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2018, el año en que Jalisco tomó coraje y organizó la Red para reclamar por sus desaparecidos


Ivonne Ojeda de la Torre/Sin Embargo

#MetaDatos | El umbral del dolor y la indignación se rompió en Jalisco este año, el último del sexenio del Gobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval, con el incremento de las desapariciones forzadas, que colocaron a la entidad en el tercer lugar nacional. En medio de la tragedia, el pueblo jalisciense reconoció la dimensión real de la tragedia: jóvenes universitarios desparecidos y disueltos en ácido, fosas comunes en el interior de viviendas esparcidas por todo el estado, tráilers con cientos de cuerpos apilados y violentados por el propio Estado.
En este contexto, la labor de las familias de las víctimas ha sido determinante para construir contranarrativas y colocar en la agenda de medios de comunicación la problemática, asegura el periodista Darwin Franco, director de Zona Docs.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– Jalisco ocupa el tercer lugar nacional en materia de desaparición forzada, después de Tamaulipas y el Estado de México. Sin embargo, detrás de las cifras se teje el drama de los deudos y de quienes buscan a sus seres queridos, quienes con una Fiscalía –calificada por ellos mismos como “ineficiente“– no sólo han asumido los mecanismos de búsqueda, sino han puesto el tema en la agenda pública a través de la presión ejercida tanto en tierra como en las redes sociales. Su empuje ha logrado el reconocimiento de una problemática negada en el estado durante años tanto por los discursos de la autoridad como por la opinión pública.

Este año, los jaliscienses rompieron el umbral de la indignación ante el incremento histórico de las cifras de desaparecidos, ante la confrontación de una realidad en la que los universitarios desaparecen sin importar su condición social, intereses o aficiones, y ante el incremento de la brutalidad de los operadores del crimen organizado y la negligencia de autoridades, como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que mantuvo 322 cuerpos circulando por el estado almacenados en tráileres.

En medio, del remolino que se levantó en Jalisco en torno a los desaparecidos, sus familias iniciaron una segunda batalla, esta vez para que los mecanismos de búsqueda no fueran centralizados por el Estado.

El 19 de marzo pasado irrumpió la indignación en Twitter por la desaparición de los estudiantes de cine Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco Ávalos. El hashtag #NoSonTresSomosTodxs se mantuvo por días como tendencia, impulsado por la comunidad cineasta de todo México.

El 24 de abril, el Centro de Capacitación Cinematográfica, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, los directores Guillermo del Toro, el actor Diego Luna, el productor Epigmenio Ibarra, el proyecto Ambulante, estudiantes y miles de personas movilizaron la etiqueta, luego de que la Fiscalía estatal informó que los jóvenes desaparecidos habían sido asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido.

En los meses subsecuentes, a los tres estudiantes de cine se sumaron más casos de desapariciones de jóvenes y de nuevo las movilizaciones en las redes sociales fueron un canal para visibilizar sus rostros.

En julio, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) publicó una ficha con los datos para localizar a Juan Carlos Castañeda Gómez, estudiante de preparatoria en la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien desapareció en el municipio de Autlán de Navarro. Entonces surgió el hashtag #DóndeEstáJuan.

No había pasado un mes de su desaparición cuando la FEU de nuevo volvió a reportar un caso más: el de Edgar Osvaldo Gurrola Montenegro, estudiante del Tecnológico Profesional en Sistemas Informáticos del Politécnico de Guadalajara, quien fue visto por última vez el 17 de julio la capital del estado.

Fue entonces cuando la comunidad estudiantil movilizó otra etiqueta: #DondeEstaEdgar se incorporó a las acciones ciudadanas que interfieren en la esfera digital como contrapeso a una aparente calma, que es aprovechada por autoridades para mantener lejos de las discusiones públicas la crisis de inseguridad que atraviesa la entidad en materia de desapariciones.

Darwin Franco, periodista y director del proyecto Zona Docs, comentó a SinEmbargo que las movilizaciones ciudadanas, tanto en el entorno digital como tierra, han contribuido en Jalisco a la construcción de una contranarrativa de las versiones oficiales, que buscan desdibujar el problema por los escasos resultados, y el aumento de la violencia y de las cifras rojas.

El Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad) expuso durante el “Foro: Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Aprendizajes y Retos a un Año de su Implementación en Jalisco” que hasta 2016 en esa entidad el reconocimiento de la crisis de desapariciones forzadas no había sido reconocido ante la opinión pública.

Sin embargo, fue en 2016 en que las autoridades locales comenzaron a dimensionar el problema, y a considerar la creación de una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD), la primera de este tipo en el país.

De acuerdo con la Cepad, en 2016 contabilizaron un promedio de nueve personas desaparecidas por día; para 2017, las denuncias diarias aumentaron a 10 personas y para 2018 desaparecieron en promedio 12 personas por día en la entidad. El repunte de esta problemática coincide con el incremento de las páginas de Facebook para buscar a desaparecidos y otras acciones similares que, de acuerdo con un análisis de #MetaDatos, se incrementaron en 2016.

