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Caso Tlatlaya: La tortura a tres mujeres sobrevivientes

MÉXICO, D.F., (apro).- Las tres mujeres que sobrevivieron a la masacre de Tlatlaya fueron víctimas de todo tipo de abusos y tratos degradantes por al menos 20 servidores públicos mexiquenses que se encuentran actualmente sujetos a investigación, a solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Según la recomendación de la CNDH 51/2014 del 21 de octubre del año pasado, las mujeres fueron amarradas de pies y manos; además, simularon asfixiarlas hundiendo sus cabezas en el agua de una taza de baño y/o con una bolsa de plástico, amenazaron con violarlas y golpearon en lugares que no dejaran huella para que se declararan culpables y aceptaran su pertenencia a una banda de secuestradores o de la delincuencia organizada.

También para que omitieran declarar sobre las ejecuciones que habrían cometido soldados contra civiles rendidos.

En su recomendación, la CNDH señala que logró acreditar la tortura y agresiones sexuales cometidas por parte de personal adscrito a la PGEM, en agravio de las tres mujeres que estuvieron presentes en la bodega donde perdieron la vida 22 personas delas cuales ocho habrían sido ejecutadas por soldados.

Según los testimonio de las sobrevivientes, tras el enfrentamiento ocurrido la madrugada del 30 de junio de 2014, que duró entre cinco y 10 minutos según su versión, debido a que las personas que estaban adentro de la bodega se rindieron rápidamente, elementos militares entraron y las aseguraron, igual que a otros dos hombres de entre 17 y 20 años que, igual que ellas, estaban secuestrados.

Las tres mujeres y los dos hombres permanecieron en el fondo de la bodega y después fueron trasladadas a un cuarto frontal de la bodega, del lado sur.

Durante este lapso, seguían oyendo disparos aislados. Eran las armas del ejército accionadas contra las personas rendidas, según las sobrevivientes.

Una de ellas declaró que aproximadamente a las 7:00 de la mañana, un par de horas después del enfrentamiento, llegó a la bodega una persona “alta, de bigote, con uniforme diferente al de los demás militares”, quien se acercó a los dos jóvenes y les preguntó en qué trabajaban y su edad.

Luego dijo que “los acompañara, que les iban a tomar una foto”. En ese momento escuchó disparos provenientes del fondo del cuarto, y enseguida regresó el mismo sujeto ya sin los dos jóvenes.

Más tarde, el mismo militar se dirigió en tono molesto con ella y le dijo que “si no cooperaba, él se encargaría de llevarla a la cárcel”.

El verdadero infierno para las tres mujeres inició cuando fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial del fuero común y llevadas a las instalaciones de la Fiscalía de asuntos especiales en Toluca.

La CNDH entrevistó a una de las víctimas el 30 de septiembre del año pasado. La identifica como V24 en su recomendación.

Ella contó que una de las mujeres del personal ministerial de la PGJEM no las trataba bien
Cuando llegaron a las instalaciones de la Procuraduría en Toluca, la sentaron y le informaron que le iban a tomar su declaración. Un abogado de unos 35 años, calvo, la llevó a una oficina donde la interrogó, con él estaban tres personas más, entre ellas una mujer, quien le pidió su contraseña de Facebook.

Mientras la mujer hurgaba en el perfil de la víctima, el abogado calvo le decía que la iban a hacer hablar, “que tenía una forma de hacer hablar a la gente sin que se le notaran los golpes”. La pateó en los costados del cuerpo y la amenazó con hacer daño a su familia, de la que estaban tomando nota en su perfil de la red social, le dijo que “no les costaba nada poner sus manos en las armas”.

Tomándola de los cabellos, la volvieron a poner en la silla y le preguntaron “quién era el (líder) de ahí”, le dijeron que era la mujer de alguno de ellos y le exigieron decir a qué sicarios conocía.

Cuando contestaba que no sabía le pegaban en la cara y en la cabeza con los nudillos. “Ahora resulta que te vienes a hacer la inocente”, le dijeron.

El “interrogatorio” duró unos 30 minutos, según el testimonio, y al final la amenazaron de no decir nada de lo ocurrido o de lo contrario “su hija quedaría en un orfanato”.

Al día siguiente, en la madrugada, la llevaron a otro lugar cercano. La metieron a un baño con tres hombres y uno de ellos le dijo que ahí “ellos hacían hasta que los muertos hablaran”.

