinos pudieran acceder”, describió Guerrero.
Los problemas de la actividad agrícola se han visto opacados por la expansión industrial que se promociona como desarrollo, pero impacta en la vida cotidiana. Lo que antes era sólo el color de los sembradíos, la lluvia llenando las lagunas y las corrientes de aire fresco, hoy son las comunidades sin agua que huelen a criaderos de cerdos día y noche; los campos con hectáreas llenas de paneles solares que desplazan a los animales y las plantas endémicas, y las descargas de químicos en los cuerpos de agua.
Sembradíos en la Cuenca Libres – Oriental: Foto: Colectivo Manos Unidas.
En febrero de 2021, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) presentó en el webinario “Las Regiones de Emergencia Ambiental: definición y localización en México” un mapeo de las zonas más afectadas por la actividad industrial en el país. Las llamaron infiernos ambientales.
“Los infiernos ambientales son regiones de riesgo ambiental. Un resultado del sistema neoliberal; de la gestión y organización industrial totalmente desordenada, y de una falta de cuidado y atención al derecho a un medio ambiente y agua saludables”, explicó durante la presentación María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Conahcyt.
Entre los infiernos ambientales se incluyó la cuenca Libres – Oriental, principalmente, en la zona de Puebla. En el listado también están otras cuencas como Alto Balsas, en Tlaxcala; Independencia, en Guanajuato; Alto Río Santiago, en Jalisco; río Tula y Valle del Mezquital, en Hidalgo y Estado de México; Río Coatzacoalcos, en Veracruz, y Alto Lerma y Región de Texcoco, en el Estado de México.
“Muchos de estos sitios de emergencia ambiental tienen que ver con una contaminación inaceptable de cuerpos de agua, de los cuales dependen la vida y salud de las comunidades que llevan años luchando”, puntualizó Álvarez-Buylla.
En la investigación publicada este año por el colectivo Manos Unidas también se expone la contaminación al acuífero Libres – Oriental mediante una recopilación de datos oficiales sobre la calidad del agua.
El colectivo encontró que entre 2012 y 2020 sólo se monitoreó la calidad del agua superficial de tres sitios en la cuenca: la laguna Santiago Ovando, en Nopalucan, Puebla, y las aguas arriba y abajo del municipio Rafael Lara Grajales donde se ubica la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. De acuerdo con los resultados, ninguno de estos cumplió los Indicadores de Calidad del Agua Superficial que evalúa la presencia de coliformes fecales y toxicidad, entre otros.
Respecto a las plantas porcícolas de Granjas Carroll o Agroindustrias Unidas de México, Manos Unidas pidió vía solicitudes de información a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) las inspecciones o estudios realizados. La respuesta fue que no existe registro de los mismos.
“La respuesta anterior puede significar dos cuestiones: uno, que efectivamente no se han realizado visitas de inspección en las lagunas de oxidación de Granjas Carroll, o bien, dos, que dichas dependencias gubernamentales evitan difundir dichas evaluaciones. Ambos casos son preocupantes, más al considerar el impacto ecológico de los desechos de las megagranjas”, señalaron en la investigación.
La laguna de Alchichica, en Veracruz, es una de los axalapascos de la Cuenca Libres – Oriental que impulsa su conservación. Foto: Colectivo Manos – Unidas.
Derecho a la lluvia
En septiembre de 2016, la empresa multinacional alemana Audi llegó al municipio de San José Chiapa, en Puebla, como la primera armadora de autos premium en México. Durante ocho años, en un paisaje de sembradíos y pequeñas comunidades se han enfilado los coches más exclusivos.
Sin embargo, desde el inicio de sus operaciones, la empresa ha sido señalada por campesinos que denuncian el uso de cañones antigranizo para evitar que las lluvias dañen los vehículos. Incluso en 2018 escaló a medios internacionales cuando el New York Times publicó un reportaje que recopiló demandas de agricultores contra Audi y Volkswagen en Puebla.
Las respuestas de ambas empresas fueron negativas. Audi ha declarado que no utilizan ningún tipo de cañón y que la única tecnología con la que cuentan son mallas antigranizo que funcionan como techados para proteger a los autos. Pero desde los movimientos de campesinos y el colectivo Manos Unidas las denuncias se acumulan contra las empresas y los terratenientes de la región.
“A nadie le parece grave que además de que tienen acaparada el agua del subsuelo, nos han quitado el agua de lluvia, nos han quitado el agua del cielo, llevan años inhibiendo las nubes con sus tecnologías. Eso es más grave”, señaló Renato Romero, uno de los líderes del Movimiento de la Defensa del Agua de la Cuenca Libres – Oriental.
Agricultores de San José Chiapa afirman que han visto el uso de estos cañones y que en temporada de lluvias son cada vez más comunes los días en los que el cielo se oscurece y se llena de nubes, pero tras el sonido de unas detonaciones, se despeja por completo.
El uso de cañones antigranizo también se denuncia por agricultores en otros estados como Michoacán y San Luis Potosí. Sin embargo, aún no existe el respaldo científico suficiente para asegurar que estas tecnologías puedan detener las grandes precipitaciones. Aunque tampoco se ha desmentido su utilidad en las regiones agrícolas.
Municipios que han reportado uso de cañones antigranizo en la cuenca Libres – Oriental. Elaborado por el colectivo Manos Unidas.
El acceso limitado al agua que viven las comunidades de la cuenca Libres-Oriental también es atravesado por las denuncias de una distribución inequitativa.
“Las empresas siempre han podido conseguir pozos para tomar el agua que se necesita ilimitadamente día y noche. Los terratenientes igual, vemos que hace 30 años no tenían cultivos, sembraban sólo cebada, pero hoy todos los ranchos tienen pozos y sistemas de riego”, explicó Romero.
Mientras las industrias mantienen el abastecimiento, según cuentan los campesinos, a ellos el agua les llega una vez por semana. Lo que impacta en el acceso para consumo, en la disponibilidad para el riego de sus tierras y en la mitigación de los incendios que se dan en las comunidades.
“Hay municipios donde el agua es vía subterránea y no hay permisos para concesiones de pozos de públicos, pero sí se han dado permisos por parte de Conagua para concesiones de uso industrial y agrícola porque quienes pueden pagar esos permisos no son campesinos y gente de a pie”, dijo Anabel Guerrero, del colectivo Manos Unidas.
Uno de los principales motivos de la manifestación en Granjas Carroll el pasado 20 de junio fueron los permisos de agua. Actualmente existe una petición a Conagua para auditar los pozos en la cuenca Libres – Oriental, pero los campesinos aún no tienen una respuesta oficial.
Sembradíos secos en Puebla. Foto: Colectivo Manos – Unidas.
Lo que queda
A más de un mes del asesinato de los hermanos Cortina, en Totalco, lo que queda es la decepción y la rabia. Las autoridades de Veracruz tienen a policías detenidos y las comisiones de derechos humanos han buscado a los colectivos para respaldar su lucha, pero ninguna medida remedia la pérdida de los hermanos Cortina.
“Hemos estado haciendo denuncias históricamente y sacamos una investigación que tampoco tuvo el impacto que deseábamos en un primer momento hasta que hay muertos. Eso nos dejó con muchísima frustración porque todos los ojos voltearon, incluso de las organizaciones hermanas que han trabajado en la defensa, hasta que hay personas asesinadas por parte del Estado”, dice Anabel Guerrero.
Es por esto que las comunidades se niegan a cualquier tipo de negociación. Las únicas peticiones restantes se reducen a que se vayan las industrias de la cuenca Libres – Oriental y que se investigue el asesinato de los hermanos Cortina. Aunque existe el temor y la inseguridad de alguna otra represión o amedrentamiento.
Durante la entrevista para este reportaje, Renato Romero dijo que hace responsable a los gobiernos de Veracruz y Puebla, al gobierno federal, la empresa Granjas Carroll y los terratenientes de la región “de cualquier atentado en contra de mi persona, de mi familia y de cualquiera de mis compañeros del movimiento”.
Más allá de las investigaciones, el colectivo Manos Unidos aún ve posible que se enfoquen los esfuerzos en rescatar lo que aún tiene vida como la laguna de Alchichica que alberga a especies endémicas, entre las que destaca el ajolote y el charal de Alchichica, ambas sujetas a protección especial y amenazada, respectivamente.
“La reparación es difícil. (Las industrias) siempre nos prometen construcción de carreteras, mejoramiento de las escuelas, pero eso al final no mejora nada ni revierte el daño ambiental que están haciendo”, concluyó Guerrero.
BACALAR, MX.– Pobladores de Chacchoben bloquearon por tercera ocasión la carretera que los une a Limones, en el municipio de Bacalar, con la queja de que Comisión Federal de Electricidad (CFE) los tiene sin energía desde hace varios días.
Con troncos, llantas y piedras, los pobladores iniciaron este bloqueo que está ocasionando largas filas de automóviles varados, sobre todo de camiones de volteo que prestan servicio para las obras del Tren Maya.
En ese contexto, los manifestantes advierten que no levantarán el bloqueo hasta que tengan energía eléctrica, pues recordaron ya en dos ocasiones anteriores han sido “engañados” por personal de la paraestatal.
Resaltaron que, desde febrero pasado, iniciaron las fallas en el suministro de electricidad y la CFE aún no ha atendido su llamado para normalizar el servicio.
Además, aseguraron que la interrupción en el suministro y las variaciones de voltaje han causado daños en el patrimonio de las familias.
Los más afectados, según los manifestantes, son los comerciantes y microempresarios de la comunidad, pues sus insumos se descomponen de manera frecuente.
Ante esta situación, los manifestantes aseguraron que se mantendrán en este punto y no permitirán el paso de ningún vehículo, salvo que sea para alguna emergencia.
Finalmente, los pobladores exigieron la presencia de trabajadores de la CFE, a quienes no les permitirán salir hasta que se haya resarcido la problemática. (Agencia SIM)
La empresa avícola Crío, propiedad de la familia Fernández montó una mega granja de pollos muy cerca de Kinchil pese a no tener todos los permisos pertinentes; usan la selva cercana para descargar a diario toneladas de excremento de pollo
YUCATÁN. – El olor nauseabundo pega en el rostro, incluso mucho antes de dar con el acceso que, desde la carretera que une a Mérida con Celestún, lleva hasta las naves montadas por la empresa. A los lados del camino, la selva, la poca que aún queda en pie en ese tramo, hace las veces de muro para invisibilizar otro foco de contaminación ambiental que se agiganta. Al ritmo de convoyes de camiones que van y vienen, la avícola Crío ha hecho del monte cercano a la comunidad maya de Kinchil un auténtico depósito de excrementos de pollos.
Apenas 7 kilómetros separan a los habitantes de ese municipio de una sucesión de terrenos que a cada hora y durante toda la semana reciben el vertido de toneladas de residuos generados por una mega granja que funciona fuera de toda legalidad: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) estableció la clausura definitiva de esas instalaciones en junio de este año.
La medida lejos estuvo de frenar las acciones de Crío, que pese a recibir una suspensión inicial en octubre de 2023, siguió adelante con su plan de radicación de una factoría que hoy totaliza 6 mega galpones construidos y presenta al menos dos predios más deforestados para el desarrollo de futuras nuevas naves.
Crío utiliza la selva cercana a Kinchil como un vertedero de excrementos de pollos. Foto: Patricio Eleisegui.
Ocupación ilegal
La instalación se completa con un puesto de ingreso que a raíz de la decisión judicial también debería estar desocupado, pero que en la actualidad opera como base para los empleados que cumplen funciones en los galpones y el personal ejecutivo de la compañía.
“Aunque tiene una clausura establecida, la mega granja lleva 4 meses funcionando sin parar. Hasta cuenta con un servicio de transporte para sus empleados. Muchos de ellos son jóvenes de Kinchil”, cuentan vecinos de esa comunidad.
Las hectáreas ya ocupadas con construcciones son linderas a los espacios que la misma Crío utiliza para esparcir el excremento de pollo. La pestilencia generada por las descargas se percibe a lo largo de kilómetros.
Y llega a confundirse con el hedor que genera la mega factoría de cerdos que la monopólica Kekén explota, también, a escasa distancia de Kinchil. Son tiempos de presión ambiental y ecocidio multiplicado para esa comunidad maya.
La afectación que Crío lleva a cabo en la selva cercana a, justamente, Kinchil fue denunciada por primera vez ante la Profepa en noviembre de 2021.
La acción fue promovida por el colectivo de organizaciones apícolas mayas de la Península de Yucatán Kabnáalo’on, que además de dar cuenta de la deforestación efectuada por Crío, reveló que el proyecto carece de permisos de cambio de uso de suelo y estudios de impacto ambiental, además de desarrollarse sin ningún tipo de consulta previa a la comunidad maya.
La representación y asesoría legal del colectivo expuso, también, que la destrucción de amplias superficies arbóreas perpetrada por Crío afecta de un modo letal a la población de abejas y otros polinizadores en esa área del estado en tanto “propicia la pérdida de zonas de alimentación”.
En simultáneo, se indicó que la avícola utiliza plaguicidas para combatir la inmensa plaga de moscas que generan los desechos de los pollos, por lo que la operatividad de la mega granja pone en riesgo la supervivencia económica de las y los apicultores de Kinchil.
El resultado de aquella denuncia fue la intervención de Profepa y una serie de inspecciones que derivaron en la clausura total de la factoría y la aplicación de una multa a la empresa propietaria.
Atentado ambiental
Pero nada de lo dispuesto ha sido cumplido y una muestra de ello está tanto en el testimonio de las y los vecinos afectados por el cementerio de excrementos que promueve Crío, como en las imágenes que prueban el tenor de ese atentado ambiental y la continuidad de las operaciones en la mega granja más allá de lo dispuesto por el organismo federal.
“La denuncia inicial y el proceso que siguió se basa en que la empresa no cuenta con los permisos correspondientes. De hecho, la primera denuncia fue puesta previa a toda construcción. En 2021 ya se tenían indicios de que Crío instalaría una mega granja en el predio que ocupa actualmente. La empresa siguió adelante con la deforestación y el desarrollo del proyecto aun sin tener habilitado el cambio de uso de suelo y sin el aval de impacto ambiental”, comentan a Pie de Página los abogados del colectivo.
Encharcamientos de agua fétida y devastación forestal, el paisaje en torno a la mega granja de Crío vecina a Kinchil. Foto: Patricio Eleisegui.
Si bien los predios donde la firma descarga sus camiones pertenecen a un vecino de Kinchil, los asesores legales del colectivo Kabnáalo’on sostienen que ese status de propiedad privada no habilita prácticas contaminantes u otros potenciales atentados a la salud pública.
“Es falso que el propietario de un terreno puede hacer a su antojo. Hay criterios de impacto ambiental que deben respetarse. Una actividad así afecta al suelo kárstico de la zona y esa contaminación va a parar al agua. Profepa debe intensificar su control”, argumentan.
Las consecuencias para la avícola
Respecto de los pasos a seguir ante el incumplimiento de la clausura definitiva por parte de Crío, los asesores legales anticiparon que insistirán ante la Profepa para que se respete lo dictaminado y, en paralelo, exigirán la restauración del área deforestada.
“La violación a la clausura definitiva que Crío está llevando a cabo habilitaría la presentación de una querella por delitos de contaminación ambiental”, concluyeron.
Pese a que rige una clausura definitiva, Crío sigue deforestando y construyendo su mega granja cerca de Kinchil. Foto: Patricio Eleisegui.
Propiedad de la familia Fernández, Crío es una empresa yucateca que funciona desde principios de los años 60. Según una investigación reciente de la organización Brighter Green, la firma opera en Tabasco, Veracruz y Chiapas, además de Yucatán.
Con protagonismo clave en su segmento comercial, Crío reconoce 13 mega granjas propias de crianza de pollos y producción de huevos, una planta procesadora de carne, otra de alimentos y al menos 14 centros de distribución.
Junto con Bachoco, la compañía controla el 60 por ciento del mercado mexicano de comercialización de pollos. Combinadas, señala Brighter Green, ambas empresas han colocado al estado en el cuarto lugar en cuanto a generación de carne de pollo en México y en el quinto en términos de producción de huevos, según los datos más recientes de la Asociación de Avicultores de Yucatán.
La desaparición de menores se ha recrudecido de manera drástica durante los últimos días en Orizaba y la región de Altas Montañas, situación ha desencadenado una gran preocupación entre padres y padres de familia.
Integrantes del Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas en la Zona Córdoba-Orizaba, piden al Gobierno del Estado que enciendan las alarmas al ser cada vez más frecuente está problemática, en lugar de estar en constante negación de los hechos.
Las madres buscadoras de esta agrupación, aseguran que por desgracia todo parece ser que esto, es parte del uso de redes sociales en el que pueden ser presas fáciles de algún engaño, enamorar a las jovencitas y sin saber ser enganchadas por personas con otras intenciones.
“De manera generalizada hemos visto que en el caso de menores de edad a veces son por cuestiones de redes sociales, que a través de estas plataformas, conocen a chicos de los cuales se hacen sus novias y eso sabemos que es un gancho, no se ha descubierto en gran parte que esto ha sido así”, dijeron las activistas.
Subrayaron que, pocos son los casos en los que las chicas salen, huyen de sus casas por cuestiones familiares y optan por escapar de casa lo cual resulta un fuerte golpe para los padres de familia que hoy viven la angustia de no saber con su paradero.
