Repudian rarámuris proyecto de gasoducto en Chihuahua

Patricia Mayorga
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Las organizaciones que acompañan a las comunidades indígenas por donde pasará el gasoducto El Encino-Topolobampo pidieron seguridad para los rarámuri, quienes han exigido consulta previa para que avance el proyecto, debido a que están siendo intimidados para desistir y aceptar la construcción de la obra.

Con la suspensión de amparo que ganó la comunidad de Repechique, del municipio de Bocoyna, para frenar la construcción del aeropuerto regional de Creel hasta que se les consulte, los pobladores de esa comunidad han recibido propuestas de vivienda para líderes, pero las decisiones las toman en común y no han aceptado el ofrecimiento.

Y durante los últimos días han llegado a las comunidades ofertas para que pidan lo que gusten a cambio de que dejen continuar el proyecto, pero los pobladores se han mantenido firmes en exigir la consulta, lo que ha motivado que desde el gobierno estatal den a conocer información que confunde, como que hay comunidades que quieren desarrollo económico y fuentes de empleo, por lo que no repudian la consulta.

El gasoducto pasa por cuatro municipios serranos que afectan a por lo menos 341 comunidades indígenas que se concentran en 25 centros tradicionales, abarca 500 kilómetros de largo por 5 de ancho y atraviesa Carichí, Bocoyna, Guazapares y Maguarichi, informó María Teresa Guerrero, de Consultoría Técnica Comunitaria.

“Manifestamos a través de los medios de comunicación nuestra enérgica protesta ante la difamación y amenazas de quienes se sienten afectados en sus intereses; difundir información falsa, crear confusión y exacerbar los ánimos de la población, erosiona la legalidad, la justicia y la concordia entre las comunidades indígenas y los mestizos de la región serrana”, advierten activistas de Alianza Sierra Madre y Red de Participación Ciudadana.

Hacen referencia a la nota del miércoles 29 de El Heraldo de Chihuahua, que pertenece a la Organización Editorial Mexicana (OEM), en la que se estigmatiza a las comunidad indígenas que tienen el valor de defender sus derechos para exigir por la vía legal el respeto a ser consultados, así como también el de asociaciones civiles que los apoyan.

“Solicitamos a las autoridades del estado las garantías a la integridad de los representantes de las comunidades indígenas que han interpuesto procedimientos judiciales por la falta de consulta previa, libre e informada, o por el reconocimiento legal de su territorio y el de las asociaciones civiles que trabajamos al servicio del pueblo tarahumara”, advirtió Contec en una rueda de prensa.

Esa demanda la enviaron a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas Jaime Martínez Veloz, y a los senadores Javier Corral Jurado y Alejandro Encinas, estos últimos como garantes del impulso a las garantías de derechos humanos que tienen las comunidades indígenas para ser consultadas.

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