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Los compromisos incumplidos a los jornaleros de San Quintín (Baja California)

Pie de Página / Brechas / Texto y fotos: Kau Sirenio.

Un lustro después del movimiento laboral de los jornaleros en San Quintín, empresas y autoridades incumplen a medias los acuerdos conseguidos por los trabajadores.

SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA.- A cinco años que inició el movimiento por la reivindicación de los derechos de los jornaleros en el Valle de San Quintín, las de los trabajadores sólo se han cumplido de manera muy parcial.

Desde que surgió el movimiento de los jornaleros hasta la fecha, las autoridades aceptaron las Recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como los acuerdos de mayo de 2015, pero no se han cumplido en su totalidad.

En esencia, las condiciones de explotación y marginación de los jornaleros agrícolas indígenas y de sus familiares siguen vigentes.

El ex procurador de los Derechos Humanos estatal, Raúl Ramírez Baena, destaca que a pesar de que las autoridades aceptaron las recomendaciones no las cumplieron.

Se refiere a la Recomendación 06/2003, de mayo de ese año, al gobierno de Baja California y al municipio de Ensenada por violación a los Derechos Económico sociales y culturales (DESC).

El documento señala las condiciones laborales y sociales de los trabajadores agrícolas y sus familiares en los poblados de Maneadero y Valle de San Quintín. La Recomendación fue aceptada tanto por las autoridades estatales y municipales, pero no cumplida.

El también Director Ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste, A. C. recapitula:

En marzo de 2017, explica, la CNDH emitió la Recomendación 02/2017 a los gobiernos federal estatal y del municipio de Ensenada. En favor de los jornaleros agrícolas y de sus familiares.

El documento señala la violación de derechos humanos al trabajo, seguridad social, nivel de vida adecuado, educación, legalidad y seguridad jurídica, inviolabilidad de domicilio, integridad y seguridad personales, y a la libertad sexual de las jornaleras agrícolas indígenas.

“Recomendación aceptada por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero tampoco se cumplió en su totalidad”, acusa.
Las irregularidades

En un documento que entregaron a la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en su visita a México en 2017, los jornaleros denuncian las irregularidades en los acuerdos que firmaron con los gobiernos en 2015.

Por ejemplo, el IMSS inició campaña de afiliación y credencialización de todas y todos los trabajadores para acceder a servicio médico. La regularización de los trabajadores no tendría ningún costo para los jornaleros.

El proceso s´ñi se llevó a cabo pero sólo para los trabajadores. Sus familiares no fueron inscritos al padrón del Seguro Social, sus familiares directos quedaron fuera del registro.

Agrega el documento: “Las empresas cumplirán los requisitos para certificarse como libres de trabajo infantil. Sin embargo, los menores siguen trabajando, sólo que “disfrazados”, los patrones les aumentan los años para simular que son mayores de edad”.

Los jornaleros denunciaron en el documento que entregaron a la Relatora Victoria Tauli Corpuz que el Estado mexicano no cumplió con la recomendación 02/2017 de la CNDH.

Corresponde a la violación a diversos derechos humanos en agravio de personas jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín, el 31 de enero de 2017.

La recomendación establece que se debe brindar atención “a las víctimas de derechos humanos, a quien tenga derecho, como medida de rehabilitación, la atención médica o psicológica, de forma inmediata y adecuada, en Centros de Salud cercanos al lugar de su residencia”. Este punto no se cumplió.

En el rubro de atención a víctima: “Instruir a quien corresponda para que las víctimas sean inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, proporcionando la asistencia y asesoría que se requiera para acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la normatividad aplicable y se envíen a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento”. Tampoco se ha cumplido.

La recomendación ordena integrar un padrón de empresas y patrones agrícolas en el estado. Éste debe tener datos que permitan identificar a propietarios, domicilio, instalaciones y número jornaleros.

Toda la empresa que se incorpore a la actividad debería integrarse al padrón.

Los logros

En la lucha de los trabajadores no todo han sido pérdidas.

“Nuestro logro más importante fue la de colocar en la agenda nacional la violación sistemática de los derechos humanos de los jornaleros. La movilización visibilizó las formas contemporáneas de esclavitud laboral en México a nivel internacional. El 17 de marzo decidimos alzar la voz en contra de acosos sexual en los surcos, maltratos; asimismo, demandar un salario justo y prestaciones laborales”, dice la activista Lucila Hernández García.

