Slim y empresas eólicas se quedan con tierras de los yumanos de BC
Javier Cruz Aguirre, Ensenada, B.C.
Ahora los yumanos pai pai, kiliwa, kumiai y cucapá solicitan el apoyo del gobierno federal para revisar, modificar o cancelar los convenios de usufructo que comisionados de sus comunidades suscribieron “a espaldas” de los indígenas con las compañías eólicas. Algunos de estos comuneros son mestizos o “blancos” que de alguna forma compraron derechos ejidales o comunales para controlar a los nativos.
En una reunión con el subsecretario de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), licenciado Arturo Nahle García, los yumanos revelaron los nombres de algunas de esas compañías: Fuerza Eólica de San Matías, S.A. de C.V.; Cucapah Development; Clipper Windpower; APA (Asociados Panamericanos) Wind; Intaván y CISA Energía, S.A. de C.V.
Los indígenas kiliwa, la licenciada Norma Alicia Carvajal Acosta, subdelegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Baja California, y el licenciado Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), destacaron el caso de Pablo Federico Gottfried Blackmore, representante legal de la empresa Fuerza Eólica de San Matías, S.A. de C.V.
El padre del empresario, Carlos Federico Gottfried Joy, es socio fundador de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y dueño de Fuerza Eólica S.A. de C.V., una compañía dedicada a la generación de al menos 540 megawatts de energía eléctrica en Oaxaca, Quintana Roo y Baja California por medio del aprovechamiento de la fuerza del viento.
A mediados de 2012 Gottfried Joy manifestó en la página virtual de Fuerza Eólica que tras siete años de cabildeo en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, contaba“con el apoyo y respaldo total” de Ernesto Martens Rebolledo, entonces secretario de Energía; de Víctor Lichtenger Waisman, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Dionisio Pérez Jácome, director de la Comisión Reguladora de Energía; de Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad, de Cristóbal Jaime Jazquez, director de la Comisión Nacional del Agua, y de “Don” Leonardo Rodríguez Alcaine, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.
Gottfried Blackmore, su hijo, un egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad Internacional de Florida, recibió de su padre los derechos ejidales en San Matías, comunidad Kiliwa que se asienta en un valle agrícola que se ubica en medio de las Sierras de Juárez y San Pedro Mártir, municipio de Ensenada.
De piel blanca como la de otros 22 “mestizos blancos” que también están inscritos en el Registro Agrario Nacional (RAN) como “ejidatarios”, Pablo Federico Gottfried se posesionó del consejo ejidal comunitario indígena y desde ahí impulsó la firma de un convenio con la empresa Fuerza Eólica San Matías, S.A. de C.V., filial de Fuerza Eólica, para usufructuar 250 hectáreas en donde construir un parque eólico de ocho aerogeneradores con capacidad de producir 20 megawatts.
El 15 de julio de 2010 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó el permiso de pequeña producción eléctrica en modalidad eólica a la compañía, pero el 7 de mayo de 2012 Gottfried Blackmore, en su calidad de representante de Fuerza Eólica San Matías, sorprendió al solicitar a la misma dependencia federal la terminación del permiso por renuncia, hecho que se consumó el 14 de marzo de 2013.
Casi siete meses después –el 3 de noviembre- Pablo Gottfried, ahora en su calidad de“comisariado ejidal” de San Matías, presentó y convenció a los integrantes “blancos” de la tribu, un modelo de contrato por el que la empresa eólica puede usar 27 mil hectáreas del ejido sin dar detalles del proyecto a los kiliwa.
Hasta el 7 de agosto de 2015, los nativos desconocían la renuncia que la empresa hizo al parque eólico y con qué objetivo se explotará el enorme predio en un plazo de 20 años con opción a una prórroga automática por 10 adicionales que es obligatoria para los yumanos y opcional para Fuerza Eólica San Matías.
Correspondió al licenciado Jaime Martínez Veloz revelar algunos pormenores del proyecto. Y lo dice contundente: “Es Carlos Slim Hélu quien está detrás de todo esto”.
De acuerdo con el funcionario y el estudio “Panorama Minero del Estado de Baja California” del Servicio Geológico Mexicano, el magnate tiene cinco permisos mineros para extraer plata y oro en la región kiliwa, colindante al complejo minero Sinaí, rico en esos metales preciosos.
