A una década de la desaparición masiva de jornaleros migrantes
Proceso / Agustín Escobar Ledesma,
Alejandro Moya, uno de los jóvenes migrantes jornaleros desaparecidos hace una década.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La primera desaparición masiva de jornaleros migrantes queretanos ocurrió hace una década, el 17 de marzo de 2010, en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, cuando el autobús marca Jaguar de la empresa Turismo Pirasol, que los llevaba a bordo, desapareció con 17 pasajeros provenientes del estado de Querétaro; 12 de San Luis Potosí y seis de Hidalgo.
En este episodio, 37 personas fueron desaparecidas, incluido el operador y su auxiliar, quienes no iban con la intención de cruzar a Estados Unidos.
Los migrantes desaparecidos en el autobús modelo 1994 y placas 177-RK5 son jornaleros campesinos cuya actividad principal es trabajar en la industria de la construcción en Estados Unidos; cruzaban la frontera norte de manera indocumentada como lo hacen muchos queretanos de la sierra desde finales del siglo XIX.
En 2011, después de la primera desaparición masiva de migrantes, sólo el propietario de la empresa Turismo Pirasol, situada en Ciudad Valles, San Luis Potosí, logró recuperar su autobús marca Jaguar que era utilizado para viajar quincenalmente a la frontera norte. Sin embargo, del conductor, su ayudante y los 33 pasajeros, se desconoce todavía el paradero.
El día de hoy por la tarde se realizará un homenaje en Ciudad Valles, San Luis Potosí, para honrar la vida de esos jornaleros migrantes que no llegaron a su destino. La convoca la asociación Voz y Dignidad por los nuestros S.L.P.
“10 años que ellos no llegaron a su destino, que ellos no están en casa, 10 años desaparecidos”, indica el cartel de convocatoria.
Esta primera desaparición masiva de migrantes queretanos ocurrida en marzo quedó registrada hasta el 28 de abril de 2010 ante el Ministerio Público del fuero común en Jalpan de Serra, plasmada en la averiguación previa J/193/2010, de la entonces Procuraduría General de Justicia de Querétaro.
No fue la única: el 5 de abril de 2010 ocurrió otra desaparición masiva.
En 2011, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Querétaro (CEDHQ) y el Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro (Coepsique), se involucraron en este hecho durante algunos meses y generaron un informe sobre las afectaciones sufridas por los familiares de las personas desaparecidas.
Además de los síntomas recurrentes de hipertensión, diabetes, daño muscular, gastritis, trastorno del sueño, ansiedad, cefaleas o anorexia que sufrían los familiares producto de la angustia, la incertidumbre y la ausencia, el informe también registró otro tipo de afectaciones. Uno de estos fue el suicidio del hermano de uno de los campesinos desaparecidos, dos adolescentes fueron víctimas de explotación sexual, algunas esposas presentaron alcoholismo y una de las madres abandonó a un hijo.
Las conductas que más se manifestaron fueron el desgano y desinterés por hacer las cosas cotidianas, pesimismo para la búsqueda de empleo, bajo rendimiento escolar en los niños y niñas, conflictos interpersonales por irritabilidad no controlada, intento suicida y otras conductas de riesgo que, después de diez años, no han sido atendidas.
Los migrantes queretanos desaparecidos que hoy serán recordados son:
Abraham Sáenz Díaz, es oriundo de La Florida, municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Los 16 restantes son de diferentes comunidades del municipio de Landa de Matamoros: Alejandro Moya Maldonado, de Tres Lagunas, quien recién había cumplido 18 años de edad; Víctor Moya Briseño, de Tres Lagunas, quien dejó en el desamparo a su esposa y cinco hijas de entre dos y 10 años de edad; Fulgencio Moya Maldonado, de 18 años, de Tres Lagunas, quien dejó a sus padres y siete hermanos.