Le jalaron el cabello, le pegaron en las costillas, y con una bolsa de plástico la asfixiaron. No se podía mover le colocaron brazos y piernas cruzadas por la espalda. Intercalaron el interrogatorio y la bolsa durante varios minutos, alrededor de tres veces, hasta que uno dijo “esa vieja se nos va a morir”.

Luego metieron su cabeza a la taza del baño, unas cuatro veces mientras le decían que tenía que decir que las personas fallecidas “habían matado a 10”, a quienes pusieron en bolsas negras, y que ella daba de comer a los secuestrados.

No paró ahí. Uno de los hombres amenazó con violarla, se bajó el pantalón y le ordenó que se inclinara. En ese momento ella accedió a declarar lo que le indicaran, firmó lo que le dieron, sin leerlo.

Otra de las sobrevivientes, identificada como V25, corrió la misma suerte. En su declaración dijo que los militares habían ultimado a varios en la bodega y una de las abogadas que estuvo presente en la bodega tras el enfrentamiento la llamó mentirosa, “que los militares no habían matado a nadie” y ordenó a la persona que tomaba nota que borrara lo que había declarado.

También la llevaron al baño, pero en esta ocasión había seis hombres. Uno de ellos le preguntó si “quiere que la traten como persona o como animal, aquí sabemos pegarle a las personas sin que se note”. Luego entre todos la golpearon en la cabeza con los nudillos y las palmas, la insultaron, hasta que uno de ellos sacó la bolsa de plástico para asfixiarla. La maniobra se repitió en cinco ocasiones.

Al intentar librarse, le preguntaron “si ya iba a hablar”, entonces sacaron una lista con nombres y una videocámara y le dijeron que a lo que le preguntaran, tendrían que decir que sí. También la amenazaron con violarla y también firmó una declaración que no leyó.
La tercera mujer corrió con mejor, suerte porque no la golpearon.

La CNDH solicitó a peritos médicos y psicólogos una valoración por posibles violaciones a derechos humanos, tortura, malos tratos o inhumanos y/o degradantes, conocido como Protocolo de Estambul.

La valoración se realizó el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre y se tomaron en cuenta los certificados médicos y estudios psíquicos físicos realizados por peritos de la PGJEM, Procuraduría General de la República (PGR), y del personal médico del Cefereso No. 4 Noroeste.

Los certificados médicos corroboraron el dictamen de integridad física realizado por peritos de la PGR el 6 de julio de 2014 “en donde se certificó, respecto a V24, que presentó dos costras hemáticas puntiformes en codo izquierdo, equimosis rojo violácea irregular de 3×13 centímetros en cara lateral derecha del tórax a nivel de línea axilar media y noveno arco costal, equimosis difusa rojiza irregular de 5×2 centímetros en flanco izquierdo”, señaló la CNDH.

En cuanto a la valoración psicológica, se le diagnosticó que “tiene problemas para conciliar el sueño, miedo por ella y su familia, recuerdos recurrentes e invasores y sentimientos de tristeza”.

En el caso de V25, los síntomas psicológicos diagnosticados fueron: “labilidad emocional, sentimiento de soledad y desprotección, hipersomnia, aislamiento o intolerancia, recuerdos permanentes de lo ocurrido en la bodega y durante su detención, que no puede ser limitados voluntariamente y despersonalización (pérdida de la identidad que suele ir acompañada de un sentimiento de extrañeza hacia sí misma, confusión y desorientación en el tiempo y espacio)”.

En su recomendación, la CNDH, estimó que “si bien no se cuenta con elementos para determinar quiénes fueron los servidores públicos que torturaron a las agraviadas, lo que es un hecho es que fueron trasladadas a las instalaciones de la Procuraduría en la ciudad de Toluca, donde fueron puestas a disposición del fiscal especial de homicidios, y que fue en instalaciones de dicha dependencia de esa ciudad, en donde fueron torturadas y obligadas a declarar contra su voluntad”.

Además, señaló que “es muy probable” que además de la participación del personal adscrito a la fiscalía regional de Tejupilco de la PGJEM, haya participado personal de la fiscalía de asuntos especiales en Toluca, ya sea a través de los agentes ministeriales o de la policía ministerial.

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