El Colectivo FDOC, hasta el momento no ha recibido la solicitud de apoyo para la elaboración de fichas de búsqueda pero eso no significa que no este ocurriendo ya que su labor además de buscar a sus seres queridos se orienta cuando así lo solicitan a brindar la asesoría para hacer la denuncia la cual es indispensable para poder iniciar la búsqueda.
Por lo que resulta lamentable que, a pesar de que estos hechos se registren en Veracruz siga habiendo opacidad del Gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, que sigue negando las estadísticas reales que existen al respecto y se nieguen a aceptar la Tercera Alerta de Genero por desaparición de mujeres, cuando esto se está haciendo palpable.
Y que a la par, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns este más preocupada en permanecer los años que le restan al frente de la Fiscalía, que en resolver las carpetas de investigación entorno al tema.
“En la recta final este actual Gobierno, que no ha hecho absolutamente nada y sigue en la negativa no al grado de no querer con las alertas de género y que pues de nada han servido las que ya hay, la Fiscalía General del Estado tampoco se ha pronunciado, yo creo que está más preocupada en ver si se queda por los años que le restan de acuerdo a los mandatos o sabe que peligra su estadía como pasa con cada cambio de administración”.
A raíz de una injusticia, las activistas se vieron en la necesidad de bloquear la vialidad.
El grupo de activistas Madres Buscadoras de Cancún, se manifestó esta tarde de sábado, en el Boulevard Kukulkan ya que piden justicia ante un acto cometido en contra de una de las integrantes por parte de las autoridades.
El día de ayer viernes, la presidenta del colectivo, María Dolores Patrón Pat acompañada de una de las activistas de nombre Dana López, dieron a conocer mediante un En Vivo de Facebook, que un grupo de personas, entre ellas, elementos del Geavig y de la policía municipal, ingresaron violentamente al domicilio de una integrante de las Madres Buscadoras.
Durante la transmisión mencionaron que los que irrumpieron en el lugar no tenían un oficio para agredir de esa forma, pero las autoridades alegaron que sí estaban autorizadas para hacerlo.
De acuerdo al video y a declaraciones por parte del colectivo, todo se deriva a un desacuerdo por la custodia de una menor de 4 años; una de las víctimas es la abuela paterna, y los policías, acompañados de un grupo feminista, entraron al domicilio de la señora en el fraccionamiento Los Héroes, golpeando a una de las hijas de la señora e intentando llevarse a la niña.
Hasta el momento, las Madres Buscadoras permanecen protestando en la zona hotelera de Cancún, habilitando únicamente un carril, esto hasta que autoridades dialoguen con ellas y les den una solución por los inconvenientes previos.
Los desechos que generan las granjas de Kéken entre Kinchil y Celestún, provocaron que surgieran plagas en los cultivos
A casi dos semanas de la contaminación de una vasta zona entre Kinchil y Celestún por los lixiviados de las granjas industriales de cerdos que rebosan en los cenotes a flor de tierra, el panorama para los productores milperos se agravó con un brote de gusanos que devoran los cultivos del maíz.
De acuerdo con los testimonios de milperos del Poniente, las excretas de los cerdos favorecieron la presencia de moscas en los cultivos, y con ellas surgió una plaga de gusanos que deja las plantas en varejones, sin maíz.
Como informamos, con la caída de las últimas lluvias, en una amplia zona comprendida entre Kinchil y Celestún, el agua de los cenotes a flor de tierra rebasó su nivel y dejó numerosos caminos, milpas, apiarios y centros productivos con zonas de encharcamiento de líquido oscuro, pestilente, contaminado con las heces fecales generadas en las granjas industriales de cerdos.
El punto crítico de la contaminación se ubica a la altura de la carretera del kilómetro 63.5, con destino a Celestún / Daniel Silva
El punto crítico de la contaminación se ubica a la altura de la carretera el kilómetro 63.5, con destino a Celestún, a unos 20 kilómetros de Kinchil. Es una zona de difícil acceso por el nivel del agua. Entre los más afectados están los apicultores, cuyas cosechas de miel perdieron la calidad de exportación, pero con esas aguas se riegan cultivos de cítricos, pitahaya y pepino.
Guadalupe Dzul Pech, ejidataria de Kinchil, relató que cuando van a regar sus cultivos se siente el mal olor en el aire: “Es un problema que se agravó hace tres años, con las inundaciones de las tormentas Amanda y Cristóbal; esa vez el excremento de los cerdos cruzó la ciclopista, llegando hasta la carretera”.
“Las plantas biodigestoras de las granjas de cerdos son insuficientes, se saturan, pasa el lodo a través de los cenotes y cuando llega a los cultivos, toda la vegetación se muere; el ácido de la orina del cochino la mata”, añadió.
Han surgido plagas de gusanos y moscas que devoran los cultivos / Daniel Silva
Aunque las aguas negras se secan, continuó, generan demasiadas moscas, que a su vez atraen gusanos que se alimentan de las plantas de las milpas, en especial del maíz.
“Es una cosa exagerada. Está saliendo el maíz y los gusanos se comen todo, sólo dejan el palito de las matas. La primera vez que sufrimos la plaga de gusanos fue hace dos meses, pero ya volvieron a brotar. No creo volver a sembrar maíz, porque ya nos pasó el tiempo”, indicó.
Guadalupe Dzul explica que se buscan formas de afrontar el problema de la contaminación y las plagas, ya que no hay una vigilancia sanitaria estricta a las granjas industriales de cerdos: “Los dueños de las granjas tienen mucho dinero y socios muy importantes en el Gobierno. Se saben impunes”, detalló.
Defender los recursos naturales y el territorio en Veracruz muta a una actividad de alto riesgo en las poblaciones más pequeñas
XALAPA, VER.- Ambrosio salió corriendo todavía con los shorts puestos que usaba para descansar en su casa. Segundos antes recibió el llamado urgente de la esposa de su primo, avisándole que sujetos vestidos de civiles lo sacaron a jalones de su domicilio: un “levantón”, es lo único que pensó. En realidad, se trató de la detención de Minervo Cantor Peña, de 62 años, acusado por la empresa Agroindustrias Unidas de México Sociedad Anónima de Capital Variable (AMSA SA de CV) de un incendio a sus instalaciones.
Ambrosio y Minervo se dedican a la siembra, cosecha y venta de café en Ixhuatlán del Café, Veracruz. Por el nombre del municipio, queda claro cuál es la actividad de la que dependen las familias, donde la escultura de una taza de café en el parque principal es uno de los íconos.
Los dos campesinos trabajan en la región de las Altas Montañas, en las faldas del Pico de Orizaba, lo que el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) denomina como el “distrito Fortín”. Esta región se posicionó – según el informe más actual de junio del 2024 – como el primer lugar nacional productor de café cereza, lo que significó 128 mil 889.53 toneladas del fruto.
La compra de este empuje de productividad es monopolizado por una empresa mexicana, AMSA, instalada en el municipio desde hace 20 años, y forma parte del grupo ECOM Trading, compañía de origen catalán fundada en 1849 por la familia Esteves, con presencia en 40 países, dedicada al procesamiento y comercialización a escala mundial principalmente de algodón, cacao y café.
Los compromisos de ECOM de “mejorar los medios de vida de trabajadores y granjeros”, así como de “proteger y regenerar la naturaleza” – según su página oficial– contrastan con las denuncias por pagos injustos y contaminación del río que los campesinos en Ixhuatlán del Café, acusan que causa las instalaciones del beneficio que tiene en el municipio.
Esta investigación documenta por primera vez dos casos recientes de represalias que sufrieron campesinos veracruzanos tras tomar las instalaciones de empresas trasnacionales, en la cúspide de sus demandas acumuladas por años en esta entidad. Las quejas fueron silenciadas tras la liberación de órdenes de aprehensión y dos crímenes.
Ambos casos abren la cloaca de un problema más profundo. Las autoridades estatales han sumado a infundir el terror en pequeñas poblaciones, donde protestar puede costar la tranquilidad o la vida, contrario a la “política de no represión” del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las detenciones
Ambrosio Peña cuenta con una orden de aprehensión acusado por el delito de estragos. Está seguro que, si aquella mañana del 26 de mayo del 2023 no hubiera salido de casa en auxilio de su primo, también lo habrían detenido frente a su esposa, hijos y nietos menores de edad.
Policías ministeriales se presentaron en su casa y le marcaron para intentar hacerlo regresar; dijeron que “supuestamente estaba acusado de un secuestro”, recuerda. No era así. En realidad era parte de las 12 detenciones que se buscaban ejecutar y de las cuales se lograron cinco.
Minervo Cantor Peña, Crisanto Valiente Miramón, Abraham Cabal Pulido, Ciro Ruiz González y Viridiana Bretón Feito fueron detenidos y acusados de provocar el incendio de una oficina de AMSA el 24 de enero del 2022. Viridiana Bretón es exalcaldesa de Ixhuatlán del Café – abanderada por el Partido Acción Nacional -, mientras que el resto son campesinos caficultores, destacando Ciro Ruíz, fuerte activista y presidente del Consejo Regional del Café de Coatepec.
Previo al incendio, hubo tres días de protestas con la toma de las instalaciones de AMSA para exigir que el café tuviera un valor justo, pues pasaron de pagar 16 a 11 pesos por kilo. También pedían un trato digno y solidario a los trabajadores del campo, y un alto a la contaminación con aguas negras del río. El plantón fue levantado cuando les alertaron por la presencia de elementos policiacos.
El 31 de enero del mismo año, el gobernador Cuitláhuac García aseveró en rueda de prensa que Viridiana Bretón alentó a “coyotes” a causar el incendio. Así es como se les conoce a los intermediarios entre la compra del café de los productores para revenderlo y después quedarse con la diferencia del dinero en el proceso.
Francisco Faus Sotelo – director de operaciones de AMSA – fue consultado por una postura sobre las quejas del pago de la empresa, a lo que respondió: “el día domingo 23 de enero del 2022, se tuvo una reunión en la Secretaría de Agricultura del Estado de Veracruz, con las autoridades estatales, el Secretario de SEDECOP (Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario), el Subsecretario de Agricultura, Director de Política Regional, la presidenta municipal de Ixhuatán, un comité de los manifestantes donde estuvo Cirio Ruiz, Lucio García, entre otros. Ahí se vieron las peticiones de los manifestantes y se concluyó que AMSA no había bajado los precios, sino que fueron intermediarios/coyotes y que al contrario, era la empresa que mejor pagaba.”
Antes de que acabara enero el problema lo atendió personalmente Santiago José Argüello Campos, director de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Tras una reunión con los cafetaleros, lo que creían que concluiría con acuerdos en favor de ellos, terminó en un respaldo público de la autoridad federal a la postura de Faus.
“Yo veo los precios de la empresa acorde con el mercado internacional, lo que hay de diferencia son centavos, entonces por esa razón no entendemos el conflicto”, dijo, y señaló “importante” la presencia de la empresa para la derrama económica del municipio.
Argüello Campos trabajó en “gestión de la cadena de suministro” de AMSA del 2005 al 2008, en sus instalaciones en Chiapas. Luego, del 2009 al 2014, fue el gerente nacional de la empresa, de la división de café, desde la Ciudad de México.
“Yo le estorbaba a AMSA porque estaba buscando oportunidades (para los caficultores)”, dice la exalcaldesa, quien no duda que la orden de aprehensión en su contra responde a una venganza por las acciones implementadas en su administración para dar otras vías de comercialización a los productores. Ella comprobó que no estaba en el estado el día del incendio del que se le acusó.
Los cinco fueron llevados al penal de mediana seguridad de La Toma, en Amatlán de Los Reyes. “Íbamos con 20 patrullas adelante y atrás, como si fuéramos los peores delincuentes”, narró la exedil.
Luego de que el tema fue expuesto en la conferencia “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, autoridades federales atendieron el problema y fueron liberados a tres de ellos en un mes y al resto en cuatro meses. El 4 de abril del 2024 un juez de control los absolvió al decretar un sobreseimiento por el delito de estragos, es decir desestimó las acusaciones que hizo la fiscalía contra ellos.
Irregularidades en las investigaciones tira acusación de Fiscalía
Ninguno de los campesinos detenidos se explica cómo una denuncia de AMSA, por un incendio que no se ha podido comprobar, motivó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a solicitar las órdenes de aprehensión y, posteriormente, las vinculaciones a proceso contra cinco de ellos.
Los cinco campesinos salieron de prisión debido a que un juez les varió la medida cautelar de prisión preventiva justificada y después, el juez Daniel Orlando García, adscrito al juzgado de Huatusco consideró qué existía “atipicidad” del delito de estragos, porque los datos aportados por la fiscalía de Veracruz eran contradictorios, de los que destacan puntualmente cuatro puntos.
Entre los datos de prueba que presentó la fiscalía destacan los testimonios de dos trabajadores. De Omar Xaca Xaca, con fecha del 21 de enero, es decir, tres días antes del incendio. Después fue la de Miguel Ramos Cabrera, quien narró del día 20 al 25, sin embargo, tampoco se acotó el día exacto en el que se levantó su testimonio.
El juez consideró estas pruebas como “no idóneas” al no aportar datos del día 24, cuando fue el incendio.
El otro punto aseverado en el documento es que la fiscalía y el personal de la policía ministerial no cumplieron con su obligación de preservar el lugar donde sucedió el incendio después de ser notificados, con el fin de impedir que se perdieran o alteraran las pruebas y la escena.
El trabajo de la criminalista Faride Chávez Galán se documentó dos días después del incendio, con apoyo de fotografías de cristales rotos, cenizas, muebles y papeles quemados, pero el juez enfatizó que el lugar no fue preservado.
Otra de las irregularidades halladas por el juez en los antecedentes de investigación fue el dictamen de incendio y explosivos, en el que se concluyó que el incendio fue originado por quema de papel y plástico y no con gasolina, como sostuvo la fiscalía y narraron testimonios.
Por último, se habla sobre cinco testigos de identidad resguardada que reconocieron haber estado presentes durante el delito, tras recibir el pago de una persona – acusada – de 500 pesos para manifestarse. Después los habrían incitado a hacer el incendio, a lo que se negaron.
El juez consideró que los testimonios no son aptos para considerarse como pruebas, pues la fiscalía no los investigó y tampoco se consideraron bajo algún “criterio de oportunidad”. A esto, añadió el juez, que dichos testimonios insistieron en el uso de gasolina y bombas molotov, que no coincide con el dictamen.
Francisco Faus duda que en el par de horas de receso que el juez pidió en la audiencia para analizar “haya podido leer los cientos de hojas del expediente a conciencia”. Aseguró que “al igual que cuando el primer Juez dicto las ordenes de aprehensiones los denunciados se opusieron, de igual forma nosotros nos opondremos”.
Viven escondidos
Así como Ambrosio hay otras seis órdenes de aprehensión pendientes por ser ejecutadas. Viven con miedo constante y confiar en la fiscalía si se deciden entregar no es opción. El sobreseimiento dictado al resto del grupo es considerado algo “parcial”, pues no exime que la fiscalía pueda detener al resto de los campesinos.
Los caficultores consideran que las irregularidades que determinó el juez deberían ser suficientes para que la autoridad desista de las acusaciones contra todos, y que incluso, cancele las seis órdenes de aprehensión pendientes.
AMSA puede interponer un amparo para apelar a seguir con la denuncia, por lo que temen que el pleito legal se alargue, mermando sus bolsillos – aún más tras descuidar su trabajo en el campo – con la contratación de abogados.
El artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla que la fiscalía puede solicitar la cancelación de las órdenes de aprehensión “cuando estime su improcedencia por la aparición de nuevos datos”, es decir, reconocer su error.
José Adolfo Herrera, otro de los caficultores que hoy cuenta con una orden de aprehensión, 20 años atrás increpó y llamó mentiroso a Francisco Faus Sotelo en una reunión pública. La queja era el paso de un tubo de agua para AMSA por su terreno.
“Si te corto el tubo me vas a acabar, porque yo soy David y tú eres Goliat, como lo están viendo todos”, lo que quedó grabado en un video de medio local.
Luego de cuatro cirugías del estómago, Herrera vive las secuelas físicas de una recuperación larga que le impide su movilización normal e, incluso, el uso de silla de ruedas. No da crédito de cómo se le puede acusar de participar en una manifestación, y menos de provocar un incendio.
AMSA SA de CV
Según el Registro Único de Comercio, AMSA SA de CV fue constituida como empresa el 30 de noviembre de 1998, en la oficina registral de Jalacingo, en el municipio de Perote, Veracruz.
Eduardo Andres Esteves fue el representante de un contrato de crédito refaccionario por hasta 100 millones de dólares, lo que constó en el documento 1003D. Como garantía se quedó la hipoteca de una propiedad en Perote.
CAPÍTULO 2: AMSA y Granjas Carroll
“Es Fuerza Civil la que está tirando a matar, es Fuerza Civil”, se escucha gritar a una mujer en un video grabado en vivo por el portal La Voz del Pinahuizapan. Manifestantes intentan resguardarse en las instalaciones de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) para evadir las balas. El tiroteo fue estruendoso; policías estatales a bordo de patrullas que persiguieron a jóvenes y adultos, como si de delincuentes se tratara.
