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Misión de Observación constata flagrante violación de derechos humanos de migrantes

La Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiadas en el Sureste Mexicano. Foto: Isaín Mandujano

Isaín Mandujano/ PROCESO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- La Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiadas en el Sureste Mexicano, conformada por organizaciones civiles nacionales e internacionales, constató una flagrante violación a los derechos humanos en esta frontera sur mexicana.

Al dar a conocer el informe “Impactos de la Política Migratoria de México en la Frontera Sur y sus hallazgos”, luego de un recorrido a pie-tierra realizado en mayo pasado, la Alianza Américas, el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica (RJM-CANA) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), señalaron que en esta región del país se vive una tragedia humanitaria.

Destacaron que a partir de octubre de 2018 emergieron en Centroamérica nuevas estrategias de desplazamiento forzado, las llamadas “caravanas centroamericanas” o “éxodos migrantes”, y la respuesta del Estado mexicano supuso graves violaciones de derechos humanos.

Como respuesta organizada a esta situación, un conjunto de organizaciones sociales y de derechos humanos conformaron el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, en un esfuerzo para documentar el contexto migratorio regional.

Ello implicó una diversidad de retos por los cambios en los perfiles de las personas en movilidad, aumento en los flujos de migración forzada en los tres corredores de la frontera sur y el recrudecimiento de la respuesta militar y de contención migratoria.

Hasta mayo pasado, mes en que se realizó la Misión de Observación, se identificaron tres etapas de la actual crisis. La primera correspondió al tránsito de las caravanas desde octubre de 2018, integradas por una diversidad de personas provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Estos grupos se enfrentaron a respuestas gubernamentales represivas que intentaron, sin éxito, contenerlos bajo la presión y amenazas del gobierno estadunidense, que en estos meses ha apostado por acabar con el sistema de asilo, restringir el acceso a personas centroamericanas y presionar a los países de la región a recrudecer sus políticas de control migratorio.

La segunda etapa dio comienzo en enero de 2019 con el surgimiento de un nuevo grupo desde San Pedro Sula, Honduras, que se encontró en México con una nueva acción gubernamental.

La última etapa se originó cuando un grupo de personas, en su mayoría cubanas, realizó una protesta en Tapachula ante las demoras en los trámites del Instituto Nacional de Migración (INM).

Las organizaciones recordaron que en medio de la acción se anunció el cierre de la oficina de regularización. Desde ese momento, la crisis se recrudeció porque cientos de personas, ya no sólo del norte de Centroamérica, sino también provenientes de Cuba, Haití y varios países de África y Asia, quedaron varadas en la ciudad.

Y, dado que la situación en la región fronteriza continúa deteriorándose, el Colectivo de Monitoreo convocó a una Misión de Observación del 29 al 31 de mayo de 2019, como estrategia complementaria de visibilización de la situación, y para generar oportunidades y espacios de incidencia a nivel regional.

La Misión buscó documentar y visibilizar la crisis humanitaria en la región, incidir para conseguir una respuesta integral a nivel local y federal, y pensar mecanismos de respuesta desde un enfoque de acogida e integración que permita el goce efectivo de derechos sin ninguna discriminación.

Participaron seis redes de la sociedad civil convocantes; 12 organizaciones que formaban parte de estas redes; nueve organizaciones invitadas de México, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos; seis representantes de la academia; dos organizaciones internacionales observadoras, y seis medios de comunicación.

Las personas participantes cubrieron al menos tres rutas. La Ruta de Terreno recorrió las carreteras y espacios públicos en los municipios de Tecún Umán, Guatemala, y en México: Suchiate, Tapachula, Huehuetán, Huixtla, Escuintla, Acacoyagua y Mapastepec.

La Ruta de Detención monitoreó la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula; las Estancias Provisionales de Huehuetán, Huixtla, Echegaray, Comitán y San Cristóbal de las Casas, y la Feria Mesoamericana.

