Medio centenar de perseguidos políticos tuvo Puebla en 8 años
Aunque a la fecha no hay algún preso político en Puebla, las últimas dos administraciones estatales dejaron un saldo de 308 personas perseguidas y 125 detenidas, de acuerdo con un balance del Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social, con corte al cierre de 2018.
Este martes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que analizan los expedientes de 368 personas que permanecen en prisión por oponerse a políticas o acciones de gobierno, de los que algunos casos corresponden a habitantes de la Sierra Norte de Puebla, que luchan contra la perforación de la tierra para obtener petróleo.
Carolina González Barranco, vocera del Comité, señaló que, aunque no tienen registrada la aprehensión de poblanos que se hayan opuesto a esa técnica, conocida como fracking, hay decenas de personas perseguidas que lucharon contra los llamados “proyectos de muerte” en esa zona del estado, como las hidroeléctricas o los gasoductos.
La mayoría, en la gestión de Moreno Valle
Un balance realizado por el Comité, con corte a diciembre pasado, refiere que durante los gobiernos de José Antonio Gali Fayad y Rafael MorenoValle –fallecido el pasado 24 de diciembre–, hubo 308 perseguidos políticos, debido a que fueron intimidados con órdenes de aprehensión, reales o aparentes, tras las protestas sociales que realizaron.
De esa cifra, sólo cuatro casos corresponden a la gestión de Gali y la mayoría, al gobierno morenovallista que inició en 2011 y concluyó en 2016.
El recuento también advierte que durante la gestión de Moreno Valle, 47 personas fueron encarceladas y de ellas 28 fueron absueltas, mientras que el resto sigue sus procesos en libertad. Además, 77 opositores sólo fueron detenidos.
Reclamaron obras y se opusieron a otras
Entre los casos, destacan 19 personas del municipio de Francisco Z. Mena que fueron procesadas por realizar manifestaciones para presionar a Petróleos Mexicanos (Pemex) a que cumpliera con obras de infraestructura que prometió para la región, ya que extrae crudo de la zona.
Sobresale también el caso de Enedina Rosas Vélez, ya que en abril de 2014 fue detenida y posteriormente encarcelada, por oponerse al paso del Gasoducto Morelos por 11 municipios del estado.
Rosas, quien fuera representante del Comisariado Ejidal de su localidad, fue víctima de un acoso sistemático por parte de funcionarios del gobierno estatal para que convenciera a su comunidad de vender sus tierras, con el propósito de instalar la línea de gas el gasoducto. Fue liberada en marzo de 2015.
En la lista de casos de la Sierra Norte, también destaca el de otras 14 personas integrantes de la organización Tutunaku en Defensa del Territorio de los Pueblos, que han sido hostigados por representantes de la empresa Deselec Comexhidro y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para tratar de legitimar la instalación de un proyecto hidroeléctrico, pues se liberaron ordenes de aprehensión en su contra.
La agrupación también enlistó los casos de 18 personas integrantes del Consejo Xängü, a las que también se les liberaron ordenes de aprehensión, por denuncias interpuestas en 2016 por el entonces presidente de Pahuatlán, Arturo Hernández Santos, debido a que se opusieron a la instalación delgasoducto Tuxpan-Tula, en la Sierra Norte.