El 11 de mayo de 2020 López Obrador, capataz en turno, dispuso mediante un decreto dar más funciones policíacas a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública. Tras los últimos cambios constitucionales, la 4T tiene en sus manos la implementación del nuevo cuerpo militar aprobado desde la administración pasada. El propio presidente ha declarado al respecto no tener ninguna limitación presupuestal para la “puesta en marcha” de la nueva Guardia Nacional y la reforma constitucional en materia de seguridad que militariza cada vez más la vida nacional y el espacio público, así como los territorios en conquista.
Continuidad del proyecto represivo del capital
La actual Guardia Nacional es el paso más reciente de un largo camino de militarización de las llamadas labores de seguridad pública, camino que se puede rastrear desde la creación de la Policía Federal Preventiva en una época en la que muchos funcionarios destacados de la 4T, como Juan Ramón de la Fuente o Esteban Moctezuma, eran funcionarios del gobierno priísta.
La Policía Federal Preventiva fue un primer cuerpo operado por militares para tareas de seguridad pública, existió entre 1999 y 2009. Creada en el mandato de Zedillo, por la ley publicada el 4 de enero de 1999, fusionó la Policía Federal de Caminos, Policía Fiscal y además se le integró personal proveniente de la Armada de México. La trayectoria represiva de la PFP se inició con el rompimiento de la huelga en la UNAM en el año 2000. En la administración de Fox se integró a la Secretaría de Seguridad Pública. En ese sexenio, algunas de sus actuaciones más vergonzosas fueron la brutal represión en Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006 y el asalto a la Ciudad de Oaxaca en noviembre de ese mismo año.
Además de usarla como aparato represivo contra los movimientos sociales como en el caso de la represión al Sindicato Mexicano de Electricistas para la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, Felipe Calderón utilizó a la Policía Federal como brazo operativo de la guerra contra la delincuencia organizada. Peña Nieto decretó en 2014 la creación de la Gendarmería Nacional, recordada por la masacre de Nochixtlán, el 19 de junio de 2016, entre otras acciones represivas. Y el 26 de marzo de 2019, ya con López Obrador en la presidencia, se decretó que “la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional”. En ésta última reforma, “se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última”.
En la actual administración de López Obrador, las Fuerzas Armadas ya tienen atribuciones y obligaciones que le atañen a la Guardia Nacional, principalmente tareas de seguridad pública, pero no solamente. También tienen atribuciones para “participar con otras autoridades federales, locales o municipales en operativos conjuntos que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
López Obrador ha anunciado el despliegue de las Fuerzas Armadas de México, junto con la Guardia Nacional para tener mayor presencia en todo el país. A finales de este año se tiene anunciada la conclusión de 200 coordinaciones de este nuevo cuerpo militar, así como el aumento del número de sus elementos. Sin embargo, el despliegue de esta guardia ha seguido un patrón de contrainsurgencia al concentrar su despliegue en el sur, sureste y oriente del país, de Oaxaca a Chiapas y de ahí a la Península de Yucatán. Este despliegue coincide geográficamente no solo con la frontera sur de México, donde Trump espera que realmente opere su muro, sino que es además la zona donde el gobierno impulsa sus principales megaproyectos enfrentándose a las comunidades indígenas. Tan solo un par de días después de que Obrador inaugurara los trabajos del mal llamado “Tren Maya” el 1 de junio, la SEDENA anunció el traslado de 820 efectivos, 75 vehículos militares y 2 aeronaves a los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, supuestamente como parte del Plan DN-III ante la tormenta tropical “Cristóbal”.
Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro (tomada de la red)
La guerra de arriba
Sobre la guerra iniciada y promovida por Felipe Calderón Hinojosa contra el crimen organizado, el Subcomandante Marcos decíaque la realidad nacional había sido invadida por una guerra, que como todas las guerras de conquista, viene de arriba, desde el Poder. Y explicaba algunas de de las características de las “guerras modernas” donde son posibles conflictos militares que, por su naturaleza, son irresolubles en términos de fuerza física; también conflictos en los que un contrincante superior en términos militares es incapaz de imponer su voluntad a un rival débil. Sin embargo, la guerra está ahí […] El concepto de ‘guerra total’ es sinónimo de ‘guerra moderna’: medios militares, económicos, políticos, religiosos, ideológicos, diplomáticos, sociales y aún ecológicos”. (Apuntes sobre las guerras, inicio del intercambio epistolar sobre Ética y Política. 4 cartas del SCI Marcos a Don Luis Villoro. Enero-Febrero de 2011)
Siendo lo fundamental la conquista de un territorio determinado, el Subcomandante Marcos recordaba que en la etapa actual es preciso destruir el territorio conquistado y despoblarlo, es decir, destruir su tejido social. De manera simultánea se opera la reconstrucción de ese territorio y el reordenamiento de su tejido social ¿Quién opera finalmente esa reconstrucción y el reordenamiento?¿Para quién o quiénes es negocio?, ¿qué cifra monetaria alcanza?, eran preguntas que se lanzaban para mirar esta guerra.