Finalmente, la Ruta Incidencia correspondió a reuniones con entidades gubernamentales municipales y federales, organismos públicos de derechos humanos, organismos internacionales y personal diplomático y del congreso de Estados Unidos.

Entre sus principales hallazgos encontraron un sistema migratorio rápido y eficiente para la detención y deportación, pero lento, obsoleto, corrupto y burocrático para la asistencia y la atención a tramites de regularización.

Los participantes se percataron de la incorporación acelerada de fuerzas armadas –Guardia Nacional– en operativos de control, sin ninguna formación en derechos humanos.

De igual manera, observaron un sistema de asilo en Tapachula que se encontraba y aún se encuentra colapsado con más 14 mil solicitudes hasta mayo y una larga fila de espera. Para atender a los migrantes se contrató a personal con soporte financiero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Vieron en ello mayores riesgos entre las personas solicitantes de protección internacional, que deben esperar y dormir en espacios públicos bajo la vigilancia de sus agentes persecutores, además de una ausencia de información, tiempos prolongados y discrecionales de espera en los trámites por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM.

La Misión detectó una crisis humanitaria por acción u omisión en los distintos niveles de gobierno para atender necesidades básicas de subsistencia, y la presencia extrema de cuerpos de seguridad, y recabó testimonios de personas migrantes detenidas y golpeadas dentro de instalaciones de fuerzas de seguridad pública (Policía Federal).

En su recorrido se percató de disposiciones arbitrarias que violan derechos, como la realización de trámites individuales que ocasionan la separación familiar, o los oficios de salida que obligan a las personas a salir por la frontera sur.

También documentó restricciones y la estigmatización de la sociedad civil con mensajes disuasivos y criminalizantes, así como denuncias de destrucción de documentos de identidad y trámites de regularización o refugio por parte de elementos de la Guardia Nacional y del INM.

Señaló que el recrudecimiento de la crisis humanitaria está ligada al racismo institucional por cuenta de prácticas de aislamiento y separación dentro de espacios de detención hacia población haitiana y africana, que también vive en condiciones de precariedad a las afueras de la Estación Siglo XXI.

Muchas de esas personas duermen bajo techos de lámina o plástico, e inclusive pagan por un espacio en el patio de las casas de personas locales que habitan cerca de la zona.

Los participantes en la Misión vieron muchos casos de separación familiar, y personas adultas, niños, niñas y adolescentes detenidos. Destaca el caso de una madre detenida, forzada a dejar de lactar a su bebé de cinco meses, ya que fue él liberado –junto con otros familiares–, pero ella permaneció en detención.

También observaron a muchas personas rechazadas por agentes del INM, pese a que solicitaron su retorno asistido. Documentaron la persecución y acoso hacia personas de la comunidad LGBTTTIQ, específicamente mujeres trans dentro y fuera de los centros de detención migratoria

Y detectaron más de ocho puntos de control migratorio entre Ciudad Hidalgo y Pijijiapan, que comprende cerca de 180 kilómetros, y hacinamiento en los centros de detención, lo que ha ocasionado crisis humanitarias por la insuficiencia de alimentos, ausencia de atención médica, castigos e incluso más barreras para solicitar refugio.

Detenciones prolongadas e indefinidas, traslados sumarios, y casos de tortura y otros tratos crueles degradantes e inhumanos contra población cubana.

Entre otras cosas, se percataron de abortos espontáneos en detención migratoria, ligados a negligencia médica, además de restricciones para la salida a espacios libres.

En la estación Migratoria Siglo XXI observaron aislamiento y uso de celdas de castigo para hombres, así como la presencia de aproximadamente mil 600 personas extracontinentales originarias de Haití, África y Asia, en la extensión de la estación migratoria Feria Mesoamericana.

Fue común ver el uso de prácticas de perfilamiento racial en los operativos de detención arbitraria, bajo el argumento de verificación de documentos de identidad y migratorios, y la expansión de discursos xenófobos y discriminatorios.

