Guerrero, el mayor productor de opio en América, El País
Agencia Proceso
Ciudad de México. El estado de Guerrero, donde el crimen organizado convive día a día con la miseria y la corrupción, se ha convertido en el mayor productor de opio en América.
Así lo destaca el diario El País en una crónica del corresponsal Jan Martínez Ahrens, quien recogió numerosos testimonios de campesinos que siembran y recogen opio para el crimen organizado.
De acuerdo con el periodista, de las montañas de Guerrero “parten los inacabables cargamentos que nutren, por delante del triángulo de oro de Sinaloa-Durango-Chihuahua, al gran devorador mundial, Estados Unidos”.
En esa zona con los mayores índices de violencia en México, añade, “reina el caos y la violencia pura”.
El representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Antonio Mazzitelli, explica al diario que en Guerrero “no hay presencia del Estado, ni carreteras ni hospitales; ni siquiera el narco está bien organizado. El mercado de la droga se lo disputan grupos criminales antagónicos”.
Es, subraya, un territorio marcado por la impunidad, donde asesinar es cotidiano y el miedo una constante. “No existen detenciones. Al narco, en la montaña no se le menciona”.
El reportaje resalta el círculo letal en el que se encuentran las familias guerrerenses, asediadas por la voracidad de los narcotraficantes. “Entre más opio, más dinero y más muerte”, apunta.
Luego enumera las cifras oficiales: la producción de amapola en México se ha disparado 50 por ciento en los últimos cinco años, según la agencia antidroga estadunidense (DEA).
También sostiene que el efecto ha sido devastador y las muertes por sobredosis se han triplicado desde 2010 en Estados Unidos, y en el sur, en estados como Guerrero, la negra tierra de Iguala, todo se ha venido abajo. Y Acapulco es la tercera ciudad más violenta del mundo.
Explica que después de 10 años de extenuante lucha contra el narco, el saldo es negativo para el país, que ha quedado debilitado con la cifra de cien mil muertos y 25 mil desaparecidos.
Ante ese panorama, destaca, el gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, ha pedido públicamente la legalización de los cultivos de opio para uso medicinal. “El mismo gobierno de Enrique Peña Nieto ha anunciado que estudia la propuesta”, expone.
Mientras tanto, acota, “no solo el crimen organizado sigue ahí, también la miseria, la corrupción y la permanente amenaza de destrucción”.
Notas vinculadas en El Sur:
El narco ganó el bono demográfico del país, señala la Cepal
Agencia Reforma
Claudia Guerrero
Ciudad de México. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), advirtió que el narcotráfico se ha quedado con el bono demográfico de México, que son sus jóvenes.
Durante una reunión con senadores, la funcionaria pidió no dejar a esa población en manos del crimen y apostar a su educación y desarrollo.
“México tiene todavía una pequeña ventana de oportunidad para ese bono demográfico, apostarlo a la educación y a la innovación y no entregárselo por favor al narcotráfico, que es quien está ganando en el bono demográfico en México y en Centroamérica”, afirmó.
Bárcena destacó la importancia de garantizar el Estado de Derecho como un tema central.
Sin embargo, al ser cuestionada sobre los problemas de corrupción que enfrenta el país, consideró que ese fenómeno no ha afectado las inversiones.
“Por lo pronto, lo que nosotros hemos evaluado es que México va a seguir recibiendo inversión extranjera directa; es el único país, por cierto, 28 mil millones de dólares el año pasado”, dijo.
–¿A pesar de los índices de corrupción? –, se le preguntó.
–Exactamente, México sigue siendo un país confiable –, respondió.
La funcionaria también se refirió al a desigualdad, tras referir que sólo 62 personas concentran el equivalente a la riqueza de la mitad de la población del planeta.
Al hablar sobre el caso de México, pidió a los legisladores revisar si las 11 reformas estructurales aprobadas se alinean con los objetivos del desarrollo sostenible.
De manera particular, subrayó la importancia de dar seguimiento a la reforma fiscal tras recordar que la evasión fiscal en el mundo alcanza los 320 mil millones de dólares anuales, lo que representa el 6.3 por ciento del PIB.
“¿Qué tenemos que hacer? Ustedes, por favor, fiscalizar la reforma fiscal, que la gente pague, que se paguen los impuestos. Eso es nada más de evasión de recursos domésticos”, planteó.