Se ve a algunas personas con piedra en mano, con la esperanza de poder defenderse en caso de que una de las armas les apunte. El plantón de protesta en la carretera Perote – Puebla aquél 20 de junio cumplía 24 horas cuando arribaron los policías, siendo al menos dos los acusados de haber asesinado a los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vazquez.
Integrantes de la Cuenca Libres – Oriental tomaron la entrada de las instalaciones de Granjas Carroll de México (GMC). AMSA SA de CV también es dueña parcial de Granjas Carroll, según consta en la página oficial de la empresa porcícola. El segundo grupo es Smithfield, originario de Estados Unidos con parte de participación de empresarios chinos, información avalada con una fotografía tomada el 18 de mayo del 2016 cuando los representantes dieron un recorrido en las instalaciones.
En el recorrido de la planta estuvieron quienes entonces fungían como presidente de Shuanghui Foods, Wan Long; el presidente del consejo de ECOM, José Esteve; el presidente de ECOM, Jorge Esteve; el presidente de Smithfield Foods, Ken Sullivan; el presidente de GCM, Pedro Tabares-Juárez Hernández; y el director general de Granjas Carroll, Víctor Ochoa Calderón. Destaca la familia Esteve, creadora de ECOM y representantes de AMSA SA de CV.
Las quejas y denuncias contra Granjas Carroll datan desde hace 15 años y las escenas se repiten. En 2005, habitantes de Veracruz y Puebla se manifestaron para exigir un alto a la contaminación de aire, suelo y agua por las granjas porcícolas que escalaron a enfermedades. Incluso, el entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, reconoció que el “paciente cero” del virus H1N1, conocido como gripe porcina, fue un niño en La Gloria, Perote.
Para el 2007 se tuvo el registro de una persecución de protestantes cuando bloquearon la carretera Alchichica – Perote. Se giraron órdenes de aprehensión por difamación en contra de Margarita Hernández Burgos, Luis Martínez Crisóstomo, María Verónica Hernández y Bertha Crisóstomo; estas últimas eran maestra de Telebachillerato y agente municipal, respectivamente, en la localidad de La Gloria.
Atanacio García Durán, el padre del ahora gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, era entonces diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) e intervino desde el Congreso para su liberación.
Ahora en 2024, Jorge, de 32 años, se manifestó como en ocasiones anteriores lo había hecho, contra las actividades de Granjas Carroll. Cuando lo atacaron a balazos, su hermano Alberto no dudó en ir al lugar y también fue asesinado. Ambos eran campesinos.
En la conferencia “mañanera” del 16 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las acciones de los policías fue un acto de represión.
“No debió actuar así la policía del estado (de Veracruz), nosotros hemos llevado a la práctica una política de no represión, no se debe utilizar la fuerza y en este caso lamentablemente hubo represión y fallecieron dos campesinos (…) Hoy en la mañana me informaron sobre esta detención, sobre dos policías que participaron en estos hechos y va a hacerse justicia”, dijo.
A raíz de los hechos la Secretaría de Gobierno de Veracruz anunció la desaparición de la Fuerza Civil, aunque pobladores de Totalco aseguran que todavía los ven, pero ahora vestidos de civiles.
Ley Antigranizo
Pedro Romero Cortina, agente municipal de Totalco, cuenta con videos de cómo son los artefactos usados por granjeros para inhibir las lluvias en la zona. El 11 de octubre del 2023 aprovechó la visita del presidente López Obrador a la fortaleza de San Carlos para exponerle el problema.
“Ayuda AMLO, ayuda para que los rancheros dejen que llueva, nos están matando de hambre”, decía una lona que fue puesta en una de las bardas perimetrales. También le hizo llegar un documento para pedirle que atendiera.
Estas prácticas eran un rumor desde años anteriores, pero él logró documentar – y desalojar- algunos artefactos. Cohetes de trueno, bombas expansores de químicos y lanza nitrógenos -conocidos como antigranizo – forman parte de la lista.
Estos son usados para evitar que llueva cuando las nubes se cargan, pues impiden que los pesticidas perduren en los sembradíos. Romero asegura que él tiene conocimiento de que se usan desde hace al menos 5 años, que él le ha dado seguimiento.
Tras la represión de la manifestación, el agente llevó la propuesta de ley para castigar a quien modifique el ciclo del agua al diputado de Morena Paul Martínez Marie, quien a su vez presentó una iniciativa en el Congreso de Veracruz y fue aprobada.
El día que asesinaron a sus sobrinos y compadres, los hermanos Cortina, asegura que fue un “día imborrable para Totalco” pues nunca se había suscitado algo similar; era un caos la gente pidiendo auxilio, pues policías se estaban llevando a personas a bordo de las patrullas en medio de los balazos sobre la carretera.
Aunque reconoció que la población tiene temor después de ese día, dijo que “la gente está enfurecida (…) tan es así que están pidiendo que las patrullas ya no entren a Totalco”. A la par, siguen las exigencias para que las autoridades atiendan los reclamos contra Granjas Carroll, pero protestar ya no es opción.
Entre Totalco e Ixhuatlán del Café hay una distancia aproximada de 150 kilómetros, que se traduce en un viaje en auto de poco más de tres horas. Ambos casos comparten la similitud de las represalías tras oponerse.
Una desaparición en silencio
Amparo Salinas Hernández desapareció el jueves 23 de mayo del 2024 en la localidad de Rincón Mariano, perteneciente al municipio de Zentla, ubicado entre la región de Las Altas Montañas y el puerto de Veracruz. Era agente municipal y activista reconocida que buscaba principalmente la defensa de los ríos.
Su hermana publicó desde Facebook que la mujer de 38 años dejó abierta su casa con las llaves pegadas a la puerta, un pescado en la estufa y su coche estacionado. Arrancaron la cámara de vigilancia de su negocio.
Luego de que en notas se mencionó que desapareció tras denuncias contra AMSA, Nestlé publicó un posicionamiento deslindándose de ser filial de la empresa mexicana.
“En las publicaciones se sugiere un posible vínculo entre ese terrible hecho y la empresa AMSA y se menciona erróneamente que es filial de Nestlé. Informamos que AMSA NO es ninguna filial de Nestlé y, por lo tanto, Nestlé no participa en la operación, control, administración y/o toma de decisiones de dicha empresa”.
Amparo Salinas el 31 de marzo mantuvo una reunión con la Secretaría de Gobierno de Veracruz, para pedir la protección de los ríos Jamapa y Chiquihuite. El portal local La Nigua logró publicar un video de las exigencias de la activista:
“Creo yo que todavía estamos a tiempo de detenerlo, pero no podemos dejarlo pasar porque este año el problema de contaminación fue más fuerte que otros años y si lo dejamos pasar pues no nos imaginamos el daño que puede causar el próximo año, tenemos que dimensionar que esta vez el daño fue muy grande y tenemos que poner un alto, y espero que ustedes como autoridades competentes puedan hacer alguna aportación en beneficio de nosotros que somos muchos municipios afectados porque el problema se genera en el río Jamapa pero este río su afluente pasa por varios municipios, hasta desembocar en el mar, pasa por el municipio de Ixhuatlán, Apatlaxco, Paso del Macho, Camarón, Zentla, Soledad de Doblado, Medellín, etcétera.
“Y pues mucha gente incluso no tiene conocimiento de eso que está sucediendo, porque es algo que ni siquiera le han dado la difusión, hay personas de otros municipios que yo les he platicado y me dicen ‘no, yo no sabía de ese tema’, y van y así se meten al río. Hay gente que aún así va y pesca, igual y están comiendo pescado contaminado. Tenemos un problema muy fuerte de contaminación y tenemos que detenerlo.”
Pobladores de la comunidad indígena nahua enfrentan el riesgo de perder alrededor de 3 mil hectáreas de su territorio mediante un juicio iniciado hace dos décadas.
Habitantes de Santa María Ostula bloquearon la carretera federal 200, a la altura dle crucero de Aquila. Foto: Congreso Nacional Indígena
Proceso
Por Pedro Zamora Briseño
viernes, 9 de agosto de 2024
MORELIA, Mich. (apro).- La mañana de este viernes, habitantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula se movilizaron en defensa de sus tierras comunales con dos acciones simultáneas: una protesta frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad y la toma la carretera federal 200, en la costa michoacana, a la altura del crucero de Aquila.
“En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas (que se conmemora este 9 de agosto) no tenemos nada que festejar; tenemos un solo clamor: justicia para Ostula, justicia para los pueblos originarios”, señaló la comunidad a través de un pronunciamiento leído en Morelia por el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, J. Guadalupe Serrano Chávez, ante representantes de los medios de comunicación.
La comunidad, perteneciente al municipio de Aquila, en la región Costa-Sierra, advirtió que se encuentra en alerta y desde el pasado 28 de julio se declaró en asamblea permanente, pues enfrenta el riesgo de perder alrededor de 3 mil hectáreas de su territorio en beneficio de pequeños propietarios, mediante un juicio iniciado hace dos décadas.
De acuerdo con el documento, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, resolverá en este mes el juicio de amparo directo 463/2023, interpuesto por la comunidad contra las resoluciones del Tribunal Superior Agrario y del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 de la ciudad de Colima, dentro del juicio por conflicto de límites 78/2004.
Las sentencias combatidas, añade, “desconocen una parte significativa de nuestras tierras y montes comunales, ignorando los derechos ancestrales que como pueblo originario tenemos, los convenios internacionales y la Constitución del país”.
En su pronunciamiento, la comunidad de Santa María Ostula, abundó:
“En los últimos 16 años hemos defendido nuestras tierras y construido la paz con nuestras vidas, costándonos el asesinato de 40 comuneros y 6 más que han sido desaparecidos a partir de que iniciamos la recuperación del lugar sagrado que nombramos Xayakalan”.
Sostuvo que la razón legal e histórica de la comunidad nahua “es evidente, y aun sabiendo que hay un juicio agrario plagado de irregularidades, tenemos la esperanza, fundada en la lucha de quienes nos han precedido, de quienes han pagado con su vida hacer la defensa de su comunidad, de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Segundo Circuito valorará los motivos y razones que hemos manifestado al recurrir a la justicia mexicana, la cual hemos agotado hasta esta instancia, habiendo sido despreciada nuestra solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera este trascendental amparo”.
Con el propósito de visibilizar sus reclamos, los comuneros indígenas que se manifestaron en Morelia bloquearon la circulación vehicular en un sentido de la avenida Camelinas.
Mientras tanto, en la costa otro grupo de habitantes de Ostula interrumpió totalmente la circulación en la carretera federal México 200, en respaldo a la manifestación realizada en la capital del estado.
Por su parte, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán emitió un comunicado en solidaridad y respaldo a Santa María Ostula:
“Los pueblos indígenas de Michoacán reconocemos a Xayacalan como parte de la comunidad indígena de Ostula y como parte integral del territorio náhuatl de la costa sierra michoacana, toda vez que mantienen sus títulos primordiales emitidos durante la colonia, una resolución presidencial de 1964 y la posesión histórica y contemporánea de sus territorios”.
Puntualizó: “La comunidad indígena de Santa María Ostula es un ejemplo de dignidad, resistencia y lucha para todos los pueblos (…); nos sumamos a la exigencia al Poder Judicial de la Federación para que resuelva haciendo justicia en favor de Ostula, que se encuentra defendiendo no sólo su territorio, sino reservas de agua, fauna y vida que los intereses mineros, hoteleros, particulares y del crimen organizado quieren despojar. ¡Exigimos respeto y certeza jurídica para los pueblos originarios y sus territorios!”
UN PICO Y UNA PALA. De la solidaridad, la empatía y la valentía
Agosto del 2024.
La solidaridad con lo lejano -y no me refiero a la geografía, sino a su lugar en la información-, no sólo es cómoda. Además, permite las posiciones más absurdas y contradictorias (como la de justificar el asesinato de civiles, niños en su mayoría, que ignoran que el infierno presente no es momentáneo, sino también una promesa del futuro).
La solidaridad con lo distante no requiere compromiso: son otros los que sufren y mueren. Para ellos la limosna de la atención momentánea, la acalorada discusión (já) sobre uno o dos Estados, las referencias históricas a modo de cada posición. La solidaridad con lo cercano, en cambio, demanda algo más que un comentario en redes sociales. En el extraño y pequeño mundo del progresismo están más cerca las kurdas, Palestina y Ucrania, que Ostula y su porfiada resistencia; las comunidades originarias del Istmo que se rebelan al destino de ser reconvertidas en guardias aduanales en la nueva frontera sur de la Unión Americana (porque eso, y no otra cosa, es ese megaproyecto); la destrucción ecológica llamada “Tren Maya”; el despojo de agua en toda la geografía; la imposición de termoeléctricas; las rebeliones contra saqueos, imposiciones y destrucciones del medio ambiente;…y las Buscadoras.
Y no, no se trata de obviar, por geografía, una injusticia en cualquier parte del planeta. No, se trata de entender y sentir que la solidaridad no es una moda y una pose, sino un compromiso que maldice.
Como el oído, la mirada… y la palabra
-*-
De las ausencias, la más terrible e inhumana es la que no tiene explicación.
Las personas desaparecidas, su actualidad y la indiferencia que provocan arriba, son la prueba contundente de que la frivolidad y el cinismo son virtudes en el quehacer político de la derecha… y de la izquierda progresista.
La existencia de personas que buscan la verdad y la justicia para sus ausentes es lo que marca la modernidad tan cacareada allá arriba: es terrible el infierno en el que se cocinan esas desapariciones; y es maravilloso que, quienes buscan, revaloren con su empeño la dignidad humana.
En los últimos años, lo más terrible y maravilloso que ha parido esta geografía es la profesión de “buscadora”.
¿Cuál es lo mínimo para cumplir esa demanda de verdad y justicia para las desaparecidas? ¿Cuál es el “piso”, -como dirían los expertos en gestoría-, en esa petición? ¿Un fragmento óseo? ¿El jirón de una blusa descolorida? ¿Un zapato sin su par? ¿Una resolución del poder judicial, la policía, el gobierno en turno: “se hizo lo que se pudo”? ¿La señal del gps parpadeando solitaria, desesperada, inútil?
¿Un discurso que, claro, culmina con “me comprometo a que se sepa la verdad antes de que termine mi gobierno, caiga quien caiga”?
Las buscadoras no sólo buscan a sus ausentes, también buscan la vergüenza, la dignidad y la humanidad que se perdieron con un puesto gubernamental, un renglón en la tabla Excel del pago en nómina por claudicaciones.
Quienes se niegan a responder a la demanda de las Buscadoras, ¿a qué le temen? ¿Cuál es el sustento para que afirmen que “la mayoría de las desaparecidas lo son por voluntad propia”? ¿Es que ya investigaron y esas ausentes lo son voluntariamente? ¿Entonces por qué no decirles a las Buscadoras: “señora, su hijo, hija, se fue porque encontró una pareja” o “porque usted no la comprendía”?
¿No tienen alta tecnología (drones, satélites, georradares, archivos digitalizados)? Si no, por qué no compran o rentan, o piden prestados esos equipos. Busquen en tiendas on line… o en la página de la Secretaría de Marina. Sólo escriban en la ventana del buscador “equipos de búsqueda y rescate”.
Si tienen los medios para espiar a sus enemigos (un Pegasus en cada soldado te dio), ¿por qué no usan esas tecnologías para averiguar si esa persona está desaparecida “por voluntad propia”?
¿O mienten las Buscadoras? ¿Entonces es mentira que anden de un lado a otro, atenidas a las informaciones que reciben? ¿Sufren porque quieren o porque alguien les hace falta? Esas imágenes donde aparecen, con palas y picos, en zonas rurales, ¿son editadas con una aplicación digital y, en realidad, ellas están en su casa haciendo cuentas para ver cómo llegan a fin de mes? Ellas -y ellos, claro-, las Buscadoras, ¿desaparecieron voluntariamente a sus hijos, hijas, compañeros, compañeras, padres, madres, familia, con el único propósito de perjudicar a la víctima imaginaria de Palacio Nacional?
Tal vez podrían, al menos, pedirles a esas Buscadoras que busquen y encuentren la vergüenza que, allá arriba, perdieron por un puesto gubernamental… y una nómina personal.
-*-
Usted que trabaja en medios de comunicación, ¿se acuerda de aquellos tiempos cuando hacer periodismo era investigar, ir al lugar de los hechos, entrevistar a las “partes involucradas”, desafiar la “autocensura”, pelear en el comité de redacción por la publicación -porque usted se comprometió con esas víctimas a dar a conocer su tragedia; y usted tiene en alta estima el valor de la palabra, por eso eligió el periodismo-, regresar al lugar y mostrar a esas dolientes la nota (que a usted le costó la enésima amenaza de despido, -o se lo confirmó, claro-)?
¿Recuerda cuando las notas se sacaban de la realidad y no de las redes sociales? ¿Se acuerda de cuando el gafete de “PRENSA”, más que de orgullo e impunidad, era símbolo de compromiso ético?
