La resistencia en vías de expandirse en la meseta
Por: Esteban Patricio M.
Los signos se han venido manifestando desde tiempo atrás, Cherán impuso un ejemplo y sus cercanos vecinos podrían continuar esa línea; es el caso de Pichátaro, la comunidad que podría próximamente tomar las riendas de su propia existencia.
Apenas la semana pasada , en este mismo espacio, se hacia el recuento de lo que había pasado en Cherán antes de decidir sacar el sistema gubernamental convencional, para dar paso a un gobierno regido por sus propios usos y costumbres.
El olvido gubernamental, el acecho de el crimen y el hartazgo del sistema de elecciones con partidos políticos se habían conjuntado en una subversión que llegó a cinco años sin partidos políticos, extorsiones u homicidios y en el alba de este primer lustro de lucha se avizora lo que podría ser otro ejemplo más de autogobierno.
PICHÁTARO ALZA LA VOZ
La comunidad de Pichátaro se localiza en el municipio de Tingambato, Michoacán, y es parte de la meseta purhépecha. Su significado es “lugar de clavos de madera”. En la época prehispánica se conformaba por siete pueblos, que hoy se conoce como 7 barrios.
A finales de enero de 2015, habitantes de Pichátaro, junto a un grupo de vecinos de Sevina, irrumpirían en la carretera libre Patzcuaro- Uruapan para pedir a las autoridades su intervención en el tema de tala clandestina en la zona de ambas comunidades, situación que había llevado a un conflicto con Nahuatzen, otra localidad vecina.
Los habitantes de Pichátaro exigían el equipamiento de su ronda comunal con armas y otros dispositivos, la entrega de recursos para diversas obras de infraestructura comunitaria, la culminación del relleno sanitario, la entrega de maquinaria y volteo para el servicio de limpia y la conclusión del tramo carretero que conduce a Erongarícuaro.
FUERA PARTIDOS
Pero los roces entre Sevina y Nahuatzen mantuvieron la atención sobre sí y el casi de Pichátaro quedaría en un segundo plano.
Eso, al menos hasta el 7 de junio de ese mismo 2015, cuando en un acto de resistencia, habitantes de Pichátaro evitaron la salida de los pobladores de esa comunidad. La acción se ejecutaba como el inicio de un proceso que los llevaría al reconocimiento de su derecho a auto determinarse en la elección de sus formas internas de organización y gobierno, para que acudieran a votar.
El bloqueo tendría un primordial objetivo: el de llamar la atención hacia su petición de convertirse en una especie de comité de administración de los recursos públicos que “por ley nos corresponden”, señaló el jefe de tenencia Jesús Salvador Gonzales y entonces que estos no llegaran por vía del ayuntamiento de Tingambato, ya que se desconfía del manejo de los mismos por esa instancia.
Representantes de los siete barrios tradicionales, encabezados por el jefe de tenencia y el presidente del comisariado de bienes comunales, fueron quienes realizaron la movilización. Con la que se evitó que votaran los habitantes de este lugar.
Un mes después, Pichataro, Urapicho, Cheratillo y 18 de marzo, todas ellas demarcaciones pertenecientes al municipio de Tingambato, se iniciaron en la exigencia de que se les permitiera regirse por usos y costumbres.
La entonces titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas, Martha Josefina Rodríguez Casillas, señaló que dicha petición obedece a las complicaciones en materia de seguridad que padecen estas comunidades y que el impedir la instalación de casillas habría sido un primer gran aviso de esta pretensión.
La situación se tornó tensa un mes después, cuando habitantes de esta tenencia retuvieron vehículos en exigencia de que la presidencia municipal de Tingambato cumpliera con acuerdos que habían establecido en materia de obra pública, pero además exigían que se les permitiera manejar de manera directa su presupuesto anual. La retención de vehículos se prolongó por días.
En cuatro ocasiones el alcalde de Tingambato habría citado a los habitantes de Pichátaro, sin que él se presentara. La situación llevó a que a fines de septiembre los comuneros acudieran directamente al congreso del estado, a fin de solicitar la intervención de los legisladores en el conflicto. Ante los diputados expresaron su informidad al sentirse desatendidos por la autoridad municipal, que incluso les ha calificado de vándalos.
La indignación se acrecentó en enero, cuando tras la asignación de presupuestos para la atención de pueblos originarios de Michoacán, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, que agrupa a 30 comunidades de las etnias purépecha y nahua, externó que el recurso asignado para ese fin era “totalmente discriminatorio, insuficiente y engañoso, ya que solo contempla 103 millones 627 mil pesos de pesos”.
La molestia se daba porque se evidenció que el gobierno de Michoacán destinó menos del 0.3 por ciento de su presupuesto para atender la pobreza de estas regiones. “Históricamente, sin importar el partido, color o corriente en el gobierno, el presupuesto para la atención de los pueblos originarios nunca ha alcanzado, ni siquiera el 0.5 por ciento de la totalidad del presupuesto estatal, lo que se traduce en políticas asistencialistas, paternalistas y excluyentes”, reprocharon.
Pero desde aquel septiembre de 2015, la comunidad habría iniciado un juicio ante el Tribunal Electoral de la Federación.
El juicio se entabló en contra del ayuntamiento de Tingambato, más específicamente al contenido en un oficio de fecha 17 de septiembre del 2015, firmado por el presidente municipal, el síndico y los regidores, en donde se niega a la comunidad su solicitud de que sea una autoridad de la comunidad la que administre directamente los recursos públicos que le corresponden y ya no mediante la intermediación de la cabecera municipal.
El fallo de este tribunal federal podría establecer el primer paso para que Pichátaro, al igual que Cherán, inicie su camino a la autonomía. El ejemplo continuó expandiéndose.