Foto tomada de la red
Esta guerra sigue recibiendo los aplausos de quien realmente manda: el capital extranjero. Actualmente es la administración de López Obrador quien recibe los aplausos de la administración de Trump por el uso de la Guardia Nacional para frenar con fuerza militar el cruce de migrantes y refugiados de guerra, tanto en la frontera con Guatemala como en la de Estados Unidos.
En los últimos 3 sexenios se han gastado miles de millones de dólares en las principales entidades gubernamentales encargadas de reprimir al pueblo (SEDENA, Secretaría de la Marina, FGR y SSP) y si en los primeros cuatro años del sexenio de Calderón recibieron del Presupuesto de Egresos de la Federación una cantidad superior a los 366 mil millones de pesos, al tomar posesión López Obrador se informó de la asignación de 144 mil 658.25 millones de pesos en 2019, y de un aumento a 197 mil 254 millones 910 mil pesos para 2020
, es decir, en dos años, el gasto en represión alcanzaría poco más de 340 mil millones de pesos.
Aún con todo ese dinero y despliegue, el propio Estado Mayor de la Defensa Nacional ha reconocido que si el Ejército entrara en combate, su poder de fuego sólo alcanzaría para 12 días de combate continuo, 5.5 días el fuego de artillería, 9 en días los cartuchos de las tropas blindadas se gastarían. En cuanto a la Fuerza Aérea solamente tendría capacidad para 5 días de fuego aéreo. Retomando las preguntas del Subcomandante Marcos en 2011 ¿Cómo ha sido posible que tres administraciones, incluida la actual, mantengan una guerra sin tener las condiciones materiales mínimas para mantenerla, ya no digamos para “ganarla”?, ¿Qué industrias bélicas se van a beneficiar con las compras de armamento, equipos y parque? ¿Ganan los Estados Unidos con esta guerra “local”? La respuesta, parece seguir siendo sí.
Y dejando de lado las ganancias económicas, está en marcha, como resultado de esta guerra, un proceso de destrucción / despoblamiento y reconstrucción / reordenamiento geopolítico que los favorece. Esta guerra está destruyendo el último reducto que le queda a una Nación: el tejido social”.
Las opiniones en el alto mando norteamericano acerca de las “deficiencias” del aparato represivo mexicano (su ineficacia y su contubernio con la delincuencia), no son nuevas. No sólo en el común de la gente, sino en altas esferas del gobierno y del Poder en México esto es una certeza.
Los resultados de esta guerra muestran lo terrible de este proceso de destrucción / despoblamiento: según un recuento realizado por RT, durante las administraciones de Calderón y de Peña Nieto más de 250,000 personas habían sido asesinadas en México. Hay que considerar que las cifras del INEGI suelen registrar un mayor número de muertos por homicidio que las carpetas de investigación registradas por el SNSP.
México ya registraba más de un cuarto de millón de muertos por la violencia desde el comienzo de la estrategia de seguridad ahora legalizada por la administración de López Obrador en la que se han registrado los meses más violentos y sanguinarios en los que va del 2020. Esta epidemia de asesinatos que, de acuerdo con el informe Estadísticas Mundiales de Salud 2017 elaborado por la Organización Mundial de la Salud, es equiparable a la que existe en países en guerra.
México confirma más de 61.000 desaparecidos en esta guerra: una de las peores crisis de “desaparecidos” de América Latina. Ni los 36 años de guerra civil en Guatemala, que concluyó en 1996 con 40.000 personas en paradero desconocido, ni la despiadada dictadura militar en Argentina (unos 30.000 que no dejaron rastro) llegan a las trágicas cifras de México, un país que oficialmente no está en guerra.
