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DE RESISTENCIA Y REBELDÍA

Campos agrícolas del sur de Ensenada, una bomba de tiempo (Baja California)

Zeta Tijuana / Marco A. Flores


Foto: Tomada de Internet

El lunes 6 de julio se dio un nuevo bloqueo de la Carretera Transpeninsular, en protesta por la falta de pago a trabajadores de Agrícola Dos Mares, derivado de un conflicto entre dos particulares. A cinco años del movimiento de jornaleros, varios de los acuerdos con las autoridades se han cumplido

Un conflicto entre particulares por la posesión del Rancho Dos Mares, ubicado en el Kilómetro 137 de la Carretera Transpeninsular en la delegación Punta Colonet, generó la movilización de cientos de jornaleros, la quema de dos vehículos, el bloqueo de la vialidad durante varias horas el lunes 6 de julio y una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

A cinco años del movimiento de jornaleros en la región de San Quintín en demanda de mejores condiciones laborales, el cese de acoso a las trabajadoras, seguridad social y aumento de sueldo, entre otras demandas, lo ocurrido a principios de semana es un termómetro del ambiente entre los trabajadores cuando ven trastocados sus derechos.

Durante la revuelta, personas armadas tomaron el rancho por la fuerza. Fuentes policíacas revelaron la existencia de un lesionado por proyectil de arma de fuego -la Fiscalía General del Estado no aportó datos- y oficialmente ninguna persona fue detenida ni por la irrupción en la agrícola, la quema de vehículos o el bloqueo, tampoco por las lesiones.

El conflicto inició cuando el abogado Francisco Javier Álvarez Padilla -quien se ostentó como propietario- llegó acompañado de Arnulfo Silva, Raúl Iván Sandoval y Arturo Silva Sandoval, ex agente municipal -así como de gente armada-, despidiendo a personas que laboraban en el lugar “y ellos contratan gente nueva a la cual al término del corte no se les paga, alegando que no tenían comprador para el tomate, por lo tanto, no pudieron pagarles a la salida que fue a las doce horas”, versión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California.

Los trabajadores tuvieron que esperar entre las dos y tres de la tarde del mismo lunes. Ya molestos, se negaron a abandonar el campo. Arnulfo Silva y Raúl Sandoval llevaron a alrededor de 40 personas con la orden de sacar a los jornaleros a golpes y estos respondieron quemando dos de los vehículos en que llegaron los agresores, los cuales fueron colocados sobre la Carretera Transpeninsular durante unas cuatro horas aproximadamente.

Por la tarde comenzaron a fluir los pagos a los empleados y de a poco se fueron retirando del lugar, permitiendo la remoción de los vehículos; sin embargo, la noche del lunes ZETA estuvo afuera del rancho resguardado por decenas de hombres apostados en la puerta y la malla con aproximadamente cuatro fogatas intensas, custodiando la entrada y salida de vehículos.

El japonés Jay Kawano es el inversionista de ese rancho, se lo compró a la institución bancaria CitiBanamex y creó Agrícola Colonet, teniendo como apoderado legal a Arnulfo Silva y como empleados a muchos de sus familiares.

Tras detectarse malos manejos en la contabilidad, después de una auditoría Kawano despidió a Silva y este cerró los pozos de agua que abastecen a la empresa, situación que data desde 2017, hasta escalar en julio de 2019, cuando gente armada llegó al rancho para cerrar los pozos que abastecían a la empresa Dos Mares, provocando también un bloqueo de la carretera por parte de jornaleros que no pudieron laborar.

Arnulfo Silva es tío del actual delegado de Punta Colonet, José Ramón Silva, de ahí que, entre agentes de la zona y los propios empleados, se presume haber contado con la tolerancia de las autoridades para tomar el rancho, hasta que los empleados iniciaron el bloqueo con los vehículos quemados.

VUELVE A MANOS DE KAWANO Y NÚÑEZ

El conflicto ameritó la presencia del fiscal central, Hiram Sánchez Zamora, y del fiscal regional en Ensenada, Víctor Manuel Guerra Enríquez, quienes se reunieron la noche del lunes 6 de julio en Camalú con Arnulfo Silva y el abogado Francisco Javier Álvarez, los cuales tuvieron que regresar el rancho.

