CONVERSATORIO
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“Tenemos una juarización encabronada”: David Mancera

Alejandro Melgoza

David Mancera Figueroa, presidente de la organización Solidaridad por las Familias, lo dice sin tapujos: “Tenemos en el Estado de México una juarización encabronada”, en alusión a lo que vivió Ciudad Juárez en la década de los noventa en materia de feminicidios. Dice que esta problemática no es desconocida para el actual gobernador, pues desde hace años ha estado en la brega política al lado del Grupo Atlacomulco, que ya encumbró en Los Pinos a su primer hombre: Enrique Peña Nieto.

En San Pedro Xalostoc, Ecatepec, no es ningún secreto que el gobernador Eruviel Ávila Villegas haya empezado su precampaña con miras al 2018. El Chapeado Junior, como le dicen quienes lo estiman, está lejos de ser el político de cuna humilde que en sus años mozos trabajó en una vidriería y fue cobrador en los camiones de la ruta San Pedro Santa Clara, como intentaron mostrarlo sus imagólogos en los promocionales televisivos.

“La gente no lo quiere en su propio lugar de origen, porque perdió el piso. Para qué nos hacemos pendejos. Él está en precampaña”, sostiene doña Norma, cuya familia lleva décadas viviendo en esa geografía otrora llena de planicies con nopaleras. Hoy, el pueblo y el municipio están carcomidos por la pobreza, la falta de agua potable, electricidad y demás servicios básicos.

Como muchas de las colonias de los 125 municipios mexiquenses, San Pedro Xalostoc y la zona conurbada se convirtieron en una virtual tumba para las mujeres. Hay cruces clavadas en camellones, baldíos, calles; lo mismo entre los pastizales y las orillas de las carreteras, con flores marchitas y epitafios borrosos como única seña de identidad. Esa situación movió a las organizaciones sociales y ciudadanas a solicitar desde la década pasada una Alerta de Violencia de Género (AVG) al entonces gobernador Enrique Peña Nieto.

David Mancera Figueroa, presidente de la organización Solidaridad por las Familias, lo dice sin tapujos: “Tenemos en el Estado de México una juarización encabronada”, en alusión a lo que vivió Ciudad Juárez en la década de los noventa en materia de feminicidios. Dice que esta problemática no es desconocida para el actual gobernador, pues desde hace años ha estado en la brega política al lado del Grupo Atlacomulco, que ya encumbró en Los Pinos a su primer hombre: Enrique Peña Nieto.

En efecto, Ávila Villegas tardó cuatro años en solicitar la AVG a la Secretaría de Gobernación, la cual se activó finalmente en julio pasado, pero constreñida sólo a 11 de los 125 municipios mexiquenses donde la violencia se desbordó.

Organizaciones como la de Mancera Figueroa advierten las altas probabilidades de que el mandatario intente sacar raja política con la AVG para su precampaña presidencial, pues a más de tres meses de que se emitió, “su administración no tiene una cartografía de los crímenes de género; apenas llevan dos o tres reuniones y no han podido concluir con una matización para poder atenderlos. No es más que un maquillaje”, dice el activista a Variopinto.

Velvet Romero García, maestra en Estudios de Género y candidata a doctora en Sociología en el Colegio de México, dice que la AVG puede ser usada con fines distintos a los que se creó. Y se pregunta: “¿Cómo entender que, en dos oportunidades, Ávila Villegas mantuvo condiciones precarias de vida en Ecatepec, violencia exacerbada hacia las mujeres, prácticas de impunidad y corrupción, y ahora, como gobernador, simplemente reconozca el problema de la violencia en ciertos municipios mexiquenses?

El fallo histórico de la Corte

En marzo de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por unanimidad otorgar un amparo con el fin de que se reabriera el expediente de Mariana Lima Buendía, asesinada el 28 de junio de 2010 por su esposo, Julio César Hernández Ballinas, un policía judicial. La Sala destacó que, con base en los estándares internacionales, nacionales y locales, así como derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, cuando se investigue el caso de una muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben indagar con perspectiva de género.