Más de 61.000 personas han desaparecido en poco más de una década de terror según las cifras oficiales. Para abril de 2018, el conteo de desapariciones iba en 40.000 casos reconocidos, por lo que más de un tercio delas desapariciones se han sumado en los últimos dos años. “Estos son datos de horror y detrás de ellos hay historias y relatos de gran dolor para las familias, tanto dentro de la nación como entre los inmigrantes”, reconoció Karla Quintana, responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda, durante la presentación del recuento.
Otro de los aspectos más terribles de esta violencia sistémica es la violencia de género y los feminicidios que cada día van en aumento ¿cuántos feminicidios han ocurrido realmente en el país en los últimos años? Es difícil saberlo. Tan sólo para 2019, el SESNSP reportó 890 feminicidios, mientras que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios identificó más de tres mil.
Las acciones que ya realiza la nueva Guardia Nacional
Entre las primeras tareas que la Guardia Nacional (y por lo tanto el conjunto de la Fuerzas Armadas) han desempeñado es la contención del flujo migratorio en la frontera con Guatemala y en la frontera norte con los Estados Unidos. Esta medida fue establecida en la Declaración Conjunta entre México-Estados Unidos, del 7 de junio del 2019, donde México se comprometió a combatir el tráfico de personas y desplegar a su Guardia Nacional en sus fronteras sometiéndose a los intereses norteamericanos y a la política migratoria racista del gobierno norteamericano de una manera a la que incluso no se atrevieron las administraciones de Fox, Calderón y Peña Nieto.
En el contexto de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, López Obrador ha anunciado que las actividades esenciales se reactivarán en el país de forma gradual. Y que se reactivarán los proyectos de inversión, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y la Guardia Nacional también realizará funciones de seguridad para que se reactiven las Zonas Económicas Especiales, ahora llamadas Zonas Francas. Lo mismo alardea de los avances del tren interoceánico que del mal llamado Tren Maya, donde a pesar de las controversias existentes, las licitaciones siguieron, y dicen tener ya contratos con cuatro empresas la construcción de 900 kilómetros desde Palenque hasta Cancún. El lunes 1 de junio, López Obrador inició la obra con la pretensión de destruir la zona Maya. Más aún, en su mensaje del 21 de abril de 2020 López Obrador anunció que los tramos 6 y 7 del Tren Maya correspondientes a Escárcega-Chetumal y Chetumal-Tulum, serán construídos directamente por la SEDENA. Se trata justamente de los tramos donde la oposición de los pueblos originarios ha sido no solamente masiva y organizada, sino exitosa jurídicamente al ganar amparos contra este megaproyecto capitalista de corte neoliberal. La asignación a las fuerzas armadas de ese tramo no es ninguna casualidad.
En enero de este año, el jefe del Estado Mayor Presidencial, Homero Mendoza, enumeró seis tareas que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene en la actual administración: el aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía; el plan contra el “huachicol”; frenar el flujo migratorio; participación en los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y la última que les encargó el presidente López Obrador, que es la construcción de 2,700 sucursales del Banco del Bienestar. Estos seis proyectos son los más significativos, incluiríamos la creación de Guardia Nacional”, afirmaba.
Ya en el sexenio de Peña Nieto el ejército se metió a las comunidades con el pretexto de los Comedores Comunitarios, las tareas de reforestación también han sido históricamente estrategias de reconocimiento, contrainsurgencia y control territorial. La estrategia de militarización de la 4T parece profundizar estas pautas al poner en manos del ejército la construcción de los bancos del bienestar, la producción de las plantas del programa “Sembrando vida” y más recientemente la construcción de uno de los tramos en los que, como ya se mencionó, el tren maya enfrenta la oposición organizada de los pueblos originarios o bien la entrega de la seguridad e incluso de la operación de hospitales al ejército en el marco de la pandemia de COVID-19.
En el contexo de la emergencia sanitaria, las Fuerzas Armadas salieron a las calles a hacer tareas de seguridad pública, incluso resguardando hospitales públicos, bancos, centros comerciales y actividades turísticas. También han coordinado filtros sanitarios y tareas de vialidad con autoridades municipales, estatales y federales.
Los excesos de las Fuerzas Armada han sido ampliamente documentadas en la historia reciente de México. La brutalidad policíaca que hoy nuevamente genera rabia e indignación por todo México ahora amenaza con coordinarse para realizar acciones represivas con el conjunto de las Fuerzas Armadas de México.
