Masacre de Allende (Coahuila): el silencio del general
Documentos de la Sedena confirman que los comandantes de la Sexta Zona Militar y de la Guarnición de Piedras Negras, bajo el mando del general Luis Cresencio Sandoval, fueron informados sobre los asesinatos masivos de Los Zetas en Allende y otros municipios del norte de Coahuila, y no hicieron nada.
Juan Alberto Cedillo/ PROCESO
Dos días después de que Los Zetas arrasaron el 18 de marzo de 2011 con el pueblo de Allende, y atacaron la ciudad de Piedras Negras y varios municipios del norte de Coahuila –con saldo de más de 300 muertos y desaparecidos, según testimonios civiles–, familiares de víctimas denunciaron los hechos al 14 Regimiento de Caballería, con sede en Múzquiz, el cual los notificó a la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo y a la Guarnición de Piedras Negras, esta última a cargo del general Luis Cresencio Sandoval, actual secretario de la Defensa Nacional. Pese a la gravedad de los sucesos, los militares no actuaron y, al igual que los gobiernos estatal y federal, guardaron silencio.
SALTILLO, Coah. (Proceso).– Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fechados el 20 y 28 de marzo de 2011 confirman que los comandantes de la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo y de la Guarnición de Piedras Negras, en esa época bajo el mando del general Luis Cresencio Sandoval, fueron informados sobre los secuestros y asesinatos masivos que recién habían cometido Los Zetas en el pueblo de Allende y otros municipios del norte de Coahuila.
Pese a conocer sobre estos crímenes, esos mandos militares no hicieron nada contra el grupo criminal.
La masacre de Allende –en la que, según familias de las víctimas, hubo más de 300 personas muertas o desaparecidas– se mantuvo oculta durante casi dos años. Ninguna autoridad federal, estatal o municipal informó oficialmente sobre ello.
Los documentos de la Sedena fueron publicados por la organización académica National Security Archive (NSA), con sede en Washington, fundada en 1985 por periodistas y académicos, la cual alberga “la colección de documentos desclasificados más grande del mundo”.
Los documentos, de los cuales Proceso tiene copias, están fechados el 20 y 28 de marzo de 2011, en plena “guerra contra el narcotráfico” del entonces presidente Felipe Calderón. Los reportes internos de la Sedena registran las denuncias que recibió el 14 Regimiento de Caballería con sede en Múzquiz por parte de personas cuyos familiares fueron secuestrados por Los Zetas y que fueron turnadas a la Guarnición de Piedras Negras, al mando del general Cresencio Sandoval, y a la Sexta Zona Militar, comandada entonces por el general Dagoberto Espinosa Rodríguez, actual director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM).
“20 de marzo 2011. Permítome informar a la Superioridad que en esa fecha, aproximadamente a las 14:30 horas, se presentó el señor (…) a fin de denunciar que el 18 de marzo del presente año habían secuestrado a los padres de su esposa, así como a cinco integrantes más de su familia, y que el día sábado 19 de marzo su hijo se desplazó (…) a verificar esa información en Rancho Garza, ubicado en Villa Unión, Coahuila, donde no encontró a sus familiares, y que se comunicaron vía teléfono a aproximadamente 13:30 horas manifestando que los tenía la policía municipal y hasta la fecha no sabía nada de ellos y que en el rancho de su padre se encontraban personas armadas, procediendo a informar a la Comandancia 14 RCM autorizando a acudir a la citada denuncia”, señala el documento fechado en Allende, Coahuila.
Para verificar la denuncia salieron tres unidades del Ejército encabezadas por un teniente de caballería, quien reportó a sus superiores la existencia de viviendas saqueadas, ranchos quemados y abandonados, múltiples casquillos percutidos, así como vehículos incendiados y con evidencias de disparos de arma de fuego.
Una copia del reporte se envió al general Luis Cresencio Sandoval, entonces jefe de la Guarnición de Piedras Negras, y al comandante de la Sexta Región Militar.
De acuerdo con el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, el actual titular de la Sedena era también responsable de la prisión de Piedras Negras, donde integrantes de Los Zetas incineraron cadáveres de sus víctimas.
EI general Luis Cresencio Sandoval arribó a Piedras Negras en los primeros días de enero de 2011. Como comandante de esa guarnici6n, se apuntó un logro con la captura de mäs de das toneladas de drogas a partir de la denuncia que hizo un empresario de Monterrey, a quien Los Zetas le robaron un camión para cargar dichas drogas. Gracias al GPS de la unidad, el empresario lo ubicó en una zona a las afueras de Piedras Negras y se comunicó con las autoridades militares para que lo recuperaran. Los militares se enfrentaron con los pistoleros que cuidaban los narc6-ticos. Después, el general Sandoval convocó a los medios locales a la sede de la guarnción para anunciar un “importante decomiso de drogas·
La filtración
En diciembre de 2012 Proceso public6 un primer reportaje sobre lo sucedido en Allende. Posteriormente siguieron otros reportajes sustentados en testimonios rendidos por capos zetas en juicios en Texas.