De acuerdo con los observadores, hay un alto riesgo de impunidad por delitos cometidos contra personas migrantes, por cuenta de la inacción de las autoridades municipales.

“Si bien se han realizado algunas acciones de apoyo y asistencia a la población migrante, y existe cierta voluntad, se continúa con una visión de seguridad sin un enfoque de derechos humanos ni de ayuda humanitaria integral. En gran medida, las autoridades intentan salir del paso lo menos afectadas posibles”, de acuerdo con el informe presentado.

Y apunta que el Estado mexicano optó –desde antes del acuerdo con el gobierno de Estados Unidos– por criminalizar la migración y, en consecuencia, recrudecer la política migratoria, faltando a sus compromisos internacionales en materia de asilo para personas con necesidad de protección.

“La militarización de las fronteras y la criminalización de la migración como medidas disuasivas tienen efectos predominantemente negativos, generan un clima de terror que obliga a las personas a tomar decisiones con mayores riesgos y desprotección al recurrir a la clandestinidad”, añade el documento de la Misión de Observación.

Todas estas acciones, señala, ponen en riesgo a los migrantes con graves afectaciones físicas como desnutrición, insolación y deshidratación, pero también expuestos a delitos como asaltos, extorsión, secuestro y homicidios, considerando los peligros específicos de violencia sexual sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes y miembros de la comunidad LGBTTTIQ, situación que perpetúa el cúmulo de violaciones a derechos humanos de los que han sido víctimas.

Hasta septiembre de este año, apunta, se ha detenido a 158 mil 200 personas, lo que representa un incremento de 60% sobre las detenciones en 2018.

“Esta estrategia de contención ha tenido impactos graves en la vida y la dignidad de las personas migrantes que llegan a México. Por ejemplo, las personas extracontinentales han sido obligadas a permanecer en Tapachula en una situación de emergencia humanitaria insoportable, así como de discriminación sistemática por parte de las autoridades migratorias, mismas que se han visto reforzadas por el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, quien el pasado 21 de octubre declaró que ‘aunque vengan de Marte’ los va a regresar a sus países de origen”.

El extenso documento refiere que la situación de crisis es tal que se ha llegado a límites trágicos como la muerte de un hombre haitiano el 6 de agosto, mientras permanecía en detención y bajo régimen de aislamiento en su celda.

También la tragedia del 11 de octubre pasado, cuando una embarcación con personas, en su mayoría de provenientes de países africanos, naufragó en Tonalá, Chiapas. Las ocho personas sobrevivientes permanecieron 26 días detenidas en la Estancia Provisional Cupape 2 o la Mosca, pese a ser víctimas de un delito y subsistir a una situación de trauma extremo.

Ante tal panorama, la Misión demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador congruencia con su compromiso de implementar una política migratoria de respeto a los derechos humanos y no represión, y que no contribuya al fortalecimiento de los discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región.

De igual manera, garantizar una coordinación de los tres niveles de gobierno que permita construir una respuesta integral, efectiva y garantista de derechos humanos, asegurando la participación real de las organizaciones de derechos humanos y eliminar la detención migratoria como práctica generalizada de represión y control de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional.

Exigió, entre otros puntos, asignar presupuesto económico desde el Poder Legislativo, garantizando recursos suficientes para la operatividad efectiva de las instituciones responsables de la atención y protección de las personas migrantes y refugiadas, y sostener una política pública permanente contra cualquier forma de discriminación, racismo y xenofobia.

“Nos sumamos al llamado de organizaciones aliadas hacia el gobierno mexicano para que deje de colaborar con el gobierno del presidente (Donald) Trump en la implementación de políticas inhumanas como el ‘Quédate en México’ y para que asuma la responsabilidad al acceder a recibir personas que buscaban protección internacional en Estados Unidos”, recalca el informe.

https://www.proceso.com.mx/607663/mision-de-observacion-constata-flagrante-violacion-de-derechos-humanos-de-migrantes