Bárcena advirtió que también existe otro tipo de evasión fiscal, operado por las grandes trasnacionales que no pagan impuestos en todos los países donde reciben ganancias.
“Además de esta evasión fiscal que ocurre a nivel doméstico, ocurre otra, que es la salida de fondos ilícitos por la vía de empresas trasnacionales que tributan fuera del lugar donde hacen las ganancias”, dijo.
“Proponemos que la tributación de las empresas trasnacionales que vienen a operar a nuestros países hagan el tributo, paguen sus impuestos en el lugar donde hacen las ganancias”.
En otro tema, Bárcena consideró que México debe pelear en el marco del G-20 por un trato equitativo de los organismos financieros internacionales.
“México debe llevar una posición al G-20 de decir: Nosotros ya no podemos seguir adelante si no hay una gobernanza financiera en el mundo que le dé un lugar primero a los países en vías de desarrollo equitativamente en las instituciones”, expuso.
“Como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Los asientos que le corresponden por el tamaño de sus economías, y los votos”.
La funcionaria retó al país a definir sus metas en temas como las energías limpias, donde países de la región como Costa Rica y Chile muestran importantes avances.
“¿México qué dice? Es decir, yo creo que es por ahí donde debemos ir trabajando”, agregó.
Ejército y Marina realizan ejecuciones sumarias, afirma The New York Times
Sostiene el diario estadunidense que los soldados actúan para matar, pues por cada enemigo que hieren asesinan a ocho personas. La Marina mata a 30 por cada herido
Mathieu Tourliere / Agencia Proceso
Ciudad de México. El Ejército mexicano opera para matar. Por cada enemigo que hieren, los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asesinan a ocho personas y en el caso de la Secretaría de Marina (Semar), la tasa de letalidad es aún mayor: los marinos asesinan a 30 personas por cada una que hieren, según un reportaje que publicó ayer el diario New York Times.
Al retomar las cifras oficiales, el rotativo neoyorquino observó que estas tasas de letalidad son increíblemente elevadas, ya que según el Comité Internacional de la Cruz Roja, “en muchas formas de combate entre grupos armados, alrededor de cuatro personas están heridas por cada persona asesinada”.
“Los militares dejaron de publicar sus estadísticas sobre matanzas hace dos años. Sin estos datos, dicen los expertos, resulta difícil saber qué tan violenta se volvió la guerra contra el crimen organizado”, planteó.
Para entender esta disparada tasa de letalidad, el New York Times no dio mucho crédito a la explicación de las autoridades mexicanas, según las cuales “los soldados de la nación están simplemente mejor entrenados y mejor equipados que los cárteles que combaten”. En su lugar, el periódico sostuvo que “hay ejecuciones sumarias”.
De acuerdo con el rotativo, paralelo al despliegue del ejército en el país –decidido por el ex presidente Felipe Calderón en su llamada Guerra contra el Narcotráfico–, surgieron violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, planteó que “los militares permanecen relativamente inmunes, protegidos por un gobierno reacio a actuar contra la única fuerza capaz de combatir”.
El NYT recordó que en su último informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “condenó el balance de México en materia de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales”. Luego, enlistó algunos de los casos de violaciones graves a los derechos humanos en los que se involucró el ejército, entre ellos la masacre de Tlatlaya o la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
“Poco ha sido emprendido para investigar las miles de acusaciones de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales”, abundó y recordó que solamente 15 de las 4 mil quejas por tortura que la Procuraduría General de la República (PGR) recibió desde 2006 desembocaron en condenas.
Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre tortura, aseveró al periódico que “si el gobierno sabe que es frecuente y que no hay prosecuciones, y que los (casos) que sí investigas terminan yendo a ningún lugar, la culpa recae en el Estado”.
El New York Times también planteó la responsabilidad del ejército estadunidense y sus “crecientes lazos” con las fuerzas armadas mexicanas, los cuales despiertan críticas entre ciertos legisladores demócratas.
“En la historia de las guerras modernas, resulta más probable que los combatientes hieran a sus enemigos a que los maten”, dijo.
Según las cifras oficiales que retomó la publicación, el ejército mexicano mató a 3 mil personas entre 2007 y 2012 y sufrió 158 bajas.
Y remató: “Mientras las quejas por tortura contra el ejército disminuyeron desde 2011 –lo que coincidió con una reducción general del número de tropas desplegadas en el país–, la letalidad de sus combates no declinó”.