Ese caso —llevado por la madre de la víctima, Irinea Buendía, de 62 años, junto con Amnistía Internacional y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)— fue considerado un “fallo histórico” que dinamitó el precedente para la AVG.

“¿Por qué lo hace?”, se pregunta Mancera Figueroa y responde: “Porque se ve obligado, antes de que la SCJN le diga que está desacatando una instrucción directa, porque, ¡ojo!: la recomendación no es al Estado de México, es al Estado mexicano […] (El gobernador Ávila Villegas) le tiene miedo al desafuero, al juicio político, pero también tiene miedo porque intenta ser candidato a la presidencia de la República para 2018”.

El pasado 9 de julio Ávila Villegas solicitó la alerta de género a Gobernación con el argumento de que “la alerta nos permitirá fortalecer nuestras políticas públicas a favor de las mujeres e incluso obtener recursos adicionales para canalizarlos al sector {…} Aun cuando la tendencia dice que no somos la entidad con el mayor índice de estos delitos, nuestro compromiso con las mujeres es tan fuerte, que con un solo caso que exista debemos estar alerta, pues nos preocupa y nos ocupa”.

En su discurso no consideró las solicitudes hechas en ese mismo sentido por organizaciones sociales y ciudadanas desde la década pasada. En 2008, por ejemplo, Solidaridad por las Familias y otras organizaciones sociales como la OCNF, apoyados por familiares de las víctimas, hicieron una solicitud ante Gobernación. “Cuando nos entrevistamos con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, nos decían que requerían expedientes para poder realizar la investigación que nos tiraron abajo. El OCNF presenta una moción en 2009 y el gobierno del Estado de México se ampara.

“Finalmente, el Observatorio, junto con otras organizaciones, presentan otro amparo y le ganan, entonces se nombran tres investigadoras internacionales, mismas que fueron bloqueadas por el gobierno mexiquense, de tal modo que de sesenta y tantos expedientes que se entregan, sólo reciben cuatro. Las investigadoras concluyen que los datos entregados por el gobierno no coinciden con los de las organizaciones sociales. El gobierno finalmente crea la Subprocuraduría de Género”, comenta Mancera Figueroa.

Desde mayo de 2014, Variopinto ha buscado a Ávila Villegas para hablar sobre la situación de inseguridad y la violencia de género. Hasta el cierre de esta edición, no ha respondido.

Esto puede terminar muy mal

“Ya estoy cansado… ya estoy cansado”, dice a Variopinto el comandante Alfredo, mientras se pone las manos en los ojos porque tiene sueño. Explica que convive muy poco con su familia; ha perdido la cuenta de los feminicidios que ha visto. Cuerpos dentro de bolsas tiroteadas, decapitados, ahorcados, apuñalados. Entonces suelta la segunda frase: “Ya me quiero retirar”.

Alfredo —un nombre ficticio para proteger su identidad debido a que han atentado contra su vida— no ve un fin. Es de los que difieren que la violencia contra las mujeres haya iniciado exactamente con Peña Nieto. Guarda algunas fotos de mujeres asesinadas años atrás, una de ellas en Chimalhuacán, con un boquete hecho con navaja desde el estómago hasta el pecho. Explica que contar con la AVG en 11 municipios no ha cambiado nada. “He visto dos chicas muertas casi diario. ¡Casi diario! ¡Diario! Acaban de matar a la de la bicimoto. ¡Por Dios!, dije. ¿Y la alerta de género? Bueno, hasta parece burla. La decretan y empiezan a matar más mujeres”.

El activista Mancera Figueroa sostiene: “El feminicidio en el Estado de México existe desde antes que en Ciudad Juárez. ¿Quién tiene la culpa? ¿El PRI? Sí. ¿Emilio Chuayffet? Sí. Pero la situación se recrudece con Peña Nieto, y aún más con Ávila Villegas. Y si no lo detenemos, si no hacemos que se implemente la ley, esto va a terminar muy mal”.

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