¿No hubo un tiempo en que peleaba la nota con otros periodistas y no con influencers que ni siquiera saben redactar la descripción de sus videos? ¿Aquellos días donde el enemigo era la dádiva, el chayote, el sobre con billetes, la información no confirmada? Y no como ahora, las amenazas de muerte -cumplidas no pocas veces-, o los hostigamientos virtuales de bots de uno y otro signo. Además, claro, del tribunal mañanero con el que el Supremo reparte bofetadas y caricias.
¿Dónde están los grandes reportajes, el periodismo de investigación, las notas exclusivas, las preguntas incisivas, la redacción impecable, la dicción correcta, la imagen donde la nota no es el periodista sino la realidad?
Seguid el hilo de Ariadna, tal vez dentro del laberinto encontrareis lo que les hizo elegir el periodismo como profesión… y maldición.
-*-
En algún rincón del corazón humano hay una cosa que se llama “empatía”. Esa capacidad de “ponerse en el lugar del otro” es, en realidad, la capacidad de “ponerse en el lugar de la víctima”. A veces individualmente y cada vez más en colectivo, ese sentimiento va más allá y afronta la necesidad de “hacer algo”.
Pero la realidad no da premios. Si acaso, pesadillas. Así que se necesita valentía para decir “soy yo y siento que esto no es justo y tengo que decirlo o hacerlo sentir, sobre todo a las víctimas”.
Son escasos y muy espaciados los logros que se consiguen. Parecen pequeños, pero para las víctimas lo son todo. Como lo será para -supongamos, sin conceder-, José Díaz Gómez, quien de seguro se sorprenderá cuando vea todos los mensajes de apoyo y solidaridad que, desde los rincones más insospechados de México y el mundo, convergieron en el esfuerzo de esa ONG -incómoda, como deben ser todas las ONG-, que asumió la búsqueda de la justicia como lo que es, es decir, un deber.
Su libertad fue parida por todas esas voces y acciones que, ojo, convergieron en una demanda sencilla pero contundente, tan añeja como la humanidad misma: libertad.
-*-
Buscad a las buscadoras. Se me ocurre, no sé, que tal vez también buscan otro mañana. Y eso, amigos y enemigos, es luchar por la vida.
Vale. Salud y encuéntrenlas. Urge.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
El Capitán.
Agosto del 2024.
P.D.- Creo que es obvio, pero si no, pues lo decimos claramente: gracias.
Fotos: Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on / La coperacha
Encuentran 769 colmenas afectadas por intoxicación, principalmente fipronil.
La Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on denunció una cuarta oleada de mortandad de abejas ocurrida en varias comunidades de Tizimín, Yucatán. Esta muerte masiva fue ocasionada por la intoxicación por plaguicidas, principalmente fipronil, sustancia prohibida en la Unión Europea y 11 países más debido a su letalidad contra las abejas.
La mortandad fue reportada por apicultores de las comunidades de Chenkekén, San Pedro Juárez, Dzonot Mezo, Tixcancal, San Luis Tzuctuk y Santa Clara Dzibalkú, del municipio de Tizimín y ocurrió durante marzo. Sin embargo, los apicultores desde 2018 ya habían presentado reportes de intoxicación de abejas vinculados a cultivos de papaya, chile, tomate, maíz y soya.
En un comunicado, la organización maya detalló que se produjo una afectación en 769 colmenas. De ellas, en 536 se encontraron severos daños y en 239 se observaron disminución de la población, lo que representa, de acuerdo a la informado, una pérdida económica superior a 4 millones 371 mil pesos y una pérdida de 3 mil 630 días de trabajo rural.
La muerte masiva de abejas está vinculada a la producción industrial de maíz en ranchos cercanos a los apiaros, propiedad de la empresa agrícola Enerall conocidos como ranchos Santa Cruz, Paknal, Granados y San Mateo, donde se ha observado la aplicación de plaguicidas, señalaron los apicultores.
Añadieron que con apoyo de investigadores del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) recogieron muestras de abejas muertas para ser analizadas en Laboratorio Nacional de Toxicología, Unidad Apodaca, encontrando residuos de los insecticidas fipronil, clorpirifos y endosulfan, así como fipronil sulfone y fipronil sulfide.
La Alianza Maya por las Abejas informó que presentaron dos denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y una ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) sin que se hayan investigado los hechos ni interpuesto medidas de seguridad para atender la problemática.
La organización señaló que junto a esta muerte de abejas ocurren otro tipo de daños ambientales pues se impacta a otras especies polinizadoras. Además, recordó que el uso de plaguicidas no está permitido en la Península de Yucatán debido a su suelo kárstico altamente permeable; por ello exigieron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) cancelar los registros y permisos para la importación y uso del fipronil.
La denuncia de la organización de apicultores está sustentada en un informe del Colegio de la Frontera Sur, elaborado por los investigadores Marco Cupul, Irma Gómez, Eric Vides Borrell y Rémy Vandame.
Habitantes de la Región de Xpujil, Calakmul, desde hace tres días tienen problemas por el servicio de mala calidad del agua potable debido a que, de sus llaves, ha salido agua con lodo, que no puede ser utilizada para consumo humano y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Calakmul (SMAPAC) no le ha dado una solución al problema.
Desde hace varios días, los habitantes de la región de Xpujil, perteneciente al municipio de Calakmul, han tenido problemas debido a la mala calidad del agua, que sale acompañada de lodo, que más bien parece pozol o chocoimilk con leche, y este no puede ser para consumo humano.
La mala calidad del agua impide su uso para consumo humano, baño y limpieza.
Mientras padecen la escasez del vital líquido, es imposible que lo utilicen para el baño y lavar su ropa y trastes, debido a que en lugar de limpiarlos más lo ensucian. Esta situación es constante, pues en ocasiones dos o tres días el agua sale limpia de las tomas y puede ser utilizada en las viviendas.
Pero de un momento a otro empieza a salir sucia y en esta ocasión hasta acompañada de lodo, que perjudica a los pobladores, ya que no les sirve para los quehaceres de las casas. Ante esta situación, la dirección del SMAPAC no hace nada para encontrar una pronta solución y que estos problemas se terminen. Cada vez se da una situación de estas y los habitantes no están dispuestos a seguir aguantando.
Aparte de la escasez del vital líquido, las autoridades municipales no dotan a los vecinos de pipas con agua potable para ayudarles a soportar esta difícil situación, que cada día empeora más. Antes el agua solo llegaba sucia, pero ahora hasta con lodo, que es imposible de utilizar en los hogares.
El gobernador del estado Carlos Manuel Merino Campos, descartó que la mortandad de peces y la contaminación del Río Seco sean ocasionados por la refinería Olmeca, situada en Dos Bocas, Paraíso.
Redacción / El Heraldo de Tabasco
A pesar de la denuncia de pescadores paraiseños y de habitantes de Puerto Ceiba sobre los fenómenos de mortandad de peces, contaminación de cuerpos lagunares y el cambio de color del agua del Río Seco, el gobernador del estado Carlos Manuel Merino Campos, descartó que esto sea ocasionado por la presencia y actividad de la refinería Olmeca, situada en Dos Bocas, Paraíso.
El mandatario estatal aseguró que la Refinería de Paraíso no hace emisiones de ningún tipo a ríos o afluentes de la zona.
Tras asegurar que no hay descargas de la refinería a los afluentes, Merino Campos mencionó que los empleos para hacer la Refinería de Paraíso impactaron positivamente en la región, y ahora con la habilitación del Corredor Interoceánico se necesitará mucha mano de obra, pues se construirán entre 3 mil 500 a 4 mil hectáreas en plantas industriales.
Al referirse a las quejas de pescadores y productores ostrícolas de la zona que se manifestaron durante la reciente visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la refinería, comentó: “La refinería, y todavía lo corroboramos, no hace emisiones a los cuerpos de agua circundantes, es decir no le aporta ningún tipo de desagüe o de esto al río y a lo que está ahí alrededor”.
Agregó que entre el 2 y el 3 de agosto, enviados de instancias como la Conagua, Profepa y Secretaría de Salud hicieron, en un radio de 5 kilómetro en el Río Seco y Puerto Ceiba, mediciones fisicas, de temperatura y oxigeno con aparatos especializados para ver el cambio de color del agua, tomaron muestras de algas y algunas sustancias.
Estas muestras, dijo, serán enviadas al laboratorio para que se determine, “pero puedo asegurar, y está corroborado con quienes participaron en la construcción de la refinería y que conocen perfectamente su funcionamiento, que no emite, digamos no vierte algún líquido o algo así a los ríos que están cerca”, insistió.
Merino Campos reconoció que al principio se reportó una mortandad de peces, y quienes acudieron a la inspección vieron que eran peces muertos por otra causa, como los que se usan para carnada viva para la pesca; “no descartamos cualquier cosa, pero hay que llegar a la última consecuencia para que se desplante”.
Sobre cuándo estarán los resultados, dijo que están en eso y que serán las instancias que están participando las que avisarán; “pero yo puedo asegurar, como me lo informan, que no hay ninguna aportación; lo que la refinería emite es el mechero ese que vemos donde se quema el excedente al aire, hasta ahí”, recalcó.
Cabe señalar que las zonas aledañas registran un impacto ambiental negativo, de acuerdo a pescadores y pobladores de Villa Puerto Ceiba y del ejido Andrés García La Isla.
La semana pasada habitantes de comunidades cercanas a la Refinería de Dos Bocas denunciaron la contaminación del Río Seco, cuyas aguas amanecieron de un color café, que en ocasiones se torna rojizo en algunas zonas.
Dicho fenómeno se sumó a la mortandad de peces registrada dos semanas antes en la Isla Andrés García, situada a 6 kilómetros de la Refinería.
Los denunciantes aseguraron que los peces están llenos de aceite y grasa, mientras que el afluente despide olor a azufre y gas, por lo cual han solicitado a las autoridades investigar las causas de esta mortandad.
Un análisis de imágenes satelitales, realizado por la organización no gubernamental CartoCrítica, mostró que 10 831 hectáreas hoy son ocupadas por obras relacionadas con el Tren Maya; 61% de esa superficie ha sido deforestada.
La cartografía realizada por la organización también muestra que en 87 % de las tierras deforestadas por el Tren Maya, el desmonte o tala se realizó sin contar con una autorización de cambio de uso de suelo forestal, como lo ordena la legislación ambiental.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) difundió un comunicado en donde señala que las cifras presentadas son “inexactas”. Organizaciones que presentaron las cifras señalan que todos sus datos sobre deforestación se sustentan en “evidencia satelital”.
Era diciembre de 2018. Andrés Manuel López Obrador solo llevaba unos días como presidente de México y, en ese entonces, aseguraba que no se iba a talar un solo árbol con la construcción de Tren Maya. Cinco años después, un análisis de imágenes satelitales muestra que, al menos, se han deforestado 6659 hectáreas como consecuencia de las obras realizadas en torno al llamado Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno y que se construye en la Península de Yucatán, al sur de México.
El análisis de las imágenes satelitales realizado por CartoCrítica muestra que para junio de 2023 había 10 831 hectáreas ocupadas para alguna obra relacionada con el Tren Maya, el 61 % de esa superficie fue deforestada.
Militares realizan la construcción de la estación del tren en el tramo 7, en Xpujil, Campeche. Foto: Isabel Mateos.
Eso significa que 6659 hectáreas que tenían cobertura forestal en 2018, ahora lucen sin vegetación. En su lugar hay vías férreas o se construyen estaciones, paraderos, zonas de electrificación, patios de maquinaria, caminos de acceso o son áreas que se utilizan como bancos de material.
Las 6659 hectáreas deforestadas equivalen a casi diez veces el área que hoy ocupa el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, y casi 20 veces la superficie en donde se encuentra el Central Park de Nueva York, en Estados Unidos.
En su análisis, presentado el pasado 2 de agosto, CartoCrítica también destaca que el 87 % del área deforestada (5769 hectáreas) se desmontó o taló ignorando lo que marca la legislación ambiental, ya que los trabajos se realizaron sin contar con un trámite que pide la ley: la autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUST) otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Horas después de que CartoCrítica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y la Fundación Heinrich Böll dieran a conocer en conferencia de prensa la herramienta cartográfica sobre el Tren Maya, la Semarnat difundió un comunicado en donde señala que hay “inconsistencias” en los datos presentados por las organizaciones.
Superficie ocupada por el tren, según tipo de cobertura del suelo. Tabla realizada por CartoCrítica.
Seis mil hectáreas que dejaron de ser Selva Maya
Para realizar el análisis sobre las afectaciones que el Tren Maya está teniendo en la cobertura forestal de la Península de Yucatán, CartoCrítica comparó imágenes satelitales de noviembre de 2018, mayo y junio de 2023. Además, utilizó como referencia los datos de la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) sobre la cobertura de suelo que existía antes del tren. Toda la metodología está disponible dentro de la herramienta cartográfica.
“No se tomó en cuenta la especulación de terrenos (que se está dando alrededor en la zona a causa de proyecto férreo) ni la infraestructura hotelera que se está construyendo”, explicó Manuel Llano, director de CartoCrítica, durante la conferencia en donde se presentó la herramienta cartográfica sobre el Tren Maya.
Photo Credits: Before CartoCrítica After CartoCrítica
El análisis de las imágenes satelitales muestra que de la superficie deforestada por las obras del Tren Maya, 4139 hectáreas eran selva baja y mediana; 2246 hectáreas estaban ocupadas por selva mediana caducifolia; 70 hectáreas eran manglar y petén (en la Península de Yucatán se llama así a las islas de vegetación arbórea que se encuentran en zonas inundables) y 11.4 hectáreas albergaban selva mediana y alta perennifolia.
Las imágenes satelitales también permitieron identificar que los tramos 4 y el 6 destacan por ser los que registran la mayor superficie deforestada hasta ahora. En el tramo 4, que va de Izamal a Cancún, se han deforestado 1640 hectáreas; mientras que la construcción del tramo 6, de Tulum a Chetumal, ha provocado la pérdida de 1308 hectáreas de cobertura forestal.
Superficie deforestada por tipo de vegetación y autorización de cambio de uso de suelo. Tabla realizada por CartoCrítica.
En la conferencia de prensa, Sergio Madrid, integrante del CCMSS, mencionó que el Inventario Nacional Forestal señala que en los ecosistemas de la Península de Yucatán una hectárea puede albergar un promedio de 900 árboles. Si se toma ese dato como referencia, alrededor de 6 millones de árboles se han talado en la región como consecuencia de las obras del Tren Maya.
En febrero de 2023, en una respuesta a una solicitud de información, El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) —dependencia que está a cargo del proyecto del Tren Maya— aseguró que se habían talado o removido 3.4 millones de árboles por los trabajos realizados en los diferentes tramos de la obra. De acuerdo con esa respuesta de Fonatur, en los tramos 4 y 5 es donde más se han talado o removido árboles.
El colectivo Sélvame del Tren ha calculado que, al menos, 10 millones de árboles han sido talados o removidos por la construcción del Tren Maya.
Una de las zonas en donde se construye el Tren Maya. Foto: @CCMSSAC.
Deforestar ignorando la ley
Para que una persona, empresa o institución de gobierno federal, estatal o municipal pueda desmontar o talar un terreno, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que es necesario presentar ante la Semarnat una solicitud de autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF).
La Semarnat solo puede autorizar un CUSTF en casos excepcionales. En la conferencia de prensa, Viridiana Maldonado, abogada del Cemda, recordó que “la excepción solo aplica cuando esos cambios de uso de suelo no comprometen a la biodiversidad ni provocan la erosión del suelo, el deterioro en la calidad del agua o la capacidad de almacenamiento de carbono de los ecosistemas”.
Al analizar las 18 autorizaciones de CUSTF relacionadas con el Tren Maya que ha otorgado la Semarnat, las organizaciones encontraron que 16 de ellas fueron autorizadas durante 2023, es decir, cuando ya habían comenzado los trabajos y los terrenos ya habían sido desmontados.
Las zonas en rojo muestran algunas de las áreas en donde se realizó tala sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo. En las resaltadas con amarillo, sí había una autorización. Foto: CartoCrítica.
“La política forestal prohíbe este tipo de prácticas que está realizando Fonatur, como desmontar y luego buscar tener las autorizaciones”, resaltó Maldonado. Incluso, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable señala que no se puede otorgar ningún cambio de uso de suelo, durante los próximos 20 años, en las áreas donde se haya realizado tala o desmonte sin autorización. “La Semarnat estaría obligada a negar esas autorizaciones”, mencionó la abogada de Cemda.
Al analizar cuántas de las 6659 hectáreas que se han deforestado por las obras del llamado Tren Maya fueron desmontadas o taladas sin contar con una autorización de cambio de uso de suelo, CartoCrítica encontró que en 87 % esa superficie se quitó la cobertura forestal sin contar con CUSTF.
“Fonatur sí tiene algunas autorizaciones de cambio de uso de suelo, pero no las suficientes… Las autorizaciones son pocas, incompletas y tardías”, señaló Manuel Llano, director de CartoCrítica, organización que desde hace más de un lustro promueve el acceso público a la información socioambiental georreferenciada para, entre otras cosas, conservar la diversidad biológica y cultural.
Deforestación para sacar materiales que se usan en la construcción del Tren Maya. Foto: Robin Canul.
En su comunicado, la Semarnat asegura que aún tienen validez las autorizaciones provisionales que se otorgaron amparadas en el decreto de noviembre de 2021, cuando López Obrador declaró de interés público y de seguridad nacional todas las obras y proyectos del gobierno federal, entre ellas el llamado Tren Maya.