Las diversas fuentes consultadas y los testimonios contaron lo siguiente: Pasadas las 17:00 horas del 18 de marzo de 2011 arribaron a Allende alrededor de 45 camionetas atestadas de sicarios para apoderarse del pueblo.
Buscaban a cuatro importantes miembros de Los Zetas, quienes eran responsables del trasiego de droga a través de la ciudad vecina de Piedras Negras hacia Eagle Pass de Estados Unidos, así como a sus familiares, amigos y trabajadores.
El operativo de los sicarios zetas se realizó simultáneamente en Piedras Negras, Monclova, Sabinas, Nava y el resto de los municipios de la región conocida como “‘Cinco Manantiales”.
Tres de los cuatro hombres que buscaban formaban parte de familias ricas de la región: Héctor Moreno Villanueva, Alfonso Poncho Cuéllar y José Luis Garza Gaytán. EI cuarto era José Vázquez, el principal contacto en Dallas que recibía la droga de Los Zetas y que vino a esconderse a Allende cuando lo descubrió la Agencia Antinarc6ticos de Estados Unido (DEA, por sus siglas en inglés), cuyos agentes posteriormente lo obligaron a colaborar con ellos a cambio de no encarcelar a sus familiares que se habían quedado en Texas.
Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, 240 y 242, respectiva mente, intentaron ubicar a estos cuatro hombres para averiguar quien de ellos había filtrado a la DEA los números de sus celulares. Uno de ellos, en efecto, los había filtrado a la agencia estadunidense, la cual los compartió con la Unidad de Operaciones Sensibles de la Policía Federal (PF) con el prop6sito de que capturara a los Treviño Morales. La PF era entonces dirigida por Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico.
Pero esa Unidad de Operaciones sensibles en lugar de detener a los hermanos Treviño Morales, advirtió a uno de ellos, Miguel Ángel, que alguno de sus hombres cercanos lo había traicionado al filtrar sus números de sus celulares a agentes de la DEA. Los hermanos Treviño Morales ordenaron detener a sus propios encargados de traficar las drogas con el prop6sito de torturarlos para que confesaran quien los había traicionado.
No obstante, horas antes de que iniciara el operativo de Los Zetas, los cuatro hombres a quienes buscaban habían huido junto con sus familiares más cercanos rumbo a Texas o a otras zonas del territorio mexicano.
“EI viernes 18 comenzó esa situación (el arribo de los sicarios) y para el sábado no había cuartos de hotel en toda la ciudad de Eagle Pass. Con eso te doy una idea de cuantos emigran ese día”, contó en entrevista con Proceso Antero Alvarado Saldívar, actual alcalde de Allende. La familia mas grande era la integrada por los Garza Gaytán. La mayoría de sus miembros no fueron advertidos y permanecieron en Allende. Esa familia, sus trabajadores y amigos fueron las principales victimas de la masacre de Allende.
La masacre
En los testimonios sobre los sucesos de Allende rendidos ante la Fiscalía de Coahuila se refiere que la noche del 20 de marzo de 2011 cuatro bomberos llegaron al rancho de Los Garza, localizado en el ki1ómetro 9 de la carretera de Allende y Villa Unión. Acudieron por un reporte de incendio. Vieron a miembros de Los Zetas descargando barriles junto a un cobertizo de almacenamiento, cerca de la parte trasera de la propiedad, así como a policías de Allende cuidando el rancho. Durante el camino se podía ver humo saliendo del interior del rancho. Seguimos avanzando hasta llegar al rancho, donde vi que había varias patrullas de la policía municipal azul y blanca y varios policías .. Y esos policías es como si estuvieran custodiando el lugar”, precisó uno de los bomberos en su testimonio. “EI olor a combustible quemado flotaba en el aire”, agreg6.
Otro testigo que rindió su declaración ante la Fiscalía de Coahuila dijo: “Vimos cómo Los Zetas les gritaban, golpeaban y maltrataban a las familias que mantenían secuestradas (…) Cuando Los Zetas se dieron cuenta de que estábamos allí, nos dijeron: “¡Sera mejor que se larguen de aquí, hijos de puta!, ¿o quieres que te pase lo mismo a ti o a tus familias?”.
José Alfredo Jiménez, alias EI Pájaro, uno de Los Zetas que llegó al rancho Garza para matar a Luis Garza, también rtncli6 su testimonio. Afirmó que el plan era “secuestrar y matar a todos”.
