La pelea de un pueblo de México por defender su agua de la especulación inmobiliaria (Ciudad de México)

Eliana Gilet/Sputnik

La calidad de vida en la Ciudad de México ha empeorado ante el desmedido crecimiento de complejos habitacionales, de mala calidad y a precios altos, que afectan la vida comunitaria y también a las napas subterráneas de agua. Sputnik te presenta un caso que refleja este grave conflicto que afecta a la población.

Después de tres años de pelea, la Asamblea de los pueblos, barrios, colonias y pedregales de Coyoacán logró la suspensión de la obra que la empresa Quiero Casa tiene en la avenida Aztecas número 215, al sur de la ciudad de México.

La lucha empezó cuando los vecinos se percataron que la inmobiliaria había cavado tan profundo para construir tres pisos de estacionamientos subterráneos, que alumbraron un acuífero.
Sin embargo, la suspensión no respondió al “ecocidio” como han bautizado los al desperdicio de 5 millones de litros diarios de agua vertidos al drenaje, como podría suponerse en una ciudad donde el agua es un recurso escaso.

La sanción respondió a que que la inmobiliaria construyó más pisos que los permitidos por el programa de desarrollo urbano local, y no al desperdicio que implica echar a perder el acuífero de la zona, además de las consecuencias en el suelo de la ciudad.

El fuerte impacto que la extracción del agua subterránea tiene en la vida de la ciudad, que se manifiesta en la aparición de socavones o en la amplificación de los sismos, se miran secundarios si uno pone en primer plano la escasez de recurso del sistema hídrico que abastece a la capital mexicana.

Parar la obra

Los vecinos indican que el acuífero fue descubierto en febrero de 2015, pero recién el 30 de agosto de 2016 tuvieron la información científica que respaldó su intuición, cuando el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó su reporte técnico sobre el origen del agua en el predio.

Miguel Cancino, procurador ambiental de la Ciudad de México (PAOT), confirmó a Sputnik que el agua que surge en Aztecas 215, llega desde el cerro Chichinautzin tras recorrer 32 kilómetros hasta Coyoacán, desde los límites de la capital con el estado de Morelos.

La PAOT resolvió que el agua no puede desperdiciarse, pero su resolución no es vinculante. A pesar de las evidencias del daño ecológico cometido, la empresa no ha sido sancionada. Para mitigarlo y buscar que el agua continúe su curso, la inmobiliaria presentó un plan de construcción adicional, llamado proyecto cantera, que fue aprobado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).

La PAOT dio su aval a esta resolución “técnica” del conflicto. Como parte de este arreglo, Quiero Casa aceptó rehabilitar dos de los pozos de agua de la zona, el Cantil y el Moctezuma; y “dotar de líquido a los vecinos de la colonia con una planta purificadora durante dos años”, a sugerencia de Sacmex.

Los vecinos denuncian que esta financiación privada de obra pública puede ser una fuente de corrupción, cuando el organismo que recibe el beneficio es el mismo que debe controlar a la empresa que le da el dinero.

Tanto la existencia del acuífero (que es un suelo distinto al que la empresa proyectó 377 nuevos departamentos y 683 cajones de estacionamiento subterráneo) como la construcción de un cinturón para contener el agua, dicen los vecinos, son cambios sustanciales en la obra, por lo que los permisos obtenidos con información errada tampoco tienen validez. La clausura definitiva, dicen, es la única salida.

Una empresa incumplidora

Quiero Casa es uno de los jugadores mayores del negocio inmobiliario en México. Es el nombre fantasía de las sociedades inmobiliarias Sazmsacj y Promociones Quiero Vivienda Mexicana, propiedad de los hermanos José y Salomón Shabot Cherem.

A partir de las denuncias que han hecho los vecinos de los Pedregales, se conformó un frente de denuncia del accionar irregular de esta empresa —a fines de 2017— que reunió más gente inconforme.

Por un lado, están los de la alcaldía Azcapotzalco, que denuncian que la inmobiliaria se apropió de terrenos ejidales (comunitarios, pertenecientes a colectivos originarios) de la zona. Viola así el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que busca proteger “el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias”, y a su participación “efectiva en las decisiones que les afecta”.

Está también el grupo que protesta contra la construcción de 972 departamentos en la delegación Venustiano Carranza, porque ya han sufrido escasez de agua, obstrucción de la vialidad de la zona y la aparición de socavones dentro del predio en obra y sobre la calzada Ignacio Zaragoza.

El caso paradigmático es el de los vecinos que compraron el proyecto de San Antonio Abad en el año 2012 y que conversaron con Sputnik. Aunque en el diseño prometido la puerta del condominio era hacia una avenida principal —la Calzada de Tlalpan— en realidad la entrada se hizo en una calle lateral —Fernando de Alva Ixtlixóchitl—. Ahora, el condominio tiene una dirección que no existe, así como la colonia equivocada, ocasionando problemas en los registros.

Esperanza coloca neumáticos en las calles dañadas de la Colonia del Mar tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.
© SPUTNIK / ELIANA GILET
Así es el inédito estudio de suelo de la Ciudad de México en zona afectada por el sismo
Un grupo de compradores de estos departamentos explicaron en entrevista que el truco fue la preventa de unidades que hizo la empresa, publicitada en una exposición en el Word Trade Center. Sin embargo, el condominio no corresponde con lo prometido en la publicidad.
Desde el inicio tuvieron problemas, ya que la construcción de varias torres continuó mientras ellos ocupaban los departamentos. Que la electricidad para la obra fue cargada a los gastos comunes de los primeros vecinos, que heredaron una deuda con la Comisión Federal de Electricidad por 500.000 pesos mexicanos.

Pero lo peor, dicen, son las malas condiciones en que construyeron el complejo habitacional. Entre estas, las laberínticas escaleras que no permiten una evacuación rápida, los espacios comunes invadidos por levanta-autos en doble fila que ya han causado accidentes, la falta de un muro perimetral que los divida de la fábrica de plásticos aledaña, cuyos ruido y olor es inevitable.

Las primeras torres edificadas tienen escaleras y pasillos de plástico. No les construyeron el salón de uso múltiple y en su lugar se colocaron accesorias comerciales. El sismo del 19 de septiembre de 2017 partió visiblemente uno de los pasillos que une las torres. Mirándolo fríamente, tiene aspecto de cárcel.

Los vecinos tienen un análisis hecho en septiembre de 2013 por un perito fiscalizador de obras, que exhiben durante la charla, en el que puede leerse que “el conjunto habitacional es inhabitable parcialmente, tiene vicios ocultos que debe corregir la empresa constructora. La inmobiliaria Quiero Casa engañó a los compradores”.

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