La directora de Alianza de Mujeres de Diversos Colores A. C. agrega: “Fue para decirles que aquí estamos, que en México hay violaciones a los derechos humanos, laborales, y de mujer y de los jornaleros. Lo más importante ahora es que nuestra demanda está en la agenda nacional no resuelta”.

Mientras organiza su cocina, la jornalera platica de lo poco que han avanzado en tema de salud en el Valle de San Quintín: “Hay pequeños avances, no como quisiéramos, pero ahí la llevamos.

Por ejemplo, cuando irrumpimos en 2015, apenas había 15 mil afiliados, ahora suman 38 mil jornaleros que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Además, algunas empresas, no todas, están afiliando a sus trabajadores, algunos rancheros empezaron a atender la causa que nos llevó a movilizarnos”.

Lucila Hernández dice que, en 2019, el IMSS realizó estudio a mil 505 jornaleras para detección de cáncer; de las cuales, 205 resultaron enfermas. “Seis estaban en fase terminal, por lo que a 199 mujeres recibieron atención inmediata. Además llegamos a un acuerdo con el IMSS para que las mujeres que no tuvieran seguro usaran el de sus hijos para recibir atención médica”.

La vocera de las jornaleras agrícolas ante la ONU dice que en tema de género tres empresas trabajan en la concientización de sus trabajadores. Buscan disminuir el acoso sexual en los surcos.

“Logramos que dos empresas se pronunciaran en contra del acoso sexual hacia las jornaleras. Además, diseñamos entre la empresa y la Alianza de Mujeres de Diversos Colores taller de género dirigido a mayordomos y jornaleros con el fin de generar un espacio libre de violencia hacia las compañeras jornaleras”.

Las empresas que señala la activista son San Vicente Camalú, que emplea a más de 2 mil trabajadores, y Santa Mónica. Ambas apoyaron “el paro nacional de Un Día sin mujer, a pesar de que está la temporada alta de corte de fresa”, celebra Lucila.
Una lucha no espontánea

Hace cinco años el Valle de San Quintín llamó la atención en México y países europeos cuando una multitud de jornaleros tomaron la carretera transpeninsular de Baja California. Exigían mejores condiciones laborales. Sin embargo, el pliego petitorio que presentaron en aquellos años no se resolvió ni la cuarta parte. La demanda de los jornaleros del 17 de marzo de 2017 no era espontánea, sino que eran de años atrás.

La protesta duró dos meses. Terminó con el desalojo de los trabajadores agrícolas que mantenían el bloqueo en la carretera el 15 de mayo de 2015. Policías estatales y del municipio de Ensenada detuvieron a varios jornaleros e hirieron con arma de fuego a más de una decena de los manifestantes.

Días después, autoridades federales y estatales, encabezadas por la Secretaría de Gobernación, y el entonces gobernador Francisco Vega de Lamadrid, firmaron un acuerdo. Se comprometieron a mejorar las condiciones sociales y laborales de los jornaleros y de sus familiares.

Entre los compromisos incluyeron prevenir y sancionar la explotación y el hostigamiento laboral y sexual que sufren las mujeres jornaleras indígenas por parte de los “mayordomos” de los ranchos agrícolas.

La protesta de los trabajadores agrícolas en “la tierra prometida” se debía a los constantes abusos de los patrones, mayordomos hacia las mujeres. Se trata de acoso sexual, jornadas extenuantes sin derecho a servicio médico, ni vacaciones o aguinaldos.

El movimiento de jornaleros surgió desde hace más de 30 años. Muchos llegaron a trabajar en ranchos agrícolas privados, que producen frutas y verduras para la exportación a los Estados Unidos y Europa.

El proceso de producción de estos ranchos agrícolas se basa en la explotación laboral. A la condición de los indígenas y sus familiares, en su mayoría provenientes de los estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla y Chiapas.

De la infraestructura básica como el agua, drenaje, servicio de salud están ausente. Ni siquiera las calles han dejado de ser polvosas o inundadas cada vez que llueva. Llevar a esta zona inhóspita del país es rencontrarse con el México profundo que acuñó Guillermo Bonfil Batalla.

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