Por violación, acusan a policías antisecuestros
Gabriela Martínez, Tijuana, B.C.
Acostada boca abajo y con esposas metálicas en las manos, Alicia ruega entre llanto que la dejen en paz.
La ignora el grupo de agentes ministeriales que está con ella; le arrancan el pantalón y luego le alzan la blusa, su ropa interior queda en sus rodillas y, como puede, intenta defenderse.
“Uno de ellos me volteó”, dice despacio mientras agacha la mirada, luego llora pero intenta reponerse y termina el relato, “tuve ocho penetraciones por atrás… con su pene. Sentí que eyacularon en mí”.
Alicia no sabe por qué terminó en la Unidad Antisecuestros de Playas de Tijuana, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Su historia, plasmada en el expediente judicial, empezó en marzo de 2014 en el puerto de Ensenada cuando iba rumbo a la escuela de su hija. Todavía no eran las 8 de la mañana cuando un comando de agentes estatales con el rostro cubierto la obligó a frenar su trayecto, la bajaron y a punta de cachetadas la subieron a una camioneta.
Primero la metieron a una celda donde la acompañaron dos agentes de la Unidad Antisecuestros; la hincaron y le estrellaron la cabeza contra la pared, luego le pidieron que firmara unos papeles: su confesión.
Se negó y las oficiales salieron, la dejaron unos minutos y luego regresaron con un trapo y un cinta adhesiva que usaron para taparle los ojos.
“Mi cuerpo se empezó a acalambrar, me echaron agua fría, escuché un zumbido y otra vez me patearon”, describe con las manos mientras se toca los oídos y las piernas, “me gritaban que no anduviera con mis pendejadas, que si me la daba de muy chingona, que aguantara”.
“Olí como cuando queman metal, no pude ver pero podía olerlo, lo pusieron en mi estómago… me quemaron”, mientras le advertían que la grabarían, que dijera lo que le decían, “me alzaron la blusa y apretaron los pezones, les supliqué que me dejaran”, pero no, la violaron, “no sé si fue uno, pero sentí ocho veces y no pude hacer nada, tenía mucho asco y mucho coraje”
Después de la tortura que dice haber sufrido, la firma de su confesión aún es incierta, pero finalmente se abrió un expediente en su contra por presuntamente ser cómplice de su esposo, quien también se encuentra detenido por el mismo delito: secuestro.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió una queja por este caso, pero no es el único.
El poder judicial solicitó la aplicación del Protocolo de Estambúl para confirmar o descartar si existió tortura y violación durante la detención de las dos mujeres; la investigación aún está en proceso mientras ambas continúan recluidas sin una sentencia.
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