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Aborto por violación no se respeta: Cepad (Jalisco)

Dario Pereira / El Diario NTR

Pese a que desde 2016 la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres especifica que los servicios de salud de todo el país deben proporcionar a las mujeres que tengan un embarazo producto de una violación la opción de interrumpirlo sin la necesidad de presentar una denuncia y de obtener una autorización por parte de autoridad competente, en Jalisco su aplicación ha quedado más en el papel que en la práctica.

En los hechos aún hay muchas trabas que se anteponen al derecho de niñas y mujeres, según se recoge en el Informe de la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2018 del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

La circular estableció que los derechos de las niñas, mujeres y adolescentes incluyen que, a quienes soliciten la IVE en los términos de la NOM 046, ésta se les practique bajo el principio de buena fe, es decir, “con su dicho, sin ser necesaria la denuncia de violación ante el agente del Ministerio Público”; que se respete su privacidad; que se les brinde información “objetiva y científica” sobre sexualidad y sobre posibles riesgos y consecuencias de la interrupción del embarazo; que se les haga saber su derecho a denunciar los actos de violencia y de la existencia de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV); así como que se respete la autonomía de sus decisiones.

HAY VARIOS PENDIENTES

No obstante, en el informe mencionado la académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) Paola Lazo Corvera recopiló los problemas para acceder a este derecho en Jalisco.

Entre algunas de las acciones violatorias en las que incurre el personal de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) se encuentran la realización de análisis de ADN para corroborar quién es el padre del feto; poner en duda la palabra de la víctima; otorgar atención psicológica tendenciosa para evitar la interrupción del embarazo; realizar intimidación a las madres de las víctimas; la exigencia de que las menores vuelvan a detallar la violencia sexual de la que fueron víctimas; el uso de información no científica ni laica; la negación de asentar en expediente la realización de la interrupción del embarazo por violación, y la negación de medicamento para el dolor durante el procedimiento.

“La experiencia de varias de las chicas y mujeres que han solicitado atención y apoyo pone en evidencia que la SSJ no cuenta aún con suficiente personal capacitado, sensibilizado y no objetor de conciencia que pueda atender adecuadamente estos casos. En ocasiones, el proceso químico se desecha para seguir el instrumentado, por tratarse del que las y los médicos conocen y dominan, y no porque sea el más conveniente para la víctima; esta situación hace que el procedimiento sea tortuoso, doloroso, invasivo y agresivo, especialmente cuando se trata de niñas o jovencitas víctimas de violencia sexual”, recoge Lazo citando el texto La alerta de violencia contra las mujeres en Jalisco: avances y retos, de la activista Patricia Ortega.

Estas violaciones de derechos fueron denunciadas desde el Grupo Inter Multidisciplinario (GIM) que trabajó en la Alerta de Violencia de Género (AVG) federal decretada a finales de 2018 y de la cual el gobierno del estado no ha presentado avances.

“La gran cantidad de casos de niñas, jóvenes y mujeres que resultan embarazadas a partir de un ataque sexual es un indicador de que el estado falla, primero, en resguardar su integridad y su seguridad, y después, al no garantizar el acceso adecuado a servicios de anticoncepción de emergencia e interrupción del embarazo en casos de violación”, señala el informe.

Cada día 99 mujeres son víctimas de delitos sexuales

En el informe del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), Paola Lazo Corvera recoge datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y explica que, cada día, en todo el país 99 mujeres son víctimas de delitos sexuales y cada 40 minutos ocurre una violación; mientras que 15 por ciento de las mujeres entre 20 y 24 años fue madre antes de ser mayor de edad.

Jalisco, por su parte, se encuentra entre los primeros cinco estados de la República con mayor cantidad de delitos sexuales registrados oficialmente.

Aunque no existe un registro de cuántos de estos han derivado en embarazos, en Jalisco, según datos proporcionado por la SSJ, desde 2016, sólo se han realizado 29 interrupciones voluntarias del embarazo.

“Los datos obtenidos de la investigación del GIM de la Alerta de Violencia de Género evidenciaron que, en el estado, las niñas y mujeres víctimas de violación sexual terminan por parir a los hijos/as de los violadores”, concluye Lazo. Darío Pereira

“La experiencia de varias de las chicas y mujeres que han solicitado atención y apoyo pone en evidencia que la SSJ no cuenta aún con suficiente personal capacitado, sensibilizado y no objetor de conciencia”.

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