Migrar por México, más riesgoso para los niños

Las nuevas políticas migratorias en México vulneran aún más a las infancias migrantes que cruzan por el país. El Estado mexicano carece de una metodología para medir de forma eficaz las violencias que enfrentan los niños y niñas en su paso por el territorio nacional.

Texto: María Ruiz

Foto: Archivo/ Ximena Natera

La falta de cifras exactas sobre cuántos niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes pasan por México dificulta conocer los niveles reales de vulnerabilidad y violencias a las que se enfrentan.

“La cifra oficial se basa en eventos de personas detenidas por autoridades migratorias pero son eventos, no personas; una misma persona que fue detenida, deportada y luego regresó a México se vuelve a contar en la estadística anual”, explica Rosalba Rivera, gestora de casos de niñez migrante del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) sobre la estadística migratoria construida a partir de los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración (INM).

El INM maneja la cifra de 8 mil 569 niños, niñas y adolescentes migrantes que pasaron por México en lo que va del 2019 pero conocer la cifra real hasta ahora ha sido imposible, y conocer cuántos de ellos han sufrido violencia más. Esto, explica Rosalba, se debe a que no hay forma de medir esas cifras, ya que ninguna autoridad en la frontera revisa quién entra de manera irregular.

Las personas que han sido víctimas de violencia tampoco denuncian, por el miedo a ser deportados, y no hay evidencias para saber cuántos niños han sido víctimas de violencia, añade la gestora.

-¿Cuáles son las consecuencias de no tener estas cifras?

“Una consecuencia en macro sigue siendo la impunidad con las bandas de tráfico, de trata, de extorsionadores. Otra consecuencia es en la vida de las personas, para los niños son experiencias que pueden ser traumáticas para el resto de su vida”, dice Rivera.

El Estado mexicano a través del Sistema Integral de Protección a NIños, Niñas y Adolescentes asumió el compromiso de establecer una base de datos de niños migrantes, las condiciones en las que viajan, si han sido víctimas, pero no es algo que se esté llevando a cabo.

“Es muy difícil, tendría que haber un cruce de muchas instituciones que estén coordinadas en salvaguardar los derechos de los migrantes, una intención coordinada de parte de las instituciones de diferentes sectores para hacer una base de datos conjunta para la que se requerirían metodologías de recaudación de datos: ir a las casas de migrantes para saber cómo están, qué condiciones tienen”, ejemplifica Rivera.

El Comité de los Derechos del Niño del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, en las Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados en México, exhortó al Estado mexicano a recolectar datos desagregados para conocer e identificar casos de NNA migrantes, refugiados y desplazados.

“Las estadísticas permitirían diseñar esquemas de alerta temprana para resolución de conflictos; para detectar qué entornos presentan niveles de riesgos más altos y para asignar recursos de manera más eficiente para la implementación de atención a la violencia”, contó Christian Skoog representante de UNICEF en México en la presentación del informe: Panorama Estadístico de la Violencia contra NIñas, Niños y Adolescentes en México, donde también se habló de contar con registros de la situación de niños sin cuidados parentales en situación de migración.

Rosalba señala las violencias que viven los menores al pasar por el país:

Los que vienen acompañados son los que viven violencias de las más graves: extorsiones, secuestros, discriminación y xenofobia; los niños no acompañados llegan con la idea de que en la frontera norte van a pasar si sirven a las bandas de tráfico de drogas a cruzar en mochilas droga. Incluso les pagan para que convenzan a otros adolescentes a trabajar con ellos. Como entran al tráfico de drogas también tienen el riesgo de consumo, ya les pagan con droga o con dosis y pueden tener problemas de adicción que no tenían, señala la especialista.

Otra de las violencias es que al llegar a México, al no tener CURP ni estar dentro del sistema, no pueden acceder a servicios de salud, becas, programas sociales de gobierno y se enfrentan a violencia estructural que los excluye.

Los cambios recientes en la política migratoria, además, conllevan más detenciones y con eso nuevos riesgos:

“El tema de la política migratoria ha puesto más acento en la detención, estar hacinados en las estaciones migratorias sin una certeza de cuánto tiempo van a estar ahí, sin una certeza de sus derechos, con la incertidumbre de estar en un lugar desconocido en zonas prácticamente carcelarias para los niños es una violencia muy fuerte que marca sus vidas”, apunta Rosalba Rivera.

Para la activista actualmente el riesgo para los menores es alto porque la vigilancia de la Guardia Nacional ha hecho que recorran caminos más complejos o que sigan a traficantes por zonas más riesgosas donde no hay organizaciones que estén cerca por si necesitan acompañamiento: “El riesgo es que los traficantes ahora tengan un negocio más gordo. Incrementa el negocio para ellos e incrementan los riesgos para las personas, sobretodo para los niños” reflexiona.

“El riesgo es que los traficantes ahora tengan un negocio más gordo. Incrementa el negocio para ellos e incrementan los riesgos para las personas, sobretodo para los niños” reflexiona.

Antes que migrantes son niños
En el nuevo contexto de México respecto a la migración, para Rosalba la seguridad de los NNA migrantes deberá ser una responsabilidad mucho más seria para el Estado mexicano y para las organizaciones:

“A México le va a tocar brindar la protección que anteriormente Estados Unidos (EU) brindaba, aunque no en el discurso, ya que los niños lograban pasar, había muchas opciones con las que Estados Unidos les daba seguridad. Ahora como va a ser más difícil que los niños se quedarán en México. Ver si lo que se necesitan son programas para conseguir autonomía o familias de acogida no solamente pensar en la opción a corto plazo de tener albergues”.

Imumi señala la urgencia de que no existan niños, niñas ni adolescentes en detención, porque ven que la tendencia de la nueva política va por esos caminos lo que los pone en situaciones deplorables, además de violar la ley mexicana y los acuerdos internacionales que ha firmado.

“La detención de niños es de las violencias más grandes y de las consecuencias más fuertes”, advierte Rosalba.

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