También continúan desaparecidos los hermanos Mendoza Almaraz, José Luis, de 34 años, y José Obispo, de 28. Ambos son de El Charco y dejaron a sus padres y tres hermanos.
Evodio Flores Ortiz, de la comunidad de El Lobo, municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, de 32 años, es casado y tiene tres hijos, el menor de dos y el mayor de 10. Ismael Mata Morales, de 21 años, es oriundo de La Yerbabuena y dejó a su esposa, de 14 años, con un bebé de siete semanas de nacido.
Juan Ignacio Mata Jiménez, de La Yerbabuena, de 17 años. Vivía con sus padres y dos hermanos; Enedino Rojo Urías, de Río Verdito, municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, tenía 27 años y dejó a sus padres y seis hermanos; Alfonso Fonseca Amado, de La Vuelta, tenía 37 años y dejó a su esposa con cuatro hijos menores de edad; Edgar Iván Pontaza González, de Jagüey Colorado, tenía 20 años, dejó a su madre y dos hermanas; Rubén Garay Camacho, de El Humo, de 22 años, dejó a su esposa con un hijo de tres años, en tanto que su papá, Abel Garay Martínez, fue detenido un año después, acusado de tráfico de personas, es decir, de ser coyote o pollero.
Sabino González Rincón y Juan Carlos González Jiménez, ambos de La Reforma, son padre e hijo respectivamente y dejaron a solas a sus esposas. Ellos tienen una familiar postrada en cama por la meningitis desde hace más de 30 años.
Conmemoración a 10 años.
Justicia pendiente
Un año después de que se levantó la denuncia, en abril de 2011, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó que detuvo a Bernardo González Jiménez, Esteban García Pérez, Arturo Mayorga Villeda y Abel Garay Martínez por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la Ley General de Población en su modalidad de tráfico de personas indocumentadas y asociación delictuosa.
Los detenidos fueron ubicados en las comunidades de La Yerbabuena, Agua Zarca, La Lagunita y El Humo, pertenecientes al municipio de Landa de Matamoros. Los cuatro acusados fueron internados en el Centro de Readaptación Social de San José el Alto, en el municipio de Querétaro. Pero del paradero de las víctimas no hubo información.
Después de ocho años de la desaparición del autobús con las 35 personas a bordo, en 2018, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí emitió la primera ficha de búsqueda de los migrantes conocido como el caso Pirasol, mientras la de Querétaro se desentendió del caso desde el principio.
A una década de distancia, los familiares de las 35 personas continúan en la incertidumbre ante la indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Si algo ha cambiado desde este hecho es que, a partir del 1 de enero de 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas asignó una ayuda mensual de 4 mil 500 pesos a cada una de las familias de los ausentes.
De acuerdo a los testimonios de los familiares de los jornaleros migrantes, el apoyo que el gobierno federal les otorga es importante, porque los ausentes eran quienes sostenían a padres, hijos, esposas y madres; sin embargo, siempre han señalado que más que el apoyo económico, ellos quieren saber en dónde están sus seres queridos.
Desde 2011 la CEDHQ y el Coepsique propusieron al entonces gobernador José Calzada Rovirosa implementar un programa de intervención integral que no sólo considerara los aspectos psicológicos, también los aspectos económico, social, laboral, la salud física, con enfoque de género, así como la instalación de un centro de atención psicosocial para la migración y ampliar los estudios sobre los efectos que la violencia psicológica tiene sobre la salud mental de los migrantes y sus familias.
Sin embargo, el gobierno de Querétaro se limitó a aportar despensas a los familiares de los jornaleros migrantes desaparecidos durante el primer año; después se desentendió de la situación.
*Agustín Escobar Ledesma es reportero de Radio UAQ. Autor del libro “¿Dónde están? Migrantes queretanos desaparecidos”, publicado en 2019 por la Universidad Autónoma de Querétaro. Colaborador del proyecto www.adondevanlosdesaparecidos.org