“Diputados fingieron incluirnos en mejoras a la ley”: familiares de desaparecidos (Jalisco)

Elizabeth Ríos Chavarría / Página 24 Jalisco

Bajo el argumento de que diputados obraron de forma improvisada y que el ejercicio no fue más que una simulación, familiares de desaparecidos se retiraron de las mesas de trabajo del Congreso de Jalisco en torno a la ley sobre desaparición forzada.

Integrantes de Por Amor a Ellxs, Cladem y Fundej se posicionaron en contra respecto al ejercicio desarrollado ayer por diputados entre autoridades, académicos y muy pocos familiares de víctimas.

Al iniciar las mesas de trabajo voceros de estos colectivos recriminaron a diputados la realización del ejercicio, pues además de que no fue abierto para todos, la invitación para la asistencia de organizaciones se lanzó con poca anticipación. Tacharon de simulación el ejercicio, pues aunque legisladores han pugnado por lograr un dictamen socializado, este tipo de prácticas evidenciaron la poca voluntad que tienen.

“Esta mesa a la que fuimos convocadas no puede llamarse consulta toda vez que la invitación no fue pública ni abierta, dejando fuera de la discusión a familias de las diferentes regiones del estado, así como organizaciones cuyo trabajo de acompañamiento a víctimas constituye una voz necesaria. La gravedad de la problemática que vivimos requiere una multiplicidad de espacios de discusión, no una mesa convocada al vapor y sin suficiente representación”, refirió Alejandra Cartagena López, de Cladem.

Criticaron que la premura con que se les convocó –dos días antes de las mesas– imposibilitó a la mayoría de sus compañeras el acudir, así como realizar observaciones del dictamen que diputados trabajan, pues se los mandaron 24 horas antes.

“La poca anticipación y nula empatía con nuestra condición refleja ausencia de voluntad para verdaderamente escucharnos y de cumplir con lo dispuesto por la ley general (de desaparecidos), en cuanto a una participación activa e informada. La obligación del congreso es escuchar las voces de las familias de las regiones del estado, no solo de dos colectivos de la zona metropolitana, en un verdadero ejercicio que lleve a entender la problemática y, entonces, legislar en un ejercicio de parlamento abierto que incluya las voces también de personas expertas así como de organizaciones locales, nacionales e internacionales”, agregó Cartagena López.

Rechazaron el ejercicio llevado ayer en el Congreso de Jalisco, por ignorar el requisito más fundamental de todos: escuchar a familiares de las víctimas por igual; así como porque se les pidió observaciones cuando no es obligación de ellos hacerlo.

“La presente legislatura sigue sin estar a la altura del contexto actual. La grave problemática de las desapariciones en nuestro estado amerita un trabajo legislativo serio, que abarque un marco jurídico integral y armónico. De poco servirá una ley en materia de desaparición si no contamos con una adecuada ley de víctimas, ley en materia de declaración de ausencia y las demás reformas necesarias”, agregó por su parte Esperanza Chávez Cárdenas de Por Amor a Ellxs.

La obligación del Congreso es escuchar las voces de las familias de las diferentes regiones del estado, no sólo de dos colectivos de la zona metropolitana, dijo.

Llamaron al Poder Ejecutivo a no aprobar ninguna ley sin que haya sido consultada de verdad; y pidieron que se abra un proceso de consulta que sí cumpla con los parámetros requeridos, y abarque la totalidad de las modificaciones legislativas para dotar de un marco jurídico al problema actual.

Por su parte, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) también convocado al foro, consideró que la iniciativa presentada para la discusión es incompleta, y en vez de abonar a atender la gravedad y magnitud de la problemática de las desapariciones en Jalisco, genera múltiples preocupaciones.

Además, recordó que los diputados de Jalisco van tarde en este asunto, pues de acuerdo con el transitorio noveno de la Ley General, la emisión y, en su caso, la armonización de la legislación estatal se debía de realizar dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su entrada en vigor, término que venció el 15 de julio del año pasado.

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