Un taller, ahora clausurado, era la esperanza de mujeres rarámuris para sobrevivir (Chihuahua)

Para estos días, Teresa González y nueve más de sus compañeras de la comunidad de Bosques San Elías Repechique, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, esperaban ya tener en marcha su taller de costura. Tenían planeado hacer trajes tradicionales y otras prendas para venderlas en Creel, el poblado donde bajan de todas las comunidades a comprar.

Ya con el taller encarrillado, al que nombrarían Bowe Najativo, querían poner un comedor para que los adultos mayores de la zona que se han quedado solos en sus casas, mientras sus familias trabajan fuera, pudieran ir a comer.

“Luego muchos están ahí solos y les cuesta prepararse su comida. Yo me tuve que ir a trabajar muchos años a las casas de Chihuahua y mi madre se quedó sola. Por eso quería que los mayores pudieran venir a comer acá”, dice Teresa.

Como varias de las compañeras involucradas en el proyecto tienen hijos, pensaban también en poner una guardería.

Con ese plan, las diez mujeres y sus familias estarían en una mucho mejor situación que la que tienen ahora. Las lluvias se han retrasado en la Sierra Tarahumara. Hace un mes que debería estar lloviendo. Pero hace unas semanas cayeron apenas unas pocas lloviznas que sirvieron nada más para crecer unos cuantos hongos en el bosque.

Después de eso solo ha habido sequía, una sequía que ya malogró los elotes de las milpas y dejó a las familias rarámuris sin las cosechas para el autoconsumo.

“No hay elotes, no hay trabajo en ningún lado y nosotras que queremos trabajar, no nos dejan”, dice Teresa

El taller de costura se quedó a medio levantar. Tres veces llegaron agentes del Ministerio Público de Creel a decirle a los pobladores que no podían construir allí, porque esa no era su tierra.

La última vez obligaron a unas 50 personas de la comunidad, a las que iban acompañando niños y niñas, a caminar dos horas hasta la agencia ministerial de Creel, diciéndoles que estaban detenidos.

Para la comunidad eso que consideran un atropello no tiene explicación lógica. “Nosotros aquí nacimos. Yo tengo más de 50 años y esta tierra ya era nuestra desde antes, desde mi madre y mis abuelos. Pero un señor, Gregorio Cuesta Musy, la reclamó como suya y ahora según que es de sus hijos”, dice Teresa.

Diana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (Contec), organización civil que acompaña legalmente a esta comunidad, explica que los pobladores de Repechique vienen denunciando el derecho al reconocimiento legal de su territorio desde hace muchos años.

“Desde 2006 está esto en juicio. Ha habido varios para solicitar la titulación de las tierras. En 2018 inició otro, en el Juzgado Décimo de Distrito, que está en curso”, precisa Villalobos.

Teresa asegura que ni ella ni sus vecinos conocen a los que dicen ser los dueños de la tierra donde los rarámuris nacieron, viven y pretende trabajar en el taller de costura.

“Ni los conocemos. No los vemos que vivan en la tierra que dicen que es suya, no los vemos trabajarla. Nomás nos dicen las autoridades que hay documentos donde dice que esos señores son los dueños. Eso son ellos, como papeles que vuelen en el aire, pero sin raíz en la tierra, en esta tierra que es nuestra porque aquí hemos estado desde siempre”, reclama Teresa.

Entre 1888 y de 1906, Porfirio Díaz vendió la región, dividiéndola en dos grandes propiedades, una de 70 mil hectáreas y otra de 15 mil, en ambos casos las escrituras especificaban que eran tierras habitadas por indígenas

Después de la Revolución, a esas dos propiedades les restaron terreno para crear nuevos ejidos, pero sus propietarios originales, los rarámuris, no estuvieron incluidos en la dotación de tierras.

Con el reparto agrario, Bosques San Elías Repechique se redujo de 85 mil a 33 mil hectáreas, oficialmente divididas en 12 propiedades particulares, cuyos dueños ‘legales’ son 50 personas que nunca han pisado la zona: familias que viven en Toluca, en Estados Unidos, en Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc.

En 2007, Cuesta le envió una carta a la familia de Teresa y a sus vecinos. “Ese papel dice que el posesionario de la tierra es él, pero que nos la presta, solo que cuando la necesite, se la tendremos que entregar. Esa carta llegó un día que mi madre –cuenta Teresa– que no entendía español y no sabía leer ni escribir estaba sola. La recibió, no entendió, le dijeron firma y solo puso su huella”.

“Cada que queremos hacer algo, salen los guaruras”

Teresa y sus compañeras, estaban construyendo el taller, con permiso de la comunidad y con los fondos de un fideicomiso que el gobierno les entregó por un agravio más contra los rarámuris.

En 2014, los pobladores de Bosques San Elías Repechique ganaron un amparo que interpusieron por la construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre-Creel. Las autoridades habían concesionado parte de estas tierras para la construcción de la obra, sin consultar a las comunidades indígenas, que reclaman como suyo este territorio.

