Otorga jueza suspensión condicional a policías que participaron en ataque armado el 9N en Cancún y con ello se cierra el caso (Quintana Roo)
Adriana Varillas / Estamos Aquí
Cancún, Q. Roo.- Pese a la objeción de un grupo de víctimas del ataque armado de policías municipales, la noche del 9 de noviembre del 2020, en Cancún, la jueza de Control, Verónica Solís Lizama, les concedió a los agentes imputados la suspensión condicional del proceso, lo que pone fin al caso y sienta un precedente grave de impunidad ante hechos que conmocionaron a la ciudad, a Quintana Roo y a México.
Hoy se desarrolló la audiencia de suspensión condicional, luego de diferirla en otras ocasiones, con la presencia de algunas de las víctimas de tortura sexual, golpes y lesiones por herida de bala, afectadas por la agresión policiaca; ocho agentes vinculados a proceso, incluido el entonces secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez, Eduardo Santamaría; la vicefiscal, Elena González Toriz y la jueza.
La resolución –después de muchas vueltas y retórica judicial que abrumó a las y los agraviados, según su relato– les fue adversa.
Solís Lizama determinó otorgar la suspensión condicional del proceso a los policías imputados, acusados de participar en la cadena de mando que incluyó abrir fuego contra una multitud que la noche del 9 de noviembre, protestaba al pie del Palacio municipal, en contra del feminicidio de Bianca Alejandrina, “Alexis”.
El obscuro episodio, único en la historia del estado hasta ese momento, incluyó insultos, amenazas de muerte, golpes y tortura sexual en contra de algunas de las víctimas.
Tres personas resultaron heridas de bala, dos de ellas, periodistas. Sumaron 13 personas agraviadas conforme a la recomendación emitida ese mismo mes por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQR)
Desde entonces, con las heridas físicas y las secuelas psicológicas del pasaje encima, las víctimas han transitado un tortuoso andar, exigiendo reparación integral del daño, verdad, justicia y garantías de no repetición, enfrentando a todo un sistema institucional de negligencias, obstáculos, irregularidades, torpezas y desdén, mezclado con pinceladas de voluntad por compensarles, como si se les hiciera un favor.
La contaminación de la escena en donde ocurrieron los hechos, que no se custodió adecuadamente; la integración deficiente de las carpetas de investigación, con delitos no graves; un abogado que les estafó, una recomendación que se cumplió extemporáneamente, sin cumplirse el principio de satisfacción que establece el marco legal.
Dictámenes que tuvieron que ser judicializados; atención médica negligente que comprometió su salud, como el caso de Wendy Galarza, a quien solo detectaron una herida de bala, cuando la alcanzaron dos.
Amparos, revictimización por parte de funcionarios y funcionarias locales; hostigamiento, amenazas, miedo, mesas de trabajo para dilatar resultados, que terminaron por interrumpirse con el cambio de gobierno; el arribo de autoridades municipales al gabinete estatal y al Poder Judicial, que despachaban cuando se dio el ataque, son capítulos que la jueza pasó por alto hoy.
Bajo el argumento de que reunían los requisitos para acceder a la suspensión condicional, conforme a los procedimientos abreviados y de justicia alternativa, Solís Lizama falló a favor de los policías, poniendo fin al proceso penal, evitando que se llegase a la etapa de juicio oral, para que se dictase sentencia y se deslindarán responsabilidades.
Como parte de la medida, solicitada por los policías, se ofreció un plan de reparación del daño, consistente en que cada uno pagará 50 mil pesos, en 12 mensualidades.
Deben disculparse con las víctimas; quedan impedidos de frecuentar o “causar molestia” a las y los agraviados; tendrán que presentarse a firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares con residencia en la ciudad de Cancún, como un mecanismo de vigilancia, a propuesta suya; podrán ser restituidos en sus cargos y portar armas, si sus funciones así lo requieren.
Al escuchar la resolución, integrantes del Comité de Victimas del 9N, abandonaron la sala de audiencias de los Juzgados Orales.
A su juicio, era “bola cantada”, pues ya desde hace semanas venían alertando sobre la presunta línea desde el Poder Judicial, para eximir a los agentes y cerrar el caso.
Elena González Toriz, por parte de la Fiscalía General del estado (FGE), no objetó nada. El representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado (Ceaveqroo), también presente, “hizo lo que pudo, pero no sirvió de nada”.
“Para la juez, justicia y verdad no es un argumento, ni un fundamento para habernos opuesto a la solicitud de suspensión condicional del proceso. Elena González Toriz (vicefiscal) no puso resistencia alguna; tenía la línea clara de no oponerse.
“Lo único que les exigen es tomar una capacitación por la Comisión (estatal) de Derechos Humanos y que nos pidieran disculpas en la audiencia”, dijo Wendy Galarza, una de las víctimas que asistió a la audiencia, junto con María Oronzor, Julián Ramírez y la periodista, Cecilia Solis.
La comunicadora coincidió en que hubo “línea” institucional para no llegar al juicio, “como si todo fuera una cuestión económica, pero nosotros pedíamos que hubiera acceso a la verdad y a la justicia. Ahora no habrá responsables, ni culpables, regresarán a sus puestos, no habrá castigo y todo quedará en la impunidad”.
Inconforme, adelantó que que interpordrá un recurso de apelación contra la resolución de Solís Lizama y recordó que el Comité 9N ya había anticipado que evaluaba retomar la protesta pacífica en calle, incluyendo esta vez, el cierre de vialidades principales.