“Entramos todos disparando y atamos a todas las personas que se encontraban dentro del rancho. Y había aproximadamente de siete a 10 personas a las que atamos con colas de rata. Fue el caso que entre ellos reconocí a varios, ya que los conocía, porque éramos del mismo municipio de Allende, Coahuila, donde vivo.· Mientras en Allende, los sicarios encabezados por un comandante zeta, German Zaragoza Sánchez, EI Canelo, contó que unos 60 sicarios de Los Zetas buscaron y plagiaron a personas en los pueblos circundantes para llevarlas al rancho Garza: “Había camiones que traían mas gente en los remolques. Mientras que en Allende la gente del pueblo robaba los muebles, vehículos y maquinaria (de las casas) y los vendía como chatarra.” Alfonso Poncho Cuéllar, jefe de las operaciones de narcotráfico de Los Zetas en Piedras Negras, dijo al rendir testimonio durante un juicio de Austin, Texas, que todas las autoridades estatales, federales y militares de Coahuila recibían sobornos de Los Zetas para dejarlos operar con impunidad, “excepto la Marina, con quien temían enfrentarse Los Zetas”, precisó Cuellar.
Incinerados
Esa tarde en la ciudad de Piedras Negras los sicarios zetas privaron de su libertad a 41 amigos de Poncho Cuéllar, para posteriormente asesinarlos. En Allende secuestraron a más de 80 integrantes de las familias Gaytán y Moreno, así como un numero desconocido de Sabinas, Monclova y de los municipios de Cinco Manantiales, según capos de Los Zetas que testificaron en cortes de Texas.
En la noche de ese 18 de marzo de 2011 se celebró una boda en el Casino Nacional de Piedras Negras a la que asistieron las principales autoridades civiles y militares de Coahuila, entre ellos: el gobernador Jorge Torres López; el alcalde de Piedras Negras Óscar López Elizondo, y el general Luis Cresencio Sandoval, comandante de la Guarnición de Piedras Negras. Tras recibir el reporte de las acciones cometidas por los sicarios, el gobernador abandonó la ciudad, pero antes ordenó que los medios borraran las fotos de su asistencia a la boda. El alcalde cruzó la frontera rumbo a Eagle Pass y el general Cresencio Sandoval se excus6 que no podía hacer nada porque en su “guarnición solo contaba con 100 elementos”, según testimonios de asistentes que hablaron con Proceso bajo la condición del anonimato.
La cacería que realizaron Los Zetas duró aproximadamente tres días. Realizaron secuestros de manera continua y destruyeron unas 40 viviendas. Condujeron a algunas de las personas que secuestraron al Cereso de Piedras Negras. Ahí fueron asesinados y sus cadáveres incinerados con el prop6sito de desaparecer sus restos. “Cocineros” detenidos confesaron que en esa prisi6n incineraron a mas de 150 personas.
El exgobernador Humberto Moreira intentó deslindarse de lo que sucedi6 en el Cereso de Piedras Negras en una carta que mandó a Proceso el 15 de octubre del 2017, en la que argumentó: “Los responsables de la seguridad en el Centro Penitenciario eran militares, a propuesta del secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván”; es decir, la responsabilidad de vigilar la cárcel era de la Guarnici6n de Piedras Negras.
Requerida, la Secretaria de la Defensa Nacional indicó que el general Sandoval causó alta como comandante de la Guarnición de Piedras Negras el 1 de marzo de 2011, pero que de acuerdo con la legislación militar sólo tenía jurisdicción en esa ciudad fronteriza, por lo que no podía actuar fuera de su zona.
Añadió que en los días en que ocurrieron los hechos, como comandante de Ja guarnici6n militar, el general Sandoval había sido comisionado para coordinar la puesta en marcha de! Plan DN-IIIE en Ciudad Acuña, con el propósito de sofocar un incendio que afectaba 300 hectáreas.
La dependencia aseguró que el general no fue requerido por las autoridades locales para intervenir en tareas de seguridad pública en esos momentos. Argumentó que, en ese entonces, carecía de marco legal para actuar y só1o lo hacia en casos de flagrancia o en apoyo de las autoridades cuando así nos lo requerían. Fue algo similar a lo que pas6 en Ayotzinapa, señaló la Sedena en su respuesta.
Ante las investigaciones que ahora realiza el gobierno de Estados Unidos sobre esa masacre, debido a las fallas de la DEA, el National Secutiry Archive inform6 que el inspector general del Departamento de Justicia “confirmó que se investiga los vínculos de la DEA con la violencia de los cárteles en México, anunciada por primera vez en 2018”.
Esa investigación “está en curso y puede tener implicaciones significativas para el caso Allende y para la cooperación de seguridad entre Estados Unidos y México en general”, precisó el funcionario del Departamento de Justicia.