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El mito de la generación de empleos por proyectos de energía renovable

Rodrigo Patiño- La Jornada Maya
Foto: Fernando Eloy

En una nota del pasado lunes 4 de marzo en este diario (Proyectos de energías renovables contribuyen a crear empleos en Yucatán), se comenta el firme apoyo que dará el gobernador Mauricio Vila a la Agrupación Peninsular de Energías Renovables (Aper) para la consolidación de varios proyectos fotovoltaicos y eólicos de gran escala en la entidad, que en su conjunto involucran miles de hectáreas de territorio y temporalidades de entre 20 y 60 años.

Hoy en día, estos proyectos, en su mayoría, están retrasados en su instalación y operación por una serie de complicaciones administrativas y por distintos conflictos socio-ambientales que han ido generando por el modelo de desarrollo en el que se encuadran. Como claro ejemplo está el parque eólico Dzilam Bravo, de la empresa Vive Energía, que se hizo público desde 2012 y generó un fuerte rechazo en distintos sectores de la población y la academia, comenzando a operar seis años después, a finales de 2018. Adicionalmente, como resultado de la Primera Subasta de Largo Plazo que organizó el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en marzo de 2016 se aprobaron nueve proyectos fotovoltaicos y eólicos para instalarse en Yucatán. Originalmente la operación de los parques debía concretarse en 2018, pero hasta la fecha, de los nueve proyectos sólo el Parque Eólico Tizimín y el Parque de Energía Solar Fotovoltaica en Peto han logrado concretar la instalación y se desconoce si ya ha iniciado su operación. Otra decena de proyectos se ha añadido a los anteriormente referidos y cada uno se encuentra en alguna etapa distinta, aunque la totalidad de proyectos hace referencia a un proceso mucho más complejo de lo previsto desde su diseño institucional y financiero.

Regresando a la nota del 4 de marzo, se menciona que las empresas representadas por la Aper contribuyen a generar empleos. Esta aseveración es vaga y quisiera dimensionarla a partir de los documentos de Manifiesto de Impacto Ambiental que las empresas deben entregar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Estos documentos incluyen típicamente un apartado socioeconómico, en el entendido de que los impactos ambientales están relacionados con impactos a la población y a la economía local. De los 22 documentos que corresponden a proyectos fotovoltaicos y eólicos en Yucatán, el aspecto de los empleos es tratado con rigurosidad distinta. En general se habla de empleos directos e indirectos, temporales y permanentes (considerando que los proyectos operarán dos o más décadas), pero apenas la mitad de los documentos son explícitos en cuanto a número concreto de empleos y como ejemplo se darán dos de los más detallados. El Parque Eólico Tizimín reporta 59 empleados temporales para la preparación del sitio y construcción (con temporalidades especificadas entre 4 y 21 meses), así como siete empleados permanentes para la operación y el mantenimiento del parque (por 25 años). Por su parte, el Parque Fotovoltaico Yucatán Solar, a desarrollarse en el municipio de Valladolid, reporta 695 empleados temporales para la preparación del sitio y construcción (no se especifica temporalidad, pero ambos procesos se proyectan en un máximo de un año), además de 16 empleados temporales y 16 permanentes para la operación y el mantenimiento (tampoco se específica temporalidad, pero ambos procesos se proyectan a 30 años).

A partir de este primer análisis se pueden sacar tres generalidades iniciales: (i) no existe una base homogénea que permita conocer con precisión la generación de empleos reales en este tipo de proyectos y las condiciones laborales correspondientes; (ii) los proyectos fotovoltaicos requieren más personal que los proyectos eólicos, y (iii) los empleados permanentes son significativamente menos que los temporales. De esta manera, para los próximos 30 años en los 12 parques eólicos y 10 fotovoltaicos de Yucatán se puede hacer una estimación gruesa de unos 300 trabajos permanentes, la mayoría de los cuales corresponden a mano de obra no calificada. Esta cifra es insignificante frente a los 10 mil empleos directos que plantean las próximas inversiones de la industria automotriz, aeroespacial, médica y textil en Yucatán. Adicionalmente, el personal altamente calificado que trabajará en los parques de energía provendrá seguramente de otras regiones, a pesar de que existen varias instituciones de educación superior en Yucatán que cuentan con programas de estudios en energías renovables, tanto en licenciatura como en posgrado.

Finalmente, habría que hacer una reflexión al respecto del sobredimensionamiento que se da a las inversiones económicas que se hacen para la instalación y operación de parques eólicos y fotovoltaicos. Estas inversiones se hace principalmente en la infraestructura requerida, principalmente paneles fotovoltaicos, turbinas eólicas y mecanismos avanzados de control. Los habitantes de la región no tendrán ninguna concesión de la electricidad producida y las ganancias se concentrarán seguramente en unas pocas manos. Los terrenos donde operarán estas empresas son generalmente rentados a precios muy por debajo del estándar internacional, así que tampoco representan una derrama económica significativa para los dueños, en especial cuando se trata de tierras ejidales. Al contrario, los riesgos socioambientales que representan estos parques podrían reducir de manera importante los servicios ambientales que las tierras dan a las comunidades cercanas. Por ejemplo, la deforestación de cientos de hectáreas de selva planteados por los parques fotovoltaicos, tendrán efectos directos sobre la recolección de leña – un importante energético para las comunidades rurales – o la producción de miel, sin mencionar la vulnerabilidad que se acrecienta en la población local frente a cambios climáticos y otros desequilibrios ecológicos relacionados. En el caso de los parques eólicos, el cambio de paisaje de la costa yucateca y el impacto en aves locales y migratorias podrían afectar actividades ecoturísticas de los pobladores de la región. ¿Cuál sería entonces la ganancia de instalar los proyectos de la Aper en Yucatán?, o mejor dicho ¿quiénes son los beneficiarios económicos directos de estos proyectos? Se hace necesario pensar entonces en otro tipo de proyectos de energías renovables, como la generación distribuida -individual, vecinal o comunitaria-, que tengan beneficios reales a nivel local en un marco de desarrollo sostenible.

*Investigador del Cinvestav.

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