Susana Prieto denuncia por persecución judicial a gobernadores de Chihuahua y Tamaulipas

Patricia MAyorga/Proceso
13 julio 2020


Susana Prieto Terrazas. Foto: Facebook
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La abogada laboral Susana Prieto Terrazas acusó a los gobernadores de Chihuahua y Tamaulipas, Javier Corral Jurado y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente, de persecución judicial en su contra por afectar intereses económicos de la industria maquiladora.

En rueda de prensa desde Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la abogada dio a conocer el proceso de constitución del sindicato que asesora en Matamoros, Tamaulipas, donde el sindicalismo “charro”, dijo, controla toda actividad en colusión con el gobierno estatal y con las cámaras empresariales.

Sobre su detención el pasado 8 de junio en Matamoros, Tamaulipas, Prieto Terrazas aseguró que fue ilegal y el proceso penal estuvo viciado para negarle la libertad, por orden del gobernador García Cabeza de Vaca, presionado por Index, Canacintra y Coparmex.

Detalló que promovieron un recurso de revisión contra la medida de prisión y finalmente fue liberada, pero con la orden de no entrar a Matamoros y no moverse del estado de Chihuahua, es decir que no puede viajar a El Paso, Texas, donde tiene su domicilio.

La jueza que lleva su caso, en Matamoros, le ordenó salir de Tamaulipas e ir a vivir al estado de Chihuahua, además de pagar 66 mil pesos como reparación del daño para que los trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tomen terapia psicológica.

Al llegar a Chihuahua se enteró que hay dos carpetas de investigación en su contra, pese a que el fiscal de la Zona Norte negó que hubiera alguna indagación.

“El Ministerio Público hizo valer que yo tenía propiedades en Delicias, Jiménez y Ciudad Juárez, lo cual es falso, y también me llamó mucho la atención que existían en Chihuahua tres carpetas de investigación en mi contra; inmediatamente me fui a Juárez, confronté al fiscal y me dijo que no había ninguna carpeta de investigación en contra mía”.

La asesora legal del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS) de Ciudad Juárez relató que los gobernadores Javier Corral Jurado y Francisco Javier García Cabeza de Vaca no actuaron solos.

Precisó que el 8 de junio fue detenida, el 9 de junio, en Chihuahua, sus acusadores pidieron a un juez de Control que librara una orden de aprehensión y al día siguiente salieron las dos órdenes.

La primera, dijo, es por un hecho presuntamente cometido el 20 de abril de 2020. La denunciante fue una de las empresas maquiladoras que violó “flagrantemente” el decreto del gobierno federal por la pandemia: Electrocomponentes de México, con más de 8 mil trabajadoras, a quienes no protegió con cubrebocas ni con otras medidas de seguridad sanitaria.

La compañía la acusó de privar ilegalmente de la libertad al gerente y otros funcionarios, desde el 20 de abril a las 6 horas hasta las 5 horas del día siguiente.

“Pero esa empresa fue clausurada por la Secretaría del Trabajo federal el 17 de abril de 2020, y así lo dice la Policía Estatal, que acudió al llamado de la maquiladora. Un funcionario de la empresa les dijo que los trabajadores se estaban manifestando afuera (…) no los podían dejar entrar porque la Secretaría del Trabajo clausuró la empresa el 17 de abril. El gobierno está involucrado en los tres niveles a través de un funcionario que fue a declarar que no era cierto que estaba clausurada, cuando los mismos funcionarios dicen que sí ante la Policía Estatal”.

La abogada aseguró que ella permaneció un momento en la planta para denunciar junto con los obreros las arbitrariedades de la empresa, pero luego se fue a su casa, porque es una persona vulnerable ante el covid-19.

La otra denuncia, abundó, es de la expareja de su esposo, pero no quiso abundar en ella, sólo aseguró que tienen como prueba la captura de pantalla de una llamada que Susana Prieto hizo a la presunta afectada.

Tras destacar que se trató de una asociación delictuosa de los dos gobernadores con las cámaras empresariales, que aplaudieron la “sentencia inconstitucional” que había dado la jueza, señaló que en un desplegado pagado éstas agradecieron al gobierno de Tamaulipas porque “puso orden, emitiendo declaraciones falsas, que respetan la democratización sindical”.

Los abogados de Susana Prieto promovieron un amparo con el que impidieron que fuera detenida en Chihuahua.

“Cuando llegue ante jueces de Chihuahua, no voy a huir de nadie, mis abogados presentarán la semana que entra un escrito para que fijen hora y fecha para mi vinculación a proceso. Es probable que me priven de la libertad en Chihuahua. Van a decir: ‘sí eres de peligrosidad, pero ahora sí tienes dos carpetas, más de la de Tamaulipas’”.

Esos argumentos y su doble nacionalidad, mexicana y americana, pueden ser el pretexto para presumir que se podría sustraer de la acción penal, apuntó.

El secretario general del SNITIS, Jaime Guarneros, pidió a las autoridades que dejen en paz a la asesora legal, no sin antes declarar que están hartos de la corrupción de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua, que le han fabricado delitos.

“Si venimos es porque queremos su libertad absoluta, porque la queremos demasiado y ha luchado por nosotros”, soltó Guarneros, quien viajó desde Tamaulipas a Ciudad de México para asistir a la rueda de prensa.

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