Nayarit: acusan nexo de funcionarios con desapariciones forzadas
Foto: Juan Carlos Cruz
Gloria Reza M. / Proceso
GUADALAJARA, Jal. (apro).- A pesar de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) emitió hace casi siete meses acciones urgentes para que el Estado mexicano busque e investigue 39 casos de desaparición forzada en Nayarit, ocurridos entre abril de 2012 y mayo de 2020, los afectados dudan que se haga justicia.
Su pesimismo se basa en que en la Fiscalía General de Nayarit (FGN) aún permanece personal que tendría vínculos en las desapariciones forzadas, que sucedieron bajo el mando del exfiscal Edgar Veytia, quien purga en Estados Unidos una condena de 20 años por narcotráfico.
Las víctimas señalan a José Manuel Delgadillo Cruz, quien se desempeñó como director general de Investigación Ministerial, y ahora es subdirector de Investigación Ministerial y Enlace Operativo en Materia de Derechos Humanos.
En la lista entregada por los afectados, también aparece la exministerio público, Yayori Denisse Villasana Monroy, actual fiscal de Desaparecidos.
Los otros señalados son los ministerios públicos Francisco Rodríguez, Vladimir Brito, Karenya Luna; los comandantes Alfonso Hernández, Omar Tirado y Francisco Ansaldo, así como el exdirector del Penal Venustiano Carranza, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez.
Impunidad
Margarita Acosta busca desde hace casi tres años a su hijo, Jesús Marín Acosta “Chuy”, quien desapareció el 26 de junio de 2018, cuando unos sujetos ingresaron hasta su habitación, para llevárselo contra su voluntad. Su caso, es uno de los 39 por los que el Comité CED emitió la resolución al Estado mexicano.
Dos días antes de que se lo llevaran, “Chuy”, que en ese tiempo tenía 19 años y era campesino, había sido severamente golpeado. Se comunicó con su pareja, quien fue por él en un taxi y lo llevó a la comunidad 6 de enero, donde se ubica la casa de Doña Mago -como le dicen de cariño- para que convaleciera.
El día 26, Doña Mago salió, y cuando regresó sus hijas le explicaron que Armando Contreras Torres alias “El Camarón” junto con varios hombres, que llegaron a bordo de dos vehículos, se llevaron a “Chuy”. La señora esperaba que le llamara.
A los tres días de la desaparición, “El Camarón” se comunicó con ella para advertirle que no interpusiera ninguna denuncia, si no se “la iban a ver con él”. El 1 de julio, Doña Mago acudió a la FGN donde al principio se resistieron a levantar la querella, que quedó con el número 984/18.
Al poco tiempo, “El Camarón” fue detenido por la desaparición de otra persona, y cuando se enteró, Doña Mago acudió a la FGN para preguntar si ya había relevado dónde estaba “Chuy”. Le dijeron que no.
Unos días después regresó a la dependencia, donde la atendieron Yayori Villasana y Francisco Borrego. La funcionaria le pidió que se desistiera de iniciar “’juicio contra El Camarón porque iba a andar vuelta y vuelta, y no tiene dinero para andar gastando’”. Además, Villasana le informó que “El Camarón” ya había sido condenado a 12 años por la desaparición de otra persona “y que no fuera tan mala”.
Doña Mago respondió que “no le hace que me quede sin tragar o me venga caminando, quiero justicia para mi hijo”.
Yayori Villasana insistió y le recordó que su hijo consumía drogas. “Independientemente de eso, nadie tiene derecho de privar de la libertad a nadie”, respondió.
A raíz de dicha solicitud de la funcionaria, Doña Mago presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit contra Yayori y Borrego.
La señora recordó que una semana antes de la desaparición de su hijo, éste le reveló que “El Camarón” le ofreció que se dedicara a distribuir droga, pero no quiso. Considera que eso provocó que lo golpeara y desapareciera.
La afectada no desistió en exigir justicia. Sin embargo, cada vez que acude a la FGN, no encuentra la carpeta de investigación, tampoco le avisan de las audiencias contra “El Camarón”. “La Fiscalía no sirve para nada” señaló.
Ante la inactividad de la autoridad, se unió a los colectivos para buscar restos de desaparecidos. En la colonia Moderna, donde hallaron tres fosas clandestinas con restos calcinados se percató que la autoridad no busca meticulosamente.
Cuando se retiró la autoridad, Doña Mago y una compañera hallaron “huesitos”, dientes, anillos, entre las cenizas. Una antropóloga las regañó por tocar los indicios. “La compañera le respondió ‘ustedes no buscan bien, que tal que si ahí está mi hijo o el de ella, a nosotras no nos da asco, ya estamos acostumbradas al olor a muerte’”, relata la señora. La funcionaria calló, recibió lo recolectado por ellas, y les aseguró que darían con los responsables. “Yo le dije, en mi caso ahí está el culpable y qué le han sacado, ya no me dijo nada”, recordó Doña Mago, quien seguirá pidiendo justicia y no parará hasta encontrar a “Chuy”.
Interviene organización
La organización IDEHAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C junto con cuatro colectivos de personas desaparecidas, Familias Unidas por Nayarit, Por Nuestros Corazones, Renacer por Amor a Ellos y En Búsqueda de Verdad y Justicia denunciaron ante el Comité CED “que no existe la voluntad política” de la FGN de “esclarecer los hechos y de detener a los responsables materiales e intelectuales, entre otros aspectos, por la presencia en dicha institución de varios funcionarios que participaron en los actos y quienes continúan en los cargos”.
En la resolución de 24 de agosto de 2020, el Comité CED emitió 39 acciones urgentes para los casos de las personas desaparecidas presentados, y dictó una serie de medidas al Estado mexicano, entre otras, establecer una estrategia integral para la búsqueda exhaustiva de las 39 personas desaparecidas.
Cristina Lozano, de IDEHAS, detalló que la mayoría de los desaparecidos son jóvenes que fueron sacados de sus domicilios por presuntos policías investigadores; en camionetas blancas o negras, sin placas. El mayor número de desapariciones ocurrió el 22 de junio de 2017, con 22 casos. Los familiares de los desaparecidos identificaron a algunos como policías de la FGN.
La integrante de IDEHAS mencionó que ya existe una orden de aprehensión en contra de uno de los policías de la FGN, pero no se ha cumplimentado. “Hay una impunidad bien marcada como esta colusión entre la Fiscalía de Nayarit, y los grandes mandos; claro, sabemos que está la presencia del crimen organizado”, lamenta.
IDEHAS estima que existen desde 2017 a la fecha mil desaparecidos, aunque no tienen una cifra exacta puesto que muchos afectados no denuncian, y si lo hacen, la carpeta de investigación se abre como secuestro, pero no existe un rescate de por medio, o como no localizado.
Las familias de desaparecidos son revictimizadas cuando acuden a la FGN, puesto que el ministerio público le pide que busque bien; en caso de ser mujeres, menciona que se fueron con el novio. Cuando por fin se abre la investigación solo les da un boletín de búsqueda, no avanza la investigación, y ni siquiera les dan copia de la carpeta.
Respecto a la resolución del Comité CED, Cristina Lozano informó que el Estado mexicano solicitó una prórroga, y apenas está entregando informes. Dentro de las acciones urgentes, “ya entregaron restos a las familias y han avanzado las investigaciones, toda vez que a final de noviembre la FGR (Fiscalía General de la República) atrajo 22 carpetas de investigación” tras la manifestación de los afectados, recordó.
Sin embargo, para acallar la voz de los colectivos, dos de sus integrantes fueron detenidos y a uno más le incendiaron su local.