Campesinos de Campeche acusan por despojo a coordinador federal y exigen su destitución
Rosa Santana / Proceso
CAMPECHE, Camp. (apro).- Campesinos de los ejidos Xbakab y Revolución, del municipio de Champotón, exigieron la remoción del coordinador operativo de Programas Federales de la Secretaría de Bienestar, José Antonio Cardozo Rivero, a quien acusan de despojo de tierras.
Afuera de las instalaciones del Palacio Federal, los inconformes denunciaron que, en 2015, cuando Cardozo Rivero laboraba en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el área de Terrenos Nacionales, despojó de mil 300 hectáreas a 22 ejidatarios de Xbakab.
Y lo mismo hizo con otras mil 400 hectáreas en perjuicio de otro tanto de ejidatarios en Revolución.
Explicaron que Cardozo Rivero, quien actualmente funge como coordinador operativo de Programas Federales de la Secretaría de Bienestar en la entidad, utilizó “las mismas artimañas” de los presuntos prestanombres del exgobernador veracruzano Javier Duarte en el caso del ejido Lerma, en Campeche.
Denunciaron que el ahora funcionario de la “cuatroté” pagó a campesinos avecindados en ambas comunidades, pero no tienen el reconocimiento legal como ejidatarios para firmar en las actas de las asambleas donde, junto con un grupo de familiares, se apropió de esas tierras.
Incluso recurrió al mismo abogado, Jorge Alberto Cámara Castañeda, quien fue visitador de la Procuraduría Agraria (PA), destacaron.
En el caso de las tierras de Xbakab, Cardozo habría pagado alrededor de 5 millones de pesos a los campesinos que se hicieron pasar por ejidatarios en las asambleas, y una cantidad similar por las de Revolución.
Según los inconformes, los pagos se hicieron en varias partes y se entregaron en el restaurante Pelícanos II y en una vivienda familiar en la unidad habitacional Plan Chac, ambos en la ciudad de Champotón.
Adelantaron que emprenderán sendos juicios de nulidad de las asambleas ante el Tribunal Agrario, pero para que “el piso sea parejo” y “no haya mano negra” en el litigio, exigieron la destitución del funcionario federal.
Para ello demandaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pidieron que su caso sea turnado a la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue de dónde se sacaron los recursos para pagar las tierras o si se lavó dinero, porque las transacciones “se hicieron bajo la mesa, en efectivo, y los recursos no pasaron nunca por un banco”.
En la misma manifestación de este jueves, pobladores de San Eduardo, en este municipio, demandaron la destitución de Leonor del Carmen Carrillo Delgado, Leonardo de Jesús Cú Pensabé y Joaquín Santiago Sánchez Gómez, magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por presunta corrupción.
Carrillo Delgado es hija del exgobernador Abelardo Carrillo Zavala, y Sánchez Gómez, además de empresario, fue el primero de los tres secretarios de la Contraloría en el cuatrienio del goberndaor Alejandro Moreno Cárdenas. “Alito” también hizo magistrado a Sánchez Gómez, pese a que carecía de trayectoria judicial.
Los afectados explicaron que son 21 familias las que hace 26 años se asentaron en San Eduardo –hasta ahora terrenos nacionales– e iniciaron su trámite ante la Sedatu en 2007 para regularizar su situación.
No obstante, el 14 de agosto de 2019 la Sala Civil emitió una orden judicial para desalojar de esas tierras a los campesinos, el próximo sábado 11, en atención a una demanda promovida por el empresario Jorge Aguilar Camejo, asesinado el 11 de agosto de 2018.
La demanda fue interpuesta por la representante legal del ahora fallecido, Karla Sugey Aguilar Camejo. Supuestamente aquel compró al banco las tierras en disputa, pero ni siquiera se han desincorporado como tierras nacionales.
Los quejosos explicaron que el 14 de marzo de 2019 un juez civil declaró la nulidad de la escritura pública de Aguilar Camejo sobre 79 hectáreas, pero ahora, “extrañamente”, los magistrados de la Sala Civil emitieron una orden judicial para desalojar a la comunidad.