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A cinco meses de acuerdos, gobierno no ha cumplido con nuestra seguridad: desplazados de Guerrero

A cinco meses de haber levantado el plantón que mantuvieron afuera de Palacio Nacional y a 9 meses de la salida de sus comunidades, aún esperan que las autoridades les garanticen un perímetro de seguridad.

Andrea Vega / Animal Político

Los desplazados de la sierra de Guerrero que estuvieron en plantón frente a Palacio Nacional ya tienen donde vivir, el gobierno federal les deposita para pagar la renta de viviendas en la cabecera municipal de Leonardo Bravo, a donde se refugiaron después de huir de sus comunidades ante el ataque de un grupo armado.

Este lunes 26 de agosto, los niños y adolescentes de las familias desplazadas de Zitlala, Heliodoro Castillo y de las comunidades de la sierra de Leonardo Bravo pudieron reintegrarse a la escuela, después de casi un año de no asistir. No volvieron a las aulas de siempre en su comunidad, tuvieron que ingresar en las de Chichihualco, la cabecera municipal donde se han asentado.

Los adultos, en cambio siguen sin trabajo. No han encontrado donde emplearse y dependen de la ayuda que el gobierno les da para alimentación. Tampoco han recuperado todo lo que perdieron al huir de sus hogares.

El gobierno federal les cumplió solo una parte de lo acordado para que levantaran el plantón en la Ciudad de México y se regresaran con sus pocas cosas a Guerrero. La renta, la ayuda para alimentación, el regreso de los niños a la escuela y el reconocimiento de algunos como víctimas es lo que les han cumplido.

Pero falta todo lo relacionado a la parte de seguridad. Lo primero que le solicitaron al gobierno federal para volver a Guerrero fue establecer un perímetro de protección, con puestos de vigilancia en los tres accesos por donde podría ingresar a la cabecera municipal de Leonardo Bravo, el grupo armado que los desplazó, y a quienes el mismo gobierno del estado ha señalado como miembros del crimen organizado en disputa con bandas rivales por el dominio de territorio.

El acuerdo que los desplazados firmaron en febrero con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), y por el que aceptaron volver a Guerrero y asentarse en Chichihualco, incluía que esa subsecretaría solicitaría a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana establecer un perímetro de protección para ellos, con tres puntos de vigilancia hacia la sierra y hacia Chilpancingo: en el Naranjo, el Carrizal y la Quebradora.

No se han establecido y los desplazados temen el avance del grupo armado, al que, acusan, ni el gobierno estatal ni el federal han replegado ni desarmado, y que, incluso, ha amenazado con avanzar desde la sierra a Chichihualco y después hasta Chilpancingo.

De acuerdo a testimonios de los desplazados, el grupo del crimen organizado se mantiene merodeando atrás de los cerros que rodean Chichihualco. El domingo 30 de junio, reportaron que empezaron a disparar hacia el poblado de El Naranjo. Seis familias, de las casas más cercanas al área de tiro, salieron huyendo hacia la cabecera municipal. Los demás pobladores, unos mil 500, se atrincheraron en sus hogares y empezaron a repeler el ataque.

Los pobladores desplazados temen que algo así vuelva a suceder y exigen una audiencia con Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con quien no han podido reunirse, pese a que desde el segundo día de su plantón en la capital del país, el funcionario les prometió que los recibiría.

“Después, el día en que los desplazados retornaron a Guerrero (28 de marzo), a la cabecera municipal de Leonardo Bravo, también le solicitaron una audiencia a Durazo. Y este 16 de agosto se la volvimos a solicitar a través de María de los Ángeles Haces, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV. Estamos en espera de respuesta”, aseguró en entrevista Teodomira Rosales, del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), organización que da acompañamiento a los desplazados.

En conferencia de prensa, los afectados por las incursiones del grupo armado explicaron que buscan la reunión con Durazo para que les dé a conocer si el retorno a sus comunidades de origen está considerado en la estrategia de seguridad nacional y de ser así, en cuánto tiempo se realizará.

Dentro de las condiciones necesarias para su regreso a casa, los desplazados solicitan: el repliegue del grupo armado que ocupa sus comunidades, la instalación de un perímetro de seguridad en los límites de los municipios Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo, que el gobierno federal se haga cargo de la seguridad en el corredor Corralitos-Casa Verde y Corralitos-Polixtepec, la investigación y sanción de los responsables de la violencia y reparación integral de los daños provocados por el grupo armado que los desplazó.

https://www.animalpolitico.com/2019/08/gobierno-seguridad-promesas-desplazados-guerrero/