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Violaciones graves a derechos humanos en caso Tlatlaya, reclasifica CNDH

Lucia Joselin Muñoz

En un comunicado emitido el pasado 13 de enero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reclasificó el expediente del caso Tlatlaya de “violación a los derechos humanos” a “violaciones graves”, ordenándose notificar a las víctimas, al Secretario de la Defensa Nacional, al Procurador General de la República y al Gobernador del Estado de México: “con el fin de que las autoridades a quienes fue dirigida la Recomendación 51/2014, tomen en cuenta este hecho en las acciones que implementen para dar cumplimiento a la misma”, versa el documento.

Mediante indagatorias integradas en el expediente CNDH/2/2014/5390/Q, la CNDH recabó evidencia suficiente de que la madrugada del 30 de junio de 2014 elementos del 102 Batallón de Infantería de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) ejecutaron de manera extrajudicial a al menos 12 civiles en la localidad Cuadrilla Nueva del municipio de Tlataya, Estado de México.

El expediente culmina en la recomendación 51/2014, en la que la CNDH señala que los hechos fuero violatorios de las disposiciones del Manual de Uso de la Fuerza, al haberse usado armas letales sin justificación y de manera irracional contra víctimas sometidas, violando así el derecho a la protección de la vida, pues al menos 5 elementos del 102 Batallón de Infantería dispararon contra las víctimas mientras éstas se encontraban desarmadas, de rodillas y pidiendo clemencia por su vida, según relatan víctimas sobrevivientes y otros testigos, lo cual documenta el organismo entonces a cargo de Raúl Plascencia Villanueva.

Además se hace referencia a dos personas más que presumiblemente estaban secuestradas el lugar y día de los hechos y que fueron ejecutadas posteriormente, luego del arribo de otros elementos de las fuerzas armadas al lugar y a plena luz del día, testigos señalan que alrededor de las 7 de la mañana, llegó una persona “alta, de bigote, con uniforme diferente al de los demás militares”, que se acercó a los dos jóvenes, les hizo preguntas y les dijo que “los acompañara, que les iban a tomar una foto”, los sacó del cuarto y presumiblemente les disparó, inmediatamente después regreso al cuarto sin ellos.

Entre los hechos atribuibles a fuerzas castrenses se señala también la complicidad de aquellos elementos que si bien no participaron en las ejecuciones, han encubierto a quienes sí con su silencio y, en el mismo sentido, haber manipulado la escena del crimen, obstruyendo el acceso a la verdad. Así mismo, se les imputa responsabilidad por haber violado el derecho a la integridad y seguridad de las personas, esto en agravio de 3 de las víctimas sobrevivientes.

Si bien la recomendación no menciona (aunque no descarta) responsabilidad de altos mandos, si señala que el teniente “AR1”, comandante de la Base Militar de Operaciones San Antonio del Rosario “tuvo conocimiento de lo ocurrido y muy probablemente lo pudo haber ordenado o consentido”.

Por otro lado, la recomendación también señala a funcionarios públicos adscritos a la PGR por diversas violaciones a los derechos humanos, entre ellas el encubrimiento “Ello se dice porque hasta el momento, no existe un reconocimiento de que los elementos militares hayan privado arbitrariamente de la vida a las personas que se encontraban al interior de la bodega, ni sobre quien dio la orden o consintió esta situación”.

La PGR también es señalada por el proceso irregular contra una de las víctimas sobrevivientes, quien fueron sometida a tortura física y psicológica por personal de la procuraduría para obligarla a confesar su relación con personas fallecidas el día 30 y con miembros de la delincuencia organizada, además fue obligada a proporcionar su contraseña de Facebook y se documentan amenazas contra la víctima como que “la iban a hacer hablar, que tenía una forma de hacer hablar a la gente sin que se le notaran los golpes” o que “su hija quedaría en un orfanato” mientras la golpeaban en el costado del cuerpo y en la cara, diciéndole también que “no les costaba nada poner sus manos en las armas”, también se documenta que sufrió tortura por asfixia y su cabeza fue metida en la taza del baño, también fue amenazada con ser violada, denuncia a su vez que la abogada de la procuraduríala llamó “mentirosa” durante su declaración diciendo“que los militares no habían matado a nadie”, por lo que le ordenó a la persona que tomaba nota que borrara lo que había declarado.

Por estas y otras irregularidades que documenta la CNDH, el 21 de octubre del 2014 el organismo emitió la recomendación 51/2014 por “violaciones a los derechos humanos” dirigida al General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario General dela SEDENA, a Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República y a Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México, recomendación que apenas y se ha cumplido parcialmente y que, la Comisión reclasifica como “violaciones graves” a los derechos humanos para su atención.
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