Red de Desaparecidos Colima denuncia negativa de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco para realizar búsquedas en campo en Tonila
Fotografía de portada: Red de Desaparecidos en Colima
La Red de Desaparecidos en Colima denunció que desde mayo de 2019 se ha tenido comunicación con la titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Jalisco, Blanca Jaqueline Trujillo, para solicitar su colaboración en las labores de búsqueda coordinada entre familiares de personas desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas en Colima, dentro de las inmediaciones del estado de Jalisco, particularmente en la zona colindante con el municipio de Tonila.
Sin embargo, señala la organización de familiares, hasta la fecha la dependencia no ha cedido al llamado, argumentando en todo momento que es necesario conocer información que ya se le ha hecho llegar, pero que resulta no ser suficiente para su titular.
Frente a lo que han considerado es una obstrucción a sus procesos de búsqueda como colectivo, el pasado 6 de agosto, las familias que integran la Red Desaparecidos en Colima, hicieron llegar a diversas dependencias y autoridades del estado de Jalisco, entre ellas la Fiscalía Especializada, la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Comisión Local de Búsqueda, la Secretaría de Gobierno y la oficina del Gobernador, una serie de oficios haciendo patente una vez más la solicitud de que se les permita hacer valer el principio de participación conjunta y, con ello, realizar acciones de búsqueda y diligencias tendientes a dar con el paradero de sus familiares en la zona ya mencionada y que identifican como una posible área de inhumaciones clandestinas.
Los oficios de colaboración, hay que decir, no sólo se han quedado en el estado de Jalisco, también han hecho llegar la petición de coadyuvancia al Gobierno Federal, a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Búsqueda, quienes tienen conocimiento de esta situación.
Dalia Souza / Zona Docs
“En Colima a los desaparecidos los llevan a diferentes estados. Sin embargo, a varios se los llevan a Jalisco, concretamente a San Marcos y Tonila. Nos gustaría que nos apoye para establecer vínculos colaborativos con la Fiscalía de dicho estado de tal forma que nos permita acompañarlos en las búsquedas en San Marcos y Tonila”, solicitó la Red Desaparecidos en Colima al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas en una carta con fecha de recibido el 5 de septiembre de 2019.
A decir de la señora Carmen Sepúlveda, líder de la organización de familiares en Colima, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Jalisco, a través de su titular, Blanca Jaqueline Trujillo tiene información concreta sobre esta necesidad que se ha vuelto una solicitud reiterada desde el mes de mayo de 2019; no sólo de parte del colectivo que representa, sino también, desde las autoridades ministeriales en Colima, quienes dependen de esta colaboración para llevar a cabo las búsquedas en campo e investigaciones tendientes a dar con el paradero de las y los colimenses desaparecidos en la frontera con Jalisco.
En ese sentido, frente a lo que han considerado son dos años de hacer “todo lo humanamente posible” para que el Gobierno de Jalisco y, particularmente, las dependencias encargadas de buscar a las personas desaparecidas revoquen sus negativas y cedan a colaborar en las zonas colindantes entre ambos estados, hicieron llegar más de media docena de oficios a distintas autoridades en la entidad para solicitar su intervención y coordinación en una búsqueda en campo dentro del municipio de Tonila, Jalisco.
Entre ellas se encuentran las y los titulares de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Jalisco, Francelia Hernández Cuevas; de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís; de la Secretaría General de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedroza; del Gobierno del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro; y por supuesto, de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Jaqueline Trujillo.
También han sido enviados a sus homólogos en el estado de Colima, así como, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
En los documentos enviados el pasado 6 de agosto, se ha señalado, además, que hasta la fecha las autoridades de Colima no han podido concretar y coordinar las acciones de búsqueda en esta zona, de la cual existe información, datos, testimonios e indicios sobre un posible lugar de inhumación clandestina.
En respuesta a la petición de las familias y con número de oficio FE/FEPD/3806/2020, la Fiscal Especializada, atendió el requerimiento señalando que “esta Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco se encuentra en la mejor disposición de llevar a cabo con las solicitudes de colaboración, en el ámbito de nuestra competencia, realizadas por los Estados colindantes a Jalisco y coadyuvar con el desarrollo de las investigaciones”.
Asimismo, en el documento se precisa que, con fecha del 30 de mayo de 2019, se llevó a cabo una reunión con personal de la Fiscalía del Estado de Colima, la Comisión Estatal de Búsqueda de Colima, con un representante del colectivo de familiares de personas desaparecidas en ese estado y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual, se solicitó formalizar la petición a través de ocurso, además de incluir “los documentos necesarios”.
En este caso, “testimonios, análisis de líneas telefónicas de las víctimas directas en las que se reflejara las coordenadas geográficas” que indicaran que “su última actividad fue en el municipio Tonila”. Todo lo anterior para “estar en posibilidad de organizar la logística necesaria para el operativo de búsqueda” sentenció la funcionaria en el documento.
No obstante, la señora Carmen Sepúlveda, argumenta que, aunque no existe una negativa tajante de parte de la fiscal, las búsquedas no llegan a materializarse por la serie de documentos y datos que la funcionaria solicita para llevar a cabo la colaboración entre estados. Y si bien, se han hecho llegar algunos de éstos, hay otros más que resulta difícil de conseguir y acceder pues se ponen en riesgo las investigaciones y la seguridad de las propias familias.
Explicó incluso, que los propios ministerios públicos de Colima les han advertido a las familias que es casi “imposible trabajar con la fiscal”, pues, aunque ya le han hecho llegar las investigaciones que se tienen y donde se documenta a través de las sábanas de llamadas las georreferenciaciones de las zonas donde se pretenden trabajar, ésta contradictoriamente les ha advertido que “esos no son lugares para buscar”.
Respecto al actuar de las autoridades en Colima, bajo el número de oficio 342/2020 la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de aquel estado, hizo llegar a la Fiscal, Blanca Trujillo la misma petición de las familias, donde se hace de su conocimiento que la fiscalía colimense “cuenta con diversas carpetas de investigación iniciadas por el delito de Desaparición”, mismas que luego de la revisión de testimonios y “análisis de información de las líneas telefónicas de las víctimas (…) y la interpretación de las graficas de dichas líneas en base a las coordenadas, su última actividad es en el municipio de Tonila, Jalisco”.
Mientras tanto, las familias consideran que no se detendrán y continuarán exigiendo que se cumpla con los principios de colaboración conjunta, actuación, efectividad, exhaustividad, debida diligencia, enfoque humanitario, máxima protección, no revictimización y verdad, que le obligan a las dependencias en el país a trabajar de manera coordinada para dar con el paradero de sus seres queridos desaparecidos.
Las familias de la Red Desaparecidos en Colima llevan a cabo labores de búsqueda en campo con la colaboración de las autoridades en el estado, así como, de manera independiente. Hasta la fecha, el estado concentra un total de 1 mil 255 personas desaparecidas; pero además, se posiciona como la tercera entidad con el mayor número de fosas clandestinas sólo por debajo de Veracruz y Guerrero.
Tecomán, Manzanillo y Armería, son los tres municipios donde se han localizado más fosas clandestinas, cerca de 130 de las cuales se han exhumado 179 cuerpos de diciembre de 2018 a junio de 2020, de acuerdo con el último corte del Gobierno federal.