Con un débil sistema de salud, Colima recibe al Coronavirus

Foto: Ilustrativa

Redacción / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (18/03/2020).- Pese a que el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, anunció que esta entidad se encuentra preparada con infraestructura y personal médico capacitado para hacer frente a la llegada del Covid-19, lo cierto es que en los últimos años el sector Salud ha enfrentado una serie de deficiencias en instalaciones hospitalarias, desabasto de insumos y medicamentos, así como insuficiencia de personal médico.

Conforme al Programa Sectorial de Salud 2016-2021, elaborado por la Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSBS), la disponibilidad de camas censables en los hospitales de la entidad sufrió una baja considerable en el periodo del año 2000 a 2014, al pasar de 0.98 a 0.79 unidades por cada mil habitantes, pero aún así sigue siendo superior a la media nacional de 0.74.

Aunque la entidad tiene 1.06 médicos generales y familiares por cada mil habitantes (la media nacional es de 0.88), 24.6 por ciento de la población de la zona rural del estado carece de acceso a servicios de salud permanentes.

En el caso del Hospital Regional Universitario (HRU), el más importante de la entidad, el documento refiere que su capacidad instalada “es insuficiente para la demanda de servicios, dado el perfil epidemiológico y demográfico actual en el que predominan las enfermedades crónico degenerativas, además 33 por ciento de los casos en el área de hospitalización procede del área de urgencias”, lo que “produce cuellos de botella ya que las camas de hospital son insuficientes y tardan cada vez más tiempo en desocuparse”.

Durante la actual administración estatal, desde 2016 hasta la fecha, los trabajadores del HRU han denunciado públicamente las carencias que enfrentan durante el desarrollo de sus labores. En una de las protestas, en noviembre de 2018, desplegaron una lona con el siguiente mensaje:

“Los trabajadores de este hospital informamos que estamos laborando bajo protesta debido a la carencia de material de curación e insumos quirúrgicos, medicamentos, laboratorio, rayos X y cobertura de suplencias. Nos eximimos de toda responsabilidad por la falta institucional de lo necesario para llevar a cabo nuestro trabajo, como lo marcan las Condiciones Generales de Trabajo”.

El año anterior una de las áreas de ese mismo hospital permaneció cerrada varios meses como consecuencia de un brote de aguas negras, mientras que otros desperfectos provocaron el cierre del área de terapia intensiva del Hospital General de Manzanillo, cuya habilitación requiere una inversión de 20 millones de pesos.

En octubre de 2019, al comparecer ante el Congreso local, la titular de la SSBS, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo —quien llegó al puesto dos meses antes—, dijo haber recibido una dependencia “lastimada, con muchas áreas de oportunidad”, con una deuda de 510 millones de pesos ante proveedores y obligaciones relacionadas con el área de recursos humanos.

En cuanto al desabasto de medicamentos, aseguró que se cubre el 84% de las 558 claves del cuadro básico, “lo que significa que contamos con 469 claves, que nos permiten un surtimiento fluido en centros de salud y hospitales, el 16% restante, es decir sólo 89 claves, se retrasan debido al incumplimiento en la programación de entrega por parte de proveedores y los tiempos de las licitaciones públicas nacionales”.

En el caso del hospital de Manzanillo, aceptó ante los legisladores que efectivamente estaba cerrada el área de terapia intensiva, y se requieren 20 millones de pesos para habilitarla y estar en funcionamiento al 100%, sin embargo, “la atención se brinda, sí se está brindando en alguna otra área. La fecha va a depender de ustedes en el sentido que nos ayuden a empujar a tener mayores recursos para el área de salud”.

En el Hospital Regional Universitario, en el cual “la mayoría de las personas prefieren asistir antes que a un hospital privado, sí faltan medicamentos, sí faltan insumos, pero no se pone en riesgo la atención de ninguna persona o de ningún paciente que acude con nosotros, a todos les brindamos el servicio incluso hasta de otros estados como Jalisco y Michoacán”.

Según datos citados por el Programa Sectorial de Salud 2016-2021, 34.3 por ciento de la población colimense se encuentran en situación de pobreza, de los cuales 3.4 por ciento están en situación de pobreza extrema, 67.5 por ciento tienen por lo menos alguna carencia social y 16.1 cuentan con al menos 3 carencias. El 12.7 por ciento de la población en el estado de Colima presentan carencia a los Servicios de Salud lo que representa 124 mil 500 habitantes y 10.6 por ciento están por debajo de la línea de bienestar mínimo. (Coneval, 2014).

Conforme al mismo programa, en relación al abasto de medicamentos, la ENSANUT 2012 tuvo como resultado que en el estado de Colima 77.5 por ciento de los pacientes que se atendieron en las unidades de la Secretaría de Salud recibió todos los medicamentos recetados. El 18.1 por ciento obtuvo sólo alguno de los medicamentos prescritos o no recibió ninguno, y el resto de los usuarios (4.4 por ciento) consiguió los medicamentos fuera de las unidades de la Secretaría de Salud, por lo que el surtimiento completo de medicamentos recetados sigue siendo un área de oportunidad prioritaria.

Por otra parte, la disponibilidad de la infraestructura y equipamiento se convierte en una de las premisas básicas para la correcta operación de la Red de Servicios de Salud, por lo que en el estado las unidades de primero y segundo nivel de atención médica cumplen en su mayoría los criterios establecidos en las cédulas de acreditación diseñadas por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) y la normatividad vigente.

En este contexto, y derivado de los resultados que se han obtenido en las encuestas aplicadas a la población sobre la prestación de servicios de salud donde manifiestan su inconformidad en relación al trato digno y abasto de medicamentos principalmente, es necesario fortalecer el monitoreo de la prestación de servicios de salud; además, consolidar los mecanismos de supervisión que permitan evaluar el desempeño de las unidades y la calidad de atención a los usuarios.

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