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Vecinos de Nuevo León se organizan contra el fracking

David Carrizales / El Universal

Los inconformes acordaron recabar firmas entre los ciudadanos de sus municipios,
para demandar a los respectivos ayuntamientos, declarar a sus comunidades libres
de fracking

Monterrey, NL.- Vecinos de los municipios de Mina e Hidalgo, al norte de Monterrey, en Nuevo
León, rechazaron en asamblea popular celebrada el domingo, que su territorio sea utilizado para la extracción de gas shale mediante la fractura hidráulica.
Los asistentes a la reunión realizada en el auditorio municipal de Mina, acordaron recabar firmas entre los ciudadanos de sus municipios, para demandar a los respectivos ayuntamientos,
declarar a sus comunidades libres de fracking.
Los habitantes de Mina destacaron que hace más de 60 años, el municipio era reconocido por
sus cultivos de caña de azúcar y las moliendas para la fabricación de piloncillo; pero fue
descertificado por la perforación de decenas de pozos para alimentar a la zona metropolitana de Monterrey.
Luego, hace más de 20 años, el municipio fue seleccionado para construir el primer
confinamiento de residuos peligrosos de todo el país, y en el sexenio del exgobernador Rodrigo Medina se inició la edificación de un nuevo reclusorio que está suspendido por falta de recursos.
Por lo anterior, advirtieron, esta vez no permitirán que se pretenda extraer gas shale de su
territorio, porque sería la muerte para el municipio, y para muchos de sus habitantes por el
agotamiento y/o contaminación de sus mantos freáticos, además de la proliferación de
enfermedades.
Coral Rodríguez, originaria de Hidalgo y residente en Mina, expresó que las autoridades
federales le apuestan a que los ciudadanos de Nuevo León, están distraídos, peleándose en
defensa de sus candidatos y en la descalificación de los contrarios, para realizar de un
momento a otro las licitaciones de los bloques de explotación de gas shale, que comprenden
26 de los 51 municipios del estado.
Ante unas 80 personas, señaló, “no venimos a buscar culpables, vamos a buscar nuestra
defensa, y a dejar claro que pesa más la autonomía municipal que cualquier orden del gobierno
federal, aquí no hay de dos sopas, esto lo evitamos, porque si lo permitimos es una sentencia
de muerte”.
Comentó que cuando escuchaba hablar de la reforma energética, pensó que era algo que si no
beneficiaba, a lo de Mina no los iba a perjudicar, pero ahora comprende que los gobernantes
están moviendo los hilos “para desgraciar a México en su totalidad, y veo que Mina, Hidalgo,
Salinas Victoria y Bustamante, también están en la lista”.
Expresó que ya está autorizado que se liciten estas tierras para la extracción de gas shale, y una
vez que se entreguen a las compañías extranjeras, ya no habrá marcha atrás, sufriremos un
daño irreversible, para siempre; “pero no nos vamos a dejar, qué saben de la vida que hay en nuestro desierto, estamos en pie de lucha, pero en paz”.
Recordó que hace unos años, los ejidatarios de Mina fueron convencidos para que vendieran
sus tierras a familiares del ex gobernador Rodrigo Medina, y amigos. Entonces pensaron que
serían utilizadas para proyectos de apoya a la infraestructura del penal de Mina, o para
parques de energía eólica, pero ahora se preguntan si no fue porque conocían de los proyectos
para extracción del gas shale.
“Hago un llamado a toda la gente de Mina, la lucha será larga, necesitamos a los jóvenes y la
esperanza de los viejos; nunca se les dijo a nuestros ejidatarios para que querían la tierra. Nadie
nos dijo que querían venir a poner un campo de muerte, pero no nos vamos a dejar”, señaló
Rodríguez.
Al encuentro acudieron Juan Carlos Armadillo, de la Alianza Mexicana contra el Fracking y del
Movimiento Ambientalista en Defensa de la Tierra y de la Vida, quien destacó que si la gente
de la región no toma conciencia del problema que se viene encima, en unos años “vamos a
tener tierras desoladas y generaciones enfermas de cáncer, enfermedades cardiacas y otros
males.
Agregó que la fractura hidráulica ya se ha prohibido en muchos países y grandes regiones de
Estados Unidos, pero se sigue permitiendo en México y otras naciones con gobiernos corruptos
de América Latina.
El biólogo Antonio Hernández Ramírez, señaló que Mina es un municipio estratégico para esta
industria de muerte, por la existencia de agua limpia en el subsuelo, que se requiere para la
fractura hidráulica.
Comentó que la gente de Nuevo León ya está sufriendo las consecuencias de esa práctica, pese
a que apenas está en su etapa inicial, por ejemplo en Los Ramones, donde se perforaron dos
pozos para el fracking, y según testimonios de los lugareños, los pozos que utilizaban para
riego o consumo doméstico se secaron, y cuando han querido abrir otros, encuentran el agua
contaminada con petróleo y otras sustancias incluso a dos mil metros de distancia.
Otra consecuencia documentada por el doctor Juan Manuel Rodríguez, jefe de Geohidrología y
Geofísica de la UANL, es que hay una relación directa entre los sismos que se han presentado
en Nuevo León con la práctica de la fractura hidráulica, causando daños en las construcciones
de Los Ramones.
Según Hernández, en el momento que se intensifique la extracción de gas shale, se elevará el
riesgo de sismos de mayor magnitud en la zona metropolitana de Monterrey, que podría sufrir
graves daños porque no está preparada para ese tipo de fenómenos.
El activista señaló que una forma que tienen las comunidades ejidales es que en asamblea
acuerden impedir el fracking, pese a la contrareforma agraria que impulsó el expresidente
Carlos Salinas de Gortari, para facilitar la inversión privada en el campo.
O obstante advirtió que la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, estableció que la
exploración y explotación de gas shale, es de utilidad pública y tiene prioridad sobre cualquier
otro uso de la tierra, incluyendo el agropecuario, a tal grado que si el propietario no accede a
vender o ceder su tierra para la explotación, puede ser expropiado por causa de utilidad
pública.
Pero asentó que cuando una empresa quiere desarrollar un proyecto, deberá contar con
permisos municipales, relativos al impacto ambiental e impacto social, y es ahí donde la
población debe exigir a sus ayuntamientos que no permitan ese tipo de proyectos.
Mencionó que en Oaxaca, mediante ese tipo de acciones las comunidades campesinas o
indígenas han impedido la operación de parques eólicos, debido a que los grandes beneficiarios son pequeños grupos de inversionistas nacionales o extranjeros, que a cambio de pequeños
beneficios temporales, ocasionan afectaciones permanentes.

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