“El año 2016 fue un año histórico para el tema de las desapariciones de personas en Jalisco. A principios del año no se reconocía en el discurso público la existencia de las desapariciones de personas en la entidad, y a finales del año, se logró institucionalizar los mecanismos de participación y generar un diálogo directo con las autoridades locales, encaminados hacia la creación de la FEPD”, expresó la Cepad en el foro “Ley General en materia de desaparición de personas”.

Sin embargo fue en 2018 en que el reconocimiento de la problemática ha detonado en la entidad. Entre los casos que conmocionaron a la Red, en los foros digitales se ha documentado el caso de Ulises Adair Cardona Flores, joven de 17 años de edad, originario de Tuxpan, quien de acuerdo con las versiones de los testigos fue detenido la madrugada del 22 de enero por integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) y desde entonces se desconoce su paradero.

De acuerdo con un reportaje de Proceso, Norma Karina Flores –su madre– acudió a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) e intentó levantar una alerta Amber. Sin embargo, en los primeros días de la desaparición de Ulises no encontró el apoyo que necesitaba. Mientras la fotografía de Ulises comenzaba a circular por las redes sociales, pocos internautas se enteraban de la movilización que madre del joven realizó para dar con el paradero de su hijo.

El 28 de enero, la señora Flores junto a otros habitantes de Tuxpan bloquearon la carretara a Zapotiltic y la Autopista Guadalajara-Colima. La insistencia orilló a los marinos a permitirle el ingreso a la base para revistar si ahí estaba su hijo, pero hasta el momento no hay rastro de él.

La fotografía de Ulises continúa en circulación desde cuentas como @LaAlamedaJal orientadas a la búsqueda de desaparecidos y han articulado una red en varias ciudades del país. Otros colectivos como Por Amor a Ellxs acompañan a los familiares de las víctimas en Jalisco.

Las búsquedas ciudadanas no son intuitivas, ni desorganizadas. Con el pasar de los años, colectivos y familiares han asumido las tareas de búsqueda y han adquirido conocimientos especializados sobre procedimientos jurídicos, científicos, antropológicos y de protocolos de investigación, comenta Darwin Franco, quien ha seguido de cerca los pasos de las familias.

A través de las redes sociales se generan mecanismos para visibilizar y colocar en la opinión pública la agenda en materia de los desaparecidos, su empuje y determinación además llega en momentos a motivar investigaciones periodísticas, agrega Franco.

#SINLASFAMILIASNO

El 31 de agosto de 2017 se consolidó la creación de la FEPD en Jalisco y cuatro meses después de que se emitió el decreto, debido a falta de presupuesto, se dio el nombramiento de un Fiscal. Su creación se encaminó a adelantarse a las disposiciones de la Ley General en Materia de Desesperación Forzada. Sin embargo, Darwin Franco considera que ha obtenido mayor efecto mediático que en la materia.

La nueva Fiscalía comenzó a operar sin considerar a las familias de las víctimas como parte del proceso. En este contexto, la Cepad ha externado su preocupación pues consideran que el rol de los familiares es esencial, así como la medición de la efectividad de estos mecanismos de participación conjunta, pues sin este proceso son vulnerables a la simulación. Esta es una problemática que los familiares de las víctimas han enfrentado también a nivel nacional.

Ante la intención de centralizar los mecanismos de búsqueda por parte del Estado se movilizó en las redes sociales la campaña #SinLasFamiliasNo, una movilización que articuló la discusión desde varios frentes: activistas, ONGs, colectivos e incluso el Comité de la Organización de las Naciones Unidas Contra las Desapariciones Forzadas contribuyeron a generar presión sobre el Congreso de Jalisco. El Movimiento se integra por 50 colectivos de familiares de desaparecidos, de acuerdo con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

#TRAILERDELAMUERTE

La convulsión que la crisis de desapariciones generó en las redes sociales continuó en septiembre, tras darse a conocer que en la caja de un trailer el IJCF había mantenido por años apilados 157 cuerpos de personas desaparecidas; tras la renuncia del director del instituto, se dio a conocer que eran dos los vehículos y en total 322 cuerpos los que habían sido violentados. La indignación por este caso se mantuvo por semanas, potencializado por el impacto de las fotografías en las que incluso se mostró a una persona caminando sobre los cadáveres.

El “tráiler de la muerte” se consolidó como un referente simbólico que ejemplifica la negligencia de las autoridades locales, encabezadas por el entonces Gobernador priista Aristóteles Sandoval, lo mismo que nivel federal, con un Gobierno liderado por el priista Enrique Peña Nieto que fue rebasado por la problemática.

En Jalisco, el simbolismo ha sido empleado como un mecanismo de denuncia que ha trascendido a las redes de los familiares de las víctimas al sumarse la sociedad civil. En medio de la crisis el empleo de símbolos provee a la ciudadanía tanto de herramientas denuncia como de reafirmación de la causa y de autoreconocimiento.

Este es el caso de la apropiación ciudadana de la Glorieta de los Niños Héroes, uno de los principales referentes simbólicos de Guadalajara, renombrada en las protestas como “Glorieta de los desaparecidos”, por ser un sitio frecuente de convergencia de las numerosas protestas, un referente muy similar al contramonumento de los desaparecidos de Ayotzinapa en la Ciudad de México.

https://www.sinembargo.mx/12-12-2018/3509013