El 18 de mayo de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional el decreto de finales de 2021. Cuatro horas después, López Obrador publicó un nuevo decreto en el que, de nuevo, establece como temas de seguridad nacional las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
“Las autorizaciones provisionales otorgadas previo a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no quedaron sin efecto, tal como lo determina la propia sentencia, por lo que las obras del Tren Maya continúan con apego al marco legal”, señaló en su comunicado la Sermarnat.
Por su parte, en un comunicado publicado este jueves 3 de agosto, las organizaciones resaltaron que las autorizaciones provisionales no existen en las leyes ambientales, incluso, las autoridades judiciales también han señalado que no pueden sustituir los procedimientos que sí contempla la ley: los CUSTF y la Evaluación de Impacto Ambiental.
El mapa muestra los diferentes tramos que contempla el proyecto del Tren Maya. Imagen tomada de la página de Fonatur.
En las 18 autorizaciones que se han dado para las obras del tren maya, Sergio Madrid destacó que no existió “una valoración del riesgo, una revisión de los daños irreversibles. No es solamente una violación a lo que las leyes del país ordenan, sino es la gravedad de no tener una evidencia de lo que esta autorización implica”.
Manuel Llano, director de CartoCrítica, también resaltó que para los tramos 6 (de Tulum a Chetumal) y 7 (de Bacalar a Escárcega) aún no se tiene registrada alguna autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. “Aun así, ya se ha deforestado”.
La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) es la dependencia que, de acuerdo con la ley, debería determinar si un cambio de uso de suelo en terrenos forestales violó la legislación e imponer amonestaciones, multas o suspensiones de las obras. “Se han presentado varias denuncias populares y Profepa se ha mantenido pasiva”, denunció Maldonado.
Mongabay Latam solicitó a Profepa una postura al respecto, pero hasta la publicación de este texto no se tuvo respuesta.
Obras realizadas alrededor del Tren Maya, en el estado de Campeche. Foto: Robin Canul.
La abogada de Cemda también recordó que el Código Penal Federal considera como delito el realizar un desmonte o tala sin contar con una autorización de cambio de uso de suelo. La pena por esta acción puede ser de hasta nueve años de cárcel y la instancia encargada de investigar si existe un delito es la Unidad Especializada en Delitos Ambientales de la Fiscalía General de la República.
Los desmontes realizados por las obras del llamado Tren Maya “no solo pasan por encima de la ley”. Sergio Madrid remarcó que la pérdida de cobertura forestal también significa “la fragmentación de la selva, la destrucción de hábitat de cientos de especies de flora y fauna, la contaminación de acuífero, destrucción de cavidades subterráneas, relleno de humedales, interrupción de flujos naturales del agua y la destrucción de los medios de vida de las comunidades indígenas”.
Tren Maya
Avisos sobre la construcción del tramo 7 del tren en Xpujil. Foto: Isabel Mateos.
Desacato a una orden judicial
Desde octubre de 2021, los abogados de Cemda denunciaron que en las obras del Tren Maya se estaban realizando cambios de uso de suelo en terrenos forestales sin contar con autorización de la Semarnat. En esa fecha presentaron ante el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán los resultados de un sobrevuelo realizado a lo largo de la línea del tren. En ese momento, documentaron que se había desmontado, al menos, 144 hectáreas de selva maya.
Fue hasta mayo de 2023, cuando el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán ordenó a Fonatur suspender cualquier acto de tala o desmonte que no contara con autorización de cambio de uso de suelo en los tramos 3 (Calkiní-Izamal), 4 (Izamal-Cancún), 5 norte (Cancún-Playa del Carmen) y 6 (Tulúm-Chetumal).
Para tomar esa decisión, el Juzgado señaló que “las autorizaciones provisionales emitidas con base en el Acuerdo para la ejecución de las obras de construcción de la vía férrea no suple las autorizaciones (de cambio de uso de suelo) que implican un estudio técnico y científico previo a la obra, que al no emitirse, pone en riesgo por sí solo al ecosistema donde se desarrollará, porque permitiría el inicio de trabajos sin conocer las repercusiones y daños que pueden ocasionarse con ella, en la inteligencia de que en muchas ocasiones los daños ambientales son irreparables”.
Una de las zonas de la Selva Maya en donde se construye el Tramo 5 del llamado Tren Maya. Foto: @CCMSSAC.
De acuerdo con los análisis de la organización, tan sólo en junio de 2023, en los tramos 3, 4, 5 norte y 6, se desmontaron o realizaron trabajos de tala en 67.4 hectáreas sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo. “Hay una presunta ilegalidad y desacato por parte de Fonatur y de quienes construyen las obras del tren en estos tramos”, señaló Llano.
Los tramos 5 norte, 6 y 7 son construidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La abogada Viridiana Maldonado también aseguró que “se están realizando actividades de desmonte dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul”.
Sergio Madrid recordó que la Península de Yucatán alberga a la Selva Maya, el segundo bosque tropical más importante de América después de la Amazonía. Además, en ese territorio se encuentra el sistema de cuevas subacuáticas más grande del mundo. Ese patrimonio natural está en riesgo: “Hoy en día existe un intenso proceso de deforestación en la Península de Yucatán”.
Cada año, dijo, se deforestan entre 40 000 y 90 000 hectáreas en la Península de Yucatán. Este “proceso dinámico de deforestación” se está generando por los proyectos energéticos, turísticos, mineros, inmobiliarios y agroindustriales que se impulsan en la región desde hace unos 20 años. Este proceso, advirtió Madrid, se intensificará con el llamado Tren Maya, el cual “va a interconectar y potencializar estos proyectos”.
Construcción de un hotel en la Reserva de la Biósfera de Calakmul. Foto: cortesía de Ana Esther Ceceña.
Semarnat se pronuncia sobre los datos
En un comunicado difundido poco después de que se presentó la herramienta cartográfica sobre el Tren Maya, la Semarnat señaló que “el estudio mostrado señala que son 6659 hectáreas totales susceptibles de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, cuando el total registrado ante la Semarnat en las autorizaciones definitivas y provisionales es de 3167.29 hectáreas”.
La dependencia aseguró que esas 3167.29 hectáreas representan “el total de hectáreas oficialmente identificadas” con cambio de uso de suelo y que todas cuentan con una autorización definitiva o provisional.
La Semarnat menciona también que la herramienta cartográfica desarrollada por CartoCrítica considera “bancos de materiales que no necesariamente forman parte del proyecto Tren Maya y que son propiedad de privados que ofrecen servicio a diversos clientes”.
Ante la respuesta de Semarnat, CartoCrítica, Cemda y la Fundación Heinrich Böll emitieron un comunicado en el que señalaron que la cifra de 6659 hectáreas deforestadas por las obras relacionadas con el Tren Maya se sustenta en la evidencia satelital. “Los datos presentados están respaldados, metro a metro, con las imágenes satelitales utilizadas para su cálculo”.
Construcción de una de las estaciones del Tren Maya, en el municipio de Xpujil, Campeche. Foto: Isabel Mateos.
El comunicado de Semarnat señala que el estudio realizado por CartoCrítica considera sólo 18 “autorizaciones definitivas” que suman un total de 1727.70 hectáreas y no 889.9 que aseguran las organizaciones.
Sobre este tema, las organizaciones señalan que de acuerdo con la información a la que se ha podido tener acceso, Fonatur ha solicitado 28 autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales (CUSTF), de las cuales dos fueron desechadas, ocho están en evaluación y 18 han sido autorizadas.
Las organizaciones señalaron que las 18 autorizaciones de CUSTF, según los resolutivos respectivos, incluyen 1726.31 hectáreas. Sin embargo, debido a que no toda la información es pública, para el análisis solo fue posible acceder a la ubicación geográfica del 76 % de estas autorizaciones (1314.42 hectáreas). “La superficie que no fue posible georreferenciar es de 412.32 hectáreas y corresponde a una porción exclusivamente del tramo 5”.
Una de las zonas en donde se construye el Tramo 5 del llamado Tren Maya. Foto: Neify Pat/Múuch’ Xíinbal.
Al analizar las 1314.42 hectáreas que cuentan con autorización de cambio de uso de suelo y que sí fue posible georeferenciar, “se llegó a la conclusión de que, dentro del área de los polígonos autorizados, se han deforestado 889.9 hectáreas… Eso significa que hay porciones de las autorizaciones que, hasta junio de 2023, no han sido deforestadas”.
Estos datos, destacan las organizaciones, muestran que “se han expedido Cambios de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) que no fueron utilizados y, al mismo tiempo, se han deforestado otras áreas para las que no se cuenta con CUSTF”.
Las organizaciones también recordaron que muchos de los documentos sobre el Tren Maya no son públicos, ya que el gobierno federal los ha clasificado bajo el argumento de que son considerados como tema de seguridad nacional.
*Imagen principal: Obras del Tren Maya en el Tramo 6, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Foto: Thelma Gómez Durán
Pescadores protestaron frente a la Refinería de Dos Bocas para exigir a AMLO una solución a la contaminación en el Río Seco
José Gómez / El Heraldo de Tabasco
Este sábado 3 de agosto de 2024 pescadores se plantaron fuera de la Refinería Olmeca para exigirle al presidente, Andrés Manuel López Obrador, ponga fin a los problemas de contaminación de Río Seco.
Se trata de personas de Chiltepec, Paraíso, y la laguna Mecoacán en Jalpa de Méndez, quienes con cartulinas en mano protestaron porque la actual situación les impide realizar su actividad habitual.
“Saben que sí hay contaminación en el agua, pero como el gobierno mexicano niega las cosas, y así ha sido todo el tiempo”, señaló Pablo Rodríguez, campesino y pescador de Puerto Ceiba.
“Esto está pasando tendrá como tres meses, pero ya empezó a subir más, más y más”, indicó al referirse a la turbiedad del agua.
Durante la entrevista, el hombre mostró una botella de plástico con agua clara, haciendo hincapié que así se veía en Puerto Ceiba. Y agregó que el cambio de color es por la planta petrolera: “Esto viene a través de la Refinería”.
Cabe señalar que sobre la contaminación del Río Seco, El Heraldo de Tabasco ha informado. Previo a la visita anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Refinería Olmeca de Dos Bocas, habitantes de villa Puerto Ceiba urgieron la intervención de las autoridades en el problema de contaminación severa que parece el Río Seco.
Lo anterior ante el abrupto cambio de color de las aguas del río Seco, que pasaron de transparentes a turbias, tornándose café oscuro en algunos tramos, y rojizas en otros.
Reconocieron que se trata de un serio problema de contaminación y de mortandad de peces, lo cual se presentó recientemente en la Isla Andrés García, ejido también cercano a la Refinería de Dos Bocas.
Supongamos, sin conceder, que usted puede imaginarse lo siguiente:
Usted nació en un pueblo originario. En una comunidad adquirió su lengua, su cultura, su modo. Todo esto lo hace diferente. Para la antropología oficialista, su lengua es “dialecto” y su pueblo es “etnia”. Usted es lo que los progresistas llaman “un indio”. No importa su color de piel, porque en cuanto empiece a decir algo, notará el gesto de desprecio de su interlocutor no indígena. Verá, también, cómo esa persona se lleva instintivamente la mano al bolsillo para darle una moneda. Esa persona dará por sentado que usted es inferior, ignorante, sucio, pobre, supersticioso, manipulable… y tonto. Pero, ni modos, así le tocó a usted nacer. No importa qué haga, nada hará cambiar esa actitud del otro. Así como culturalmente se es indígena, así también se es racista por cultura, aunque sea un racismo “cool”.
Ahora supongamos, sin conceder, que su pueblo originario de usted, su lengua, su cultura, su modo pues, es el Cho´ol, pueblo de raíz maya, que habita en los surorientales estados mexicanos de Chiapas, Tabasco y Campeche.
Supongamos, sin conceder, que, como todos los pueblos originarios, usted ha sufrido desprecios, racismo, injusticias, golpes, engaños y burlas – además, claro, de desapariciones forzadas, encarcelamientos, violaciones y asesinatos -, sólo por ser quien es: un indígena cho´ol.
Supongamos, sin conceder, que usted sabe que una parte de los pueblos originarios en Chiapas, incluyendo del pueblo Cho´ol, es parte de una organización llamada ezetaelene (también conocida como “los zapatistas de Chiapas” o “neozapatistas”, o “transgresores de la ley” o lo que esté de moda), que se alzó en armas el primero de enero de 1994, en lo que llamaron “el inicio de la guerra contra el olvido”, y acabó así con el plan de Carlos Salinas de Gortari de un Poder transexenal (antes era el sueño húmedo del salinismo, y ahora lo es del morenismo).
Supongamos, sin conceder, que usted no es antropólogo ni historiógrafo oficialistas, es decir, que sabe que, durante siglos, los pueblos originarios han sido tratados por la modernidad (gobiernos y etapas distintas pero semejantes) con una mezcla de asco y pena ajena. Y que sabe que dichos originarios existen, viven y luchan más allá de libros, museos, destinos turísticos, artesanías y discursos gubernamentales.
Supongamos, sin conceder, que conoce usted que esos pueblos zapatistas están en rebeldía y resistencia porque han emprendido el camino de una construcción terrible y maravillosa: otro mundo, uno donde quepan todos los mundos.
Supongamos, sin conceder, que usted, como Cho´ol, tuvo la mala suerte de nacer y vivir cerca de la finca de un personaje poderoso.
Supongamos, sin conceder, que su nombre o gracia de usted es José Díaz Gómez, y está prisionero en una cárcel de Chiapas acusado de ser cho´ol y de… ser zapatista.
Ahora, cambiando de canal, supongamos que usted puede tener acceso a lo que se dice en juzgados, estaciones de policía y cárceles de Chiapas. No sin pena ajena usted escucha lo siguiente: “Es zapatista, de los que critican y no apoyan al presidente”. “El jefe va a estar contento de que castiguemos a uno de los conservadores que se niegan a ser salvados por la modernidad y el progreso (o sea la 4T)”
Ahora, supongamos, sin conceder, que su libertad de usted, cho´ol y zapatista, depende de múltiples factores: el humor del juez ese día, el ministerio público, la policía, los otros finqueros (es decir, además del que tiene su finca en Palenque), la necesidad que tienen hombrecitos grises de congraciarse con superiores que ni siquiera saben que existen.
Supongamos que usted conoce que una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos (de ésas tan vilipendiadas por el supremo – junto a trabajadores de los medios de paga-), ha demostrado su inocencia de usted, y la parte acusadora ni siquiera puede presentar la mínima prueba en contra de su libertad -y de otros compañeros suyos que son perseguidos-. Pero es inútil porque usted no es inocente de los 2 crímenes por el que lleva casi 2 años preso: ser indígena y ser zapatista.
Ahora, supongamos, sin conceder, que usted va, simultáneamente, al zócalo de la Ciudad de México y contempla una estructura de hierro y cartón piedra que, se supone, sin conceder, es una réplica de una pirámide del pueblo maya.
Supongamos, sin conceder, que usted entonces reflexiona y concluye que eso es el indigenismo en México: una simulación de cartón piedra como homenaje a un pasado lejano (y manipulable en la historiografía oficial), y miles de injusticias “administradas” por el gobierno en turno, en contra de pueblos originarios en el presente. Para los gobiernos, los pueblos originarios son la materia prima para su fábrica de coartadas “históricas” … y de culpables.
Ahora, supongamos, sin conceder, que le han encargado a usted -dada su capacidad y, sobre todo, a que no es un cho´ol zapatista-, dar una conferencia magistral, en la escuela de cuadros de EL PARTIDO, llamada “La revolución de las conciencias en la Cuarta Transformación”.
¿Se sentiría usted mal? ¿Al menos incómodo? ¿Fuera de lugar?
¿O, como la mayoría de sus correligionarios, se diría “todo sea por el bien del movimiento y para que la extrema derecha no regrese”, “los zapatistas tuvieron su momento, pero ya pasaron de moda”?
¿Entonces usted podría concluir que, si no fuera indígena, si no fuera zapatista y si no fuera crítico del gobierno en turno, estaría libre y no habría perdido dos años de su vida?
Claro, todo esto suponiendo, sin conceder, que usted tiene imaginación, sensibilidad y sentido de la justicia.
Y, claro, que usted no es un sinvergüenza. O una sinvergüenza, (no olvidar la paridad de género).
Vale. Salud y dejad de mirar hacia arriba, la lucha por la vida está abajo.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
El Capitán.
Agosto del 2024.
P.D.- Todos los sistemas de justicia “modernos” son irreformables. Se basan en un supuesto que es desmentido cotidianamente por la realidad: “todas las personas son iguales ante la ley”. Y no, porque “quien paga, manda”.
