Ante alza en inseguridad, colimenses protestan y piden renuncia del gobernador
Foto: Pedro Zamora
Pedro Zamora Briseño / Proceso
COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- Inconformes con el incremento de la inseguridad y la violencia, cientos de colimenses marcharon la tarde de este domingo por las principales calles de la ciudad capital en demanda de la renuncia del gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, y del secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González.
Con vestimenta blanca, con cubrebocas en su mayoría y guardando distancia, familiares de víctimas de la violencia e integrantes de organizaciones sociales partieron del parque de la Piedra Lisa por la Calzada Galván y siguieron por Francisco I. Madero hasta llegar al Jardín Libertad, donde realizaron un mitin frente al edificio del Palacio de Gobierno.
A lo largo del recorrido de la denominada “Marcha por la Paz y la Justicia”, las consignas principales fueron “¡Fuera, Nacho!”, “¡Nacho, escucha, queremos tu renuncia!”, “¡Cuidado, Ignacio, el pueblo está enojado!” así como “¡Ni felices, ni seguros!”, esta última en alusión a la promesa de campaña del actual mandatario.
Entre los contingentes, destacó el de la Red Desaparecidos en Colima, con múltiples fotografías de sus familiares ausentes, así como organizaciones de mujeres que se pronunciaron contra los feminicidios. “¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?” “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, se escuchaba mientras cuatro mujeres jóvenes cargaban en hombros un ataúd negro.
También marchó en busca de justicia la familia del adolescente Josué Magaña, asesinado en circunstancias no aclaradas hace más de un año en la casa del entonces secretario de Turismo del gobierno estatal, Efraín Angulo, quien después de ese hecho renunció a su cargo, pero la muerte del menor continúa impune.
Otra demanda de la marcha fue poner un alto a la creciente cifra de asesinatos en la entidad, el esclarecimiento de la ejecución de siete policías estatales enviados en condiciones presuntamente irregulares a escoltar empresarios mineros al estado de Jalisco, así como el secuestro y posterior feminicidio de la diputada local Francis Anel Bueno Sánchez.
Al llegar a Palacio Gobierno, las ocho organizaciones convocantes emitieron un pronunciamiento conjunto, mediante el cual solicitaron al Congreso del Estado iniciar un juicio político contra el gobernador Peralta Sánchez “para ser destituido por las omisiones que han costado la vida a tantos colimenses”.
Lo anterior, debido a que Colima “se ha vuelto uno de los lugares más peligrosos del país”, pues “a cinco años de que José Ignacio Peralta Sánchez tomó protesta como gobernador del estado, su estrategia de seguridad ha traído violencia y dolor para nuestra entidad”.
Así también, Colima “es el primer lugar nacional en feminicidios, homicidios dolosos y robo a casa habitación”, además de que “hay un incalculable número de personas desaparecidas en Colima y se siguen reportando casos nuevos todos los días”, ante lo cual “el gobernador no ha reconocido la gravedad de la situación y las autoridades no han respondido a las exigencias de las familias”.
En su pronunciamiento, las organizaciones denunciaron que “la corrupción y los vínculos con el narcotráfico están presentes en casi todas las instituciones de seguridad en el estado, con la complicidad y el silencio de los altos mandos”.
Añadieron que “la opacidad y la ineficiencia de las autoridades ha demostrado que Colima es un Estado fallido”, pues “mientras la gente muere, el gobernador hace turismo político fuera del territorio” y “el pueblo ya no puede tolerar esta situación”.
Además de la destitución del gobernador, se pronunciaron por la renuncia del secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, pues “es corresponsable del gobierno que ha fallado en contener el periodo más violento de la historia de nuestra entidad”.
Demandaron una reforma urgente en la Secretaría de Seguridad Pública para que las policías “dejen de ser utilizadas como agentes privados de los poderosos y regresen al servicio del pueblo”, así como diseñar un esquema de ciudadanización de la seguridad pública en el que se incluya un consejo ciudadano con la facultad de vigilar las estrategias de seguridad, en el que participen todos los sectores de la sociedad colimense”.
También exigieron que se replantee la política integral de seguridad en el estado, dándole mayor importancia a los programas de prevención de la violencia y el delito, transparentando los protocolos de investigación judicial y combatiendo la corrupción e impunidad en las instituciones.
La “Marcha por la Paz y la Justicia” fue convocada por el Frente en Defensa del Maíz, Coordinadora Socialista Revolucionaria, Verde Colima, Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan, Bicivilízate Colima, Fundación por la Equidad y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.