El amparo, promovido por los “gobernadores indígenas” de Bosques San Elías Repechique, reconoce que, en cumplimiento de los acuerdos internacionales que el Estado mexicano ha firmado, la construcción del aeropuerto debió ser consultada a los pueblos rarámuris.

Un juez federal ordenó la constitución de un fideicomiso que resarciera los daños causados a las poblaciones indígenas por esa construcción.

De ahí salió el dinero para el taller que ahora está detenido y clausurado.

El 13 de agosto llegaron los agentes ministeriales cuando los pobladores se encontraban trabajando en la construcción del taller. Era la tercera vez que se presentaban a decirles que ahí no podían levantar el centro de trabajo porque la tierra no era suya. Ese día no se conformaron con dar otro aviso. Acordonaron el área y les dijeron a los rarámuris que estaban detenidos.

Hicieron que 50 personas, acompañadas de unos 10 niños y niñas, caminaran durante dos horas a la agencia municipal de Creel. Pero cuando los pobladores de Repechique llegaron a la delegación, cuenta Teresa, algo extraño sucedió.

Los pobladores llegaron a la entrada y los ministeriales no se hacían presentes. Se tardaron un rato en llegar, cuando lo hicieron se quedaron ahí afuera también, solo observando.

“Nadie nos decía nada. La gente de Creel pasaba y nos miraba extrañada. Ahí estuvimos como dos horas, en la entrada, bajo el sol, esperando que los ministeriales nos dijeran algo, hasta que dijimos pues vamos a entrar. El que estaba ahí de encargado se hizo que no sabía nada. Nos dijo que la carpeta de investigación no estaba ahí, que estaba en la agencia de Cuauhtémoc, a tres horas más de distancia. Nosotros ya mejor nos regresamos a Repechique”.

A Teresa le esperaba allá otro aviso. Mientras ella caminaba junto con los otros pobladores a la delegación de Creel, un grupo de ministeriales fue a la casa de su prima, segunda gobernadora de la comunidad.

“Fueron hasta el ranchito a exigirle que nos dijera que ya le paremos, que ya no abramos el taller. Nomás la fueron a amedrentar. Al otro día ella me fue a buscar a la construcción y me dijo que ya le paráramos, y pues le paramos ya, por el bien de la gente de la comunidad”.

Con la sequía encima, sin opciones para trabajar y sin elotes para al menos tener comida, Teresa dice que no sabe qué harán si no se arregla lo del taller.

“Yo ya no puedo regresar a trabajar a Chihuahua. Trabajé tanto allá limpiando casas, hoteles, que me dio artritis. Ya no aguantaba el dolor en las manos, en las rodillas, en los pies. Me regresé y acá, en el bosque, en el territorio, con mi gente, me empecé a sentir mejor. Tenemos muchas ganas de trabajar duro en el taller. Si pudiéramos ver a los que dicen que son dueños de la tierra, a la mejor les podríamos explicar, platicar, arreglar, pero nunca los vemos”.

Villalobos explica que han tenido reuniones con representantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y con el gobierno del Estado, instancias a las que les han pedido interceder para llegar a un arreglo que le permita a las diez mujeres terminar y operar el taller de costura.

Patricia Macías, directora general de Concertacesión Social de Sedatu, precisa que por ahora están en el análisis de los documentos que posee la comunidad sobre el territorio, para generar un diagnóstico y hacer una propuesta de ruta de atención. Pero adelante que apoyarán para que la comunidad sea reconocida como la poseedora legal de su territorio.

“La comunidad no tiene todos los documentos que avalen la propiedad respecto del territorio que posee, pero, por ejemplo, cuando se les reconoce como afectados por la construcción del aeropuerto de Creel, este es un precedente muy importante porque la juez que conoció del asunto les reconoce el derecho a la posesión, el derecho que tienen respecto del territorio”.

De manera que lo harán Sedatu y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) es reconocer este derecho al territorio en términos de la normatividad de los artículos constitucionales y del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. “Vamos a empezar a trabajar para reconocer este derecho de la comunidad respecto del territorio”, asegura Macías.

Luis Fernando Mesta, secretario de Gobierno de Chihuahua, asegura en entrevista con este portal que, aunque ellos son solo intermediarios en el tema, están en la disposición de coadyuvar para encontrar una solución que beneficie a ambas partes.

Aunque para el funcionario esa solución no es precisamente reconocer a los rarámuris como los poseedores de su territorio (11 mil 300 hectáreas aproximadamente), sino sólo de una parte.

“Lo que podemos buscar, siempre que la comunidad lo apruebe, es que del total de hectáreas en disputa se determine la propiedad para una parte (los rarámuris) y la otra para los otros, pero que sea válida y suficiente, no un rincón para las comunidades ni para los particulares”.

Un taller, ahora clausurado, era la esperanza de mujeres rarámuris para sobrevivir