Texto: Patricio Eleisegui 7 Fotos: Patricio Eleisegui, Andrea Buenfil, Maricarmen Sordo y Robin Canul / Pie de Página
La disponibilidad de reservas hídricas, amplias zonas selváticas, mano de obra precarizada y gobiernos alineados con el capital corporativo, hacen de Yucatán uno de los territorios con mayor concentración de megagranjas en México. El modelo de producción prolifera a partir de la violación sistemática de derechos de los mayas, la ausencia de controles ambientales, el despojo de tierras, e incluso la violencia
YUCATÁN. – La sombra del colapso ambiental se despliega sobre la Península de Yucatán, en el sureste de México, y la posibilidad cierta de un daño ecosistémico irreversible golpea el horizonte de las comunidades indígenas de la región. El territorio maya se ve impactado por la proliferación de un modelo comercial que, alentado desde la ausencia casi absoluta de controles gubernamentales y bajo la forma de un monopolio corporativo que no se oculta, ha hecho de la región uno de los epicentros en Latinoamérica de la producción de carne para consumo masivo: las mega granjas de cerdos y pollos.
Estas instalaciones, que operan como auténticas fábricas de animales, también se multiplican a partir de prácticas que van desde la explotación laboral hasta el rompimiento del tejido social de las poblaciones indígenas, con consecuencias funestas en las actividades económicas tradicionales y las prácticas de soberanía alimentaria ejercidas a lo largo de la historia por las comunidades mayas.
El estado de Yucatán integra más de 500 factorías porcinas según datos oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), dependiente del gobierno federal de México. En cambio, organizaciones como Mercy For Animals elevan ese número a más de 800. Cada instalación llega a albergar a más de 50,000 cerdos, según el caso.
Los camiones que trasladan cerdos invaden las comunidades mayas de Yucatán. Foto: Andrea Buenfil.
La Asociación Ganadera Local de Porcicultores del estado, la entidad que integra a los empresarios del rubro, da cuenta de una población que asciende a los 1,9 millones de porcinos aglomerados en mega granjas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reconoce una cifra similar de personas viviendo en núcleos urbanos de Yucatán. Por ende, la relación existente en el territorio yucateco es de casi 1 cerdo por habitante urbano del estado.
Por su parte, el sector avícola, a través de la Asociación de Avicultores de Yucatán, institución emblema de ese sector, reconoce 112 mega instalaciones operativas. De acuerdo a datos del censo agropecuario efectuado por el INEGI en 2022, estos espacios aglutinan a más de 38,1 millones de gallos, gallinas y pollos. En este caso, hablamos de algo más de 16 ejemplares avícolas por cada residente local.
Cada uno de estos indicadores engrosa estadísticas cuyo reflejo en el territorio es una presión socioambiental que apabulla. Y que a la vez no deja de agigantarse por las características mismas de las mega granjas en tanto modelo incapaz de coexistir con cualquier otra práctica económica. Menos aún, con la producción tradicional maya basada en el equilibrio con el ambiente, la interrelación permanente con la tierra y el cuidado de los ecosistemas.
Colectivos y organizaciones comunitarias, expertos legales y científicos coinciden en que las factorías de cerdos y pollos distribuidas en Yucatán comparten, a modo de perfil general, un paquete funesto que incluye desde el uso intensivo de agua hasta la destrucción de zonas ambientalmente sensibles del territorio pasando por la explotación laboral, el maltrato animal, y la violación sistemática de normativas ambientales y derechos sociales tanto mexicanos como internacionales.
El combo incluye la descarga al manto freático de líquidos cloacales y excretas, la deforestación, la contaminación del suelo con minerales que son el resabio de la aplicación de antibióticos, y el uso de plaguicidas para el control de plagas. “Se trata de impactos que en muchos casos se ven desde el inicio de estas explotaciones. En la actualidad, y tras tantos años transcurridos, se comenzó a ver un movimiento legislativo estatal y nacional con vistas a la regulación de este tipo de industrias. Pero los impactos negativos están desde la misma preparación de los proyectos de instalación. Desde el momento en que se planean las mega granjas sin considerar los derechos indígenas, hasta la deforestación que sigue y la radicación en muchos casos en zonas protegidas”, dice al respecto Lourdes Medina Carrillo, coordinadora del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal AC.
“Así llegamos a un escenario en el que más del 90 por ciento de las 800 factorías de cerdos que se estiman en Yucatán opera sin ningún tipo de permiso ambiental. En todos los casos, proyectos sin registro de consulta indígena previa, surgidos a partir de la destrucción de selvas consideradas como las segundas más importantes del continente después del Amazonas, sin permisos de cambios de uso de suelo, y con impactos subsecuentes como la contaminación del agua”, agrega.
Génesis del modelo: la irrupción de Kekén y las granjas de pollos
Matadero de cerdos y planta procesadora de Kekén en Umán. Foto: Patricio Eleisegui.
El despliegue del modelo de porcicultura intensiva en Yucatán viene siendo tan acelerado como incontenible. Comunidades y actores en el territorio señalan que la instalación de mega granjas se aceleró en los últimos 15 años, aunque existen dos eventos interrelacionados que permiten situar el inicio de la expansión en 2003. Ese año, y por incidencia del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, únicamente Yucatán y Sonora alcanzaron el status de zonas libres de Fiebre Porcina Clásica (FPC) y enfermedad de Aujeszky.
Dicho status abrió por completo la exportación de carne de cerdo a Estados Unidos y, por efecto de ese mismo cambio, activó los primeros acuerdos comerciales con Japón, Chile y Corea. La apertura de semejante negocio tuvo lugar a partir de la injerencia del segundo aspecto que explica buena parte del despegue de la producción industrial de cerdos en Yucatán: la empresa Kekén –“cerdo”, en lengua maya–, también conocida por su nombre financiero Grupo Porcícola Mexicano SA de CV, dueña absoluta de la explotación de carne porcina en el sureste mexicano.
Hasta 2003, Kekén concentraba su estructura de granjas en la zona del Bajío –integrada por áreas de los estados de Guanajuato, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán y Estado de México–. Precisamente El Bajío y su cuenca hídrica, se encuentra hoy entre las zonas más contaminadas de México por, entre otros factores, las descargas efectuadas por la ganadería intensiva de cerdos.
A partir de ese año, la obsesión económica de Kekén se centralizó en Yucatán por las exportaciones que incentivó el nuevo status sanitario derivado del TLCAN y las amplias facilidades que el estado garantizó a la compañía. Controles laxos o directamente inexistentes, permisos prescindidos, amplia disponibilidad de agua y ausencia de restricciones para instalar mega factorías en áreas selváticas o zonas protegidas, fueron algunos de los ítems que alentaron la expansión de la firma.
En su despliegue, Kekén trasladó a Yucatán un modelo que antes le garantizó amplias ganancias en El Bajío a un costo bajo de responsabilidad ambiental: la aparcería. Este sistema comprende la proliferación de mega granjas promovidas por terceros, quienes luego se ocupan de abastecer buena parte de los cerdos que el Grupo Porcícola Mexicano SA de CV procesa para su venta dentro y, mayormente, fuera de México. Por estos días, todas las instalaciones de grandes dimensiones que crían y engordan cerdos en Yucatán trabajan para Kekén.
La empresa reconoce 108 aparceros operativos en la Península de Yucatán y un total de 53 mega granjas propias. A esa estructura hay que añadirle tres plantas de almacenamiento de alimentos para el ganado y tres plantas procesadoras de carne. El negocio de Kekén integra, también, una cadena de tiendas que, bajo el nombre de “Maxi Carne”, se ocupa de comercializar, sobre todo en Yucatán, casi la totalidad de la carne de cerdo que la porcícola no exporta.
En el estado, los productos que ofrece la porcícola –concentrada en comercializar únicamente la raza de cerdo americano industrial– a través de “Maxi Carne” redujeron fuertemente el consumo de cerdo pelón, una variedad porcina que las poblaciones mayas criaban de forma tradicional en sus traspatios. En la actualidad, la presencia de esta especie criolla se traduce a muy pocos ejemplares y las factorías también son responsables directas de esa reducción debido a las continuas campañas publicitarias de desprestigio promovidas en el interior de Yucatán y mediante las cuales se instaló, sin argumentación científica alguna, que la raza porcina es una presunta fuente de enfermedades como la triquinosis.
Las mega factorías instalaron la idea de que los tradicionales cerdos pelones transmiten enfermedades. Foto: Robin Canul.
La exportación es el ítem que más le reporta ingresos a la compañía: según la información financiera de Kekén, casi el 55 por ciento de su producción cárnica se vende a Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. La empresa también llega a esos mercados con la marca comercial Kiniton. Dentro del país, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara concentran la demanda de los productos que ofrece la porcícola.
Kekén es propiedad del Grupo Kuo, un conglomerado industrial con empresas en sectores como el automotriz y la química, además de su división porcícola. En sus estados financieros, Grupo Kuo reconoce ingresos anuales por 53,816 millones de pesos mexicanos –más de 3,130 millones de dólares–. La división porcícola representa los mayores ingresos para el conglomerado con un 51 por ciento de participación.
Por el lado de las compañías de explotación avícola, los dos “pesos pesados” de la comercialización de carne y huevos son Bachoco y Crío. Originaria de Sonora, la primera desembarcó en Yucatán a principios de los 2000. Un detalle no menor está en que su arribo a la Península ocurrió previa compra de la división de pollos de Kekén, por lo que el diálogo entre ambas compañías es tan fluido como histórico. En sus estados financieros, Bachoco –bajo control accionario de la familia Robinson Bours– afirma que cerró 2023 con un ingreso financiero neto de 1,259.6 millones de pesos mexicanos –algo más de 73,5 millones de dólares. Sólo en el estado la empresa reconoce más de 90 granjas operativas entre medianas y grandes.
Crío, en cambio, es una empresa yucateca que opera desde principios de la década de los 60 y bajo propiedad de la familia Fernández. Con operaciones extendidas hacia Tabasco, Veracruz y Chiapas, la firma reconoce 13 mega granjas propias de crianza de pollos y producción de huevos, una planta procesadora de carne, otra de alimentos y al menos 14 centros de distribución.
Una diferencia relevante entre las compañías avícolas y la porcícola Kekén está en el público al que destinan sus respectivas producciones. Así, mientras que la empresa dedicada al negocio de los cerdos pone especial atención en la venta fuera de México, Bachoco y Crío concentran su interés comercial en el mercado interno. Combinadas, estas dos últimas compañías han colocado al estado en el cuarto lugar en cuanto a generación de carne de pollo en México y en el quinto en términos de producción de huevos, según los datos más recientes de la Asociación de Avicultores de Yucatán. Ligado a esto, Bachoco y Crío controlan el 60 por ciento del mercado mexicano de comercialización de pollos.
Mega granjas, maltrato animal y explotación laboral
El formato de mega factorías al que apelan las porcícolas implica instalaciones que pueden albergar más de 50,000 cerdos, como en el caso de las granjas operativas en Santa María Chi –500 habitantes– y Kinchil –algo más de 7,530–, dos comunidades mayas ubicadas a menos de una hora de Mérida, la capital de Yucatán, respectivamente. Otras factorías de envergadura funcionan en torno a los pueblos de Sitilpech y Chapab, ambas con alrededor de 48,000 cerdos, y Maxcanú, con más de 70,000 animales divididos en dos instalaciones.
Kekén y sus aparceras se distribuyen las fases de parición, crianza, engorde y aniquilamiento de los animales vía procesos que no escatiman violencia y maltrato. Un detalle relevante está en que toda la cadena de generación de carne está basada en una selección genética que la misma porcícola desarrolla en sus laboratorios en Xaya, a casi una hora de Mérida, la cual le permite uniformidad en las características de los ejemplares que luego crecen y son ultimados. Técnicos y extrabajadores de la compañía reconocen que, a excepción de muy pocos animales, todos los cerdos que se explotan de forma intensiva son hembras.
“En Kinchil las cerdas llevan a cabo unas 60,000 pariciones por semana. Una vez nacida, la cerda pasa apenas una semana y media con su madre. Al mes es reubicada en un área de semilleros y luego, en un período que nunca pasa las 16 semanas, se le traslada para su sacrificio en algún rastro de la misma Kekén. Por ejemplo, en la planta de Umán”, precisa un extrabajador de la firma.
Las mega granjas de pollos también son grandes depredadoras del agua y afectan el aire de pueblos como Samahil. Foto: Patricio Eleisegui.
Precisamente en Umán, una ciudad de la periferia de Mérida, la compañía ejecuta a más de 6,000 cerdos por día. Sin embargo, la labor más intensa ocurre en Sahé, otra población cercana a la capital de Yucatán, con un promedio de 12,000 matanzas diarias. Este proceso no escatima crueldad: en una primera instancia, los animales son colocados en jaulas y luego bajados a un foso donde resultan sometidos a un método llamado “aturdimiento”, que consiste en aplicar dióxido de carbono (CO2) hasta asfixiar a cada ejemplar. En agosto de 2021, la misma empresa dio cuenta de parte de este proceso en un recorrido virtual por su planta en Umán difundido a través de redes sociales como YouTube. (https://www.youtube.com/watch?v=MQlfdFv08Ew&t=1391s)
“Una vez pasados por CO2, los cerdos quedan inconscientes y son colgados de sus patas traseras a una cinta que los va trasladando. Ahí reciben el shock final con un punzón. Luego son derivados a un tanque donde cada cerdo es remojado en agua hirviendo con el objetivo de ablandar su pelaje. Lo que sigue es una depiladora y un área donde los cuerpos son sometidos a una máquina que aplica golpes a modo de latigazos para quitar aún más pelo. Por último, los cerdos pasan a una sección de flameado en el que, mediante un shock de llamas, se queman los últimos pelos que les podrían quedar”, explica un exoperario de Kekén.
El procedimiento no concluye ahí. “Los cerdos van a parar a un canal donde sus cuerpos son abiertos y se les quita la cabeza. Se les sacan los cascos, que son lavados con cuidado porque tienen alta demanda en Asia. La sangre, el pelo, las grasas, los cartílagos, todo se acumula en una planta de almacenamiento. Muchas veces eso es arrojado al monte. Todo lo que queda de los cerdos y no se puede procesar para su venta es molido y reutilizado para hacer, por ejemplo, alimento para perros”, agrega.
Los métodos que utilizan las mega granjas de cerdos, salvo contadas excepciones, se aplican bajo un esquema de secretismo que se ha extendido a todos los actores que intervienen en este tipo de ganadería intensiva en Yucatán. Respecto de esto, y por exponer un caso, los ingresos a la factoría de Kekén en Kinchil incluyen, para empleados y personas en general ligadas a la empresa, la prohibición de acceder con teléfonos celulares y mucho menos la difusión de las tareas que se llevan a cabo en la instalación. Para evitar cualquier tipo de monitoreo o vigilancia de sus actividades desde el exterior la firma incluso dispone de tecnología que inhibe el potencial vuelo de drones sobre las naves que albergan a los animales y el área de descarga de desechos.
Por el lado de las granjas de pollos, también rige un control acérrimo de los trabajadores y se impide el registro de lo que ocurre en cada empresa. Claro que no faltan testimonios respecto de los métodos que padecen las aves. “El pollo vive cuatro semanas, mientras que las gallinas que ponen huevos algo más de un año y cuatro meses. En cada caso reciben diez vacunas a lo largo de la crianza, para combatir enfermedades como la viruela o el gumboro. Se les ponen vacunas diluidas en el agua, en los ojos, en el cuello, las alas y el pecho. A los siete días de nacidos se les recorta el pico para que no se lastimen entre sí”, cuenta un ex operario de una planta de la firma Crío ubicada en el área de Tetiz y Samahil, a casi una hora de Mérida.
“Los pollos son decapitados al finalizar cuatro semanas de vida y tras alcanzar un peso promedio de algo más de 2,5 kilos. En las granjas de Samahil se decapitan más de 120,000 pollos diarios”, añade. Precisamente, en Samahil funcionan cuatro mega granjas avícolas propiedad de Crío y Bachoco que concentran a más de medio millón de pollos. El último dato poblacional disponible señala que esa comunidad maya está conformada por poco más de 5,000 habitantes. El promedio da cuenta de al menos 100 pollos por cada persona que vive en ese sitio.
“La jornada laboral en las granjas de pollos es de 12 horas de base tomando también en cuenta el transporte hasta el lugar. La única forma de ganar bien es que trabajes otras cuatro o cinco horas extras a diario. Es una esclavitud moderna. La empresa pone incentivos pero también te hace responsable si muere algún animalito. Pocas personas duran más de tres años en ese tipo de empresas. Prácticamente todos los trabajadores hemos padecido salmonella por trabajar en las granjas y respirar todo eso que generan los pollos”, cuentan exempleados de una instalación de gallinas ponedoras que funciona en Tetiz.
“El sistema de trabajo de las mega granjas es similar, no hay grandes diferencias entre cerdos y pollos en ese sentido. Es un sistema esclavo en el prácticamente vives en la granja y sólo vas a tu casa a dormir. Es granja, casa, televisión, dormir y volver a la granja. Las empresas tienen sus propios médicos por si tienes un tema de salud dentro de las instalaciones, pero el trabajador no tiene acceso a los resultados de los estudios que le hacen. Operan de una forma que viola los derechos humanos. Si tienes un accidente yendo a trabajar lo primero que hacen es medirte la sangre para ver si no estás alcoholizado o drogado, de forma tal que cualquier tratamiento corra por tu cuenta”, afirman.
Los salarios que abonan las avícolas y porcícolas oscilan entre los 6,500 y los 8,000 pesos mensuales, esto es, entre 390 y 480 dólares, respectivamente. Salvo casos puntuales, gran parte del personal contratado por estas empresas recibe un sueldo inferior al salario mínimo general establecido por el gobierno mexicano, que inició 2024 con un piso de 7,468 pesos mensuales –casi 449 dólares–.
