Agrede policía municipal de Orizaba a nahuas en Veracruz
Heridos y detenidos de los que no se sabe su paraderos, entre los saldos del operativo de desalojo de vendedores ambulantes.
El Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo denunció agresiones y detenciones contra mujeres y hombres nahuas que venden artesanías en las inmediaciones del mercado Melchor Ocampo en Orizaba, Veracruz, por parte de elementos de la policía municipal en un operativo realizado el 5 de abril. Los familiares de las personas detenidas denunciaron que tras el enfrentamiento derivado de la agresión, no contaban con información sobre el estado de salud y la situación jurídica de las personas detenidas.
“Desde hace varios años, acciones de gobierno estatal, municipal y federal, mediante programas como ‘recuperación de espacios públicos’ y ‘pueblos mágicos’, prohíben el comercio ambulante en las ciudades, sin tomar en cuenta elementos históricos, culturales, sociales y económicos de esta actividad. Desde 2008, las administraciones municipales en Orizaba han recrudecido las medidas que criminalizan este trabajo, amparados en reglamentos municipales que no pueden estar por encima de la Constitución. Esto se traduce en hostigamiento, agresiones, despojo y detenciones de hombres y mujeres vendedores ambulantes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz ha emitido al menos dos recomendaciones al gobierno municipal de Orizaba por la violación de los derechos humanos de comerciantes ambulantes”, recordó el centro de derechos humanos.
El centro de derechos humanos exigió que se dé a conocer públicamente la lista de personas detenidas, así como su estado de salud y situación jurídica; se garantice el debido proceso, bajo el principio de presunción de inocencia, de las personas detenidas como resultado de estos hechos; se investiguen las agresiones de la fuerza pública y se castigue a los responsables materiales e intelectuales; cesen los actos de hostigamiento, amenazas y violencia en contra de quienes ejercen su derecho al trabajo como artesanos y comerciantes en las calles de Orizaba, y que haya garantía por parte de las autoridades responsables de que no se repetirán hechos de violencia en contra de artesanos y comerciantes en las calles de Orizaba.
Las y los defensores recordaron que el artículo 1 de la Constitución obliga a todas las autoridades a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de los cuales gozan todas las personas, y subrayaron que el artículo 2 reconoce la composición pluricultural de la nación y obliga a que todas las autoridades actúen en consecuencia, reconociendo la deuda histórica que como nación hay con los pueblos indígenas. “Apelamos al diálogo, la negociación y el consenso para la resolución pacífica que privilegie condiciones de vida digna para quienes históricamente han sido discriminados”, finalizaron.