Mediante un comunicado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Baja California dio a conocer el martes 7 de julio que la empresa volvía a manos de Jay Kawano y, por conducto de su representante legal, Édgar Núñez, se respetarían los derechos laborales de los mil 200 trabajadores encargados de producir tomate y fresa, adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores Obreros de Industria y Asalariados del Campo Similares y Conexos CTM.

Juan Manuel González Vitrago, delegado de la STPS en Ensenada, informó que después de las manifestaciones, la empresa realizó el pago que reclamaban los trabajadores que perciben un salario diario y acordó que los sueldos pendientes de los trabajadores del área de empaque, choferes y fletes, se pagarían el sábado 11 de julio, como normalmente se tenía establecido.

REALIZAN INSPECCIÓN EXTRAORDINARIA

El miércoles 8 de julio, la propia STPS realizó una inspección extraordinaria en la empresa Agrícola Dos Mares, S de RL de CV tras haber detectado dos días antes situaciones fuera de la Ley, como mujeres embarazadas y personas mayores de 70 años laborando.

Durante la diligencia se corroboró que el empleador celebra contratos de trabajo por temporada y que los trabajadores reciben su sueldo por tarea, con una hora para comer entre las 7:00 am y 3:00 pm. Los trabajadores del área de empaque laboran de 9:00 am a 5:00 pm.

De igual forma, se confirmó que la empresa ha implementado los protocolos de seguridad e higiene como toma de la temperatura al ingresar al rancho, aplicar gel en las manos; el personal de empaque se lava las manos, utiliza cubre bocas y cofia. En el caso de los trabajadores de campo se les proporciona gel antibacterial, se lavan las manos con agua y jabón, se les dota de papel y volantes informativos sobre la enfermedad COVID-19.

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CINCO AÑOS DEL MOVIMIENTO, ACUERDOS INCUMPLIDOS

Fidel Sánchez Gabriel, uno de los líderes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social de los Jornaleros Agrícolas, reconoció que a cinco años del levantamiento masivo de jornaleros en San Quintín, las condiciones laborales no han cambiado mucho, aunque aclaró que lo ocurrido el lunes 6 de julio de 2020 en Agrícola Dos Mares nada tuvo que ver con aquella movilización, sino un tema entre Édgar Núñez y Arnulfo Silva.

Cuestionado sobre los 13 acuerdos logrados en mayo de 2015 con autoridades estatales y municipales, respondió si se han cumplido o no, uno por uno:

-Afiliación y credencialización al IMSS: jamás se cumplió.
-No retención ni condicionamiento de los salarios: sí se ha cumplido.
-Mejora en vivienda, alimentación y condiciones de seguridad: sin cumplir. Puso como ejemplo cuatro contagios por COVID-19 en Rancho El Vergel, todos de menores de edad.
-Respeto a los derechos laborales y humanos, principalmente de las mujeres, así como inspecciones: no se puede decir que lo estén llevando a cabo.
-Empresas certificadas como libres de trabajo infantil: “Para nosotros es mentira, se siguen empleando menores de edad en todas las empresas, sobre todo en la modalidad saliendo-pagando”.
-Fideicomiso de inversión federal, estatal y municipal para el desarrollo de la zona: no se creó.
-Programas sociales para que jornaleros no pierdan beneficios como consecuencia de desplazamiento de sus lugares de origen: quedó en veremos.
-Registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal para la Justicia Social: se creó el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas.
-Respeto a la libertad y autonomía sindical: hasta ahora los que ya están en la casa difícilmente salen; el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas no tiene ningún contrato colectivo.
-Reunión con el gobernador del Estado para tratar problemáticas de San Quintín: el 30 de mayo de 2015 se reunieron con Francisco Vega de Lamadrid para hablar sobre regularización de la tenencia de la tierra y la creación de una presa en Santo Domingo. Pocos pudieron regularizar su tierra y, en lugar de una presa, se optó por una planta desalinizadora que no ha sido construida.
-Liberación de los detenidos durante las protestas: se cumplió con la intervención del Gobierno Federal. Los últimos 14 salieron después de seis meses.
-Abstenerse de represalias y preservar la paz pública: cumplido, aunque en 2016 hubo una protesta ciudadana contra el alza a la gasolina, no encabezada por el movimiento de jornaleros.
-Salario diario de 200 pesos: la mayoría paga entre 235 y 240 pesos.

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