Video https://youtu.be/wigvKBnswCs
Las mega granjas y el desastre ambiental
La disponibilidad de agua, territorio y mano de obra barata son aspectos clave para la evolución del negocio de las mega granjas en Yucatán. La expansión de estos complejos industriales inicia con el avance sobre áreas selváticas a partir de una deforestación que, además de la aniquilación general de los ecosistemas, impacta en actividades como la apicultura, uno de los principales sostenes económicos de las comunidades mayas de la región.
En marzo del año pasado, la SEMARNAT divulgó los resultados de una serie de monitoreos llevados a cabo en el estado con el fin de medir el impacto de las factorías particularmente de cerdos. Entre sus consideraciones, la dependencia expuso que el área cercana a Kinchil donde están emplazadas las instalaciones de Kekén presenta una pérdida de vegetación del orden del 77.8 por ciento en lo correspondiente a selva baja y un 17.8 por ciento de selva media.
“Cuando la empresa llegó a instalarse vimos cómo tristemente comenzó a tirar los árboles que nosotros tanto cuidábamos para nuestra actividad, la apicultura. Dejaron grandes extensiones de terreno arrasado. Fue muy triste. Talaron árboles de más de 100 años, que son los que más nos benefician cuando hay sequía. Empezaron arrasando con las zonas más altas”, recuerdan integrantes de una familia que, además de presenciar el desastre ambiental promovido por la firma, resultó despojada de 30 hectáreas de terrenos de su propiedad.
Campesinas y campesinos de Kinchil mantienen sendos litigios judiciales contra Kekén, acusada de usurpación de tierras. En la actualidad, la firma controla una superficie de 3,000 hectáreas de selva y cenotes pese a que la firma inicialmente sólo adquirió una fracción de 600. “De las 3,000 hectáreas hay 2,400 que son directamente un robo a distintas familias campesinas. Se apropiaron de por lo menos 20 ojos de agua y 8 cenotes. En nuestro caso, la empresa avanzó, desmontó y construyó una de sus instalaciones para cerdos directamente en el terreno que nos pertenece. De hecho, empezaron construyendo en nuestra tierra antes de hacerlo en los espacios que habían comprado. Hoy una de sus granjas sigue ahí, en la tierra que nos robaron”, aseguran.
Otro dato que impacta, y que revela el interés denodado de las porcícolas por asegurarse fuentes hídricas, radica en que gran parte de las mega factorías se distribuyen sobre uno de los principales sitios RAMSAR de Yucatán: el Anillo de Cenotes, un sistema de depresiones y pozos a cielo abierto y subterráneos que constituyen la principal reserva de agua dulce de la Península. “El status de RAMSAR implica que debe aplicarse una protección especial a las áreas, es una declaración internacional y fija que en esos sitios la vulneración del ecosistema sólo puede ocurrir de forma excepcional. El mismo diagnóstico de SEMARNAT del año pasado indicó que más del 70 por ciento de las mega granjas de cerdos operativas en Yucatán se ubican, justamente, en el Anillo de Cenotes”, señala Medina Carrillo, del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal AC.
SEMARNAT también menciona la eutrofización del agua, esto es, la descomposición de las reservas hídricas por efecto de algas que proliferan a partir de las concentraciones excesivas de nitrógeno y fósforo provenientes de las excretas de los cerdos, como otra consecuencia derivada del funcionamiento de las mega factorías. Además de una exacerbación de las enfermedades respiratorias por el exceso de amoníaco en el aire.
“Identificamos que las (mega) granjas realizan una dispersión de las excretas líquidas a través de sistemas de aspersores. Nos dimos a la tarea de evaluar la presencia de algunos iones y metales en los suelos de esas zonas. Identificamos altas concentraciones de amonio, nitratos y fosfatos en suelos y lodos de excretas semisólidas. Y también presencia de cobre, hierro y zinc”, detalló el panel de SEMARNAT que presentó el informe en 2023.
“¿A qué nos llevan estas conclusiones? A que hay uso de medicamentos para que los cerdos no tengan procesos diarreicos y crezcan, y tengan una mayor cantidad de masa. El amonio en los cuerpos de agua está relacionado con el mismo amonio y nitrato que encontramos en suelos y lodos. Los suelos están sobre fertilizados y se está ocasionando pérdida de calidad”, concluyó.
En las comunidades mayas el efecto de las mega granjas se transita como una certeza de desastre que pega en los cuerpos y aniquila los ecosistemas. “La afectación se empezó a sentir en los últimos diez años, cuando la granja pasó de pequeña a enorme. Hoy tiene casi 50 mil cerdos mientras que en la comunidad seremos unos 400 habitantes. Más de 100 cerditos por persona. De repente dejamos de poder tomar el agua, de usarla en general. Se contaminaron los pozos y se esparció el mal olor de un modo insoportable. En las épocas de lluvia los sumideros de la mega granja, todos al aire libre, rebosan afectando los caminos. Eso hace que tengamos más moscas y mosquitos”, comenta Wilberth Nahuat Puc, comisario de Santa María Chi. Se trata de una población en la periferia de Mérida que padece el funcionamiento de una factoría que, aparcera de Kekén, se levanta a sólo 15 metros de la primera casa de la comunidad.
“El año pasado la granja realizó la quema de las excretas de los cerdos y muchos vecinos se enfermaron a nivel respiratorio. Empezó como una faringitis aguda en varios vecinos, luego se pasó a bronquitis. El asma de los niños que sufren esa enfermedad empeoró, también la condición de las personas que antes habían sufrido Covid-19. Se presentó un documento ante la Secretaría de Salud (de Mérida), que increíblemente nos dijo que no estaba en su competencia atender nuestra situación. Luego mandaron a dos doctores que realmente no sabían a qué venían, sin medicamentos o alguna solución para los problemas de salud”, expresa el funcionario. En Santa María Chi, cuentan sus pobladores, la vegetación alrededor de la mega granja se seca. Y el agua contaminada perjudica la agricultura que se lleva a cabo bajo el modelo de la milpa.
Algo similar describen las vecinas y vecinos del pueblo de Sitilpech, a algo más de una hora de la capital de Yucatán y con una mega factoría operativa a menos de un kilómetro de las primeras viviendas de la comunidad. “Los olores a excremento empezaron a sentirse en el pueblo como a los 8 meses de inaugurada la granja, en 2017. Después de ese olor insoportable nos empezamos a dar cuenta que los árboles dejaron de dar buenos frutos, que éstos no crecen o se caen. En las hojas de las plantas comenzaron a hacerse manchas negras, una especie de tizne que se hace por los productos químicos que usan ahí”, detalla un habitante de la comunidad maya.
“El agua también empezó a salir de los pozos con una peste, un olor fuerte. Antes usábamos esa agua para todo, para cocinar, para beber, para el baño. Ahora ya ni a los animales se la podemos dar. Hoy a las gallinas les tenemos que dar agua purificada porque sino les da diarrea. En los cultivos, cuando regamos con esa agua, los rábanos van saliendo delgados y el cilantro muchas veces queda amarillo. Este siempre ha sido un pueblo tranquilo, donde se vivía muy bien hasta que inició esa granja. Con gente que tiene sus cítricos en el patio, que siembra maíz, calabaza, frijol, chile. Todo eso se ha afectado por el agua, los olores, eso que viene de la empresa”, comparte otro vecino.
En Kinchil, y ante la pasividad de las autoridades políticas frente al desastre que provoca la mega granja de Kekén cercana, las y los integrantes del Consejo Maya Chik’in-já efectuaron por su cuenta un monitoreo de agua a partir de muestras tomadas durante 2022 incluso en el mismo pueblo. El relevamiento también incluyó una medición de las reservas hídricas de Maxcanú, otro municipio de Yucatán con problemas graves de contaminación por la porcicultura. En ese caso, las pruebas fueron recolectadas por el colectivo de atención comunitaria U Yutzil Kaaj.
Los resultados del monitoreo, que se realizó con asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fueron dados a conocer durante la primera mitad de marzo de 2023 y confirmaron el desastre: el 100 por ciento de las muestras dio positivo en presencia de coliformes fecales y contaminación con bacterias como la Escherichia coli.
“La presencia y volumen de coliformes en la mayoría de las muestras obtenidas indican contaminación fecal en los cenotes, ojos de agua y pozos de la zona de estudio. Estos resultados son consistentes con los Boletines Epidemiológicos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE, Secretaría de Salud) para el estado de Yucatán, en los que se muestra un aumento en los casos de enfermedades infecciosas intestinales en el estado entre los años 2012 y 2019”, indica el informe, donde además se exige “vigilar y actualizar los mecanismos de regulación para el establecimiento y operación de la agroindustria porcícola en los que se priorice la salud socioambiental del pueblo maya sobre los intereses económicos”.
Yameli Aguilar Duarte es doctora en geografía ambiental, titular de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Karst, y una de las expertas que mejor conoce los impactos de las mega granjas en el territorio, considerando que en la Península de Yucatán predominan los suelos permeables, repletos de depresiones y cavernas.
“Yucatán presenta una formación de rocas donde es muy común observar fósiles. El componente principal es el carbonato de calcio a partir de restos de, por ejemplo, animales marinos. Se trata de un tipo de formación que se denomina karst y entre sus características se encuentran redes de conductos cavernosos por donde el agua de lluvia puede filtrarse de manera directa. Si bien en la Península hay cuerpos de agua superficiales, la mayor parte va al subsuelo. Dada la naturaleza del karst, si el agua de la superficie está contaminada también lo estará el acuífero. No hay oportunidad de que el sistema de suelos y roca disuelva, retenga o transforme esa contaminación”, destaca.
“Los medicamentos, las hormonas que les dan a los cerdos, además de sus excretas, van a parar al agua. Y esa agua que utiliza la industria luego viaja al interior de las cuevas, de las cavernas, de los pozos. Se trata del agua común que emplea la naturaleza y las comunidades para su abastecimiento. Esta contaminación rompe con todos los equilibrios ecológicos, impacta en la fauna y la flora nativa, provoca pérdida de biodiversidad y hasta un exceso de materia orgánica. Se trata de un problema sumamente grave porque el acuífero de la Península, los pozos y cenotes, están interconectados”, explica.
La experta señala que el funcionamiento de las factorías de cerdos y pollos también trae ligado un riesgo epidemiológico intrínseco al modelo de producción cárnica intensiva. Relacionado con esto, a principios de junio trascendió la presunción de un fallecimiento ocurrido en México por el contagio de una persona con gripe aviar H5N2. Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) rápidamente definió como “multifactorial” la causa del deceso, la expansión que muestra el sistema de mega granjas engendra los peores presagios.
“La agroindustria con su modelo de confinamiento de animales es un foco constante de posibles nuevas infecciones. El virus H1N1 (Influenza porcina), por ejemplo, se generó a partir de proyectos con esas características. En áreas de confinamiento donde se busca controlar la sanidad de los animales a través de medicamentos y se emplean hormonas para el crecimiento, las bacterias, los virus, los hongos, pueden mutar con velocidad y generar nuevas enfermedades o hacerse resistentes a los antibióticos”, alerta.
Aguilar Duarte sostiene que ese es un lado del problema de la ganadería industrial en Yucatán que aún no ha sido abordado con la preocupación que correspondería. “Se están violando procesos naturales a través de la alimentación industrializada que reciben los cerdos. Respetando su ciclo natural, un animal de esas características demora más tiempo en crecer comparado con los cerdos de las mega granjas, donde el proceso se reduce a tres o, máximo, cuatro meses. Con el uso de la alimentación procesada, las hormonas y los antibióticos, se ha sobrepasado el ritmo de la naturaleza. Ese es un peligro que puede traer consecuencias negativas para los ecosistemas y las personas como nuevas infecciones o superbacterias resistentes. Violar los ciclos naturales puede generar las peores consecuencias”, completa.
La comunidad Santa María Chi instaló un campamento de resistencia al accionar de una mega granja con más de 50,000 cerdos. Foto: Andrea Buenfil.
La comunidad Santa María Chi instaló un campamento de resistencia al accionar de una mega granja con más de 50,000 cerdos. Foto: Andrea Buenfil.
Cuando lo socioambiental también es político
El atentado sanitario que padecen las comunidades mayas de Yucatán, como también la afectación directa a sus prácticas económicas ancestrales y de soberanía alimentaria, exhibe un vínculo directo con decisiones políticas que van desde la omisión y el descrédito a las reiteradas denuncias elevadas por las poblaciones afectadas, hasta la utilización del aparato de seguridad y judicial del estado en acciones tendientes a desarticular cualquier forma de resistencia popular a la porcicultura y avicultura intensiva.
En ese sentido, la Gobernación muestra un alineamiento con las empresas que se ha hecho evidente incluso a partir del accionar violento de policías y grupos especiales de seguridad, desplegados en más de una oportunidad para asegurar desde la construcción de mega granjas hasta su funcionamiento. Las comunidades de Sitilpech y Kinchil, respectivamente, han sido víctimas contundentes del blindaje aplicado a Kekén y sus aparceras por parte del poder político de Yucatán. En el caso de la primera, la instalación por parte de las vecinas y los vecinos de un campamento para visibilizar el rechazo a la factoría de cerdos que perjudica la salud y el ambiente del pueblo dio pie a una represión inaudita perpetrada durante la madrugada del 18 de febrero del año pasado. En las primeras horas de esa jornada, al menos 150 integrantes de los cuerpos policiales del estado y agentes antimotines irrumpieron en el campamento de Sitilpech y, provistos de bastones y escudos, golpearon a todas las personas presentes, en su enorme mayoría mujeres y niños.
“Esa noche éramos sobre todo un grupo de mujeres, al menos unas 8 y muy pocos hombres. No más de cuatro. Ya en las horas previas al ataque empezamos a sentir un ambiente raro, el campamento se ubicaba a un lado del camino de ingreso a la mega granja. De pronto empezamos a ver que pasaban coches y luego se volvían, siempre eran los mismos. Luego se cortó por completo la señal de celular. No imaginábamos lo que se estaba tramando. En un momento viramos para ver a nuestras espaldas y teníamos una fila de policías estatales. Avanzaron ellos y los antimotines, furiosos, con sus escudos golpeando a todo el mundo. A una señora que estaba recostada, descansando, la tomaron de los pelos y luego le dieron un golpe con el escudo. Cayó desmayada. Todas empezamos a gritar, desesperadas, entre el susto y los golpes”, recuerda, entre lágrimas, una de las vecinas que fue víctima de la represión desatada por el estado de Yucatán.
“A una chica la golpearon en sus manos para quitarle el celular. A otro de nuestros compañeros le dieron directamente en la cabeza. Nuestro campamento era pacífico, nunca bloqueamos la granja, aunque se ubicaba en un terreno que es de la comunidad. Habíamos dispuestos voladores (pirotecnia) en un lugar determinado del campamento, al cuidado de una persona, para avisar al resto del pueblo si nos pasaba algo. Pues ese fue el primer sitio al que se dirigieron los antimotines, golpeando al señor que estaba con los voladores. Los policías sabían todo. Luego nos enteramos que hasta habían desviado el tránsito varios kilómetros antes y después de Sitilpech sólo para que quedáramos aisladas con los antimotines. Un compañero que logró escaparse de ese primer ataque fue atrapado y golpeado por policías que estaban escondidos en el monte. Y le gritaban ‘¡dinos quién manda aquí!, ¡dinos quién manda aquí!’ Destruyeron el campamento por completo, no les interesaron las personas heridas, la señora que quedó en el piso, desmayada. Y todo lo hicieron para meter en la granja dos camiones de alimentos para los cerdos”, agrega.
No satisfecha con la represión y la golpiza a mansalva aplicada a las y los habitantes de Sitilpech, la Gobernación de Yucatán completó su avanzada contra la comunidad maya activando un proceso judicial en marzo de 2023 contra ocho vecinas y vecinos, en concreto las personas que hasta ese momento habían expuesto con mayor énfasis su oposición a la mega granja en los medios de comunicación regionales. Esto derivó en un juicio por el presunto bloqueo a una carretera que se presume estatal. Los representantes legales del estado llegaron a pedir prisión preventiva para las personas acusadas y una condena efectiva de hasta 5 años. Finalmente, el proceso judicial derivó en una sentencia de un año y medio de restricciones y control domiciliario para las y los acusados.
“Las personas de la comunidad que fueron judicializadas no pueden salir del estado, tienen que permanecer en sus domicilios y no pueden participar en ninguna movilización o acto hecho en oposición a la granja. Tampoco pueden estar cerca de la factoría. Si eso ocurre, los jueces establecieron que se reactivaría la pena de 5 años de prisión efectiva. De esa forma, el estado sacó de la jugada a los líderes y las lideresas que en ese momento más expusieron la contaminación. Y sólo por estar luchando por una vida digna, por agua sana, por seguir teniendo una vida pacífica”, cuenta un integrante de M’uul t’aan, el colectivo que hoy encarna la resistencia contra la mega factoría en Sitilpech.