El yacimiento Sinaí lo explota la empresa Minera San Felipe, S.A. de C.V., filial de Minera Frisco S.A.B. de C.V., de la cual Carlos Slim es presidente del Consejo de Administración y en donde se extraen 35.3 millones de toneladas de minerales de oro y plata.
Este procedimiento para adquirir propiedades inmuebles en la península de Baja California no es nuevo para uno de los cinco hombres más ricos del planeta.
En el año 2010, una investigación en el ejido Matomí de la delegación San Felipe, municipio de Mexicali, ubicó a otra empresa del consorcio Slim -Hotel Roma, S.A. de C.V.-, comprando decenas de miles de hectáreas a “ejidatarios” ligados a las empresas del potentado mexicano, que así se adueñó de decenas de miles de kilómetros de terrenos con playas en el Golfo de California.
Elías Espinoza, kiliwa de la comunidad San Matías, resumió el caso:
– “Por más de 20 años el gobierno federal obstaculizó un proyecto eólico que los auténticos nativos propusimos en alianza con la empresa Ontiveros, de la ciudad de México, pero la Secretaría de Energía y la del Medio Ambiente (y Recursos Naturales) rápido autorizaron los permisos a una empresa que es prestanombres de Carlos Slim. Eso, además de injusto es ilegal porque grandes empresarios se apoderaron del ejido y de nuestra comunidad”.
Hoy, a decir de Martínez Veloz, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas impulsa una segunda “reunión agraria” para tratar éste y otros temas eólicos en las comunidades nativas de Baja California entre la SEDATU, la Procuraduría Agraria (PA), la CDI, la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la Tierra (CORETT), la SEMARNAT, el Registro Agrario Nacional (RAN), la Asociación Civil Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), y el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).
“Se busca el cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política y en los tratados internacionales respecto a la consulta previa e informada, así como al uso y goce de los recursos en sus territorios, a lo que tiene derecho este pueblo indígena”, explicó Veloz.
También se pretende establecer una estrategia de trabajo para atender las demandas históricas en materia agraria y social de los nativos, a efecto de mejorar sus condiciones de vida e impulsar su desarrollo comunitario.
TÓRRIDOS VIENTOS
La SEGOB también tiene conocimiento de conflictos similares en otras comunidades nativas de Baja California. Un reporte de 2014 de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México le informó que otros focos rojos están encendidos en la tribu Cucapá, en donde la empresa estadounidense Cucapah Development logró una alianza “engañosa” con las autoridades de la comunidad Cucapa El Mayor para que en su territorio se invierta en el Parque de Energía Eólica de la Laguna Salada.
Otra compañía eólica estadounidense es Clipper Windpower, revolucionaria del sistema de aerogeneradores en el mundo que a través de su filial Clipper Windpower de México S. de R.L. de C.V., hizo un acuerdo ventajoso con la autoridad kumiai de Juntas Nejí y Anexas, municipio de Tecate, por lo que los yumanos ya solicitaron a las autoridades agrarias información respecto al contenido del convenio.
El último conflicto se da en la comunidad pai pai de Santa Catarina, ubicada a 100 kilómetros de la frontera con California, en donde un consorcio empresarial estadounidense y mexicano representado por las compañías APA (Asociados Panamericanos) Wind, Intaván de México y CISA Energía, S.A. de C.V., integran proyectos eólicos para Baja California equivalentes a 1.5 gigavatios.
En este caso destaca un hecho: el consorcio eólico convino con otro grupo de ejidatarios “blancos” el pago de 1.25 dólares por cada una de las 60 mil hectáreas en usufructo, convenio que dejó con tan sólo 20 hectáreas libres a los yumanos.
Michael Felloni, ejecutivo de APA, manifestó que los proyectos del consorcio buscan interconectar la frontera binacional para unir la electricidad de la zona pai pai con la red de distribución del mercado estadounidense en el sur de California.
Y destapó el por qué de la presencia de su empresa y cuando menos otros ocho grupos eólicos en la entidad:
“Hay un mercado potencial de 100 mil millones de dólares en Baja California, de donde incluso de ser necesaria la electricidad generada por la fuerza eólica en México se distribuiría a otros estados” de la Unión Americana.