Estafadores de tierras en Baca (Yucatán)
Sol Yucatán
La comisaria ejidal de Baca, Aracely Herrera, es señalada por ceder parcelas no asignadas al empresario Alberto Yáñez Castro. Campesinos denuncian que los favores políticos se pagan con el patrimonio ejidal.
Baca, Yucatán.— La tensión vuelve a encenderse en Baca, donde ejidatarios descubrieron una nueva maniobra de corrupción encabezada por la comisaria ejidal Aracely Herrera, quien habría cedido parcelas no asignadas a empresarios ligados al poder local, entre ellos Alberto Yáñez Castro, conocido por su historial de despojos agrarios y vínculos con la mafia inmobiliaria que opera en la zona.
De acuerdo con testimonios de los campesinos, Herrera habría entregado tierras ejidales a Yáñez Castro como “pago de favores”, beneficiando con ello a un grupo de poder integrado también por Pedro Solís Millet y Abimehri, quienes desde hace años acaparan predios en el municipio. La entrega irregular fue descubierta luego de que vecinos grabaran videos donde se observa maquinaria trabajando en los terrenos recién limpiados, sin la autorización de la asamblea ejidal.
Los ejidatarios aseguran que las dádivas y regalos que Aracely Herrera repartió durante su campaña para obtener el cargo de comisaria fueron financiados por Yáñez Castro y sus socios, quienes a cambio habrían recibido el control sobre las tierras comunales. “Ya nos dimos cuenta de que las regalías que daba en campaña no salían de su bolsa; eran parte del negocio”, expresaron indignados los pobladores.
La molestia crece entre los habitantes, pues los campesinos acusan que los terrenos ejidales están siendo vendidos y rentados sin rendir cuentas a la comunidad. Los supuestos contratos, según los denunciantes, no han pasado por la asamblea ejidal, lo que convierte las operaciones en ilegales. “Nos están robando lo que es nuestro, lo que nos pertenece por herencia. Y todo con la complicidad de quienes deberían defender al ejido”, denunciaron.
Este nuevo episodio se suma al historial de conflictos agrarios que arrastra Baca desde hace años. En junio pasado, Sol Yucatán reveló que el mismo Alberto Yáñez Castro, en contubernio con la comisaria Herrera y otros líderes ejidales como Dagoberto Itzá, intentaba apropiarse de siete hectáreas ubicadas sobre la carretera Mérida–Motul. En ese entonces, los ejidatarios detuvieron las máquinas que ya limpiaban el terreno y denunciaron el intento de despojo ante las autoridades agrarias.
El empresario Yáñez Castro mantiene un litigio con el ejido por 30 hectáreas de tierras donde construyó una gasolinera, un minisúper y oficinas, sin autorización comunal. El caso se encuentra en el Tribunal Unitario Agrario, y de resolverse a favor de los campesinos, las propiedades pasarían a manos del ejido.
A la disputa agraria se suma la polémica ambiental. En septiembre pasado, Sol Yucatán documentó que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) otorgó permisos para una mega deforestación de 80 mil metros cuadrados en terrenos de Baca, para el desarrollo inmobiliario “Altea”, promovido por la empresa Mayab Soil Projets. La autorización se dio de manera irregular, sin permitir el periodo legal de consulta pública.
Los pobladores señalan que detrás de estos permisos y despojos hay una red de intereses políticos y empresariales que utiliza a los comisarios ejidales como intermediarios para facilitar la venta de tierras comunales, evadiendo los procesos agrarios y ambientales.
Mientras tanto, las imágenes recientes muestran que los trabajos de desmonte continúan en las parcelas en disputa, pese a que los campesinos no han dado su consentimiento. En Baca, el temor crece: el ejido, dicen, está siendo desmantelado pedazo a pedazo.
“Nos quitaron lo que nuestros abuelos nos dejaron. Y ahora quieren seguir vendiendo el ejido como si fuera de ellos. No lo vamos a permitir”, sentenció un ejidatario durante la última reunión comunal.
La comunidad exige la intervención urgente de las autoridades federales agrarias y ambientales para frenar lo que califican como una operación sistemática de despojo y corrupción, donde los intereses privados y políticos avanzan impunemente sobre el patrimonio colectivo de los campesinos de Baca.