Por el lado de Kinchil, la usurpación de 30 hectáreas concretada por Kekén para la construcción de su mega granja, con perjuicio directo para familia dueña del terreno –denominado Cantukun–, ocurrió con la intervención del Grupo de Reacción Organizada Contra Asaltos (ROCA), un cuerpo de élite de la policía de Yucatán entrenado por el SWAT estadounidense, los comandos de la unidad israelí Sayeret Matkal y las unidades especiales GIPN y RAID de la policía francesa. “En junio de 2013, Kekén trajo a la Fiscalía General del Estado, al grupo ROCA, que es la unidad táctica más especializada de, precisamente, la fiscalía. Entraron cortando los alambres para la empresa, no les importó que estaba la familia dueña de la tierra, sus mujeres y sus hijos. La porcícola nunca se posicionó de manera pacífica sobre el terreno en el que instaló la granja. Todo lo hizo de manera turbia. Ese accionar de la fiscalía y el grupo ROCA fue denunciado ante las comisiones estatal y nacional de derechos humanos (de México)”, comenta uno de los damnificados por el despojo de tierras.
“La policía entró con los trabajadores. Estábamos con mis hijos, mi suegra. Vimos como abrieron los alambres con las tijeras, como tiraron los árboles que nosotros cuidábamos para la apicultura. Fue muy triste verlo. La policía con sus armas amenazantes jamás pensó en que estábamos con menores de edad. Querían hacernos sentir todo su poder, que sintiéramos miedo. Alguien de ellos dijo‘A quienes no aparezcan o no estén presentes aquí los vamos a cazar como venados’.Nuestros hijos luego fueron perseguidos en Kinchil por personal de la empresa. Nosotros les dijimos a nuestros vecinos que había que unirnos, que la mega granja nos iba a afectar a todos. Dijeron que no, que a nosotros la empresa nos había pagado por el terreno. Luego llegó la contaminación, los cítricos dañados, las flores llenas de moscas, el color del agua se hizo amarillo, empezó el olor raro y los animales se alejaban, no querían beber. Ahí nuestros vecinos se dieron cuenta que teníamos razón”, agrega otra persona afectada.
En Santa María Chi, y tras la decisión de las y los vecinos de instalar en mayo de 2023 un campamento en rechazo al funcionamiento de la mega porcícola, los propietarios de las firmas aparceras de Kekén –Grupo Porcícola San Gerardo y su asociada Chumoxil, dueñas de la instalación– iniciaron dos demandas judiciales contra Wilberth Nahuat Puc, el comisario del pueblo y uno de los rostros socialmente más visibles de la resistencia popular en esa comunidad maya. En concreto, acusaron al funcionario de presunta privación ilegítima de la libertad y secuestro, sólo por estar a la cabeza de un puesto vecinal situado a varios metros del acceso a la factoría de cerdos y que en ningún momento entorpeció o bloqueó el ingreso del personal o las operaciones de la empresa. A Nahuat Puc incluso se le impuso, por varios meses, una restricción de distancia de 300 metros siendo que, dada la breve superficie geográfica de Santa María Chi, la casa del comisario y su familia se ubica a poco más de 45 metros de los terrenos de San Gerardo y Chumoxil.
Vecinas y vecinos de Sitilpech exigen el cierre de una mega granja que contaminó las fuentes de agua y el aire del pueblo. Foto: Maricarmen Sordo.
La fortaleza de las resistencias
Ninguna de las acciones emprendidas por los aparatos políticos, judiciales y policiales de Yucatán ha logrado menguar las resistencias a las mega granjas de cerdos y pollos. El resultado de los métodos de amedrentamiento, persecución y represión no ha sido más que un acrecentamiento de la defensa del territorio por parte de los pueblos y un incremento en los procesos legales orientados a detener las factorías.
En ese sentido, y por citar un primer caso, la persecución a Nahuat Puc, combinada con acciones cuasi mafiosas efectuadas por las compañías dueñas de la mega granja de Santa María Chi –por ejemplo, el seguimiento a vecinas y vecinos a través de las calles del pueblo en horas de la noche y grabarles en video forzada e ilegalmente– redundó en la consolidación de un rechazo absoluto a la instalación porcícola.
A fines de septiembre de 2023, y tras la presentación de una demanda de amparo ante organismos y dependencias federales y del estado de Yucatán, funcionarios judiciales establecieron una suspensión provisional al funcionamiento de la mega granja en tanto se comprobó que el establecimiento operaba sin ningún tipo de aval ambiental. La medida fijó que los operadores de la factoría no pueden ingresar cerdos para su engorde a dichas instalaciones por tiempo indeterminado. La suspensión aplicada continuaba vigente en momentos en que se escribía este artículo.
La defensa judicial de la comunidad de Santa María Chi, que presentó el amparo con base en la defensa de las y los niños y adolescentes de ese pueblo maya, apunta a conseguir la clausura definitiva de la mega granja en el transcurso de este año.
Otra muestra de lucha exitosa en contra de los intereses de la industria porcícola corresponde al pueblo maya de Homún, ubicado al sur de Mérida, en donde las autoridades judiciales también intervinieron quitando los permisos de impacto ambiental otorgados a PAPO (Producción Alimentaria Porcícola, S.A. de C.V.), una de las tantas proveedoras de Kekén en el estado. En ese territorio la empresa busca activar una mega factoría con hasta 49,000 cerdos, en una iniciativa que acumula más de siete años de resistencia encarnada por las y los pobladores de esa comunidad.
A mediados de febrero de este año, el Juzgado Segundo de Distrito de Yucatán finalmente se pronunció en sintonía con los pedidos de justicia ambiental sostenidos por las y los habitantes de Homún y estableció una medida que coloca al proyecto porcícola al borde de la clausura definitiva. La decisión en favor de la comunidad recibió otro respaldo en abril con una sentencia que dejó sin efecto las concesiones y avales de uso y descarga de agua residual otorgados a la compañía por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de México.
Por el lado de las granjas de pollos, en noviembre de 2023, tribunales del estado ordenaron la suspensión temporal del proyecto Akutzá de la empresa Bachoco, ubicado en inmediaciones del municipio de Peto y muy cerca de la línea que separa a Yucatán del estado vecino de Quintana Roo. La medida surgió a partir de un pedido de amparo elevado por personas del municipio con asesoramiento de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).
No es la única acción judicial contra Akutzá: existe otra impulsada por los pobladores de los ejidos de Bulukax, La Presumida, Kantemó, Dziuché y Santa Gertrudis, todos cercanos a Peto y vecinos a la laguna Chichankanab, la segunda más grande de Quintana Roo luego de Bacalar y con status de sitio RAMSAR desde el 2004, que intenta prevenir la grave contaminación que originaría la instalación avícola.
Desde ProDESC, que también acompaña la resistencia que fluye desde el estado vecino a Yucatán, Eduardo Villarreal, coordinador del área de Análisis e Incidencia de la organización, afirma que “el proceso judicial que se le sigue a Akutzá es el único litigio contra una mega granja de pollos en la región”, además de señalar que la decisión judicial del año pasado “llega tras un proceso que se inició en 2022, luego de que las y los compañeros de la comunidad maya de Dziuché se enteraran de la decisión de Bachoco de construir su mega granja en Peto”.
“Empezamos a investigar el tema y vimos que a la empresa ya se le habían dado todos los permisos y autorizaciones, y que en 2022 incluso comenzó la construcción. Hasta el gobernador (Mauricio Vila Dosal) de Yucatán dio el banderazo en su momento. Iniciamos el acompañamiento judicial a cinco ejidos de Quintana Roo por la posible contaminación que pudiera sufrir la laguna de Chichankanab, sus afluentes y los acuíferos de la región. Hay cenotes y pozos que podrían contaminarse a partir de esta granja. El proceso judicial se está desarrollando. En el caso de Peto, se trata de la comunidad que sufre la afectación directa porque la mega granja se está instalando en su territorio”, comenta.
“El amparo que se presentó por lo que ocurre en Peto refiere a que no se cumplió con la consulta a la comunidad ni se dio el consentimiento libre e informado para la instalación de esa granja. Bachoco se instala sin el aval de la comunidad. Y también recurriendo a tácticas como, por ejemplo, meter sus pollos en plena construcción para eludir la orden de suspensión de obras que emitió la justicia en noviembre”, agrega. El proyecto de la avícola en Peto comprende una superficie de casi 300 hectáreas y se da por descontado que, de funcionar sin contratiempos, los desperdicios que origine la mega granja afectarán el aire, el suelo y las reservas hídricas de toda la zona.
“El manejo de residuos es algo que no está para nada claro en la manifestación de impacto ambiental que se le aprobó a Bachoco. Pero sabemos que lo que generan los pollos es depositado al aire libre o directamente enterrado. Al ser un suelo permeable (karst), la contaminación llegará a las comunidades cercanas y a la misma laguna de Chichankanab. Según lo que hemos visto en otras granjas, la contaminación del agua y el aire que generan instalaciones de ese tipo comienza a hacerse perceptible al año de funcionamiento. Por su parte, Bachoco niega que las comunidades tengan derecho a reclamar por la posible contaminación del ambiente, a ser consultadas, a otorgar o no su consentimiento. Eso no existe para la empresa. Mientras tanto, el proceso judicial continúa”, remarca Villarreal.
A los ojos de ProDESC, el proyecto Akutzá de Bachoco es el anticipo de una inminente oleada de mega granjas avícolas que estudian instalarse en Yucatán y Quintana Roo aprovechando la disponibilidad de territorios por deforestar, la laxitud de las autoridades para contrarrestar la precarización laboral en la Península, y la disponibilidad de fuentes de agua que, en cambio, ya escasean en buena parte del mapa mexicano restante. “Dentro de la investigación que hicimos para ver cuáles eran los planes de desarrollo de Bachoco, encontramos que en unos de sus informes a accionistas la empresa señala que va a migrar al sureste del país con la instalación de nuevas granjas. Pensamos que Akutzá es la punta de lanza y posiblemente ya estén buscando más sitios en la región para hacer sus instalaciones”, concluye Villarreal.
Porcícolas y avícolas se expanden en Yucatán a partir de una combinación de variables políticas y económicas que, sin pausa sobre todo en las últimas décadas, alientan el extractivismo social y ambiental en uno de los últimos territorios del país donde la biodiversidad aún dice presente en más de una forma. Sólo la resistencia comunitaria maya se opone a un esquema de explotación de la selva y el agua que, a ritmo avasallador, busca apropiarse de todos los recursos disponibles con el fin de afianzar una actividad industrial que en el pasado reciente provocó desastres en el centro de México. Y que, en la actualidad, ya mantiene en jaque la supervivencia de pueblos y ecosistemas en Yucatán. Como tantas veces a lo largo de la historia, la lucha indígena se erige como el último bastión para la continuidad de formas de vida naturales y sociales que hoy peligran por efecto del negocio de las mega granjas.
Esta investigación se llevó a cabo gracias al apoyo del Fondo para Informes sobre Animales y Biodiversidad de Brighter Green (www.brightergreen.org).
Pobladores de X-Calakoop tenían 15 días sin energía eléctrica. No es la primera vez que la ciudadanía recurre al cierre de calles para exigir la presencia de la paraestatal.
Tinum, Yucatán, 2 de agosto de 2024.-Habitantes de la comisaría de X-Calakoop ubicada en Tinum tuvieron que recurrir a bloquear la carretera federal 180 Mérida-Valladolid para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acuda a restablecer el servicio de energía eléctrica, pues llevaban 15 días sin luz.
Desde anoche los pobladores se organizaron para protestar en esta importante vialidad también conocida como “la libre”, lo que perjudicó el paso de cientos de vehículos que a diario transitan para dirigirse a Valladolid, Mérida o al vecino estado de Quintana Roo.
Cabe señalar que no es la primera vez que la ciudadanía recurre al cierre de calles para exigir la presencia de la paraestatal, pues este año se han reportado cientos de casos en todo Yucatán debido a los constantes apagones.
La manifestación concluyó esta mañana cuando cuadrillas de la CFE arribaron al sitio, por lo que los habitantes de X-Calakoop decidieron levantar el bloqueo carretero. (Fotos de redes sociales)
La higuera frota su viento con la lija de sus ramas, y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. ¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde…?
(Romance Sonámbulo. Federico García Lorca)
Sí, el viento y la montaña parecen conocerse desde hace tiempo. Podría decirles la fecha exacta, pero no viene al caso… o cosa, según. Puede que no se entienda esa firme pero aparente resignación o resistencia: la montaña en soportar uno y otro zarpazo; el viento en su aparente replegarse, darse por vencido para regresar luego. Siempre lo mismo, siempre diferente.
Pero no son estos atropellados requiebros los que le preocupan a la montaña. Ha visto peores, si es que le preguntan. No, las que le ocupan son las tormentas que llegan con trascabos, máquinas excavadoras, buscadores de minerales, empresas turísticas, fábricas, centros comerciales, trenes, gobiernos que simulan ser lo que no son, destrucción, muerte. En suma: el sistema.
Así que no sería de extrañar que lleguen a un acuerdo, montaña y viento. Después de todo, comparten la misma madre: Ixmucané, la más sabedora.
No, no les diré la fecha exacta de su primer encuentro. Pero digamos que se conocen de tiempo atrás, que el gesto escéptico y la mueca de desprecio de la montaña ante los primeros rayos y ventarrones es algo ya rutinario. Lo mismo la insolencia del viento al arrancarle a la montaña, a fuerza de lluvias, vientos y truenos, mechones de la verde cabellera. Los arañazos que con torpe pasión lanza el viento, heridas como zanjas acuosas, no alcanzan a atenuar el acre rechazo del monte. Se encuentran, se desencuentran, y, al cabo, terminan por abrazarse y despedirse sin promesas, ni confesiones. Una compleja relación que mucho tiene de aceptación y de rechazo. “Amor”, pues.
-*-
Dicen que dicen que cuentan que narra una leyenda aún por escribirse, que hubo una reunión y que a ella convocaron a la familia de Votán, guardián y corazón del pueblo. Y así dijo la montaña:
“Mis crías, las más queridas, ya viene lo que leyeron antes en mis pieles y cabellos. El viento hermano, el señor Ik´, trae noticias fieras de otra tormenta, la más mortal de todas. Ya lo sabemos. Y toca a toda la familia resistir y defender. Ustedes son los guardianes que fueron creados para proteger. Sin ustedes, morimos y sin sentido vagamos. Sin nosotras, ustedes se vuelven seres perdidos, con sólo vacío en su corazón y sin esperanza en su existencia. Cuenta el Ik´ lo que su corazón miró: que, en cielo y tierra, los animales comparten la inquietud y la zozobra.
Lo escuchan en el Cauca y en los barrios de Eslovenia. En el Japón y en Australia. En el Canadá y en SLUMIL K´AJXEMK´OP. En Noruega, en Suecia, en Dinamarca y en la Nicaragua que ni se rinde, ni se vende, ¡jamás! En La Polvorilla y en la herida que el tren transístmico, llaga supurante se hace en el corazón de los originarios que luchan. En las patrias que la guerra multiplica como desgracias y en quien tiene los Brazos Abiertos para socorrer al desvalido. En Ostula y en Groenlandia. En el Haití torturado y en los cenotes mayas mancillados por los rieles de la demagogia. En los desplazados y en el desalojado de la vida por la extorsión. En la @ libertaria que advierte, desde hace tiempo, que el Estado no es una solución sino un problema. En la niña palestina que con esa bomba recibió la incógnita de la vida… y la certeza de la muerte.
Así lo hablan al hermano pueblo Saami, al mapuche, al gitano con la casa a cuestas, al originario de todas las tierras y mares, a quien lucha y resiste en la tierra que se crece para arriba, al pescador que en el mar labra la vida. Se lo cuentan a niñas que entienden la lengua olvidada. A niños de mirada seria. A mujeres que buscan ausencias forzadas. A las personas ya de edad que maquillan sus cicatrices como arrugas dolientes. A quienes no son ni él ni ella y que se chingue Roma. A todos los seres humanos que, como el maíz, tiene todos los colores y en la mesa, el suelo, el regazo tiene todos los modos.
Pero no todos escuchan. Sólo quien mira lejos y hondo, entiende lo que esa palabra que habla Ixmucané, la más sabedora, dice y advierte.
Así que busquen el modo, mis crías. Y busquen el quién. Levanten la palabra con el señor Ik´ en una mano y mi corazón en el otro. Recuerden al mundo que la muerte y el mañana se gestan en las sombras de la noche. La luz se forja en la oscuridad”
-*-
Sí, se volvieron a encontrar el viento y la montaña. Pero esta vez fue diferente. La madrugada había alargado su llegada, sofocada tal vez por el calor, pero al primer rayo rajando el huapác, se presentó de inmediato con una lluvia como bofetada.
En la champa, el ruido de las gotas sobre el techo de lámina poco o nada permitía escuchar. Pero se alcanzaba a mirar con nitidez, gracias a la tambaleante benevolencia de un mechero, sobre la mesa -quemada y con briznas de tabaco húmedo-, un papel con múltiples rayones. En él, lo único que se leía con claridad era:
“La paciencia es virtud del guerrero”.
Vale. Salud y que la noche nos encuentre como es ley, es decir, despiertos.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
EL CAPITÁN.
Agosto del 2024.
P.D.- Sí, claro, y de la guerrera. Sí, y de loa guerreroa. ¿De le guerrere? ¿En serio?
.jpg)
